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Res. 35496-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/11/2024
OutcomeResultado
The Chamber ordered AyA to immediately provide sufficient daily potable water in Esterillos and implement an efficient, effective, and continuous solution within eighteen months, while denying the amparo as to Aresep.La Sala ordenó a AyA suministrar inmediatamente agua potable diaria y suficiente en Esterillos e implementar, en un máximo de dieciocho meses, una solución eficiente, eficaz y continua, pero rechazó el amparo respecto de la Aresep.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted the amparo against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) because of deficient water service in Esterillos, Parrita. It found that the supply failed to meet quality and efficiency standards because AyA had not continuously ensured that the water was potable. The Chamber rejected AyA’s reliance on force majeure because the institution had known of the problem since assuming control of the aqueduct in 2016 and had still not provided a definitive solution. It also deemed AyA’s projected timeframe for resolving the problem manifestly disproportionate. The Chamber connected these deficiencies to the basic, inalienable human right of access to potable water under Article 50 of the Constitution, which requires quality, accessibility, availability, sufficiency, and continuity. It ordered AyA to immediately guarantee sufficient daily potable water and, within eighteen months, implement the measures required for efficient, effective, and continuous service. No constitutional violation by Aresep was established.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por la prestación deficiente del servicio de agua en Esterillos de Parrita. Consideró probado que el suministro no cumplía los parámetros de calidad y eficiencia, pues no se había asegurado de manera continua que el agua fuera potable. Rechazó que AyA pudiera justificar la situación como fuerza mayor, dado que conocía el problema desde que asumió el acueducto en 2016 y todavía no había ofrecido una solución definitiva. Además, calificó como abiertamente desproporcionado el plazo institucional proyectado para resolverlo. La Sala vinculó estas deficiencias con el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable reconocido por el artículo 50 constitucional, el cual exige calidad, accesibilidad, disponibilidad, suficiencia y continuidad. Ordenó garantizar inmediatamente agua potable diaria y suficiente, e implementar dentro de dieciocho meses las medidas necesarias para prestar el servicio eficientemente. No acreditó una lesión atribuible a la Aresep.
Key excerptExtracto clave
In the matter under review, it has been fully demonstrated that the potable water service provided by AyA in Esterillos does not satisfy quality and efficiency standards, since it has not been possible to ensure that the water is potable or that the service is provided continuously. In this regard, although AyA considers that the area where the protected persons reside is affected by force majeure, that argument cannot be accepted because the problem under examination is not recent; the service provider has known about it since assuming control of the aqueduct in 2016, as this Court also established in the aforementioned Judgment No. 2018021434 of 9:20 a.m. on December 21, 2018. Thus, although AyA has undertaken various actions intended to improve water quality and service in Esterillos, it remains true that no definitive solution has been provided. Indeed, the evidence submitted by the respondent institution indicated that funding for a solution is expected to be included in the 2026 budget and that the problem is expected to be addressed within five years, a timeframe that is manifestly disproportionate, particularly considering that the situation has been known since at least 2016 and that, in memorandum GSP-RPC-2020-00207 of March 11, 2020, AyA determined that “the most viable alternative would be to enter into a public-private partnership with the developer Místico, located in the Quebrada Amarilla area, where there is already a new source (well) on the bank of the Tulín River that meets drinking-water quality standards.” Furthermore, Aresep’s report emphasized that the regulatory authority had identified several instances of noncompliance by AyA concerning this situation and that, despite repeated requests, the necessary measures had not been adopted to resolve the problem. Therefore, the matter under examination reveals a violation of the fundamental right of access to potable water, particularly considering that Article 50 of the Constitution provides that “Every person has the basic and inalienable human right of access to potable water as an essential good for life,” and that General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights established that “The human right to water is the right of everyone to have sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses.” Its characteristics are: (i) quality; (ii) accessibility; and (iii) availability, which means that “The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses.”Ahora bien, en el sub iudice queda plenamente demostrado que el servicio de agua potable prestado por el Icaa en Esterillos no cumple los parámetros de calidad y eficiencia, toda vez que no se ha podido asegurar que el agua sea potable ni se ha garantizado su prestación de forma continua. Acerca de esto, aun cuando el Icaa considera que la zona en la que residen las personas tuteladas es afectada por una condición de fuerza o causa mayor, tal argumento no resulta de recibo por cuanto la problemática bajo estudio no es de reciente data, sino que ha sido de conocimiento del instituto prestador del servicio desde que asumió ese acueducto en el año 2016, lo que también se constató por este Tribunal en la supracitada sentencia nro. 2018021434 de las 9:20 horas del 21 de diciembre de 2018. De este modo, si bien se evidencia que el Icaa ha llevado a cabo diversas actuaciones tendientes mejorar la calidad del agua y la prestación del servicio en Esterillos, no menos cierto es que no se ha dado solución definitiva a tal problemática. Incluso, de la prueba aportada por el instituto recurrido se indicó que se espera incluir en el presupuesto del año 2026 lo correspondiente a la solución de ese problema, el cual se espera atender en cinco años, plazo que resulta abiertamente desproporcionado, máxime si se considera que al menos desde el año 2016 se tiene conocimiento de esa situación, así como que, desde la emisión del memorial GSP-RPC-2020-00207 del 11 de marzo de 2020, el Icaa determinó que “la alternativa más viable sería la firma de una alianza público – privado con el desarrollador Místico que se ubica en la zona de Quebrada Amarilla, donde ya se tiene una nueva fuente (pozo) al margen del río Tulín que cumple con la normativa de calidad para consumo humano”. Aunado a lo anterior, resulta de importancia resaltar que en el informe rendido por la Aresep se destacó que esa autoridad reguladora ha constatado diversos incumplimientos del Icaa en relación con la situación expuesta y que, pese a requerirlo en varias ocasiones, no se han adoptado las medidas correspondientes para solucionar el problema bajo estudio. Por ende, en el sub examine queda en evidencia la lesión del derecho fundamental de acceso al agua potable, máxime si se considera que el ordinal 50 de la Constitución Política dispone que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida” y que en la observación general nro. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, cuyas características son: i) calidad; ii) accesibilidad; y iii) disponibilidad, lo que implica que “El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”.
Pull quotesCitas destacadas
"Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados."
"The amparo is partially granted solely with respect to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers."
Por tanto
"Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados."
Por tanto
"i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de Esterillos; y ii) en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de Esterillos se preste de forma eficiente, eficaz y continua."
"(i) IMMEDIATELY guarantee a daily and sufficient supply of potable water to meet the basic needs of the Esterillos population; and (ii) within a MAXIMUM PERIOD OF 18 MONTHS from notice of this decision, implement the measures required so that potable water is supplied to the Esterillos population efficiently, effectively, and continuously."
Por tanto
"i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de Esterillos; y ii) en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de Esterillos se preste de forma eficiente, eficaz y continua."
Por tanto
"En lo demás se declara sin lugar el recurso."
"The amparo is denied in all other respects."
Por tanto
"En lo demás se declara sin lugar el recurso."
Por tanto
Full documentDocumento completo
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty in the morning on the twenty-ninth of November, two thousand twenty-four.
Remedy of amparo (recurso de amparo) being processed under expediente número 24-026396-0007-CO, filed by [Name 001], [Value 001], [Name 002], [Value 002], [Name 003], [Value 003], [Name 004], [Value 004], [Name 005], [Value 005], [Name 006], [Value 006], [Name 007], [Value 007], [Name 008], [Value 008], [Name 009], [Value 009], [Name 010], [Value 010], [Name 011], [Value 011], [Name 012], [Value 012], [Name 013], [Value 013], [Name 014], [Value 014], [Name 015], [Value 015], [Name 016], [Value 016], [Name 017], [Value 017], [Name 018], [Value 018], [Name 019], [Value 019], [Name 020], [Value 020], [Name 021], [Value 021], [Name 022], [Value 022], [Name 023], [Value 023], [Name 024], [Value 024], and [Name 025], [Value 025], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) AND THE AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP).
Findings of Fact (Resultando):
Regarding the protection of the tanks and of the drinking water (agua potable), as discussed with official Esteban Zúñiga Arcia, who is the technical head of the Jacó Cantonal Office, he states that agreements have been established with the community to issue notices through the institutional WhatsApp account and the 800 line regarding situations affecting the integrity of the cistern tanks (tanques cisterna) and the water contained therein. In total, there are twelve cistern tanks strategically distributed in safe locations, as follows: Esterillos Este, Esterillos Oeste, Esterillos Centro and Bejuco, as indicated in point N.º 1 of this report. 3.-: Regarding the claim stating, “Due to these outages and the contamination of the water, the health of the population has been affected, causing cases of diarrhea, according to technical report No. MS-DRRSPC-DARSPA-IT-00355- 2023 of the Ministerio de Salud.” In response to these facts, it is necessary to report and emphasize that, according to the data from the CRM system used by the commercial division, which consists of the user registry, there are no reports from residents of the communities of Esterillos and Bejuco of cases of diarrhea among the population.
It is reiterated that the cistern tanks are subject to monthly monitoring of deep cleaning and replenishment, as well as weekly monitoring of chlorination (cloración), temperature and pH, and sampling (muestreo) by the Laboratorio Nacional de Agua de AYA, for the purpose of guaranteeing drinking water for human consumption. Furthermore, it was not possible to access Ministerio de Salud official communication MS- DRRSPC-DARSPA-IT-00355-2023 in order to verify its contents; it does not appear in the AYA database or registry as a report from the Ministerio de Salud. 4-. Regarding the allegation stating, “Despite such problems, the bills for drinking-water service have increased disproportionately compared with the payments made prior to the AyA administration,” it must be clarified that the rate currently charged in the Esterillos and Bejuco sector is the special rate (tarifa especial), which was requested by official William Chaves Soto through memorandum No. GSP-RPC-2017-00202 on 13 de junio de 2017 and applied pursuant to Article 97 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de Acueductos y Alcantarillados ARPSAYA-2013, based on (sic) memorandum No.GSP-RPC-J-2017-00278 prepared by official and engineer Bernal Sancho on 8 de junio de 2017, in which he reports that the water supplying Esterillos and Bejuco contains iron and manganese levels exceeding the drinking-water quality limits.
For that reason, a flat rate (tarifa fija) is charged throughout the community; the cubic meters consumed each month are not taken into account, and billing therefore consists of fixed charges (cargos fijos) for fire hydrants, the flat water rate and water-resource protection (protección del recurso hídrico). Consequently, under the rate indicated above, users in the communities of Esterillos and Bejuco have paid approximately ¢3000 colones per month in accordance with the special rate, which official William Chaves Soto requested be changed to a special rate by applying the fixed charge to the bills issued since 22 de febrero de 2017, pursuant to memorandum No. GSP-RPC-2017-00202 dated 13 de junio de 2017 (see documentary evidence No. 5 GSP-RPC-2017-00202 and No.6 Monthly Billing for Esterillos and Bejuco). Regarding the allegation that the population was exempted from paying the bills, this is not true and is not established in any agreement or resolution of the regulatory authority, ARESEP, exempting payment for the services.
It is important to recall that AyA cannot exempt users from paying for services because, by law, the services provided by AyA to all its users may not be free of charge, even for national, regional or municipal public entities or other operators, pursuant to Article 11 of the RPSAYA. The allegations of an excessive increase in the payment for water consumption are incorrect because there has been no increase whatsoever in the special rate; to date, the fixed payment remains approximately ¢3000 colones. THIRD: REGARDING AYA’S ACTIONS: According to (sic) the cited reports, continuity of service in the area inhabited by the appellants, who receive their supply from system PC-A-28, known as Esterillos, has always depended on 3 wells (pozos): Esterillos 1 (HE-5), Esterillos 2 (HE-6) and Esterillos 3 (93-27). According to (sic) the analysis of the quality reports for the wells examined by the Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), they contain iron and manganese concentrations exceeding the maximum levels established in the Reglamento para la Calidad del Agua Decreto Ejecutivo N° 38924-S.
Accordingly, since the Esterillos system was taken over on 26 de diciembre del 2006, the population has been provided with non-potable water service solely for household use, laundering, bathing and other uses unrelated to human consumption. For that reason, the affected services were charged a special drinking-water rate called “Tarifa Especial Cargo Fijo,” averaging ¢3,000.ºº regardless of the consumption of each service, some of which serve large condominiums and commercial establishments. A NIS-by-NIS billing report for all affected users from octubre 2023 to septiembre 2024 is attached (see evidence Nº6, Informe Comercial GSP-RPC-PA-2024-00170). It is important to state that drinking water has been distributed in the area by tanker trucks, as ordered by the Sala Constitucional and at the population’s request. Consequently, AyA has engaged with the community in the area where the appellants reside, and cistern tanks have been installed for the population’s own consumption to guarantee access to drinking water during periods when network service is unavailable.
These cisterns undergo washing maintenance and chlorination sampling, as shown in the photographs in point SECOND of this report. REGARDING THE SUPPLY SHORTAGE (DESABASTECIMIENTO): The Sala Constitucional has ruled on the issue raised in this amparo proceeding (amparo) on various occasions. Among others, in Judgment number 2019008193 at 9:20 hours on 10 de mayo de 2019, it held as follows: (…) It has been demonstrated that the provision of service in the area where the appellant is located is affected by a force majeure condition or cause, which is addressed in accordance with the technical conditions established by the Regulatory Authority (ARESEP), as well as the technical conditions approved and regulated by AyA in the REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS published in Diario Oficial La oficial La Gaceta ALCANCE NO 29 A LA GACETA NO 27 Año CXLIII San José, Costa Rica, martes 9 de febrero del 2021.
FOURTH: Pursuant to Resolution No. 2018-021434 of 21 de diciembre de 2018, the Laboratorio Nacional de Agua conducted water-quality tests on the Esterillos system network on 25 de setiembre 2024 (AyA-PT-019), determining that the water meets the quality parameters. This allowed the addition of the 12l/s originating from the Memo Vega spring (naciente) and the operation of Esterillos well 1, a well with lower levels of iron and manganese, thereby enabling an appropriate mixture and allowing us to update and increase the system’s water balance (balance hídrico). As future improvements, AyA has worked on a public-private agreement with a project known as Místico Comunidad de Playa, which provides for the addition of 2 wells known as Tulín 1 and 2, with a combined total flow of approximately 120l/s; it also provides for investment to add water capacity (capacidad hídrica) to the system and improve its hydraulic capacity (capacidad hidráulica).
To that end, an amendment to project BPIP-2986 is being proposed to incorporate funding for 2026 and begin these improvements, which would make it possible in the short term of 5 years to have a drinking-water system with sufficient water and hydraulic capacity to provide water availability for future developments in the area. Finally, in the present case, the documentary evidence that I submit and that forms an integral part of this report demonstrates that action has been taken in this area to provide drinking water to the affected population, distributing the available resource as equitably as possible through the actions undertaken within the supply system. It is therefore abundantly clear that AyA has undertaken and carried out all actions falling within its jurisdiction and within the governing legal framework. It is concluded that this amparo appeal (Recurso de Amparo) lacks technical, legal and regulatory grounds, because AyA fulfilled the obligations imposed by operation of law within the constitutional and legal framework and pursuant to the principle of legality (principio de legalidad); consequently, none of the appellants’ constitutional rights has been violated.
II. RELIEF REQUESTED (PETITORIA) Based on the cited provisions and the evidence that I hereby submit, I respectfully request that your Authority DISMISS this Amparo Appeal and release AyA from all liability and from any award of costs, damages and losses.”
On January 30, 2023, through official letter OF-0021-IA-2023, the Water Intendancy requested information as part of the follow-up to the technical and operational oversight of the Sistema PC-A28 Esterillos-Parrita aqueduct project. 18. On February 9, 2023, through official letter GG-2023-00354, to which document SG-GSP-2023-00068 was attached, ICAA responded to OF0021-IA-2023 and stated that: The developer is currently responsible for correcting the plans and design, since they were submitted for review by UEN PYC, as established in the agreement; UEN PYC has already completed its review and returned them to the designer (Místico) for correction. The project works have not been completed as of their intended operational start date, since only the well has been drilled. The developer must still equip the well, install the pipeline, and complete the interconnection. 19. On April 4, 2024, personnel from the Water Intendancy conducted an on-site inspection to determine the scope of the reported situation and also held a meeting with representatives of the community and the Cámara de Empresarios del Pacífico to hear the community’s needs arising from ICAA’s failure to address the problem.
REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE PETITIONERS For purposes of submitting the report requested by the Sala Constitucional regarding the facts contained in the petitioners’ application for amparo relief (recurso de amparo), which refers to rationing (racionamientos) of the potable water service by ICAA and water contamination, it is emphasized that the petitioners’ application is not based on facts directly related to this Regulatory Authority. Nevertheless, in compliance with the order issued, the facts are addressed below as follows:
FIRST: True, with clarifications. It is known that the community of Esterillos has experienced problems concerning the quality and accessibility of the water received; however, the exact time when those problems began cannot be attested to.
SECOND: It is true that, before the aqueduct was taken over by ICAA, it was administered by the Asociación Administradora del Acueducto de Esterillos de Parrita.
THIRD: Denied insofar as this Regulatory Authority has no direct knowledge thereof.
FOURTH: Denied insofar as it is a compound allegation involving circumstances of which Aresep has no direct knowledge.
FIFTH: Denied insofar as this Regulatory Authority has no direct knowledge thereof.
SIXTH: True, as recorded in the Poder Judicial’s Nexus system.
SEVENTH: Denied insofar as this Regulatory Authority has no direct knowledge thereof.
EIGHTH: Partially true. It is clarified solely that, on March 9, 2021, report IN-0025-IA-2021 issued the follow-up report on the water quality of ICAA’s supply systems in the Región Pacífico Central under the Programa de la Calidad del Agua Potable. Regarding system PC-A-28-Esterillos-Parrita, it concluded: “1. Implementation of a solution to the water-quality problem caused by iron and manganese concentrations exceeding the maximum permissible level specified in Decreto 38924-S, through the execution of a project under a public-private partnership (alianza público/privada), has experienced delays relative to the activity schedules submitted by ICAA to the Water Intendancy. 2. The delays in the project’s progress are due to the fact that the public-private partnership agreement between ICAA and the private developer has not been signed, although ICAA stated in its schedules that it initially expected to have the agreement signed by August 2020. 3.
Based on the activity schedules that ICAA has sent to the Water Intendancy, and considering that the agreement was not signed in August 2020, the solution to the water-quality problem through execution of the project is estimated to be completed only in 2023. 4. ICAA must take the necessary precautions and promptly address any observations arising when the agreement is signed so that project execution may begin as soon as possible and no further delays occur.” Subsequently, through official letter GG-2023-00354, ICAA responded to OF-0021-IA-2023 and stated: “The developer is currently responsible for correcting the plans and design, since they were submitted for review by UEN PYC, as established in the agreement; UEN PYC has already completed its review and returned them to the designer (Místico) for correction.” The remaining assertions contained in the eighth allegation are denied insofar as Aresep has no direct knowledge thereof.
NINTH: This Regulatory Authority has no direct knowledge of the allegation in its entirety. Nevertheless, regarding the reported service-delivery problems, Aresep has followed up on the matter, to the extent that the Water Intendancy itself, through report IN-0031-IA-2024 dated March 18, 2024, requested the following information from ICAA: (…) To date, despite the efforts made by this Regulatory Authority to obtain that information, the operator has not yet responded to this official letter, even though, pursuant to Article 14(c) of Ley 7593, the service provider is obligated to do so.
TENTH: Denied insofar as this Regulatory Authority has no direct knowledge thereof.
ELEVENTH: Denied insofar as this Regulatory Authority has no direct knowledge thereof.
TWELFTH: Denied insofar as this Regulatory Authority has no direct knowledge of the details asserted by the claimant in this allegation.
THIRTEENTH: Denied insofar as this Regulatory Authority has no direct knowledge thereof.
IMPORTANT TECHNICAL CONSIDERATIONS REGARDING THE SUPPLY OF POTABLE WATER AS A PUBLIC SERVICE SUBJECT TO ARESEP REGULATION (…)
Under the foregoing rationale, although the possibility had been contemplated that, exceptionally or under extraordinary circumstances, it might be necessary to suspend the potable water supply service for a duly justified reason and for short periods, the necessary technical provisions were also established to prevent substantial harm to service users affected by such suspension.
It should also be noted that circumstances beyond the service provider’s control may affect service delivery, such as service interruptions associated with climate cycles, since it is indisputable that climate change has caused reduced rainfall during the rainy season and that reduced water availability has affected public services, including the supply of potable water in various sectors of the GAM. However, this problem has been recognized for several years, both worldwide and nationally; therefore, service providers, being aware of it, have a legal duty to adopt the measures necessary to guarantee a continuous, timely, and efficient potable water supply service, as well as to ensure service delivery in the face of increased demand.
In this regard, on September 22, 2020, through resolution RE-0231-JD2020, the Aresep Board of Directors issued the “Regulatory Policy on Access to Potable Water and Wastewater Sanitation” (“Política Regulatoria sobre el Acceso al Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales”), whose general purpose was to help strengthen the Política Nacional de Acceso al Agua through regulatory instruments, with a view to ensuring the supply of potable water. It was published in Supplement N.º 268 to La Gaceta N.º 247 of October 9, 2020.
Recently, as previously announced, through resolution RE-0013-JD-2024 of March 19, 2024, published on April 17, 2024, in Supplement N.º 74 to La Gaceta N.º 67, the Aresep Board of Directors issued the Technical Regulation “Provision of Aqueduct, Sanitary Sewerage, and Fire Hydrant Supply Services” (“Prestación del suministro de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes”) (AR-RT-SUMAAH-2023)—Article 161 of which repealed the Technical Regulation “Provision of Aqueduct, Sanitary Sewerage, and Fire Hydrant Services (AR-PSICAA-2015)” (“Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-PSICAA-2015)”)—which, insofar as relevant, established the following in Articles 10, 85, 86, 87, 88, 89, 90, and 91: (…)
Another important consideration is that, pursuant to Article 89(e) of the cited regulation currently in force, in cases where water is supplied by tanker trucks, the service provider must offer at least two delivery schedules—one in the morning and another in the afternoon—to ensure that users receive potable water at least once a day. Subsection (d) further provides that the alternative supply may not be maintained for more than 2 years, unless the schedule for the project intended to remedy the water deficit extends over a longer period.
Accordingly, the existing regulations conclusively establish the need for communities and individuals affected by rationing to be clearly informed of matters such as the schedules and locations of alternative potable water supply services, so that residents can cope with the water-availability situation and organize themselves to meet their daily needs, both at home and at their workplaces.
Thus, under the regulations cited above, service providers are obligated to ensure that affected communities have easy access to the service, especially the most vulnerable persons. Accordingly, under Article 10 of Regulation AR-RT-SUMAAH2023, the service provider must implement the appropriate temporary corrective measures as soon as possible to provide the services until service is restored to optimal conditions.
It therefore follows that the regulations issued by Aresep establish the duty of service providers to prepare plans and programs addressing the development needs of public services, as well as to ensure that services are provided under optimal conditions.
All of this is in accordance with the mandates of Ley N.º 7593, Article 14, subparagraphs i) and j), which require service providers to “(…) be prepared to ensure, in the short term, the provision of the service in response to increased demand (…)” and to “(…) provide the service under adequate conditions and with the regularity and safety indicated by its nature, the concession, or the permit (…)” (…) It is also important to note that the Law of the Regulatory Authority for Public Services, N°7593, enacted in 1996, is consistent with the provisions cited herein from Reglamento AR-RT-SUMAAH-2023, since Article 14, subparagraphs i) and j), establishes among its mandates the duty of service providers to “be prepared to ensure, in the short term, the provision of the service in response to increased demand” and to “provide the service under adequate conditions and with the regularity and safety indicated by its nature, the concession, or the permit.” Consequently, if the facts alleged by the petitioners are true, ICAAICAA (sic) may be failing to comply with the technical provisions issued by the Regulatory Authority for Public Services concerning the assurance of service provision under optimal conditions and the preparation of investment plans and programs addressing the development needs of public services, as well as their implementation and enforcement, in order to avoid situations such as those discussed here, in which communities have suffered for years from water-supply shortages.
Along the same lines, the petitioners argue that the guarantee of proper access to water “(…) stands at the apex of the hierarchy of fundamental rights violated with respect to the community of Esterillos (…)” Specifically, water resources (recurso hídrico) have been regulated under Costa Rican law since the Political Constitution, Articles 21 and 50 of which establish the fundamental right to life, which is linked to the right to health, and access to drinking water therefore derives as a guarantee of those rights. (…) The case law of the Chamber has also consistently recognized the so-called fundamental right to water, under which all persons must be afforded the opportunity to access drinking-water services on equal terms, since water is essential to human life and health (see judgments 2007-17475 del 30 de noviembre de 2007, and 2008-11390, del 22 de julio de 2008). Based on this recognition of access to water as a Human Right, the State is obligated to provide basic public services, which means that persons may not be unlawfully deprived of them.
To that end, service providers must progressively achieve, in accordance with the legislation in force, the full realization of this constitutionally recognized right; failure to comply with these requirements would indeed constitute a direct violation of the Human Right of Access to Drinking Water. Accordingly, it bears reiterating the importance of service providers expressly including in their investment plans definitive measures to resolve water-rationing problems and to secure the necessary and sufficient infrastructure to mitigate the impacts arising from this situation, since they have a duty to be prepared to ensure that the service is provided regularly, continuously, and safely. It is further reiterated that Article 89 of Reglamento AR-RT-SUMAAH-2023, subparagraph d), clearly states that alternative-supply arrangements (abastecimiento alternativo) may not be maintained continuously for more than 2 years, unless the project schedule for resolving the water deficit extends over a longer period; the investment plan must address the development needs of the public services provided, and the operator must report the project’s progress through the means available to it.
With respect to the facts described in the appeal, although they do not result from a direct action or omission by the Regulatory Authority in the exercise of its powers, this opportunity is taken to reiterate that, in accordance with public-service regulations and principles, continuity of service must be the norm, and the service provider must endeavor to take measures to facilitate access for all users, particularly when it is itself the technical governing authority in this field. It should be noted that the technical regulations transcribed above are mandatory3 and must be applied by all service providers, since they are required to comply with the regulatory provisions issued by Aresep in the exercise of its powers. As demonstrated, Aresep fulfilled its duty to define adequately the requirements relating to the continuity and suspension of the drinking-water supply service by the entity responsible for managing it.
