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Res. 36778-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/12/2024
OutcomeResultado
The amparo petition is flatly rejected because the dispute over the requested inspection is a matter of ordinary legality not involving fundamental rights, and the lack of response does not concern a pure information request but a claim for results, for which the appropriate avenue is the contentious-administrative jurisdiction.El recurso de amparo se rechaza de plano porque la controversia sobre la inspección solicitada es un conflicto de legalidad ordinaria que no involucra derechos fundamentales, y la falta de respuesta no se refiere a una solicitud pura de información sino a un reclamo de resultados, para lo cual la vía idónea es la jurisdicción contencioso-administrativa.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber flatly rejects an amparo petition filed by Ricardo Madrigal Madrigal against the Rural Development Institute (INDER). The petitioner sought information on the actions of an inter-institutional commission regarding occupations in the Osa Peasant Settlement and an inspection of a parcel affected by illegal bulldozing within the Golfo Dulce Forest Reserve. The Chamber finds that the dispute over the inspection is a matter of ordinary legality, not directly involving fundamental rights. Regarding the lack of response to the information request, the Chamber considers it a claim for results rather than a simple request for information, thus referring the petitioner to the contentious-administrative jurisdiction, which since the entry into force of the Contentious-Administrative Procedural Code (Law 8508) is the appropriate avenue for protecting substantial legal situations. Judge Castillo Víquez adds a separate note on the Chamber's exclusive jurisdiction to define its scope, and Judge Cruz Castro dissents, arguing that administrative delay does violate the fundamental right to prompt and complete justice under Article 41 of the Constitution.La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto por Ricardo Madrigal Madrigal contra el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El recurrente solicitaba información sobre las gestiones de una comisión interinstitucional respecto a ocupaciones en el Asentamiento Campesino Osa y una inspección en una parcela afectada por un tractoreo ilegal dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce. La Sala determina que la controversia sobre la inspección es un conflicto de legalidad ordinaria, ajeno a derechos fundamentales directos. En cuanto a la falta de respuesta a la solicitud de información, la Sala considera que se trata de un reclamo sobre resultados y no una petición pura y simple de información, por lo que remite al recurrente a la jurisdicción contencioso-administrativa, que desde la entrada en vigor del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley 8508) es la vía idónea para la protección de situaciones jurídicas sustanciales. El magistrado Castillo Víquez añade una nota separada sobre la competencia exclusiva de la Sala para definir su ámbito, y el magistrado Cruz Castro salva el voto, sosteniendo que la mora administrativa sí lesiona el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida del artículo 41 constitucional.
Key excerptExtracto clave
In the case at hand, it is noted that this Court is not a controller of legality or another instance of the Administration, so it is not appropriate for it to review, according to the regulatory framework, the factual assumptions and technical criteria, what was decided by the respondent regarding the requested inspection and the institutional competence to carry it out. Certainly, the claim deals with a disagreement with the response, which is nothing more than a dispute of ordinary legality, which does not involve, at least directly, any fundamental right, and therefore exceeds the scope of jurisdiction of this Chamber. Now, from the record, this Chamber does not observe any failure to respond to a pure and simple request for information, which might eventually be admissible to be heard on the merits. In this regard, upon viewing the communication of October 29, 2024, the lack of response to which is challenged, it is observed that the complaint concerns, rather, a claim and request for results from the 'Inter-institutional Commission' regarding an eviction of occupants of a parcel, on occasion of a lesividad proceeding. This could entail a violation of Article 41 of the Political Constitution, which is why this aspect is also inadmissible, in accordance with the following considerations. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations grounded in the infra-constitutional legal order or parameters of legality, which have an indirect connection with fundamental rights and the Law of the Constitution. However, upon better consideration and with the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that litigants now have a full and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms incorporated into the legal system by that legislation...En el sub lite, se advierte que este Tribunal no es un contralor de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde revisar, de acuerdo con el marco normativo, los supuestos fácticos y los criterios técnicos, lo resuelto por el recurrido en torno a la inspección solicitada y la competencia institucional para realizarla. Ciertamente lo planteado trata de una disconformidad con la respuesta, lo cual no es más que un conflicto de legalidad ordinaria, que no involucra, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno, motivo por el cual excede el ámbito de competencia de esta Sala. Ahora, de los autos esta Sala no observa alguna falta de respuesta a una solicitud de información pura y simple, que eventualmente sea admisible para ser conocida por el fondo. En este sentido, vista la gestión del 29 de octubre de 2024, cuya falta de respuesta se acusa, se observa que lo acusado versa, más bien, sobre un reclamo y solicitud de resultados por parte de la “Comisión Interinstitucional” respecto de un desalojo de ocupantes de una parcela, con ocasión de un proceso de lesividad. Esto podría acarrear una lesión al 41 de la Constitución Política, razón por la que este extremo también resulta inadmisible, de conformidad con las siguientes consideraciones. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación...
