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Res. 36213-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 04/12/2024
OutcomeResultado
The constitutional challenge is dismissed outright because the plaintiffs lack direct standing, as the norm is susceptible to individual application.Se rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad por carecer los accionantes de legitimación directa, al ser la norma susceptible de aplicación individual.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber flatly rejects a constitutional challenge against Article 144(a) of the Electoral Code, which excludes persons judicially declared in a state of interdiction from the electoral roll. The plaintiffs, claiming defense of diffuse interests, argued that the provision violates multiple international instruments and constitutional principles by discriminating against this group in the exercise of suffrage. However, the Court finds that the challenged article is susceptible to individual application and directly affects identifiable persons, so diffuse interests cannot be invoked for direct access to this remedy. The Chamber holds that, according to its case law, when a base case is possible, the plaintiffs lack direct standing. The action is dismissed outright, implicitly recognizing that the claim should have been brought through an incidental proceeding. Justice Garro Vargas appends a separate note, and Justice Rueda Leal dissents, considering the dismissal premature and advocating for a broader interpretation of access to constitutional justice.La Sala Constitucional rechaza de plano una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 144 inciso a) del Código Electoral, que excluye del padrón electoral a las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción. Los accionantes, invocando la defensa de intereses difusos, alegaban que la norma viola múltiples instrumentos internacionales y principios constitucionales al discriminar a este grupo en el ejercicio del sufragio. Sin embargo, el Tribunal considera que el artículo impugnado es susceptible de aplicación individual y afecta directamente a personas identificables, por lo que no cabe invocar un interés difuso para acceder de forma directa a esta vía. La Sala sostiene que, conforme a su jurisprudencia, cuando existe la posibilidad de un asunto base, los accionantes carecen de legitimación directa. Se ordena el rechazo de plano de la acción, reconociendo implícitamente que el reclamo debió canalizarse mediante un proceso incidental. La magistrada Garro Vargas consigna una nota separada, y el magistrado Rueda Leal salva el voto por considerar prematuro el rechazo y abogar por una interpretación más amplia del acceso a la justicia constitucional.
Key excerptExtracto clave
Thus, under the same stated criteria, this Court finds that the plaintiffs lack the standing invoked to bring this proceeding. It is evident that the article challenged here is susceptible to individual application and directly impacts the legal sphere of identifiable persons, i.e., in this case, persons who have been judicially declared in a state of interdiction, who have been denied inclusion in the electoral roll or the exercise of suffrage, whether by themselves, through their safeguard, or by a duly formed group representing their interests, the latter exercising a collective interest. In the present case, the plaintiffs neither state nor demonstrate that they are persons with disabilities who, at any time, have been declared in interdiction, or at least that they serve as a safeguard for a person judicially declared in interdiction; and even if they were, the challenged provision is capable of establishing a base case, so they could not proceed directly. Thus, since the plaintiffs lack direct standing, the action is inadmissible and must be dismissed outright. III.- DISSENTING VOTE OF JUSTICE RUEDA LEAL. I depart from the majority’s view and dissent in this matter, considering the decision to dismiss this constitutional challenge premature. It is unquestionable that the constitutional challenge is a process “established to guarantee the supremacy of the Political Constitution over norms or other general provisions, and for that same reason, a set of formalities must be met so that the Chamber may validly hear the merits of the challenge,” as repeatedly stated in this Chamber’s case law. However, it is precisely the law itself that dictates how various formalities and their eventual noncompliance should be treated, as derived from Article 80 of the Constitutional Jurisdiction Law, which states: “Article 80.- If the formalities referred to in the two preceding articles are not fulfilled, the President of the Chamber shall, by resolution, identify the omitted requirements and order their fulfillment within three days (…)” In this matter, among other requirements, adequate and sufficient substantiation of standing is lacking, as required by Article 78 of the Constitutional Jurisdiction Law, making it unquestionable that the plaintiff should be warned to remedy the detected omission. Likewise, it is worth emphasizing that—in my view—the interpretation of Articles 78 and 79, as well as Article 80 of the Law governing this jurisdiction, must be broad in favor of those coming to this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily limited.Así las cosas, bajo el mismo criterio expuesto, este Tribunal considera que los accionantes carecen de la legitimación invocada para acudir a entablar este proceso. Es evidente que, el artículo aquí cuestionado es susceptible de aplicación individual y de incidir directamente en la esfera jurídica de personas identificables, sea, en este caso, las personas que han sido declaradas judicialmente en estado de interdicción, a las cuales se les haya negado su inclusión en el padrón electoral o de ejercer el sufragio, sea por sí mismas, a través de su salvaguardia o por una agrupación debidamente conformada que represente sus intereses, estos últimos en el ejercicio de un interés colectivo. En el sub examine, los accionantes ni siquiera manifiestan ni demuestran ser personas con discapacidad que, en algún momento hayan sido declarados en interdicción, o que, al menos, sean salvaguardia de alguna persona declarada judicialmente en interdicción y; aunque lo fueran, lo acusado es susceptible de establecer un asunto base, por lo que no podrían acudir de forma directa. Así las cosas, al carecer la parte accionante de legitimación directa, la acción es inadmisible y procede su rechazo de plano. III.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Me separo del criterio de la mayoría de este Tribunal y salvo el voto en este asunto, por considerar que la decisión de rechazar esta acción de inconstitucionalidad es prematura. Es incuestionable que la acción de inconstitucionalidad es un proceso, “instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política frente a normas u otras disposiciones de carácter general y que por esa misma razón deben cumplirse un conjunto de formalidades, a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación” como se ha señalado en la amplia jurisprudencia de esta Sala. Sin embargo, es precisamente la propia ley la que ordena el tratamiento que debe darse a las distintas formalidades y a su eventual incumplimiento, como se extrae del texto del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que señala: “Artículo 80.- Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución, cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día (…)” En este asunto, entre otros requisitos, se echa de menos una fundamentación adecuada y suficiente de la legitimación, tal y como lo exige el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que resulta de incuestionable aplicación la prevención al accionante para que remedie la omisión detectada. De igual forma, no sobra en absoluto dejar sentado que –en mi criterio- tanto la interpretación de los artículos 78 y 79 como la del propio 80 de la Ley que rige esta jurisdicción, debe ser amplia en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo que el acceso a la justicia constitucional no resulte innecesariamente limitado.
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"Así las cosas, al carecer la parte accionante de legitimación directa, la acción es inadmisible y procede su rechazo de plano."
"Thus, since the plaintiffs lack direct standing, the action is inadmissible and must be dismissed outright."
Por tanto
"Así las cosas, al carecer la parte accionante de legitimación directa, la acción es inadmisible y procede su rechazo de plano."
Por tanto
"Es evidente que, el artículo aquí cuestionado es susceptible de aplicación individual y de incidir directamente en la esfera jurídica de personas identificables, sea, en este caso, las personas que han sido declaradas judicialmente en estado de interdicción..."
"It is evident that the article challenged here is susceptible to individual application and directly impacts the legal sphere of identifiable persons, i.e., in this case, persons who have been judicially declared in a state of interdiction..."
Considerando II
"Es evidente que, el artículo aquí cuestionado es susceptible de aplicación individual y de incidir directamente en la esfera jurídica de personas identificables, sea, en este caso, las personas que han sido declaradas judicialmente en estado de interdicción..."
Considerando II
"Me separo del criterio de la mayoría de este Tribunal y salvo el voto en este asunto, por considerar que la decisión de rechazar esta acción de inconstitucionalidad es prematura."
"I depart from the majority’s view and dissent in this matter, considering the decision to dismiss this constitutional challenge premature."
Voto salvado del Magistrado Rueda Leal
"Me separo del criterio de la mayoría de este Tribunal y salvo el voto en este asunto, por considerar que la decisión de rechazar esta acción de inconstitucionalidad es prematura."
Voto salvado del Magistrado Rueda Leal
"En este asunto, entre otros requisitos, se echa de menos una fundamentación adecuada y suficiente de la legitimación, tal y como lo exige el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que resulta de incuestionable aplicación la prevención al accionante para que remedie la omisión detectada."
"In this matter, among other requirements, adequate and sufficient substantiation of standing is lacking, as required by Article 78 of the Constitutional Jurisdiction Law, making it unquestionable that the plaintiff should be warned to remedy the detected omission."
Voto salvado del Magistrado Rueda Leal
"En este asunto, entre otros requisitos, se echa de menos una fundamentación adecuada y suficiente de la legitimación, tal y como lo exige el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que resulta de incuestionable aplicación la prevención al accionante para que remedie la omisión detectada."
Voto salvado del Magistrado Rueda Leal
Full documentDocumento completo
**Constitutional Chamber** **Resolution No. 36213 - 2024** **Date of Resolution:** December 4, 2024, at 9:30 a.m.
**Case File:** 24-032602-0007-CO **Drafted by:** Fernando Castillo Víquez **Type of matter:** Unconstitutionality action **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Text of the resolution** Case File: 24-032602-0007-CO Res. No. 2024036213 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty on the fourth of December, two thousand twenty-four.
Unconstitutionality action brought by [Name 001], of legal age, married once, student, [Name 004], identity card [Value 001] and [Name 002], of legal age, married, surveyor, [Name 003], ID [Value 002]; against Article 144, subsection a) of the Electoral Code.
