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Res. 09546-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 28/03/2025
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber partially grants the amparo solely for the failure to respond to the requests for information contained in the submission of October 2, 2024, ordering a response within eight days; the remaining claims are dismissed as they constitute exhortations, have already been addressed, or require evidentiary proceedings incompatible with amparo proceedings.La Sala Constitucional acoge parcialmente el amparo únicamente por la falta de respuesta a las solicitudes de información contenidas en la gestión del 2 de octubre de 2024, ordenando responder en el plazo de ocho días; los demás extremos se declaran sin lugar por constituir exhortaciones, haber sido ya atendidos o requerir un debate probatorio incompatible con la vía de amparo.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews a petition for amparo against the Municipality of Quepos regarding the failure to implement Law No. 10283, which provided for the transfer of lands in the Zona Americana to 81 families, and the municipality’s failure to respond to a formal request filed on October 2, 2024. The petitioner alleged that, despite the law having been in effect since 2022, the Technical Execution Unit (UTE) had not been formally constituted, the necessary regulations had not been enacted, and the beneficiary families had not been convened, while the Municipal Council had granted a precarious‑use permit over one of the buildings on those lands to a private company. The Chamber finds that the petitioner’s request contained both genuine requests for information and non‑binding exhortations. As to the former, the Chamber determines that no formal, notified response has been provided, and therefore partially grants the amparo, ordering a response within eight days. The other claims—exhortations, a complaint about a road that had already been addressed, and challenges regarding delays in implementing the law, the Council’s authority, and the legality of the permit—are dismissed, as they do not violate the right to petition, have been resolved, or require evidentiary proceedings incompatible with the summary nature of amparo.La Sala Constitucional conoce un amparo contra la Municipalidad de Quepos por la falta de ejecución de la Ley N° 10283, que ordenó la desafectación de terrenos de la Zona Americana para su entrega a 81 familias, y por la omisión de respuesta a una gestión presentada el 2 de octubre de 2024. El recurrente denunció que, pese a la vigencia de la ley desde 2022, no se ha constituido formalmente la Unidad Técnica Ejecutora (UTE), no se ha creado el reglamento necesario ni se ha convocado a las familias beneficiarias, mientras que el Concejo Municipal otorgó un permiso de uso precario de un edificio de esos terrenos a una empresa privada. La Sala determina que la gestión del recurrente contenía tanto solicitudes de información como exhortaciones. Respecto de las primeras, constata que no se ha acreditado una respuesta formal y notificada, por lo que declara con lugar el amparo en ese extremo, ordenando responder en un plazo máximo de ocho días. En cuanto a las exhortaciones, las denuncias sobre el estado de una calle y los cuestionamientos sobre demoras en la ejecución de la ley, la competencia del Concejo o la validez del convenio con la empresa, la Sala los declara sin lugar, por no constituir violación al derecho de petición, haber sido ya atendida la denuncia vial o requerir un debate probatorio incompatible con la naturaleza sumaria del amparo.
Key excerptExtracto clave
The appeal is partially granted, solely with respect to the lack of response to the request filed on October 2, 2024, regarding: ‘On the implementation of the law: Has a timeline been established for its implementation, and if so, what is its current status? What concrete actions has the Municipality taken to implement the law that grants rights over the properties to the 81 families we represent? On the Technical Execution Unit: Who are the members of the Technical Execution Unit referred to in Article 4? If it has not been created, what are the obstacles to its creation?’ (…) Patricia Bolaños Murillo and Gilbert Cruz Jiménez, respectively Mayor and Council President, both of the Municipality of Quepos, are ordered to take the necessary measures and issue the appropriate orders within their respective spheres of competence, so that, within a maximum of EIGHT DAYS from notification of this judgment, the petitioner is notified, at the address indicated for that purpose, of the response to the request filed on October 2, 2024, regarding: (…) The remainder of the appeal is dismissed. The Municipality of Quepos is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts on which this ruling is based, to be determined in the enforcement of the sentence in the contentious-administrative jurisdiction.Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto a la falta de respuesta de la gestión del 2 de octubre de 2024 respecto a “Sobre la ejecución de la ley: ¿Se ha establecido un cronograma para la ejecución de esta ley, de ser así, cuál es su estado actual? ¿Qué acciones concretas ha tomado la Municipalidad para implementar la ley que otorga derechos sobre los inmuebles a las 81 familias que representamos? Sobre la Unidad Técnica Ejecutora: ¿Cuáles son los nombres de las personas de la Unidad Técnica Ejecutora mencionada en el Artículo 4? Si no ha sido creada, ¿cuáles son los obstáculos para su creación? (…) Se les ordena a Patricia Bolaños Murillo y Gilbert Cruz Jiménez, por su orden, alcaldesa y presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Quepos, coordinar lo necesario, tomar las medidas adecuadas y girar las órdenes que correspondan dentro del ámbito de sus competencias respectivas, a fin de que, en el plazo máximo de OCHO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se notifique al accionante al medio señalado para tales efectos la respuesta de la gestión formulada el 2 de octubre de 2024 en cuanto a: (…) En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se condena a la Municipalidad de Quepos al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo.
Pull quotesCitas destacadas
"lo requerido por la parte recurrente en los puntos 1, 2, 9 y 10 de la gestión del 9 de junio de 2022, reiterada el día 14 de ese mismo mes, constituyen exhortaciones, no procede acoger el amparo en lo que a tales agravios refiere"
"the requests made by the petitioner in points 1, 2, 9, and 10 of the submission of June 9, 2022, reiterated on the 14th of that month, constitute exhortations; therefore, the amparo cannot be granted with respect to those grievances"
Considerando V (citando sentencia 2022018615)
"lo requerido por la parte recurrente en los puntos 1, 2, 9 y 10 de la gestión del 9 de junio de 2022, reiterada el día 14 de ese mismo mes, constituyen exhortaciones, no procede acoger el amparo en lo que a tales agravios refiere"
Considerando V (citando sentencia 2022018615)
"El recurso de amparo es de naturaleza eminentemente sumaria, por lo que su tramitación es incompatible con el diligenciamiento de pruebas extensas o complejas, lo que más bien corresponde a la vía ordinaria."
"The amparo proceeding is of an eminently summary nature, such that its processing is incompatible with the submission of extensive or complex evidence, which properly belongs to the ordinary jurisdiction."
Considerando VII
"El recurso de amparo es de naturaleza eminentemente sumaria, por lo que su tramitación es incompatible con el diligenciamiento de pruebas extensas o complejas, lo que más bien corresponde a la vía ordinaria."
Considerando VII
"no corresponde a esta Cámara Constitucional establecer, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si se ha producido o no una demora en la ejecución de la ley nro. 10283, ni se han seguido el procedimiento adecuado para su implementación."
"it is not for this Constitutional Chamber to determine, in accordance with the infra-constitutional norms governing the matter and the particularities of the case under study, whether or not there has been a delay in the implementation of Law No. 10283, nor whether the proper procedure for its implementation has been followed."
Considerando VII
"no corresponde a esta Cámara Constitucional establecer, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si se ha producido o no una demora en la ejecución de la ley nro. 10283, ni se han seguido el procedimiento adecuado para su implementación."
Considerando VII
Full documentDocumento completo
Case File: 25-005233-0007-CO CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the twenty-eighth of March, two thousand twenty-five.
A recurso de amparo (amparo action) processed under case file number 25-005233-0007-CO, filed by Nombre105777, identity card CED59407, against the MUNICIPALITY OF QUEPOS.
Whereas:
Supremacy of the special law over the Municipal Code The Municipal Code, as general legislation, cannot prevail over a special law, which has a superior character and specific application. Any interpretation that seeks to base municipal decisions on provisions of the Municipal Code above the special law is legally unacceptable and null and void as a matter of law, and it is essential that both municipal legal departments do not overlook this. 3. Erroneous interpretation and deviation of power The Legal Department of the Municipality has engaged in an erroneous and harmful interpretation, unjustifiably benefiting the private company Nombre105778 to the detriment of the original beneficiaries of the law: the families of the Zona Americana. This act constitutes a deviation of power (desviación de poder), given that the regulations are being used for a purpose different from that intended by the legislator.
The Constitutional Chamber has reiterated in its case law that any interpretation by the Administration that distorts the purpose of a rule and causes harm to the rights of citizens is unconstitutional and must be corrected. 4. Failure to respond and violation of the right to petition In addition to the foregoing, neither the Chamber, nor the Public Administration, nor the Municipal Council has issued a response to the questions regarding the erroneous interpretation of the law. This omission constitutes a violation of the right of petition and prompt, complete response, since said response from the Municipality is devoid of reason in mentioning that the municipal code authorizes it to make such decisions when the competence rests with the UTE and never with five council members. In addition to all the foregoing, although the Municipality, in its response, states that the undersigned, Nombre105777, as well as any natural person, has access to information, the truth is that I have requested the corresponding application record.
However, to date, I have not been provided with the transcription of said record or the written application document submitted by the company Nombre105778. It is important to remember that, to support my participation before the Municipality, I was required to provide documents, which I duly attached to the Judicial Branch system. However, the same requirement must apply to the Municipality: where are the documents I have requested in writing? Likewise, I have requested information about the meetings referred to by the president of the Municipal Council, Gilbert Cruz, in which, as he indicated, important issues have been discussed and considerable progress has been made (words of Mr. Gilberth Cruz), and this situation has occurred during this 2025 administration. However, in none of the documents received in response to this amparo appeal has a record or document been attached proving that said meetings were held by the Unidad Técnica Ejecutora (UTE), nor what the Council's attorney mentions, regarding having made considerable progress on the regulation; where is the written request for the draft of what they have discussed and advanced?
In this regard, a fundamental question arises: where did these meetings take place? Were they held in private spaces or in municipal sessions open to public knowledge, which is what truly interests us? Seventh: Although I was attended to in person, the answers to my inquiries were not directly answered in the session. The petition I presented before the Municipal Council was forwarded to the Public Administration, but to date, March 24, I have not received a response to all the requests I made before the Council. Likewise, as evidenced in the Amparo Appeal, I attached additional documents after the Chamber required me to do so. Among these documents is the original petition, which the Municipal Council referred to the Public Administration. However, to date, the Administration has not responded. In this context, if a legality petition is submitted, the Administration has an obligation to respond clearly and in a timely manner, guaranteeing the right of access to information and transparency in public management.
Eighth: At no time have I been untruthful in stating that the residents of the Zona Americana have never received attention from municipal authorities to resolve our concerns. Although we have been received by the Municipal Council, you, both the Chamber and the local Administration, can verify that the only thing that has been requested are meetings. However, it should be noted that in the documents responding to this appeal, the current 2025 Administration does not mention at any time having had a meeting, not even with a single family, much less with the 81 families of the Zona Americana. It is you, the Public Administration and the Municipal Council, who have been untruthful. When I presented myself to make the inquiry, both the municipal president and the attorney from the Council's Legal Department mentioned that significant progress had been made in drafting the regulation, which, to date, has not been delivered to me, despite my having requested it, nor much less has it been delivered to the 81 families of the Zona Americana.
Furthermore, the Public Administration is also untruthful in not having notified any agreement or action taken by the UTE, despite the fact that President Gilbert Cruz affirms that meetings have been held. If this were true, why do they not present a record dated 2025 that can support said affirmation? I find it extremely inappropriate that the administrative entity responds that municipal agreements do not conform to what I consider agreeable or to my vision and particular interests. The reality is that an amparo appeal is filed when a person's fundamental rights are being violated or could be violated by the public administration or by private entities carrying out activities of public interest. In this case, this appellant appears with total willingness, without fear, and with great courage, before the council members to make them aware of the error they are committing by not advising the administration to apply the law that benefits the residents of the Zona Americana and by issuing acts for which the five council members lack any competence, exceeding their functions.