Thus, the Regulatory Authority for Public Services, as the institution responsible for regulating the provision of public services in Costa Rica, fully performs the functions conferred upon it through Ley N.º 7593, which, under Article 5 thereof, may be summarized as setting public-service prices and rates, as well as ensuring compliance with standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of public services. In carrying out these functions, the institution I represent has emphasized the importance of effectively providing public water-supply, sanitary-sewer, and fire-hydrant services in order to prevent water shortages in communities and fulfill the Constitutional mandate concerning the basic, inalienable human right of access to drinking water. REGARDING THE ACTIONS TAKEN BY ARESEP TO ENSURE THE EFFICIENT SUPPLY OF WATER RESOURCES Actions undertaken by the Office of the General Regulator to oversee continuity in the provision of water services.
As a starting point, it is important to mention that, through official letter OF-1002-RG-2024 del 9 de agosto de 2024 (attached as evidence), and in connection with the filing of constitutional amparo proceedings (amparos constitucionales) similar to the one before us, the Office of the General Regulator has issued immediately binding instructions to the internal administrative bodies in order to protect users of water services. Among other matters, the Water Intendancy was specifically instructed to undertake the necessary coordination so that operators immediately comply with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of the public drinking-water supply service, using such mechanisms and scheduling or planning as may be considered appropriate, with due justification. These may include technical inspections of the properties, plants, and equipment used to provide that service; inspections of the facilities and equipment dedicated to that public service; and any other appropriate actions, with a view to ensuring full compliance with the relevant obligations in the aforementioned areas.
With respect to the Directorate-General for User Services (DGAU), the Office likewise instructed it to proceed immediately with the design and implementation of a system for monitoring the effectiveness of the regulation of the public drinking-water supply service from the users’ perspective, as well as to oversee user satisfaction and service-provider self-assessments. On the basis of the instructions issued by the Office, and in compliance with the provisions issued by this Constitutional Chamber in other amparo proceedings i, Aresep has continuously regulated and overseen throughout the country the water-supply service provided by Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), in order to determine whether this service provider complies with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of the public drinking-water supply service.
This is because Aresep is aware that its function of overseeing and monitoring its regulation of public services is essential; indeed, Article 6, subparagraph a), grants it authority to regulate and oversee public-service providers in accounting, financial, and technical matters. For this reason, the Regulatory Authority does not merely perform the oversight function conferred upon it by Ley N°7593, but also works continuously to strengthen, obtain feedback on, supplement, and follow up on the inspections conducted each year, and to issue service assessments as tools useful not only to the Regulatory Authority and service providers, but also to ICAA as the governing authority, as well as to users interested in learning, from a regulatory perspective, how service providers manage water-supply services in Costa Rica. Accordingly, when deficiencies are detected through inspections of service providers—in this case, ICAA—Aresep requests the necessary information from it, as well as details of the specific and conclusive solutions intended to remedy those deficiencies, so that the necessary measures may be taken to protect users of the public service.
This is evidenced by report IN-0031-IA-2024, del 18 de marzo de 2024, concerning the specific case at issue, through which information was requested from ICAA regarding the problems experienced by the petitioners’ community. For these purposes, the relevant documents concerning the oversight, follow-up, and coordination actions conducted with ICAA are attached, in order to verify the progress of this service provider’s solutions to situations affecting users. Documents are also submitted in which the institution I represent warns ICAA that it is failing to provide the regulatory information required by the Regulatory Authority, or is providing it only partially. This may indicate that ICAA is not submitting timely information concerning its suspensions of the drinking-water service, which in turn prevents the Regulatory Authority from properly performing the oversight duties set forth in the following instruments: (…) xxix.
OF-0057-IA-2024 del 26 de enero de 2024, an official letter addressed to ICAA and ESPH, S.A., requesting information for the commencement of an inspection of the drinking-water treatment plants operated by public drinking-water service providers in the country, the condition of the infrastructure, the water sources used, and quality control. For these purposes, expediente OT-028-2024 was opened, and no response has been received to date. The evidence shows that the service provider has failed to comply with the requirements set forth in the inspections and technical reports. In those documents, ICAA is warned that it is failing to provide the regulatory information required by the Regulatory Authority, or is providing it only partially.
This demonstrates that ICAA is not sending information concerning suspensions of potable water service that it carries out; this, in turn, prevents the regulatory authority from adequately performing its oversight duties (…) OTHER ACTIONS UNDERTAKEN BY ARESEP, PROCESSED BY THE DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL USUARIO (DGAU) From another regulatory perspective, Aresep has undertaken other initiatives led by the Dirección General de Atención al Usuario, with a view to designing, implementing, and maintaining a system for monitoring the effectiveness of the regulation of the public potable water supply service from the users’ perspective, thereby overseeing user satisfaction and the self-assessments conducted by providers. From this standpoint, we may mention: a) Regarding the community of Esterillos as the starting point, we must indicate that, to date, no administrative complaint or grievance proceedings (procedimientos administrativos de quejas o denuncias) brought by the petitioners are being processed before the Dirección General de Atención al Usuario (DGAU), the unit responsible for processing complaints and grievances at Aresep.
Nevertheless, the monitoring activities conducted, which make it possible to obtain information about this community, show that in 2023 the DGAU carried out an investigation into water availability entitled: “Study of the Availability of Potable Water Service in Costa Rica for 2023.” This study generated information for every canton in the country; in this particular case, the percentage of potable water service applications rejected in 2022 in the canton of Parrita was 44.05%. Another mechanism implemented to support the system for monitoring the effectiveness of the provision of public services falling within the Directorate’s jurisdiction, particularly potable water service, has been the “Training Processes” conducted throughout the country. In coordination with the Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local of the UNED, a training process has been conducted in the territories; its objective is to train individuals so that they have basic information about regulation, the regulated sectors, and the principal mechanisms for handling inquiries, complaints, and grievances, enabling them to serve as sources of guidance and information in the territories.
The following map shows the distribution of the individuals who have currently been trained, thereby becoming liaisons with the communities and sources of information from a user perspective. As of the submission of this report to this Sala Constitucional, Aresep has undertaken the following actions: - 451 community coordinators (community leaders) have been trained, - 150 municipal coordinators (officials from 81 municipalities), and - 240 women leaders. A total of 841 individuals have been trained throughout the country in basic regulation and the promotion of citizen participation in regulation. The DGAU also conducts this participation training and promotion process through workshops aimed at ASADAS, in coordination with ICAA’s Oficinas Regionales de Acueductos Comunales (ORAC), to provide ASADAS with information and support regarding costs, rates, and metering, as well as other inquiries that may arise from service provision, including service interruption cases. b) Management of Filings before the Dirección General de Atención al Usuario With respect to monitoring the effective regulation of the public water supply service from the user’s perspective, it is important to note that the Dirección de Atención al Usuario has consolidated an automated external filing-management system to make it easier for users to submit inquiries, complaints, or grievances from where they live.
This system has formed part of the regulatory improvements and consists of implementing a “Single Window” (Ventanilla Única). This technology platform allows users anywhere in the country to submit their filings in real time through mobile devices and to monitor and trace their progress. The filings that may be submitted through this platform are: • Complaints: The person seeks an order requiring the public-service operator to compensate them for harm and/or correct an irregularity in service provision. • Grievances: The person seeks the imposition of a financial penalty on the operator because it has adversely affected service provision by charging unauthorized rates, performing inadequate maintenance, fraudulently using assets, providing unauthorized services, breaching contracts, among other conduct. • Inquiries: Information requested by a user to learn or become informed about how public-service regulation applies or operates. • Advisory services: Technical and legal advisory services concerning matters submitted to a public hearing (audiencia pública); the service is free, and no requirements must be met to access it.
The platform is available on the institution’s website at https://aresep.go.cr/gestion-usuarios/quejas-denuncias/, where the user logs in, registers, and completes a form, thereby completing the filing. It is important to indicate that this mechanism for receiving user filings is one of the most important sources of information available to the DGAU for monitoring user dissatisfaction, because it provides clear variables: - Geographic location, - Gender of the persons submitting the filing, - Service by sector, - Provider, - Date, among other variables. This makes it possible to track trends in dissatisfaction by sector. This mechanism has made it possible to initiate investigative actions in advance in order to conduct a more in-depth analysis of the services generating the greatest dissatisfaction and even to carry out inspections by provider. At the same time, the DGAU maintains permanent in-person assistance at its facilities, known as “In-person assistance at the Aresep service counter.” Through this in-person assistance, if a user appears before ARESEP, the user will receive assistance and may have questions answered at the Dirección General de Atención al Usuario, where qualified personnel will assist the user, who may receive information about the procedure to be completed and, where applicable, formally submit the filing immediately.
The email address [email protected] constitutes another channel through which users may submit complaints, inquiries, grievances, or requests. This primary source of information feeds the Directorate’s large database, which makes it possible to monitor patterns of dissatisfaction by sector based on the filings submitted by users. This is one of the most frequently used channels; an average of 1200 emails are received each month, 60% of which concern filings or inquiries regarding potable water service. This source of information makes it possible to identify the region with the most filings, the principal issues raised—including billing, water quality and availability—and the operator. Filings received through this channel are addressed immediately, answered, and screened, and those requiring more complex intervention enter the ordinary processing workflow, whether they are formalized as complaints or grievances.
Upon receipt of any filing, the Dirección General de Atención al Usuario subjects each one to a preliminary investigation (investigación previa) and requests documentation concerning the facts; this is subject to standards of reasonableness and proportionality, which depend on the complexity of the matter under investigation, as well as any incidents that may arise during the processing of the case file (expediente). The process is divided into three phases: 1. Intake desk (Mesa de entrada): The feasibility of processing the case and Aresep’s jurisdiction to do so are reviewed, and the case is classified for handling. In cases involving water-service billing, the matter is referred to the service provider, ICAA, through the “technical working group” (mesa técnica) mechanism. 2. Admissibility: The admissibility requirements established by the Junta Directiva at ordinary session 043-2011 and published in La Gaceta N° 161 del 23 de agosto del 2011 are reviewed, a notice to cure deficiencies (prevención de cumplimiento) is issued, and the party is granted a hearing.
Once this stage has been completed, the party is informed of the procedure to be followed in its case. 3. Technical analysis: A professional is assigned to convene a conciliation hearing (audiencia de conciliación), request information from the parties, and prepare the corresponding report, determining whether grounds exist to initiate an administrative proceeding (procedimiento administrativo) or whether the case should be closed. One important aspect to highlight is the existence of a strategy known as the Mesa Técnica, a coordination mechanism independent of the processing of a complaint, conducted between the Autoridad Reguladora and a service provider or governing authority and intended to harmonize the service provider’s interests with users’ needs as an alternative facilitation mechanism. It was implemented to establish agreements that are translated into actions enabling users to receive a high-quality public service, and it is based on the premise that the quality of public services is a right of citizens and an obligation of the provider; consequently, verifying that quality forms part of the regulatory function.
This mechanism represents an innovative and alternative way to identify and implement prompt solutions for situations affecting the full exercise of users’ rights in service provision. Accordingly, it seeks coordination with providers or governing authorities so that the regulatory authority may act as an entity safeguarding harmony between users and operators, with a view to strengthening regulatory management that supports them in improving the quality of the services they provide to users. Therefore, the Mesa Técnica is a mechanism through which the parties express their willingness to work in a coordinated and systematic manner on a methodical analysis of problematic situations and jointly develop feasible and reasonable options for remedying those adverse effects, within a process framed by dialogue, mutual respect, and synergistic action. Furthermore, this mechanism has its legal basis in Ley 7593 and its amendments, which establishes among ARESEP’s fundamental objectives “(…) to harmonize the interests of consumers, users, and providers of the public services defined in this law and those that may be defined in the future, and to seek a balance between users’ needs and the interests of public-service providers.” This Mesa Técnica mechanism has been implemented as a pilot program in the following territories: 1.
La libertad del Desmonte, San Mateo, with the operator ICAA. 2. Caldera, Esparza, with the operator ICAA 3. Coronado, Vásquez de Coronado, with the operator ICAA 4. Caribe Sur, with the operator ICAA. 5. Santa Cruz, Vista Marina, with the operator ICAA 6. San Rafael, Heredia, with the operator ESPH. The Mesa Técnica makes it possible, before the user has to file a complaint, to channel matters involving a lack of public water supply, excessive rationing schedules, inadequate communication regarding a suspension, or supply by tanker trucks, without requiring the user to undergo the entire process. Progress in these processes is determined by the providers’ willingness to participate; it is a facilitation mechanism intended to resolve a situation in favor of users, but it depends on the providers’ willingness.
It also makes it possible to detect cases in which noncompliance may warrant the initiation of an administrative proceeding (procedimiento administrativo) due to failure to provide the supply, thereby violating the conditions established in the specific regulations. c) Regarding other institutional resources for providing users with training and technical advice in addressing inconsistencies in the provision of public services: User Advisory Services (Consejería del Usuario). User advisory services are specialized training and technical-advisory processes aimed at public-service users and grassroots organizations, particularly in territories where concerns with a collective impact have arisen. Through these services, three specific advisory engagements have been conducted to date concerning water rationing and access through tanker trucks. Informational work was carried out in two affected areas: the community of Coronado and Calle Collados in San Pedro.
This made it possible to establish closer contact with the service provider and improve the conditions under which drinking-water service was supplied. These actions have a work plan and agreements that are being followed up on. In this regard, we have the following: In the canton of Vásquez de Coronado, support has been provided since 2022 to the community of residents of Planta Potabilizadora San Jerónimo, located in Dulce Nombre de Coronado, in undertaking actions aimed at resolving the lack of availability of the water-supply service. In addition, through local-government authorities (2020-2024), support was provided in addressing the shortage affecting Barrio San Francisco during the summer season each year. In the canton of Montes de Oca, specifically in Urbanización Collados del Este, Barrio Lourdes, San Pedro district, information was recently provided at the request of the Asociación de Desarrollo Específica (ADE) of Urbanización Collados del Este regarding the actions taken by ARESEP concerning the discontinuity of the water-supply service experienced by this community during the final months of 2023 and the initial months of 2024.
Both cases involve complex situations whose comprehensive and permanent resolution depends on investment projects that the ICAA should have carried out years ago, but which have not been managed within the originally established time frames or at the initially projected rates of progress. Furthermore, as discussed below, ongoing advisory work in this area has resumed the use of the “Ruta del Agua” instrument. ii. User Oversight Actions and Service Providers’ Self-Assessments. - Actions to monitor user satisfaction in 2022. As part of the work carried out by the Dirección General de Atención al Usuario, a survey entitled “SURVEY ON ACCESS TO, USE OF, AND SATISFACTION WITH PUBLIC SERVICES REGULATED BY ARESEP” was conducted continuously in 2020, 2021, and 2022, using a new perspective that compares the service provided with user satisfaction. This survey covers six of the services regulated under Ley 7593, including water-supply services.
For example, with respect to 2022, it states that: “In general, the vast majority of the different aspects evaluated received good scores above 8.0, except for ‘advance notice of service interruptions (7,8),’ ‘means of communication (7,9),’ ‘time frame for addressing interruptions 7,8),’ and ‘resolution of requests (7,8),’ which scored below 8.0, maintaining the 2021 trend.” Additionally, the report presents the following findings regarding the incidence of service interruptions: i. Service-interruption percentages continue to show a downward trend across the 3 measurements (51% ➔ 40% ➔ 24%) overall, and this pattern is consistent across all regions, with the largest declines recorded in the Central (44% ➔ 24%), Brunca (40% ➔ 20%), and Huetar Caribe (32% ➔ 18%) regions. ii. For most users (66%), the waiting time for restoration of service is “short” or “neither long nor short.” Nevertheless, a significant proportion of 33% continues to state that this occurs frequently, a situation which, as in 2021, is more pronounced in the Chorotega region, where the proportion increased significantly in this measurement (37% ➔ 59%). iii.
Overall, for 57% of households, companies do provide advance notice of service interruptions, an indicator showing a slight decline compared with (sic) 2021. The regions recording the lowest levels of advance notice are Chorotega (43% ➔ 29%) and Brunca (66% ➔ 43%). iv. Companies’ compliance with announced schedules remains at 80% of households, a pattern repeated across all regions and higher among men (85%) than among women (78%). v. The principal means used by companies to announce service interruptions are social media (50%), followed by websites (21%) and TV (21%). vi. For only 1 in every 4 households, when service interruptions last more than 8 hours, the company provides support through tanker trucks. This proportion varies widely among regions. While the incidence of this indicator is recorded for 66% of households in the Pacífico Central region, it is only 5% in regions such as Huetar Caribe and 11% in Chorotega. vii.
Overall, the water received after a service interruption is of good quality, according to 61% of the surveyed households that experienced service interruptions, particularly in the Huetar Norte region (87%). viii. Most respondents (84%) acknowledge receiving chlorinated water, although the company informs very few of them (20%) about water-quality results. ix. Only 1 in every 10 respondents has learned that someone was denied service for a property in this community, primarily because of coverage issues or insufficient water capacity. x. There is a very low incidence of factors affecting water quality, namely sediment (9%), unpleasant odor (6%), metallic taste (8%), salty taste (3%), and discoloration (13%). Those who have identified these factors report that they occur primarily during the morning and the rainy season. xi. For only 3 in every 10 households, companies promote educational programs to protect water sources.
That proportion is higher in Huetar Norte (49%) and lower in Huetar Caribe (20%). The foregoing indicators showed the results for the various services; nevertheless, they also reveal the incidence of satisfaction with the public water-supply service. - Research: study on the availability of drinking-water service in Costa Rica for 2023. Given the number of requests received by ARESEP’s Dirección General de Atención al Usuario, a study is being conducted on drinking-water service, specifically on the lack of availability and denial of service experienced by people throughout the country, as a means of safeguarding the quality and optimal provision of the public service. For this purpose, information was collected from Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), and Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) for 2023.
The study’s principal conclusions and recommendations include the following: 1. Information from the ICAA and ESPH demonstrates that the approval or rejection rate for drinking-water services is associated, on the one hand, with the geographic area in which the application originates, but above all with the time the company takes to decide whether to grant the service. For the first variable, information is available concerning the planning region, province, and even district, making it possible to demonstrate this relationship; in the second case, however, company records do not indicate why some applications are resolved in less than a week while others take months. 2. It is advisable for both ESPH and ICAA to record the actual reason why drinking-water service was or was not granted and to maintain uniform records on the granting of service-availability certifications (disponibilidades de servicio). 3.
The Asadas provide a fairly clear picture of these reasons, indicating that the principal reason concerns problems with documents and requirements, but also that there may be no water availability or sufficient hydraulic capacity. Another aspect of the research is that, in the case of ICAA, during the period from 2019 through May 2023, the rejection rate for drinking-water applications was 21.81%, with 2019 presenting the lowest figure, at 18.41%, and 2021 the highest, at 24.61%. In the case of ESPH, during the period from 2022 through May 2023, the rejection rate for drinking-water applications was 11.82%; the figure was 12.18% in 2022 and 10.57% during the first 5 months of 2023. In the case of ICAA, during the period from 2019 through May 2023, for 21.18% of rejected applications, the ICAA provided the interested party with a water-capacity letter (carta de capacidad hídrica) so that the party could make improvements to the network, thereby enabling approval of the service, with insufficient hydraulic capacity being the reason for rejection.
Finally, in 78.73% of cases, no water-capacity letter was provided, meaning that the reason for denying service was something other than insufficient hydraulic capacity that could be remedied by the interested party. This study found that, through agreement 09-09-2024 of the Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, it was established that: “(…) Drinking-water service availability shall be established as a strategic action of Aresep and made a priority matter for the Intendencia de Agua (IA), the Dirección General de Estrategia y Evaluación (DGEE), and the Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) for 2024. (…)” As a result of the foregoing indicators, work was requested on the so-called Ruta del Agua, as detailed in the following section: - Follow-up for Implementation of the “Ruta del Agua.” Currently, Aresep’s Dirección General de Atención al Usuario, jointly with the Intendencia de Aguas, is working on the so-called “Follow-up for Implementation of the ‘Ruta del Agua,’” under a comprehensive approach encompassing three dimensions: political, strategic, and operational, involving everyone from senior leadership to the most operational level in achieving its outcome.
This is a long- and medium-term undertaking; nevertheless, advisory and support activities have already begun in relation to service continuity and access to the water supply, addressing specific situations identified by the advisory-services and outreach teams of the directorate, many of which arose from intervention work in the territories described in the first section. These activities have been scheduled as part of the route’s operational dimension so that immediate assistance can be provided to users in their dealings with the service provider, in this case the ICAA or the ASADAS. The following is a record of the work completed to date (…) All the foregoing communities were also given an opportunity to raise their concerns regarding interruptions and the provision of drinking-water service. iii.
Current actions: Study of interruptions or suspensions (interrupciones o suspensiones) of the drinking-water service currently underway in 2024. The Dirección General de Atención al Usuario of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos is currently conducting a study on interruptions or suspensions of drinking-water service in the country. At present, and as stated in official letter OF-0663-RG-2024 of 23 de mayo de 2024, providers have been asked to inform us whether they have any type of systematized record of drinking-water service interruptions or suspensions carried out in the country under artículo 33 of the technical service-provision regulation (reglamento técnico de prestación del servicio) ARPSICAA-2015 (artículo 86 of the new technical regulation AR-RT-SUMAAH-2023). The following variables were defined for the study and requested from the providers, covering the period from 2015 al 2024: 1.
Date of the service interruption or suspension. 2. CCO sequential number. 3. Reason for the service interruption or suspension. 4. Province. 5. Canton. 6. District. 7. Neighborhood/Housing Development/Other. 8. Address of the event. 9. Estimated affected population. 10. Work start time. 11. Estimated work completion time. 12. Estimated service restoration time. 13. Actual work completion time. 14. Type of impact (scheduled or unscheduled). 15. Water distribution by tanker truck (Yes or No). 16. Necessary contingency measures. 17. External communications. 18. Communication media. 19. Special precautions. 20. General observations. 21. Supply system (code and description). 22. Whether an adjustment was applied to the amount billed for services in the event of discontinuity, pursuant to artículo 95 of the service-provision regulation AR-PSICAA-2015 (artículo 137 of the new service-provision regulation AR-RT-SUMAAH-2023). 23.
Amount of the adjustment to the amount billed for services in the event of discontinuity. 24. Any other information deemed relevant. In addition, ICAA was specifically asked to inform us whether it has any information on this matter from the Asadas and whether they submit any type of report to it. To date, information has been received from both operators and is being analyzed to determine whether it satisfies the request and, if so, to proceed with oversight (fiscalización) and/or, should it be determined that there are violations warranting possible administrative proceedings (procedimiento administrativo) for noncompliance with the regulations governing service quality and continuity, to initiate such proceedings. As can be seen from the proceedings that have been conducted and the one currently underway, Aresep maintains an ongoing investigation into the principal factors affecting the provision of aqueduct services, including the current problems concerning rationing of aqueduct service, access to the service by means of tanker trucks in accordance with the legal system (ordenamiento jurídico), and cases of contamination.
With regard to users, it is concluded that it is important to point out to the Sala Constitucional that, under the fundamental right of access to drinking water, which cannot be indiscriminate, the Court should recognize that entities providing this service are obligated to provide it under all circumstances and whenever needed. Specifically, it has already been recognized that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados rurales must supply their users and inform them of the methods and schedules by which they will do so; for example, when the service cannot be provided continuously, tanker trucks must be made available and users must be informed of their schedules. Likewise, the studies conducted clearly show that service providers must urgently adopt short-term administrative measures to expedite investment in water infrastructure (infraestructura hídrica), enabling them to meet the population’s new needs, the growing demand for new services, and the rights of those who already receive the service to have it provided without interruption.
In the present case, it is determined that, although the petitioners apply directly to the Sala Constitucional, the issue encompasses various aspects, such as rationing, contamination, and the lack of an immediate solution, which conflicts with the principles governing quality, quantity, and continuity of access to water for all users in this community. In light of the foregoing analysis, the Sala Constitucional is advised that Aresep has implemented a series of actions that include not only educating citizens about the provision of drinking-water service, but also participating in technical working groups (mesas técnicas) in an effort to reach agreements with the operator—in this case, ICAA—which, although they do not represent a complete solution, do improve the conditions of access to the service, both in terms of schedules and access by tanker truck. In the same vein, given the urgent need for more specific information, the information provided by the operator concerning rationing is being processed so that it may serve as a basis for more precisely overseeing specific points and thereby conducting any corrective oversight that may be required.
Finally, the Dirección General de Atención al Usuario of Aresep can confirm that systems have been designed and implemented to monitor the effectiveness of the regulation of the public drinking-water supply service from the users’ perspective. Likewise, from that same perspective, user satisfaction and providers’ self-assessments are monitored, and their results become inputs that facilitate the definition of actions and decision-making.
RELIEF SOUGHT Under the terms set forth above, the Sala Constitucional is requested to deem the report required from this Autoridad Reguladora to have been submitted and to dismiss the constitutional amparo proceeding (amparo constitucional) insofar as it concerns this Autoridad Reguladora.”
Justice Rueda Leal drafts the opinion; and,
Considering:
Given that the general manager and the head of Operation and Maintenance of Drinking Water Systems, both of Icaa, failed to respond to the hearing within the period established by this Court in the order initiating the sub lite proceedings, pursuant to Article 45 of the Law on Constitutional Jurisdiction, the appeal shall be decided based on the other pleadings and evidence submitted in the record.
The petitioners reside in Esterillos de Puntarenas and allege that, since 2016, they have been adversely affected by the inadequate provision and quality of the drinking water service. They state that, due to the foregoing, this Chamber, by judgment no. 2018021434 of 21 December 2018, found that Icaa had failed to fulfill its duty to safeguard health and ensure the proper functioning of the public service; furthermore, it ordered the Icaa authorities to take immediate measures to remedy the water-quality issues and guarantee its supply by tanker trucks within six months. They allege that, in 2021, Icaa entered into an agreement with the developers of the Místico project in playa Hermosa, under which it undertook to improve service in the Esterillos and Bejuco aqueducts; however, the community of Esterillos has experienced no improvements, while the Místico project receives regular water service.
