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Res. 33873-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/11/2024
OutcomeResultado
The amparo is granted; the municipality is ordered to immediately coordinate relocation of families at risk, prohibit new urban developments, and report monthly to the Court.Se declara con lugar el amparo; se ordena al municipio coordinar de inmediato la reubicación de las familias en riesgo y prohibir nuevos desarrollos urbanísticos, con reportes mensuales a la Sala.
SummaryResumen
The Constitutional Court grants an amparo against the Municipality of Paraíso for its prolonged failure to address flooding and landslide risks on the right bank of the Grande de Orosi River in Palomo de Orosi, where irregular constructions without permits were allowed. Despite binding technical reports from the National Emergency Commission (CNE) since 2012, SINAC, and the Municipal Emergency Committee, the municipality neither evacuated nor relocated the families, nor prohibited new developments. The Court finds a violation of the right to a healthy environment (Art. 50 Constitution) and orders municipal and national authorities to immediately coordinate protection and relocation, ban new settlements, and report monthly progress. The Municipality and the State are ordered to pay costs, damages, and losses. The Health Authority, CNE, and SINAC are urged to intensify supervision and cooperation. Enforcement is partially referred to the Administrative Court.La Sala Constitucional declara con lugar un recurso de amparo contra la Municipalidad de Paraíso por su omisión prolongada en atender el riesgo de inundación y deslizamiento en la margen derecha del río Grande de Orosi, en Palomo de Orosi, donde se permitieron construcciones irregulares sin permisos. La Municipalidad, pese a informes técnicos vinculantes de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) desde 2012, el SINAC y el Comité Municipal de Emergencias, no desalojó ni reubicó a las familias, ni prohibió nuevos desarrollos. La Sala acredita violación al derecho a un ambiente sano (art. 50 Constitución) y ordena a las autoridades municipales y nacionales coordinar de inmediato la protección y reubicación, prohibir nuevos asentamientos y reportar avances mensuales. Se condena a la Municipalidad y al Estado al pago de costas, daños y perjuicios. Se insta al Área Rectora de Salud, CNE y SINAC a intensificar supervisión y cooperación. La ejecución de la sentencia se remite parcialmente al Tribunal Contencioso Administrativo.
Key excerptExtracto clave
VIII.- ON THE SPECIFIC CASE REGARDING THE MUNICIPALITY OF PARAÍSO AUTHORITIES. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal certifies the violation of the fundamental rights of the petitioner. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are given under oath with the consequences, including criminal ones, set forth in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that the Municipality of Paraíso has incurred in omissions that endanger the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the safety of the inhabitants of the affected community. Despite having multiple technical reports and recommendations from institutions such as the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response and the National System of Conservation Areas, which point out the serious flood and landslide risks in the area in question, the respondent local government has not adopted the necessary measures to mitigate such risks or to proceed with the relocation of families in precarious situations. Likewise, the mayor and the coordinator of the Municipal Emergency Committee have failed to respond to the requests for reports made by this Chamber on repeated occasions, evidencing a lack of diligence and responsible action in addressing a problem of clear risk to the rights of the persons involved, particularly the right to life, physical integrity, and the enjoyment of a healthy environment, as provided in Article 50 of the Political Constitution. Thus, the inaction of the respondent authorities contravenes the obligations to safeguard and protect the environment and the fundamental rights to safety and well-being of the inhabitants of the affected area. It must be recalled that this Chamber has reiterated that municipalities, in the exercise of their powers, must act promptly and effectively to attend to the local interests and services that correspond to them, as established by Article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code. In conclusion, a prolonged and repeated omission by the Municipality of Paraíso and its representatives to address the risks identified in the reports of specialized entities is verified, a situation that violates the right to a healthy and balanced environment, as well as the right to physical integrity and safety of the inhabitants of the area, by failing to adopt the technical recommendations for the relocation of families at risk and the closure of the area to new urban developments.VIII.- SOBRE EL CASO CONCRETO EN RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, la Municipalidad de Paraíso ha incurrido en omisiones que ponen en peligro el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la seguridad de los habitantes de la comunidad afectada. A pesar de contar con múltiples informes técnicos y recomendaciones de instituciones como la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que señalan los riesgos graves de inundación y deslizamiento en la zona en cuestión, el gobierno local accionado no ha adoptado las medidas necesarias para mitigar dichos riesgos ni para proceder a la reubicación de las familias en situación de precariedad. Así mismo, el alcalde y el coordinador del Comité Municipal de Emergencias, han omitido responder al requerimiento de informes solicitados, por esta Sala, en reiteradas ocasiones, evidenciando una falta de diligencia y de actuación responsable en la atención de un problema de evidente riesgo para los derechos de las personas involucradas, en particular el derecho a la vida, a la integridad física y al disfrute de un ambiente sano, conforme lo dispone el artículo 50 de la Constitución Política. De esta manera, la inacción de las autoridades recurridas contraviene las obligaciones de tutela y protección del ambiente y de los derechos fundamentales a la seguridad y bienestar de los habitantes de la zona afectada. Debe recordarse que esta Sala ha reiterado que las municipalidades, en el ejercicio de sus competencias, deben actuar con celeridad y eficacia para atender los intereses y servicios locales que les corresponden, tal como lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal. En conclusión, se constata una omisión prolongada y repetida de la Municipalidad de Paraíso y sus representantes para abordar los riesgos señalados en los informes de las entidades especializadas, situación que vulnera el derecho a un ambiente sano y equilibrado, así como el derecho a la integridad física y la seguridad de los habitantes de la zona, al no adoptar las recomendaciones técnicas para la reubicación de las familias en riesgo y el cierre de la zona a nuevos desarrollos urbanísticos.
Pull quotesCitas destacadas
"la Municipalidad de Paraíso ha incurrido en omisiones que ponen en peligro el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la seguridad de los habitantes de la comunidad afectada."
"the Municipality of Paraíso has incurred in omissions that endanger the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the safety of the inhabitants of the affected community."
Considerando VIII
"la Municipalidad de Paraíso ha incurrido en omisiones que ponen en peligro el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la seguridad de los habitantes de la comunidad afectada."
Considerando VIII
"las municipalidades, en el ejercicio de sus competencias, deben actuar con celeridad y eficacia para atender los intereses y servicios locales que les corresponden, tal como lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal."
"municipalities, in the exercise of their powers, must act promptly and effectively to attend to the local interests and services that correspond to them, as established by Article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code."
Considerando VIII
"las municipalidades, en el ejercicio de sus competencias, deben actuar con celeridad y eficacia para atender los intereses y servicios locales que les corresponden, tal como lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal."
Considerando VIII
"la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente."
"the constitutional competence in environmental matters cannot extend to the point of becoming a verifier of the technical criteria set forth in the regulations or by administrative authorities in environmental matters, but is limited to verifying whether the competent state agencies have fulfilled the obligation imposed by Article 50 of the Political Constitution, to assume responsible and timely action regarding environmental protection."
Considerando VI
"la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
Recourse of amparo being processed in case file number 24-007694-0007-CO filed by [Name 001], identity card [Value 001] AND [Name 002], identity card [Value 002], on behalf of [Name 003], against the MUNICIPALITY OF PARAÍSO.
WHEREAS:
1.- By written submission received in this Chamber at 2:37 p.m. on March 20, 2024, the petitioners file a recourse of amparo and state that their represented party is the registered owner of the property in the Cartago district, registration number 120438-000, located in the district of OROSI, Canton of Paraíso de Cartago. They mention that 19 years ago, their represented party began proceedings before various institutions, with the purpose of finding a definitive solution to the problem. The foregoing, specifically, in the place called Calle Virginia, in Palomo Orosi. They mention that, due to the total omission of the Municipality of Paraíso, the erection of constructions that fail to meet minimum engineering requirements and damage the environment has been allowed without municipal permits, since they are located in a buffer zone of a river, which; furthermore, generates landslide risks endangering human lives. They recount that the problem had been raised with Jorge Rodríguez Araya, then municipal mayor, and the purpose was for the municipality to proceed to find a permanent solution to the problem, by evicting the houses beside the river and relocating the people to another area. However, the years go by and no concrete actions have been taken to address and respond to the danger posed by the continued presence of inhabited shanties on the banks of the Río Grande de Orosi. They explain that as part of that argument, technical reports were provided from the National Emergency Commission DPMINF-0410-2012, and from the National System of Conservation Areas Official Letter C.O. 292-2013 - 292-2013, dated March 18, 2013. They explain that said information reveals the existing risk in the area and what they sought was to have the people living in the informal settlement on the right bank of the Río Grande de Orosi relocated, to provide the affected families with decent housing in another safe location, and to demolish the shanties, so that they would not be inhabited again by squatters. For this reason, their represented party informed various institutions that it could participate in a housing solution for the affected persons. Consequently, in 2021, the BANHVI, through the Sub-Management of Operations, indicated via official letter No. SO-OF-0344-2012, its willingness to process family housing bonds for the families that were in that locality, and in the place of their choosing. However, inexplicably, they are not aware that the municipality executed any action on the ground to initiate the process of evicting those dwellings. They mention that neither the then mayor, nor the members of the Municipal Council at the time, undertook with due diligence the execution of a solution to the problem presented to them and ignored and disregarded the reports from the National Emergency Commission; as well as, a report from the Municipal Emergency Committee of the Municipality of Paraíso itself, via official letter No. CNE-024-2013 of May 31, 2013, issued by Mr. Fabricio Guzmán, in his capacity as Coordinator of the Municipal Committee, and in which he informed Mayor Rodríguez that sanitary eviction orders had been delivered, without any objections being raised by the families that needed to vacate the location. They emphasize that in accordance with Agreement 0443 - 2011 of the National Emergency Commission, published in the Official Gazette La Gaceta 230 of November 30, 2011, the recommendations issued by said commission are binding. They comment that, while there was interest on the part of the administrative officials of the various institutions they provided, the truth is that they did not carry out the actions to materialize the eviction and demolition of the shanties located on the river bank. Faced with this situation, on October 26, 2022, the problem was raised in writing before the current Mayor of Paraíso, Mr. Carlos Manuel Ramírez Sánchez, with the historical documentation, in the hope that there would be a willingness to solve the problem; however, as of the date of filing this amparo, nothing has been done. Therefore, they request the intervention of the Chamber.
2.- By order of 11:28 a.m. on April 2, 2024, this recourse was processed and the respondent authorities were notified on April 2, 2024.
3.- By written submission filed on April 17, 2024, JULIO SÁNCHEZ SOTO, in his capacity as President of the Municipal Council of Paraíso, reports under oath that: “(…) On November 3, 2022, in extraordinary session No. 203-2022, through article II, subsection 34, the Municipal Council took note of a communication from Messrs. [Name 001] and [Name 005], General Attorneys-in-Fact [Name 006]..... 2- Said communication was forwarded to the administration by the President under the authority granted by article 31 of the Regulations on Sessions and Commissions of the Municipality of Paraíso, so that a report could be rendered and a response could be given to the interested parties. 3- Via official letter CONMU 1208-2022, this decision was communicated to the interested parties as well as to the Municipal Mayor. 4- As of the date of this response, the requested report has not been submitted by the Administration.” 4.- According to a certification added to the record, between April 10 and May 29, 2024, the mayor and the coordinator of the Municipal Emergency Committee, both from the Municipality of Paraíso de Cartago, did not file any written submission or document, in order to render the report requested from them in the order issued at eleven twenty-eight hours on April 2, 2024.
5.- By order of 11:40 a.m. on June 26, 2024, the respondent parties were expanded and an audience was granted to the Executive President of the National Emergency Commission, the Executive Director of the National System of Conservation Areas, and the Regional Director of the Health Governing Area of Paraíso. The foregoing was notified on June 27, 2024.