Pull quotesCitas destacadas
"este Tribunal no es un contralor de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde revisar, de acuerdo con el marco normativo, los supuestos fácticos y los criterios técnicos, lo resuelto por el recurrido en torno a la inspección solicitada y la competencia institucional para realizarla."
"this Court is not a controller of legality or another instance of the Administration, so it is not appropriate for it to review, according to the regulatory framework, the factual assumptions and technical criteria, what was decided by the respondent regarding the requested inspection and the institutional competence to carry it out."
Considerando II
"este Tribunal no es un contralor de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde revisar, de acuerdo con el marco normativo, los supuestos fácticos y los criterios técnicos, lo resuelto por el recurrido en torno a la inspección solicitada y la competencia institucional para realizarla."
Considerando II
"vista la gestión del 29 de octubre de 2024, cuya falta de respuesta se acusa, se observa que lo acusado versa, más bien, sobre un reclamo y solicitud de resultados por parte de la “Comisión Interinstitucional” respecto de un desalojo de ocupantes de una parcela, con ocasión de un proceso de lesividad."
"upon viewing the communication of October 29, 2024, the lack of response to which is challenged, it is observed that the complaint concerns, rather, a claim and request for results from the 'Inter-institutional Commission' regarding an eviction of occupants of a parcel, on occasion of a lesividad proceeding."
Considerando II
"vista la gestión del 29 de octubre de 2024, cuya falta de respuesta se acusa, se observa que lo acusado versa, más bien, sobre un reclamo y solicitud de resultados por parte de la “Comisión Interinstitucional” respecto de un desalojo de ocupantes de una parcela, con ocasión de un proceso de lesividad."
Considerando II
"con la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere..."
"with the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that litigants now have a full and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift..."
Considerando III
"con la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere..."
Considerando III
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Sala Constitucional Date of Resolution: December 10, 2024, at 09:30 Type of matter: Recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL PROCEEDING: RECURSO DE AMPARO RESOLUTION Nº 2024036778 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty hours on December tenth, two thousand twenty-four.
Recurso de amparo filed by RICARDO MADRIGAL MADRIGAL, identity card 0105700168, against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER).