They assert that, in April 2023, residents began experiencing water shortages that later became a complete absence of service, with interruptions lasting up to twelve hours. They contend that the water, in addition to being insufficient, is of poor quality. They state that interruptions in service and water contamination have affected the population’s health, as reflected in the cases of diarrhea referenced in technical report no. MS-DRRSPC-DARSPA-IT-00355-2023 of the Ministerio de Salud. They question the fact that the cistern tanks installed to provide water to the community lack protection or monitoring, thereby increasing the risk of contamination.
The following facts are deemed duly established and relevant to the disposition of this matter:
“1. STATEMENT OF THE PROBLEM Beginning in December 2016, pursuant to Board of Directors resolution GG-2016-392, the Cantonal de Jacó assumed the administration, operation, maintenance, and commercialization of the Esterillos, Quebrada Amarilla, and Playa Hermosa Water Supply and Sanitation Systems in the cantons of Parrita and Jacó.
The systems’ principal problems are:
2. DESCRIPTION OF THE CURRENT SITUATION The geographic location of the three systems near the coast makes them potential areas for tourism and real-estate development; however, because of the quality/quantity of drinking water, it is not possible to support current development in the Quebrada Amarilla, Esterillos, and Playa Hermosa areas due to the following factors:
WATER QUALITY The three wells of the Esterillos-Bejuco system have iron and manganese levels exceeding the values established by the regulations governing the quality of water intended for consumption.
WATER CAPACITY (sic)
During the dry season, the Pollo Macho and Playa Hermosa springs lack the water capacity to supply the Playa Hermosa, Quebrada Amarilla, and Esterillos-Bejuco systems. It is estimated that a maximum flow of 30 l/s can be obtained from the two springs; however, the Esterillos-Bejuco system alone requires 32 l/s, and the total estimated deficit is 20 l/s. The topographic conditions of the spring intake structures (captaciones) make them susceptible to damage from landslides, in addition to their location within stream channels. During the rainy season, the streams fill with water and carry rocks and material that destroy and obstruct the intake structures. The Pollo Macho intake structure sustained damage during the 2023 rainy season that prevents it from operating. Maintenance crews cannot enter the site because of the risk posed by falling rocks.
The intake structures for both springs are located on difficult-to-access private land; consequently, investment in them is not possible until AyA acquires the land. It must also be taken into account that, because they are located in streams, any construction undertaken there is considered to have a high environmental impact.
A proposal from a private developer (Místico) is currently under review. If approved by the Board of Directors, the developer would provide the equipment required for the Tulín 1 well and the pipeline needed to convey its flow to Quebrada Amarilla and Playa Hermosa, thereby making it possible to supply both systems.
3. IDENTIFICATION OF A SOLUTION ALTERNATIVE The proposal consists of incorporating a new source for beneficial use (aprovechamiento). The Environmental Management UEN conducted a study of the aquifer (acuífero) in which the Tulín 1 well is located and identified a site for drilling a new well known as Tulín 2 (UEN-GA-2019-02075). This well is estimated to have the same production characteristics as the Tulín 1 well. To use the flow from the Tulín 2 well, a series of improvements must be made that will increase the capacity of the Playa Hermosa and Quebrada Amarilla systems and remedy the deficit in the Esterillos-Bejuco system until approximately 2045, according to the ‘Esterillos-Bejuco Supply System Improvement Project’ profile.
3.4 PRODUCTION A new supply source must be obtained. To that end, the Tulín 2 well must be drilled and, depending on the well’s results, the land and its protection zone must be acquired.
It must be taken into account that AyA must construct the electrical service connection, install the well equipment, and build the force main.
The flows are distributed as follows: 50 l/s for Playa Hermosa and Quebrada Amarilla and 50 l/s for Esterillos-Bejuco.
Tulín 2 CRTM05 Coordinates X: 440983.1 Y: 1060393.7 (…)” (boldface added). (See documentary evidence).
“a. Geologically, the area of interest is characterized by a predominance of sedimentary rocks associated with sandstone and shale sequences, as well as recent sediment deposits consisting primarily of sand and gravel. Volcanic rocks, primarily associated with basalt sequences, also crop out. Specifically, alluvial deposits associated with sequences of sand, gravel, and silt predominate in the area where the Esterillos wells are located.
b. Hydrogeologically, the area of interest is characterized by the existence of two hydrogeological units. The first is associated with the sequence of medium-to-coarse sands located, according to the Esterillos 1 well (H-5) log, at a depth of between 3 and 10 m and reaching a maximum thickness of 7 meters. It is an unconfined aquifer (acuífero de tipo libre cubierto) with an associated static water level located at a depth of approximately 3 meters below the surface. The second aquifer unit is associated with the sequence of silty gravels, whose aquifer roof is located at a depth of 10 meters (well H-5). This unit constitutes the area’s principal aquifer section and is the one tapped by the wells under study. An approximate thickness of between 15 and 20 meters is estimated for this aquifer unit. It is interpreted as a confined aquifer (acuífero confinado), with extraction flows ranging between 4 and 9 L/s.
c. The hydraulic parameters corresponding to the aquifer tapped by the wells were determined, yielding a transmissivity value of 59.5 m2/day and a permeability value of 3.97 m/day.
d. The groundwater flow direction for the area of interest has a northeast-southwest component, with a hydraulic gradient of 0.01. e. An operational and absolute protection area of 900 m2 is established for the Esterillos 1 (HE-5), Esterillos 2 (HE-6), and Esterillos 3 (93-27) wells, corresponding to a protection radius of 15 m upstream, downstream, and laterally from the location of each well. This area must be used exclusively for source maintenance activities and must have a concrete floor to prevent the infiltration of chemical or other substances (oils, etc). In addition, to prevent the entry of animals and vandalism, the installation of a perimeter fence in this area is recommended.
f. The absolute bacteriological protection zone shall have a length and width of 61 meters for the Esterillos 1 (HE-5) well, 58 meters for the Esterillos 2 (HE-6) well, and 47 meters for the Esterillos 3 (93-27) well, which shall be measured measured (sic) horizontally upstream from the source in the case of length; the width of the protection zone shall be measured laterally on both sides of each well, perpendicular to the flow tube.
g. The Esterillos wells are intended for public water supply and therefore have a 200m baseline activity-protection radius; accordingly, it must be assessed whether such activities pose a threat to the quantity and quality of the water resource being captured.
h. With respect to hydrogeological vulnerability, based on the parameters evaluated, a vulnerability index of 0.324 was obtained for the area where the wells are located. According to the categorization established by the GOD method, this index corresponds to medium vulnerability.
i. According to the most recent quality analyses conducted by the LNA, iron and manganese concentrations exceeding the standard values established in the Reglamento para la Calidad del Agua were recorded for all three wells, an issue that must be considered by the operational area.
Continuous monitoring of the quality of the water extracted from the wells is recommended, taking into account the high concentrations of iron and manganese detected in the quality analyses.” (See documentary evidence).
“During this year, 2024, AyA and the community of Quebrada Amarilla have carried out a series of projects to restore the spring (Naciente) known as Quebrada Amarilla. This allowed the flow captured from the Memo Vega spring (24l/s) to be distributed solely between the communities of Playa Hermosa (12l/s) and Esterillos (12l/s), removing the community of Quebrada Amarilla from the equation. This means that the water can be mixed with water from the existing wells in Esterillos, thereby achieving compliance with the parameters of the Reglamento para la Calidad del Agua Decreto Ejecutivo N° 38924-S.
The addition of these 12l/s of drinking water to the PCA-28 system allowed us to update the water balance, improving the system’s capacity and, most importantly, enabling the community of Esterillos to have access to drinking water since 17 de setiembre del 2024.
The Laboratorio Nacional de Agua conducted water-quality tests within the Esterillos system network on 25 de setiembre (AyA-PT-019), finding that the water complied with the quality parameters, with the sole exception of a low residual chlorine level. This situation was corrected immediately through operational measures, and current operational monitoring data show a level of 0.6 mg/l.
With the addition of the 12l/s from the Memo Vega spring and the operation of Esterillos well 1, which is the well with the lowest presence of iron and manganese and therefore enables us to obtain an optimal mixture, the system’s water balance was updated, moving from a water-deficit category (I) to a transitional aqueduct category (III). This allows us to supply drinking water to existing users and to grant water-availability approvals solely for individually controlled services for single-family homes.
Future Projects The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has been working on a public-private agreement involving a project known as Místico Comunidad de Playa, which provides for the incorporation of 2 wells known as Tulín 1 and 2, with a combined total flow of approximately 120l/s, as well as certain changes to transmission and distribution pipelines, with an investment of approximately $ 2,554,364,53. This will directly benefit the communities of Quebrada Amarilla and Playa Hermosa and indirectly benefit the community of Esterillos by adding water capacity to the system. To improve hydraulic capacity and properly convey the water to Esterillos, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must replace pipeline within the system’s distribution network. To that end, an amendment to project BPIP-2986 is being proposed to include funding for the year 2026 to begin these improvements, with the aim of obtaining, in the short term (5 years), a drinking-water system with both water-resource and hydraulic capacity, thereby enabling water-availability approvals to be granted for future developments in the area.
Likewise, the Región Pacifico Central submitted (sic) the project concept entitled Propuesta de perfil para sistemas: Playa Hermosa, Quebrada Amarilla y Esterillos Bejuco, Puntarenas, whose objective is to implement water-resource and hydraulic improvements to guarantee the drinking-water supply of the communities of Playa Hermosa, Quebrada Amarilla, and Esterillos Bejuco through 2045. This initiative was forwarded by the Subgerencia de Sistemas Periféricos to the Dirección de Planificación Estratégica so that it could be submitted to the Comité Gerencial de Proyectos for consideration of its inclusion in the institutional project portfolio. According to the Plan Maestro y Priorización, this initiative is placed in group and priority G2-36, which means that the pre-feasibility studies for this initiative will begin in the year 2027” (emphasis added). (See documentary evidence).
“(…) 1.- While it is true that AYA, as the provider of drinking-water and sanitation services, is required to provide its customers with services meeting optimal quality parameters, it must be emphasized that, in the case of the Esterillos and Bejuco area, the drinking-water situation is beyond the institution’s control because it is caused by natural climatic factors, namely, drier summers that cause the wells to produce less water, affecting continuity of service. This is compounded by the manganese and iron present in the water, which prevent the provision of optimal service capable of supplying the population of Esterillos and Bejuco. Nevertheless, Article 9 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AYA (hereinafter RPSAYA), published in la Gaceta Nº27 of 9 de febrero del 2021, as amended, demonstrates that although AYA is responsible for providing a service that meets high standards for the optimal provision of drinking water, force majeure or fortuitous-event factors may prevent the institution from providing a service that meets requirements for quality, quantity, and continuity (…)
Due to the water-quality problem, it was decided to keep water in the distribution network so that it could be used for cleaning and other activities not involving human consumption, in order to protect public health.
Furthermore, with regard (sic) to the claims concerning the lack of continuity of service, it should be noted that both the public and local institutions, such as the Ministerio de Salud, Centros de Salud, Bomberos, among others, were always informed (sic), through social media, emails, and the website of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), of the service-interruption schedules, whose (sic) purpose was to ration the water supply to serve the community of Esterillos and Bejuco and meet the population’s basic needs. They were likewise supported with tanker trucks as a contingency measure to prevent a larger emergency that could affect public health. This problem was evidently caused by the summer, which led to decreased rainfall, thereby causing the wells to be unable to adequately supply the communities (See documentary evidence No.1 Impact Table).
In addition, they are washed monthly and have a cement base to prevent cross-contamination (…)
Regarding the protection of the tanks and the drinking water, according to discussions with Esteban Zúñiga Arcia, who is the technical head of the Cantonal de Jacó, agreements have been established with the community to provide notices through the institutional WhatsApp account and the 800 line regarding situations that affect the integrity of the cistern tanks and the water they contain.
There are a total of twelve cistern tanks strategically distributed in secure locations, as follows: Esterillos Este, Esterillos Oeste, Esterillos Centro, and Bejuco (…)” (highlighting added). (See documentary evidence).
“Aresep is aware of the situation affecting the community of Esterillos and has therefore carried out various actions culminating in an inspection on 4 de abril of this year. These actions are documented in report IN-0031-IA-2024, ‘Oversight of the PC-A-28-ESTERILLOS PARRITA Drinking-Water Supply System,’ and may be summarized as follows:
1. On 24 de febrero del 2020, through official letter OF-0127-IA-2020, as part of the Water Authority’s monitoring of its quality program concerning the product-quality component, it was determined that the PC-A-28-Esterillos Parrita system exhibited a product nonconformity. In light of the foregoing, the Laboratorio Nacional de Aguas of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) was asked to provide a copy of the historical record for the last two.
2. On February 13, 2020, an inspection was conducted of water supply system (sistema de abastecimiento) PC-A-28-Esterillos Parrita, in the sectors of Bejuco and Esterillos Oeste. Among other things, it was observed that, based on the photographs and users’ statements, the ICAA must endeavor to expedite the procedures for improving the aqueduct (acueducto), since the problem is expected to be resolved in the short and medium term and, at a minimum, the affected communities should be able to receive quality drinking-water service.
3. On March 6, 2020, through official letter OF-0167-IA-2020 addressed to the Dirección Regional Pacífico Central of the ICAA, the ICAA was informed of the visit conducted to water supply system PC-A-28-Esterillos Parrita, in the sectors of Bejuco and Esterillos Oeste, and was asked to submit the documentary information available on the matter in order to determine the type of project intended for that area, its start date, and the expected deadline for completion of the works.
4. On March 11, 2020, the ICAA responded to official letter OF-0167-IA-2020 through official letter GSP-RPC-2020-00207, which stated that: • Alternative solutions have been under consideration, of which the most viable would be to enter into a public-private partnership (alianza público-privada) with the developer Místico, located in the Quebrada Amarilla area, where there is already a new source—a well—on the bank of the río Tulín that complies with the quality standards for human consumption. The proposal has reached an advanced stage and is currently under review by the Subgerencia de Investigación y Desarrollo. Once reviewed, it would be submitted to the committee that will assess the proposal in accordance with institutional policy on partnerships and, once approved, it would be submitted to the Junta Directiva of the ICAA for authorization. Upon completion of that stage, the implementation schedule for the project defined in the partnership may begin.
• The water supplied to the community of Esterillos does not comply with the established iron and manganese parameters.
• As a mitigating measure, the affected community was informed not to use the water delivered through the public network for human consumption; instead, storage tanks have been installed at different points in the system to provide drinking water.
• A special rate approved by ARESEP is applied, under which only the fixed connection-right charge is collected; that is, no charge is imposed for the water delivered through the pipes.
• At present, it is not possible to specify a date for a permanent solution. The Institution is making every effort to arrange a solution as soon as possible while complying with due process (debido proceso).
5. On April 3, 2020, through official letter OF-0275-IA-2020, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) was asked, with respect to system PC-A-28-Esterillos, to:
“(…) Submit the preliminary corrective-action plan, including tasks and estimated dates, through which a definitive solution is expected to be provided for the water-quality situation faced by the communities supplied by water supply system PC-A-28-Esterillos-Parrita.” 6. On May 14, 2020, through official letter GG-2020-01808, the ICAA responded to official letter OF-0275-IA-2020 by forwarding report GSP-RPC-2020-00313.
7. On June 28, 2020, through official letter OF-0523-IA-2020, the following was requested from the ICAA for each system:
“(…)
B. NCIA-020-2020, system PC-A-28-Esterillos-Parrita, Región Pacífico Central:
1. Clarify which works would be carried out during the first stage of the project and whether that stage would guarantee the supply of drinking-quality water to the communities of Esterillos Oeste and Bejuco or whether, on the contrary, the second stage of the project would need to become operational, in which case the estimated approximate date on which that stage is expected to become operational must be provided.
2. Report on progress under the schedule proposed through official letter GG-2020-01808 and document GSP-RPC-2020-00313.” 8. On October 19, 2020, through official letter GG-2020-04334, the ICAA responded to official letter OF-0523-IA-2020 by forwarding memorandum SG-GSP-2020-01684 with report GSP-RPC-2020-01142 attached.
9. On October 30, 2020, officials from the Intendencia de Agua visited system PC-A-28-Esterillos-Parrita to follow up on the nonconformities (no conformidades) detected through the Programa de Verificación de la Calidad del Agua.
10. On November 10, 2020, through technical-visit minutes MI-0066-IA-2020, the ICAA was asked to:
“(…) Update the schedule for the project that will resolve the problems affecting the Esterillos aqueduct.” 11. On November 13, 2020, through official letter GSP-RCP-2020-01115, the ICAA responded to minutes MI-0066-IA-2020.
12. On March 9, 2021, follow-up report IN-0025-IA-2021 was issued concerning the water quality of the ICAA supply systems in the Región Pacífico Central, under the Programa de la Calidad del Agua Potable. With respect to system PC-A-28-Esterillos-Parrita, it concluded:
“1. The implementation of a solution to the water-quality problem caused by iron and manganese concentrations exceeding the maximum permissible level established in Decreto 38924-S, through the execution of a project under a public-private partnership, is behind the activity schedules submitted by the ICAA to the Intendencia de Agua.
2. The delays in the project’s progress are due to the fact that the public-private partnership agreement (convenio) between the ICAA and the private developer has not been signed, although the ICAA indicated in its schedules that it initially expected the agreement to be signed by August 2020.
3. Based on the activity schedules submitted by the ICAA to the Intendencia de Agua, and considering that the agreement was not signed in August 2020, the resolution of the water-quality problem through implementation of the project is estimated to be completed only in 2023.
4. The ICAA must take the necessary precautions and promptly address any comments arising when the agreement is signed so that project implementation may begin as soon as possible and no further delays occur.
Given the foregoing, the ICAA is requested to:
“i. Submit to the Intendencia de Agua an updated schedule containing the activities and estimated dates for the entire process related to implementing the project intended to resolve the water-quality problem, covering the period from execution of the agreement through the start of project operations and the definitive resolution of the problem caused by iron and manganese concentrations exceeding the maximum permissible level.” 13. On May 10, 2021, through official letter OF-0271-IA-2021, the ICAA was informed that the Intendencia de Agua had been implementing an oversight plan (plan de fiscalización) for the various projects and administrative activities relating to aqueduct, sewerage, fire-hydrant, and water-resource services. Accordingly, the following information was requested concerning the project intended to resolve the water-quality problems affecting system PC-A-28-Esterillos-Parrita.
14. On December 16, 2021, through report IN-0138-IA-2021, the Oversight Report on Drinking-Water Supply System PC-A-28-Esterillos-Parrita was issued. The most significant findings and identified opportunities for improvement included:
In addition, as part of the report’s directives, the ICAA must submit the following within 20 days after notification:
15. On December 17, 2021, through official letter OF-0786-IA-2021, the Oversight Report on Drinking-Water Supply System PC-A-28-Esterillos-Parrita was forwarded to the ICAA.
16. On January 24, 2022, through memorandum SG-GSP-2022-00112, the ICAA responded to official letter OF-0786-IA-2021, attaching official letter No. GSP-RPC-2022-00056.
17. On January 30, 2023, through official letter OF-0021-IA-2023, the Intendencia de Agua requested information as part of its follow-up on the technical and operational oversight of the aqueduct project for System PC-A-28 Esterillos-Parrita.
18. On February 9, 2023, through official letter GG-2023-00354, to which document SG-GSP-2023-00068 was attached, the ICAA responded to OF-0021-IA-2023 and stated that: The developer is currently responsible for correcting the plans and design because they were submitted to UEN PYC for review, as established in the agreement. UEN PYC has already reviewed them and returned them to the designer, Místico, for correction. The project works are not complete as of the date operations began (sic), since only the well has been drilled. The developer must still equip the well, install the pipes, and complete the interconnection.
19. On 4 de abril de 2024, officials from the Intendencia de Agua conducted an on-site inspection to determine the scope of the reported situation and also held a meeting with representatives of the community and the cámara de empresarios del pacífico in order to hear the community’s needs in light of ICAA’s failure to address the problem” (emphasis added). (See report submitted under oath by the respondent authority).
First, it should be noted that the right of access to drinking water (derecho de acceso al agua potable) has been recognized by this Court in extensive case law, and its support under international conventions and the Constitution has been emphasized:
“V.- The Sala recognizes, as part of the constitutional corpus (Derecho de la Constitución), a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and adequate housing, among others, as has also been recognized in international human-rights instruments applicable in Costa Rica: it is expressly included in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); it is also articulated in the International Conference on Population and Development held in Cairo (principle 2), and declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. Within our Inter-American Human Rights System, the country is particularly bound in this regard by the provisions of article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (“Protocol of San Salvador” of 1988), which provides: “Article 11. Right to a healthy environment 1.-Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.” A lack of resources does not justify public administrations’ failure to fulfill their duties in providing this basic service. (SALA CONSTITUCIONAL, decisions 2003-04654 and 2004-007779).
Furthermore, as both the Procuraduría and the AyA representative appropriately acknowledge in their reports, at the international level there is also broad recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights. It is maintained that, without equitable access to a minimum amount of drinking water, other established rights—such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights—would be unattainable. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate quantities of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on compliance with articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights.” It is also emphasized that the States Parties to the International Covenant have a duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.
Several international conferences have also been held, including, notably, the United Nations Water Conference held in Mar de Plata in 1977, which recognized that all peoples have the right of access to drinking water to meet their basic needs. The Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, also includes a commitment by States to ensure equal opportunities for all to enjoy basic resources.
The concept of meeting basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Río de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that “in developing and using water resources, priority must be given to satisfying basic needs and safeguarding ecosystems.” Similarly, in the Plan of Implementation adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to “employ all policy instruments, including regulation, monitoring... and recovery of the costs of water services,” without allowing cost-recovery objectives to become a barrier to poor people’s access to clean water. There are likewise dozens of international instruments that directly and indirectly concern water as a human right of all persons and peoples, such that, by its very nature, it is an issue that tends not only toward nationalization but also toward the internationalization of its use and utilization” (see judgment number 2006-5606 at 15:21 hours on 26 de abril de 2006).
From the foregoing, we can affirm that there is a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, pursuant to which all persons must be afforded the opportunity to access drinking-water services on equal terms, since drinking water is essential to human life and health. Likewise, access to drinking water has been classified as a fundamental human right by several international instruments, as recognized in extensive constitutional case law. For example, as mentioned in the judgment partially transcribed above, in General Comment No. 15 on compliance with articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights.
Accordingly, the States Parties to the International Covenant have a duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.” Similarly, with respect to this matter, there is a vast number of international instruments referring to the right of access to drinking water, including the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan); New Delhi Statement on Drinking Water Supply and Environmental Sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21); Dublin Statement on Water and Sustainable Development (Irlanda, 1992, Guiding Principles and Action Agenda); United Nations International Conference on Population and Development (El Cairo, Egipto, 1994, Programme of Action); Johannesburg Declaration on Sustainable Development (Sudáfrica, 2002, Item 18); General Comment N° 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Ginebra, 2002); Resolution 64/292, adopted by the United Nations General Assembly in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, adopted by the United Nations General Assembly in 2015: The Human Rights to Safe Drinking Water and Sanitation; United Nations Sustainable Development Summit (Nueva York, 2015, Goals 6 and 7), etc.” (see judgment no. 2019017397 at 12:54 hours on 11 de setiembre de 2019).
Additionally, since the entry into force of law no. 9849 of 5 de junio de 2020, Costa Rica has expressly recognized the right to drinking water at the constitutional level in the following terms:
“ARTICLE 50.- The State shall seek the greatest well-being of all the country’s inhabitants by organizing and promoting production and the most appropriate distribution of wealth.
Everyone has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, every person has standing to report acts that violate that right and to claim compensation for the harm caused.
The State shall guarantee, defend, and preserve that right.
The law shall determine the corresponding liabilities and penalties.
Everyone has the basic and inalienable human right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is an asset of the Nation, indispensable for protecting that human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by the law enacted for those purposes, and the supply of drinking water for consumption by individuals and communities shall have priority” (emphasis added).
In this regard, in judgment no. 2020003982 at 11:50 hours on 26 de febrero del 2020, this Tribunal responded to the legislative consultation concerning the aforementioned partial amendment to article 50 of the Constitución Política and stated:
“VIII.- On the content of the bill and its constitutional conformity. The partial constitutional-amendment bill submitted by all 57 members of the Asamblea Legislativa consists of two articles intended to add a final paragraph to article 50 of the Constitución Política, as well as to incorporate a new transitional provision into Title XVIII, Sole Chapter, Transitional Provisions of the Constitución Política, as follows:
“ARTICLE 1.- A paragraph is added at the end of article 50 of the Constitución Política, of 7 de noviembre de 1949. The text is as follows:
Article 50.- (…)
Everyone has the basic and inalienable human right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is an asset of the Nation, indispensable for protecting that human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by the law enacted for those purposes, and the supply of drinking water for consumption by individuals and communities shall have priority.
ARTICLE 2.- A new transitional provision related to article 50 is added to Title XVIII, Sole Chapter, Transitional Provisions, of the Constitución Política. The text is as follows:
Article 50 – XX. Current laws, concessions (concesiones), and use permits (permisos de uso) granted in accordance with law, as well as the rights arising therefrom, shall remain in force until a new law regulating the use, exploitation, and conservation of water enters into force.”.
The proposal as presented and already approved on first reading refers not only to the express recognition of access to water as a human right, but is also directly related to the fact that the human right positively recognized therein concerns access to drinking water, since water—and especially drinking water—is regarded as an essential and intrinsic element for human life and health, thus bringing it into conformity with article 21 and the first part of article 50 of the Constitución Política, as well as with this Sala’s case-law developments deriving from those provisions.
The Chamber notes that the right of access to water (derecho de acceso al agua), and especially to drinking water, forms part of various statements within the field of international human rights law, through different instruments having different scopes or legal natures, but which, by virtue of their very status and the provisions of article 48 of the Political Constitution, must necessarily be taken into consideration insofar as this subject is concerned. Thus, this right has been recognized and referenced since 1972 in the so-called Dublin Statement on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment in the same year, 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; and was validated at the First World Water Forum through the Marrakech Declaration in 1997; while, at the treaty level, specific provisions are found in subsection 1) of article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights—the Protocol of San Salvador—and even in Convention 169 of the International Labour Organization itself.
