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Res. 34756-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/11/2024
OutcomeResultado
The amparo is granted for violation of the fundamental right to drinking water; AyA is ordered to immediately provide sufficient daily supply when interruptions exceed six hours, and within eighteen months to implement measures ensuring efficient, effective, and continuous service in Zapote.Se declara con lugar el amparo por violación del derecho fundamental de acceso al agua potable y se ordena al AyA garantizar de inmediato el suministro diario suficiente cuando las interrupciones superen las seis horas, e implementar en dieciocho meses las medidas para un servicio eficiente, eficaz y continuo en Zapote.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo petition against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) filed by a resident of Zapote who claimed that repeated water rationing —with daily cuts exceeding six hours and even all-day interruptions, especially during hours when working people return home— was harming the community, particularly children and older adults. In its defense, AyA argued the interruptions stemmed from force majeure (heavy rains muddied the raw water at the Tiribí intake), noted that the El Jardín neighborhood (where petitioner lives) is the most critical point due to high elevation, and announced a plan to shift it to a different tank by early 2025. The Chamber relied on reports from the Comptroller General and the regulatory authority (ARESEP) to find that AyA suffers from structural problems —57% water loss, chronically delayed investment portfolio, weak governance— that go beyond weather-related explanations. It found a violation of the fundamental right to drinking water under Article 50 of the Constitution and the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights’ General Comment No. 15. The Chamber therefore ordered AyA to (i) immediately guarantee daily, sufficient supply whenever interruptions exceed six hours, and (ii) within eighteen months implement the measures needed to provide efficient, effective, and continuous water service to Zapote, under warning of the penalties set out in Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el AyA presentado por una vecina de la comunidad de Zapote, quien alegaba racionamientos recurrentes de agua potable que afectaban el suministro diario, con cortes superiores a seis horas e incluso suspensión total durante la tarde, lo que perjudicaba en particular a población vulnerable como niños y adultos mayores. Durante el proceso, el AyA argumentó que las interrupciones respondían a eventos de fuerza mayor (lluvias intensas que ensucian el agua cruda de la fuente Tiribí) y destacó que el sector El Jardín –donde reside la recurrente– es el punto más crítico por su altura; también mencionó un plan para trasladar ese sector al tanque de Sabanilla en el primer trimestre de 2025. La Sala constató, con base en informes de la Contraloría General de la República y de ARESEP, que el AyA adolece de problemas estructurales de planificación y gestión (57% de pérdidas de agua, cartera de proyectos con serios atrasos, deficiente gobernanza) que trascienden las explicaciones climáticas. Consideró probada la violación del derecho fundamental de acceso al agua potable consagrado en el artículo 50 constitucional y en estándares internacionales. En consecuencia, ordenó al AyA garantizar de inmediato el suministro diario y suficiente cuando las interrupciones superen las seis horas, e implementar en un plazo de dieciocho meses las medidas necesarias para una prestación eficiente, eficaz y continua del servicio en Zapote, bajo apercibimiento de imponer las penas previstas en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Key excerptExtracto clave
“(…) in the case at hand the violation of the fundamental right to access drinking water is evident, especially considering that Article 50 of the Political Constitution provides that “Every person has the human, basic and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life,” and that in General Comment No. 15, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights established that “The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses,” whose characteristics are: i) quality; ii) accessibility; and iii) availability, which implies that “The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses.” In sum, the petition is granted.” “The petition is granted. Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as Executive President, and Alejandro Calderón Acuña, in his capacity as Deputy Manager of System Management GAM, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds those positions in their place, are ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of their powers, so that: i) IMMEDIATELY the daily and sufficient supply of drinking water is guaranteed to meet the basic needs of the population in the community of Zapote whenever service interruptions last longer than six hours; and ii) within the PERIOD OF EIGHTEEN MONTHS, counted from the notification of this decision, the required measures are implemented so that the drinking water supply to the population in the community of Zapote is provided efficiently, effectively, and continuously.”“(…) en la especie resulta evidente la conculcación del derecho fundamental de acceso al agua potable, máxime si se considera que el ordinal 50, de la Constitución Política, dispone que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida” y que, en la Observación General N° 15, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, cuyas características son: i) calidad; ii) accesibilidad; y iii) disponibilidad, lo que implica que “El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”. En suma, se declara con lugar el recurso.” “Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de Presidente Ejecutivo y a Alejandro Calderón Acuña, en su condición de Subgerente de Gestión de Sistemas GAM, ambos el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de la comunidad de Zapote, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a seis horas; y ii) dentro del PLAZO DE DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de la comunidad de Zapote se preste de forma eficiente, eficaz y continua.”
Pull quotesCitas destacadas
"“(…) el ordinal 50, de la Constitución Política, dispone que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida” y que, en la Observación General N° 15, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”,”"
"“(…) Article 50 of the Political Constitution provides that ‘Every person has the human, basic and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life,’ and that in General Comment No. 15, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights established that ‘The human right to water is the right of everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses,’”"
Considerando VIII
"“(…) el ordinal 50, de la Constitución Política, dispone que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida” y que, en la Observación General N° 15, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”,”"
Considerando VIII
"“(…) de forma diaria se tuvo servicio de agua potable en la zona de Zapote, presentando afectación especialmente en horas de la tarde. Sin embargo, de forma diaria se tuvo servicio de agua potable… los momentos en los que la presión llega a cero, es de forma puntual y en días no consecutivos.”"
"“(…) daily service was maintained in the Zapote area, with impacts especially in the afternoons. However, the moments when pressure drops to zero are specific and do not occur on consecutive days.”"
Resultando 5
"“(…) de forma diaria se tuvo servicio de agua potable en la zona de Zapote, presentando afectación especialmente en horas de la tarde. Sin embargo, de forma diaria se tuvo servicio de agua potable… los momentos en los que la presión llega a cero, es de forma puntual y en días no consecutivos.”"
Resultando 5
"“(…) el AyA no ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución (…)”"
"“(…) AyA has not been effective or efficient in managing the time, cost, and scope of its portfolio, since 57% of projects that should have been completed by January 2024 are still underway (…)”"
Informe Contraloría citado en Considerando V
"“(…) el AyA no ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución (…)”"
Informe Contraloría citado en Considerando V
"“(…) se declara con lugar el recurso. Se le ordena (…) coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas (…) cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a seis horas; y ii) dentro del PLAZO DE DIECIOCHO MESES (…) se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable (…) se preste de forma eficiente, eficaz y continua.”"
"“(…) the petition is granted. [The authorities] are ordered (…) to coordinate everything necessary and carry out every action within their powers so that: i) IMMEDIATELY sufficient daily drinking water is guaranteed to meet basic needs (…) when interruptions last longer than six hours; and ii) within EIGHTEEN MONTHS (…) implement the measures needed to provide the drinking water supply (…) efficiently, effectively, and continuously.”"
Por tanto
"“(…) se declara con lugar el recurso. Se le ordena (…) coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas (…) cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a seis horas; y ii) dentro del PLAZO DE DIECIOCHO MESES (…) se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable (…) se preste de forma eficiente, eficaz y continua.”"
Por tanto
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Constitutional Chamber Type of matter: Amparo remedy Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with protected data, in accordance with the regulations in force Content of Interest:
Content type: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: PUBLIC SERVICES Subtopics:
DRINKING WATER.
034756-24. INDICATES THE APPELLANT THAT THEY SUSPENDED THE DRINKING WATER SERVICE IN THE COMMUNITY OF ZAPOTE AND HAVE NOT COMPLIED WITH THE RATIONING COMMUNICATION. GRANTED, ORDERING AyA TO COORDINATE WHAT IS NECESSARY SO THAT I) IMMEDIATELY, THE DAILY AND SUFFICIENT DRINKING WATER SUPPLY IS GUARANTEED TO MEET THE BASIC NEEDS OF THE POPULATION OF THE COMMUNITY OF ZAPOTE, WHEN THE SERVICE INTERRUPTION OCCURS FOR PERIODS EXCEEDING SIX HOURS; AND II) WITHIN A PERIOD OF EIGHTEEN MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS PRONOUNCEMENT, THE REQUIRED MEASURES ARE IMPLEMENTED SO THAT THE DRINKING WATER SUPPLY TO THE POPULATION OF THE COMMUNITY OF ZAPOTE IS PROVIDED IN AN EFFICIENT, EFFECTIVE, AND CONTINUOUS MANNER. RGS11/2024 “(…) in this case, the violation of the fundamental right of access to drinking water is evident, especially considering that Article 50 of the Political Constitution provides that “Every person has the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life” and that, in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, it was established that “The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses,” whose characteristics are: i) quality; ii) accessibility; and iii) availability, which implies that “The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses.” In sum, the remedy is granted. (…)” “(…) The remedy is granted. It is ordered to Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as Executive President, and to Alejandro Calderón Acuña, in his capacity as Deputy Manager of GAM Systems Management, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever occupies those positions in their stead, to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of their powers, so that: i) IMMEDIATELY, the daily and sufficient drinking water supply is guaranteed to meet the basic needs of the population of the community of Zapote, when the service interruption occurs for periods exceeding six hours; and ii) within a PERIOD OF EIGHTEEN MONTHS, counted from the notification of this pronouncement, the required measures are implemented so that the drinking water supply to the population of the community of Zapote is provided in an efficient, effective, and continuous manner. All of the above is issued with the warning that, based on Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo remedy, and fail to comply with it or fail to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the sentence in the contentious-administrative jurisdiction.-“ ... See more Res. No. 2024034756 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on November twenty-two, two thousand twenty-four.
Amparo remedy processed in expediente No. 24-027367-0007-CO, filed by [Name 001], identity card No. [Value 001], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
WHEREAS:
1.- By writing filed in the Secretariat of the Chamber and added to the expediente on October 1, 2024, the appellant files an amparo remedy against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. She explains that she is a resident of Zapote and complains about the rationing of drinking water carried out in the different cantons. She indicates that the situations triggering this problem are understandable; however, lately, in the canton where she lives, the suspensions have occurred due to situations that could be addressed in a less invasive manner for the population, as they do not respond to situations of force majeure or fortuitous event, but rather involve the filling of the drinking water tank. She reproaches that almost every day, the service has been suspended for more than six hours daily, sometimes up to eight hours, or even the entire day, which is harmful even to health, since there are vulnerable populations in the canton, such as older adults and children. She adds that the service is suspended at the times when most working people arrive home, and household chores cannot be performed due to the lack of supply. She describes that the suspensions have lately been carried out to fill the tank, and therefore requests that this Institution carry out a remedial plan so as not to affect the population for more than six hours daily, and that these hours are not those necessary for performing the minimum domestic tasks for living, as well as hygiene measures; since it is difficult for most people to collect or store water to supply themselves for more than six hours a day. She requests that this tank be filled at times when consumption is lower, and not at the times when people mostly consume. She asks that it be taken into account that many children leave educational centers at the times when the service is suspended.
2.- By resolution at 2:10 p.m. on October 7, 2024, a preliminary requirement was issued to the appellant.
3.- By resolution at 3:09 p.m. on October 10, 2024, the process was admitted and a hearing was granted to the Executive President and the Deputy Manager of GAM Systems Management, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
4.- By writing filed in the Secretariat of the Chamber and added to the expediente on October 10, 2024, the appellant stated: “…I present EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION, where it is evidenced that the respondent Institute gave notice 15 minutes before it would suspend the water service for 5 hours for the same reason; filling the tank. Many of us at these hours (5 pm) are just arriving at our homes, without having had the opportunity to collect enough water to last for 5 hours, and we arrive unable to meet our basic hygiene and household needs, due to the poor administration and planning of AyA regarding these suspensions.” 5.- Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports regarding the alleged facts, the following:
“I.- REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE APPELLANT In response to the situation subject to the amparo filed by Mrs. [Name 001] against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, based on the email [...] from the appellant [Name 001], dated October 11, 2024, the technical reports prepared by Mr. Carlos Camacho Soto, an official of the UEN Production and Distribution Operation and Control of the GAM Aqueduct, through MEMORANDUM No.UEN-PyDOCA-GAM-2024-00705, dated October 14, 2024, and the attached report called “Informe para respuesta Recurso de Amparo N°24-027367-0007-CO”, Mrs. Alejandra Peraza Mungía, an official of the UEN Customer Service Zone 1GAM, through MEMORANDUM No.UEN-SCZ1-GAM-2024-00909, dated October 14, 2024, and engineer Marcos Arce Solano, an official of the GAM East Macro Zone, through MEMORANDUM No.SG-GSGAM-MZESTE-2024-00970, dated October 14, 2024, which are attached as evidence of this report and scope of the regulation that is regulated in the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA and the Technical Regulation: “Prestación del suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023)”, it is duly demonstrated that:
1. The Zapote sector, which is where the appellant resides, is supplied by the Tres Ríos Water Treatment Plant (Planta Potabilizadora de Tres Ríos), which during the months of September and October of this year, has presented a chain of events that affected the plant's production, due to the poor quality of the raw water from the Tiribi source, as a result of the heavy rains experienced. By decreasing production at the Tres Ríos Water Treatment Plant, the level of the Curridabat tanks, which supply the Zapote sectors, was affected, presenting an impact especially in the afternoon hours. However, daily drinking water service was available in the Zapote area, as shown by the pressure records attached as Exhibit 1 of this report (See Report attached to MEMORANDUM No.UEN-PyDOCA-GAM-2024-00705).
2. The appellant requests that this tank be filled at times when consumption is lower, and not at the times when people mostly consume. She asks that it be taken into account that many children leave educational centers at the times when the service is suspended. On this particular point, it is important to point out to the appellant that what has occurred in this sector have been unforeseen suspensions, that is, impacts on the aqueduct that occur suddenly and, due to this, a bulletin is issued with the objective of alerting users that a situation exists and is being addressed, as well as the estimated hours of impact foreseen, within the time established by the current regulations. The unforeseen suspensions in this sector do relate to situations of fortuitous event or force majeure, due to unforeseen shutdowns of the production sources from the Tiribi intake, as a result of the heavy rains, which have caused low levels in the Curridabat tank. Particularly, these situations have occurred since September, not continuously, but with a direct incidence related to the rainy season, whose dynamics become more complex than in the dry season, since paradoxically there is more water due to the rains, but increases in turbidity (dirt present in the captured water) occur to values that cannot be treated, so the produced flow must be reduced to increase the hydraulic treatment time, or the operation must be completely suspended while the turbidity value decreases. The intakes located in the rivers can also become clogged, and when it rains, runoff occurs, dragging materials such as stones, sticks, leaves, garbage (in addition to the increase in turbidity), materials that get trapped in the intake grates. To clean these intake grates, it is necessary to wait for the river level to return to normal so that workers can enter safely. When the rains are very torrential, the rivers often leave a large amount of debris in the intake works. During these last two months, September and October, the rains, as is unfortunately increasingly common, are of high intensity and short duration, causing a greater drag of sediments, since freshets (flash floods) occur in the rivers and the sand transported by the water has a high impact on the raw water. The appellant confuses the facts when she expresses that the Institution deliberately closes the tanks to raise their level, when in reality the low levels in said tanks have been caused by the climatic conditions at the points where the sources supplying the system are located, causing the shortage in the sector, without the Institution being able to control these climatic phenomena or predict the moments when they will occur (See report attached to MEMORANDUM No.UEN-PyDOCA-GAM-2024-00705).
3. The appellant did not provide her service number or NIS in her amparo; however, in order to verify the supply conditions of the specific Zapote sector where the service of Mrs. [Name 001] is located, she was contacted by email at [...] where she indicated that her service corresponds to NIS [Value 002], which is located in the sector known as El Jardín. Regarding this sector in particular, it is necessary to point out that it corresponds to the most critical supply point in the operating zone of the Curridabat tanks, because it corresponds to the area with the highest elevation, which implies it is the sector that experiences the greatest impacts. The pressure records for the equipment installed in El Jardín denote that indeed there have been service impact events for the period between September 1 and October 13, 2024 (See report attached to MEMORANDUM No.UEN-PyDOCA-GAM-2024-00705).
4. With the objective of solving the problem of El Jardín, an analysis was carried out, and it is proposed to change the operating zone to the Sabanilla tank zone, turning El Jardín from a high zone into a low zone within the new operating zone. During the month of October, it is planned to finalize the inspection and field survey stage to isolate the El Jardín zone, to guarantee that when the interconnection to the new system is made, the pressure does not go to other sectors. The interconnections are planned to be carried out in the first quarter of 2025, as coordinated with the GAM Project Execution Directorate, due to prior work commitments that are under execution. It is important to note that daily drinking water service is available in the area, and the moments when the pressure reaches zero occur on a punctual basis and on non-consecutive days. (See report attached to MEMORANDUM No.UEN-PyDOCA-GAM-2024-00705).