**Whereas:** 1.- By brief received at 11:20 a.m. on November 19, 2024, the plaintiffs filed an unconstitutionality action against Article 144, subsection a) of the Electoral Code, considering it a violation of the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities, the Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities, the American Convention on Human Rights; the principles of progressivity of rights, pro homine, equality, human dignity, proportionality, and reasonableness; Articles 16 and 51 of the Political Constitution and Law No. 9379, “Promotion of Personal Autonomy for Persons with Disabilities.” They request that the legitimacy of this unconstitutionality action, presented in defense of diffuse interests and the community as a whole, be declared, as it challenges a constitutional provision that violates constitutional principles and international treaties ratified by our Costa Rican State. The challenged rule provides as follows: “Elector. Costa Ricans over eighteen years of age and registered on the electoral roll shall be considered electors, with the exception of the following: a) Persons judicially declared to be in a state of interdiction.” Regarding the allegations of unconstitutionality, the following is indicated: I. Violation of the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities, Law 7948. They argue that the challenged rule is contrary to this convention by excluding persons judicially declared to be in a state of interdiction as electors. They state that the Convention establishes that States Parties must take measures to ensure that persons with disabilities can exercise their political rights on an equal basis with others. They cite Articles I, II, III, IV, and V. They then refer to this resolution No. 2024-00443 of the Family Court: “With all due respect, it must be indicated that this is not the case because it was not a simple name change of legal institutions: from ‘insanity’ or ‘interdiction’ to ‘safeguard’ (salvaguardia), from ‘insane person’ to ‘person with a disability,’ and from ‘guardian’ to ‘guarantor for the legal equality of the person with a disability’ (garante para la igualdad jurídica de la persona con discapacidad), nor is it true that the guarantor has the same functions as the guardian. In reality, it was an absolute paradigm shift, in which those figures of ‘insanity,’ ‘interdiction,’ and ‘guardian (of the insane)’ CEASED TO EXIST, just as the functions that the guardian was to perform also ceased to exist.” They also cite an excerpt from judgment No. 2022-26077 of this Chamber, regarding equal opportunities for persons with disabilities. II. Violation of the Law for the Promotion of Personal Autonomy of Persons with Disabilities, Law 9379. They state that Article 144 of the Electoral Code, by excluding persons judicially declared to be in a state of interdiction as electors, goes against Articles 1, 2, 4, 5, and Transitory Provision I of the Law for the Promotion of Personal Autonomy of Persons with Disabilities. In this way, they consider that, for the reasons cited above, this article must be declared unconventional and unconstitutional. They cite Articles 1, 2, 4, 5, and Transitory Provision I of the Law for the Promotion of Personal Autonomy of Persons with Disabilities: “ARTICLE 1.- Objective. The objective of this law is to promote and ensure, for persons with disabilities, the full exercise, on an equal basis with others, of the right to their personal autonomy. To achieve this objective, the figure of the guarantor for the legal equality of persons with disabilities is established, and, to enhance this autonomy, the figure of human personal assistance is established. ARTICLE 2.- Definitions. For the purposes and application of this law, the following shall be understood as: a) Disability: a concept that evolves and results from the interaction between persons with disabilities and attitudinal and environmental barriers that hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. b) Persons with disabilities: includes those who have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairments which, in interaction with various barriers, may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. In the case of minors, to the extent that this law is applicable to them, their best interests shall always be pursued. c) Human rights-based paradigm for addressing disability: the new model for addressing disability regulated in Law No. 8661, Approval of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, of August 19, 2008, which focuses on the intrinsic dignity of the human being, valuing differences. The person with a disability is a subject of rights and obligations, and not an object of overprotection and/or pity. d) Right to personal autonomy: the right of all persons with disabilities to build their own life project, independently, controlling, facing, making, and executing their own decisions in the public and private spheres. It implies respect for the human rights as well as the property rights of all persons with disabilities, thus guaranteeing their right to be owners, inherit property, control their own economic affairs, have access to bank loans, mortgages, and any other form of financial credit, in addition to the state guarantee that they will not be arbitrarily deprived of their property. Likewise, personal autonomy brings with it respect for the sexual and reproductive rights of persons with disabilities, as well as the exercise of civil and electoral rights, among others. The right to personal autonomy involves access to the figure of the guarantor for the legal equality of persons with disabilities, to human personal assistance and/or to the support products they require for the exercise of this right, in addition to respect for and promotion of self-determination, self-expression, as well as the capacities and abilities of all persons with disabilities. All of the above, in accordance with their individual and particular preferences, interests, and conditions… g) The safeguard (salvaguardia): adequate and effective mechanisms or guarantees established by the Costa Rican State in the legal system for the full recognition of legal equality and the right to citizenship of all persons with disabilities. The safeguard (salvaguardia) mitigates that persons with disabilities suffer abuses, in accordance with human rights, and/or undue influence, to the detriment of their quality of life. The design and implementation of the safeguards (salvaguardias) must be based on respect for the rights, will, preferences, and interests of the person with a disability, in addition to being proportional and adapted to the circumstances of each person, applied for the shortest possible time, and subject to periodic review by a competent, independent, objective, and impartial authority… l) Guarantor for the legal equality of persons with disabilities: a person over eighteen years of age who, to ensure the full enjoyment of the right to legal equality of persons with intellectual, mental, and psychosocial disabilities, guarantees them the ownership and the safe and effective exercise of their rights and obligations. In cases of persons with disabilities who are institutionalized in State entities, the guarantor may be a legal entity. m) Independent living: a philosophical principle of life that encourages persons with disabilities to assume control of their own life project and make decisions. It promotes the legitimate and necessary exercise of autonomy and self-determination as fundamental rights; the foregoing implies assuming the responsibilities that their decisions entail and the right to be an active part within the community that the person chooses, regardless of the degree of disability they present and whether to achieve this autonomy they require the use of support products and services, personal assistance, or the guarantor for the legal equality of persons with disabilities….” “ARTICLE 4.- State Responsibilities. To fulfill the objectives of this law, the State shall endeavor to: a) Provide access to the figure of the guarantor for legal equality and human personal assistance to all those persons who, due to their disability condition, require such support for the full exercise of the right to personal autonomy, as well as support products and services. b) Establish effective measures to guarantee the population with disabilities participation in decision-making processes. c) Design, establish, and implement the safeguard (salvaguardia), in accordance with subsection g) of Article 2 of this law, to ensure the exercise of the right to personal autonomy of persons with disabilities.” “ARTICLE 5- Legal equality of persons with disabilities. All persons with disabilities fully enjoy legal equality, which implies: a) Recognition of their juridical personality, their legal capacity, and their capacity to act….” “TRANSITORY PROVISION I.- Whoever is a guardian of a person with a disability, upon the entry into force of this law, shall immediately become the guarantor for legal equality, within the framework of what this law indicates; in these cases, the family judge of the corresponding jurisdiction must conduct an ex officio review of these safeguards (salvaguardias) within a maximum period of two years. Within a period of six months, the Civil Registry of the Supreme Electoral Tribunal shall proceed to incorporate persons who are in a state of interdiction by virtue of a declaration of insanity into the electoral roll….” They again cite the excerpt from the Family Court jurisprudence 2024-00443 and state that it is evident that all persons with disabilities have the right to exercise their legal capacity on an equal basis with others, without their condition or personal circumstances being an impediment; the Law for the Promotion of Personal Autonomy of Persons with Disabilities establishes that States Parties must implement measures that ensure the exercise of these rights on an equal basis. Therefore, they request that the unconstitutionality and unconventionality of Article 144 of the Electoral Code be declared, given that this precept violates the aforementioned law and infringes upon the right to suffrage of persons with disabilities; the exclusion of those persons in a state of interdiction as electors contradicts the obligations that Costa Rica has assumed as a State Party to said regulation, thus constituting a violation of their fundamental rights. They denote that it is important to keep in mind that international treaties ratified by Costa Rica are understood as norms superior to the Constitution, as established in Article 7 thereof; therefore, although Article 144 of the Electoral Code was approved before the Law for the Promotion of Personal Autonomy of Persons with Disabilities and the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities, these international instruments establish fundamental principles and rights that must be respected by our Costa Rican State. Consequently, our State is obliged to guarantee the effective exercise of the political rights of all persons, including those with disabilities and in a state of interdiction; therefore, Article 144 of the Electoral Code of Costa Rica must be declared unconstitutional and unconventional to guarantee this right to which all persons are entitled on an equal basis. III. Violation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. They indicate that the challenged Article 144 establishes that Costa Ricans over eighteen years of age and registered on the electoral roll shall be considered electors, excluding persons judicially declared to be in a state of interdiction; however, this provision is contrary to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities for the following reasons: -The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ratified by Costa Rica in 2008, establishes that persons with disabilities have the right to participate on an equal basis in the electoral and public life of the country; in this sense, any measure that limits the exercise of this right is considered a form of discrimination against persons with disabilities. -The provision of Article 144 of the Electoral Code limits the exercise of the right to suffrage of persons with disabilities, since exclusion implies the impossibility of exercising this right, which they consider a form of discrimination against persons judicially declared to be in a state of interdiction. -Article 144 of the Electoral Code is contrary to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, since it limits the exercise of suffrage for persons with disabilities with a judicially declared interdiction; therefore, it is necessary that measures be adopted to guarantee this right to persons in a state of vulnerability, without any discrimination and in line with the international commitments acquired by our Costa Rican State. They denote that international treaties ratified by Costa Rica are understood as norms superior to the Constitution, as established in Article 7 thereof; therefore, although the challenged Article 144 was approved before the Law for the Promotion of Personal Autonomy of Persons with Disabilities and the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities, these international instruments establish fundamental principles and rights that must be respected by our Costa Rican State. Consequently, the Costa Rican State is obliged to guarantee the effective exercise of the political rights of all persons, including those with disabilities and in a state of interdiction; therefore, the questioned Article 144 must be declared unconstitutional and unconventional to guarantee this right to which all of us are entitled on an equal basis. III. Violation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Law 8661. Article 144 of the Electoral Code establishes that Costa Ricans over eighteen years of age and registered on the electoral roll shall be considered electors, excluding persons judicially declared to be in a state of interdiction; however, this provision is contrary to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities for the following reasons: The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ratified by Costa Rica in 2008, establishes that persons with disabilities have the right to participate on an equal basis in the electoral and public life of the country. In this sense, any measure that limits the exercise of this right is considered a form of discrimination against persons with disabilities. The challenged provision of Article 144 limits the exercise of the right to suffrage of persons with disabilities, since exclusion implies the impossibility of exercising this right, which they consider a form of discrimination against persons judicially declared to be in a state of interdiction. They state that it is contrary to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, since it limits the exercise of suffrage of persons with disabilities with a judicially declared interdiction; therefore, it is necessary that measures be adopted to guarantee this right to persons in a state of vulnerability, without any discrimination and in line with the international commitments acquired by our Costa Rican State. In light of the foregoing, they point out that in this context, Articles 12, 21, and 29 of this international treaty are violated. Likewise, they argue that resolution No. 09066-2023 points out this same line of reasoning, in accordance with the criterion held by the Chamber: “…Article 13 on Access to Justice of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities must also be highlighted, stating that '...States Parties shall ensure that persons with disabilities have access to justice on an equal basis with others, including through procedural and age-appropriate accommodations, to facilitate their effective role as direct and indirect participants, including as witnesses, in all legal proceedings, including the investigative stage and other preliminary stages…”. For this, it is, furthermore, fundamental “... that adequate training be promoted for those of us who work in the administration of justice…”. Finally, with the enactment of Law No. 9379, “Promotion of Personal Autonomy for Persons with Disabilities,” a process of paradigmatic change in favor of persons with intellectual and psychosocial disabilities began, allowing this population group to be recognized as persons before the law on an equal basis with others, since by eliminating the guardianship institute and moving to a support system through the safeguard (salvaguardia) institute, it constituted one of the greatest legal and social advances in favor of the rights of persons with disabilities. The safeguard (salvaguardia) aims for this population to enjoy their realities from the perspective of human rights, as only thus will they live with dignity like any other human being; therefore, a correct application and interpretation of this institute will have a highly positive impact on the lives of persons with disabilities. Added to the importance that the operators of the judicial system effectively manage access to justice for this population from the human rights perspective demanded by the ratified Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities, Law No. 8661.” In this context, they consider the safeguarding of the rights of the affected persons fundamental, as the Family Court points out, ensuring that their fundamental guarantees are respected and situations of vulnerability are prevented. IV. Violation of the American Convention on Human Rights (Pact of San José). Article 144 of the Electoral Code, by excluding persons in a state of interdiction, violates the fundamental principles established in the American Convention on Human Rights set forth in Articles 1, 2, 3, 5, 17, 23, 24, 25, 26, 29, 31. Article 144 of the Electoral Code establishes the exclusion of persons judicially declared to be in a state of interdiction from the exercise of the right to vote, presenting a clear unconventionality by contradicting the fundamental principles of the American Convention on Human Rights (Pact of San José), not only limiting access to a fundamental right but also implying a denial of the condition of person and the rights inherent to it. They argue that, first, the American Convention on Human Rights (Pact of San José) establishes that all individuals possess equal and inalienable rights by the mere fact of being human; the wording of Article 144 is interpreted as an exclusion that strips a group of citizens of their status as such, denying them not only the right to suffrage but also their dignity and recognition as full members of society; this exclusion is a direct violation of the principle of equality before the law, which is essential for the protection of human rights. Furthermore, the Pact emphasizes that States have the obligation to guarantee that all citizens can enjoy their civil and political rights without discrimination. The wording of Article 144, by excluding persons in a state of interdiction, creates an arbitrary distinction that is not justified in terms of human rights; this situation is not only incompatible with the ideal of equality but also reinforces stigmas and prejudices that perpetuate discrimination. The current interpretation of Article 144, therefore, not only limits access to suffrage but also implies a denial of the identity and rights of persons in a state of interdiction. This exclusion is particularly concerning, as it contradicts the State's obligation to promote and respect human rights, as established in the American Convention on Human Rights (Pact of San José). They believe that Article 144 of the Electoral Code must be declared unconventional, since its current wording implies an unacceptable exclusion of persons in a state of interdiction, denying their status as citizens and their fundamental rights; they are even denied the condition of persons or human beings, due to a mere interpretation, erroneous in its essence. V. Violation of the principle of equality and human dignity, Article 33 of the Political Constitution of Costa Rica. They point out that, contrary to the principle of equality and dignity, Article 144 of the Electoral Code excludes persons judicially declared to be in a state of interdiction. Article 33 of our Political Constitution establishes that no discrimination contrary to human dignity may be practiced. The exclusion from suffrage not only affects these persons declared in a state of interdiction but also undermines the principles of equality and non-discrimination that must govern in a democratic State. In this sense, the challenged provision of Article 144, subsection a), is contrary to this principle, as it limits the exercise of the right to suffrage of persons with disabilities judicially declared to be in a state of interdiction. Our Costa Rican State has the obligation to guarantee the full exercise of the rights of all these persons, without any discrimination; this implies a review for the declaration of unconstitutionality and unconventionality of that article, to guarantee the right of that entire population without discriminating based on disability. The principle of equality before the law and protection against discrimination enshrines that all persons are equal before the legal system, enjoying identical rights without any distinction; the interpretation of Article 144, subsection a), they consider, is based on criteria that may be exclusionary with respect to human dignity. This principle must stand as an essential pillar of any legal system; the exclusion of a segment of citizens from the exercise of the right of electoral participation undermines the very essence of this principle. The protection of human dignity is a fundamental principle in our legal system recognized in the Constitution and international treaties; therefore, any measure that goes against this principle must be considered unconventional and unconstitutional. VI. Violation of the principle of progressivity of rights. The principle of progressivity of human rights establishes that States must adopt measures that advance the protection and effective exercise of rights, avoiding any retrogression. In this sense, Article 144 of the Electoral Code, which excludes persons judicially declared to be in a state of interdiction from the right to vote, is contrary to the principle of progressivity and constitutes a clear retrogression in the protection of the rights of persons with disabilities; this norm not only contradicts the commitment of our Costa Rican State to promote inclusion and equality but also violates the principles established in the Political Constitution and in international human rights treaties ratified by our country. The exclusion of these persons from the electoral sphere cannot be justified under the argument of their inability to exercise suffrage. Such a perspective disregards the recognition of the inherent dignity of all persons, regardless of their abilities. The American Convention on Human Rights, in its Article 26, establishes that States Parties undertake to adopt measures to progressively achieve the full effectiveness of rights. The challenged norm, on the contrary, limits access to suffrage, resulting in a clear violation of this principle. The jurisprudence of the Constitutional Chamber has reiterated that fundamental rights are of a supra-legal nature and must be respected and promoted by the legislator. In this context, they cite an excerpt from judgment 2003-02794 of this Chamber. This regulatory framework highlights the legislator's obligation to guarantee the progressive effectiveness of fundamental rights, which is compromised by the challenged norm; the current interpretation of the right to suffrage must evolve towards an approach that recognizes the capacity of all persons to participate in democratic life; the inability to act should not be seen as an impediment to exercising fundamental rights. The challenged norm not only limits access to suffrage but also perpetuates stigmas and prejudices that have historically marginalized persons with disabilities; this retrogression in the protection of their rights is unacceptable in a State that defines itself as a social and democratic State governed by the rule of law; the lack of recognition of the right to vote for these persons is not only a violation of their dignity but also undermines the principles of equality and non-discrimination enshrined in our Constitution and in International Law. They deem it imperative that the Costa Rican State adopt measures that promote the inclusion and recognition of the rights of persons with disabilities, instead of reverting to norms that limit their participation; the reinterpretation of Article 144 of the Electoral Code to allow the suffrage of persons in a state of interdiction would not only represent a significant advance in the recognition of their rights but would also send a clear message that democratic participation is a right of all, without exceptions. The protection of the rights of persons with disabilities requires a firm and constant commitment by the State to guarantee that all citizens can fully exercise their rights. The challenged norm is an obstacle on this path and must be reviewed to align with the principles of progressivity and inclusion that must govern in a democratic society. The reinterpretation of the restrictions of Article 144, subsection a), would represent a significant advance in the recognition of the electoral rights of persons under a judicial declaration of interdiction. This norm, by excluding these persons from the right to vote, not only limits their participation in the electoral sphere but also perpetuates the annulment of rights that have historically been restricted for them. This retrogression is alarming, as it contradicts the principle of progressivity of human rights, which requires States to adopt measures that advance the protection and effective exercise of rights; instead of promoting inclusion, Article 144, subsection a), reinforces stigmas and discrimination, relegating persons with disabilities to a position of inferiority in the political and social sphere.
