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Res. 37367-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/12/2024

Flooding in Río Oro Residential ComplexEstancamiento de aguas en Urbanización Río Oro

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OutcomeResultado

Granted (no award of costs)Con lugar (sin condenatoria en costas)

The Chamber granted the appeal, finding a violation of fundamental rights due to the lack of diligent action by the respondent authorities in resolving the water stagnation, even though the situation was corrected after they were notified of the amparo proceedings; by majority, no award of costs or damages was imposed.La Sala declaró con lugar el recurso por lesión a los derechos fundamentales, al evidenciar la falta de actuación diligente de las autoridades recurridas para resolver el estancamiento de aguas, aunque la situación fue corregida después de notificada la resolución de curso del amparo; por mayoría, no se impuso condenatoria en costas, daños y perjuicios.

SummaryResumen

The administrator of the Villas Punta Cañón condominium filed an amparo action against the Municipality of Santa Ana and the Ministry of Health due to a contamination source caused by stagnant water from a blocked stormwater drain, leading to mosquito proliferation, foul odors, and dengue cases among residents. Since July 2023, the Ministry of Health had issued a sanitary order requiring the municipality to clean the drain and present a definitive remedial plan. The Constitutional Chamber found that the municipality conducted periodic cleanings and pursued a water easement but only fully complied with the order after being notified of the amparo proceedings, over a year later. The Ministry of Health carried out multiple inspections and follow-ups but failed to use legal tools to enforce compliance despite confirming Aedes aegypti larvae, the dengue vector. Since the situation was corrected after the amparo was filed, the Chamber granted the appeal solely for indemnification and costs, with the majority deciding not to grant abstract damages.La administradora del Condominio Villas Punta Cañón interpuso un recurso de amparo contra la Municipalidad de Santa Ana y el Ministerio de Salud por un foco de contaminación generado por aguas estancadas, producto del taponamiento del desfogue natural de aguas pluviales, lo que provocó proliferación de zancudos, malos olores y casos de dengue entre los vecinos. Desde julio de 2023, el Ministerio de Salud emitió orden sanitaria que obligaba al municipio a limpiar el alcantarillado y presentar un plan remedial definitivo. La Sala Constitucional constató que la Municipalidad realizó limpiezas periódicas y gestionó la adquisición de una servidumbre de paso de aguas, pero no cumplió íntegramente la orden sanitaria sino hasta después de notificada la resolución de curso del amparo, más de un año después. El Ministerio de Salud realizó múltiples inspecciones y seguimiento, pero no empleó las herramientas legales para forzar el cumplimiento a pesar de evidenciar la presencia de larvas del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue. Al haberse corregido la situación tras la notificación del amparo, la Sala declaró con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y costas, sin condenatoria en abstracto por decisión de mayoría.

Key excerptExtracto clave

In light of the foregoing, this Court finds a violation of the fundamental rights of the protected party due to the lack of diligent and prompt action by the respondent authorities in resolving the reported problem of water stagnation under study. (...) Despite this, it was not until after the respondent mayor was notified of the ruling admitting this matter that the entirety of sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 of September 5, 2023, was complied with, namely, more than one year after its issuance and beyond the deadline set by the Ministry of Health. (...) However, in the instant case, it is evident that, despite verifying on several occasions the non-compliance with such order, the Santa Ana Health Area failed to employ the tools provided by the legal system to ensure its proper enforcement. This is aggravated when considering, for example, that during the inspection on June 19, 2024, stagnant stormwater was observed containing larvae and pupae of the Aedes aegypti mosquito, a vector of diseases such as dengue.En virtud de lo expuesto, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada debido a la falta de actuación diligente y célere de las autoridades recurridas en resolver la problemática denunciada en relación con el estancamiento de aguas objeto de este estudio. (...) Pese a ello, no fue sino hasta con posterioridad a que el alcalde recurrido fue notificado de la resolución de curso de este asunto cuando se atendió la totalidad de la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 del 5 de setiembre de 2023, a saber, más de un año después de su emisión y en un plazo superior al conferido por el Ministerio de Salud. (...) Sin embargo, en la especie se evidencia que, pese a comprobar en varias oportunidades el incumplimiento de tal orden, el Área Rectora de Salud de Santa Ana no empleó las herramientas conferidas por el ordenamiento jurídico para procurar su adecuado acatamiento. Lo anterior se agrava al considerar, por ejemplo, que en la inspección del 19 de junio de 2024 se observaron aguas pluviales estancadas con larvas y pupas del mosquito aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En virtud de lo expuesto, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada debido a la falta de actuación diligente y célere de las autoridades recurridas en resolver la problemática denunciada en relación con el estancamiento de aguas objeto de este estudio."

    "In light of the foregoing, this Court finds a violation of the fundamental rights of the protected party due to the lack of diligent and prompt action by the respondent authorities in resolving the reported problem of water stagnation under study."

    Considerando III

  • "En virtud de lo expuesto, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada debido a la falta de actuación diligente y célere de las autoridades recurridas en resolver la problemática denunciada en relación con el estancamiento de aguas objeto de este estudio."

    Considerando III

  • "Sin embargo, en la especie se evidencia que, pese a comprobar en varias oportunidades el incumplimiento de tal orden, el Área Rectora de Salud de Santa Ana no empleó las herramientas conferidas por el ordenamiento jurídico para procurar su adecuado acatamiento."

    "However, in the instant case, it is evident that, despite verifying on several occasions the non-compliance with such order, the Santa Ana Health Area failed to employ the tools provided by the legal system to ensure its proper enforcement."

    Considerando III

  • "Sin embargo, en la especie se evidencia que, pese a comprobar en varias oportunidades el incumplimiento de tal orden, el Área Rectora de Salud de Santa Ana no empleó las herramientas conferidas por el ordenamiento jurídico para procurar su adecuado acatamiento."

    Considerando III

  • "Lo anterior se agrava al considerar, por ejemplo, que en la inspección del 19 de junio de 2024 se observaron aguas pluviales estancadas con larvas y pupas del mosquito aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue."

    "This is aggravated when considering, for example, that during the inspection on June 19, 2024, stagnant stormwater was observed containing larvae and pupae of the Aedes aegypti mosquito, a vector of diseases such as dengue."

    Considerando III

  • "Lo anterior se agrava al considerar, por ejemplo, que en la inspección del 19 de junio de 2024 se observaron aguas pluviales estancadas con larvas y pupas del mosquito aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue."

    Considerando III

  • "Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (...) la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."

    "After better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the instant case, pursuant to the provisions of the first paragraph of article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (...) the grant should be without a special award of costs or damages."

    Considerando IV

  • "Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (...) la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Procedural marks

In the matter of an amparo appeal processed under expediente 24-029727-0007-CO, filed by PATRICIA LUCÍA BERMÚDEZ QUESADA, identity card 0109440069, against the MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA and the MINISTERIO DE SALUD.

Whereas:

1.- By a document incorporated into the digital expediente on October 22, 2024, the petitioner filed an amparo appeal. She states that she is the administrator of Condominio Villas Punta Cañón, located in Santa Ana, Urbanización Río Oro. She reports that on July 20, 2023, she filed a complaint before the Ministerio de Salud regarding a source of contamination caused by stagnant water, a result of the blockage of the natural drainage channel that allows the passage of rainwater to the river, which has caused the proliferation of mosquitoes and foul odors. She adds that the Ministerio de Salud assigned the complaint number 163-2023, and after verifying the facts and the threat to the neighbors' health, sanitary order number MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 was issued, ordering the Municipalidad de Santa Ana to provide a definitive and comprehensive solution to the problem. She further states that the sanitary order was notified to the respondent municipality on October 6, 2023, since this entity is responsible for ensuring the cleaning and maintenance of the affected roadway. She accuses that, despite the efforts and follow-up carried out with the aforementioned municipality and the Ministerio de Salud, a comprehensive solution to the source of contamination has not been provided to date, which keeps the neighbors' health under threat. She reports that, with the intense rains of previous years and the current one, the waters have overflowed and entered the condominium, contaminating it with dirty water carrying trash and other debris, affecting the health of the residents, including children and older adults. She notes that the lack of timely attention by the respondent authorities has led to some neighbors falling ill with dengue. She claims that there is a clear violation of the constitutional rights of the condominium's inhabitants and the adjacent area, resulting from the lack of execution of works by the Municipalidad de Santa Ana and the omission of the Ministerio de Salud in guaranteeing compliance with sanitary orders, which seriously affects the residents of Villas Punta Cañón. Given the foregoing, she turns to the Chamber for protection of the fundamental rights of the represented party and requests that the appeal be granted.

2.- By a ruling of the Presidency of the Chamber at 8:59 p.m. on October 29, 2024, the proceedings were accepted, and the mayor of the Municipalidad de Santa Ana and the director of the Área Rectora de Salud de Santa Ana were requested to submit a report.