5. According to what was stated by the community representatives of Zapote, in a meeting held on Monday, March 18, 2024, among whom were residents of El Jardín, the distribution of drinking water in tanker trucks is not an alternative for them and they did not accept it, as can be read on page 4 of said minute:
“The community representatives present express that the placement of water storage tanks at strategic points, and even less the distribution of water in tanker trucks, is not an alternative for them.” Therefore, the distribution of water in tanker trucks was not provided as an alternative means; however, it is necessary to indicate that this decision taken by the community representatives does not exclude the possibility of providing the user with the location of the tanker trucks, when so requested, through a call to the toll-free telephone service line 800-REPORTE (800-7376783) and with the service number (NIS) the agent can inform the location of the nearest unit. (MEMORANDUM No.SG-GSGAM-MZESTE-2024-00970 of October 14, 2024) (See report MEMORANDUM No.UEN-SCZ1-GAM-2024-00909 of October 14, 2024).
6. Information about interruptions to the drinking water service is issued by the Operational Control Center, which communicates the data to the Customer Service area through a bulletin, for its communication to users. This information is available to the user for consultation 24 hours a day, every day of the year, through the institutional website, the mobile application Servicios AyA, and Facebook stories. In the period from August 19 to October 10, 2024, 23 reports were generated through the Servicios AyA App for the district of Zapote in San José, in order to inform about shortages and interruptions of the water service. According to a query made in the system for the Customer Interaction Registry (CRM), no reports were identified from the appellant for a water shortage or request for supply through a tanker truck. It is important to indicate that through the different means enabled by AyA for service, users can consult whether there is any communication regarding a shortage in the sector of interest, in which case the service agent can provide the available data about the interruption. Likewise, if there is no information about the shortage, the service agent takes the user's data and generates a Report for Water Shortage in the Entire Sector (Without Bulletin). Said report is transferred to the operational area for its due attention. There is also the possibility of providing the user with the location of the tanker trucks through a call to the toll-free telephone service line 800-REPORTE (800-7376783) and with the service number (NIS) the agent can inform the location of the nearest unit. The impacts that have occurred have been duly communicated in accordance with what is established by the current regulations, especially for those cases when these cannot be predicted and consequently were not scheduled (See report MEMORANDUM No.UEN-SCZ1-GAM-2024-00909 of October 14, 2024).
7. Currently, the events have ceased, and consequently the supply in the area is continuous; it was also shown, based on pressure records, that service has been available in the area every day and that the impact occurred at specific times, especially in the afternoon. Daily drinking water service is available in the area, and the moments when the pressure reaches zero occur on a punctual basis on non-consecutive days. (See report attached to MEMORANDUM No.UEN-PyDOCA-GAM-2024-00705).
1.- APPLICABLE REGULATIONS Articles 7, 9, 12, and 97 of the Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, published in the Official Gazette La Gaceta Digital No. 27, Alcance No. 29, Tuesday, February 9, 2021. Articles 6, 7, 8, 35, 64, 66, 67, 69, 82, 85, 86, 87, 88, 89, and 90 of the Technical Regulation: “Prestación del suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023)”, Alcance No. 74 of La Gaceta No. 67, of April 17, 2024.
2.- CONCLUSIONS By virtue of the foregoing, it must be clear that AyA's actions are subject to the Principle of Legality enshrined in Article 11 of our Magna Carta and the General Law of Public Administration; a principle that subjects the entire Public Administration to act in accordance with the legal system, as well as the unequivocal rules of science and technique endorsed by Article 16 of the General Law of Public Administration and the scopes regulated in Articles 7, 9, 12, and 97 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, and Articles 6, 7, 8, 35, 64, 66, 67, 69, 82, 85, 86, 87, 88, 89, and 90 of the Technical Regulation: “Prestación del suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023)”.
In this sense, it is important to conclude that the Constitutional Chamber has dismissed injuries to the fundamental rights of citizens in cases analogous to the present one, in which, although the existence of periods of interruption of the drinking water service has been accepted by the institution, it has also been demonstrated that said interruptions do not arise from a capricious, arbitrary, or unfounded action by the institution, but rather are due to reasons of force majeure or fortuitous event, which are beyond our control, as occurs due to unforeseen suspensions caused by operational shutdowns of the Tiribi intake, as a result of heavy rains, which have caused low levels in the Curridabat tank. It is reiterated that in the case of the rainy season, despite having water from the rains, increases in turbidity (dirt present in the captured water) can occur to values that cannot be treated, so the produced flow must be reduced to increase the hydraulic treatment time, or the operation must be completely suspended while the turbidity value decreases. The intakes located in the rivers can also become clogged, and when it rains, runoff occurs, dragging materials such as stones, sticks, leaves, garbage (in addition to the increase in turbidity), materials that get trapped in the intake grates. To clean these intake grates, it is necessary to wait for the river level to return to normal so that workers can enter safely. During these last two months, the rains, as is unfortunately increasingly common, are of high intensity and short duration, causing a greater drag of sediments, since freshets (flash floods) occur in the rivers; the sand transported by the water has a high impact on the raw water. It must be clear that all these situations have been addressed immediately by AyA, in order to ensure the supply of the liquid for the population of Zapote through the System itself, and duly communicated in accordance with what is established by the current regulations, especially for those cases when the impacts cannot be predicted. It is important to note that daily drinking water service is available in the area, and the moments when the pressure reaches zero occur on a punctual basis and on non-consecutive days. Finally, with the objective of solving the problem of El Jardín, an analysis was carried out, and it was proposed to change the operating zone to the Sabanilla tank zone, turning this sector from a high zone into a low zone within the new operating zone. During the month of October, it is planned to finalize the inspection and field survey stage to isolate the El Jardín zone, to guarantee that when the interconnection to the new system is made, the pressure does not go to other sectors. The interconnections are planned to be carried out in the first quarter of 2025, as coordinated with the GAM Project Execution Directorate. Regarding this matter, allow me to cite the following resolutions issued by your constitutional authority:
Sentencia No. 2024008091 of nine hours twenty minutes on March 22, 2024.
Sentencia No. 2024005590 of nine hours twenty minutes on March 1, 2024.
Sentencia No. 2024005601 of nine hours twenty minutes on March 1, 2024.
Sentencia No. 2024006303 of nine hours fifteen minutes on March 8, 2024.
- Sentencia No. 2020015195 of nine hours and fourteen minutes on August 14, 2020.
- Sentencia No. 2020019342 of nine hours and twenty minutes on October 9, 2020.
- Sentencia No. 2021017945 of nine hours and twenty minutes on August 13, 2021”.
In view of the considerations presented, he requests that the remedy be declared without merit.
6.- Alejandro Calderón Acuña, in his capacity as Deputy Manager of GAM Systems Management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports in similar terms to the Executive President of that institute.
7.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,
WHEREAS:
I.- PURPOSE OF THE REMEDY. The appellant assures that she is a resident of Zapote and is dissatisfied with the drinking water rationing carried out by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sometimes for up to eight hours. She explains that the suspensions are not carried out due to situations of force majeure or fortuitous event, but rather to fill the drinking water tank, at times causing greater impact to people - when they return to their homes -, affecting older adults and children.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the resolution of this remedy, the following relevant facts are deemed duly demonstrated:
In report No. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” of September 5, 2018, the Contraloría General de la República stated: “(…) 3. Conclusions 3.1. Since its creation in 1961, AyA has had the responsibility of resolving matters related to the provision of the country's drinking water service, in its capacity as operator, rector, and delegator of the service. However, it has not managed to consolidate its function of directing, intervening, and ensuring the correct administration, operation, maintenance, and development of drinking water systems, so that the provision of the service meets the attributes of quality, continuity, and quantity, in adherence to the fundamental principles of public service relating to adaptation to social needs and equality in the treatment of the recipients of the service. 3.2. Within this framework, the score of 4.45 out of 10 for the drinking water service in vulnerable communities reveals a significant gap in the quality of this service and the minimum acceptable parameters. This results from a generalized vision of these communities that does not incorporate differential and intercultural approaches in the provision of the service, which ensure the protection and restoration of violated rights. 3.3. Furthermore, this situation shows that, from an ethnically and culturally sensitive approach, there is a lack of greater progress in the application of good administration, operation, maintenance, and development practices for aqueduct systems, which guarantee their sustainability for the provision of drinking water service to vulnerable communities. 3.4. The situation found fosters conditions of poverty, impact on health, and productive capacities, to the detriment of the economic, social, and environmental well-being that would allow overcoming the vulnerability conditions of the population. Thus, improving quality is relevant as this constitutes a fundamental service for these communities, in which it is important to protect the sustainability of public funds invested in infrastructure and administration (…)” (see expediente No. 24-012146-0007-CO, taken ad effectum videndi et probandi).
Through official letter No. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” issued by ARESEP, it was concluded: (…) regarding the financial balance of the aqueduct service, although liquidity is currently available to support the provision of the service, in the medium term, it will be severely compromised, given the directives implemented by AyA to use the flows from depreciation and revalued depreciation expenses (asset replacement) to meet the financial obligations associated with investment project initiatives, whose grace period (term to build the work) has expired, which begins to generate a financial expense, without a solution to the users' needs being available to date (absence of project). Additionally, the financial balance of a public service must reflect the result of efficient and effective management in terms of investments, costs, and economic expenses incurred in complying with the pre-established quality standards and norms in the provision of the aqueduct service. In the case under analysis, evidently, having 57% drinking water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to delays throughout the entire value chain of the project attributable to the administration, with 80% of meters under-registering consumption, absence of registration of large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below authorized levels, investment tenders without guarantees and safeguarding of committed public resources, absence of institutional planning aimed at replacing assets reaching the end of their useful life, presence of unmetered services, rejections of service availability, and 70% of systems with water stress, among other factors, allows concluding that the financial balance of the service cannot be at any cost (…) It is important to note that the revenue flow for development is oriented towards meeting investment needs and repaying financial obligations (interest expense) acquired by the provider to finance the infrastructure project portfolio. In this sense, not having complete information that validates and allows traceability of the costs and changes in the scope of investment projects during the 2018-2024 period subjects the service provider to an inability to meet its obligations to users in the near future (new investments) as well as to creditors (pending debts).
For which reason, the Regulatory Authority has been emphatic since 2021, through various official communications and technical inspections, that AyA must modify its project management so that it (sic) allows for the availability of information, guarantees the traceability of internal approval through to execution, corrects the timelines for addressing user needs, validates project information in accounting capitalization reports, updates the MIDEPLAN approval and monitoring system and the ARESEP investment plan, and guarantees to users that every colón incorporated into rates related to investments corresponds to transparent, reliable, timely, efficient, and effective management. 6. The level of return for development obtained by AyA (Return in dollars: 6.71% and Return in colones: 9.4%) is less than the cost of the indebtedness assumed and incorporated in this study for AyA (…), which has a series of implications for the service, such as: It is exposing the public aqueduct service to bearing a cost for the acquired debt that is higher than its capacity to generate resources for its repayment, which is transferring an operational and financial risk to users. The cost of debt associated with long-term projects above the level of return, coupled with the timelines to materialize a real solution to supply or service availability problems, have caused the user to assume a high social cost, a lag in development opportunities, and an amplifier of territorial and socio-economic inequalities. 7. AyA must carry out a process of refinancing or renegotiation of its long-term debt, to guarantee more competitive interest rates and avoid a financial mismatch, as well as to avoid assuming and transferring uncompetitive debt costs to the members, given that, although rates are fixed under the cost principle, in accordance with what is established in Article No. 3 of the Regulatory Authority Law, this should not be at any cost (…) 9. The request for capitalization of the investment projects proposed for the aqueduct service for the 2018-2021 period was rejected, in the amount of ₡108,081.96, according to the following criteria: 70% of the projects are not available, as indicated by the operator, due to the absence of pre-investment documents, which does not allow for traceability of the cost, scope, and timeline levels during the pre-feasibility, feasibility, execution, and asset capitalization stages. Of the 30% of projects that attach some documentation, in the majority of cases it corresponds to the budgeted amount as of the study analysis date, which for the most part cannot be traced between the project and the assets intended to be capitalized. Much less can it be identified which (sic) projects are to replace assets and which (sic) are to expand or improve service provision; in turn, it is not possible to identify the asset retirements associated with capitalizations for substitution or replacements (…) 10. Given the inconsistencies noted in the investments proposed for capitalization by AyA, and given the information problems associated with the 2018-2024 projects, this [ET-074-2018]. The foregoing will allow, on one hand, not to transfer to users amounts associated with project initiatives that are not yet useful and usable or cannot be traced at all, and on the other hand, to the provider, who is alerted to the risk that is materializing, given the inability to capitalize investment projects, given the financial and operational impacts caused by that mismatch of works and their financing, with an average interest rate of 13.5%. 11. The regulatory body reiterates to AyA that, as part of the revaluation process of the assets that make up the rate base, its value is 69% higher, without any consideration in the service provided, which should have served as a financial safeguard for the replacement of assets reaching the end of their useful life or for early retirement. However, AyA has not redirected said amounts to address the replacement of those assets whose useful life has expired, especially in conduction and distribution pipelines, as well as the modernization of the meter fleet or the implementation of the billing system that has been pending replacement since 2004. With respect to the 57% of water that AyA is charging users for, even when it is wasted on sidewalks and roads through leaks, anomalies in user records and sales, billing errors, among other factors, the Regulatory Authority agreed to cut those costs by 10% every two years, given that it is the obligation of the provider of a public service not only to offer the service with quality and comply with the principle of service at cost, which cannot accept charging users for water that is not correctly billed as a result of 80% of the water meter fleet being in poor condition, bulk water sales being made at prices below the established rate, for water wasted due to recurrent leaks on the country's sidewalks and roads without timely attention, and the absence of a policy for replacing obsolete pipelines with more than 70 years of use, which are charged for as new. The foregoing means approximately 38.5 million cubic meters, which, if efficient in the use of water resources—which, it should be noted, AyA itself promotes protecting—would make it possible to address many of the rejected [service] availability requests, avoid so many supply cuts, and even duplication of investments. 12. The under-registration of drinking water sales by AyA is partly explained by the fact that 8 out of 10 meters are in poor condition or have exceeded their useful life, which means that those costs for water sales not correctly recorded end up being paid by all service users, regardless of the physical condition of the meter, as a penalty on consumption and the saving of water resources made by families (…) 14. AyA does not have a strategy that allows for having updated water quality information annually, both for the systems operated by AyA and those it has delegated to service providers such as the ASADAS, which means that problems associated with the presence of parameters such as arsenic, iron, manganese, and molecules associated with agrochemicals are not addressed in time, and on the contrary, they only receive attention once the impact on water quality has materialized (…)” (the highlighting was added). (See ad effectum videndi et probandi file No. 24-013228-0007-CO).