Resultando:
1.- By filing incorporated into the digital case file of the Sala at 13:30 hours on November 27, 2024, the petitioner files a recurso de amparo against INDER. He states the following: "I-Regarding the case of the public official of INDER Osvaldo Artavia Carballo. 1-On October 29, 2024, the undersigned sent a letter to this official in his capacity as executive president of INDER to request information in writing on the results and actions taken by the so-called Inter-institutional Commission which would be responsible for providing a comprehensive response to the occupations in the Asentamiento Osa as stated in article C of Ordinary Session number 6 of February 19, 2024, of the Board of Directors of Inder. This was a result of several prior agreements (2022 and 2023) aimed at carrying out judicial annulment proceedings (Ordinarios de Lesividad) regarding adjudications or subjective rights declared within and outside the Reserva Forestal Golfo Dulce, but within the Asentamiento Campesino Osa (Real Property Folio 6-39334-000). My request was directed to this head of office to inform me in detail about the actions taken by this Commission and to present the proposals for a solution to the occupational problem, since that agreement under article 5 of session 6 of February 19, 2024, is already more than 9 months old. 2-That on October 29, 2024, the undersigned sent the petition document with attached documents as stated in the attached evidence, to the email presidenciaainder.qo.cr at 8:02 a.m. on October 29, 2024. On the 7th of November, I called the office of the executive presidency (2247-7401) and they confirmed to me that before the legal deadline they would respond to this writing and that they would send me the return receipt requested, as was done by email on November 7, 2024, at 10:16 a.m. 3-As of the filing of this Recurso de Amparo, the public official in his capacity as executive president of INDER Osvaldo Artavia Carballo has not answered the writing that was sent to him, preventing me from knowing and receiving information that is not only public but of vital importance for the situation I am facing with that situation of insecurity and defenselessness in which this Institution has more than six hundred families in that settlement owned by INDER. ii-Regarding the case of the public official of INDER Darío Guzmán Álvarez 1-On October 29, 2024, I sent a writing to the public official Darío Guzmán Álvarez in his capacity as regional director of the INDER office in Pérez Zeledón, via email to dguzmanainder.qo.cr at 12:41 p.m., requesting a return receipt. I requested that he intervene in a matter related to an inspection request on parcel 14 that we have possessed since 1989 within the Asentamiento Campesino Osa and registered in the name of the current INDER under Real Property Folio 6-39334-000, an inspection that I have been requesting since August, September, and October from the INDER office in Rincón de Osa, which has refused to intervene for reasons that seem completely unfounded to me. I have been making the request for months, as the parcel was subject to an illegal tractor-clearing (tractoreo) where SINAC-ACOSA intervened at the time with respect to its functions on the path that provides access to this property, without the permits of INDER, as indicated by a technical report of the Área de Conservación Osa ACOSA under document SINAC-ACOSA-AP-RFGD-PPCP-067-2024 of September 30, when mentioning the final report: '...however, it is INDER, as owner of the parcels, that must perform all necessary permits for cleaning, including damage mitigation, etc.,...'. Although I did not mention it in the writing of October 29, in document INDER-GC-DRT-RDBR-OTOS-OFI-0364-2024 of October 14, 2024, the INDER of Rincón de Osa itself acknowledges not having delivered or received permits for the path that is part of the State's Natural Heritage, being within the Reserva Forestal Golfo Dulce, stating: '... the Institute is unable to grant permits to open roads or perform maintenance on them,...', On the other hand, in document INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-OFI-0373-2024 of October 21, 2024, the office states that: '...the Instituto de Desarrollo Rural, through the Oficina Territorial Osa, has not granted any permit to repair or provide maintenance to the easement (servidumbre) that crosses Parcel No. 14 of the Asentamiento Osa, Sector Los Planes,...'. The intervention of INDER has been null on this matter, as they resist carrying out the inspection so that this Institution also intervenes since this Institution is the registered owner of the property real folio 39334 and of parcel 14 as responsible parties, regardless of whether the undersigned is an occupant recognized by INDER since 1989, and it has refused stating that since the property is affected to the PNE, it is a matter solely for SINAC-ACOSA, when I have denounced that this tractor-clearing originated from the irregular sale or negotiation of a parcel adjacent to parcel 14 by third parties not recognized by INDER, and even with this complaint they do not want to intervene as if they wanted to protect someone with that irregular situation. In Document INDER-GG-DRT-OTOS-OFI-0364-2024 of October 14, 2024, the office in Rincón de Osa records that the person responsible for the tractor-clearing, according to the database, censuses, and archives, does not appear registered as a beneficiary, adjudicatee, owner, or occupant, and even with this background, INDER, as part of its agrarian oversight, refuses to investigate why that already-identified third party holds a parcel that does not correspond. 2-That upon not receiving a response to this request, I called the regional office of INDER in Pérez Zeledón on Tuesday, November 19, 2024 (2:02 pm) at the number 2771-8100, answered by the official Ms. Liliana Cruz, who indicated that I would be given a response to the writing soon. But from that date to the filing of this Recurso de Amparo, the official Darío Guzmán has not resolved the petition for the inspection to be carried out and the origin of that tractor-clearing on registered lands of INDER to be investigated. I clarify to this honorable Sala that although the Rincón office has answered my requests, its responses ultimately end up evading its responsibilities as the registered owner of real property folio 6-39334-000, by refusing to perform that inspection so that the origin and responsible party of the tractor-clearing and the interest of a third party in a parcel not assigned to them is investigated, as INDER well stated in the previous document.. PETITION 1-That this Sala Constitucional declare with merit this recurso de amparo in all its extremes. 2-That the two questioned officials answer the respective writings in a restrictive manner and without delay as well as resolve what corresponds to the request. 3-That regarding the request for inspection and investigation by the Regional Directorate of INDER in the indicated parcels 14 and A-1, order that the action be carried out as I have been requesting it in order to incorporate the field report into the judicial file that is open in the Environmental Prosecutor's Office of the Court of Osa under case file number 24-00094-1111-PE".
