Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 17100-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/06/2024

Maximum hours for external chemical regency unconstitutionalLímite de horas de regencia química externa es inconstitucional

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

GrantedCon lugar

Article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S is annulled as unconstitutional for setting a maximum limit on hours and external regencies for chemists, violating the principle of legal reserve, the right to work, freedom of contract, and for being imprecise.Se anula por inconstitucional el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S, que establecía un límite máximo de horas y regencias externas para químicos, por violar el principio de reserva de ley, el derecho al trabajo, la libertad de contratación y por su imprecisión.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber declared unconstitutional Article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S, which set a maximum of fifty hours for external regencies for chemistry professionals without full-time employment or internal regencies. The action was brought by a chemist who held external regencies and was required by the Chemists’ Association to reduce his hours. The Chamber upheld the action on two main grounds: violation of the principle of legal reserve, since limitations on fundamental rights such as work and freedom of contract must be established by formal law, not by regulation; and imprecision of the norm, as it did not specify whether the fifty hours were weekly, biweekly, or monthly, leaving its interpretation to the Association’s discretion. The limit of fifteen regencies was also annulled for connectedness. The majority vote was supplemented by additional reasons noting the absence of technical criteria justifying the restriction.La Sala Constitucional declaró inconstitucional el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N° 34699-MINAE-S, que fijaba un máximo de cincuenta horas de regencia externa para profesionales en química sin relación laboral de tiempo completo ni regencias internas. La acción fue promovida por un químico que ejercía regencias externas y a quien el Colegio de Químicos le exigió reducir sus horas. La Sala acogió la acción por dos razones principales: violación del principio de reserva de ley, ya que la limitación a derechos fundamentales como el trabajo y la libre contratación debe establecerse por ley formal, no por reglamento; e imprecisión de la norma, al no especificar si las cincuenta horas eran semanales, quincenales o mensuales, dejando su interpretación al arbitrio del Colegio. También anuló por conexidad el límite de quince regencias. El voto mayoritario fue complementado por razones adicionales que señalaron la ausencia de criterio técnico que justificara la restricción.

Key excerptExtracto clave

Considering IX.- B. Regarding the unconstitutionality of the challenged provision for violating the principle of legal reserve. (...) the challenged provision is unconstitutional because it violates the principle of legal reserve, by limiting the exercise of a liberal profession, establishing a maximum of fifty regency hours that a chemistry professional who performs external regencies, and does not work full time for a company nor has internal regencies, may exercise, through regulatory means. (...) C. Regarding the unconstitutionality of the fifty-hour limit on external regencies for being imprecise in the challenged Article 28. (...) the Chamber agrees with the Attorney General's Office that the norm is unconstitutional on the grounds alleged, since the definition of the intensity of the limitation on the right to professional practice and freedom of contract is left to the discretion of the Chemists’ Association of Costa Rica, due to the lack of a temporal parameter for computing the fifty regency hours it establishes as the maximum limit for the activity of the external regent.Considerando IX.- B. Sobre la inconstitucionalidad de la disposición cuestionada por vulnerar el principio de reserva legal. (...) la disposición impugnada es inconstitucional porque violenta el principio de reserva de ley, al limitar el ejercicio de una profesión liberal, estableciendo un máximo de horas de regencia –cincuenta- que puede ejercer un profesional en química que desempeña regencias externas, y no labora tiempo completo para una empresa, ni cuenta con regencias internas, por vía reglamentaria. (...) C. Sobre la inconstitucionalidad del límite de cincuenta horas de regencia que pueden ejercer los regentes externos por la imprecisión del artículo 28 impugnado. (...) la Sala concuerda con la Procuraduría General de la República en que la norma es inconstitucional por el motivo alegado, pues la definición de la intensidad de la limitación del derecho al ejercicio profesional y la libertad de contratación, se deja al arbitrio del Colegio de Químicos de Costa Rica, por la falta de un parámetro temporal para computar las cincuenta horas regencia que establece como límite máximo a la actividad del regente externo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la disposición impugnada es inconstitucional porque violenta el principio de reserva de ley, al limitar el ejercicio de una profesión liberal, estableciendo un máximo de horas de regencia –cincuenta- que puede ejercer un profesional en química que desempeña regencias externas, y no labora tiempo completo para una empresa, ni cuenta con regencias internas, por vía reglamentaria."

    "the challenged provision is unconstitutional because it violates the principle of legal reserve, by limiting the exercise of a liberal profession, establishing a maximum of fifty regency hours that a chemistry professional who performs external regencies, and does not work full time for a company nor has internal regencies, may exercise, through regulatory means."

    Considerando IX.- B.

  • "la disposición impugnada es inconstitucional porque violenta el principio de reserva de ley, al limitar el ejercicio de una profesión liberal, estableciendo un máximo de horas de regencia –cincuenta- que puede ejercer un profesional en química que desempeña regencias externas, y no labora tiempo completo para una empresa, ni cuenta con regencias internas, por vía reglamentaria."

    Considerando IX.- B.

  • "la falta de un parámetro temporal para computar las cincuenta horas regencia que establece como límite máximo a la actividad del regente externo."

    "the lack of a temporal parameter for computing the fifty regency hours it establishes as the maximum limit for the activity of the external regent."

    Considerando IX.- C.

  • "la falta de un parámetro temporal para computar las cincuenta horas regencia que establece como límite máximo a la actividad del regente externo."

    Considerando IX.- C.

  • "las restricciones que a tales efectos se quieran imponer, deben estar fundadas en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, por estar justamente de por medio aquella valiosa protección, como también el derecho al trabajo y al ejercicio profesional de los profesionales que efectúan este tipo de regencias."

    "the restrictions that for such purposes are intended to be imposed must be based on criteria of reasonableness and proportionality, precisely because that valuable protection is at stake, as well as the right to work and professional practice of the professionals who perform this type of regencies."

    Razones adicionales de las magistradas Garro Vargas y Alvarado Paniagua

  • "las restricciones que a tales efectos se quieran imponer, deben estar fundadas en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, por estar justamente de por medio aquella valiosa protección, como también el derecho al trabajo y al ejercicio profesional de los profesionales que efectúan este tipo de regencias."

    Razones adicionales de las magistradas Garro Vargas y Alvarado Paniagua

  • "la ausencia de un criterio técnico que justifique la restricción es un motivo adicional para declarar la inconstitucionalidad de la norma bajo examen."

    "the absence of a technical criterion justifying the restriction is an additional reason to declare the unconstitutionality of the norm under review."

    Razones adicionales de las magistradas Garro Vargas y Alvarado Paniagua

  • "la ausencia de un criterio técnico que justifique la restricción es un motivo adicional para declarar la inconstitucionalidad de la norma bajo examen."

    Razones adicionales de las magistradas Garro Vargas y Alvarado Paniagua

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at thirteen hours and fifteen minutes on the nineteenth of June of two thousand twenty-four.

Action of unconstitutionality brought by MILTON MONTERO GÓMEZ, identity card No. 106210836, chemist, resident of Cartago, against article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 of April 22, 2004".

**Whereas:** 1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber on October 10, 2022, the petitioner files an action of unconstitutionality seeking a declaration that article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008 is unconstitutional and states that he is a chemist incorporated into the Colegio de Químicos de Costa Rica, and practices his profession independently, for which he receives fees as remuneration, and is not in a subordinate relationship. He adds that he serves as a regent (regente) for several companies pursuant to Law 8412, Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, and Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, performing the functions established in article 93 of Law 8412 on a non-simultaneous and non-permanent basis. He serves as regent for 11 different companies, functions to which he dedicates 58 hours of regency (horas de regencia) monthly. He indicates that on March 30, 2022, he received a notice from the prosecutor of the Colegio de Químicos de Costa Rica, CQCR-FIS-202-051, stating that it was determined that he has more than 50 hours of chemical regency, which exceeds article 28 of Decree No. 34699-MINAE-S; therefore, he is warned that within a period of three months he must reduce his regency hours from 58 to 50, under warning of not renewing regencies that exceed the term, and that on May 18, 2022, he filed an amparo appeal, processed under file 22-0010711-0007-CO, which he requests be incorporated into this proceeding. Regarding the grounds of the action. He challenges the provision insofar as it establishes a restriction on the right to work and freedom of contract, by determining, without any technical criterion, that a chemistry professional may only exercise fifteen regencies or fifty hours. He argues that the rule contradicts article 2 of the same regulation, which defines the regency hour (hora de regencia) as equivalent to one hour - which he assumes is "clock time, because it does not say" - and that, in an employment relationship, a workday of up to 48 hours per week is regulated (i.e., 192 clock hours per month), but the Colegio de Químicos incorporates in its regulation that chemists may only work fifty hours. He considers the unconstitutionality of the rule evident, as it limits the right to work of an independent professional, since that College arbitrarily understands that fifty regencies are fifty weekly hours, an aspect the rule does not establish and, if it did, would be absurd, much like setting a limit on cases for lawyers, limiting a notary to fifty instruments per month, or restricting a civil engineer to a certain number of plans. He argues that the act of regency, which is the act of professional practice for a regent (regente), like the act of litigating for a lawyer, or the execution of an instrument for a notary, are acts that cannot be constrained to a mere passage of time (sixty minutes), because in regencies, as with any act of an independent professional, the focus is not on being literally seated at a desk, but rather that regency is technical consulting, whose dedicated time depends on the level of simplicity or complexity. Hence, the challenged rule is illogical, and therefore unconstitutional. He notes that social guarantees are anchored in principles of Christian social doctrine, founded on criteria of social justice, and that, principally regarding freedom of contract and the exercise of the right to work, this is not a mere economic equation, but a deep yearning for human fulfillment always aimed at the socio-cultural, political, and economic betterment of the individual, to achieve economic and moral satisfaction. Hence, restrictions in labor matters must always protect those yearnings. Workdays are established to guarantee minimum rest periods and prevent worker exploitation, which is not the case in independent professions, where consulting services for different individuals and companies will be limited only by the work capacity and intellectual capacity of the independent professional. Consequently, a regulatory rule like the challenged one can only be admissible insofar as it guarantees a healthy balance between private interest and the common good, bearing in mind that the essential function of social justice is the common good and social peace; however, restricting the practice of a profession for which a person prepared for more than five years of specialized study, reducing it to purely economistic criteria, without taking into account the professional's intellectual capacity, and establishing criteria like clock time unrelated to that intellectual and physical capacity to meet the demands of the contracted consulting services, violates fundamental rights such as freedom and the right to work and freedom and the right to contract, the latter composed of two parts: the right of the entrepreneur, whether an individual or legal entity, to contract the professional they deem best to fulfill their needs or those of their company in the required field; and on the other hand, the freedom and right to work of the professional, not only to offer their professional services, but to be able to be contracted and to practice demonstrating their intellectual knowledge in the tasks subject to the contract. He points out that no professional is required to perform their work within a specific timeframe; for example, no one would think of telling a notary that a certain instrument must be completed in one clock hour, because depending on its complexity, it might require ten minutes or two hours. Furthermore, the professional hour arises not to regulate the working time of an independent professional, but to establish a payment formula for remuneration (fees) for certain services. Hence, from that perspective, the challenged rule is also completely outdated. He considers it to be a blank rule, as it does not indicate whether it refers to weekly, biweekly, or monthly workdays. He reiterates that consulting services do not have a unit of time; their performance depends on the degree of complexity of the work to be done. Hence, an independent professional is paid fees per consultation, where different aspects specific to their intellectual capacity, their expertise, and their ability to act are addressed, all under the protection of their specialty. He alludes to freedom of work, which contains a dual declaration: first, that work is an individual right, and second, that the State guarantees the right to free choice of work, a freedom meaning that the individual is empowered to choose among the multitude of lawful occupations the one most suitable for building their well-being, and correlatively, the State undertakes not to impose a specific activity on them and to respect their choice. He indicates that the Constitutional Chamber has also made it clear that work must always respond to the dignity of the person, health, subsistence, security, and life, both personal and family or social, so the State, directly or through minor regulatory bodies, cannot restrict through illogical rules the ability of a professional to practice their profession, based on their work capacity and knowledge. He points out that while professional associations (colegios profesionales) have the right to require incorporation into their respective college for professionals in their field, in order to guarantee to the citizenry that the person practicing the profession meets the requirements and possesses sufficient knowledge to address the citizen's need, this is not a blank check for the professional association (colegio profesional) to hinder, restrict, or attempt to render unenforceable the practice of the profession for which it was created, or worse, to unjustly and illogically demand that its members renounce acquired work contracts because it has an utterly illogical rule establishing a maximum number of regency hours, without specifying the reasons or time periods covered by its regulation. He concludes that such restrictions constitute an attack against freedom of work and also affect the right to freedom of contract provided in constitutional article 28. He cites excerpts from the legal opinions of the Procuraduría General de la República, OJ-005-2000 of January 21, 2000, and OJ-053-1999 regarding the limits on freedom of contract, and on fundamental rights in general, insofar as they can be limited by law or a higher-ranking norm, provided this is necessary to guarantee the rights of third parties, public order, or morals, the principle of legal reserve in matters of fundamental rights. He adds that "under the protection of a rule that does not specify time periods, whether weekly, biweekly, or monthly," his right to work, freedom of contract, human dignity, and the economic security of his family are constrained, and "if the application of the challenged rule were allowed under the criteria managed by the College," "damage will be caused" to such rights. He requests that article 28 of Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008 be declared unconstitutional for violating the right to work and freedom of contract, and consequently be annulled.

2.- To substantiate the standing he holds to bring this action of unconstitutionality, he points to the existence of a pending matter, which is the amparo appeal processed under file number 22-0010711-0007-CO, in which, by resolution number 2022021297 of 9:30 a.m. on September 16, 2022, he was granted a period to file an action of unconstitutionality, a file which has been reviewed.

3.- By resolution at 10:53 a.m. on October 21, 2022, the President of the Chamber admitted the action of unconstitutionality and granted a fifteen-day audience to the Procuraduría General de la República, the President of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, and the President of the Colegio de Químicos de Costa Rica.

4.- The edicts referred to in article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in Judicial Bulletins No. 213, No. 214, and No. 215 on November 10, 11, and 14, 2023.

5.- In a brief filed on October 26, 2022, Adrián Jiménez Brenes appears in his capacity as administrative director of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, and states that Law 8412 is titled: "Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica." Its Title I is called "TÍTULO 1 NORMATIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS QUÍMICOS Y PROFESIONALES AFINES," and Title II states: "TÍTULO II NORMATIVA DEL COLEGIO DE QUÍMICOS DE COSTA RICA", so that both professional associations (colegios profesionales) are regulated in the same organic law. The challenged article 28 corresponds to the regulation that governs Title II of Law 8412, i.e., the regulations of the Colegio de Químicos de Costa Rica, as indicated by Executive Decree No. 34699-MINAE-S, titled: "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412 del 22 de abril de 2004, Normativa del Colegio de Químicos de Costa Rica." Since the challenged rule is not related to the Colegio de Ingenieros Químicos, he requests correction of the error contained in the resolution of 10:53 a.m. on October 21, 2022, which designated the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines as a party in the present action of unconstitutionality, and asks that it be excluded from the proceeding.

6.- In a brief filed on November 7, 2022, Magda Inés Rojas Chaves, in her capacity as Deputy Procuradora General, answered the granted audience. On the admissibility of the action. She indicates that the action is admissible as it meets the requirements referred to in the Ley de la Jurisdicción Constitucional, articles 73 to 79. As ordered in the resolution at 10:53 a.m. on October 21, 2022, the petitioner's standing arises from amparo appeal No. 22-010711-0007-CO, in which the Constitutional Court granted him a period to file this action through resolution 2022-021497 at 9:30 a.m. on September 16, 2022. On the merits. On the professional practice of chemistry and the concept of regencies. She indicates that the professional practice of chemistry and the concept of regencies are regulated in Law No. 8412 of April 22, 2004, titled "Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica". Article 81 empowers the Colegio de Químicos to regulate matters related to professional practice. Article 93 grants active members of the Colegio de Químicos a series of powers to serve as regents (regentes) in the field of chemistry, in those establishments that, due to the nature of their activities, require a regency in the subject matter. On the other hand, Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, titled "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 de 22 de abril de 2004, Normativa del Colegio de Químicos de Costa Rica", regulates the subject of regencies. Article 2, points 6, 12, and 13 of said Regulation, define the concepts of regency hour (hora de regencia), regency (regencia), and regent (regente). She also cites article 16 of the same regulatory body regarding the registration of the regency (regencia). In correlation with article 16, articles 22 and 23 provide:

"Article 22.—Registration of establishments. Every establishment will be obliged to have regency (regencia) services that must be consistent with the activities of the referred establishment and be registered with the Colegio de Químicos or the Liaison and Information Office (Oficina de Enlace e Información), as applicable in accordance with articles 91 and 107 of Law No. 8412." "Article 23.—Types of Regency. Two types of regency (regencia) will be distinguished:

  • a)External Regency (Regencia Externa): That established by professional services contract, which constitutes the sole contractual link between the person exercising it and the Establishment.
  • b)Internal Regency (Regencia Interna): That exercised within a dependent employment relationship." Now, the requirements for the registration of regencies with the College are expressly established in article 24 of the regulation under study. In another order, article 25 of the regulatory rule provides that for any external regency (regencia externa) there must be a professional services contract, which must contain at minimum the following information:

"a) Qualifications of the professional.

  • b)Qualifications of the Establishment and its legal representative.
  • c)Declaration of knowledge by both parties of this Regulation.
  • d)Declaration of the weekly time that the professional will dedicate specifically to the management of their obligations as Regent (Regente) and the remuneration they will receive for the exercise of their functions.
  • e)Summarized description of the scope of the contracted services, according to their professional practice." Finally, articles 28, 29, 30, and 31 regulate the limit on external regencies (regencias externas), the regency hours (horas de regencia), the oversight of said hours, and the limit on external regencies when an employment relationship exists.

Report of the Procuraduría General de la República on the challenged rule. The petitioner alleges that article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, is contrary to the right to work, freedom of contract, and is illogical, by determining, without any technical criterion, that a chemistry professional may only exercise fifteen external regencies or fifty hours. Specifically, the challenged rule provides as follows:

"Article 28.—Limit on external regencies. The maximum number of external regencies (regencias externas) exercised by those professionals who do not work full-time for a company, nor have internal regencies (regencias internas), may not exceed fifty regency hours (horas de regencia) or fifteen regencies (regencias)." In the opinion of the representative of the Procuraduría, there are several reasons to conclude that the cited rule is unconstitutional.

Firstly, it violates the principle of legal reserve, by limiting the practice of an independent profession, since it regulates the maximum number of external regencies (regencias externas) a chemistry professional may exercise (may not exceed 50 regency hours or fifteen regencies), through regulatory means. Regarding this issue, this Chamber has defined that the regime of fundamental rights and freedoms may only be regulated by law in the formal and material sense, not by regulations or other lower-ranking normative acts, as appears to occur in the present case (cites resolution No. 2007-02806, at 6:41 p.m. on February 27, 2007). She concludes that, even if the limitation on the performance of external regencies (regencias externas) by the chemistry professional, as contemplated in challenged article 28, were eventually reasonable, necessary, and timely, it does not meet one of the valid essential requirements; that is, a limitation of this type is reserved exclusively to the legislator. Secondly, the rule unjustifiably limits the right to work, recognized in article 56 of the Political Constitution, since, without a technical criterion to support it, it regulates the maximum number of external regencies a chemistry professional may exercise when not working full-time for a company, nor having internal regencies (regencias internas). Thirdly, we are in the presence of a rule that is silent on specifying whether it refers to 50 regency hours per week, biweekly, or monthly. Added to this, it is also not proportional to the content of other constitutional and legal norms that regulate, for example, the maximum ordinary effective daily and weekly workday, whether day, night, or mixed shift—articles 58 of the Political Constitution, and 136 and 138 of the Labor Code—.

She notes that the President of the Colegio de Químicos de Costa Rica, when responding to the audience granted in amparo appeal No. 22-010711-0007-CO, filed by Mr. Montero Gómez, acknowledged: "(…) It is true that article 28 of Decree No. 34699-MINAE-S does not specify whether the limit of fifty hours is weekly or monthly, but the truth is that in practice, regencies (regencias) are established based on monthly hours, which is why the College, in exercise of its oversight powers, has interpreted the rule to mean that said limit is calculated per calendar month. This aspect can be corroborated in the regency contracts that the appellant himself provides as evidence, in which regency services are established based on monthly hours (see clause 5 of the contract signed between ECKART COLORS and Milton Montero Gómez, which is in the file) …" Consequently, if the Colegio de Químicos de Costa Rica has interpreted the challenged rule to mean that said limit is calculated per calendar month, and that, therefore, in practice, regencies are established based on monthly hours, such an interpretation definitively limits the practice of the chemistry profession to a maximum number of hours—50 monthly hours—and therefore prevents the execution of contracts for professional services, even if the professional has the intellectual capacity and time to provide that service as an external regent. Even challenged article 28 could be contradictory to what is regulated in article 29 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S, which regulates that the minimum number of hours contracted for each regency (regencia) in the establishment will be set according to the level of complexity of the company's activity, as reflected in the level of responsibility assumed by the regent (regente). Furthermore, the conceptual imprecision presented by the repeatedly cited article 28, regarding whether the 50 hours it regulates should be calculated monthly or over a shorter period, detracts from the clarity and determinacy of what is intended to be regulated, in order to set the maximum external regencies exercised by those professionals who do not work full-time for a company, nor have internal regencies. The foregoing must be analyzed in relation to what is provided by the regulatory rules themselves regarding remuneration for internal and external regency services—arts. 26 and 27 of Decree 34699-MINAE-S—as well as the possibility afforded to the professional who works full-time in an establishment to contract a maximum of 10 hours of external regency, not exceeding a maximum of 3 external regencies, receiving not only the salary agreed with the establishment, which may not be less than the minimum wage in force in the country, but also having the possibility of generating an additional amount of remuneration for the external regencies contracted—art. 31 of the cited decree—. Conclusion. The representative of the Procuraduría General de la República considers that the action should be granted, as the challenged rule violates the principle of legal reserve, unjustifiably restricts, without a technical criterion to support it, the free practice of the chemistry profession in providing external regency services. Moreover, it limits the right to work and freedom of contract for said professional services and is a silent and imprecise rule.

7.- In a brief filed on November 11, 2022, Adrián Jiménez Brenes appears in his capacity as administrative director of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, and states that he makes no statement on the merits, for the reasons indicated in the previously submitted brief.

8.- On November 14, 2022, Warner Manuel Salas Elizondo, identity card No. 204240655, profession chemist, as accredited by certification from the respective College, appears and states that he supports the action of unconstitutionality filed by the petitioner and that on May 26, 2022, he received an email from the prosecutor's office of the Colegio de Químicos, with official letter CQCR-FIS-2022-107, informing him that he fails to comply with the article 28 challenged herein by exceeding the authorized limit on the number of external regencies (regencias externas), and grants him a period of 3 months to dispose of the current external regencies under his charge, so as to comply with the established limit. Likewise, it informs him that during said period, external regencies that expire may not be renewed, nor new external regencies registered, and that, should he bring the number of regencies under his charge into compliance before the indicated deadline, he may carry out renewal and registration procedures normally. He requests that his case "be admitted together with that of Mr. Milton Gerardo Montero Gómez, in the action of unconstitutionality proceeding, so that, with the facts presented and reasoning made by Mr. Montero Gómez, my particular situation may also be admitted." 9.- In a brief filed on November 14, 2022, Jonathan Esquivel Garita, in his capacity as President of the Colegio de Químicos de Costa Rica, answers the granted audience. I.- On the regulations governing the professional practice of Chemistry and the provisions determining regencies. He notes that the "Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y del Colegio de Químicos de Costa Rica", Law No. 8412, grants active members of the Colegio de Químicos legal authority to serve as regents (regentes) in the field of Chemistry, in those establishments that due to the nature of their activities require a regency in the subject matter. Article 81 of said law grants the Colegio de Químicos de Costa Rica broad powers to regulate everything related to the practice of this profession, and provides: "Article 81.—Power of the College to regulate matters related to professional practice. The Colegio de Químicos shall have broad powers to regulate everything related to professional practice within the scope of its jurisdiction." Furthermore, Chapter V of Title II of Law 8412 specifies who may practice the profession, matters concerning rights in professional practice, and the professional practice of regencies in particular, as part of the list of authorities. Thus, the rule defines which Chemistry professionals are subject to the regulatory order (legal and regulatory) of the Professional College (Colegio Profesional), in article 82, and article 93 establishes their professional authorities:

"Article 93.—Authorities of active members. Active members of the Colegio de Químicos shall have the following authorities:

(…)

  • n)Perform environmental regencies (regencias ambientales) in the field of Chemistry.

