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Res. 08667-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 21/03/2025
OutcomeResultado
The Chamber granted amparo against the Municipality and Health Area for failing to notify complainants of the resolution, even though the substantive measures were already taken. It ordered them to resolve and notify within ten days. The claim against MINAE was denied.La Sala concedió el amparo contra la Municipalidad y el Área de Salud por no haber notificado la resolución a los denunciantes, pese a que las acciones de fondo ya se cumplieron. Se ordena resolver y notificar en diez días. El recurso contra el MINAE se declara sin lugar.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by residents against the Municipality of Palmares, the Ministry of Health, and MINAE, concerning an illegal open-air dump in Zaragoza de Palmares that was polluting the Río Grande and the ecosystem. The Chamber verified that after the complaints, the Municipality cleaned the site, fenced the property, and collected the waste; the Ministry of Health issued a sanitary order and confirmed compliance; and MINAE inspected and forwarded the complaint. However, neither the Municipality nor the Health Area resolved or formally notified the complainants of the final decision on their complaints—they merely informed them through letters about actions taken, without issuing a proper administrative act. Therefore, the Chamber granted the amparo against those two authorities for violating the right to prompt and complete administrative justice (Article 41 of the Constitution), ordering them to resolve and notify within ten days. MINAE was found not liable, and the Municipality was ordered to pay costs.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo contra la Municipalidad de Palmares, el Ministerio de Salud y el MINAE, interpuesto por vecinos que denunciaron un botadero clandestino en Zaragoza de Palmares, el cual contaminaba el Río Grande y el ecosistema. La Sala constató que, tras las denuncias, la Municipalidad realizó limpieza, cercado del predio y recolección de residuos, mientras el Ministerio de Salud emitió orden sanitaria y verificó su cumplimiento. El MINAE inspeccionó y trasladó la queja. Sin embargo, se determinó que ni la Municipalidad ni el Área Rectora de Salud notificaron a los denunciantes la resolución definitiva de sus gestiones, limitándose a informar mediante oficios sobre acciones, pero sin un acto administrativo que resolviera formalmente la denuncia. La Sala declaró con lugar el recurso por violación al derecho a la justicia pronta y cumplida (artículo 41 constitucional) respecto a dichas autoridades, ordenando resolver y notificar en diez días. El MINAE fue eximido. Se condenó en costas a la Municipalidad.
Key excerptExtracto clave
From the foregoing, the Chamber concludes that the respondent violated the petitioners' right to prompt and complete justice, since, to date, there is no evidence that it has prepared or communicated to the petitioners the decision taken regarding the complaint filed. Thus, the administration must not only issue the necessary acts to resolve the reported problem, but the decision must also be notified to the petitioners, since without proper communication it is impossible for the petitioner to know what has been done and the conclusion of the investigation or the procedure to follow as a result of the complaint, thereby violating the right to prompt and complete justice. In this case, there is no evidence that prior to the notification of the ruling admitting this amparo, the respondent authority had communicated the decision on the complaint submitted. It was not until February 12, 2025, that the respondent notified the petitioners of letter MS-DRRSCO-DARS-P-0207-2025 in response to their request, informing them that the inspection had verified a notable improvement in the reported situation and that apparently no solid waste had been deposited at the site again, thanks to the actions taken by the Municipality of Palmares, and therefore the sanitary order was considered completed and the problem resolved.De lo expuesto, se tiene que la parte accionada lesionó el derecho a una justicia pronta y cumplida de los amparados, ya que, a la fecha, no consta que haya elaborado ni comunicado a los tutelados, la resolución que se tomó en relación con la denuncia presentada. Así las cosas, la administración no solo debe dictar los actos correspondientes para resolver el problema denunciando, sino que lo resuelto debe ser notificado a los administrados, por lo que, sin la debida comunicación, no es posible para el administrado tener conocimiento de lo realizado y la conclusión de la investigación instaurada o el procedimiento a seguir, a raíz de la queja presentada, lo que se lesiona el derecho a una justicia pronta y cumplida. En la especie, no consta que previo a la notificación de la resolución que dio curso a este recurso, la autoridad recurrida haya comunicado la resolución a la denuncia presentada. Nótese que, fue hasta el 12 de febrero de 2025, que la autoridad recurrida notificó a los amparados la CARTA-MS-DRRSCO-DARS-P-0207-2025, en respuesta a la gestión planteada siendo que allí se les indicó que, en la inspección realizada se había comprobado una notable mejoría en la situación denunciada y que en apariencia no se había vuelto a disponer residuos sólidos en el sitio, a partir de las acciones tomadas por la Municipalidad de Palmares, por lo que se daba por finiquitada la orden sanitaria y por ende, el problema denunciado.