It is imperative that the guarantor assume the responsibility of ensuring the legal equality of this population, ensuring that their rights are respected and protected. We cannot remain attached to archaic criteria from the 19th or 20th centuries, which established that the condition of being considered a "person" was intrinsically linked to the capacity for reasoning. This approach is not only obsolete but is a direct violation of human dignity. It is fundamental to move towards a more inclusive conception of legal personhood, which recognizes and values the dignity and rights of all persons, regardless of their cognitive capacity. The challenged rule, by limiting the right to suffrage, not only infringes upon the rights of persons with disabilities but also undermines the principles of equality and non-discrimination enshrined in our Constitution and in International Law. Therefore, it is crucial that this rule be reviewed to align it with the principles of progressivity and inclusion that must govern a democratic society. The exclusion of persons with disabilities from the right to vote is a clear setback in the protection of their rights and must be energetically rejected.
VII.Violation of the pro persona (pro homine) principle. The pro homine principle is fundamental in the interpretation and application of human rights, constituting an essential pillar of our legal framework. This principle establishes that norms must be interpreted in a manner that favors the expansion of individual rights and freedoms, while any restriction must be applied strictly and justifiably. In this context, the importance of considering the impact of normative and judicial decisions on the lives of persons is highlighted, especially in situations that affect their capacity to exercise fundamental rights. Thus, the following distinction is raised, according to the criteria of the Court: "Together with the pro homine principle, it constitutes the core of the domain of human rights; according to the first, everything that favors liberty must be interpreted extensively and everything that limits it restrictively; according to the second, the law must always be interpreted and applied in the manner that most favors the human being. Accordingly, public order, morality, and the rights of third parties." Judgment: 3550-92, 11560-06, 14659-08. "Therefore, interpreting said regulation in light of the pro homine principle, which postulates that the law must always be interpreted and applied in the manner that most favors the human being. The pro homine principle serves to integrate and interpret the law insofar as it grants greater protection to the fundamental rights of persons" (judgment 3550-92, 11560-06 and 14659-08).
Article 144 of the Electoral Code, by excluding persons judicially declared in a state of interdiction (interdicción) from exercising the right to vote, implies an evident deprivation of a fundamental right, suffrage. This exclusion is considered a disqualification of their human condition, which violates their intrinsic worth, by categorizing these persons as incapable of exercising political rights due to their cognitive and volitional condition. Article 144 contributes to their dehumanization. This classification is not only unjust, but it also treats individuals who deserve recognition and respect; this article reduces them to mere objects of regulation, stripping them of their essence as full citizens. This perspective not only distorts their condition as subjects of law, but also violates the fundamental principles of participation that must govern in a Democratic State, in accordance with the pro homine principle. The restrictive interpretation of this rule, which denies suffrage, reinforces a stigma that deprives them of their identity and excludes them from the public sphere. From the perspective of the pro homine principle, it is fundamental that this regulation be interpreted in a manner that favors the inclusion and protection of human rights. This implies that any limitation on freedom and rights must be applied in the most restrictive manner possible. Therefore, the right to suffrage must be interpreted and applied in terms that recognize the full humanity of these persons, instead of perpetuating their exclusion. It is imperative that the challenged Article 144 be reviewed and modified, ensuring that all persons, regardless of their condition, are fully recognized as subjects of rights. Justice demands the elimination of barriers that deny the recognition of their humanity and their right to be considered full citizens.
VIII.Violation of the principle of proportionality and reasonableness. Article 144, subparagraph a) of the Electoral Code, by excluding persons declared in a state of interdiction from their right to vote, evidently contravenes the principles of reasonableness and proportionality, which are fundamental in the protection of human rights. This rule limits an essential right, and its assessment is based on criteria that can be considered subjective and lacking in reasonableness, which could lead to the perpetuation of social stereotypes. They perform the following analysis: The legitimacy of the objective of safeguarding the integrity of the electoral process. Although this objective could be considered valid, the manner in which the exclusion is implemented raises serious questions about its validity. The rule disqualifies a specific group of persons based on a condition that implies incapacity, which is not only questionable from a legal point of view but also reflects a discriminatory approach. The legitimacy of the objective is compromised by ignoring the inherent rights of these individuals, who, despite their state, must be subject to special protection and consideration. Thus, the legitimate objective becomes a pretext to perpetuate exclusion and marginalization.
Regarding suitability. They point out that the rule lacks the necessary capacity to justify its application. While it is argued that the exclusion seeks to preserve the integrity of suffrage, there are multiple alternative mechanisms that could guarantee such integrity without depriving these persons of their fundamental rights. For example: The exclusion of persons in a state of interdiction from the right to vote raises serious concerns under the principle of proportionality and reasonableness. This principle requires that any restriction on fundamental rights be adequate, necessary, and proportional to the end pursued. In this case, the measure of excluding these persons is not suitable, since, instead of promoting their inclusion, this exclusion perpetuates discrimination and denies their dignity as citizens. The suitability of a measure must be evaluated based on its capacity to facilitate the full and effective participation of all citizens.
For its part, regarding the necessity of the measure, it is established that, among various equally adequate measures, the one that affects the juridical sphere of persons to a lesser extent should be chosen. The questioned rule manifests itself as disproportionate by not considering less restrictive alternatives that safeguard the constitutional rights of these persons. The total exclusion from the right to vote is not the only way to guarantee the integrity of the electoral process; therefore, the rule does not satisfy the criterion of necessity. By not opting for the least burdensome measure, a lack of sensitivity towards the situation of persons in a state of interdiction is evidenced, who, by virtue of their condition, should not be disqualified as citizens.
Finally, the principle of proportionality in the strict sense must be examined with special attention. Although a measure may be legitimate, suitable, and necessary, it becomes unreasonable if it injures the essential content of another fundamental right. The application of Article 144 of the Electoral Code deprives persons of their right to participate in the political life of the country, reducing them to a state of dehumanization and stripping them of their essence as subjects of law. For example, this deprivation not only infringes upon the principles of reasonableness and proportionality, but also perpetuates a normative framework that delegitimizes the inclusion of a sector of the population in the exercise of their citizenship. Thus, the rule not only affects the individuals directly involved but also undermines the integrity of the democratic system as a whole. The necessity to review and reform this rule becomes evident, as its permanence in the legal system not only perpetuates discrimination but also ignores the intrinsic value of each individual as a human being. The protection of human rights must be a guiding principle of any legal system, and the inclusion of all citizens in the exercise of their rights is a fundamental step towards a more just and equitable society.
IX.Violation of Article 16 of the Political Constitution. Non-waivability of the quality of being Costa Rican. Article 16 of the Political Constitution establishes that: "The quality of being Costa Rican is not lost and is non-waivable (irrenunciable)." This fundamental principle ensures that all citizens, without exception, possess rights inherent to their nationality. The exclusion of persons in a state of interdiction from the electoral roll directly attacks this right, since they are denied their condition as full citizens and are deprived of an essential right: the right to suffrage. By considering persons in a state of interdiction as ineligible to participate in elections, they are deprived of their capacity to influence decisions that affect their lives, which contradicts the essence of Article 16. This exclusion is not only an individual injustice, but also represents an attack on the autonomy of these citizens, by allowing their personal condition to limit the exercise of fundamental rights that are non-waivable.
Furthermore, the paradigm shift in the perception of persons with disabilities has led to a transformation in the way interdiction is understood. The elimination of terms such as "insanity" and "interdiction" reflects a recognition that all persons, regardless of their condition, have the right to participate fully in political and social life. This change is not merely superficial; it is a step towards an inclusive model that recognizes the capacity of all persons to exercise their rights. The Family Court has emphasized that this evolution in legislation and social approach implies that the figures of "interdiction" have ceased to exist in the traditional sense; therefore, continuing to exclude persons in a state of interdiction from the electoral roll is a denial of their quality of being Costa Rican, which goes against the principle of non-waivability established in Article 16. The unconstitutionality of the challenged article of the electoral code is clearly manifested by ignoring this fundamental principle, the quality of being Costa Rican. Being non-waivable, it must guarantee that all citizens, without distinction, have the opportunity to exercise their right to vote. The exclusion of persons in a state of interdiction is not only a violation of their rights, but also undermines the integrity of the democratic system by limiting plurality and representation in the electoral process.
X.Violation of the special protection of the State, according to Article 51 of the Political Constitution. The State must provide special protection to the family and to persons with disabilities; however, the exclusion of persons in a state of interdiction from the electoral roll ignores this fundamental obligation, as it deprives these individuals of their right to actively participate in political and social life. This exclusion not only affects the individuals, but also negatively impacts their families, who depend on their voice and representation in decision-making that affects them.
The figure of safeguard (salvaguardia), established in Law No. 9379, provides an essential framework to guarantee the full recognition of legal equality and the right to citizenship of all persons with disabilities. This mechanism seeks to mitigate the risk of abuses and undue influences over these persons, ensuring that their quality of life is not compromised. By implementing adequate and effective safeguards, the State not only recognizes the human rights of persons with disabilities, but also establishes a system that protects their autonomy and dignity. The safeguard must be designed and applied with a focus centered on respect for the rights, will, preferences, and interests of each person with a disability. This implies that, instead of excluding persons in a state of interdiction from the electoral process, the system must adapt to facilitate their participation. Safeguards can include mechanisms that ensure these persons can exercise their right to vote effectively and safely, guaranteeing that their voice is heard and represented. This not only ensures that the rights of persons with disabilities are respected, but also promotes an environment in which they can participate fully in democracy.
The questioned provision excludes persons in a state of interdiction, thus contradicting this special protection and limiting their representation. By not allowing these persons to exercise their right to vote, a situation of vulnerability is perpetuated that the State has the obligation to correct through the implementation of effective safeguards. The State's approach must be to guarantee the inclusion of persons with disabilities in all areas, including the electoral one. Safeguards are not only a tool to protect their rights, but are also fundamental to ensuring that their participation in democratic life is full and effective, thus respecting the principle of equality and the dignity of all citizens.
