← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 11168-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/04/2025
OutcomeResultado
The amparo is granted without condemnation for costs, damages, and losses, with partial dissenting votes ordering abstract condemnation.Se declara con lugar el recurso de amparo, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, con votos salvados parciales que ordenan condena en abstracto.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by Congresswoman Kattia Cambronero Aguiluz against the Ministry of Environment and Energy (MINAE) for failure to respond to a request for information on the status of the regulation process for Law No. 10507, the 'Incentive Law for the Protection of Marine-Coastal Biodiversity.' The petitioner sent her request on January 30, 2025, to the Vice-Minister's official email but received no timely reply. The Chamber found that the response was issued on March 20, 2025, after the amparo was notified. Consequently, it granted the amparo, as the information was fully provided, but the claim had already been satisfied. The majority decided not to impose costs, damages, or losses, arguing that the injury did not directly impact a constitutionally protected property right and that the affected party could seek redress in another forum if appropriate. Two partial dissenting votes were issued: Justices Salazar Alvarado and Garita Navarro held that abstract condemnation for costs, damages, and losses was mandatory under a systemic interpretation of Articles 50, 51, and 52 of the Constitutional Jurisdiction Law; Justice Garro Vargas ordered condemnation only for damages and losses, not costs, upholding abstract condemnation to preserve the possibility of a future pecuniary claim.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por la diputada Kattia Cambronero Aguiluz contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por la omisión de respuesta a una solicitud de información sobre el estado del proceso de reglamentación de la Ley N.° 10507, 'Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera'. La recurrente envió su solicitud el 30 de enero de 2025 a la dirección oficial del Viceministro, sin recibir contestación oportuna. La Sala constató que la respuesta se emitió el 20 de marzo de 2025, después de notificado el recurso de amparo. En consecuencia, declaró con lugar el recurso, al acreditarse que la información fue proporcionada de forma completa, pero estimó que la pretensión ya había sido satisfecha. La mayoría de la Sala decidió no imponer condenatoria en costas, daños y perjuicios, argumentando que el agravio no tenía una repercusión directa en un derecho fundamental de naturaleza patrimonial, y que la parte afectada podía reclamar en otra vía si lo estimaba pertinente. Se emitieron dos votos salvados parciales: los magistrados Salazar Alvarado y Garita Navarro consideraron que sí procedía la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios, en virtud de una interpretación sistemática de los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; la magistrada Garro Vargas ordenó condenatoria solo en daños y perjuicios, no en costas, respaldando la condena en abstracto para no cerrar la vía a una eventual reclamación patrimonial.
Key excerptExtracto clave
Consequently, since it is proven that the request for information was fully addressed after the notification of the order to proceed with the amparo, the appropriate course is to grant the appeal without special condemnation for costs, damages, and losses, as the petitioner's claim has already been satisfied. Upon better consideration, the majority of the Chamber holds that, in the case at hand, pursuant to the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable”), the granting should be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express provision in the law requiring the operative part of the ruling to state that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same paragraph in fine provides that the granting is issued 'solely for purposes of compensation and costs, if applicable.' It is emphasized that the Law says 'if applicable,' which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the petitioner's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations do not directly relate to an impact on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an effect on the right to wages).En consecuencia, al acreditarse que la solicitud de información fue atendida de forma completa luego de la notificación de la resolución de curso del amparo, lo procedente es la estimatoria del recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues la pretensión de la amparada ya fue satisfecha. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario).
Pull quotesCitas destacadas
"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
"If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable."
Considerando IV
"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
Considerando IV
"La Ley indica 'si fueren procedentes', lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal."
"The Law says 'if applicable,' which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court."
Considerando IV
"La Ley indica 'si fueren procedentes', lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal."
Considerando IV
"Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma."
"As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the situations strictly provided for in the rule."
Voto salvado parcial, Considerando V
"Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma."
Voto salvado parcial, Considerando V
"Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos."
"If the right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, abstract condemnation for these is appropriate."
Voto salvado de la Magistrada Garro, Considerando VI
"Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos."
Voto salvado de la Magistrada Garro, Considerando VI
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Case File: 25-006159-0007-CO Type of Matter: Amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Res. No. 2025011168 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on April tenth, two thousand twenty-five.
Amparo filed by KATTIA CAMBRONERO AGUILUZ, identity card 0204610160, against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
Resultando:
1.- By document filed with the Chamber on March 3, 2025, the petitioner files an amparo and states that on January 30, 2025, she sent, to the email addresses [email protected] and [email protected], [email protected], official letter AL-KCA-OFI-010-2025, addressed to Mr. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga in his capacity as Vice Minister of Environment, in which she requested the following: "(…) Within the framework of the oversight I carry out as a deputy of the Republic on matters of national interest, it is of utmost importance to know the current status of the process of drafting, approval, and publication in the official gazette La Gaceta of the regulation for Law No. 10507, called 'Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera.' (…)". She adds that on February 11, 2025, she sent another email making a reminder of what was requested; however, as of the date of filing this appeal, she has not received any response. For the reasons stated, she requests the intervention of the Chamber.