2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Sala to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any action presented for its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a prior equal or similar rejected action.
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
Considering:
I.- OBJECT OF THE RECURSO. The petitioner states that on October 29, 2024, he sent a letter to the executive president of Inder to request information on the results and actions taken by the inter-institutional commission, which would be responsible for responding to the concerns of the asentamiento Osa. He explains that the document was sent to the email [email protected], but he has not obtained a definitive response. He adds that, on that same day, he also sent to the email [email protected] a document so that Darío Guzmán Álvarez would intervene on a matter related to an inspection request for parcel 14 that they possess in the asentamiento campesino Osa and which is registered in the name of the current Inder, and which he has been requesting since August 2024. He states that this parcel was subjected to an illegal tractor-clearing, without permits. However, INDER refuses to perform the inspection on the grounds that it is a matter under the competence of SINAC-ACOSA. He comments that, although his actions have been answered, the claim is being evaded. He requests the intervention of the Sala.
II.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case sub lite, it is noted that this Tribunal is not a controller of legality nor an additional instance of the Administration, meaning it is not its role to review, according to the normative framework, the factual assumptions and technical criteria, what was resolved by the respondent regarding the requested inspection and the institutional competence to perform it. Certainly, what is raised concerns a disagreement with the response, which is nothing more than a conflict of ordinary legality, which does not involve, at least directly, any fundamental right, a reason for which it exceeds the scope of competence of this Sala. Furthermore, it is highlighted that this Tribunal should not act as a mediator before a specific natural or legal person—whether public or private law—to intercede for a third person so that what they seek is granted to them.
Now, from the case file, this Sala does not observe any lack of response to a pure and simple request for information, which could eventually be admissible to be heard on its merits. In this sense, viewing the action of October 29, 2024, the lack of response to which is being challenged, it is observed that what is challenged concerns, rather, a claim and request for results from the "Inter-institutional Commission" regarding an eviction of occupants of a parcel, on the occasion of a lesividad proceeding. This could entail an injury to Article 41 of the Political Constitution, for which reason this aspect is also inadmissible, in accordance with the following considerations.
III.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE: A SWIFT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF THE SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF THE ADMINISTRATED PARTIES. The Sala Constitucional, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations grounded in the infra-constitutional legal system or the legality standard, which are indirectly connected to fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, it must not be lost sight of that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, indirectly grounds any imaginable substantial legal situation of persons. However, upon better consideration and in view of the enactment of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become clear that now litigants have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift thanks to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of deadlines for performing various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of deducible claims, orality—and its sub-principles of concentration, immediacy, and swiftness—, the single instance with appeal only in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing or "amparo de legalidad" process, purely legal proceedings, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, seizure of fiscal domain assets and some public domain assets), the broad powers of the panel of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have as their manifest purpose and aim to achieve procedural economy, swiftness, promptness, and the effective or complete protection of the substantial legal situations of the administrated parties, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is a suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, swiftness, and promptness, for the amparo and effective protection of the substantial legal situations of the administrated parties where it is necessary to gather evidence or define some issues of ordinary legality.