3.- By a document incorporated into the digital expediente on November 5, 2024, Juan José Vargas Fallas, in his capacity as mayor of Santa Ana, reports under oath. He states: “Since the origin of Urbanización Río Oro, the drainage for streets 52 and 54 has been by gravity, passing through farm 212469-000 to the Río Uruca. However, the owner of this farm recently built a low wall that blocks the water passage. Therefore, on August 1, 2023, through agreement 19 adopted in ordinary session 170, the Municipal Council ordered: to declare of public municipal interest a strip of land 6 meters wide by 68 meters long, parallel to the eastern boundary of farm 1-212469-000, cadastral map SJ-16286-1974 whose owner is Rigel Nett Sociedad Anónima, to constitute in favor of the Municipality, an easement (servidumbre) for an underground pipe for rainwater coming from streets 52 and 54 of Urbanización Rio Oro and for passage for municipal workers to maintain the pipe. On December 8, 2023, the owning company granted power of attorney to Mr. CARLOS FRANCISCO CAMACHO GONZALEZ to appear before a notary public and/or State Notary to grant, execute, and sign the deed of constitution of the easement (servidumbre). This power of attorney was communicated to the Municipality on the following December 19, so, despite having the economic budget to make the purchase and all the requirements to request the State Notary to prepare the deed, it was not possible to submit it before the year-end closing, so the municipal budget allocation went to surplus 8 (…) In the current year, we had to make a budget modification to recover the available budget, and when we were preparing the certifications to send to the Notary, we found that cadastral map SJ-16286-1974 had been canceled by the Catastro Nacional. On July 9, 2024, we informed the proxy's assistant, and since then they began the preparation of a new map. Obtaining map 1-056451-2024. But they have not yet registered it in the property, as shown in the following image from the consultation in the Registro Nacional: (…) And without this, the easement (servidumbre) deed cannot be done. In the meantime, the Municipality periodically performs extraction by pumping, which is insufficient to keep it dry, due to the constant rains. Additionally, given the presence of water during the dry season, Licda. Daniela Aguilar Otárola, a municipal official, conducted a tour of the Urbanization to identify the discharge of wastewater (aguas residuales) into the gutters, finding discharge in 18 properties (…) Therefore, on May 9, 2024, she filed a sanitary complaint for discharge of wastewater (aguas residuales) into the sewer system before the Área Rectora de Salud de Santa Ana. For its part, the Área Rectora de Salud ruled out discharge on farms 212455-000, 212669-000, 005029-M-000, 0001 19-M-000, 21 2457-000, and 385403-000. Confirming the discharge of sewage (aguas servidas) on farms 212647-000, 205901-001-002-003-004-005, and 610291-000. It reported that condominium 001 533-M-000 has a prior sanitary order MS-DRRSCS-DARSSAOS-068-2022, which is under follow-up. With this, we seek to ensure there is no stagnant water during the dry season, nor contaminated water, for the time necessary until the easement (servidumbre) is created. Notwithstanding, we are awaiting the result regarding the discharge from farms 397981-000, 512180-000, 212643-000, 212637-001-002, 508546-000, 212621-000. As can be seen, the Municipality performs extractions by pumping, as well as ensuring there is no contamination from wastewater (aguas residuales). While the easement (servidumbre) that will allow the complete solution of the problem can be created. But the cause for the easement (servidumbre) not yet being able to be constituted corresponds to a third party, which is beyond municipal control. For our part, we will continue to perform extractions by pumping periodically until the drainage pipe can be built over the future easement (servidumbre). PETITION: That the present amparo appeal be declared without merit.” 4.- By a document incorporated into the digital expediente on November 6, 2024, Ricardo Ocampo Salas, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud de Santa Ana of the Ministerio de Salud, reports under oath. He explains: “II. ACTIONS OF THE MINISTERIO DE SALUD IN THE CASE AT HAND. On Friday, July 21, 2023, at 3:27 p.m., complaint number 163-2023 entered the email of this Área Rectora de Salud Santa Ana, filed by Mrs. Patricia Bermúdez Quesada against the lot bordering on the left, which textually argues: “the property with folio real registration number 1-973-M--000, identified as Villas Punta Cañón, is being affected, since the lot bordering the condominium's left side decided to block the drainage channel (caño) that allows the free passage of rainwater flowing into the canyon; this caused the water to become stagnant, creating a breeding ground for mosquitoes and larvae with unpleasant odors....” (folios 00001 to 00014). In the complaint, Mrs. Patricia Bermúdez Quesada attaches the following documents: A document dated July 17, 2023, providing more specific details of the complaint, along with photographs of the problem and detailing the affected site. A copy of the identity card. A copy of the property's registration certification. On Wednesday, August 30, 2023, at 2:20 p.m., according to Inspection Report JQV-127-2023, an official of this Área Rectora de Salud appeared at the site where the problem occurs in Condominio Villas Punta Cañón, where the presence of stagnant water is confirmed because the drainage channel (cordón de caño) has no outlet. (folios 00015 to 00016) Through Technical Report N° MS-DRRSCS-DARSSA-IT-366-2023, dated Tuesday, September 5, 2023, it is concluded that the rainwater coming from the public road is what is causing the stagnation in the drainage channel (cordón de caño), because it appears the channel has no outlet to the receiving body, Río Uruca, which constitutes a potential source and/or breeding ground for hazardous fauna (fauna nociva), failing to comply with the provisions of current national regulations, which is why it is recommended to issue the corresponding administrative acts to the property's registered owner. (folios 00017 to 00022) Through Official Letter N° MS-DRRSCS-DARSSA-1025-2023, dated September 5, 2023, the response is issued to the complainant informing her of what occurred with her complaint (folio 00023). On Wednesday, September 6, 2023, at 1:36 p.m., sanitary order N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 was notified at the Municipalidad de Santa Ana, addressed to Mr. Gerardo Oviedo Espinoza or whoever holds his place as mayor (folios 00024 to 00027). This order requests: “…Immediately, proceed to: • Clean the stormwater sewer system; in order to prevent the formation of sources of infection, environmental contamination foci, or breeding ground and/or shelter for hazardous fauna (fauna nociva). Legal basis: Articles 318 and 319 of the Ley General de Salud, Law 5395, and Article 8, subsection “e” of the Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº8839, published in La Gaceta 135 of 07/13/2010. • Maintain the stormwater sewer system in adequate conditions of order and cleanliness permanently, preventing it from becoming a source of infection, environmental contamination focus, or breeding ground and/or shelter for hazardous fauna (fauna nociva). Legal basis: Articles 318 and 319 of the Ley General de Salud, Law 5395, Article 8, subsection “e” of the Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº8839, published in La Gaceta 135 of 07/13/2010. Within 20 business days, proceed to: • Submit to the Área Rectora de Salud Santa Ana a remedial plan, duly signed, with the execution timelines for the works and the responsible parties, to provide a definitive solution for the stormwater sewer system outlet, so as to guarantee the definitive solution to the problem of rainwater stagnation. Legal Basis: Articles 1, 2, 3, 4, 7, 37, 39, 285, 286, 287, 308, 309, 340, 341, 342, 346, 355, 378, and 378 bis of the Ley General de Salud, Law 5395, Article 8, subsection “e” of the Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº8839, published in La Gaceta 135 of 07/13/2010, and Article 50 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, all of the above in order to protect public health and the environment…“ On Wednesday, September 6, 2023, at 2:35 p.m., an email is received from the complainant indicating acknowledgment of receipt of Official Letter N° MS-DRRSCS-DARSSA-1025-2023. (folios 00028 to 00029) On Thursday, October 5, 2023, at 11:15 a.m., according to Inspection Report JQV-163-2023, officials of this Área Rectora de Salud Santa Ana appeared in front of Condominio Villas Punta Cañón, where the presence of municipal workers cleaning the drainage channel (cordón de caño) is confirmed. (folios 00030 to 00031) Through official letter N° MS-DRRSCS-DARSSA-1169-2023, dated Friday, October 13, 2023, the Gobierno Local de Santa Ana is requested to present the remedial plan to provide a definitive solution to the problem and follow-up on the case. (folios 00032 to 00034) On Monday, November 6, 2023, at 5:58 p.m., an inquiry was received via the email regulació[email protected] from an assistant of the complainant, thanking the efforts made by the municipality but requesting information on the definitive solution. (folios 00035 to 00037) On Tuesday, November 7, 2023, at 8:17 a.m., an email is sent to the Gobierno Local de Santa Ana, inquiring about the remedial plan to be carried out to definitively solve the problem. (folios 00038 to 00039) On Thursday, November 9, 2023, at 12:49 p.m., an email is received from the Municipalidad de Santa Ana, attaching Official Letter N° MSA-ALC-04-722-2023 and Official Letter N° MSA-ALC-04-687-2023. (folios 00040 to 00042) On Wednesday, February 28, 2024, at 10:50 a.m., according to Inspection Report JQV-034-2024, officials of this Área Rectora de Salud Santa Ana appeared at the drainage channel (cordón de caño) located in front of Condominio Villas Punta Cañón, where stagnant water is confirmed in the channel. (folios 00043 to 00044) Through official letter N° MS-DRRSCS-DARSSA-0237-2024, dated March 5, 2024, the Gobierno Local de Santa Ana is requested information on the actions taken in compliance with the request made through sanitary order N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, for the definitive and integral solution to the problem caused in urbanización Río Oro. (folios 00045 to 00047) On Friday, April 12, 2024, at 11:55 a.m., a request for follow-up on the case from the complainant enters the email regulació[email protected] (folios 00048 to 00049). On Friday, April 12, 2024, at 8:34 a.m., the complainant is informed by email about the follow-up being given to the case and that, concerning fumigation, coordination will be made with health surveillance. (folios 00050) On Tuesday, June 18, 2024, at 10:00 a.m., a note enters through the single window of this Área Rectora de Salud Santa Ana, signed by the complainant, requesting that Article 314 of the Penal Code be applied to the municipal mayor for non-compliance with the sanitary order (folios 00051 to 00052). Through official letter N° MS-DRRSCS-DARSSA-0791-2024, dated June 20, 2024, the Gobierno Local de Santa Ana is requested follow-up on the actions taken in compliance with the request made through sanitary order N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, for the definitive and integral solution to the problem caused in urbanización Río Oro. (folios 00053 to 00056) Via email on June 25, 2024, at 3:05 p.m., the complainant's legal assistant is informed of the different follow-up letters on the case that have been sent to the Gobierno Local. (folio 00057) Through Official Letter N° MS-DRRSCS-DARSSA-0823-2024, dated June 28, 2024, the response is issued to the complainant informing her of the follow-up to her complaint. (folios 00058 to 00060) Via email on July 5, 2024, at 10:51 a.m., the complainant's legal assistant is informed that Article 314 of the Penal Code cannot be applied because the warning in the sanitary order establishes as a penalty the collection of a fine of one base salary, based on Articles 378 and 378 bis of the Ley General de Salud. (folio 00061) Through official letter N° MS-DRRSCS-DARSSA-1171-2024, dated August 30, 2024, the Gobierno Local de Santa Ana is requested follow-up on the actions taken in compliance with the request made through sanitary order N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, for the definitive and integral solution to the problem caused in urbanización Río Oro. (folios 00062 to 00065) On Wednesday, September 18, 2024, a copy of the note sent by Mrs. Patricia Bermúdez to the Concejo Municipal de Santa Ana enters through the single window of the Área Rectora de Salud Santa Ana. (folios 00066 to 00067) On Thursday, October 31, 2024, at 1:58 p.m., according to Inspection Report JQV-188-2024, officials of this Área Rectora de Salud Santa Ana appeared at the drainage channel (cordón de caño) located in front of Condominio Villas Punta Cañón, where stagnant water is confirmed in the drainage channel (cordón de caño). (folios 00068 to 00069) On Thursday, October 31, 2024, at 4:59 p.m., official letter N° MSA-ALC-01-468-2024 enters via email, where the Gobierno Local de Santa Ana indicates the efforts made to acquire the part of the lot where the constitution of the water passage easement (servidumbre) is required. It further indicates that they have filed complaints for alleged discharge of wastewater (aguas residuales) into the drainage channel (cordón de caño). (folios 00070 to 00073) On Thursday, October 31, 2024, at 9:10 a.m., the resolution from the Constitutional Chamber, requesting the actions taken by this Área Rectora de Salud in the case at hand, enters through the single window of the Área Rectora de Salud Santa Ana (folios 00074 to 00078). On Friday, November 1, 2024, at 1:30 p.m., according to Inspection Report GSA-130-2024, officials of this Área Rectora de Salud Santa Ana appeared at the drainage channel (cordón de caño) located in front of Condominio Villas Punta Cañón, where stagnant water is confirmed in the drainage channel (cordón de caño). (folios 00079 to 00080) On Monday, November 4, 2024, at 9:48 a.m., according to Inspection Report GSA-135-2024, officials of this Área Rectora de Salud Santa Ana appeared at the drainage channel (cordón de caño) located in front of Condominio Villas Punta Cañón, where it is confirmed that there is no longer stagnant water and that it now runs through where the water passage easement (servidumbre) will pass, as the wall that obstructed the passage is no longer found, thus solving the problem of stagnant water. (folios 00081 to 00082) III. LEGAL ASPECTS. It is important to clarify to the Honorable Constitutional Judge that at this local level, the Área Rectora de Salud Santa Ana of the Ministerio de Salud has diligently and promptly strived to attend to each and every one of the matters presented to us by the constituents, and to provide, as appropriate, due attention, in order to guarantee the development of actions that protect and improve the physical, mental, and social health of the inhabitants, through the exercise of the Rectoría del Sistema Nacional de Salud, all of this in order to guarantee the health of the inhabitants and therefore their fundamental right to life. It is appreciable, as evidenced by the body of proof in the record, and as proven by the administrative expediente attached as evidence, that through inspection reports, a technical report, the sanitary order, and official letters, the official assigned to the case proceeded in a timely manner to attend to the complaint about stagnant water in the drainage channel (cordón de caño) in front of Condominio Villas Punta Cañón and to keep the complainant informed. In addition to the above, the Gobierno Local de Santa Ana filed a total of 19 complaints against different properties in Urbanización Río Oro, on suspicion of discharge of wastewater (aguas residuales) into the drainage channel (cordón de caño), corresponding to consecutive numbers N° 137-2024 to 155-2024, which were addressed, and it was only confirmed, through technical dye tracing tests with sodium fluorescein, that three properties were discharging sewage (aguas servidas) (soapy) into the storm system, for which the respective administrative acts were issued for their correction. The technical dye tracing test with sodium fluorescein is used to know the path of wastewater (aguas residuales) (traceability) by tracking the dye from its point of generation to the various discharge points. Being precisely a tracer, it allows determining and identifying the transit, diffusion and dispersion patterns, or infiltration areas of the waters. Thus, the dye must be poured into sinks, washbasins, toilets, washing machine drains (among others, which serve as the generation point) of the denounced property or properties in order to technically demonstrate its traceability to the discharge sites. It is imperative to note that the actions of the Ministerio de Salud, particularly of this Área Rectora de Salud Santa Ana, are neither disinterested nor, much less, intended to violate individuals' fundamental rights; on the contrary, they are always aimed at addressing all matters raised in a careful, responsible, and diligent manner. Therefore, in response to what is argued by Mrs. Patricia Bermúdez Quesada in this amparo appeal, it is evidenced that this Área Rectora de Salud Santa Ana did not exhibit an omissive conduct concerning (sic) the complaint filed by Mrs. Bermúdez, especially when the complaint has been addressed promptly and completely by this Área Rectora de Salud, such that the actions in the cited case have always been respectful and in accordance with the constitutional and legal framework. Additionally, the problem of water stagnation no longer occurs at the site; however, the definitive resolution of the case depends on the Gobierno Local de Santa Ana and the registered owner of the lot to finalize the purchase and the deed for the rainwater passage easement (servidumbre), a situation that is (sic) outside the powers of this Ministerio. IV. PETITION. By virtue of the foregoing, we respectfully request the Honorable Constitutional Court DECLARE WITHOUT MERIT the present amparo appeal, as it is clear from what has been reported that what was denounced has been addressed as appropriate and within our competencies, where we insist on affirming that the conduct of this Área Rectora de Salud Santa Ana is not disinterested nor, much less, intended to violate individuals' fundamental rights, particularly those of the petitioner here; on the contrary, it is always aimed at addressing all their matters in a careful, responsible, and diligent manner, as has indeed been done and continues to be done. Therefore, we reiterate the respectful request that the amparo appeal before us be declared without merit.” 5.- By a ruling at 10:13 a.m. on November 13, 2024, it was ordered: “Ricardo Ocampo Salas, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud de Santa Ana of the Ministerio de Salud, or whoever holds that position, is hereby ordered as better evidence to inform this Court whether full compliance with the provisions of sanitary order number MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 of September 5, 2023, issued in relation to the Municipalidad de Santa Ana, was verified, and if not, to clarify the aspects that are pending compliance. Furthermore, he must indicate whether the complainant was notified of the current status of complaint number 163-2023 filed before the Área Rectora de Salud de Santa Ana.” 6.- By a document incorporated into the digital expediente on November 15, 2024, Ricardo Ocampo Salas, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud de Santa Ana of the Ministerio de Salud, reports. He explains: “On Wednesday, September 6, 2023, at 1:36 p.m., sanitary order N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 was notified at the Municipalidad de Santa Ana, addressed to Mr. Gerardo Oviedo Espinoza or whoever holds his place as mayor (folios 00024 to 00027). This order requests: “…Immediately, proceed to: • Clean the stormwater sewer system; in order to prevent the formation of sources of infection, environmental contamination foci, or breeding ground and/or shelter for hazardous fauna (fauna nociva). Legal basis: Articles 318 and 319 of the Ley General de Salud, Law 5395, and Article 8, subsection “e” of the Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº8839, published in La Gaceta 135 of 07/13/2010. • Maintain the stormwater sewer system in adequate conditions of order and cleanliness permanently, preventing it from becoming a source of infection, environmental contamination focus, or breeding ground and/or shelter for hazardous fauna (fauna nociva). Legal basis: Articles 318 and 319 of the Ley General de Salud, Law 5395, Article 8, subsection “e” of the Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº8839, published in La Gaceta 135 of 07/13/2010. Within 20 business days, proceed to: • Submit to the Área Rectora de Salud Santa Ana a remedial plan, duly signed, with the execution timelines for the works and the responsible parties, to provide a definitive solution for the stormwater sewer system outlet, so as to guarantee the definitive solution to the problem of rainwater stagnation. Legal Basis: Articles 1, 2, 3, 4, 7, 37, 39, 285, 286, 287, 308, 309, 340, 341, 342, 346, 355, 378, and 378 bis of the Ley General de Salud, Law 5395, Article 8, subsection “e” of the Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº8839, published in La Gaceta 135 of 07/13/2010, and Article 50 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, all of the above in order to protect public health and the environment…“ On Thursday, November 9, 2023, at 12:49 p.m., an email is received from the Municipalidad de Santa Ana, attaching Official Letter N° MSA-ALC-04-722-2023 and Official Letter N° MSA-ALC-04-687-2023, through which they indicate the remedial plan to address the problem of Sanitary Order N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, specifically point 2. (folios 00040 to 00042) Regarding point 1 of Sanitary Order N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, on Monday, November 4, 2024, at 9:48 a.m., according to Inspection Report GSA-135-2024, officials of this Área Rectora de Salud Santa Ana appeared at the drainage channel (cordón de caño) located in front of Condominio Villas Punta Cañón, where it is confirmed that there is no longer stagnant water and that it now runs through where the water passage easement (servidumbre) will pass, as the wall that obstructed the passage is no longer found. (folios 00081 to 00082). On Thursday, November 14, 2024, at 9:34 a.m., according to Inspection Report JQV-194-2024, officials of this Área Rectora de Salud Santa Ana appeared at the drainage channel (cordón de caño) located in front of Condominio Villas Punta Cañón, where it is confirmed that there is no longer stagnant water and that the rainwater flows without obstruction, complying with what was ordered. (Folios 00096 to 00097) Through Technical Verification Report for sanitary order compliance, N° MS-DDRSCS-DARSSA-IT-493-2024, it is concluded that the absence of stagnant water is confirmed and that rainwater flows without obstacles, complying with what was requested through sanitary order number MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023. (Folios 00098 to 00102). Through Official Letter N° MS-DRRSCS-DARSSA-1578-2024, Mrs. Patricia Bermúdez is informed about the compliance with what was requested through -DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 and the case closure. (Folios 00103 to 00105) III. PETITION. By virtue of the foregoing, we hope to have clarified what was requested and respectfully request that the Honorable Constitutional Court DECLARE WITHOUT MERIT the present amparo appeal, as it is clear from what has been reported that what was denounced has been addressed as appropriate and within our competencies, where we insist on affirming that the conduct of this Área Rectora de Salud Santa Ana is not disinterested nor, much less, intended to violate individuals' fundamental rights, particularly those of the petitioner here; on the contrary, it is always aimed at addressing all their matters in a careful, responsible, and diligent manner, as has indeed been done and continues to be done. Therefore, we reiterate the respectful request that the amparo appeal before us be declared without merit.” 7.- By a document incorporated into the digital expediente on December 2, 2024, Judge Araya García filed a recusal.

8.- By a ruling of the Presidency of the Chamber at 11:00 a.m. on December 3, 2024, Judge Araya García was removed from the knowledge of the matter.

9.- Through draw number 13067 conducted by the Presidency of the Corte Suprema de Justicia, Judge Lara Gamboa was appointed to substitute Judge Araya García.

10.- Through draw number 13103 conducted by the Presidency of the Corte Suprema de Justicia, Judge Fernández Argüello was appointed to substitute Judge Araya García.

11.- By a document incorporated into the digital expediente on December 16, 2024, the appellant states: “In view of the statements made by the required institutions, this representation considers it important to point out to your authority the inconsistencies in the reports rendered by both institutions, in the following sense: The MUNICIPALIDAD indicates in its report that to solve the problem it is necessary to build an easement (servidumbre) through which the waters drain, and that the sale of the land to constitute it has NOT yet been finalized.