2.- By resolution at 11:01 hours on March 5, 2025, the process was given course and a hearing was granted to the Vice Minister of Ambiente y Energía regarding the alleged facts.
3.- Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, in his capacity as Vice Minister of Ambiente y Energía, reports under oath that “via email on March 19, 2025, at 4:15 p.m., this office indicated to the Raisingcoral Organization the following: ‘…In response to the request made by you through Deputy Kattia Cambronero, I would like to indicate the availability of the Vice Minister of Environment to arrange a virtual meeting with the purpose of learning about the marine-coastal conservation projects that you execute in our country, in the context of the regulation of Law No. 10507’ ‘Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera.’ The following dates are proposed: • Monday, March 24, at 8:30 am • Friday, March 28, at 9:00 am • Tuesday, April 1, at 11:00 am We await confirmation of availability to send the respective link…’ (…) This Ministerial Office proceeded to respond to official letter AL-KCA-OFI- 010- 2025 to the indicated addresses [email protected] and [email protected], through official letter DVA-034-2025, dated March 20, 2025, where it was indicated: ‘First, regarding your inquiry to know the current status of the process of drafting, approval, and publication in the official gazette La Gaceta of the regulation for Law No. 10507, called “Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera.” I would like to indicate the following. On August 8, the Asamblea Legislativa approved law 10507 called Ley de Incentivo para la protección de la biodiversidad marino-costera, signed by the Poder Ejecutivo on August 26, 2024, and published in the Diario Oficial La Gaceta, digital supplement (Alcance digital) 147, dated August 28 of the same year. The first transitory provision of said legislation established that the cited Law must be regulated within a period of 6 months from its entry into force. The Ministerio de Ambiente y Energía, very interested in the application of this regulation, formed an advisory group of interdisciplinary professionals from various entities such as the Ministerio de Ambiente y Energía, the Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, the Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, and the Fundación Banco Ambiental, with the purpose of drafting a draft project for the Regulation of the cited law. This formulation and discussion process has been led by the Vice Minister of Strategic Management of the Ministerio de Ambiente y Energía, and given the specialization of the subject and the complexity of the regulated resource, more than 6 work, consultation, and analysis sessions with experts have been held in order to proceed with the regulation and the Technical Procedure Manuals for its implementation. Currently, the Ministerio de Ambiente y Energía has already developed a third version of the Regulation, which was sent for a final legal, technical, and administrative review. It is expected to be finally discussed in a formal meeting convened for next March 26 of the current year. According to the procedure, once a final version is available, it will be sent to the Ministerio de Economía, Industria y Comercio to carry out public consultation (consulta pública) and assessment of the corresponding documentation. Once the observations and suggestions are received, they will be discussed and incorporated as appropriate, and then it will be sent to the Oficina de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República for the corresponding review and signing processes. Furthermore, regarding your suggestion to hold a virtual meeting between this Vice Ministry and the non-governmental Organization RaisingCoral with the purpose of learning about the project this organization carries out, the scope of the mentioned law and its regulation, as well as exploring possible strategic alliances that strengthen marine-coastal conservation. On March 19, 2025, a coordination proposal for said meeting was sent via email offering three possible dates for it, namely: • Monday, March 24, at 8:30 am • Friday, March 28, at 9:00 am • Tuesday, April 1, at 11:00 am…’. (…) As demonstrated by the attached receipt, official letter DVA-034-2025 was officially notified at 8:53 hours on March 20, 2025, to the email addresses [email protected], [email protected], and [email protected]. (…) That via email on March 20, 2025, at 10:16 am, an acknowledgment of receipt is received from Deputy Cambronero Aguiluz stating: ‘Good morning, Acknowledgment of receipt is made. Thank you for the response to what was indicated in the official letter from this office reference ALKCA-OFI- 010- 2025, we will proceed to review the agenda, and shortly the date for the virtual hearing will be indicated…’ (…) That via email on March 20, 2025, at 5:53 p.m., Deputy Cambronero Aguiluz states: ‘…Warm greetings. By this means, acknowledgment of receipt is made of official letter DVA-034-2025 dated March 20, a missive that addresses what was indicated in the official letter from this office reference AL-KCA-OFI-010-2025. Regarding the dates proposed in your official letter for holding the virtual meeting, unfortunately, there is no availability to participate. Therefore, it is proposed that the meeting be scheduled for TUESDAY, APRIL 29, 2025, AT 11:00 A.M. VIRTUALLY, so that members of the non-governmental organization RaisingCoral can participate…’. (…) That via email on March 24, 2025, at 3:03 p.m., this office indicated to Deputy Cambronero Aguiluz the following: ‘Ms. Kathia Cambronero Aguiluz Deputy Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica Dear Deputy. Warm greetings, by this means, we confirm participation in the meeting scheduled for Tuesday, April 29, 2025, at 11:00 am, Virtual mode. We await the access Link…’ (…) That in the case at hand, it is amply demonstrated that this Office proceeded to respond to the petitioner, as inferred from official letter DM-034-2025, which was duly notified to the email addresses [email protected], [email protected], and [email protected]. By virtue of the foregoing, it is demonstrated that the undersigned is carrying out the corresponding coordination actions between MINAE, the office of the Deputy, and the members of the non-governmental organization RaicingCoral, in order to address the matter of the progress of the Regulation of Law No. 10507, called “Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera.” Based on the arguments presented, this honorable Sala Constitucional is requested to deem the action fulfilled.’.” 4.- In the substantiation of the process, the prescriptions of law have been observed.
