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Res. 08700-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 21/03/2025
OutcomeResultado
The amparo is granted solely against CONAVI, ordering it to address the situation of the rotten tree within three months and ordering the State to pay costs, damages, and losses.Se declara con lugar el recurso solo contra el CONAVI, ordenándole atender la situación del árbol podrido en un plazo máximo de tres meses y condenando al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo action filed against the National Road Council (Conavi) for failing to address a rotten poró tree located within the right-of-way of national route 214 in the canton of Desamparados. The petitioner alleged that the tree, approximately 20 meters tall with a rotted base and trunk, posed an imminent risk of falling and endangering people transiting the area. Despite the Municipality of Desamparados having notified Conavi of the situation in 2019, no action had been taken. Conavi argued it had attempted coordination with the Municipality of San José, which refused to intervene due to lack of territorial jurisdiction, and claimed uncertainty about whether the tree was within the right-of-way. The Chamber found that more than five years had passed without Conavi addressing the problem, deeming the delay disproportionate and unreasonable, contrary to state efficiency. The amparo was granted solely against Conavi, ordering it to resolve the situation within three months and ordering the State to pay costs, damages, and losses. Justice Castillo Víquez added a separate opinion regarding the Chamber's jurisdiction over claims of delayed justice in administrative proceedings.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto contra el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por la omisión en atender un árbol de poró podrido ubicado en el derecho de vía de la ruta nacional 214, en el cantón de Desamparados. El recurrente alegó que el árbol, de aproximadamente 20 metros de altura y con la base y tronco podridos, representaba un riesgo inminente de caída para las personas que transitan por el lugar, y que pese a haber sido puesto en conocimiento del Conavi desde 2019 mediante oficio de la Municipalidad de Desamparados, la institución no había tomado acciones. En su defensa, el Conavi argumentó que había intentado coordinaciones con la Municipalidad de San José, sin éxito, y que no se había determinado con certeza si el árbol estaba dentro del derecho de vía. Sin embargo, la Sala constató que la Municipalidad de San José declinó intervenir por carecer de jurisdicción territorial y que los correos del Conavi se referían a otro árbol. Ante la inactividad de más de cinco años, la Sala consideró el plazo como desproporcionado e irrazonable, contrario a la eficiencia estatal, y declaró con lugar el recurso, ordenando al Conavi atender la situación en un plazo máximo de tres meses y condenando al Estado al pago de costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo Víquez consignó una nota separada sobre la competencia de la Sala en casos de justicia pronta y cumplida en sede administrativa.
Key excerptExtracto clave
Upon examining the record, the Chamber found it proven that, through official document no. DT-AP-398-2019 of November 5, 2019, the Environmental Management and Risk Prevention Unit of the Municipality of Desamparados communicated to the respondent: "…it is concluded that the poró tree is located on the shoulder of the right-of-way of national route 214; therefore, the case is referred to the Road and Bridge Conservation Management of the National Road Council (CONAVI) via official document DT-AP-397-2019 for its respective assessment and to proceed with pruning or removing the tree in order to avoid any inconvenience." Likewise, it was undisputed that the situation at issue in this proceeding was brought to Conavi's attention in 2019. Now, in the report submitted, Conavi authorities indicated they have attempted to coordinate with the Municipality of San José to address the reported problem. However, they blame that municipality for not responding to their emails. When analyzing the evidence, the Chamber points out that the Municipality of San José declined to address the matter, given that the tree in question is located in the canton of Desamparados and, therefore, outside its jurisdiction. It also indicated that Conavi's emails referred to a different tree that was already attended to. Based on the foregoing, the Chamber could not find it proven that Conavi sought to address the reported problem. Indeed, since the complaint and coordination originated from the Municipality of Desamparados, any subsequent coordination should have occurred with it. Additionally, this Court notes that more than five years have elapsed since the situation was brought to Conavi's attention, without that entity addressing the problem. Said period is openly disproportionate and unreasonable, contrary to the efficiency and effectiveness that must prevail in state action. By virtue of the foregoing, the amparo is granted, only against Conavi, the entity to which the aforementioned omission is attributed.Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante oficio nro. DT-AP-398-2019 de 5 de noviembre de 2019, la Unidad de Gestión Ambiental y Prevención de Riesgos de la Municipalidad de Desamparados comunicó al tutelado: “…se concluye que el árbol de poró se ubica en el espaldón del derecho vía de la ruta nacional 214 por ende, el traslada el caso a la Gerencia Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) mediante oficio DT-AP-397-2019 para su respectiva valoración y que se proceda a podar o eliminar el árbol con el fin de evitar cualquier inconveniente”. Asimismo, fue incontrovertido que la situación, objeto de este proceso, fue puesta en conocimiento del Conavi en 2019. Ahora bien, en el informe rendido, las autoridades del Conavi indicaron que han procurado coordinar con la municipalidad de San José para atender el problema expuesto. Sin embargo, achacan que esa municipalidad no ha respondido a sus correos. Al analizar los elementos de prueba, la Sala destaca que la municipalidad de San José declinó que el tema fuera tratado con ella, visto que el árbol en cuestión se encuentra en el cantón de Desamparados y, por tanto, está fuera de su jurisdicción. Asimismo, indicó que los correos del Conavi se referían a otro árbol que sí fue atendido. Con base en lo anterior, la Sala no pudo tener por probado que el Conavi procurara la atención del problema denunciado. En efecto, dado que la denuncia y coordinación provino de la municipalidad de Desamparados, lo cierto es que cualquier coordinación posterior debió ocurrir con ella. Además, este Tribunal nota que han transcurrido más de cinco años desde que se puso la situación en conocimiento del Conavi, sin que esa instancia atendiera el problema. El citado plazo es abiertamente desproporcionado e irrazonable, contrario a la eficiencia y eficacia que debe imperar en el actuar estatal. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso, solo en contra del Conavi, instancia a la que se atribuye la omisión señalada.
Pull quotesCitas destacadas
"han transcurrido más de cinco años desde que se puso la situación en conocimiento del Conavi, sin que esa instancia atendiera el problema. El citado plazo es abiertamente desproporcionado e irrazonable, contrario a la eficiencia y eficacia que debe imperar en el actuar estatal."
"more than five years have elapsed since the situation was brought to Conavi's attention, without that entity addressing the problem. Said period is openly disproportionate and unreasonable, contrary to the efficiency and effectiveness that must prevail in state action."