Contradictorily, the MINISTRY OF HEALTH indicates that: “(…) On Monday, November 4, 2024, at 9:48 a.m., pursuant to Inspection Report GSA-135-2024, and on Thursday, November 14, 2024, at 9:34 a.m., pursuant to Inspection Report JQV-194-2024, officials of this Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud Santa Ana) appeared at the drainage ditch (cordón de caño) located in front of Condominio Villas Punta Cañón, where it is corroborated that there is no longer stagnant water and that said waters now run through where the water passage easement (servidumbre de paso de aguas) will go, since the wall that obstructed the passage is not located, thereby solving the problem of stagnant water (…)” As demonstrated by the attached photos, although the wall was knocked down, it is evident that said material act was carried out in an unplanned manner, since the debris was left in the channel and the water outlet remains obstructed. It is evident that neither of the two respondent institutions has fulfilled its obligations and that they have provided imprecise and contradictory information within this process. In accordance with what was ordered in the sanitary order, the Local Government must present the remedial plan, duly signed, with the deadlines for the execution of the works and the responsible parties, to provide a definitive solution to the storm sewer outlet, to guarantee the solution to the problem of stormwater stagnation. And the Ministry of Health must verify and enforce the sanitary order, which it timely issued, in order to technically resolve the water stagnation that occurs in the affected area. All of the foregoing, to fulfill the Constitutional duty to protect public health and the environment.” 12.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Rueda Leal; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that, as administrator of Condominio Villas Punta Cañón, located in Santa Ana, in July 2023, she filed a complaint before the Ministry of Health due to a source of contamination generated by stagnant water, resulting from the blockage of the natural outlet that allows stormwater to pass to the river, which has caused the proliferation of mosquitoes and foul odors. She adds that the Ministry of Health, after verifying the facts and the threat to the neighbors' health, issued sanitary order no. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, through which it ordered the Municipality of Santa Ana to provide a definitive and comprehensive solution to the problem. She alleges that, despite the efforts and follow-up carried out with the aforementioned municipality and the Ministry of Health, to date a comprehensive solution to the source of contamination has not been provided, which keeps the health of the neighbors threatened.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:

  • a)On July 20, 2023, the petitioner filed complaint no. 163-2023 before the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana), because the lot bordering the left side of Condominio Villas Punta Cañón blocks the pipe that allows the passage of stormwater, causing the water to become stagnant and producing mosquitoes and larvae. (See documentary evidence).
  • b)On August 1, 11, and 28, 2023, the complainant followed up on complaint no. 163-2023. (See documentary evidence).
  • c)By agreement 19 adopted in ordinary session no. 170 held on August 1, 2023, by the Santa Ana Municipal Council, a strip of land 6 meters wide by 68 meters long, parallel to the eastern boundary of property 1-212469-000, cadastral map SJ-16286-1974 whose owner is Rigel Nett Sociedad Anónima, was declared of municipal public interest, to constitute in favor of the municipality an easement for underground piping for stormwater originating from streets 52 and 54 of Urbanización Rio Oro and to provide passage for municipal workers to perform maintenance on the pipe. (See documentary evidence).
  • d)On August 30, 2023, the Ministry of Health inspected the reported site. (See documentary evidence).
  • e)Through sanitary order no. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 of September 5, 2023, the Ministry of Health ordered the Municipality of Santa Ana to immediately: i) clean the storm sewer; and ii) permanently maintain the storm sewer in orderly and clean conditions; furthermore, within a period of 20 business days, the local corporation was constrained to provide a remedial plan to provide the definitive solution to the storm sewer outlet in a way that would guarantee the definitive solution to the problem of stormwater stagnation. The foregoing was notified to the local government of Santa Ana on September 6, 2024. (See documentary evidence).
  • f)On September 6, 2024, the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana) communicated to the appellant official letter MS-DRSRSCS.DARSSA-1025-2023, through which a response was given to the complaint and it was indicated that a sanitary order was issued in relation to the respondent local corporation. (See documentary evidence).
  • g)On October 4, 2023, the protected party followed up on complaint no. 163-2023; in response, it was clarified that the sanitary order regarding the alleged problem was issued to the Municipality of Santa Ana. (See documentary evidence).
  • h)On October 5, 2023, the Ministry of Health inspected the reported place, at which time it verified the absence of a definitive solution to the problem. (See documentary evidence).
  • i)By memorandum MS-DRRSCS-DARSSA-1169-2023 of October 13, 2023, the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana) consulted the mayor of that canton about the actions taken to provide a definitive solution to the problem set forth in sanitary order no. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 of September 5, 2023, given that the remedial plan had not been received. (See documentary evidence).
  • j)Through official letter MSA-ALC-04-687-2023 of October 23, 2023, the mayor of Santa Ana communicated to the Ministry of Health:

“As indicated in official letter MSA-ALC-04-653-2023, the Municipal Council approved in Ordinary Session No. 170, on Tuesday, August 1, 2023, the declaration of public interest and acquisition of the stormwater easement in Urbanización Río Oro; therefore, the respective process of approving the item and assigning budget content has continued, and we take this opportunity to inform that the budget modification 05-2023 was approved by the Municipal Council in session no. 180 held on October 10, 2023.

However, while the foregoing is being concluded, on October 5 and 6, 2023, the Road and Street Maintenance process, under the charge of Ing. Marcela Mata Colombari, cleaned the storm sewer located in Urbanización Rio Oro, through the extraction of stagnant water, cutting of grass, and cleaning of mud present at the site; however, it is planned to continue with periodic cleaning every three weeks in the urbanization, and the state of the easement will be monitored in case additional attention is required, until the purchase and acquisition process of the stormwater easement is concluded at the beginning of next year.” (See documentary evidence).

  • k)On November 6, 2023, the petitioner consulted the Ministry of Health if a definitive solution exists for the problem and the date on which the next visit from the Municipality of Santa Ana would take place. (See documentary evidence).
  • l)On November 7, 2023, the Ministry of Health consulted the respondent local government regarding the remedial plan to solve the reported problem. (See documentary evidence).
  • m)By memorandum MSA-ALC-04-722-2023 of November 8, 2023, the mayor of Santa Ana communicated to the respondent ministry:

“As has been mentioned, the Municipal Council approved in Ordinary Session No. 170, on Tuesday, August 1, 2023, the declaration of public interest and acquisition of the stormwater easement in Urbanización Río Oro.

However, it is reiterated that the remedial plan consists of carrying out periodic cleaning every three weeks in the urbanization while the acquisition of the stormwater easement in Urbanización Río Oro is concluded, as well as monitoring the state of the easement in case additional attention is required, and until the purchase and acquisition process of the stormwater easement is concluded at the beginning of next year.

We take this opportunity to mention that cleaning of the stormwater easement began again at the site today.” (See documentary evidence).

  • n)On February 23, 2024, the protected party consulted the respondent ministry on how the procedure with the local government of Santa Ana is progressing, because the alleged problem continues. (See documentary evidence).
  • o)On February 28, 2024, the Ministry of Health inspected the reported site, at which time stagnant water and gutters full of dry leaves were observed. (See documentary evidence).
  • p)By memorandum MS-DRRSCS-DARSSA-0237-2023 of March 5, 2024, the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana) consulted the respondent mayor about the actions taken to provide a definitive solution to the problem set forth in sanitary order no. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 of September 5, 2023, since the remedial plan had not been received. (See documentary evidence).
  • q)On April 1, 2024, the Ministry of Health inspected the reported site, at which time stagnant water was observed. (See documentary evidence).
  • r)On April 12, 2024, the respondent ministerial portfolio consulted the Municipality of Santa Ana for a report on actions taken. (See documentary evidence).
  • s)On May 9, 2024, the Municipality of Santa Ana filed a complaint before the Ministry of Health for the discharge of wastewater into the sewer system by 21 properties in Urbanización Río Oro. In response, by official letter MS-DRRSCS-DARSSA-1219-2024 of September 11, 2024, the respondent ministry reported: “As a result of the technical assessments carried out by officials of this Health Area (Área Rectora de Salud), the discharge of wastewater (aguas servidas) generated in the properties mentioned above into the drainage ditch (cordón de caño) was confirmed. Due to this, administrative acts are being issued directed at the registered owners, ordering them to properly and sanitarily dispose of the wastewater generated on their properties, eliminating the discharge of these waters into the drainage ditch (cordón de caño). The cases are open and under follow-up, so you will be informed about their progress.” (See documentary evidence).
  • t)On June 18, 2024, the petitioner requested before the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana) to apply article 314 of the Penal Code to the respondent mayor, due to non-compliance with the sanitary order. (See documentary evidence).
  • u)On June 19, 2024, the Ministry of Health inspected the reported site, at which time stagnant stormwater was observed with larvae and pupae of the aedes aegypti mosquito, a vector of diseases such as dengue. (See documentary evidence).
  • v)Through official letter MS-DRRSCS-DARSSA-0791-2024 of June 20, 2024, the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana) consulted the mayor of that locality about the actions taken to comply with sanitary order no. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 of September 5, 2023, since the remedial plan had not been received. (See documentary evidence).
  • w)On June 25, 2024, the Ministry of Health communicated to the complainant the various follow-up letters it has carried out on the case. (See documentary evidence).
  • x)On June 28, 2024, memorandum MS-DRRSCS-DARSSA-0823-2024 of June 28, 2024, was notified to the complainant, which reads:

“(…) You are informed that several inspection visits to the affected site have been carried out, both at the end of 2023 and at the beginning of this year, and the last visit was carried out on June 19, 2024, where the stagnation of stormwater in the storm sewer located in front of Condominio Villas Punta Cañón, property real folio No. 1-119243--000, is corroborated, which constitutes a possible source and/or breeding ground for noxious fauna, therefore non-compliance with established national regulations and with what was requested through sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2024 is evidenced, which is why official letter No. MS-DRRSCS-DARSSA-0791-2024 (…) is issued, addressed to the new mayor of the Local Government of Santa Ana, Mr. Juan José Vargas Fallas, requesting him to solve the problem definitively.

Given the above, the complaint is open and under follow-up, so you will be informed in a timely manner of its progress.” (See documentary evidence).

  • y)On July 3, 2024, the appellant followed up on the complaint filed before the Ministry of Health and requested:

“Given that the imposed sanitary measures have not been sufficient to guarantee the RIGHT TO HEALTH of the condominium's inhabitants, and rather, the water has already entered the property, it is expressly requested that the sanitary measures be expanded, so that the problem that afflicts us is effectively resolved. It is for this reason that, knowing that the dike built on the property next to the condominium, which is precisely what generates the problem by preventing the natural drainage of stormwater, was illegally built, we request that its immediate demolition be ordered, so that the waters take their natural course, all of which must be imposed with a deadline for compliance. That the Municipality be ordered to report and document the follow-up and monitoring carried out in compliance with the remedial plan. Finally, I request that, based on article 314 of the Penal Code, the mayor be personally notified of the sanitary order, under the warning that failure to comply could lead to criminal proceedings for the crime of disobedience.” (See documentary evidence).

  • z)On July 5, 2024, the Ministry of Health clarified to the petitioner that article 314 of the Penal Code cannot be applied to the respondent mayor because the warning established in the sanitary order as a sanction is the charging of a fine. (See documentary evidence).

aa) On August 30, 2024, the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana) requested from the respondent local corporation follow-up on what was requested in the sanitary order. (See documentary evidence).

bb) On September 4, 2024, the appellant followed up on the complaint filed before the Ministry of Health and indicated that the alleged problem persists. (See documentary evidence).

  • cc)On October 31, 2024, the mayor of Santa Ana and the director of the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana) were notified of the resolution to proceed in this matter. (See notification records).

dd) On October 31, 2024, the Ministry of Health inspected the reported place, and the presence of stagnant water in the drainage ditch (cordón de caño) was corroborated. (See documentary evidence).

ee) By official letter MSA-ALC-01-468-2024 of October 31, 2024, the mayor of Santa Ana communicated to the Ministry of Health the actions taken to address the reported problem, among them, to acquire part of the lot on which a water passage easement (servidumbre de paso de aguas) is required to be established. (See documentary evidence).

ff) On November 1, 2024, the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana) inspected the reported place, and the presence of stagnant water in the drainage ditch (cordón de caño) was corroborated. (See documentary evidence).

gg) On November 4, 2024, the Ministry of Health inspected the reported place, and it was corroborated that there was no stagnant water and that this water runs through where the passage easement (servidumbre de paso) will go, because the wall that obstructed its passage was not located, thereby solving the problem of stagnant water. (See documentary evidence).

hh) On November 14, 2024, the Santa Ana Health Area inspected the reported place, and it was corroborated that there was no stagnant water and that the stormwater flowed without obstruction. (See documentary evidence).

  • ii)Through technical report MS-DDRSCS-DARSSA-IT-493-2024, the Santa Ana Health Area indicated: “G- CONCLUSIONS. As a result of the inspection visits, the local government of Santa Ana complied with what was requested through sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, because stormwater stagnation is no longer observed in the storm sewer (drainage ditch) located in front of Condominio Villas Punta Cañón. H- RECOMMENDATIONS. Given the above, it is recommended to the Directorate of this Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud Santa Ana) to proceed to close the case and inform the complainant about what was acted upon in her case.” (See documentary evidence).

jj) By official letter MS-DRRSCS-DARSSA-1578-2024, the Ministry of Health informed the appellant:

“This letter serves to greet you and at the same time to inform you that your complaint where you argue: '…the property with Real Folio registration number 1-973-M--000, identified as Villas Punta Cañón, is being affected, since the lot bordering the left side of the Condominium decided to block the pipe that allows the free passage of stormwater that flows into the river, this causes water stagnation, creating a pond of mosquitoes and larvae with unpleasant odors...' at the address Santa Ana, Uruca, Urbanización Río Oro northern sector at the end of street 52, has been attended to by this Health Area (Área Rectora de Salud).

You are informed that on November 4 and 14, 2024, an inspection visit was made to the affected site, the storm sewer located in front of Condominio Villas Punta Cañón, property real folio No. 1-119243--000, where it is corroborated that stormwater stagnation no longer exists, therefore compliance with what was established in sanitary order No. MS-DRRSCSDARSSA-OS-083-2024 is evidenced, which is why the case is being closed.

Likewise, you are informed that should the water stagnation problem recur and you consider your right to health affected by this situation, you may turn again to the Health Area (Área Rectora de Salud) and file the respective complaint.” (See documentary evidence).

III.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, the appellant states that, as administrator of Condominio Villas Punta Cañón, located in Santa Ana, in July 2023, she filed a complaint before the Ministry of Health due to a source of contamination generated by stagnant water, resulting from the blockage of the natural outlet that allows stormwater to pass to the river, which has caused the proliferation of mosquitoes and foul odors. She adds that the Ministry of Health, after verifying the facts and the threat to the neighbors' health, issued sanitary order no. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, through which it ordered the Municipality of Santa Ana to provide a definitive and comprehensive solution to the problem. She alleges that, despite the efforts and follow-up carried out with the aforementioned municipality and the Ministry of Health, to date a comprehensive solution to the source of contamination has not been provided, which keeps the health of the neighbors threatened.

