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Res. 08700-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 21/03/2025
OutcomeResultado
The amparo is granted solely against CONAVI, ordering it to address the situation of the rotten tree within three months and ordering the State to pay costs, damages, and losses.Se declara con lugar el recurso solo contra el CONAVI, ordenándole atender la situación del árbol podrido en un plazo máximo de tres meses y condenando al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo action filed against the National Road Council (Conavi) for failing to address a rotten poró tree located within the right-of-way of national route 214 in the canton of Desamparados. The petitioner alleged that the tree, approximately 20 meters tall with a rotted base and trunk, posed an imminent risk of falling and endangering people transiting the area. Despite the Municipality of Desamparados having notified Conavi of the situation in 2019, no action had been taken. Conavi argued it had attempted coordination with the Municipality of San José, which refused to intervene due to lack of territorial jurisdiction, and claimed uncertainty about whether the tree was within the right-of-way. The Chamber found that more than five years had passed without Conavi addressing the problem, deeming the delay disproportionate and unreasonable, contrary to state efficiency. The amparo was granted solely against Conavi, ordering it to resolve the situation within three months and ordering the State to pay costs, damages, and losses. Justice Castillo Víquez added a separate opinion regarding the Chamber's jurisdiction over claims of delayed justice in administrative proceedings.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto contra el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por la omisión en atender un árbol de poró podrido ubicado en el derecho de vía de la ruta nacional 214, en el cantón de Desamparados. El recurrente alegó que el árbol, de aproximadamente 20 metros de altura y con la base y tronco podridos, representaba un riesgo inminente de caída para las personas que transitan por el lugar, y que pese a haber sido puesto en conocimiento del Conavi desde 2019 mediante oficio de la Municipalidad de Desamparados, la institución no había tomado acciones. En su defensa, el Conavi argumentó que había intentado coordinaciones con la Municipalidad de San José, sin éxito, y que no se había determinado con certeza si el árbol estaba dentro del derecho de vía. Sin embargo, la Sala constató que la Municipalidad de San José declinó intervenir por carecer de jurisdicción territorial y que los correos del Conavi se referían a otro árbol. Ante la inactividad de más de cinco años, la Sala consideró el plazo como desproporcionado e irrazonable, contrario a la eficiencia estatal, y declaró con lugar el recurso, ordenando al Conavi atender la situación en un plazo máximo de tres meses y condenando al Estado al pago de costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo Víquez consignó una nota separada sobre la competencia de la Sala en casos de justicia pronta y cumplida en sede administrativa.
Key excerptExtracto clave
Upon examining the record, the Chamber found it proven that, through official document no. DT-AP-398-2019 of November 5, 2019, the Environmental Management and Risk Prevention Unit of the Municipality of Desamparados communicated to the respondent: "…it is concluded that the poró tree is located on the shoulder of the right-of-way of national route 214; therefore, the case is referred to the Road and Bridge Conservation Management of the National Road Council (CONAVI) via official document DT-AP-397-2019 for its respective assessment and to proceed with pruning or removing the tree in order to avoid any inconvenience." Likewise, it was undisputed that the situation at issue in this proceeding was brought to Conavi's attention in 2019. Now, in the report submitted, Conavi authorities indicated they have attempted to coordinate with the Municipality of San José to address the reported problem. However, they blame that municipality for not responding to their emails. When analyzing the evidence, the Chamber points out that the Municipality of San José declined to address the matter, given that the tree in question is located in the canton of Desamparados and, therefore, outside its jurisdiction. It also indicated that Conavi's emails referred to a different tree that was already attended to. Based on the foregoing, the Chamber could not find it proven that Conavi sought to address the reported problem. Indeed, since the complaint and coordination originated from the Municipality of Desamparados, any subsequent coordination should have occurred with it. Additionally, this Court notes that more than five years have elapsed since the situation was brought to Conavi's attention, without that entity addressing the problem. Said period is openly disproportionate and unreasonable, contrary to the efficiency and effectiveness that must prevail in state action. By virtue of the foregoing, the amparo is granted, only against Conavi, the entity to which the aforementioned omission is attributed.Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante oficio nro. DT-AP-398-2019 de 5 de noviembre de 2019, la Unidad de Gestión Ambiental y Prevención de Riesgos de la Municipalidad de Desamparados comunicó al tutelado: “…se concluye que el árbol de poró se ubica en el espaldón del derecho vía de la ruta nacional 214 por ende, el traslada el caso a la Gerencia Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) mediante oficio DT-AP-397-2019 para su respectiva valoración y que se proceda a podar o eliminar el árbol con el fin de evitar cualquier inconveniente”. Asimismo, fue incontrovertido que la situación, objeto de este proceso, fue puesta en conocimiento del Conavi en 2019. Ahora bien, en el informe rendido, las autoridades del Conavi indicaron que han procurado coordinar con la municipalidad de San José para atender el problema expuesto. Sin embargo, achacan que esa municipalidad no ha respondido a sus correos. Al analizar los elementos de prueba, la Sala destaca que la municipalidad de San José declinó que el tema fuera tratado con ella, visto que el árbol en cuestión se encuentra en el cantón de Desamparados y, por tanto, está fuera de su jurisdicción. Asimismo, indicó que los correos del Conavi se referían a otro árbol que sí fue atendido. Con base en lo anterior, la Sala no pudo tener por probado que el Conavi procurara la atención del problema denunciado. En efecto, dado que la denuncia y coordinación provino de la municipalidad de Desamparados, lo cierto es que cualquier coordinación posterior debió ocurrir con ella. Además, este Tribunal nota que han transcurrido más de cinco años desde que se puso la situación en conocimiento del Conavi, sin que esa instancia atendiera el problema. El citado plazo es abiertamente desproporcionado e irrazonable, contrario a la eficiencia y eficacia que debe imperar en el actuar estatal. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso, solo en contra del Conavi, instancia a la que se atribuye la omisión señalada.
Pull quotesCitas destacadas
"han transcurrido más de cinco años desde que se puso la situación en conocimiento del Conavi, sin que esa instancia atendiera el problema. El citado plazo es abiertamente desproporcionado e irrazonable, contrario a la eficiencia y eficacia que debe imperar en el actuar estatal."
"more than five years have elapsed since the situation was brought to Conavi's attention, without that entity addressing the problem. Said period is openly disproportionate and unreasonable, contrary to the efficiency and effectiveness that must prevail in state action."
Considerando V
"han transcurrido más de cinco años desde que se puso la situación en conocimiento del Conavi, sin que esa instancia atendiera el problema. El citado plazo es abiertamente desproporcionado e irrazonable, contrario a la eficiencia y eficacia que debe imperar en el actuar estatal."
Considerando V
"Se declara con lugar el recurso, solo en contra del Consejo Nacional de Vialidad. Se ordena a Jason Adrián Pérez Anchía, en su condición de gerente a.i de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien ejerza ese cargo, que coordine lo pertinente y disponga lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia atienda la situación objeto de este proceso."
"The amparo is granted, only against the National Road Council. Jason Adrián Pérez Anchía, in his capacity as acting manager of Road and Bridge Conservation of the National Road Council, or whoever holds that position, is ordered to coordinate the pertinent actions and to order the corresponding measures within the scope of his authority so that, within a maximum period of THREE MONTHS from the notification of this judgment, the situation at issue in this proceeding is addressed."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso, solo en contra del Consejo Nacional de Vialidad. Se ordena a Jason Adrián Pérez Anchía, en su condición de gerente a.i de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien ejerza ese cargo, que coordine lo pertinente y disponga lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia atienda la situación objeto de este proceso."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: March 21, 2025 at 09:30 Case File: 25-002611-0007-CO Type of Matter: Amparo Appeal Judgment with Separate Note Relevance Indicators Relevant Judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Strategic Themes: Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights Type of Content: Majority Vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
TREE FELLING.
Topic: EXECUTIVE BRANCH Subtopics:
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
008700-25. ENVIRONMENT. EXECUTIVE BRANCH. THE APPELLANT ALLEGES THAT THERE IS A ROTTEN TREE ON ROUTE 214 THAT POSES A RISK TO PERSONS PASSING THROUGH THE AREA AND, DESPITE HAVING BEEN BROUGHT TO THE ATTENTION OF CONAVI, IT HAS NOT SOLVED THE PROBLEM. THE APPEAL IS GRANTED, SOLELY AGAINST THE NATIONAL ROAD COUNCIL, AND THE RESPONDENT IS ORDERED TO, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF THREE MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, ADDRESS THE SITUATION THAT IS THE SUBJECT OF THIS PROCEEDING. VCG04/2025 "(…) V.- Regarding the specific case. In the sub examine, the appellant claims that there is a rotten tree on route 214 that, due to its condition, could fall and put people at risk. He claims that this problem was brought to the attention of Conavi. However, it has not taken any action in this regard.