Considerando V
"han transcurrido más de cinco años desde que se puso la situación en conocimiento del Conavi, sin que esa instancia atendiera el problema. El citado plazo es abiertamente desproporcionado e irrazonable, contrario a la eficiencia y eficacia que debe imperar en el actuar estatal."
Considerando V
"Se declara con lugar el recurso, solo en contra del Consejo Nacional de Vialidad. Se ordena a Jason Adrián Pérez Anchía, en su condición de gerente a.i de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien ejerza ese cargo, que coordine lo pertinente y disponga lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia atienda la situación objeto de este proceso."
"The amparo is granted, only against the National Road Council. Jason Adrián Pérez Anchía, in his capacity as acting manager of Road and Bridge Conservation of the National Road Council, or whoever holds that position, is ordered to coordinate the pertinent actions and to order the corresponding measures within the scope of his authority so that, within a maximum period of THREE MONTHS from the notification of this judgment, the situation at issue in this proceeding is addressed."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso, solo en contra del Consejo Nacional de Vialidad. Se ordena a Jason Adrián Pérez Anchía, en su condición de gerente a.i de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien ejerza ese cargo, que coordine lo pertinente y disponga lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia atienda la situación objeto de este proceso."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: March 21, 2025 at 09:30 Case File: 25-002611-0007-CO Type of Matter: Amparo Appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with Separate Note Relevance Indicators Relevant Judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Strategic Themes: Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights Type of Content: Majority Vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
TREE FELLING.
Topic: EXECUTIVE BRANCH Subtopics:
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
008700-25. ENVIRONMENT. EXECUTIVE BRANCH. THE APPELLANT ALLEGES THAT THERE IS A ROTTEN TREE ON ROUTE 214 THAT POSES A RISK TO PERSONS PASSING THROUGH THE AREA AND, DESPITE HAVING BEEN BROUGHT TO THE ATTENTION OF CONAVI, IT HAS NOT SOLVED THE PROBLEM. THE APPEAL IS GRANTED, SOLELY AGAINST THE NATIONAL ROAD COUNCIL, AND THE RESPONDENT IS ORDERED TO, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF THREE MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, ADDRESS THE SITUATION THAT IS THE SUBJECT OF THIS PROCEEDING. VCG04/2025 "(…) V.- Regarding the specific case. In the sub examine, the appellant claims that there is a rotten tree on route 214 that, due to its condition, could fall and put people at risk. He claims that this problem was brought to the attention of Conavi. However, it has not taken any action in this regard.
Having analyzed the case record, the Chamber has deemed it proven that, by official letter no. DT-AP-398-2019 of November 5, 2019, the Environmental Management and Risk Prevention Unit of the Municipality of Desamparados informed the respondent party: '…it is concluded that the poró tree is located on the shoulder of the right-of-way of national route 214, therefore, the case is transferred to the Road and Bridge Conservation Management of the National Road Council (CONAVI) via official letter DT-AP-397-2019 for its respective assessment and to proceed with pruning or eliminating the tree in order to avoid any inconvenience.' Likewise, it was uncontroverted that the situation, the subject of this proceeding, was brought to the attention of Conavi in 2019.
Now, in the report rendered, the authorities of Conavi indicated that they have attempted to coordinate with the municipality of San José to address the reported problem. However, they blame that municipality for not having responded to their emails.
Upon analyzing the evidence, the Chamber highlights that the municipality of San José declined to handle the matter, given that the tree in question is located in the canton of Desamparados and, therefore, is outside its jurisdiction. Likewise, it indicated that Conavi's emails referred to another tree that was indeed attended to.
Based on the foregoing, the Chamber could not deem it proven that Conavi sought to address the reported problem. Indeed, given that the report and coordination originated from the municipality of Desamparados, the fact is that any subsequent coordination should have taken place with them.
Furthermore, this Court notes that more than five years have elapsed since the situation was brought to Conavi's attention, without that body addressing the problem. The aforementioned period is openly disproportionate and unreasonable, contrary to the efficiency and effectiveness that must prevail in state action. By virtue of the foregoing, the appeal is granted, solely against Conavi, the body to which the indicated omission is attributed. (…)" ... See more Related Judgments Content of Interest:
Type of Content: Separate Note Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 041- Effective Judicial Protection. Swift and Complete Justice Subtopics:
NOT APPLICABLE.
VI.- MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ SETS DOWN A NOTE. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to swift and complete justice in administrative proceedings, it is the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber, that must hear the legal controversy. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence, since the legal-constitutional controversies concerning minors, the environment, payment of salary, payment of benefits upon retirement, non-contributory regime pensions and cases of profound cerebral palsy, disabled persons, foreigners located outside the country, potable water service, senior citizens when it does not refer to pension matters, corruption reports, indigenous people's rights, claims for lack of coverage by the Costa Rican Social Security Fund, and maternity leave are heard by this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo. In all other cases, and for the reasons given in this judgment, the competent courts are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms) and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
VCG04/2025 ... See more Res. No. 2025008700 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the twenty-first of March of two thousand twenty-five.
Amparo appeal processed under case file no. 25-002611-0007-CO, filed by Nombre126585, identity card CED71012, against the NATIONAL ROAD COUNCIL (CONAVI).
Whereas:
1.- By written submission received by the Chamber on January 29, 2025, the claimant files an amparo appeal. He states that he is concerned about a tree that faces the street and is about to fall. The appellant provides official letter no. DT-AP-398-2019 of November 5, 2019, issued by the coordinator of the Environmental Management and Risk Prevention Unit of the Municipality of Desamparados. In that official letter, the appellant is informed that the tree in question is located 65 meters northwest of the ROHE fuel station in San Rafael Abajo, specifically at the geographical coordinates in CRTM05 projection 490161 East and 1094656 North; the tree is located on the shoulder of the right-of-way of Route5298. It describes that it is a Poró tree approximately 20 meters tall, rotten at its base and a large part of the trunk, which weakens the wood and could fracture it. The study carried out concludes that being so large and having so much weight makes it more vulnerable to branches breaking off or falling completely, which poses a risk to the health of people traveling on that Route5298. The signing coordinator of that official letter indicated that the case is transferred to the Road and Bridge Conservation Management of the National Road Council (CONAVI). The appellant requests the intervention of this Court so that the tree is felled.