Regarding general resolutions, these include, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through UN resolution E/C.12/2002/11, as well as United Nations General Assembly Resolution number 70/169, of 17 de diciembre de 2015, which expressly state that water must be “safe and of acceptable quality for personal and domestic uses,” and that access to “drinking water and sanitation must be provided to all persons without discrimination.” In this regard, it is valid to affirm that the proposed addition to article 50 of the Constitution, insofar as it expressly recognizes the right of access to drinking water, is consistent with the legal developments concerning this matter at the international level, as embodied in declarations, conventions, and resolutions of differing natures. It is therefore consistent with the legal advances made internationally in this area; and, by the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have a direct impact within the domestic sphere of States themselves, as this proposed constitutional amendment seeks to formalize at that level.
It is important to note that the proposal is described as seeking to formalize the situation at the constitutional level because, indeed, the matter of access to water, and to drinking water, is regulated in our country at the statutory level by an extensive regulatory framework encompassing, among others, the Ley de Aguas of 1942, the Ley General de Agua Potable of 1953, the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of 1961, the Ley General de Salud of 1973, the Ley de Creación del SENARA of 1983, the Ley Orgánica del Ambiente of 1995, and the Ley Forestal of 1996.
Likewise, emphasis must be placed on the protection of the environment and the right to water (derecho al agua) developed by the constitutional jurisdiction through its case law, which highlights not only the possibility of access to water as a resource essential to human life, but also the inherent and necessary protection that institutions in general must provide to it, from specialized agencies such as the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, to other institutions with broader responsibilities, such as the Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, the Ministerio de Salud, and the country’s Municipalidades themselves. The necessary coordination among them has been established to ensure not only the comprehensive protection of water resources (recurso hídrico), but also their lawful provision for human consumption, subject to compliance with the established parameters and the actual possibility of supplying them effectively—see, among many others, judgments of this Chamber numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 and 2016-1791-.
It is important to note the emphasis placed by the amendment not only on recognizing access to drinking water as a human right, but also on its particular status as property in the public domain (bien demanial), in the same sense already reflected in the various laws cited here. Note that the proposed provision states that “water is an asset of the Nation,” that is, an asset belonging generally to the intangible entity encompassed by the concept of the Nation and, as such, an asset distributed throughout society and among its actors—a public-domain asset (bien de dominio público) requiring full protection not only because it is essential to life, but also so that it may be used for the various purposes for which it is required, provided that due regard is given to proper sustainability and its comprehensive protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
Note that the human right recognized concerns drinking water, followed by the statement that water—thus, in general terms—is indispensable for protecting the human right recognized in the first part of the paragraph, without this implying in any way that the resource cannot be used for other purposes—agricultural, livestock, industrial, or development purposes—provided that such use complies with the provisions concerning the aforementioned right to the environment and ensures the existence of sufficient resources for drinking water. In other words, the existence of water is recognized and protected, as is a human right of access to drinking water; consequently, the proposed normative language recognizes not only the protection and possible use of water in general terms, but also access to drinking water as a human right.
Furthermore, it should be borne in mind that, as already noted, this access must be pursued and provided subject to prior compliance with the established parameters and in accordance with (sic) the actual possibilities of supply. That is, as established in this Chamber’s abundant case law on the matter, although access to drinking water is recognized as a human right, its effective provision may be made subject to specific and demonstrably real possibilities of delivery. Accordingly, such access, although recognized as fundamental, may properly be subject to compliance with specific conditions that, in turn, make it possible to guarantee the existence and preservation of this asset.
It is for this reason that the aforementioned United Nations General Assembly Resolution number 70-169, of 17 de diciembre de 2015, in paragraph 5, calls upon States to:
“Ensure the progressive realization of the human rights to drinking water and sanitation for all persons without discrimination, while eliminating inequalities in access, particularly for those belonging to vulnerable and marginalized groups, on grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion, and national or social origin, or on any other grounds, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as disparities between rural and urban areas, residence in slums, income level, and other relevant factors.” —emphasis not in the original— This progressive realization (progresividad) referred to in this resolution develops the corresponding provision enshrined, in treaty terms, in the first paragraph of article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which states:
“Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical assistance, to the maximum of its available resources, with a view to progressively achieving, by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures, the full realization of the rights recognized herein.” —emphasis added— Accordingly, legitimate regulation allowing adequate and orderly access to drinking water, recognized here as a human right, is valid, since the purpose is to promote its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.
It is for this reason that the legislation regulating this subject—as may be the legislation proposed in the same paragraph that is to be added and referred to in the proposed transitional provision XX—must, when enacted, necessarily be consistent with the body of values, principles, and express regulations informing human rights, including access to drinking water as the human right that it is. Therefore, the legislation indicated therein must comply with the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución) and with its provisions concerning this particular matter.
In this regard, in accordance with what has been stated here, the bill being processed under legislative expediente 21.382 is found to be directly consistent with, and to further develop, the constitutional provisions concerning the right to a healthy and ecologically balanced environment. It therefore fits appropriately within the same provision of article 50 of the Constitution and is consistent with the constitutional values and principles that guide it, without in any way conflicting with those essential or core elements that inform and comprise the Law of the Constitution.” Similarly, it is appropriate to highlight what was established in General Comment no. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, issued during its 29th session held in Geneva between 11 and 29 de noviembre de 2002, which stated:
“(…) 2. The human right to water is the right of everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible, and affordable water for personal and domestic use. An adequate supply of safe water is necessary to prevent death from dehydration, reduce the risk of water-related diseases, and satisfy consumption and cooking needs and personal and domestic hygiene requirements.
3. Paragraph 1 of article 11 of the Covenant lists a number of rights emanating from the right to an adequate standard of living, ‘including adequate food, clothing and housing,’ which are indispensable for its realization. The use of the word ‘including’ indicates that this list of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly because it is one of the fundamental conditions for survival.
Moreover, the Committee has previously recognized that water is a human right protected under paragraph 1 of article 11 (see General Comment No. 6 (1995))2. The right to water is also inextricably associated with the right to the highest attainable standard of health (para. 1 of art. 12)3 and the right to adequate housing and food (para. 1 of art. 11)4. This right must also be considered in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, among which the rights to life and human dignity are paramount (…)
10. The right to water entails both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to a water supply necessary for exercising the right to water and the right to be free from interference, such as arbitrary interruptions of the water supply or contamination of water resources. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides the population with equal opportunities to enjoy the right to water.
11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life, and health, in accordance with paragraph 1 of Article 11 and Article 12. The adequacy of water should not be interpreted restrictively, merely in relation to volumetric quantities and technologies. Water must be treated as a social and cultural good, and not primarily as an economic good. The manner in which the right to water is exercised must also be sustainable, so that this right may be exercised by present and future generations.
12. While what is adequate for exercising the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:
25. The obligation to fulfill may be subdivided into the obligations to facilitate, promote, and ensure. The obligation to facilitate requires States Parties to take positive measures that enable and assist individuals and communities to exercise the right. The obligation to promote requires the State Party to adopt measures to disseminate adequate information concerning the hygienic use of water, the protection of water sources, and methods for reducing water waste. States Parties also have an obligation to give effect to (ensure) the right in cases where individuals or groups are unable, for reasons beyond their control, to exercise that right themselves using the means at their disposal.
26. The obligation to fulfill requires States Parties to adopt the measures necessary for the full exercise of the right to water. This obligation includes, among other things, the need to adequately recognize this right within the national political and legal system, preferably through the implementation of laws; to adopt a national water-resources strategy and action plan for the exercise of this right; to ensure that water is affordable for everyone; and to facilitate increased and sustainable access to water, particularly in rural areas and disadvantaged urban areas.
27. To ensure that water is affordable, States Parties must adopt the necessary measures, which could include: a) the use of an appropriate range of low-cost techniques and technologies; b) appropriate pricing policies, such as providing water free of charge or at low cost; and c) income supplements. All payments for water-supply services must be based on the principle of equity, so as to ensure that those services, whether public or private, are affordable for everyone, including socially disadvantaged groups. Equity requires that poorer households not bear a disproportionate burden of water expenses compared with wealthier households.
28. States Parties must adopt comprehensive and integrated strategies and programs to ensure that present and future generations have sufficient and safe water22. Such strategies and programs could include: a) reducing the depletion of water resources through extraction, diversion, or impoundment; b) reducing and eliminating contamination of watersheds and water-related ecosystems by radiation, harmful chemicals, and human excreta; c) monitoring water reserves; d) ensuring that any proposed improvement does not impede access to drinking water; e) examining the effects that certain measures may have on water availability and the watersheds of natural ecosystems, such as climate change, desertification and increasing soil salinity, deforestation, and loss of biodiversity23; f) increasing consumers’ efficient use of water; g) reducing water waste during distribution; h) response mechanisms for emergency situations; and i) creating competent institutions and establishing appropriate institutional arrangements to implement the strategies and programs (…)
37. In General Comment Nº 3 (1990), the Committee confirms that States Parties have a core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights set forth in the Covenant. In the Committee’s view, at least certain core obligations relating to the right to water, which are of immediate effect, can be identified:
The foregoing is relevant because it details the content of the right to water by outlining its characteristics, including quality, accessibility, and availability, since it establishes that the human right to water entails a sufficient supply for each person’s personal and domestic use.
Furthermore, in the judgment of 27 de noviembre de 2023 issued by the Corte Interamericana de Derechos Humanos in the case of Habitantes de la Oroya vs Perú, that court held:
“121. Likewise, persons have the right to water that is free from levels of contamination posing a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes obligations on States consisting of: a) designing rules and policies that define water-quality standards and, with heightened safeguards, standards for treated water and wastewater that are compatible with human and ecosystem health; b) monitoring contamination levels in bodies of water and, where appropriate, reporting potential risks to human and ecosystem health; c) developing plans and, in general, undertaking all practices aimed at controlling water quality, including identifying the principal causes of its contamination; d) implementing measures to enforce water-quality standards; and e) adopting actions to ensure the sustainable management of water resources. The Court likewise considers that States must design their rules, plans, and water-quality control measures in accordance with the best available science, taking into account the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality, and adaptability, including through international cooperation.
122. As a complement to the foregoing, the Court recalls that, in the case of Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, it was established that the right to water (derecho al agua) is protected by Article 26 of the American Convention. This follows from the provisions of the OAS Charter, insofar as they provide a basis for deriving rights from which, in turn, the right to water derives. In this regard, the Court noted that these include the right to a healthy environment (derecho a un medio ambiente sano) (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, all of which are protected by Article 26 of the Convention. This right is also recognized in Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights and in Article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), and is supported by the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.
123. Regarding the normative content of the right to water as an autonomous right (derecho autónomo), the Court has stated that “access to water […] encompasses ‘consumption, sanitation, laundry, food preparation, and personal and household hygiene,’ and, for certain individuals and groups, also […] ‘additional water resources due to health, climate, and working conditions.’” It has likewise stated that “access to water” entails “obligations of progressive realization (obligaciones de realización progresiva),” but that “nevertheless, States have immediate obligations, such as guaranteeing [such access] without discrimination and adopting measures to achieve its full realization.” In addition, States must provide protection against acts by private parties so that third parties do not impair the enjoyment of the right to water, and must “guarantee an essential minimum amount of water” in those “particular cases involving persons or groups of persons who are unable to obtain access to water […] on their own, for reasons beyond their control.” 124.
At this point, the Court clarifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive aspect (faceta sustantiva) of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first aspect protects bodies of water as elements of the environment that have value in themselves, as a universal interest, and because of their importance to other living organisms, including human beings. The second aspect recognizes the decisive role that water plays for human beings and their survival and, therefore, protects human access to, use, and utilization of water. Thus, the Court understands that the substantive aspect of the right to a healthy environment that protects this component is based on an ecocentric premise, whereas—for example—the right to drinking water and sanitation is based on an anthropocentric perspective. Both aspects are interrelated, but a violation of one does not necessarily entail a violation of the other in every case.
125. Furthermore, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and water. This right is covered by the obligation to respect and ensure rights (obligación de respeto y de garantía) established in Article 1.1 of the Convention, one means of complying with which is to prevent violations. This obligation extends to the private sphere to prevent third parties from violating protected legal interests (bienes jurídicos protegidos), and encompasses all legal, political, administrative, and cultural measures that promote the safeguarding of human rights and ensure that any violations thereof are effectively regarded and treated as unlawful acts. Along these lines, the Court has noted that, on certain occasions, States have an obligation to establish adequate mechanisms to supervise and monitor certain activities in order to guarantee human rights by protecting them from the actions of public entities as well as private persons. The obligation to prevent is an obligation of means or conduct (obligación de medio o comportamiento), and its breach is not established merely by the fact that a right has been violated (…)” (emphasis not in the original).
V.ON THE RIGHT TO THE PROPER FUNCTIONING OF PUBLIC SERVICES AND THE ROLE OF ICAA AS THE GOVERNING BODY FOR DRINKING WATER SUPPLY. Regarding this matter, in Judgment no. 2016012058 at 9:30 hours on 26 de agosto de 2016, this Chamber stated:
“(…) in the case at hand (sub judice), it is determined that ICAA, as the governing body in this field, has failed to perform its monitoring and supervisory duties regarding the provision of the public drinking water and sewerage service and, therefore, has violated the appellants’ rights. Pursuant to Articles 1 and 2 of the Founding Law of the Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, ICAA is responsible, among other functions, for resolving all matters related to the supply of drinking water and the sanitary sewerage service; directing and overseeing all matters concerning the provision of drinking water service to residents; and directly administering and operating water-supply and sewerage systems throughout the country. It is therefore inexcusable that ICAA failed to act to prevent and remedy a situation such as the present one, in which an ASADA has been providing the aforementioned services without executing any delegation agreement (convenio de delegación).
In this regard, it is appropriate to recall what the Chamber stated in Judgment Nº 2014-012971 at 14:45 hours on 8 de agosto de 2014 regarding ICAA and its duties to monitor and guarantee the proper functioning of the aforementioned public services:
“IV.- On the right to the proper functioning of public services and the role of ICAA as the governing body for water supply. In Judgment number 2012-12009 at 09:05 hours on 31 de agosto de 2013, this Chamber held as follows, which is relevant to the resolution of the case at bar (sub lite):
“This Chamber has held that the Political Constitution implicitly enshrines the fundamental right of persons subject to the Administration to the proper and efficient functioning of public services, that is, to have such services provided according to high quality standards. As a necessary corollary, public administrations are obligated to provide them continuously, regularly, promptly, effectively, and efficiently. This latter obligation derives from the systematic relationship among several constitutional provisions, such as Article 140, subsection 8 (which imposes on the Executive Branch the duty to ‘Oversee the proper functioning of administrative services and agencies’), Article 139, subsection 4 (insofar as it incorporates the concept of the ‘proper operation of the Government’), and Article 191 (insofar as it incorporates the principle of ‘administrative efficiency’). This Court has also indicated that this atypical or unnamed individual guarantee (garantía individual atípica o innominada) is heightened in the case of essential public services such as the supply of drinking water, because interests as precious as human health and life are at stake; consequently, the principles of effectiveness, efficiency, promptness, continuity, and adaptability must apply with greater rigor (see, to this effect, Judgments number 2008-016405 at 19:04 hours on 30 de octubre de 2008 and 2008-017633 at 12:06 hours on 5 de diciembre de 2008). In this context, the role of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados as the governing body in this field assumes particular significance. This Chamber has stated that:
“(…) pursuant to Article 1 of the Founding Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, that autonomous institution was created for the express purpose of directing, setting policies, establishing and enforcing regulations, undertaking and promoting planning, financing, and development, and resolving all matters related to the supply of drinking water. To fulfill that purpose, and pursuant to Article 2 of that same body of law, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for directing and overseeing all matters concerning the provision of drinking water service to the inhabitants of the Republic, as well as exploiting, using, managing, or overseeing, as applicable, all publicly owned waters necessary for proper compliance with the provisions of the aforementioned law. It is thus established that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the primary entity responsible for ensuring that all inhabitants of the Republic may benefit from a drinking water supply system capable of providing that liquid continuously and in sufficient quantities to adequately meet the basic needs of all persons, thereby effectively safeguarding their fundamental rights to life and health” (Judgment number 2011005457 at 11:32 hours on 29 de abril de 2011.)
Consistent with the foregoing, this Chamber has emphasized that, in cases where the water supply service for human consumption is provided by an ASADA, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is required to exercise effective and efficient oversight and control over the respective water supply system with respect to its operation, maintenance, administration, and development, thereby guaranteeing its proper functioning (Judgment number 2011009487 at 9:15 hours on 22 de julio de 2011). Indeed, recently, in Judgment number 2012006447 at 10:30 hours on 18 de mayo de 2012, this Chamber stated:
“(…) although Article 2 of Ley 2726 authorizes AyA to enter into agreements with community organizations for the administration of water-supply and sewerage systems, the respondent Institute, as the governing body in this field, is responsible for all matters relating to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary to supply water to communities. Based on the foregoing, the Administration may not excuse the lack of an efficient drinking water service on the grounds of insufficient community organization or poor management of the rural water-supply system by the private concessionaire (…)
This confirms the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to monitor and guarantee the proper functioning of community water-supply systems” (emphasis not in the original) “V.- On the specific case. In this case, the appellant alleges that, in the community of El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, ICAA provides drinking water service through delegation to an ASADA; however, that service is provided inadequately and requires infrastructure improvements, for which reason the Municipalidad de La Cruz allocated funds to improve that water-supply system, but those funds cannot be used until ICAA conducts the corresponding technical studies. She considers her fundamental right of access to drinking water to have been violated.
In this regard, the Chamber deemed it established that the Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, does not have current legal personality (personería jurídica), since it expired on 31 de julio de 2007. It is likewise apparent that ASADA El Porvenir has not submitted to ICAA the documentation required to process the signing of the delegation agreement (convenio de delegación). Furthermore, ICAA does not have an updated assessment of the aqueduct system operated by ASADA El Porvenir. The case record established that, by official letter number SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 dated 03 de julio de 2014, the Head of the Regional Office of Community Systems for ICAA’s Región Chorotega suggested that ASADA El Porvenir retain a professional to conduct a technical study recommending the improvements required by the aqueduct. Finally, it was demonstrated that the Municipalidad de La Cruz allocated 3 million colones for improvements to the aqueduct infrastructure, which will be implemented once the corresponding technical studies have been completed.
In light of these circumstances, the Chamber considers that the petition for constitutional relief (amparo) should be partially granted, solely against ICAA. As explained in the preceding recital (considerando), ICAA is under an obligation to oversee and ensure the proper operation of community aqueduct systems and therefore cannot excuse itself by claiming that the lack of an efficient drinking-water service is attributable to inadequate community organization or poor management of the rural aqueduct. As the governing authority for drinking-water supply, ICAA is called upon to assist in promptly resolving the problems affecting the community of El Porvenir, in La Cruz de Guanacaste. Accordingly, the Chamber finds untenable the argument made by the respondent authorities (autoridades recurridas) of ICAA that they bear no responsibility whatsoever for the problems involving ASADA El Porvenir.
As long as the water-supply problems persist, the most vulnerable parties are the local residents, who must endure the ineffectiveness of the responsible entities and consequently suffer from the deficient provision of the public drinking-water service. On that understanding, ICAA must supervise and issue the necessary orders for ASADA El Porvenir to bring its operations into compliance with the law and for the technical studies required to authorize the expenditure of the municipal budget already allocated to improving the drinking-water supply in that community—and therefore the quality of life of all its residents—to be completed.” (Emphasis not in the original).
In addition, section 36(1) of the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales establishes the following obligation and right of ICAA: “To enter into and terminate delegation agreements for the management of aqueduct and sewerage systems with Administrating Associations, when recommended by Management and approved by its Board of Directors, on grounds of expediency, timeliness, or ineffectiveness in the provision of public services.”
In the sub iudice case, the petitioners reside in Esterillos de Puntarenas and allege that, since 2016, they have been adversely affected by the inadequate provision and poor quality of the drinking-water service. They state that, in view of the foregoing, this Chamber, by judgment no. 2018021434 dated 21 de diciembre de 2018, held that ICAA had failed to fulfill its duty to protect health and ensure the proper operation of the public service; it also ordered the ICAA authorities to take immediate measures to address the water-quality issues and guarantee the water supply by tanker trucks within six months. They allege that, in 2021, ICAA entered into an agreement with the developers of the Místico project in playa Hermosa, under which it undertook to improve service in the Esterillos and Bejuco aqueduct systems; nevertheless, the Esterillos community has experienced no improvements, while the Místico project receives regular water service.
They assert that, in abril de 2023, residents began experiencing water shortages that subsequently developed into a complete loss of service, with outages lasting up to twelve hours. They maintain that the water is not only insufficient but also of poor quality. They state that interruptions in service and water contamination have affected the population’s health, as reflected in the cases of diarrhea referenced in technical report no. MS-DRRSPC-DARSPA-IT-00355-2023 issued by the Ministerio de Salud. They challenge the fact that the water-storage tanks installed to supply water to the community lack protection or monitoring, thereby increasing the risk of contamination.
In the case under review (sub iudice), it has been established that the protected persons reside in Esterillos de Puntarenas. The PC-A-28 system, known as Esterillos, has depended on three wells, which, according to analyses by the Laboratorio Nacional de Aguas, contain iron and manganese concentrations exceeding the maximum levels established in the Reglamento para la Calidad del Agua. There are records of tanker-truck use in Esterillos on the following dates: 9, 16 y 17 de enero, 21 de febrero, 14 de marzo, 17, 19, 22, 24 y 29 de mayo, 29 de junio, 26 de julio, 19 y 22 de agosto; all in 2024. Icaa has reports of interruptions to the potable-water service in Esterillos due to reduced water production from the sources during the dry season, as follows: i) del 11 al 17 de febrero between “12:00 PM” and “06:30 AM”; ii) del 26 de febrero y el 4 de marzo between “12:00 MD” and “06:30 PM”; iii) del 10 al 16 de abril between “07:30 AM” and “12:00 MD”; and iv) del 1° al 7 de mayo between “11:30 PM” and “04:00 PM”; all in 2024.
By means of official letter IN-0031-IA-2024 dated 18 de marzo de 2024, the Intendencia del Agua de Aresep required Icaa to: i) identify the initiatives established to address the situation in Esterillos – Parrita comprehensively; ii) provide the estimated date on which the project intended to provide a definitive solution for the PC-A-28 Esterillos – Parrita system would begin operating; and iii) provide various data pertaining to that project. On 8 de abril de 2024, Icaa issued the “Profile Proposal for the Playa Hermosa, Quebrada Amarilla, and Esterillos Bejuco Systems, Puntarenas,” which states: “1. STATEMENT OF THE PROBLEM Beginning in diciembre del 2016, pursuant to board of directors’ resolution GG-2016-392, the Cantonal de Jacó assumed the administration, operation, maintenance, and commercialization of the Esterillos, Quebrada Amarilla, and Playa Hermosa water-supply and sanitation systems in the cantons of Parrita and Jacó.
The principal problems affecting the systems are: a) The Esterillos system in the canton of Parrita has water-quality problems because its supply sources contain excess iron and manganese, in violation of the Institution’s quality standards for water intended for human consumption, while the Quebrada Amarilla and Playa Hermosa systems in the canton of Jacó operate at a deficit. b) AYA assumed administration of the three systems, with an average of 1700 potential new service connections already committed by the ASADA; however, four years later, that commitment has not been fulfilled because of insufficient water capacity in some of the systems and water-quality issues in the other. The numerous applications for new service connections have demonstrated that economic, tourism, and social development in the area has been unable to grow because potable-water service is unavailable. c) The supply sources for the Playa Hermosa and Quebrada de Amarilla systems are, respectively, the Memo Vega springs (nacientes) (437640 East / 1062005 North) and Quebrada Amarilla (438065 East / 1060218 North).
These are located on private properties and are vulnerable to natural hazards because of their mountainous location, placing the population’s supply at risk. During 2020, one of them was out of operation because of landslides on the mountain, which rendered the spring unusable. d) In the Esterillos water-supply system, AYA does not charge the rate schedule approved by ARESEP because of the water quality, resulting in high operating and maintenance costs. 2. DESCRIPTION OF THE CURRENT SITUATION Because of their geographic location near the coast, the three systems are potential centers for tourism and real-estate development; however, because of the quality/quantity of potable water, it is not possible to ensure current development in Quebrada Amarilla, Esterillos, and Playa Hermosa due to the following factors: WATER QUALITY The three wells in the Esterillos-Bejuco system have iron and manganese levels exceeding the values established in the regulations governing the quality of water intended for consumption.
WATER CAPACITY (sic) During the low-water season, the Pollo Macho and Playa Hermosa springs lack the water capacity necessary to supply the Playa Hermosa, Quebrada Amarilla, and Esterillos-Bejuco systems. It is estimated that a maximum flow of 30 l/s can be obtained from the two springs combined; however, the Esterillos-Bejuco system alone requires 32 l/s, and the total estimated deficit is 20 l/s. The topographic conditions at the spring-water intake structures (captaciones) make them susceptible to damage from landslides, and they are also located in streambeds. During the rainy season, the streams fill with water and carry rocks and material that destroy and obstruct the intake structures. The Pollo Macho intake structure sustained damage during the rainy season of 2023 that prevents it from operating. Maintenance crews cannot access the site because of the risk posed by falling rocks.
The intake structures for both springs are located on privately owned, difficult-to-access land; consequently, no investment can be made in them until AyA acquires the properties. It must also be taken into account that, because they are located in streams, any works constructed there are considered to have a high environmental impact. A proposal by a private developer (Místico) is currently under review. If approved by the Board of Directors, the developer would provide the equipment needed for the Tulín 1 well and the pipeline required to transport its flow to Quebrada Amarilla and Playa Hermosa, thereby supplying both systems. 3. IDENTIFICATION OF A PROPOSED SOLUTION The proposal consists of incorporating a new source for beneficial use. The UEN de Gestión Ambiental conducted a study of the aquifer (acuífero) where the Tulín 1 well is located and identified a site for drilling a new well known as Tulín 2 (UEN-GA-2019-02075).