Drafted by Magistrate Araya García; and,
Considerando:
I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner considers her fundamental rights harmed, since since January 30, 2025, she sent official letter AL-KCA-OFI-010-2025, addressed to the Vice Minister of Ambiente y Energía, in which she requested information of interest; however, as of the date of filing this appeal, she has not received any response. She claims that to date this has not been provided to her.
II.- PROVEN FACTS. Of relevance for resolving this amparo, the following are considered accredited:
On January 30, 2025, the petitioner sent, from the email address [email protected] to the email addresses [email protected] and [email protected], [email protected], official letter AL-KCA-OFI-010-2025, addressed to Mr. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga in his capacity as Vice Minister of Ambiente y Energía, in which she requested the following: "(…) Within the framework of the oversight I carry out as a deputy of the Republic on matters of national interest, it is of utmost importance to know the current status of the process of drafting, approval, and publication in the official gazette La Gaceta of the regulation for Law No. 10507, called 'Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera.' (…)" (see evidence provided to the digital case file). The email address [email protected] is an official means of communication of the respondent authority (uncontroverted fact). At the date of filing the appeal, the respondent authority had not provided a response to the protected party (uncontroverted fact). On March 19, the resolution giving course to this process was notified to the respondent authority (see notification record). On March 20, 2025, the respondent authority, through official letter AL-KCA-OFI- 010- 2025, indicated to the petitioner: “First, regarding your inquiry to know the current status of the process of drafting, approval, and publication in the official gazette La Gaceta of the regulation for Law No. 10507, called “Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera.” I would like to indicate the following. On August 8, the Asamblea Legislativa approved law 10507 called Ley de Incentivo para la protección de la biodiversidad marino-costera, signed by the Poder Ejecutivo on August 26, 2024, and published in the Diario Oficial La Gaceta, digital supplement (Alcance digital) 147, dated August 28 of the same year. The first transitory provision of said legislation established that the cited Law must be regulated within a period of 6 months from its entry into force. The Ministerio de Ambiente y Energía, very interested in the application of this regulation, formed an advisory group of interdisciplinary professionals from various entities such as the Ministerio de Ambiente y Energía, the Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, the Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, and the Fundación Banco Ambiental, with the purpose of drafting a draft project for the Regulation of the cited law. This formulation and discussion process has been led by the Vice Minister of Strategic Management of the Ministerio de Ambiente y Energía, and given the specialization of the subject and the complexity of the regulated resource, more than 6 work, consultation, and analysis sessions with experts have been held in order to proceed with the regulation and the Technical Procedure Manuals for its implementation. Currently, the Ministerio de Ambiente y Energía has already developed a third version of the Regulation, which was sent for a final legal, technical, and administrative review. It is expected to be finally discussed in a formal meeting convened for next March 26 of the current year. According to the procedure, once a final version is available, it will be sent to the Ministerio de Economía, Industria y Comercio to carry out public consultation (consulta pública) and assessment of the corresponding documentation. Once the observations and suggestions are received, they will be discussed and incorporated as appropriate, and then it will be sent to the Oficina de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República for the corresponding review and signing processes. Furthermore, regarding your suggestion to hold a virtual meeting between this Vice Ministry and the non-governmental Organization RaisingCoral with the purpose of learning about the project this organization carries out, the scope of the mentioned law and its regulation, as well as exploring possible strategic alliances that strengthen marine-coastal conservation. On March 19, 2025, a coordination proposal for said meeting was sent via email offering three possible dates for it, namely: • Monday, March 24, at 8:30 am • Friday, March 28, at 9:00 am • Tuesday, April 1, at 11:00 am…”; the foregoing to the email addresses [email protected] and [email protected] (see report rendered under oath).
III.- SPECIFIC CASE. From the sub lite, it is evident that on January 30, 2025, the petitioner sent, from the email address [email protected] to the email addresses [email protected] and [email protected], [email protected], official letter AL-KCA-OFI-010-2025, addressed to Mr. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga in his capacity as Vice Minister of Ambiente y Energía, in which she requested the following: "(…) Within the framework of the oversight I carry out as a deputy of the Republic on matters of national interest, it is of utmost importance to know the current status of the process of drafting, approval, and publication in the official gazette La Gaceta of the regulation for Law No. 10507, called 'Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera.' (…)". It should be noted that the email address [email protected] is an official means of communication of the respondent authority.
Despite this, it is not evident that, at the date of filing the appeal, the respondent authority had provided a response to the protected party, for which more than ten business days had elapsed and the requested information had not been provided.