Having analyzed the case record, the Chamber has deemed it proven that, by official letter no. DT-AP-398-2019 of November 5, 2019, the Environmental Management and Risk Prevention Unit of the Municipality of Desamparados informed the respondent party: '…it is concluded that the poró tree is located on the shoulder of the right-of-way of national route 214, therefore, the case is transferred to the Road and Bridge Conservation Management of the National Road Council (CONAVI) via official letter DT-AP-397-2019 for its respective assessment and to proceed with pruning or eliminating the tree in order to avoid any inconvenience.' Likewise, it was uncontroverted that the situation, the subject of this proceeding, was brought to the attention of Conavi in 2019.
Now, in the report rendered, the authorities of Conavi indicated that they have attempted to coordinate with the municipality of San José to address the reported problem. However, they blame that municipality for not having responded to their emails.
Upon analyzing the evidence, the Chamber highlights that the municipality of San José declined to handle the matter, given that the tree in question is located in the canton of Desamparados and, therefore, is outside its jurisdiction. Likewise, it indicated that Conavi's emails referred to another tree that was indeed attended to.
Based on the foregoing, the Chamber could not deem it proven that Conavi sought to address the reported problem. Indeed, given that the report and coordination originated from the municipality of Desamparados, the fact is that any subsequent coordination should have taken place with them.
Furthermore, this Court notes that more than five years have elapsed since the situation was brought to Conavi's attention, without that body addressing the problem. The aforementioned period is openly disproportionate and unreasonable, contrary to the efficiency and effectiveness that must prevail in state action. By virtue of the foregoing, the appeal is granted, solely against Conavi, the body to which the indicated omission is attributed. (…)" ... See more Related Judgments Content of Interest:
Type of Content: Separate Note Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 041- Effective Judicial Protection. Swift and Complete Justice Subtopics:
NOT APPLICABLE.
I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to swift and complete justice in administrative proceedings, it is the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber, that must hear the legal controversy. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence, since the legal-constitutional controversies concerning minors, the environment, payment of salary, payment of benefits upon retirement, non-contributory regime pensions and cases of profound cerebral palsy, disabled persons, foreigners located outside the country, potable water service, senior citizens when it does not refer to pension matters, corruption reports, indigenous people's rights, claims for lack of coverage by the Costa Rican Social Security Fund, and maternity leave are heard by this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo.
In all other cases, and for the reasons given in this judgment, the competent courts are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms) and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
VCG04/2025 ... See more CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the twenty-first of March of two thousand twenty-five.
Amparo appeal processed under case file no. 25-002611-0007-CO, filed by Nombre126585, identity card CED71012, against the NATIONAL ROAD COUNCIL (CONAVI).
Whereas:
Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,
Considering:
I.Preliminary question. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, starting from judgment no. 2008-02545 at 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or the sectoral laws in special administrative procedures, to resolve by final act an administrative proceeding -initiated ex officio or at the request of a party- or to hear the corresponding administrative appeals. However, it has also contemplated exceptions to the above, as occurs in this case, given that the grievance refers to actions related to a danger to the integrity of persons. In this type of matter, constitutional jurisprudence has deemed the application of constitutional control appropriate, so we proceed to resolve the sub iudice.
II.Subject of the appeal. The appellant claims that there is a rotten tree on Route7697 that, due to its condition, could fall and put people at risk. He claims that this problem was brought to the attention of Conavi. However, it has not taken any action in this regard.
III.Proven facts. For the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them, according to what was provided in the initial order:
V.Regarding the specific case. In the sub examine, the appellant claims that there is a rotten tree on Route7697 that, due to its condition, could fall and put people at risk. He claims that this problem was brought to the attention of Conavi. However, it has not taken any action in this regard.
Having analyzed the case record, the Chamber has deemed it proven that, by official letter no. DT-AP-398-2019 of November 5, 2019, the Environmental Management and Risk Prevention Unit of the Municipality of Desamparados informed the respondent party: '…it is concluded that the poró tree is located on the shoulder of the right-of-way of national route 214, therefore, the case is transferred to the Road and Bridge Conservation Management of the National Road Council (CONAVI) via official letter DT-AP-397-2019 for its respective assessment and to proceed with pruning or eliminating the tree in order to avoid any inconvenience.' Likewise, it was uncontroverted that the situation, the subject of this proceeding, was brought to the attention of Conavi in 2019.
Now, in the report rendered, the authorities of Conavi indicated that they have attempted to coordinate with the municipality of San José to address the reported problem. However, they blame that municipality for not having responded to their emails.