2.- By resolution at 13:13 hours on January 31, 2025, the amparo was granted leave to proceed.
3.- Jason Adrián Pérez Anchía reports under oath, in his capacity as a.i. manager of Road and Bridge Conservation of the National Road Council (CONAVI), the following: "In the filing brief for the amparo appeal filed by the appellant, the facts that supposedly afflict him are recounted, which are that: '… to see if you can help me so that it is cut, last time they only cut the branches facing the street, but they did not cut the branches facing my neighbor's house, as you can see the tree is about to fall…' That being the case, we will refer to the corresponding matters according to the scope of competencies and functions of this Council, as well as to the facts stated by Mr. Nombre126585, facts about which the respective statements will be made: That, in order to comply with the request of this Honorable Chamber and address the situation alleged in the present appeal, technical report DRC-04-2025-0128 dated February 4, 2025, is issued, which refers to the relevant matters according to the framework of competencies and functions of my represented body, which is attached as evidence: Location The problem is situated on Route No. 214 Control Section: 19058 km: 3+400. (…) It is relevant to clarify that within the functions carried out by the Road and Bridge Conservation Management is the felling of trees that present a risk to users on a national route; however, to proceed with said intervention, it must first be verified that the tree is indeed within the right-of-way of the national route. Once verified, a forest inventory must be carried out in order to obtain a technical assessment of the tree's condition; the foregoing is established through Circular GCSV-12-2024-0004-C dated April 8, 2024, which establishes the following: '…In accordance with the compliance with the provisions of Law No. 9789 of December 9, 2019, named: "Efficiency in the construction, maintenance and improvement of the cantonal and national road network"; and its reform, Law 10935 of December 13, 2023, for the attention of tree felling processes and works in public domain watercourses, each project developer has the obligation to inform the different bodies of MINAE responsible in the matter as appropriate and for clarity purposes, the procedure for processing the requirement of works in public domain watercourses is established herein…' REQUIREMENT FOR FELLING TREES IN THE RIGHT-OF-WAY '…For the purposes of informing the National System of Conservation Areas (SINAC) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and its Regional Directorates -according to the procedure provided in the aforementioned law- on the requirements for tree felling, the process to follow is communicated: 1. For tree felling processes, this management designated Eng. Édgar Ramírez Molina as liaison to prepare the official communication or notification document to SINAC and its subordinate bodies, in accordance with the procedure of Law No. 9789 and its reform, Law 10395 of December 13, 2023, and the Special Power of office GCSV-12-2024-0166 (0190). 2. When there is a need to fell trees in the right-of-way, each project engineering department must report that need for a forest inventory survey (and whatever applies) either through the hiring of a forestry regent (competent professional), using the figure and contract of the Road Administrator or the corresponding current Contract, or by requesting the Directorate of Road Safety and Beautification (DSEC) of the MOPT, in order to generate the technical forestry report (forest inventory) for the felling requirement and identification of species (protected and of commercial value). 3. Once the technical forestry report is available -prepared by the competent professional- and in the case that the forestry surveys are carried out by DSEC, the official document transferring that report from that directorate to each project engineering department; the latter will inform the official designated by this Road and Bridge Conservation Management to inform or notify SINAC of that felling requirement. Both the technical forestry report and the official DSEC transfer document (previously indicated) and all the technical support from the project engineering departments (regardless of the CONAVI unit they belong to) justifying the need for felling must be attached. 4. Once all the requirements are met, Eng. Ramírez will carry out the pertinent procedures, reporting back to each project engineering department and this management. 5. Any additional follow-up, resolution, official letter, or request from SINAC and its subordinate bodies, for the purposes of what has been communicated, must be addressed by each project engineering department and the responsible forestry regent as applicable. The aforementioned report continues: Current Situation with the Tree: '…Even though there is an official letter from the Municipality transferring the situation to the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI from the year 2019, the fact of the matter is that the situation with a more recent date of 2023 and 2024, this situation is addressed by the Directorate of Road Safety and Beautification of the Ministry of Public Works and Transport, a Directorate which is in charge of the following activities: …" 1. Address, technically assess, and authorize requests for felling, pruning, and planting of trees, required by governmental and non-governmental entities and users, that are within the rights-of-way of national routes, as well as process the permit before MINAET when applicable, follow up, and supervise the delivery of commercial timber to educational centers and organized community groups. 2. Execute reforestation, planting, and maintenance in the rights-of-way of national routes, through the analysis and selection of tree and plant species for cultivation in the institutional nursery, as well as their donation to public institutions, community associations, and others. 3. Represent the Ministry of Public Works and Transport in matters within its competence; as well as be the liaison between the Ministry and various entities in everything related to its specialty in the rights-of-way of national routes. 4. Direct, organize, coordinate, execute, control, and supervise technical, administrative, and budgetary activities related to Road Safety and Beautification. 5. Update and compile information related to the management of trees that are within the rights-of-way of national routes, as well as design, establish, and provide maintenance to gardens in green areas of national routes. 6. Carry out forestry inventories requested by public or private institutions, of timber species on national routes and quantify their commercial value, upon request of parties. As well as conduct carbon release studies when required. 7. Promote the execution of the Adopt a Highway program, with entities interested in supporting the MOPT with the adoption of sectors of the right-of-way. 8. Issue recommendations to both internal and external entities related to the field of safety and beautification of national highways, regarding the plant material located in the rights-of-way. 9. Carry out appraisals of timber species on lands in expropriation proceedings required by DABI. 10. Actively participate in Councils, Commissions, Boards of Directors, and other bodies stipulated by current regulations, or those ordered by the heads of the Institution. 