This precept underlines the importance of the family and, in particular, the vulnerability of certain groups, including persons with disabilities, who have the right to special protection by the State. This provision requires that measures be adopted to ensure the full inclusion of these persons in all aspects of social life, including the electoral one. In contrast, Article 144 defines, in an exhaustive manner, the eligible voters in a numerus clausus regime, establishing that: "Those considered as eligible voters shall be Costa Ricans over eighteen years of age and registered on the electoral roll, with the exception of the following: a) Persons judicially declared in a state of interdiction." This provision explicitly excludes a significant group of the population, limiting their right to suffrage and their legal capacity. The contradiction between both articles is clear; while Article 51 promotes the protection and inclusion of persons with disabilities, Article 144, by excluding those who are in a state of interdiction, infringes this principle of special protection, as this exclusion undermines the constitutional mandate to guarantee the State's protection towards vulnerable groups. They point out as fundamental to understand that interdiction, as a measure of protection, should not be used as an instrument to restrict fundamental rights. On the contrary, the State has the duty to implement mechanisms that facilitate the inclusion of these persons in the exercise of their rights. The special protection granted to persons with disabilities, according to Article 51, implies that they must have access to all rights, including the right to vote, under conditions that respect their autonomy.
This consideration is formulated in the context of the constitutional flaws that directly affect the supreme maxim manifested in Article 51, which is reiterated in Article 144 challenged in this action of unconstitutionality. This situation highlights the urgent need to review and reform the provisions that limit the exercise of fundamental rights, especially for those in a situation of vulnerability. The exclusion of persons in a state of interdiction from the electoral roll limits their capacity to influence political decisions that affect their lives and rights. This not only deprives these individuals of their voice, but also impoverishes the democratic process by eliminating valuable perspectives. The Family Court has pointed out that the inclusion of all voices is essential for a robust and representative democracy. Therefore, the unconstitutionality of Article 144 is not only a matter of individual rights, but also has profound implications for the democratic health of the country. Given the unconstitutionality of subparagraph a) of Article 144 and its incompatibility with constitutional principles, they consider it imperative that the Electoral Code be reformed. This reform would not only guarantee the inclusion of all persons in the exercise of their political rights, but would also align national legislation with international human rights standards. The voice of persons in a state of interdiction must be heard and valued in our society, and the legal framework must reflect this commitment to inclusion and dignity. They request that the action be granted.
2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Court to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of an equal or similar previous petition rejected.
Written by Justice Castillo Víquez; and,
Considering:
I.- Requirements and formalities of the action of unconstitutionality. This Court has repeatedly stated that the action of unconstitutionality is a process with certain formalities, which, if not met, make it impossible to rule on the merits of the matter. Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the prerequisites for admissibility for actions of unconstitutionality and regulates different situations. The first paragraph requires the existence of a pending matter to be resolved, whether in a judicial venue –including habeas corpus or amparo appeals– or in the administrative venue –in the procedure for exhausting this channel, that is, in the administrative challenge procedure against the final act–, in which the unconstitutionality of the questioned rule is invoked as a reasonable means to protect the right or interest considered injured in the main matter. The second and third paragraphs regulate the direct action –the base matter is not required–, in the following cases: a) when by the nature of the matter there is no individual and direct injury; b) it deals with the defense of diffuse interests (intereses difusos) or those concerning the community as a whole; and c) when the action is brought by the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, and the Ombudsman. Regarding the requirement of a pending matter to be resolved, this Court, through judgment No. 04190-95 at 11:33 a.m. on July 28, 1995, stated the following:
"(…) Firstly, it is a process of an incidental nature, and not a direct or popular action, which means that the existence of a pending matter to be resolved is required -whether before the courts of justice or in the procedure to exhaust the administrative channel- in order to access the constitutional venue, but in such a way that the action constitutes a reasonable means to protect the right considered injured in the main matter, so that what is resolved by the Constitutional Court has a positive or negative impact on said pending process, as it rules on the constitutionality of the rules that must be applied in that matter; and only by exception does the legislation allow direct access to this venue - prerequisites of the second and third paragraphs of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction (…).” Likewise, there are other formalities that must be fulfilled, namely: the filing brief must be authenticated and contain an explicit determination of the challenged regulations, duly substantiated, with specific citation of the components of the block of constitutionality that are considered infringed (Article 78 of the Law of Constitutional Jurisdiction). It must also prove the conditions of standing (powers of attorney and certifications), proceed with the payment of the Costa Rican Bar Association stamp, and provide a literal certification of the brief in which the unconstitutionality of the challenged rules was invoked in the base matter (Article 79 of the Law of Constitutional Jurisdiction).
II.- On the inadmissibility of this action. The petitioners come directly to file this process, invoking the existence of a diffuse interest, to request the declaration of unconstitutionality of Article 144, subparagraph a) of the Electoral Code, believing, among other allegations, that this rule produces discriminatory treatment to the detriment of persons with disabilities. However, in the sub examine, we are not facing the existence of a diffuse interest. In judgment No. 2024-12453, at 9:30 a.m. on May 8, 2024, this Tribunal, in a case similar to the one under study, rejected outright another action of unconstitutionality, based on the following considerations:
"II.- On direct standing. The petitioner claims to have direct standing, because he comes 'in defense of the diffuse interest that concerns a community.' However, this Court, by majority, has considered that when the challenged rule is susceptible to individual application, it is not possible to invoke the defense of diffuse interests to admit the action. Thus, in vote No. 2021-002185 at 12:51 p.m. on February 3, 2021, this Constitutional Tribunal stated the following:
'(…) II.- On diffuse interests and the standing of the petitioners in the case under study. The petitioners state that their standing comes from the defense of diffuse interests regarding the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, it should be noted that, as already mentioned, the cases in the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction constitute exceptions to the rule contained in the first paragraph of the same article, which must be carefully analyzed in each specific case. The diffuse interest has been understood as that interest related to a right or legal situation of a special and particular nature, which can be shared by other persons, with all interested parties forming a determined group or category. Thus, the violation of that right can affect everyone in general or each one in particular, hence any member of the community can file the action to protect the right considered injured. On this matter, the reiterated case law of the Court indicates that:
"It has been pointed out that it is a special type of interest, whose manifestation is less concrete and individualizable than that of the collective interest just defined in the preceding considering, but which cannot become so broad and generic that it is confused with the right recognized to all members of society to ensure constitutional legality, since the latter -as has been repeatedly stated- is excluded from the current system of constitutional review. It is thus an interest distributed among each of the administered persons, mediate if you will, and diluted, but no less verifiable, for the defense, in this Court, of certain constitutional rights of singular relevance for the adequate and harmonious development of society. It is the special characteristics of these rights themselves and not the particular situation of the subjects who may hold them that is the key to the distinction and determination of the presence of the so-called diffuse interests, as stated in various resolutions such as 03705-93 at 3:00 p.m. on July 30 for the right to the environment, number 05753-93 at 2:45 p.m. on November 9 of that same year for the defense of historical heritage, and number 00980-91 at 1:30 p.m. on May 24, 1991, for electoral matters." –see judgment number 360-90- From this definition, it is possible to estimate that the diffuse interest is composed of an eminently subjective element, relating to its ownership or holding of the interest, and an objective one, related to the incidence of the good in society, which distinguishes it from other legal situations. In relation to the first -the subjective element-, it is clear that it is diffused in a non-individualized human group, which co-participates in the enjoyment of the juridical good that is the object of the interest, but whose conformation does not result from an identifiable, encompassable set of subjects with relatively clear contours, as does occur in the collective interest. And from the objective perspective, it must be clarified that not every "diffused" interest acquires the legal category of "diffuse interest", but only those imbued with profound social relevance, whose assessment results from the circumstances of each case –see, among others, judgments numbers 2006-15960 and 2014-4904-. In this sense, just as it has been said that this interest cannot be so broad and generic that it is confused with the right to ensure constitutional legality -which would imply the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Law of Constitutional Jurisdiction-, neither can it be so concrete that it allows individual claim, since in such a case, the standing would derive from that claim –see, among others, judgments numbers 2008-13442, 2009-300 and 2009-9201-. Thus, examples of such interests are the right to a healthy and harmonious environment, the defense of historical heritage, electoral matters, the defense of the right to health, and the oversight of public funds. In this way, in the case under study, where the petitioners refer their standing regarding the defense of diffuse interests in matters of protection of a healthy and ecologically balanced environment, the appropriate course is to rule as indicated in the following considerings.
(…)
In the action now before us, the same petitioners challenge the same rules of Articles 50 and 51 of the Regulation in question, as well as Article 52 of the same instrument, and although, beyond the sustainability of zoocriaderos, in this action they focus on issues of ex situ conservation and environmental education -which were also pointed out in that action-, the truth is that this Court's own definition of standing, as set forth in the cited judgment, is fully applicable in this new action. Note that, certainly, as clearly pointed out by the Attorney General's Office and emphatically referred to by the Minister of Environment and Energy, the regulation being challenged is indeed totally susceptible to individual application and to directly impacting the juridical sphere of singular and identifiable persons, who exercise a certain activity, subject to the regulation indicated in the Wildlife Conservation Law and its regulation. In this way, it is clear that contrary to the alleged defense of diffuse interests, what is at stake is some degree of disagreement with the subjection to which they must submit for the regulation of the activity they exercise or intend to exercise; see that as the report of the Minister of Environment and Energy well points out, the petitioners are directly related as founders, managers, or employees of various companies related to the exhibition of wild fauna or its tourism promotion. Thus, it is unfeasible to adduce presumed problems of conservation and environmental education to use the figure of diffuse interests and thereby promote a direct action of unconstitutionality, ignoring the strict admissibility requirements indicated in the Law of Constitutional Jurisdiction, as indicated in considerings II and III of this resolution.
Under this understanding, and taking into consideration the identity of the petitioners and the challenged regulation, it is clear that the precedent of judgment 2018-18563 is fully applicable to this action now before us, from which it must necessarily be concluded that, as on that previous occasion, the petitioners lack standing to file this process, making it improper to hear and rule on the issues raised. Therefore, the appropriate course is to declare this action without merit” (the underline does not correspond to the original).
In a similar vein, in judgment No.
at 16:30 hours on May 26, 2021, this Chamber ordered that:
“(…) It is reiterated that a diffuse interest cannot be so broad and generic that it is confused with the right to ensure constitutional legality (which would entail the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Law of Constitutional Jurisdiction); but neither can it be so concrete that it permits an individual claim, for, in such a case, standing would derive from that claim (…)”.
Based on the foregoing considerations, this Court observes that the regulations challenged here provide as follows:
Labor Code (Código de Trabajo) “ARTICLE 69.- Apart from those contained in other articles of this Code, in its Regulations, and in its supplementary or related laws, the obligations of employers are:
… b. To prefer, under equal circumstances, Costa Ricans over those who are not, and those who have served them well previously over those who are not in that situation;…” Political Constitution (Constitución Política) “ARTICLE 68.- No discrimination shall be made regarding salary, advantages, or working conditions between Costa Ricans and foreigners, or regarding any group of workers.
Under equal conditions, preference shall be given to the Costa Rican worker.” From the foregoing, it is evident that these provisions are susceptible to individual application and to directly affecting the legal sphere of identifiable persons, that is, in this case, foreign persons who consider they were not hired solely because of their nationality. In the sub examine, the claimant is not even a foreigner, but a Costa Rican, as recorded on the page of the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones) https://servicioselectorales.tse.go.cr/chc/resultado_persona.aspx. And even if he were, what is challenged is susceptible of establishing a base matter. Consequently, in accordance with the aforementioned jurisprudential precedents, this Chamber considers that the claimant lacks direct standing to bring this action in defense of diffuse interests…”.
In the case under study, the challenged provision states the following:
“Article 144.
The following shall be considered as electors: Costa Ricans over eighteen years of age and registered on the electoral roll, except for the following:
Thus, under the same stated criterion, this Court considers that the claimants lack the standing invoked to bring this proceeding. It is evident that the article questioned here is susceptible to individual application and to directly affecting the legal sphere of identifiable persons, that is, in this case, the persons who have been judicially declared in a state of interdiction, who have been denied their inclusion on the electoral roll or the exercise of suffrage, whether by themselves, through their guardianship (salvaguardia), or by a duly formed group that represents their interests, the latter in the exercise of a collective interest. In the sub examine, the claimants neither state nor demonstrate that they are persons with disabilities who, at some point, have been declared in interdiction, or that they are, at least, the guardianship (salvaguardia) of a person judicially declared in interdiction; and even if they were, what is challenged is susceptible of establishing a base matter, so they could not appear directly. Thus, as the claimant lacks direct standing, the action is inadmissible and its summary rejection is appropriate.
III.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE RUEDA LEAL. I depart from the criterion of the majority of this Court and save my vote in this matter, considering that the decision to reject this action of unconstitutionality is premature. It is unquestionable that the action of unconstitutionality is a process, “established with the purpose of guaranteeing the supremacy of the Political Constitution against norms or other provisions of a general nature and that, for that same reason, a set of formalities must be fulfilled, so that the Chamber can validly hear the merits of the challenge” as has been indicated in the ample jurisprudence of this Chamber. However, it is precisely the law itself that orders the treatment to be given to the different formalities and their eventual non-compliance, as extracted from the text of article 80 of the Law of Constitutional Jurisdiction which states:
“Article 80.- If the formalities referred to in the two previous articles are not fulfilled, the President of the Chamber shall indicate by resolution which requirements have been omitted and shall order them to be fulfilled within three days (…)” In this matter, among other requirements, an adequate and sufficient basis for standing is lacking, as required by article 78 of the Law of Constitutional Jurisdiction, so the prevention to the claimant to remedy the detected omission is of unquestionable application. Likewise, it is not at all superfluous to state on the record that – in my opinion – the interpretation of articles 78 and 79, as well as of article 80 of the Law governing this jurisdiction, must be broad in favor of those who appear before this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily limited.