Thus, it was not until March 20, 2025, that is, on a date after the notification of the appeal, that the respondent authority, through official letter AL-KCA-OFI- 010- 2025, provided a response to the amparo petitioner. Specifically, the following was indicated to her: “First, regarding your inquiry to know the current status of the process of drafting, approval, and publication in the official gazette La Gaceta of the regulation for Law No. 10507, called “Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera.” I would like to indicate the following. On August 8, the Asamblea Legislativa approved law 10507 called Ley de Incentivo para la protección de la biodiversidad marino-costera, signed by the Poder Ejecutivo on August 26, 2024, and published in the Diario Oficial La Gaceta, digital supplement (Alcance digital) 147, dated August 28 of the same year. The first transitory provision of said legislation established that the cited Law must be regulated within a period of 6 months from its entry into force. The Ministerio de Ambiente y Energía, very interested in the application of this regulation, formed an advisory group of interdisciplinary professionals from various entities such as the Ministerio de Ambiente y Energía, the Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, the Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, and the Fundación Banco Ambiental, with the purpose of drafting a draft project for the Regulation of the cited law. This formulation and discussion process has been led by the Vice Minister of Strategic Management of the Ministerio de Ambiente y Energía, and given the specialization of the subject and the complexity of the regulated resource, more than 6 work, consultation, and analysis sessions with experts have been held in order to proceed with the regulation and the Technical Procedure Manuals for its implementation. Currently, the Ministerio de Ambiente y Energía has already developed a third version of the Regulation, which was sent for a final legal, technical, and administrative review. It is expected to be finally discussed in a formal meeting convened for next March 26 of the current year. According to the procedure, once a final version is available, it will be sent to the Ministerio de Economía, Industria y Comercio to carry out public consultation (consulta pública) and assessment of the corresponding documentation. Once the observations and suggestions are received, they will be discussed and incorporated as appropriate, and then it will be sent to the Oficina de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República for the corresponding review and signing processes. Furthermore, regarding your suggestion to hold a virtual meeting between this Vice Ministry and the non-governmental Organization RaisingCoral with the purpose of learning about the project this organization carries out, the scope of the mentioned law and its regulation, as well as exploring possible strategic alliances that strengthen marine-coastal conservation. On March 19, 2025, a coordination proposal for said meeting was sent via email offering three possible dates for it, namely: • Monday, March 24, at 8:30 am • Friday, March 28, at 9:00 am • Tuesday, April 1, at 11:00 am…”; the foregoing to the email addresses [email protected] and [email protected].
Consequently, upon proving that the request for information was fully addressed after the notification of the resolution giving course to the amparo, the appropriate course is to grant the appeal, without special award of costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios), since the amparo petitioner's claim has already been satisfied.
IV.- REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation (indemnización) and costs (costas), if applicable"), the grant must be without special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an explicit text in the law that requires the operative part of the judgment to state that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same final paragraph states that the grant is made "solely for purposes of compensation and costs, if applicable". It is emphasized that the Law indicates "if applicable", which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighting by the Court. In cases like this, the content of the amparo petitioner's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impairment to the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it states: "any resolution that upholds the appeal shall award compensation for the damages and losses caused and the payment of the appeal's costs in the abstract, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment", where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law and, furthermore, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they so choose, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.
V.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO AND GARITA NAVARRO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.
Although we agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, we separate from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in article 52, provides that:
“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable.” On the other hand, article 51 ibidem establishes that:
“...any resolution that upholds the appeal shall award compensation for the damages and losses caused and the payment of the appeal's costs in the abstract, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.” This last norm establishes the general system that regulates the matter of compensation and payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal way of terminating the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…".
In the majority's criterion, the cited article 51 regulates the scenarios in which the Chamber has considered the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person's enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo -scenario contemplated in the referred article 52-, by mandate of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the offender for the compensation of the damages and losses caused and the payment of the appeal's costs. This rule is nothing more than the acknowledgment, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction. Therefore, whether the Chamber has considered the grievance proven and has examined the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself once it became aware of the amparo proceeding, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the offender, the basis of which is found in the principles of protection of people's rights and that the Administration must be responsible for the damages and losses it causes with its unconstitutional action.
Thus, the fact that at the time of hearing and granting the amparo, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms of articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of necessary award on those points contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Furthermore, it is clear that the mentioned article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of the fundamental rights suffered by the amparo petitioner by virtue of the restoration of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation which, as stated by the majority of the Chamber, implies an "abnormal termination of the process." The legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution giving course to the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that undoubtedly provides for the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and losses, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted "solely for purposes of compensation and costs, if applicable." As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.
In our criterion, such exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses upon a violation of fundamental rights, such award is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is indisputably and clearly established that in the specific case no compensable injury was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element that rebuts the presumption of the emergence, for the amparo petitioner, of economic damages and losses derived from the challenged actions -whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction-, the granting of this appeal must necessarily imply the award of costs, damages, and losses, and I so declare.
As an additional reason, it is worth highlighting that the dynamics and very essence of amparo proceedings do not have the primary objective of analyzing the existence or not of damages and losses, but rather the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach in the regime of people's fundamental rights.