In report No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 "AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT PROJECT PORTFOLIO FOR THE SUPPLY OF DRINKING WATER AND SANITATION OF WASTEWATER AT THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS" dated April 12, 2024, the Comptroller General of the Republic concluded: "(…) 3.1. The management of the investment project portfolio for drinking water supply and wastewater sanitation of AyA has not been effective in impacting populations in vulnerable conditions, since only 1.6% of the country's districts with the highest vulnerability conditions, according to the 2023 Social Development Index, have investments programmed in sanitation and only 16.7% in drinking water; likewise, only 41.6% of the districts identified as most vulnerable according to the AyA's 2021 Community Vulnerability Index for Drinking Water have programmed investment. 3.2. AyA has also not been effective or efficient in managing the time, cost, and scope of the portfolio, since 57% of the projects that should have been completed by January 2024 are still in execution, which delays the addressing of citizen needs, affecting the benefit for 2.8 million people in drinking water and 1.2 million people who are beneficiaries of sanitation projects in cities such as Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo, and Coco-Sardinal. 3.3. In turn, portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects in congruence with current and future citizen needs, since the design and management of AyA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence. 3.4. Inefficient portfolio management has led AyA to a situation of fragility, in which financial unsustainability is projected due to the lack of recognition of investment costs in the rates that sustain the services, causing the proportion of income allocated to the payment of obligations to increase each year. 3.5. The results found limit the achievement of Sustainable Development Goal No. 6, which focuses on guaranteeing the availability and sustainable management of water and sanitation for all, constituting a challenge mainly in the context of populations in vulnerable conditions. 4. DISPOSITIONS (…) TO JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA, IN HIS CAPACITY AS EXECUTIVE PRESIDENT OF AYA, OR TO WHOMEVER OCCUPIES THE POSITION IN HIS STEAD 4.4. Design, disseminate, and implement a comprehensive portfolio governance model that contains at least: i) a portfolio risk management plan; ii) a portfolio recovery plan; iii) a reliable information system that provides integrated data on the time, cost, and scope of the portfolio components; iv) the portfolio adjusted and approved by the highest-ranking official, in accordance with the administrative and technical execution capacity; v) periodic performance measurements throughout the life cycle of the portfolio, program, and project in accordance with MIDEPLAN guidelines and applicable current regulations; vi) the prioritization criteria for the portfolio components, including criteria for populations in vulnerable conditions; and vii) the roles and responsibilities for each stage of portfolio management and its components. Send to the Comptroller General a certification regarding the design and dissemination of the governance model no later than April 30, 2025, furthermore, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than April 30, 2026. (see paragraphs 2.1 to 2.54). 4.5. Develop, disseminate, and implement a model for the improvement of institutional management, in coordination with the Ministry of National Planning and Economic Policy, which contains at least the guidelines for: i) the management of financial resources; ii) design and improvement of the systematic management of processes; iii) product and service results; iv) financial results; v) process results (organizational effectiveness); and vi) leadership results; with the aim of modernizing its organization, processes, and procedures, and increasing the efficiency, effectiveness, relevance, quality, sustainability, and productivity of its activities. Send to the Comptroller General a certification regarding the design and dissemination of the Model no later than June 30, 2025, furthermore, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than May 29, 2026. (see paragraphs 2.1 to 2.54). 4.6. Develop, disseminate, and implement a roadmap towards financial sustainability, which includes the actions and instructions to be implemented for the financial management of the public investment portfolio, integrating at least: i) financial sustainability indicators for the investment portfolio and the organization; ii) measurement, monitoring, and control mechanisms and their periodicity; iii) preventive limits and alerts for the indicators; iv) awareness-raising actions within the organization on financial sustainability; v) guidelines on the frequency for requesting rate adjustments; and vi) reports and necessary inputs derived from the reference information system contained in paragraph 4.4 of this report. Send to the Comptroller General a certification attesting to the development and submission to the Board of Directors of the proposed roadmap towards financial sustainability; subsequent to the resolution by that body, send a certification attesting to the dissemination and implementation of the roadmap towards financial sustainability no later than April 30, 2025, furthermore, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than August 31, 2026. (see paragraphs 2.55 to 2.76). TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AYA OR TO WHOMEVER OCCUPIES THE POSITION IN THEIR STEAD 4.7. Resolve regarding the proposed roadmap towards financial sustainability, received from the Executive Presidency in compliance with the provision contained in paragraph No. 4.6 of this report. Send to the Comptroller Body a copy of the agreement attesting to what was resolved, no later than two months after receiving the proposal (…)" (see file No. 24-012146-0007-CO, considered ad effectum videndi et probandi).
On June 6, 2024, the Comptroller General of the Republic indicated: "(…) III. CRITERION OF THE COMPTROLLER BODY 1- Aspects related to the suspension of service Although the Comptroller General has not conducted an inspection of the drinking water supply service directly in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, nor does it have quantitative information on the interruptions and prolongation of water cuts in other communities of the San Isidro district, the Comptroller Body finds consistency between the condition of the public drinking water service described by the petitioner and the trend found in reports prepared by the CGR in vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, what is alleged by the petitioner coincides with what was found by the Comptroller General in other communities in the country in a condition of vulnerability. In this regard, based on audit studies previously carried out, among them the "Operational audit report on the effectiveness and efficiency of the State in the provision of water service in vulnerable communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, coincidences were found in the trend of supply shortages and constant interruptions in the drinking water service in vulnerable communities. For its part, it is accredited through the aforementioned report No. DFOE-AE-IF-00008-2018 that water service constitutes an insurance for communities to not descend on the scale of vulnerability, insofar as one of the manifestations of poverty in accordance with Sustainable Development Goal 1 is limited access to basic services. Moreover, said report issued by the Comptroller Body noted that the deficient state of service provision fosters exposure to diseases, restriction on the development of productive activities, unsustainable water consumption, and a decrease in resilience capacity to extreme events. All of the foregoing accentuates the structural causes of vulnerability, such as poverty and exclusion, to the detriment of the quality of life and development potential of those communities. Regarding the suspension of service, the petitioner states that the situation worsened starting May 8, 2024, with interruptions of up to three consecutive days without water. Water is distributed only for two hours in the early morning, from 2:00 to 4:00, which forces residents to remain awake to carry out essential activities such as washing clothes and dishes. Additionally, it highlights the existence of a school in operation in the community, where hundreds of children need water, particularly to prevent the spread of a viral outbreak of stomach problems alerted by the Ministry of Health. It should be noted that, according to current regulations, if the supply shortage exceeds 6 hours, a collective communication must be issued and an alternative service must be ensured to meet the mentioned requirements. Likewise, such regulations 1 in articles 86 and 90 establish that temporary interruptions addressed by means of cisterns must contemplate delivery points as close as possible to the homes and with ease of water collection, all with the aim of granting all persons the possibility of accessing the drinking water service under conditions of equality, given its nature and indispensable character for human life and health. On the foregoing, the AyA in memorandum No. SG-GSGAM-MZESTE-2024-00430, of May 14, describes the response actions through water distribution, in terms of the number of tanker trucks and their equivalent in delivery trips and liters, as well as the detail of the points where 11 water storage tanks were installed as fixed response points with a tanker truck. In this regard, no documentary evidence is provided regarding specific timeframes in which the service was supplied or interrupted through the alternative mechanism of tanker trucks; therefore, this Comptroller Body cannot issue an opinion. Likewise, the report "Response San Francisco de Coronado: Interdisciplinary Work. Social Management- Marketing Management- Technical Management- GAM Systems Operations. Integrated Technical Center" cites a series of agreements between the AyA and community representatives of the Pro-Water San Francisco de Coronado commission, among which are installing a tank in the Corazón de Jesús sector, a highly affected area, as well as coordinating with the Local Educational Center the filling of the Educational Center's tanks and thereby guaranteeing that the school year can continue without any interruptions. However, the compliance with the aforementioned agreements is not accredited in the evidence provided, nor the establishment and execution of a sufficient mechanism for the integration of all persons in a condition of vulnerability or in the conditions cited by the petitioner (newborn infants, children, adolescents, older adults, among others), mainly in cases where the use of a cistern is estimated as an alternative means. 2- Regarding the AyA's response to solve the problems In response to the amparo appeal filed, the AyA referred to a series of causal facts related to the service suspensions in the Metropolitan Aqueduct. Among the justifications noted, it indicated: 1) The imbalance between supply and demand, preventing the satisfaction of the growing demand of users. It indicates that this problem has been aggravated by the El Niño phenomenon and the hydrocarbon contamination of the intake for the Guadalupe Potable Water Treatment Plant, which was out of operation from January 28 to February 2, 2024, and continues operating in a limited manner. In March 2024, a decrease in the production flow of the Los Cuadros Plant was also recorded, and a leak in the Coronado pumping impulsion line between March 28 and 30, unbalancing the system and preventing its normal recovery. Despite these effects, it argues that the population has had access to drinking water through the network in limited periods. 2) Announcement of suspensions: It indicates that the service suspensions in the Metropolitan Aqueduct have been announced to the population through official channels and have been maintained in accordance with the established schedules. With the aim of addressing such conditions, the AyA indicates having undertaken actions such as the placement of tanks at strategic points, alternative supply via tanker trucks, and communication through community leaders, as well as investment in the installation of a conduction line between the "Vistamar" re-pumping station and the existing tank at the AyA's "Coronado" Farm, in the community of San Isidro de Coronado. However, it did not refer to the fact that the water service is provided only between 2:00 and 4:00 in the early morning. Regarding the foregoing, the Comptroller General in the "Operational audit report on the effectiveness and efficiency of the State in the provision of water service in vulnerable communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, indicated that aqueducts require water storage to cover demand and compensate for hourly variations, mainly when the supply source alone is not sufficient to cover daily demand, which results in suspensions of the service in question. On this matter, it must be distinguished that the entry into operation of the tank after the suspension does not guarantee the prompt or immediate arrival of drinking water to users, as it is necessary for the distribution networks (pipes) to reach the appropriate filling and pressure to guarantee supply. This phenomenon is aggravated in high areas of the network, where the topography affects the speed of restoration of the drinking water service. In summary, the suspension must consider the pipe filling and pressurization period, and not only the exit and entry into operation of the storage tanks, so that the time the suspension takes corresponds to the communicated end time and thereby to the time expected by users for the return of service. Regarding the investments made by the AyA, through the "Audit report on the effectiveness and efficiency of the management of the investment project portfolio for the supply of drinking water and sanitation of wastewater at the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers" No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 of April 12, 2024, this Comptroller Body determined that the management of the investment project portfolio for the drinking water supply and wastewater sanitation of the AyA has not been effective or efficient; which limits the addressing of public need with the required timeliness. Also, it was found that the design of the AyA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence, in accordance with the established stages of selection, prioritization, strategic balance, and approval; furthermore, there is no risk management nor are those responsible for the portfolio and its components defined. Likewise, in the cited audit report, it was determined that information management by the AyA does not allow for efficient administration of the time, cost, and scope of the portfolio, since for various programs and projects there is no basic data such as start and end dates, real and planned costs, the number of beneficiary population, and those responsible for managing the projects. These conditions hinder the delivery of benefits through investments to produce and improve drinking water systems, mainly affecting communities in vulnerable conditions. Also, compliance with institutional and national strategic objectives is restricted, mainly those associated with the Sustainable Development Goals, minimizing the extensive and progressive impact that characterizes water projects, which contribute to economic, environmental, and health development of the areas influenced and benefited by the investments. Thus, given the deficiencies in information management, the timely identification of deviations in time, cost, and scope of the projects by decision-makers is limited, which makes it difficult to address public need with the required promptness. Regarding Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024, it is worth noting that a condition of financial unsustainability is foreseen in the management of the project portfolio under the AyA's charge, which implies a situation of fragility. On this aspect, the non-recognition of investment costs in the rates that sustain the services stands out. IV. CONCLUSIONS From the content of this report, the following is concluded: 1. Even though the Comptroller General has not conducted an inspection of the drinking water supply service directly in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, nor does it have quantitative information on the interruptions and prolongation of water cuts in other communities of the district, the Comptroller Body finds coherence between the condition of the public drinking water service described by the petitioner and the trend found in reports prepared by the CGR in vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, what is alleged by the petitioner coincides with what was found by the Comptroller General in other communities in the country in a condition of vulnerability. 2. Although there is also no audit available regarding the AyA's response to the alleged lack of action to counteract the mentioned suspension of service in Vázquez de Coronado, based on other audit results carried out by the CGR, it has been found that the AyA's investment portfolio presents a series of deficiencies in its performance management, as well as weaknesses in governance, which limits the addressing of public need with the required timeliness and the delivery of expected benefits to the population. 3. This Comptroller Body notes the consideration of the pipe filling and pressurization period within the schedule communicated to users regarding the suspension, as one must not only take into account the entry into operation of the tank, since this does not guarantee the prompt or immediate arrival of drinking water to users, insofar as it is necessary for the distribution networks (pipes) to reach the appropriate filling and pressure to guarantee supply according to the required conditions. 4. No evidence or reports were provided on the actions of ARESEP; in that sense, this Comptroller Body cannot provide an opinion. In any case, the duty established by Law for the Regulatory Body is emphasized, regarding its obligation to ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision in public services, including drinking water; for example, the obligation to carry out technical inspections of the properties, plants, and equipment destined to provide the public service, as well as the duty to execute controls over the facilities and equipment dedicated to the public service, this for the full compliance of obligations" (the highlighting was added). (see file No. 24-012146-0007-CO, considered ad effectum videndi et probandi).
The Zapote sector is supplied by the Tres Ríos Potable Water Treatment Plant, which during the months of September and October 2024, presented a chain of events that affected the plant's production, due to the poor quality of the raw water from the Tiribí source, as a result of the heavy rains experienced. Upon the decrease in production at the Tres Ríos Potable Water Treatment Plant, the level of the Curridabat tanks, which supply the Zapote sectors, was affected, presenting an impact especially in the afternoon hours. However, on a daily basis there was drinking water service in the Zapote area (see in this regard the report rendered by the respondent authority).
In the Zapote sector, unforeseeable suspensions have been carried out due to sudden effects on the aqueduct, and because of this, a bulletin is issued with the objective of alerting users that there is a situation and that it is being addressed, as well as the estimated hours of impact foreseen, this within the timeframe established by current regulations. The unforeseeable suspensions in this sector are related to unforeseeable outages of the production sources at the Tiribí intake, as a result of heavy rains, which have caused low levels in the Curridabat tank. Particularly, these situations have occurred since September, not continuously, but with a direct incidence related to the rainy season, whose dynamics become more complex than in the dry season, since paradoxically there is more water due to the rains, but turbidity increases (dirt present in the captured water) occur up to values that cannot be treated, for which reason the produced flow must be reduced, to increase the hydraulic treatment time, or operation must be completely suspended while the turbidity value decreases. The intakes located in rivers can also become obstructed, and when it rains, runoff and dragging of materials such as stones, sticks, leaves, garbage occur (in addition to the increase in turbidity), materials that become trapped in the intake grates. In order to clean these intake grates, one must wait for the river level to return to normal, so that officials can enter safely. When the rains are very torrential, the rivers usually leave a large amount of debris in the intake works.
During these last two months, September and October, the rains are of high intensity and short duration, leading to greater sediment drag, since floods (flash floods) occur in the rivers and the sand transported by the water has a high impact on the raw water (see in this regard the report rendered by the respondent authority).
The El Jardín sector, located in Zapote, where the petitioner resides, corresponds to the most critical supply point in the operating zone of the Curridabat tanks, because it corresponds to the zone with the highest elevation, which implies that it is the sector that presents the greatest effects. The pressure records for the equipment installed in Jardín denote that there have indeed been service disruption events for the period between September 1 and October 13, 2024. With the objective of solving the El Jardín problem, the respondent institute conducted an analysis and proposes changing the operating zone to the zone of the Sabanilla tank, converting El Jardín from a high zone to a low zone within the new operating zone. During the month of October, it is planned to finalize the stage of inspections and field surveys to isolate the El Jardín zone, to guarantee that when the interconnection to the new system is carried out, the pressure does not go to other sectors. The interconnections are planned to be carried out in the first quarter of the year 2025, as coordinated with the Dirección de Ejecución de Proyectos GAM, due to prior commitments for works that are currently under execution. It is important to note that the drinking water service in the area is provided daily and the moments when the pressure reaches zero are specific and on non-consecutive days. Currently the events have ceased and consequently the supply in the area is continuous; it was also shown, based on the pressure records, that on all days there has been service in the area and that the disruption occurred at specific moments, especially in the afternoon hours. The drinking water service in the area is provided daily and the moments when the pressure reaches zero are specific and on non-consecutive days (see in this regard the report rendered by the respondent authority).
On March 18, 2024, a meeting was held with community representatives from Zapote, among whom were residents of El Jardín, and they indicated to the members of the respondent Institute that placing water storage tanks at strategic points or distributing water by tanker trucks is not an alternative for them, so they did not accept those alternatives. Users have, as an alternative, the possibility of being provided with the location of the tanker trucks, when they so request, by means of a call to the toll-free customer service line 800-REPORTE (800-7376783) and with the service number (NIS) the agent can inform the location of the nearest unit (see in this regard the report rendered by the respondent authority).
Information about drinking water service interruptions is issued by the Centro de Control Operacional, which communicates the data to the Customer Service area by means of a bulletin, for communication to users. This information is made available to the user for consultation 24 hours a day, every day of the year, through the institutional website, the Servicios AyA mobile application, and Facebook stories. In the period from August 19 to October 10, 2024, 23 reports were generated through the Servicios AyA App for the Zapote district in San José, in order to inform about water shortages and water service interruptions. According to a query made in the system for the Registro de Interacciones con el Cliente (CRM), no reports were identified from the petitioner for water shortage or supply requests by tanker truck (see in this regard the report rendered by the respondent authority).
III.- ON THE RIGHT TO DRINKING WATER. First of all, it is appropriate to indicate that the right of access to drinking water has been recognized in this venue in multiple jurisprudence and its conventional and constitutional backing has been emphasized:
“(…) V.- This Chamber recognizes, as part of the Law of the Constitution, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is enunciated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (“Protocol of San Salvador” of 1988), which provides that: “Article 11. Right to a healthy environment 1.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services”. The lack of resources does not justify the failure of public administrations to fulfill their tasks in the provision of this basic service. (SALA CONSTITUCIONAL, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).