IV.- NOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. In judgment n.°2021-2185, invoked by the majority to reject the present action, I recorded a separate note in which I outline my interpretation regarding the admissibility of actions in which an alleged diffuse interest is invoked that, rather, should be classified as a case in which a matter pending resolution could clearly exist as an incidental mechanism to admit standing for the action of unconstitutionality. In said judgment, I made the following considerations:
“In this matter, I have concurred with my vote in the dismissal of the action of unconstitutionality. But I have chosen to record a separate note with which I intend to outline my criterion regarding the standing and admissibility of this specific proceeding.
In that sense, I consider it necessary to specify that what was resolved by the majority does not mean that it can be admitted ‒as a general rule‒ that, when a claim for an individual and direct violation may exist, it is not per se appropriate to affirm that the protection of diffuse interests should not be simultaneously protected. That is, there will be cases in which, in attention to the substantial legal situation affected, both assumptions could be configured.
Different is the case in which it can reasonably be inferred that, although a diffuse interest is alleged, what underlies it is a clear personal and individual utility of another nature or, even another subjective right that does not simultaneously encompass the protection of diffuse interests. This second assumption is what is presented to us in the specific case, in which both the Office of the Attorney General of the Republic and the Minister of Environment and Energy demonstrated that the actor is bringing action in protection of a clearly individual interest, related to the exercise of his ordinary commercial activity, more than a genuine diffuse interest of protecting the environment. In short, it does not seem valid to use “the guise” of a diffuse interest to guarantee the admissibility of an action of unconstitutionality, when it can be corroborated that what is sought is the protection of other types of rights or interests that could well be protected in an action of unconstitutionality, but through the assumption contemplated in art. 75, paragraph 1, of the Law of Constitutional Jurisdiction”.
Assessments that are equally applicable to the specific case in which an incidental matter could indeed exist. In light of the foregoing, it is not appropriate to invoke, in parallel, a direct standing based on an alleged diffuse interest.
V.- Documentation provided to the case file (expediente). The parties are warned that if any document has been provided on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File for the Judiciary" ("Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial"), approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Gazette (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore (Por tanto):
The action is summarily rejected. Magistrate Rueda Leal saves the vote and orders the prevention of article 80 of the Law of Constitutional Jurisdiction to be made. Magistrate Garro Vargas records a note.
\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n Q6DLE47JN6OM61\n\nEXPEDIENTE N° 24-032602-0007-CO\n\n \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.South of the iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 15:44:26.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Res. Nº 2024036213 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro .
Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], mayor, casado una vez, estudiante, [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 001] y [Nombre 002], mayor, casado, topógrafo, [Nombre 003], cédula [Valor 002]; contra el artículo 144 inciso a) del Código Electoral.
Resultando:
1.- Por escrito recibido a las 11:20 horas del 19 de noviembre de 2024, los accionantes interponen acción de inconstitucionalidad contra el artículo 144 inciso a) del Código Electoral, por considerarlo violatorio de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención de los derechos humanos de las personas con discapacidad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los principios de progresividad de los derechos, pro homine, igualdad, dignidad humana, proporcionalidad y razonabilidad; los artículos 16 y 51 de la Constitución Política y la Ley nro. 9379, “Promoción de autonomía personal para las personas con discapacidad”. Solicitan que se declare la legitimidad de esta acción de inconstitucionalidad presentada en defensa de intereses difusos y de la colectividad en su conjunto, ya que se cuestiona una disposición constitucional que vulnera los principios constitucionales y los tratados internacionales ratificados por nuestro Estado costarricense. La norma impugnada dispone lo siguiente: “Persona electora. Serán consideradas como personas electoras, los y las costarricenses mayores de dieciocho años e inscritos en el padrón electoral, a excepción de los siguientes: a) Las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción". Respecto de los alegatos de inconstitucionalidad, se indica lo siguiente: I. Violación a la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, ley 7948. Aducen que, la norma impugnada es contraria a esta convención, al excluir a las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción como personas electoras. Refieren que la Convención establece que los Estados parte deben tomar medidas para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos políticos en igualdad de condiciones que las demás personas. Citan los artículos I, II, III, IV y V. Luego hace referencia a esta resolución nro. 2024-00443 del Tribunal de Familia: “Con mucho respeto, debe indicarse que esto no es así porque no se trató de un simple cambio de nombre de los institutos jurídicos: de “insania" o interdicción" a "salvaguardia” de "persona insana" a "persona con discapacidad", y de "curador” a "garante para la igualdad jurídica de la persona con discapacidad” y tampoco es cierto que el garante tenga las mismas funciones que el “curador". En realidad, se trató de un cambio absoluto de paradigma, en el cual aquellas figuras de "insania", “interdicción" y "curador (del insano)" DEJARON DE EXISTIR, así como también dejaron de existir las funciones que debía desarrollar el curador”. Citan también un extracto de la sentencia nro. 2022-26077 de esta Sala, en relación con la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. II. Violación a la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, ley 9379. Refieren que el artículo 144 del Código Electoral, al excluir a las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción como personas electoras, va en contra de los artículos 1, 2, 4, 5 y el Transitorio I de la Ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad. De esta manera, consideran que, por las razones anteriormente citadas, este artículo debe ser declarado inconvencional e inconstitucional. Citan los artículos 1, 2, 4, 5 y el Transitorio I de la Ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad: “ARTÍCULO 1.- Objetivo. El objetivo de la presente ley es promover y asegurar, a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con los demás del derecho a su autonomía personal. Para lograr este objetivo se establece la figura del garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad y, para potenciar esa autonomía, se establece la figura de la asistencia personal humana. ARTÍCULO 2.- Definiciones. Para los efectos y la aplicación de esta ley se entenderá como: a) Discapacidad: concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. b) Personas con discapacidad: incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En el caso de las personas menores de edad, en la medida en que esta ley les sea aplicable, se procurará siempre perseguir su interés superior. c) Paradigma de abordaje de la discapacidad desde los derechos humanos: el nuevo modelo de abordaje de la discapacidad regulado en la Ley N.° 8661, Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 19 de agosto de 2008, que se centra en la dignidad intrínseca del ser humano, valorando las diferencias. La persona con discapacidad es sujeto de derechos y obligaciones, y no objeto de sobreprotección y/o lástima. d) Derecho a la autonomía personal: derecho de todas las personas con discapacidad a construir su propio proyecto de vida, de manera independiente, controlando, afrontando, tomando y ejecutando sus propias decisiones en los ámbitos público y privado. Implica el respeto a los derechos humanos así como los patrimoniales de todas las personas con discapacidad, por lo que se garantiza su derecho a ser propietarios, heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos, tener acceso a préstamos bancarios, hipotecarios y cualquier otra modalidad de crédito financiero, además de la garantía estatal de que no serán privados de sus bienes de manera arbitraria. Igualmente, la autonomía personal trae consigo el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, como también del ejercicio de los derechos civiles y electorales, entre otros. El derecho a la autonomía personal involucra el acceso de la figura del garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, a la asistencia personal humana y/o a los productos de apoyo que requieran para el ejercicio de este derecho, además del respeto y la promoción a la autodeterminación, autoexpresión, así como de las capacidades y habilidades de todas las personas con discapacidad. Todo lo anterior, de acuerdo con sus preferencias, intereses y condiciones individuales y particulares…g) La salvaguardia: mecanismos o garantías adecuadas y efectivas establecidas por el Estado costarricense, en el ordenamiento jurídico, para el reconocimiento pleno de la igualdad jurídica y del derecho a la ciudadanía de todas las personas con discapacidad. La salvaguardia mitiga que las personas con discapacidad sufran abusos, de conformidad con los derechos humanos, y/o de influencias indebidas, en detrimento de su calidad de vida. El diseño e implementación de las salvaguardias debe fundamentarse en el respeto a los derechos, voluntad, preferencias e intereses de la persona con discapacidad, además de ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias de cada persona, aplicarse en el plazo más corto posible y estar sujetas a exámenes periódicos, por parte de autoridad competente, independiente, objetiva e imparcial…l) Garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad: persona mayor de dieciocho años que, para asegurar el goce pleno del derecho a la igualdad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, le garantiza la titularidad y el ejercicio seguro y efectivo de sus derechos y obligaciones. Para los casos de personas con discapacidad que se encuentren institucionalizadas en entidades del Estado, el garante podrá ser una persona jurídica. m) Vida independiente: principio filosófico de vida que propicia que las personas con discapacidad asuman el control de su propio proyecto de vida y tomen decisiones. Promueve el ejercicio legítimo y necesario de la autonomía y la determinación como derechos fundamentales; lo anterior implica asumir las responsabilidades que sus decisiones conlleven y el derecho a ser parte activa dentro de la comunidad que la persona elija, sin importar el grado de discapacidad que presente y si para lograr esta autonomía requiere el uso de productos y servicios de apoyo, de la asistencia personal o del garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad…”. “ARTÍCULO 4.- Responsabilidades del Estado. Para cumplir los objetivos de la presente ley, el Estado procurará: a) El acceso a la figura del garante para la igualdad jurídica y a la asistencia personal humana a todas aquellas personas que por su condición de discapacidad, para el ejercicio pleno del derecho a la autonomía personal, requieren dichos apoyos, así como productos y servicios de apoyo. b) Medidas efectivas para garantizarle, a la población con discapacidad, la participación en los procesos de toma de decisiones. c) El diseño, el establecimiento y la implementación de la salvaguardia, de conformidad con lo fijado en el inciso g) del artículo 2 de la presente ley, que aseguren el ejercicio del derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad”. “ARTÍCULO 5- Igualdad jurídica de las personas con discapacidad. Todas las personas con discapacidad gozan plenamente de igualdad jurídica, lo que implica: a) El reconocimiento a su personalidad jurídica, su capacidad jurídica y su capacidad de actuar…”. “TRANSITORIO I.- Quien sea curador o curadora de una persona con discapacidad, a la entrada en vigencia de la presente ley, pasará de inmediato a ser el garante para la igualdad jurídica, en el marco de lo que señala esta ley; en estos casos, el juez o la jueza de familia de la jurisdicción que corresponda deberá realizar una revisión de oficio de estas salvaguardias en un período máximo de dos años. En un período de seis meses, el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones procederá a incorporar a las personas que se encuentren en estado de interdicción en virtud de una declaratoria de insania, dentro del padrón electoral…”. Citan de nuevo el extracto de la jurisprudencia del Tribunal de Familia 2024-00443 y manifiestan que se hace evidente que todas las personas con discapacidad tienen el derecho a ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, sin que su condición o circunstancias personales sean un impedimento, la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad establece que los Estados partes deben implementar medidas que aseguren el ejercicio de estos derechos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, solicitan declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 144 del Código Electoral, dado que este precepto infringe la mencionada ley y vulnera el derecho al sufragio de las personas con discapacidad, la exclusión de aquellas personas en estado de interdicción como electores contradice las obligaciones que Costa Rica ha asumido como Estado parte de dicha normativa, constituyendo así una violación de sus derechos fundamentales. Denotan que es importante tener en cuenta que los tratados internacionales ratificados por Costa Rica se entienden como normas superiores a la Constitución, según lo establecido en el artículo 7 de la misma, por lo tanto. aunque el artículo 144 del Código Electoral fue aprobado antes de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad y la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, estos instrumentos internacionales establecen principios y derechos fundamentales que deben ser respetados por nuestro Estado costarricense. En consecuencia, nuestro Estado está obligado a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de todas las personas, incluyendo a aquellas con discapacidad y en estado de interdicción, por lo tanto, el artículo 144 del Código Electoral de Costa Rica debe ser declarado inconstitucional e inconvencional para garantizar este derecho al que están sujetas todas las personas en igualdad de condiciones. III. Violación a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Indican que el artículo 144 impugnado establece que serán consideradas como personas electoras, los y las costarricenses mayores de dieciocho años e inscritos en el padrón electoral, excluyendo a las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción; sin embargo, esta disposición es contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por las siguientes razones: -La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica en el 2008, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida electoral y pública del país, en este sentido, cualquier medida que