From that perspective, the analysis carried out by this court concentrates on that verification; however, it does not enter into a weighing of whether those issues have or have not generated harm in the strictly pecuniary sphere of the protected persons. Although the aforementioned provision 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that such an award (of damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that said examination of pertinence can, *a priori*, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private legal subject, when applicable) have constituted an adequate cause of pecuniary harm that is legally compensable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (Administrative Contentious Procedural Code), Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from awards handed down in these proceedings. In light of canon 179 of the same law, that proceeding has as its object the following:
“ARTICLE 179.- It falls to the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (Administrative Contentious Court) to execute the judgments issued by the Jurisdicción Constitucional (Constitutional Jurisdiction), in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of public law, solely regarding the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnities.” It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an award in the abstract in those areas, because that type of claim would not be proper within that type of case when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the impropriety of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding in the administrative contentious venue requires, as a *sine qua non* requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, according to the mentioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that pecuniary award requires proof, in each case, of situations from which the non-existence of pecuniary harm, even potential, derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action does not, *per se*, rule out that, prior to that cessation due to a cause belonging to or alien to the sued entity, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the actual effectiveness of the harm, its amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, pursuant to what is regulated by the cited mandate 52, are characteristic of an award in the abstract that later constitutes the basis of analysis in the Administrative Contentious Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, that is not their object or primary *ratio*. Thus, it does not fall to the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts have produced harm to them is an extreme that, as a matter of principle and save for exceptional cases, does not form part of the analytical basis of this type of case. Note that, in the situation regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not carry out a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. *Ergo*, in these cases, by legal imperative, we do not enter into an assessment of whether or not there is an infringement, whereby, much less can it be defined whether, from what was denounced by the applicant, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the dispensation from an award to which that rule alludes is of an exceptional, not a fundamental, nature. Therefore, in those situations, the rule imposes an award in the abstract, so that its appropriateness may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, it would put at risk the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the party claimed against, may have suffered harm in their pecuniary sphere, to the detriment of what is established by provision 45 of the Political Constitution, and ignoring the potential liability of the Administration, just as Article 9 of the same law imposes. Moreover, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that a conduct was adopted that causes the cessation of the conduct that, in theory, threatens or violates the fundamental rights of the person. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance is produced. It is insisted, if the permanence of the threat or deterioration of their situation, insofar as it was caused to cease by the causes alluded to in the rule under examination, generated damages and losses, it is an issue that, save for proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere materialization of the factual situation regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the respect we always hold for the majority position, we set forth our vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily entail an award in the abstract for costs, damages, and losses.
VI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (Law of Constitutional Jurisdiction, LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are proper.” My interpretation of that rule is the following: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are proper” refers to the costs. Furthermore, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.
Certainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not indemnificatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that grants the appeal shall award in the abstract the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.” If the right has been violated and the Chamber so confirms, even in the event that it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, an award in the abstract for these is appropriate. If it were not done so, if such an award were not made, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this proceeding– to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being an award in the abstract, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary venue shall so declare, since only to him does it correspond to consider the real existence and magnitude thereof as proven.
With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only before the existence of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award for damages and losses, but not for costs.
VII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE FILE. The parties are warned that if they have submitted any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch), approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal is declared with merit, without special award for costs, damages, and losses. Magistrates Salazar Alvarado and Garita Navarro partially dissent from the vote and order the award for damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the award for damages and losses, but not for costs. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Ileana Sánchez N.
Jose Roberto Garita N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2025011168 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de abril de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo interpuesto por KATTIA CAMBRONERO AGUILUZ, cédula de identidad 0204610160, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
Resultando:
1.- Por escrito aportado a la Sala el 03 de marzo de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que el 30 de enero de 2025 remitió, a las direcciones electrónicas [email protected] y [email protected], [email protected], el oficio AL-KCA-OFI-010-2025, dirigido al señor Jorge Mario Rodríguez Zúñiga en su condición de Viceministro de Ambiente, en el que solicitó lo siguiente: "(…) En el marco del seguimiento que realizo como diputada de la República a temas de interés nacional, resulta de suma importancia conocer el estado actual del trámite de elaboración, aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta del reglamento de la Ley N.° 10507, denominada "Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera". (…)". Agrega que el 11 de febrero de 2025 remitió otro correo electrónico realizando un recordatorio de lo solicitado; no obstante, a la fecha de presentación de este recurso no ha recibido ninguna respuesta. Por lo expuesto, solicita la intervención de la Sala.
2.- Por resolución de las 11:01 horas de 05 de marzo de 2025, se le dio curso al proceso y se confirió audiencia al viceministro de Ambiente y Energía, sobre los hechos alegados.