(…)

The authorities indicated in subsections e), j), and k) of this article may only be performed by an active member of the Colegio de Químicos." He adds that the "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Decree No. 34699-MINAE-S," contains a series of specific rules on regencies: article 2.12 defines regency (regencia) as the "Set of professional activities and responsibilities specific to a Regent (Regente), in accordance with the provisions established by this Regulation and article 93 of Law No. 8412." And subsequently, subsection 13 of the same article defines the regent (regente) as the "Professional duly incorporated as an active member of the College, who assumes technical and scientific responsibility within their professional field, in those aspects that have an impact on the health of people and the environment, in accordance with current legislation." He also cites articles 16 and 22, the latter requiring prior registration before providing services for persons serving as regents, and article 24, which establishes the obligation to register regencies with the College, detailing the requirements for registration and renewal of regencies. He indicates that articles 28 and 30 of the regulation are relevant for the purposes of this action of unconstitutionality.

The first establishes a limit for the exercise of external regencies (regencias externas) that may be performed by Chemistry professionals who do not work full-time in a company, in the following terms:

"Article 28. Limit on external regencies. The maximum of external regencies exercised by those professionals who do not work full-time for a company, nor hold internal regencies (regencias internas), may not exceed fifty regency hours (horas de Regencia) nor fifteen regencies." For its part, Article 30, referring to the oversight of regency hours, provides the following:

"The Colegio may evaluate, through the Inspectorate (Fiscalía), whether the time contracted between the Regent (Regente) and the Establishment (Establecimiento) conforms to the provisions of this Regulation. The Inspectorate shall make the corresponding recommendations to the board of directors, who, if necessary, shall order the Regent to make the required adjustments." Thus, the regulations of the Colegio de Químicos contain rules regarding the figure of regencies, the exercise of which is conditioned upon compliance with a series of requirements, as well as observance of pre-established limits. Concomitantly, it is the obligation of the Colegio de Químicos to supervise the exercise of chemical regencies (regencias químicas) and to ensure compliance with the limitations provided in the regulations in force.

II.Regarding the alleged unconstitutionality specifically intended to be argued. It indicates that the restrictions on the exercise of regencies for Chemistry professionals are established by a normative mandate of public order (orden público), which is mandatory for both the members (colegiados) and the Colegio, and therefore the Colegio is obligated to enforce the provisions of Article 28 of Decree number 34699-MINAE-S. It partially cites the judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 05483-1995 of 9:33 a.m. on October 6, 1995, regarding mandatory membership (colegiatura obligatoria). It indicates that the restriction under attack is established in a regulatory provision of a regulatory nature, does not stem from a discretionary act, much less an arbitrary one, of the Colegio de Químicos, but rather from a regulatory norm that is in force. It maintains that, in itself, and in relation to the concordant regulations, the challenged norm does guarantee a healthy balance between the particular interest and the common welfare, not only of the members but also that of Costa Rican society. III. Regarding the alleged absence of technical criteria that limits professional practice in chemistry to fifteen regencies or fifty hours. Executive Decree No. 34699-MINAE-S was issued based on the provisions of Law No. 8412, to define the procedures for the application and enforcement of the provisions contained in several articles of Title II of said law, referring to the "REGULATIONS OF THE COLEGIO DE QUÍMICOS DE COSTA RICA" ("NORMATIVA DEL COLEGIO DE QUÍMICOS DE COSTA RICA"), and, regarding what is relevant to this action, Articles 81, 82, and 93, which address the exercise of chemical regencies. This regulation distinguishes two types of regencies in its Article 23:

"Article 23.-Types of Regency. Two types of Regency shall be distinguished:

  • a)External Regency (Regencia Externa): That established by a professional services contract, which constitutes the sole contractual link between the person exercising it and the Establishment.
  • b)Internal Regency (Regencia Interna): That exercised within an employment relationship of dependency." Article 35. -Obligations of the Regent-, establishes the responsibilities for whoever exercises the functions of regency, namely: technical advisory services in everything related to services of importation, storage, transport, manufacturing, processing, preparation, sale, distribution, export, repackaging, and supply of chemical products; management, treatment, and disposal of waste from such products; handling of the same; procedures related to such functions, both in public institutions and in companies for which one acts as regent, as established contractually.

Now, regency hours are regulated for both internal advisory services or regency and external regency:

"Article 29.-Regency Hours. The minimum number of hours contracted for each Regency in the Establishment shall be set according to the level of complexity of the company's activity as reflected in the level of responsibility assumed by the Regent." Thus, for each type of regency, a number of hours is also defined which, considering the technical responsibilities of this professional competence, aims to ensure the quality of the service provided:

"Article 28.-Limit on external regencies. The maximum of external regencies exercised by those professionals who do not work full-time for a company, nor hold internal regencies, may not exceed fifty Regency hours nor fifteen Regencies." "Article 31.-Limit on external Regencies when an employment relationship exists. The professional who works full-time in an establishment may contract a maximum of 10 hours of External Regency, without exceeding a maximum of 3 external Regencies.

If the employment relationship is for less than full-time, the Inspectorate shall conduct a study to determine the equivalent maximum time according to each case." Now, it should be noted that the time dedicated to this technical advisory function is supervised by the Colegio, precisely according to the level of complexity of the activity. This is also regulated as follows:

"Article 30.-Oversight of Regency hours. The Colegio may evaluate, through the Inspectorate, whether the time contracted between the Regent and the Establishment conforms to the provisions of this Regulation.

The Inspectorate shall make the corresponding recommendations to the board of directors, who, if necessary, shall order the Regent to make the required adjustments." As can be seen, a regulatory framework exists, established in accordance with the law, for the exercise of Chemical Regencies. Certainly, there may be elements current or subsequent to the moment of its enactment that constitute new variables to be assessed for the exercise of this professional competence. Elements that could even improve working conditions for both internal and external regencies, and which, in any case, whether for the regulation of these or other professional competences, must be discussed as appropriate in the Assemblies of Members (Asambleas de Agremiados). However, the challenged norm was indeed enacted in accordance with the constitutional order, in consideration of and in concordance with various other aspects also contemplated in the regulations of this Colegio relating to the exercise of chemical regencies, all of them tending to ensure the proper exercise and quality of the professional service of the members, in general, and of the authorized regencies in particular. Therefore, the Colegio de Químicos de Costa Rica does not see the defects of unconstitutionality that the petitioner accuses against Article 28 of the Regulation to Law No. 8412 (of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008), by virtue of the fact that this norm does not violate any constitutional principle. It requests that the action be declared without merit.

10.- In a brief filed on November 22, 2022, Ingrid Cambronero Chan, identity card number 108280836, appears and indicates that she is a Chemist by profession - attaching certification issued by the respective Colegio. She requests to "support" the unconstitutionality action filed by Mr. Milton Montero Gómez under case file 22-022922-0007-CO, as she considers that Articles 28, 29, 30, and 31 of Decree No. 34699-MINAE-S "Regulation to Title II of the Organic Law of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines and the Organic Law of the Colegio de Químicos de Costa Rica, Law No. 8412 of April 22, 2004, Regulations of the Colegio de Químicos de Costa Rica" which limit the number of regencies and the number of hours one can work, violate her right to work and economic growth as a liberal professional, guaranteed by the Political Constitution.

11.- In a brief filed before the Chamber on December 1, 2022, Mónica Acuña Garbanzo, identity card number 1-0831-0246, Licentiate in Chemistry, Grettel Salazar Álvarez, Bachelor in Chemistry and holder of identity card number 1-0698-0734, and Priscila Benavides Pérez, Bachelor in Chemistry, identity card number 11175-0073, appear and request that, having a legitimate interest, pursuant to the provisions of Article 83 of the Law of Constitutional Jurisdiction, they be considered passive coadjuvants in the unconstitutionality action filed against Article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S, of April 15, 2018, "Regulation to Title II of the Organic Law of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines and the Organic Law of the Colegio de Químicos de Costa Rica, Law No. 8412, of April 22, 2004". They note that they work as liberal professionals and also as chemical regents, and consider that Article 28 of Decree No. 34699-MINAE-S does not violate the right to work and freedom of contract, but rather contributes to ensuring them. The claim raised by the petitioner, elimination of the limit on external regency hours and chemical regency contracts, if resolved in his favor, violates Article 46 of the Political Constitution, insofar as it would enable the centralization of chemical regency contracts and their respective regency hours in a few natural or legal persons, thus developing private monopolies. This would violate free and balanced competition among professionals, with the consequent loss of current and future jobs as chemical regents. The foregoing would violate their right to work, to the exercise of their profession, and to free contracting. Likewise, they request consideration of the public interest in the State's action aimed at preventing any monopolistic practice or tendency. Additionally, they believe that the power vested by the State in professional associations (colegios profesionales) to regulate and balance professional practice in their areas of specialty, competence thus established by law, which seeks to protect the rights of citizens, consumers, and workers to health and a healthy environment, as well as to safety, would be violated. Furthermore, a dangerous loophole would be opened so that other professional associations with regency figures, which also impact areas of health and the environment, would have to deregulate their regencies regarding the limit on regency hours. They maintain that the proper professional practice of the chemical regent is of public interest: the professional practice under the figure of professional regent, and of chemical regent, and that this practice be provided adequately in attention to the legal and regulatory provisions applicable to the establishments they regent has the connotation of public interest, which has been reiterated both by the First Chamber of Cassation (Sala Primera de Casación) and by the Constitutional Chamber in their judgments No. 789-94 of February 8, 1994, 05483-95, and No. 4637-99 of June 16, 1999, which indicate that interests superior to the particular interests of those administered require that there be control over the activity carried out by a determined group of professionals because their activity constitutes a public service fulfilled through private subjects. They point out that the correct and decorous provision of various professional services must be considered a matter of the most preponderant public interest, which, together with the constitutional mandate that the State has regarding the guardianship and protection of health, the environment, and safety, and that the field of chemical substance management is protected under the figure of chemical regent. The public interest recognized in the correct and adequate professional service acquires special relevance in the case of professional regents, because their requirement at the legal level, as a requirement to operate certain establishments, finds support in guaranteeing adequate protection of health and the environment. The professional associations that contemplate the figure of professional regent, as is the case of the Colegio de Químicos, are called upon to ensure the correct and adequate service and professional practice, and it is in this sense that they are empowered to establish the regulations they deem pertinent to ensure that the professionals who choose to practice under the professional figure of chemical regent do so correctly and adequately and with full intellectual capacity and workload to ensure that they fulfill the commitments acquired with those who hire them, with the country, and the population in the delicate task of safeguarding and protecting health and the environment against the risks posed by the management of chemical substances. Regarding the functions and activities carried out by a liberal professional in chemistry and a regent. They indicate that neither the Colegio de Químicos nor Article 28 of Decree No. 34699-MINAE-S imposes a limitation of hours on liberal professionals, but rather grants total freedom to the professional to exercise these functions under conditions of free contracting. The correct statement is that no limitation or hour cap under the challenged Article 28 weighs on these specific functions or activities. Moreover, it is very common practice among liberal professionals in chemistry, in the field of regulatory affairs, for them to freely and unrestrictedly contract all safety data sheets, labels, registrations, transport sheets, training sessions, reports before the Instituto Costarricense sobre Drogas, waste plans, etc., that they wish or that their intellectual capacity and workload allow. Therefore, the functions and activities indicated above are not subject to any restriction that limits a liberal professional to being able to contract only a certain limited number of hours per month for this. Regarding the statement that "the Colegio de Químicos incorporates in its regulation that chemists can only work fifty hours", it points out that the limitation of fifty hours refers to the practice under the figure of chemical regency. Hours of consultancy, advisory services, or those dedicated to what we know as administrative processing (tramitología), do not have a limit on the number of hours per month, so professional work is composed of the two modalities of hours. That said, neither Article 28 in question nor the Colegio de Químicos is limiting professional practice in its entirety, but only the activity of chemical regency. And this occurs for the reasons previously indicated of seeking to ensure the correct and adequate professional practice under the figure of chemical regent, in safeguarding the protection that the Constitution requires of the State regarding health and the environment and the right to these. As an additional contribution, Article 31 of the decree in question establishes that professionals who work full-time for a company or institution (on a 48-hour weekly schedule), may even work 10 hours of additional external regency, according to their intellectual and physical capacity. This demonstrates the position of the Colegio de Químicos to guarantee its members the right to enjoy exercising their work on a full-time schedule or limited only by their own capacity or desire to work. Regarding the limit on the quantity of regency hours. It is the State's obligation to regulate the handling of chemical products to fulfill its constitutional mandate to ensure health, the environment, and safety. The Colegio de Químicos, the professionals in the area of chemistry, and the chemical regents, are jointly obligated with the State to ensure the faithful compliance and implementation of the norms and good practices regarding the handling of chemical products established in the national regulatory framework (reference in Decree No. 28930-S, of August 9, 2000). The chemical regent is that professional duly incorporated as an active member of the Colegio de Químicos, who assumes the technical and scientific responsibility within their professional field, in those aspects that have an impact on the health of persons and the environment, in accordance with current legislation (reference Decree No. 34699-MINAE-S). The elimination of the cap or limit on regency hours in our specialty or the declaration of unconstitutionality of the aforementioned Article 28, could clearly harm the State's guardianship over health, the environment, and safety, as well as the prevention of chemical and technological accidents. An error in the adequate and correct exercise of chemical regency could mean the loss of human lives or irreparable damage to people's health, to the property of the regented establishments or third parties, and to the environment. As such, the State delegates and empowers the Colegio de Químicos to establish the limits that allow it to ensure, based on its expert criteria, that chemical regency is exercised responsibly, adequately, correctly, and in protection of the State's constitutional mandate to safeguard health and the environment. Regarding the balance between the particular interest and the common welfare: it is indicated in the unconstitutionality action that a regulatory norm like the one challenged can only be admissible insofar as it guarantees a healthy balance between the particular interest and the common welfare, which is precisely the reason for the limit on regency hours, given that in the professional practice under the figure of regency, the particular interest of the professional to practice the profession and achieve personal and labor fulfillment is combined with the public interest in the safeguarding of health, environmental protection, and safety, and, therefore, the common welfare.

12.- By resolution of 9:58 a.m. on December 6, 2022, the President of the Chamber made preclusions to David Hidalgo Paniagua, Warner Salas Elizondo, and Ingrid Cambronero Chan.

13.- By resolution of 9:36 a.m. on December 16, 2022, the President of the Chamber admitted the request of Grettel Vanessa Salazar Álvarez, Mónica Acuña Garbanzo, and Priscilla María Benavides Pérez, to be considered passive coadjuvants, and rejected the interventions filed by David Hidalgo Paniagua, Warner Salas Elizondo, and Ingrid Cambronero Chan, for not having complied with the preclusion ordered by resolution of 9:58 a.m. on December 6, 2022. It deemed the hearings granted to the Procuraduría General de la República, the president of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, and the president of the Colegio de Químicos de Costa Rica, in the resolution of 10:53 a.m. on October 21, 2022, to be answered. Likewise, it takes note of what was stated by the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines. Finally, it ordered that the action be submitted for study by the reporting judge (magistrada ponente).

14.- By resolution of one fifty-five in the afternoon on June twelfth, two thousand twenty-four, the reporting judge granted a three-day hearing to the Minister of Environment and Energy and the Minister of Health, in the present unconstitutionality action, filed by MILTON MONTERO GÓMEZ, against Article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, "Regulation to Title II of the Organic Law of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines and the Organic Law of the Colegio de Químicos de Costa Rica, Law No. 8412 of April 22, 2004".

15.- In a brief incorporated on June 19, 2024, Allan Mora Vargas appears, in his capacity as Vice Minister of Health, acting as Interim Minister of Health, and answers the hearing granted regarding the unconstitutionality action filed against Article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, "Regulation to Title II of the Organic Law of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines and the Organic Law of the Colegio de Químicos de Costa Rica, Law No. 8412 of April 22, 2004", in the following terms:

"although this Ministry participated in the drafting of said regulation, it was not exclusive or sole, having as inputs in its genesis, as cited in the motivation of the Executive Decree in its origin: 'powers conferred by Articles 140 subsections 3) and 18) and 146 of the Political Constitution; 28 of Law No. 6227 of May 2, 1978 "General Law of Public Administration" ("Ley General de la Administración Pública"); 4, subsection d), and 59 and following of Law No. 7554 of October 4, 1995 "Organic Law of the Environment" ("Ley Orgánica del Ambiente"); 2, 38, 40 of Law No. 5395 of October 30, 1973 "General Health Law" ("Ley General de Salud"); and Law No. 8412, of April 22, 2004, "Organic Law of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines and Organic Law of the Colegio de Químicos de Costa Rica...' - bold text added - Having the clear influence of Law No. 8412 - Organic Law of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines and Organic Law of the Colegio de Químicos de Costa Rica in the matter at hand by stating through Article 81:

'...Power of the Colegio to regulate matters relating to professional practice. The Colegio de Químicos shall have broad faculties to regulate everything relating to professional practice within the scope of its competences...'.

Given that Article 2 of the cited Law provides regarding the regulation of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, that it is a non-state public entity, with full legal personality and its own assets, its judicial and extrajudicial representation falling on the president of the Board of Directors, with the powers indicated in Article 1253 of the Civil Code and the limitations stipulated in Article 39 of this Law. It is evident from the extracted information that matters relating to the professional practice of the members of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales are not the purview of the Ministry of Health, as special regulations exist under its Organic Law, which by rank grants this power, over Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008. It is pertinent and opportune to mention that it was issued based on Law No. 8412 and in the Extraordinary General Assembly held on July 16, 2004, where the drafting of the regulation in question and the professional fee schedule was done, brought to the attention of the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy, through official letter No. CQ082-2005 dated September 7, 2005 (as evidenced in the evidence provided), issued by Licda. Aída Rojas Rojas, in her capacity as President of the Colegio de Químicos de Costa Rica, with a copy to the Board of Directors of the Colegio. Recalling that the scope of application and analysis brought to our attention lies under the principle of legality that regulates us in health matters and not administrative matters, being vigilant regarding the professionals that make up the Colegio de Químicos and in relation to the execution of their functions and application of their scientific knowledge, with safety, hygiene, focused on the protection of health, the environment, and human and animal life, under quality standards and without putting the lives of citizens at risk, all in accordance with the General Health Law, No. 5395 and its amendments, as well as the Organic Law of the Environment, No. 7554.

Given that the content of the norm sought to be declared unconstitutional regulates the limits of external regencies exercised by professionals who do not work full-time, nor hold internal regencies, this matter is not the technical competence of this Ministry, as it is a basic function of the professional association and its members. Justifying the participation and vigilance of this Ministry in the review of the Regulation, Title II of the Organic Law of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines and the Organic Law of the Colegio de Químicos de Costa Rica, Law No. 8412 of April 22, 2004, in pursuit of protecting the rights enshrined in Constitutional Articles 21 and 50, Executive Decree No. 40724-S of September 23, 2017, published in La Gaceta No. 215 of November 14, 2017, called "Organic Regulation of the Ministry of Health" ("Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud"), in force as of November 14, 2019, establishes as the Mission of the Ministry of Health, that we are the institution that directs and guides social actors for the development of actions that protect and improve the physical, mental, and social health status of the inhabitants, through the exercise of the Stewardship of the National Health System, with a focus on health promotion and disease prevention, fostering a healthy and balanced human environment, under the principles of equity, efficiency, quality, transparency, and respect for diversity, whose foundation in its actions is primarily constituted by the Political Constitution, Law No. 5395 of October 30, 1973 "General Health Law", Law No. 5412 of November 8, 1973 "Organic Law of the Ministry of Health" ("Ley Orgánica del Ministerio de Salud"); among others. It requests that the unconstitutionality action be declared without merit, with respect to the Ministry of Health, as regarding the drafting of Article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, "Regulation to Title II of the Organic Law of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines and the Organic Law of the Colegio de Químicos de Costa Rica, Law No. 8412 of April 22, 2004", it falls outside the purview of the Ministry of Health, not making any special pronouncement in this regard, the full competence in its knowledge resting with the Colegio de Químicos de Costa Rica which approved the Regulation.

16.- In a brief added to the case file on June 19, 2024, Franz Tattenbach Capra appears, in his capacity as Minister of Environment and Energy, in order to answer the hearing granted regarding the present unconstitutionality action, in which Article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S called "Regulation to Title II of the Organic Law of the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines and Organic Law of the Colegio de Químicos de Costa Rica, Law No. 8412 of April 22, 2004, Regulations of the Colegio de Químicos de Costa Rica" is challenged, and states that, according to the information provided by the Directorate of Environmental Quality Management (Dirección de Gestión de Calidad Ambiental) of the Ministry, "...in Costa Rica, professional associations are public law entities whose creation and regulation are grounded in specific laws enacted by the Legislative Assembly. These institutions possess their own legal personality and administrative autonomy, which allows them to act independently in fulfilling their objectives and responsibilities. The main function of professional associations is the regulation and supervision of the practice of the professions they represent, ensuring that their members act with suitability and ethics, and thus protecting the public interest. Despite the above, the legal nature of professional associations is characterized by several key aspects. First, their legal creation is carried out through specific laws that establish their structure, functions, and powers. In addition to this, they have the power to issue internal regulations and norms to regulate the professional practice of their members. However, in some cases, the creation of these regulations falls upon the State, as occurred with Executive Decree No. 34699-MINAE-S, which serves to strengthen Law No. 8412, despite not contemplating execution norms by the Ministry of Environment and Energy, nor the Ministry of Health.

Added to the above, and focusing on the issue related to the challenged Article 28, regarding the regulation of working hours, the Political Constitution of Costa Rica and the Labor Code establish clear norms to protect workers' rights and ensure fair and equitable working conditions. Article 58 of the Political Constitution guarantees the right of workers to working hours not exceeding eight hours a day and forty-eight hours a week. This constitutional precept establishes a basic framework for worker protection, ensuring their right to rest and dignified working conditions.

(...) It is inferred, then, from the aforementioned information, that the provision of the working day is not a matter on which the Ministry of Environment and Energy has competence to decide, but rather, by subject matter, corresponds to the Ministry of Labor, to establish its legality.

(...) In this context, any specific regulation on working hours, such as that established in Article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S, must be evaluated and, if necessary, adjusted by the Ministry of Labor to ensure its conformity with current labor laws and workers' rights." Therefore, we recommend that the response of the Minister be established in the following manner: that, upon evaluating the substance of what is established in Article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N°8412 de 22 de abril de 2004”, the Ministry of Environment and Energy, despite being one of the entities signing Executive Decree No. 34699-MINAE-S, does not have the competence to address the matter of working hours, and therefore must address the honorable Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to request a technical-legal report from the Ministry of Labor, so that they may address the capacity to establish limits on the working day.

(… ) For this reason, the filed action of unconstitutionality is not the responsibility of the Ministry of Environment and Energy, so delving into its substance is neither the competence nor the function of this ministry, since the article in question is purely a labor matter which does not cover this Ministry. While it is true that the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health promoted the creation of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412 del 22 de abril de 2004, Normativa del Colegio de Químicos de Costa Rica”, which serves to strengthen Law No. 8412, “Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica”, it does not contemplate enforcement rules by the Ministry of Environment and Energy, nor the Ministry of Health, but rather originated as a collaboration to formalize the Regulation in question and because the Executive Branch is the only entity with the competence to issue Executive Decrees, which are protected by the powers conferred by Articles 140 subsections 3) and 18) and 146 of the Political Constitution; Articles 27 subsection 1 and 28 subsection 2) paragraph b) of the General Law of Public Administration No. 6227 of May 2, 1978.” It requests that the action of unconstitutionality be rejected.