limite el ejercicio de este derecho, se considera como una forma de discriminación en contra de las personas con discapacidad. -La disposición del artículo 144 del Código Electoral limita el ejercicio del derecho al sufragio de las personas con discapacidad, ya que la exclusión implica la imposibilidad de ejercer este derecho, lo que consideran una forma de discriminación en contra de las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción. -El artículo 144 del Código Electoral es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que limita el ejercicio al sufragio de las personas con discapacidad con una interdicción judicialmente declarada; por lo tanto, es necesario que se adopten medidas para garantizar este derecho a las personas en estado de vulnerabilidad, sin discriminación alguna y en línea con los compromisos internacionales adquiridos por nuestro Estado costarricense. Denotan que los tratados internacionales ratificados por Costa Rica se entienden como normas superiores a la Constitución, según lo establecido en el artículo 7 de la misma, por lo tanto, aunque el artículo 144 impugnado fue aprobado antes de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, estos instrumentos internacionales establecen principios y derechos fundamentales que deben ser respetados por nuestro Estado costarricense. En consecuencia, el Estado costarricense está obligado a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de todas las personas, incluyendo a aquellas con discapacidad y en estado de interdicción, por lo tanto, el artículo 144 cuestionado debe ser declarado inconstitucional e inconvencional, para garantizar este derecho al que estamos sujetas todas las personas en igualdad de condiciones. III. Violación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 8661. El artículo 144 del Código Electoral establece que serán consideradas como personas electoras, los y las costarricenses mayores de dieciocho años e inscritos en el padrón electoral, excluyendo a las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción; sin embargo, esta disposición es contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por las siguientes razones: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica en el 2008, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida electoral y pública del país. En este sentido, cualquier medida que limite el ejercicio de este derecho, se considera como una forma de discriminación en contra de las personas con discapacidad. La disposición del artículo 144 impugnada limita el ejercicio del derecho al sufragio de las personas con discapacidad, ya que la exclusión implica la imposibilidad de ejercer este derecho, lo que consideran una forma de discriminación en contra de las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción. Refieren que es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que limita el ejercicio al sufragio de las personas con discapacidad con una interdicción judicialmente declarada; por lo tanto, es necesario que se adopten medidas para garantizar este derecho a las personas en estado de vulnerabilidad, sin discriminación alguna y en línea con los compromisos internacionales adquiridos por nuestro Estado costarricense. En atención a lo expuesto, señalan que en este contexto se vulneran los artículos 12, 21 y 29 de este tratado internacional. Asimismo, aducen que, la resolución nro. 09066-2023, señala esta misma línea de razonamiento, conforme al criterio sostenido por la Sala: “…Debe resaltarse también, el artículo 13 de Acceso a la Justicia, de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, al señalar que "...Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares…”. Para ello es, además, fundamental “...que se promueva la capacitación adecuada de quienes trabajamos en la administración de justicia…”. Finalmente, con la promulgación de la Ley nro. 9379, “Promoción de Autonomía Personal para las Personas con Discapacidad” se inició un proceso de cambio paradigmático en favor de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, permitiendo que a ese grupo poblacional se le reconozca como personas ante la ley en igualdad de condiciones con las demás, pues al eliminar el instituto de la curatela y pesar a un sistema de apoyo por medio del instituto de la salvaguardia, se constituyó en uno de los mayores adelantos jurídicos y sociales en pro de los derechos de las personas con discapacidad. La salvaguardia tiene como fin que esta población goce de sus realidades desde los derechos humanos, pues solo así vivirán dignamente como cualquier otro ser humano, por lo que una aplicación e interpretación correcta de este instituto tendrá un impacto altamente positivo en la vida de las personas con discapacidad. Sumado a la importancia que, las y los operadores del sistema judicial gestionan de manera efectiva el acceso a la justicia para esta población desde la perspectiva de derechos humanos que exige la ratificada Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Ley nro. 8661". En este contexto, consideran fundamental la salvaguardia de los derechos de las personas afectadas, tal como señala el Tribunal de Familia, asegurando que se respeten sus garantías fundamentales y se prevengan situaciones de vulnerabilidad. IV. Violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). El artículo 144 del Código Electoral, al excluir las personas en estado de interdicción, vulnera los principios fundamentales que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecidos en los artículos 1, 2, 3, 5, 17, 23, 24, 25, 26, 29, 31. El artículo 144 del Código Electoral establece la exclusión de las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción del ejercicio del derecho al voto, presenta una clara inconvencionalidad, al contradecir los principios fundamentales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), no solo limitando el acceso a un derecho fundamental, sino que también implica una negación de la condición de persona y los derechos inherentes a esta. Aducen que, en primer lugar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establece que todos los individuos poseen derechos iguales e inalienables por el mero hecho de ser humanos, la redacción del artículo 144 se interpreta como una exclusión que despoja a un grupo de ciudadanos de su estatus como tales, negándoles no solo el derecho al sufragio, sino también su dignidad y reconocimiento como miembros plenos de la sociedad, esta exclusión es una violación directa del principio de igualdad ante la ley, que es esencial para la protección de los derechos humanos. Además, el Pacto enfatiza que los Estados tienen la obligación de garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos civiles y políticos sin discriminación. La redacción del artículo 144, al excluir a las personas en estado de interdicción, crea una distinción arbitraria que no se justifica en términos de derechos humanos, esta situación no solo es incompatible con el ideal de igualdad, sino que también refuerza estigmas y prejuicios que perpetúan la discriminación. La interpretación actual del artículo 144, por lo tanto, no solo limita el acceso al sufragio, sino que también implica una negación de la identidad y los derechos de las personas en estado de interdicción. Esta exclusión es particularmente preocupante, ya que contradice la obligación del Estado de promover y respetar los derechos humanos, tal como se establece en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Estiman que el artículo 144 del Código Electoral debe ser declarado inconvencional, ya que su redacción actual implica una exclusión inaceptable de las personas en estado de interdicción, negando su condición de ciudadanos y sus derechos fundamentales, se les niega incluso la condición de personas o seres humanos, debido a una mera interpretación, errónea en su esencia. V. Violación al principio de igualdad y dignidad humana, articulo 33 de la Constitución Política de Costa Rica. Señalan que, contrario al principio de igualdad y dignidad, el artículo 144 del Código Electoral, excluye a las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción. El artículo 33 de nuestra Constitución Política establece que no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. La exclusión del sufragio no solo afecta a estas personas declaradas en estado de interdicción, sino que también socava los principios de igualdad y no discriminación que deben regir en un Estado democrático. En este sentido, la disposición del artículo 144 inciso a) cuestionado, es contraria a este principio, ya que limita el ejercicio del derecho al sufragio de las personas con discapacidad declaradas judicialmente en estado de interdicción. Nuestro Estado costarricense tiene la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas estas personas, sin discriminación alguna, esto implica la revisión para la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del ese artículo, para garantizar el derecho de toda esa población sin discriminar por razones de discapacidad. El principio de igualdad ame la ley y la protección contra la discriminación consagra que todas las personas son iguales ante el ordenamiento jurídico, gozando de idénticos derechos sin distinción alguna, la interpretación del artículo 144, inciso a, consideran que se fundamenta en criterios que pueden resultar excluyentes en lo que respecta a la dignidad humana. Este principio debe erigirse como pilar esencial de cualquier sistema jurídico, la exclusión de un segmento de ciudadanos del ejercicio del derecho de participación electoral socava la esencia misma de este principio. La protección de la dignidad humana es un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico reconocido en la Constitución y los tratados internacionales, por lo tanto, cualquier medida que vaya en contra de este principio debe ser considerado como inconvencional e inconstitucional. VI. Violación al principio de progresividad de los derechos. El principio de progresividad de los derechos humanos establece que los Estados deben adoptar medidas que avancen en la protección y el ejercicio efectivo de los derechos. evitando cualquier retroceso. En este sentido, el artículo 144 del Código Electoral que excluye a las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción del derecho al voto, es contrario al principio de progresividad y constituye un claro retroceso en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, esta norma no solo contradice el compromiso de nuestro Estado costarricense de promover la inclusión y la igualdad, sino que también infringe los principios establecidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país. La exclusión de estas personas del ámbito electoral no puede justificarse bajo el argumento de su incapacidad para ejercer el sufragio. Tal perspectiva desatiende el reconocimiento de la dignidad inherente a todas las personas, independientemente de sus capacidades. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos. La norma impugnada, por el contrario, limita el acceso al sufragio, lo que resulta en una clara violación de este principio. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reiterado que los derechos fundamentales son de carácter supralegal y deben ser respetados y promovidos por el legislador. En este contexto, cita un extracto de la sentencia 2003-02794 de esta Sala. Este marco normativo resalta la obligación del legislador de garantizar la progresiva efectividad de los derechos fundamentales, lo que se ve comprometido por la norma impugnada, la interpretación actual del derecho al sufragio debe evolucionar hacia un enfoque que reconozca la capacidad de todas las personas para participar en la vida democrática, la incapacidad de actuar no debe ser vista como un impedimento para ejercer derechos fundamentales. La norma impugnada no solo limita el acceso al sufragio, sino que también perpetúa estigmas y prejuicios que históricamente han marginado a las personas con discapacidad, este retroceso en la protección de sus derechos es inaceptable en un Estado que se define como social y democrático de derecho, la falta de reconocimiento del derecho al voto para estas personas no solo es una violación de su dignidad, sino que también socava los principios de igualdad y no discriminación consagrados en nuestra Constitución y en el Derecho Internacional. Estiman imperativo que el Estado costarricense adopte medidas que promuevan la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, en lugar de retroceder a normas que limitan su participación, la reinterpretación del artículo 144 del Código Electoral para permitir el sufragio de las personas en estado de interdicción no solo representaría un avance significativo en el reconocimiento de sus derechos, sino que también enviaría un mensaje claro de que la participación democrática es un derecho de todos, sin excepciones. La protección de los derechos de las personas con discapacidad requiere un compromiso firme y constante por parte del Estado para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos. La norma impugnada es un obstáculo en este camino y debe ser revisada para alinearse con los principios de progresividad e inclusión que deben regir en una sociedad democrática. La reinterpretación de las restricciones del artículo 144, inciso a, representaría un avance significativo en el reconocimiento de los derechos electorales de las personas bajo declaración judicial de interdicción. Esta norma, al excluir a estas personas del derecho al voto, no solo limita su participación en el ámbito electoral, sino que también perpetúa la anulación de derechos que históricamente se les han visto restringidos. Este retroceso es alarmante, ya que contradice el principio de progresividad de los derechos humanos, que exige que los Estados adopten medidas que avancen en la protección y el ejercicio efectivo de los derechos, en lugar de fomentar la inclusión, el artículo 144, inciso a), refuerza estigmas y discriminaciones, relegando a las personas con discapacidad a una posición de inferioridad en la esfera política y social. Es imperativo que el garante asuma la responsabilidad de velar por la igualdad jurídica de esta población, asegurando que sus derechos sean respetados y protegidos, no podemos seguir aferrados a criterios arcaicos, provenientes de los siglos XIX o XX, que establecían que la condición de ser considerado "persona" estaba intrínsecamente vinculada a la capacidad de raciocinio. Este enfoque no solo es obsoleto, sino que es una violación directa de la dignidad humana. Es fundamental avanzar hacia una concepción más inclusiva de la personalidad jurídica, que reconozca y valore la dignidad y los derechos de todas las personas, independientemente de su capacidad cognitiva, la norma impugnada, al limitar el derecho al sufragio, no solo infringe los derechos de las personas con discapacidad, sino que también socava los principios de igualdad y no discriminación consagrados en nuestra Constitución y en el Derecho Internacional. Por lo tanto, es crucial que se revise esta norma para alinearla con los principios de progresividad e inclusión que deben regir en una sociedad democrática, la exclusión de las personas con discapacidad del derecho al voto es un claro retroceso en la protección de sus derechos y debe ser rechazada enérgicamente. VII. Violación al principio pro persona (pro homine). El principio pro homine es fundamental en la interpretación y aplicación de los derechos humanos, constituyendo un pilar esencial de nuestro marco jurídico. Este principio establece que las normas deben ser interpretadas de manera que favorezcan la expansión de los derechos y libertades individuales, mientras que cualquier restricción debe ser aplicada de forma estricta y justificada. En este contexto, se destaca la importancia de considerar el impacto