For its part, as both the Procuraduría and the representative of AyA rightly acknowledge in their reports, in the international field, the recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also in the majority. It is maintained that without equitable access to a minimum requirement of drinking water, other established rights would be unattainable—such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate amounts of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that "the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights." It is also emphasized that the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.
For their part, several international conferences have been held, among which the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977 stands out, which recognized that all peoples have the right to access to drinking water to satisfy their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by the States to ensure equality of opportunity for all to enjoy basic resources.
The concept of satisfying basic water needs was further strengthened during the Earth Summit of 1992 in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that "in developing and using water resources, priority should be given to the satisfaction of basic needs and the conservation of ecosystems." Similarly, in the Implementation Plan adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to "employ all policy instruments, including regulation, monitoring... and cost recovery of water services," without the cost recovery objectives becoming a barrier to poor people's access to clean water. There are also dozens of international instruments that directly and indirectly deal with water as a human right of all persons and peoples, in such a way that it is not only an issue that by its nature tends toward nationalization, but also toward the internationalization of its use and exploitation” (see judgment number 2006-5606 of 15:21 hours on April 26, 2006).
From the foregoing, we can affirm that a fundamental right to drinking water exists, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing drinking water services under conditions of equality, since it is essential for human life and health. Likewise, access to drinking water has been cataloged as a fundamental human right by several international instruments, which has been recognized in the ample constitutional jurisprudence. For example, as mentioned in the partially transcribed judgment, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. In this way, the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.” Equally, regarding this topic we can find a vast quantity of international instruments that refer to the right to access drinking water, among which we can point out the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Declaration on drinking water supply and environmental sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Declaration on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan), International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Programme of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Pt. 18), General Comment No. 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, adopted by the United Nations General Assembly, in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, adopted by the United Nations General Assembly, in 2015: The human rights to safe drinking water and sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Goals 6 and 7), etc. (…)” (see Judgment No. 2019-017397 of 12:54 hours on September 11, 2019).
Additionally, as of the entry into force of Law No. 9849 of June 5, 2020, in Costa Rica the right to drinking water is expressly recognized at the constitutional level in the following terms:
“(…) ARTÍCULO 50.- The State shall strive for the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.
Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.
The State shall guarantee, defend, and preserve that right.
The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.
Every person has the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, indispensable to protect such a human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law that shall be created for these effects and priority shall be given to the supply of drinking water for consumption by persons and populations (…)” (emphasis added).
On this matter, in Judgment No. 2020-03982 of 11:50 hours on February 26, 2020, this Court addressed the legislative consultation related to the mentioned partial reform of numeral 50 of the Constitución Política, and indicated:
“(…) VIII.- On the content of the bill and its constitutional conformity. The partial constitutional reform bill presented by the totality of the 57 Deputies to the Asamblea Legislativa, consists of two articles that seek the addition of a final paragraph to Article 50 of the Constitución Política, as well as the incorporation of a new transitory provision in Title XVIII, Sole Chapter, Transitory Provisions of the Constitución Política, as follows:
“ARTÍCULO 1.- A paragraph is added at the end of Article 50 of the Constitución Política, of November 7, 1949. The text is as follows:
Artículo 50.- (…)
Every person has the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a good of the Nación, indispensable to protect such a human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law that shall be created for these effects, and priority shall be given to the supply of drinking water for consumption by persons and populations.
ARTÍCULO 2.- A new transitory provision is added to Title XVIII, sole chapter, Disposiciones Transitorias, of the Constitución Política, related to Article 50. The text is as follows:
Artículo 50 – XX. The current laws, concessions, and use permits, granted in accordance with law, as well as the rights derived from them, shall remain in force, as long as a new law regulating the use, exploitation, and conservation of water has not entered into force.”.
The proposal thus presented and already approved in the first debate, refers not only to the express recognition of access to water as a human right, but is directly related to the fact that the human right recognized there in a positive manner is specifically over access to drinking water, since it starts from the consideration of water—and especially drinking water—as an essential and intrinsic element for the life and health of persons, thus being in consonance with what is stated in Article 21 and in the first part of the same Article 50 of the Constitución Política, and the jurisprudential developments of this same Chamber derived from such norms.
The Chamber warns that the right of access to water, and especially to drinking water, forms part of various enunciations in the field of international human rights law, through different instruments with different scope or legal nature, but which by their own condition and by reason of the provisions of Article 48 of the Constitución Política, must necessarily be considered as far as this subject matter is concerned. Thus, this right is already related to and referenced since 1972 in the so-called Dublin Declaration on Water and Sustainable Development; it was considered in the Rio Conference on the Environment of the same year 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; it was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level, specific provisions are found in subsection 1) of Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights—Protocol of San Salvador—, and even in Convention 169 of the International Labour Organization itself. And in terms of general resolutions, there is, among others, General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through UN resolution: E/C.12/2002/11, as well as Resolution 70/169 of the United Nations General Assembly, of December 17, 2015, which expressly state that water must be "safe and of acceptable quality for personal and domestic uses," and access to "drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner." In this sense, it is valid to affirm that the proposed addition to Article 50 of the Constitución, insofar as it expressly recognizes the right of access to drinking water, is in consonance with the legal developments on the matter shown at the international level and embodied in declarations, conventions, and resolutions of different natures, from which its conformity with the legal progress shown in this regard at the international level results, and that by the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have a direct impact on the internal sphere of the States, just as this proposal for constitutional reform seeks to formalize at that level.
It is important to note that the reference is made to the fact that the proposal seeks to formalize the situation at the constitutional level, since indeed the issue of access to water, and to drinking water, is regulated in our country at the level of legality, by a profuse normative framework that ranges from the Ley de Aguas of 1942, the Ley General de Agua Potable of 1953, the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of 1961, the Ley General de Salud of 1973, the Ley de Creación del SENARA of 1983, the Ley Orgánica del Ambiente of 1995, and the Ley Forestal of 1996, among others.
Likewise, the protection of the environment and the right to water that the constitutional jurisdiction has developed at the jurisprudential level must be emphasized, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life, but also the consubstantial and necessary protection that must be provided to it by the institutional framework in general, from specialized agencies such as the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, as well as others of a broader nature such as the Dirección de Aguas of the Ministerio del Ambiente y Energía itself, the Ministerio de Salud and the Municipalidades of the country, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the comprehensive protection of water resources, but also their legitimate provision for human consumption under the fulfillment of the established parameters and the real possibilities of effective supply—see, among many others, judgments of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 and 2016-1791-.
It is important to note the emphasis that the reform proposes not only regarding recognizing access to drinking water as a human right, but also its particular condition as a public domain good (bien demanial), in the same sense that the diverse legislation enunciated here already refers to. Note that the normative proposal states that "water is a good of the Nación," that is, a good that belongs in general to that immateriality included in the concept of Nación, and as such, a good that is diffused throughout society and its actors, a public domain good that requires not only all the protection due to its condition of being essential for life, but also to allow its use for the various areas that may be required, provided that due sustainability and its comprehensive protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment are attended to. Note that the recognition of the human right is over drinking water, stating thereafter that water—thus, in general terms—is indispensable to protect the human right recognized in the first part of the paragraph, without this implying in any way the impossibility of using the resource for other types of purposes—agricultural, industrial, or development—provided that it is done in a manner adjusted to the provisions on the referred right to the environment and guaranteeing the existence of the adequate resource for drinking water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and over it, a human right of access to drinking water, from which it results that the normative formulation intended to be incorporated recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms, but also the recognition of access to drinking water as a human right.
On the other hand, it should be taken into consideration that, as already indicated, this access must be sought and provided in accordance with the prior fulfillment of the established parameters and in accordance with the real possibilities of supply. That is to say, just as has been established in the copious jurisprudence of this Chamber on the matter, although the recognition of access to drinking water is configured as a human right, its effective provision may be subject to the concrete and certain possibilities of granting, from which it follows that this access recognized as fundamental may well be subject to the fulfillment of specific conditions that in turn allow guaranteeing the existence and preservation of this good.
It is for this reason that the already mentioned resolution of the United Nations General Assembly, number 70-169, of December 17, 2015, states in its paragraph 5 the exhortation to the States to:
“Guarantee the progressive realization of the human rights to safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities in access, particularly for those belonging to vulnerable and marginalized groups, on grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion and national or social origin or on any other ground, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as the disparity between rural and urban areas, residence in slums, income level and other relevant factors.” –emphasis is not original- This progressivity referred to in this resolution develops the homologous provision that at the conventional level is enshrined in the first paragraph of Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, by stating that:
“Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.” –emphasis added- Thus, the legitimate regulation that allows adequate and orderly access to the drinking water recognized here as a human right is valid, since it is a matter of promoting its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.
It is for this reason that the legislation regulating the matter—as could be the one thus proposed in the same paragraph intended to be added, and to which reference is made in the proposed transitory provision XX—must, in due course, necessarily be in accordance with the set of values, principles, and express regulations that inform human rights, and access to drinking water also as a human right that it is, so that certainly the legislation indicated there must adjust to the Law of the Constitution and to the provisions contemplated therein on the matter.
In this sense, in accordance with what is stated here, it is observed that the bill processed under legislative file 21.382 is in direct consonance with and development of the constitutional provisions on the right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore it appropriately meshes with the same provision of Article 50 of the Constitución, and is in accordance with the constitutional values and principles that guide it, without there being in any way any friction with those essential elements or those of a nuclear nature that inform and integrate the Law of the Constitution (…)”.
IV.- ON THE RIGHT TO THE PROPER FUNCTIONING OF PUBLIC SERVICES AND THE ROLE OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS AS THE GOVERNING BODY IN THE MATTER OF DRINKING WATER SUPPLY. On this matter, in Judgment No. 2016-12058 of 9:30 hours on August 26, 2016, this Sala Constitucional indicated:
“(…) in the sub judice it is determined that the ICAA, as the governing body in the matter, has failed to fulfill its duties of inspection and supervision over the provision of the public drinking water and sewerage service, and, therefore, has violated the rights of the petitioners. According to Articles 1 and 2 of the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, the ICAA is responsible, among other functions, for resolving everything related to the supply of drinking water and the sanitary sewerage service; for directing and supervising everything concerning providing the inhabitants with drinking water service; and for directly administering and operating the aqueduct and sewerage systems throughout the country; for which reason it is inexcusable that the ICAA has not acted in order to prevent and remedy a situation such as the present one, in which an ASADA has been providing the aforementioned services without signing any delegation agreement.
To this effect, it is appropriate to recall what this Chamber, in judgment No. 2014-012971 of 14:45 hours on August 8, 2014, indicated in relation to the ICAA and its duties to inspect and guarantee the proper functioning of the public services in question:
“IV.- On the right to the proper functioning of public services and the role of the ICAA as the governing body in the matter of water supply. In judgment number 2012-12009 of 09:05 hours on August 31, 2013, this Chamber provided the following, which is of interest for the resolution of the sub lite:
“This Chamber has held that the Constitución Política implicitly enshrines the fundamental right of the administered to the good and efficient functioning of public services, that is: that they be provided with high quality standards. This has, as a necessary corollary, the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, speedily, effectively, and efficiently. This latter obligation stems from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as 140, subsection 8 (which imposes on the Poder Ejecutivo the duty to “Oversee the proper functioning of administrative services and dependencies”), 139, subsection 4 (insofar as it incorporates the concept of “good management of the Government”) and 191 (to the extent that it incorporates the principle of “efficiency of the administration”). This Tribunal has also indicated that this atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services such as the supply of drinking water, since such precious goods as health and human life are at stake, and therefore the principles of effectiveness, efficiency, speed, continuity, and adaptation must prevail with greater rigor (see, in this sense, judgments number 2008-016405 of 19:04 hours on October 30, 2008 and 2008-017633 of 12:06 hours on December 5, 2008). In this context, the role of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the governing body in the matter, acquires particular significance. This Chamber has indicated that:
“(…) pursuant to the provisions of Article 1 of the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, said autonomous institution has been created with the express purpose of directing, setting policies, establishing and applying norms, carrying out and promoting planning, financing and development, and resolving everything related to the supply of drinking water. To fulfill this purpose, and in accordance with the provisions of Article 2 of that same normative body, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for directing and supervising everything concerning providing the inhabitants of the Republic with a drinking water service, as well as exploiting, using, governing, or supervising, as the case may be, all public-domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of the cited law.” With which it is verified that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the first called upon to ensure that all inhabitants of the Republic may benefit from a potable water supply system capable of supplying said liquid continuously and in sufficient quantity to duly satisfy the basic needs of all persons, in effective protection of their fundamental rights to life and health” (judgment number 2011005457 of 11:32 a.m. on April 29, 2011.)
In accordance with the foregoing, this Chamber has emphasized that in those cases where the water supply service for human consumption is provided by an ASADA, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is called upon to exercise effective and efficient actions of oversight and control of the respective water supply system, regarding its operation, maintenance, administration, and development, in order to guarantee its correct functioning (judgment number 2011009487 of 9:15 a.m. on July 22, 2011). In fact, recently, in judgment number 2012006447 of 10:30 a.m. on May 18, 2012, this Chamber stated:
“(…) although Article 2 of Law 2726 empowers the AyA to agree with community organizations on the administration of aqueduct and sewer systems, the appealed Institute, as the governing body in the matter, is responsible for all matters relating to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary for supplying water to populations. Based on the foregoing, the Administration cannot excuse the lack of an efficient potable water service on the absence of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct by the private concessionaire body (…)
With which the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to supervise and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems is confirmed” (the highlighting does not correspond to the original) “V.- Regarding the specific case. In this case, the appellant alleges that in the community of El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, the ICAA provides the potable water service by delegation to an ASADA; however, said service is provided deficiently and requires infrastructure improvements, so the Municipalidad de La Cruz allocated a budget item for the improvement of said aqueduct, which cannot be executed until the ICAA performs the corresponding technical studies. She considers her fundamental right of access to potable water to be violated.
In this regard, the Chamber had it as proven that the Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, does not have current legal status, since it expired on July 31, 2007. Likewise, it is observed that the ASADA El Porvenir has not submitted to the ICAA the documentation required for the process of signing the delegation agreement (convenio de delegación). Furthermore, the ICAA does not have an updated diagnosis of the aqueduct system operated by the ASADA El Porvenir. From the case record, it was verified that through official letter number SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 of July 3, 2014, the Head of the Regional Office of Community Systems of the Chorotega Region of the ICAA suggested that the ASADA El Porvenir contract the services of a professional to carry out a technical study recommending the improvements required by the aqueduct. Finally, it was demonstrated that the Municipalidad de La Cruz allocated a budget item of 3 million colones to make improvements to the aqueduct infrastructure, which will be executed once the corresponding technical studies are completed. Given this scenario, the Chamber considers that the amparo must be partially granted, only against the ICAA. As explained in the preceding recital, the ICAA is obligated to supervise and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems, so it cannot excuse itself by claiming that the lack of an efficient potable water service is due to the lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct. As the governing body in matters of potable water supply, the ICAA is called upon to contribute to the prompt solution of the problems affecting the community of El Porvenir, in La Cruz de Guanacaste. Thus, for the Chamber, the argument of the appealed authorities of the ICAA, to the effect that they bear no type of responsibility for the problems presented with the ASADA of El Porvenir, is not acceptable. As long as the problem in water supply continues, the most vulnerable party is the residents of the locality, who must tolerate the ineffectiveness of the responsible entities and, consequently, suffer from the deficient provision of the public potable water service. Under that understanding, the ICAA must supervise and issue the necessary orders so that the ASADA of El Porvenir adjusts its operation to the law and the necessary technical studies can be completed to authorize the investment of the municipal budget already allocated for the improvement of the potable water supply in that community and, therefore, the quality of life of all its residents.” (The highlighting does not correspond to the original).
In addition, subsection 36, clause 1) of the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, indicates as an obligation and right of the ICAA: "Sign and terminate Delegation Agreements for the management of community aqueduct and sewer systems with Administrative Associations, when so recommended by Management and approved by its Board of Directors, for reasons of convenience, opportunity, or ineffectiveness in the provision of public services (…)".