It is true that I mention that such actions are not agreeable to me, and I gladly confirm it. However, this is not due to a particular interest, but because what is being requested is the correct execution of the law for which it was created, which aims to grant the land to the families of the Zona Americana. I am using the legal tools that the government itself has established to ensure that you, in compliance with the principle of legality, do not exceed your functions. III ON THE MERITS As to the merits, it is positive that the administration recognizes that Law 10.283 is not enforceable at this time. However, this raises a fundamental question: why was land that falls within the scope of the law delivered, and it was granted by five council members who lack the competence to do so? This is the primary inquiry, the reason for this amparo appeal: the erroneous interpretation and execution of the law, as well as the inaction that harms the benefits that said law grants to the Zona Americana.
What are the prior acts that are being carried out? Information I requested through administrative acts and that the Chamber has asked you to deliver. Where are the emails, the records of the actions that the administration and the council have requested from the State Notary to know the progress of the process? To say that actions are being taken and not deliver the documentary support for such actions is to be untruthful. Where are those documents? So much for the mention of the points in the response from the Municipality of Quepos. Now, in the petition of the Amparo Appeal that I filed against the Municipality of Quepos, there were 10 points, of which the Municipality's response fails to comply with the majority and instead deflects and evades responsibility for complying with what was requested by the Chamber, the reason for this appeal. Furthermore, regarding the documents the Chamber requested to attach, which the appellant complied with, I have also not received a response (document uploaded to the judicial system on March 2), nor have I received a response to each point.
PETITION The Constitutional Chamber is requested to: Declare the lack of competence of the Municipal Council and its council members to make decisions on the execution of the special law. Order respect for the supremacy of the special law over the Municipal Code and any erroneous interpretation that seeks to modify its scope. Correct the deviation of power (desviación de poder) committed by the Municipality by favoring a private company to the detriment of the beneficiary families. Order the Public Administration to respond clearly and in accordance with the law, guaranteeing respect for due process and the effective protection of the rights of the affected citizens. The interpretation and actions of the Municipality in this case are contradictory, arbitrary, and violate fundamental principles of constitutional and administrative law. The Constitutional Chamber is requested to ensure respect for the special law of 2022, guaranteeing its correct application in favor of the beneficiary families and correcting any deviation of power (desviación de poder) that favors private interests over the rights of citizens.
It is requested that they deliver records of documents from the year 2025 of the actions that the administration and the Municipal Council state they have carried out and made considerable progress on. It is requested that they deliver the draft of the regulation on which the legal department of the municipal council has made considerable progress. It is requested that they deliver and respond to the administration regarding what was requested since I presented myself before the council and was referred to the administration; to date I have not received a response. I transcribe it for your convenience (document uploaded on March 2 to the judicial system: 1. That Law 10283 be executed expeditiously, as 3 years have already passed since its creation. 2. That the Municipality of Quepos deliver the documents requested from Nombre105777 on October 2, 2024. 3. Formally convene the 81 beneficiary families to inform them about the progress of the execution of Law No. 10283. 4.
Immediately constitute the Unidad Técnica Ejecutora (UTE), if it is not yet formally operational, and define its action plan. 5. Create and publish the corresponding regulation for the delivery of land pursuant to Law No. 10283. 6. I request from the State Notary an official response regarding the alleged delay in the registration of the land and also all the acts that the Council president and the legal department of the Municipal Council of Quepos state have taken place. 7. I request suspension and that the precarious use granted to Nombre105778 not be granted again, as: • The appropriate legal procedures were not followed. • It is not within the competence of the council members to grant this type of permit without the intervention of the UTE. • Priority is being given to a private company instead of the 81 beneficiary families. 8. I request that you order the Municipal Council to immediately deliver the documentation that has been requested regarding: • The records where the precarious use of the land by Marina Pez Vela was discussed and approved, as stated by the Council president, in a single session. • Any resolution, agreement, or official communication related to the execution of Law No. 10283. • The official response regarding the "anomalies in the polygons" that have been cause for delay. 9.
I request that you issue a warning of civil or criminal liability to the officials, the mayor, the president of the Municipal Council, and the other official who constitutes the UTE, that: • Failure to comply with what was ordered by the Chamber could result in sanctions for disobedience to a constitutional resolution. • They are urged to act in accordance with the principle of legality and in the public interest.”
Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,
Considering:
The appellant states that on October 19, 2022, Law No. 10283 was published in the official gazette La Gaceta, by which the release from public domain (desafectación) of the land in the Dirección7814 neighborhood was approved to be delivered to 81 families; in addition, the creation of the Unidad Técnica Ejecutora was ordered to carry out, together with the State Notary, the delivery of the land. He alleges that, in spite of the foregoing, the Municipality of Quepos has convened the 81 beneficiary families and, on the contrary, given alleged anomalies in the land, the local government decided to grant a one-and-a-half-year permit for precarious use (uso precario) of said land to Nombre105778 of Quepos, which is not permitted under the aforementioned law. He points out that on October 2, 2024, he participated in the session of the Municipal Council of Quepos and demanded the non-delivery of the land in question and, therefore, the lack of execution of Law No. 10283.
He adds that on that same day he raised a request to which he has not received a response. He requests that Law No. 10283 be executed, for which the regulation must be created, the UTE constituted, and the 81 beneficiary families convened. He requests that the permit for precarious use (uso precario) granted to Nombre105778 be suspended, given that the corresponding legal procedures were not followed. He requires that a response be given to what was petitioned on October 2, 2024.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:
“Regarding the execution of the law:
Has a timeline been established for the execution of this law, and if so, what is its current status?
What concrete actions has the Municipality taken to implement the law granting rights over the properties to the 81 families we represent?
Regarding the Unidad Técnica Ejecutora:
What are the names of the individuals of the Unidad Técnica Ejecutora mentioned in Article 4? If it has not been created, what are the obstacles to its creation?
Given that until now we have not received notification of the creation of the UTE, how is the permit granted to Nombre105778 to manage the large shed that belonged to the old Palma Tica justified, without the 81 families affected by this law having any news of the application procedure, of the UTE?
What measures are being taken to ensure that all families receive information about the UTE and its role in the process of assigning property rights?
Regarding the administrative procedure:
What administrative processes have been carried out to establish property rights as stipulated in Article 5? specifically for the land where the classrooms are and for the large shed that was once a Palma Tica workshop and is currently managed by La Marina Pez Vela.
What type of documentation was carried out for the land mentioned in the preceding paragraph?
Regarding the historical-architectural heritage:
What measures are being taken to conserve and maintain the properties declared as historical-architectural heritage, as indicated in Article 6?
Have agreements been established with other institutions for the protection of these properties?
Regarding transparency and accountability, principles of public administration:
What accountability mechanisms have been established so that the 81 families of La Zona Americana can know the progress in the execution of this law and the reasons behind the decisions taken?
PETITION • Regarding all these questions, provide reports on:
A report where the questions are answered.
A report of all acts related to the land affected by Law 10283 that came into effect from October 20, 2023, to the present day, broken down into: 1. All acts since the formation of the UTE in both administration periods 2020-2024 when the mayor was Mr. Nombre48201, and, 2. All acts from 2024 until today, October 2, 2024, of the new 2024 administration of Mrs. Patricia Bolaños, related to this law.
I request, by report, the modification of the Regulatory Plan "Partial Modification to the Urban Regulatory Plan of the City of Quepos, Integration of the Environmental Variable," or the territorial planning instrument in force, to authorize the administration of the already affected land of the Zona Americana, pursuant to (sic) articles 1 and 2 of the law • I further request the following from the honorable Municipal Council:
If the UTE has not been created, I request that you create it as soon as possible.
I request that you execute Law 10283.
Supported by article 6 of Law 10283, I request that, while the UTE is created and this Law 10283 is executed, you authorize the families of the farmers' market to hold the market in the shed currently given in management to La Marina Pez Vela, considering that this would fulfill the spirit of the mentioned article entirely, and not only that, but also, it would improve the traffic flow that becomes traffic chaos on every market date in the center of Quepos, given that the "bottleneck" effect would benefit the canton by solving this situation by moving the market to this location, considering that there is sufficient parking space on all the land where the Palma Tica Workshop used to be, which, as a reminder, is land belonging to ALL the Nombre105781 given in administration to the Municipality of Quepos for the benefit of its inhabitants, us the administered, added to that, the only direct route to Dirección7819 and the Manuel Antonio National Park would be decongested for future dates when all business owners await the arrival of tourists, an excellent solution where the Social Responsibility of La Nombre105778 is effective in this private initiative with the Municipality of Quepos.
I request that you repair the street just in front of the Entrance to the El Cerro neighborhood, which has serious damage and has been in that condition for quite some time and is dangerous for a person to fall into the culvert, or a vehicle, a child on a bicycle (...)
For notifications, I receive them at the email ...3526”. (See documentary evidence).
In this case, the appellant states that on October 19, 2022, Law No. 10283 was published in the official gazette La Gaceta, by which the release from public domain (desafectación) of the land in the Dirección7814 neighborhood was approved to be delivered to 81 families; in addition, the creation of the Unidad Técnica Ejecutora was ordered to carry out, together with the State Notary, the delivery of the land. He alleges that, in spite of the foregoing, the Municipality of Quepos has convened the 81 beneficiary families and, on the contrary, given alleged anomalies in the land, the local government decided to grant a one-and-a-half-year permit for precarious use (uso precario) of said land to Nombre105778 of Quepos, which is not permitted under the aforementioned law. He points out that on October 2, 2024, he participated in the session of the Municipal Council of Quepos and demanded the non-delivery of the land in question and, therefore, the lack of execution of Law No. 10283.
He adds that on that same day he raised a request to which he has not received a response. He requests that Law No. 10283 be executed, for which the regulation must be created, the UTE constituted, and the 81 beneficiary families convened. He requests that the permit for precarious use (uso precario) granted to Nombre105778 be suspended, given that the corresponding legal procedures were not followed. He requires that a response be given to what was petitioned on October 2, 2024.
The Chamber verifies that in agreement 29 of article six of ordinary session No. 016-2024 held by the Municipal Council of Quepos on July 9, 2024, a use permit for the old workshops was granted to Nombre105778 for a term of 18 months, in exchange for the restoration of the building. On October 2, 2024, the petitioner filed a request before the Municipal Council of Quepos, through which he requested: “Regarding the execution of the law: Has a timeline been established for the execution of this law, and if so, what is its current status? What concrete actions has the Municipality taken to implement the law granting rights over the properties to the 81 families we represent? Regarding the Unidad Técnica Ejecutora: What are the names of the individuals of the Unidad Técnica Ejecutora mentioned in Article 4? If it has not been created, what are the obstacles to its creation? Given that until now we have not received notification of the creation of the UTE, how is the permit granted to Nombre105778 to manage the large shed that belonged to the old Palma Tica justified, without the 81 families affected by this law having any news of the application procedure, of the UTE?
What measures are being taken to ensure that all families receive information about the UTE and its role in the process of assigning property rights? Regarding the administrative procedure: What administrative processes have been carried out to establish property rights as stipulated in Article 5? specifically for the land where the classrooms are and for the large shed that was once a Palma Tica workshop and is currently managed by La Marina Pez Vela. What type of documentation was carried out for the land mentioned in the preceding paragraph? Regarding the historical-architectural heritage: What measures are being taken to conserve and maintain the properties declared as historical-architectural heritage, as indicated in Article 6? Have agreements been established with other institutions for the protection of these properties? Regarding transparency and accountability, principles of public administration: What accountability mechanisms have been established so that the 81 families of La Zona Americana can know the progress in the execution of this law and the reasons behind the decisions taken?
PETITION • Regarding all these questions, provide reports on: A report where the questions are answered. A report of all acts related to the land affected by Law 10283 that came into effect from October 20, 2023, to the present day, broken down into: 1. All acts since the formation of the UTE in both administration periods 2020-2024 when the mayor was Mr. Nombre48201, and, 2. All acts from 2024 until today, October 2, 2024, of the new 2024 administration of Mrs. Patricia Bolaños, related to this law. I request, by report, the modification of the Regulatory Plan "Partial Modification to the Urban Regulatory Plan of the City of Quepos, Integration of the Environmental Variable," or the territorial planning instrument in force, to authorize the administration of the already affected land of the Zona Americana, pursuant to (sic) articles 1 and 2 of the law • I further request the following from the honorable Municipal Council: If the UTE has not been created, I request that you create it as soon as possible.