This well is expected to have the same production characteristics as the Tulín 1 well. To make use of the flow from the Tulín 2 well, a series of improvements must be made that will increase the capacity of the Playa Hermosa and Quebrada Amarilla systems and resolve the deficit in the Esterillos-Bejuco system until approximately 2045, according to the profile entitled ‘Esterillos-Bejuco Supply System Improvement Project.’ 3.4 PRODUCTION A new supply source must be obtained. To that end, the Tulín 2 well must be drilled and, depending on the well results, the land and its protection zone must be acquired. It must be taken into account that AyA must construct the electrical service connection, install the well equipment, and build the force main (tubería de impulsión). Expected average production flow for the Tulín 2 well: 50 l/s. The flows are distributed as follows: 50 l/s for Playa Hermosa and Quebrada Amarilla and 50 l/s for Esterillos-Bejuco.
CRTM05 coordinates for Tulín 2 X: 440983.1 Y: 1060393.7 (…)” (boldface added). On 10 de junio de 2024, Icaa issued the report entitled “Hydrogeological Study: Delimitation of the Special Protection Area for the Esterillos Wells N° 1 (HE-5), N° 2 (HE-6), and N°3 (93-27),” which concluded: “a. Geologically, the area of interest is characterized by the predominance of rocks of sedimentary origin associated with sandstone and shale sequences, as well as recent sediment deposits consisting primarily of sands and gravels. Rocks of volcanic origin also outcrop, mainly in association with basalt sequences. Specifically, the area where the Esterillos wells are located is dominated by alluvial-type deposits associated with sequences of sands, gravels, and silts. b. Hydrogeologically, the area of interest is characterized by the existence of two hydrogeological units. The first is associated with the sequence of medium-to-coarse sands located, according to the record for the Esterillos 1 well (H-5), at a depth of between 3 and 10 m and reaching a maximum thickness of 7 meters.
It is an unconfined aquifer (acuífero de tipo libre cubierto) with an associated static water level located at a depth of approximately 3 meters below the surface. The second aquifer unit is associated with the sequence of gravel containing silt, whose aquifer roof is located at a depth of 10 meters (well H-5). This unit is the principal aquifer section in the area and is the one tapped by the wells under study. The estimated thickness of this aquifer unit is between 15 and 20 meters. It is interpreted as a confined aquifer (acuífero confinado), with extraction flows ranging from 4 to 9 L/s. c. The hydraulic parameters corresponding to the aquifer tapped by the wells were determined, yielding a transmissivity value of 59.5 m2/day and a permeability value of 3.97 m/day. d. The direction of groundwater flow in the area of interest has a northeast-to-southwest component, with a hydraulic gradient equal to 0.01. e. An operational and absolute protection area (área operacional y de protección absoluta) of 900 m2 is established for the Esterillos 1 (HE-5), Esterillos 2 (HE-6), and Esterillos 3 (93-27) wells.
This corresponds to a protection radius of 15 m upstream, downstream, and laterally in relation to the location of each well. This area must be used exclusively for source-maintenance activities and must have a concrete floor to prevent the infiltration of chemicals or other substances (oils, etc.). In addition, to prevent intrusion by animals and vandalism, installation of a perimeter fence in this area is recommended. f. The absolute bacteriological protection zone (zona de protección absoluta bacteriológica) will have a length and width of 61 meters for the Esterillos 1 well (HE-5), 58 meters for the Esterillos 2 well (HE-6), and 47 meters for the Esterillos 3 well (93-27). These distances will be measured measured (sic) horizontally upstream from the source in the case of length; the width of the protection zone will be measured laterally on both sides of each well, perpendicular to the flow tube. g. The Esterillos wells are intended to supply the population and therefore have a 200m activity-baseline protection radius, such that an assessment must be made to ensure that these activities do not pose a threat to the quantity and quality of the water resources being extracted. h. With respect to hydrogeological vulnerability and based on the parameters evaluated, a vulnerability index of 0.324 was obtained for the area where the wells are located.
According to the categorization established by the GOD method, this index corresponds to medium vulnerability. i. According to the most recent quality analyses performed by the LNA, iron and manganese concentrations exceeding the standard values established in the Reglamento para la Calidad del Agua were recorded for all three wells, an issue that must be considered by the operational area. VII. Recommendations Constant monitoring of the quality of the water extracted from the wells is recommended, taking into account the high iron and manganese concentrations detected in the quality analyses.” By memorandum GSP-RPC-J-2024-00538 dated 23 de setiembre de 2024, the Unidad Cantonal de Jacó stated that preventive operation and maintenance work had been performed on the Esterillos-Bejuco PC-A-28 plastic tanks.
In memorandum GSP-RPC-2024-02140 of October 8, 2024, the Icaa Central Pacific Region explained: “During this year 2024, a series of works have been carried out between AyA and the community of Quebrada Amarilla to restore the spring (naciente) known as Quebrada Amarilla, which made it possible for the flow captured from the Memo Vega spring (24l/s) to be distributed solely between the communities of Playa Hermosa (12l/s) and Esterillos (12l/s), removing the community of Quebrada Amarilla from the equation; this means that the water can be diluted with the existing wells in Esterillos, thereby achieving compliance with the parameters of the Reglamento para la Calidad del Agua Decreto Ejecutivo N° 38924-S. The addition of these 12l/s of drinking water to the PCA-28 system allowed us to update the water balance (balance hídrico), improving the system’s capacity and, most importantly, enabling the community of Esterillos to have access to drinking water since September 17, 2024.
The Laboratorio Nacional de Agua conducted water-quality tests on the Esterillos system network on September 25 (AyA-PT-019), finding that the water complies with the quality parameters; it showed only a low residual chlorine level, a situation that was immediately corrected operationally, with current data from operational monitoring showing 0.6 mg/l. With the addition of the 12l/s from the Memo Vega spring and the operation of Esterillos well 1, which is the well with the lowest presence of iron and manganese, thereby allowing us to achieve an ideal blend, the system’s water balance was updated, changing from a water-deficit category (déficit hídrico) (I) to an aqueduct-in-transition category (acueducto en transición) (III), which allows us to supply drinking water to existing users and grant water-availability approvals (disponibilidades de agua) solely for individual services serving single-family homes.
Future Projects The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has been working on a public-private agreement for a project called Místico Comunidad de Playa, which provides for the incorporation of 2 wells known as Tulín 1 and 2, with an approximate combined flow of 120l/s, as well as certain changes to transmission and distribution pipelines, with an investment of approximately $ 2,554,364,53; this will directly benefit the communities of Quebrada Amarilla and Playa Hermosa and indirectly benefit the community of Esterillos by adding water capacity to the system. To improve hydraulic capacity and properly convey the water to Esterillos, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must replace piping in the system’s distribution network. To that end, an amendment to project BPIP-2986 is being proposed to incorporate resources for the year 2026 in order to begin these improvements, with the goal of obtaining, in the short term (5 years), a drinking-water system with both water and hydraulic capacity, thereby making it possible to grant water-availability approvals for future developments in the area.
Likewise, the Central Pacific Region elevated (sic) the project concept called Propuesta de perfil para sistemas: Playa Hermosa, Quebrada Amarilla y Esterillos Bejuco, Puntarenas, whose objective is to make water-supply and hydraulic improvements to guarantee the provision of drinking water to the communities of Playa Hermosa, Quebrada Amarilla and Esterillos Bejuco through 2045. This initiative was submitted by the Subgerencia de Sistemas Periféricos to the Dirección de Planificación Estratégica so that it could be sent to the Comité Gerencial de Proyectos to assess its inclusion in the institutional project portfolio; according to the Plan Maestro y Priorización, this initiative falls within group and priority G2-36, which means that the pre-feasibility studies (estudios de prefactibilidad) for this initiative will begin in the year 2027” (emphasis supplied). By memorandum GSP-RPC-PA-2024-00170 of October 9, 2024, the Unidad Cantonal de Parrita stated: “(…) 1.- Although it is true that AYA, as the provider of drinking-water and sanitation services, is required to provide its subscribers with services meeting optimal quality parameters, it must be emphasized that, in the case of the Esterillos and Bejuco area, the situation regarding drinking water is beyond the institution’s control and is caused by natural climatic factors, as summers are drier, causing the wells to produce less water and affecting continuity of service; this is compounded by the manganese and iron found in the water, which prevent the provision of an optimal service capable of supplying the population of Esterillos and Bejuco.
Nevertheless, Article 9 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AYA (hereinafter RPSAYA), published in La Gaceta Nº27 of February 9, 2021, as amended, shows that although AYA is responsible for providing a service meeting high standards for the optimal provision of drinking water, circumstances of force majeure (fuerza mayor) or a fortuitous event (caso fortuito) may prevent the institution from providing a service that meets the requirements of quality, quantity and continuity (…) Because of the water-quality problem, it was decided to keep water in the distribution network so that it could be used for cleaning and other activities not involving human consumption, in order to protect the population’s health. On the other hand, with regard (sic) to the statements concerning the lack of continuity of service, it should be noted that both the public and local institutions, including the Ministerio de Salud, Centros de Salud and Bomberos, among others, were always informed (sic), through social media, emails and the website of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), of the service interruption schedules, whose (sic) purpose was to ration the water supply to serve the community of Esterillos and Bejuco and meet the population’s basic needs.
They were likewise supported with water-tanker trucks as a contingency measure to prevent a greater emergency that could affect public health; this problem was clearly caused by the summer, which brought reduced rainfall, thereby causing the wells to be unable to meet the communities’ demand (See documentary evidence No.1 Impact Table). 2.- Regarding the claim that: ‘The cistern tanks installed to supply water to the community lack protection or monitoring, which increases the risk of contamination.’ With respect to this allegation, it is important to mention that the statement is inconsistent with the actual facts, because the cistern tanks are monitored at all times; tests for chlorination, temperature and PH are performed weekly. Additionally, they are washed monthly and have a cement base to prevent cross-contamination (…) Regarding protection of the tanks and the drinking water, according to discussions with official Esteban Zúñiga Arcia, who is the technical head of the Cantonal de Jacó, agreements have been established with the community to issue notices through the institutional WhatsApp account and the 800 line concerning situations affecting the integrity of the cistern tanks and the water they contain.
There are a total of twelve cistern tanks strategically distributed in safe locations, as follows: Esterillos Este, Esterillos Oeste, Esterillos Centro and Bejuco (…)” (emphasis added). The general regulator of Aresep reported: “Aresep is aware of the situation being experienced in the community of Esterillos and has therefore carried out various actions culminating in an inspection on April 4 of the current year. These are set forth in report IN-0031-IA-2024, ‘Oversight of the PC-A-28-ESTERILLOS PARRITA Drinking-Water Supply System,’ and may be summarized as follows: 1. On February 24, 2020, through official letter OF-0127-IA-2020, as part of the quality-program monitoring conducted by the Intendencia de Agua with respect to the product-quality component, it was determined that the PC-A-28-Esterillos Parrita system presented a product nonconformity (no-conformidad del producto); in view of the foregoing, the Laboratorio Nacional de Aguas of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) was asked for a copy of the historical records for the last two. 2.
On February 13, 2020, an inspection was conducted of the PC-A-28-Esterillos Parrita supply system in the sectors of Bejuco and Esterillos Oeste. Among other things, it was observed, based on the photographs and users’ statements, that ICAA must seek to expedite the aqueduct-improvement procedures, since it is expected that the problem will be resolved in the short and medium term and that at least the affected communities will be able to receive quality drinking-water service. 3. On March 6, 2020, through official letter OF-0167-IA-2020 addressed to ICAA’s Dirección Regional Pacífico Central, ICAA was informed about the visit conducted at the PC-A-28-Esterillos Parrita supply system in the sectors of Bejuco and Esterillos Oeste; it was asked to submit the relevant documentary information in order to determine what type of project was intended for that area, its commencement date and the time frame within which completion of the work was expected. 4.
On March 11, 2020, ICAA responded to official letter OF-0167-IA-2020 through official letter GSP-RPC-2020-00207, which states that: • Potential solutions have been evaluated, of which the most viable alternative would be the execution of a public-private partnership with the developer Místico, located in the Quebrada Amarilla area, where there is already a new source (well) along the bank of the río Tulín that complies with quality regulations for human consumption. The proposal has reached an advanced stage and is pending review by the Subgerencia de Investigación y Desarrollo. Once reviewed, it would be submitted to the commission that will review the proposal in accordance with institutional policy on partnerships and, once approved, it would be submitted to the ICAA Junta Directiva for authorization. Upon completion of that stage, implementation of the project schedule defined in the partnership may begin. • The water supplied to the community of Esterillos does not comply with the established iron and manganese parameters. •As a mitigation measure, the affected community was informed not to use the water delivered through the public network for human consumption; instead, storage tanks have been installed at various points in the system to provide drinking water. •A special rate approved by ARESEP is applied, under which only the fixed connection-right charge is billed; in other words, no charge is imposed for the water delivered through the pipeline. •At this time, it is not possible to establish a date for a permanent solution.
The Institution is making every effort to arrange a solution within the shortest possible time while complying with due process (debido proceso). 5.On April 3, 2020, through official letter OF-0275-IA-2020, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) was asked, with respect to the systemPC-A-28-Esterillos, to: ‘(…) Submit the preliminary corrective-action plan, with tasks and estimated dates, through which a definitive solution is expected to be provided for the water-quality situation faced by the communities supplied by the supply systemPC-A-28-Esterillos-Parrita.’ 6.On May 14, 2020, through official letter GG-2020-01808, ICAA respondedtoofficialletterOF-0275-IA-2020 by forwarding report GSP-RPC-2020-00313. 7.On June 28, 2020, through official letter OF-0523-IA-2020, ICAA was asked, for each system, to provide: ‘(…) B.
NCIA-020-2020, PC-A-28-Esterillos-Parrita system, Región Pacífico Central: 1. Clarify which works would be carried out during the first stage of the project and whether that stage would guarantee the supply of drinking-quality water to the communities of Esterillos Oeste and Bejuco, or whether, on the contrary, the second stage of the project would need to become operational, in which case it will be necessary to indicate the estimated approximate timeframe within which that stage is expected to become operational. 2. Report on progress with respect to the schedule proposed in official letter GG-2020-01808 and document GSP-RPC-2020-00313.” 8. On October 19, 2020, through official letter GG-2020-04334, ICAA responded to official letter OF-0523-IA-2020, forwarding memorandum SG-GSP-2020-01684 with attached report GSP-RPC-2020-01142. 9. On October 30, 2020, officials from the Water Regulatory Office conducted a visit to the PC-A-28-Esterillos-Parrita system to follow up on the nonconformities identified through the Water Quality Verification Program. 10.
On November 10, 2020, through technical visit minutes MI-0066-IA- 2020, ICAA was asked to: “(…) Update the schedule for the project that will resolve the problems affecting the Esterillos water supply system (acueducto).” 11. On November 13, 2020, through official letter GSP-RCP-2020-01115, ICAA responded to minutes MI-0066-IA-2020. 12. On March 9, 2021, follow-up report IN-0025-IA-2021 was issued regarding the water quality of ICAA supply systems in the Región Pacífico Central, under the Drinking Water Quality Program; with respect to the PC-A-28-Esterillos-Parrita system, it concluded: “1. The implementation of a solution to the water-quality problem caused by iron and manganese concentrations exceeding the maximum allowable level specified in Decreto 38924-S, through the execution of a project under a public-private partnership (alianza público/privada), has experienced delays in the activity schedules submitted by ICAA to the Water Regulatory Office. 2.
The delays in the project’s progress are due to the fact that the public-private partnership agreement between ICAA and the private developer has not been signed, although ICAA indicated in its schedules that it initially expected the agreement to be signed by August 2020. 3. Based on the activity schedules that ICAA has submitted to the Water Regulatory Office, and considering that the agreement was not signed in August 2020, it is estimated that the solution to the water-quality problem through the execution of the project will not be completed until 2023. 4. ICAA must take the necessary precautions and promptly address any observations arising at the time the agreement is signed, so that execution of the project may begin as soon as possible and no further delays occur. In view of the foregoing, ICAA is requested to: “i. Submit to the Water Regulatory Office an updated schedule containing the activities and estimated dates for the entire process related to implementing the project to resolve the water-quality problem, covering the period from the signing of the agreement through the commencement of project operations and the definitive resolution of the problem caused by iron and manganese concentrations exceeding the maximum allowable level.” 13.
On May 10, 2021, through official letter OF-0271-IA-2021, ICAA was informed that the Water Regulatory Office had been developing an oversight plan (plan de fiscalización) for the various projects and activities related to water supply, sewerage, fire hydrants, and water resources; accordingly, the following information was requested regarding the project intended to resolve the water-quality problems affecting the PC-A-28-Esterillos-Parrita system. 14. On December 16, 2021, through report IN-0138-IA-2021, the Oversight Report on the PC-A-28-Esterillos-Parrita Drinking-Water Supply System was issued. The most significant findings and identified opportunities for improvement included: a) The presence of iron and manganese in the water, which, in addition to being unsafe to drink, means that the water cannot be used for work or other needs. b) The problem faced by ICAA concerning the current and future demand of the Esterillos-Bejuco, Quebrada Amarilla, and pl ICAA hermosa systems. c) The project only addresses part of the current problem in the Esterillos system and meets the demand of the Místico condominium. d) The project does not provide for an increase in new service connections, which would create a problem for population growth. e) ICAA’s planning does not include a contingency plan. f) The public outreach plan is intended to be implemented once the project has been completed, whereas it should properly be implemented before project execution. g) The project does not cover all current service connections. h) ICAA has neither the agreement nor the investment plan for Stage II.
In turn, under the report’s directives, ICAA must submit the following within 20 days after notification: a) Clarify, in the event of a breach of the current agreement signed by Místico, who must bear the losses arising from the obligations established in the contract. b) Provide details on the project’s progress with respect to: equipment and electrification of the Tulín well, the chlorination system, and distribution pipelines. c) ICAA must estimate the costs generated by these tasks (for the stage and II); the objective would be to determine the total cost of carrying out this type of project compared with the benefit it would provide to the population. d) Regarding donations, report their status with respect to the Tulin 1 well lot and right-of-way easement (servidumbre de paso). e) Clarify the inconsistencies identified regarding flow rate and the number of service connections committed by the operator to the Místico developer, and the period for which that commitment remains in effect. f) Report the number of current service connections in the Esterillos system that would benefit from the project. g) Report the number of service connections affected in the Esterillos, Quebrada Amarilla, and Hermosa systems. h) Clarify the proposed solutions for the outstanding problem, including details of the projects in ICAA’s investment plan and the expected sources of funding. i) Report the progress made in formalizing Stage II and how ICAA’s corresponding contributions will be financed. j) Clarify whether any contingency measure or alternative plan is contemplated, as well as its progress in the event that this project is not carried out. k) Keep the Governing Authority informed of decisions made regarding Stage II of this project. 15.
On December 17, 2021, through official letter OF-0786-IA-2021, the Oversight Report on the PC-A-28-Esterillos-Parrita Drinking-Water Supply System was forwarded to ICAA. 16. On January 24, 2022, through memorandum SG-GSP-2022-00112, ICAA responded to official letter OF-0786-IA-2021, attaching official letter No. GSP- RPC-2022-00056. 17. On January 30, 2023, through official letter OF-0021-IA-2023, the Water Regulatory Office requested information as part of its follow-up on the technical and operational oversight of the PC-A- 28 Esterillos- Parrita water supply system project. 18. On February 9, 2023, through official letter GG-2023-00354, to which document SG-GSP-2023-00068 was attached, ICAA responded to OF-0021- IA-2023 and stated that: The developer is currently responsible for correcting the plans and design, since these were submitted to UEN PYC for review, as established in the agreement; UEN PYC has already completed its review and returned them to the designer (Místico) for correction.
The date on which the project works began operating (sic) has not been determined, since only the well has been drilled. The developer must still equip the well, install the pipeline, and complete the interconnection. 19. On April 4, 2024, personnel from the Water Regulatory Office conducted an on-site inspection to determine the scope of the reported situation and also held a meeting with representatives of the community and of the cámara de empresarios del pacífico to hear the community’s needs arising from ICAA’s failure to address the problem” (emphasis added).
In view of the foregoing, it is appropriate to recall what this Court stated in judgment no. 2018021434 at 9:20 hours on 21 de diciembre de 2018 concerning the provision of drinking-water services in Esterillos:
“III.- On the right to consume drinking water. This Constitutional Court has recognized in its case law that the rights to life and health are fundamental rights whose enjoyment requires access to drinking water. For human beings to enjoy good health, they must be guaranteed a set of minimum conditions necessary to achieve an appropriate and harmonious psychological, physical, and environmental balance, as well as to prevent the emergence of dysfunctions that impair their full growth and development. One such condition is precisely the supply of water suitable for human consumption. Accordingly, this Chamber has concluded that, as part of Constitutional Law, there is a fundamental right to the supply of drinking water. Thus, in Judgment No. 2003-04654, at 15:44 hours on 27 de mayo del 2003, reiterated in No. 2018-014649, at 9:20 hours on 7 de setiembre de 2018, this Chamber ruled:
“(…) The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international human-rights instruments applicable in Costa Rica: it is expressly set forth in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); it is also articulated in the International Conference on Population and Development held in Cairo (principle 2), and declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. Within our Inter-American Human Rights System, the country is particularly bound in this matter by article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (the 1988 “Protocol of San Salvador”), which provides:
“Article 11. Right to a healthy environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.” Furthermore, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights recently reiterated that access to water is a human right that, in addition to being essential for leading a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights.”
IV.On the specific case. In this case, the evidence submitted to the case file, as well as the sworn statements provided by the authorities of the respondent Institute, establish that there has been an unlawful threat to the right to health of the protected person and the other members of the Esterillos community, as well as a violation of their right to the proper operation of public services and access to drinking water. The record shows that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for providing drinking-water services to the affected community and, to date, has been unable to remedy the problem that arose. Indeed, since 22 de diciembre de 2016, the date on which it assumed responsibility for the water-supply system (acueducto), the respondent Institute has conducted various studies to identify a solution to the problem of iron and manganese concentrations in the Esterillos-Bejuco system, which cause the water to appear dark.
According to the Head of the Institute’s Laboratorio Nacional de Aguas, “....the combined concentrations of Iron and Manganese do not comply with the Reglamento para la Calidad del Agua Potable 38924-8, which affects the water’s appearance and causes visual rejection by users of the water-supply system. Nevertheless, it is important to clarify that consuming the water causes no harm to Health.” Thus, although the water being distributed is not harmful to health, the fact remains that it does not comply with the Reglamento para Calidad de Agua Potable. Accordingly, two years have elapsed, and the respondent Institute has been unable either to resolve the water-supply system problem or to present the necessary corrective measures to ensure its proper operation, even though the tests issued by the Laboratorio Nacional de Aguas are conclusive in this regard. Therefore, the petitioner is correct concerning the quality of the water supplied to her by the respondent authority.
By virtue of the foregoing, the AyA authorities have failed to fulfill their constitutional duty to protect the health of the inhabitants of that community and ensure the proper operation of public services. These constitutional principles must be observed and respected at all times and without exception by the public officials responsible for managing and providing such services, and they constitute a nonwaivable legal obligation imposed on every administrative entity or body by virtue of their direct and immediate normative force, given that the body or standard of legality (bloque o parámetro de legalidad) (article 11, of the Constitución Política) with which their actions must comply includes, among other elements, the general principles of administrative law (article 6, of the Ley General de la Administración Pública). In view of the foregoing, due to the prolonged violation of the fundamental right to drinking water and to an efficient public service, the appropriate course is to grant the petition and, consequently, order the respondent Institute to implement the corresponding improvements to the water-supply system that it operates and that serves the various communities of Esterillos, and to comply with the requirements of the Reglamento de Control de Calidad de Agua.
This includes taking the measures necessary to reduce the degree of risk to public health and the vulnerability of the systems, as well as continuously monitoring the quality of the drinking water consumed by the inhabitants of the affected community. To that end, the respondent Institute must also perform whatever maintenance work the water-supply system requires to guarantee the quality of the water resource. In addition, the respondent is reminded that whenever the reported problem arises, it must ensure the distribution of drinking water in the area by tanker trucks (camiones cisterna) (…)
Therefore (Por tanto): The petition is GRANTED. Yamilette Astorga Espeleta and Sirlene Jiménez Aguilar, respectively Presidenta Ejecutiva and Encargada la Unidad Cantonal de Jacó-Región Pacífico Central, both officials of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever may hold those positions, are ordered, IMMEDIATELY upon service of this judgment, to undertake the issuance of the corresponding administrative acts necessary to remedy the quality of the water resource in the water-supply system serving the community of Esterillos, so as to comply with the Reglamento de Control de Calidad de Agua, such that within SIX months from service of this judgment, those actions are fully under way. Likewise, during that period, the Institute must guarantee water quality through distribution by tanker trucks or other appropriate measures to minimize the shortage of drinking water in the community.
The respondents are hereby warned that failure to comply with the foregoing orders will constitute the offense of disobedience and that, pursuant to article 71, of the Ley de esta jurisdicción, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding (recurso de amparo) that they are required to comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be subject to imprisonment for three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be quantified in proceedings to enforce the judgment before the contentious-administrative jurisdiction (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). Magistrada Hernández López files a separate note.
Yamilette Astorga Espeleta and Sirlene Jiménez Aguilar, respectively Presidenta Ejecutiva and Encargada la Unidad Cantonal de Jacó-Región Pacífico Central, both officials of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever may hold those positions, shall be personally served” (emphasis added).
That said, in the case sub iudice it has been fully established that the drinking-water service provided by Icaa in Esterillos fails to meet quality and efficiency standards, since neither the potability of the water nor the continuous provision of the service has been ensured. In this regard, although Icaa considers that the area in which the protected persons reside is affected by force majeure (fuerza o causa mayor), that argument is unpersuasive because the problem under review is not recent; rather, it has been known to the Institute providing the service since it assumed responsibility for that water-supply system in 2016, as this Court also found in the aforementioned judgment no. 2018021434 at 9:20 hours on 21 de diciembre de 2018. Thus, although it is apparent that Icaa has taken various actions aimed at improving water quality and service provision in Esterillos, it is equally true that no definitive solution to the problem has been achieved.