V.- SPECIFIC CASE. In this case, it is proven that in report No. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” of September 5, 2018, the Contraloría General de la República stated:
“(…) 3. Conclusions 3.1. Since its creation in 1961, the AyA has had the responsibility of resolving matters relating to the provision of the country's potable water service, in its capacity as operator, governing body, and delegator of the service. However, it has not managed to consolidate its function of directing, intervening, and ensuring the correct administration, operation, maintenance, and development of potable water systems, so that the provision of the service meets the attributes of quality, continuity, and quantity, in accordance with the fundamental principles of public service relating to adaptation to social needs and equality in the treatment of the recipients of the service. 3.2. In this framework, the rating of the potable water service of 4.45 out of 10 in vulnerable communities reveals a significant gap in the quality of this service and the minimum acceptable parameters. This results from a generalized vision of these communities that does not incorporate differential and intercultural approaches in the provision of the service, which ensure the protection and restoration of violated rights. 3.3. Furthermore, this situation shows that from an ethnically and culturally sensitive approach, greater progress is lacking in the application of good practices of administration, operation, maintenance, and development of aqueduct systems, which guarantee the sustainability of these for the provision of the potable water service to vulnerable communities. 3.4. The situation found fosters conditions of poverty, impact on health, and productive capacities, to the detriment of the economic, social, and environmental well-being needed to overcome the vulnerability conditions of the population. Thus, improvement in quality becomes relevant as this constitutes a fundamental service for these communities, in which it is of interest to protect the sustainability of public funds invested in infrastructure and administration (…)”.
For its part, through official letter No. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” issued by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, it was concluded:
“(…) regarding the financial equilibrium of the aqueduct service, although currently there is sufficient liquidity to handle the provision of the service, in the medium term, it will be severely compromised, given the directives implemented by the AyA to use the flows from depreciation and revalued depreciation (asset replacement) to meet the financial obligations associated with investment project initiatives, whose grace period (time to build the work) has expired, which begins to generate a financial expense, without a solution to user needs being available to date (absence of project). Additionally, the financial equilibrium of a public service must reflect the result of efficient and effective management in terms of investments, costs, and economic expenses incurred in complying with the pre-established quality standards and norms in the provision of the aqueduct service. In the case under analysis, evidently, having 57% potable water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to (sic) phase delays throughout the entire project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-registering consumption, absence of registration of large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below authorized, investment tenders without guarantees and protection of committed public resources, absence of institutional planning aimed at replacing assets with expired useful lives, presence of services without measurement, denials of service availability, and 70% of systems with water stress, among other factors, allows concluding that the financial equilibrium of the service cannot be at any cost (…) It is important to note that the development return flow is oriented towards meeting investment needs and the repayment of financial obligations (interest expense) acquired by the provider to finance the portfolio of infrastructure projects. In this sense, not having complete information, which validates and allows traceability of the costs and changes in the scope of investment projects during the 2018-2024 period, subjects the service provider to an inability to face its obligations to users in the near future (new investments) and to creditors (outstanding debts). Reason for which, the Regulatory Authority has been emphatic since 2021 through various official letters and technical supervisions, that the AyA must modify its project management so that it (sic) allows having the information, guaranteeing traceability from internal approval to execution, correcting the attention times for user needs, validating project information in the accounting capitalization reports, updating the approval and monitoring system of Mideplan and the Aresep investment plan, and guaranteeing users that every colón incorporated in tariffs related to investments corresponds to transparent, reliable, timely, efficient, and effective management. 6. The level of development return obtained by the AyA (Return in dollars: 6.71% and Return in colones: 9.4%) is less than the cost of the debt assumed and incorporated in this study for the AyA (…), which has a series of implications for the service, such as: It is exposing the public aqueduct service to bear a cost for the debt acquired that is higher than its capacity to generate resources for its repayment, which is transferring an operational and financial risk to users. The cost of the debt associated with long-term projects above the return level, coupled with the timeframes to materialize a real solution to the problems of supply or service availability, has caused the user to assume a high social cost, a lag in development opportunities, and an enhancer of territorial and socio-economic inequalities. 7. The AyA must carry out a refinancing or renegotiation process for its long-term debt, ensuring more competitive interest rates and avoiding a financial mismatch, as well as avoiding assuming and transferring uncompetitive debt costs to associates, given that, although tariffs are set under the cost principle, in accordance with what is established in Article No. 3 of the Law of the Regulatory Authority, it must not be at any cost (…) 9. The request for capitalization of the investment projects proposed for the aqueduct service for the 2018-2021 period was rejected, for an amount of ₡ 108,081.96, according to the following criteria: 70% of the projects are not available, according to the operator, due to the absence of pre-investment documents, which does not allow traceability of cost levels, scope, and timeframe during the pre-feasibility, feasibility, execution, and asset capitalization stages. Of the 30% of projects that attach some documentation, in most cases it corresponds to the budgeted amount at the date of the study's analysis, which for the most part cannot be traced between the project and the assets intended to be capitalized. Much less can it be identified which (sic) projects are for replacing assets and which (sic) are for expanding or improving the service provision; in turn, it is not possible to identify asset retirements associated with capitalizations for substitution or replacements (…) 10. Given the inconsistencies noted in the investments proposed for capitalization by the AyA, and given the information problems associated with the 2018-2024 projects, ET-074-2018). The foregoing will allow, on one hand, not to transfer to users amounts associated with project initiatives that are not yet useful and usable or whose traceability cannot be entirely provided, and on the other hand, to alert the provider of the risk that is materializing, given the inability to capitalize investment projects, given the financial and operational impacts caused by that mismatch of works and their financing, with an average interest rate of 13.5%. 11. The regulatory body reiterates to the AyA, that as part of the revaluation process of the assets that make up the tariff base, the value of this is 69% higher, without any consideration in the service provided, which should have served as a financial safeguard for the replacement of assets reaching the end of their useful life or due to early retirement. Notwithstanding, the AyA has not redirected said amounts to address the replacement of those assets that have seen their useful life expire, especially in conduction and distribution pipes, as well as modernization of the meter inventory or the implementation of the billing system that has been pending replacement since 2004. Regarding the 57% of water that the AyA is charging users, even when it is wasted on sidewalks and roads through leaks, anomalies in user records and sales, billing errors, among other factors, the Regulatory Authority agreed to cut these costs by 10% every two years, given that it is the obligation of the provider of a public service not only to offer the service with quality and comply with the principle of service at cost, which cannot be acceptable, charging users for water that is not correctly billed as a result of 80% of the water meter inventory being in poor condition, bulk water sales being made at prices below the established tariff, for water wasted through recurring leaks on sidewalks and roads of the country without timely attention, and the absence of a policy for replacing obsolete pipes with more than 70 years of use, which are charged as new. The foregoing means approximately 38.5 million cubic meters, which, if efficient in the use of the water resource that, incidentally, the AyA itself promotes protecting, would allow addressing many of the denied service availabilities, avoiding so many supply cuts and even duplication of investments. 12. The under-registration of potable water sales by the AyA is partly explained by the fact that 8 out of 10 meters are in poor condition or with their useful life expired, which results in those costs for incorrectly registered water sales being ultimately paid by all service users, regardless of the physical condition of the meter, as a penalty on the consumption and saving of water resources made by families (…) 14. The AyA does not have a strategy that allows for annually updated water quality information for both the systems operated by AyA and those it has delegated to service providers such as Asadas; this means that problems associated with the presence of parameters such as arsenic, iron, manganese, and molecules associated with agrochemicals are not addressed in time, and on the contrary, they only receive attention once the impact on water quality has already materialized (…)” (the highlighting was incorporated).
In report No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDuctos Y ALCANTARILLADOS” of April 12, 2024, the Contraloría General de la República concluded:
“(…) 3.1. The management of the portfolio of investment projects for potable water supply and wastewater sanitation of the AyA has not been effective in impacting populations in vulnerable conditions, since only 1.6% of the country's districts with the highest vulnerability condition, according to the 2023 Social Development Index, have scheduled investments in sanitation and only 16.7% in potable water; likewise, only 41.6% of the districts identified as most vulnerable according to the 2021 AyA Community Vulnerability Index for Potable Water have scheduled investment. 3.2. The AyA has also not been effective or efficient in managing the time, cost, and scope of the portfolio, as 57% of the projects that should have been completed by January 2024 are still in execution, delaying the attention of citizen needs, affecting the benefit for 2.8 million people in potable water and 1.2 million people beneficiaries of sanitation projects in cities such as Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo, and Coco-Sardinal. 3.3. In turn, the portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects congruent with current and future citizen needs, as the design and management of AyA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence. 3.4. Inefficient portfolio management has led the AyA to a situation of fragility, projecting financial unsustainability due to the lack of recognition of investment costs in the tariffs that sustain the services, causing the proportion of income allocated to debt repayment to increase each year. 3.5. The results found limit the achievement of Sustainable Development Goal No. 6, which focuses on ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all, constituting a challenge mainly in the context of populations in vulnerable conditions. 4. DISPOSITIONS (…) TO JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA IN HIS CAPACITY AS EXECUTIVE PRESIDENT OF AYA OR TO WHOMEVER REPLACES HIM IN THE POSITION 4.4. Design, disseminate, and implement a comprehensive portfolio governance model that contains at least: i) a portfolio risk management plan; ii) a portfolio recovery plan; iii) a reliable information system that offers integrated data on the time, cost, and scope of the portfolio components; iv) the portfolio adjusted and approved by the highest-ranking official, according to administrative and technical execution capacity; v) periodic performance measurements throughout the life cycle of the portfolio, program, and project in accordance with the guidelines of MIDEPLAN and applicable current regulations; vi) the prioritization criteria for the portfolio components, including criteria for populations in vulnerable conditions; and vii) the roles and responsibilities for each stage of the portfolio management and its components. Send to the Contraloría General a certification on the design and dissemination of the governance model no later than April 30, 2025, in addition, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than April 30, 2026. (see paragraphs 2.1 to 2.54). 4.5. Prepare, disseminate, and implement a model for improving institutional management, in coordination with the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, containing at least the guidelines for: i) the management of financial resources; ii) design and improvement of systematic process management; iii) product and service results; iv) financial results; v) process results (organizational effectiveness); and vi) leadership results; with the aim of modernizing its organization, processes, and procedures, and increasing the efficiency, effectiveness, relevance, quality, sustainability, and productivity of its activities. Send to the Contraloría General a certification on the design and dissemination of the Model no later than June 30, 2025, in addition, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than May 29, 2026. (see paragraphs 2.1 to 2.54). 4.6. Prepare, disseminate, and implement a roadmap towards financial sustainability, which includes the actions and instructions to be implemented for the financial management of the public investment portfolio, integrating at least: i) financial sustainability indicators for the investment portfolio and the organization; ii) measurement, monitoring, and control mechanisms and their frequency; iii) preventive limits and alerts for the indicators; iv) awareness-raising actions within the organization on financial sustainability; v) guideline on the frequency for requesting tariff adjustments; and vi) reports and necessary inputs derived from the reference information system contained in paragraph 4.4 of this report. Send to the Contraloría General a certification confirming the preparation and submission to the Board of Directors of the roadmap proposal towards financial sustainability; following the resolution by that body, send a certification confirming the dissemination and implementation of the roadmap towards financial sustainability no later than April 30, 2025, in addition, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than August 31, 2026. (see paragraphs 2.55 to 2.76). TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AYA OR TO WHOMEVER REPLACES THEM IN THE POSITION 4.7. Resolve regarding the roadmap proposal towards financial sustainability, received from the Executive Presidency in compliance with the disposition contained in paragraph No. 4.6 of this report. Send to the Control Body a copy of the agreement confirming the resolution, no later than two months after receiving the proposal (…)”.
Likewise, on June 6, 2024, the Contraloría General de la República indicated:
“(…) III. CRITERION OF THE CONTROL BODY 1- Aspects related to service suspension Although the Contraloría General has not conducted an audit of the potable water supply service directly in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, nor does it have quantitative information on the interruptions and prolongation of water cuts in other communities of the district of San Isidro, the Control Body finds consistency between the condition of the public potable water service described by the appellant and the trend found in reports prepared by the CGR in vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, what is alleged by the appellant coincides with what was found by the Contraloría General in other communities of the country in a condition of vulnerability. In this regard, based on previously conducted audit studies, including the “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” of September 5, 2018, coincidences were found in the trend of shortages and constant interruptions in potable water service in vulnerable communities. For its part, it has been proven through the aforementioned report No. DFOE-AE-IF-00008-2018 that water service constitutes insurance for communities against descending on the vulnerability scale, as one of the manifestations of poverty according to Sustainable Development Goal 1 is limited access to basic services. Additionally, said report issued by the Control Body indicated that the deficient state of service provision fosters exposure to diseases, restriction on the development of productive activities, unsustainable water consumption, and a decrease in the capacity for resilience to extreme events. All of the foregoing accentuates the structural causes of vulnerability, such as poverty and exclusion, to the detriment of the quality of life and development potential of those communities. Regarding the service suspension, the appellant indicates that the situation worsened starting May 8, 2024, with interruptions of up to three consecutive days without water. Water is distributed only for two hours in the early morning, from 2:00 to 4:00, which forces residents to stay awake to perform essential activities such as washing clothes and dishes. Furthermore, he highlights the existence of a functioning school in the community, where hundreds of children need water, particularly to prevent the spread of a viral outbreak of stomach problems alerted by the Ministerio de Salud. It should be noted that according to current regulations, if the shortage exceeds 6 hours, a collective communication must be issued and an alternative service must be ensured meeting the mentioned requirements. Likewise, such regulation 1 in Articles 86 and 90 establishes that temporary interruptions addressed by means of water tankers (cisternas) must contemplate delivery points as close as possible to the homes and with ease of water collection, all with the aim of granting all persons the possibility of accessing the potable water service under conditions of equality, given its nature and indispensable character for human life and health. Regarding the above, the ICAA in memorandum No. SG-GSGAM-MZESTE-2024-00430, of May 14, describes the actions of attention through water distribution, in terms of the number of tanker trucks and their equivalent in distribution trips and liters, as well as the detail of the points where 11 water storage tanks were installed as fixed attention points with tanker trucks. In this regard, no documentary evidence is provided on specific time slots in which the service was supplied through the alternative mechanism of tanker trucks when the service has been interrupted; therefore, this Control Body cannot issue an opinion. Likewise, the report “Atención San Francisco de Coronado: Trabajo interdisciplinario. Gestión Social- Dirección de Mercadeo- Gestión Técnica- Operativa Sistemas GAM. Centro Técnico Integrado” cites a series of agreements between the ICAA and community representatives of the Pro-Agua San Francisco de Coronado commission, among which are installing a tank in the Corazón de Jesús sector, a highly affected area, as well as coordinating with the Local Educational Center the filling of the Educational Center's tanks and thereby guaranteeing that the school year can continue without any type of interruptions. However, compliance with the aforementioned agreements is not proven in the evidence provided, nor is the establishment and execution of a sufficient mechanism for integrating all persons in vulnerable conditions or in the conditions cited by the appellant (newborn infants, children, adolescents, older adults, among others), mainly in cases where the use of tanker trucks is estimated as an alternative method.