3.- Informa bajo juramento Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, en su condición de viceministro de Ambiente y Energía, que “por medio de correo electrónico del 19 de marzo del 2025 a las 16:15 este despacho le indicó a la Organización de Raisingcoral lo siguiente: “…En atención a la solicitud realizada por ustedes a través de la diputada Kattia Cambronero, me permito indicar la disponibilidad del Sr. Viceministro de Ambiente, para concretar una reunión virtual con el propósito de conocer los proyectos de conservación marino costera que ustedes ejecutan en nuestro país, lo anterior en el marco de la reglamentación a la Ley N° 10507 " “Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera” Se proponen las siguientes fechas: • Lunes 24 de marzo, a las 8:30 am • Viernes 28 de marzo, a las 9:00 am • Martes 01 de abril, 11:00 am Quedamos atentos a la confirmación a la disponibilidad para remitir el enlace respectivo…” (…) Este Despacho Ministerial, procedió a darle respuesta al oficio AL-KCA-OFI- 010- 2025 a los medios señalados [email protected] y [email protected], mediante el oficio DVA-034-2025, de fecha 20 de marzo del 2025 donde se le indicó: “En primer lugar, respecto a su inquietud de conocer el estado actual del trámite de elaboración, aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta del reglamento de la Ley N.° 10507, denominada “Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera. Me permito indicar lo siguiente, Con fecha 8 de agosto la Asamblea Legislativa, aprobó ley 10507 denominada Ley de Incentivo para la protección de la biodiversidad marino-costera, firmada por el poder Ejecutivo el 26 de agosto del año 2024 y publicada en el Diario Oficial la Gaceta, Alcance digital 147, de fecha 28 de agosto del mismo año. El transitorio primero de dicha legislación dispuso que la citada Ley deberá reglamentarse en un plazo de 6 meses contado a partir de la entrada en vigor. El Ministerio de Ambiente y Energía, muy interesado en la aplicación de esta normativa, conformo un grupo asesor de profesionales interdisciplinarios, de varias instancias como el Ministerio de Ambiente y Energía, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura y la Fundación Banco Ambiental, con la finalidad de elaborar un proyecto borrador de Reglamento de la citada ley. Este proceso de formulación y discusión ha estado liderado por el Viceministro de Gestión Estratégica, del Ministerio de Ambiente y Energía, y dada la especialización del tema y la complejidad del recurso regulado, se han dado más de 6 sesiones de trabajo, consulta y análisis con expertos a fin de proceder con la reglamentación y con los Manuales de procedimientos técnicos para su implementación. En la actualidad el Ministerio de Ambiente y Energía, ya tiene desarrollado una tercera versión del Reglamento, el cual se remitió para una revisión final de carácter legal, técnica y administrativa. La cual se espera discutir finalmente en reunión formal convocada para el próximo 26 de marzo del año en curso. Según lo dispuesto por el procedimiento, una vez que se cuente con una versión final, se procederá a remitir al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para efectuar la consulta pública y valoración de la documentación correspondiente. Una vez recibidas las observaciones y sugerencias, se procederá a su discusión e incorporación según corresponda, y luego será remitido a la Oficina de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República para los procesos de revisión y firma que correspondan. Por otra parte, en cuanto a su sugerencia de efectuar una reunión virtual entre este Viceministerio y la Organización no gubernamental RaisingCoral con el propósito de conocer el proyecto que esta organización lleva a cabo, los alcances de la ley mencionada y su reglamentación, así como explorar posibles alianzas estratégicas que fortalezcan la conservación marino-costera. El día 19 de marzo 2025 se remitió vía correo electrónico una propuesta de coordinación de dicha reunión ofreciendo tres posibles fechas para la misma, a saber: • Lunes 24 de marzo, a las 8:30 am • Viernes 28 de marzo, a las 9:00 am • Martes 01 de abril, a las 11:00 am…”. (…) Conforme se demuestra con el comprobante adjunto, se notificó oficialmente el oficio DVA-034-2025 a las 8:53 horas, del día 20 de marzo del 2025 a los correos electrónicos [email protected], [email protected] y [email protected]. (…) Que mediante correo electrónico del 20 de marzo del 2025 a las 10: 16, se recibe acuse recibido de la señora Diputada Cambronero Aguiluz indicando: “Buenos días, Se hace acuse de recibido. Se agradece la respuesta a lo señalado en el oficio de este despacho referencia ALKCA-OFI- 010- 2025, se procederá a la revisión de la agenda, y a la brevedad se indicará la fecha para la audiencia virtual… (…) Que mediante correo electrónico del 20 de marzo del 2025 a las 17:53, la señora Diputada Cambronero Aguiluz indica: “…Reciba un cordial saludo. Por este medio se hace acuse de recibido del oficio DVA-034-2025 de fecha 20 de marzo, misiva con la cual se atiende lo señalado en el oficio de este despacho referencia AL-KCA-OFI-010-2025. Relativo a las fechas propuestas en su oficio para efectuar la reunión virtual, lamentablemente no se tiene disponibilidad para poder participar. Por lo cual se propone se programe la reunión para el MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 A LAS 11:00 A.M. DE MANERA VIRTUAL, para que de esa manera puedan participar los integrantes de la organización no gubernamental RaisingCoral…”. (…) Que mediante correo electrónico del 24 de marzo del 2025 a las 15:03, este despacho indica a la señora Diputada Cambronero Aguiluz lo siguiente: “ Señora Kathia Cambronero Aguiluz Diputada Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica Estimada Sra. Diputada. Reciba un cordial saludo, por medio de la presente, confirmamos participación en la reunión programada para el Martes 29 de abril, 2025, a las 11: 00 am. modalidad Virtual, Quedamos al pendiente del Link de ingreso… (…) Que en el caso que nos ocupa queda ampliamente demostrado, que este Despacho procedió a darle respuesta a la recurrente, tal y como se colige en el oficio DM-034-2025, los cuales le fueron debidamente notificados a los correos electrónicos, [email protected], [email protected] y [email protected], en virtud de lo anterior se demuestra, que por parte del suscrito, están realizando las acciones de coordinación que corresponden entre el MINAE, el despacho de la señora Diputada y los integrantes de la organización no gubernamental RaicingCoral, para así atender el tema del avance del Reglamento de la Ley N.° 10507, denominada “Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera”. En razón de los argumentos esgrimidos, se le solicita a esta honorable Sala Constitucional que se tenga por cumplido la gestión.”.