Pull quotesCitas destacadas
"la administración no solo debe dictar los actos correspondientes para resolver el problema denunciando, sino que lo resuelto debe ser notificado a los administrados, por lo que, sin la debida comunicación, no es posible para el administrado tener conocimiento de lo realizado y la conclusión de la investigación instaurada"
"the administration must not only issue the necessary acts to resolve the reported problem, but the decision must also be notified to the petitioners, since without proper communication it is impossible for the petitioner to know what has been done and the conclusion of the investigation"
Considerando VII
"la administración no solo debe dictar los actos correspondientes para resolver el problema denunciando, sino que lo resuelto debe ser notificado a los administrados, por lo que, sin la debida comunicación, no es posible para el administrado tener conocimiento de lo realizado y la conclusión de la investigación instaurada"
Considerando VII
"no consta que previo a la notificación de la resolución que dio curso a este recurso, la autoridad recurrida haya comunicado la resolución a la denuncia presentada... fue hasta el 12 de febrero de 2025, que la autoridad recurrida notificó a los amparados..."
"there is no evidence that prior to the notification of the ruling admitting this amparo, the respondent authority had communicated the decision on the complaint submitted... it was not until February 12, 2025, that the respondent notified the petitioners..."
Considerando VIII
"no consta que previo a la notificación de la resolución que dio curso a este recurso, la autoridad recurrida haya comunicado la resolución a la denuncia presentada... fue hasta el 12 de febrero de 2025, que la autoridad recurrida notificó a los amparados..."
Considerando VIII
"en asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano"
"in environmental matters, it is my view that if the Public Administration has already intervened, the case should be heard by the administrative contentious jurisdiction. However, I do examine the merits when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, such as health, quality of life, and the right to a healthy environment"
Nota del Magistrado Salazar Alvarado (Considerando XI)
"en asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano"
Nota del Magistrado Salazar Alvarado (Considerando XI)
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: March 21, 2025 at 09:30 Type of matter: Amparo action CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and thirty minutes on the twenty-first of March two thousand twenty-five.
Amparo action processed in expediente number 24-033947-0007-CO, filed by Nombre105720, identity card CED59363, Nombre105721, identity card CED59364, and Nombre105722, identity card CED59365, on their own behalf and on behalf of Nombre105723, identity card CED59366, against the MUNICIPALITY OF PALMARES, the MINISTRY OF HEALTH, and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.
Whereas:
Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,
Considering:
I.Purpose of the action. The petitioners state that, on September 3, 2024, in Dirección7784, Zaragoza de Palmares, they came across a clandestine dump located beside the Dirección7786, which affects the Río Grande and the aquifers (acuíferos) of the area, and that the neighbors indicated this problem has existed for a long time and that the Municipality of Palmares has not taken action to solve it. They note that, on September 5, 2024, they filed a complaint for environmental contamination with the Central Conservation Area (Área de Conservación Central), and on September 12, 2024, another with the Municipality regarding the illegal dump, requesting closure of the dump, cleanup, and waste management. They add that the situation was likewise reported to the Health Governing Area (Área Rectora de Salud). They affirm that, on September 17, 2024, the Office of the Central Conservation Area confirmed the reported facts and recommended transferring the complaint to the Municipality and the Ministry of Health.
They relate that the Health Area recommended issuing a sanitary order (orden sanitaria) for the inadequate waste disposal, and on October 1, 2024, the respondent Municipality communicated an Action Plan, but upon visiting the site on November 2, 2024, they only found a fence installed and no progress had been made on garbage collection. They consider that the environmental situation remains serious, affecting their fundamental rights.