I request that you execute Law 10283. Supported by article 6 of Law 10283, I request that, while the UTE is created and this Law 10283 is executed, you authorize the families of the farmers' market to hold the market in the shed currently given in management to La Marina Pez Vela, considering that this would fulfill the spirit of the mentioned article entirely, and not only that, but also, it would improve the traffic flow that becomes traffic chaos on every market date in the center of Quepos, given that the "bottleneck" effect would benefit the canton by solving this situation by moving the market to this location, considering that there is sufficient parking space on all the land where the Palma Tica Workshop used to be, which, as a reminder, is land belonging to ALL the Nombre105781 given in administration to the Municipality of Quepos for the benefit of its inhabitants, us the administered, added to that, the only direct route to the Dirección7819 and the Manuel Antonio National Park would be decongested for future dates when all business owners await the arrival of tourists, an excellent solution where the Social Responsibility of La Nombre105778 is effective in this private initiative with the Municipality of Quepos.
I request that you repair the street just in front of the Entrance to the El Cerro neighborhood, which has serious damage and has been in that condition for quite some time and is dangerous for a person to fall into the culvert, or a vehicle, a child on a bicycle (...) For notifications, I receive them at the email ...3526”. Through official letter MQ-CM-731-24-2024-2028 dated October 9, 2024, the Secretariat of the Municipal Council of Quepos informed the petitioner that in extraordinary session No. 38-2024 held on October 2, 2024, by said Council, it was agreed to transfer his request to the municipal administration. By brief MQ-ALC-320-2025 dated March 7, 2025, the mayor of Quepos informed the petitioner of the referral of the technical opinion through official letter MQ-UDI-VIAL-086-2025 issued by the Road Infrastructure Department regarding the street in front of the entrance to the El Cerro neighborhood, wherein it reads: “By means of this document, it is reported that the construction of the culvert crossing located on Dirección7818, which leads to the El Cerro neighborhood, is at 80% completion, as one of its headwalls still needs to be poured.
We are currently in the phase of applying concrete slabs on the same road segment, with the purpose of strengthening the infrastructure and guaranteeing a safer, more durable, and functional work for vehicular and pedestrian transit. We appreciate the understanding and collaboration of the residents while these works are being carried out”. The foregoing was notified to the petitioner on March 10, 2025.
Now, it should be recalled that the petitioner alleges the lack of response from the Municipality of Quepos to the request filed on October 2, 2024. Regarding this, although the authorities maintain that during the ordinary session of the Municipal Council held on October 2, 2025, a response was given by the president of the collegiate body during his intervention, it is nonetheless true that there is no evidentiary element whatsoever to prove that the local corporation of Quepos has given a formal response to each of the following inquiries raised by the petitioner and that the corresponding response was notified to the means indicated for such purposes: “Regarding the execution of the law: Has a timeline been established for the execution of this law, and if so, what is its current status? What concrete actions has the Municipality taken to implement the law granting rights over the properties to the 81 families we represent? Regarding the Unidad Técnica Ejecutora: What are the names of the individuals of the Unidad Técnica Ejecutora mentioned in Article 4? If it has not been created, what are the obstacles to its creation?
Given that we have not yet received notification of the creation of the UTE, how is the permit granted to Nombre105778 to manage the galerón that belonged to the former Palma Tica justified, without the 81 families affected by this law having any news of the application procedure, of the UTE? What measures are being taken to ensure that all families receive information about the UTE and its role in the property rights allocation process? Regarding the administrative procedure: What administrative processes have been carried out to establish the property right as stipulated in Article 5? specifically for the lands where the classrooms are located and for the large galerón that was once a workshop of Palma Tica and is currently administered by La Marina Pez Vela. What type of documentation was carried out for the lands mentioned in the previous paragraph? Regarding the historical-architectural heritage: What measures are being taken to conserve and maintain the properties declared as historical-architectural heritage, as indicated in Article 6?
Have agreements been established with other institutions for the protection of these properties? Regarding transparency and accountability, principles of public administration: What accountability mechanisms have been established so that the 81 families of La Zona Americana can know the progress in the execution of this law and the reasons behind the decisions taken? PETITION • Regarding all these questions, provide reports on: A report in which the questions are answered. A report of all acts related to the lands affected by law 10283, which came into effect on October 20, 2023, up to today, broken down into: 1. All acts since the formation of the UTE in both administration periods 2020-2024 when the mayor was Mr. Nombre48201 and, 2. All acts from 2024 until today, October 2, 2024, of the new 2024 administration of Mrs. Patricia Bolaños that are related to this law. I request, by means of a report, the modification of the Regulating Plan "Partial Modification to the Urban Regulating Plan of the City of Quepos, Integration of the Environmental Variable," or the territorial planning instrument in force, to authorize the administration of the already affected lands of La Zona Americana, in accordance with (sic) articles 1 and 2 of the law." By virtue of the foregoing, the appeal is granted with respect to the lack of attention to the submission of October 2, 2024, only regarding "On the execution of the law: Has a schedule been established for the execution of this law, and if so, what is its current status?
What concrete actions has the Municipality taken to implement the law that grants rights over the properties to the 81 families we represent? Regarding the Technical Execution Unit: What are the names of the persons of the Technical Execution Unit mentioned in Article 4? If it has not been created, what are the obstacles to its creation? Given that we have not yet received notification of the creation of the UTE, how is the permit granted to Nombre105778 to manage the galerón that belonged to the former Palma Tica justified, without the 81 families affected by this law having any news of the application procedure, of the UTE? What measures are being taken to ensure that all families receive information about the UTE and its role in the property rights allocation process? Regarding the administrative procedure: What administrative processes have been carried out to establish the property right as stipulated in Article 5? specifically for the lands where the classrooms are located and for the large galerón that was once a workshop of Palma Tica and is currently administered by La Marina Pez Vela.
What type of documentation was carried out for the lands mentioned in the previous paragraph? Regarding the historical-architectural heritage: What measures are being taken to conserve and maintain the properties declared as historical-architectural heritage, as indicated in Article 6? Have agreements been established with other institutions for the protection of these properties? Regarding transparency and accountability, principles of public administration: What accountability mechanisms have been established so that the 81 families of La Zona Americana can know the progress in the execution of this law and the reasons behind the decisions taken? PETITION • Regarding all these questions, provide reports on: A report in which the questions are answered. A report of all acts related to the lands affected by law 10283, which came into effect on October 20, 2023, up to today, broken down into: 1.
All acts since the formation of the UTE in both administration periods 2020-2024 when the mayor was Mr. Nombre48201 and, 2. All acts from 2024 until today, October 2, 2024, of the new 2024 administration of Mrs. Patricia Bolaños that are related to this law. I request, by means of a report, the modification of the Regulating Plan "Partial Modification to the Urban Regulating Plan of the City of Quepos, Integration of the Environmental Variable," or the territorial planning instrument in force, to authorize the administration of the already affected lands of La Zona Americana, in accordance with (sic) articles 1 and 2 of the law."
V.Having clarified the above, it should be recalled that the submission whose lack of response is alleged also requested: "I further request the following from the honorable Municipal Council: Since the UTE has not been created, I request that you proceed with its creation as soon as possible. I request that you execute Law 10283. Protected under article 6 of law 10283, I request that, while the UTE is created and executes this law 10283, you authorize the families of the farmers' market to hold the market in the galerón currently given in administration to La Marina Pez Vela, considering that this would fully comply with the spirit of the mentioned article, and not only that, but it would also ease the traffic flow that becomes traffic chaos on every market day in the center of Quepos, as the 'funnel' problem would benefit the canton by resolving this situation by moving the market to this place, considering that there is sufficient parking space on the entire land where the Palma Tica Workshop was, which, as a reminder, is land belonging to ALL the Nombre105781, given in administration to the Municipality of Quepos for the benefit of its inhabitants, we the administered, coupled with that, the only direct route to the Dirección7819 and the Manuel Antonio National Park would be decongested for future dates when all business owners await the arrival of tourists, an excellent solution where the Social Responsibility of La Nombre105778 is effective in this private initiative with the Municipality of Quepos (...)".
In this regard, it is relevant to cite what was indicated in judgment No. 2024008805 of 9:20 a.m. on April 5, 2024:
"(...) Firstly, through official communication SMTA-010-2023 of August 11, 2023, the petitioner mentioned to the Municipality of Atenas: '(...) Email: ...3 (...) because the officials of this municipality have run out of space to park our vehicles, we respectfully request authorization to use the facilities of the Atenas Municipal Stadium for parking (...)'. That document bears a receipt stamp dated September 21, 2023. Likewise, by memorandum SMTA-011-2023 of August 11, 2023, the petitioner pointed out to the respondent local government: '(...) Email: . (...) because the members of this union do not have a space to hold both ordinary and extraordinary meetings, we request that an exclusive office be assigned for the use of SITRAMA (...)'. Said memorandum bears a receipt stamp dated September 27, 2023.
In this regard, from the comprehensive reading of memoranda SMTA-010-2023 and SMTA-011-2023 of August 11, 2023, it is evident that they essentially deal with exhortations and not simple petitions or requests for information. On this topic, the Chamber addressed it in judgment No. 2022018615 of 9:05 a.m. on August 12, 2022:
'IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the present case, the petitioners claim that on June 9, 2022, they sent to the email address ...380 a submission in which they requested, among other things, to be informed about aspects related to the implementation of Law No. 65 of July 30, 1888, and the compliance with a judgment issued by this Constitutional Court. They claim that such submission was reiterated on June 14, 2022, at which time it was filed personally before the office of the Minister of Environment and Energy. They allege that, at the time of filing this appeal, they have not received any response.
From the study of the case records, it is evident that, on June 9, 2022, the petitioners sent an email to the account ...380, to which was attached a memorandum containing a request for information regarding compliance with a judgment issued by this Court. In this regard, it should be noted that in this case it is undisputed that such email constitutes an official means for the respondent authority to receive submissions. Likewise, the Chamber verifies that such submission was reiterated by the petitioners, given that it is observed that, on June 14, 2022, the office of the respondent minister received memorandum JFAC/032/2022 dated June 9, 2022.
In that submission, the petitioners requested: "1. To proceed as soon as possible to comply with vote 12109-2008 of the Constitutional Chamber, and to recover the lands of the inalienable zone, and while the legal recovery procedure is carried out, and considering that we are in a zone of high aquifer recharge and very high environmental and hydrogeological vulnerability, action be taken by MINAE in coordination with the municipalities, so that activities are not permitted within the 2015 extension of the Braulio Carrillo Park and in the rest of the inalienable zone. 2. We request that, for all files claiming property or possession rights, before MINAE issues resolutions endorsing or denying the rights, consultation be made with the Real Property Registry as a technical registry entity, and simultaneously with the Office of the Attorney General of the Republic, regarding the veracity of the rights; this given the lack of expertise that MINAE may have in resolving cases (…) 9.