IV.- VERIFICATION OF THE DEADLINES SET BY LAW TO RESOLVE ADMINISTRATIVE PROCEDURES: AN EVIDENT MATTER OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration meets or fails to meet the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or the sectorial laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure by a final act—initiated ex officio or at the instance of a party—or to hear the appropriate administrative appeals, is an evident matter of ordinary legality which, henceforth, can be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense—that is, appearing without legal representation—and of gratuity for the petitioners. Consequently, rejection outright is imposed, and the managing parties are informed that if they see fit, they may resort to the contentious-administrative jurisdiction.
V.- SEPARATE NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ. I have supported this Tribunal's thesis that when the litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Tribunals of the Contentious-Administrative jurisdiction and not this Sala. Now, with the recent promulgation of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the recurso de amparo established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently promulgated regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, as it, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Sala as exceptional cases, which can properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo protection process, in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent courts are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
VI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE CRUZ CASTRO. Although in the past I have held the majority criterion of the Tribunal, upon better consideration of the fundamental rights being claimed, I consider that administrative delay constitutes an injury to a fundamental procedural guarantee, which is why I am changing the criterion I had expressed, admitting the possible infringement of the right to prompt and complete administrative justice, separating myself from the view of the majority of the Tribunal, in the sense that—except for very few exceptions—this type of reproach must be resolved in the contentious-administrative jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights this jurisdiction is called upon to protect is that of prompt and complete justice, expressly enshrined in article 41 of the Constitution. This is in accordance with the scope of competence assigned to this Tribunal in the matter of protecting fundamental rights, in attention to the provisions of articles 10 and 48 of the Political Constitution. While I understand the importance of the reforms to the contentious-administrative jurisdiction since the entry into force of Law 8508 of April twenty-fourth, two thousand six, the truth is that this situation does not justify the referral to that instance of matters that involve subject matter that is within the competence of this Sala, which has demonstrated over the years that it is a swift and effective means for the protection of the fundamental rights of the inhabitants of the country.
VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device has been provided, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The recurso is rejected outright. Magistrate Castillo Víquez adds a note solely in relation to what is provided regarding article 41 of the Constitution. Magistrate Cruz Castro dissents, solely in relation to article 41 of the Constitution.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Fernando Enrique Lara G.
Digitally Signed Document -- Verification code -- Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2258-4157 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 15:45:34.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2024036778 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diez de diciembre de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo interpuesto por RICARDO MADRIGAL MADRIGAL, cédula de identidad 0105700168, contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER).
Resultando:
1.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 13:30 horas del 27 de noviembre de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el INDER. Indica lo siguiente: “I-Sobre el caso del funcionario público del INDER Osvaldo Artavia Carballo. 