Indeed, the evidence submitted by the respondent Institute indicated that it expects to include funding for the solution to this problem in the 2026 budget and that the problem is expected to be addressed within five years, a period that is manifestly disproportionate, particularly considering that this situation has been known since at least 2016 and that, since the issuance of memorandum GSP-RPC-2020-00207 of 11 de marzo de 2020, Icaa determined that “the most viable alternative would be to enter into a public-private partnership with the developer Místico, located in the Quebrada Amarilla area, where a new source (well) is already available along the río Tulín and complies with the quality standards for human consumption.” In addition, it is important to emphasize that the report submitted by Aresep stated that this regulatory authority has identified various instances of noncompliance by Icaa in connection with the situation described and that, despite repeated demands, the corresponding measures to resolve the problem under review have not been adopted.
Consequently, the case sub examine reveals a violation of the fundamental right of access to drinking water, particularly considering that section 50 of the Constitución Política provides that “Every person has the basic and inalienable human right of access to drinking water as an essential good for life,” and that General Comment no. 15 of the Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales established that “The human right to water is the right of everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible, and affordable water for personal and domestic uses,” the characteristics of which are: i) quality; ii) accessibility; and iii) availability, which means that “The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses.” Ergo, the petition concerning the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is granted, as established in the operative portion (parte dispositiva) of this ruling.
VII.Finally, in the sub judice case, no violation of fundamental rights by Aresep has been established in the terms in which the matter was raised; therefore, the application is denied with respect to that authority.
The parties are hereby advised that, if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, these must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. The parties are warned that any material not collected within this period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of 22 de agosto de 2011, published in Boletín Judicial no. 19 of 26 de enero de 2012, as well as pursuant to the resolution of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on 3 de mayo de 2012.
Therefore (Por tanto):
The application is partially granted solely with respect to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Leider Miranda Araya and Yaneth Valverde Salas, respectively acting director of the Región Pacífico Central and head of the Parrita cantonal office, or whoever holds those positions, as well as whoever holds the positions of general manager and head of Operation and Maintenance of Drinking Water Systems, all within the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, are ordered to coordinate whatever is necessary and undertake all actions falling within the scope of their respective authority so that: i) IMMEDIATELY, a sufficient daily supply of drinking water is guaranteed to meet the basic needs of the population of Esterillos; and ii) within a MAXIMUM PERIOD OF 18 MONTHS, counted from notification of this decision, the measures required to ensure that drinking-water service is provided to the population of Esterillos efficiently, effectively, and continuously are implemented.
All the foregoing is ordered with the warning that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order issued in an application for constitutional relief (recurso de amparo) that they are required to comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed in enforcement-of-judgment proceedings before the administrative courts (ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo). In all other respects, the application is denied. Let notice be served.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. south of the church of Perpetuo Socorro). Filing of matters involving vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-026396-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], [Valor 001], [Nombre 002], [Valor 002], [Nombre 003], [Valor 003], [Nombre 004], [Valor 004], [Nombre 005], [Valor 005], [Nombre 006], [Valor 006], [Nombre 007], [Valor 007], [Nombre 008], [Valor 008], [Nombre 009], [Valor 009], [Nombre 010], [Valor 010], [Nombre 011], [Valor 011], [Nombre 012], [Valor 012], [Nombre 013], [Valor 013], [Nombre 014], [Valor 014], [Nombre 015], [Valor 015], [Nombre 016], [Valor 016], [Nombre 017], [Valor 017], [Nombre 018], [Valor 018], [Nombre 019], [Valor 019], [Nombre 020], [Valor 020], [Nombre 021], [Valor 021], [Nombre 022], [Valor 022], [Nombre 023], [Valor 023], [Nombre 024], [Valor 024] y [Nombre 025], [Valor 025], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) Y LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP).
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
En vista de que el gerente general y el jefe de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable, ambos del Icaa, omitieron contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se procede a resolver el recurso con base en los demás escritos y pruebas aportados a los autos.
Los accionantes residen en Esterillos de Puntarenas y acusan que desde el año 2016 se han visto perjudicados por la inadecuada prestación del servicio de agua potable, así como por su calidad. Señalan que, debido a lo anterior, esta Sala, mediante la sentencia nro. 2018021434 del 21 de diciembre de 2018, estableció que el Icaa no había cumplido su deber de garantizar la salud y el buen funcionamiento del servicio público; además, les ordenó a las autoridades del Icaa tomar medidas inmediatas para solventar lo referente a la calidad del agua y garantizar su suministro mediante camiones cisterna en un plazo de seis meses. Acusan que, en el año 2021, el Icaa firmó un convenio con los desarrolladores del proyecto Místico en playa Hermosa, mediante el cual se comprometió a mejorar el servicio en los acueductos de Esterillos y Bejuco; empero, la comunidad de Esterillos no ha experimentado mejoras, mientras que el proyecto Místico cuenta con un servicio regular de agua.
Aducen que, en abril de 2023, los vecinos comenzaron a registrar problemas de escasez de agua que luego se convirtieron en la ausencia total del servicio, con suspensiones de hasta doce horas. Sostienen que el agua, además de ser insuficiente, es de mala calidad. Manifiestan que, debido a las interrupciones en la prestación del servicio y a la contaminación del agua, la salud de la población se ha visto afectada lo que se reflejan en los casos de diarrea a los que se hizo alusión en el informe técnico nro. MS-DRRSPC-DARSPA-IT-00355-2023 del Ministerio de Salud. Cuestionan que los tanques cisterna instalados para proveer agua a la comunidad no cuentan con protección o monitoreo, lo que aumenta el riesgo de contaminación.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
“1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La Cantonal de Jacó a partir de diciembre del 2016 con base en el acuerdo de junta directiva GG-2016-392 asume la administración, operación, mantenimiento y comercialización de los sistemas de Acueducto y Saneamiento de Esterillos, Quebrada Amarilla y Playa Hermosa de los cantones de Parrita y Jacó.
Los principales problemas que tienen los sistemas son:
2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL La ubicación geográfica cerca de la costa de los tres sistemas, son un potencial punto de desarrollo turístico e inmobiliario y, por calidad/cantidad del agua potable no es posible asegurar el desarrollo actual en las zonas de Quebrada Amarilla, Esterillos y Playa Hermosa debido a los siguientes factores:
CALIDAD DEL AGUA Los tres pozos del sistema Esterillos-Bejuco presentan niveles de hierro y manganeso que exceden los valores de la reglamentación de calidad del agua para consumo.
CAPACIDAD HIDRICA (sic)
Durante la época de estiaje las nacientes de Pollo Macho y Playa Hermosa no tienen la capacidad hídrica para abastecer los sistemas de Playa Hermosa, Quebrada Amarilla y Esterillos-Bejuco. Se estima que entre ambas nacientes se puede obtener un caudal máximo de 30 l/s sin embargo solo el sistema de Esterillos-Bejuco requiere de 32 l/s, en total se estima un déficit de 20 l/s Las condiciones topográficas de las captaciones de las nacientes las hace propensas a sufrir daños por derrumbes además de que se ubican en el cauce de quebradas. En invierno las quebradas se llenan de agua y arrastran piedras y material que destruyen y obstruyen las captaciones. En el caso de la captación de Pollo Macho durante el invierno del año 2023 sufrió daños que impiden su operación. Las cuadrillas de mantenimiento no pueden ingresar al sitio debido al riesgo que existe por el desprendimiento de rocas.
Las captaciones de ambas nacientes se ubican en terrenos privados, de difícil acceso, por lo que no es posible invertir en ellas hasta que los terrenos sean adquiridos por el AyA además hay que tomar en cuenta que al ubicarse en quebradas cualquier obra que se construya se considera de alto impacto ambiental.
Actualmente se encuentra en proceso de estudio la propuesta de un desarrollador privado (Místico) que de ser aprobado por la Junta Directiva aportaría el equipamiento necesario para el pozo Tulín 1 y la tubería para transportar su caudal hasta Quebrada Amarilla y Playa Hermosa, esto permitirá abastecer ambos sistemas.
3. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN La propuesta consiste en la incorporación de una nueva fuente de aprovechamiento, la UEN de Gestión Ambiental realizó un estudio del acuífero donde se ubica el pozo Tulín 1 y determinó un sitio para la perforación de un nuevo pozo conocido como Tulín 2 (UEN-GA-2019-02075). Se estima que este pozo tendrá las mismas características de producción del pozo Tulín 1. Para aprovechar el caudal del pozo Tulín 2 se requieren hacer una serie de mejoras que permitirán incrementar la capacidad de los sistemas de Playa Hermosa y Quebrada Amarilla y solventar la situación deficitaria del sistema de Esterillos-Bejuco hasta el año 2045 aproximadamente según el perfil “Proyecto de Mejoras al Sistema de Abastecimiento Esterillos-Bejuco”.
3.4 PRODUCCIÓN Es necesario obtener una nueva fuente de abastecimiento para ello se debe realizar la perforación del pozo Tulín 2 y según los resultados del pozo adquirir el terreno con su zona de protección.
Es necesario tomar en cuenta que AyA debe construir la acometida eléctrica, equipamiento del pozo y tubería de impulsión.
Caudal promedio de producción esperado para el pozo Tulín 2: 50 l/s Los caudales se distribuyen de la siguiente manera 50 l/s para Playa Hermosa y Quebrada Amarilla y 50 l/s para Esterillos-Bejuco.
Coordenadas CRTM05 Tulín 2 X: 440983.1 Y: 1060393.7 (…)” (la negrita fue agregada). (Ver prueba documental).
“a. Geológicamente el área de interés se caracteriza por el predominio de rocas de origen sedimentario asociadas a secuencias de areniscas y lutitas, además de depósitos recientes de sedimentos principalmente arenas y gravas. De igual manera se da el afloramiento de rocas de origen volcánico, relacionadas principalmente con secuencias de basaltos. Puntualmente el área donde se localizan los pozos Esterillos predomina los depósitos de tipo aluvial asociados con secuencias de arenas, gravas y limos.
b. Hidrogeológicamente el área de interés se caracteriza por la existencia de dos unidades hidrogeológicas, la primera de ellas se relaciona con la secuencia de arenas medias a gruesas que se localizan, según el registro del pozo Esterillos 1 (H-5), a una profundidad de entre los 3 y 10 m, alcanzando un espesor máximo de 7 metros, se trata de un acuífero de tipo libre cubierto con un nivel estático asociado que se localiza a una profundidad que ronda los 3 metros bajo la superficie. La segunda unidad acuífera está asociada con la secuencia de gravas con limos, cuyo techo acuífero se localiza a una profundidad de 10 metros (pozo H-5), esta unidad corresponde con la principal sección acuífera de la zona y de la cual se encuentra siendo captada por los pozos en estudio, se estima un espesor aproximado de entre 15 y 20 metros para esta unidad acuífera. Se interpreta como un acuífero confinado con caudales de explotación que varían entre los 4 y 9 L/s.
c. Se definen los parámetros hidráulicos correspondientes al acuífero captado por los pozos, obteniéndose un valor de transmisividad de 59.5 m2/día, y un valor de permeabilidad de 3.97 m/día.
d. La dirección de flujo del agua subterránea para el área de interés tiene una componente en sentido noreste-suroeste, con un gradiente hidráulico igual a 0.01. e. Se establece para los pozos Esterillos 1 (HE-5), Esterillos 2 (HE-6) y Esterillos 3 (93-27), un área operacional y de protección absoluta de 900 m2, la cual corresponde con un radio de protección de 15 m, tanto en dirección aguas arriba, aguas abajo y lateralmente con respecto a la ubicación del pozo. Esta área deberá ser utilizada exclusivamente para actividades de mantenimiento de la fuente, tendrá un piso de concreto para prevenir la infiltración de sustancias químicas u otras (aceites, etc). Además, para prevenir la invasión de animales y vandalismo, se recomienda la colocación de una cerca perimetral en esta zona.
f. La zona de protección absoluta bacteriológica tendrá una longitud y un ancho de 61 metros para el pozo Esterillos 1 (HE-5), 58 metros para el pozo Esterillos 2 (HE-6) y 47 metros para el pozo Esterillos 3 (93-27), los cuales serán medidos medidos (sic) horizontalmente en dirección aguas arriba de la fuente en el caso de la longitud, y en el caso del ancho de la zona de protección será medido de forma lateral y ambos lados de cada pozo en sentido perpendicular al tubo de flujo.
g. Los pozos Esterillos, están destinados para abastecimiento poblacional, por lo que cuenta con un radio de protección de línea de base de actividades de 200m, de tal manera que se debe valorar que estas actividades no representen una amenaza para la cantidad y calidad del recurso hídrico captado.
h. Con respecto a la vulnerabilidad hidrogeológica y a partir de los parámetros evaluados se obtiene un índice de vulnerabilidad de 0.324 para la zona donde se localizan los pozos, este índice de vulnerabilidad según la categorización establecida por el método GOD, corresponde con una vulnerabilidad media.
i. Se registran para los tres pozos, según los análisis de calidad más recientes tomados por el LNA, concentraciones de hierro y manganeso que superan los valores norma establecido en el Reglamento para la Calidad del Agua, aspecto que deberá ser considerado por parte del área operativa.
Se recomienda mantener un monitoreo constante referente a la calidad del agua extraída de los pozos, considerando las concentraciones altas de hierro y manganeso detectada en los análisis de calidad”. (Ver prueba documental).
“Durante este año 2024 se han realizado una serie de trabajos entre el AyA y la comunidad de Quebrada Amarilla para la recuperación de la Naciente conocida como Quebrada Amarilla lo que permitió que el caudal captado de la Naciente Memo Vega (24l/s) se distribuya únicamente entre las comunidades de Playa Hermosa (12l/s) y Esterillos (12l/s), sacando de la ecuación a la comunidad de Quebrada Amarilla; lo que significa que se puede diluir el agua con los pozos existentes en Esterillos y se logre cumplir con los parámetros del Reglamento para la Calidad del Agua Decreto Ejecutivo N° 38924-S.
La incorporación de estos 12l/s de agua potable que se incorporaron al sistema PCA-28 nos permitió actualizar el balance hídrico mejorando la capacidad del sistema y la más importante logran que la comunidad de Esterillos tenga acceso agua potable desde 17 de setiembre del 2024.
El Laboratorio Nacional de Agua realizo pruebas de calidad del agua en la red del sistema de Esterillos el 25 de setiembre (AyA-PT-019), arrojando que el agua cumple con los parámetros de calidad, únicamente arrojo un nivel bajo de cloro residual, situación que operativamente se corrigió inmediatamente, teniendo datos hoy en día según el control operativo de 0.6 mg/l.
Con la incorporación de los 12l/s provenientes de la naciente Memo Vega y la operación del pozo 1 de Esterillos, que es el pozo con menor presencia de Hierro y Manganeso, lo cual nos permite una mezcla idónea, se actualizo el balance hídrico del sistema, pasando de una categoría de déficit hídrico (I) a una categoría de acueducto en transición (III), que nos permite suministrar de agua potable a los usuarios existentes y brindar disponibilidades de agua a servicios individualizados para viviendas unifamiliares controlados únicamente.
Proyectos a Futuro El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha venido trabajando en un convenio público-privado con un proyecto denominado Místico Comunidad de Playa el cual contempla la incorporación de 2 pozos conocidos como Tulín 1 y 2 con un caudal total de aproximadamente de 120l/s en total y algunos cambios de tubería de conducción y distribución, con una inversión aproximadamente $ 2,554,364,53; lo cual viene a beneficiar directamente a las comunidades de Quebrada Amarilla y Playa Hermosa e indirectamente a la comunidad Esterillos con la incorporación de capacidad Hídrica al sistema, para mejorar la capacidad hidráulica y poder trasegar el agua correctamente hasta Esterillos, se debe realizar por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados un cambio de tubería en la red de distribución del sistema, para ello se está planteando una modificación al proyecto BPIP-2986 e incorporar recursos para el año 2026 para iniciar estas mejoras, con el fin de obtener en el corto plazo (5 años) un sistema de agua potable, tanto con capacidad hídrica como hidráulica y así poder brindar disponibilidades de agua a futuros desarrollos en la zona.
Así mismo la Región Pacifico Central elevo (sic) a la intención de proyecto denominado Propuesta de perfil para sistemas: Playa Hermosa, Quebrada Amarilla y Esterillos Bejuco, Puntarenas, el cual tiene como objetivo realizar mejoras hídricas e hidráulicas para garantizar hasta el 2045 la dotación de agua potable de las comunidades de Playa Hermosa, Quebrada Amarilla y Esterillos Bejuco, esta iniciativa fue elevada por la Subgerencia de Sistemas Periféricos a la Dirección de Planificación Estratégica para que sea enviado al Comité Gerencial de Proyectos para que valorar su inclusión en la cartera de proyectos institucional; esta iniciativa según el Plan Maestro y Priorización se ubica en el grupo y prioridad G2-36, lo que significa que los estudios de prefactibilidad de esta iniciativa inician en el año 2027” (el énfasis fue suplido). (Ver prueba documental).
“(…) 1.- Si bien es cierto AYA como prestador de los servicios de agua potable y de saneamiento se encuentra obligada a dotar a sus abonados de servicios dentro de los parámetros óptimos de calidad, se debe recalcar que, para el caso de la zona de Esterillos y Bejuco la situación con respecto al agua potable se encuentra fuera de la voluntad de la institución, causadas por los factores climatológicos propiamente de la naturaleza, siendo que los veranos sean más secos, ocasionando que los pozos produzcan menos agua, afectando la continuidad del servicio, aunado a ello el manganeso y el hierro que se encuentran en el agua, que son los causantes de impedir que se dé un servicio óptimo que abastezca a la población de Esterillos y Bejuco. No obstante, en el artículo 9 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AYA (en adelante RPSAYA) publicado en la Gaceta Nº27 del 9 de febrero del 2021 y sus reformas, se logra evidenciar que a pesar de ser AYA el responsable de dar un servicio con altos estándares para una prestación óptima del servicio de agua potable, pueden existir factores de fuerza mayor o caso de fortuito que imposibilite a la institución brindar un servicio que cumpla con la calidad, cantidad y continuidad (…)
Debido al problema de calidad de agua, se determinó mantener agua en la red de distribución para que se utilizara para actividades de limpieza y otras que no fueran para el consumo humano en aras de proteger la salud de la población.
Por otro lado, en cuento (sic) a las afirmaciones con respecto a la no continuidad del servicio, es necesario acotar que tanto a la población y las instituciones locales como el Ministerio de Salud, Centros de Salud, Bomberos entre otras, siempre se les comunico (sic) por medio de redes sociales, correos y en la página del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) sobre los horarios de corte del servicio, el cuál (sic) tenía como objetivo racionalizar el suministro de agua para abastecer a la comunidad de Esterillos y Bejuco, con el fin suplir las necesidades básicas de la población. De igual manera se les apoyó con camiones cisterna como una medida de contingencia para evitar una emergencia mayor que afectara la salud pública; problemática que evidentemente fue provocado por el verano que ocasionó una disminución de las lluvias, con ellos provocando que los pozos no dieran abasto para abastecer a las comunidades (Ver prueba documental No.1 Cuadro de afectación).
Adicionalmente se lavan mensualmente, y los mismos poseen una base de cemento para evitar la contaminación cruzada (…)
En cuanto a la protección de los tanques y la del agua potable según lo conversado con el funcionario Esteban Zúñiga Arcia quién es el jefe técnico de la Cantonal de Jacó, indica que se han establecidos acuerdos con la comunidad de dar avisos por medio del WhatsApp institucional y por la línea 800 sobre situaciones que afecten la integridad de los tanques cisterna y el agua contenida en ellos.
En total existen doce tanques cisterna distribuidos estratégicamente y en lugares seguros; distribuidos de la siguiente manera: Esterillos Este, Esterillos Oeste, Esterillos Centro y Bejuco (…)” (el resaltado fue incorporado). (Ver prueba documental).
“La Aresep es conocedora de la situación que se vive en la comunidad de Esterillos, por lo que ha llevado a cabo diferentes acciones que culminan con una inspección el 4 de abril de los corrientes. Estas se plasman en el informe IN-0031-IA-2024 “Fiscalización del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable PC-A-28-ESTERILLOS PARRITA”, las cuales se pueden resumir como sigue:
1. El 24 de febrero del 2020, mediante el oficio OF-0127-IA-2020 como parte del seguimiento del programa de calidad que realiza la Intendencia de Agua, en cuanto al componente de calidad del producto, se determinó que el sistema PC-A-28- Esterillos Parrita presenta una no-conformidad del producto, dado lo anterior se le solicita al Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) copia de un histórico de los últimos dos.
2. El 13 de febrero del 2020, se efectúa inspección al sistema de abastecimiento PC-A-28-Esterillos Parrita, en los sectores de Bejuco y Esterillos Oeste, de lo cual se observó entre otras cosas que de conformidad con las tomas fotográficas y declaraciones de los usuarios, el ICAA debe procura acelerar los trámites de mejora del acueducto, ya que es de esperar que a corto y mediano plazo se solucione el problema y que al menos las comunidades afectadas puedan recibir un servicio de agua potable de calidad.
3. El 6 de marzo del 2020, mediante el oficio OF-0167-IA-2020, dirigido a la Dirección Regional Pacífico Central de ICAA, mediante el cual se indicó al ICAA acerca de la visita realizada al sistema de abastecimiento PC-A-28- Esterillos Parrita, en los sectores de Bejuco y Esterillos Oeste; y se le solicitó enviar la información documental que se tiene al respecto, a fin de conocer el tipo de proyecto se quiere realizar en esa zona, saber en qué fecha se inicia y el plazo que se espera concluir la obra.
4. El 11 de marzo del 2020, el ICAA responde al oficio OF-0167-IA-2020, mediante oficio GSP-RPC-2020-00207, en el cual se indica que: • Se han estado valorando alternativas de solución, de las cuales, la alternativa más viable sería la firma de una alianza público – privado con el desarrollador Místico que se ubica en la zona de Quebrada Amarilla, donde ya se tiene una nueva fuente (pozo) al margen del río Tulín que cumple con la normativa de calidad para consumo humano, el cual se encuentra en un nivel de avance y se está para revisión por la Subgerencia de Investigación y Desarrollo. Una vez revisado se pasaría a la comisión que revisará la propuesta acorde con la política institucional para el tema de alianzas y una vez aprobado se pasará a Junta Directiva del ICAA para su autorización, al finalizar dicha etapa se puede dar inicio al cronograma de ejecución del proyecto definido en la alianza.
• El agua suministrada a la comunidad de Esterillos no cumple con los parámetros establecidos de hierro y manganeso.
•Como medida paliativa se le informó a la comunidad afectada no usar el agua que llega por la red pública para consumo humano, sino que se han instalado tanques de almacenamiento en diferentes puntos del sistema para dotar de agua potable.
•Se aplica una tarifa especial aprobada por ARESEP, donde se cobra únicamente el cargo fijo por derecho de conexión, es decir el agua que se entrega por la tubería no se cobra.
•En estos momentos no es posible definir una fecha de solución permanente. La Institución realiza los mayores esfuerzos en gestionar la solución al menor plazo posible, cumpliendo con el debido proceso.
5.El 3 de abril de 2020, mediante el oficio OF-0275-IA-2020, se solicitó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) con respecto al sistemaPC-A-28-Esterillos:
“(…)Presentar el plan preliminar de acciones correctivas con tareas y fechas estimadas, mediante el cual se espera dar solución definitiva a la situación de calidad del agua que enfrentan las comunidades abastecidas por parte del sistema de abastecimientoPC-A-28-Esterillos-Parrita”.
6.El 14 de mayo de 2020, mediante el oficio GG-2020-01808, el ICAA da respuestaaloficioOF-0275-IA-2020, donde remite el informe GSP-RPC-2020-00313.
7.El 28 de junio de 2020, mediante el oficio OF-0523-IA-2020 se solicitó al ICAA según cada sistema:
“(…)
B. NCIA-020-2020, sistema PC-A-28-Esterillos-Parrita, Región Pacífico Central:
1.Aclarar cuales serían las obras que se ejecutarían mediante la primera etapa del proyecto y si dicha etapa garantizara el abastecimiento con gua de calidad potable en las comunidades de Esterillos Oeste y Bejuco, o si por el contrario se requerirá de la entrada en operación de la segunda etapa del proyecto, para lo cual se requerirá entonces indicar la estimación del plazo aproximado para el cual se esperaría entre en operación dicha etapa.
2.Informar sobre el avance en cuanto al cronograma planteado mediante el oficio GG-2020-01808 y el documento GSP-RPC-2020-00313.” 8. El 19 de octubre de 2020, mediante el oficio GG-2020-04334, el ICAA dio respuesta al oficio OF-0523-IA-2020, donde se remite el merando SG-GSP-2020-01684 con el informe GSP-RPC-2020-01142 adjunto.
9. El 30 de octubre de 2020, se realizó la visita al sistema PC-A-28-Esterillos-Parrita por funcionarios de la Intendencia de Agua, con el objetivo dar seguimiento a las no conformidades detectadas mediante el Programa de Verificación de la Calidad del Agua.
10. El 10 de noviembre de 2020, mediante la minuta de visita de técnica MI-0066-IA- 2020, se solicitó al ICAA:
“(…) Actualizar el cronograma del proyecto que solucionará la problemática del acueducto de Esterillos”.
11. El 13 de noviembre de 2020, mediante el oficio GSP-RCP-2020-01115, el ICAA dio a la minuta MI-0066-IA-2020.
12. El 9 de marzo de 2021, mediante el informe IN-0025-IA-2021 se emite el informe de seguimiento sobre la calidad de agua de los sistemas de abastecimiento del ICAA en la Región Pacífico Central, correspondiente al Programa de la Calidad del Agua Potable, sobre el sistema PC-A-28-Esterillos-Parrita se concluye:
“1. La implementación de una solución a la problemática de la calidad del agua debida a concentraciones de hierro y manganeso superiores al máximo admisible indicadas en el Decreto 38924-S, mediante la ejecución de un proyecto en una alianza público/privada, presenta atrasos en los cronogramas de actividades de que han presentado el ICAA a la Intendencia de Agua.