The Court certifies that, on July 20, 2023, the petitioner filed complaint no. 163-2023 before the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana), because the lot bordering the left side of Condominio Villas Punta Cañón blocks the pipe that allows the passage of stormwater, causing the water to become stagnant and producing mosquitoes and larvae. On August 1, 11, and 28, 2023, the complainant followed up on complaint no. 163-2023. By agreement 19 adopted in ordinary session no. 170 held on August 1, 2023, by the Santa Ana Municipal Council, a strip of land 6 meters wide by 68 meters long, parallel to the eastern boundary of property 1-212469-000, cadastral map SJ-16286-1974 whose owner is Rigel Nett Sociedad Anónima, was declared of municipal public interest, to constitute in favor of the municipality an easement for underground piping for stormwater originating from streets 52 and 54 of Urbanización Rio Oro and to provide passage for municipal workers to perform maintenance on the pipe. On August 30, 2023, the Ministry of Health inspected the reported site. Through sanitary order no. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 of September 5, 2023, the Ministry of Health ordered the Municipality of Santa Ana to immediately: i) clean the storm sewer; and ii) permanently maintain the storm sewer in orderly and clean conditions; furthermore, within a period of 20 business days, the local corporation was constrained to provide a remedial plan to provide the definitive solution to the storm sewer outlet in a way that would guarantee the definitive solution to the problem of stormwater stagnation. The foregoing was notified to the local government of Santa Ana on September 6, 2024. On September 6, 2024, the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana) communicated to the appellant official letter MS-DRSRSCS.DARSSA-1025-2023, through which a response was given to the complaint and it was indicated that a sanitary order was issued in relation to the respondent local corporation. On October 4, 2023, the protected party followed up on complaint no. 163-2023; in response, it was clarified that the sanitary order regarding the alleged problem was issued to the Municipality of Santa Ana. On October 5, 2023, the Ministry of Health inspected the reported place, at which time it verified the absence of a definitive solution to the problem. By memorandum MS-DRRSCS-DARSSA-1169-2023 of October 13, 2023, the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana) consulted the mayor of that canton about the actions taken to provide a definitive solution to the problem set forth in sanitary order no. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 of September 5, 2023, given that the remedial plan had not been received. Through official letter MSA-ALC-04-687-2023 of October 23, 2023, the mayor of Santa Ana communicated to the Ministry of Health: “As indicated in official letter MSA-ALC-04-653-2023, the Municipal Council approved in Ordinary Session No. 170, on Tuesday, August 1, 2023, the declaration of public interest and acquisition of the stormwater easement in Urbanización Río Oro; therefore, the respective process of approving the item and assigning budget content has continued, and we take this opportunity to inform that the budget modification 05-2023 was approved by the Municipal Council in session no. 180 held on October 10, 2023. However, while the foregoing is being concluded, on October 5 and 6, 2023, the Road and Street Maintenance process, under the charge of Ing. Marcela Mata Colombari, cleaned the storm sewer located in Urbanización Rio Oro, through the extraction of stagnant water, cutting of grass, and cleaning of mud present at the site; however, it is planned to continue with periodic cleaning every three weeks in the urbanization, and the state of the easement will be monitored in case additional attention is required, until the purchase and acquisition process of the stormwater easement is concluded at the beginning of next year.” On November 6, 2023, the petitioner consulted the Ministry of Health if a definitive solution exists for the problem and the date on which the next visit from the Municipality of Santa Ana would take place. On November 7, 2023, the Ministry of Health consulted the respondent local government regarding the remedial plan to solve the reported problem. By memorandum MSA-ALC-04-722-2023 of November 8, 2023, the mayor of Santa Ana communicated to the respondent ministry: “As has been mentioned, the Municipal Council approved in Ordinary Session No. 170, on Tuesday, August 1, 2023, the declaration of public interest and acquisition of the stormwater easement in Urbanización Río Oro. However, it is reiterated that the remedial plan consists of carrying out periodic cleaning every three weeks in the urbanization while the acquisition of the stormwater easement in Urbanización Río Oro is concluded, as well as monitoring the state of the easement in case additional attention is required, and until the purchase and acquisition process of the stormwater easement is concluded at the beginning of next year. We take this opportunity to mention that cleaning of the stormwater easement began again at the site today.” On February 23, 2024, the protected party consulted the respondent ministry on how the procedure with the local government of Santa Ana is progressing, because the alleged problem continues. On February 28, 2024, the Ministry of Health inspected the reported site, at which time stagnant water and gutters full of dry leaves were observed. By memorandum MS-DRRSCS-DARSSA-0237-2023 of March 5, 2024, the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana) consulted the respondent mayor about the actions taken to provide a definitive solution to the problem set forth in sanitary order no. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 of September 5, 2023, since the remedial plan had not been received. On April 1, 2024, the Ministry of Health inspected the reported site, at which time stagnant water was observed. On April 12, 2024, the respondent ministerial portfolio consulted the Municipality of Santa Ana for a report on actions taken. On May 9, 2024, the Municipality of Santa Ana filed a complaint before the Ministry of Health for the discharge of wastewater into the sewer system by 21 properties in Urbanización Río Oro. In response, by official letter MS-DRRSCS-DARSSA-1219-2024 of September 11, 2024, the respondent ministry reported: “As a result of the technical assessments carried out by officials of this Health Area (Área Rectora de Salud), the discharge of wastewater (aguas servidas) generated in the properties mentioned above into the drainage ditch (cordón de caño) was confirmed. Due to this, administrative acts are being issued directed at the registered owners, ordering them to properly and sanitarily dispose of the wastewater generated on their properties, eliminating the discharge of these waters into the drainage ditch (cordón de caño). The cases are open and under follow-up, so you will be informed about their progress.” On June 18, 2024, the petitioner requested before the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana) to apply article 314 of the Penal Code to the respondent mayor, due to non-compliance with the sanitary order. On June 19, 2024, the Ministry of Health inspected the reported site, at which time stagnant stormwater was observed with larvae and pupae of the aedes aegypti mosquito, a vector of diseases such as dengue. Through official letter MS-DRRSCS-DARSSA-0791-2024 of June 20, 2024, the Santa Ana Health Area (Área Rectora de Salud de Santa Ana) consulted the mayor of that locality about the actions taken to comply with sanitary order no. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 of September 5, 2023, since the remedial plan had not been received. On June 25, 2024, the Ministry of Health communicated to the complainant the various follow-up letters it has carried out on the case. On June 28, 2024, memorandum MS-DRRSCS-DARSSA-0823-2024 of June 28, 2024, was notified to the complainant, which reads: “(…) You are informed that several inspection visits to the affected site have been carried out, both at the end of 2023 and at the beginning of this year, and the last visit was carried out on June 19, 2024, where the stagnation of stormwater in the storm sewer located in front of Condominio Villas Punta Cañón, property real folio No. 1-119243--000, is corroborated, which constitutes a possible source and/or breeding ground for noxious fauna, therefore non-compliance with established national regulations and with what was requested through sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2024 is evidenced, which is why official letter No. MS-DRRSCS-DARSSA-0791-2024 (…) is issued, addressed to the new mayor of the Local Government of Santa Ana, Mr. Juan José Vargas Fallas, requesting him to solve the problem definitively. Given the above, the complaint is open and under follow-up, so you will be informed in a timely manner of its progress.” On July 3, 2024, the appellant followed up on the complaint filed before the Ministry of Health and requested: “Given that the imposed sanitary measures have not been sufficient to guarantee the RIGHT TO HEALTH of the condominium's inhabitants, and rather, the water has already entered the property, it is expressly requested that the sanitary measures be expanded, so that the problem that afflicts us is effectively resolved.

It is for this reason that, having knowledge that the dike built on the property next to the condominium, which is precisely what generates the problem by impeding the natural drainage of stormwater, was built illegally, we request that its immediate demolition be ordered, so that the waters may take their natural course, all of which must be imposed with a compliance deadline. That the Municipality be ordered to report and document the follow-up and monitoring that has been carried out in compliance with the remedial plan. Finally, I request that, based on Article 314 of the Código Penal, the mayor be personally notified of the sanitary order, under the warning that failure to comply could result in criminal prosecution for the crime of disobedience.” On July 5, 2024, the Ministerio de Salud clarified to the petitioner that Article 314 of the Código Penal cannot be applied to the respondent mayor, because the sanction established in the sanitary order as a penalty is the collection of a fine. On August 30, 2024, the Área Rectora de Salud de Santa Ana requested the respondent local corporation to follow up on what was requested in the sanitary order. On September 4, 2024, the petitioner followed up on the complaint filed with the Ministerio de Salud and indicated that the reported problem persists. On October 31, 2024, the Ministerio de Salud inspected the reported site and the presence of stagnant water in the curb and gutter (cordón de caño) was corroborated. By official letter MSA-ALC-01-468-2024 of October 31, 2024, the mayor of Santa Ana informed the Ministerio de Salud of the actions taken to address the reported problem, including acquiring part of the lot on which it is necessary to establish an easement for water passage (servidumbre de paso de aguas). On November 1, 2024, the Área Rectora de Salud de Santa Ana inspected the reported site and the presence of stagnant water in the curb and gutter (cordón de caño) was corroborated. On November 4, 2024, the Ministerio de Salud inspected the reported site and it was corroborated that there was no stagnant water and that the water runs where the easement for passage (servidumbre de paso) will go, because the wall that obstructed its passage was not located, thereby solving the problem of stagnant water. On November 14, 2024, the Área de Salud de Santa Ana inspected the reported site and it was corroborated that there was no stagnant water and that the stormwater flowed without obstruction. By means of technical report MS-DDRSCS-DARSSA-IT-493-2024, the Área de Salud de Santa Ana stated: “G- CONCLUSIONS. As a result of the inspection visits, the local government of Santa Ana complied with what was requested by sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, since stormwater stagnation is no longer observed in the storm sewer system (alcantarillado pluvial) (curb and gutter, cordón de caño) located in front of the Villas Punta Cañón Condominium. H- RECOMMENDATIONS. Given the foregoing, it is recommended that the Directorate of this Área Rectora de Salud Santa Ana proceed to close the case and inform the complainant of the actions taken in her case.” By official letter MS-DRRSCS-DARSSA-1578-2024, the Ministerio de Salud informed the petitioner: “The purpose of this letter is to greet you and at the same time inform you that your complaint alleging: ‘…the property with Real Folio Registration No. 1-973-M--000, identified as Villas Punta Cañón, is being affected, since the lot adjacent to the left of the Condominium decided to cover the drain (caño) that allows the free passage of stormwater flowing into the river, this causes water stagnation, creating a pond of mosquitoes and larvae with unpleasant odors...’ at the address Santa Ana, Uruca, Río Oro Urbanization, northern sector, at the end of Calle 52, has been handled by this Área Rectora de Salud. You are hereby notified that on November 4 and 14, 2024, an inspection visit was conducted at the affected site, the storm sewer system (alcantarillado pluvial) located in front of the Villas Punta Cañón Condominium, real folio property No. 1-119243--000, where it is corroborated that stormwater stagnation no longer exists, thus evidencing compliance with the provisions of sanitary order No. MS-DRRSCSDARSSA-OS-083-2024, for which reason the case is being closed. Likewise, you are informed that should the problem of water stagnation reoccur and you consider your right to health affected by this situation, you may again appear before the Área Rectora de Salud and file the respective complaint.” By virtue of the foregoing, this Court certifies the violation of the fundamental rights of the tutelary party due to the lack of diligent and expeditious action by the respondent authorities in resolving the reported problem regarding the water stagnation under study. Regarding this, note that the initial complaint was filed with the Área Rectora de Salud de Santa Ana in July 2023, concerning which the Ministerio de Salud issued sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 of September 5, 2023, through which it immediately compelled the Municipalidad de Santa Ana to: i) clean the storm sewer system (alcantarillado pluvial); and ii) keep the storm sewer system (alcantarillado pluvial) in a state of order and cleanliness permanently; in addition, within a period of 20 business days, the local corporation was ordered to provide a remedial plan to provide a definitive solution for the outlet of the storm sewer system (alcantarillado pluvial) in a manner that would guarantee a definitive solution to the problem of stormwater stagnation.

On this matter, the Chamber verifies that, following the issuance of the aforementioned sanitary order, both the respondent local government and the respondent Ministry undertook various measures aimed at resolving the aforementioned problem. In the case of the Municipalidad de Santa Ana, it is verified that it declared the acquisition of a stormwater easement (servidumbre de aguas pluviales) to be of public interest and approved it to address the problem; in addition, cleanings were carried out in the reported area on various occasions. Despite this, it was not until after the respondent mayor was notified of the ruling that admitted this matter that the entirety of sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 of September 5, 2023, was addressed, namely, more than one year after its issuance and in a period exceeding that granted by the Ministerio de Salud.

Regarding that Ministry, the Court verifies that it conducted multiple inspections at the site of the complaint; likewise, on several occasions it consulted the local government regarding compliance with the sanitary order in question, all of which was reported to the complainant. However, in this case, it is evident that, despite verifying non-compliance with that order on several occasions, the Área Rectora de Salud de Santa Ana did not employ the tools provided by the legal system to procure its proper compliance. The foregoing is aggravated when considering, for example, that during the inspection of June 19, 2024, stagnant stormwater was observed with larvae and pupae of the aedes aegypti mosquito, a vector for diseases such as dengue.

Additionally, note that it was not until November 14, 2024, namely, more than one year after the issuance of sanitary order No. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 of September 5, 2023, and after having repeatedly verified its non-compliance, that the Área Rectora de Salud de Santa Ana sent the petitioner official letter No. S-DRRSCS-DARSSA-1578-2024, which states: “You are hereby notified that on November 4 and 14, 2024, an inspection visit was conducted at the affected site, the storm sewer system (alcantarillado pluvial) located in front of the Villas Punta Cañón Condominium, real folio property No. 1-119243--000, where it is corroborated that stormwater stagnation no longer exists, thus evidencing compliance with the provisions of sanitary order No. MS-DRRSCSDARSSA-OS-083-2024, for which reason the case is being closed. Likewise, you are informed that should the problem of water stagnation reoccur and you consider your right to health affected by this situation, you may again appear before the Área Rectora de Salud and file the respective complaint.” Now then, given that the situation that violated the fundamental rights of the tutelary party was corrected by the respondent authorities after they were notified of the ruling admitting this matter—an event that occurred on October 31, 2024—the appropriate action is to grant the amparo, in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Finally, in view of the brief added to the digital case file on December 16, 2024, through which the petitioner expresses her disagreement with the reports rendered and the actions taken by the respondent authorities, it is appropriate to warn that it is not for this Chamber to determine whether the measures adopted to resolve the complaint at hand are appropriate or not. Likewise, the petitioner is advised that, should her disagreement persist, if she deems it appropriate, she may file her claim before the respondent authorities themselves or in the ordinary jurisdiction.

IV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued revoking, stopping, or suspending the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable”), the grant must be without a special award of costs, damages and prejudices, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges that the operative part of the judgment indicate that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same final paragraph states that the grant is ordered “solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” It is emphasized that the Law states “if applicable,” which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the petition of the protected party and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations do not directly refer to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an infringement of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which provides: “any resolution that upholds the appeal shall condemn in abstract the compensation for damages and prejudices caused and the payment of costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether compensation and costs are applicable or not is not provided for. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, where applicable, International or Community Law, and, additionally, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—cf. Article 14. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of filing, if she deems it appropriate, a plenary proceeding in order to demonstrate that she has suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages and prejudices.

V.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY REGARDING THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES AND PREJUDICES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. Although I concur with the rest of the Chamber in granting the appeal, I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from the payment of costs, damages and prejudices derived from the injury caused to the fundamental rights of the tutelary party.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:

“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued revoking, stopping, or suspending the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:

“...any resolution that upholds the appeal shall condemn in abstract the compensation for damages and prejudices caused and the payment of costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.” This latter norm establishes the general system that regulates the issue of compensation and the payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated the fundamental rights…”.

In the criterion of the majority, Article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages and prejudices arises. However, in the undersigned's judgment, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, as well as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved party to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in Article 52, referred to—by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the offender to compensation for damages and prejudices caused and payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the acknowledgment, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the grant of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has examined the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need for an award of costs, damages and prejudices against the offender arises, the foundation of which lies in the principles of protection of individuals' rights and that the Administration must be held responsible for the damages and prejudices it causes through its unconstitutional actions.

Thus, the fact that, at the time the amparo was heard and granted, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not nullify the applicability of the award of costs, damages and prejudices, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in those respects contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Furthermore, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or pronounced on the merits of the claim, has verified the violation of the fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the proceeding.” The legislature established and precisely delimited the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that indisputably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages and prejudices, notwithstanding the grant of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted “solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated by the norm, not only by the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and prejudices suffered through the injury to their constitutional rights.

In my criterion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages and prejudices upon a violation of fundamental rights, such condemnation is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution revoking, stopping, or suspending the challenged action, unless it is indisputably and clearly established that in the specific case no prejudice capable of being compensated was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. Since in this case there is no element that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and prejudices derived from the challenged actions—whose specific determination does not correspond to this jurisdiction—the grant of this appeal must necessarily entail the award of costs, damages and prejudices, and we so declare.

As an additional reason, it should be noted that the dynamics and very essence of amparo proceedings do not have as their primary purpose the analysis of the existence or non-existence of damages and prejudices, but rather, the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of individuals' fundamental rights. From that perspective, the analysis carried out by this venue focuses on said verification, however, it does not delve into the assessment of whether those matters have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected parties. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said condemnation (for damages, prejudices, and costs) operates, if applicable, the undersigned does not believe that said examination of pertinence can be, a priori, automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause for patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from condemnations ordered in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:

“ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo shall be responsible for the execution of the judgments rendered by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public law subjects, solely regarding the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensations.” It is clear that this proceeding is directed to the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those items, since that type of claim would not be appropriate in that type of cause when the judgment rendered in the amparo proceeding expressly established the non-applicability of damages, prejudices, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, the condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my judgment, under the tenor of the mentioned Article 52 of the LJC, the exemption from that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably assessed. Therefore, it is an exception, which, as such, requires a qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is rendered revoking, stopping, or suspending the challenged action, does not rule out, per se, that prior to that cessation by the acting entity's own cause or by an external cause, the alleged neglect or reproached disturbance may have caused damages and prejudices. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are assessments that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, as regulated by the referred mandate 52, are characteristic of an abstract condemnation that later constitutes a basis for analysis in the Jurisdicción Contencioso Administrativa. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and prejudices, since, it is insisted, that is not their purpose or primary ratio. Thus, the protected party is not responsible for claiming or demonstrating damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Then, whether those administrative conducts have produced injuries to them is an aspect that, in principle and save for exceptional cases, does not form part of the basis for analysis in this type of cause. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not perform a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the aforementioned supervening circumstance. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether or not there is an infringement, whereby, it can even less be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this manner, the exemption from condemnation referred to in that norm is of an exceptional, not a principal, nature. Therefore, in those cases, the norm imposes the abstract condemnation, so that it may be analyzed within another plenary proceeding whether it is applicable. Otherwise, if that release from damages, prejudices, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, might have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of the provisions of precept 45 of the Constitución Política, and ignoring the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that conduct was adopted that caused the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, to obtain the protection of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that, that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation while it was being caused to cease by the causes alluded to in the norm under examination generated damages and prejudices is a matter that, save for proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied as a presumption by the mere concretion of the fact scenario regulated in the mentioned Article 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect for the majority position, I express my vote and reiterate that the grant of this appeal must necessarily entail the abstract condemnation for costs, damages and prejudices.

VI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued revoking, stopping, or suspending the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable." My interpretation of that norm is the following: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if applicable" refers to the costs. Furthermore, Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to the costs.

Certainly, under the tenor of Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: "Any resolution that upholds the appeal shall condemn in abstract the compensation for damages and prejudices caused and the payment of costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and prejudices may have arisen. For this reason, their abstract condemnation is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not ordered, and if they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. Even if an abstract condemnation is ordered, if the damages and prejudices have not occurred, the judge in the ordinary venue will so declare, since only they are responsible for deeming proven the actual existence and the magnitude thereof. With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with an amparo appeal. It remains to say that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the condemnation for damages and prejudices, but not the condemnation for costs.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any physical document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in Article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved in Article LXXXI of session No. 43-12 held on May 3, 2012.