11. Provide advice, in matters within its competence, to all dependencies of the MOPT, including the Councils, as well as to the Transport and Infrastructure Sector when the heads of the Institution request it. From the foregoing we can infer that part of the functions that DSEC (Directorate of Road Safety and Beautification) has in charge are to address, technically assess, and authorize requests for felling, pruning, and planting of trees, required by governmental and non-governmental entities and users, that are within the rights-of-way of national routes. For this specific case, this Management has a copy of a series of official emails where DSEC has analyzed the problem and still has not found elements to verify with certainty the location of the tree; included in these emails is the Immovable Property Acquisition Department of the MOPT to determine if this tree that presents problems and risk of falling is outside or within the right-of-way; images of the aforementioned emails are attached, which are embedded in report DRC-04-2025-0128 (0189) dated February 4: (…) In response to the previous query, the Immovable Property Acquisition Department of the MOPT informs DSEC (Directorate of Road Safety and Beautification) that there are no elements to determine that the ownership of the land is in the name of the MOPT or the State, and that the Municipality of San José should be consulted to provide information or the support for having transferred the complaints to the MOPT. (…) The mentioned report continues: '… Subsequently, having the criteria from the MOPT indicating that it is the Municipality of San José that should provide information under what criteria they indicate that the property is under MOPT ownership, DSEC requests via email on April 29 and making a reminder on October 16, a response to those emails is finally received from the Municipality of San José, which in summary indicates that the Municipality of San José will provide support in the following: To conclude, from the coordination of CME SJO support will be provided in the following: "1- Transfer internally to the corresponding section so that they can notify the owners of the sidewalk construction. 2- We will coordinate to carry out a survey through a sketch of the tree's location to know precisely its location, whether it is on private property or in the right-of-way…" (…) By virtue of the current situation and everything stated herein, in accordance with the rendering of the actions report that concerns us here, for this Road and Bridge Conservation Management of CONAVI to proceed with the intervention of the tree in question, it must first be established with certainty that it is within the right-of-way, which is not the responsibility of this council to determine but rather the MOPT; this being the case, the procedure established for tree felling in accordance with circular GCSV-12-2024-0004-C must be continued, so this honorable chamber is very respectfully urged to transfer this Amparo Appeal to the Ministry of Public Works and Transport, in order to determine if the tree in question is in the right-of-way and subsequently issue the technical forestry report. Given the foregoing, it is demonstrated that this Council has acted diligently within its competencies in order to comply with the orders of this honorable chamber. That being the case, and bearing in mind the above, CONAVI is aware of the situation and the impact this could eventually cause, so we are willing to carry out the corresponding steps once the required information is available, should any procedure or work proceed from this Council." 4.- By resolution at 11:22 hours on February 28, 2025, the parties to this proceeding were expanded.
5.- Luis Diego Miranda Méndez reports under oath, in his capacity as mayor of San José, the following: "In view of the facts presented by the interested party, a report was requested from the Services Provision Management of the Municipality of San José, which indicated by official letter GPS-OMGRD-095-2025 signed by the head of the Municipal Office for Disaster Risk Management, the following: 'In response to your email sent on March 4, 2025, requesting information on the facts set forth by the Constitutional Chamber, I respectfully inform you: 1. After analyzing the documentation provided, it is clear that the specific case of the complaint filed by Mr. Nombre126585 regarding the situation of a porro tree in danger of falling is located at Dirección10084, according to the image of the geographical coordinates indicated in the case file and placed on the map. (Inserts image) Therefore, it is not the competence of this institution to resolve the reported tree situation. In this vein, the Parks and Urban Arboriculture Section states by official letter SPAU-148-2025, the following: "For the purpose of providing the opinion, and addressing the amparo appeal processed under case file 25-002611-0007-CO, filed by Mr. Nombre126585, ID CED71013. I hereby indicate that the case in question does not correspond to this municipality to address as the tree in question is planted in the canton of Desamparados. Therefore, it is not within our jurisdiction. This is evidenced in official letter DT-AP-398-2019 from Engineer Natalia Fallas, coordinator of Forestry and Reforestation of the Municipality of Desamparados. This document is attached to this email." For its part, indeed official letter DT-AP-398-2019 issued by the Municipality of Desamparados locates the tree in question in said municipality, in this regard the following is highlighted: (Inserts image) Thus, given the foregoing, the present matter falls outside the competence and functional scope of the Municipality of San José as the tree, the subject of this proceeding, is located outside its territorial jurisdiction, being located in territory whose regulation pertains to the Municipality of Desamparados. Municipal corporations clearly enjoy political, normative, tributary, and administrative autonomy according to Articles 160 and 170 of the Political Constitution and Article 4 of the Municipal Code, while also enjoying territorial jurisdiction per the provisions of Article 3 of the latter normative body. The conferred municipal autonomy is of constitutional and legal rank, and implies not only the capacity for self-regulation but also that of self-administration and, therefore, freedom from the State for the adoption of the entity's fundamental decisions (see judgment no. 1999-5445 at 14:30 hours on July 14, 1999, of the Constitutional Chamber). The foregoing is relevant, because the specific section where the tree, the subject of this appeal, is located, even if it is on a national route that passes through territory administered by several municipalities, the specifics must be channeled to each section according to the territorial scope affecting each one of these according to the area to be intervened, this one being outside the competence of the Municipality of San José. The General Attorney of the Republic in Legal Opinion number OJ-141-2004 of November 3, 2004, referred to local services, as detailed: (…) In view of the foregoing, it is clear that the responsibility and competence of the municipalities responds to local interests, and these are delimited as a general rule to the territory of their jurisdiction, so upon finding the situation alleged by the appellant outside the territorial limits of the Municipality of San José, it does not correspond to this institution to address the subject of the appeal; it being clearly determined that the situation occurs on a national route that is circumscribed to the territorial scope of the Municipality of Desamparados." 6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,
Considering:
I.- Preliminary question. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, starting from judgment no. 2008-02545 at 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or the sectoral laws in special administrative procedures, to resolve by final act an administrative proceeding -initiated ex officio or at the request of a party- or to hear the corresponding administrative appeals. However, it has also contemplated exceptions to the above, as occurs in this case, given that the grievance refers to actions related to a danger to the integrity of persons. In this type of matter, constitutional jurisprudence has deemed the application of constitutional control appropriate, so we proceed to resolve the sub iudice.
II.- Subject of the appeal. The appellant claims that there is a rotten tree on Route7697 that, due to its condition, could fall and put people at risk. He claims that this problem was brought to the attention of Conavi. However, it has not taken any action in this regard.
III.- Proven facts. For the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them, according to what was provided in the initial order:
IV.- Unproven fact. The Chamber lacks elements to deem it proven that the reported situation was addressed by Conavi.
V.- Regarding the specific case. In the sub examine, the appellant claims that there is a rotten tree on Route7697 that, due to its condition, could fall and put people at risk. He claims that this problem was brought to the attention of Conavi. However, it has not taken any action in this regard.