2. Los atrasos en el avance del proyecto se deben a que no se ha firmado el convenio de la alianza público/privada entre el ICAA y el desarrollador privado, donde según indicó ICAA en sus cronogramas que en un inicio estimaban tener el convenio firmado para el mes de agosto de 2020.
3. Tomando como base los cronogramas de actividades que ha enviado el ICAA a la Intendencia de Agua y contemplando que en el mes de agosto de 2020 no se logró firmar el convenio, la solución de la problemática de calidad del agua mediante la ejecución de proyecto se estima que se llegue a concretar hasta el año 2023.
4. El ICAA debe tomar las previsiones y atender de manera oportuna las observaciones que surjan al momento de firmar el convenio, con el fin de que la ejecución del proyecto se inicie lo más pronto posible y no se generen más atrasos.
Dado lo anterior, se le solicita al ICAA:
“i. Enviar a la Intendencia de Agua un cronograma actualizado con las actividades y fechas estimadas de todo el proceso relacionado con la implementación del proyecto para solucionar la problemática en la calidad del agua, donde se contemple desde la firma del convenio hasta el inicio de operación del proyecto, y la solución definitiva de la problemática por presencia de concentraciones de hierro y manganeso superiores al máximo admisible.” 13. El 10 de mayo de 2021, mediante el oficio OF-0271-IA-2021, se hace de conocimiento del ICAA, que la Intendencia de Agua viene desarrollando un plan de fiscalización de los diferentes proyectos y gestiones atinentes al servicio de acueducto, alcantarillado, hidrantes y recurso hídrico, razón por la cual se le solicita la siguiente información para el proyecto que da solución a los problemas de calidad de agua que se presentan en el sistema PC-A-28-Esterillos-Parrita.
14. El 16 de diciembre de 2021, mediante el informe IN-0138-IA-2021, se emite el Informe de fiscalización del sistema de abastecimiento de agua potable PC-A-28-Esterillos-Parrita, dentro de los hallazgos más importantes y las oportunidades de mejora que se detectaron se pueden citar:
A su vez, como parte de las disposiciones del informe el ICAA debe remitir en los próximos 20 días después de notificado lo siguiente:
15. El 17 de diciembre de 2021, mediante el oficio OF-0786-IA-2021, se remite al ICAA el Informe de fiscalización del sistema de abastecimiento de agua potable PC-A-28-Esterillos-Parrita.
16. El 24 de enero de 2022, mediante el memorando SG-GSP-2022-00112 el ICAA da respuesta al oficio OF-0786-IA-2021, adjuntando el oficio No. GSP- RPC-2022-00056.
17. El 30 de enero del 2023, mediante el oficio OF-0021-IA-2023, la Intendencia de Agua solicita información como parte del seguimiento a la de fiscalización técnica y operativa del proyecto de acueducto Sistema PC-A- 28 Esterillos- Parrita.
18. El 9 de febrero del 2023, mediante el oficio GG-2023-00354 en el cual se adjunta documento SG-GSP-2023-00068 el ICAA da respuesta al OF-0021- IA-2023 y se indicar que: Actualmente el desarrollador tiene la responsabilidad de corregir los planos y diseño, ya que estos fueron presentados para revisión de la UEN PYC, definido así en el convenio, el cual ya realizó la revisión y entregó nuevamente al diseñador (Místico) para que corrija. Que la fecha que inicio (sic) del funcionamiento de las obras del proyecto no están terminadas, ya que solo se ha perforado el pozo. El desarrollador debe aún equipar el pozo, colocar la tubería e interconectar.
19. El 4 de abril de 2024, se realizó una inspección en sitio por parte de personeros de la Intendencia de Agua para determinar el alcance de la situación denunciada y además celebran una reunión con representantes de la comunidad y de la cámara de empresarios del pacífico a fin de escuchar las necesidades de la comunidad debido a la falta de atención de la problemática por parte de ICAA” (el énfasis fue agregado). (Ver informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida).
Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:
“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11.
Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).
Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana.
Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.
Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.
El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que "al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a "emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua," sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).
De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana.
Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc.” (véase la sentencia nro. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).
Adicionalmente, a partir de la vigencia de la ley nro. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.
Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones” (el destacado fue agregado).
Sobre el particular, en la sentencia nro. 2020003982 de las 11:50 horas del 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:
“VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:
Artículo 50.- (…)
Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.
ARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:
Artículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.
La propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.
La Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».
En este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.
Es importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.
Asimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.
Es importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable.
En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.
Por otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.
Es por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:
“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original- Esta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:
“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido- De tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Es por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.
En este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución”.
De igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general nro. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:
“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.
3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, "incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra "incluso" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.
Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)
10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.
11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.
12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:
25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.
26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.
27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.
28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)
37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:
Lo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.
Por otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs Perú, ese tribunal dispuso:
“121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible.
La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.
122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.
123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que “el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’”. Asimismo, que “el acceso al agua” implica “obligaciones de realización progresiva”, pero que “sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización”. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como “garantizar un mínimo esencial de agua”, en aquellos “casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad”.
124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.
125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)” (el destacado no corresponde al original).
V.SOBRE EL DERECHO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL PAPEL DEL ICAA COMO ENTE RECTOR EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Sobre el particular, en la sentencia nro. 2016012058 de las 9:30 horas de 26 de agosto de 2016, esta Cámara indicó:
“(…) en el sub judice se determina que el ICAA, como ente rector en la materia, ha incumplido sus labores de fiscalización y supervisión sobre la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, y, por tanto, ha violentado los derechos de los recurrentes. Según los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, el ICAA es responsable, entres (sic) otras funciones, de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario; de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes el servicio de agua potable; y de administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país; por lo cual resulta inexcusable que el ICAA no haya actuado a fin de prevenir y remediar una situación como la presente, en que una ASADA ha venido prestando los servicios supracitados sin suscribir ningún convenio de delegación.
Al efecto, conviene recordar lo que la Sala, en la sentencia Nº 2014-012971 de las 14:45 horas de 8 de agosto de 2014, indicó en relación con el ICAA y sus deberes de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los servicios públicos en mención:
“IV.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua. En sentencia número 2012-12009 de las 09:05 horas del 31 de agosto de 2013, esta Sala dispuso lo siguiente, que resulta de interés para la resolución del sub lite:
“Esta Sala ha sostenido que la Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es: que sean prestados con elevados estándares de calidad. Lo que tiene, como correlato necesario, la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8 (que impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”), el 139, inciso 4 (en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”) y el 191 (en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”). Este Tribunal también ha indicado que dicha garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable, al estar en juego bienes tan preciados como la salud y la vida humana, por lo que deben imperar con mayor rigor los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, continuidad y adaptación (ver, en este sentido, sentencias número 2008-016405 de las 19:04 horas del 30 de octubre de 2008 y 2008-017633 de las 12:06 horas del 5 de diciembre de 2008). En tal contexto adquiere particular trascendencia el papel del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector en la materia. Esta Sala ha señalado que:
“(…) conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha creado dicha institución autónoma con el expreso objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable. Para cumplir tal objeto, y de conformidad a lo previsto en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le corresponde dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, así como aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de la citada ley. Con lo que se verifica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el primer llamado en procurar porque todos los habitantes de la República puedan beneficiarse de un sistema de abastecimiento de agua potable, capaz de suministrar dicho líquido de forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer debidamente las necesidades básicas de todas las personas, en resguardo efectivo de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud” (sentencia número 2011005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011.)
En consonancia con lo anterior, esta Sala ha destacado que en aquellos supuestos en que el servicio de suministro de agua para consumo humano lo presta una ASADA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a ejercer acciones efectivas y eficientes de vigilancia y de control del respectivo sistema de suministro de agua, en cuanto a su operación, mantenimiento, administración y desarrollo, para así garantizar su correcto funcionamiento (sentencia número 2011009487 de las 9:15 horas del 22 de julio de 2011). De hecho, recientemente, en sentencia número 2012006447 de las 10:30 horas del 18 de mayo de 2012, esta Sala expresó:
“(…) si bien el artículo 2 de la Ley 2726 faculta al AyA para convenir con organismos comunales la administración sistemas de acueductos y alcantarillados, el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. A partir de lo anterior, la Administración no puede excusar la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable, por la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural por parte del órgano privado concesionado (…)
Con lo que se constata la obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales” (lo destacado no corresponde al original) “V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente alega que en la comunidad de El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, el ICAA brinda el servicio de agua potable por delegación en una ASADA; empero, dicho servicio es prestado de manera deficiente y requiere mejoras en la infraestructura, por lo que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida para el mejoramiento de dicho acueducto, la cual no puede ejecutarse mientras el ICAA no realice los estudios técnicos correspondientes. Estima vulnerado su derecho fundamental de acceso al agua potable.
Al respecto, la Sala tuvo por acreditado que la Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, no cuenta con personería jurídica vigente, pues la misma venció desde el 31 de julio de 2007. Asimismo, se aprecia que la ASADA El Porvenir no ha presentado ante el ICAA la documentación requerida para el trámite de firma del convenio de delegación. Además, el ICAA no cuenta con un diagnóstico actualizado del sistema de acueducto operado por la ASADA El Porvenir. De los autos se constató que mediante oficio número SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 del 03 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega del ICAA sugirió a la ASADA El Porvenir que contratara los servicios de un profesional para que realizara un estudio técnico mediante el cual recomendara las mejoras requeridas por el acueducto. Finalmente, se demostró que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida de 3 millones de colones para hacer las mejoras a la infraestructura del acueducto, la cual se ejecutará una vez efectuados los estudios técnicos correspondientes.
Ante este panorama, estima la Sala que se debe acoger parcialmente el amparo, solo en contra del ICAA. Tal como se explicó en el considerando anterior, el ICAA está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales, de manera que no puede excusarse en que la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable responde a la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural. Como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, el ICAA se encuentra llamado a coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de El Porvenir, en La Cruz de Guanacaste. Así las cosas, para la Sala no es atendible el alegato de las autoridades recurridas del ICAA, en el sentido de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de El Porvenir.
Mientras la problemática en el abastecimiento de agua continúe, la parte más vulnerable son los vecinos de la localidad, quienes deben tolerar la inoperancia de las entidades encargadas y, consecuentemente, sufrir con la deficiente prestación del servicio público de agua potable. Bajo esa inteligencia, deberá el ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de El Porvenir ajuste su funcionamiento a derecho y se logren concretar los estudios técnicos necesarios para autorizar la inversión del presupuesto municipal ya destinado para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en esa comunidad y, por ende, de la calidad de vida de todos sus munícipes.” (El destacado no corresponde al original).
En adición, el ordinal 36 inciso 1) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, señala como obligación y derecho del ICAA: "Suscribir y rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así lo recomiende la Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de conveniencia, oportunidad o ineficacia en la prestación de los servicios públicos".
En el sub iudice, los accionantes residen en Esterillos de Puntarenas y acusan que desde el año 2016 se han visto perjudicados por la inadecuada prestación del servicio de agua potable, así como por su calidad. Señalan que, debido a lo anterior, esta Sala, mediante la sentencia nro. 2018021434 del 21 de diciembre de 2018, estableció que el Icaa no había cumplido su deber de garantizar la salud y el buen funcionamiento del servicio público; además, les ordenó a las autoridades del Icaa tomar medidas inmediatas para solventar lo referente a la calidad del agua y garantizar su suministro mediante camiones cisterna en un plazo de seis meses. Acusan que, en el año 2021, el Icaa firmó un convenio con los desarrolladores del proyecto Místico en playa Hermosa, mediante el cual se comprometió a mejorar el servicio en los acueductos de Esterillos y Bejuco; empero, la comunidad de Esterillos no ha experimentado mejoras, mientras que el proyecto Místico cuenta con un servicio regular de agua.
Aducen que, en abril de 2023, los vecinos comenzaron a registrar problemas de escasez de agua que luego se convirtieron en la ausencia total del servicio, con suspensiones de hasta doce horas. Sostienen que el agua, además de ser insuficiente, es de mala calidad. Manifiestan que, debido a las interrupciones en la prestación del servicio y a la contaminación del agua, la salud de la población se ha visto afectada lo que se reflejan en los casos de diarrea a los que se hizo alusión en el informe técnico nro. MS-DRRSPC-DARSPA-IT-00355-2023 del Ministerio de Salud. Cuestionan que los tanques cisterna instalados para proveer agua a la comunidad no cuentan con protección o monitoreo, lo que aumenta el riesgo de contaminación.
En el sub iudice, se acredita que las personas tuteladas residen en Esterillos de Puntarenas. El sistema PC-A-28 denominado Esterillos ha dependido de tres pozos, los cuales según los análisis del Laboratorio Nacional de Aguas poseen concentraciones de hierro y manganeso que sobrepasan los niveles máximos establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua. Existen registros de empleo de camiones cisterna en Esterillos en fechas: 9, 16 y 17 de enero, 21 de febrero, 14 de marzo, 17, 19, 22, 24 y 29 de mayo, 29 de junio, 26 de julio, 19 y 22 de agosto; todas de 2024. El Icaa tiene reportes de suspensión del servicio de agua potable en Esterillos por disminución de la producción de agua de las fuentes por verano, según se detalla: i) del 11 al 17 de febrero entre las “12:00 PM” y las “06:30 AM”; ii) del 26 de febrero y el 4 de marzo entre las “12:00 MD” y las “06:30 PM”; iii) del 10 al 16 de abril entre las “07:30 AM” y las “12:00 MD”; y iv) del 1° al 7 de mayo entre las “11:30 PM” y las “04:00 PM”; todos de 2024.
Por medio del oficio IN-0031-IA-2024 del 18 de marzo de 2024, la Intendencia del Agua de Aresep requirió al Icaa: i) indicar las iniciativas definidas para atender la situación de Esterillos – Parrita de forma integral; ii) aportar la fecha estimada de entrada en operación del proyecto que daría solución definitiva al sistema PC-A-28 Esterillos – Parrita; y iii) señalar varios datos atinentes a ese proyecto. El 8 de abril de 2024, el Icaa emitió la “Propuesta de perfil para sistemas: Playa Hermosa, Quebrada Amarilla y Esterillos Bejuco, Puntarenas” en el que se lee: “1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La Cantonal de Jacó a partir de diciembre del 2016 con base en el acuerdo de junta directiva GG-2016-392 asume la administración, operación, mantenimiento y comercialización de los sistemas de Acueducto y Saneamiento de Esterillos, Quebrada Amarilla y Playa Hermosa de los cantones de Parrita y Jacó.
Los principales problemas que tienen los sistemas son: a) El sistema de Esterillos del cantón de Parrita presenta problemas de calidad del agua debido a que sus fuentes de abastecimiento tienen exceso de hierro y manganeso incumpliendo con las normas de calidad de agua para consumo humano de la Institución, y los sistemas de Quebrada Amarilla y Playa Hermosa del cantón de Jacó son sistemas deficitarios. b) AYA asume la administración de los tres sistemas, con un promedio de 1700 potenciales nuevos servicios ya comprometidos desde la ASADA, sin embargo, cuatro años después no se ha podido materializar dicho compromiso por falta de capacidad hídrica para alguno de los sistemas y calidad en el otro. Se ha podido comprobar a través de las múltiples solicitudes de nuevos servicios que el desarrollo económico, turístico y social de la zona se encuentra paralizado en su crecimiento por la falta de disponibilidad del servicio de agua potable. c) Para los sistemas de Playa Hermosa y Quebrada de Amarilla las fuentes de abastecimiento son: nacientes Memo Vega (437640 Este / 1062005 Norte) y Quebrada Amarilla (438065 Este / 1060218 Norte) respectivamente, las cuales se ubican en propiedades privadas y son vulnerables a la materialización de amenazas naturales, por su ubicación en la montaña, poniendo en riesgo el abastecimiento a la población, durante el periodo 2020 una de ellas estuvo fuera de operación a causa de derrumbes en la montaña dejando la naciente inhabilitada. d) En el sistema de acueducto de esterillos AYA no cobra el pliego tarifario aprobado por ARESEP debido a la calidad del agua, incurriendo en un alto costo de operación y mantenimiento. 2.
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL La ubicación geográfica cerca de la costa de los tres sistemas, son un potencial punto de desarrollo turístico e inmobiliario y, por calidad/cantidad del agua potable no es posible asegurar el desarrollo actual en las zonas de Quebrada Amarilla, Esterillos y Playa Hermosa debido a los siguientes factores: CALIDAD DEL AGUA Los tres pozos del sistema Esterillos-Bejuco presentan niveles de hierro y manganeso que exceden los valores de la reglamentación de calidad del agua para consumo. CAPACIDAD HIDRICA (sic) Durante la época de estiaje las nacientes de Pollo Macho y Playa Hermosa no tienen la capacidad hídrica para abastecer los sistemas de Playa Hermosa, Quebrada Amarilla y Esterillos-Bejuco. Se estima que entre ambas nacientes se puede obtener un caudal máximo de 30 l/s sin embargo solo el sistema de Esterillos-Bejuco requiere de 32 l/s, en total se estima un déficit de 20 l/s Las condiciones topográficas de las captaciones de las nacientes las hace propensas a sufrir daños por derrumbes además de que se ubican en el cauce de quebradas.
En invierno las quebradas se llenan de agua y arrastran piedras y material que destruyen y obstruyen las captaciones. En el caso de la captación de Pollo Macho durante el invierno del año 2023 sufrió daños que impiden su operación. Las cuadrillas de mantenimiento no pueden ingresar al sitio debido al riesgo que existe por el desprendimiento de rocas. Las captaciones de ambas nacientes se ubican en terrenos privados, de difícil acceso, por lo que no es posible invertir en ellas hasta que los terrenos sean adquiridos por el AyA además hay que tomar en cuenta que al ubicarse en quebradas cualquier obra que se construya se considera de alto impacto ambiental. Actualmente se encuentra en proceso de estudio la propuesta de un desarrollador privado (Místico) que de ser aprobado por la Junta Directiva aportaría el equipamiento necesario para el pozo Tulín 1 y la tubería para transportar su caudal hasta Quebrada Amarilla y Playa Hermosa, esto permitirá abastecer ambos sistemas. 3.
IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN La propuesta consiste en la incorporación de una nueva fuente de aprovechamiento, la UEN de Gestión Ambiental realizó un estudio del acuífero donde se ubica el pozo Tulín 1 y determinó un sitio para la perforación de un nuevo pozo conocido como Tulín 2 (UEN-GA-2019-02075). Se estima que este pozo tendrá las mismas características de producción del pozo Tulín 1. Para aprovechar el caudal del pozo Tulín 2 se requieren hacer una serie de mejoras que permitirán incrementar la capacidad de los sistemas de Playa Hermosa y Quebrada Amarilla y solventar la situación deficitaria del sistema de Esterillos-Bejuco hasta el año 2045 aproximadamente según el perfil “Proyecto de Mejoras al Sistema de Abastecimiento Esterillos-Bejuco”. 3.4 PRODUCCIÓN Es necesario obtener una nueva fuente de abastecimiento para ello se debe realizar la perforación del pozo Tulín 2 y según los resultados del pozo adquirir el terreno con su zona de protección.
Es necesario tomar en cuenta que AyA debe construir la acometida eléctrica, equipamiento del pozo y tubería de impulsión. Caudal promedio de producción esperado para el pozo Tulín 2: 50 l/s Los caudales se distribuyen de la siguiente manera 50 l/s para Playa Hermosa y Quebrada Amarilla y 50 l/s para Esterillos-Bejuco. Coordenadas CRTM05 Tulín 2 X: 440983.1 Y: 1060393.7 (…)” (la negrita fue agregada). El 10 de junio de 2024, el Icaa emitió el informe “Estudio Hidrogeológico: Delimitación del Área Especial de Protección de los pozos Esterillos N° 1 (HE-5), N° 2 (HE-6) y N°3 (93-27)”, en el que se concluyó: “a. Geológicamente el área de interés se caracteriza por el predominio de rocas de origen sedimentario asociadas a secuencias de areniscas y lutitas, además de depósitos recientes de sedimentos principalmente arenas y gravas. De igual manera se da el afloramiento de rocas de origen volcánico, relacionadas principalmente con secuencias de basaltos.
Puntualmente el área donde se localizan los pozos Esterillos predomina los depósitos de tipo aluvial asociados con secuencias de arenas, gravas y limos. b. Hidrogeológicamente el área de interés se caracteriza por la existencia de dos unidades hidrogeológicas, la primera de ellas se relaciona con la secuencia de arenas medias a gruesas que se localizan, según el registro del pozo Esterillos 1 (H-5), a una profundidad de entre los 3 y 10 m, alcanzando un espesor máximo de 7 metros, se trata de un acuífero de tipo libre cubierto con un nivel estático asociado que se localiza a una profundidad que ronda los 3 metros bajo la superficie. La segunda unidad acuífera está asociada con la secuencia de gravas con limos, cuyo techo acuífero se localiza a una profundidad de 10 metros (pozo H-5), esta unidad corresponde con la principal sección acuífera de la zona y de la cual se encuentra siendo captada por los pozos en estudio, se estima un espesor aproximado de entre 15 y 20 metros para esta unidad acuífera.
Se interpreta como un acuífero confinado con caudales de explotación que varían entre los 4 y 9 L/s. c. Se definen los parámetros hidráulicos correspondientes al acuífero captado por los pozos, obteniéndose un valor de transmisividad de 59.5 m2/día, y un valor de permeabilidad de 3.97 m/día. d. La dirección de flujo del agua subterránea para el área de interés tiene una componente en sentido noreste-suroeste, con un gradiente hidráulico igual a 0.01. e. Se establece para los pozos Esterillos 1 (HE-5), Esterillos 2 (HE-6) y Esterillos 3 (93-27), un área operacional y de protección absoluta de 900 m2, la cual corresponde con un radio de protección de 15 m, tanto en dirección aguas arriba, aguas abajo y lateralmente con respecto a la ubicación del pozo. Esta área deberá ser utilizada exclusivamente para actividades de mantenimiento de la fuente, tendrá un piso de concreto para prevenir la infiltración de sustancias químicas u otras (aceites, etc).
Además, para prevenir la invasión de animales y vandalismo, se recomienda la colocación de una cerca perimetral en esta zona. f. La zona de protección absoluta bacteriológica tendrá una longitud y un ancho de 61 metros para el pozo Esterillos 1 (HE-5), 58 metros para el pozo Esterillos 2 (HE-6) y 47 metros para el pozo Esterillos 3 (93-27), los cuales serán medidos medidos (sic) horizontalmente en dirección aguas arriba de la fuente en el caso de la longitud, y en el caso del ancho de la zona de protección será medido de forma lateral y ambos lados de cada pozo en sentido perpendicular al tubo de flujo. g. Los pozos Esterillos, están destinados para abastecimiento poblacional, por lo que cuenta con un radio de protección de línea de base de actividades de 200m, de tal manera que se debe valorar que estas actividades no representen una amenaza para la cantidad y calidad del recurso hídrico captado. h. Con respecto a la vulnerabilidad hidrogeológica y a partir de los parámetros evaluados se obtiene un índice de vulnerabilidad de 0.324 para la zona donde se localizan los pozos, este índice de vulnerabilidad según la categorización establecida por el método GOD, corresponde con una vulnerabilidad media. i. Se registran para los tres pozos, según los análisis de calidad más recientes tomados por el LNA, concentraciones de hierro y manganeso que superan los valores norma establecido en el Reglamento para la Calidad del Agua, aspecto que deberá ser considerado por parte del área operativa.
VII. Recomendaciones Se recomienda mantener un monitoreo constante referente a la calidad del agua extraída de los pozos, considerando las concentraciones altas de hierro y manganeso detectada en los análisis de calidad”. Por memorando GSP-RPC-J-2024-00538 del 23 de setiembre de 2024, la Unidad Cantonal de Jacó indicó que se efectuó el mantenimiento preventivo de operación y mantenimiento de los tanques plásticos Esterillos-Bejuco PC-A-28. En el memorando GSP-RPC-2024-02140 del 8 de octubre de 2024, la Región Pacífico Central del Icaa explicó: “Durante este año 2024 se han realizado una serie de trabajos entre el AyA y la comunidad de Quebrada Amarilla para la recuperación de la Naciente conocida como Quebrada Amarilla lo que permitió que el caudal captado de la Naciente Memo Vega (24l/s) se distribuya únicamente entre las comunidades de Playa Hermosa (12l/s) y Esterillos (12l/s), sacando de la ecuación a la comunidad de Quebrada Amarilla; lo que significa que se puede diluir el agua con los pozos existentes en Esterillos y se logre cumplir con los parámetros del Reglamento para la Calidad del Agua Decreto Ejecutivo N° 38924-S.
La incorporación de estos 12l/s de agua potable que se incorporaron al sistema PCA-28 nos permitió actualizar el balance hídrico mejorando la capacidad del sistema y la más importante logran que la comunidad de Esterillos tenga acceso agua potable desde 17 de setiembre del 2024. El Laboratorio Nacional de Agua realizo pruebas de calidad del agua en la red del sistema de Esterillos el 25 de setiembre (AyA-PT-019), arrojando que el agua cumple con los parámetros de calidad, únicamente arrojo un nivel bajo de cloro residual, situación que operativamente se corrigió inmediatamente, teniendo datos hoy en día según el control operativo de 0.6 mg/l. Con la incorporación de los 12l/s provenientes de la naciente Memo Vega y la operación del pozo 1 de Esterillos, que es el pozo con menor presencia de Hierro y Manganeso, lo cual nos permite una mezcla idónea, se actualizo el balance hídrico del sistema, pasando de una categoría de déficit hídrico (I) a una categoría de acueducto en transición (III), que nos permite suministrar de agua potable a los usuarios existentes y brindar disponibilidades de agua a servicios individualizados para viviendas unifamiliares controlados únicamente.