17.- The hearing indicated in Articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by numeral 9 ibidem, as this resolution is considered sufficiently grounded in evident principles and norms, as well as in the jurisprudence of this Court.

18.- The prescriptions of law have been complied with in the proceedings.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considering:

I.- ON THE ADMISSIBILITY OF ACTIONS OF UNCONSTITUTIONALITY. STANDING. Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction regulates the prerequisites that determine the admissibility of actions of unconstitutionality, requiring the existence of a matter pending resolution in an administrative or judicial venue in which the unconstitutionality is invoked; a requirement that is not necessary in the cases provided for in the second and third paragraphs of that article, that is, when by the nature of the norm there is no individual or direct injury; when it is based on the defense of diffuse interests (intereses difusos) or those that concern the community as a whole; or when it is filed by the Attorney General of the Republic (Procurador General de la República), the Comptroller General of the Republic (Contralor General de la República), the Prosecutor General of the Republic (Fiscal General de la República), or the Ombudsman (Defensor de los Habitantes), in these latter cases, within their respective spheres of competence. According to the first of the scenarios provided for by paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the challenged norm must not be susceptible to concrete application, which would subsequently allow the challenge of the application act and its consequent use as a base matter (asunto base). Secondly, the possibility is foreseen of acting in defense of "diffuse interests (intereses difusos)", which are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a certain social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction speaks of interests "that concern the community as a whole," it refers to the legal rights explained in the preceding lines, that is, those whose ownership rests with the very holders of sovereignty, with each one of the inhabitants of the Republic. Therefore, it is not a question of any person being able to resort to the Constitutional Chamber in protection of any interests (actio popularis), but rather that every individual can act in defense of those rights that affect the entire national community, without any attempt at an exhaustive enumeration being valid in this field either.

II.- Regarding the requirement of a matter pending resolution, this Chamber, in judgment No. 4190-95, of 11:33 a.m. on July 28, 1995, stated the following:

“Firstly, it is a proceeding of an incidental nature, and not a direct or popular action, which means that the existence of a matter pending resolution is required -whether before the courts of justice or in the procedure to exhaust the administrative route- in order to access the constitutional route, but in such a way that the action constitutes a reasonable means to protect the right considered injured in the main matter, so that what is decided by the Constitutional Court has a positive or negative impact on said pending proceeding, as it manifests on the constitutionality of the norms that must be applied in said matter; and it is only by exception that the legislation allows direct access to this route - prerequisites of the second and third paragraphs of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).” Thus, the requirement of a prior matter pending resolution does not constitute a merely formal requirement, as the mere existence of a base matter (asunto base) is not sufficient, nor is the simple invocation of unconstitutionality, since it is also required that the action be a reasonable means to protect the right or interest considered injured. This means that it is necessary to verify the existence of a matter in which the fundamental rights of individuals are at stake and in which the challenged norms have a direct incidence on the resolution of the case (see in the same sense judgments No. 1668-90, No. 4085-93, No. 798-94, No. 3615-94, No. 409-I-95, No. 851-95, No. 4190-95, No. 791-96). Likewise, there are other formalities that must be fulfilled, namely, the explicit determination of the challenged regulations, duly grounded, with specific citation of the constitutional norms and principles considered infringed, the authentication by a lawyer of the document in which the action is filed, the accreditation of the conditions of standing (powers and certifications), as well as the literal certification of the document in which the unconstitutionality of the norms was invoked in the base matter (asunto base), all requirements which, if not fulfilled by the petitioner, lead to the inadmissibility of the action.

III.- ON THE MAXIMUM NUMBER OF EXTERNAL REGENCIES (REGENCIAS EXTERNAS) PROVIDED FOR IN ARTICLE 28 OF EXECUTIVE DECREE NO. 34699-MINAE-S. In the amparo appeal processed under file No. 22-010711-0007-CO, by resolution number 2022021297 of 9:30 a.m. on September 16, 2022, the Chamber granted the appellant a period to file an action of unconstitutionality against Article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 de 22 de abril de 2004". The petitioner files the action to have the unconstitutionality of Article 28 of the indicated regulation declared, as a reasonable means to protect the rights he considers injured, and indicates that he is a Chemist and is incorporated into the Colegio de Químicos de Costa Rica. He freely exercises his profession as a chemical regent (regente químico) for eleven companies under Law No. 8412 Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, activities to which he dedicates fifty-eight monthly regency hours (horas regencia) and claims that, based on Article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 de 22 de abril de 2004", the Colegio de Químicos is limiting his work, ordering him, within a period of three months, to reduce his regency hours from fifty-eight to fifty. In this regard, official communication CQCR-FIS-2022-051 of March 30, 2022, addressed by the assistant prosecutor of the Colegio de Químicos de Costa Rica to the appellant, indicates the following: “The Prosecutor’s Office of the Colegio de Químicos de Costa Rica (CQCR), in full exercise of the functions conferred by the Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, has been investigating the number of regency hours (horas regencia) under the responsibility of members dedicated to such work as their main activity. Based on Article 28 of Decree No. 34699-MINAE-S Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N°8412 del 22 de abril de 2004, regulations of the Colegio de Químicos de Costa Rica (…) the Prosecutor’s Office wishes to remind you of the following: -According to the agreement reached at the meeting held on Tuesday, March 29 of this year, a period of 3 months is granted to make the changes you deem necessary to adjust the hours of regencies under your charge so that the limit established by Article 28 is met. -After the expiration of the period, on June 29, it will not be possible to renew regencies that result in exceeding the limit of 50 hours. This is due to the computer system limit adjustments that seek compliance with said legal provision.” Note that the member is warned to adjust the regency hours in order to meet the limit established by Article 28 of the regulation—fifty hours—, warning him that, once the period granted for this purpose has expired, regencies that result in exceeding this limit will not be renewed; however, he is absolutely not warned regarding the maximum number of external regencies (regencias externas) registered—fifteen regencies—, which is due to the fact that the petitioner has eleven external regencies registered with different companies, a number that does not exceed the provided limit. Furthermore, the claim of the amparo appeal, the base matter (asunto base) of this action, is “that Article 28 of regulation No. 34699-MINAE-SS that sets the hours of chemical regency at 50 hours be annulled because my right to work is being violated (…)”.

Based on such considerations, it is the criterion of this Court that the petitioner has sufficient standing to request the declaration of unconstitutionality of Article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S, excepting the phrase “ni quince Regencias”. Consequently, the action regarding the discussion on the alleged unconstitutionality of the maximum number of external regencies that can be exercised by a professional in chemistry who does not work full time for a company, nor has internal regencies (regencias internas), is inadmissible. Indeed, as highlighted above, to examine the admissibility of an action of unconstitutionality that bases its standing on the provisions of Art. 75, first paragraph of the LJC, it is required not only to verify the very existence of a base matter (asunto base) and the respective invocation in the prior case, but also that the action of unconstitutionality—when it is filed via the incidental route—is a reasonable means to protect the right or interest considered injured in the base matter. As already noted, that means it is necessary to verify the existence of a matter in which the challenged norm and, specifically, the declaration of its unconstitutionality being sought, has a direct incidence on the resolution of the case. In this regard, in judgment No. 1998-6434, this Court noted the following:

“Furthermore, it must be indicated that according to the provisions of Article 75, first paragraph of the Law of Constitutional Jurisdiction, standing to access the control of constitutionality of norms is inseparably related, except for cases of exception also contemplated in the law, to the existence of a matter pending resolution before the courts of justice or administrative bodies, in which the unconstitutionality is invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered injured. The foregoing determines the need for an identity between the right or interest sought to be protected in the matter pending resolution and the content of the norms being challenged, which in turn requires that a relationship also exists between the factual situation in which the natural or legal persons claiming against the injury or threat to rights or interests find themselves, and the content of the challenged norms. This relationship must be at least determinable, which means that one is not authorized to question the unconstitutionality of a norm that does not apply to the person who would eventually be reached by the effects of the action of unconstitutionality, either because they are in a factual situation different from the factual hypothesis of the norm, or because they have not demonstrated, in the prior matter, the possible application of said norm to their concrete situation.” (The highlighting does not correspond to the original).

In the case under analysis, in the document filing the amparo appeal, which constitutes the base matter (asunto base) of this action, there is not even a mention of the alleged unconstitutionality of the provisions in Article 28 regarding the maximum number of fifteen external regencies (regencias externas) that may be exercised by “professionals who do not work full time for a company, nor have internal regencies (regencias internas)”, nor is it claimed that the Colegio de Químicos de Costa Rica has made any warning whatsoever and, even less, applied measures such as the denial of registration or renewal of external regencies to the appellant for having exceeded the maximum number of external regencies established in numeral 28 of the regulation. For the reasons stated, following the logic of the indicated regulations, as well as the jurisprudential line of this Court, the Chamber considers that the action of unconstitutionality is inadmissible with respect to the phrase “ni quince Regencias”, as it is not a reasonable means to protect the right or interest considered injured in the base matter (asunto base), and the declaration of unconstitutionality being sought has no direct incidence on the resolution of the case.

IV.- CLARIFICATION ON THE SUBJECT MATTER OF THE CHALLENGE. Pursuant to the provisions of the preceding considering, regarding the partial inadmissibility of the action due to lack of standing of the petitioner with respect to the phrase “ni quince regencias”, it is determined that the subject matter of the challenge is Article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 de 22 de abril de 2004", with the exception of the final phrase, which is highlighted in bold:

“Article 28.—Limit on external regencies (regencias externas). The maximum of external Regencies (Regencias) exercised by those professionals who do not work full time for a company, nor have internal Regencies (Regencias internas), may not exceed fifty Regencia hours (horas de Regencia) ni quince Regencias.” The petitioner claims that the challenged provision:

  • 1)Harms the right to work and freedom of contract for the following reasons:
  • a)It establishes, without any technical criterion, that a professional in chemistry can only exercise fifteen regencies or fifty hours, contradicting Article 2 of the same regulation, which defines a regency hour (hora de regencia) as equivalent to one hour, while the Labor Code provides for a regular work week of 48 hours, that is, 192 hours per month; the challenged regulatory norm establishes that chemists can only work fifty hours, which is unconstitutional because it harms the right to work and freedom of contract.
  • b)Restrictions on the right to work and freedom of contract must contemplate the desire for human fulfillment aimed at the socio-cultural, political, and economic improvement of the individual, not just a mere economic equation; working hours are established to guarantee minimum rest times and prevent the exploitation of the worker; however, in the case of the liberal professional, the technical advisory services they provide will be limited solely to their intellectual and work capacity, hence the questioned provision is outdated.
  • 2)The challenged norm is unconstitutional for being a blank norm, which does not specify whether the fifty hours are weekly, biweekly, or monthly.
  • 3)The challenged norm is unconstitutional for being illogical; it restricts the right to work of a liberal professional, since the Colegio de Químicos de Costa Rica arbitrarily understands that fifty regencies are fifty monthly hours, an aspect that the norm does not establish, and if it did establish it, it would be absurd, because the act of regency cannot be constrained to the mere passage of time (sixty minutes) since regency, like any act of a liberal professional, is technical advice, whose level of simplicity or complexity determines the time dedicated to it.

V.- ON THE REGULATION AND OVERSIGHT OF THE MANAGEMENT OF TOXIC AND HAZARDOUS SUBSTANCES. The health of the population and the environment are public interest rights (bienes de interés público) protected by the State, so it is the responsibility of the authorities in charge of their protection and guardianship to ensure that both are protected efficiently, which contributes to maintaining and improving the quality of life of the inhabitants and seeking the country's development. Regarding the matter at hand, the regulation and oversight of activities involving toxic and hazardous substances, the General Health Law designates the Ministry of Health as the governing institution, responsible for the strategic planning of the sector, health surveillance, and the regulation of establishments and industries that handle this type of substance. Chapter III, related to the duties and restrictions to which persons whose actions or activities may affect the health of third parties are subject, in its section IV, contemplates the duties and restrictions to which persons are subject in their actions and operations related to toxic and hazardous substances, among them: it prohibits importing, manufacturing, handling, storing, selling, transporting, distributing, or supplying toxic substances or products and dangerous substances, products, or objects of a radioactive, oxidizing, flammable, corrosive, irritant nature, or others declared dangerous by the Ministry of Health, with risk or damage to the health or life of persons and without strict adherence to regulatory requirements or to special ones that the Ministry may issue to prevent such risk or danger; it imposes on anyone engaged in the importation, manufacture, handling, storage, sale, distribution, and transportation and supply of toxic substances or products, hazardous substances, or those declared hazardous by the Ministry, the obligation to ensure that such operations are carried out in conditions that eliminate or minimize, as much as possible, the risk to the health and safety of persons and animals exposed to that risk or danger on the occasion of their work, possession, use, or consumption. Furthermore, it prohibits the sale and supply of toxic substances or products or dangerous substances, products, or objects or others declared as such by the Ministry without strictly complying with the relevant regulatory provisions and, especially, those related to mandatory registration when applicable and the mandatory content of the labeling that must accompany the product itself, its packaging and wrapping, and in which the nature of the product, its risks, its contraindications, and the corresponding antidotes, if applicable, must be indicated in Spanish and with the relevant symbolism (Articles 239, 240, and 241 General Health Law No. 7535). It also corresponds to professional associations (colegios profesionales) to contribute to the oversight of professional practice in this area, and professionals in the areas of chemistry—among them, technical managers and regents (regentes)—are jointly and severally obligated with the State to ensure the faithful compliance and implementation of the norms regarding the management of chemical products that the State makes official.

VI.- ON PROFESSIONAL ASSOCIATIONS (COLEGIOS PROFESIONALES).- Professional associations (colegios profesionales) constitute public law entities, whose primary purpose is to ensure that the profession they represent is exercised within the applicable regulatory framework, an objective that is regulated through the process of incorporation into them, in cases where such incorporation is mandatory; as well as to impose disciplinary sanctions derived from the transgression of the norms that regulate their operation. This Chamber has indicated that Professional Associations (Colegios Profesionales) possess public purposes that have been granted by the State, for the fulfillment of which these corporations are endowed with regulatory and policing functions, functions that normally belong to and are exercised by the State itself. Among the administrative functions performed by the aforementioned Associations (Colegios) are those of oversight and control regarding the correct and efficient professional practice, which implies a disciplinary power over the members of those Associations (Colegios), where the imposition of sanctions must be carried out respecting the principle of due process, guaranteeing the member their right of defense, to be heard, and to produce evidence they deem pertinent, in accordance with constitutional Article 39. Professional Associations (Colegios Profesionales) hold sovereign powers regarding their members, who enter into an administrative legal relationship of special subjection as recipients of administrative acts, in the exercise of that disciplinary power, expressive of the administrative function carried out and dictated by the professional association (colegio profesional). In this regard, this Chamber, in judgment No. 1999-04637 of 3:42 p.m. on June 16, 1999, pertinently stated:

“...this Chamber has already expressed its criterion about the social relevance of the work performed by professionals in their respective fields.

(...) there can be no doubt that the correct and decorous provision of the various professional services must be considered a matter of the most preponderant public interest, and on this, the Chamber decisively reaffirms its position. Precisely because of this, that is, to ensure both professional dignity and the satisfaction of the interests of the users of those services, continuous monitoring of the activity is necessary, supervision that has both preventive and corrective scopes. That control falls, in the first instance, to the professional guild itself, legitimately interested as it is in safeguarding its prestige, integrity, and social tradition. This is why professional associations (colegios profesionales) exist and this is why the State grants them powers of self-regulation and discipline over their members, so that they are the first and main guarantors of the luster of their respective disciplines. The Chamber referred to this already in the aforementioned resolution number 05483-95, stating that:

\"In this order of ideas, the requirement in question is a consequence of the oversight power that the State possesses for the sake of the common good, which could be exercised directly or, as in the case of our country, delegated exclusively in a non-state organization –Professional Association (Colegio Profesional)– because interests superior to the private ones of the administered parties demand that there be control over the activity performed by a specific group of professionals, as their activity constitutes a public service rendered through private subjects...\" VII.- ON PROFESSIONAL REGENCIES (REGENCIAS PROFESIONALES). The figure of the regent (regente) is provided for in the Costa Rican legal system in various norms of legal rank. Thus, the “Ley General de Salud”, No. 5395 requires a pharmaceutical regent (regente farmacéutico) for the operation of that type of establishment, or a veterinary doctor as regent if the establishment is dedicated exclusively to veterinary-use medications (Article 96); the “Ley Forestal” No. 7575 provides for the figure of the forest regent (regente forestal), responsible for the execution of forest management plans (Article 21). Also, the “Ley de Protección Fitosanitaria” No. 7664, obliges those who import, register, store, distribute, repackage, or mix chemical, biological, or related substances for commercial purposes, to have the services of a professional in agricultural sciences, incorporated into the Colegio de Ingenieros Agrónomos, and if they manufacture or formulate these substances, the professional must be a chemist or microbiologist, as the case may be, incorporated into the respective association (colegio). The regents (regentes) will be the technical managers of such activities, and their recommendations are binding for whoever contracts their services (Articles 27 and 28). Similarly, the “Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica” Law No. 8412 of April 22, 2004, contemplates the figure of the regent (regente) in Articles 91 and 107, scenarios that will be analyzed later. All activities for which the technical advice of a professional regent (regente) is required are characterized by the existence of a risk to the health, not only of people but also animals and the environment, with the specialized professional or the regent being responsible for its prevention and mitigation.

VIII.- ON THE REGULATION OF CHEMICAL REGENCY (REGENCIA QUÍMICA). The Colegio de Químicos is a non-state public law entity, empowered by law to ensure compliance with the technical and professional ethics standards of its members in the exercise of their profession, and also to regulate matters relating to professional practice within the scope of its competencies (Articles 2, 62, and 81 of the “Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica” Law No. 8412 of April 22, 2004). Regarding chemical regency (regencia química), Law No. 8412 determines that chemical and physical-chemical analysis laboratories, chemical research laboratories, and chemical products laboratories must be registered with the Colegio de Químicos, for which they must have the regent (regente) or the respective professionals in chemistry, who must be active members of the Colegio de Químicos (Article 91). It also provides that it is a necessary prerequisite for obtaining the sanitary operating permit for establishments engaged in the sale and distribution of chemical products for industry, to have a chemical regent (regente químico) (Article 107).

For its part, Executive Decree No. 34699-MINAE-S “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412 del 22 de abril de 2004” regulates professional regencies in detail. It defines the regent (regente) as the professional duly incorporated as an active member of the Colegio de Químicos, who assumes technical and scientific responsibility within their professional field, in those aspects that have an impact on the health of people and the environment, according to current legislation (Article 2.13). Regarding the function and responsibility of the regent, Article 35 of the regulation establishes:

“Article 35.—Obligations of the Regent (Regente). The Regent is responsible for technical advice in everything related to the services of importation, storage, transportation, manufacturing, processing, preparation, sale, distribution, export, repackaging, and supply of chemical products; management, treatment, and disposal of waste from such products; handling of the same, as well as the procedures related to such functions, both in public institutions and in companies for which one is regent, as contractually established.

The responsibility of the Regent is personal and non-delegable.” The regulatory provisions also stipulate the obligation to register the regency (regencia) with the Colegio de Químicos prior to its exercise and the respective procedure, which begins with the presentation of the professional services contract (Article 24). Regarding the information that the professional services contract must contain, Article 25 details:

“Article 25.—Professional Services Contract.

Every External Stewardship (Regencia Externa) must be mediated by a Professional Services contract, which must contain at least the following information:

  • a)Qualifications of the professional.
  • b)Qualifications of the Establishment and its legal representative.
  • c)Declaration of knowledge by both parties of this Regulation.
  • d)Declaration of the weekly time that the professional will dedicate specifically to managing their obligations as Steward (Regente) and the remuneration they will receive for exercising their functions.
  • e)Summarized description of the scope of the contracted services, in accordance with their professional practice.” Additionally, the regulation contemplates rules on the minimum remuneration for the professional services of those exercising internal and external stewardships (articles 26 and 27); limits on the number of stewardship hours and quantity of contracts, for both external and internal stewardships (articles 28 and 31), providing that the minimum number of contracted hours for each stewardship in the establishment shall be set according to the complexity level of the company's activity as reflected in the level of responsibility assumed by the steward (article 29). Furthermore, article 30 empowers the professional association (colegio), through its inspectorate (fiscalía), to evaluate whether the time contracted between the steward and the establishment conforms to the provisions of the regulation. Moreover, article 41 establishes the mandatory and exclusive use of the logbook (cuaderno de Bitácora) for all Chemical Stewardship (Regencia Química).

In sum, the legislator established, as a condition for obtaining an operating permit to carry out certain activities involving toxic and hazardous substances, the obligation to have a steward or specialized professional, in order to prevent the possible negative impact on health and the environment during its execution, and the "Regulation to Title II of the Organic Law of the College of Chemical Engineers and Related Professionals and the Organic Law of the College of Chemists of Costa Rica, Law No. 8412 of April 22, 2004" ("Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412 del 22 de abril de 2004") exhaustively regulates the activity of the responsible professionals and stewards, establishing special requirements for the exercise of the stewardship, and rigorous control and oversight mechanisms, in order to ensure the quality of the professional service provided.

IX.- ON THE UNCONSTITUTIONALITY OF THE IMPOSITION OF A MAXIMUM NUMBER OF STEWARDSHIP HOURS FOR EXTERNAL STEWARDSHIPS. A.- On the regulatory power.- Initially, it is pertinent to refer to the regulatory power, an attribution that has been analyzed by this Constitutional Court in numerous rulings, stating that it is reduced to very defined parameters that condition and limit it. Within the democratic system, public powers have clearly defined functions, and none of them may assume those of the others, since such transgression violates the very concept of separation of powers, also understood as separation of functions. In that sense, although it does not have the power to enact laws—which is solely held by the Legislative Power, by virtue of the provisions of articles 105 and 121 of the Political Constitution—the Executive Power does participate in the formation of the legal system through the regulatory power that the Magna Carta confers on it in article 140, subsections 3), which indicates the Administration's attribution to "regulate laws, execute them, enforce them, and ensure their exact compliance," and 18), which allows this Power of the State to "issue the regulation it deems convenient for the internal regime of its offices and to issue the other regulations and ordinances necessary for the prompt execution of the laws," a power expressed through the decrees and regulations it issues. Thus, in the performance of the administrative function, the Executive Power may issue regulations, whether executive or autonomous. With respect to executive regulations, which are based on the cited subsection 3) of constitutional article 140, the President of the Republic and the Minister of the respective branch are empowered to regulate laws, which means that the Executive develops the concepts used in the law to make it effective and enforceable. This is a secondary, subordinate, lower-ranking set of rules, which is entirely subordinated to the law and, at the same time, complements it, insofar as it is responsible for developing it without altering its spirit (see judgments No. 1130-90, No. 2934-93, No. 5227-94, No. 9236-99, and No. 2005-14286). Precisely in this case, the challenged provision of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, falls within the legitimate exercise of a constitutional power of the Executive.

The regulation was issued in accordance with the provisions expressly set forth by Law No. 8412 "Organic Law of the College of Chemical Engineers and Related Professionals and the Organic Law of the College of Chemists of Costa Rica," whose Transitional Provision I (Chapter XI, Title II) provides that the College of Chemists shall submit the draft regulation of its Title II for the consideration of the Executive Power. In that regard, the Extraordinary General Assembly of the College of Chemists approved the draft regulation on July 16, 2004, and subsequently, it was referred to the Executive Power for its corresponding action. The Executive Decree issued by the President of the Republic and the Ministers of Environment and Energy and Health states in its recitals (parte considerativa), first, that Law No. 8412 provides the obligation to issue, through regulation, the rules for articles 63, 64, 68, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 93, 95, and 107, and following and concordant articles of said law, and second, that the professionals who make up the College of Chemists are related, in the execution of their functions and application of their scientific knowledge, to safety and hygiene, the protection of health, the environment, and human and animal life in general, with the quality of life of citizens, all of this in accordance with the General Health Law, No. 5395 and its amendments, as well as the Organic Law of the Environment, No. 7554.