Upon analyzing the evidence, the Chamber highlights that the municipality of San José declined to handle the matter, given that the tree in question is located in the canton of Desamparados and, therefore, is outside its jurisdiction. Likewise, it indicated that Conavi's emails referred to another tree that was indeed attended to.
Based on the foregoing, the Chamber could not deem it proven that Conavi sought to address the reported problem. Indeed, given that the report and coordination originated from the municipality of Desamparados, the fact is that any subsequent coordination should have taken place with them.
Furthermore, this Court notes that more than five years have elapsed since the situation was brought to Conavi's attention, without that body addressing the problem. The aforementioned period is openly disproportionate and unreasonable, contrary to the efficiency and effectiveness that must prevail in state action. By virtue of the foregoing, the appeal is granted, solely against Conavi, the body to which the indicated omission is attributed.
I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to swift and complete justice in administrative proceedings, it is the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber, that must hear the legal controversy. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence, since the legal-constitutional controversies concerning minors, the environment, payment of salary, payment of benefits upon retirement, non-contributory regime pensions and cases of profound cerebral palsy, disabled persons, foreigners located outside the country, potable water service, senior citizens when it does not refer to pension matters, corruption reports, indigenous people's rights, claims for lack of coverage by the Costa Rican Social Security Fund, and maternity leave are heard by this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo.
In all other cases, and for the reasons given in this judgment, the competent courts are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms) and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the writ of amparo established by Article 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. This is because the legal-constitutional disputes concerning minors, the environment, payment of wages, payment of benefits upon retirement, non-contributory regime pensions, and cases of profound cerebral palsy, disabled persons, foreigners located outside the country, potable water service, older adults when not referring to pension matters, corruption complaints, the rights of indigenous peoples, claims for lack of coverage with the Caja Costarricense de Seguro Social, and maternity leave are within the knowledge of this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee proceeding.
In all other cases, and for the reasons given in this judgment, the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is consistent with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
VII.Documentation provided to the case file. The parties are warned that, should any document in paper form or objects or evidence contained in any additional electronic, computing, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies have been provided, these must be retrieved within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is advised that any material not collected within that period will be destroyed, based on the "Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch" (approved by the Full Court in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012) and in Article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judicial Branch no. 43-12 of May 3, 2012.
Por tanto:
The appeal is granted, solely against the Consejo Nacional de Vialidad. Jason Adrián Pérez Anchía, in his capacity as acting manager of Road and Bridge Conservation of the Consejo Nacional de Vialidad, or whoever holds that position, is ordered to coordinate the pertinent actions and arrange what is necessary within the scope of his powers so that, within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, he addresses the situation that is the subject of this proceeding. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence within the contentious-administrative jurisdiction. Judge Castillo Víquez records a note. In all other respects, the appeal is denied. Let it be notified.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
TALA DE ARBOLES.
Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
008700-25. AMBIENTE. PODER EJECUTIVO. ALEGA EL RECURRENTE QUE, HAY UN ÁRBOL PODRIDO EN LA RUTA 214 QUE, PONE EN RIESGO A LAS PERSONAS QUE PASAN POR EL LUGAR Y, PESE A QUE SE PUSO EN CONOCIMIENTO DEL CONAVI, NO HA SOLUCIONADO EL PROBLEMA. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, SOLO EN CONTRA DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD Y SE ORDENA AL RECURRIDO QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA ATIENDA LA SITUACIÓN OBJETO DE ESTE PROCESO. VCG04/2025 “(…) V.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente afirma que hay un árbol podrido en la ruta 214 que, por su situación, puede caer y poner en riesgo a las personas. Afirma que tal problema fue puesto en conocimiento del Conavi. Empero, no ha tomado acciones al respecto.
Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante oficio nro. DT-AP-398-2019 de 5 de noviembre de 2019, la Unidad de Gestión Ambiental y Prevención de Riesgos de la Municipalidad de Desamparados comunicó al tutelado: “…se concluye que el árbol de poró se ubica en el espaldón del derecho vía de la ruta nacional 214 por ende, el traslada el caso a la Gerencia Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) mediante oficio DT-AP-397-2019 para su respectiva valoración y que se proceda a podar o eliminar el árbol con el fin de evitar cualquier inconveniente”. Asimismo, fue incontrovertido que la situación, objeto de este proceso, fue puesta en conocimiento del Conavi en 2019.
Ahora bien, en el informe rendido, las autoridades del Conavi indicaron que han procurado coordinar con la municipalidad de San José para atender el problema expuesto. Sin embargo, achacan que esa municipalidad no ha respondido a sus correos.