6.- By written submission filed on July 1, 2024, OSCAR BERMÚDEZ GARCÍA, in his capacity as regional director of the Health Governance of Central East, reports under oath that: “(...) In response to the foregoing, and as requested regarding the contested facts, I report the following: a) Having conducted a review of the databases of the office of the Directorate of the Health Governing Area of Paraíso, there is no record of any complaint filed by Mr. [Name 001], the petitioner in the case. b) Having reviewed the background in the file archive of the Directorate of the Health Governing Area of Paraíso, there is no official communication regarding the case; rather, knowledge was obtained from the notification by the Constitutional Chamber, by virtue of the filing of the Amparo Recourse CASE FILE: N°24-007694-0007-CO. c) Consequently, having become aware of the case, as of the notification from the Constitutional Chamber, inter-institutional coordination actions will be carried out to determine the approach route for the case, which will be brought to the attention of the esteemed Chamber.” 7.- By written submission filed on July 3, 2024, ALEJANDRO JOSE PICADO EDUARTE, in his capacity as President of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, reports under oath that: “(…) FIRST: Our represented party is the registered owner of the property in the Cartago district, registration number 120438-000, located in the district of OROSI, canton of PARAÍSO de CARTAGO. As is evident from the documentation we attach, for 10 years our represented party has initiated proceedings before various institutions, with the purpose of finding a definitive solution to the problem posed by a series of dwellings in an informal settlement, located on the bank of the Río Grande de Orosi. The foregoing specifically in the place called Calle Virginia, in Palomo Orosi. We consider our fundamental rights to have been violated (article 50 of the Political Constitution), since, due to the total omission of the municipality of Paraíso, the erection of constructions that fail to meet minimum engineering requirements and damage the environment has been allowed without municipal permits, since they are located in a buffer zone of a river, which, furthermore, generates landslide risks and is a danger to human lives. (the original wording and spelling, bold and underline are preserved, italics do not correspond to the original). FACT ONE: This fact is denied. It is not evident to my represented party and does not fall within our competence, since the administration of the interests and local services of the canton is the competence of the Local Government, in this specific case, of the Municipality of Paraíso. SECOND: The problem had been raised with Jorge Rodríguez Araya, then municipal mayor. Our purpose was for the municipality to assume the functions and competencies granted to it by current regulations, so that it would proceed to find a permanent solution by evicting the houses beside the river, relocating the people to another area. However, the years go by, the political authorities of the municipality change, and throughout all this time, none have taken concrete actions to address and respond to the DANGER posed by the continued presence of inhabited shanties on the banks of the Río Grande de Orosí. (the original wording and spelling, bold and underline are preserved, italics do not correspond to the original). FACT TWO: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented party, since the administration of the interests and local services of the canton is the competence of the Local Government, in this specific case, of the Municipality of Paraíso. THIRD: As part of our argument, technical reports were provided to the respondent municipality; from the National Emergency Commission DPM INF-0410-2012, and from the National System of Conservation Areas, official letter C.O,292-2013, dated March 18, 2013. (Please see attached copies) Said information revealed the existing risk in the area, due to the construction of shanties on the bank of the Río Orosi, which is a protection zone. (the original wording and spelling, bold and underline are preserved, italics do not correspond to the original). FACT THREE: Partially true. Technical report N° DPM-INF-0410-2012, entitled: “Risk assessment for dwellings on the right bank of the Río Grande de Orosi” was issued on June 12, 2012, at the request of Ms. [Name 007]. FOURTH: Essentially, we sought for the municipality to do three things: A) B) Achieve the relocation of the people living in an informal settlement on the right bank of the Río Grande de Orosi; The possibility of providing those families with a decent dwelling in another safe location; C) Finally, the demolition of the shanties, so that they would not be inhabited again by squatters. (the original wording and spelling are preserved, italics do not correspond to the original). FACT FOUR: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented party, since the administration of the interests and local services of the canton is the competence of the Local Government, in this specific case, of the Municipality of Paraíso. And in the case of housing, it is the IMAS, the institution responsible for coordinating with other entities to resolve issues of extreme poverty in the country. As well as the Banhvi, which is the governing body of the National Financial System for Housing dedicated to financing housing for the lowest-income sectors of the country and the middle class. FIFTH: To this end, our represented party was placing the matter before various institutions that could participate in a housing solution for these persons. (the original wording and spelling are preserved, italics do not correspond to the original). FACT FIVE: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented party, since the administration of the interests and local services of the canton is the competence of the Local Government, in this specific case, of the Municipality of Paraíso. And in the case of housing, it is the IMAS, the institution responsible for coordinating with other entities to resolve issues of extreme poverty in the country. As well as the Banhvi, which is the governing body of the National Financial System for Housing dedicated to financing housing for the lowest-income sectors of the country and the middle class. SIXTH: Thus, in August 2012, the BANHVI, through the Sub-Management of Operations, indicated via official letter SO-OF-0344-2012, its willingness to process family housing bonds for the families that were in that locality, and in the place of their choosing. (the original wording and spelling are preserved, italics do not correspond to the original). FACT SIX: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented party, in the specific case of the Banhvi, which is the governing body of the National Financial System for Housing dedicated to financing housing for the lowest-income sectors of the country and the middle class. And the administration of the interests and local services of the canton is the competence of the Local Government, in this specific case, of the Municipality of Paraíso. SEVENTH: Inexplicably, a decade has passed and, to our knowledge, from that municipality, no action was ever executed on the ground to initiate the process of evicting those dwellings. Neither the then mayor Jorge Rodríguez, nor the members of the Municipal Council (sic) at the time, undertook with due diligence the execution of a solution to the problem presented to them, -and obviously- ignoring and disregarding reports from the National Emergency Commission, and a report from the Municipal Emergency Committee of the municipality of Paraíso itself in official letter CNE-024-2013 of May 31, 2013, issued by Mr. Fabricio Guzmán, coordinator of the Municipal Committee, and in which he informed Mayor Rodríguez that sanitary eviction orders had been delivered, without any objections being raised by the families that needed to vacate the location. It is worth recalling that in accordance with Agreement 0443 - 2011 of the National Emergency Commission, published in the Official Gazette La Gaceta 230 of November 30, 2011, the recommendations issued by said commission are binding. (the original wording and spelling, bold and underline are preserved, italics do not correspond to the original). FACT SEVENTH: Partially true. Technical report N° CME-024-2013 was issued, dated May 31, 2013. It should be emphasized that the administration of the interests and local services of the canton is the competence of the Local Government, in this specific case, of the Municipality of Paraíso, which has not pronounced itself on the matter. EIGHTH: While the interest shown by administrative officials from the different institutions is palpable, in preparing reports and actions aimed at solving the problem; -it is obvious and evident- that there was never any political will from the mayor's office to begin carrying out the actions that would materialize the eviction and demolition of the shanties located on the river bank. For us this is unacceptable, taking into consideration that the municipality is the first entity called upon to address the problems of its locality, since the described problem has been due to a lack of necessary foresight and controls. (the original wording and spelling are preserved, italics do not correspond to the original). FACT EIGHTH: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented party, since the administration of the interests and local services of the canton is the competence of the Local Government, in this specific case, of the Municipality of Paraíso. NINTH: On October 26, 2022, the problem was raised in writing before the current Mayor of Paraíso, Carlos Manuel Ramírez Sánchez, with historical documentation, in the hope that there would be a willingness to solve a problem that is more than a decade old, without that mayor having done anything to date. A little over 10 years have passed, without the respondent municipality having demonstrated that it has resolved the denounced situation or taken effective measures in that regard. (the original wording and spelling are preserved, italics do not correspond to the original). FACT NINTH: This fact is denied. It does not fall within the competence of my represented party, since the administration of the interests and local services of the canton is the competence of the Local Government, in this specific case, of the Municipality of Paraíso. II. POWERS OF THE MUNICIPALITY: It is the duty of each municipal government to guarantee, through planning and the exercise of authority, that urban development meets criteria of safety, health, and environmental sustainability. The foregoing, in protection of the rights of citizens. Stemming directly from article 169 of the Political Constitution, the Municipal Code, the Urban Planning Law, the Construction Law, and related regulations, it is the absolute and exclusive responsibility of municipalities to order the territory under their jurisdiction. This unavoidable duty has been elaborated upon in various opinions of the Attorney General's Office of the Republic, among them, C-093-2007 of March 27, 2007, C-020-2009 of January 29, 2009, C-118-2009 of May 4, 2009, C-155-2009 of June 1, 2009, C-091-2010 of May 3, 2010, and several more in the same vein. The Constitutional Chamber has ratified this responsibility, in resolutions such as numbers 2153-93, 5305-93, 6706-93, 4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485, 2002-01220, 2002-05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002 and 2005-07516, among many others. (…) OF THE RISK RESEARCH AND ANALYSIS UNIT (UIAR). Formerly known as the Department of Prevention and Mitigation, according to technical report N° DPM- INF-0410-2012 dated June 12, 2012, entitled: “Risk assessment for dwellings on the right bank of the Río Grande de Orosi.”, which indicates (The original wording and spelling are preserved, italics and underline do not correspond to the original)”: “(..) I. General Information At the request of the interested party, a risk assessment was conducted of some dwellings located on the southwest side of the road known as Calle la Virginia and adjacent to the right bank of the Río Grande de Orosi. (…) IV. Background On July 24, 2007, a site visit was made 100 meters southeast of the bridge over the Río Grande de Orosi, in response to a landslide incident at the back of the dwelling where Mr. [Name 008] ID [Value 003] lived. On that occasion, the dwelling was affected by lateral erosion caused by the river during a flood and left the foundations of the dwelling compromised, so the report DPM-INF-980-2007 recommended its eviction. According to Official Letter of the municipality of Paraíso CATA EXT-013-2012, requested by Ms. [Name 007], the properties evaluated here have cadastral plans and are registered with the public registry. V. Hazard and Vulnerability Analysis. A. The right bank of the Río Grande de Orosí in this sector is a slope between 5 and 10 meters high with angles greater than 65º. B. During the site visit, it was possible to verify how several dwellings are built on the right bank of the Río Grande de Orosí within the protection zone. C. In certain sectors, some dwellings are encroaching on part of the public road. D. The dwellings on the site are mostly informal constructions of lightweight materials, some structures are supported on pilings on the slope. E. According to the hazard map generated by the Department of Prevention and Mitigation of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, the evaluated area is located in the High Flood Hazard zone. VI. Conclusions A. The properties built on the site are within the river protection zone. B. Several structures encroach on part of the public road. C. The proximity of the dwellings to the river, the poor condition of the dwellings, and due to the history of slope instability; it is considered that the dwellings are vulnerable to being affected both by flooding and by structural collapse, caused by slope failures. VII. Recommendations. A. Because the terrain in the area is unstable and is located within the river setback area, urban development is not suitable and permanent human presence on the site is not advisable. B. The relevant institutions such as MINAET, IMAS, MIVAH, the Ministry of Health, and the respective Municipality should be notified so that they take actions according to their competence and assess the possibility of providing some solution to the families that inhabited this area. VIII. Scope of the report (..) B. In accordance with the resolutions issued by the Constitutional Chamber, regarding the technical criteria given by specialized officials of the CNE and the Technical Advisory Committees, it is clarified that the recommendations of this report are binding for the institutions to which they are directed (agreement 443-2011 of the Board of Directors of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response), furthermore, said agreement establishes a series of steps in accordance with the country's current regulations, regarding the regulations and measures that municipalities must carry out in the field of Risk Management.” I. OF THE SPECIFIC CASE: It is clear from the facts outlined by the petitioner, as well as from their claim, that this recourse is directed solely against the Municipality of Paraíso for its inaction in the face of the described events, of which it has had knowledge for a long time, which leads to a latent danger and insecurity to the life and health of the residents of the area. From the foregoing, it is evident that this is a procedure that the Municipality of Paraíso must carry out, in its capacity as municipal government, which must guarantee, through planning and the exercise of authority, that urban development meets criteria of safety, health, and environmental sustainability, as well as emergency response within its jurisdiction. The foregoing, in protection of the rights of citizens, a situation it has evidently failed to fulfill over this past decade. Insofar as the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE) has fulfilled its ordinary legal competencies as indicated by Law N° 8488, providing technical advice on the actions the local government must exercise, the technical reports issued by the Risk Research and Analysis Unit being binding, in this specific case. Therefore, it is reiterated that the CNE has acted in accordance with its competencies, carrying out the actions requested by the petitioner, which is evident in the evidence provided, so no inaction is observed on the part of the institution, contrary to the case of the Municipality of Orosí, which has ignored the Reports rendered by the Risk Research and Analysis Unit, as well as the situation that has been developing and which is widely known by the Municipal entity, since requests have been presented to it for a decade. Additionally, what is indicated in the report of the Risk Research and Analysis Unit (UIAR) is emphasized, which within its recommendations stated at that historical moment: “(..) Because the terrain in the area is unstable and is located within the river setback area, urban development is not suitable and permanent human presence on the site is not advisable(..)”, for which, consequently, it is requested that this recourse of amparo be declared without merit in all its aspects against the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE).” 8.- By written submission filed on July 4, 2024, ALDO MATA COGHI, in his capacity as President of the Municipal Council, reports under oath that: “(…) In accordance with the audience granted by order issued at eleven forty hours on June twenty-six, two thousand twenty-four, I beg to clarify before this honorable Constitutional Chamber that, as narrated in this recourse, the audience granted by the aforementioned order is addressed to other authorities and to the same Municipal Mayor and Coordinator of the Municipal Emergency Commission, who are warned to comply with the requested report. I must assume that the notification made to the undersigned in his capacity as President in relation to this Amparo, was due to an error given that the Municipal Council was not named as a respondent, in addition to the fact that these are aspects that, by competence, must be addressed by the Municipal Administration, since the scope of action available to the Council Body is limited to directly addressing purely administrative matters that even require technical criteria which fall under the aegis of the Municipal Mayor as general administrator. It is for this reason that, for the sake of responsibility, it is clarified to this respectable Chamber that I am appearing in this case file under the understanding that I was notified of this recourse, but no report under oath is being requested of me.” 9.- By written submission filed on July 10, 2024, DAVID CHAVARRIA MORALES, in his capacity as Executive Director of the System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, reports under oath that: “(…) FIRST: That in relation to the case in question, a report was requested from Ms. Meryll Arias, Regional Director of the Central Conservation Area, hereinafter ACC; which is hereby submitted in response to the actions carried out in ACLAC, therefore the report is presented via official letter SINAC-ACC-OC-1085-2024 of July 4, 2024 issued by Mr. Antonio Orozco, head of the Cartago office, and in response to the Constitutional Chamber which I attach as evidence and are indicated below:
"The undersigned, Antonio Orozco Barrantes, with the position of Head of the Subregional Office of Cartago (OC) of the Central Conservation Area (ACC) of the National System of Conservation Areas (SINAC), via the following official letter, reports that after conducting a search in the archives of the OC, this office head reports that there is no record of Official Letter e.o. 292-2013 dated March 1, 2013, so the official letter is not located nor is there any reference to it, making it impossible to have knowledge of the information it contains.