Taking into account the foregoing considerations, it is appropriate to analyze the constitutionality of the challenged provision, contained in article 28 of the "Regulation to Title II of the Organic Law of the College of Chemical Engineers and Related Professionals and the Organic Law of the College of Chemists of Costa Rica, Law No. 8412 of April 22, 2004", Executive Decree No. 34699 MINAE-S.

B.- On the unconstitutionality of the challenged provision for violating the principle of legal reserve (reserva legal). The petitioner alleges that the limitation of fifty stewardship hours for external stewards provided for in article 28 of the "Regulation to Title II of the Organic Law of the College of Chemical Engineers and Related Professionals and the Organic Law of the College of Chemists of Costa Rica, Law No. 8412 of April 22, 2004", Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, is unconstitutional for violating the right to work and free hiring. In relation to limitations on fundamental rights and freedoms, such as those regulated therein, the right to work, specifically the right to the liberal exercise of the profession and the freedom of hiring, it is essential to recall that in this matter the principle of legal reserve governs, which has been developed by this Court since its earliest jurisprudence. For example, judgment No. 1156-94 of 15:45 on March 1, 1994, held, in relevant part:

"Regulations on freedom of expression—and the presentation of public spectacles—like those of any other constitutional freedom, are subject to the principle of reservation of law (reserva de ley), as inferred from the express text of article 28 of the Constitution, a principle whose scope was defined by this Chamber in pronouncement number 3550-92 of sixteen hours on November twenty-fourth, nineteen ninety-two, according to which:

... a) First, the very principle of 'reservation of law' (reserva de ley), from which it follows that only by means of a formal law, emanating from the Legislative Power through the procedure set forth in the Constitution for the enactment of laws, is it possible to regulate and, if applicable, restrict fundamental rights and freedoms—all, of course, to the extent that the nature and regime thereof allow it, and within the applicable constitutional limitations—; b) Second, that only the executive regulations of those laws can develop the precepts thereof, it being understood that they cannot increase the restrictions established nor create those not established by them, and that they must rigorously respect their 'essential content'; and, c) Third, that neither in executive Regulations, much less in autonomous ones or other lower-ranking norms or acts, could the law validly delegate the determination of regulations or restrictions that only it is empowered to impose, from which a new essential consequence follows:

  • d)Finally, that all administrative activity in this matter is necessarily regulated, without being able to grant discretionary powers to the Administration, because these would obviously imply an abandonment of the reservation of law (reserva de ley) itself." The principles set forth are entirely applicable to public spectacles, such that these can only be regulated by means of a formal law, which can be validly developed by the executive regulation, provided that the latter does not exceed the scope set forth therein." Also, regarding the content and scope of this principle, which stands as a guarantee against the restriction of fundamental rights and freedoms, in judgment No. 2010-001668 of 15:12 on January 27, 2010, this Chamber stated:

"In reiterated constitutional jurisprudence, it has been considered that the regime of fundamental rights and freedoms falls under the reservation of law (reserva de la ley), not only because it is provided for within the system of freedom guaranteed by article 28 of the Political Constitution, but also because it is a material principle that forms part of the democratic regime, a condition that gives it an intrinsically fundamental rank (see in this regard, judgments number 2002-01764 of 14:37 on February 20, 2002, and number 2008-017305 of 14:58 on November 19, 2008, as well as vote 13605-2009)." More recently, judgment No. 2021-011957 of 17:00 on May 25, 2021, recapitulated on this point, indicating that the principle of legal reserve must be respected when the State intends to set a limitation on the fundamental rights recognized in favor of individuals. This principle has in itself a fundamental rank for the constitution of a democratic regime, as has been widely recognized by the Court's jurisprudence (see, among many, judgments No. 2002-01764 of 14:37 on February 20, 2002, No. 2008-017305 of 14:59 on November 19, 2008, and No. 2009-013605 of 14:56 on August 26, 2009). This chamber has also pointed out that the principle of legal reserve not only guarantees freedom against other citizens but also constitutes a guarantee of control against public power because, precisely, the regulatory regulation of an activity that impacts a multiplicity of fundamental rights requires a normative framework of legal rank, such that fundamental rights cannot be removed from the public debate generated in the Legislative Assembly, and the Public Administration lacks legitimacy to regulate the exercise of fundamental rights, which is enshrined in the General Law of the Public Administration when article 19 states that "The legal regime of fundamental rights shall be reserved to the Law, without prejudice to the corresponding Executive Regulations." From the foregoing, it is clear that it is constitutionally valid for the legislator to establish certain limitations or regulations on fundamental rights and freedoms, provided that they do not result in a hollowing out of the essential content of the rights and freedoms protected by the Political Constitution and the International Human Rights Instruments signed by the Republic of Costa Rica, while also passing the reasonableness and proportionality test, which requires the weighing of the criteria of legitimacy, necessity, suitability, and proportionality in the strict sense.

Based on the foregoing considerations, the challenged provision is unconstitutional because it violates the principle of reservation of law (reserva de ley), by limiting the exercise of a liberal profession through a regulatory means, establishing a maximum number of stewardship hours—fifty—that a chemistry professional who performs external stewardships and does not work full-time for a company, nor has internal stewardships, can exercise.

The President of the College of Chemists opposed the action of unconstitutionality, pointing out that the Regulation under analysis was issued with the aim of defining the procedures for the application and compliance of various provisions of Law No. 8412, specifically those contained in articles 81, 82, and 93, which address the exercise of chemical stewardships, and thus, in his opinion, the article 28 challenged herein conforms to the constitutional order. In this regard, from the review of Law No. 8412 "Organic Law of the College of Chemical Engineers and Related Professionals and the Organic Law of the College of Chemists of Costa Rica," it is concluded that there is no rule whatsoever that enables the restriction or limitation of stewardship hours that external stewards may perform, as contained in article 28 of the "Regulation to Title II of the Organic Law of the College of Chemical Engineers and Related Professionals and the Organic Law of the College of Chemists of Costa Rica, Law No. 8412 of April 22, 2004." As for the rules cited as pertaining to chemical stewardships, there is the content of article 81 of Law No. 8412, which attributes to the College of Chemists the competence to regulate matters related to professional practice, within the scope of its powers; however, such a broad and generic attribution cannot have as a legal consequence the foundation of rules of exception for the regime of fundamental rights through norms of a lower rank than the law. On the other hand, articles 82 and 93 of Law No. 8412, also cited, lack the necessary link to establish the law-executive decree relationship, as the former determines who comprises the College of Chemists, while the latter lists the different professional competencies of its active members. It can be affirmed, then, regarding these citations, that none contains the competence and the restriction analyzed herein, as required by the principle of legal reserve. That is, there is no rule enacted by the Legislative Assembly that expressly authorizes the Minister of Environment and Energy, the Minister of Health, any of their dependencies, or the College of Chemists to establish a maximum limit to the number of stewardship hours that external stewards may exercise if they do not have an employment relationship with a company and do not have internal stewardships. We reiterate the right to the liberal exercise of the profession and the freedom of hiring of the chemistry professional who exercises external stewardships, which are governed by the corresponding professional services contract, which they are obligated to register with the College according to the provisions of article 92 of Law No. 8412, as these are fundamental rights and freedoms enshrined in articles 56 and 28 of the Political Constitution, which can only be restricted by means of a law, since the authority conferred upon the Executive Power in this matter is limited to developing and complementing what the legislator has provided, which evidently does not occur in this case. Consequently, the challenged regulatory provision is unconstitutional for infringement of the principle of legal reserve and must be annulled.

C. On the unconstitutionality of the limit of fifty stewardship hours that external stewards may exercise due to the imprecision of the challenged article 28. The petitioner also alleges the unconstitutionality of article 28 of the "Regulation to Title II of the Organic Law of the College of Chemical Engineers and Related Professionals and the Organic Law of the College of Chemists of Costa Rica, Law No. 8412 of April 22, 2004", because it does not establish whether the maximum of fifty external stewardship hours is weekly or monthly. In relation to the above, article 2.6 of the regulation defines the stewardship hour as the service equivalent to one hour that the professional provides to the company. As the petitioner charges, article 28 does not specify whether the maximum of fifty stewardship hours that external stewards who do not work full-time for a company and do not have internal stewardships may exercise must be computed on a monthly basis or in a shorter period—biweekly or weekly—. The Chamber agrees with the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) that the rule is unconstitutional for the alleged reason, since the definition of the intensity of the limitation on the right to professional practice and the freedom of hiring is left to the discretion of the College of Chemists of Costa Rica, due to the lack of a temporal parameter for computing the fifty stewardship hours it establishes as the maximum limit for the external steward's activity. The lack of precision of article 28 in this respect undoubtedly limits the external steward's practice to a maximum number of fifty stewardship hours, preventing them from entering into contracts for professional services for more hours than those defined by the College of Chemists, which, as reported, in the underlying matter of this action, is fifty hours per month, even though the chemistry professional has the intellectual capacity and time to provide the service as an external steward for a greater number of stewardship hours or wishes to concentrate their professional work exclusively on external stewardships. For the reasons stated, the challenged provision is also unconstitutional for being imprecise. As for the other grounds alleged by the petitioner, the Chamber refrains from ruling as unnecessary, given that the action of unconstitutionality has been upheld, with the consequences set forth in article 88 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

X.- UNCONSTITUTIONALITY OF THE LIMIT OF FIFTEEN STEWARDSHIPS ESTABLISHED IN ARTICLE 28 OF EXECUTIVE DECREE No. 34699-MINAE-S BY CONNEXITY AND CONSEQUENCE. According to the provisions of Recital III (Considerando III) of this judgment, the petitioner does not have standing to challenge the limit of fifteen stewardships established in article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S, "Regulation to Title II of the Organic Law of the College of Chemical Engineers and Related Professionals and the Organic Law of the College of Chemists of Costa Rica, Law No. 8412 of April 22, 2004," for external stewards who do not have an employment relationship with a company nor have internal stewardships. However, in the Chamber's view, given that the unconstitutionality of the rest of article 28 of the indicated regulation has been declared for infringing the principle of legal reserve and articles 56 and 28 of the Political Constitution, the phrase "nor fifteen stewardships" contained in said article must be declared unconstitutional by connexity and consequence, as regulated in article 89 of the Law of Constitutional Jurisdiction. As indicated supra, because this constitutes a restriction on the right to the liberal exercise of the profession and the freedom of hiring, such a limitation must be regulated by a norm of legal rank, and not by a regulatory means. Hence, the phrase "nor fifteen Stewardships" ("ni quince Regencias") presents the same defect of unconstitutionality declared with respect to the rest of article 28 and, consequently, its unconstitutionality must be declared by connexity and consequence.

XI.- CONCLUSION.- For the foregoing considerations, it is declared: 1) the unconstitutionality of article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, "Regulation to Title II of the Organic Law of the College of Chemical Engineers and Related Professionals and the Organic Law of the College of Chemists of Costa Rica, Law No. 8412 of April 22, 2004", with the exception of the phrase "nor fifteen Stewardships" ("ni quince Regencias"), for infringing the principle of legal reserve, the right to the liberal exercise of the profession, and the freedom of hiring, protected in articles 56 and 28 of the Political Constitution, 2) the unconstitutionality of the indicated provision for constituting an incomplete and ambiguous limit to the aforementioned freedoms, 3) the unconstitutionality of the phrase "and fifteen Stewardships" ("y quince Regencias"), provided for in article 28 of the indicated regulation, by connexity and consequence.

XII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE (EXPEDIENTE). The appealing party is warned that if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore (Por tanto):

The action is declared with merit and, consequently, article 28 of Executive Decree No. 34699-MINAE-S of April 15, 2008, "Regulation to Title II of the Organic Law of the College of Chemical Engineers and Related Professionals and the Organic Law of the College of Chemists of Costa Rica, Law No. 8412 of April 22, 2004", is annulled as unconstitutional. Magistrates Garro Vargas and Alvarado Paniagua set forth additional reasons. Magistrates Rueda Leal and Garro Vargas sign a separate note. This judgment has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled provision, without prejudice to rights acquired in good faith. Summarize this pronouncement in the Official Gazette La Gaceta and publish it in full in the Judicial Bulletin. Notify the Minister of Environment and Energy and the Minister of Health. Notify the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) and the parties.- Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Ana Cristina Fernández A.

Alexandra Alvarado P.

Res. n.°2024-017100 ADDITIONAL REASONS OF MAGISTRATES GARRO VARGAS AND ALVARADO PANIAGUA, WITH DRAFTING BY THE LATTER The undersigned magistrates consider that, in addition to the reasons set forth in the judgment for upholding this action of unconstitutionality, it is appropriate to accept the grievance related to the lack of a technical criterion justifying the restriction that has been challenged herein.

There is no doubt that matters regarding the regulation of stewardships in the field of chemistry and chemical engineering are a matter of public order due to their intrinsic link to the protection of public health and the safeguarding of a healthy environment. However, it is also true that the restrictions sought to be imposed for these purposes must be based on criteria of reasonableness and proportionality, precisely because both that valuable protection and also the right to work and the professional practice of the professionals who carry out this type of stewardship are at stake. A reasonable balance must exist, which cannot respond to the mere discretion of the rule's issuer, but must justify what motivates one decision or another. In this regard, it is worth recalling that since judgment No. 1739-1992, this Court established the following doctrine:

"[L]aws and, in general, norms and acts of authority require for their validity not only to have been enacted by competent bodies and through due procedures, but also to undergo substantive review for their conformity with the supreme norms, principles, and values of the Constitution (formal and material), such as those of order, peace, security, justice, freedom, etc., which are configured as patterns of reasonableness. In other words, a norm or public or private act is only valid when, in addition to its formal conformity with the Constitution, it is reasonably founded and justified according to the constitutional ideology. This ensures, not only that the law is not irrational, arbitrary, or capricious, but also that the chosen means have a real and substantial relationship with their purpose." (The emphasis does not belong to the original). (Criterion reiterated in multiple judgments, among them, 2019-010642 and 2020-010160).

It is accepted that the parameter of reasonableness is an indispensable criterion to ensure that laws and, in general, all norms, do not result in an arbitrary and senseless exercise of public power, but rather respond to real needs and motivations. From this general principle, this Chamber derived the principle of the prohibition of arbitrariness as an essential tenet of the Rule of Law, which precisely entails the prohibition of making decisions lacking foundation.

In the specific case, for the purpose of assessing the regulatory measure challenged herein, recourse was had to the recitals of Decree No. 34699-MINAE-S, but reports were also requested from the issuing authorities of the decree, namely the Minister of Environment and Energy and the Minister of Health. In this regard, it was found that the recitals of the decree say nothing about the technical justification motivating the limitation regarding the number of hours or establishments for exercising the corresponding stewardships. Furthermore, the reporting authorities also did not defend the constitutionality of the norm challenged herein with solid arguments, but rather, on the contrary, stated that they had no major competence over the specific aspect challenged herein. From the above, it is deduced that these authorities do not justify a strictly necessary and well-founded public order reason to maintain the norm. Such elements are a clear indication that the norm is not in itself essential for the protection of health, the environment, human or animal life, or in general, for the quality of life of the inhabitants of our country.

Furthermore, upon requesting the report of the Attorney General's Office, the following was reported:

"In the second place, it unjustifiably limits the right to work, recognized in article 56 of the Political Constitution1, since, without a technical criterion to support it, it regulates the maximum number of external stewardships that a chemistry professional may exercise, when they do not work full-time for a company, nor have internal stewardships. (…)

Based on all the foregoing, in our capacity as advisory body to the Constitutional Chamber, this Attorney General's Office considers that the action should be declared with merit, as the challenged norm violates the principle of reservation of law (reserva de ley), unjustifiably restricts and without a technical criterion to support it, the free exercise of the chemistry profession when providing external stewardship services. Moreover, it limits the right to work and the free hiring of said professional services, and is an omissive and imprecise norm." (The emphasis does not belong to the original).

We agree with this reasoning for the reasons already stated, that is, neither from the recitals of the decree nor from the report of the authorities who issued the decree can a technical criterion be deduced that justifies the limitation challenged herein, namely, that a professional who does not work full-time at a company should have a regulatory limitation to work a maximum of fifty monthly stewardship hours—this on the understanding that an additional unconstitutionality is present here, as the norm is imprecise and it has been the professional association that has supplied the gap—.

Consequently, we consider that the absence of a technical criterion justifying the restriction is an additional reason to declare the unconstitutionality of the norm under examination.

Anamari Garro V. Alexandra Alvarado P.

Res. n.°2024-017100 NOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS Respectfully, I have deemed it necessary to set down a note to emphasize that, from my perspective, the decision of the Full Chamber should have been reflected in the operative part (parte dispositiva) of this judgment. This, as I proceed to explain below.

Indeed, in the recitals of this judgment, the partial admissibility of the action of unconstitutionality is resolved for the purpose of maintaining consistency regarding the challenged conduct in the underlying matter that the petitioner invokes (see Recitals III and IV).

After reviewing the documentation of the amparo proceeding, the Chamber determined that the claimant had standing only to challenge the regulatory limitation—by number of hours—on the professional practice of external regencies in the field of chemical engineering. The judgment states the following:

“In the case under analysis, the amparo filing brief, which constitutes the base matter of this action, does not even allude to the alleged unconstitutionality of the provision in Article 28 regarding the maximum number of fifteen external regencies that may be held by ‘professionals who do not work full-time for a company, nor hold internal regencies,’ nor does it claim that the Colegio de Químicos de Costa Rica has issued any warning, much less applied measures such as denying the registration or renewal of external regencies to the petitioner for exceeding the maximum number of external regencies established in numeral 28 of the regulation. For the reasons stated, following the logic of the indicated regulations, as well as the jurisprudential line of this Tribunal, the Chamber considers that the unconstitutionality action is inadmissible with respect to the phrase ‘ni quince Regencias,’ because it is not a reasonable means to protect the right or interest considered harmed in the base matter.” (The highlighting does not correspond to the original).

Therefore, the judgment subsequently clarifies the object of the challenge and explains that it refers solely to the issue of the limitation on the number of regency hours:

“In accordance with the provisions of the preceding recital, regarding the partial inadmissibility of the action due to the claimant’s lack of standing with respect to the phrase ‘ni quince regencias,’ it is determined that the object of the challenge is Article 28 of Decreto Ejecutivo N° 34699-MINAE-S of April 15, 2008, “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 of April 22, 2004”, with the exception of the final phrase, which is highlighted in bold:

“Article 28.-Límite de regencias externas. The maximum number of external regencies held by those professionals who do not work full-time for a company, nor hold internal regencies, may not exceed fifty regency hours nor fifteen regencies.” (The text highlighted in bold corresponds to the original and the underlined text is novel).

As is evidenced, the Chamber was emphatic in its admissibility examination, being rigorous—as appropriate—in evaluating the standing held by the claimant to challenge the segment considered injurious to his rights and which motivated the filing of the amparo appeal. For these purposes, it is appropriate to recall what, in relevant part, Art. 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) provides:

Art. 75. To file an unconstitutionality action, there must be a matter pending resolution before the courts, including habeas corpus or amparo, or in the procedure to exhaust the administrative route, in which that unconstitutionality is invoked as a reasonable means to protect the right or interest considered harmed. (The highlighting does not correspond to the original).

That is, the law governing this jurisdiction orders that to file an unconstitutionality action, there must be a base matter in which the unconstitutionality of a specific provision is invoked, and that this alleged unconstitutionality must be a reasonable means to protect the supposedly harmed right. In harmony with the foregoing, it is correct that the Chamber distinguishes which arguments and which portions of the norm are proper for it to hear in the proceeding and which are not admissible because they have no direct link to the base matter—a reasonable means to protect the right. However, I believe that this decision of the Tribunal should have been reflected in the operative part of this judgment, and it was not. That is, I believe that in the por tanto of this judgment, the partial admissibility of the unconstitutionality action should have been declared.

It is true that the judgment is ultimately upheld in its entirety, and the unconstitutionality of all of Art. 28 of Decreto Ejecutivo N° 34699-MINAE-S is declared. However, it is necessary to clarify that this upholding—with respect to the final part of the challenged numeral—occurs by virtue of a connection (conexidad) that the tribunal itself detects. On this point, this Tribunal’s authorization to declare the unconstitutionality of the norm does not reside in the claimant’s standing, but in the connection of the allegations and grievances attributed to the examined norm. The LJC empowers this Chamber to proceed in this manner according to the provisions of Art. 89:

“Art. 89. The judgment declaring the unconstitutionality of a statutory norm or general provision shall also declare that of the other precepts thereof, or of any other law or provision whose annulment is evidently necessary by connection or consequence, as well as that of the challenged application acts.” (The highlighting does not correspond to the original).

In accordance with the foregoing, I believe the proper course would have been to reflect such considerations in the operative part of this judgment, so that it would be clear that the action was admitted partially by virtue of the standing invoked by the claimant himself—the limitation on the number of hours—and, subsequently, after the corresponding analysis, the unconstitutionality of the entire norm was declared—including that regarding the number of establishments in which the regency can be performed—but in consideration of the application of the principle of connection.

In summary, I share the considerations and clarifications made in the judgment, but I believe that this should have been reflected in the operative part of this resolution.

Anamari Garro V.

Res. 2024017100 Note from Judge Rueda Leal. Having seen the final text of the judgment, I waive the note I had originally recorded.

Paul Rueda L. 1 Observations of SALA CONSTITUCIONAL voted by ballot Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution in onerous form is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 15:42:49.

Secciones

Marcadores

Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Sentencia estimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Sentencias Relacionadas Sentencias del mismo expediente Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: COLEGIOS PROFESIONALES Subtemas:

NO APLICA.

COLEGIOS PROFESIONALES. LIMITE DE REGENCIAS EXTERNAS Sentencia: 017100-24 del 19 de junio del 2024 Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad Norma impugnada: Artículo 218 del Decreto Ejecutivo No. 34699-MINAE-S de 15/04/2008. Reglamento al Titulo II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica. Ley No. 8412 de 22/04/2004, Normativa del Colegio de Químicos de Costa Rica. Parte dispositiva: Se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se anula por inconstitucional el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 de 22 de abril de 2004". Las magistradas Garro Vargas y Alvarado Paniagua consignan razones adicionales. Los magistrados Rueda Leal y Garro Vargas suscriben nota por separado. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la disposición anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Comuníquese al Ministro de Ambiente y Energía y a la Ministra de Salud. Notifíquese a la Procuraduría General de la República y a las partes.

CO01/25 ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina *CO* Res. Nº 2024017100 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas y quince minutos del diecinueve de junio de dos mil veinticuatro.

Acción de inconstitucionalidad promovida por MILTON MONTERO GÓMEZ, cédula de identidad n.°106210836, químico, vecino de Cartago, contra el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 de 22 de abril de 2004".