That MINAE re-examine, and request the opinion of the National Registry (sic) and the Office of the Attorney General of the Republic regarding the procedures and resolutions issued by previous environment ministers through which they have endorsed property rights over lands that geographically lie within the inalienable zone, this for the sake of transparency and to have certainty that the corresponding procedure was followed and according to law. 10. Considering that the lands located in the Inalienable Zone (sic) under Law 65 of 1888 are state heritage, with their administration under the guardianship of MINAE, we request that any arrangement and construction of a road by the Ministry of Public Works or a municipality or private individual be carried out with the prior approval of MINAE, which will consider or take into account the possible environmental effect on the zone that the works may directly signify on the land (sic), as well as indirect effects, such as the human load from greater visitation by citizens, in an environmentally fragile zone (…)".' 'Regarding what was requested by the petitioners in points 1, 2, 9, and 10 of the submission under study, it should be noted that they deal with exhortations and not simple petitions or requests for information. On this, the Chamber addressed it in judgment No. 705-96 of 4:12 p.m. on February 7, 1996:
'"(...) From the analysis of the official communication dated November 29, 1995, sent by the petitioner to the Minister of Public Works and Transport (See at folio 4) and whose omission to respond is the subject of the allegations raised herein, it is not observed that such omission constitutes a violation of the right of petition and prompt response protected by article 27 of the Political Constitution. Indeed, what does emerge from that document is that the objective sought was to make an exhortation (sic) to the Minister to address promoting within the Ministry under his charge the process 'concerted, participatory and transparent on the question of the Transformation of the State,' as stated by the petitioner in the libel filing the appeal... By reason of the foregoing, it could not be intended to compel the Minister of Public Works and Transport to render a response, as he is not being asked to render any information about the transformation process in his portfolio, which (sic) makes it necessary to dismiss the appeal. (...)"' 'Whereas in judgment No. 2002003910 of 3:55 p.m. on April 30, 2002, this Chamber considered that:
'"(...) II.- The petitioner alleges – furthermore – that article 27 of the Political Constitution has been violated, since to date no response has been received to the note sent by the Legal Advisor of the Union of Public Education Janitors to the Personnel Director of the Ministry of Public Education on February twenty-sixth last. Indeed, the cited constitutional article refers to the power held by any person to address in writing any public official or official entity, so that they may inform or resolve matters of interest to them, a guarantee that is complemented by the right to obtain a prompt resolution. However, from the reading of the writing in question and whose omission to resolve is alleged (see copy at folio 6 of the file), this Chamber concludes that such submission does not fit within the parameters of article 27 of the Constitution and article 32 of the Law on Constitutional Jurisdiction, since it properly corresponds to an exhortation or supportive submission, by which it is sought to incite the respondent to use "his good offices so that Mrs.
Nombre63954 be appointed permanently." Hence, if the intention of said Legal Advisor was to procure that the respondent acted in the manner he intended and they have not yet done so, this does not constitute an omission that could injure his right of petition in the terms he raises in the initial memorandum (see, in a similar sense, judgments number 1481-96 of 6:15 p.m. on March 27, 1996, number 2000-8491 of 3:01 p.m. on September 26, 2000, and 2001-118 of 9:26 a.m. on January 5, 2001). (...)" (the emphasis is not from the original).' 'The Court finds no reasons to vary the criterion expressed in the abovementioned judgments, nor motives that would lead it to value the situation raised differently. Consequently, given that what was requested by the petitioners in points 1, 2, 9, and 10 of the submission of June 9, 2022, reiterated on the 14th of that same month, constitute exhortations, it is not appropriate to grant the amparo regarding such grievances' (the highlighting was added).
Likewise, in judgment No. 2022021561 of 9:30 a.m. on September 16, 2022, it was established:
'VI.- In points 1, 4, and 5 of the submission of June 15, 2022, the petitioners requested: 1. We request to revoke and render null and void official communication JDC-SINDEU-314-2022 dated June 6, 2022 (...) 4. We request an apology from the Central Board of Directors of SINDEU, for having carried out "a review" of the members without having taken into account the Machinery and Equipment Section. 5. We request that these unfortunate events be rectified, so that they do not occur again in the future (...)".' 'Observe that such requests do not deal with requests for information in exercise of the right of association, but rather constitute exhortations, whereby it was sought to incite the respondent union to carry out a series of actions consistent with the pretensions of the protected parties. Ergo, the injury to the fundamental rights of the amparado party regarding points 1, 4, and 5 of the submission of June 15, 2022 is not verified.' In the same sense, in judgment No. 2023019751 of 9:30 a.m. on August 11, 2023, it was indicated:
'V.- Now then, this Chamber verifies that points 2 and 3 of the submission of the amparada party, concerning "SECOND: Let the list of eligible candidates for the occupational position of Nursing Professionals updated to date be of general knowledge. THIRD: That the lists requested above be duly 'located in a place of easy access to the official who requires them or who demonstrates a legitimate interest' as indicated by circular GG-DAGP-0724-2021," do not deal with a request for information or any pure and simple petition, but rather deal more properly with exhortations that seek to incite the respondent authority to make the list of eligible Nursing professionals generally known and even to locate them in certain places. Hence, the apparent omission to answer such points does not imply an injury to their right of petition nor to that of prompt resolution and, therefore, is not amenable to protection by this Chamber. For instance, regarding these topics, the Chamber, by means of judgment 2002-003910 of 3:55 p.m. on April 30, 2002, resolved the following:
'"II.- The petitioner alleges – furthermore – that article 27 of the Political Constitution has been violated, since to date no response has been received to the note sent by the Legal Advisor of the Union of Public Education Janitors to the Personnel Director of the Ministry of Public Education on February twenty-sixth last. Indeed, the cited constitutional article refers to the power held by any person to address in writing any public official or official entity, so that they may inform or resolve matters of interest to them, a guarantee that is complemented by the right to obtain a prompt resolution. However, from the reading of the writing in question and whose omission to resolve is alleged (see copy at folio 6 of the file), this Chamber concludes that such submission does not fit within the parameters of article 27 of the Constitution and article 32 of the Law on Constitutional Jurisdiction, since it properly corresponds to an exhortation or supportive submission, by which it is sought to incite the respondent to use "his good offices so that Mrs.
Nombre63954 be appointed permanently." Hence, if the intention of said Legal Advisor was to procure that the respondent acted in the manner he intended and they have not yet done so, this does not constitute an omission that could injure his right of petition in the terms he raises in the initial memorandum (see, in a similar sense, judgments number 1481-96 of 6:15 p.m. on March 27, 1996, number 2000-8491 of 3:01 p.m. on September 26, 2000, and 2001-118 of 9:26 a.m. on January 5, 2001). (...)" (The emphasis is not from the original).' 'These considerations are applicable to the case under study, as this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in said judgment, nor motives that would lead it to value the situation raised differently. Thus, the appeal is dismissed with respect to such matters.' In the sub examine, it should be recalled that what was requested by the amparado in official communications SMTA-010-2023 and SMTA-011-2023 of August 11, 2023, whose lack of response is alleged, was authorization for the officials of the Municipality of Atenas to use the municipal stadium facilities for parking and the assignment of an office for the exclusive use of Sitrama, matters which, evidently, do not constitute mere petitions or requests for information, but rather exhortations. Therefore, since the submissions filed by the petitioners on August 11, 2023 consist of exhortations, the granting of this appeal with respect to these matters is not appropriate (…)".
The transcribed precedent is applicable to the sub lite, given that no reasons are found to vary the criterion expressed nor reasons to assess the situation raised differently. This is because the requests made in the document of October 2, 2024, subject of this considerando, do not constitute mere petitions or requests for information, but rather deal with exhortations, which is why the matter is not granted with respect to this grievance.
VI.On the other hand, note that in the submission of October 2, 2024, a complaint was also raised about the condition of a street, since the person protected by amparo stated: "I request that you repair the street right in front of the Entrance to Barrio El Cerro, which is severely damaged and has been in such conditions for quite some time and is dangerous for someone falling into the ditch, or a vehicle, child on bicycle." Regarding this, it is observed that, through memorandum MQ-ALC-320-2025 of March 7, 2025, the mayor of Quepos communicated to the protected person the transfer of the technical opinion through official communication MQ-UDI-VIAL-086-2025 issued by the Department of Road Infrastructure concerning the street in front of the entrance to Barrio El Cerro, which reads: "Through this medium, it is reported that the construction of the culvert crossing located on Dirección7818, which leads to Barrio El Cerro, is at 80% completion, as one of its headwalls still needs to be poured.
We are currently in the phase of applying concrete slabs on the same road section, with the purpose of strengthening the infrastructure and guaranteeing a safer, more durable, and functional work for vehicular and pedestrian traffic. We appreciate the understanding and collaboration of the residents while these works are being carried out." The above was notified to the protected person on March 10, 2025.
Thus, note that, prior to the respondent authorities being notified of the initial resolution in this matter, an official communication was notified to the amparado party through which reference was made to the complaint about the street on Dirección7816 and it was explained that it is subject to intervention by the local government, whose works are at 80% progress. In this manner, the Chamber does not observe any situation regarding this grievance that merits being brought to the attention of this Chamber, and therefore the appeal is not granted with respect to this matter. However, let the respondent authorities take note that they must coordinate what is pertinent and carry out all actions that fall within the scope of their respective competencies, so that the works being performed on Dirección7816 are completed within a reasonable period that conforms to the parameters established in the jurisprudence of this Court.
VII.Finally, it should be recalled that the amparo appeal is eminently summary in nature, so its processing is incompatible with the taking of extensive or complex evidence, which rather corresponds to the ordinary jurisdiction. Therefore, it is not for this Constitutional Chamber to establish, in accordance with the infra-constitutional regulations governing the matter and the particularities of the case under study, whether or not a delay has occurred in the execution of law No. 10283, nor whether the adequate procedure for its implementation has been followed. Nor is it within this Court's purview to establish whether or not the agreement signed between the Municipality of Quepos and Nombre105778 regarding the loan of a building for 18 months is appropriate, to determine whether the procedures provided for that effect were respected for its signing, nor to examine whether the respondent Municipal Council is competent or not to make that type of decision.
In the same sense, it exceeds the summary nature of the amparo appeal to examine whether there is an overlap of polygons on the land in question, nor to establish whether or not there are inconsistencies in dividing it into portions. The foregoing because conducting such an analysis would necessitate carrying out slow and complex evidentiary proceedings, which conflicts with the summary nature of this type of appeal and, rather, corresponds to being elucidated in the ordinary jurisdictional venue. Consequently, if the protected person deems it appropriate, he may raise such disagreements before the respondent authority itself or in the ordinary jurisdictional venue.
Lastly, although the petitioner raises pretensions in relation to the State Notary's Office, regarding which he requests a response on the delay in the registration of lands, among others, it is no less true that such grievance was raised in a generic manner, given that no reference was made to any specific date or specific submission in which such requirement was raised. Therefore, the amparo is also not granted regarding this grievance.
The parties are advised that, if they have provided any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not collected within that period will be destroyed, based on the "Regulation on Electronic File before the Judicial Branch" (approved by the Full Court in article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012) and in article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judicial Branch No. 43-12 of May 3, 2012.
Therefore:
The appeal is partially granted, only regarding the lack of response to the submission of October 2, 2024, concerning "On the execution of the law: Has a schedule been established for the execution of this law, and if so, what is its current status? What concrete actions has the Municipality taken to implement the law that grants rights over the properties to the 81 families we represent? Regarding the Technical Execution Unit: What are the names of the persons of the Technical Execution Unit mentioned in Article 4? If it has not been created, what are the obstacles to its creation? Given that we have not yet received notification of the creation of the UTE, how is the permit granted to Nombre105778 to manage the galerón that belonged to the former Palma Tica justified, without the 81 families affected by this law having any news of the application procedure, of the UTE? What measures are being taken to ensure that all families receive information about the UTE and its role in the property rights allocation process?
Regarding the administrative procedure: What administrative processes have been carried out to establish the property right as stipulated in Article 5? specifically for the lands where the classrooms are located and for the large galerón that was once a workshop of Palma Tica and is currently administered by La Marina Pez Vela. What type of documentation was carried out for the lands mentioned in the previous paragraph? Regarding the historical-architectural heritage: What measures are being taken to conserve and maintain the properties declared as historical-architectural heritage, as indicated in Article 6? Have agreements been established with other institutions for the protection of these properties? Regarding transparency and accountability, principles of public administration: What accountability mechanisms have been established so that the 81 families of La Zona Americana can know the progress in the execution of this law and the reasons behind the decisions taken?