In relation to the subject of the amparo filed by Mr. [Name 001] 'They mention that, for 19 years, their represented party has initiated proceedings before different institutions with the purpose of finding a definitive solution to the problem. This specifically refers to the place called Calle Virginia, in Palomo Orosi. They mention that, due to the total omission of the Municipality of Paraíso, the erection of constructions that fail to meet minimum engineering requirements and damage the environment has been allowed without municipal permits, since they are located in a buffer zone of a river. This generates landslide risks, endangering human lives'.
This office head reports via the following official letter, that there are no records that Mr. [Name 001] has submitted a formal written request before the OC during the course of 2024, related to this specific topic, requesting the intervention of SINAC.
Lastly, regarding the recourse of amparo CASE FILE Nº24- 007694-0007-CO, on July 1, 2024, Mr. Julio Varela from the Environmental Management Department of the Municipality of Paraíso, requests support from the OC, in order to respond to the Recourse of Amparo CASE FILE Nº24-007694- 0007-CO, see image 1 Between July 3 and 4, this office head and the prevention, protection, and control department of the OC, responded to this request, the email chains are attached.
With this information, the actions of the OC are verified, having been carried out within its actions and within the times established by Law." 10.- In the processing of this proceeding, the prescriptions of law have been observed.
Drafted by Magistrate Alvarado Paniagua; and,
Considering:
I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the case – for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure – it must be clarified that, from judgment No.
2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the time limits established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both for resolving an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at the request of a party—and for hearing the applicable administrative appeals. Precisely, this case presents a scenario of exception, as it involves a complaint filed before the Municipality of Paraíso regarding a problem related to unpermitted constructions in a river buffer zone (zona de amortiguamiento de un río), which generates environmental and landslide risks for the residents. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
II.— CONSEQUENCE OF FAILING TO SUBMIT THE REPORT REQUESTED BY THE CHAMBER. In accordance with the provisions of article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), if the respondent authority does not submit its report, the facts alleged by the petitioner are taken as true. The Chamber proceeds to study the admissibility of the amparo based on the factual basis presented, which does not imply that the appeal is automatically granted. In the specific case, the mayor and the coordinator of the Municipal Emergency Committee (Comité Municipal de Emergencias), both of the Municipality of Paraíso de Cartago, did not submit the requested report. Therefore, the report is deemed not submitted, and this Chamber resolves the case by evaluating the other reports provided, the facts denounced, the evidence attached to the amparo filing, and this Court’s jurisprudence applicable to the specific case.
III.— PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner files an appeal for amparo and states that her represented party is the owner of a property in the canton of Paraíso de Cartago and has been trying to resolve a problem in the area called Calle Virginia in Palomo Orosi for 19 years. Due to the omission of the Municipality of Paraíso, unpermitted constructions have been allowed in a river buffer zone, which generates environmental and landslide risks for the residents. Despite technical reports and recommendations from the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias) and other institutions to evict and relocate the families, the municipality has not taken concrete measures. In 2021, BANHVI showed willingness to grant housing bonds (bonos de vivienda) to the affected families, but no actions have been executed. The case was presented to the current mayor of Paraíso in 2022, but it remains unresolved, and therefore they request the intervention of the Chamber.
IV.— PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authority has failed to refer to them, as provided for in the initial order:
Regarding the facts related to the Municipality of Paraíso:
On November 3, 2022, in extraordinary session No. 203-2022, through article II, subsection 34, the Municipal Council (Concejo Municipal) took note of a communication from Messrs. [Name 001] and [Name 005], General Attorneys-in-Fact [Name 006]. Said communication was forwarded to the administration by the President under the authority granted by article 31 of the Regulations for Sessions and Commissions of the Municipality of Paraíso, so that a report could be rendered and a response provided to the interested parties (see report rendered by the President of the Municipal Council). By official letter CONMU 1208-2022, this decision was communicated to the interested parties, as well as to the Municipal Mayor (see report rendered by the President of the Municipal Council). As of the date of this response, the requested report has not been presented by the Administration (see report rendered by the President of the Municipal Council). By order of 11:28 a.m. on April 2, 2024, this appeal was processed and notified to the respondent authorities on April 2, 2024 (the court record). According to a record added to the court record, between April 10 and May 29, 2024, the mayor and the coordinator of the Municipal Emergency Committee, both of the Municipality of Paraíso de Cartago, did not present any writing or document in order to render the report requested in the resolution issued at eleven hours and twenty-eight minutes on April 2, 2024 (the court record).
Regarding the facts related to the Health Governing Area of Paraíso (Área Rectora de Salud de Paraíso):
In the databases of the office of the Directorate of the Health Governing Area of Paraíso, there is no record of any complaint filed by Mr. [Name 001] (see report rendered by the Health Governing Area of Paraíso).
Regarding the facts related to the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias):
On June 12, 2012, through technical report No. DPM-INF-0410-2012, the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias, CNE), through its Risk Research and Analysis Unit (UIAR), issued technical report DPM-INF-0410-2012. This report was requested by Mrs. [Name 007] and focused on evaluating the risk of dwellings built on the right bank of the Grande de Orosi River, in the area known as Calle Virginia, Palomo, Orosi. The report determined that the dwellings were in a zone of high flood and landslide hazard, with conditions that jeopardized both the structural safety of the buildings and the lives of their inhabitants. Additionally, it recommended the relocation of the people and prohibiting urban development in this unstable area (see report rendered by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response). On March 18, 2013, through official letter C.O.292-2013, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) issued official letter C.O.292-2013, in which it confirmed the existing risk situation in the Orosi River area due to the construction of precarious dwellings near the riverbed. This document reinforced the need to protect the area, as it is a river buffer zone, and warned about the environmental and safety threats posed by the permanence of irregular constructions. The official letter also underscored the importance of urgent and coordinated intervention by the municipality and other institutions (see report rendered by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response). On May 31, 2013, through Official Letter CNE-024-2013, the municipality was informed about the delivery of sanitary eviction orders to the families occupying precarious dwellings near the Grande de Orosi River. These orders, supported by previous CNE reports, sought to protect the inhabitants from flood and landslide risks. However, the official letter also documented the lack of objections from the families to the eviction, although the municipality did not take concrete measures to enforce the orders (see report rendered by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response). In August 2012, through Official Letter SO-OF-0344-2012, the Mortgage Housing Bank (Banco Hipotecario de la Vivienda, BANHVI), through its Operations Sub-management, issued official letter SO-OF-0344-2012. In this document, BANHVI expressed its willingness to grant family housing bonds to the families residing in the risk zone, allowing them to choose another safe location for their relocation. BANHVI’s proposal sought to offer a dignified housing solution for these families in an area free from landslide or flood risks, although coordination by the municipality was required to proceed with the evictions and relocation (see report rendered by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response). On October 26, 2022, the problem was raised again before the mayor of Paraíso, Carlos Manuel Ramírez Sánchez, along with historical documentation supporting the request for intervention in the risk zone. The communication summarized the previous reports and recommendations that various institutions, such as the CNE and SINAC, had directed to the municipality for more than a decade. However, despite this exhaustive exposition of the problem and the latent risk to the inhabitants of the area, no effective action has been registered by the local administration to initiate the process of eviction or relocation of the precarious dwellings (see report rendered by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response).
Regarding the facts related to the System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy:
In the Cartago Subregional Office of the Central Conservation Area (ACC) of the National System of Conservation Areas (SINAC), there are no records of Official Letter e.o. 292-2013 dated March 1, 2013 (see report of the National System of Conservation Areas). Nor has any formal written request been received from Mr. [Name 001] requesting SINAC's intervention regarding the irregular constructions in the Palomo, Orosi area (see report of the National System of Conservation Areas). On July 1, 2024, Mr. Julio Varela of the Department of Environmental Management of the Municipality of Paraíso submitted a request for support to the Cartago Subregional Office of SINAC in order to obtain technical backing on the problem of irregular constructions that endanger both the environment and the safety of people in the Palomo, Orosi area (see report of the National System of Conservation Areas). Between July 3 and 4, 2024, the Head of the Cartago Subregional Office and the Department of Prevention, Protection and Control of the same office responded to the request for support presented by Mr. Julio Varela. Through various communications and the preparation of the required information, institutional support was provided to the municipality to adequately manage the risk situation persisting in the affected area (see report of the National System of Conservation Areas).
V.— ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in article 50 of the Political Constitution. The protection of the environment is an appropriate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of the Public Authorities regarding factors that may alter its balance and hinder a person's development and fulfillment in a healthy environment. The State constitutes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitutes an essential function of the State; therefore, regarding environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, through the various administrative dependencies.
VI.— REGARDING CONSTITUTIONAL JURISDICTION IN ENVIRONMENTAL MATTERS. As has been reiterated in this Chamber’s jurisprudence, constitutional jurisdiction in environmental matters cannot extend to the point of becoming a verifier of the technical criteria set forth in regulations or by administrative authorities on environmental issues; rather, it is limited to verifying whether the competent state agencies have fulfilled the obligation imposed by article 50 of the Political Constitution to assume responsible and timely action regarding environmental protection. It has also been held that the admissibility of an amparo appeal is conditioned on demonstrating the existence of a disturbance or threat to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Political Charter or in international human rights instruments signed by the country. This latter circumstance highlights the eminently summary nature of the amparo process, whose processing is not well suited to the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or to the need to first examine—with a declaratory nature—whether there actually exist or not infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual basis of the amparo appeal or the legal report, as the case may be, since it is evident that this Chamber lacks such jurisdiction. Faced with this situation, it is not appropriate for the Chamber to issue any pronouncement (positive or negative) in these cases, because to determine whether there has been an infringement of fundamental rights or not, said conflict must first be resolved at the level of legality.