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 10 de octubre de 2022, el promovente plantea acción de inconstitucionalidad para que se declare inconstitucional el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008 y manifiesta que es químico incorporado al Colegio de Químicos de Costa Rica, y ejerce su profesión liberalmente, por lo que recibe como remuneración honorarios, y no está en una relación de subordinación. Agrega que es regente de varias empresas al tenor de la Ley 8412 Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales afines y el decreto N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, cumpliendo las funciones que establece el artículo 93 de la Ley 8412 en forma no simultánea, ni permanente. Es regente de 11 empresas distintas, funciones a las que dedica 58 horas regencia mensuales. Señala que, el 30 de marzo de 2022 recibió una nota del fiscal del Colegio de Químicos de Costa Rica CQCR-FIS-202-051, que indica que se determinó que tiene más de 50 horas de regencia química, lo que excede el artículo 28 del Decreto N34699-MINAE-S, por ello se le advierte que en el plazo de tres meses debe disminuir las horas regencia de 58 a 50 horas, bajo apercibimiento de no renovar las regencias que excedan el plazo y que el 18 de mayo de 2022 interpuso recurso de amparo, que se tramita bajo expediente 22-0010711-0007-CO, que solicita sea incorporado a este proceso. Sobre los fundamentos de la acción. Impugna la disposición en cuanto establece una restricción al derecho del trabajo y a la libre contratación, al determinar, sin criterio técnico alguno, que un profesional en química solo puede ejercer quince regencias o cincuenta horas. Aduce que la norma contradice el artículo 2 del mismo reglamento, que define la hora de regencia como equivalente a una hora -que supone es “reloj, porque no lo dice” y que, en una relación laboral, se regula una jornada laboral de hasta 48 horas por semana (es decir, 192 horas reloj por mes) pero el Colegio de Químicos incorpora en su reglamento que los químicos solamente pueden trabajar cincuenta horas. Estima que es evidente la inconstitucionalidad de la norma, que limita el derecho al trabajo de un profesional liberal, ya que entiende ese Colegio, de forma arbitraria, que cincuenta regencias son cincuenta horas semanales, aspecto que la norma no establece y que, de establecerlo, sería un absurdo, como sería poner límite de juicios a los abogados, limitar a cincuenta por mes las escrituras que puede cartular un notario, restringir a un ingeniero civil a un determinado número de planos. Sostiene que el acto de regencia, que es el acto de ejercicio profesional de un regente, como el acto de litigar es de un abogado, o la realización de una escritura de un notario, son actos que no pueden ser constreñidos a un mero transcurrir del tiempo (sesenta minutos), por cuanto, tanto en regencias, como todo acto de un profesional liberal, no se habla de estar literalmente sentado en un escritorio, sino que la regencia es asesoría técnica, que depende del nivel de simplicidad o complejidad para determinar el tiempo que se le dedica. De ahí que la norma impugnada es ilógica, y por ello inconstitucional. Refiere que las garantías sociales están ancladas en principios de la doctrina social cristiana, fundados en criterios de justicia social, y que principalmente, en materia de libre contratación y ejercicio del derecho al trabajo, no se está ante una mera ecuación económica, sino ante un anhelo, un deseo profundo de realización humana encaminado siempre al mejoramiento socio cultural, político y económico del individuo, para lograr la satisfacción económica y moral. De ahí que, las restricciones en materia laboral deben ser siempre en protección de esos anhelos. Las jornadas de trabajo se establecen para garantizar mínimos de descanso e impedir la explotación del trabajador, cosa que no sucede en las profesiones liberales, donde los servicios de asesoría a diferentes personas y empresas estarán limitados únicamente por la capacidad de trabajo y la capacidad intelectual del profesional liberal. En consecuencia, una norma regulatoria como la impugnada solamente puede ser admisible en tanto garantice un sano equilibrio entre el interés particular y el bienestar común, teniendo presente que la función esencial de la justicia social es el bien común y la paz social; no obstante, la restricción del ejercicio de una profesión para la que una persona se preparó por más de cinco años de estudio especializado, reduciendo a criterios meramente economicistas, sin tomar en cuenta la capacidad intelectual del profesional y estableciendo criterios como hora reloj ajenos a esa capacidad intelectual y física para atender las exigencias de las asesorías contratadas, contraviene derechos fundamentales como la libertad y el derecho del trabajo y la libertad y el derecho de contratación, ésta última que se compone de dos partes: el derecho del empresario, sea persona física o jurídica, a contratar al profesional que considere mejor para cumplir sus necesidades o las de su empresa en el campo que requiere; y por otro lado, la libertad y el derecho del trabajo que tiene el profesional, no solo de ofrecer sus servicios profesionales, sino de poder ser contratado y ejercer demostrando su conocimiento intelectual en las labores objeto del contrato. Apunta que a ningún profesional se le exige que las labores las realice dentro de un determinado lapso, por ejemplo, nadie pensaría decirle a un notario que tal escritura debe hacerla en una hora reloj, porque según la complejidad de la misma puede ser que requiera diez minutos o dos horas. Además, la hora profesional surge, no para regular el tiempo de trabajo de un profesional liberal, sino para establecer una fórmula de pago de la remuneración (honorarios) por determinados servicios. De ahí que, desde esa perspectiva, también la norma impugnada está totalmente desfasada. Considera que se trata de una norma en blanco, por cuanto no señala si se está hablando de jornadas de trabajo semanal, quincenal o mensual. Reitera que las asesorías no tienen una unidad de tiempo, su ejercicio depende del grado de complejidad de la labor a realizar. De ahí que, a un profesional liberal se le pagan honorarios por asesoría, donde se atienden diferentes aspectos propios de su capacidad intelectual, su expertiz (sic) y de su capacidad de actuar, todo ello al amparo de su especialidad. Alude a la libertad de trabajo, que contiene una doble declaración: la primera es que el trabajo es un derecho del individuo y, la segunda, que el Estado garantiza el derecho de libre elección del trabajo, libertad que significa que el individuo está facultado para escoger entre la multitud de ocupaciones lícitas la que más le convenga para la construcción de su bienestar y correlativamente, el Estado se compromete a no imponerle una determinada actividad y respetar su elección. Indica que, también la Sala Constitucional ha dejado claro que el trabajo debe responder siempre a la dignidad de la persona, la salud, la subsistencia, la seguridad y la vida, tanto personal como familiar o social, por lo que el Estado, de forma directa o a través de órganos menores de regulación, no puede restringir mediante normas ilógicas la posibilidad que tiene un profesional de ejercer su profesión, atendiendo a su capacidad de trabajo y su conocimiento. Señala que si bien los colegios profesionales tienen el derecho de exigir la incorporación a su respectivo colegio, a los profesionales de su ramo, a los efectos de garantizar a la ciudadanía, que quien ejerce la profesión reúne los requisitos y conocimiento suficiente para atender la necesidad del ciudadano que lo requiera, ello no es un cheque en blanco para que el colegio profesional obstaculice, restrinja o trate de hacer inaplicable el ejercicio de la profesión para el cual fue creado, o lo que es peor, en forma injusta e ilógica exija a sus agremiados renunciar a contratos de trabajo adquiridos, porque tiene una norma absolutamente ilógica, que establece un máximo de horas regencia, sin determinar razones o lapsos de tiempo que comprende su normativa. Concluye que tales restricciones constituyen un atentado contra la libertad de trabajo y, además, afecten el derecho de libre contratación que dispone la normativa constitucional en su artículo 28. Cita extractos de las opiniones jurídicas de la Procuraduría General de la República OJ-005-2000 del 21 de enero de 2000 y OJ-053-1999 con respecto a los límites a libertad de contratación, y en general de los derechos fundamentales, en tanto pueden ser limitados por ley o por norma de rango superior, en tanto ello sea necesario para garantizar los derechos de terceros, el orden público o la moral, el principio de reserva de ley en materia de derechos fundamentales. Agrega que “al amparo de una norma que no especifica jornadas de tiempo, si son semanales, quincenales o mensuales”, se constriñe su derecho al trabajo, a la libre contratación y afecta su dignidad humana, y la seguridad económica de los suyos, y “de permitirse la aplicación de la norma impugnada dentro de los criterios que maneja el Colegio”, se “estarán causando daños” a tales derechos. Pide que se declare que el artículo 28 del decreto N°34699-MINAE-S- del 15 de abril de 2008 es inconstitucional por lesionar el derecho al trabajo y a la libre contratación, y en consecuencia se anule.

2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala la existencia de un asunto pendiente de resolver, cual es el recurso de amparo que se tramita en el expediente número 22-0010711-0007-CO, en el que por resolución número 2022021297 de las 9:30 horas del 16 de setiembre de 2022 se le confirió plazo para interponer acción de inconstitucionalidad, expediente que se ha tenido a la vista.

3.- Por resolución de las 10:53 horas del 21 de octubre de 2022 el Presidente de la Sala dio curso a la acción de inconstitucionalidad y confirió audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al presidente del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, y al presidente del Colegio de Químicos de Costa Rica.

4.- Los edictos a los que se refiere el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los Boletines Judiciales No. 213, No. 214 y No. 215 de los días 10, 11 y 14 de noviembre de 2023.

5.- En memorial presentado el 26 de octubre de 2022, se apersona Adrián Jiménez Brenes, en su condición de director administrativo del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales, y Afines, y manifiesta que la Ley 8412, se denomina: "Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica.". Su título I, se denomina "TÍTULO 1 NORMATIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS QUÍMICOS Y PROFESIONALES AFINES.", y el TITULO II indica: "TÍTULO II NORMATIVA DEL COLEGIO DE QUÍMICOS DE COSTA RICA”, de manera que, en una misma ley orgánica, están regulados los dos colegios profesionales. El artículo 28 impugnado corresponde a normativa que reglamenta el TITULO II de la Ley 8412, sea la normativa del Colegio de Químicos de Costa Rica, como lo indica el Decreto Ejecutivo Nº 34699-MINAE-S, denominado: "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412 del 22 de abril de 2004, Normativa del Colegio de Químicos de Costa Rica.” Al no estar relacionada la normativa impugnada con el Colegio de Ingenieros Químicos, solicita corregir el error contenido en la resolución de las 10:53 horas, del 21 de octubre de 2022, que tuvo como parte al Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, en la presente acción de inconstitucionalidad, y se le excluya del proceso.

6.- En escrito presentado el 7 de noviembre de 2022, Magda Inés Rojas Chaves, en su condición de Procuradora General Adjunta, contestó la audiencia conferida. Sobre la admisibilidad de la acción. Señala que la acción es admisible por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. Como se dispuso en la resolución de las 10:53 horas del 21 de octubre de 2022, la legitimación del accionante proviene del recurso de amparo n° 22-010711-0007-CO, en el cual el Tribunal Constitucional le concedió plazo para interponer esta acción, a través de la resolución 2022-021497 de las 9:30 horas del 16 de setiembre del 2022. Sobre el fondo. Sobre el ejercicio profesional de la química y la figura de las regencias. Indica que el ejercicio profesional de la química y la figura de las regencias, se encuentra regulado en la Ley n° 8412 del 22 de abril del 2004, denominada “Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica”. El artículo 81 faculta al Colegio de Químicos para regular lo relativo al ejercicio profesional. El numeral 93 otorga a los miembros activos del Colegio de Químicos una serie de competencias para desempeñarse como regentes en el campo de la química, en aquellos establecimientos que por la naturaleza de sus actividades requieran contar con una regencia en la materia. Por otro lado, el Decreto Ejecutivo n° 34699-MINAE-S, del 15 de abril de 2008, denominado "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 de 22 de abril de 2004, Normativa del Colegio de Químicos de Costa Rica", regula la materia de las regencias. El artículo 2, en los puntos 6, 12 y 13 de dicho Reglamento, se definen los conceptos de hora de regencia, regencia y regente. Cita también el artículo 16 del mismo cuerpo normativo, sobre la inscripción de la regencia. En correlación con la el artículo 16, los artículos 22 y 23 disponen:

“Artículo 22.-Inscripción de establecimientos. Todo establecimiento estará obligado a contar con servicios de Regencia que deberán ser concordantes con las actividades del referido establecimiento y estar inscrito en el Colegio de Químicos o en la Oficina de Enlace e Información, según corresponda conforme a los artículos 91 y 107 de la Ley Nº 8412”.

“Artículo 23.-Tipos de Regencia. Se distinguirán dos tipos de Regencia:

  • a)Regencia Externa: Es aquella establecida por contrato de servicios profesionales, que constituye el único vínculo contractual entre quien la ejerza y el Establecimiento.
  • b)Regencia Interna: Es aquella ejercida dentro de una relación laboral de dependencia”.

Ahora, los requisitos para la inscripción de las regencias en el Colegio están expresamente establecidos en el artículo 24 del reglamento en estudio. En otro orden, el ordinal 25 de la norma reglamentaria, regula que para toda regencia externa deberá mediar un contrato de servicios profesionales, que deberá contener como mínimo la siguiente información:

“a) Calidades del profesional.

  • b)Calidades del Establecimiento y de su representante legal.
  • c)Declaración de conocimiento por ambas partes, del presente Reglamento.
  • d)Declaración del tiempo semanal que el profesional dedicará en particular a la gestión de sus obligaciones como Regente y la remuneración que percibirá por el ejercicio de sus funciones.
  • e)Descripción resumida del alcance de los servicios contratados, de acuerdo a su ejercicio profesional.” Finalmente, los ordinales 28, 29, 30 y 31, regulan el límite de regencias externas, las horas de regencia, la fiscalización de dichas horas y el límite de regencias externas cuando existe relación laboral.

Informe de la Procuraduría General de la República sobre la norma cuestionada. El accionante acusa que el artículo 28 del Decreto Ejecutivo n° 34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, es contrario al derecho del trabajo, a la libre contratación e ilógico, al determinar, sin criterio técnico alguno, que un profesional en química solo puede ejercer quince regencias externas o cincuenta horas. Concretamente, la norma impugnada dispone lo siguiente:

“Artículo 28.- Límite de regencias externas. El máximo de Regencias externas ejercidas por aquellos profesionales que no laboren tiempo completo para una empresa, ni tengan Regencias internas, no podrá exceder cincuenta horas de Regencia ni quince Regencias”.

A juicio de la representante de la Procuraduría, existen varias razones para concluir que la norma citada es inconstitucional.

En primer lugar, violenta el principio de reserva de ley, al limitar el ejercicio de una profesión liberal, pues regula el máximo de regencias externas que puede ejercer un profesional en química (no puede exceder 50 horas de regencia ni quince regencias), vía reglamentaria. En relación con este tema, esa Sala ha definido que, el régimen de los derechos y libertades fundamentales solo puede ser regulado por ley en sentido formal y material, no por reglamentos u otros actos normativos de rango inferior, como se observa sucede en el presente caso (cita la resolución n° 2007-02806, de las 18:41 horas del 27 de febrero de 2007). Concluye que, confirmando la limitación al ejercicio de regencias externas por el profesional en química, que contempla el artículo 28 impugnado, aunque eventualmente fuera razonable, necesaria y oportuna, no cumple con uno de los requisitos válidos esenciales; es decir, una limitación de este tipo está reservada exclusivamente al legislador. En segundo lugar, la norma limita de forma injustificada el derecho al trabajo, reconocido en el artículo 56 de la Constitución Política, ya que, sin un criterio técnico que lo respalde, regula el máximo de regencias externas que un profesional en química puede ejercer, cuando no labore tiempo completo para una empresa, ni tenga regencias internas. En tercer lugar, estamos en presencia de una norma que es omisa en precisar si se trata de 50 horas de regencia semanales, quincenales o mensuales. Aunado a lo anterior, tampoco resulta proporcional con el contenido de otras normas de rango constitucional y legal que regulan por ejemplo la jornada máxima ordinaria de trabajo efectivo diario y semanal, ya sea jornada diurna, nocturna o mixta, -artículos 58 de la Constitución Política, 136 y 138 del Código de Trabajo-.

Señala que el presidente del Colegio de Químicos de Costa Rica, al atender la audiencia otorgada en el recurso de amparo n° 22-010711-0007-CO, planteado por el señor Montero Gómez, reconoce: “(…) Es cierto que el artículo 28 del Decreto número 34699-MINAE-S no especifica si el límite de las cincuenta horas es semanal o mensual, pero lo cierto es que en la práctica las regencias se establecen por horas mensuales, razón por la cual, el Colegio en ejercicio de sus potestades de control, ha interpretado la norma en el sentido de que dicho límite se computa por mes calendario. Este aspecto se puede corroborar en los contratos de regencias que el propio recurrente aporta como prueba, en el cual se establecen los servicios de regencia por horas mensuales (ver cláusula 5 del contrato suscrito entre ECKART COLORS y Milton Montero Gómez, que consta en el expediente) …” En consecuencia, si el Colegio de Químicos de Costa Rica ha interpretado la norma impugnada, en el sentido de que dicho límite se computa por mes calendario, y, que por ende, en la práctica las regencias se establecen por horas mensuales, definitivamente, dicha interpretación limita el ejercicio de la profesión de químico a una cantidad máxima de horas -50 horas mensuales- y por ende impide la concreción de contratos por servicios profesionales, a pesar de que el profesional cuente con la capacidad intelectual y el tiempo para brindar ese servicio, como regente externo. Inclusive, el artículo 28 cuestionado, podría resultar contradictorio con lo regulado en el ordinal 29 del Decreto Ejecutivo n° 34699-MINAE-S, el cual regula que el número mínimo de horas contratadas para cada regencia en el establecimiento, se fijará de acuerdo al nivel de complejidad de la actividad de la empresa, que se refleje en el nivel de responsabilidad asumido por el regente. Además, la imprecisión conceptual que presenta el ordinal 28 de reiterada cita, en cuanto a si las 50 horas que regula deben ser computadas de forma mensual o en un lapso de tiempo menor, le resta claridad y determinación a lo que se pretende regular, en orden al máximo de regencias externas ejercidas por aquellos profesionales que no laboren tiempo completo para una empresa, ni tengan regencias internas. Lo anterior, debe ser analizado en relación con lo que dispone la propia normativa reglamentaria para el caso de la remuneración por los servicios de regencia interna y externa -arts. 26 y 27 del Decreto 34699-MINAE-S-, así como la posibilidad que se brinda al profesional que labore tiempo completo en un establecimiento, de contratar un máximo de 10 horas de regencia externa, sin exceder un máximo de 3 regencias externas, percibiendo no solo el salario pactado con el establecimiento, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo vigente en el país, sino que tiene la posibilidad de generar un monto adicional de remuneración por las regencias externas que contrate -art. 31 del citado decreto-. Conclusión. La representante de la Procuraduría General de la República considera que la acción debe declararse con lugar, pues la norma cuestionada atenta contra el principio de reserva de ley, restringe, de forma injustificada y sin un criterio técnico que lo respalde, el libre ejercicio de la profesión de químico, al prestar los servicios de regencia externa. Además, limita el derecho del trabajo y la libre contratación de dichos servicios profesionales y es una norma omisa e imprecisa.

7.- En memorial presentado el 11 de noviembre de 2022, se apersona Adrián Jiménez Brenes, en su condición de director administrativo del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales, y Afines, y manifiesta que no emite pronunciamiento sobre el fondo, por las razones indicadas en el escrito previamente aportado.

8.- El 14 de noviembre de 2022, se apersona Warner Manuel Salas Elizondo, cédula de identidad N°204240655, de profesión químico, como acredita con constancia del Colegio respectivo y manifiesta que apoya la acción de inconstitucionalidad planteada por el accionante y que el 26 de mayo del 2022, recibió un correo de la fiscalía del Colegio de Químicos, con el oficio CQCR-FIS-2022-107, en el cual le informa que incumple el artículo 28 aquí impugnado al superar el límite de la cantidad de regencias externas autorizadas, y le confiere un plazo de 3 meses, para que disponga de las regencias externas vigentes a su cargo, de manera que se cumpla con el límite establecido. Asimismo, le informa que durante dicho plazo, no se podrán renovar las regencias externas que expiren o inscribir nuevas regencias externas y que, en caso de que ponga en regla la cantidad de regencias a su cargo, antes de la fecha límite indicada, podrá realizar gestiones de renovación e inscripción de estas con normalidad. Pide que su caso “sea admitido junto con el del señor Milton Gerardo Montero Gómez, en el proceso de acción de inconstitucionalidad, para que, con los hechos expuestos y razonamientos realizados por el señor Montero Gómez, se admita también mi situación particular.” 9.- En memorial presentado el 14 de noviembre de 2022, Jonathan Esquivel Garita, en su condición de Presidente del Colegio de Químicos de Costa Rica, contesta la audiencia conferida. I.- Sobre la normativa que regula el ejercicio profesional de la Química y las disposiciones que determinan las regencias. Apunta que la “Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y del Colegio de Químicos de Costa Rica”, Ley número 8412 otorga a los miembros activos del Colegio de Químicos competencia legal para desempeñarse, como regentes en el campo de la Química, en aquellos establecimientos que por la naturaleza de sus actividades requieran contar con una regencia en la materia. El artículo 81 de la citada ley otorga al Colegio de Químicos de Costa Rica amplias facultades para regular todo lo relativo al ejercicio de esta profesión, y dispone: “Artículo 81.-Potestad del Colegio para regular lo relativo al ejercicio profesional. El Colegio de Químicos tendrá amplias facultades para regular todo lo relativo al ejercicio profesional dentro del ámbito de sus competencias”. Además, el Capítulo V del Título II de la Ley 8412 precisa quiénes pueden ejercer la profesión, lo atinente a los derechos en el ejercicio profesional y el ejercicio profesional de las regencias en particular, como una parte del elenco de competencias. Así las cosas, la norma define cuáles profesionales en Química están sujetos al orden regulatorio (legal y reglamentario) del Colegio Profesional, en el artículo 82 y el 93 establece sus competencias profesionales:

“Artículo 93.-Competencias de los miembros activos. Los miembros activos del Colegio de Químicos tendrán las siguientes competencias:

(…)

  • n)Desempeñar regencias ambientales en el campo de la Química.

(…)

Las competencias indicadas en los incisos e), j), y k) de este artículo, solo podrán ser realizadas por un miembro activo del Colegio de Químicos.” Agrega que, el “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Decreto número 34699-MINAE-S”, contiene una serie de normas específicas sobre las regencias: el artículo 2.12 define la regencia como el “Conjunto de actividades y responsabilidades profesionales propias de un Regente, de acuerdo a las disposiciones establecidas por este Reglamento y el artículo 93 de la Ley N° 8412”. Y de seguido, el inciso 13 del mismo artículo, define al regente como el “Profesional debidamente incorporado como miembro activo del Colegio, que asume la responsabilidad técnica y científica dentro de su campo profesional, en aquellos aspectos que tengan impacto sobre la salud de las personas y el ambiente, de acuerdo a la legislación vigente”. Cita también los artículos 16, y 22, éste último dispone un registro previo a brindar el servicio, para las personas que se desempeñan como regentes y el numeral 24, que establece la obligación de inscribir las regencias en el Colegio, detallando los requisitos de inscripción y renovación de las regencias. Indica que, son relevantes para efectos de esta acción de inconstitucionalidad, los artículos 28 y 30 del reglamento. El primero establece un límite para el ejercicio de las regencias externas que pueden realizar los profesionales en Química que no laboren tiempo completo en una empresa, en los siguientes términos:

"Artículo 28. Límite de regencias externas. El máximo de Regencias externas ejercidas por aquellos profesionales que no laboren tiempo completo para una empresa, ni tengan Regencias internas, no podrá́ exceder cincuenta horas de Regencia ni quince Regencias." Por su parte, el artículo 30, referente a la fiscalización de las horas de regencia, dispone lo siguiente:

“El Colegio podrá evaluar por medio de la Fiscalía, si el tiempo contratado entre el Regente y el Establecimiento se ajusta a las disposiciones del presente Reglamento. La Fiscalía hará las recomendaciones correspondientes a la junta directiva, quien en caso necesario ordenará al Regente los ajustes requeridos.” Así, la normativa del Colegio de Químicos contiene regulación sobre la figura de las regencias, cuyo ejercicio se encuentra condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos, así como a la observancia de límites preestablecidos. De manera concomitante es obligación del Colegio de Químicos supervisar el ejercicio de las regencias químicas, y velar por el cumplimiento de las limitaciones previstas en la normativa vigente.