Por tanto:

The appeal is granted without a special award of costs, damages and prejudices. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, prejudices, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and prejudices, but not costs. Notify.

Fernando Cruz C. Presidente a. i.

Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V. Ingrid Hess H.

Hubert Fernández A. Aracelly Pacheco S.

24-029727-0007-CO 1 Observations of the SALA CONSTITUCIONAL voted with ballot It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 15:51:48.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Res. 2024037367 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

Recurso de amparo que se tramita en expediente 24-029727-0007-CO, interpuesto por PATRICIA LUCÍA BERMÚDEZ QUESADA, cédula de identidad 0109440069, contra la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA y el MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 22 de octubre de 2024, la parte accionante interpone recurso de amparo. Expone que es la administradora del Condominio Villas Punta Cañón, ubicado en Santa Ana, Urbanización Río Oro. Refiere que el 20 de julio de 2023 planteó una denuncia ante el Ministerio de Salud debido a un foco de contaminación generado por aguas estancadas, resultado del taponamiento del desfogue natural que permite el paso de aguas pluviales hacia el río, lo que ha provocado la proliferación de zancudos y malos olores. Añade que el Ministerio de Salud asignó a la denuncia el nro. 163-2023 y tras verificar los hechos y la amenaza a la salud de los vecinos, se emitió la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, mediante la cual ordenó a la Municipalidad de Santa Ana una solución definitiva e integral a la problemática. Agrega que la orden sanitaria fue notificada a la municipalidad recurrida el 6 de octubre de 2023, ya que esta entidad es responsable de garantizar la limpieza y el mantenimiento de la vía afectada. Acusa que, a pesar de las gestiones y el seguimiento realizados ante la municipalidad aludida y el Ministerio de Salud, a la fecha no se ha proporcionado una solución integral al foco de contaminación, lo que mantiene amenazada la salud de los vecinos. Refiere que, con las intensas lluvias de los años anteriores y el actual, las aguas han rebasado y entrado al condominio, contaminándolo con aguas sucias que arrastran basura y otros desechos, afectando la salud de los residentes, incluidos niños y adultos mayores. Acota que la falta de atención oportuna por parte de las autoridades recurridas ha llevado a que algunos vecinos enfermen de dengue. Reclama que existe una clara violación de los derechos constitucionales de los habitantes del condominio y de la zona adyacente, resultado de la falta de ejecución de obras por parte de la Municipalidad de Santa Ana y la omisión del Ministerio de Salud en garantizar el cumplimiento de las órdenes sanitarias, lo que afecta gravemente a los residentes de Villas Punta Cañón. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de los derechos fundamentales de la parte tutelada y solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 20:59 horas del 29 de octubre de 2024, se dio curso al proceso y se requirió informe el alcalde de la Municipalidad de Santa Ana y el director del Área Rectora de Salud de Santa Ana.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 5 de noviembre de 2024, informa bajo juramento Juan José Vargas Fallas, en su condición de alcalde de Santa Ana. Expone: “Desde el origen de la Urbanización Río Oro el desfogue de las calles 52 y 52 ha sido por gravedad pasando por la finca 212469-000 hasta el Río Uruca. Sin embargo, recientemente la propietaria de esta finca construyó un murete que impide el paso del agua. Por ello, el 01 de agosto de 2023, mediante acuerdo 19 adoptado en la sesión ordinaria 170, el Concejo Municipal dispuso: declarar de interés público municipal una faja de terreno de 6 metros de ancho por 68 metros de largo, paralela al lindero este de la finca 1-212469-000, plano catastrado SJ-16286-1974 cuyo propietario es Rigel Nett Sociedad Anónima, para constituir en favor de la Municipalidad, una servidumbre de tubería subterránea para aguas pluviales provenientes de las calles 52 y 54 de la Urbanización Rio Oro y de paso para trabajadores municipales para dar mantenimiento a la tubería. El 8 de diciembre de 2023, la sociedad propietaria otorgó poder al señor CARLOS FRANCISCO CAMACHO GONZALEZ para comparecer ante notario público y/o Notaria del Estado para otorgar, ejecutar y firmar la escritura de constitución de la servidumbre. Este poder fue comunicado a la Municipalidad el 19 de diciembre siguiente, por lo que, a pesar de tener el contenido económico para realizar la compra y todos los requisitos para solicitar a la Notaria del Estado la confección de la escritura, no fue posible presentarlo antes del cierre de fin de año, por lo que el contenido presupuestario municipal se fue al superávit 8 (…) En el presente año, tuvimos que realizar una modificación presupuestaria para recuperar el disponible presupuestario y cuando estábamos preparando las certificaciones para enviar a la Notaría, encontramos que el plano catastrado SJ-16286-1974 había sido cancelado por el Catastro Nacional. El 9 de julio de 2024 se lo informamos a la asistente del apoderado y desde entonces iniciaron la confección de un nuevo plano. Obteniendo el plano 1- 056451-2024. Pero no lo han inscrito en la finca aun, como se aprecia en la imagen siguiente de la consulta en el Registro Nacional: (…) Y sin esto, no se puede hacer la escritura de la servidumbre. Entre tanto, la Municipalidad realiza la extracción por bombeo periódicamente, lo cual es insuficiente para mantener seco, debido a las constantes lluvias. Adicionalmente, ante la presencia de agua durante la estación seca, la Licda. Daniela Aguilar Otárola, funcionaria municipal realizó un recorrido en la Urbanización para identificar el vertido de agua residuales en los caños, encontrando vertido en 18 predios (…) Por lo que, el 9 de mayo de 2024, interpuso ante el Área Rectora de Salud de Santa Ana la denuncia sanitaria por vertido de aguas residuales al alcantarillado. Por su parte; el Área Rectora de Salud descartó el vertido sobre las fincas 212455-000, 212669-000, 005029-M-000, 0001 19-M-000, 21 2457-000 y 385403-000. Confirmando el vertido de las aguas servidas en las fincas 212647-000, 205901-001-002-003-004-005 y 610291-000. Informó que el condominio 001 533-M-000 tiene orden sanitaria previa MS-DRRSCS-DARSSAOS-068-2022, la cual se encuentra en seguimiento. Con esto procuramos que en la estación seca no hubiera agua estancada, así como contaminada durante el tiempo necesario hasta la generación de la servidumbre. No obstante, estamos a la espera del resultado sobre el vertido de las fincas 397981-000, 512180-000, 212643-000, 212637-001-002, 508546-000, 212621-000. Como se puede observar, la Municipalidad realiza extracciones por bombeo, así como la procura de que no haya contaminación por aguas residuales. Mientras se pueda generar la servidumbre que permita solucionar por completo el problema. Pero corresponde a un tercero la causa de que la servidumbre no pueda ser constituida todavía, lo cual escapa del control municipal. Por nuestra parte, continuaremos realizando extracciones por bombeo periódicamente hasta poder construir la tubería de desfogue sobre la futura servidumbre. PETITORIA Que el presente recurso de amparo sea declarado sin lugar”.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 6 de noviembre de 2024, informa bajo juramento Ricardo Ocampo Salas, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Santa Ana del Misterio de Salud. Explica: “II. ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL CASO DE MARRAS. El viernes 21 de julio de 2023 al ser las 15:27 horas ingresa al correo electrónico de esta Área Rectora de Salud Santa Ana, la denuncia bajo consecutivo N°163-2023, interpuesta por la señora Patricia Bermúdez Quesada contra el lote que colinda a la izquierda, mediante la cual se argumenta de manera textual “se está afectando el inmueble con matrícula folio real 1-973-M--000 identificado como Villas Punta Cañón, ya que el lote que colinda a la izquierda del condominio decidió tapar el caño que permite el libre paso de las aguas pluviales que desembocan en el cañón; esto provocó que el agua se quedará estancada creando un estanque de zancudos y larvas con olores desagradables....” (folios 00001 al 00014). En la denuncia la señora Patricia Bermúdez Quesada adjunta los siguientes documentos: Un escrito con fecha de 17 de julio de 2023, brindando datos más específicos de la denuncia, junto con fotografías de la problemática y detallando el sitio de afectación. Copia de la cedula de identidad. Copia de la certificación registral del inmueble. El miércoles 30 de agosto de 2023 al ser las 14:20 horas conforme al Acta de Inspección JQV-127-2023 funcionaria de esta Área Rectora de Salud se presentó al sitio donde se presenta la problemática en el Condominio Villas Punta Cañón, donde se corrobora que hay presencia de agua estancada debido a que el cordón de caño no posee salida. (folios 00015 al 00016) Mediante el Informe Técnico N° MS-DRRSCS-DARSSA-IT-366-2023 con fecha del martes 05 de setiembre de 2023, se concluye que las aguas pluviales provenientes de la vía pública son las que están ocasionando el estancamiento en el cordón de caño, debido a que al parecer el mismo no posee salida hacia el cuerpo receptor, río Uruca, lo que constituye una posible fuente y/o criadero de fauna nociva, incumpliendo con lo establecido en la normativa nacional vigente, razón por la cual se recomienda emitir los actos administrativos correspondientes al propietario registral del inmueble. (folios 00017 al 00022) Mediante Oficio N° MS-DRRSCS-DARSSA-1025-2023, con fecha del 05 de setiembre de 2023, se emite la respuesta a la denunciante donde se le informa lo acontecido con su denuncia (folio 00023) El miércoles 06 de setiembre de 2023 al ser las 13:36 horas, se notifica en la Municipalidad de Santa Ana, la orden sanitaria N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, dirigida al señor Gerardo Oviedo Espinoza o a quién ocupe su lugar como alcalde (folios 00024 al 00027). En dicha orden se le solicita: “…En el plazo inmediato, proceda a: • Realizar la limpieza del alcantarillado pluvial; lo anterior con el fin de precaver la formación de fuentes de infección, foco de contaminación ambiental, o en criadero y/o albergue de fauna nociva. Amparo legal: 318 y 319 Ley General de Salud Ley 5395 y artículo 8 inciso “e” de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº8839, publicada en La Gaceta 135 del 13/07/2010. • Mantener el alcantarillado pluvial en adecuadas condiciones de orden y limpieza permanentemente, evitando que se convierta en fuente de infección, foco de contaminación ambiental, o en criadero y/o albergue de fauna nociva. Amparo legal: 318 y 319 Ley General de Salud Ley 5395 artículo 8 inciso “e” de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº8839, publicada en La Gaceta 135 del 13/07/2010. En el plazo de 20 días hábiles, proceda a: • Presentar ante el Área Rectora de Salud Santa Ana un plan remedial, debidamente firmado, con los plazos de ejecución de las obras y los responsables, para brindar una solución definitiva a la salida del alcantarillado pluvial, de manera que se garantice la solución definitiva al problema de estancamiento de aguas pluviales. Amparo Legal: artículos 1, 2, 3, 4, 7, 37, 39, 285, 286, 287, 308, 309, 340, 341, 342, 346, 355, 378 y 378 bis de la Ley General de Salud Ley 5395, Artículo 8 inciso “e” de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº8839, publicada en La Gaceta 135 del 13/07/2010 y Artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, todo lo anterior con el fin de proteger la salud pública y el ambiente… “ El miércoles 06 de setiembre de 2023 al ser las 14:35 horas, se recibe correo electrónico de la denunciante indicando acuse de recibido del Oficio N° MS-DRRSCS-DARSSA-1025-2023. (folios 00028 al 00029) El jueves 05 de octubre de 2023 al ser las 11:15 horas conforme al Acta de Inspección JQV-163-2023 funcionarios de esta Área Rectora de Salud Santa frente al Condominio Villas Punta Cañón, donde se corrobora la presencia de funcionarios municipales procediendo a la limpieza del cordón de caño. (folios 00030 al 00031) Mediante oficio N° MS-DRRSCS-DARSSA-1169-2023, con fecha del viernes 13 de octubre de 2023 se solicita al Gobierno Local de Santa Ana, la presentación del plan remedial para brindar la solución definitiva al problema y el seguimiento al caso. (folios 00032 al 00034) El lunes 06 de noviembre de 2023 al ser las 17:58 horas, ingresa al correo electrónico regulació[email protected], consulta por parte de una asistente de la denunciante, donde agradecía las gestiones realizadas por la municipalidad, pero solicita información sobre la solución definitiva. (folios 00035 al 00037) El martes 07 de noviembre de 2023 al ser las 08:17 horas se envía correo electrónico al Gobierno Local de Santa Ana, consultando sobre el plan remedial a realizar para solucionar definitivamente el problema. (folios 00038 al 00039) El jueves 09 de noviembre de 2023 al ser las 12:49 horas se recibe correo electrónico de la Municipalidad de Santa Ana, donde adjuntan el Oficio N° MSA-ALC-04-722-2023 y Oficio N° MSA-ALC-04-687-2023. (folios 00040 al 00042) El miércoles 28 de febrero del 2023 al ser las 10:50 horas conforme al Acta de Inspección JQV-034-2023 funcionarios de esta Área Rectora de Salud Santa Ana se presentaron al cordón de caño ubicado frente al Condominio Villas Punta Cañón, donde se corrobora agua estancada en el cordón de . (folios 00043 al 00044) Mediante oficio N° MS-DRRSCS-DARSSA-0237-2024, de fecha 05 de marzo de 2024, se le solicita al Gobierno Local de Santa Ana sobre las acciones efectuadas en cumplimiento a lo solicitado mediante orden sanitaria N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, para la solución definitiva e integral de la problemática ocasionada en urbanización Río Oro. (folios 00045 al 00047) El viernes 12 de abril de 2024 al ser las 11:55 horas, ingresa al correo electrónico regulació[email protected], solicitud sobre el seguimiento del caso por parte de la denunciante (folios 00048 al 00049) El viernes 12 de abril de 2024 al ser las 8:34 horas se le comunica a la denunciante mediante correo electrónico sobre el seguimiento que se le da brindado al caso y que, en lo concerniente a la fumigación, se va a coordinar con vigilancia de la salud. (folios 00050) El martes 18 de junio de 2024 al ser las 10:00 horas ingresa vía ventanilla única del esta Área Rectora de Salud Santa Ana, nota, suscrita por la denunciante, solicitando que se le aplique el artículo 314 del Código Penal al alcalde Municipal, por incumplimiento a la orden sanitaria (folios 00051 al 00052). Mediante oficio N° MS-DRRSCS-DARSSA-0791-2024, de fecha 20 de junio de 2024, se le solicita al Gobierno Local de Santa Ana el seguimiento sobre las acciones efectuadas en cumplimiento a lo solicitado mediante orden sanitaria N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, para la solución definitiva e integral de la problemática ocasionada en urbanización Río Oro. (folios 00053 al 00056) Mediante correo electrónico del día 25 de junio de 2024, a las 15:05 horas, se le informa a la asistente legal de la denunciante los diferentes oficios de seguimiento al caso que se han elevado al Gobierno Local. (folio 00057) Mediante Oficio N° MS-DRRSCS-DARSSA-0823-2024, con fecha del 28 de junio de 2024, se emite la respuesta a la denunciante donde se le informa el seguimiento a su denuncia. (folios 00058 al 00060) Mediante correo electrónico del día 05 de julio de 2024, a las 10:51 horas, se le informa a la asistente legal de la denunciante, que no se puede realizar la aplicación del artículo 314 del código penal, debido a que el apercibimiento de la orden sanitaria lo que establece como sanción es el cobro de la multa de un salario base, con fundamento en los artículos 378 y 378 bis de la Ley General de Salud. (folio 00061) Mediante oficio N° MS-DRRSCS-DARSSA-1171-2024, de fecha 30 de agosto de 2024, se le solicita al Gobierno Local de Santa Ana el seguimiento sobre las acciones efectuadas en cumplimiento a lo solicitado mediante orden sanitaria N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, para la solución definitiva e integral de la problemática ocasionada en urbanización Río Oro. (folios 00062 al 00065) El miércoles 18 de setiembre de 2024, ingresa por medio de ventanilla única del Área Rectora de Salud Santa Ana, la copia de la nota que envía la señora Patricia Bermúdez al Concejo Municipal de Santa Ana. (folios 00066 al 00067) El jueves 31 de octubre de 2024 al ser las 13:58 horas conforme al Acta de Inspección JQV-188-2024 funcionarios de esta Área Rectora de Salud Santa Punta Cañón, donde se corrobora agua estancada en el cordón de caño. (folios 00068 al 00069) El jueves 31 de octubre de 2024 al ser las 16:59 horas, ingresa vía correo electrónico el oficio N° MSA-ALC-01-468-2024, donde el Gobierno Local de Santa Ana, indica los esfuerzos realizados por adquirir la parte del lote donde se requiere la constitución de la servidumbre de paso de aguas. Aunado indica que han interpuesto denuncias por supuesto vertido de aguas residuales hacia el cordón de caño. (folios 00070 al 00073) El jueves 31 de octubre de 2024 al ser las 9:10 horas, ingresa mediante ventanilla única del Área Rectora de Salud Santa Ana, la resolución de la sala constitucional, solicitando lo actuado por esta Área Rectora de Salud en el caso de marras (folios 00074 al 00078) El viernes 1 de noviembre de 2024 al ser las 13:30 horas conforme al Acta de Inspección GSA-130-2024 funcionarios de esta Área Rectora de Salud Santa Ana se presentaron al cordón de caño ubicado frente al Condominio Villas Punta Cañón, donde se corrobora agua estancada en el cordón de caño. (folios 00079 al 00080) El lunes 04 de noviembre de 2024 al ser las 9:48 horas conforme al Acta de Inspección GSA-135-2024 funcionarios de esta Área Rectora de Salud Santa Ana se presentaron al cordón de caño ubicado frente al Condominio Villas Punta Cañón, donde se corrobora que ya no hay agua estancada y que las mismas ahora corren por donde va a pasar la servidumbre de paso de aguas ya que no se localiza el muro que obstruía el paso, solucionándose el problema de las aguas estancadas. (folios 00081 al 00082) III. ASPECTOS DE DERECHO. Resulta importante aclarar al Honorable Magistrado constitucional que en este nivel local, Área Rectora de Salud Santa Ana del Ministerio de Salud, se ha esmerado en atender de manera célere y oportuna todas y cada una de las gestiones que nos presentan los administrados (as), y brindar, como corresponde, la atención debida, en pro de garantizar el desarrollo de acciones que protejan y mejoren el estado de salud físico, mental y social de los habitantes, mediante el ejercicio de la Rectoría del Sistema Nacional de Salud, todo ello con el fin de garantizar la salud de los habitantes y por ende su derecho fundamental a la vida. Siendo de apreciar según se desprende del acervo probatorio que consta en Autos, y como lo comprueba el expediente administrativo que se adjunta como prueba; que, mediante actas de inspección, informe técnico, orden sanitaria y oficios, la funcionaria asignada al caso procedió en tiempo y forma a realizar la atención de la denuncia por las aguas estancadas en el cordón de caño frente al Condominio Villas Punta Cañón y mantener informada a la denunciante. Aunado a lo anterior el Gobierno Local de Santa Ana, interpuso un total de 19 denuncias contra distintas propiedades en la Urbanización Río Oro, por sospechas de vertidos de aguas residuales al cordón de caño, las cuales corresponden a los consecutivos N° 137-2024 a 155-2024., las cuales fueron atendidas y únicamente se corroboró mediante pruebas técnicas de coloración con fluoresceína sódica, que tres inmuebles vertían aguas servidas (jabonosas) al pluvial, a las cuales se les emitió los respectivos actos administrativos para su corrección. La prueba técnica de coloración con fluoresceína sódica es empleada para conocer el recorrido de las aguas residuales (trazabilidad) por arrastre del colorante desde su punto de generación, hasta los diferentes sitios de desfogue de estas. Al ser precisamente un trazador permite determinar e identificar el tránsito, patrones de difusión y dispersión, o áreas de infiltración de las aguas. Así las cosas, el colorante debe ser vertido en pilas, lavamanos, inodoros, desagües de lavadoras (entre otros, que fungen como punto de generación), de la o las propiedades denunciadas a efecto de evidenciar técnicamente su trazabilidad hasta los sitios de desfogue. Resulta imperativo acotar que el actuar del Ministerio de Salud, particularmente de esta Área Rectora de Salud Santa Ana, no es desinteresado y mucho menos intencionado en vulnerar derechos fundamentales a las personas, por el contrario, siempre está dirigido en atender de manera atenta, responsable y diligente, todas las gestiones planteadas, por tanto, en atención a lo argumentado por la señora Patricia Bermúdez Quesada en el presente recurso de amparo; queda evidenciado que esta Área Rectora de Salud Santa Ana no presentó una conducta omisiva con relación a (sic) la denuncia interpuesta por la señora Bermúdez máxime cuando la denuncia ha sido atendida de manera pronta y cumplida por esta Área Rectora de Salud, siendo que las actuaciones para el caso de cita siempre han sido respetuosas y acordes con el marco constitucional y legal. Aunado a lo anterior ya el problema de estancamiento de aguas no se presenta en el sitio, sin embargo, la resolución definitiva del caso depende del Gobierno Local de Santa Ana y el propietario registral del lote para concretar la compra y la escritura de la servidumbre de paso de aguas pluviales, situación que esta (sic) fuera de las potestades de este Ministerio. IV. PETITORIA. En virtud de lo expuesto, respetuosamente solicitamos al Honorable Tribunal Constitucional DECLARAR SIN LUGAR, el presente recurso de amparo, pues resulta claro de lo informado, que se ha atendido como corresponde y dentro de nuestras competencias lo denunciado, donde insistimos en afirmar que el actuar de esta Área Rectora de Salud Santa Ana, no es desinteresado y mucho menos intencionado en vulnerar derechos fundamentales de las personas, y en particular del aquí recurrente, por el contrario, siempre está dirigido en atender de manera atenta, responsable y diligente todas sus gestiones, con en efecto se ha hecho y se continúa haciendo, por lo que reiteramos la solicitud respetuosa de que se declare sin lugar el recurso de amparo que nos ocupa”.