2- Regarding ICAA's response to resolve the problems In response to the amparo appeal filed, the ICAA referred to a series of causal events related to service suspensions in the Metropolitan Aqueduct. Among the justifications noted, it indicated: 1) The imbalance between supply and demand, preventing satisfaction of the growing demand of users. It points out that this problem has been aggravated by the El Niño phenomenon and the hydrocarbon contamination of the intake of the Guadalupe Potabilization Plant, which was out of operation from January 28 to February 2, 2024, and continues to operate on a limited basis. In March 2024, a decrease in the production flow of the Los Cuadros Plant and a leak in the Coronado pumping line between March 28 and 30 were also recorded, unbalancing the system and preventing its normal recovery. Despite these effects, it argues that the population has had access to potable water through the network in limited periods. 2) Announcement of suspensions: It indicates that service suspensions in the Metropolitan Aqueduct have been announced to the population through official channels and have been maintained in adherence to the established schedules. With the aim of addressing such conditions, the ICAA points out having undertaken actions such as placing tanks at strategic points, alternative supply by tanker trucks, and communication through community leaders, as well as investment in the installation of a transmission line between the "Vistamar" re-pumping station and the existing tank at the "Coronado" property of AyA, in the community of San Isidro de Coronado. However, it did not refer to the fact that water service is provided only between 2:00 and 4:00 in the morning. Regarding the above, the Comptroller General's Office, in the "Operational audit report on the effectiveness and efficiency of the State in the provision of water service in vulnerable communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, indicated that aqueducts require water storage to cover demand and compensate for hourly variations, mainly when the supply source alone is not sufficient to cover daily demand, which results in suspensions of the service in question. In this regard, it must be distinguished that the entry into operation of the tank after the suspension does not guarantee the prompt or immediate arrival of potable water to the users, since it is necessary for the distribution networks (pipes) to reach the appropriate filling and pressure to guarantee supply. This phenomenon is aggravated in the high areas of the network, where topography affects the speed of restoring potable water service. In summary, the suspension must consider the period of pipe filling and pressurization, and not only the exit and entry into operation of the storage tanks, so that the time the suspension lasts corresponds to the communicated end time and, with that, to the time expected by users for the return of service. Regarding the investments made by the ICAA, through the "Audit report on the effectiveness and efficiency of the portfolio management of investment projects for potable water supply and wastewater sanitation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers" No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 of April 12, 2024, this Comptroller Body determined that the portfolio management of investment projects for potable water supply and wastewater sanitation of the ICAA has not been effective or efficient, which limits the attention of the public need with the required timeliness. Also, it was found that the design of the ICAA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence, in accordance with the established stages of selection, prioritization, strategic balance, and approval; in addition, there is no risk management, nor are persons responsible for the portfolio and its components defined. Likewise, in the aforementioned oversight report, it was determined that information management by the ICAA does not allow efficient administration of time, cost, and scope of the portfolio, since for various programs and projects there is no basic data such as start and end dates, actual and planned costs, amount of beneficiary population, and those responsible for managing the projects. These conditions hinder the delivery of benefits through investments to produce and improve potable water systems, mainly affecting communities in a condition of vulnerability. Also, compliance with institutional and national strategic objectives is restricted, mainly those associated with the Sustainable Development Goals, minimizing the extensive and progressive impact that characterizes water projects, which contribute to the economic development, environment, and health of the areas influenced and benefited by the investments. Thus, given the deficiencies in information management, the timely identification of deviations in time, cost, and scope of the projects by decision-makers is limited, which hinders the attention of the public need with the required promptness. Regarding Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024, it is worth noting that a condition of financial unsustainability is foreseen in the management of the project portfolio under the responsibility of the ICAA, which implies a situation of fragility. On this aspect, the non-recognition of investment costs in the rates that sustain the services stands out. IV. CONCLUSIONS From the content of this report, the following is concluded: 1. Although the Comptroller General's Office has not conducted oversight of the potable water supply service directly in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, nor does it have quantitative information on the interruptions and prolongation of water cuts in other communities of the district, the Comptroller Body finds coherence between the condition of the public potable water service described by the appellant and the trend found in reports prepared by the CGR in vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, what is alleged by the appellant is coincident with what was found by the Comptroller General's Office in other communities of the country in a condition of vulnerability. 2. Although there is also no oversight available on the ICAA's response to the alleged lack of action to counteract the aforementioned service suspension in Vázquez de Coronado, based on other oversight results conducted by the CGR, it has been found that the ICAA's investment portfolio presents a series of deficiencies in its performance management, as well as weaknesses in governance, which limits the attention of the public need with the required timeliness and the delivery of the expected benefits to the population. 3. This Comptroller Body points out the consideration of the period of pipe filling and pressurization in the schedule communicated to users about the suspension, since one must not only take into account the entry into operation of the tank, as this does not guarantee the prompt or immediate arrival of potable water to the users, since it is necessary for the distribution networks (pipes) to reach the appropriate filling and pressure to guarantee supply according to the required conditions. 4. No evidence or reports were provided on the actions of the ARESEP; in that sense, this Comptroller Body cannot provide a criterion. In any case, the duty established by Law on the Regulatory Entity is emphasized, regarding its obligation to ensure compliance with the norms of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision in public services, including potable water; for example, the obligation to prepare technical inspections of the properties, plants, and equipment intended to provide the public service, as well as the duty to execute controls over the installations and equipment dedicated to the public service, this for the full compliance with the obligations" (the highlighting was incorporated).
VI.- In this case, the appellant files this amparo and states that he/she acts in favor of the community of Zapote, and is dissatisfied with the rationing of potable water carried out by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, sometimes for up to eight hours. He/She explains that the suspensions are not due to force majeure or fortuitous event situations, but rather to supply the potable water tank, at times with greater impact on people—when they return to their homes—with effects on older adults and children. Consequently, he/she requests that the appeal be declared with merit and that the respondent Institute be ordered to adopt measures to guarantee continuous and adequate access to potable water in the community.
Having reviewed the case file, it was demonstrated that the Zapote sector is supplied by the Tres Ríos Potabilization Plant, that during the months of September and October 2024, and although the community has had potable water service on a daily basis, a chain of events has occurred that affected the plant's production, due to the poor quality of the raw water from the Tiribi source, as a result of the heavy rains that have been experienced. When production at the Tres Ríos Potabilization Plant decreased, the level of the Curridabat tanks, which supply the Zapote sectors, was affected, presenting effects especially in the afternoon hours. In this regard, it is indicated under oath that, in the Zapote sector, unforeseen suspensions have been made due to sudden effects on the aqueduct, and because of this, a bulletin is issued with the aim of alerting users that there is a situation and that it is being addressed, as well as the estimated hours foreseen for the effect, this within the time established by the current regulations. The unforeseen suspensions in this sector are related to unforeseen outages of the production sources of the Tiribi intake, as a result of heavy rains, which have caused low levels in the Curridabat tank. Particularly, these situations have occurred since September, not continuously, but with a direct incidence with the rainy season, the dynamics of which become more complex than in the dry season, since paradoxically there is more water due to the rains, but increases in turbidity (dirt present in the captured water) occur up to values that cannot be treated for potability, so the produced flow must be decreased to increase the hydraulic treatment time, or the operation must be completely suspended while the turbidity value decreases. The intakes located in the rivers can also become obstructed, and when it rains, runoff and dragging of materials such as stones, sticks, leaves, trash occur (in addition to the increase in turbidity), materials that become trapped in the intake grids. To clean these intake grids, one must wait for the river level to return to normal, so that personnel can enter safely. When the rains are very torrential, rivers often leave a large amount of debris in the intake structures. During these last two months, September and October, the rains are of high intensity and short duration, leading to greater sediment dragging, since flash floods (headwaters) occur in the rivers, and the sand transported by the water has a high impact on the raw water.
Now then, in particular, in the sector called El Jardín, located in Zapote, where the appellant lives, it corresponds to the most critical supply point in the operation zone of the Curridabat tanks, because it corresponds to the area with the highest elevation, which implies it is the sector that presents the greatest effects. The pressure records for the equipment installed in El Jardín denote that there have indeed been service effect events for the period between September 1 and October 13, 2024. With the aim of solving the El Jardín problem, the respondent institute conducted an analysis and proposes to change the operation zone to the zone of the Sabanilla tank, turning El Jardín from a high zone into a low zone within the new operation zone. During the month of October, it is planned to finish the phase of inspections and field surveys to isolate the El Jardín zone, to guarantee that when the interconnection to the new system is made, the pressure does not go to other sectors. The interconnections are planned to be carried out in the first quarter of 2025, as coordinated with the Directorate of Project Execution GAM, due to prior commitments of works that are under execution. It is important to note that the potable water service in the area is available on a daily basis, and the moments when the pressure reaches zero occur on a punctual basis and on non-consecutive days. Currently, the events have ceased, and consequently, the supply in the area is continuous; it was also shown, based on the pressure records, that during all days there has been service in the area and that the effect occurred at specific moments, especially in the afternoon hours. The potable water service in the area is available on a daily basis, and the moments when the pressure reaches zero occur on a punctual basis on non-consecutive days.
Also, regarding the supply of the precious liquid during moments of effect, it is assured under oath that on March 18, 2024, a meeting was held with community representatives from Zapote, among whom were residents of El Jardín, and they indicated to the members of the respondent Institute that the placement of water storage tanks at strategic points and the distribution of water by tanker trucks are not an alternative for them, so they did not accept those alternatives. Users have, as an alternative, the possibility of being provided with the location of the tanker trucks, when they so request, by means of a call to the toll-free customer service line 800-REPORTE (800-7376783), and with the service number (NIS), the agent can inform the location of the nearest unit. Furthermore, the information on interruptions in potable water service is issued by the Operational Control Center, which communicates the data to the Customer Service area through a bulletin, for communication to users. This information is available to the user for consultation 24 hours a day, every day of the year, through the institutional website, the mobile application Servicios AyA, and Facebook stories. Finally, in the period from August 19 to October 10, 2024, twenty-three reports were generated through the Servicios AyA App for the district of Zapote in San José, in order to inform about shortages and interruptions in water service. According to a query made in the system for the Customer Interaction Record (CRM), there are no records of reports from the appellant for water shortage or supply request by means of a tanker truck.
In this regard, it should be recalled that in report No. DFOE-AE-AI-00008-2018 "OPERATIONAL AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE STATE IN THE PROVISION OF WATER SERVICE IN VULNERABLE COMMUNITIES" of September 5, 2018, the Comptroller General of the Republic stated:
"(…) 3. Conclusions 3.1. Since its creation in 1961, AyA has had the responsibility of resolving matters relating to the provision of the country's potable water service, in its capacity as operator, governing body, and delegator of the service. However, it has not managed to consolidate its function of directing, intervening in, and ensuring the correct administration, operation, maintenance, and development of potable water systems, so that the provision of the service meets the attributes of quality, continuity, and quantity, in adherence to the fundamental principles of public service relating to adaptation to social needs and equality in the treatment of the recipients of the service. 3.2. Within this framework, the rating of potable water service of 4.45 out of 10 in vulnerable communities reveals a significant gap in the quality of this service and the minimum acceptable parameters. This results from a generalized vision of these communities that does not incorporate differential and intercultural approaches in the provision of the service, which would ensure the protection and restoration of violated rights. 3.3. In addition, this situation shows that from an approach with ethnic and cultural sensitivity, there is a lack of greater progress in the application of good practices of administration, operation, maintenance, and development of aqueduct systems, which guarantee their sustainability for the provision of potable water service to vulnerable communities. 3.4. The situation found fosters conditions of poverty, effects on health, and productive capacities, to the detriment of the economic, social, and environmental well-being that would allow the conditions of vulnerability of the population to be overcome. Thus, improvement in quality is relevant, as this constitutes a fundamental service for these communities, in which it is important to protect the sustainability of the public funds invested in infrastructure and administration (…)".
In addition, in report No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 "AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE PORTFOLIO MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS FOR POTABLE WATER SUPPLY AND WASTEWATER SANITATION OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS" of April 12, 2024, the Comptroller General of the Republic concluded:
"(…) 3.1. The portfolio management of investment projects for potable water supply and wastewater sanitation of AyA has not been effective in impacting populations in a condition of vulnerability (…) 3.2. AyA has also been neither effective nor efficient in the management of the time, cost, and scope of the portfolio, since 57% of the projects that should have been completed in January 2024 are still in execution (…) 3.3. In turn, portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects congruent with current and future citizen needs (…) 3.4. The inefficient management of the portfolio has led AyA to a situation of fragility, in which financial unsustainability is projected due to the lack of recognition of investment costs in the rates that sustain the services (…)".
In addition to the above, it must be taken into account that the Comptroller General of the Republic, on June 6, 2024, in a criterion applicable mutatis mutandis to the present matter, affirmed that:
"(…) Regarding the investments made by the ICAA, through the "Audit report on the effectiveness and efficiency of the portfolio management of investment projects for potable water supply and wastewater sanitation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers" No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 of April 12, 2024, this Comptroller Body determined that the portfolio management of investment projects for potable water supply and wastewater sanitation of the ICAA has not been effective or efficient, which limits the attention of the public need with the required timeliness. Also, it was found that the design of the ICAA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence, in accordance with the established stages of selection, prioritization, strategic balance, and approval; in addition, there is no risk management, nor are persons responsible for the portfolio and its components defined. Likewise, in the aforementioned oversight report, it was determined that information management by the ICAA does not allow efficient administration of time, cost, and scope of the portfolio, since for various programs and projects there is no basic data such as start and end dates, actual and planned costs, amount of beneficiary population, and those responsible for managing the projects. These conditions hinder the delivery of benefits through investments to produce and improve potable water systems, mainly affecting communities in a condition of vulnerability. Also, compliance with institutional and national strategic objectives is restricted, mainly those associated with the Sustainable Development Goals, minimizing the extensive and progressive impact that characterizes water projects, which contribute to the economic development, environment, and health of the areas influenced and benefited by the investments. Thus, given the deficiencies in information management, the timely identification of deviations in time, cost, and scope of the projects by decision-makers is limited, which hinders the attention of the public need with the required promptness. Regarding Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024, it is worth noting that a condition of financial unsustainability is foreseen in the management of the project portfolio under the responsibility of the ICAA, which implies a situation of fragility. On this aspect, the non-recognition of investment costs in the rates that sustain the services stands out (…)".
For its part, it should be recalled that the ARESEP issued memorandum No. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called "EX OFFICIO RATE STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (AyA)", in which it evidenced some of the problems of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, such as "(…) having 57% of potable water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to time lags throughout the entire project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-registering consumption, absence of registration of large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below those authorized, investment tenders without guarantees and safeguarding of the committed public resources, absence of institutional planning oriented toward the replacement of assets that present expirations in their useful life, presence of services without metering, rejections of service availability, and 70% of the systems with water stress, among other factors, allowing the conclusion that the financial equilibrium of the service cannot be at any cost (…)".
In addition, in that study, it was emphasized that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers charges users amounts that include fifty-seven percent of water that is wasted and, therefore, does not entail a consideration in favor of the subscribers. This is evidenced by the conclusion of the ARESEP to the effect that:
"(…) The regulatory entity reiterates to AyA that, as part of the revaluation process of the assets that make up the rate base, the value of this base is 69% higher, without there being a consideration in the service provided, which should have served as a financial safeguard for the replacement of assets that reach the end of their useful life or for early removal. However, AyA has not redirected said amounts to address the replacement of those assets whose useful life has expired, especially in transmission and distribution pipes, as well as the modernization of the meter stock or the implementation of the billing system that has been pending replacement since 2004. Regarding the 57% of water that AyA is charging users, even though it is wasted on sidewalks and roads through leaks, anomalies in user records and sales, billing errors, among other factors, the Regulatory Authority agreed to cut those costs by 10% every two years, given that it is the obligation of the provider of a public service not only to offer the service with quality and comply with the principle of service at cost, which cannot be acceptable, that users are charged for water that is not correctly billed as a result of 80% of the hydrometer stock being in poor condition, bulk water sales being made at prices below the established rate, water wasted through recurrent leaks on sidewalks and roads of the country without timely attention, and the absence of a policy for the replacement of obsolete pipes with more than 70 years of use, which are charged as new. The foregoing means approximately 38.5 million cubic meters, which, if efficient in the use of the water resource that, incidentally, AyA itself promotes protecting, would allow attending to many of the rejected availabilities, avoiding so many supply cuts and even duplication of investments (…)".
VII.- Thus, in the specific case, it is evident that there is a structural problem on the part of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) that has affected the provision of potable water service to the detriment of the inhabitants of the Zapote sector.
VIII.- About this, it must be warned that, even though in various reports of the respondent institute relating to this problem it has been indicated that the shortage is due to multiple factors and, even, that particularly with respect to the El Jardín area, the intention is to change the operation zone to the zone of the Sabanilla tank, turning El Jardín from a high zone into a low zone within the new operation zone—with interconnections planned for the first quarter of 2025—it cannot be overlooked that in the specific case it has been demonstrated that the respondent Institute suffers from inadequate planning, lack of project execution, and internal lack of coordination. The Regulatory Authority of Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), through memorandum No. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called "EX OFFICIO RATE STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (AyA)", evidenced among the problems faced by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers "(…) having 57% of potable water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to time lags throughout the entire project value chain attributable to the administration (…)".
Thus, in this case, the violation of the fundamental right of access to potable water is evident, especially considering that Article 50 of the Political Constitution provides that "Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life" and that, in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, it was established that "The human right to water is the right of everyone to sufficient, safe, acceptable, accessible, and affordable water for personal and domestic use," the characteristics of which are: i) quality; ii) accessibility; and iii) availability, which implies that "The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses." In summary, the appeal is declared with merit.
IX.- CONCLUSION. Under this set of circumstances, the amparo appeal is appropriate, with the consequences specified in the operative part of this judgment.
X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional device of an electronic, computer, magnetic, optical, telematic character or produced by new technologies, these must be withdrawn from the court within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided for in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The appeal is declared with merit.
Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as Executive President, and Alejandro Calderón Acuña, in his capacity as Deputy Manager of GAM Systems Management, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever may occupy those positions in their stead, are ordered to coordinate whatever is necessary and to carry out all actions within the scope of their powers, so that: i) IMMEDIATELY, a daily and sufficient supply of potable water is guaranteed to meet the basic needs of the population of the community of Zapote, whenever the service interruption lasts for periods exceeding six hours; and ii) within a PERIOD OF EIGHTEEN MONTHS, counted from the notification of this ruling, the measures required are implemented so that the supply of potable water to the population of the community of Zapote is provided in an efficient, effective, and continuous manner. All of the foregoing is ordered with the warning that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon those who receive an order that they must fulfill or cause to be fulfilled, issued in an amparo proceeding, and fail to fulfill it or cause it to be fulfilled, provided the offense is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts giving rise to this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment phase of the contentious-administrative proceeding.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Aracelly Pacheco S.
Digitally Signed Document -- Verification Code -- Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, calles 19 and 21, avenidas 8 and 6 Classification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited. Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 15:41:36.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
AGUA POTABLE.
034756-24. INDICA LA RECURRETE QUE SUSPENDIERON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE Y NO HAN CUMPLIDO CON COMUNICADO DE RACIONAMIENTO. CON LUGAR ORDENANDO AL AYA COORDINAR LO NECESARIO A FIN DE QUE I) DE MANERA INMEDIATA SE GARANTICE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DIARIO Y SUFICIENTE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTE, CUANDO LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO SE DÉ POR PERIODOS SUPERIORES A SEIS HORAS; Y II) DENTRO DEL PLAZO DE DIECIOCHO MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE PRONUNCIAMIENTO, SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS REQUERIDAS PARA QUE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTE SE PRESTE DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ Y CONTINUA. RGS11/2024 “(…) en la especie resulta evidente la conculcación del derecho fundamental de acceso al agua potable, máxime si se considera que el ordinal 50, de la Constitución Política, dispone que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida” y que, en la Observación General N° 15, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, cuyas características son: i) calidad; ii) accesibilidad; y iii) disponibilidad, lo que implica que “El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”. En suma, se declara con lugar el recurso.(…)” “(…) Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de Presidente Ejecutivo y a Alejandro Calderón Acuña, en su condición de Subgerente de Gestión de Sistemas GAM, ambos el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de la comunidad de Zapote, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a seis horas; y ii) dentro del PLAZO DE DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de la comunidad de Zapote se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Todo lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo.-“ ... Ver más Res. Nº 2024034756 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintidos de noviembre de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 24-027367-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
RESULTANDO:
1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 1 de octubre de 2024, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Explica, que es vecina de Zapote y reclama por el racionamiento de agua potable que se realiza en los diferentes cantones. Indica que son entendibles las situaciones que desencadenan esta problemática; sin embargo, últimamente, en el cantón donde vive, las suspensiones se han dado por situaciones que podrían atenderse de una manera menos invasiva para la población, pues no responden a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, sino que se trata del abastecimiento del tanque de agua potable. Reprocha que casi todos los días, el servicio ha sido suspendido por más de seis horas diarias, a veces hasta ocho horas, o incluso todo el día, lo que resulta dañino hasta para la salud, ya que, en el cantón hay población vulnerable, como lo son adultos mayores y niños. Añade que el servicio se suspende a las horas en que, la mayoría de las personas trabajadoras, llegan a su casa, y no se pueden realizar las labores del hogar por la falta del suministro. Describe que las suspensiones últimamente se han realizado para llenar el tanque, con lo cual, solicita que, esa Institución realice un plan remedial para no afectar a la población por más de seis horas diarias, y que esas horas no sean las necesarias para la realización de laboras domésticas mínimas para vivir, así como medidas de higiene; ya que, es difícil para la mayoría de las personas, recoger o guardar agua, para abastecerse por más de seis horas al día. Solicita que ese tanque sea llenado en horas que el consumo sea menor, y no a las horas en que las personas mayormente consumen. Pide se tenga en cuenta que muchos niños salen de los centros educativos a las horas en que suspenden el servicio.
2.- Por resolución de las 14:10 horas de 7 de octubre de 2024, se le realizó una prevención a la recurrente.
3.- Por resolución de las 15:09 horas de 10 de octubre de 2024, se le dio curso al proceso y se le concedió audiencia al Presidente Ejecutivo y al Subgerente de Gestión de Sistemas GAM, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
4.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 10 de octubre de 2024, la recurrente indicó: “…presento PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER, en donde se evidencia que, el Instituto recurrido, informe 15 minutos antes que suspenderá el servicio de agua por 5 horas por la misma razón; abastecimiento del tanque. Muchos de nosotros a estas horas (5 pm) apenas venimos llegando a nuestros hogares, sin haber tenido oportunidad de recolectar agua que nos alcance por 5 horas, y llegamos sin poder atender nuestras necesidades básicas de higiene y del hogar, por la pésima administración y planeación del AyA con respecto a estas suspensiones”.
5.- Informa Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:
“I.- EN CUANTO A LOS HECHOS ALEGADOS POR LA RECURRENTE En atención a la situación objeto del amparo planteado por la señora [Nombre 001], contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con fundamento en el correo electrónico [...] de la recurrente [Nombre 001], con fecha 11 de octubre del 2024, los informes técnicos elaborados por el señor Carlos Camacho Soto, funcionario de la UEN Producción y Distribución Operación y Control del Acueducto GAM, mediante MEMORANDO No.UEN-PyDOCA-GAM-2024-00705, de fecha 14 de octubre del 2024 y el informe anexo denominado “Informe para respuesta Recurso de Amparo N°24-027367-0007-CO”, la señora Alejandra Peraza Mungía, funcionaria de la UEN Servicio al Cliente Zona 1GAM, mediante MEMORANDO No.UEN-SCZ1-GAM-2024-00909, de fecha 14 de octubre del 2024 y el ingeniero Marcos Arce Solano, funcionario de la Macro Zona Este GAM, mediante MEMORANDO No.SG-GSGAM-MZESTE-2024-00970, de fecha 14 de octubre del 2024, los cuales se adjuntan como prueba de este informe y alcance de la norma que al efecto se regula en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA y el Reglamento Técnico: “Prestación del suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023)”, queda debidamente demostrado que:
1. El sector de Zapote, que es donde reside la recurrente, se abastece de la Planta Potabilizadora de Tres Ríos, que durante los meses de setiembre y octubre de este año, ha presentado una cadena de eventos que afectaron la producción de la planta, esto debido a la mala calidad del agua cruda de la fuente Tiribi, producto de las fuertes lluvias que se han experimentado. Al disminuir la producción en la Planta Potabilizadora de Tres Ríos, se afectó el nivel de los tanques de Curridabat, que abastecen los sectores de Zapote, presentando afectación especialmente en horas de la tarde. Sin embargo, de forma diaria se tuvo servicio de agua potable en la zona de Zapote, como muestran los registros de presión de la prueba 1 de este informe (Ver Informe adjunto a MEMORANDO No.UEN-PyDOCA-GAM-2024-00705).
2. Solicita la recurrente que ese tanque sea llenado en horas que el consumo sea menor y no a las horas en que las personas mayormente consumen. Pide se tenga en cuenta que muchos niños salen de los centros educativos a las horas en que suspenden el servicio. Sobre este particular, es importante señalarle a la recurrente, que lo que ha ocurrido en este sector han sido suspensiones imprevistas, es decir, que se presentan afectaciones en el acueducto de forma súbita y debido a ello, se emite un boletín con el objetivo de alertar a los usuarios de que se tiene una situación y que se está atendiendo, así como las horas estimadas que se tienen previstas de afectación, esto dentro del tiempo que establece la reglamentación vigente. Las suspensiones imprevistas en este sector sí tienen que ver con situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, debido a salidas imprevistas de las fuentes de producción de la toma de Tiribi, producto de las fuertes lluvias y que han provocado bajos niveles en el tanque de Curridabat. Particularmente, estas situaciones se han presentado desde setiembre, no de forma continua, pero con una incidencia directa con la época lluviosa, cuya dinámica se torna más compleja que en la época seca, ya que paradójicamente existe más agua por las lluvias, pero ocurren aumentos de turbiedad (suciedad presente en el agua captada) hasta valores que no se pueden potabilizar, por lo que se debe disminuir el caudal producido, para aumentar el tiempo hidráulico del tratamiento o suspender completamente la operación, mientras disminuye el valor de turbiedad. También se pueden obstruir las captaciones que se localizan en los ríos y cuando llueve, se produce la escorrentía y arrastre de materiales como piedras, palos, hojas, basura (además del aumento de turbiedad), materiales que quedan atrapados en las rejillas de captación. Para lograr limpiar estas rejillas de captación, se debe esperar a que el nivel del río vuelva a su normalidad, para que los funcionarios puedan ingresar de forma segura. Cuando las lluvias son muy torrenciales, los ríos suelen dejar gran cantidad de escombros en las obras de captación. Durante estos dos últimos meses, setiembre y octubre, las lluvias, como lamentablemente es cada vez más común, son de alta intensidad y poca duración, propiciando un mayor arrastre de sedimentos, ya que se dan crecidas (cabezas de agua) en los ríos y la arena que transporta el agua tiene un alto impacto sobre el agua cruda. Confunde la recurrente los hechos, cuando expresa que la Institución deliberadamente cierra los tanques para subirles el nivel, cuando en realidad los bajos niveles en dichos tanques han sido provocados por las condiciones climáticas en los puntos donde se ubican las fuentes que abastecen el sistema, provocando el desabastecimiento del sector, sin que la Institución pueda controlar estos fenómenos climáticos o predecir los momentos en los que se presentarán (Ver informe adjunto a MEMORANDO No.UEN-PyDOCA-GAM-2024-00705).
3. La recurrente no ofreció en su amparo el número de servicio o NIS, sin embargo, con la finalidad de verificar las condiciones de abastecimiento del sector específico de Zapote donde se ubica el servicio de la Sra. [Nombre 001], se le contactó por email al correo electrónico [...] donde indicó que su servicio es el correspondiente al NIS [Valor 002], el cual se ubica en el sector conocido como El Jardín. Sobre este sector, en particular, es necesario señalar que corresponde al punto más crítico de abastecimiento de la zona de operación de los tanques de Curridabat, debido a que corresponde a la zona con la cota más alta, lo que implica que es el sector que presenta mayores afectaciones. Los registros de presión para el equipo instalado en el Jardín denotan que efectivamente han existido eventos de afectación en el servicio para el periodo comprendido entre el 01 de setiembre y el 13 de octubre del 2024 (Ver informe adjunto a MEMORANDO No.UEN-PyDOCA-GAM-2024-00705).
4. Con el objetivo de solucionar el problema de El Jardín, se realizó un análisis y se propone cambiar la zona de operación a la zona del tanque de Sabanilla, convirtiendo a El Jardín, de una zona alta a una zona baja, dentro de la nueva zona de operación. Durante el mes de octubre, se tiene previsto finalizar la etapa de inspecciones y levantamientos en campo para aislar la zona de El Jardín, para garantizar que cuando se realice la interconexión al nuevo sistema, la presión no se vaya a otros sectores. Las interconexiones están previstas para realizarse en el primer trimestre del año 2025, según se coordinó con la Dirección de Ejecución de Proyectos GAM, debido a compromisos previos de trabajos que se tienen en ejecución. Es importante señalar, que el servicio de agua potable en el área se tiene de forma diaria y los momentos en los que la presión llega a cero, es de forma puntual y en días no consecutivos. (Ver informe adjunto a MEMORANDO No.UEN-PyDOCA-GAM-2024-00705).
5. De acuerdo con lo manifestado por los representantes comunales de Zapote, en reunión llevada a cabo el lunes 18 de marzo del 2024, entre los cuales estaban vecinos de El Jardín, el reparto de agua potable en camiones cisterna no es una alternativa para ellos y no la aceptaron, como se puede leer en la página 4 de dicha minuta:
“Los representantes comunales presentes expresan que no es una alternativa para ellos la colocación de tanques de almacenamiento de agua en puntos estratégicos y menos el reparto de agua en cisternas.” Por lo tanto, no se brindó como medio alternativo el reparto de agua en camiones cisterna, no obstante, es necesario indicar, que esta decisión que tomaron los representantes comunales, no excluye la posibilidad de brindarle al usuario, la ubicación de los camiones cisterna, cuando así lo solicite, por medio de una llamada a la línea gratuita de atención telefónica 800-REPORTE (800-7376783) y con el número de servicio (NIS) el agente puede informar la ubicación de la unidad más cercana. (MEMORANDO No.SG-GSGAM-MZESTE-2024-00970 del 14 de octubre del 2024) (Ver informe MEMORANDO No.UEN-SCZ1-GAM-2024-00909 del 14 de octubre del 2024).
6. La información sobre las interrupciones del servicio de agua potable, es emitida por el Centro de Control Operacional, quienes comunican al área de Servicio al Cliente los datos por medio de un boletín, para su comunicación a los usuarios. Esta información queda a disposición del usuario para ser consultada las 24 horas del día, durante todos los días del año, por medio de la página web institucional, la aplicación móvil Servicios AyA y las historias de Facebook. En el período del 19 de agosto al 10 de octubre de 2024, se generaron 23 reportes por medio de la App Servicios AyA, para el distrito de Zapote en San José, con el fin de informar sobre desabastecimientos e interrupciones del servicio de agua. Según consulta realizada en el sistema para el Registro de Interacciones con el Cliente (CRM), no se identificaron reportes por parte de la recurrente por faltante de agua o solicitud de abastecimiento, por medio de camión cisterna. Es importante indicar, que por medio de los diferentes medios habilitados por AyA para la atención, los usuarios pueden consultar si existe algún comunicado de desabastecimiento del sector de interés, en cuyo caso el agente de servicio le puede brindar los datos disponibles sobre la interrupción. Así mismo, en caso de que no exista información sobre el desabastecimiento, el agente de servicios toma los datos del usuario y generar un Reporte por Faltante de Agua en todo el Sector (Sin Boletín). Dicho reporte se traslada al área operativa para su debida atención. También existe la posibilidad de brindarle al usuario la ubicación de los camiones cisterna por medio de una llamada a la línea gratuita de atención telefónica 800-REPORTE (800-7376783) y con el número de servicio (NIS) el agente puede informar la ubicación de la unidad más cercana. Las afectaciones que se han presentado han sido debidamente comunicadas de acuerdo con lo que establece la reglamentación vigente, en especial para aquellos casos cuando estas no se pueden predecir y consecuentemente no fueron programadas (Ver informe MEMORANDO No.UEN-SCZ1-GAM-2024-00909 del 14 de octubre del 2024).
7. Actualmente los eventos han cesado y por consiguiente el abastecimiento en la zona es continuo, se mostró además con base en los registros de presión, que durante todos los días ha habido servicio en la zona y que la afectación, se dio en momentos puntuales, sobre todo en horas de la tarde. El servicio de agua potable en el área se tiene de forma diaria y los momentos en los que la presión llega a cero es de forma puntual en días no consecutivos. (Ver informe adjunto a MEMORANDO No.UEN-PyDOCA-GAM-2024-00705).
1.- NORMATIVA APLICABLE Artículos 7, 9,12 y 97 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Digital N°27, Alcance N°29, martes 09 de febrero, 2021. Artículos 6, 7, 8, 35, 64, 66,67,69 82,85,86,87,88,89 y 90 del Reglamento Técnico: “Prestación del suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023)”, Alcance N°74 de La Gaceta N°67, del 17 de abril del 2024.
2.- CONCLUSIONES En virtud de lo expuesto, debe tenerse claro que las actuaciones de AyA están sometidas al Principio de Legalidad consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna y Ley General de la Administración Pública; principio que somete a toda la Administración Pública a actuar conforme al ordenamiento jurídico, así como a las reglas unívocas de la ciencia y técnica que respalda el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública y alcances regulados en los artículos 7, 9,12 y 97 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, y artículos 6, 7, 8, 35, 64, 66,67,69 82,85,86,87,88,89 y 90 del Reglamento Técnico: “Prestación del suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023)”.