II.Sobre la supuesta inconstitucionalidad que en concreto se pretende alegar. Indica que las restricciones para el ejercicio de las regencias, para los profesionales en Química, están dadas por un mandato normativo de orden público, que resulta de acatamiento obligatorio tanto para los colegiados como para el Colegio, por lo que el Colegio está en la obligación de hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto número 34699-MINAE-S. Cita parcialmente la sentencia de la Sala Constitucional N°05483-1995 de las 9:33 horas del 6 de octubre de 1995, con respecto a la colegiatura obligatoria. Indica que la restricción atacada está establecida en una disposición normativa de carácter reglamentario, no proviene de un acto discrecional, ni mucho menos arbitrario del Colegio de Químicos, sino de una norma reglamentaria que se encuentra vigente. Sostiene que, en sí misma, y en relación a la normativa concordante, la norma impugnada sí garantiza el sano equilibrio entre el interés particular y el bienestar común, no sólo de los agremiados sino que también el de la sociedad costarricense. III. Sobre la alegada ausencia de criterio técnico que limita el ejercicio profesional en química a quince regencias o cincuenta horas. El Decreto Ejecutivo Nº 34699-MINAE-S se emitió con fundamento en lo que dispone la Ley Nº 8412, para definir los procedimientos de aplicación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en varios artículos del Título II de la indicada ley, referido a la “NORMATIVA DEL COLEGIO DE QUÍMICOS DE COSTA RICA”, y, en lo que interesa en esta acción, los artículos 81, 82, y 93 que atienden al ejercicio de regencias químicas. Este reglamento distingue dos tipos de regencias en su artículo 23:

“Artículo 23.-Tipos de Regencia. Se distinguirán dos tipos de Regencia:

  • a)Regencia Externa: Es aquella establecida por contrato de servicios profesionales, que constituye el único vínculo contractual entre quien la ejerza y el Establecimiento.
  • b)Regencia Interna: Es aquella ejercida dentro de una relación laboral de dependencia.” El artículo 35. -Obligaciones del Regente-, establece las responsabilidades para quien ejerza las funciones de regencia, a saber: asesoría técnica en todo lo que se refiere a los servicios de importación, almacenamiento, transporte, fabricación, procesamiento, preparación, venta, distribución, exportación, reenvasado y suministro de productos químicos; manejo, tratamiento y disposición de desechos de tales productos; manipulación de los mismos, trámites relacionados con tales funciones, tanto en instituciones públicas como en empresas de la cual se es regente, conforme se establezca contractualmente.

Ahora bien, las horas de regencia vienen reguladas tanto para la asesoría o regencia interna como para la externa:

“Artículo 29.-Horas de Regencia. El número mínimo de horas contratadas para cada Regencia en el Establecimiento se fijará de acuerdo al nivel de complejidad de la actividad de la empresa que se refleje en el nivel de responsabilidad asumido por el Regente.” Así las cosas, para cada tipo de regencia también se define un número de horas que, considerando las responsabilidades técnicas de esta competencia profesional, pretende asegurar la calidad del servicio prestado:

“Artículo 28.-Límite de regencias externas. El máximo de Regencias externas ejercidas por aquellos profesionales que no laboren tiempo completo para una empresa, ni tengan Regencias internas, no podrá exceder cincuenta horas de Regencia ni quince Regencias.” “Artículo 31.-Límite de Regencias externas cuando existe relación laboral. El profesional que labore tiempo completo en un establecimiento, podrá contratar un máximo de 10 horas de Regencia Externa, sin exceder un máximo de 3 Regencias externas.

Si la relación laboral es por un tiempo menor al tiempo completo la Fiscalía hará un estudio para determinar el tiempo máximo equivalente según cada caso.” Ahora bien, obsérvese que el tiempo dedicado a esta función de asesoría técnica es fiscalizado por el Colegio, justamente de acuerdo al nivel de complejidad de la actividad. Esto está también regulado de la siguiente manera:

“Artículo 30.-Fiscalización de horas de Regencia. El Colegio podrá evaluar por medio de la Fiscalía, si el tiempo contratado entre el Regente y el Establecimiento se ajusta a las disposiciones del presente Reglamento.

La Fiscalía hará las recomendaciones correspondientes a la junta directiva, quien en caso necesario ordenará al Regente los ajustes requeridos.” Como se puede apreciar, existe un entramado regulatorio establecido conforme a derecho para el ejercicio de Regencias Químicas. Ciertamente, podrían existir elementos actuales o posteriores al momento de su promulgación, que se configuren como nuevas variables a valorar para el ejercicio esta competencia profesional. Elementos que incluso podrían mejorar las condiciones laborales tanto para las regencias internas como para las externas, y que en cualquier caso, ya sea para la regulación de estas u otras competencias profesionales, deberán ser discutidos como corresponde en las Asambleas de Agremiados. No obstante, la norma accionada sí ha sido dictada conforme al orden constitucional, en consideración y concordancia con otros diversos aspectos también contemplados en la normativa de este Colegio relativos al ejercicio de las regencias químicas, todos ellos tendentes a asegurar el buen ejercicio y la calidad del servicio profesional de los agremiados, en general, y de las regencias autorizadas en particular. Por ello, el Colegio de Químicos de Costa Rica no ve los vicios de inconstitucionalidad que el accionante acusa contra el artículo 28 del Reglamento a la Ley N°8412 (del Decreto Ejecutivo N°. 34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008), en virtud que esta norma no vulnera principio constitucional alguno. Solicita se declare sin lugar la acción.

10.- En memorial presentado el 22 de noviembre de 2022, se apersona Ingrid Cambronero Chan, cédula 108280836, e indica que es Química de profesión - adjunta constancia emitida por el Colegio respectivo-. Solicita “apoyar” la acción de inconstitucionalidad presentada por el Señor Milton Montero Gómez mediante el expediente 22-022922-0007-CO, por cuanto considera que los artículos 28,29,30 y 31 del Decreto No.34699-MINAE-S "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 de 22 de abril de 2004, Normativa del Colegio de Químicos de Costa Rica" que limitan el número de regencias y el número de horas que puede laborar, atentan contra su derecho al trabajo y crecimiento económico como profesional liberal, garantizados por la Constitución Política.

11.- En memorial presentado a la Sala el 1 de diciembre de 2022, se apersonan Mónica Acuña Garbanzo, cédula de identidad número 1-0831-0246, Licenciada en Química, Grettel Salazar Álvarez, Bachiller en Química y portadora de la cédula de identidad número 1-0698-0734 y Priscila Benavides Pérez, Bachiller en Química cédula de identidad número 11175-0073, y solicitan que, por tener interés legítimo, al tenor de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se les tenga como coadyuvantes pasivas en la acción de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N' 34699-MINAE-S, del 15 de abril de 2018, “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N' 8412, del 22 de abril de 2004”. Apuntan que se desempeñan como profesionales liberales y también como regentes químicos, y consideran que el artículo 28 del Decreto N' 34699-MINAE-S no violenta el derecho al trabajo y la libertad de contratación, sino que contribuye a asegurarlos. La petitoria planteada por el accionante, eliminación del límite de horas regencia externas y contratos de regencia química, en caso de ser resuelta a su favor, atenta contra el artículo 46 de la Constitución Política, en tanto posibilitarla la centralización en pocas personas físicas o jurídicas los contratos de regencia química y de sus horas regencia respectivas, desarrollando así monopolios privados. Esto atentaría contra la libre y balanceada competencia entre los profesionales, con la consecuente pérdida de trabajo actuales y futuros como regentes químicos. Lo anterior violentaría su derecho al trabajo, al ejercicio de su profesión y a la libre contratación. Asimismo, solicitan considerar el interés público sobre la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora. Adicionalmente, estiman que se estaría violentando la potestad depositada por el Estado en los colegios profesionales para regular y equilibrar el ejercicio profesional en sus áreas de especialidad, competencia así establecida por ley, que busca resguardar el derecho de la ciudadanía, los consumidores, los trabajadores a la salud y a un medio ambiente sano, así como a la seguridad. Asimismo, se estaría habilitando un peligroso portillo para que otros colegios profesionales con figuras de regencia, que también inciden en áreas de la salud y del ambiente, deban desregular sus regencias en cuanto al límite de horas regencia. Sostienen que el adecuado ejercicio profesional del regente químico es de interés público: el ejercicio profesional bajo la figura de regente profesional, y de regente químico, y el que este ejercicio sea prestado en forma adecuada en atención a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a los establecimientos que regenta presenta la connotación de interés público, misma que ha sido reiterada tanto por la Sala Primera de Casación como por la Sala Constitucional en sus sentencias N° 789-94 del 8 de febrero de 1994, 05483- 95 y N' 4637-99 del 16 de junio de 1999, que indican que intereses superiores a los particulares de los administrados exigen que exista un control sobre la actividad que realiza un grupo determinado de profesionales por constituir su actividad un servicio público cumplido a través de sujetos particulares. Señalan que la correcta y decorosa prestación de los diversos servicios profesionales, tiene que ser considerada una cuestión del más preponderante interés público lo que aunado al mandato constitucional que tiene el Estado en materia de tutela y protección de la salud, el ambiente y la seguridad, y, que el campo de la gestión de sustancias químicas es tutelado bajo la figura de regente químico. El interés público que se reconoce en el correcto y adecuado servicio profesional, adquiere especial relevancia en el caso de los regentes profesionales, por cuanto su exigencia a nivel legal, como requisito para operar determinados establecimientos, encuentra sustento en el garantizar un adecuado resguardo de la salud y el ambiente. Los colegios profesionales que contemplan la figura de regente profesional, como es el caso del Colegio de Químicos, están llamados a asegurar el correcto y adecuado servicio y ejercicio profesional, y es en este sentido, que los mismos están facultados a establecer las regulaciones que consideren pertinentes para asegurar que los profesionales que opten por ejercer amparados a la figura profesional de regente químico lo hagan en forma correcta y adecuada y con plena capacidad intelectual y de carga de trabajo para asegurar que cumplen los compromisos adquiridos con quienes les contratan, con el país y la población en la delicada tarea del resguardo y la protección de la salud y el ambiente frente a los riesgos que plantea la gestión de sustancias químicas. Sobre las funciones y actividades que lleva a cabo un profesional liberal en química y un regente. Indican que ni el Colegio de Químicos ni el artículo 28 del Decreto N' 34699-MINAE-S, ejercen limitación de horas a los profesionales liberales, sino que se otorga total libertad al profesional para ejercer estas funciones en condiciones de libre contratación. Lo correcto es indicar que sobre estas funciones o actividades específicas no pesa limitación o tope de horas por el artículo 28 impugnado. Más aún, es práctica muy común entre los profesionales liberales en química, en el campo de asuntos regulatorios, que éstos contraten en forma totalmente libre e irrestricta todas las fichas de datos de seguridad, etiquetas, registros, fichas de transporte, capacitaciones, reportes ante el Instituto Costarricense sobre Drogas, planes de residuos, etc, que deseen o que su capacidad intelectual y de trabajo les permita. Por lo tanto, las funciones y actividades que se indican arriba no están sujetas a ninguna restricción que limite a un profesional liberal a poder contratar sólo un determinado número de horas límite al mes para ello. Sobre la afirmación de que "el Colegio de Químicos incorpora en su reglamento que los químicos solamente pueden trabajar cincuenta horas", señala que la limitación de las cincuenta horas se refiere al ejercicio bajo la figura de regencia química. Las horas consultoría, asesoría o dedicadas a lo que conocernos como tramitología, no cuentan con un límite de cantidad de horas por mes, por lo que el trabajo profesional se compone de las dos modalidades de horas. Dicho esto, ni el artículo 28 en mención ni el Colegio de Químicos están limitando el ejercicio profesional en su totalidad, sino sólo la actividad de regencia química. Y esto se da por las razones antes indicadas de buscar asegurar el correcto y adecuado ejercicio profesional bajo la figura de regente químico, en resguardo de la tutela que la Constitución exige al Estado de la salud y del ambiente y del derecho a éstos. Como aporte adicional, el artículo 31 del decreto en mención establece que los profesionales que laboran tiempo completo para una empresa o institución (en jornada de 48 horas semanales), pueden incluso laborar 10 horas de regencia externa adicionales, de acuerdo con su capacidad intelectual y física. Esto demuestra la posición del Colegio de Químicos de garantizar a sus agremiados el derecho de disfrute a ejercer su trabajo en jornada completa o limitada sólo por su propia capacidad o deseo de trabajo. Sobre el límite a la cantidad de horas regencia. Es obligación del Estado regular sobre el manejo de productos químicos para cumplir con su mandato constitucional de velar por la salud, el ambiente y la seguridad. El Colegio de Químicos, los profesionales en el área de la química y los regentes químicos, están solidariamente obligados con el Estado a velar por el fiel cumplimiento e implementación de las normas y buenas prácticas en materia de manejo de productos químicos establecidas en el marco regulatorio nacional (referencia en Decreto No. 28930-S, del 9 de agosto de 2000). El regente químico es aquel profesional debidamente incorporado como miembro activo del Colegio de Químicos, que asume la responsabilidad técnica y científica dentro de su campo profesional, en aquellos aspectos que tengan impacto sobre la salud de las personas y el ambiente, de acuerdo con la legislación vigente (referencia Decreto N°34699-MINAE-S). La eliminación del tope o límite a las horas regencia en nuestra especialidad o la declaración de inconstitucionalidad del artículo 28 antes citado, puede ir en claro perjuicio de la tutela estatal sobre la salud, el ambiente y la seguridad, así como sobre la prevención de accidentes químicos y tecnológicos. Un error en el ejercicio adecuado y correcto de la regencia química puede significar la pérdida de vidas humanas o daños irreparables a la salud de las personas, a la propiedad de los establecimientos regentados o de terceros y al ambiente. Como tal, el Estado delega y faculta al Colegio de Químicos para establecer los límites que le permitan asegurar, en base a su criterio experto, que la regencia química se ejerce en forma responsable, adecuada, correcta y protegiendo el mandato constitucional del Estado al resguardo de la salud y el ambiente. Sobre el equilibrio entre el interés particular y el bienestar común: se indica en la acción de inconstitucionalidad que una norma regulatoria como la que se impugna solamente puede ser admisible en cuanto garantiza un sano equilibrio entre el interés particular y el bienestar común, lo cual es precisamente, la razón de ser del límite a las horas regencia, dado que en el ejercicio profesional bajo la figura de la regencia se conjuga el interés particular del profesional de ejercer la profesión y alcanzar su realización personal y laboral, con el interés público en el resguardo de la salud, la protección del ambiente y la seguridad, y, por ende, el bienestar común.

12.- Por resolución de las 9:58 horas del 6 de diciembre de 2022, el Presidente de la Sala hizo prevenciones a David Hidalgo Paniagua, Warner Salas Elizondo y a Ingrid Cambronero Chan.

13.- Por resolución de las 9:36 horas del 16 de diciembre de 2022, el Presidente de la Sala admitió la solicitud de Grettel Vanessa Salazar Álvarez, Mónica Acuña Garbanzo y Priscilla María Benavides Pérez, para que se les tenga como coadyuvantes pasivas y rechazó las gestiones planteadas por David Hidalgo Paniagua, Warner Salas Elizondo e Ingrid Cambronero Chan, por no haber cumplido lo prevenido mediante resolución de las 9:58 horas del 6 de diciembre de 2022. Tuvo por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República, al presidente del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, y al presidente del Colegio de Químicos de Costa Rica, en la resolución de las 10:53 horas del 21 de octubre de 2022. Asimismo, toma nota de lo manifestado por el Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines. Finalmente, dispuso pasar la acción para estudio de la magistrada ponente.

14.- Por resolución de las trece horas cincuenta y cinco minutos del doce de junio de dos mil veinticuatro, la magistrada ponente confirió audiencia por tres días al Ministro de Ambiente y Energía y a la Ministra de Salud, en la presente acción de inconstitucionalidad, promovida por MILTON MONTERO GÓMEZ, contra el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N°8412 de 22 de abril de 2004”.

15.- En memorial incorporado el 19 de junio de 2024, se apersona Allan Mora Vargas, en su condición de Viceministro de Salud, actuando en calidad de Ministro a.i de Salud, y contesta la audiencia conferida respecto a la acción de inconstitucionalidad incoada contra el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N°8412 de 22 de abril de 2004”, en los siguientes términos:

“en dicho reglamento si bien es cierto tuvo participación para su elaboración este Ministerio, la misma no es exclusiva y única, teniéndose como insumos en su génesis, como cita la motivación del Decreto Ejecutivo en su origen: “facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 28 de la Ley Nº6227 de 2 de mayo de 1978 "Ley General de la Administración Pública"; 4º, inciso d) y 59 y siguientes de la Ley Nº7554 de 4 de octubre de 1995 "Ley Orgánica del Ambiente"; 2º, 38, 40 de la Ley Nº5395 de 30 de octubre de 1973 "Ley General de Salud"; y la Ley Nº8412, de 22 de abril del 2004, "Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica…” -negrita es agregada- Teniéndose la clara injerencia de la Ley N°8412 - Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica en lo que nos ocupa al señalar mediante el artículo 81:

“…Potestad del Colegio para regular lo relativo al ejercicio profesional. El Colegio de Químicos tendrá amplias facultades para regular todo lo relativo al ejercicio profesional dentro del ámbito de sus competencias…”.

Siendo que el artículo 2, de la citada Ley, dispone en cuanto a la regulación del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales afines, que es un ente de derecho público no estatal, con personalidad jurídica plena y patrimonio propio, recayendo su representación judicial y extrajudicial en el presidente de la Junta Directiva, con las facultades que indica el artículo 1253 del Código Civil y las limitaciones estipuladas en el artículo 39 de esta Ley. Evidenciándose de la información extraída que lo relativo al ejercicio profesional de los agremiados al Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales no es de resorte del Ministerio de Salud, por cuanto existe normativa especial bajo su Ley Orgánica, que por rango da esta facultad, sobre el Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008. Resulta pertinente y oportuno mencionar que el mismo se emitió con fundamento en la Ley N°8412 y en la Asamblea General Extraordinaria realizada el día 16 de julio de 2004, donde se hizo la redacción del reglamento que nos ocupa y el de tarifas profesionales, puesto en conocimiento del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía, mediante el oficio N°CQ082-2005 de fecha 07 de setiembre de 2005 (como se evidencia en la prueba aportada), emitido por la Licda. Aída Rojas Rojas, en calidad de Presidenta del Colegio de Químicos de Costa Rica, con copia a la Junta Directiva del Colegio. Recordando que el ámbito de aplicación y análisis puesto en nuestro conocimiento radica bajo el principio de legalidad que nos regula en materia de salud y no administrativo, siendo vigilantes en cuanto a los profesionales que conforman el Colegio de Químicos y en relación a la ejecución de sus funciones y aplicación de sus conocimientos científicos, con seguridad, higiene, enfocados a la protección de la salud, el ambiente y la vida humana como la animal, bajo los estándares de calidad y sin poner en riesgo la vida de los ciudadanos, todo ello en concordancia con la Ley General de Salud, Nº5395 y sus reformas, así como con la Ley Orgánica del Ambiente, Nº7554.

Teniéndose que el contenido de la norma que se pretende declarar inconstitucional viene a regular los límites de regencias externas ejercidas por los profesionales que no laboran tiempo completo, ni cuentan con regencias internas, no es competencia técnica de este Ministerio el tema, por cuanto es una función básica del colegio profesional y sus agremiados el asunto. Justificando la participación y vigilancia de este Ministerio en la revisión del Reglamento, Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N°8412 de 22 de abril de 2004, en procura de proteger los derechos consagrados en los artículos 21 y 50 constitucionales, Decreto Ejecutivo N°40724-S del 23 de setiembre del 2017, publicado en La Gaceta N°215 del 14 de noviembre del 2017, denominado “Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud”, vigente a partir del 14 de noviembre del 2019, establece como Misión del Ministerio de Salud, que somos la institución que dirige y conduce a los actores sociales para el desarrollo de acciones que protejan y mejoren el estado de salud físico, mental y social de los habitantes, mediante el ejercicio de la Rectoría del Sistema Nacional de Salud, con enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, propiciando un ambiente humano sano y equilibrado, bajo los principios de equidad, eficiencia, calidad, transparencia y respeto a la diversidad, cuyo fundamento en sus actuaciones lo constituyen primordialmente la Constitución Política, la Ley N°5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”, la Ley N°5412 del 8 de noviembre de 1973 “Ley Orgánica del Ministerio de Salud”; entre otros. Solicita declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad, en lo pertinente al Ministerio de Salud por cuanto en lo referente a la redacción del artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N°8412 de 22 de abril de 2004”, escapa de la materia que ocupa al Ministerio de Salud, no haciendo especial pronunciamiento al respecto, siendo competente en su conocimiento plenamente el Colegio de Químicos de Costa Rica que acordó el Reglamento.

16.- En memorial incorporado al expediente el 19 de junio de 2024, se apersona Franz Tattenbach Capra, en su condición de ministro de Ambiente y Energía, a fin de contestar la audiencia conferida respecto a la presente acción de inconstitucionalidad, en la que se cuestiona el artículo 28 del Decreto Ejecutivo No. 34699-MINAE-S denominado “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412 del 22 de abril de 2004, Normativa del Colegio de Químicos de Costa Rica” y manifiesta, que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio, “…en Costa Rica, los colegios profesionales son entidades de derecho público cuya creación y regulación están fundamentadas en leyes específicas promulgadas por la Asamblea Legislativa. Estas instituciones poseen personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, lo que les permite actuar con independencia en el cumplimiento de sus objetivos y responsabilidades. La principal función de los colegios profesionales es la regulación y supervisión del ejercicio de las profesiones que representan, asegurando que sus miembros actúen con idoneidad y ética, y protegiendo así el interés público. Pese a lo anterior, la naturaleza jurídica de los colegios profesionales se caracteriza por varios aspectos clave. En primer lugar, su creación legal se realiza mediante leyes específicas que establecen su estructura, funciones y facultades. Además de ello, tienen la facultad de emitir reglamentos y normas internas para regular el ejercicio profesional de sus miembros. Sin embargo, en algunos casos, la creación de esos reglamentos recae en el Estado, como sucedió con el Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S, el cual llega a fortalecer a la Ley N° 8412, pese a no contemplar normas de ejecución por parte del Ministerio de Ambiente de Energía, ni del Ministerio de Salud.

Aunado a lo anterior, y enfocándose en el tema relacionado al artículo 28 impugnado, en cuanto a la regulación de las jornadas de trabajo, la Constitución Política de Costa Rica y el Código de Trabajo establecen normas claras para proteger los derechos de los trabajadores y asegurar condiciones laborales justas y equitativas. El artículo 58 de la Constitución Política garantiza el derecho de los trabajadores a jornadas de trabajo que no excedan de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales. Este precepto constitucional establece un marco básico para la protección del trabajador, asegurando su derecho al descanso y a condiciones laborales dignas.

(… ) Se extrae, entonces, de la información anteriormente mencionada, que la disposición de la jornada laboral no es tema sobre el cual el Ministerio de Ambiente y Energía tenga competencia para decidir, sino que, por la materia, corresponde al Ministerio de Trabajo, para establecer la legalidad del mismo.

(…) En este contexto, cualquier regulación específica sobre la jornada laboral, como la establecida en el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S, debe ser evaluada y, de ser necesario, ajustada por el Ministerio de Trabajo para asegurar su conformidad con las leyes laborales vigentes y los derechos de los trabajadores. Por lo anterior, recomendamos establecer en la respuesta del señor ministro de la siguiente manera, que, al entrar a valorar el fondo de lo establecido en el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N°8412 de 22 de abril de 2004”, el Ministerio de Ambiente y Energía, pese a ser uno de los entes firmantes del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S, no tiene la competencia para referirse a la materia de jornada laboral, por lo que se debe dirigir a la honorable Sala Constitucional a solicitar informe técnico-legal al Ministerio de Trabajo, para que se refieran a la capacidad de establecer límites en la jornada” (… )Es por ello, que la acción de inconstitucionalidad incoada, no es resorte del Ministerio de Ambiente y Energía, por lo que entrar a desarrollar el fondo de la misma no es competencia ni función de esta cartera, ya que el artículo en cuestión es meramente materia laboral la cual no cobija a este Ministerio. Si bien es cierto, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, promovieron la creación del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril del 2008, “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412 del 22 de abril de 2004, Normativa del Colegio de Químicos de Costa Rica”, el cual llega a fortalecer a la Ley N° 8412, “Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica”, pese a no contemplar normas de ejecución por parte del Ministerio de Ambiente de Energía, ni del Ministerio de Salud, sino que se originó como una colaboración para formalizar el Reglamento en cuestión y por ser el Poder Ejecutivo el único que tiene la competencia de emitir los Decretos Ejecutivos, los cuales están amparados en las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 27 inciso 1 y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de la Administración Pública No 6227 del 2 de mayo de 1978.” Solicita que se rechace la acción de inconstitucionalidad.

17.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibidem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.