1-El día 29 de octubre de 2024 el suscrito cursó una carta a este funcionario en su calidad de presidente ejecutivo del INDER para solicitar información por escrito sobre los resultados y gestiones hechas por la llamada Comisión Interinstitucional la que se encargaría de dar respuesta integral a las ocupaciones en el Asentamiento Osa según se hace constar en el artículo C de la Sesión Ordinaria número 6 de:19 de febrero 2024 de la Junta Directiva del Inder. Esto a raíz varios acuerdos anteriores (2022 y 2023) tendientes a llevar a cabo procesos judiciales de nulidad (Ordinarios de Lesividad) sobre adjudicaciones o derechos subjetivos declarados dentro y fuera de la Reserva Forestal Golfo Dulce, pero dentro del Asentamiento Campesino Osa (Folio Real 6-39334-000). Mi solicitud se dirigía ante este jerarca para que me informara con detalle sobre las gestiones llevadas por esta Comisión y me presentaran las propuestas de solución a la problemática ocupacional, ya que ese acuerdo bajo el artículo 5 de la sesión 6 del 19 de febrero del 2024 ya lleva más de 9 meses de haberse tomado. 2-Que el día 29 de octubre 2024 el suscrito envió el escrito de petitoria con documentos adjuntos corno consta en las pruebas adjuntas, al correo presidenciaainder.qo.cr de las 8 horas 02 minutos del 29 de octubre 2024. Para el 07 de noviembre llamé a la oficina de presidencia ejecutiva (2247-7401) y me confirmaron que antes del plazo de ley me iban a dar respuesta a este escrito y que me enviarían el acuse de recibido solicitado como así se hizo mediante el correo del 07 de noviembre 2024 de las 10 horas 16 minutos. 3-A la interposición de este Recurso de Amparo el funcionario público en la calidad de presidente ejecutivo de: INDER Osvaldo Artavia Carballo no ha contestado el escrito que le fue enviado impidiéndome conocer y recibir información no solo publica sino de vital importancia para la situación que estoy enfrentando con esa situación de inseguridad e indefensión en que tiene esa Institución a más de seiscientas familias en ese asentamiento propiedad del INDER. ii-Sobre el caso del funcionario público del INDER fiarlo Guzmán Álvarez 1-Para el 29 de octubre del 2024 envié escrito al funcionario público Darío Guzmán Álvarez en su calidad de director regional de la oficina del INDER en Pérez Zeledón, vía correo electrónico al dguzmanainder.qo.cr de las 12 horas 41 minutos, solicitándole un acuse de recibo. Solicitaba interviniera sobre un asunto relacionado a una solicitud de inspección en la parcela 14 que poseemos desde 1989 dentro del Asentamiento Campesino Osa e inscrita a nombre del actual INDER bajo el Folio Real 6-39334-000, inspección que vengo solicitando desde agosto, setiembre y octubre a la oficina INDER de Rincón de Osa que ha negado intervenir por razones que me parecen totalmente infundadas. La solicitud la estoy haciendo desde meses atrás ya que la parcela fue objeto de un tractoreo ilegal donde en su momento intervino SINAC-ACOSA en lo que respecta a sus funciones en la vereda que da acceso a este predio, sin los permisos del INDER, como así lo indicó un informe técnico del Área de Conservación Osa ACOSA bajo el oficio S1NAC-ACOSA-❑AP-RFGD-PPCP-067-2024 del 30 de setiembre al mencionar el informe final: "...sin embargo es el INDER, como propietaria de las parcelas, quien debe realizar todos los permisos necesarios para la limpieza, que incluya mitigación de daños, etc.,...". Si bien no lo menciono en el escrito del 29 de octubre, en el oficio INDER-GC-DRT-RDBR-OTOS-OFI-0364-2024 del 14 de octubre 2024 el mismo INDER de Rincón de Osa reconoce no haber entregado o recibido permisos sobre la vereda que es parte del Patrimonio Natural del Estado al estar dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, al indicar: "... el Instituto está imposibilitada para otorgar permisos a fin de abrir caminos o realizar mantenimiento a estos,...", Por otro lado en el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-OFI-0373-2024 del 21 de octubre del 2024 la oficina manifiesta que: "...el Instituto de Desarrollo Rural a través de la Oficina Territorial Osa, no ha otorgado permiso alguno para reparar o brindar mantenimiento a la servidumbre que atraviesa la Parcela No. 14 del Asentamiento Osa, Sector Los Planes,...". La intervención del INDER ha sido nula sobre este asunto, ya que se resisten a ejecutar la inspección para que esa Institución también intervenga ya que esta Institución es dueña registral del inmueble folio real 39334 y de la parcela 14 como responsables, independientemente si el suscrito es ocupante reconocido por el INDER desde 1989, y ésta se ha negado indicando que como el inmueble está afectado al PNE es un asunto solamente el SINAC-ACOSA, cuando he denunciado que ese tractoreo se originó por la venta o negociación irregular de una parcela aledaña a la parcela 14 por terceros no reconocidos por el INDER, y ni aun con esta denuncia quieren intervenir como si quisieran proteger a alguien con esa irregular situación. En el Oficio INDER-GG-DRT-OTOS-OF1-0364-2024 del l4 de octubre 2024 la oficina de Rincón de Osa hace constar que el autor responsable del tractoreo, según la base de datos, censos y archivos no aparece registrado como beneficiario, adjudicatario, propietario ni ocupante, y no bastando con este antecedente el INDER, como parte de su fiscalización agraria se resiste a investigar porque ese tercero ya identificado detenta una parcela quo no corresponde. 