PETITION • Regarding all these questions, provide reports on: A report in which the questions are answered. A report of all acts related to the lands affected by law 10283, which came into effect on October 20, 2023, up to today, broken down into: 1. All acts since the formation of the UTE in both administration periods 2020-2024 when the mayor was Mr. Nombre48201 and, 2. All acts from 2024 until today, October 2, 2024, of the new 2024 administration of Mrs. Patricia Bolaños that are related to this law. I request, by means of a report, the modification of the Regulating Plan "Partial Modification to the Urban Regulating Plan of the City of Quepos, Integration of the Environmental Variable," or the territorial planning instrument in force, to authorize the administration of the already affected lands of La Zona Americana, in accordance with (sic) articles 1 and 2 of the law." Patricia Bolaños Murillo and Gilbert Cruz Jiménez, in their respective capacities as mayor and council president, both of the Municipality of Quepos, are ordered to coordinate whatever is necessary, take the appropriate measures, and issue the relevant orders within the scope of their respective powers, so that, within a maximum period of EIGHT DAYS, counted from the notification of this judgment, the response to the petition filed on October 2, 2024, is notified to the claimant at the address indicated for such purposes, regarding: “On the execution of the law: Has a timeline been established for the execution of this law, and if so, what is its current status?
What concrete actions has the Municipality taken to implement the law that grants rights over real estate to the 81 families we represent? On the Technical Execution Unit: What are the names of the persons in the Technical Execution Unit mentioned in Article 4? If it has not been created, what are the obstacles to its creation? Given that up to now we have not received notification about the creation of the UTE, how is the permit granted to Nombre105778 to manage the large shed that belonged to the former Palma Tica justified, without the 81 families affected by this law having any news of the application procedure, of the UTE? What measures are being taken to ensure that all families receive information about the UTE and its role in the property rights assignment process? On the administrative procedure: What administrative processes have been carried out to establish the right of ownership as stipulated in Article 5? specifically for the land where the classrooms are located and for the large shed that was once a workshop for Palma Tica and is currently administered by La Marina Pez Vela.
What type of documentation was carried out for the lands mentioned in the preceding paragraph? On the historical-architectural heritage: What measures are being taken to conserve and maintain the real estate declared as historical-architectural heritage, as indicated in Article 6? Have agreements been established with other institutions for the protection of these real estate properties? On transparency and accountability, principles of public administration: What accountability mechanisms have been established so that the 81 families of La Zona Americana can learn about the progress in the execution of this law and the reasons behind the decisions made? PETITION • On all these questions, to provide reports on: A report where the questions are answered. A report of all acts related to the lands affected by Law 10283 that came into force from October 20, 2023, to date, broken down into: 1.
All acts since the formation of the UTE in both administration periods 2020-2024 when the mayor was Mr. Nombre48201 and, 2. All acts from 2024 until today, October 2, 2024, of the new 2024 administration of Doña Patricia Bolaños that relate to this law. I request through a report, the modification of the Regulatory Plan \"Partial Modification to the Urban Regulatory Plan of the City of Quepos, Integration of the Environmental Variable\", or the territorial planning instrument that is in force, to authorize the administration of the already affected lands of La Zona Americana, in accordance with (sic) articles 1 and 2 of the law”. Let the respondent authorities take note of what is indicated at the end of Considerando VI of this ruling. The foregoing is issued with the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order they must fulfill or enforce, issued in an amparo action, and do not fulfill it or do not have it enforced, provided the crime is not more severely punished.
The Municipality of Quepos is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative proceeding. In all other respects, the action is declared without merit. Notify.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiocho de marzo de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-005233-0007-CO, interpuesto por Nombre105777, cédula de identidad CED59407, contra la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
El recurrente señala que el 19 de octubre de 2022 se publicó en el diario oficial La Gaceta la ley nro. 10283, mediante la cual se aprobó la desafectación de los terrenos del barrio Dirección7814 para ser entregados a 81 familias; además, se dispuso la creación de la Unidad Técnica Ejecutora para efectuar junto con la Notaría del Estado la entrega de los terrenos. Acusa que, pese a lo anterior, la Municipalidad de Quepos han convocado a las 81 familias beneficiadas y, por el contrario, ante supuestas anomalías de los terrenos, el gobierno local decidió darle por un año y medio el permiso de uso precario de esos terrenos a la Nombre105778 de Quepos, lo cual no está permitido en la ley mencionada. Señala que el 2 de octubre de 2024 participó en la sesión del Concejo Municipal de Quepos y reclamó la no entrega de los terrenos en cuestión y, por ende, la falta de ejecución de la ley nro. 10283. Agrega que ese mismo día planteó una solicitud respecto de la cual no ha obtenido respuesta. Solicita que se ejecute la ley nro. 10283, para lo cual se debe crear el reglamento, constituir la UTE y convocar a las 81 familias beneficiadas. Pide que se suspenda el permiso en uso precario otorgado a la Nombre105778, dado que no se cumplió con los procedimientos legales correspondientes. Requiere que se dé respuesta a lo peticionado el 2 de octubre de 2024.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
“Sobre la ejecución de la ley:
¿Se ha establecido un cronograma para la ejecución de esta ley, de ser así, cuál es su estado actual?
¿Qué acciones concretas ha tomado la Municipalidad para implementar la ley que otorga derechos sobre los inmuebles a las 81 familias que representamos?
Sobre la Unidad Técnica Ejecutora:
¿Cuáles son los nombres de las personas de la Unidad Técnica Ejecutora mencionada en el Artículo 4? Si no ha sido creada, ¿cuáles son los obstáculos para su creación?
Dado que hasta ahora no hemos recibido notificación sobre la creación de la UTE, ¿cómo se justifica el permiso otorgado a la Nombre105778 para administrar el galerón que pertenecía a la antigua Palma Tica, sin tener las 81 familias afectadas por esta ley noticia alguna del procedimiento de la aplicación, de la UTE?
¿Qué medidas se están tomando para garantizar que todas las familias reciban información sobre la UTE y su función en el proceso de asignación de derechos de propiedad?
Sobre el procedimiento administrativo:
¿Qué procesos administrativos se han llevado a cabo para establecer el derecho de propiedad según lo estipulado en el Artículo 5? específicamente para los terrenos donde se encuentran las aulas y para el galerón grande que fue un taller en su momento de Palma Tica y actualmente lo tiene en administración La Marina Pez Vela.
¿Qué tipo de documentación se llevó a cabo para los terrenos mencionados en el párrafo anterior?
Sobre el patrimonio histórico-arquitectónico:
¿Qué medidas se están tomando para conservar y mantener los inmuebles declarados como patrimonio histórico-arquitectónico, tal como indica el Artículo 6?
¿Se han establecido convenios con otras instituciones para la protección de estos inmuebles?
Sobre la transparencia y la rendición de cuentas, principios de la administración pública:
¿Qué mecanismos de rendición de cuentas se han establecido para que las 81 familias de La Zona Americana puedan conocer el avance en la ejecución de esta ley y los motivos detrás de las decisiones tomadas?
PETITORIA • Sobre todas estas preguntas, brindar informes sobre:
Un informe donde las preguntas sean respondidas.
Un informe de todos los actos que tengan que ver con los terrenos afectados por la ley 10283 que entró en vigencia desde el 20 de octubre del 2023 hasta el día de hoy, desglosados en: 1. Todos los actos desde la conformación de la UTE en ambos periodos de administración 2020-2024 cuando fue el alcalde don Nombre48201 y, 2. Todos los actos 2024 hasta hoy 2 de octubre del 2024, de la nueva administración 2024 Doña Patricia Bolaños que tengan que ver con esta ley.
Solicito mediante informe, la modificación del Plan Regulador "Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad De Quepos, Integración de la Variable Ambiental", o el instrumento de planificación territorial que se encontrara vigente, para autorizar la administración de los terrenos ya afectados de la Zona Americana, de acuerdo a (sic) los artículos 1 y 2 de la ley • Solicito además lo siguiente al honorable Concejo Municipal:
Que no haber creado la UTE, solicito que realicen la creación cuanto antes.
Solicito que ejecuten la Ley 10283.
Amparado en el artículo 6 de la ley 10283, solicito que, mientras se cree la UTE y ejecute la presente ley 10283, que, autoricen a las familias de la feria del agricultor a llevar a cabo la feria en el galerón que actualmente dieron en administración a La Marina Pez Vela, esto considerando que cumpliría con el alma del artículo mencionado totalmente, y no solo eso, sino también, agilizaría el fluido vial que se convierte en un caos vial cada fecha de feria en el centro de Quepos, siendo que la afectación de "embudo" se vería beneficiado el cantón al solucionar esta situación llevando la feria a este lugar, considerando que hay espacio suficiente para parqueo en todo el terreno donde era el Taller de la Palma Tica, que como recordatorio, es terreno de TODOS los Nombre105781 dado en administración a la Municipalidad de Quepos en pro de sus habitantes, nosotros los administrados, aunado a eso, la única vía directa hacia las Playas de Manuel Antonio y el Parque Nacional de Manuel Antonio, se descongestionaría para fechas futuras donde todos los empresarios esperan la llegada de turistas, una excelente solución donde la Responsabilidad Social de La Nombre105778 es eficaz en esta iniciativa privada con la Municipalidad de Quepos.
Solicito que reparen la calle justo al frente la Entrada del Dirección7816, que se encuentra con serios daños y lleva ya bastante tiempo en esas condiciones y resulta peligroso para que alguna persona caiga al caño, o un vehículo, niño en bicicleta (…)
Para notificaciones, las recibo al correo ...3526”. (Ver prueba documental).
En la especie, el recurrente señala que el 19 de octubre de 2022 se publicó en el diario oficial La Gaceta la ley nro. 10283, mediante la cual se aprobó la desafectación de los terrenos del barrio Dirección7814 para ser entregados a 81 familias; además, se dispuso la creación de la Unidad Técnica Ejecutora para efectuar junto con la Notaría del Estado la entrega de los terrenos. Acusa que, pese a lo anterior, la Municipalidad de Quepos han convocado a las 81 familias beneficiadas y, por el contrario, ante supuestas anomalías de los terrenos, el gobierno local decidió darle por un año y medio el permiso de uso precario de esos terrenos a la Nombre105778 de Quepos, lo cual no está permitido en la ley mencionada. Señala que el 2 de octubre de 2024 participó en la sesión del Concejo Municipal de Quepos y reclamó la no entrega de los terrenos en cuestión y, por ende, la falta de ejecución de la ley nro. 10283. Agrega que ese mismo día planteó una solicitud respecto de la cual no ha obtenido respuesta. Solicita que se ejecute la ley nro. 10283, para lo cual se debe crear el reglamento, constituir la UTE y convocar a las 81 familias beneficiadas. Pide que se suspenda el permiso en uso precario otorgado a la Nombre105778, dado que no se cumplió con los procedimientos legales correspondientes. Requiere que se dé respuesta a lo peticionado el 2 de octubre de 2024.
La Sala comprueba que en el acuerdo 29 del artículo sexto de la sesión ordinaria nro. 016-2024 celebrada por el Concejo Municipal de Quepos el 9 de julio de 2024 se confirió un permiso de uso de los antiguos talleres a Nombre105778 por un plazo de 18 meses, ello a cambio de la restauración de la edificación. El 2 de octubre de 2024, el accionante formuló una gestión ante el Concejo Municipal de Quepos, mediante la cual solicitó: “Sobre la ejecución de la ley: ¿Se ha establecido un cronograma para la ejecución de esta ley, de ser así, cuál es su estado actual? ¿Qué acciones concretas ha tomado la Municipalidad para implementar la ley que otorga derechos sobre los inmuebles a las 81 familias que representamos? Sobre la Unidad Técnica Ejecutora: ¿Cuáles son los nombres de las personas de la Unidad Técnica Ejecutora mencionada en el Artículo 4? Si no ha sido creada, ¿cuáles son los obstáculos para su creación?