VI.— ON THE OBJECTIVE OBLIGATION OF THE STATE TO PROTECT HUMAN LIFE. This Constitutional Court has recognized the objective obligation of the State to protect human life and has ruled on administrative omissions that threaten road safety and the physical integrity of individuals. On this matter, it is appropriate to refer to the provisions in judgment No. 2008-18443 of 6:01 p.m. on December 11, 2008, where it was stated:
“Prior to analyzing the specific case, it is appropriate to indicate what this Chamber has said regarding the objective obligation of the State to protect human life, in the sense that the right to life, frequently analyzed together with the right to physical integrity, has usually been understood as a right of negative content, meaning that its purpose was limited to the claim against the State that it refrain from carrying out actions aimed at eliminating the physical existence of persons, for example, torture or the death penalty, or that it punish persons, both public and private, who threaten the life and integrity of others, through the penal system. However, the current trend is to impose various positive conducts on the State, in the sense that it must not disturb the physical existence of persons and, furthermore, must act to protect them from the multiple dangers that threaten them, whether they come from actions of the State itself, from other persons, or even from nature itself. Hence, for example, environmental issues have become, at least in our country, a matter of constitutional significance, since the right to a healthy and ecologically balanced environment was elevated to the rank of a fundamental right. Now, it is necessary to clarify that the objective existence of a State obligation regarding the protection of the right to life does not inevitably entail a subjective right of persons to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right to have suitable measures taken in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities. Consequently, it means that the State acquires the obligation to regulate the areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, be it through law, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and the subjective right of persons to have this done diligently. Thus, the possibility of judicially demanding, through amparo, a specific type of state performance in fulfillment of its duty to protect the life and physical integrity of its inhabitants is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of persons, such that if, for example, a certain community deemed it necessary to have a hospital for the care of its residents (or any other public work), it is not through amparo that it must be demanded, but rather through the previously established mechanisms and before the competent bodies and entities, who must address the petition and resolve its technical feasibility, which does not necessarily imply a positive response. From the foregoing, it follows that the intervention of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of the proven inaction of the State, through its competent bodies, in addressing the demands made by the country's inhabitants in the exercise of their rights (see in this regard judgment number 2003-11519 of ten hours and thirty minutes on October ten, two thousand three).” VII.— ON THE DUTY OF MUNICIPALITIES TO ATTEND TO LOCAL INTERESTS AND SERVICES. The actions of public institutions must be swift and efficient, especially when it comes to providing the services under their competence. In the case of municipalities, being assigned the generic task of attending to local interests and services encompasses a broad set of activities. In judgment No. 2011-012886, of 12:44 p.m. on September 23, 2011, this matter was addressed, and on that occasion the Chamber indicated:
“…As established by article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code, municipalities are responsible for the administration of local services and interests, in order to promote the integral development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, pursuing the efficient and harmonious development of urban centers and guaranteeing—at least—efficient electrification and communication services; good systems for supplying potable water and evacuating wastewater, adequate aqueduct and sewer systems, lighting and beautification systems for cities; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the life of the population comfortable and safe. (…) Consequently, in the judgment of this Court, through its omission, the Municipality has endangered the free transit of the petitioners and neighbors of the community in question, as well as the right to enjoy a healthy and balanced environment, recognized in articles 27 and 50 of the Political Constitution; therefore, with respect to this entity, the present appeal must be granted….” VIII.— ON THE SPECIFIC CASE IN RELATION TO THE AUTHORITIES OF THE MUNICIPALITY OF PARAÍSO. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court finds a violation of the fundamental rights of the protected party. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are deemed given under oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that the Municipality of Paraíso has incurred omissions that endanger the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the safety of the inhabitants of the affected community. Despite having multiple technical reports and recommendations from institutions such as the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response and the National System of Conservation Areas, which indicate the serious risks of flooding and landslides in the zone in question, the respondent local government has not adopted the necessary measures to mitigate said risks nor to proceed with the relocation of families in precarious situations. Likewise, the mayor and the coordinator of the Municipal Emergency Committee have omitted to respond to the request for reports made by this Chamber on repeated occasions, evidencing a lack of diligence and responsible action in addressing a problem of evident risk to the rights of the persons involved, particularly the right to life, to physical integrity, and to the enjoyment of a healthy environment, as provided in article 50 of the Political Constitution. In this manner, the inaction of the respondent authorities contravenes the obligations of safeguarding and protecting the environment and the fundamental rights to the safety and well-being of the inhabitants of the affected area. It must be remembered that this Chamber has reiterated that municipalities, in the exercise of their powers, must act with swiftness and effectiveness to address the corresponding local interests and services, as established by article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code. In conclusion, a prolonged and repeated omission by the Municipality of Paraíso and its representatives to address the risks indicated in the reports of specialized entities is verified, a situation that violates the right to a healthy and balanced environment, as well as the right to physical integrity and the safety of the inhabitants of the area, by failing to adopt the technical recommendations for the relocation of families at risk and the closure of the area to new urban developments. Consequently, the present proceeding is granted against the respondent local government in accordance with what is indicated in the operative part of this judgment.
IX.— ON THE SPECIFIC CASE IN RELATION TO THE AUTHORITIES OF THE HEALTH GOVERNING AREA OF PARAÍSO. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are deemed given under oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that the Health Governing Area of Paraíso, as the authority responsible for safeguarding public health and the well-being of the community, has a fundamental responsibility in the identification, prevention, and control of health risks. In this case, it has been verified that in the databases of the Directorate of the Health Governing Area of Paraíso, there is no complaint filed by Mr. [Name 001], nor is there any formal request for the institution's intervention in relation to the risks identified in the Palomo, Orosi area. Furthermore, the Health Governing Area has not received specific complaints or petitions that confer upon it a direct obligation to intervene regarding the facts motivating this appeal. However, given the threat to the safety and health of the community's inhabitants, and by virtue of the preventive function of said Area, this authority is not exempt from fulfilling a proactive role in coordination with other relevant entities to ensure environmental conditions that do not endanger the population’s health, especially in high-risk situations such as those recorded in the reports of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response and other involved institutions. Therefore, it is incumbent upon said authority to act in accordance with the guidelines of public health legislation, taking an active role in inter-institutional cooperation to respond to the detected health and environmental risk conditions. By virtue of the foregoing, this Court considers that, although the Health Governing Area of Paraíso has not been remiss in receiving or responding to specific complaints or requests for intervention in this risk zone, it is urged to carry out the necessary coordination actions with other institutions such as the Municipality of Paraíso, the CNE, and SINAC, to contribute to mitigating the dangers affecting the health and safety of the inhabitants of the Palomo, Orosi area.
X.— ON THE SPECIFIC CASE IN RELATION TO THE AUTHORITIES OF THE NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are deemed given under oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, as the governing body in risk management and emergency response, has the responsibility to identify, evaluate, and promote the necessary measures to mitigate the risks to which vulnerable populations are exposed. In the present case, it has been demonstrated through technical reports, such as No. DPM-INF-0410-2012, that the CNE identified, more than a decade ago, the Palomo, Orosi area as a zone of high flood and landslide hazard, recommending the relocation of families and the prohibition of new urban developments in said area. Likewise, it was verified that the CNE issued specific alerts and recommendations in 2013, 2013, and subsequent years, and that it requested the collaboration of the Municipality of Paraíso and other entities to execute the necessary measures, including the relocation of the affected families. However, despite these warnings and the continuity of reports on the existing danger, the CNE has not managed to ensure effective coordination and implementation of its recommendations jointly with the other responsible authorities. Therefore, this Court considers that, although the CNE has fulfilled its technical functions and has formulated the necessary guidelines to mitigate the risks in the area, it is essential that this entity adopt additional and effective follow-up and coordination actions with the involved institutions, so that its recommendations materialize and the objectives of protecting the population at risk are met. The obligation to ensure the safety and well-being of individuals imposes on the CNE the duty to supervise and ensure that the competent authorities implement the recommended guidelines and measures. Consequently, the CNE is urged to reinforce its follow-up efforts, through a mechanism for controlling and supervising the actions undertaken by the Municipality of Paraíso and other involved entities, in compliance with the issued reports, in order to guarantee the safety and physical integrity of the persons residing in the risk zone.
XI.— ON THE SPECIFIC CASE IN RELATION TO THE AUTHORITIES OF THE SYSTEM OF CONSERVATION AREAS OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are deemed given under oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that the National System of Conservation Areas, as part of the Ministry of Environment and Energy, has the responsibility to protect and conserve the environment and the country's natural resources, with particular emphasis on zones of high environmental vulnerability. In the present case, it has been proven that in the Cartago Subregional Office of the Central Conservation Area (ACC) of SINAC, there are no formal records of requests for intervention by Mr. [Name 001] regarding the irregular constructions in the Palomo, Orosi area. However, it has been demonstrated that in previous years, specifically in 2013, SINAC issued a report (Official Letter C.O.292-2013) warning about the environmental and safety risks arising from the constructions near the Grande de Orosi River, recommending coordinated intervention by local authorities to protect said riverine buffer zone. Likewise, the documentation demonstrates that SINAC, in response to a recent request from the Municipality of Paraíso in 2024, provided technical support regarding the dangers associated with the irregular constructions in the area, reflecting its willingness to collaborate and intervene in environmental risk management. However, despite the early identification of risks and the technical assistance provided, SINAC's efforts have not resulted in the implementation of the recommended protection measures, which has allowed the permanence of irregular constructions that threaten both the environment and the safety of the area's inhabitants. Consequently, this Court considers that, although SINAC has partially fulfilled its function of issuing technical reports and providing support to local authorities, it must reinforce its supervisory and follow-up actions in coordination with the other responsible institutions, especially in cases where administrative inaction and the lack of implementation of measures can aggravate risks to the environment and to people. Likewise, this Court urges SINAC to continue its technical assistance work, but also to intensify its oversight and follow-up role regarding the actions of the Municipality of Paraíso and other involved entities, in order to ensure the implementation of the necessary protection measures in the Palomo, Orosi area, in accordance with its environmental powers and with the previously issued reports.
XII.— CONCLUSION.
Based on the foregoing and in accordance with the reiterated case law of this Chamber regarding municipal competence and the obligation of interinstitutional coordination, it is clear that the Municipality of Paraíso, in its role as guarantor of local interests and services, has failed in its duty to act and coordinate with other institutions to protect the fundamental rights of the inhabitants of the Palomo area, Orosi. It must be remembered that this Chamber, in Judgment No. 2020-010630 of 09:15 hours on June 12, 2020, stated that municipalities possess functional autonomy for the administration of local interests and services, an autonomy that must be exercised efficiently and in cooperation with other public entities, especially when it concerns the protection of rights such as the environment and community safety. Similarly, in Judgment No. 5445-99, of 14:30 hours on July 14, 1999, municipalities must exercise their powers in accordance with the scope of their local competence without neglecting the integrity of local interests and services. The Chamber clarified that, although the scope of their functions is broad and autonomous, municipalities cannot empty their obligations of content to the detriment of their inhabitants' rights. Additionally, in Judgment No. 2006-7994 of 8:57 hours on June 2, 2006, the obligation of municipalities to protect the environment, in compliance with Article 50 of the Political Constitution, is reaffirmed. In the case at hand, the environmental risk identified in the reports from the CNE, the SINAC, and the Rector Health Area of Paraíso reflects a serious and prolonged threat to the fundamental rights of the inhabitants. However, the lack of coordinated action among the institutions and the omission of concrete measures by the Municipality of Paraíso constitute a violation of the right to a healthy and balanced environment, in contravention of Article 50 of the Political Constitution. Pursuant to Article 169 of the Constitution and the case law of this Court, the Municipality of Paraíso not only has the competence to act on problems affecting its territorial jurisdiction but also the obligation to coordinate with other competent institutions to address the risks. As noted in Judgment No. 6469-97, of 16:20 hours on October 8, 1997, the Chamber has developed the principle that this cooperation cannot be optional but is a requirement for the effective administration of local interests. In the same vein, in judgment No. 2020-010630, it was indicated that local governments must enter into cooperative relationships with other public entities for the management of problems affecting communities in their territory, thus ensuring a comprehensive and coordinated response. Consequently, the granting of the present proceeding is appropriate so that all the respondent authorities —the Municipality of Paraíso, the CNE, the Rector Health Area of Paraíso, and the SINAC— coordinate their efforts effectively and continuously, establishing a joint action plan that allows for the implementation of the mitigation and relocation measures necessary to safeguard the rights of the inhabitants in the risk zone.
XIII.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, the bodies that must hear the legal dispute are the Administrative Contentious Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively its responsibility to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which are indeed appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the administrative contentious jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.
XIV.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements with greater scope. However, when a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction is derived from that administrative omission, or vulnerable groups are affected, I do address the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, just as in this case, where it is claimed that construction without permits has been allowed in a buffer zone (zona de amortiguamiento) of a river, generating environmental and landslide risks, and despite the complaint filed, the Municipality of Paraíso has not resolved the problem. The described situation constitutes an exception to my general position on this matter, and therefore, I deem it necessary for this Constitutional Court to analyze the merits of the issue, in order to verify or dismiss the allegations of the appealing party.
XV.- PARTIAL DISSENTING VOTE BY JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Although I agree with the majority of the Chamber that the recourse should be granted, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction for monitoring a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, concerning the second order issued in the operative part, so that within three months, counted from the notification of this judgment, coordinated, concrete, and continuous actions are carried out for the relocation of the families located in the risk zone, prohibiting any other new urban development that contravenes the recommendations of the competent technical authorities. In contrast, the provisions of the Administrative Contentious Procedural Code regarding enforcement (Article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing liabilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, I consider that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Section of the Administrative Contentious and Civil Treasury Court, under the judgment enforcement rules of said Code.