Al analizar los elementos de prueba, la Sala destaca que la municipalidad de San José declinó que el tema fuera tratado con ella, visto que el árbol en cuestión se encuentra en el cantón de Desamparados y, por tanto, está fuera de su jurisdicción. Asimismo, indicó que los correos del Conavi se referían a otro árbol que sí fue atendido.
Con base en lo anterior, la Sala no pudo tener por probado que el Conavi procurara la atención del problema denunciado. En efecto, dado que la denuncia y coordinación provino de la municipalidad de Desamparados, lo cierto es que cualquier coordinación posterior debió ocurrir con ella.
Además, este Tribunal nota que han transcurrido más de cinco años desde que se puso la situación en conocimiento del Conavi, sin que esa instancia atendiera el problema. El citado plazo es abiertamente desproporcionado e irrazonable, contrario a la eficiencia y eficacia que debe imperar en el actuar estatal. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso, solo en contra del Conavi, instancia a la que se atribuye la omisión señalada. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas:
NO APLICA.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo.
En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VCG04/2025 ... Ver más SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiuno de marzo de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-002611-0007-CO, interpuesto por Nombre126585, cédula de identidad CED71012, contra el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.Cuestión previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia nro. 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa‑administrativa aquellos asuntos, en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos fijados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales en los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo ‑instruido de oficio o a instancia de parte‑ o conocer de los recursos administrativos correspondientes. Sin embargo, también ha contemplado casos de excepción a lo anterior, como sucede en la especie, toda vez que el agravio se refiere a gestiones relacionadas con un peligro para la integridad de las personas. En este tipo de materia, la jurisprudencia constitucional ha estimado procedente la aplicación del control de constitucionalidad, de modo que se procede a resolver el sub iudice.
II.Objeto del recurso. La parte recurrente afirma que hay un árbol podrido en la Dirección7697 que, por su situación, puede caer y poner en riesgo a las personas. Afirma que tal problema fue puesto en conocimiento del Conavi. Empero, no ha tomado acciones al respecto.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
IV.Hecho no probado. La Sala carece de elementos para tener por probado que la situación denunciada fuera atendida por el Conavi.
V.Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente afirma que hay un árbol podrido en la Dirección7697 que, por su situación, puede caer y poner en riesgo a las personas. Afirma que tal problema fue puesto en conocimiento del Conavi. Empero, no ha tomado acciones al respecto.
Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante oficio nro. DT-AP-398-2019 de 5 de noviembre de 2019, la Unidad de Gestión Ambiental y Prevención de Riesgos de la Municipalidad de Desamparados comunicó al tutelado: “…se concluye que el árbol de poró se ubica en el espaldón del derecho vía de la ruta nacional 214 por ende, el traslada el caso a la Gerencia Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) mediante oficio DT-AP-397-2019 para su respectiva valoración y que se proceda a podar o eliminar el árbol con el fin de evitar cualquier inconveniente”. Asimismo, fue incontrovertido que la situación, objeto de este proceso, fue puesta en conocimiento del Conavi en 2019.
Ahora bien, en el informe rendido, las autoridades del Conavi indicaron que han procurado coordinar con la municipalidad de San José para atender el problema expuesto. Sin embargo, achacan que esa municipalidad no ha respondido a sus correos.
Al analizar los elementos de prueba, la Sala destaca que la municipalidad de San José declinó que el tema fuera tratado con ella, visto que el árbol en cuestión se encuentra en el cantón de Desamparados y, por tanto, está fuera de su jurisdicción. Asimismo, indicó que los correos del Conavi se referían a otro árbol que sí fue atendido.
Con base en lo anterior, la Sala no pudo tener por probado que el Conavi procurara la atención del problema denunciado. En efecto, dado que la denuncia y coordinación provino de la municipalidad de Desamparados, lo cierto es que cualquier coordinación posterior debió ocurrir con ella.
Además, este Tribunal nota que han transcurrido más de cinco años desde que se puso la situación en conocimiento del Conavi, sin que esa instancia atendiera el problema. El citado plazo es abiertamente desproporcionado e irrazonable, contrario a la eficiencia y eficacia que debe imperar en el actuar estatal. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso, solo en contra del Conavi, instancia a la que se atribuye la omisión señalada.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo.
En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, solo en contra del Consejo Nacional de Vialidad. Se ordena a Jason Adrián Pérez Anchía, en su condición de gerente a.i de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien ejerza ese cargo, que coordine lo pertinente y disponga lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia atienda la situación objeto de este proceso. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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