Dado que hasta ahora no hemos recibido notificación sobre la creación de la UTE, ¿cómo se justifica el permiso otorgado a la Nombre105778 para administrar el galerón que pertenecía a la antigua Palma Tica, sin tener las 81 familias afectadas por esta ley noticia alguna del procedimiento de la aplicación, de la UTE? ¿Qué medidas se están tomando para garantizar que todas las familias reciban información sobre la UTE y su función en el proceso de asignación de derechos de propiedad? Sobre el procedimiento administrativo: ¿Qué procesos administrativos se han llevado a cabo para establecer el derecho de propiedad según lo estipulado en el Artículo 5? específicamente para los terrenos donde se encuentran las aulas y para el galerón grande que fue un taller en su momento de Palma Tica y actualmente lo tiene en administración La Marina Pez Vela. ¿Qué tipo de documentación se llevó a cabo para los terrenos mencionados en el párrafo anterior?
Sobre el patrimonio histórico-arquitectónico: ¿Qué medidas se están tomando para conservar y mantener los inmuebles declarados como patrimonio histórico-arquitectónico, tal como indica el Artículo 6? ¿Se han establecido convenios con otras instituciones para la protección de estos inmuebles? Sobre la transparencia y la rendición de cuentas, principios de la administración pública: ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas se han establecido para que las 81 familias de La Zona Americana puedan conocer el avance en la ejecución de esta ley y los motivos detrás de las decisiones tomadas? PETITORIA • Sobre todas estas preguntas, brindar informes sobre: Un informe donde las preguntas sean respondidas. Un informe de todos los actos que tengan que ver con los terrenos afectados por la ley 10283 que entró en vigencia desde el 20 de octubre del 2023 hasta el día de hoy, desglosados en: 1. Todos los actos desde la conformación de la UTE en ambos periodos de administración 2020-2024 cuando fue el alcalde don Nombre48201 y, 2.
Todos los actos 2024 hasta hoy 2 de octubre del 2024, de la nueva administración 2024 Doña Patricia Bolaños que tengan que ver con esta ley. Solicito mediante informe, la modificación del Plan Regulador "Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad De Quepos, Integración de la Variable Ambiental", o el instrumento de planificación territorial que se encontrara vigente, para autorizar la administración de los terrenos ya afectados de la Zona Americana, de acuerdo a (sic) los artículos 1 y 2 de la ley • Solicito además lo siguiente al honorable Concejo Municipal: Que no haber creado la UTE, solicito que realicen la creación cuanto antes. Solicito que ejecuten la Ley 10283. Amparado en el artículo 6 de la ley 10283, solicito que, mientras se cree la UTE y ejecute la presente ley 10283, que, autoricen a las familias de la feria del agricultor a llevar a cabo la feria en el galerón que actualmente dieron en administración a La Marina Pez Vela, esto considerando que cumpliría con el alma del artículo mencionado totalmente, y no solo eso, sino también, agilizaría el fluido vial que se convierte en un caos vial cada fecha de feria en el centro de Quepos, siendo que la afectación de "embudo" se vería beneficiado el cantón al solucionar esta situación llevando la feria a este lugar, considerando que hay espacio suficiente para parqueo en todo el terreno donde era el Taller de la Palma Tica, que como recordatorio, es terreno de TODOS los Nombre105781 dado en administración a la Municipalidad de Quepos en pro de sus habitantes, nosotros los administrados, aunado a eso, la única vía directa hacia las Dirección7819 y el Parque Nacional de Manuel Antonio, se descongestionaría para fechas futuras donde todos los empresarios esperan la llegada de turistas, una excelente solución donde la Responsabilidad Social de La Nombre105778 es eficaz en esta iniciativa privada con la Municipalidad de Quepos.
Solicito que reparen la calle justo al frente la Entrada del Barrio El Cerro, que se encuentra con serios daños y lleva ya bastante tiempo en esas condiciones y resulta peligroso para que alguna persona caiga al caño, o un vehículo, niño en bicicleta (…) Para notificaciones, las recibo al correo ...3526”. Mediante oficio MQ-CM-731-24-2024-2028 del 9 de octubre de 2024, la Secretaría del Concejo Municipal de Quepos comunicó al tutelado que en la sesión extraordinaria nro. 38-2024 celebrada el 2 de octubre de 2024 por ese Concejo se acordó trasladar su gestión a la administración municipal. Por memorial MQ-ALC-320-2025 del 7 de marzo de 2025, la alcaldesa de Quepos comunicó al tutelado el traslado del criterio técnico por medio del oficio MQ-UDI-VIAL-086-2025 emitido por el Departamento de Infraestructura Vial atinente a la calle frente a la entrada del barrio El Cerro, en el que se lee: “Por medio del presente, se informa que la construcción del paso de alcantarilla ubicado en la Dirección7818, que conduce al barrio El Cerro, se encuentra al 80% para su finalización, ya que aún se debe de chorrear uno de sus cabezales.
Actualmente, nos encontramos en la fase de aplicación de lozas de concreto en el mismo tramo vial, con el propósito de fortalecer la infraestructura y garantizar una obra más segura, duradera y funcional para el tránsito vehicular y peatonal. Agradecemos la comprensión y colaboración de los vecinos mientras se llevan a cabo estos trabajos”. Lo anterior fue notificado al tutelado el 10 de marzo de 2025.
Ahora bien, recuérdese que el tutelado acusa la falta de respuesta de la Municipalidad de Quepos de la gestión planteada el 2 de octubre de 2024. Acerca de esto, si bien las autoridades sostienen que durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal celebrada el 2 de octubre de 2025 se dio respuesta por parte del presidente del órgano colegiado durante su intervención, no menos cierto es que no se cuenta con elemento probatorio alguno que permita acreditar que la corporación local de Quepos haya dado una respuesta formal a cada una de las siguientes consultas planteadas por el accionante y que se haya notificado lo correspondiente al medio señalado para tales efectos: “Sobre la ejecución de la ley: ¿Se ha establecido un cronograma para la ejecución de esta ley, de ser así, cuál es su estado actual? ¿Qué acciones concretas ha tomado la Municipalidad para implementar la ley que otorga derechos sobre los inmuebles a las 81 familias que representamos?
Sobre la Unidad Técnica Ejecutora: ¿Cuáles son los nombres de las personas de la Unidad Técnica Ejecutora mencionada en el Artículo 4? Si no ha sido creada, ¿cuáles son los obstáculos para su creación? Dado que hasta ahora no hemos recibido notificación sobre la creación de la UTE, ¿cómo se justifica el permiso otorgado a la Nombre105778 para administrar el galerón que pertenecía a la antigua Palma Tica, sin tener las 81 familias afectadas por esta ley noticia alguna del procedimiento de la aplicación, de la UTE? ¿Qué medidas se están tomando para garantizar que todas las familias reciban información sobre la UTE y su función en el proceso de asignación de derechos de propiedad? Sobre el procedimiento administrativo: ¿Qué procesos administrativos se han llevado a cabo para establecer el derecho de propiedad según lo estipulado en el Artículo 5? específicamente para los terrenos donde se encuentran las aulas y para el galerón grande que fue un taller en su momento de Palma Tica y actualmente lo tiene en administración La Marina Pez Vela.
¿Qué tipo de documentación se llevó a cabo para los terrenos mencionados en el párrafo anterior? Sobre el patrimonio histórico-arquitectónico: ¿Qué medidas se están tomando para conservar y mantener los inmuebles declarados como patrimonio histórico-arquitectónico, tal como indica el Artículo 6? ¿Se han establecido convenios con otras instituciones para la protección de estos inmuebles? Sobre la transparencia y la rendición de cuentas, principios de la administración pública: ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas se han establecido para que las 81 familias de La Zona Americana puedan conocer el avance en la ejecución de esta ley y los motivos detrás de las decisiones tomadas? PETITORIA • Sobre todas estas preguntas, brindar informes sobre: Un informe donde las preguntas sean respondidas. Un informe de todos los actos que tengan que ver con los terrenos afectados por la ley 10283 que entró en vigencia desde el 20 de octubre del 2023 hasta el día de hoy, desglosados en: 1.
Todos los actos desde la conformación de la UTE en ambos periodos de administración 2020-2024 cuando fue el alcalde don Nombre48201 y, 2. Todos los actos 2024 hasta hoy 2 de octubre del 2024, de la nueva administración 2024 Doña Patricia Bolaños que tengan que ver con esta ley. Solicito mediante informe, la modificación del Plan Regulador "Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad De Quepos, Integración de la Variable Ambiental", o el instrumento de planificación territorial que se encontrara vigente, para autorizar la administración de los terrenos ya afectados de la Zona Americana, de acuerdo a (sic) los artículos 1 y 2 de la ley”.
En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso en lo que a la falta de atención de la gestión del 2 de octubre de 2024 concierne solo en cuanto a “Sobre la ejecución de la ley: ¿Se ha establecido un cronograma para la ejecución de esta ley, de ser así, cuál es su estado actual? ¿Qué acciones concretas ha tomado la Municipalidad para implementar la ley que otorga derechos sobre los inmuebles a las 81 familias que representamos? Sobre la Unidad Técnica Ejecutora: ¿Cuáles son los nombres de las personas de la Unidad Técnica Ejecutora mencionada en el Artículo 4? Si no ha sido creada, ¿cuáles son los obstáculos para su creación? Dado que hasta ahora no hemos recibido notificación sobre la creación de la UTE, ¿cómo se justifica el permiso otorgado a la Nombre105778 para administrar el galerón que pertenecía a la antigua Palma Tica, sin tener las 81 familias afectadas por esta ley noticia alguna del procedimiento de la aplicación, de la UTE?
¿Qué medidas se están tomando para garantizar que todas las familias reciban información sobre la UTE y su función en el proceso de asignación de derechos de propiedad? Sobre el procedimiento administrativo: ¿Qué procesos administrativos se han llevado a cabo para establecer el derecho de propiedad según lo estipulado en el Artículo 5? específicamente para los terrenos donde se encuentran las aulas y para el galerón grande que fue un taller en su momento de Palma Tica y actualmente lo tiene en administración La Marina Pez Vela. ¿Qué tipo de documentación se llevó a cabo para los terrenos mencionados en el párrafo anterior? Sobre el patrimonio histórico-arquitectónico: ¿Qué medidas se están tomando para conservar y mantener los inmuebles declarados como patrimonio histórico-arquitectónico, tal como indica el Artículo 6? ¿Se han establecido convenios con otras instituciones para la protección de estos inmuebles?
Sobre la transparencia y la rendición de cuentas, principios de la administración pública: ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas se han establecido para que las 81 familias de La Zona Americana puedan conocer el avance en la ejecución de esta ley y los motivos detrás de las decisiones tomadas? PETITORIA • Sobre todas estas preguntas, brindar informes sobre: Un informe donde las preguntas sean respondidas. Un informe de todos los actos que tengan que ver con los terrenos afectados por la ley 10283 que entró en vigencia desde el 20 de octubre del 2023 hasta el día de hoy, desglosados en: 1. Todos los actos desde la conformación de la UTE en ambos periodos de administración 2020-2024 cuando fue el alcalde don Nombre48201 y, 2. Todos los actos 2024 hasta hoy 2 de octubre del 2024, de la nueva administración 2024 Doña Patricia Bolaños que tengan que ver con esta ley. Solicito mediante informe, la modificación del Plan Regulador "Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad De Quepos, Integración de la Variable Ambiental", o el instrumento de planificación territorial que se encontrara vigente, para autorizar la administración de los terrenos ya afectados de la Zona Americana, de acuerdo a (sic) los artículos 1 y 2 de la ley”.