XVI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judiciary," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The recourse is declared GRANTED. Consequently, it is ordered that whoever holds the position of MAYOR AND OF COORDINATOR OF THE MUNICIPAL EMERGENCY COMMITTEE, BOTH OF THE MUNICIPALITY OF PARAÍSO, as well as, OSCAR BERMÚDEZ GARCÍA, in his capacity as regional director of the Central Health Rectorship, ALEJANDRO JOSE PICADO EDUARTE, in his capacity as President of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), and DAVID CHAVARRIA MORALES, in his capacity as Executive Director of the National System of Conservation Areas (Sistema de Áreas de Conservación) of the Ministry of Environment and Energy, or whoever holds those positions, that: 1. IMMEDIATELY, upon notification of this judgment, coordinate and adopt all necessary measures to guarantee the protection and relocation of families who are at risk in the affected area, according to the recommendations issued in the reports from the CNE and the SINAC. 2. Within THREE MONTHS, carry out the coordinated, concrete, and continuous actions for the relocation of the families located in the risk zone, prohibiting any other new urban development that contravenes the recommendations of the competent technical authorities. 3. Inform this Court, within ONE MONTH from the notification of this resolution, about the initial actions taken in compliance with what is ordered herein and, subsequently, on a monthly basis, about the progress and results of the measures implemented. The respondent authorities are warned that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not fulfill it or does not have it fulfilled, provided the crime is not more severely punished. The Municipality of Paraíso and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of judgment of the administrative contentious court. Judge Castillo adds a note. Judge Garro Vargas dissents regarding the enforcement of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Enforcement Section of the Administrative Contentious and Civil Treasury Court, under the enforcement rules established in Articles 155 and following of the Administrative Contentious Procedural Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the enforcement proceedings for this ruling can be initiated. Judge Salazar Alvarado adds a note. Notify.
Fernando Castillo V.
President Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Alexandra Alvarado P.
Rosibel Jara V.
Digitally Signed Document -- Verification Code -- CASE FILE No. 24-007694-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Receipt of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 15:52:11.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Res. Nº 2024033873 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de noviembre de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 24-007694-0007-CO interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] Y [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], a favor de [Nombre 003], contra la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 14:37 hrs. del 20 de marzo de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, su representada es propietaria registral de la finca del partido de Cartago, matrícula 120438-000. situada en el distrito de OROSI Cantón de Paraíso de Cartago. Menciona que desde hace 19 años, su representada inició gestiones ante diferentes instituciones, con el propósito de encontrar una solución definitiva al problema. Lo anterior, propiamente, en el lugar denominado calle Virginia, en Palomo Orosi. Menciona que, por la omisión total de la Municipalidad de Paraíso, se han consentido sin permisos municipales, el levantamiento de construcciones que incumplen los requisitos mínimos de ingeniería y dañan el ambiente, pues están ubicadas en una zona de amortiguamiento de un río, lo que; además, genera riesgos de deslizamiento poniendo en riesgo las vidas humanas. Narran que el problema había sido planteado a Jorge Rodríguez Araya, entonces alcalde municipal y el propósito era que la municipalidad procediera a buscarle una solución permanente al problema, desalojando las casas junto al río y trasladando a las personas hacia otra zona. Sin embargo, los años transcurren y no se han adoptado las acciones concretas para atender y dar respuesta al peligro que implica la permanencia de tugurios habitados al margen del Río grande de Orosi. Explican que como parte de ese argumento se aportaron informes técnicos de la Comisión Nacional de Emergencias DPMINF-0410-2012, y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Oficio C.O. 292-2013 - 292-2013, de fecha 18 de marzo de 2013. Explican que de dicha información se desprende que el riesgo existente en la zona y lo que pretendían era que se reubicaran a las personas que habitan en el precario en el margen derecho del Río Grande de Orosi, dotaran a las familias afectadas de una vivienda digna en otro lugar que fuera seguro y demolieran los tugurios, con el fin de que no fueran nuevamente habitadas por precaristas. Por lo anterior, su representada puso en conocimiento de varias instituciones que podría participar en una solución habitacional para las personas afectadas. Por consiguiente, en el 2021, el BANHVI desde la Sub Gerencia de Operaciones, indicó mediante oficio No. SO-OF-0344-2012, la disposición para tramitar bonos familiares de vivienda a las familias que estaban en esa localidad, y en el lugar que ellas eligieran. No obstante, de norma inexplicable, no tienen conocimiento de que la municipalidad ejecutara una acción sobre el terreno para iniciar el proceso de desalojo de esas viviendas. Menciona que ni el entonces alcalde, ni los miembros del Concejo Municipal de la época, asumieron con debida diligencia la ejecución de una solución a la problemática que se les planteó e ignoraron y desacataron los informes de la Comisión Nacional de Emergencias; así como, un informe del propio Comité Municipal de Emergencias de la Municipalidad de Paraíso, mediante oficio No.CNE-024-2013 del 31 de mayo de 2013, emitido por el señor Fabricio Guzmán, en su condición de Coordinador del Comité Municipal, y en el cual le comunicó al alcalde Rodríguez, que fueron entregadas órdenes sanitarias de desalojo, sin que se presentarán objeciones por parte de las familias que debían desalojar en el lugar. Destacan que de conformidad con el Acuerdo de la Comisión Nacional de Emergencias 0443 - 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 230 del 30 de noviembre de 2011 las recomendaciones que emitió dicha comisión tienen carácter vinculante. Comenta que, si bien, hubo interés por parte de los funcionarios administrativos de las diferentes instituciones brindaron, lo cierto es que no desarrollaron las acciones para materializar el desalojo y la demolición de los tugurios que están ubicados al margen del río. Ante tal panorama, el 26 de octubre de 2022, se planteó el problema por escrito ante el actual alcalde de Paraíso, señor Carlos Manuel Ramírez Sánchez, con la documentación histórica, con la esperanza de que existiera voluntad de solucionar el problema; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo no se ha hecho nada. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala.
2.- Mediante auto de las 11:28 hrs. del 02 de abril de 2024 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 02 de abril de 2024.
3.- Por escrito presentado el 17 de abril de 2024, informa bajo juramento JULIO SÁNCHEZ SOTO, en condición de Presidente del Concejo Municipal de Paraíso que: “(…) El día 3 de noviembre del 2022, en la sesión extraordinaria No. 203-2022, mediante el artículo II, inciso 34 el Concejo Municipal conoce nota de los señores señores (SIC) [Nombre 001] y [Nombre 005], Apoderados Generalísimos [Nombre 006]..... 2- Dicha nota es trasladada a la administración por el Presidente bajo la potestad que le otorga el artículo 31 de Reglamento de sesiones y comisiones de la Municipalidad de Paraíso, para que rinda un informe y poder dar respuesta a los interesados. 3- Mediante oficio CONMU 1208-2022 se comunica tal decisión a los interesados así como al Señor Alcalde Municipal. 4- A la fecha de esta respuesta el informe solicitado no ha sido presentado por la Administración.” 4.- Según constancia agregada a los autos, entre el 10 de abril y el 29 de mayo de 2024 el alcalde y el coordinador del Comité Municipal de Emergencias, ambos de la Municipalidad de Paraíso de Cartago no presentaron escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las once horas y veintiocho minutos del dos de abril del 2024.
5.- Mediante auto de las 11:40 horas del 26 de junio de 2024, se ampliaron las partes accionadas y se otorgó audiencia al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, al Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y al Director Regional del Área Rectora de Salud de Paraíso. Lo anterior se notificó el 27 de junio de 2024.
6.- Por escrito presentado el 01 de julio de 2024, informa bajo juramento OSCAR BERMÚDEZ GARCÍA, en condición de director regional de Rectoría de la Salud Central Este que: “(...) En atención a lo expresado anteriormente, y según lo solicitado de hechos impugnados informo lo siguiente: a) Habiéndose realizado la revisión en las bases de datos de la oficina de la Dirección de Área Rectora de Salud Paraíso, no consta denuncia alguna interpuesta por el señor [Nombre 001], recurrente del caso. b) Revisado los antecedentes en el archivo de expedientes de la Dirección Área Rectora de Salud de Paraíso no consta comunicación oficial del caso, si no que se tiene conocimiento a partir de la notificación por parte de la Sala Constitucional, mérito de la interposición del Recurso Amparo EXPEDIENTE: N°24-007694-0007-CO. c) Por lo consecuente, encontrándose en cocimiento del caso, a partir de la notificación de la Sala Constitucional, se realizarán las acciones de coordinación interinstitucional para determinar la ruta de abordaje del caso, que estará poniendo en conocimiento de la estimable Sala.” 7.- Por escrito presentado el 03 de julio de 2024, informa bajo juramento ALEJANDRO JOSE PICADO EDUARTE, en condición de Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias que: “(…) PRIMERO: Nuestra representada es propietaria registral de la finca del partido de Cartago, matrícula 120438-000, situada en el distrito de OROSI, cantón PARAÍSO de CARTAGO. Según se desprende de la documentación que acompañamos, desde hace 10 años nuestra representada inicio gestiones ante diferentes instituciones, con el propósito de encontrar una solución definitiva al problema que significa una serie de viviendas en precario, ubicadas en la orilla del río Grande de Orosi. Lo anterior propiamente en el lugar denominado calle Virginia, en Palomo Orosi. Estimamos lesionados nuestros derechos fundamentales, (artículo 50 de la Constitución Política) ya que, por omisión total de la municipalidad de Paraíso, se han consentido sin permisos municipales, el levantamiento de construcciones que incumplen los requisitos mínimos de ingeniería y dañan el ambiente, pues están ubicadas en una zona de amortiguamiento de un río, lo que, además, genera riesgos de deslizamiento y es un peligro para vidas humanas. (se respeta la redacción y ortografía, negrita y subrayado del original, cursiva no corresponden al original). HECHO PRIMERO: Se rechaza este hecho. No consta a mi representada y no corresponde a nuestra competencia, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Paraíso. SEGUNDO: El problema había sido planteado a Jorge Rodríguez Araya, entonces alcalde municipal. Nuestro propósito era que la municipalidad asumiera las funciones y competencias que le otorga la normativa vigente, a efectos de que procediera a buscarle una solución permanente desalojando las casas junto al río, trasladando a las personas hacia otra zona. Sin embargo, los años transcurren, las autoridades políticas del municipio cambian, y en todo este tiempo, ninguna ha tomado acciones concretas para atender y dar respuesta al PELIGRO que implica la permanencia de tugurios habitados al margen del río Grande de Orosí. (se respeta la redacción y ortografía, negrita y subrayado del original, cursiva no corresponden al original). HECHO SEGUNDO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Paraíso. TERCERO: Como parte de nuestro argumento se aportaron al municipio aquí recurrido; informes técnicos de la Comisión Nacional de Emergencias DPM INF-0410-2012, y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, oficio C.O,292-2013, de fecha 18 de marzo de 2013. (Favor ver copias anexas) De dicha información se desprendía el riesgo existente en la zona, por la construcción de tugurios al margen del río Orosi, la cual es una zona de protección. (se respeta la redacción y ortografía, negrita y subrayado del original, cursiva no corresponden al original). HECHO TERCERO: Parcialmente cierto. Se emitió el informe técnico N° DPM-INF-0410-2012, denominado: “Valoración por riesgo de viviendas en la margen derecha del rio Grande de Orosi” con fecha 12 de junio de 2012 a solicitud de la señora [Nombre 007]. CUARTO: Se pretendía básicamente que el municipio hiciera tres cosas: A) B) Lograr la reubicación de las personas que habitan en precario en el margen derecho del Río Grande de Orosi; La posibilidad de dotar a esas familias de una vivienda digna en otro lugar que fuera seguro; C) Finalmente la demolición de los tugurios, con el fin de que no fueran nuevamente habitadas por precaristas. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO CUARTO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Paraíso. Y en el caso de las viviendas es el IMAS, institución que se encarga de coordinar con otros entes para resolver los temas de problema pobreza extrema en el país. Así como el Banhvi que es el ente rector del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que se dedica al financiamiento de vivienda para los sectores de menores ingresos del país y de la clase media. QUINTO: Para ello, nuestra representada fue colocando el tema ante diferentes instituciones que podrían participar de una solución habitacional para estas personas. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO QUINTO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Paraíso. Y en el caso de las viviendas es el IMAS, institución que se encarga de coordinar con otros entes para resolver los temas de problema pobreza extrema en el país. Así como el Banhvi que es el ente rector del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que se dedica al financiamiento de vivienda para los sectores de menores ingresos del país y de la clase media. SEXTO: Es así como en agosto del año 2012, el BANHVI desde la Sub Gerencia de Operaciones, indicaba mediante oficio SO-OF-0344-2012, la disposición para tramitar bonos familiares de vivienda a las familias qué estaban en esa localidad, y en el lugar que ellas eligieran. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO SEXTO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, en el caso concreto del Banhvi que es el ente rector del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que se dedica al financiamiento de vivienda para los sectores de menores ingresos del país y de la clase media. Y la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Paraíso. SÉTIMO: Inexplicablemente, ha transcurrido una década y que tengamos conocimiento, desde esa municipalidad, nunca se ejecutó ninguna acción sobre el terreno que iniciará el proceso de desalojo de esas viviendas. Ni el entonces alcalde Jorge Rodríguez, ni los miembros del Consejo (SIC) Municipal de la época, asumieron con debida diligencia la ejecución de una solución a la problemática que se les planteó, -y obviamente- ignorando y desacatando informes de la Comisión Nacional de Emergencias, y un informe del propio Comité Municipal de Emergencias de la municipalidad de Paraíso en oficio CNE-024-2013 del 31 de mayo de 2013, emitido por el señor Fabricio Guzmán coordinador del Comité Municipal, y en el cual le comunicó al alcalde Rodríguez, que fueron entregadas órdenes sanitarias de desalojo, sin que se presentarán objeciones por parte de las familias que debían desocupar el lugar. Cabe recordar que de conformidad con el Acuerdo de la Comisión Nacional de Emergencias 0443 - 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 230 del 30 de noviembre de 2011 las recomendaciones que emite dicha comisión tienen carácter vinculante. (se respeta la redacción y ortografía, negrita y subrayado del original, cursiva no corresponden al original). HECHO SÉTIMO: Parcialmente cierto. Se emitió el informe técnico N° CME-024-2013, con fecha 31 de mayo de 2013. Cabe recalcar que la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Paraíso, quién no se ha pronunciado al respecto. OCTAVO: Sí bien es palpable el interés que funcionarios administrativos de las diferentes instituciones brindaron, al realizar informes y acciones encaminadas en la solución del problema; -es obvio y evidente- que nunca hubo interés político desde la alcaldía, para comenzar a desarrollar las acciones que materializarán el desalojo y la demolición de los tugurios que están ubicados al margen del río. Para nosotros es inaceptable, tomando en consideración que el municipio es el primer llamado a atender los problemas de su localidad, ya que la problemática descrita se ha debido a la falta de previsiones y controles necesarios. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO OCTAVO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Paraíso. NOVENO: En fecha 26 de octubre de 2022, se planteó el problema por escrito ante el actual alcalde de Paraíso, Carlos Manuel Ramírez Sánchez, con documentación histórica con la esperanza de que existiera voluntad de solucionar el problema de más de una década, sin que a la fecha ese alcaide haya hecho nada. Han transcurrido poco más de 10 años, sin que la municipalidad recurrida haya demostrado haber puesto a derecho la situación acusada, o tomado medidas efectivas al respecto. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original). HECHO NOVENO: Se rechaza este hecho. No corresponde a competencia de mi representada, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Paraíso. II. POTESTADES DE LA MUNICIPALIDAD: Es deber de cada gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento, y el ejercicio de la potestad, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos. Desprendiéndose directamente del artículo 169 de la Constitución Política, del Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y de la normativa conexa, es responsabilidad absoluta y exclusiva de las municipalidades ordenar el territorio bajo su jurisdicción. Este deber insoslayable ha sido ampliado en diversos criterios de la Procuraduría General de la República, entre ellos, el C-093-2007 del 27 de marzo de 2007, el C-020-2009 del 29 de enero de 2009, el C-118-2009 del 4 de mayo de 2009, el C-155-2009 del 01 de junio de 2009, el C-091-2010 del 03 de mayo de 2010, y varios más en la misma tesitura. La Sala Constitucional ha ratificado esta responsabilidad, en resoluciones como las número 2153-93, 5305-93, 6706-93, 4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485, 2002-01220, 2002-05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002 y 2005-07516, entre muchas otras. (…) DE LA UNIDAD INVESTIGACION Y ANÁLISIS DEL RIESGO (UIAR). Antes conocida como Departamento de Prevención y Mitigación, según informe técnico N° DPM- INF-0410-2012 de fecha 12 de junio de 2012, denominado: “Valoración por riesgo de viviendas en la margen derecha del rio Grande de Orosi.”, el cual indica (Se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva y subrayado no corresponden al original)”: “(..) I. Información general A solicitud de la interesada se realizó la valoración de riesgo de unas viviendas ubicadas al costado suroeste del camino conocido como Calle la Virginia y colindantes con la margen derecha del rio Grande de Orosi. (…) IV. Antecedentes El 24 de julio de 2007 se hizo la visita a lugar 100 metros al sureste del puente del Rio Grande de Orosi, en respuesta a un incidente de deslizamiento en la parte trasera de la vivienda donde habitaba el señor [Nombre 008] Cedula [Valor 003]. En esa ocasión la vivienda fue afectad por la erosión lateral que provocó el rio durante una crecida y dejo falseadas las bases de la vivienda, por lo que se recomendó en el informe DPM-INF-980-2007 el desalojo de la misma. Según el Oficio de la municipalidad de Paraíso CATA EXT-013-2012, solicitado por la Señora [Nombre 007], las propiedades aquí evaluadas tienen planos catastro y están inscritos ante el registro público. V. Análisis de la amenaza y vulnerabilidad. A. La margen derecha del río Grande de Orosí en este sector es un talud de entre 5 y 10 metros de altura y con ángulos superiores a los 65º. B. Durante la visita al sitio se pudo comprobar cómo varias viviendas están construidas en la margen derecha del rio Grande de Orosí dentro de la zona de protección. C. En ciertos sectores algunas viviendas están invadiendo parte de la vía pública. D. Las viviendas en el sitio en su mayoría son construcciones informales de material livianos, algunas estructuras están apoyadas en pilotes sobre el talud. E. Según el mapa de amenazas generado por el Departamento de Prevención y Mitigación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el área evaluada se encuentra en la zona de Alta amenaza de Inundación. VI. Conclusiones A. Las propiedades construidas en el sito están dentro de la zona de protección del rio. B. Varias estructuras invaden parte de la vía pública. C. La cercanía de las viviendas al rio, las malas condiciones de la vivienda y por los antecedentes de inestabilidad en la ladera; se considera que las viviendas son vulnerables a verse afectadas tanto por inundación, como por el colapso de las estructuras, provocado por desprendimientos en el talud. VII. Recomendaciones. A. Debido a que el terreno en la zona es inestable y se encuentra dentro del área de retiro del rio, no es apto el desarrollo urbanístico y no es conveniente la presencia humana permanente en el lugar. B. Se deberá dar parte a las instituciones como el MINAET, IMAS, MIVAH, Ministerio de Salud y a la Municipalidad respectiva para que tomen acciones según su competencia y valoren la posibilidad de brindarle alguna solución a las familias que habitaban esta zona. VIII. Alcances del informe (..) B. De conformidad a las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, con respecto a los criterios técnicos dados por funcionarios especializados de la CNE y de los Comités Asesores Técnicos, se aclara que las recomendaciones de éste informe son de carácter vinculante para las instituciones a quienes se dirigen (acuerdo 443-2011 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), además, en dicho acuerdo se establece una serie de pasos apegados a la normativa actual de país, en cuanto a las regulaciones y medidas que deben efectuar los municipios en el ámbito de la Gestión del Riesgo.” I. DEL CASO CONCRETO: Se desprende de los hechos esbozados por el recurrente, así como de su pretensión, que el presente recurso está dirigido únicamente contra la Municipalidad de Paraíso por su inacción ante los hechos descritos de los cuales tienen conocimiento desde vieja data, lo que conlleva a un peligro latente y de inseguridad a la vida y a la salud de los vecinos de la zona. De lo anterior, queda en evidencia que es un trámite que debe realizar la Municipalidad de Paraíso, en su figura de gobierno municipal, que debe garantizar mediante el planeamiento, y el ejercicio de la potestad, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad y sostenibilidad ambiental, así como la atención de emergencias dentro de su jurisdicción. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos, situación que evidentemente ha incumplido en esta última década. Por cuanto la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) ha cumplido según sus competencias legales Ordinarias como lo indica la ley N° 8488, asesorando de forma técnica sobre las acciones que el gobierno local debe ejercer, siendo los informes técnicos emanados por la Unidad Investigación y Análisis de Riesgo, de carácter vinculante, para este caso en concreto. Por lo que se reitera que la CNE ha actuado en apego a sus competencias, realizando las acciones solicitadas por el recurrente, lo cual consta en la prueba aportadas, por lo que no se observa una inacción por parte de la institución, caso contrario al de la Municipalidad de Orosí, que ha hecho caso omiso a los Informes rendidos por la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo, así como la situación que se ha venido desarrollando y que de amplio conocimiento por el ente Municipal, ya que se le han presentado solicitudes desde hace una década. Adicionalmente se recalca lo indicado en el informe de la Unidad Investigación y Análisis del Riesgo (UIAR), que dentro de sus recomendaciones indicó al momento histórico: “(..) Debido a que el terreno en la zona es inestable y se encuentra dentro del área de retiro del rio, no es apto el desarrollo urbanístico y no es conveniente la presencia humana permanente en el lugar(..)” , por lo cual, en consecuencia, se solicita se declare sin lugar el presente recurso de amparo en todos sus extremos contra la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).” 8.- Por escrito presentado el 04 de julio de 2024, informa bajo juramento ALDO MATA COGHI, en condición de Presidente del Concejo Municipal que: “(…) De conformidad con la audiencia conferida mediante resolución de las once horas cuarenta minutos del veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, me permito aclarar ante esta honorable Sala Constitucional que, según se narra en el presente recurso, la audiencia que mediante la resolución ya indicada se otorga, va referida a otras autoridades y al mismo Alcalde Municipal y Coordinador de la Comisión Municipal de Emergencias a quienes se les apercibe para que atiendan el informe requerido. Debo suponer que, la notificación que se realizó al suscrito en condición de Presidente en relación con este Amparo, se dio por un error en virtud de que el Concejo Municipal no fue recurrido, además de que se trata de aspectos que por competencia deben ser atendidos por la Administración Municipal, pues es poco el margen de acción que le asiste al Cuerpo Edil para atender de forma directa aspectos meramente administrativos que requieren incluso de criterios técnicos que se encuentran bajo la egida del Alcalde Municipal como administrador general. Es por esta razón que, se aclara a esta respetable Sala por un tema de responsabilidad me estoy apersonando al presente expediente bajo el entendido de que fui notificado del presente recurso, pero no se me solicita ningún informe bajo la fe de juramento.” 9.- Por escrito presentado el 10 de julio de 2024, informa bajo juramento DAVID CHAVARRIA MORALES, en condición de Director Ejecutivo del Sistema de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía que: “(…) PRIMERO: Que en relación al caso en cuestión se solicitó informe a la señora Meryll Arias Directora Regional Área de Conservación Central en adelante ACC; en el cual se remite por este medio dando respuesta a las acciones desarrolladas en ACLAC, por lo que se presenta el informe mediante el oficio SINAC-ACC-OC-1085-2024 del 4 de julio 2024 emitido por el señor Antonio Orozco jefe de la oficina de Cartago y dando como respuesta a la Sala Constitucional que adjunto como prueba y se indican a continuación:
"El suscrito, Antonio Orozco Barrantes, con cargo Jefe de la Oficina Subregional de Cartago (OC) del Área de Conservación Central (ACC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), mediante el siguiente oficio, se informa que después de realizar una búsqueda en los archivos de la OC, esta jefatura informa que no hay registro del Oficio e.o. 292-2013 de fecha 01 de marzo de 2013, por lo que el oficio no se ubica ni se tienen referencia de este, lo que imposibilita que se tenga conocimiento de la información que el mismo posee.
En relación al tema del tema de amparo interpuesto por el señor [Nombre 001] "Menciona que, desde hace 19 años, su representada ha iniciado gestiones ante diferentes instituciones con el propósito de encontrar una solución definitiva al problema. Esto se refiere específicamente al lugar denominado calle Virginia, en Palomo Orosi. Menciona que, debido a la omisión total de la Municipalidad de Paraíso, se han permitido sin permisos municipales, el levantamiento de construcciones que incumplen los requisitos mínimos de ingeniería y dañan el ambiente, pues están ubicadas en una zona de amortiguamiento de un río. Esto genera riesgos de deslizamiento, poniendo en peligro vidas humanas".
Esta jefatura informa mediante el siguiente oficio, que no hay registros que el Sr. [Nombre 001] ha presentado solitud formal por escrito ante la OC en el trascurso del año 2024, relacionado con este tema en específico, pidiendo la intervención del SINAC.