18.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad; requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa; cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto; o cuando sea presentada por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. De acuerdo con el primero de los supuestos previstos por el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la norma cuestionada no debe ser susceptible de aplicación concreta, que permita luego la impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo como asunto base. En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos", que son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa.

II.- En cuanto a la exigencia de un asunto pendiente de resolver, esta Sala en la sentencia No. 4190-95, de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, señaló lo siguiente:

“En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.” Así las cosas, la exigencia de un asunto previo pendiente de resolver, no constituye un requisito meramente formal, toda vez, que no basta con la sola existencia de un asunto base, ni con la simple invocación de la inconstitucionalidad, pues se requiere además, que la acción sea un medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. Esto quiere decir, que es necesario que se verifique la existencia de un asunto en el que estén de por medio los derechos fundamentales de las personas y en el cual las normas impugnadas tengan una incidencia directa para la resolución del caso (ver en igual sentido las sentencias No. 1668-90, No. 4085-93, No. 798-94, No. 3615-94, No. 409-I-95, No. 851-95, No. 4190-95, No. 791-96). Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, la determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos, la autenticación por abogado del escrito en el que se plantea la acción, la acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), así como la certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, requisitos todos que en caso de no ser cumplidos por el accionante, dan lugar a la inadmisión de la acción.

III.- SOBRE EL NÚMERO MÁXIMO DE REGENCIAS EXTERNAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO EJECUTIVO N°34699-MINAE-S. En el recurso de amparo que se tramita bajo expediente N°22-010711-0007-CO, por resolución número 2022021297 de las 9:30 horas del 16 de setiembre de 2022 la Sala confirió al recurrente plazo para interponer acción de inconstitucionalidad contra el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 de 22 de abril de 2004". El promovente plantea la acción para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 28 del indicado reglamento, como medio razonable para amparar los derechos que considera lesionados, e indica que es Químico y está incorporado al Colegio de Químicos de Costa Rica. Ejerce liberalmente su profesión como regente químico de once empresas a tenor de la Ley N°8412 Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, actividades a las que dedica cincuenta y ocho horas regencia mensuales y reclama que, con fundamento en el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 de 22 de abril de 2004", el Colegio de Químicos está limitando su trabajo, conminándolo a que, en el plazo de tres meses, disminuya las horas regenciales de cincuenta y ocho a cincuenta. Al respecto, el oficio CQCR-FIS-2022-051 de 30 de marzo de 2022, dirigido por el fiscal asistente del Colegio de Químicos de Costa Rica al recurrente, indica lo siguiente: “La Fiscalía del Colegio de Químicos de Costa Rica (CQCR), en pleno ejercicio de las funciones que Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica le confiere, ha estado investigando sobre la cantidad de horas regencia a cargo de los miembros que se dedican a dicha labor como actividad principal. Sustentado en el artículo 28 del Decreto N°34699-MINAE-S Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N°8412 del 22 de abril de 2004, normativa del Colegio de Químicos de Costa Rica (…) la Fiscalía desea recordarle lo siguiente: -Según el acuerdo alcanzado en la reunión que se sostuvo el martes 29 de marzo del presente año, se extiende un plazo de 3 meses para hacer los cambios que considere necesarios para ajustar las horas de regencias a su cargo de manera que se cumpla con el límite establecido por el artículo 28. -Posterior a la expiración del plazo, el 29 de junio, no será posible la renovación de regencias que den lugar a que se exceda el límite de 50 horas. Ello a causa de los ajustes límite del sistema informático que procuran el cumplimiento de dicha disposición legal.” Nótese que se apercibe al agremiado que ajuste las horas de regencia a fin de cumplir el límite establecido por el artículo 28 del reglamento -cincuenta horas-, advirtiéndole que, expirado el plazo conferido a tal efecto, no se renovarán las regencias que den lugar a que se exceda ese límite; no obstante, no se le apercibe en lo absoluto respecto al número máximo de regencias externas inscritas -quince regencias-, lo que obedece a que el promovente tiene inscritas once regencias externas con diferentes empresas, número que no excede el límite previsto. A mayor abundamiento, la pretensión del amparo, asunto base de esta acción es “que se anule el artículo 28 del reglamento N°34699-MINAE-SS que fija las horas de regencia química en 50 horas porque se está violentando mi derecho al trabajo (…)”.

Con fundamento en tales consideraciones, es criterio de este Tribunal que el promovente cuenta con legitimación suficiente para solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S, exceptuando la frase “ni quince Regencias”. En consecuencia, la acción en lo que respecta a la discusión sobre la supuesta inconstitucionalidad del máximo de regencias externas que puede ejercer el profesional en química que no labore tiempo completo para una empresa, ni tenga regencias internas, es inadmisible. En efecto, como ya se destacó supra, para examinar la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad que funda su legitimación en lo dispuesto en el art. 75 párrafo primero de la LJC, se requiere no solo constatar la existencia misma de un asunto base y la respectiva invocación en el caso previo, sino que además se exige que la acción de inconstitucionalidad ‒cuando esta es interpuesta por vía incidental‒ sea un medio razonable para amparar el derecho o el interés que se considera lesionado en el asunto base. Como ya se advirtió, eso significa que es necesario que se verifique la existencia de un asunto en el cual la norma impugnada y, concretamente, la declaratoria de inconstitucionalidad de ella que se pretende tenga una incidencia directa para la resolución del caso. Al respecto, en la sentencia N°1998-6434 este Tribunal advirtió lo siguiente:

“A mayor abundamiento, debe indicarse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la legitimación para acceder al control de constitucionalidad de las normas, se relaciona inescindiblemente, salvo casos de excepción también contemplados en la ley, con la existencia de un asunto pendiente de resolver ante los tribunales de justicia u órganos administrativos, en el que se invoque la inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado. Lo anterior determina la necesidad de que exista identidad entre el derecho o interés que se pretende tutelar en el asunto pendiente de resolución y el contenido de las normas que se impugnan, lo que a su vez exige que exista también relación entre la situación de hecho en que se encuentran las personas físicas o jurídicas que reclaman contra la lesión o amenaza de derechos o intereses, y el contenido de las normas cuestionadas. Esta relación debe ser al menos determinable, lo que significa que no se está autorizado para cuestionar la inconstitucionalidad de una norma que no aplica a la persona a quien eventualmente alcanzaran los efectos de la acción de inconstitucionalidad, por estar en una situación de hecho diferente de la hipótesis fáctica de la norma, o por no haber demostrado, en el asunto previo, la posible aplicación de dicha norma a su situación concreta”. (Lo destacado no corresponde al original).

En el caso que se analiza, en el escrito interposición del amparo, que constituye el asunto base de esta acción, no se alude siquiera a la supuesta inconstitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 28 sobre el número máximo de quince regencias externas que pueden ejercer los “profesionales que no laboren tiempo completo para una empresa, ni tengan regencias internas” ni se reclama que el Colegio de Químicos de Costa Rica haya realizado apercibimiento alguno y, menos aún, aplicado medidas como la denegatoria de inscripción o renovación de regencias externas al recurrente, por haber excedido el número máximo de regencias externas establecido en el numeral 28 del reglamento. Por las razones expuestas, siguiendo la lógica de la normativa indicada, así como la línea jurisprudencial de este Tribunal, la Sala considera que la acción de inconstitucionalidad es inadmisible en lo que respecta a la frase “ni quince Regencias”, pues no es medio razonable para amparar el derecho o el interés que se considera lesionado en el asunto base, y la declaratoria de inconstitucionalidad que se pretende, no tiene incidencia directa para la resolución del caso.

IV.- PRECISIÓN SOBRE EL OBJETO DE IMPUGNACIÓN. Conforme lo dispuesto en el considerando anterior, respecto a la inadmisibilidad parcial de la acción por falta de legitimación del accionante, respecto a la frase “ni quince regencias”, se determina que el objeto de impugnación es el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 de 22 de abril de 2004", con excepción de la frase final, que se resalta en negrita:

“Artículo 28.-Límite de regencias externas. El máximo de Regencias externas ejercidas por aquellos profesionales que no laboren tiempo completo para una empresa, ni tengan Regencias internas, no podrá exceder cincuenta horas de Regencia ni quince Regencias.” El accionante alega que la disposición impugnada 1) Lesiona el derecho al trabajo y la libertad de contratación por los siguientes motivos:

  • a)Establece, sin criterio técnico alguno, que un profesional en química sólo puede ejercer quince regencias o cincuenta horas, entrando en contradicción con el artículo 2 del mismo reglamento, que define la hora de regencia como equivalente a una hora, mientras que el Código de Trabajo prevé una jornada ordinaria semanal de 48 horas, es decir, 192 horas por mes, la norma reglamentaria impugnada establece que los químicos solo pueden trabajar cincuenta horas, lo que es inconstitucional por lesionar el derecho al trabajo y a la libertad de contratación.
  • b)Las restricciones al derecho al trabajo y la libertad e contratación deben contemplar el anhelo de realización humana encaminado al mejoramiento socio cultural, político y económico del individuo, no solo una mera ecuación económica; las jornadas de trabajo se establecen para garantizar mínimos de descanso e impedir la explotación del trabajador, sin embargo, en el caso del profesional liberal, los servicios de asesoría técnica que brinda estarán limitados únicamente a su capacidad intelectual y de trabajo, de allí que la disposición cuestionada está desfasada.
  • 2)La norma impugnada es inconstitucional por ser una norma en blanco, que no especifica si las cincuenta horas son semanales, quincenales o mensuales.
  • 3)La norma impugnada es inconstitucional por ser ilógica; restringe el derecho al trabajo de un profesional liberal, ya que entiende el Colegio de Químicos de Costa Rica, en forma arbitraria, que cincuenta regencias son cincuenta horas mensuales, aspecto éste que la norma no establece, y de establecerlo, sería un absurdo, porque el acto de regencia no se puede constreñir al mero transcurrir del tiempo (sesenta minutos) por cuanto la regencia, como todo acto de un profesional liberal, es asesoría técnica, cuyo nivel de simplicidad o complejidad determina el tiempo que se le dedica.

V.- SOBRE LA REGULACION Y FISCALIZACIÓN DEL MANEJO DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS. La salud de la población y el ambiente son bienes de interés público tutelados por el Estado, por lo que a las autoridades encargadas de su protección y tutela les corresponde garantizar que ambos sean protegidos de manera eficiente, lo que contribuye a mantener y mejorar la calidad de vida de los habitantes y procurar el desarrollo del país. Respecto al tema que nos ocupa, la regulación y fiscalización de las actividades que involucren sustancias tóxicas y peligrosas, la Ley General de Salud, designa al Ministerio de Salud, como institución rectora, a la que corresponde la planificación estratégica del sector, la vigilancia de la salud, la regulación de los establecimientos e industrias que manejen este tipo de sustancias. El capítulo III, relativo a los deberes y restricciones a que quedan sujetas las personas que por acciones o actividades que puedan afectar la salud de terceros, en su sección IV, contempla los deberes y restricciones a que quedan sujetas las personas en sus acciones y operaciones relativas a sustancias tóxicas y peligrosas, entre ellos: prohíbe importar, fabricar, manipular, almacenar, vender, transportar, distribuir o suministrar sustancias o productos tóxicos y sustancias, productos u objetos peligrosos de carácter radioactivo, comburente, inflamable, corrosivo, irritante u otros declarados peligrosos por el Ministerio de Salud, con riesgo o daño para la salud o la vida de las personas y sin sujeción estricta a las exigencias reglamentarias o a las especiales que el Ministerio pueda dictar para precaver tal riesgo o peligro; impone a quien se ocupe de la importación, fabricación, manipulación, almacenamiento, venta, distribución y transporte y suministro de sustancias o productos tóxicos, sustancias peligrosas o declaradas peligrosas por el Ministerio, la obligación de velar porque tales operaciones se realicen en condiciones que eliminen o disminuyan en lo posible el riesgo para la salud y seguridad de las personas y animales que quedan expuestos a ese riesgo o peligro con ocasión de su trabajo, tenencia, uso o consumo. Además, prohíbe el expendio y suministro de sustancias o productos tóxicos o de sustancias o productos u objetos peligrosos u otros declarados como tales por el Ministerio sin cumplir estrictamente las disposiciones reglamentarias pertinentes y en especial, las que digan relación con el registro obligatorio cuando proceda y con el contenido obligatorio de la rotulación que deberá acompañar al producto mismo, a sus envases y empaquetaduras y en el que se deberá indicar en español y con la simbología pertinente, la naturaleza del producto, sus riesgos, sus contraindicaciones y los antídotos correspondientes si procedieren (artículos 239, 240 y 241 Ley General de Salud N°7535). Corresponde también a los colegios profesionales coadyuvar con la fiscalización del ejercicio profesional en este ámbito y los profesionales en áreas de la química entre ellos, responsables técnicos y regentes, están solidariamente obligados con el Estado, a velar por el fiel cumplimiento e implementación de las normas en materia de manejo de productos químicos que oficialice el Estado.

VI.- SOBRE LOS COLEGIOS PROFESIONALES.- Los colegios profesionales constituyen entes de derecho público, que tienen como finalidad primordial velar porque se ejerza la profesión que representan, dentro del marco regulatorio aplicable, objetivo que se regula mediante el proceso de incorporación a aquellos, en los casos que tal incorporación es obligatoria; así como imponer las sanciones disciplinarias derivadas de la transgresión a la normativa que regula su funcionamiento. Esta Sala ha indicado que los Colegios Profesionales poseen fines públicos que han sido otorgados por el Estado, para cuyo cumplimiento se dota a esas corporaciones de funciones de regulación y de policía, funciones que normalmente pertenecen y son ejercidas por el mismo Estado. Dentro de las funciones administrativas desempeñadas por los citados Colegios están las de fiscalización y control respecto del correcto y eficiente ejercicio profesional, lo que lleva implícito una potestad disciplinaria sobre los agremiados de esos Colegios, en donde la imposición de sanciones debe realizarse respetando el principio del debido proceso, garantizando al agremiado su derecho de defensa, de ser oído y de producir las pruebas que entienda pertinentes, en apego al artículo 39 constitucional. Los Colegios Profesionales son titulares de potestades de imperio respecto de sus miembros, los cuales entran en una relación jurídico administrativa de sujeción especial como destinatarios de los actos administrativos, en ejercicio de esa potestad disciplinaria, expresiva de la función administrativa que desarrolla y que dicta el Colegio profesional. Al respecto esta Sala en la sentencia N°1999-04637 de las 15:42 horas del 16 de junio de 1999 en lo conducente indicó:

“...esta Sala ha vertido ya su criterio acerca de la relevancia social de la labor que desempeñan los profesionales en sus respectivos campos.

(...) no puede caber duda acerca de que la correcta y decorosa prestación de los diversos servicios profesionales tiene que ser considerada como una cuestión del más preponderante interés público, y en esto la Sala reafirma decididamente su postura. Precisamente por eso, es decir, para asegurar tanto la dignidad profesional como la satisfacción de los intereses de los usuarios de esos servicios, es necesaria la continua vigilancia de la actividad, supervisión que tiene alcances tanto preventivos como correctivos. Ese control toca, en primera instancia, al propio gremio profesional, legítimamente interesado como lo está en salvaguardar su prestigio, integridad y tradición social. Para ello existen los colegios profesionales y por ello es que el Estado les concede potestades de autorregulación y de disciplina sobre sus miembros, de manera que sean ellos los primeros y principales garantes del lustre de sus respectivas disciplinas. A ello se refirió ya la Sala en la precitada resolución número 05483-95, al decir que:

"En este orden de ideas, el requisito en cuestión es consecuencia del poder fiscalizador que posee el Estado en aras del bien común, el cual podría ser ejercido en forma directa o bien, como en el caso de nuestro país, delegarlo en forma exclusiva en una organización no estatal –Colegio Profesional–, pues intereses superiores a los particulares de los administrados exigen que exista un control sobre la actividad que realiza un grupo determinado de profesionales por constituir su actividad un servicio público cumplido a través de sujetos particulares..." VII.- SOBRE LAS REGENCIAS PROFESIONALES. La figura del regente está prevista en el ordenamiento jurídico costarricense en distintas normas de rango legal. Así, la “Ley General de Salud”, N°5395 exige contar con un regente farmacéutico para la operación de ese tipo de establecimientos o con un médico veterinario como regente si el establecimiento se dedica exclusivamente a los medicamentos de uso veterinario (artículo 96); la “Ley Forestal” N°7575 prevé la figura del regente forestal, encargado de la ejecución de los planes de manejo forestal (artículo 21). También la “Ley de Protección Fitosanitaria” N°7664, obliga a quienes importen, registren, almacenen, distribuyan, reempaquen o mezclen sustancias químicas, biológicas o afines con propósitos comerciales, a contar con los servicios de un profesional en ciencias agrícolas, incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos y si fabrican o formulan estas sustancias, el profesional deberá ser químico o microbiólogo, según el caso, incorporado al colegio respectivo. Los regentes serán los responsables técnicos de tales actividades y sus recomendaciones son vinculantes para quien contrate sus servicios (artículo 27 y 28). Del mismo modo, la “Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica” Ley N°8412 de 22 de abril de 2004 contempla la figura del regente en los artículos 91 y 107, supuestos que se analizarán más adelante. Todas las actividades para las que se requiere la asesoría técnica de un regente profesional, se caracterizan por la existencia de un riesgo para la salud, no sólo de personas sino de los animales y del ambiente, siendo responsabilidad del profesional especializado o el regente su prevención y mitigación.

VIII.- SOBRE LA REGULACIÓN DE LA REGENCIA QUÍMICA. El Colegio de Químicos es un ente de derecho público no estatal, facultado por la ley para velar por el cumplimiento de las normas técnicas y de ética profesional de sus colegiados en el ejercicio de su profesión, asimismo, para regular lo relativo al ejercicio profesional dentro del ámbito de sus competencias (artículos 2, 62, y 81 de la “Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica” Ley N°8412 de 22 de abril de 2004). Respecto a la regencia química, la ley N°8412 determina que los laboratorios de análisis químico y físico-químico, los laboratorios de investigación química y los laboratorios de productos químicos, deben estar inscritos en el Colegio de Químicos, para lo cual deben contar con el regente o los respectivos profesionales en química, quienes deben ser miembros activos del Colegio de Químicos (artículo 91). Asimismo, dispone que es presupuesto necesario para la obtención del permiso sanitario de funcionamiento de los establecimientos que se dediquen a la venta y distribución de productos químicos para la industria, contar con un regente químico (artículo 107).

Por su parte, el Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412 del 22 de abril de 2004” regula detalladamente las regencias profesionales. Define al regente como el profesional debidamente incorporado como miembro activo del Colegio de Químicos, que asume la responsabilidad técnica y científica dentro de su campo profesional, en aquellos aspectos que tengan impacto sobre la salud de las personas y el ambiente, de acuerdo a la legislación vigente (artículo 2.13). Sobre la función y responsabilidad del regente, establece el artículo 35 del reglamento:

“Artículo 35.—Obligaciones del Regente. El Regente es el responsable de la asesoría técnica en todo lo que se refiere a los servicios de importación, almacenamiento, transporte, fabricación, procesamiento, preparación, venta, distribución, exportación, reenvasado y suministro de productos químicos; manejo, tratamiento y disposición de desechos de tales productos; manipulación de los mismos, así como de los trámites relacionados con tales funciones, tanto en instituciones públicas como en empresas de la cual se es regente, conforme se establezca contractualmente.

La responsabilidad del Regente es personal e indelegable.” Dispone además la normativa reglamentaria la obligación de inscribir la regencia ante el Colegio de Químicos previo a su ejercicio y el procedimiento respectivo, que inicia con la presentación del contrato de servicios profesionales (artículo 24). Con respecto a la información que debe contener el contrato de servicios profesionales, detalla el artículo 25:

“Artículo 25.-Contrato de Servicios Profesionales. Para toda Regencia Externa deberá mediar un contrato de Servicios Profesionales, que deberá contener como mínimo la siguiente información:

  • a)Calidades del profesional.
  • b)Calidades del Establecimiento y de su representante legal.
  • c)Declaración de conocimiento por ambas partes, del presente Reglamento.
  • d)Declaración del tiempo semanal que el profesional dedicará en particular a la gestión de sus obligaciones como Regente y la remuneración que percibirá por el ejercicio de sus funciones.
  • e)Descripción resumida del alcance de los servicios contratados, de acuerdo a su ejercicio profesional.” Adicionalmente, el reglamento contempla reglas sobre la remuneración mínima de los servicios profesionales de quienes ejerzan regencias internas y externas (artículos 26 y 27); límites en el número de horas regencia y cantidad de contratos, tanto para las regencias externas como las internas (artículos 28 y 31), disponiendo que el número mínimo de horas contratadas para cada regencia en el establecimiento se fijará de acuerdo al nivel de complejidad de la actividad de la empresa que se refleje en el nivel de responsabilidad asumido por el regente (artículo 29). Además, el artículo 30 faculta al colegio, por medio de la fiscalía, para evaluar si el tiempo contratado entre el regente y el establecimiento se ajusta a las disposiciones del reglamento. Por otra parte, el artículo 41 establece la obligatoriedad y exclusividad de uso del cuaderno de Bitácora para toda Regencia Química.

En suma, el legislador estableció, como condición para obtener permiso de funcionamiento para realizar determinadas actividades, que involucren sustancias tóxicas y peligrosas, la obligación de contar con un regente o profesional especializado, a fin de evitar el posible impacto negativo en la salud y el ambiente durante su ejecución y el “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412 del 22 de abril de 2004” regula exhaustivamente la actividad de los profesionales responsables y regentes, estableciendo requisitos especiales para el ejercicio de la regencia, y rigurosos mecanismos de control y fiscalización, a fin de asegurar la calidad del servicio profesional prestado IX.- SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA IMPOSICIÓN DE UN MÁXIMO DE HORAS REGENCIA PARA LAS REGENCIAS EXTERNAS. A.- Sobre la potestad reglamentaria.- Inicialmente, resulta pertinente hacer referencia a la potestad reglamentaria, atribución que ha sido analizada por este Tribunal Constitucional en numerosos pronunciamientos, señalando que está reducida a parámetros muy definidos que la condicionan y limitan. Dentro del sistema democrático, los poderes públicos tienen claramente definidas sus funciones, sin que pueda ninguno de ellos asumir las propias de los otros, pues tal transgresión viola el concepto mismo de división de poderes, entendido también como separación de funciones. En ese sentido, aunque no tiene la facultad de dictar leyes -la cual únicamente ostenta el Poder Legislativo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 105 y 121 de la Constitución Política-, el Poder Ejecutivo sí participa en la formación del ordenamiento jurídico a través de la potestad reglamentaria que la Carta Magna le confiere en el artículo 140 incisos 3) que señala la atribución de la Administración de "reglamentar las leyes, ejecutarlas, sancionarlas y velar por su exacto cumplimiento" y 18) que permite a este Poder del Estado "darse el reglamento que convenga para el régimen interior de sus despachos y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarias para la pronta ejecución de las leyes", potestad que se expresa a través de los decretos y reglamentos que dicte. Así, en el desempeño de la función administrativa, el Poder Ejecutivo puede dictar reglamentos, sean ejecutivos o autónomos. Con respecto a los reglamentos ejecutivos, que tienen su fundamento en el citado inciso 3) del numeral 140 constitucional, el Presidente de la República y el Ministro del ramo respectivo, están legitimados para reglamentar las leyes, lo cual significa que el Ejecutivo desarrolla los conceptos utilizados en la ley para hacerla efectiva y ejecutoria. Se trata de una normativa secundaria, subalterna, de rango inferior, que está subordinada por entero a la ley y, al mismo tiempo, la complementa, en tanto le corresponde desarrollarla, sin alterar su espíritu (ver sentencias N°1130-90, N°2934-93, N°5227-94 y N°9236-99 y Nº2005-14286). Justamente en este caso la disposición que se impugna del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, se enmarca dentro del ejercicio legítimo de una potestad constitucional del Ejecutivo.