V.Aclarado lo anterior, recuérdese que en la gestión cuya falta de respuesta se acusa también se solicitó: “Solicito además lo siguiente al honorable Concejo Municipal: Que no haber creado la UTE, solicito que realicen la creación cuanto antes. Solicito que ejecuten la Ley 10283. Amparado en el artículo 6 de la ley 10283, solicito que, mientras se cree la UTE y ejecute la presente ley 10283, que, autoricen a las familias de la feria del agricultor a llevar a cabo la feria en el galerón que actualmente dieron en administración a La Marina Pez Vela, esto considerando que cumpliría con el alma del artículo mencionado totalmente, y no solo eso, sino también, agilizaría el fluido vial que se convierte en un caos vial cada fecha de feria en el centro de Quepos, siendo que la afectación de "embudo" se vería beneficiado el cantón al solucionar esta situación llevando la feria a este lugar, considerando que hay espacio suficiente para parqueo en todo el terreno donde era el Taller de la Palma Tica, que como recordatorio, es terreno de TODOS los Nombre105781 dado en administración a la Municipalidad de Quepos en pro de sus habitantes, nosotros los administrados, aunado a eso, la única vía directa hacia las Dirección7819 y el Parque Nacional de Manuel Antonio, se descongestionaría para fechas futuras donde todos los empresarios esperan la llegada de turistas, una excelente solución donde la Responsabilidad Social de La Nombre105778 es eficaz en esta iniciativa privada con la Municipalidad de Quepos (…)”.
Acerca de esto, resulta de relevancia traer a colación lo indicado en la sentencia nro. 2024008805 de las 9:20 horas del 5 de abril de 2024:
“(…) Primeramente, por oficio SMTA-010-2023 del 11 de agosto de 2023, el accionante mencionó a la Municipalidad de Atenas: “(…) Correo electrónico: ...3 (…) debido a que los funcionarios de esta municipalidad nos hemos quedado sin espacio para parquear nuestros vehículos, respetuosamente les solicitamos autorización para utilizar las instalaciones del Estadio Municipal de Atenas como parqueo (…)”. Ese escrito cuenta con sello de recibido del 21 de setiembre de 2023. Asimismo, por memorial SMTA-011-2023 del 11 de agosto de 2023, el recurrente señaló al gobierno local recurrido: “(…) Correo electrónico: . (…) debido a que los miembros de este sindicato no contamos con un espacio para realizar las reuniones tanto ordinarias, como extraordinarias, les solicitamos se nos asigne una oficina exclusiva para uso de SITRAMA (…)”. Tal memorial cuenta con sello de recibido del 27 de setiembre de 2023.
Al respecto, de la lectura integral de los memoriales SMTA-010-2023 y SMTA-011-2023 del 11 de agosto de 2023 se desprende que en el fondo tratan de exhortaciones y no de peticiones simples o de solicitudes de información. Acerca de este tema, la Sala se refirió en la sentencia nro. 2022018615 de las 9:05 horas del 12 de agosto de 2022:
“IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, los accionantes sostienen que el 9 de junio de 2022 remitieron a la dirección electrónica ...380 una gestión en la que solicitaron, entre otras cosas, les comunicaran sobre aspectos relacionados con la implementación de la Ley n.° 65 del 30 de julio de 1888 y el cumplimiento de una sentencia dictada por este Tribunal Constitucional. Afirman que tal gestión fue reiterada el 14 de junio de 2022, momento en el que se formuló de forma personal ante el despacho del ministro de Ambiente y Energía. Acusan que, al momento te interposición de este recurso, no han recibido respuesta alguna.
Del estudio de los autos se desprende que, el 9 de junio de 2022 la parte recurrente remitió un correo electrónico a la cuenta ...380, en el que se adjuntó un memorial que contiene una solicitud de información referente al cumplimiento de una sentencia dictada por este Tribunal. Al respecto, cabe señalar que en la especie se tiene como incontrovertido que tal correo electrónico constituye un medio oficial de la autoridad recurrida para recibir gestiones. Asimismo, la Sala verifica que tal gestión fue reiterada por la parte recurrente, dado que se aprecia que, 14 de junio de 2022, el despacho del ministro accionado recibió el memorial JFAC/032/2022 fechado 9 de junio de 2022.
En tal gestión, la parte accionante solicitó: “1. Se proceda en cuanto antes a cumplir el voto 12109-2008 de la Sala Constitucional, y se recuperen los terrenos de la zona inalienable, y mientras se lleve el procedimiento legal de recuperación, y tomando en cuenta que nos encontramos en una zona de alta recarga acuífera y de muy alta vulnerabilidad ambiental e hidrogeológica, se actúe por parte del MINAE en coordinación con las municipalidades, para que no se permitan actividades dentro de la ampliación del 2015 del Parque Braulio Carrillo y en el resto de la zona inalienable. 2. Solicitamos que, de todos los expedientes de reclamos de derechos de propiedad o posesión, antes de que el MINAE emita resoluciones que avalen o nieguen los derechos, se consulte como ente técnico registral al Registro de la Propiedad Inmueble y a la vez a la Procuraduría General de la República, sobre la veracidad de los derechos; esto ante la falta de pericia que pueden adolecer en el MINAE para resolver los casos (…) 9.
Se vuelvan a revisar por parte del MINAE, y se pida criterio al Registro nacional (sic) y Procuraduría General de la República los procedimientos y las resoluciones dictadas por ministros de ambiente anteriores por medio de las cuales han avalado derechos de propiedad de terrenos que geográficamente se encuentren en la zona inalienable, esto a efecto de la transparencia y tener la certeza que se hizo el procedimiento correspondiente y a derecho. 10. Considerando que los terrenos que se ubican en la Zona Inalienable (sic) de la Ley 65 de 1888, son patrimonio estatal, estando su administración bajo la tutela del MINAE, solicitamos que cualquier arreglo y construcción de un camino por parte del Ministerio de Obras Públicas o una municipalidad o particular se lleve a cabo previo aval del MINAE, el que considerará o tomará en cuenta el posible efecto ambiental sobre la zona que puede significar directamente las obras sobre el terrenos (sic), como las indirectas, como la carga humana por una mayor visitación de ciudadanos, en una zona ambientalmente frágil (…)”.
Sobre lo requerido por la parte recurrente en los puntos 1, 2, 9 y 10 de la gestión bajo estudio, cabe indicar que trata de exhortaciones y no de peticiones simples o de solicitudes de información. Al respecto, la Sala se refirió en la sentencia n.° 705-96 de las 16:12 horas de 7 de febrero de 1996:
“(…) Del análisis del oficio de fecha 29 de noviembre de 1995, enviado por el recurrente al Ministro de Obras Públicas y Transportes (Ver a folio 4) y cuya omisión de dar respuesta es el objeto de los alegatos aquí planteados, no se observa que tal omisión constituya violación al derecho de petición y pronta respuesta tutelado por el artículo 27 de la Constitución Política. En efecto, lo que sí se desprende de ese documento, es que el objetivo que buscaba era hacerle una exitativa (sic) al señor Ministro para que se abocara a promover al interior del Ministerio que tiene a su cargo el proceso ‘concertado, participativo y transparente en la cuestión de la Transformación del Estado’, tal y como lo afirma el recurrente en el libelo de interposición del recurso… En razón de lo anterior, no se podría pretender obligar al Ministro de Obras Públicas y Transportes a rendir una respuesta, pues no se le está solicitando que rinda información alguna sobre el proceso de transformación en su cartera, lo cuál (sic) hace necesario, declarar sin lugar el recurso. (…)” .
Mientras que en la sentencia n.° 2002003910 de las 15:55 horas de 30 de abril de 2002, esta Cámara consideró que:
“(…) II.- La recurrente acusa –además- que se ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política, pues a la fecha no se ha obtenido respuesta a la nota que remitió el Asesor Legal del Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública al Director del Personal del Ministerio de Educación Pública, esto el veintiséis de febrero pasado. Efectivamente, el citado artículo constitucional hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, a fin de que estos le informen o resuelvan asuntos de su interés, garantía que se complemente con el derecho de obtener pronta resolución. Sin embargo, de la lectura del escrito en mención y cuya omisión en resolver se acusa (ver copia a folio 6 del expediente), desprende esta Sala que tal gestión no encaja en los presupuestos del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues corresponde propiamente a una exhortativa o gestión de apoyo, con la que se procura incitar al recurrido para que interponga “sus buenos oficios para que se nombre en propiedad a la señora Nombre63954”.
De ahí, que si la intención de dicho Asesor Legal era procurar que el recurrido actuara de la forma que él pretendía y aún no lo han hecho, ello no constituye una omisión que pueda lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en el memorial inicial (ver en sentido similar sentencias número 1481-96 de las 18:15 horas del 27 de marzo de 1996, número 2000-8491 de las 15:01 horas del 26 de septiembre del 2000, y 2001-118 de las 9:26 horas del 5 de enero del 2001). (…)” (el destacado no es del original).
El Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en las supracitadas sentencias, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. En consecuencia, dado que lo requerido por la parte recurrente en los puntos 1, 2, 9 y 10 de la gestión del 9 de junio de 2022, reiterada el día 14 de ese mismo mes, constituyen exhortaciones, no procede acoger el amparo en lo que a tales agravios refiere” (el resaltado fue agregado).
Asimismo, en la sentencia nro. 2022021561 de las 9:30 horas del 16 de setiembre de 2022 se estableció:
“VI.- En los puntos 1, 4 y 5 de la gestión del 15 de junio de 2022, la parte recurrente solicitó: 1. Solicitamos revocar y dejar sin efecto el oficio JDC-SINDEU-314-2022 con fecha 6 de junio del 2022 (…) 4. Solicitamos una disculpa por parte de la Junta Directiva Central del SINDEU, por haber realizado "una revisión" de los afiliados sin haber tomado en cuenta a la Seccional de Maquinaria y Equipo. 5. Solicitamos que se subsanen estos hechos lamentables, para que no vuelvan a ocurrir en el futuro (…)”.
Obsérvese que tales requerimientos no tratan de solicitudes de información en ejercicio del derecho de asociación, sino que constituyen exhortaciones, en las que se procuró incitar al sindicato recurrido a efectuar una serie de actuaciones acordes con las pretensiones de los tutelados. Ergo, no se verifica la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada en cuanto a los puntos 1, 4 y 5 de la gestión del 15 de junio de 2022”.
En igual sentido, en la sentencia nro. 2023019751 de las 9:30 horas del 11 de agosto de 2023 se indicó:
“V.- Ahora bien, esta Cámara verifica que los puntos 2 y 3 de la gestión de la amparada, concernientes a “SEGUNDO: Sea de conocimiento general la lista de elegibles del puesto ocupacional de Profesionales en Enfermería actualizado a la fecha. TERCERO: Que las listas supra solicitadas sean debidamente “ubicadas en un lugar de fácil acceso a la persona funcionaria que así lo requieran o que demuestre un interés legítimo” como lo indica la circular GG-DAGP-0724-2021”, no versan sobre una solicitud de información ni alguna petición pura y simple, sino que tratan más bien de exhortaciones con las que se procura incitar a la autoridad recurrida a que haga de conocimiento general la lista de elegibles de profesionales en Enfermería y que incluso se ubiquen en determinados lugares. De allí que la aparente omisión en contestar tales puntos no implica una lesión a su derecho de petición ni tampoco al de pronta resolución y, por ende, no resulta amparable en esta Sala. Verbigracia, en lo atinente a estos temas, la Sala, mediante sentencia 2002-003910 de las 15:55 horas del 30 de abril de 2002, dispuso lo siguiente:
“II.- La recurrente acusa –además- que se ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política, pues a la fecha no se ha obtenido respuesta a la nota que remitió el Asesor Legal del Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública al Director del Personal del Ministerio de Educación Pública, esto el veintiséis de febrero pasado. Efectivamente, el citado artículo constitucional hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, a fin de que estos le informen o resuelvan asuntos de su interés, garantía que se complemente con el derecho de obtener pronta resolución. Sin embargo, de la lectura del escrito en mención y cuya omisión en resolver se acusa (ver copia a folio 6 del expediente), desprende esta Sala que tal gestión no encaja en los presupuestos del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues corresponde propiamente a una exhortativa o gestión de apoyo, con la que se procura incitar al recurrido para que interponga “sus buenos oficios para que se nombre en propiedad a la señora Nombre63954”.