de las decisiones normativas y judiciales en la vida de las personas, especialmente en situaciones que afectan su capacidad de ejercer derechos fundamentales. Así, se plantea la siguiente distinción, según criterio de la Sala: "Junto con el principio pro homine constituye el meollo de la domina de los derechos humanos, según el primero, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad, según el segundo, el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano. De acuerdo con ello, el orden público, la moral y los derechos de terceros”. Sentencia: 3550-92, 11560-06, 14659-08. “Por lo que, interpretando dicha normativa, a la luz del principio pro homine que postula que el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano. El principio pro homine, sirve para integrar e interpretar el derecho en el tanto otorgan mayor protección a los derechos fundamentales de las personas” (sentencia 3550-92, 11560-06 y 14659-08). El artículo 144 del Código Electoral, al excluir a las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción del ejercicio del derecho al voto, implica un despojo evidente de un derecho fundamental, el sufragio. Esta exclusión la consideran una descalificación de su condición humana, que vulnera su valor intrínseco, al catalogar a estas personas como incapaces de ejercer derechos políticos debido a su condición cognitiva y volitiva. El artículo 144 contribuye a su deshumanización, esta clasificación no solo es injusta, sino que también trata a individuos que merecen reconocimiento y respeto, este artículo los reduce a meros objetos de regulación, despojándolos de su esencia como ciudadanos plenos, esta perspectiva no solo desvirtúa su condición de sujetos de derecho, sino que también vulnera los principios fundamentales de participación que deben regir en un Estado Democrático, en consonancia con el principio pro homine. La interpretación restrictiva de esta norma, que niega el sufragio, refuerza un estigma que les priva de su identidad y los excluye de la esfera pública, desde la perspectiva del principio pro homine, es fundamental que esta normativa sea interpretada de manera que favorezca la inclusión y protección de los derechos humanos, esto implica que cualquier limitación a la libertad y a los derechos debe ser aplicada de la forma más restrictiva posible, por ende, el derecho al sufragio debe interpretarse y aplicarse en términos que reconozcan la plena humanidad de estas personas, en lugar de perpetuar su exclusión. Es imperativo que se revise y modifique el artículo 144 impugnado, asegurando que todas las personas, independientemente de su condición, sean reconocidas en su totalidad como sujetos de derechos, la justicia exige que se eliminen las barreras que niegan el reconocimiento de su humanidad y su derecho a ser considerados como ciudadanos plenos. VIII. Violación del principio de proporcionalidad y razonabilidad. El artículo 144 inciso a) del Código Electoral, al excluir a las personas declaradas en estado de interdicción de su derecho al voto, contraviene de manera evidente los principios de razonabilidad y proporcionalidad, fundamentales en la protección de los derechos humanos. Esta norma limita un derecho esencial y su apreciación se fundamenta en criterios que pueden considerarse subjetivos y carentes de razonabilidad, lo que podría llevar a la perpetuación de estereotipos sociales. Realizan el siguiente análisis: La legitimidad del objetivo de salvaguardar la integridad del proceso electoral. Aunque este objetivo podría considerarse válido, la forma en que se implementa la exclusión plantea serias interrogantes sobre su validez, la norma descalifica a un grupo específico de personas basándose en una condición que implica incapacidad, lo que no solo es cuestionable desde el punto de vista legal, sino que también refleja un enfoque discriminatorio, la legitimidad del objetivo queda comprometida al ignorar los derechos inherentes de estos individuos, quienes, a pesar de su estado, deben ser objeto de especial protección y consideración, así, el objetivo legítimo se convierte en un pretexto para perpetuar la exclusión y la marginación. En lo que respecta a la idoneidad. Señalan que la norma carece de la capacidad necesaria para justificar su aplicación, si bien se argumenta que la exclusión busca preservar la integridad del sufragio, existen múltiples mecanismos alternativos que podrían garantizar dicha integridad sin despojar a estas personas de sus derechos fundamentales. Por ejemplo: La exclusión de las personas en estado de interdicción del derecho al voto plantea serias preocupaciones bajo el principio de proporcionalidad y razonabilidad, este principio exige que cualquier restricción a los derechos fundamentales sea adecuada, necesaria y proporcional al fin que se persigue. En este caso, la medida de excluir a estas personas no es idónea, ya que, en lugar de promover su inclusión, esta exclusión perpetúa la discriminación y niega su dignidad como ciudadanos, la idoneidad de una medida debe evaluarse en función de su capacidad para facilitar la participación plena y efectiva de todos los ciudadanos. Por su lado, respecto a la necesidad de la medida, se establece que, entre diversas medidas igualmente adecuadas, se elija aquella que afecte en menor medida la esfera jurídica de las personas, la norma cuestionada se manifiesta como desproporcionada, al no considerar alternativas menos restrictivas que resguarden los derechos constitucionales de estas personas. La exclusión total del derecho al voto no es la única forma de garantizar la integridad del proceso electoral; por ende, la norma no satisface el criterio de necesidad, al no optar por la medida menos gravosa, se evidencia una falta de sensibilidad hacia la situación de las personas en estado de interdicción, quienes, en virtud de su condición, no deberían ser descalificadas como ciudadanos. Finalmente, el principio de proporcionalidad en sentido estricto debe ser examinado con especial atención, aunque una medida pueda ser legítima, idónea y necesaria, se torna irrazonable si lesiona el contenido esencial de otro derecho fundamental. La aplicación del artículo 144 del Código Electoral despoja a las personas de su derecho a participar en la vida política del país, reduciéndolas a un estado de deshumanización y despojándolas de su esencia como sujetos de derecho. Por ejemplo, este despojo no solo infringe los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sino que también perpetúa un marco normativo que deslegitima la inclusión de un sector de la población en el ejercicio de su ciudadanía, así, la norma no solo afecta a los individuos directamente implicados, sino que también socava la integridad del sistema democrático en su conjunto. La necesidad de revisar y reformar esta norma se hace evidente, ya que su permanencia en el ordenamiento jurídico no solo perpetúa la discriminación, sino que también ignora el valor intrínseco de cada individuo como ser humano, la protección de los derechos humanos debe ser un principio rector de cualquier sistema jurídico, y la inclusión de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos es un paso fundamental hacia una sociedad más justa y equitativa. IX. Violación del artículo 16 de la Constitución Política. Irrenunciabilidad de la calidad de costarricense. El artículo 16 de la Constitución Política establece que: “La calidad de costarricense no se pierde y es irrenunciable". Este principio fundamental asegura que todos los ciudadanos, sin excepción, poseen derechos inherentes a su nacionalidad, la exclusión de las personas en estado de interdicción del padrón electoral atenta directamente contra este derecho, ya que se les niega su condición de ciudadanos plenos y se les priva de un derecho esencial: el derecho al sufragio. Al considerar a las personas en estado de interdicción como inelegibles para participar en elecciones, se les despoja de su capacidad de influir en decisiones que afectan sus vidas, lo que contradice la esencia del artículo 16, esta exclusión no solo es una injusticia individual, sino que también representa un ataque a la autonomía de estos ciudadanos, al permitir que su condición personal limite el ejercicio de derechos fundamentales que son irrenunciables. Además, el cambio de paradigma en la percepción de las personas con discapacidad ha llevado a una transformación en la forma en que se entiende la interdicción, la eliminación de términos como "insania" e "interdicción" refleja un reconocimiento de que todas las personas, independientemente de su condición, tienen derecho a participar plenamente en la vida política y social, este cambio no es meramente superficial; se trata de un avance hacia un modelo inclusivo que reconoce la capacidad de todas las personas para ejercer sus derechos. El Tribunal de Familia ha enfatizado que esta evolución en la legislación y en el enfoque social implica que las figuras de “interdicción” han dejado de existir en el sentido tradicional; por lo tanto, continuar excluyendo a las personas en estado de interdicción del padrón electoral es una negación de su calidad de costarricenses, lo que va en contra del principio de irrenunciabilidad establecido en el artículo 16. La inconstitucionalidad del artículo impugnado del código electoral se manifiesta claramente al ignorar este principio fundamental, la calidad de costarricense. Al ser irrenunciable, debe garantizar que todos los ciudadanos, sin distinción, tengan la oportunidad de ejercer su derecho al voto, la exclusión de las personas en estado de interdicción no solo es una violación de sus derechos, sino que también socava la integridad del sistema democrático, al limitar la pluralidad y la representación en el proceso electoral. x. Violación a la protección especial del Estado, según el artículo 51 de la Constitución Política. El Estado debe proporcionar una protección especial a la familia y a las personas con discapacidad; sin embargo, la exclusión de las personas en estado de interdicción del padrón electoral ignora esta obligación fundamental, ya que priva a estos individuos de su derecho a participar activamente en la vida política y social, esta exclusión no solo afecta a los individuos, sino que también impacta negativamente en sus familias, que dependen de su voz y representación en la toma de decisiones que les afectan. La figura de la salvaguardia, establecida en la Ley nro. 9379, proporciona un marco esencial para garantizar el reconocimiento pleno de la igualdad jurídica y del derecho a la ciudadanía de todas las personas con discapacidad. Este mecanismo busca mitigar el riesgo de abusos y de influencias indebidas sobre estas personas, asegurando que su calidad de vida no se vea comprometida. Al implementar salvaguardias adecuadas y efectivas, el Estado no solo reconoce los derechos humanos de las personas con discapacidad, sino que también establece un sistema que protege su autonomía y dignidad. La salvaguardia debe diseñarse y aplicarse con un enfoque centrado en el respeto a los derechos, la voluntad, las preferencias e intereses de cada persona con discapacidad, esto implica que, en lugar de excluir a las personas en estado de interdicción del proceso electoral, el sistema debe adaptarse para facilitar su participación, las salvaguardias pueden incluir mecanismos que aseguren que estas personas puedan ejercer su derecho al voto de manera efectiva y segura, garantizando que su voz sea escuchada y representada. Esto no solo asegura que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, sino que también promueve un entorno en el que puedan participar plenamente en la democracia. La disposición cuestionada excluye a las personas en estado de interdicción, por lo que contradice esta protección especial y limita su representación, al no permitir que estas personas ejerzan su derecho al voto. Se perpetúa una situación de vulnerabilidad que el Estado tiene la obligación de corregir mediante la implementación de salvaguardias efectivas. El enfoque del Estado debe ser el de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, incluido el electoral, las salvaguardias no solo son una herramienta para proteger sus derechos, sino que también son fundamentales para asegurar que su participación en la vida democrática sea plena y efectiva, respetando así el principio de igualdad y la dignidad de todos los ciudadanos. Este precepto subraya la importancia de la familia y, en particular, la vulnerabilidad de ciertos grupos, incluyendo las personas con discapacidad, quienes tienen derecho a una protección especial por parte del Estado, esta disposición requiere que se adopten medidas que aseguren la inclusión plena de estas personas en todos los aspectos de la vida social, incluyendo lo electoral. En contraposición, el artículo 144 define, de manera taxativa, a las personas electoras en un régimen de numerus clausus, estableciendo que: “Serán consideradas como personas electoras, los y las costarricenses mayores de dieciocho años e inscritos en el padrón electoral, a excepción de los siguientes: a) Las personas declaradas judicialmente en estado de interdicción". Esta disposición excluye de manera explícita a un grupo significativo de la población, limitando su derecho al sufragio y su capacidad jurídica. La contradicción entre ambos artículos es clara, mientras el artículo 51 promueve la protección y la inclusión de las personas con discapacidad, el artículo 144, al excluir a quienes están en estado de interdicción, infringe este principio de protección especial, pues esta exclusión socava el mandato constitucional de garantizar la protección del Estado hacia los grupos vulnerables. Señalan como fundamental, entender, que la interdicción, como medida de protección, no debe ser utilizada como un instrumento para restringir derechos fundamentales, al contrario, el Estado tiene el deber de implementar mecanismos que faciliten la inclusión de estas personas en el ejercicio de sus derechos, la protección especial que se otorga a las personas con discapacidad, conforme al artículo 51, implica que deben tener acceso a todos los derechos, incluyendo el derecho al voto, en condiciones que respeten su autonomía. Esta consideración se formula en el contexto de los vicios de constitucionalidad que afectan directamente la máxima suprema manifestada en el artículo 51, la cual se reitera en el artículo 144 cuestionado en esta acción de inconstitucionalidad. Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y reformar las disposiciones que limitan el ejercicio de derechos fundamentales especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. La exclusión de las personas en estado de interdicción del padrón electoral limita su capacidad para influir en decisiones políticas que afectan sus vidas y derechos. Esto no solo priva a estos individuos de su voz, sino que también empobrece el proceso democrático al eliminar perspectivas valiosas, el Tribunal de Familia ha señalado que la inclusión de todas las voces es esencial para una democracia robusta y representativa. Por lo tanto, la inconstitucionalidad del articulo 144 no solo es un asunto de derechos individuales, sino que también tiene implicaciones profundas para la salud democrática del país. Dada la inconstitucionalidad del inciso a) del artículo 144 y su incompatibilidad con los principios constitucionales, estiman imperativo que se reforme el Código Electoral. Esta reforma no solo garantizaría la inclusión de todas las personas en el ejercicio de sus derechos políticos, sino que también alinearía la legislación nacional con los estándares internacionales de derechos humanos, la voz de las personas en estado de interdicción debe ser escuchada y valorada en nuestra sociedad, y el marco legal debe reflejar este compromiso con la inclusión y la dignidad. Solicitan que se declare con lugar la acción.