5.- Mediante resolución de las 10:13 horas del 13 de noviembre de 2024 se dispuso: “se le ordena como prueba para mejor a Ricardo Ocampo Salas, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Santa Ana del Misterio de Salud, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, informar a este Tribunal si se corroboró el cumplimiento total de lo dispuesto en la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 del 5 de setiembre de 2023 emitida en relación con la Municipalidad de Santa Ana y, en caso de no ser así, aclarar los aspectos que se encuentran pendientes de cumplimiento. Además, deberá señalar si se notificó a la parte denunciante el estado actual de la denuncia nro. 163-2023 formulada ante el Área Rectora de Salud de Santa Ana”.

6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 15 de noviembre de 2024, informa Ricardo Ocampo Salas, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Santa Ana del Ministerio de Salud. Explica: “El miércoles 06 de setiembre de 2023 al ser las 13:36 horas, se notifica en la Municipalidad de Santa Ana, la orden sanitaria N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, dirigida al señor Gerardo Oviedo Espinoza o a quién ocupe su lugar como alcalde (folios 00024 al 00027). En dicha orden se le solicita: “…En el plazo inmediato, proceda a: • Realizar la limpieza del alcantarillado pluvial; lo anterior con el fin de precaver la formación de fuentes de infección, foco de contaminación ambiental, o en criadero y/o albergue de fauna nociva. Amparo legal: 318 y 319 Ley General de Salud Ley 5395 y artículo 8 inciso “e” de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº8839, publicada en La Gaceta 135 del 13/07/2010. • Mantener el alcantarillado pluvial en adecuadas condiciones de orden y limpieza permanentemente, evitando que se convierta en fuente de infección, foco de contaminación ambiental, o en criadero y/o albergue de fauna nociva. Amparo legal: 318 y 319 Ley General de Salud Ley 5395 artículo 8 inciso “e” de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº8839, publicada en La Gaceta 135 del 13/07/2010. En el plazo de 20 días hábiles, proceda a: • Presentar ante el Área Rectora de Salud Santa Ana un plan remedial, debidamente firmado, con los plazos de ejecución de las obras y los responsables, para brindar una solución definitiva a la salida del alcantarillado pluvial, de manera que se garantice la solución definitiva al problema de estancamiento de aguas pluviales. Amparo Legal: artículos 1, 2, 3, 4, 7, 37, 39, 285, 286, 287, 308, 309, 340, 341, 342, 346, 355, 378 y 378 bis de la Ley General de Salud Ley 5395, Artículo 8 inciso “e” de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº8839, publicada en La Gaceta 135 del 13/07/2010 y Artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, todo lo anterior con el fin de proteger la salud pública y el ambiente… “El jueves 09 de noviembre de 2023 al ser las 12:49 horas se recibe correo electrónico de la Municipalidad de Santa Ana, donde adjuntan el Oficio N° MSA-ALC-04-722-2023 y Oficio N° MSA-ALC-04-687-2023, mediante los cuales indican el plan remedial para subsanar la problemática del N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, específicamente con el punto 2. (folios 00040 al 00042) En lo concerniente al punto 1 de la Orden Sanitaria N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, el lunes 04 de noviembre de 2024 al ser las 9:48 horas conforme al Acta de Inspección GSA-135-2024 funcionarios de esta Área Rectora de Salud Santa Ana se presentaron al cordón de caño ubicado frente al Condominio Villas Punta Cañón, donde se corrobora que ya no hay agua estancada y que las mismas ahora corren por donde va a pasar la servidumbre de paso de aguas ya que no se localiza el muro que obstruía el paso. (folios 00081 al 00082). El jueves 14 de noviembre de 2024 al ser las 9:34 horas conforme al Acta de Inspección JQV-194-2024 funcionarios de esta Área Rectora de Salud Santa Ana se presentaron al cordón de caño ubicado frente al Condominio Villas Punta Cañón, donde se corrobora que ya no hay agua estancada y que las aguas pluviales fluyen sin obstrucción, cumpliéndose con lo ordenado. (Folios 00096 al 00097) Mediante Informe Técnico de verificación de cumplimiento de orden sanitaria, N° MS-DDRSCS-DARSSA-IT-493-2024, se concluye que corrobora que ya no hay agua estancada y que las aguas pluviales fluyen sin obstáculos, cumpliendo lo solicitado mediante orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023. (Folios 00098 al 00102). Mediante Oficio N° MS-DRRSCS-DARSSA-1578-2024, se le informa a la señora Patricia Bermúdez, sobre el cumplimiento de lo solicitado mediante -DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 y cierre de caso. (Folios 00103 al 00105) III. PETITORIA. En virtud de lo expuesto esperamos haber aclarado lo solicitado y respetuosamente solicitamos al Honorable Tribunal Constitucional DECLARAR SIN LUGAR, el presente recurso de amparo, pues resulta claro de lo informado, que se ha atendido como corresponde y dentro de nuestras competencias lo denunciado, donde insistimos en afirmar que el actuar de esta Área Rectora de Salud Santa Ana, no es desinteresado y mucho menos intencionado en vulnerar derechos fundamentales de las personas, y en particular del aquí recurrente, por el contrario, siempre está dirigido en atender de manera atenta, responsable y diligente todas sus gestiones, con en efecto se ha hecho y se continúa haciendo, por lo que reiteramos la solicitud respetuosa de que se declare sin lugar el recurso de amparo que nos ocupa”.

7.- Por escrito incorporado al expediente digital el 2 de diciembre de 2024, el magistrado Araya García formuló una inhibitoria.

8.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 11:00 horas del 3 de diciembre de 2024 se separó al magistrado Araya García del conocimiento del asunto.

9.- Mediante el sorteo nro. 13067 efectuado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se nombró al magistrado Lara Gamboa en sustitución del magistrado Araya García.

10.- Mediante el sorteo nro. 13103 efectuado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se nombró al magistrado Fernández Argüello en sustitución del magistrado Araya García.

11.- Por escrito incorporado al expediente digital el 16 de diciembre de 2024, la recurrente expresa: “Vista las manifestaciones dadas por las instituciones requeridas, esta representación, considera importante, hacer ver a su autoridad las inconsistencias en los informes rendidos, por ambas instituciones, en el siguiente sentido: La MUNICIPALIDAD indica en su informe, que para resolver el problema es necesario construir una servidumbre mediante la cual desfoguen las aguas y que aún NO se ha concretado la venta del terreno para constituirla. Contradictoriamente el MINISTERIO DE SALUD indica que: “(…) El día lunes 04 de noviembre de 2024 al ser las 9:48 horas conforme al Acta de Inspección GSA-135-2024 y el día jueves 14 de noviembre de 2024 al ser las 9:34 horas conforme al Acta de Inspección JQV-194-2024 funcionarios de esta Área Rectora de Salud Santa Ana se presentaron al cordón de caño ubicado frente al Condominio Villas Punta Cañón, donde se corrobora que ya no hay agua estancada y que las mismas ahora corren por donde va a pasar la servidumbre de paso de aguas ya que no se localiza el muro que obstruía el paso, solucionándose el problema de las aguas estancadas (…)” Tal y como se demuestra con las fotos adjuntas, si bien es, el muro fue botado, se evidencia que dicho acto material, fue realizado de manera no planificada por cuanto, los escombros se dejaron en el cauce y la salida de agua sigue estando obstruida. Es evidente que ninguna de las dos instituciones recurridas, han complido (sic) con sus obligaciones y que han aportado información imprecisa y contradictoria dentro del presente proceso. De conformidad con lo ordenado, en la orden sanitaria, debe el Gobierno Local presentar el plan remedial, debidamente firmado, con los plazos de ejecución de las obras y los responsables, para brindar una solución definitiva a la salida del alcantarillado pluvial, para garantizar la solución al problema de estancamiento de aguas pluviales. Y debe el Ministerio de Salud, verificar y hacer cumplir la orden sanitaria, que emitió oportunamente, a fin de resolver de manera técnica el estancamiento de agua que se produce en la zona afectada. Todo lo anterior, para cumplir con el deber Constitucional de proteger la salud pública y el medio ambiente”.

12.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente señala que, como administradora del Condominio Villas Punta Cañón, ubicado en Santa Ana, en julio de 2023 planteó una denuncia ante el Ministerio de Salud debido a un foco de contaminación generado por aguas estancadas, resultado del taponamiento del desfogue natural que permite el paso de aguas pluviales hacia el río, lo que ha provocado la proliferación de zancudos y malos olores. Añade que el Ministerio de Salud, tras verificar los hechos y la amenaza a la salud de los vecinos, emitió la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, mediante la cual ordenó a la Municipalidad de Santa Ana dar una solución definitiva e integral a la problemática. Acusa que, a pesar de las gestiones y el seguimiento realizados ante la municipalidad aludida y el Ministerio de Salud, a la fecha no se ha proporcionado una solución integral al foco de contaminación, lo que mantiene amenazada la salud de los vecinos.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

  • a)El 20 de julio de 2023, la accionante planteó la denuncia nro. 163-2023 ante el Área Rectora de Salud de Santa Ana, debido a que el lote que colinda a la izquierda del Condominio Villas Punta Cañón tapa el caño que permite el paso de las aguas pluviales, lo que provoca que el agua quede estancada y se produzcan zancudos y larvas. (Ver prueba documental).
  • b)El 1°, 11 y 28 de agosto de 2023, la denunciante dio seguimiento a la denuncia nro. 163-2023. (Ver prueba documental).
  • c)El acuerdo 19 adoptado en la sesión ordinaria nro. 170 celebrada el 1° de agosto de 2023 por el Concejo Municipal de Santa Ana se declaró de interés público municipal una faja de terreno de 6 metros de ancho por 68 metros de largo, paralela al lindero este de la finca 1-212469-000, plano catastrado SJ-16286-1974 cuyo propietario es Rigel Nett Sociedad Anónima, para constituir en favor de la municipalidad una servidumbre de tubería subterránea para aguas pluviales provenientes de las calles 52 y 54 de la Urbanización Rio Oro y para dar paso para trabajadores municipales para realizar el mantenimiento de la tubería. (Ver prueba documental).
  • d)El 30 de agosto de 2023, el Ministerio de Salud inspeccionó el sitio denunciado. (Ver prueba documental).
  • e)Mediante la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 del 5 de setiembre de 2023, el Ministerio de Salud ordenó a la Municipalidad de Santa Ana de forma inmediata a: i) realizar la limpieza del alcantarillado pluvial; y ii) mantener el alcantarillado pluvial en condiciones de orden y limpieza permanentemente; además, en el plazo de 20 días hábiles se constriñó a la corporación local a aportar un plan remedial para brindar la solución definitiva a la salida del alcantarillado pluvial de forma que garantizase la solución definitiva al problema de estancamiento de aguas pluviales. Lo anterior fue notificado al gobierno local de Santa Ana el 6 de setiembre de 2024. (Ver prueba documental).
  • f)El 6 de setiembre de 2024, el Área Rectora de Salud de Santa Ana comunicó a la recurrente el oficio MS-DRSRSCS.DARSSA-1025-2023, mediante el cual dio respuesta a la denuncia y se indicó que se emitió una orden sanitaria en relación con la corporación local recurrida. (Ver prueba documental).
  • g)El 4 de octubre de 2023, la tutelada dio seguimiento a la denuncia nro. 163-2023, en respuesta se aclaró que la orden sanitaria en relación con la problemática acusada fue emitida a la Municipalidad de Santa Ana. (Ver prueba documental).
  • h)El 5 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud inspeccionó el lugar denunciado, momento en que constató la ausencia de una solución definitiva del problema. (Ver prueba documental).
  • i)Por memorial MS-DRRSCS-DARSSA-1169-2023 del 13 de octubre de 2023, el Área Rectora de Salud de Santa Ana consultó al alcalde de ese cantón sobre las acciones efectuadas para dar solución definitiva a la problemática consignada en la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 del 5 de setiembre de 2023, dado que no se había recibido el plan remedial. (Ver prueba documental).
  • j)Mediante oficio MSA-ALC-04-687-2023 del 23 de octubre de 2023, el alcalde de Santa Ana comunicó al Ministerio de Salud:

“Tal y como se indicó en el oficio MSA-ALC-04-653-2023, el Concejo Municipal aprobó en la Sesión Ordinaria N°170, del martes 01 de agosto de 2023 la declaratoria de interés público y adquisición de la servidumbre de aguas pluviales en Urbanización Río Oro, por ende, se ha continuado con el respectivo proceso de aprobación de la partida y asignación de contenido presupuestario y que se aprovecha para informar que la modificación presupuestaria 05-2023, fue aprobada por el Concejo Municipal en la sesión n°180 celebrada el 10 octubre 2023.