II.Preliminary issue. Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, starting from Judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this case, an exception arises—supported by the majority of this Constitutional Court—since these are administrative proceedings involving alleged contamination problems from an illegal dump located in Palmares, which could put the environment and health of the neighbors at risk. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
III.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent has failed to refer to them as provided in the initial order:
A.- Regarding the Municipality of Palmares.
B.- Regarding the Health Area of Palmares.
Nombre5650.- Regarding the San Ramón Subregional Office of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy.
Sole. That, as of today, the Mayor of Palmares and the Director of the San Ramón Conservation Area have, respectively, resolved the filed complaint and notified the corresponding decision to the complainants.
V.On the right to prompt and fulfilled justice. Article 41 of the Political Constitution recognizes the right to justice, which must be granted in a timely and swift manner, and therefore the Administration has the obligation to guarantee the fulfillment of prompt and fulfilled justice, which translates into the fact that the administered parties, in addition to having the right to resort to jurisdictional bodies for the resolution of their conflicts of interest among their peers, and between the administered parties and the various administrative bodies, have the right for administrative justice to decide the claims raised by them with diligence and celerity. Likewise, it is important to note that, by virtue of article 48 of the Political Constitution, international provisions on the protection of human rights are introduced into our legal system, among which the content of article 8, first paragraph, of the American Convention on Human Rights stands out, a norm that imposes the obligation on the administration to resolve the petitions presented by the administered parties within a reasonable time.
VI.On the merits. In accordance with the provisions of articles 21, 50, and 169 of the Political Constitution, the Administration and the Municipalities are obligated to guarantee the existence of a healthy and ecologically balanced environment, free of elements that could put people's health at risk (see Judgments No. 2005-004650 at 17:43 hours on April 26, 2015, and No. 2010-013286 at 16:04 hours on August 10, 2010). In the specific case, the petitioners accuse that, in Dirección7784, in Zaragoza de Palmares, an illegal dump for garbage and debris operates, generating contamination problems. Given that three authorities are charged based on the facts reported by the petitioner, an analysis of the acts carried out by each of them will proceed.
VII.Regarding the Municipality of Palmares. Article 169 of the Political Constitution establishes the duty of the country's Municipalities to look after the interests of the inhabitants of their jurisdiction, hence, in reiterated pronouncements, this Chamber has indicated that said corporations are obligated to eliminate any type of threat that puts at risk the rights to health and a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton (see in that sense Judgments No. 2008-11739, at 12:12 hours on July 25, 2008, and No. 2011-003043, at 16:03 hours on March 8, 2011).
In the case under study, the Chamber verified that, on September 12, 2024, the protected parties filed a complaint regarding the operation of an illegal dump located in Dirección7784, in Zaragoza de Palmares, for which reason an inspection was carried out at the site, and the existence of illegally dumped solid waste was verified. By virtue of this, they carried out the corresponding administrative acts to proceed to fence the land and prevent the continued dumping of garbage, with the result that, by November 1, 2024, the fencing of the lot was completed, and on December 6 of that year, the waste was collected. Subsequently, meetings were held with the neighbors, and they were urged to report illegal acts associated with waste dumping. Likewise, the crew chief was instructed that he must visit the land weekly and, if applicable, collect, separate, and dispose of any garbage found. From the foregoing, it follows that, at the time the Mayor was notified of the resolution admitting this action, the problem reported by the protected parties had already been solved, and the provisions of sanitary order (orden sanitaria) No. MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024, dated September 20, 2024, had been complied with.
However, despite the fact that through official communication MP-USP-326-2024, dated October 1, 2024, the Head of the Public Services Unit informed the protected parties that an action plan was being developed to address the reported problem, subsequent to that, there is no record that an administrative act was issued resolving the complaint and notifying the relevant decision to the administered parties.
From the foregoing, it is concluded that the respondent party violated the right to prompt and fulfilled justice of the protected parties, since, as of today, there is no record that the resolution made in relation to the complaint filed has been drafted or communicated to the protected persons. Thus, the administration must not only issue the corresponding acts to resolve the reported problem, but the resolution must be notified to the administered parties; therefore, without proper communication, it is impossible for the administered party to have knowledge of what was done and the conclusion of the investigation initiated or the procedure to follow, as a result of the complaint filed, which violates the right to prompt and fulfilled justice. Hence, regarding this authority, the appropriate course is to grant the amparo action for violation of article 41 of the Political Constitution.