2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.- Requisitos y formalidades de la acción de inconstitucionalidad. Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que, si no se reúnen, imposibilitan pronunciarse sobre el fondo del asunto. En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad y se regulan situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial –incluyendo los recursos de habeas corpus o de amparo– o en la administrativa –en el procedimiento de agotamiento de esta vía, sea, en el procedimiento administrativo de impugnación contra el acto final–, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa –no se requiere del asunto base–, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto y c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. En cuanto a la exigencia de un asunto pendiente de resolver, esta Sala, mediante sentencia nro. 04190-95 de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, señaló lo siguiente:
“(…) En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…)”.
Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber: el escrito de interposición debe estar autenticado y contener una determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de los componentes del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidos (artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Debe, además, acreditarse las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), procederse al pago del timbre del Colegio de Abogados y aportarse certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en el asunto base (artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).
II.- Sobre la inadmisibilidad de esta acción. Los gestionantes acuden de forma directa a interponer este proceso, invocando la existencia de un interés difuso, para solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 144, inciso a) del Código Electoral, por estimar, entre otros alegatos, que esa norma produce un trato discriminatorio en perjuicio de las personas con discapacidad. No obstante, en el sub examine no nos encontramos ante la existencia de un interés difuso. En sentencia nro. 2024-12453, de las 9:30 horas del 8 de mayo de 2024, este Tribunal, en un caso similar al de estudio, rechazó de plano otra acción de inconstitucionalidad, con fundamento en las siguientes consideraciones:
“II.- Sobre la legitimación directa. El accionante dice ostentar legitimación directa, porque acude “en defensa del interés difuso que atañe a una colectividad”. No obstante, esta Sala, por mayoría, ha estimado que cuando la norma que se impugna es susceptible de aplicación individual, no cabe invocar la defensa de intereses difusos para admitir la acción. Así, en el voto nro. 2021-002185 de las 12:51 horas del 3 de febrero de 2021, este Tribunal Constitucional señaló lo siguiente:
“(…) II.- Sobre los intereses difusos y la legitimación de los accionantes en el caso bajo estudio. Las accionantes señalan que su legitimación proviene de la defensa de los intereses difusos respecto de la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al respecto, cabe indicar que, como ya se mencionó, los supuestos del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional constituyen excepciones a la regla contenida en el párrafo primero del mismo artículo, que deben ser analizados cuidadosamente en cada caso concreto. El interés difuso ha sido entendido como aquel interés relacionado con un derecho o situación jurídica de naturaleza especial y particular, que puede ser compartido por otras personas, formando todos los interesados un grupo o categoría determinada. Así, la vulneración de ese derecho puede afectar a todos en general o a cada uno en particular, de ahí que cualquier miembro de la colectividad puede interponer la acción para proteger el derecho que se estima lesionado. Sobre el particular, la reiterada jurisprudencia de la Sala indica que:
"Se ha señalado que se trata un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno para la materia electoral." –ver sentencia número 360-90- De esta definición es posible estimar que el interés difuso está conformado por un elemento eminentemente subjetivo, relativo a su pertenencia o titularidad del interés, y otro objetivo, relacionado con la incidencia del bien en la sociedad, que lo distingue de otras situaciones jurídicas. En relación con el primero -el subjetivo-, es claro que la misma se encuentra difuminada en un grupo humano no individualizado, que coparticipa en el disfrute del bien jurídico objeto del interés, pero cuya conformación no resulta de un conjunto de sujetos identificable, abarcable y de contornos relativamente nítidos, como sí ocurre en el interés colectivo. Y desde la perspectiva objetiva, debe aclararse que no todo interés "difuminado" adquiere la categoría jurídica de "interés difuso", sino únicamente aquellos impregnados de una profunda relevancia social, cuya valoración resulta de las circunstancias de cada caso –ver, entre otras, sentencias números 2006-15960 y 2014-4904-. En este sentido, así como se ha dicho que ese interés no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional -lo que supondría la instauración tácita de una acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo –ver, entre otras, sentencias números 2008-13442, 2009-300 y 2009-9201-. Así, ejemplos de tales intereses son el derecho a un ambiente sano y armonioso, la defensa del patrimonio histórico, la materia electoral, la defensa del derecho a la salud y la fiscalización de los fondos públicos. De tal forma, en el caso bajo estudio, donde las accionantes refieren su legitimación respecto de la defensa de intereses difusos en materia de protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que corresponde es pronunciarse conforme se indica en los considerandos siguientes.
(…)
En la acción que ahora se conoce, los mismos accionantes cuestionan las mismas normas de los artículos 50 y 51 del Reglamento en cuestión, así como el artículo 52 del mismo instrumento, y si bien, más allá de la sostenibilidad de los zoocriaderos, en esta acción se centran sobre temas de conservación ex situ y educación ambiental -que también fue señalado en aquella acción-, lo cierto es que la misma definición de esta Sala sobre la legitimación, tal como se dispuso en la sentencia de cita, resulta de plena aplicación en esta nueva acción. Nótese que, ciertamente, tal como lo señala claramente la Procuraduría General de la República y de manera enfática lo refiere el Ministro de Ambiente y Energía, la normativa que se cuestiona sí es totalmente susceptible de aplicación individual y de incidir directamente en la esfera jurídica de personas singulares e identificables, que ejercen una determinada actividad, sujeta a la regulación señalada en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y su reglamento. De tal manera, es claro que contrario a la aducida defensa de intereses difusos, lo que se encuentra de por medio es algún grado de inconformidad con la sujeción a que deben someterse para la regulación de la actividad que ejercen o pretenden ejercer; véase que como bien refiere el informe del Ministro de Ambiente y Energía, los accionantes se encuentran directamente relacionados como fundadores, gerentes o servidores de diversas empresas relacionadas con la exhibición de fauna silvestre o su promoción turística. Así, resulta inviable aducir presuntos problemas de conservación y de educación ambiental, para utilizar la figura de los intereses difusos y promover con ello una acción de inconstitucionalidad directa obviando los estrictos requisitos de admisibilidad señalados en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tal como se indicó en los considerandos II y III de esta resolución.
Bajo esta inteligencia, y tomando en consideración la identidad de accionantes y de la normativa cuestionada, es claro que el precedente de la sentencia 2018-18563 resulta plenamente aplicable a esta acción que ahora se conoce, de donde debe necesariamente concluirse que al igual que en aquella anterior ocasión, los accionantes carecen de legitimación para la interposición de este proceso, por lo que resulta improcedente conocer y pronunciarse sobre los aspectos planteados. De tal manera, lo procedente es declarar sin lugar esta acción” (el subrayado no corresponde al original).
En similar sentido, en la sentencia nro. 2021-011994 de las 16:30 horas del 26 de mayo de 2021 esta Sala dispuso que:
“(…) Se reitera que el interés difuso no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional (lo que supondría la instauración tácita de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional); pero tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues, en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo (…)”.
Con base en las anteriores consideraciones, observa este Tribunal que la normativa aquí impugnada, dispone lo siguiente:
Código de Trabajo “ARTÍCULO 69.- Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los patronos:
… b. Preferir, en igualdad de circunstancias, a los costarricenses sobre quienes no lo son, y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén en ese caso;…” Constitución Política “ARTÍCULO 68.- No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de trabajadores.
En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense.” A partir de lo anterior, es evidente que esas disposiciones son susceptibles de aplicación individual y de incidir directamente en la esfera jurídica de personas identificables, sea, en este caso, las personas extranjeras que consideren no haber sido contratadas únicamente por motivo de su nacionalidad. En el sub examine, el accionante ni siquiera es extranjero, sino costarricense, según consta en la página del Tribunal Supremo de Elecciones https://servicioselectorales.tse.go.cr/chc/resultado_persona.aspx. Y aunque lo fuera, lo acusado es susceptible de establecer un asunto base. En consecuencia, conforme a los antecedentes jurisprudenciales precitados, esta Sala estima que el accionante carece de legitimación directa para plantear esta acción en defensa de intereses difusos…”.
En el caso bajo estudio, la disposición impugnada señala lo siguiente:
“Artículo 144.
Serán consideradas como personas electoras, los y las costarricenses mayores de dieciocho años e inscritos en el padrón electoral, a excepción de los siguientes:
Así las cosas, bajo el mismo criterio expuesto, este Tribunal considera que los accionantes carecen de la legitimación invocada para acudir a entablar este proceso. Es evidente que, el artículo aquí cuestionado es susceptible de aplicación individual y de incidir directamente en la esfera jurídica de personas identificables, sea, en este caso, las personas que han sido declaradas judicialmente en estado de interdicción, a las cuales se les haya negado su inclusión en el padrón electoral o de ejercer el sufragio, sea por sí mismas, a través de su salvaguardia o por una agrupación debidamente conformada que represente sus intereses, estos últimos en el ejercicio de un interés colectivo. En el sub examine, los accionantes ni siquiera manifiestan ni demuestran ser personas con discapacidad que, en algún momento hayan sido declarados en interdicción, o que, al menos, sean salvaguardia de alguna persona declarada judicialmente en interdicción y; aunque lo fueran, lo acusado es susceptible de establecer un asunto base, por lo que no podrían acudir de forma directa. Así las cosas, al carecer la parte accionante de legitimación directa, la acción es inadmisible y procede su rechazo de plano.
III.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Me separo del criterio de la mayoría de este Tribunal y salvo el voto en este asunto, por considerar que la decisión de rechazar esta acción de inconstitucionalidad es prematura. Es incuestionable que la acción de inconstitucionalidad es un proceso, “instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política frente a normas u otras disposiciones de carácter general y que por esa misma razón deben cumplirse un conjunto de formalidades, a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación” como se ha señalado en la amplia jurisprudencia de esta Sala. Sin embargo, es precisamente la propia ley la que ordena el tratamiento que debe darse a las distintas formalidades y a su eventual incumplimiento, como se extrae del texto del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que señala:
“Artículo 80.- Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución, cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día (…)” En este asunto, entre otros requisitos, se echa de menos una fundamentación adecuada y suficiente de la legitimación, tal y como lo exige el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que resulta de incuestionable aplicación la prevención al accionante para que remedie la omisión detectada. De igual forma, no sobra en absoluto dejar sentado que –en mi criterio- tanto la interpretación de los artículos 78 y 79 como la del propio 80 de la Ley que rige esta jurisdicción, debe ser amplia en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo que el acceso a la justicia constitucional no resulte innecesariamente limitado.
IV.- NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. En la sentencia n.°2021-2185, invocada por la mayoría para rechazar la presente acción, consigné una nota separada en la que perfilo mi interpretación respecto de la admisibilidad de las acciones en las que se invoca un supuesto interés difuso que, más bien, se debe encuadrar como un caso en el que claramente podría existir un asunto pendiente de resolución como mecanismo incidental para admitir la legitimación de la acción de inconstitucionalidad. En dicha sentencia realicé las siguientes consideraciones:
“En este asunto he concurrido con mi voto en la desestimatoria de la acción de inconstitucionalidad. Pero he optado por consignar una nota separada con la que pretendo perfilar mi criterio en relación con la legitimación y la admisibilidad de este proceso en concreto.
En ese sentido, considero necesario precisar que lo resuelto por la mayoría no significa que se pueda admitir ‒como regla general‒ que, cuando pueda existir un reclamo por una violación individual y directa, no procede per se afirmar que no corresponde tutelar paralelamente la protección de los intereses difusos. Es decir, habrá casos en que en atención a la situación jurídica sustancial afectada podría configurarse ambos supuestos.
Distinto es el caso en que razonablemente se pueda desprender que, si bien se alega un interés difuso, lo que subyace es una clara utilidad personal e individual de otra naturaleza o, incluso otro derecho subjetivo que no engloba paralelamente la protección de los intereses difusos. Ese segundo supuesto el que se nos presenta en el caso concreto, en el cual, tanto la Procuraduría General de la República como el Ministro de Ambiente y Energía, evidenciaron que el actor está accionando en resguardo de un interés de corte claramente individual, relacionado con el ejercicio de su actividad comercial ordinaria, más que un genuino interés difuso de tutelar el medio ambiente. En definitiva, no parece que resulte válido utilizar “el ropaje” de un interés difuso para garantizar la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad, cuando se puede corroborar que lo que se procura es el resguardo de otro tipo de derechos o intereses que bien podrían ser tutelados en una acción de inconstitucionalidad, pero a través del supuesto contemplado en el art. 75, párrafo 1°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.
Apreciaciones que igualmente resultan de aplicación al caso concreto en el que sí podría existir un asunto incidental. En atención a lo anterior, no cabe invocar, de forma paralela, una legitimación directa por un supuesto interés difuso.
V.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza de plano la acción. El magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena hacer la prevención del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La magistrada Garro Vargas pone nota.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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