Having analyzed the case record, the Chamber has deemed it proven that, by official letter no. DT-AP-398-2019 of November 5, 2019, the Environmental Management and Risk Prevention Unit of the Municipality of Desamparados informed the respondent party: '…it is concluded that the poró tree is located on the shoulder of the right-of-way of national route 214, therefore, the case is transferred to the Road and Bridge Conservation Management of the National Road Council (CONAVI) via official letter DT-AP-397-2019 for its respective assessment and to proceed with pruning or eliminating the tree in order to avoid any inconvenience.' Likewise, it was uncontroverted that the situation, the subject of this proceeding, was brought to the attention of Conavi in 2019.
Now, in the report rendered, the authorities of Conavi indicated that they have attempted to coordinate with the municipality of San José to address the reported problem. However, they blame that municipality for not having responded to their emails.
Upon analyzing the evidence, the Chamber highlights that the municipality of San José declined to handle the matter, given that the tree in question is located in the canton of Desamparados and, therefore, is outside its jurisdiction. Likewise, it indicated that Conavi's emails referred to another tree that was indeed attended to.
Based on the foregoing, the Chamber could not deem it proven that Conavi sought to address the reported problem. Indeed, given that the report and coordination originated from the municipality of Desamparados, the fact is that any subsequent coordination should have taken place with them.
Furthermore, this Court notes that more than five years have elapsed since the situation was brought to Conavi's attention, without that body addressing the problem. The aforementioned period is openly disproportionate and unreasonable, contrary to the efficiency and effectiveness that must prevail in state action. By virtue of the foregoing, the appeal is granted, solely against Conavi, the body to which the indicated omission is attributed.
VI.- MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ SETS DOWN A NOTE. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to swift and complete justice in administrative proceedings, it is the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber, that must hear the legal controversy. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence, since the legal-constitutional controversies concerning minors, the environment, payment of salary, payment of benefits upon retirement, non-contributory regime pensions and cases of profound cerebral palsy, disabled persons, foreigners located outside the country, potable water service, senior citizens when it does not refer to pension matters, corruption reports, indigenous people's rights, claims for lack of coverage by the Costa Rican Social Security Fund, and maternity leave are heard by this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo. In all other cases, and for the reasons given in this judgment, the competent courts are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms) and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the writ of amparo established by Article 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. This is because the legal-constitutional disputes concerning minors, the environment, payment of wages, payment of benefits upon retirement, non-contributory regime pensions, and cases of profound cerebral palsy, disabled persons, foreigners located outside the country, potable water service, older adults when not referring to pension matters, corruption complaints, the rights of indigenous peoples, claims for lack of coverage with the Caja Costarricense de Seguro Social, and maternity leave are within the knowledge of this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee proceeding. In all other cases, and for the reasons given in this judgment, the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is consistent with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
VII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, should any document in paper form or objects or evidence contained in any additional electronic, computing, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies have been provided, these must be retrieved within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is advised that any material not collected within that period will be destroyed, based on the "Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch" (approved by the Full Court in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012) and in Article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judicial Branch no. 43-12 of May 3, 2012.
Por tanto:
The appeal is granted, solely against the Consejo Nacional de Vialidad. Jason Adrián Pérez Anchía, in his capacity as acting manager of Road and Bridge Conservation of the Consejo Nacional de Vialidad, or whoever holds that position, is ordered to coordinate the pertinent actions and arrange what is necessary within the scope of his powers so that, within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, he addresses the situation that is the subject of this proceeding. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence within the contentious-administrative jurisdiction. Judge Castillo Víquez records a note. In all other respects, the appeal is denied. Let it be notified.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
TALA DE ARBOLES.
Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
008700-25. AMBIENTE. PODER EJECUTIVO. ALEGA EL RECURRENTE QUE, HAY UN ÁRBOL PODRIDO EN LA RUTA 214 QUE, PONE EN RIESGO A LAS PERSONAS QUE PASAN POR EL LUGAR Y, PESE A QUE SE PUSO EN CONOCIMIENTO DEL CONAVI, NO HA SOLUCIONADO EL PROBLEMA. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, SOLO EN CONTRA DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD Y SE ORDENA AL RECURRIDO QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA ATIENDA LA SITUACIÓN OBJETO DE ESTE PROCESO. VCG04/2025 “(…) V.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente afirma que hay un árbol podrido en la ruta 214 que, por su situación, puede caer y poner en riesgo a las personas. Afirma que tal problema fue puesto en conocimiento del Conavi. Empero, no ha tomado acciones al respecto.
Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante oficio nro. DT-AP-398-2019 de 5 de noviembre de 2019, la Unidad de Gestión Ambiental y Prevención de Riesgos de la Municipalidad de Desamparados comunicó al tutelado: “…se concluye que el árbol de poró se ubica en el espaldón del derecho vía de la ruta nacional 214 por ende, el traslada el caso a la Gerencia Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) mediante oficio DT-AP-397-2019 para su respectiva valoración y que se proceda a podar o eliminar el árbol con el fin de evitar cualquier inconveniente”. Asimismo, fue incontrovertido que la situación, objeto de este proceso, fue puesta en conocimiento del Conavi en 2019.
Ahora bien, en el informe rendido, las autoridades del Conavi indicaron que han procurado coordinar con la municipalidad de San José para atender el problema expuesto. Sin embargo, achacan que esa municipalidad no ha respondido a sus correos.
Al analizar los elementos de prueba, la Sala destaca que la municipalidad de San José declinó que el tema fuera tratado con ella, visto que el árbol en cuestión se encuentra en el cantón de Desamparados y, por tanto, está fuera de su jurisdicción. Asimismo, indicó que los correos del Conavi se referían a otro árbol que sí fue atendido.
Con base en lo anterior, la Sala no pudo tener por probado que el Conavi procurara la atención del problema denunciado. En efecto, dado que la denuncia y coordinación provino de la municipalidad de Desamparados, lo cierto es que cualquier coordinación posterior debió ocurrir con ella.
Además, este Tribunal nota que han transcurrido más de cinco años desde que se puso la situación en conocimiento del Conavi, sin que esa instancia atendiera el problema. El citado plazo es abiertamente desproporcionado e irrazonable, contrario a la eficiencia y eficacia que debe imperar en el actuar estatal. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso, solo en contra del Conavi, instancia a la que se atribuye la omisión señalada. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas:
NO APLICA.