2-Que al no recibir respuesta de esta solicitud llame a la oficina regional del INDER en Pérez Zeledón el martes 19 de noviembre 2024 (2:02 pm) al número 2771-8100, contestando la funcionaria doña Liliana Cruz quien me indicó que se me daría respuesta pronto al escrito. Pero desde esa fecha a la interposición de este Recurso de Amparo el funcionario Darío Guzmán no me ha resuelto la petitoria solicitada para que se efectué la inspección e investiguen el origen de ese tractoreo en tierras inscritas del INDER. Aclaro a esta honorable Sala que si bien la oficina de Rincón ha contestado mis solicitudes sus respuestas al final terminan evadiendo sus responsabilidades como dueña registral del folio real 6-39334-000, al negar realizar esa inspección para que se investigue el origen y el responsable del tractoreo y el interés de un tercero sobre una parcela que no tiene asignada, como bien lo manifestó el INDER en el oficio anterior.. PETITORIA 1-Que esta Sala Constitucional declare con lugar este recurso de amparo en todos sus extremos. 2-Que los dos funcionarios cuestionados respondan los respectivos escritos de manera taxativa y sin dilación así como resuelvan en lo que corresponda a lo peticionado. 3-Que en lo que respecta a la solicitud de inspección e investigación por parte de la Dirección Regional INDER en las parcelas indicadas 14 y A-1 ordene se efectué la gestión corno vengo solicitándola a efectos de incorporar el informe de campo al expediente judicial que está abierto en la Fiscalía Ambiental del Juzgado de Osa bajo el expediente número 24-00094-1111-PE”.
2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que el 29 de octubre de 2024 envió una carta al presidente ejecutivo del Inder para solicitar información sobre los resultados y gestiones hechas por la comisión interinstitucional, la que se encargaría de responder las preocupaciones del asentamiento Osa. Explica que el oficio se envió al correo [email protected], pero no ha obtenido respuesta definitiva. Adiciona que, ese mismo día, también envió al correo [email protected] un oficio a fin de que Darío Guzmán Álvarez interviniera sobre un asunto relacionado con una solicitud de inspección en la parcela 14 que poseen en el asentamiento campesino Osa e inscrita a nombre del actual Inder y que ha estado solicitando desde agosto de 2024. Expone que esa parcela fue sometida a un tractoreo ilegal, sin permisos. Empero, INDER se niega a realizar la inspección con el argumento de que es un asunto competencia de SINAC-ACOSA. Comenta que, si bien se han contestado sus gestiones, se está evadiendo la pretensión. Solicita la intervención de la Sala.
II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, se advierte que este Tribunal no es un contralor de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde revisar, de acuerdo con el marco normativo, los supuestos fácticos y los criterios técnicos, lo resuelto por el recurrido en torno a la inspección solicitada y la competencia institucional para realizarla. Ciertamente lo planteado trata de una disconformidad con la respuesta, lo cual no es más que un conflicto de legalidad ordinaria, que no involucra, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno, motivo por el cual excede el ámbito de competencia de esta Sala. Además, se destaca que este Tribunal no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea de derecho público o privado-, para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que ella pretende.
Ahora, de los autos esta Sala no observa alguna falta de respuesta a una solicitud de información pura y simple, que eventualmente sea admisible para ser conocida por el fondo. En este sentido, vista la gestión del 29 de octubre de 2024, cuya falta de respuesta se acusa, se observa que lo acusado versa, más bien, sobre un reclamo y solicitud de resultados por parte de la “Comisión Interinstitucional” respecto de un desalojo de ocupantes de una parcela, con ocasión de un proceso de lesividad. Esto podría acarrear una lesión al 41 de la Constitución Política, razón por la que este extremo también resulta inadmisible, de conformidad con las siguientes consideraciones.
III.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.
IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para los recurrentes. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a las partes gestionantes que si a bien lo tienen pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
V.- NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que –salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota únicamente en relación con lo dispuesto sobre el artículo 41 constitucional. El magistrado Cruz Castro salva el voto, únicamente en relación con el artículo 41 constitucional.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Fernando Enrique Lara G.
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