Por último, referente al recurso de amparo EXPEDIENTE Nº24- 007694-0007-CO, el día 01de ..Julio del 2024, el Lic. ..Julio Varela Del departamento de Gestión de Ambiental de la Municipalidad de Paraíso, solicita apoyo a la OC, con el fin de responder a Recurso de Amparo EXPEDIENTE Nº24-007694- 0007-CO, ver imagen 1 Entre Los días 03 y 04 de Julio, esta jefatura y el departamento de prevención protección y control de la OC, dieron respuesta a esta solicitud, se adjuntan Las Líneas de correos.
Con esta información se constata el accionar de La OC, se ha llevado a cabo dentro de sus acciones y en Los tiempos establecidos por Ley.” 10.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.
Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y,
Considerando:
I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta ante la Municipalidad de Paraíso por un problema relacionado con construcciones sin permisos en una zona de amortiguamiento de un río, lo que genera riesgos ambientales y de deslizamiento para los residentes. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.- CONSECUENCIA DE NO RENDIR EL INFORME SOLICITADO POR LA SALA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si la autoridad recurrida no rinde su informe, se tienen por ciertos los hechos alegados por la parte recurrente. La Sala entra a estudiar la procedencia del amparo, con la base fáctica expuesta, lo que no implica que automáticamente se acoja el recurso. En el caso concreto, el alcalde y el coordinador del Comité Municipal de Emergencias, ambos de la Municipalidad de Paraíso de Cartago no rindieron el informe solicitado. Por lo anterior, se tiene por no rendido el informe y esta Sala resuelve el caso valorando los otros informes aportados los hechos denunciados, la prueba que se adjunta al escrito de interposición del amparo y la jurisprudencia de este Tribunal aplicable al caso concreto.
III.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que su representada es propietaria de una finca en el cantón de Paraíso de Cartago y lleva 19 años intentando resolver un problema en la zona llamada calle Virginia en Palomo Orosi. Debido a la omisión de la Municipalidad de Paraíso, se han permitido construcciones sin permisos en una zona de amortiguamiento de un río, lo que genera riesgos ambientales y de deslizamiento para los residentes. A pesar de informes técnicos y recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias y otras instituciones para desalojar y reubicar a las familias, la municipalidad no ha tomado medidas concretas. En 2021, el BANHVI mostró disposición para otorgar bonos de vivienda a las familias afectadas, pero no se han ejecutado acciones. El caso fue presentado al actual alcalde de Paraíso en 2022, pero sigue sin resolverse, por lo que solicitan la intervención de la Sala.
IV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
Sobre los hechos relacionados con la Municipalidad de Paraíso:
El 03 de noviembre de 2022, en la sesión extraordinaria No. 203-2022, mediante el artículo II, inciso 34 el Concejo Municipal conoció nota de los señores [Nombre 001] y [Nombre 005], Apoderados Generalísimos [Nombre 006]. Dicha nota fue trasladada a la administración por el Presidente bajo la potestad que le otorga el artículo 31 de Reglamento de sesiones y comisiones de la Municipalidad de Paraíso, para que rindiera un informe y poder dar respuesta a los interesados (ver informe rendido por parte del Presidente del Concejo Municipal). Mediante oficio CONMU 1208-2022 se comunicó tal decisión a los interesados, así como al Alcalde Municipal (ver informe rendido por parte del Presidente del Concejo Municipal). A la fecha de esta respuesta el informe solicitado no ha sido presentado por la Administración (ver informe rendido por parte del Presidente del Concejo Municipal). Mediante auto de las 11:28 hrs. del 02 de abril de 2024 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 02 de abril de 2024 (los autos). Según constancia agregada a los autos, entre el 10 de abril y el 29 de mayo de 2024 el alcalde y el coordinador del Comité Municipal de Emergencias, ambos de la Municipalidad de Paraíso de Cartago no presentaron escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las once horas y veintiocho minutos del dos de abril del 2024 (los autos).
Sobre los hechos relacionados con el Área Rectora de Salud de Paraíso:
En las bases de datos de la oficina de la Dirección de Área Rectora de Salud Paraíso, no consta denuncia alguna interpuesta por el señor [Nombre 001] (ver informe rendido por parte del Área Rectora de Salud de Paraíso).
Sobre los hechos relacionados con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias:
El 12 de junio de 2012, mediante informe técnico N° DPM-INF-0410-2012, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), a través de su Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo (UIAR), emitió el informe técnico DPM-INF-0410-2012. Este informe fue solicitado por la señora [Nombre 007] y se enfocó en evaluar el riesgo de las viviendas construidas en la margen derecha del río Grande de Orosi, en la zona conocida como Calle Virginia, Palomo, Orosi. El informe determinó que las viviendas estaban en una zona de alta amenaza de inundación y deslizamiento, con condiciones que ponían en riesgo tanto la seguridad estructural de las edificaciones como la vida de sus habitantes. Además, se recomendó la reubicación de las personas y prohibir el desarrollo urbanístico en esta área inestable (ver informe rendido por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias). El 18 de marzo de 2013, mediante oficio C.O.292-2013, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) emitió el oficio C.O.292-2013, en el que confirmó la situación de riesgo existente en la zona del río Orosi debido a la construcción de viviendas en precario en las cercanías del cauce. Este documento reforzaba la necesidad de proteger el área, al ser una zona de amortiguamiento de un río, y alertaba sobre las amenazas ambientales y de seguridad que implicaba la permanencia de construcciones irregulares. El oficio también subrayaba la importancia de una intervención urgente y coordinada de la municipalidad y otras instituciones (ver informe rendido por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias). El 31 de mayo de 2013, mediante Oficio CNE-024-2013, se informó a la municipalidad sobre la entrega de órdenes sanitarias de desalojo a las familias que ocupaban viviendas en precario en las cercanías del río Grande de Orosi. Estas órdenes, respaldadas por informes previos de la CNE, buscaban proteger a los habitantes de los riesgos de inundación y deslizamientos. Sin embargo, el oficio también documentó la falta de objeciones de las familias ante el desalojo, aunque la municipalidad no tomó medidas concretas para hacer cumplir las órdenes (ver informe rendido por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias). En agosto de 2012, mediante Oficio SO-OF-0344-2012 el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), a través de su Subgerencia de Operaciones, emitió el oficio SO-OF-0344-2012. En este documento, el BANHVI manifestó la disposición de otorgar bonos familiares de vivienda a las familias que residían en la zona en riesgo, permitiéndoles elegir otro lugar seguro para su reubicación. La propuesta del BANHVI buscaba ofrecer una solución habitacional digna para estas familias en un área sin riesgos de deslizamiento o inundación, aunque se requería la coordinación de la municipalidad para proceder con los desalojos y la reubicación (ver informe rendido por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias). El 26 de octubre de 2022, el problema fue planteado nuevamente ante el alcalde de Paraíso, Carlos Manuel Ramírez Sánchez, junto con documentación histórica que respaldaba la solicitud de intervención en la zona de riesgo. La comunicación resumía los informes previos y las recomendaciones que durante más de una década diversas instituciones, como la CNE y el SINAC, habían dirigido a la municipalidad. Sin embargo, a pesar de esta exposición exhaustiva de la problemática y del riesgo latente para los habitantes de la zona, no se ha registrado ninguna acción efectiva por parte de la administración local para iniciar el proceso de desalojo o reubicación de las viviendas en precario (ver informe rendido por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias).
Sobre los hechos relacionados con el Sistema de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía:
En la Oficina Subregional de Cartago del Área de Conservación Central (ACC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) no constan registros del Oficio e.o. 292-2013 del 01 de marzo de 2013 (ver informe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación). Tampoco se ha recibido ninguna solicitud formal por escrito del señor [Nombre 001] solicitando la intervención del SINAC en relación con las construcciones irregulares en la zona de Palomo, Orosi (ver informe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación). El 01 de julio de 2024, el Lic. Julio Varela del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Paraíso, presentó una solicitud de apoyo ante la Oficina Subregional de Cartago del SINAC con el fin de obtener respaldo técnico sobre la problemática de construcciones irregulares que ponen en riesgo tanto el medio ambiente como la seguridad de las personas en la zona de Palomo, Orosi (ver informe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación). Entre el 3 y 4 de julio de 2024, la Jefatura de la Oficina Subregional de Cartago y el Departamento de Prevención, Protección y Control de la misma oficina dieron respuesta a la solicitud de apoyo presentada por el Lic. Julio Varela. A través de diversas comunicaciones y la preparación de la información requerida, en apoyo institucional a la municipalidad para gestionar de forma adecuada la situación de riesgo que persiste en la zona afectada (ver informe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación).
V.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.
VI.- RESPECTO A LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA AMBIENTAL. Tal y como ha sido reiterado en la jurisprudencia de esta Sala, la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente. Se ha sostenido también, que la procedencia del recurso de amparo está condicionada a que se acredite la existencia de una perturbación o amenaza a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Esta última circunstancia pone de relieve el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, toda vez que es evidente que esa es una competencia de la que esta Sala carece. Ante esta situación, no resulta procedente que la Sala vierta pronunciamiento alguno (positivo o negativo) en estos casos, porque para dilucidar si ha habido infracción o no de derechos fundamentales primero se debe resolver dicho conflicto en el plano de la legalidad.
VI.- SOBRE LA OBLIGACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DE TUTELAR LA VIDA HUMANA. Este Tribunal Constitucional ha reconocido la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana y se ha pronunciado sobre las omisiones administrativas que atentan contra la seguridad vial y la integridad física de las personas. Sobre el particular, cabe referir lo dispuesto en sentencia Nº2008-18443 de las 18:01 horas del 11 de diciembre de 2008, donde se indicó:
“Previo análisis del caso concreto, conviene indicar lo dicho por esta Sala en cuanto a la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana, en el sentido que ha sido usual que el derecho a la vida, frecuentemente analizado junto con el derecho a la integridad física, haya sido entendido como un derecho de contenido negativo, es decir, que su objeto se limitaba a la pretensión contra el Estado de que se abstuviera de realizar acciones dirigidas a eliminar la existencia física de las personas, por ejemplo, la tortura o la pena de muerte, o bien, que castigara a las personas, públicas y privadas, que atentaran contra la vida e integridad de los otros, a través del sistema penal. No obstante, la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas, en el sentido de que no debe perturbar la existencia física de las personas y, además, debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan de acciones del Estado mismo o de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza. De ahí que, por ejemplo, los temas ambientales han pasado a ser, al menos en nuestro país, un asunto de índole constitucional, puesto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue elevado a rango de derecho fundamental. Ahora bien, es menester aclarar que la existencia objetiva de una obligación del Estado en lo referente a la protección del derecho a la vida no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se tomen las medidas idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas. En consecuencia, se trata de que el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente. Así, la posibilidad de exigir judicialmente, a través de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus habitantes, es restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas, de forma tal que si, por ejemplo, una determinada comunidad estimara necesario contar con un hospital para la atención de sus pobladores (o de cualquier otra obra pública) no es por la vía del amparo que se debe exigir, sino a través de los mecanismos previamente establecidos y ante los órganos y entes competentes, quienes deberán atender la petición y resolver su procedencia técnica, que no implica necesariamente una respuesta positiva. De lo anterior, se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país (ver en este sentido la sentencia número 2003-11519 de las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil tres)”.
VII.- SOBRE EL DEBER DE LAS MUNICIPALIDADES DE ATENDER LOS INTERESES Y SERVICIOS LOCALES. La actuación de las instituciones públicas debe ser célere y eficiente, sobre todo cuando se trata de proveer los servicios que les competen. En el caso de las municipalidades, al asignárseles la labor genérica de atender los intereses y servicios locales, se abarca un amplio conjunto de actividades. En la sentencia No. 2011-012886, de las 12:44 horas del 23 de setiembre de 2011, se abordó esta materia, y en esa oportunidad la Sala indicó:
“…Conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población. (…) Por consiguiente, a juicio de este Tribunal, con su omisión, la Municipalidad ha puesto en situación de peligro el libre transitar de los recurrentes y vecinos de la comunidad en cuestión, así como el derecho a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, reconocidos en los artículos 27 y 50 de la Constitución Política, por lo que, en cuanto a esta entidad, el presente recurso deberá ser declarado con lugar…”.