VI.- EL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ PONE NOTA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VCG04/2025 ... Ver más Res. Nº 2025008700 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiuno de marzo de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-002611-0007-CO, interpuesto por Nombre126585, cédula de identidad CED71012, contra el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Sala el 29 de enero de 2025, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que está preocupado por un árbol que da a la calle y está a punto de caer. El recurrente aporta el oficio nro. DT-AP-398-2019 de 5 de noviembre de 2019, emitido por la coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental y Prevención de Riesgos de la Municipalidad de Desamparados. En ese oficio se responde al recurrente que el árbol en cuestión está a 65 metros al noroeste de la estación de combustible ROHE en San Rafael Abajo, concretamente en las coordenadas geográficas en proyección CRTM05490161 este y 1094656 norte, el árbol está ubicado en el espaldón del derecho de vía de la Dirección5298. Describe que es un árbol de Poró de aproximadamente 20 metros de altura podrido en su base y en gran parte del tronco, lo que debilita la madera y podría fracturarlo. El estudio realizado concluye que al estar tan grande y tener tanto peso, se vuelve más vulnerable a que se desprendan ramas o se caiga por completo, lo cual pone en riesgo la salud de las personas que transitan por esa vía Dirección5298. La coordinadora firmante de ese oficio señaló que el caso se traslada a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). El recurrente solicita la intervención de este Tribunal para que el árbol sea talado.
2.- Por resolución de las 13:13 horas del 31 de enero de 2025 se dio curso al amparo.
3.- Informa bajo juramento Jason Adrián Pérez Anchía, en su condición de gerente a.i de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), lo siguiente: “En el escrito de interposición del recurso de amparo presentado por el recurrente, se relatan los hechos que supuestamente le aquejan, los cuales son que: “… para ver si me pueden ayudar para que lo corten, la última vez solo cortaron las ramas que van a la calle, pero no cortaron las ramas que dan a la casa de mi vecina, como pueden ver el árbol está a punto de caer… “ Así las cosas, nos referiremos a lo correspondiente según el ámbito de competencias y funciones de este Consejo, así como a los hechos manifestados por el señor Nombre126585, hechos sobre los cuales se harán las respectivas manifestaciones: Que, a efectos cumplir con la solicitud de esta Honorable Sala y de atender la situación alegada en el presente recurso, se emite el informe técnico DRC-04-2025-0128 de fecha 4 de febrero del 2025, en el cual se refiere a lo concerniente según el marco de competencias y funciones de mi representada, mismo que se adjunta como prueba: Ubicación La problemática está situada sobre Ruta No. 214 Sección de Control: 19058 km: 3+400. (…) Es relevante aclarar que dentro de las funciones que conlleva la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes comprende la corta de árboles que presentan un riesgo para los usuarios sobre ruta nacional, sin embargo, para proceder con dicha intervención se debe de verificar como primer punto que el árbol se encuentre realmente dentro del derecho de vía de la ruta nacional. Una vez verificado, se deberá realizar un inventario forestal con el fin de obtener una valoración técnica del estado del árbol, lo anterior se encuentra establecido mediante Circular GCSV-12-2024-0004-C de fecha 08 de abril del 2024, que establece lo siguiente: “…De conformidad con el cumplimiento de los señalamientos de la Ley No. 9789 del 09 de diciembre de 2019, denominada: “Eficiencia en la construcción, el mantenimiento y el mejoramiento de la red vial cantonal y nacional”; y su reforma, la Ley 10935 del 13 de diciembre de 2023, para la atención de los procesos de corta de árboles y obras en cauce de dominio público, se tienen la obligación de cada desarrollador de proyectos de informar ante las diferentes instancias del MINAE rectoras en materia según corresponda y que para efectos de claridad se establece en el presente el procedimiento para el trámite de requerimiento de obras en cauce de dominio público…” REQUERIMIENTO DE CORTA DE ÁRBOLES EN EL DERECHO DE VÍA “…Para los efectos de informar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y sus Direcciones Regionales -según procedimiento dispuesto en la ley supra indicada- sobre los requerimientos de corta de árboles, se comunica el proceso a seguir: 1. Para los procesos de corta de árboles, esta gerencia designó al Ing. Édgar Ramírez Molina como enlace para realizar el documento oficial de comunicación o notificación ante el SINAC y sus adscritas, conforme al procedimiento de Ley No. 9789 y su reforma, la Ley 10395 del 13 de diciembre de 2023 y al Poder Especial de oficio GCSV-12-2024-0166 (0190). 2. Cuando exista la necesidad de corta de árboles en el derecho de vía, cada ingeniería de proyecto deberá dar parte de esa necesidad para levantamiento de inventario forestal (y lo que aplique) ya sea, por medio de la contratación de un regente forestal (profesional de competencia), utilizando la figura y contrato del Administrador Vial o la Contratación vigente que corresponda o solicitar a la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras (DSEC) del MOPT, con el fin de que se genere el informe técnico forestal (inventario forestal) para el requerimiento de corta e identificación de especies (vedadas y de valor comercial). 3. Una vez que se cuente con el informe técnico forestal -elaborado por el profesional de competencia- y en el caso que los levantamientos forestales sean realizados por la DSEC, el documento oficial de traslado de ese informe por parte de esa dirección a cada ingeniería de proyecto; la misma, dará parte al funcionario(a) designado(a) por esta Gerencia de Conservación de Vías y Puentes para informar o notificar al SINAC sobre ese requerimiento de corta. Deberá adjuntar tanto el informe técnico forestal como el documento oficial de traslado de la DSEC (antes indicados) y todos los sustentos técnicos de las ingenierías de los proyectos (indistintamente de la dependencia a la que pertenezcan del CONAVI) que justifiquen la necesidad de corta. 4. Una vez que se cuente con todos los requisitos, el Ing. Ramírez realizará las gestiones pertinentes, dando parte a cada ingeniería del proyecto y a esta gerencia. 