Sin embargo, mientras se concluye con lo indicado anteriormente, el 5 y 6 de octubre de 2023, el proceso de Mantenimiento de Caminos y Calles a cargo de la Ing. Marcela Mata Colombari, limpió el alcantarillado pluvial localizado en la Urbanización Rio Oro, mediante la extracción de aguas estancadas, corta de zacate y limpieza de barro presentes en el lugar; sin embargo, se planea seguir continuando con la limpieza periódica cada tres semanas en la urbanización, así como se estará monitoreando el estado de la servidumbre en el caso de que se requiera atención adicional, hasta que se concluya el proceso de compra y adquisición de la servidumbre de aguas pluviales a principios del próximo año”. (Ver prueba documental).

  • k)El 6 de noviembre de 2023, la accionante consultó al Ministerio de Salud si existe una solución definitiva al problema y la fecha en la que se realizaría la próxima visita de parte de la Municipalidad de Santa Ana. (Ver prueba documental).
  • l)El 7 de noviembre de 2023, el Ministerio de Salud consultó al gobierno local recurrido sobre el plan remedial para solucionar el problema denunciado. (Ver prueba documental).
  • m)Por memorial MSA-ALC-04-722-2023 del 8 de noviembre de 2023, el alcalde de Santa Ana comunicó al ministerio recurrido:

“Como se ha mencionado, el Concejo Municipal aprobó en la Sesión Ordinaria N°170, del martes 01 de agosto de 2023 la declaratoria de interés público y adquisición de la servidumbre de aguas pluviales en Urbanización Río Oro.

Sin embargo, se reitera que el plan remedial consiste en que mientras se concluye con la adquisición de la servidumbre de aguas pluviales en Urbanización Río Oro, se estará realizando limpieza periódica cada tres semanas en la urbanización, así como se estará monitoreando el estado de la servidumbre en el caso de que se requiera atención adicional y hasta que se concluya el proceso de compra y adquisición de la servidumbre de aguas pluviales a principios del próximo año.

Se aprovecha para mencionar que desde hoy se inició nuevamente en el lugar, la limpieza de la servidumbre de aguas pluviales”. (Ver prueba documental).

  • n)El 23 de febrero de 2024, la tutelada consultó al ministerio recurrido cómo va el procedimiento con el gobierno local de Santa Ana, debido a que la problemática acusada continua. (Ver prueba documental).
  • o)El 28 de febrero de 2024, el Ministerio de Salud inspeccionó el sitio denunciado, momento en el que se observó agua estancada y las cunetas repletas de hojas secas. (Ver prueba documental).
  • p)Por memorial MS-DRRSCS-DARSSA-0237-2023 del 5 de marzo de 2024, el Área Rectora de Salud de Santa Ana consultó al alcalde recurrido sobre las acciones efectuadas para dar solución definitiva a la problemática consignada en la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 del 5 de setiembre de 2023, toda vez que no se había recibido el plan remedial. (Ver prueba documental).
  • q)El 1° de abril de 2024, el Ministerio de Salud inspeccionó el sitio denunciado, momento en el que se observó agua estancada. (Ver prueba documental).
  • r)El 12 de abril de 2024, la cartera ministerial accionada consultó a la Municipalidad de Santa Ana un informe sobre lo actuado. (Ver prueba documental).
  • s)El 9 de mayo de 2024, la Municipalidad de Santa Ana formuló una denuncia ante el Ministerio de Salud por vertido de aguas residuales al alcantarillado por parte de 21 predios de la urbanización Río Oro. En respuesta, por oficio MS-DRRSCS-DARSSA-1219-2024 del 11 de setiembre de 2024, el ministerio recurrido informó: “Como resultado de las valoraciones técnicas realizadas por funcionarios de esta Área Rectora de Salud, se confirmó el vertido de las aguas servidas generadas en las fincas mencionadas anteriormente al cordón de caño. Debido a esto, se procede a emitir los actos administrativos dirigidos a los propietarios registrales en los cuales se les ordena disponer adecuada y sanitariamente las aguas servidas generadas en las fincas de su propiedad eliminando el vertido de estas aguas al cordón de caño. Los casos se encuentran abiertos y en seguimiento por lo que se le estará informando acerca del avance de los mismos”. (Ver prueba documental).
  • t)El 18 de junio de 2024, la accionante requirió ante el Área Rectora de Salud de Santa Ana aplicar el ordinal 314 del Código Penal al alcalde recurrido, debido al incumplimiento de la orden sanitaria. (Ver prueba documental).
  • u)El 19 de junio de 2024, el Ministerio de Salud inspeccionó el sitio denunciado, momento en el que se observaron aguas pluviales estancadas con larvas y pupas del mosquito aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue. (Ver prueba documental).
  • v)Mediante oficio MS-DRRSCS-DARSSA-0791-2024 del 20 de junio de 2024, el Área Rectora de Salud de Santa Ana consultó al alcalde de esa localidad sobre las acciones efectuadas para cumplir la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 del 5 de setiembre de 2023, toda vez que no se había recibido el plan remedial. (Ver prueba documental).
  • w)El 25 de junio de 2024, el Ministerio de Salud comunicó a la denunciante los diversos oficios de seguimiento que ha efectuado al caso. (Ver prueba documental).
  • x)El 28 de junio de 2024 se notificó a la denunciante el memorial MS-DRRSCS-DARSSA-0823-2024 del 28 de junio de 2024, en el que se lee:

“(…) Se le comunica que se han efectuado varias visitas de inspección al sitio de la afectación, tanto a finales del 2023 como a inicios de este año y la ultima (sic) visita efectuada se realizó el día 19 de junio de 2024, donde se corrobora el estancamiento de aguas pluviales en el alcantarillado pluvial localizado frente al Condominio Villas Punta Cañón, propiedad folio real N° 1-119243--000, lo que constituye una posible fuente y/o criadero de fauna nociva, por lo que se evidencia incumpliendo con lo establecido en la normativa nacional vigente y de lo solicitado mediante orden sanitaria N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2024, motivo por el cual se procede a emitir el oficio N° MS-DRRSCS-DARSSA-0791-2024 (…) dirigido al nuevo alcalde del Gobierno Local de Santa Ana, el señor Juan José Vargas Fallas, donde se le solicita solventar el problema de manera definitiva.

Dado lo anterior, la denuncia se encuentra abierta y en seguimiento, por lo que se le estará informando de manera oportuna los avances de la misma”. (Ver prueba documental).

  • y)El 3 de julio de 2024, la recurrente dio seguimiento a la denuncia planteada ante el Ministerio de Salud y solicitó:

“En virtud de que las medidas sanitarias impuestas no han sido suficientes para garantizar el DERECHO A LA SALUD de los habitantes del condominio y que más bien, ya las aguas han ingresado al inmueble, se solicita expresamente que se amplíen las medidas sanitarias, para que de manera efectiva se resuelva el problema que nos aqueja. Es por ello que, teniendo conocimiento, de que el dique construido en la propiedad de al lado del condominio, que es precisamente el que genera el problema, al impedir el desfogue natural de las aguas pluviales, fue construido ilegalmente, solicitamos que se ordene el derribo inmediato del mismo, a fin de que las aguas tomen su curso natural, todo lo cual debe ser impuesto con un plazo de cumplimiento. Que se ordene a la Municipalidad que informe y documente el seguimiento y monitoreo que se ha realizado en cumplimiento del plan remedial. Finalmente, solicito que con fundamento en el artículo 314 del Código Penal, se le notifique personalmente al alcalde la orden sanitaria, bajo la advertencia que de no cumplir se le podrá seguir causa penal por el delito de desobediencia”. (Ver prueba documental).

  • z)El 5 de julio de 2024, el Ministerio de Salud aclaró a la gestionante que no se puede aplicar el artículo 314 del Código Penal al alcalde recurrido, debido a que el apercibimiento establecido en la orden sanitaria como sanción es el cobro de una multa. (Ver prueba documental).

aa) El 30 de agosto de 2024, el Área Rectora de Salud de Santa Ana solicitó a la corporación local recurrida el seguimiento de lo solicitado en la orden sanitaria. (Ver prueba documental).

bb) El 4 de setiembre de 2024, la recurrente dio seguimiento a la denuncia planteada ante el Ministerio de Salud e indicó que la problemática acusada persiste. (Ver prueba documental).

  • cc)El 31 de octubre de 2024, el alcalde de Santa Ana y el director del Área Rectora de Salud de Santa Ana fueron notificados de la resolución de curso de este asunto. (Ver actas de notificación).

dd) El 31 de octubre de 2024, el Ministerio de Salud inspeccionó el lugar denunciado y se corroboró la presencia de agua estancada en el cordón de caño. (Ver prueba documental).

ee) Por oficio MSA-ALC-01-468-2024 del 31 de octubre de 2024, el alcalde de Santa Ana comunicó al Ministerio de Salud las acciones efectuadas para atender la problemática denunciada, entre ellas, para adquirir parte del lote en el que se requiere constituir una servidumbre de paso de aguas. (Ver prueba documental).

ff) El 1º de noviembre de 2024, el Área Rectora de Salud de Santa Ana inspeccionó el lugar denunciado y se corroboró la presencia de agua estancada en el cordón de caño. (Ver prueba documental).

gg) El 4 de noviembre de 2024, el Ministerio de Salud inspeccionó el lugar denunciado y se corroboró que no había agua estancada y que esta corre por donde va a pasar la servidumbre de paso, debido a que no se localizó el muro que obstruía su paso, con lo cual se solucionó el problema de las aguas estancadas. (Ver prueba documental).

hh) El 14 de noviembre de 2024, el Área de Salud de Santa Ana inspeccionó el lugar denunciado y se corroboró que no había agua estancada y que las aguas pluviales fluían sin obstrucción. (Ver prueba documental).

  • ii)Mediante informe técnico MS-DDRSCS-DARSSA-IT-493-2024, el Área de Salud de Santa Ana indicó: “G- CONCLUSIONES. Producto de las visitas de inspección, el gobierno local de Santa Ana cumplió con lo solicitado mediante orden sanitaria N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, debido a que ya no se observa estancamiento de aguas pluviales en el alcantarillado pluvial (cordón de caño) localizado frente al Condominio Villas Punta Cañón. H- RECOMENDACIONES. Dado lo anterior se recomienda a la Dirección de esta Área Rectora de Salud Santa Ana, proceder a cerrar el caso e informar a la denunciante sobre lo actuado en su caso”. (Ver prueba documental).

jj) Por oficio MS-DRRSCS-DARSSA-1578-2024, el Ministerio de Salud informó a la recurrente:

“Sirva la presente para saludarle y a la vez informarle que su denuncia donde argumenta: “…se está afectando el inmueble con matrícula de Folio Real N° 1-973-M--000, identificado con Villas Punta Cañón, ya que el lote que colinda a la izquierda del Condominio decidió tapar el caño que permite el libre paso de las aguas pluviales que desembocan en el río, esto provoca el estancamiento de agua, creando un estanque de zancudos y larvas con olores desagradables...” en la dirección Santa Ana, Uruca, Urbanización Río Oro sector norte al final de la calle 52. Ha sido atendida por esta Área Rectora de Salud.

Se le comunica que los días 04 y 14 de noviembre de 2024, se realiza visita de inspección al sitio de la afectación, alcantarillado pluvial localizado frente al Condominio Villas Punta Cañón, propiedad folio real N° 1-119243--000, donde se corrobora que ya no existe el estancamiento de aguas pluviales, por lo que se evidencia el cumpliendo con lo establecido en la orden sanitaria N° MS-DRRSCSDARSSA-OS-083-2024, motivo por el cual se procede a cerrar el caso.

Asimismo, se le comunica que en caso de que se vuelva a presentar el problema de estancamiento de aguas y considere afectado su derecho a la salud por esta situación, podrá acudir nuevamente ante el Área Rectora de Salud y presentar la denuncia respectiva”. (Ver prueba documental).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente señala que, como administradora del Condominio Villas Punta Cañón, ubicado en Santa Ana, en julio de 2023 planteó una denuncia ante el Ministerio de Salud debido a un foco de contaminación generado por aguas estancadas, resultado del taponamiento del desfogue natural que permite el paso de aguas pluviales hacia el río, lo que ha provocado la proliferación de zancudos y malos olores. Añade que el Ministerio de Salud, tras verificar los hechos y la amenaza a la salud de los vecinos, emitió la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, mediante la cual ordenó a la Municipalidad de Santa Ana dar una solución definitiva e integral a la problemática. Acusa que, a pesar de las gestiones y el seguimiento realizados ante la municipalidad aludida y el Ministerio de Salud, a la fecha no se ha proporcionado una solución integral al foco de contaminación, lo que mantiene amenazada la salud de los vecinos.