VIII.- SOBRE EL CASO CONCRETO EN RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, la Municipalidad de Paraíso ha incurrido en omisiones que ponen en peligro el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la seguridad de los habitantes de la comunidad afectada. A pesar de contar con múltiples informes técnicos y recomendaciones de instituciones como la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que señalan los riesgos graves de inundación y deslizamiento en la zona en cuestión, el gobierno local accionado no ha adoptado las medidas necesarias para mitigar dichos riesgos ni para proceder a la reubicación de las familias en situación de precariedad. Asimismo, el alcalde y el coordinador del Comité Municipal de Emergencias, han omitido responder al requerimiento de informes solicitados, por esta Sala, en reiteradas ocasiones, evidenciando una falta de diligencia y de actuación responsable en la atención de un problema de evidente riesgo para los derechos de las personas involucradas, en particular el derecho a la vida, a la integridad física y al disfrute de un ambiente sano, conforme lo dispone el artículo 50 de la Constitución Política. De esta manera, la inacción de las autoridades recurridas contraviene las obligaciones de tutela y protección del ambiente y de los derechos fundamentales a la seguridad y bienestar de los habitantes de la zona afectada. Debe recordarse que esta Sala ha reiterado que las municipalidades, en el ejercicio de sus competencias, deben actuar con celeridad y eficacia para atender los intereses y servicios locales que les corresponden, tal como lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal. En conclusión, se constata una omisión prolongada y repetida de la Municipalidad de Paraíso y sus representantes para abordar los riesgos señalados en los informes de las entidades especializadas, situación que vulnera el derecho a un ambiente sano y equilibrado, así como el derecho a la integridad física y la seguridad de los habitantes de la zona, al no adoptar las recomendaciones técnicas para la reubicación de las familias en riesgo y el cierre de la zona a nuevos desarrollos urbanísticos. Consecuentemente, se estima el presente proceso en contra del gobierno local accionado de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia.
IX.- SOBRE EL CASO CONCRETO EN RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL ÁREA RECTORA DE SALUD PARAÍSO. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el Área Rectora de Salud de Paraíso, como autoridad encargada de velar por la salud pública y el bienestar de la comunidad, tiene una responsabilidad fundamental en la identificación, prevención y control de riesgos sanitarios. En este caso, se ha constatado que en las bases de datos de la Dirección del Área Rectora de Salud de Paraíso no figura ninguna denuncia interpuesta por el señor [Nombre 001], así como tampoco consta solicitud formal alguna para la intervención de la institución en relación con los riesgos identificados en la zona de Palomo, Orosi. De otra parte, el Área Rectora de Salud no ha recibido denuncias o peticiones específicas que le confieran una obligación directa de intervención sobre los hechos que motivan este recurso. No obstante, ante la amenaza a la seguridad y salud de los habitantes de la comunidad, y en virtud de la función preventiva de dicha Área, esta autoridad no está exenta de cumplir un rol proactivo en la coordinación con otras entidades pertinentes para asegurar condiciones ambientales que no pongan en peligro la salud de la población, en especial en situaciones de alto riesgo como las que constan en los informes de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y otras instituciones involucradas. Por tanto, corresponde que dicha autoridad actúe en concordancia con las directrices de la legislación en salud pública, tomando un papel activo en la cooperación interinstitucional para dar respuesta a las condiciones de riesgo sanitario y ambiental detectadas. En virtud de lo anterior, este Tribunal considera que, si bien el Área Rectora de Salud de Paraíso no ha sido omisa en recibir ni responder denuncias o solicitudes específicas de intervención en esta zona de riesgo, se le insta a realizar las acciones de coordinación necesarias con otras instituciones como la Municipalidad de Paraíso, la CNE y el SINAC, para contribuir a mitigar los peligros que afectan la salud y seguridad de los habitantes de la zona de Palomo, Orosi.
X.- SOBRE EL CASO CONCRETO EN RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, como órgano rector en la gestión del riesgo y la atención de emergencias, tiene la responsabilidad de identificar, evaluar y promover las medidas necesarias para mitigar los riesgos a los que están expuestas las poblaciones vulnerables. En el presente caso, ha quedado acreditado mediante informes técnicos, como el N° DPM-INF-0410-2012, que la CNE identificó desde hace más de una década la zona de Palomo, Orosi, como un área de alta amenaza por inundación y deslizamiento, recomendando la reubicación de las familias y la prohibición de nuevos desarrollos urbanísticos en dicha área. Asimismo, se constató que la CNE emitió alertas y recomendaciones específicas en el 2013, 2013 y años posteriores, y que en ellas solicitó la colaboración de la Municipalidad de Paraíso y otras entidades para ejecutar las medidas necesarias, incluyendo la reubicación de las familias afectadas. Sin embargo, a pesar de estas advertencias y de la continuidad en los informes sobre el peligro existente, la CNE no ha logrado asegurar la efectiva coordinación e implementación de sus recomendaciones en conjunto con las demás autoridades responsables. Por lo anterior, este Tribunal considera que, si bien la CNE ha cumplido con sus funciones técnicas y ha formulado los lineamientos necesarios para mitigar los riesgos en la zona, resulta indispensable que esta entidad adopte acciones adicionales y efectivas de seguimiento y coordinación con las instituciones involucradas, a fin de que sus recomendaciones se materialicen y se cumplan los objetivos de la protección de la población en riesgo. La obligación de velar por la seguridad y el bienestar de las personas impone a la CNE el deber de supervisar y asegurar que las autoridades competentes implementen los lineamientos y medidas recomendadas. Consecuentemente, se insta a la CNE a reforzar sus esfuerzos de seguimiento, a través de un mecanismo de control y supervisión de las acciones emprendidas por la Municipalidad de Paraíso y otras entidades involucradas, en cumplimiento de los informes emitidos, con el fin de garantizar la seguridad y la integridad física de las personas que habitan en la zona de riesgo.
XI.- SOBRE EL CASO CONCRETO EN RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, como parte del Ministerio de Ambiente y Energía, tiene la responsabilidad de proteger y conservar el ambiente y los recursos naturales del país, con particular énfasis en zonas de alta vulnerabilidad ambiental. En el presente caso, se ha comprobado que en la Oficina Subregional de Cartago del Área de Conservación Central (ACC) del SINAC no constan registros formales de solicitudes de intervención por parte del señor [Nombre 001] respecto a las construcciones irregulares en la zona de Palomo, Orosi. No obstante, ha quedado demostrado que, en años previos, específicamente en el 2013, el SINAC emitió un informe (Oficio C.O.292-2013) en el que alertaba sobre los riesgos ambientales y de seguridad derivados de las construcciones en las cercanías del río Grande de Orosi, recomendando una intervención coordinada de las autoridades locales para proteger dicha zona de amortiguamiento fluvial. Asimismo, la documentación demuestra que el SINAC, en respuesta a una solicitud reciente por parte de la Municipalidad de Paraíso en el año 2024, brindó apoyo técnico sobre los peligros asociados a las construcciones irregulares en el área, reflejando su disposición a colaborar y a intervenir en la gestión de riesgos ambientales. Sin embargo, a pesar de la identificación temprana de riesgos y de la asistencia técnica proporcionada, los esfuerzos del SINAC no han resultado en la implementación de las medidas de protección recomendadas, lo que ha permitido la permanencia de construcciones irregulares que amenazan tanto el medio ambiente como la seguridad de los habitantes de la zona. Consecuentemente, este Tribunal estima que, aunque el SINAC ha cumplido en parte con su función de emitir informes técnicos y prestar apoyo a las autoridades locales, es necesario que refuerce sus acciones de supervisión y seguimiento en coordinación con las demás instituciones responsables, especialmente en casos donde la inercia administrativa y la falta de ejecución de medidas pueden agravar los riesgos para el ambiente y para las personas. De igual manera, este Tribunal insta al SINAC a continuar con la labor de asistencia técnica, pero también a intensificar su rol de fiscalización y seguimiento sobre las acciones de la Municipalidad de Paraíso y otras entidades involucradas, con el fin de asegurar la implementación de las medidas de protección necesarias en la zona de Palomo, Orosi, conforme a sus competencias ambientales y de acuerdo con los informes previamente emitidos.
XII.- CONLUSIÓN. En razón de lo anteriormente expuesto y conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Sala en relación con la competencia municipal y la obligación de coordinación interinstitucional, resulta claro que la Municipalidad de Paraíso, en su rol como garante de los intereses y servicios locales, ha incumplido con su deber de actuar y coordinar con otras instituciones para proteger los derechos fundamentales de los habitantes de la zona de Palomo, Orosi. Debe recordarse que esta Sala en la Sentencia N°2020-010630 de las 09:15 horas del 12 de junio de 2020, las municipalidades poseen una autonomía funcional para la administración de los intereses y servicios locales, autonomía que debe ejercerse de forma eficiente y en cooperación con otros entes públicos, especialmente cuando se trata de la protección de derechos como el ambiente y la seguridad de la comunidad. De igual forma, en la Sentencia N°5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, las municipalidades deben ejercer sus potestades de acuerdo con el ámbito de su competencia local sin desatender la integridad de los intereses y servicios locales. La Sala aclaró que, aunque el ámbito de sus funciones es amplio y autónomo, las municipalidades no pueden vaciar de contenido sus obligaciones en detrimento de los derechos de sus habitantes. Adicionalmente, en la Sentencia N°2006-7994 de las 8:57 horas del 2 de junio de 2006, se reafirma la obligación de las municipalidades de proteger el ambiente, en cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política. En sub iudice, el riesgo ambiental identificado en los informes de la CNE, el SINAC, y el Área Rectora de Salud de Paraíso, refleja una grave y prolongada amenaza a los derechos fundamentales de los habitantes. Sin embargo, la falta de actuación coordinada entre las instituciones y la omisión de medidas concretas por parte de la Municipalidad de Paraíso constituyen una vulneración del derecho a un ambiente sano y equilibrado, en contravención del artículo 50 de la Constitución Política. Conforme al artículo 169 de la Constitución y la jurisprudencia de este Tribunal, la Municipalidad de Paraíso no solo tiene la competencia para actuar sobre problemas que afectan su circunscripción territorial, sino también la obligación de coordinar con otras instituciones competentes para la atención de los riesgos. Tal como se señaló en la Sentencia N°6469-97, de las 16:20 horas del 8 de octubre de 1997, la Sala ha desarrollado que esta cooperación no puede ser opcional, sino que es una exigencia para la efectiva administración de los intereses locales. En esa misma línea, en la sentencia N°2020-010630, se indicó que los gobiernos locales deben entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos para la gestión de problemas que afectan a las comunidades en su territorio, asegurando así una respuesta global y coordinada. Consecuentemente, procede la estimatoria del presente proceso para que, todas las autoridades recurridas —la Municipalidad de Paraíso, la CNE, el Área Rectora de Salud de Paraíso, y el SINAC— coordinen de forma efectiva y continua sus esfuerzos, estableciendo un plan de acción conjunto que permita implementar las medidas de mitigación y reubicación necesarias para salvaguardar los derechos de los habitantes en la zona de riesgo.
XIII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
XIV.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, que se reclama que se han permitido construcciones sin permisos en una zona de amortiguamiento de un río, lo que genera riesgos ambientales y de deslizamientos, y pese a la denuncia presentada, la Municipalidad de Paraíso no ha resuelto el problema. La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analice por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la parte recurrente.
XV.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso, concerniente a la segunda orden emitida en la parte dispositiva, para que en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las acciones coordinadas, concretas y continuas para reubicación de las familiar ubicadas en la zona en riesgo, prohibiendo cualquier otro nuevo desarrollo urbanístico que contravenga las recomendaciones de las autoridades técnicas competentes. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
XVI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara CON LUGAR el recurso. Consecuentemente, se ordena a quienes ocupen el cargo de ALCALDE Y DE COORDINADOR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO, así como, a OSCAR BERMÚDEZ GARCÍA, en condición de director regional de Rectoría de la Salud Central, a ALEJANDRO JOSE PICADO EDUARTE, en condición de Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y a DAVID CHAVARRIA MORALES, en condición de Director Ejecutivo del Sistema de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía o a quienes ocupen esos cargos que, 1. de forma INMEDIATA, a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen y adopten todas las medidas necesarias para garantizar la protección y reubicación de las familias que se encuentran en situación de riesgo en la zona afectada, según las recomendaciones emitidas en los informes de la CNE y el SINAC. 2. En el plazo de TRES MESES, realicen las acciones coordinadas, concretas y continuas para reubicación de las familiar ubicadas en la zona en riesgo, prohibiendo cualquier otro nuevo desarrollo urbanístico que contravenga las recomendaciones de las autoridades técnicas competentes. 3. Informar a este Tribunal, dentro del plazo de UN MES, a partir de la notificación de esta resolución, sobre las acciones iniciales adoptadas en cumplimiento de lo aquí dispuesto y, posteriormente, de forma mensual, sobre los avances y resultados de las medidas implementadas. Se advierte a la autoridades recurridas que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Paraíso y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo pone nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Alexandra Alvarado P.
Rosibel Jara V.
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