VIII.Regarding the Palmares Health Governing Area, of the Central West Regional Health Governance Directorate, of the Ministry of Health.
This Chamber has held, in its extensive case law, that it is from Article 21 of the Political Constitution that the inviolability of human life is enshrined, from which the right to health derives and that, without any doubt, this right is intimately linked to the right of all persons to live in a healthy and balanced environment, as contemplated in Article 50 of the Political Constitution. Faced with that right, the State, in a broad sense, has the obligation to provide timely and adequate protection for the environment, through various entities and organs, each within the framework of their respective competencies.
In the case at hand, from the study of the case file and based on the facts proven, the Chamber verifies that, from the moment the authority became aware of the complaint, it conducted an inspection at the indicated location and verified that solid waste was indeed being deposited there, which, due to the slope of the land, fell near the banks of the Río Grande. By virtue of the foregoing, and in compliance with the provisions of Article 8 of the Law for the Integrated Management of Solid Waste (Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos), No. 8839, of June 24, 2010, which indicates that municipalities are responsible for the integrated management of waste generated in their canton, sanitary order No. MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024, of September 20, 2024, was issued to the Mayor of the Municipality of Palmares. In said sanitary order, the Municipal Corporation was ordered to execute the necessary actions to eliminate the final disposal of solid waste being accumulated in the open at an unauthorized site, in order to prevent environmental pollution and the pollution of water bodies. However, subsequent to that, an abandonment of the case file is noted, given that it was not until the notification of the ruling that gave course to this remedy that they proceeded to activate the process and verify compliance with said order.
One must not lose sight of the fact that administrative procedure is defined as a set of acts—by the directing, deciding administrative body and by the petitioner themselves—concatenated and teleologically linked or united that require time to be verified. Consequently, the processing of requests made by individuals requires a necessary time to guarantee respect for their fundamental rights, an adequate weighting of the factual and legal elements, the private interest, the interests of third parties, and the public interests involved. However, the foregoing does not legally legitimize public administrations to indefinitely prolong the consideration and resolution of the matters that individuals have entrusted to them, since, in such a case, proceedings are pathologically prolonged for causes exclusively attributable to these administrations, given that individuals have no duty or obligation to tolerate such delays and undue dilations.
In this specific case, there is no record that, prior to the notification of the ruling that gave course to this remedy, the respondent authority had communicated its decision in response to the complaint filed. It should be noted that it was not until February 12, 2025, that the respondent authority notified the protected parties of CARTA-MS-DRRSCO-DARS-P-0207-2025, in response to the filed petition, wherein they were informed that, in the inspection conducted, a notable improvement in the denounced situation had been verified and that apparently, solid waste had not been disposed of again at the site, following the actions taken by the Municipality of Palmares, thus the sanitary order was considered finalized and, consequently, the denounced problem resolved.
Consequently, it is appropriate to grant the remedy in relation to this authority, without a special order as to costs, damages, and losses, and without any further order, since, as indicated above, the attributed omission has already ceased.
IX.Regarding the San Ramón Subregional Office of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE). It was confirmed that this authority did not harm any constitutional right of the appealing party, given that when it became aware of the complaint, it inspected the site and forwarded the complaint to the corresponding instances, namely, the Ministry of Health and the Municipality, both of the canton of Palmares, and this was duly notified to the complainants.
I have supported this Court's thesis that, when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative sphere, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right to Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the newly enacted regulations do not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as this Court, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence.
Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases that are appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-002545 of 08:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.
In environmental matters, it is the undersigned's criterion that, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution belongs to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do consider the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy, pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where problems of pollution from an open-air garbage dump located in Zaragoza de Palmares are alleged, which affects the health of the community and, furthermore, violates the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment as well as a dignified level of quality of life.