4.-En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.-OBJETO DEL RECURSO. La recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, pues desde el 30 de enero de 2025 remitió el oficio AL-KCA-OFI-010-2025, dirigido al viceministro de Ambiente y Energía, en el que solicitó información de interés; no obstante, a la fecha de presentación de este recurso no ha recibido ninguna respuesta. Reclama que a la fecha no se le ha proporcionado esta.
II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:
El 30 de enero de 2025, la recurrente remitió, desde la dirección de correo [email protected] a las direcciones electrónicas [email protected] y [email protected], [email protected], el oficio AL-KCA-OFI-010-2025, dirigido al señor Jorge Mario Rodríguez Zúñiga en su condición de Viceministro de Ambiente y Energía, en el que solicitó lo siguiente: "(…) En el marco del seguimiento que realizo como diputada de la República a temas de interés nacional, resulta de suma importancia conocer el estado actual del trámite de elaboración, aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta del reglamento de la Ley N.° 10507, denominada "Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera". (…)" (ver prueba aportada al expediente digital). La dirección de correo electrónico [email protected] es un medio oficial de comunicación de la autoridad recurrida (hecho incontrovertido). A la fecha de interposición del recurso, la autoridad recurrida no había brindado respuesta a la tutelada (hecho incontrovertido). El 19 de marzo, se notificó la resolución de curso de este proceso a la autoridad recurrida (ver acta de notificación). El 20 de marzo de 2025, la autoridad recurrida, mediante el oficio AL-KCA-OFI- 010- 2025, le indicó a la recurrente: “En primer lugar, respecto a su inquietud de conocer el estado actual del trámite de elaboración, aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta del reglamento de la Ley N.° 10507, denominada “Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera. Me permito indicar lo siguiente, Con fecha 8 de agosto la Asamblea Legislativa, aprobó ley 10507 denominada Ley de Incentivo para la protección de la biodiversidad marino-costera, firmada por el poder Ejecutivo el 26 de agosto del año 2024 y publicada en el Diario Oficial la Gaceta, Alcance digital 147, de fecha 28 de agosto del mismo año. El transitorio primero de dicha legislación dispuso que la citada Ley deberá reglamentarse en un plazo de 6 meses contado a partir de la entrada en vigor. El Ministerio de Ambiente y Energía, muy interesado en la aplicación de esta normativa, conformo un grupo asesor de profesionales interdisciplinarios, de varias instancias como el Ministerio de Ambiente y Energía, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura y la Fundación Banco Ambiental, con la finalidad de elaborar un proyecto borrador de Reglamento de la citada ley. Este proceso de formulación y discusión ha estado liderado por el Viceministro de Gestión Estratégica, del Ministerio de Ambiente y Energía, y dada la especialización del tema y la complejidad del recurso regulado, se han dado más de 6 sesiones de trabajo, consulta y análisis con expertos a fin de proceder con la reglamentación y con los Manuales de procedimientos técnicos para su implementación. En la actualidad el Ministerio de Ambiente y Energía, ya tiene desarrollado una tercera versión del Reglamento, el cual se remitió para una revisión final de carácter legal, técnica y administrativa. La cual se espera discutir finalmente en reunión formal convocada para el próximo 26 de marzo del año en curso. Según lo dispuesto por el procedimiento, una vez que se cuente con una versión final, se procederá a remitir al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para efectuar la consulta pública y valoración de la documentación correspondiente. Una vez recibidas las observaciones y sugerencias, se procederá a su discusión e incorporación según corresponda, y luego será remitido a la Oficina de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República para los procesos de revisión y firma que correspondan. Por otra parte, en cuanto a su sugerencia de efectuar una reunión virtual entre este Viceministerio y la Organización no gubernamental RaisingCoral con el propósito de conocer el proyecto que esta organización lleva a cabo, los alcances de la ley mencionada y su reglamentación, así como explorar posibles alianzas estratégicas que fortalezcan la conservación marino-costera. El día 19 de marzo 2025 se remitió vía correo electrónico una propuesta de coordinación de dicha reunión ofreciendo tres posibles fechas para la misma, a saber: • Lunes 24 de marzo, a las 8:30 am • Viernes 28 de marzo, a las 9:00 am • Martes 01 de abril, a las 11:00 am…”; lo anterior a los correos electrónicos [email protected] y [email protected] (ver informe rendido bajo juramento).