Proyectos a Futuro El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha venido trabajando en un convenio público-privado con un proyecto denominado Místico Comunidad de Playa el cual contempla la incorporación de 2 pozos conocidos como Tulín 1 y 2 con un caudal total de aproximadamente de 120l/s en total y algunos cambios de tubería de conducción y distribución, con una inversión aproximadamente $ 2,554,364,53; lo cual viene a beneficiar directamente a las comunidades de Quebrada Amarilla y Playa Hermosa e indirectamente a la comunidad Esterillos con la incorporación de capacidad Hídrica al sistema, para mejorar la capacidad hidráulica y poder trasegar el agua correctamente hasta Esterillos, se debe realizar por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados un cambio de tubería en la red de distribución del sistema, para ello se está planteando una modificación al proyecto BPIP-2986 e incorporar recursos para el año 2026 para iniciar estas mejoras, con el fin de obtener en el corto plazo (5 años) un sistema de agua potable, tanto con capacidad hídrica como hidráulica y así poder brindar disponibilidades de agua a futuros desarrollos en la zona.
Así mismo la Región Pacifico Central elevo (sic) a la intención de proyecto denominado Propuesta de perfil para sistemas: Playa Hermosa, Quebrada Amarilla y Esterillos Bejuco, Puntarenas, el cual tiene como objetivo realizar mejoras hídricas e hidráulicas para garantizar hasta el 2045 la dotación de agua potable de las comunidades de Playa Hermosa, Quebrada Amarilla y Esterillos Bejuco, esta iniciativa fue elevada por la Subgerencia de Sistemas Periféricos a la Dirección de Planificación Estratégica para que sea enviado al Comité Gerencial de Proyectos para que valorar su inclusión en la cartera de proyectos institucional; esta iniciativa según el Plan Maestro y Priorización se ubica en el grupo y prioridad G2-36, lo que significa que los estudios de prefactibilidad de esta iniciativa inician en el año 2027” (el énfasis fue suplido). Por memorando GSP-RPC-PA-2024-00170 del 9 de octubre de 2024, la Unidad Cantonal de Parrita indicó: “(…) 1.- Si bien es cierto AYA como prestador de los servicios de agua potable y de saneamiento se encuentra obligada a dotar a sus abonados de servicios dentro de los parámetros óptimos de calidad, se debe recalcar que, para el caso de la zona de Esterillos y Bejuco la situación con respecto al agua potable se encuentra fuera de la voluntad de la institución, causadas por los factores climatológicos propiamente de la naturaleza, siendo que los veranos sean más secos, ocasionando que los pozos produzcan menos agua, afectando la continuidad del servicio, aunado a ello el manganeso y el hierro que se encuentran en el agua, que son los causantes de impedir que se dé un servicio óptimo que abastezca a la población de Esterillos y Bejuco.
No obstante, en el artículo 9 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AYA (en adelante RPSAYA) publicado en la Gaceta Nº27 del 9 de febrero del 2021 y sus reformas, se logra evidenciar que a pesar de ser AYA el responsable de dar un servicio con altos estándares para una prestación óptima del servicio de agua potable, pueden existir factores de fuerza mayor o caso de fortuito que imposibilite a la institución brindar un servicio que cumpla con la calidad, cantidad y continuidad (…) Debido al problema de calidad de agua, se determinó mantener agua en la red de distribución para que se utilizara para actividades de limpieza y otras que no fueran para el consumo humano en aras de proteger la salud de la población. Por otro lado, en cuento (sic) a las afirmaciones con respecto a la no continuidad del servicio, es necesario acotar que tanto a la población y las instituciones locales como el Ministerio de Salud, Centros de Salud, Bomberos entre otras, siempre se les comunico (sic) por medio de redes sociales, correos y en la página del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) sobre los horarios de corte del servicio, el cuál (sic) tenía como objetivo racionalizar el suministro de agua para abastecer a la comunidad de Esterillos y Bejuco, con el fin suplir las necesidades básicas de la población.
De igual manera se les apoyó con camiones cisterna como una medida de contingencia para evitar una emergencia mayor que afectara la salud pública; problemática que evidentemente fue provocado por el verano que ocasionó una disminución de las lluvias, con ellos provocando que los pozos no dieran abasto para abastecer a las comunidades (Ver prueba documental No.1 Cuadro de afectación). 2.- En relación con el hecho donde reclaman que: “Los tanques cisterna instalados para proveer agua a la comunidad no cuentan con protección o monitoreo, lo que aumenta el riesgo de contaminación.” En cuanto a este hecho es importante mencionar que dicha afirmación no es concordante con la realidad de los hechos, ya que los tanques cisterna se encuentran monitoreados en todo momento; semanalmente se le realizan pruebas de cloración, temperatura y de PH. Adicionalmente se lavan mensualmente, y los mismos poseen una base de cemento para evitar la contaminación cruzada (…) En cuanto a la protección de los tanques y la del agua potable según lo conversado con el funcionario Esteban Zúñiga Arcia quién es el jefe técnico de la Cantonal de Jacó, indica que se han establecidos acuerdos con la comunidad de dar avisos por medio del WhatsApp institucional y por la línea 800 sobre situaciones que afecten la integridad de los tanques cisterna y el agua contenida en ellos.
En total existen doce tanques cisterna distribuidos estratégicamente y en lugares seguros; distribuidos de la siguiente manera: Esterillos Este, Esterillos Oeste, Esterillos Centro y Bejuco (…)” (el resaltado fue incorporado). El regulador general de la Aresep informó: “La Aresep es conocedora de la situación que se vive en la comunidad de Esterillos, por lo que ha llevado a cabo diferentes acciones que culminan con una inspección el 4 de abril de los corrientes. Estas se plasman en el informe IN-0031-IA-2024 “Fiscalización del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable PC-A-28-ESTERILLOS PARRITA”, las cuales se pueden resumir como sigue: 1. El 24 de febrero del 2020, mediante el oficio OF-0127-IA-2020 como parte del seguimiento del programa de calidad que realiza la Intendencia de Agua, en cuanto al componente de calidad del producto, se determinó que el sistema PC-A-28- Esterillos Parrita presenta una no-conformidad del producto, dado lo anterior se le solicita al Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) copia de un histórico de los últimos dos. 2.
El 13 de febrero del 2020, se efectúa inspección al sistema de abastecimiento PC-A-28-Esterillos Parrita, en los sectores de Bejuco y Esterillos Oeste, de lo cual se observó entre otras cosas que de conformidad con las tomas fotográficas y declaraciones de los usuarios, el ICAA debe procura acelerar los trámites de mejora del acueducto, ya que es de esperar que a corto y mediano plazo se solucione el problema y que al menos las comunidades afectadas puedan recibir un servicio de agua potable de calidad. 3. El 6 de marzo del 2020, mediante el oficio OF-0167-IA-2020, dirigido a la Dirección Regional Pacífico Central de ICAA, mediante el cual se indicó al ICAA acerca de la visita realizada al sistema de abastecimiento PC-A-28- Esterillos Parrita, en los sectores de Bejuco y Esterillos Oeste; y se le solicitó enviar la información documental que se tiene al respecto, a fin de conocer el tipo de proyecto se quiere realizar en esa zona, saber en qué fecha se inicia y el plazo que se espera concluir la obra. 4.
El 11 de marzo del 2020, el ICAA responde al oficio OF-0167-IA-2020, mediante oficio GSP-RPC-2020-00207, en el cual se indica que: • Se han estado valorando alternativas de solución, de las cuales, la alternativa más viable sería la firma de una alianza público – privado con el desarrollador Místico que se ubica en la zona de Quebrada Amarilla, donde ya se tiene una nueva fuente (pozo) al margen del río Tulín que cumple con la normativa de calidad para consumo humano, el cual se encuentra en un nivel de avance y se está para revisión por la Subgerencia de Investigación y Desarrollo. Una vez revisado se pasaría a la comisión que revisará la propuesta acorde con la política institucional para el tema de alianzas y una vez aprobado se pasará a Junta Directiva del ICAA para su autorización, al finalizar dicha etapa se puede dar inicio al cronograma de ejecución del proyecto definido en la alianza. • El agua suministrada a la comunidad de Esterillos no cumple con los parámetros establecidos de hierro y manganeso. •Como medida paliativa se le informó a la comunidad afectada no usar el agua que llega por la red pública para consumo humano, sino que se han instalado tanques de almacenamiento en diferentes puntos del sistema para dotar de agua potable. •Se aplica una tarifa especial aprobada por ARESEP, donde se cobra únicamente el cargo fijo por derecho de conexión, es decir el agua que se entrega por la tubería no se cobra. •En estos momentos no es posible definir una fecha de solución permanente.
La Institución realiza los mayores esfuerzos en gestionar la solución al menor plazo posible, cumpliendo con el debido proceso. 5.El 3 de abril de 2020, mediante el oficio OF-0275-IA-2020, se solicitó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) con respecto al sistemaPC-A-28-Esterillos: “(…) Presentar el plan preliminar de acciones correctivas con tareas y fechas estimadas, mediante el cual se espera dar solución definitiva a la situación de calidad del agua que enfrentan las comunidades abastecidas por parte del sistema de abastecimientoPC-A-28-Esterillos-Parrita”. 6.El 14 de mayo de 2020, mediante el oficio GG-2020-01808, el ICAA da respuestaaloficioOF-0275-IA-2020, donde remite el informe GSP-RPC-2020-00313. 7.El 28 de junio de 2020, mediante el oficio OF-0523-IA-2020 se solicitó al ICAA según cada sistema: “(…) B. NCIA-020-2020, sistema PC-A-28-Esterillos-Parrita, Región Pacífico Central: 1.Aclarar cuales serían las obras que se ejecutarían mediante la primera etapa del proyecto y si dicha etapa garantizara el abastecimiento con gua de calidad potable en las comunidades de Esterillos Oeste y Bejuco, o si por el contrario se requerirá de la entrada en operación de la segunda etapa del proyecto, para lo cual se requerirá entonces indicar la estimación del plazo aproximado para el cual se esperaría entre en operación dicha etapa. 2.Informar sobre el avance en cuanto al cronograma planteado mediante el oficio GG-2020-01808 y el documento GSP-RPC-2020-00313.” 8.
El 19 de octubre de 2020, mediante el oficio GG-2020-04334, el ICAA dio respuesta al oficio OF-0523-IA-2020, donde se remite el merando SG-GSP-2020-01684 con el informe GSP-RPC-2020-01142 adjunto. 9. El 30 de octubre de 2020, se realizó la visita al sistema PC-A-28-Esterillos-Parrita por funcionarios de la Intendencia de Agua, con el objetivo dar seguimiento a las no conformidades detectadas mediante el Programa de Verificación de la Calidad del Agua. 10. El 10 de noviembre de 2020, mediante la minuta de visita de técnica MI-0066-IA- 2020, se solicitó al ICAA: “(…) Actualizar el cronograma del proyecto que solucionará la problemática del acueducto de Esterillos”. 11. El 13 de noviembre de 2020, mediante el oficio GSP-RCP-2020-01115, el ICAA dio a la minuta MI-0066-IA-2020. 12. El 9 de marzo de 2021, mediante el informe IN-0025-IA-2021 se emite el informe de seguimiento sobre la calidad de agua de los sistemas de abastecimiento del ICAA en la Región Pacífico Central, correspondiente al Programa de la Calidad del Agua Potable, sobre el sistema PC-A-28-Esterillos-Parrita se concluye: “1.
La implementación de una solución a la problemática de la calidad del agua debida a concentraciones de hierro y manganeso superiores al máximo admisible indicadas en el Decreto 38924-S, mediante la ejecución de un proyecto en una alianza público/privada, presenta atrasos en los cronogramas de actividades de que han presentado el ICAA a la Intendencia de Agua. 2. Los atrasos en el avance del proyecto se deben a que no se ha firmado el convenio de la alianza público/privada entre el ICAA y el desarrollador privado, donde según indicó ICAA en sus cronogramas que en un inicio estimaban tener el convenio firmado para el mes de agosto de 2020. 3. Tomando como base los cronogramas de actividades que ha enviado el ICAA a la Intendencia de Agua y contemplando que en el mes de agosto de 2020 no se logró firmar el convenio, la solución de la problemática de calidad del agua mediante la ejecución de proyecto se estima que se llegue a concretar hasta el año 2023. 4.
El ICAA debe tomar las previsiones y atender de manera oportuna las observaciones que surjan al momento de firmar el convenio, con el fin de que la ejecución del proyecto se inicie lo más pronto posible y no se generen más atrasos. Dado lo anterior, se le solicita al ICAA: “i. Enviar a la Intendencia de Agua un cronograma actualizado con las actividades y fechas estimadas de todo el proceso relacionado con la implementación del proyecto para solucionar la problemática en la calidad del agua, donde se contemple desde la firma del convenio hasta el inicio de operación del proyecto, y la solución definitiva de la problemática por presencia de concentraciones de hierro y manganeso superiores al máximo admisible.” 13. El 10 de mayo de 2021, mediante el oficio OF-0271-IA-2021, se hace de conocimiento del ICAA, que la Intendencia de Agua viene desarrollando un plan de fiscalización de los diferentes proyectos y gestiones atinentes al servicio de acueducto, alcantarillado, hidrantes y recurso hídrico, razón por la cual se le solicita la siguiente información para el proyecto que da solución a los problemas de calidad de agua que se presentan en el sistema PC-A-28-Esterillos-Parrita. 14.
El 16 de diciembre de 2021, mediante el informe IN-0138-IA-2021, se emite el Informe de fiscalización del sistema de abastecimiento de agua potable PC-A-28-Esterillos-Parrita, dentro de los hallazgos más importantes y las oportunidades de mejora que se detectaron se pueden citar: a) Presencia de hierro y manganeso en el agua, que además de no ser potable, no se puede utilizar para labor u otra necesidad. b) Problemática que tiene ICAA con la demanda actual y futuro de los sistemas: Esterillos-Bejuco, Quebrada Amarilla y pl ICAA hermosa. c) El proyecto únicamente viene a cubrir parte de la problemática actual en el sistema de Esterillos y a cubrir la demanda del condominio Místico. d) El proyecto no contempla el aumento de nuevos servicios, lo que vendría a crear una problemática al crecimiento poblacional. e) No existe un plan de contingencia dentro de la planificación de ICAA. f) El plan de socialización pretenden realizarlo una vez concluido el proyecto, siendo lo correcto que sea antes de su ejecución. g) El proyecto no contempla la totalidad de los servicios actuales. h) No existe por parte de ICAA el convenio ni el plan de inversión para la etapa II.
A su vez, como parte de las disposiciones del informe el ICAA debe remitir en los próximos 20 días después de notificado lo siguiente: a) Aclarar en caso de incumplimiento del convenio actual firmado por Místico, quién debe asumir las pérdidas de los compromisos establecidos en el contrato. b) Presentar detalle del estado de avance del proyecto, en cuanto a: Equipamiento y electrificación del pozo Tulín, Sistema de Cloración, tuberías de distribución. c) El ICAA debe hacer una estimación de los costos que estas labores (de la etapa y II) le generan la idea sería sacar un costo total de realizar este tipo de proyectos versus el beneficio que generaría a la población. d) En cuanto al tema de donaciones, informar el estado de esta en cuanto al Lote de pozo Tulin 1 y servidumbre de paso. e) Aclarar las inconsistencias encontradas en cuanto a caudal y cantidad de servicios comprometidos por el operador para el desarrollador Místico, y por cuanto tiempo rige este compromiso. f) Informe de la cantidad de servicios actuales en el sistema Esterillos que se verían beneficiados con el proyecto. g) Informe de la cantidad servicios afectados en los sistemas de Esterillos, Quebrada Amarilla y Hermosa. h) Aclarar cuáles son las soluciones planteadas para la problemática pendiente, incluir el detalle de los proyectos en el plan de inversiones del ICAA, de dónde se esperan obtener los recursos. i) Informe del estado de avance en la formalización de la Etapa II y la forma en que se va a financiar lo correspondiente a los aportes del ICAA. j) Aclarar si tienen previsto algún tipo de contingencia o plan alternativo y el avance de este en caso de no llevarse a cabo este proyecto. k) Mantener informado al Ente Rector de las decisiones que se tomen con respecto a la etapa II de este proyecto. 15.
El 17 de diciembre de 2021, mediante el oficio OF-0786-IA-2021, se remite al ICAA el Informe de fiscalización del sistema de abastecimiento de agua potable PC-A-28-Esterillos-Parrita. 16. El 24 de enero de 2022, mediante el memorando SG-GSP-2022-00112 el ICAA da respuesta al oficio OF-0786-IA-2021, adjuntando el oficio No. GSP- RPC-2022-00056. 17. El 30 de enero del 2023, mediante el oficio OF-0021-IA-2023, la Intendencia de Agua solicita información como parte del seguimiento a la de fiscalización técnica y operativa del proyecto de acueducto Sistema PC-A- 28 Esterillos- Parrita. 18. El 9 de febrero del 2023, mediante el oficio GG-2023-00354 en el cual se adjunta documento SG-GSP-2023-00068 el ICAA da respuesta al OF-0021- IA-2023 y se indicar que: Actualmente el desarrollador tiene la responsabilidad de corregir los planos y diseño, ya que estos fueron presentados para revisión de la UEN PYC, definido así en el convenio, el cual ya realizó la revisión y entregó nuevamente al diseñador (Místico) para que corrija.
Que la fecha que inicio (sic) del funcionamiento de las obras del proyecto no están terminadas, ya que solo se ha perforado el pozo. El desarrollador debe aún equipar el pozo, colocar la tubería e interconectar. 19. El 4 de abril de 2024, se realizó una inspección en sitio por parte de personeros de la Intendencia de Agua para determinar el alcance de la situación denunciada y además celebran una reunión con representantes de la comunidad y de la cámara de empresarios del pacífico a fin de escuchar las necesidades de la comunidad debido a la falta de atención de la problemática por parte de ICAA” (el énfasis fue agregado).
Visto lo anterior, conviene traer a colación lo indicado por este Tribunal en la sentencia nro. 2018021434 de las 9:20 horas del 21 de diciembre de 2018 en relación con la prestación del servicio de agua potable en Esterillos:
“III.- Sobre el derecho a consumir agua potable. Este Tribunal Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a la vida y a la salud son derechos fundamentales cuyo goce exige el acceso al agua potable. Para que el ser humano disfrute de salud requiere que se le garanticen un conjunto de condiciones mínimas necesarias para alcanzar un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental, así como para impedir el surgimiento de disfunciones que alteren su pleno crecimiento y desarrollo. Una de esas condiciones es precisamente el suministro de agua apta para el consumo humano. Por lo que esta Sala ha concluido que, como parte del Derecho de la Constitución, existe un derecho fundamental al suministro de agua potable. Así, en Sentencia N° 2003-04654, de las 15:44 horas del 27 de mayo del 2003, reiterada en la N° 2018-014649, de las 9:20 horas del 7 de setiembre de 2018, esta Sala resolvió:
“(…) La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que:
"Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos".
Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos”.
IV.Sobre el caso concreto. En el presente caso, de las pruebas aportadas al expediente, así como, de lo informado bajo juramento por las autoridades del Instituto recurrido, se constata que ha existido una amenaza ilegítima al derecho a la salud de la persona amparada y demás miembros de la comunidad de Esterillos, así como una violación a su derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y, al acceso al agua potable. De los autos se desprende que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es la entidad responsable de brindar el servicio de agua potable a la comunidad afectada la cual, a la fecha no ha logrado solventar el problema gestado. Es más, desde el 22 de diciembre de 2016, fecha en que asumió el acueducto, el Instituto recurrido ha realizado diversos estudios, con el fin de establecer una solución a la problemática de la concentración de hierro y manganeso que presenta el sistema de Esterillos- Bejuco, lo que produce una coloración oscura en el agua, lo cual, según lo indicado por el Encargado del Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto "....la suma de las concentraciones de Hierro y Manganeso, no cumplen con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable 38924-8, lo cual afecta la estética del agua y el rechazo visual por parte de los usuarios del Acueducto.
No obstante, es importante aclarar que el consumo del agua no causa ningún daño a la Salud". De manera, que si bien el agua que se distribuye no es perjudicial para la salud, lo cierto es que no cumple con el Reglamento para Calidad de Agua Potable. Así las cosas, han transcurrido dos años y el Instituto recurrido no ha sido capaz de resolver el problema del acueducto, ni de presentar las medidas correctivas necesarias que garanticen un adecuado funcionamiento de este implemento, pese a que en las pruebas emitidas por el Laboratorio Nacional de Aguas, son contudentes al respecto. Así las cosas, lleva razón la recurrente en cuanto a la calidad del agua que le es abastecida por la autoridad recurrida. En virtud de lo anterior, las autoridades del AyA han omitido su deber constitucional de garantizar la salud de los habitantes de esa comunidad y el buen funcionamiento de los servicios públicos.
Estos principios constitucionales deben ser observados y respetados, en todo momento y sin excepción alguna, por los funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación y constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable, impuesta a cualquier ente u órgano administrativo por su eficacia normativa directa e inmediata, habida cuenta que el bloque o parámetro de legalidad (artículo 11, de la Constitución Política) al que deben ajustarse en sus actuaciones está integrado, entre otros elementos, por los principios generales del derecho administrativo (artículo 6, de la Ley General de la Administración Pública). En mérito de lo expuesto, debido a la vulneración prolongada del derecho fundamental al agua potable y a un servicio público eficiente, lo procedente es declarar con lugar el recurso y, en consecuencia, ordenar al Instituto recurrido implementar las mejoras correspondientes en el sistema de acueducto que administra y abastece a las diferentes comunidades de Esterillos, y se ajuste a lo ordenado en el Reglamento de Control de Calidad de Agua.
Lo anterior, incluye tomar las medidas necesarias con el fin de disminuir el grado de riesgo, para la salud de la población, y vulnerabilidad de los sistemas, así como dar una vigilancia continua a la calidad del agua potable que consumen los habitantes de la comunidad afectada, para cuyo efecto también deberá el Instituto recurrido realizar los trabajos para garantizar la calidad del recurso hídrico de mantenimiento que ese acueducto requiera. Además, se le recuerda a la recurrida que cuando se presenta el problema denunciado, debe asegurar la repartición de agua potable con camiones cisterna en la zona (…)
Por tanto: Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a Yamilette Astorga Espeleta, y a Sirlene Jiménez Aguilar, por su orden, Presidenta Ejecutiva y Encargada la Unidad Cantonal de Jacó-Región Pacífico Central, ambas funcionarias del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen dichos cargos, que en FORMA INMEDIATA a la notificación de esta sentencia se avoquen a dictar los actos administrativos correspondientes para solventar la calidad del recurso hídrico del acueducto que abastece a la comunidad de Esterillos, a fin de ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Control de Calidad de Agua, de modo que en el plazo de SEIS meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, dichas acciones se encuentren plenamente en ejecución. Asimismo, en el transcurso de dicho plazo deberá de garantizar la calidad del agua, a través del reparto mediante camiones cisterna u otras medidas pertinentes, para disminuir al máximo la carencia del agua potable en la comunidad.
Se le advierte a las recurridas, que de no acatar las ordenes dichas, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López pone nota. Notifíquese en forma personal a Yamilette Astorga Espeleta, y a Sirlene Jiménez Aguilar, por su orden, Presidenta Ejecutiva y Encargada la Unidad Cantonal de Jacó-Región Pacífico Central, ambas funcionarias del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen dichos cargos” (el destacado fue agregado).
Ahora bien, en el sub iudice queda plenamente demostrado que el servicio de agua potable prestado por el Icaa en Esterillos no cumple los parámetros de calidad y eficiencia, toda vez que no se ha podido asegurar que el agua sea potable ni se ha garantizado su prestación de forma continua. Acerca de esto, aun cuando el Icaa considera que la zona en la que residen las personas tuteladas es afectada por una condición de fuerza o causa mayor, tal argumento no resulta de recibo por cuanto la problemática bajo estudio no es de reciente data, sino que ha sido de conocimiento del instituto prestador del servicio desde que asumió ese acueducto en el año 2016, lo que también se constató por este Tribunal en la supracitada sentencia nro. 2018021434 de las 9:20 horas del 21 de diciembre de 2018. De este modo, si bien se evidencia que el Icaa ha llevado a cabo diversas actuaciones tendientes mejorar la calidad del agua y la prestación del servicio en Esterillos, no menos cierto es que no se ha dado solución definitiva a tal problemática.
Incluso, de la prueba aportada por el instituto recurrido se indicó que se espera incluir en el presupuesto del año 2026 lo correspondiente a la solución de ese problema, el cual se espera atender en cinco años, plazo que resulta abiertamente desproporcionado, máxime si se considera que al menos desde el año 2016 se tiene conocimiento de esa situación, así como que, desde la emisión del memorial GSP-RPC-2020-00207 del 11 de marzo de 2020, el Icaa determinó que “la alternativa más viable sería la firma de una alianza público – privado con el desarrollador Místico que se ubica en la zona de Quebrada Amarilla, donde ya se tiene una nueva fuente (pozo) al margen del río Tulín que cumple con la normativa de calidad para consumo humano”. Aunado a lo anterior, resulta de importancia resaltar que en el informe rendido por la Aresep se destacó que esa autoridad reguladora ha constatado diversos incumplimientos del Icaa en relación con la situación expuesta y que, pese a requerirlo en varias ocasiones, no se han adoptado las medidas correspondientes para solucionar el problema bajo estudio.
Por ende, en el sub examine queda en evidencia la lesión del derecho fundamental de acceso al agua potable, máxime si se considera que el ordinal 50 de la Constitución Política dispone que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida” y que en la observación general nro. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, cuyas características son: i) calidad; ii) accesibilidad; y iii) disponibilidad, lo que implica que “El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”.
Ergo, se declara con lugar el recurso atinente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, según lo establecido en la parte dispositiva de este pronunciamiento.
VII.Finalmente, en el sub iudice no se acredita la lesión a los derechos fundamentales por parte de la Aresep en los términos en los que fue formulado el asunto, motivo por el cual no se estima en cuanto a esa autoridad.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se les ordena a Leider Miranda Araya y Yaneth Valverde Salas, por su orden, directora a. i. de la Región Pacífico Central y jefa de la cantonal de Parrita, o a quienes ocupen esos cargos, así como a quienes desempeñen los puestos de gerente general y jefe de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable, todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de Esterillos; y ii) en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de Esterillos se preste de forma eficiente, eficaz y continua.
Todo lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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