The parties are forewarned that, should they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File Before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The remedy is declared with merit against the authorities of the Municipality of Palmares and the Palmares Health Governing Area (Área Rectora de Salud Palmares), for the violation of Article 41 of the Political Constitution. It is ordered to José Andrés Vargas Rodríguez, Adrián Vásquez Gutiérrez, and Marta Jeaninna Rojas Rojas, in their respective capacities as Mayor, Head of the Municipal Services Unit, and Head of the Environment Unit, all of the Municipality of Palmares, that within a TERM OF TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the complaint filed by the appellant be definitively resolved, and the corresponding decision be notified to the address indicated for such purposes. The foregoing, under the warning that based on the provisions of Article 71 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued in an amparo remedy, and does not carry it out or enforce it, provided that the offense is not more severely punished.
As for the San Ramón Subregional Office of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, the remedy is declared without merit. The Municipality of Palmares is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the enforcement of judgment of the contentious-administrative procedure. Judges Castillo Víquez and Salazar Alvarado set forth separate notes.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Sentencias Relacionadas SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiuno de marzo de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-033947-0007-CO, interpuesto por Nombre105720, cédula de identidad CED59363, Nombre105721, cédula de identidad CED59364 y Nombre105722, cédula de identidad CED59365, a su favor y de Nombre105723, cédula de identidad CED59366, contra la MUNICIPALIDAD DE PALMARES, el MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA.
Resultando:
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. Los recurrentes manifiestan que, el 3 de septiembre de 2024, en Dirección7784, Zaragoza de Palmares, se encontraron con un botadero clandestino ubicado al lado de la Dirección7786, que afecta el Río Grande y los acuíferos de la zona siendo que los vecinos señalaron que este problema existe desde hace mucho tiempo y que la Municipalidad de Palmares no ha tomado acciones para solucionarlo. Acotan que, el 5 de septiembre de 2024, presentaron una denuncia por contaminación ambiental ante el Área de Conservación Central y el 12 de septiembre de 2024, otra ante la Municipalidad por el basurero ilegal, en la que se solicitó cerrar el vertedero, limpiar y gestionar los residuos. Agregan que, en igual sentido se denunció la situación ante el Área Rector de Salud. Afirman que, el 17 de septiembre de 2024, la Oficina de del Área de Conservación Central constató los hechos denunciados y recomendó trasladar la queja a la Municipalidad y al Ministerio de Salud.
Refieren que, el Área de Salud recomendó emitir una orden sanitaria por la inadecuada disposición de residuos y el 1 de octubre de 2024, la Municipalidad recurrida comunicó un Plan de Acción, pero al visitar el lugar el 2 de noviembre de 2024, solo encontraron una cerca instalada y no se había avanzado en la recolección de basura. Consideran que la situación ambiental sigue siendo grave, afectando sus derechos fundamentales.
II.Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia Nº 2008-02545, de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues se está ante gestiones administrativas en las que se alegan problemas de contaminación provenientes de un botadero ilegal ubicado en Palmares, con lo cual se podrían poner en riesgo el ambiente y salud de los vecinos. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
A.- En cuanto a la Municipalidad de Palmares.
m)A las 14:48 horas del 07 de febrero de 2025, se notificó al Alcalde recurrido la resolución que dio curso al presente recurso (ver acta de notificación).
B.- En relación con el Área de Salud de Palmares.
Nombre5650.- En relación con la Oficina Subregional de San Ramón del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía.
Único. Que, a la fecha, el Alcalde de Palmares y el Director del Área de Conservación de San Ramón hayan resuelto, respectivamente, la queja interpuesta y notificado lo correspondiente a los denunciantes.
V.Sobre el derecho a una justicia pronta y cumplida. El artículo 41, de la Constitución Política, reconoce el derecho a una justicia, mismo que debe otorgarse de forma oportuna y célere, por lo que la Administración tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de justicia pronta y cumplida, lo que se traduce en que, los administrados, además de tener el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para la solución de sus conflictos de interés entre sus pares, y entre los administrados y los diversos órganos administrativos, tienen el derecho a que la justicia administrativa decida con diligencia y celeridad los reclamos planteados por estos. Asimismo, es importante señalar que, en virtud del artículo 48, de la Constitución Política, se introducen en nuestro ordenamiento las disposiciones de carácter internacional en materia de protección de los derechos humanos, dentro de los cuales destaca el contenido del artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma que impone la obligación de que la administración resuelva las gestiones que presentan los administrados en un tiempo razonable.