5. Cualquier seguimiento adicional, resolución, oficio o solicitud por parte del SINAC y sus adscritas, para los efectos de lo comunicado, deberá de ser atendido por cada ingeniería del proyecto y el regente forestal responsable según corresponda. Continúa mencionado el informe supra citado: Situación Actual con el Árbol: “…A pesar de que existe un oficio que la Municipalidad traslada la situación a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI del año 2019, lo cierto del caso es que la situación con fecha más reciente año 2023 y 2024, esta situación es atendida por la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Dirección que tiene a cargo las siguientes actividades: …” 1. Atender, valorar técnicamente y autorizar las solicitudes de corta, poda, y siembra de árboles, requeridas por entidades gubernamentales, no gubernamentales y usuarios, que se encuentren dentro de los derechos de vía de las rutas nacionales, así como realizar el trámite del permiso ante el MINAET cuando corresponda, darle seguimiento y supervisar la entrega de la madera comercial a centros educativos y grupos comunales organizados. 2. Ejecutar la reforestación, siembra y mantenimiento en los derechos de vía de las rutas nacionales, por medio del análisis y selección de las especies de árboles y plantas para el cultivo en el vivero institucional, así como su donación a instituciones públicas, asociaciones comunales y otros. 3. Representar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes en los asuntos de su competencia; así como ser el enlace entre el Ministerio y las diversas entidades en todo lo referente a su especialidad en los derechos de vía de las rutas nacionales. 4. Dirigir, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades técnicas, administrativas y presupuestarias, relacionadas con Seguridad y Embellecimiento de Carreteras. 5. Actualizar y recopilar información relacionada con el manejo de los árboles que están dentro de los derechos de vía de las rutas nacionales, así como diseñar, establecer y brindar mantenimiento a jardines en áreas verdes de las rutas nacionales. 6. Realizar los inventarios forestales solicitados por instituciones públicas o privadas, de especies maderables en las rutas nacionales y cuantificar su valor comercial, a solicitud de partes. Así como realizar los estudios de carbono liberado cuando se requiera. 7. Promover la ejecución del programa Adopte una Carretera, con entidades interesadas en apoyar al MOPT con la adopción de sectores del derecho de vía. 8. Emitir recomendaciones tanto a entes internos como externos relativas al ámbito de seguridad y embellecimiento de las carreteras nacionales, en lo que respecta al material vegetal ubicado en los derechos de vía. 9. Realizar avalúos de especies maderables en terrenos en proceso de expropiación requeridos por el DABI. 10.Participar activamente en Consejos, Comisiones, Juntas Directivas y demás órganos que la normativa vigente estipule, o los instruidos por los jerarcas de la Institución. 11.Brindar asesoría, en materia de su competencia, a todas las dependencias del MOPT, incluyendo a los Consejos, así como al Sector Transporte e Infraestructura cuando los jerarcas de la Institución lo soliciten. De lo anterior podemos desprender que como parte de las funciones que tiene a cargo la DSEC (Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras) son atender, valorar técnicamente y autorizar las solicitudes de corta, poda, y siembra de árboles, requeridas por entidades gubernamentales, no gubernamentales y usuarios, que se encuentren dentro de los derechos de vía de las rutas nacionales. Para este caso en específico esta Gerencia cuenta con una copia de una serie de correos electrónicos oficiales en donde la DSEC ha analizado el problema y aún no encuentra elementos en donde se pueda verificar con certeza la ubicación del árbol, se incluye también en estos correos al Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT para conocer si este árbol que presenta problemas y riesgos de caída se encuentra fuera o dentro del derecho de vía, se adjuntan las imágenes de los correos antes mencionados, el cual vienen inmersos en el informe DRC-04-2025-0128 (0189) de fecha 04 de febrero : (…) Ante la consulta anterior el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT comunica a la DSEC (Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras) que no existen elementos para determinar que la titularidad del terreno está a nombre del MOPT o del Estado, y que se consulte a la Municipalidad de San José que aporte información o el respaldo por haber traslado la denuncias al MOPT. (…) Siegue mencionado el informe: “… Posteriormente teniendo los criterios por parte del MOPT en donde indican que sea la Municipalidad de San José que remita información bajo que criterios indican que la propiedad se encuentra bajo propiedad del MOPT, la DSEC solicita mediante correo electrónico el pasado 29 de abril y realizando un recordatorio el pasado 16 de octubre, finalmente se tiene respuesta a esos correos electrónicos por parte de la Municipalidad de San José, lo cual en resumen se indica que la Municipalidad de San José va realizar apoyo en lo siguiente: Para finalizar, desde la coordinación del CME SJO se va a apoyar en lo siguiente: “1- Trasladar internamente a la sección correspondiente para que pueda notificar a los propietarios de la construcción de la acera. 2- Vamos a coordinar para realizar un levantamiento mediante un croquis de la ubicación del árbol para conocer con precisión la ubicación del mismo si está en propiedad privada o en derecho de vía…” (…) En virtud de la situación actual y de todo lo aquí expuesto , de conformidad con la rendición del informe de actuaciones que acá nos ocupa, para que esta Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI proceda con la intervención del árbol en cuestión , primero se debe establecer con certeza que se encuentre dentro del derecho de vía, lo cual no compete a este consejo determinarlo sino al MOPT; siendo así se deberá continuar según el procedimiento establecido para la corta de árboles de conformidad con la circular GCSV-12-2024-0004-C, por lo que muy respetuosamente se insta a esta honorable sala a realizar el traslado del presente Recurso de Amparo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes , con la finalidad de determinar si el árbol en cuestión se encuentra en derecho de vía y posterior se emita el informe técnico forestal. Dado lo anterior queda demostrado que este Consejo ha actuado diligentemente dentro de sus competencias a fin de a, lo ordenado por esta honorable sala. Así las cosas, y teniendo en cuenta lo anterior, el CONAVI es consciente de la situación y de la afectación que esto eventualmente podría causar, por lo que estamos anuentes a realizar las gestiones correspondientes una vez se cuente con lo requerido, en caso de proceder con algún trámite u obra parte de este Consejo”.
4.- Mediante resolución de las 11:22 horas del 28 de febrero de 2025 se ampliaron las partes de este proceso.