El reglamento se dictó al tenor de lo dispuesto expresamente por la Ley N°8412 “Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica”, cuyo transitorio I (Capítulo XI, Título II) dispone que el Colegio de Químicos someterá a conocimiento del Poder Ejecutivo el proyecto de reglamento de su Título II. En ese sentido, la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Químicos aprobó el proyecto de reglamento el 16 de julio de 2004 y, posteriormente, fue remitido al Poder Ejecutivo para lo de su cargo. El Decreto Ejecutivo dictado por el Presidente de la República y los Ministros de Ambiente y Energía y Salud, señala en su parte considerativa, en primer lugar, que la Ley Nº8412 dispone la obligación de emitir mediante reglamento las regulaciones para los artículos 63, 64, 68, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 93, 95 y 107, siguientes y concordantes de dicha norma y en segundo término, que los profesionales que conforman el Colegio de Químicos están relacionados en la ejecución de sus funciones y aplicación de sus conocimientos científicos, con la seguridad e higiene, la protección de la salud, el ambiente y la vida humana, animal en general, con la calidad de vida de los ciudadanos, todo ello en concordancia con la Ley General de Salud, Nº5395 y sus reformas, así como con la Ley Orgánica del Ambiente, Nº7554.

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, procede analizar la constitucionalidad de la disposición impugnada, contenida en el numeral 28 del “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412 del 22 de abril de 2004”, Decreto Ejecutivo N°34699 MINAE-S.

B.- Sobre la inconstitucionalidad de la disposición cuestionada por vulnerar el principio de reserva legal. El actor alega que la limitación de cincuenta horas regencia para los regentes externos prevista en el artículo 28 del “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N°8412 del 22 de abril de 2004”, Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, es inconstitucional por vulnerar el derecho al trabajo y a la libre contratación. Con relación a las limitaciones a los derechos y libertades fundamentales, como los que allí se regulan, el derecho al trabajo, concretamente el derecho al ejercicio liberal de la profesión y la libertad de contratación, resulta imprescindible recordar que en esta materia rige el principio de reserva legal, que ha sido desarrollado por este Tribunal desde su jurisprudencia más temprana. Por ejemplo, la sentencia N°1156-94 de las 15:45 horas del 1 de marzo de 1994, sostuvo, en lo conducente:

"Las regulaciones a la libertad de expresión -y la presentación de espectáculos públicos-, como las de toda otra libertad constitucional, están sujetas al principio de reserva de ley, según se desprende del texto expreso del artículo 28 de la Constitución, principio cuyos alcances fueron definidos por esta Sala en el pronunciamiento número 3550-92 de las dieciséis horas del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, conforme al cual:

... a) En primer lugar, el principio mismo de "reserva de ley", del cual resulta que solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso restringir los derechos y libertades fundamentales -todo, por supuesto, en la medida en que la naturaleza y régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables-; b) En segundo, que sólo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones establecidas ni crear las no establecidas por ellas, y que deben respetar rigurosamente, su "contenido esencial"; y, c) En tercero, que ni aún en los Reglamentos ejecutivos, mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que sólo ella está habilitada a imponer, de donde resulta una nueva consecuencia esencial:

  • d)Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la Administración potestades discrecionales, porque éstas implicarían obviamente un abandono de la propia reserva de ley.» Los principios expuestos son enteramente aplicables a los espectáculos públicos, de manera que éstos únicamente pueden regularse mediante ley formal, la que puede ser desarrollada válidamente por el reglamento ejecutivo, siempre y cuando éste último no exceda los alcances en ella fijados.” También, sobre el contenido y alcances de este principio, que se erige como garantía frente a la restricción de los derechos y libertades fundamentales, en la sentencia N°2010-001668 de las 15:12 horas del 27 de enero de 2010, esta Sala indicó:

“En reiterada jurisprudencia constitucional se ha considerado que el régimen de los derechos y libertades fundamentales, es materia de reserva de la ley, no sólo porque se encuentra previsto dentro del sistema de libertad que garantiza el artículo 28 de la Constitución Política, sino que, además, porque se trata de un principio material que forma parte del régimen democrático, condición que le da un rango intrínsecamente fundamental (ver en este sentido, sentencias número 2002-01764 de las 14:37 horas del 20 de febrero del 2002 y número 2008-017305 de las 14:58 horas del 19 de noviembre del 2008, así como el voto 13.605-2009).” Más recientemente, la sentencia N°2021-011957 de las 17:00 horas del 25 de mayo de 2021 recapituló sobre este punto, indicando que el principio de reserva legal debe ser respetado cuando el Estado pretende fijar una limitación de los derechos fundamentales reconocidos en favor de las personas. Dicho principio tiene en sí mismo un rango fundamental para la constitución de un régimen democrático, tal como ha sido reconocido ampliamente por la jurisprudencia del Tribunal (ver, entre muchas, las sentencias N°2002-01764 de las 14:37 horas del 20 de febrero del 2002, N°2008-017305 de las 14:59 horas del 19 de noviembre del 2008 y N°2009-013605 de las 14:56 horas del 26 de agosto de 2009). También ha señalado esta cámara que el principio de reserva legal no sólo garantiza la libertad frente al resto de los ciudadanos, sino que constituye una garantía de control frente al poder público pues, precisamente, la regulación reglamentaria de una actividad que incide en una multiplicidad de derechos fundamentales, requiere de un marco normativo de rango legal, de manera tal que los derechos fundamentales no pueden quedar sustraídos del debate público que se genera en la Asamblea Legislativa, siendo que la Administración Pública carece de legitimidad para regular el ejercicio de los derechos fundamentales, lo cual está recogido en la Ley General de la Administración Pública cuando se indica en el numeral 19 que “El régimen jurídico de los derechos fundamentales estará reservado a la Ley, sin perjuicio de los Reglamentos Ejecutivos correspondientes”. A partir de lo expuesto, queda claro que es constitucionalmente válido que el legislador establezca ciertas limitaciones o regulaciones a los derechos y libertades fundamentales, siempre que éstas no produzcan un vaciamiento del contenido esencial de los derechos y libertades protegidos por la Constitución Política y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos suscritos por la República de Costa Rica, a la vez que superen el test de razonabilidad y proporcionalidad, que impone la ponderación de los criterios de legitimidad, necesidad, adecuabilidad y proporción en sentido estricto.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, la disposición impugnada es inconstitucional porque violenta el principio de reserva de ley, al limitar el ejercicio de una profesión liberal, estableciendo un máximo de horas de regencia –cincuenta- que puede ejercer un profesional en química que desempeña regencias externas, y no labora tiempo completo para una empresa, ni cuenta con regencias internas, por vía reglamentaria.

El Presidente del Colegio de Químicos se opuso a la acción de inconstitucionalidad, señalando que el Reglamento en análisis fue emitido con el fin de definir los procedimientos de aplicación y cumplimiento de varias disposiciones de la Ley N°8412, específicamente las contenidas en los artículos 81, 82 y 93, que atienden al ejercicio de las regencias químicas, por lo que en su criterio, el artículo 28 aquí impugnado es conforme al orden constitucional. Al respecto, de la revisión de la Ley N°8412 “Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica” se concluye que no existe norma alguna que habilite la restricción o limitación de horas regencia que pueden desempeñar los regentes externos, contenida en el artículo 28 del “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N°8412 del 22 de abril de 2004”. En cuanto a las normas que se citan como atinentes a las regencias químicas, está el contenido del artículo 81 de la Ley N°8412, que le atribuye al Colegio de Químicos competencia para regular lo relativo al ejercicio profesional, dentro del ámbito de sus competencias; sin embargo, una atribución tan amplia y genérica no puede tener como consecuencia jurídica la fundamentación de normas de excepción para el régimen de los derechos fundamentales mediante normas de rango inferior a la ley. Por otra parte, los artículos 82 y 93 de la Ley N°8412 también citados, carecen del vínculo necesario para establecer la relación ley-decreto ejecutivo, pues el primero determina quiénes integran el Colegio de Químicos, mientras que el segundo enumera las diferentes competencias profesionales de sus miembros activos. Puede afirmarse entonces respecto de esas citas que ninguna contiene la competencia y la restricción aquí analizada, según lo exige el principio de reserva legal. Es decir, no existe una norma dictada por la Asamblea Legislativa que autorice expresamente al Ministro de Ambiente y Energía, al Ministro de Salud, a alguna de sus dependencias o, bien, al Colegio de Químicos a establecer un límite máximo al número de horas regencia que los regentes externos pueden ejercer, si no tienen relación laboral con una empresa y no cuentan con regencias internas. Se reitera el derecho al ejercicio liberal de la profesión y la libertad de contratación del profesional en química que ejerza regencias externas, las cuales se rigen por el correspondiente contrato de servicios profesionales, que tiene la obligación de inscribir ante el Colegio según lo dispuesto en el numeral 92 de la Ley N°8412, pues son derechos y libertades fundamentales consagrados en los artículos 56 y 28 de la Constitución Política, que sólo pueden ser restringidos mediante una ley, ya que la atribución conferida al Poder Ejecutivo en esta materia se limita a desarrollar y complementar lo dispuesto por el legislador, lo que es evidente que no ocurre en este caso. En consecuencia, la disposición reglamentaria cuestionada, es inconstitucional por infracción al principio de reserva de ley y debe ser anulada.

C. Sobre la inconstitucionalidad del límite de cincuenta horas de regencia que pueden ejercer los regentes externos por la imprecisión del artículo 28 impugnado. El accionante también alega la inconstitucionalidad del artículo 28 del “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412 del 22 de abril de 2004”, porque no establece si el máximo de cincuenta horas de regencia externa es semanal, o mensual. En relación con lo anterior, el artículo 2.6 del reglamento define la hora de regencia como el servicio equivalente a una hora que presta el profesional a la empresa. Tal y como acusa el accionante, el artículo 28 no especifica si el máximo de cincuenta horas de regencia que pueden ejercer los regentes externos que no laboren tiempo completo para una empresa ni cuenten con regencias internas deben ser computadas de forma mensual o en un lapso menor -quincenal o semanal-. La Sala concuerda con la Procuraduría General de la República en que la norma es inconstitucional por el motivo alegado, pues la definición de la intensidad de la limitación del derecho al ejercicio profesional y la libertad de contratación, se deja al arbitrio del Colegio de Químicos de Costa Rica, por la falta de un parámetro temporal para computar las cincuenta horas regencia que establece como límite máximo a la actividad del regente externo. La falta de precisión del numeral 28 en este extremo sin duda limita el ejercicio del regente externo a una cantidad máxima de cincuenta horas regencia, impidiéndole la concreción de contratos por servicios profesionales por más horas que las definidas por el Colegio de Químicos que, como se informó, en el asunto base de esta acción, es de cincuenta horas mensuales, a pesar de que el profesional en química cuente con la capacidad intelectual y el tiempo para brindar el servicio como regente externo por mayor número de horas regencia o quiera concentrar sus labores profesionales exclusivamente en regencias externas. Por las razones expuestas la disposición cuestionada también es inconstitucional por ser imprecisa. En cuanto al resto de motivos alegados por el accionante, la Sala omite pronunciamiento por innecesario, al haber sido acogida la acción de inconstitucionalidad, con las consecuencias dispuestas en el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

X.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL LÍMITE DE QUINCE REGENCIAS ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 28 DEL DECRETO EJECUTIVO N°34699-MINAE-S POR CONEXIDAD Y CONSECUENCIA. Según lo dispuesto en el considerando III de esta sentencia, el accionante no cuenta con legitimación para impugnar el límite de quince regencias, establecido en el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S, “Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N°8412 del 22 de abril de 2004”, a los regentes externos que no tengan relación laboral con una empresa ni tengan regencias internas. Sin embargo, en criterio de la Sala, al haber sido declarada la inconstitucionalidad del resto del artículo 28 del indicado reglamento, por infringir el principio de reserva de ley y los numerales 56 y 28 de la Constitución Política, la frase “ni quince regencias” contenida en el indicado numeral debe ser declarada inconstitucional por conexidad y consecuencia, según lo regulado en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Como se indicó supra, por tratarse de una restricción al derecho al ejercicio liberal de la profesión y a la libertad de contratación, tal limitación debe estar regulada en una norma de rango legal, mas no por vía reglamentaria. De allí que la frase “ni quince Regencias” presenta el mismo vicio de inconstitucionalidad declarado con respecto al resto del numeral 28 y, en consecuencia, debe ser declarada su inconstitucionalidad por conexidad y consecuencia.

XI.- CONCLUSIÓN.- Por las consideraciones previas, se declara: 1) la inconstitucionalidad del artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 de 22 de abril de 2004", con excepción de la frase “ni quince Regencias”, por infringir el principio de reserva legal, el derecho al ejercicio liberal de la profesión y la libertad de contratación, tutelados en los artículos 56 y 28 de la Constitución Política, 2) la inconstitucionalidad de la indicada disposición, por constituir un límite incompleto y ambiguo a las libertades ya enunciadas, 3) la inconstitucionalidad de la frase “y quince Regencias”, prevista en el artículo 28 del reglamento indicado, por conexidad y consecuencia.

XII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se anula por inconstitucional el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 de 22 de abril de 2004". Las magistradas Garro Vargas y Alvarado Paniagua consignan razones adicionales. Los magistrados Rueda Leal y Garro Vargas suscriben nota por separado. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la disposición anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Comuníquese al Ministro de Ambiente y Energía y a la Ministra de Salud. Notifíquese a la Procuraduría General de la República y a las partes.- Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Ana Cristina Fernández A.

Alexandra Alvarado P.

Res. n.°2024-017100 RAZONES ADICIONALES DE LAS MAGISTRADAS GARRO VARGAS Y ALVARADO PANIAGUA, CON REDACCIÓN DE LA SEGUNDA Las suscritas magistradas consideran que además de las razones consignadas en la sentencia para dictar la estimatoria de esta acción de inconstitucionalidad, procede acoger el agravio relacionado con la falta de un criterio técnico que justifique la restricción que acá se ha reprochado.

No cabe duda que lo relativo a la regulación de las regencias en el área de la química e ingeniería química es un tema de orden público por su intrínseca vinculación con la protección de la salud pública y el resguardo de un medio ambiente sano. Sin embargo, también es verdad que las restricciones que a tales efectos se quieran imponer, deben estar fundadas en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, por estar justamente de por medio aquella valiosa protección, como también el derecho al trabajo y al ejercicio profesional de los profesionales que efectúan este tipo de regencias. Debe existir un razonable equilibrio que no puede responder al mero arbitrio del emisor de la norma, sino que debe justificarse qué motiva una u otra decisión. Al respecto, cabe recordar que desde la sentencia n.°1739-1992, este Tribunal estableció la siguiente doctrina:

“[L]as leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad requieran para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma o acto público o privado sólo es válido cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa , sino además que los medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto”. (Lo destacado no corresponde al original). (Criterio reiterado en múltiples sentencias, entre ellas, las 2019-010642 y 2020-010160).

Es aceptado que el parámetro de la razonabilidad es un criterio indispensable para asegurar que las leyes y, en general toda norma, no resulten en un ejercicio arbitrario y sin sentido del poder público, sino que respondan a necesidades y motivaciones reales. A partir de dicho principio general, esta Sala derivó el principio de la interdicción de la arbitrariedad como un enunciado esencial del Estado de Derecho que supone justamente la prohibición de tomar decisiones carentes de fundamento.

En el caso concreto, a efectos de valorar la medida reglamentaria acá impugnada se acudió a las consideraciones del decreto n.°34699-MINAE-S, pero también se solicitó informes a las autoridades emisoras del decreto, a saber el Ministro de Ambiente y Energía y la Ministra de Salud. Sobre el particular, se constató que la parte considerativa del decreto nada dice de la justificación técnica que motive la limitación en cuanto a la cantidad de horas o establecimientos para ejercer las regencias correspondientes. Además, las autoridades informantes tampoco defendieron con argumentos sólidos la constitucionalidad de la norma acá impugnada, sino que, por el contrario, afirmaron no tener mayor competencia sobre el aspecto en concreto que acá se impugna. De lo anterior, se deduce que dichas autoridades no justifican un motivo de orden público estrictamente necesario y fundado para mantener la norma. Tales elementos son un claro indicio de que la norma no es en sí misma imprescindible para la protección de la salud, el ambiente, la vida humana o animal, o en general con la calidad de vida de habitantes de nuestro país.

Por lo demás, al recabar el informe de la Procuraduría General de la República, se informó lo siguiente:

“En segundo lugar, limita de forma injustificada el derecho al trabajo, reconocido en el artículo 56 de la Constitución Política1, ya que, sin un criterio técnico que lo respalde, regula el máximo de regencias externas que un profesional en química puede ejercer, cuando no labore tiempo completo para una empresa, ni tenga regencias internas. (…)

Con fundamento en todo lo expuesto, en la condición de órgano asesor de la Sala Constitucional, esta Procuraduría General de la República considera que la acción debe declararse con lugar, pues la norma cuestionada atenta contra el principio de reserva de ley, restringe, de forma injustificada y sin un criterio técnico que lo respalde, el libre ejercicio de la profesión de químico, al prestar los servicios de regencia externa. Además, limita el derecho del trabajo y la libre contratación de dichos servicios profesionales y es una norma omisa e imprecisa”. (Lo destacado no corresponde al original).

Nosotras coincidimos con dicho razonamiento por los motivos ya expuestos, es decir, ni de la parte considerativa del decreto, ni del informe de las autoridades que dictaron el decreto, se puede deducir un criterio técnico que justifique la limitación acá cuestionada, sea que un profesional que no labora tiempo completo en alguna empresa tenga una limitación reglamentaria para laborar un máximo de cincuenta horas de regencia mensuales ‒esto en el entendido de que acá se presenta una inconstitucionalidad adicional, pues la norma es imprecisa y ha sido el colegio profesional el que ha suplido el vacío ‒.

En consecuencia, consideramos que la ausencia de un criterio técnico que justifique la restricción es un motivo adicional para declarar la inconstitucionalidad de la norma bajo examen.

Anamari Garro V. Alexandra Alvarado P.

Res. n.°2024-017100 NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS Respetuosamente, he considerado necesario consignar una nota para hacer hincapié en que, desde mi perspectiva, lo resuelto por el Pleno de la Sala debió quedar reflejado en la parte dispositiva de esta sentencia. Esto, tal y como de seguido paso a explicar.

En efecto, en la parte considerativa de esta sentencia se resuelve sobre la admisibilidad parcial de la acción de inconstitucionalidad con el propósito de guardar consistencia respecto de las conductas cuestionadas en el asunto base que el accionante invoca (ver Considerandos III y IV). Una vez revisada la documentación del proceso de amparo, la Sala determinó que el accionante se encontraba legitimado únicamente para cuestionar lo relativo a la limitación reglamentaria ‒por cantidad de horas‒ para el ejercicio profesional de regencias externas en el ámbito de la ingeniería química. La sentencia dice lo siguiente:

“En el caso que se analiza, en el escrito interposición del amparo, que constituye el asunto base de esta acción, no se alude siquiera a la supuesta inconstitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 28 sobre el número máximo de quince regencias externas que pueden ejercer los “profesionales que no laboren tiempo completo para una empresa, ni tengan regencias internas” ni se reclama que el Colegio de Químicos de Costa Rica haya realizado apercibimiento alguno y, menos aún, aplicado medidas como la denegatoria de inscripción o renovación de regencias externas al recurrente, por haber excedido el número máximo de regencias externas establecido en el numeral 28 del reglamento. Por las razones expuestas, siguiendo la lógica de la normativa indicada, así como la línea jurisprudencial de este Tribunal, la Sala considera que la acción de inconstitucionalidad es inadmisible en lo que respecta a la frase “ni quince Regencias”, pues no es medio razonable para amparar el derecho o el interés que se considera lesionado en el asunto base”. (Lo destacado no corresponde al original).

Por eso, a continuación, la sentencia realiza una precisión en el objeto de impugnación y explica que este se refiere únicamente al tema de la limitación en la cantidad de horas de regencia:

“Conforme lo dispuesto en el considerando anterior, respecto a la inadmisibilidad parcial de la acción por falta de legitimación del accionante, respecto a la frase “ni quince regencias”, se determina que el objeto de impugnación es el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N°34699-MINAE-S del 15 de abril de 2008, "Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley No. 8412 de 22 de abril de 2004", con excepción de la frase final, que se resalta en negrita:

“Artículo 28.-Límite de regencias externas. El máximo de Regencias externas ejercidas por aquellos profesionales que no laboren tiempo completo para una empresa, ni tengan Regencias internas, no podrá exceder cincuenta horas de Regencia ni quince Regencias.” (Lo destacado en negrita corresponde al original y lo subrayado es novedoso).

Tal y como se acredita, la Sala fue enfática en lo relativo al examen de admisibilidad, siendo rigurosa ‒como corresponde‒ en lo atinente a la valoración de la legitimación que ostenta el accionante para impugnar el segmento que considera lesivo de sus derechos y que motivó la interposición del recurso de amparo. A tales efectos, conviene recordar lo que, en lo conducente, dispone el art. 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC):

Art. 75. Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado. (Lo destacado no corresponde al original).

Es decir, la ley que rige a esta jurisdicción ordena que para poder interponer una acción de inconstitucionalidad es preciso que exista un asunto base en el cual se invoque la inconstitucionalidad de una disposición en concreto y que esa presunta inconstitucionalidad sea un medio razonable para amparar el derecho supuestamente lesionado. En armonía con lo anterior, es correcto que la Sala distinga qué argumentos y qué porciones de la norma son propios de conocerlos en el proceso y cuáles no son admisibles por no tener vinculación directa con el asunto base ‒medio razonable para amparar el derecho‒. No obstante, considero que esta decisión del Tribunal debió quedar reflejada en la parte dispositiva de esta sentencia y no fue así. Es decir, estimo que en el por tanto de esta sentencia debió declararse la admisibilidad parcial de la acción de inconstitucionalidad.

Es verdad que finalmente la sentencia es estimatoria en su totalidad y se declara la inconstitucionalidad de todo el art. 28 del decreto ejecutivo n.°34699-MINAE-S- Sin embargo, corresponde precisar que esa estimatoria ‒respecto de la parte final del numeral cuestionado‒ se da en virtud de una conexidad que el propio tribunal detecta. Sobre este punto, la habilitación de este Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de la norma no se encuentra en la legitimación del accionante, sino en la conexidad de los alegatos y agravios atribuidos a la norma examinada. La LJC faculta a esta Sala a proceder de este modo según lo dispone el art. 89:

“Art. 89. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma de ley o disposición general, declarará también la de los demás preceptos de ella, o de cualquier otra ley o disposición cuya anulación resulte evidentemente necesaria por conexión o consecuencia, así como la de los actos de aplicación cuestionados”. (Lo destacado no corresponde al original).

En concordancia con lo expuesto, estimo que lo procedente habría sido reflejar tales consideraciones en la parte dispositiva de esta sentencia, de modo que quedara claro que la acción se admitió parcialmente en virtud de la legitimación invocada por el propio accionante ‒la limitación en la cantidad de horas‒ y, con posterioridad, luego del análisis correspondiente, se declarara la inconstitucionalidad de toda la norma ‒incluyendo lo de la cantidad de establecimientos en los que se puede realizar la regencia‒, pero en atención a la aplicación del principio de conexidad.

En síntesis, comparto las consideraciones y precisiones realizadas en la sentencia, pero estimo que ello debió quedar reflejado en la parte dispositiva de esta resolución.

Anamari Garro V.

Res. 2024017100 Nota del magistrado Rueda Leal. Vista la redacción final de la sentencia, renuncio a la nota que originalmente había consignado.

Paul Rueda L.

1 Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Off-topic (non-environmental)Fuera de tema (no ambiental)

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley 8412 Art. 81
    • Ley 8412 Art. 93
    • Ley 8412 Art. 82
    • Constitución Política Art. 28
    • Constitución Política Art. 56

    Spanish key termsTérminos clave en español

    News & Updates Noticias y Actualizaciones

    All articles → Todos los artículos →

    Weekly Dispatch Boletín Semanal

    Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

    ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

    One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

    Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
    Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

    Stay Informed Mantente Informado

    Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

    Email Updates Actualizaciones por Correo

    Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

    Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

    WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

    Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

    Join Channel Unirse al Canal
    Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
    🙏