VI.Sobre el fondo. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, 50 y 169, de la Constitución Política, la Administración y las Municipalidades se encuentran en la obligación de garantizar la existencia de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que se encuentre libre de elementos que puedan poner en riesgo la salud de las personas (véase las Sentencias N° 2005-004650 de las 17:43 horas del 26 de abril de 2015 y N° 2010-013286 de las 16:04 horas del 10 de agosto de 2010). En el caso concreto, los recurrentes acusan que, en el Dirección7784, en Zaragoza de Palmares, funciona un botadero ilegal de basura y escombros que genera problemas de contaminación. Dado que son tres autoridades recurridas por los hechos denunciados por el recurrente, se procederá al análisis de los actos realizados por cada una de ellas.
VII.En cuanto a la Municipalidad de Palmares. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone el deber de las Municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, esta Sala ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véanse en ese sentido las Sentencias N° 2008-11739, de las 12:12 horas del 25 de julio de 2008 y N° 2011-003043, de las 16:03 horas del 08 de marzo de 2011).
En el caso bajo estudio, la Sala verificó, que el 12 de setiembre de 2024, los amparados interpusieron una denuncia por el funcionamiento de un vertedero ilegal ubicado en Dirección7784, en Zaragoza de Palmares, razón por la cual se realizó una inspección en el sitio y se verificó la existencia de residuos sólidos arrojados de manera ilegal. En virtud de ello, realizaron los actos administrativos correspondientes para proceder a cercar el terreno e impedir que se continuara arrojando basura, siendo que, al 01 de noviembre de 2024, se finalizó el cercado del lote y el 06 de diciembre de ese año, se recogieron los desechos. Posteriormente, se efectuaron reuniones con los vecinos y los instaron a reportar actos de ilegalidad asociados con el vertido de los residuos. Asimismo, se le indicó, al jefe de cuadrillas, que semanalmente debía visitar el terreno y si era el caso, recolectar, separar y disponer de la basura encontrada.
De lo expuesto, se desprende que, al momento que el Alcalde fue notificado de la resolución que dio curso al presente recurso, ya se había solucionado el problema denunciado por los amparados y cumplido con lo dispuesto en la orden sanitaria N° MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024, del 20 de setiembre de 2024. No obstante, pese a que mediante oficio MP-USP-326-2024, del 01 de octubre de 2024, el Jefe de la Unidad de Servicios Públicos les comunicó a los amparados que, se estaba desarrollando un plan de acción para abordar la problemática denuncia, posterior a ello, no consta que se haya dictado un acto administrativo mediante el cual se haya resuelto la queja y notificado lo pertinente a los administrados.
De lo expuesto, se tiene que la parte accionada lesionó el derecho a una justicia pronta y cumplida de los amparados, ya que, a la fecha, no consta que haya elaborado ni comunicado a los tutelados, la resolución que se tomó en relación con la denuncia presentada. Así las cosas, la administración no solo debe dictar los actos correspondientes para resolver el problema denunciando, sino que lo resuelto debe ser notificado a los administrados, por lo que, sin la debida comunicación, no es posible para el administrado tener conocimiento de lo realizado y la conclusión de la investigación instaurada o el procedimiento a seguir, a raíz de la queja presentada, lo que se lesiona el derecho a una justicia pronta y cumplida. Por ende, en cuanto a esta autoridad, lo procedente es declarar con lugar el recurso por violación al artículo 41, de la Constitución Política.
VIII.En relación con Área Rectora de Salud Palmares, de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud, Central Occidente, del Ministerio de Salud. La Sala ha sostenido, en su copiosa jurisprudencia, que es del artículo 21, de la Constitución Política, que se consagra la inviolabilidad de la vida humana, del cual se desprende el derecho a la salud y que, sin duda alguna, el mismo se encuentra íntimamente ligado al derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano y equilibrado, que contempla el artículo 50, de la Constitución Política. Frente a ese derecho surge para el Estado, en sentido amplio, la obligación de procurar una protección oportuna y adecuada al ambiente, a través de diversos entes y órganos, cada uno dentro del marco de sus respectivas competencias.