El Tribunal acredita que, el 20 de julio de 2023, la accionante planteó la denuncia nro. 163-2023 ante el Área Rectora de Salud de Santa Ana, debido a que el lote que colinda a la izquierda del Condominio Villas Punta Cañón tapa el caño que permite el paso de las aguas pluviales, lo que provoca que el agua quede estancada y se produzcan zancudos y larvas. El 1°, 11 y 28 de agosto de 2023, la denunciante dio seguimiento a la denuncia nro. 163-2023. El acuerdo 19 adoptado en la sesión ordinaria nro. 170 celebrada el 1° de agosto de 2023 por el Concejo Municipal de Santa Ana se declaró de interés público municipal una faja de terreno de 6 metros de ancho por 68 metros de largo, paralela al lindero este de la finca 1-212469-000, plano catastrado SJ-16286-1974 cuyo propietario es Rigel Nett Sociedad Anónima, para constituir en favor de la municipalidad una servidumbre de tubería subterránea para aguas pluviales provenientes de las calles 52 y 54 de la Urbanización Rio Oro y para dar paso para trabajadores municipales para realizar el mantenimiento de la tubería. El 30 de agosto de 2023, el Ministerio de Salud inspeccionó el sitio denunciado. Mediante la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 del 5 de setiembre de 2023, el Ministerio de Salud ordenó a la Municipalidad de Santa Ana de forma inmediata a: i) realizar la limpieza del alcantarillado pluvial; y ii) mantener el alcantarillado pluvial en condiciones de orden y limpieza permanentemente; además, en el plazo de 20 días hábiles se constriñó a la corporación local a aportar un plan remedial para brindar la solución definitiva a la salida del alcantarillado pluvial de forma que garantizase la solución definitiva al problema de estancamiento de aguas pluviales. Lo anterior fue notificado al gobierno local de Santa Ana el 6 de setiembre de 2024. El 6 de setiembre de 2024, el Área Rectora de Salud de Santa Ana comunicó a la recurrente el oficio MS-DRSRSCS.DARSSA-1025-2023, mediante el cual dio respuesta a la denuncia y se indicó que se emitió una orden sanitaria en relación con la corporación local recurrida. El 4 de octubre de 2023, la tutelada dio seguimiento a la denuncia nro. 163-2023, en respuesta se aclaró que la orden sanitaria en relación con la problemática acusada fue emitida a la Municipalidad de Santa Ana. El 5 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud inspeccionó el lugar denunciado, momento en que constató la ausencia de una solución definitiva del problema. Por memorial MS-DRRSCS-DARSSA-1169-2023 del 13 de octubre de 2023, el Área Rectora de Salud de Santa Ana consultó al alcalde de ese cantón sobre las acciones efectuadas para dar solución definitiva a la problemática consignada en la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 del 5 de setiembre de 2023, dado que no se había recibido el plan remedial. Mediante oficio MSA-ALC-04-687-2023 del 23 de octubre de 2023, el alcalde de Santa Ana comunicó al Ministerio de Salud: “Tal y como se indicó en el oficio MSA-ALC-04-653-2023, el Concejo Municipal aprobó en la Sesión Ordinaria N°170, del martes 01 de agosto de 2023 la declaratoria de interés público y adquisición de la servidumbre de aguas pluviales en Urbanización Río Oro, por ende, se ha continuado con el respectivo proceso de aprobación de la partida y asignación de contenido presupuestario y que se aprovecha para informar que la modificación presupuestaria 05-2023, fue aprobada por el Concejo Municipal en la sesión n°180 celebrada el 10 octubre 2023. Sin embargo, mientras se concluye con lo indicado anteriormente, el 5 y 6 de octubre de 2023, el proceso de Mantenimiento de Caminos y Calles a cargo de la Ing. Marcela Mata Colombari, limpió el alcantarillado pluvial localizado en la Urbanización Rio Oro, mediante la extracción de aguas estancadas, corta de zacate y limpieza de barro presentes en el lugar; sin embargo, se planea seguir continuando con la limpieza periódica cada tres semanas en la urbanización, así como se estará monitoreando el estado de la servidumbre en el caso de que se requiera atención adicional, hasta que se concluya el proceso de compra y adquisición de la servidumbre de aguas pluviales a principios del próximo año”. El 6 de noviembre de 2023, la accionante consultó al Ministerio de Salud si existe una solución definitiva al problema y la fecha en la que se realizaría la próxima visita de parte de la Municipalidad de Santa Ana. El 7 de noviembre de 2023, el Ministerio de Salud consultó al gobierno local recurrido sobre el plan remedial para solucionar el problema denunciado. Por memorial MSA-ALC-04-722-2023 del 8 de noviembre de 2023, el alcalde de Santa Ana comunicó al ministerio recurrido: “Como se ha mencionado, el Concejo Municipal aprobó en la Sesión Ordinaria N°170, del martes 01 de agosto de 2023 la declaratoria de interés público y adquisición de la servidumbre de aguas pluviales en Urbanización Río Oro. Sin embargo, se reitera que el plan remedial consiste en que mientras se concluye con la adquisición de la servidumbre de aguas pluviales en Urbanización Río Oro, se estará realizando limpieza periódica cada tres semanas en la urbanización, así como se estará monitoreando el estado de la servidumbre en el caso de que se requiera atención adicional y hasta que se concluya el proceso de compra y adquisición de la servidumbre de aguas pluviales a principios del próximo año. Se aprovecha para mencionar que desde hoy se inició nuevamente en el lugar, la limpieza de la servidumbre de aguas pluviales”. El 23 de febrero de 2024, la tutelada consultó al ministerio recurrido cómo va el procedimiento con el gobierno local de Santa Ana, debido a que la problemática acusada continua. El 28 de febrero de 2024, el Ministerio de Salud inspeccionó el sitio denunciado, momento en el que se observó agua estancada y las cunetas repletas de hojas secas. Por memorial MS-DRRSCS-DARSSA-0237-2023 del 5 de marzo de 2024, el Área Rectora de Salud de Santa Ana consultó al alcalde recurrido sobre las acciones efectuadas para dar solución definitiva a la problemática consignada en la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 del 5 de setiembre de 2023, toda vez que no se había recibido el plan remedial. El 1° de abril de 2024, el Ministerio de Salud inspeccionó el sitio denunciado, momento en el que se observó agua estancada. El 12 de abril de 2024, la cartera ministerial accionada consultó a la Municipalidad de Santa Ana un informe sobre lo actuado. El 9 de mayo de 2024, la Municipalidad de Santa Ana formuló una denuncia ante el Ministerio de Salud por vertido de aguas residuales al alcantarillado por parte de 21 predios de la urbanización Río Oro. En respuesta, por oficio MS-DRRSCS-DARSSA-1219-2024 del 11 de setiembre de 2024, el ministerio recurrido informó: “Como resultado de las valoraciones técnicas realizadas por funcionarios de esta Área Rectora de Salud, se confirmó el vertido de las aguas servidas generadas en las fincas mencionadas anteriormente al cordón de caño. Debido a esto, se procede a emitir los actos administrativos dirigidos a los propietarios registrales en los cuales se les ordena disponer adecuada y sanitariamente las aguas servidas generadas en las fincas de su propiedad eliminando el vertido de estas aguas al cordón de caño. Los casos se encuentran abiertos y en seguimiento por lo que se le estará informando acerca del avance de los mismos”. El 18 de junio de 2024, la accionante requirió ante el Área Rectora de Salud de Santa Ana aplicar el ordinal 314 del Código Penal al alcalde recurrido, debido al incumplimiento de la orden sanitaria. El 19 de junio de 2024, el Ministerio de Salud inspeccionó el sitio denunciado, momento en el que se observaron aguas pluviales estancadas con larvas y pupas del mosquito aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue. Mediante oficio MS-DRRSCS-DARSSA-0791-2024 del 20 de junio de 2024, el Área Rectora de Salud de Santa Ana consultó al alcalde de esa localidad sobre las acciones efectuadas para cumplir la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 del 5 de setiembre de 2023, toda vez que no se había recibido el plan remedial. El 25 de junio de 2024, el Ministerio de Salud comunicó a la denunciante los diversos oficios de seguimiento que ha efectuado al caso. El 28 de junio de 2024 se notificó a la denunciante el memorial MS-DRRSCS-DARSSA-0823-2024 del 28 de junio de 2024, en el que se lee: “(…) Se le comunica que se han efectuado varias visitas de inspección al sitio de la afectación, tanto a finales del 2023 como a inicios de este año y la ultima (sic) visita efectuada se realizó el día 19 de junio de 2024, donde se corrobora el estancamiento de aguas pluviales en el alcantarillado pluvial localizado frente al Condominio Villas Punta Cañón, propiedad folio real N° 1-119243--000, lo que constituye una posible fuente y/o criadero de fauna nociva, por lo que se evidencia incumpliendo con lo establecido en la normativa nacional vigente y de lo solicitado mediante orden sanitaria N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2024, motivo por el cual se procede a emitir el oficio N° MS-DRRSCS-DARSSA-0791-2024 (…) dirigido al nuevo alcalde del Gobierno Local de Santa Ana, el señor Juan José Vargas Fallas, donde se le solicita solventar el problema de manera definitiva. Dado lo anterior, la denuncia se encuentra abierta y en seguimiento, por lo que se le estará informando de manera oportuna los avances de la misma”. El 3 de julio de 2024, la recurrente dio seguimiento a la denuncia planteada ante el Ministerio de Salud y solicitó: “En virtud de que las medidas sanitarias impuestas no han sido suficientes para garantizar el DERECHO A LA SALUD de los habitantes del condominio y que más bien, ya las aguas han ingresado al inmueble, se solicita expresamente que se amplíen las medidas sanitarias, para que de manera efectiva se resuelva el problema que nos aqueja. Es por ello que, teniendo conocimiento, de que el dique construido en la propiedad de al lado del condominio, que es precisamente el que genera el problema, al impedir el desfogue natural de las aguas pluviales, fue construido ilegalmente, solicitamos que se ordene el derribo inmediato del mismo, a fin de que las aguas tomen su curso natural, todo lo cual debe ser impuesto con un plazo de cumplimiento. Que se ordene a la Municipalidad que informe y documente el seguimiento y monitoreo que se ha realizado en cumplimiento del plan remedial. Finalmente, solicito que con fundamento en el artículo 314 del Código Penal, se le notifique personalmente al alcalde la orden sanitaria, bajo la advertencia que de no cumplir se le podrá seguir causa penal por el delito de desobediencia”. El 5 de julio de 2024, el Ministerio de Salud aclaró a la gestionante que no se puede aplicar el artículo 314 del Código Penal al alcalde recurrido, debido a que el apercibimiento establecido en la orden sanitaria como sanción es el cobro de una multa. El 30 de agosto de 2024, el Área Rectora de Salud de Santa Ana solicitó a la corporación local recurrida el seguimiento de lo solicitado en la orden sanitaria. El 4 de setiembre de 2024, la recurrente dio seguimiento a la denuncia planteada ante el Ministerio de Salud e indicó que la problemática acusada persiste. El 31 de octubre de 2024, el Ministerio de Salud inspeccionó el lugar denunciado y se corroboró la presencia de agua estancada en el cordón de caño. Por oficio MSA-ALC-01-468-2024 del 31 de octubre de 2024, el alcalde de Santa Ana comunicó al Ministerio de Salud las acciones efectuadas para atender la problemática denunciada, entre ellas, para adquirir parte del lote en el que se requiere constituir una servidumbre de paso de aguas. El 1° de noviembre de 2024, el Área Rectora de Salud de Santa Ana inspeccionó el lugar denunciado y se corroboró la presencia de agua estancada en el cordón de caño. El 4 de noviembre de 2024, el Ministerio de Salud inspeccionó el lugar denunciado y se corroboró que no había agua estancada y que esta corre por donde va a pasar la servidumbre de paso, debido a que no se localizó el muro que obstruía su paso, con lo cual se solucionó el problema de las aguas estancadas. El 14 de noviembre de 2024, el Área de Salud de Santa Ana inspeccionó el lugar denunciado y se corroboró que no había agua estancada y que las aguas pluviales fluían sin obstrucción. Mediante informe técnico MS-DDRSCS-DARSSA-IT-493-2024, el Área de Salud de Santa Ana indicó: “G- CONCLUSIONES. Producto de las visitas de inspección, el gobierno local de Santa Ana cumplió con lo solicitado mediante orden sanitaria N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023, debido a que ya no se observa estancamiento de aguas pluviales en el alcantarillado pluvial (cordón de caño) localizado frente al Condominio Villas Punta Cañón. H- RECOMENDACIONES. Dado lo anterior se recomienda a la Dirección de esta Área Rectora de Salud Santa Ana, proceder a cerrar el caso e informar a la denunciante sobre lo actuado en su caso”. Por oficio MS-DRRSCS-DARSSA-1578-2024, el Ministerio de Salud informó a la recurrente: “Sirva la presente para saludarle y a la vez informarle que su denuncia donde argumenta: “…se está afectando el inmueble con matrícula de Folio Real N° 1-973-M--000, identificado con Villas Punta Cañón, ya que el lote que colinda a la izquierda del Condominio decidió tapar el caño que permite el libre paso de las aguas pluviales que desembocan en el río, esto provoca el estancamiento de agua, creando un estanque de zancudos y larvas con olores desagradables...” en la dirección Santa Ana, Uruca, Urbanización Río Oro sector norte al final de la calle 52. Ha sido atendida por esta Área Rectora de Salud. Se le comunica que los días 04 y 14 de noviembre de 2024, se realiza visita de inspección al sitio de la afectación, alcantarillado pluvial localizado frente al Condominio Villas Punta Cañón, propiedad folio real N° 1-119243--000, donde se corrobora que ya no existe el estancamiento de aguas pluviales, por lo que se evidencia el cumpliendo con lo establecido en la orden sanitaria N° MS-DRRSCSDARSSA-OS-083-2024, motivo por el cual se procede a cerrar el caso. Asimismo, se le comunica que en caso de que se vuelva a presentar el problema de estancamiento de aguas y considere afectado su derecho a la salud por esta situación, podrá acudir nuevamente ante el Área Rectora de Salud y presentar la denuncia respectiva”.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada debido a la falta de actuación diligente y célere de las autoridades recurridas en resolver la problemática denunciada en relación con el estancamiento de aguas objeto de este estudio. Acerca de esto, nótese que la denuncia inicial fue formulada ante el Área Rectora de Salud de Santa Ana desde julio de 2023, respecto de lo cual el Ministerio de Salud dictó la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 del 5 de setiembre de 2023, por medio de la que constriñó a la Municipalidad de Santa Ana de forma inmediata a: i) realizar la limpieza del alcantarillado pluvial; y ii) mantener el alcantarillado pluvial en condiciones de orden y limpieza permanentemente; además, en el plazo de 20 días hábiles se ordenó a la corporación local a aportar un plan remedial para brindar la solución definitiva a la salida del alcantarillado pluvial de forma que garantizase la solución definitiva al problema de estancamiento de aguas pluviales.

Sobre el particular, la Sala comprueba que, a partir de la emisión de la aludida orden sanitaria tanto el gobierno local recurrido como la cartera ministerial accionada llevaron a cabo diversas gestiones tendentes a solventar la problemática aludida. En el caso de la Municipalidad de Santa Ana se verifica que se declaró de interés público y se aprobó la adquisición de una servidumbre de agua pluviales para atender la problemática; en adición, en diversas ocasiones se efectuaron limpiezas en la zona denunciada. Pese a ello, no fue sino hasta con posterioridad a que el alcalde recurrido fue notificado de la resolución de curso de este asunto cuando se atendió la totalidad de la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 del 5 de setiembre de 2023, a saber, más de un año después de su emisión y en un plazo superior al conferido por el Ministerio de Salud.

En cuanto a esa cartera ministerial, el Tribunal verifica que hizo múltiples inspecciones en el lugar objeto de la denuncia; asimismo, en varias ocasiones consultó al gobierno local sobre el cumplimiento de la orden sanitaria en cuestión, todo lo cual fue informado a la parte denunciante. Sin embargo, en la especie se evidencia que, pese a comprobar en varias oportunidades el incumplimiento de tal orden, el Área Rectora de Salud de Santa Ana no empleó las herramientas conferidas por el ordenamiento jurídico para procurar su adecuado acatamiento. Lo anterior se agrava al considerar, por ejemplo, que en la inspección del 19 de junio de 2024 se observaron aguas pluviales estancadas con larvas y pupas del mosquito aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue.

Adicionalmente, nótese que no fue sino hasta el 14 de noviembre de 2024, a saber, más de un año después de la emisión de la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-083-2023 del 5 de setiembre de 2023 y luego de haber verificado en reiteradas ocasiones su incumplimiento, que el Área Rectora de Salud de Santa Ana comunicó a la accionante el oficio nro. S-DRRSCS-DARSSA-1578-2024, en el que se lee: “Se le comunica que los días 04 y 14 de noviembre de 2024, se realiza visita de inspección al sitio de la afectación, alcantarillado pluvial localizado frente al Condominio Villas Punta Cañón, propiedad folio real N° 1-119243--000, donde se corrobora que ya no existe el estancamiento de aguas pluviales, por lo que se evidencia el cumpliendo con lo establecido en la orden sanitaria N° MS-DRRSCSDARSSA-OS-083-2024, motivo por el cual se procede a cerrar el caso. Asimismo, se le comunica que en caso de que se vuelva a presentar el problema de estancamiento de aguas y considere afectado su derecho a la salud por esta situación, podrá acudir nuevamente ante el Área Rectora de Salud y presentar la denuncia respectiva”.

Ahora bien, dado que la situación que conculcaba los derechos fundamentales de la parte tutelada fue corregida por las autoridades recurridas con posterioridad a que fueron notificadas de la resolución de curso de este asunto -hecho que acaeció el 31 de octubre de 2024-, lo procedente es estimar el amparo, de acuerdo con el ordinal 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Finalmente, visto el escrito incorporado al expediente digital el 16 de diciembre de 2024, mediante el cual la recurrente externa su disconformidad con los informes vertidos por las autoridades recurridas y con su accionar, conviene advertir que no corresponde a esta Sala establecer si las medidas adoptadas para resolver la denuncia de marras son o no las pertinentes. Asimismo, advierta la accionante que, de persistir en su inconformidad, si a bien lo tiene, puede formular su reclamo ante las propias autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional ordinaria.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa "resolución" es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase "si fueren procedentes" se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: "Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia".

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no. se diera tal condenatoria, en el caso de que si se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.

Fernando Cruz C.

Presidente a. i.

Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V. Ingrid Hess H.

Hubert Fernández A. Aracelly Pacheco S.

Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta

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