De ahí, que si la intención de dicho Asesor Legal era procurar que el recurrido actuara de la forma que él pretendía y aún no lo han hecho, ello no constituye una omisión que pueda lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en el memorial inicial (ver en sentido similar sentencias número 1481-96 de las 18:15 horas del 27 de marzo de 1996, número 2000-8491 de las 15:01 horas del 26 de septiembre del 2000, y 2001-118 de las 9:26 horas del 5 de enero del 2001). (…)” (El destacado no es del original).
Tales consideraciones son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Así las cosas, se desestima el recurso en relación con tales extremos”.
En el sub examine, recuérdese que lo requerido por el amparado en los oficios SMTA-010-2023 y SMTA-011-2023 del 11 de agosto de 2023 cuya falta de respuesta se acusa fue la autorización para que las personas funcionarias de la Municipalidad de Atenas utilicen las instalaciones del estadio municipal para parquear y la asignación de una oficina para uso exclusivo de Sitrama, cuestiones que, evidentemente, no constituyen meras peticiones ni solicitudes de información, sino en exhortaciones. Por ende, al consistir en exhortaciones las gestiones planteadas por la parte accionante el 11 de agosto de 2023, no procede la estimatoria de este recurso en cuanto a estos extremos (…)”.
El precedente transcrito resulta aplicable al sub lite, dado que no se encuentran motivos para variar el criterio vertido ni razones para valorar de forma diferente la situación planteada. Ello por cuanto las solicitudes planteadas en el escrito del 2 de octubre de 2024 objeto de este considerando no constituyen meras peticiones ni solicitudes de información, sino que trata de exhortaciones, motivo por el cual no se acoge el asunto en cuanto a este agravio.
VI.De otro lado, adviértase que en la gestión del 2 de octubre de 2024 también se planteó una denuncia sobre el estado de una calle, ya que el tutelado señaló: “Solicito que reparen la calle justo al frente la Entrada del Barrio El Cerro, que se encuentra con serios daños y lleva ya bastante tiempo en esas condiciones y resulta peligroso para que alguna persona caiga al caño, o un vehículo, niño en bicicleta”. Sobre esto, se observa que, por memorial MQ-ALC-320-2025 del 7 de marzo de 2025, la alcaldesa de Quepos comunicó al tutelado el traslado del criterio técnico por medio del oficio MQ-UDI-VIAL-086-2025 emitido por el Departamento de Infraestructura Vial atinente a la calle frente a la entrada del barrio El Cerro, en el que se lee: “Por medio del presente, se informa que la construcción del paso de alcantarilla ubicado en la Dirección7818, que conduce al barrio El Cerro, se encuentra al 80% para su finalización, ya que aún se debe de chorrear uno de sus cabezales. Actualmente, nos encontramos en la fase de aplicación de lozas de concreto en el mismo tramo vial, con el propósito de fortalecer la infraestructura y garantizar una obra más segura, duradera y funcional para el tránsito vehicular y peatonal. Agradecemos la comprensión y colaboración de los vecinos mientras se llevan a cabo estos trabajos”. Lo anterior fue notificado al tutelado el 10 de marzo de 2025.
Así las cosas, nótese que, con anterioridad a que las autoridades recurridas fueron notificadas de la resolución de curso de este asunto, se notificó al amparado un oficio por medio del cual se hizo referencia a la denuncia sobre la calle del Dirección7816 y se explicó que esta es objeto de intervención de parte del gobierno local, cuyas obras se encuentran en un 80% de desarrollo. De este modo, la Sala no observa alguna situación en cuanto a este agravio que merezca ser objeto de conocimiento de esta Cámara, por lo que no se estima el recurso en cuanto a este extremo. Sin embargo, tomen nota las autoridades recurridas de que deberán coordinar lo pertinente y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias respectivas, a fin de que las obras que se efectúan en el Dirección7816 culminen dentro de un plazo razonable que sea conforme con los parámetros establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal.
VII.Finalmente, recuérdese que el recurso de amparo es de naturaleza eminentemente sumaria, por lo que su tramitación es incompatible con el diligenciamiento de pruebas extensas o complejas, lo que más bien corresponde a la vía ordinaria. Por ende, no corresponde a esta Cámara Constitucional establecer, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si se ha producido o no una demora en la ejecución de la ley nro. 10283, ni se han seguido el procedimiento adecuado para su implementación. Tampoco compete a este Tribunal establecer si resulta procedente o no el acuerdo suscrito entre la Municipalidad de Quepos y Nombre105778 en cuando al préstamo de una edificación por 18 meses, determinar si para su suscripción se respetaron los procedimientos previstos para el efecto, ni examinar si el Concejo Municipal recurrido es competente o no para tomar ese tipo de decisión.
En igual sentido, excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo examinar si existe un traslape de polígonos en el terreno en cuestión, ni establecer si hay o no inconsistencias para dividirlo en porciones. Lo anterior por cuanto realizar ese análisis haría necesario efectuar diligencias probatorias lentas y complejas, lo cual riñe con la naturaleza sumaria de este tipo de recurso y, más bien, corresponde ser dilucidado en la vía jurisdiccional ordinaria. En consecuencia, si el tutelado lo tiene a bien, puede formular tales disconformidades ante la propia autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional ordinaria.
Por último, si bien el accionante plantea pretensiones en relación con la Notaría del Estado, respecto de la cual solicita que se le brinde respuesta sobre el atraso en la inscripción de terrenos, entre otros, no menos cierto es que tal agravio fue planteado de manera genérica, dado que no se hizo referencia a alguna fecha concreta o alguna gestión específica en que se haya planteado tal requerimiento. Por ende, tampoco se acoge el amparo respecto a este agravio.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto a la falta de respuesta de la gestión del 2 de octubre de 2024 respecto a “Sobre la ejecución de la ley: ¿Se ha establecido un cronograma para la ejecución de esta ley, de ser así, cuál es su estado actual? ¿Qué acciones concretas ha tomado la Municipalidad para implementar la ley que otorga derechos sobre los inmuebles a las 81 familias que representamos? Sobre la Unidad Técnica Ejecutora: ¿Cuáles son los nombres de las personas de la Unidad Técnica Ejecutora mencionada en el Artículo 4? Si no ha sido creada, ¿cuáles son los obstáculos para su creación? Dado que hasta ahora no hemos recibido notificación sobre la creación de la UTE, ¿cómo se justifica el permiso otorgado a la Nombre105778 para administrar el galerón que pertenecía a la antigua Palma Tica, sin tener las 81 familias afectadas por esta ley noticia alguna del procedimiento de la aplicación, de la UTE?
¿Qué medidas se están tomando para garantizar que todas las familias reciban información sobre la UTE y su función en el proceso de asignación de derechos de propiedad? Sobre el procedimiento administrativo: ¿Qué procesos administrativos se han llevado a cabo para establecer el derecho de propiedad según lo estipulado en el Artículo 5? específicamente para los terrenos donde se encuentran las aulas y para el galerón grande que fue un taller en su momento de Palma Tica y actualmente lo tiene en administración La Marina Pez Vela. ¿Qué tipo de documentación se llevó a cabo para los terrenos mencionados en el párrafo anterior? Sobre el patrimonio histórico-arquitectónico: ¿Qué medidas se están tomando para conservar y mantener los inmuebles declarados como patrimonio histórico-arquitectónico, tal como indica el Artículo 6? ¿Se han establecido convenios con otras instituciones para la protección de estos inmuebles?
Sobre la transparencia y la rendición de cuentas, principios de la administración pública: ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas se han establecido para que las 81 familias de La Zona Americana puedan conocer el avance en la ejecución de esta ley y los motivos detrás de las decisiones tomadas? PETITORIA • Sobre todas estas preguntas, brindar informes sobre: Un informe donde las preguntas sean respondidas. Un informe de todos los actos que tengan que ver con los terrenos afectados por la ley 10283 que entró en vigencia desde el 20 de octubre del 2023 hasta el día de hoy, desglosados en: 1. Todos los actos desde la conformación de la UTE en ambos periodos de administración 2020-2024 cuando fue el alcalde don Nombre48201 y, 2. Todos los actos 2024 hasta hoy 2 de octubre del 2024, de la nueva administración 2024 Doña Patricia Bolaños que tengan que ver con esta ley. Solicito mediante informe, la modificación del Plan Regulador "Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad De Quepos, Integración de la Variable Ambiental", o el instrumento de planificación territorial que se encontrara vigente, para autorizar la administración de los terrenos ya afectados de la Zona Americana, de acuerdo a (sic) los artículos 1 y 2 de la ley”.
Se les ordena a Patricia Bolaños Murillo y Gilbert Cruz Jiménez, por su orden, alcaldesa y presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Quepos, coordinar lo necesario, tomar las medidas adecuadas y girar las órdenes que correspondan dentro del ámbito de sus competencias respectivas, a fin de que, en el plazo máximo de OCHO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se notifique al accionante al medio señalado para tales efectos la respuesta de la gestión formulada el 2 de octubre de 2024 en cuanto a: “Sobre la ejecución de la ley: ¿Se ha establecido un cronograma para la ejecución de esta ley, de ser así, cuál es su estado actual? ¿Qué acciones concretas ha tomado la Municipalidad para implementar la ley que otorga derechos sobre los inmuebles a las 81 familias que representamos? Sobre la Unidad Técnica Ejecutora: ¿Cuáles son los nombres de las personas de la Unidad Técnica Ejecutora mencionada en el Artículo 4?
Si no ha sido creada, ¿cuáles son los obstáculos para su creación? Dado que hasta ahora no hemos recibido notificación sobre la creación de la UTE, ¿cómo se justifica el permiso otorgado a la Nombre105778 para administrar el galerón que pertenecía a la antigua Palma Tica, sin tener las 81 familias afectadas por esta ley noticia alguna del procedimiento de la aplicación, de la UTE? ¿Qué medidas se están tomando para garantizar que todas las familias reciban información sobre la UTE y su función en el proceso de asignación de derechos de propiedad? Sobre el procedimiento administrativo: ¿Qué procesos administrativos se han llevado a cabo para establecer el derecho de propiedad según lo estipulado en el Artículo 5? específicamente para los terrenos donde se encuentran las aulas y para el galerón grande que fue un taller en su momento de Palma Tica y actualmente lo tiene en administración La Marina Pez Vela.
¿Qué tipo de documentación se llevó a cabo para los terrenos mencionados en el párrafo anterior? Sobre el patrimonio histórico-arquitectónico: ¿Qué medidas se están tomando para conservar y mantener los inmuebles declarados como patrimonio histórico-arquitectónico, tal como indica el Artículo 6? ¿Se han establecido convenios con otras instituciones para la protección de estos inmuebles? Sobre la transparencia y la rendición de cuentas, principios de la administración pública: ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas se han establecido para que las 81 familias de La Zona Americana puedan conocer el avance en la ejecución de esta ley y los motivos detrás de las decisiones tomadas? PETITORIA • Sobre todas estas preguntas, brindar informes sobre: Un informe donde las preguntas sean respondidas. Un informe de todos los actos que tengan que ver con los terrenos afectados por la ley 10283 que entró en vigencia desde el 20 de octubre del 2023 hasta el día de hoy, desglosados en: 1.
Todos los actos desde la conformación de la UTE en ambos periodos de administración 2020-2024 cuando fue el alcalde don Nombre48201 y, 2. Todos los actos 2024 hasta hoy 2 de octubre del 2024, de la nueva administración 2024 Doña Patricia Bolaños que tengan que ver con esta ley. Solicito mediante informe, la modificación del Plan Regulador "Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad De Quepos, Integración de la Variable Ambiental", o el instrumento de planificación territorial que se encontrara vigente, para autorizar la administración de los terrenos ya afectados de la Zona Americana, de acuerdo a (sic) los artículos 1 y 2 de la ley”. Tomen nota las autoridades recurridas de lo indicado in fine del considerando VI de este pronunciamiento. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Municipalidad de Quepos al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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