En el sub-lite, del estudio de los autos y a partir del cuadro de hechos probados, la Sala verifica que desde el momento que la autoridad tuvo conocimiento de la denuncia realizó la inspección en el lugar señalado y verificó, que efectivamente allí se depositaban residuos sólidos, los cuales por pendiente del terreno caían cerca de las márgenes del Río Grande. En virtud de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8, de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, N° 8839, del 24 de junio de 2010, que indica que, las municipalidades son responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón, se giró la orden sanitaria N° MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024, del 20 de setiembre de 2024, al Alcalde de la Municipalidad de Palmares. En dicha orden sanitaria, se le ordenó a la Corporación Municipal ejecutar las acciones necesarias para eliminar la disposición final de los residuos sólidos que son acumulados a cielo abierto en un sitio no autorizado, con el fin de evitar la contaminación al ambiente y la de los cuerpos de agua. No obstante, posterior a ello, se constata un abandono del expediente, toda vez que fue hasta con la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso, que procedieron a activar el proceso y verificar el cumplimiento de dicha orden.
No debe perderse de perspectiva, que el procedimiento administrativo se define como un conjunto de actos -del órgano administrativo director, decisor y del propio gestionante- concatenados y teleológicamente vinculados o unidos que precisan de tiempo para verificarse. Consecuentemente, la substanciación de las solicitudes formuladas por los administrados requiere de un tiempo necesario que garantice el respeto de los derechos fundamentales de éstos, una ponderación adecuada de los elementos fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los intereses públicos involucrados. Sin embargo, lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos que los administrados les han empeñado, puesto que, en tal supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el deber o la obligación de tolerar tales atrasos y dilaciones indebidas.
En la especie, no consta que previo a la notificación de la resolución que dio curso a este recurso, la autoridad recurrida haya comunicado la resolución a la denuncia presentada. Nótese que, fue hasta el 12 de febrero de 2025, que la autoridad recurrida notificó a los amparados la CARTA-MS-DRRSCO-DARS-P-0207-2025, en respuesta a la gestión planteada siendo que allí se les indicó que, en la inspección realizada se había comprobado una notable mejoría en la situación denunciada y que en apariencia no se había vuelto a disponer residuos sólidos en el sitio, a partir de las acciones tomadas por la Municipalidad de Palmares, por lo que se daba por finiquitada la orden sanitaria y por ende, el problema denunciado.
En consecuencia, lo procedente es estimar el recurso en relación con esta autoridad, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, y sin orden alguna, ya que como se indicó supra, la omisión atribuida ya cesó.
IX.En cuanto a la Oficina Subregional de San Ramón del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía. Se confirmó que esta autoridad no lesionó derecho constitucional alguno a la parte recurrente, toda vez que cuando tuvo conocimiento de la denuncia, inspeccionó el sitio y trasladó la queja a las instancias correspondientes, a saber, el Ministerio de Salud y la Municipalidad, ambas del cantón de Palmares, siendo que ello, le fue debidamente notificado a los denunciantes.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n. ° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le esté n afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia No. 2008-002545 de las 08:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusan problemas de contaminación provenientes de un vertedero de basura a cielo abierto ubicado en Zaragoza de Palmares, lo que afecta la salud de la comunidad y además, viola el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado así como un nivel digno de calidad de vida.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso en contra de las autoridades de la Municipalidad de Palmares y del Área Rectora de Salud Palmares, por la violación al artículo 41, de la Constitución Política. Se ordena a José Andrés Vargas Rodríguez, Adrián Vásquez Gutiérrez, y Marta Jeaninna Rojas Rojas, en su carácter respectivo de Alcalde, Encargado de la Unidad de Servicios Municipales y Encargada de la Unidad de Ambiente, todos de la Municipalidad de Palmares, que dentro del PLAZO DE DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se resuelva de manera definitiva la denuncia planteada por el recurrente, y se notifique lo correspondiente al medio señalado para tales efectos. Lo anterior, bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
En cuanto a la Oficina Subregional de San Ramón del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, se declara sin lugar el recurso. Se condena a la Municipalidad de Palmares al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado consignan nota, de manera separada.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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