III.-CASO CONCRETO. Del sub lite, consta que el 30 de enero de 2025, la recurrente remitió, desde la dirección de correo [email protected] a las direcciones electrónicas [email protected] y [email protected], [email protected], el oficio AL-KCA-OFI-010-2025, dirigido al señor Jorge Mario Rodríguez Zúñiga en su condición de Viceministro de Ambiente y Energía, en el que solicitó lo siguiente: "(…) En el marco del seguimiento que realizo como diputada de la República a temas de interés nacional, resulta de suma importancia conocer el estado actual del trámite de elaboración, aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta del reglamento de la Ley N.° 10507, denominada "Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera". (…)". Cabe indicar que la dirección de correo electrónico [email protected] es un medio oficial de comunicación de la autoridad recurrida.
Pese a ello, no consta que, a la fecha de interposición del recurso, la autoridad recurrida hubiese brindado respuesta a la tutelada, para lo cual había trascurrido más de diez días hábiles y que no se había brindado la información requerida.
Así, fue hasta el 20 de marzo de 2025, sea en fecha posterior a la notificación del recurso que la autoridad recurrida, mediante el oficio AL-KCA-OFI- 010- 2025, brindó respuesta a la amparada. Específicamente, se le indicó lo siguiente: “En primer lugar, respecto a su inquietud de conocer el estado actual del trámite de elaboración, aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta del reglamento de la Ley N.° 10507, denominada “Ley de Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera. Me permito indicar lo siguiente, Con fecha 8 de agosto la Asamblea Legislativa, aprobó ley 10507 denominada Ley de Incentivo para la protección de la biodiversidad marino-costera, firmada por el poder Ejecutivo el 26 de agosto del año 2024 y publicada en el Diario Oficial la Gaceta, Alcance digital 147, de fecha 28 de agosto del mismo año. El transitorio primero de dicha legislación dispuso que la citada Ley deberá reglamentarse en un plazo de 6 meses contado a partir de la entrada en vigor. El Ministerio de Ambiente y Energía, muy interesado en la aplicación de esta normativa, conformo un grupo asesor de profesionales interdisciplinarios, de varias instancias como el Ministerio de Ambiente y Energía, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura y la Fundación Banco Ambiental, con la finalidad de elaborar un proyecto borrador de Reglamento de la citada ley. Este proceso de formulación y discusión ha estado liderado por el Viceministro de Gestión Estratégica, del Ministerio de Ambiente y Energía, y dada la especialización del tema y la complejidad del recurso regulado, se han dado más de 6 sesiones de trabajo, consulta y análisis con expertos a fin de proceder con la reglamentación y con los Manuales de procedimientos técnicos para su implementación. En la actualidad el Ministerio de Ambiente y Energía, ya tiene desarrollado una tercera versión del Reglamento, el cual se remitió para una revisión final de carácter legal, técnica y administrativa. La cual se espera discutir finalmente en reunión formal convocada para el próximo 26 de marzo del año en curso. Según lo dispuesto por el procedimiento, una vez que se cuente con una versión final, se procederá a remitir al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para efectuar la consulta pública y valoración de la documentación correspondiente. Una vez recibidas las observaciones y sugerencias, se procederá a su discusión e incorporación según corresponda, y luego será remitido a la Oficina de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República para los procesos de revisión y firma que correspondan. Por otra parte, en cuanto a su sugerencia de efectuar una reunión virtual entre este Viceministerio y la Organización no gubernamental RaisingCoral con el propósito de conocer el proyecto que esta organización lleva a cabo, los alcances de la ley mencionada y su reglamentación, así como explorar posibles alianzas estratégicas que fortalezcan la conservación marino-costera. El día 19 de marzo 2025 se remitió vía correo electrónico una propuesta de coordinación de dicha reunión ofreciendo tres posibles fechas para la misma, a saber: • Lunes 24 de marzo, a las 8:30 am • Viernes 28 de marzo, a las 9:00 am • Martes 01 de abril, a las 11:00 am…”; lo anterior a los correos electrónicos [email protected] y [email protected].
En consecuencia, al acreditarse que la solicitud de información fue atendida de forma completa luego de la notificación de la resolución de curso del amparo, lo procedente es la estimatoria del recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues la pretensión de la amparada ya fue satisfecha.
IV.-SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recursoúnicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
V.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y GARITA NAVARRO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.
Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“ ...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.
VI.-VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.
VII.-DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Los magistrados Salazar Alvarado y Garita Navarro salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Ileana Sánchez N.
Jose Roberto Garita N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --
Document not found. Documento no encontrado.