5.- Informa bajo juramento Luis Diego Miranda Méndez, en su condición de alcalde de San José, lo siguiente: “Con vista en los hechos planteados por la parte interesada, se solicitó informe a la Gerencia de Provisión de Servicios de la Municipalidad de San José, la cual indicó mediante oficio GPS-OMGRD-095-2025 suscrito por la jefatura de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo a Desastres, lo que a continuación se detalla: “En atención a su correo electrónico enviado en el dia 4 de marzo 2025, solicitando información sobre los hechos expuestos por la Sala Constitucional respetuosamente le informo: 1. Analizada la documentación aportada se desprende que el caso específico de la denuncia presentada por el señor Nombre126585 con respecto a la situación de un árbol de porro con peligro de caída se ubica en el Dirección10084, Según imagen de las coordenadas geográficas indicadas en el expediente y ubicadas sobre el mapa. (Inserta imagen) Por tanto, no es competencia de esta institución resolver la situación de árbol denunciado. Bajo este orden de ideas, la Sección de Parques y Arboricultura Urbana manifiesta mediante oficio SPAU-148-2025, lo que a continuación se detalla: “Con la finalidad de brindar el criterio, y atender recurso de amparo que se tramita bajo expediente 25-002611-0007-CO, interpuesto por el señor Nombre126585, cédula CED71013. Me permito indicar que el caso en cuestión no corresponde a este municipio su atención ya que el árbol en cuestión se encuentra plantado en el cantón de Desamparados. Por tanto, no es de nuestra jurisdicción. Esto queda evidenciado en el oficio DT-AP-398-2019 de la Ingeniera Natalia Fallas coordinadora de Foresta y Reforestación de la Municipalidad de Desamparados. Este documento está adjunto en este correo.” Por su parte, efectivamente el oficio DT-AP-398-2019 emitido por la Municipalidad de Desamparados, ubica el árbol en cuestión en dicho municipio, al respecto se rescata: (Inserta imagen) Así lo expuesto, que el presente asunto escapa del ámbito competencial y funcional de la Municipalidad de San José al encontrarse el árbol objeto del presente proceso fuera de la jurisdicción territorial, ubicándose en territorio cuya regulación atañe a la Municipalidad de Desamparados. Las corporaciones municipales claramente gozan de autonomía política, normativa, tributaria y administrativa según los artículos 160 y 170 de la Constitución Política y artículo 4 del Código Municipal, gozando a la vez de jurisdicción territorial al tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del último cuerpo normativo indicado. La autonomía municipal conferida es de rango constitucional y legal, e implica no sólo la capacidad de auto normación, sino también la de autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones fundamentales del ente (véase sentencia n.º 1999- 5445 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999 de la Sala Constitucional). Lo anterior resulta relevante, por cuanto el tramo específico en el que se ubica el árbol objeto del presente recurso, aún y cuando se ubique en una ruta nacional que atraviesa el territorio que administran varios municipios, debe canalizarse lo específico a cada tramo según el rango territorial que afecta a cada uno de estos según el área a intervenir, siendo la presente, de competencia ajena a la Municipalidad de San José. La Procuraduría General de la República en Opinión Jurídica número OJ-141-2004 de 3 de noviembre de 2004, se refirió a los servicios locales, según se detalla: (…) Con vista en lo expuesto es claro que la responsabilidad y competencia de las municipalidades responde a los intereses locales, y estos se delimitan como regla general al territorio de su jurisdicción, de manera que al encontrarse la situación acusada por el recurrente fuera de los límites territoriales de la Municipalidad de San José, no corresponde a esta institución atender el objeto del recurso; siendo claramente determinado que la situación se presente sobre una ruta nacional que se circunscrite al ámbito territorial de la Municipalidad de Desamparados”.
6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.- Cuestión previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia nro. 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa‑administrativa aquellos asuntos, en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos fijados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales en los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo ‑instruido de oficio o a instancia de parte‑ o conocer de los recursos administrativos correspondientes. Sin embargo, también ha contemplado casos de excepción a lo anterior, como sucede en la especie, toda vez que el agravio se refiere a gestiones relacionadas con un peligro para la integridad de las personas. En este tipo de materia, la jurisprudencia constitucional ha estimado procedente la aplicación del control de constitucionalidad, de modo que se procede a resolver el sub iudice.
II.- Objeto del recurso. La parte recurrente afirma que hay un árbol podrido en la Dirección7697 que, por su situación, puede caer y poner en riesgo a las personas. Afirma que tal problema fue puesto en conocimiento del Conavi. Empero, no ha tomado acciones al respecto.
III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
IV.- Hecho no probado. La Sala carece de elementos para tener por probado que la situación denunciada fuera atendida por el Conavi.
V.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente afirma que hay un árbol podrido en la Dirección7697 que, por su situación, puede caer y poner en riesgo a las personas. Afirma que tal problema fue puesto en conocimiento del Conavi. Empero, no ha tomado acciones al respecto.
Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante oficio nro. DT-AP-398-2019 de 5 de noviembre de 2019, la Unidad de Gestión Ambiental y Prevención de Riesgos de la Municipalidad de Desamparados comunicó al tutelado: “…se concluye que el árbol de poró se ubica en el espaldón del derecho vía de la ruta nacional 214 por ende, el traslada el caso a la Gerencia Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) mediante oficio DT-AP-397-2019 para su respectiva valoración y que se proceda a podar o eliminar el árbol con el fin de evitar cualquier inconveniente”. Asimismo, fue incontrovertido que la situación, objeto de este proceso, fue puesta en conocimiento del Conavi en 2019.
Ahora bien, en el informe rendido, las autoridades del Conavi indicaron que han procurado coordinar con la municipalidad de San José para atender el problema expuesto. Sin embargo, achacan que esa municipalidad no ha respondido a sus correos.
Al analizar los elementos de prueba, la Sala destaca que la municipalidad de San José declinó que el tema fuera tratado con ella, visto que el árbol en cuestión se encuentra en el cantón de Desamparados y, por tanto, está fuera de su jurisdicción. Asimismo, indicó que los correos del Conavi se referían a otro árbol que sí fue atendido.
Con base en lo anterior, la Sala no pudo tener por probado que el Conavi procurara la atención del problema denunciado. En efecto, dado que la denuncia y coordinación provino de la municipalidad de Desamparados, lo cierto es que cualquier coordinación posterior debió ocurrir con ella.
Además, este Tribunal nota que han transcurrido más de cinco años desde que se puso la situación en conocimiento del Conavi, sin que esa instancia atendiera el problema. El citado plazo es abiertamente desproporcionado e irrazonable, contrario a la eficiencia y eficacia que debe imperar en el actuar estatal. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso, solo en contra del Conavi, instancia a la que se atribuye la omisión señalada.
VI.- EL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ PONE NOTA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, solo en contra del Consejo Nacional de Vialidad. Se ordena a Jason Adrián Pérez Anchía, en su condición de gerente a.i de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien ejerza ese cargo, que coordine lo pertinente y disponga lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia atienda la situación objeto de este proceso. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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