En tal sentido, es importante concluir que la Sala Constitucional ha descartado lesiones a los derechos fundamentales de los ciudadanos para casos análogos al presente, en los cuales, si bien se ha aceptado por parte de la institución la existencia de periodos de interrupción del servicio de agua potable, también se ha demostrado que dichas interrupciones no devienen de una actuación antojadiza, arbitraria o infundada de la institución, sino que obedecen a razones de fuerza mayor o caso fortuito, que se encuentran fuera de nuestro control, tal y como ocurre a causa de suspensiones imprevistas, por salidas de operación de la toma de Tiribi, producto de las fuertes lluvias y que han provocado bajos niveles en el tanque de Curridabat. Se reitera que en el caso de la época lluviosa, pese a tener agua por las lluvias, puede ocurrir aumentos de turbiedad (suciedad presente en el agua captada) hasta valores que no se pueden potabilizar, por lo que se debe disminuir el caudal producido, para aumentar el tiempo hidráulico del tratamiento, o suspender completamente la operación, mientras disminuye el valor de turbiedad. También se pueden obstruir las captaciones que se localizan en los ríos y cuando llueve se produce la escorrentía y arrastre de materiales como piedras, palos, hojas, basura (además del aumento de turbiedad), materiales que quedan atrapados en las rejillas de captación. Para lograr limpiar estas rejillas de captación, se debe esperar a que el nivel del río vuelva a su normalidad, para que los funcionarios puedan ingresar de forma segura. Durante estos dos últimos meses, las lluvias, como lamentablemente es cada vez más común, son de alta intensidad y poca duración, propiciando un mayor arrastre de sedimentos, ya que se dan crecidas (cabezas de agua) en los ríos, la arena que transporta el agua tiene un alto impacto sobre el agua cruda. Debe quedar claro, que todas estas situaciones han sido atendidas de manera inmediata por parte de AyA, con el fin de asegurar el abastecimiento del líquido para la población de Zapote a través del propio Sistema y debidamente comunicadas de acuerdo con lo que establece la reglamentación vigente, en especial para aquellos casos cuando las afectaciones no se pueden predecir. Es importante señalar, que el servicio de agua potable en el área se tiene de forma diaria y los momentos en los que la presión llega a cero, es de forma puntual y en días no consecutivos. Finalmente, con el objetivo de solucionar el problema de El Jardín, se realizó un análisis y se propuso cambiar la zona de operación a la zona del tanque de Sabanilla, convirtiendo a este sector, de una zona alta a una zona baja, dentro de la nueva zona de operación. Durante el mes de octubre, se tiene previsto finalizar la etapa de inspecciones y levantamientos en campo para aislar la zona de El Jardín, para garantizar que cuando se realice la interconexión al nuevo sistema, la presión no se vaya a otros sectores. Las interconexiones están previstas para realizarse en el primer trimestre del año 2025, según se coordinó con la Dirección de Ejecución de Proyectos GAM. Al respecto de este asunto, me permito citar las siguientes resoluciones dictadas por su autoridad constitucional:
Sentencia No. 2024008091 de las nueve horas veinte minutos del 22 de marzo de 2024.
Sentencia No. 2024005590 de las nueve horas veinte minutos del 01 de marzo de 2024.
Sentencia No. 2024005601 de las nueve horas veinte minutos del 01 de marzo de 2024.
Sentencia No. 2024006303 de las nueve horas quince minutos del 08 de marzo de2024.
- Sentencia No .2020015195 de las nueve horas y catorce minutos del 14 de agosto del 2020.
- Sentencia No. 2020019342 de las nueve horas y veinte minutos del 9 de octubre del 2020.
- Sentencia No. 2021017945 de las nueve horas y veinte minutos del 13 de agosto del 2021”.
En atención a las consideraciones expuestas, solicita se declare sin lugar el recurso.
6.- Informa Alejandro Calderón Acuña, en su condición de Subgerente de Gestión de Sistemas GAM del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en similares términos que el Presidente Ejecutivo de ese instituto.
7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente asegura que es vecina de Zapote y, se muestra inconforme con los racionamientos de agua potable que realiza el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a veces hasta por ocho horas. Explica, que las suspensiones no se realizan por situaciones fuerza mayor o caso fortuito, sino para abastecer el tanque de agua potable, en horarios con mayor afectación a las personas -cuando regresan a sus hogares-, con afectación a adultos mayores y niños.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
En el informe N° DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” de 5 de setiembre de 2018, la Contraloría General de la República señaló: “(…) 3. Conclusiones 3.1. Desde su creación en 1961, el AyA tiene la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector y delegante del servicio. Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, para que la prestación del servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad, en apego a los principios fundamentales del servicio público relativos a la adaptación a las necesidades sociales y la igualdad en el trato a los destinatarios del servicio. 3.2. En este marco, la calificación del servicio de agua potable de 4,45 de 10 en comunidades vulnerables revela una brecha significativa en la calidad de este servicio y los parámetros mínimos aceptables. Esto, resulta de una visión generalizada de estas comunidades que no incorpora enfoques de orden diferencial e intercultural en la prestación del servicio, que aseguren la protección y restauración de los derechos vulnerados. 3.3. Además, esta situación evidencia que desde un enfoque con sensibilidad étnica y cultural, falta mayor avance en la aplicación de buenas prácticas de administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, que garanticen la sostenibilidad de estos para la prestación del servicio de agua potable a comunidades vulnerables. 3.4. La situación encontrada, propicia condiciones de pobreza, afectación a la salud, y las capacidades productivas, en detrimento del bienestar económico, social y ambiental que permita superar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Es así como, resulta relevante la mejora en la calidad al constituir este un servicio fundamental para estas comunidades, en el cual interesa proteger la sostenibilidad de los fondos públicos invertidos en infraestructura y administración (…)” (ver el expediente N° 24-012146-0007-CO, tenido ad effectum videndi et probandi). Mediante oficio N° IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” emitido por la ARESEP, se concluyó: (…) respecto al equilibrio financiero del servicio de acueducto, si bien, actualmente se dispone de la liquidez necesaria para tender la prestación del servicio, en el mediano plazo, la misma se verá comprometida severamente, dadas las directrices implementadas por el AyA de utilizar los flujos del gasto por depreciación y depreciación revaluada (reposición de activos) para atender las obligaciones financieras asociadas a iniciativas de proyectos de inversión, las cuales han visto vencer el periodo de gracia (plazo para construir la obra), lo cual empieza a generar un gasto financiero, sin que a la fecha se disponga de una solución a las necesidades de los usuarios (ausencia de proyecto). Adicionalmente, el equilibrio financiero de un servicio público debe reflejar el resultado de una gestión eficiente y eficaz en materia de inversiones, costos y gastos económicos incurridos en cumplir con los estándares y las normas de calidad preestablecidos en la prestación del servicio de acueducto. En el caso de análisis, evidentemente, el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…) Es importante señalar que el flujo de rédito para el desarrollo está orientado en atender las necesidades de inversión y el repago de las obligaciones financieras (gasto por intereses) adquiridas por el prestador para financiar la cartera de proyectos en infraestructura. En este sentido, el no disponer de la información completa, que valide y permita dar trazabilidad de los costos y cambios en el alcance de los proyectos de inversión durante el periodo 2018-2024, somete al prestador del servicio en una incapacidad de afrontar sus obligaciones con los usuarios en el futuro cercano (nuevas inversiones) como con los acreedores (deudas pendientes). Razón por la cual, la Autoridad Reguladora ha sido enfática desde el año 2021 mediante diferentes oficios y fiscalizaciones técnicas, que el AyA debe modificar sus gestión en proyectos de tal manera que el (sic) permita disponer de la información, garantizar la trazabilidad de la aprobación interna hasta la ejecución, corregir los plazos de atención de necesidades de los usuarios, validar la información de los proyectos en los reportes de capitalización contable, actualización del sistema de aprobación y seguimiento de Mideplan y plan de inversiones de la Aresep y le garantice a los usuarios que cada calón incorporado en tarifas relacionado con inversiones responde a una gestión transparente, confiable, oportuna, eficiente y eficaz. 6. El nivel de rédito para el desarrollo obtenido por el AyA, (Rédito en dólares: 6, 71% y Rédito en colones: 9,4%) es menor al costo del endeudamiento asumido e incorporado en el presente estudio para el AyA (…), lo cual tiene una serie de implicaciones para el servicio, tales como: Está exponiendo al servicio público de acueducto a soportar un costo por la deuda adquirida más elevado que su capacidad de generar recursos para el repago de esta, lo cual le está transfiriendo un riesgo operativo y financiero a los usuarios. El costo de la deuda asociado a proyectos a largo plazo por encima del nivel de rédito, aunado a los plazos para materializar una solución real a los problemas de abastecimiento o disponibilidad del servicio han provocado que el usuario asuma un alto costo social, un rezago en las oportunidades de desarrollo y un potenciador de desigualdades territoriales y económico sociales. 7. El AyA debe de llevar a cabo un proceso de refinanciamiento o renegociación de su deuda de largo plazo, que garantice tasas de interés más competitivas y evitar un desclase financiero, así como evitar asumir y trasladar costos poco competitivos de deuda a los asociados, dado que, si bien las tarifas se fijan bajo el principio al costo, de conformidad con lo que establece el artículo No. 3 de la Ley de la Autoridad Reguladora, no debe ser a cualquier costo (…)9. Se procedió a rechazar la solicitud de capitalización de los proyectos de inversión propuestos para el servicio de acueducto del periodo 2018-2021, por un monto de ₡ 108 081, 96, de acuerdo con los siguientes criterios: Un 70% de los proyectos no se encuentra disponible, según indica el operador, debido a la ausencia de los documentos de preinversión, lo cual no permite dar trazabilidad a los niveles de costo, alcance y plazo durante las etapas de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y capitalización de activos. Del 30% de los proyectos que adjuntan alguna documentación, en la mayoría de los casos corresponde a el monto presupuestado a la fecha de análisis del estudio, el cual en su mayoría no se le puede dar trazabilidad entre el proyecto y los activos que se pretenden capitalizar. Mucho menos poder identificar cuales (sic) proyectos son para sustituir activos y cuales (sic) son para ampliar o mejorar la prestación del servicio, a su vez no es posible identificar los retiros de activos asociados a las capitalizaciones por sustitución o reemplazos (…) 10. Ante las inconsistencias señaladas en las inversiones propuestas a capitalizar por parte del AyA, y dados los problemas de información asociados a los proyectos del 2018-2024, se ET-074-2018). Lo anterior, permitirá, por un lado, no trasladar a los usuarios montos asociados a iniciativas de proyectos que todavía no están útiles y utilizables o del todo no se le puede dar trazabilidad, y por otro lado, al prestador, a quien se le alerta del riesgo que se está materializando, ante la incapacidad de capitalizar los proyectos de inversión, dados los impactos financieros y operativos que acarrea ese descalce de obras y el financiamiento de estas, con tasa de interés del 13,5% promedio. 11. El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas. Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones. 12. El subregistro de ventas de agua potable por del AyA, en parte tiene su explicación en que 8 de cada 10 medidores están en mal estado o con su vida útil vencida, lo cual incide en que esos costos por ventas de agua no registrados correctamente, lo terminen pagando todos los usuarios del servicio, independientemente del estado físico del medidor, como un castigo al consumo y al ahorro del recurso hídrico que hacen las familias (…) 14. El AyA no tiene una estrategia que permita contar con la información de la calidad del agua actualizada de manera anual tanto para los sistemas operados por AyA como aquellos que ha delegado a prestadores del servicio como Asadas, genera que los problemas asociados a la presencia de parámetros como arsénico, hierro, manganeso y las moléculas asociadas a agroquímicos no sean atendidas a tiempo, y por el contrario los mismos solo reciben atención una vez que la afectación a la calidad del agua se ha materializado (…)” (el destacado fue incorporado). (Véase ad effectum videndi et probandi el expediente N° 24-013228-0007-CO). En el informe N° DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la Contraloría General de la República concluyó: “(…) 3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada. 3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución, lo que demora la atención de las necesidades ciudadanas, afectando el beneficio para 2,8 millones de personas en agua potable y 1,2 millones de personas beneficiarias de proyectos de saneamiento en ciudades como Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo y Coco-Sardinal. 3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del AyA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica. 3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios, propiciando que cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones. 3.5. Los resultados encontrados limitan el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6, el cual se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, constituyéndose en un desafío principalmente en el contexto de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. 4. DISPOSICIONES (…) A JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL AYA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 4.4. Diseñar, divulgar e implementar un modelo de gobernanza integral del portafolio que contenga al menos: i) un plan de gestión de riesgos del portafolio; ii) un plan de recuperación del portafolio; iii) un sistema de información confiable que ofrezca los datos integrados del tiempo, costo y alcance de los componentes del portafolio; iv) el portafolio ajustado y aprobado por el máximo jerarca, de acuerdo con la capacidad administrativa y técnica de ejecución; v) las mediciones de desempeño periódicas a lo largo del ciclo de vida del portafolio, programa y proyecto de conformidad con los lineamientos de MIDEPLAN y la normativa aplicable vigente; vi) los criterios de priorización de los componentes del portafolio, incluyendo criterios para poblaciones en condición de vulnerabilidad; y vii) los roles y responsables de cada una de las etapas de gestión del portafolio y sus componentes. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del modelo de gobernanza a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 30 de abril de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.5. Elaborar, divulgar e implementar un modelo para el mejoramiento de la gestión institucional, en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que contenga al menos las orientaciones para: i) la gestión de los recursos financieros; ii) diseño y mejora de la gestión sistemática de los procesos; iii) resultados de productos y servicios; iv) resultados financieros; v) resultados de los procesos (eficacia organizacional); y vi) resultados de liderazgo; con el fin de modernizar su organización, procesos y procedimientos, y aumentar la eficiencia, eficacia, pertinencia, calidad, sostenibilidad y productividad de sus actividades. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del Modelo a más tardar el 30 de junio de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 29 de mayo de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.6. Elaborar, divulgar e implementar una hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que incluya las acciones e instrucciones a ser implementadas para la gestión financiera del portafolio de inversión pública, que integre al menos: i) indicadores de sostenibilidad financiera del portafolio de inversiones y de la organización; ii) mecanismos de medición, monitoreo y control y su periodicidad; iii) los límites preventivos y alertas de los indicadores, iv) acciones de sensibilización en la organización sobre la sostenibilidad financiera; v) lineamiento sobre la frecuencia para solicitar ajustes tarifarios; y vi) reportes e insumos necesarios derivados del sistema de información referencial contenidos en el párrafo 4.4 del presente informe. Remitir a la Contraloría General una certificación en la que conste la elaboración y remisión a la Junta Directiva de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, posterior a la resolución por parte de ese órgano, remitir una certificación donde conste la divulgación e implementación de la hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 31 de agosto de 2026. (ver párrafos del 2.55 al 2.76). A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AYA O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN EL CARGO 4.7. Resolver acerca de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que reciba de la Presidencia Ejecutiva en cumplimiento de la disposición contenida en el párrafo n.° 4.6 de este informe. Remitir al Órgano Contralor copia del acuerdo en el que conste lo resuelto, a más tardar dos meses posterior al recibido de la propuesta (…)” (ver el expediente N° 24-012146-0007-CO, tenido ad effectum videndi et probandi). El 6 de junio de 2024, la Contraloría General de la República indicó: “(…) III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 1- Aspectos relacionados con la suspensión del servicio Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás comunidades del distrito de San Isidro, el Órgano Contralor encuentra consistencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por el recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por el recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. Al respecto, con base en estudios de fiscalización realizados con anterioridad, entre ellos el “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” del 5 de setiembre de 2018, se encontraron coincidencias en la tendencia de desabastecimiento y constantes interrupciones en el servicio de agua potable en comunidades vulnerables. Por su parte, se tiene acreditado mediante el informe n.° DFOE-AE-IF-00008-2018 antes mencionado, que el servicio de agua constituye un seguro a las comunidades para no descender en la escala de vulnerabilidad, en tanto una de las manifestaciones de la pobreza conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, es el acceso limitado a los servicios básicos. Además, dicho informe emitido por el Órgano Contralor señaló que el estado deficiente de prestación del servicio propicia la exposición a enfermedades, restricción al desarrollo de actividades productivas, consumo poco sostenible del agua y disminución en la capacidad de resiliencia ante eventos extremos. Todo lo anterior acentúa las causas estructurales de la vulnerabilidad, como pobreza y exclusión, en detrimento de la calidad de vida y potencial de desarrollo de esas comunidades. Acerca de la suspensión del servicio, el recurrente señala que la situación empeoró a partir del 8 de mayo de 2024, con interrupciones de hasta tres días consecutivos sin agua. El agua se distribuye únicamente durante dos horas en la madrugada, de 2:00 a 4:00, lo cual obliga a los vecinos a permanecer despiertos para realizar actividades esenciales como lavar ropa y trastes. Además, destaca la existencia de una escuela en funcionamiento en la comunidad, donde cientos de niños y niñas necesitan agua, particularmente para prevenir la propagación de un cuadro viral de problemas estomacales alertado por el Ministerio de Salud. Cabe destacar, que de acuerdo al reglamento vigente, si el desabastecimiento sobrepasa las 6 horas se debe emitir una comunicación colectiva y asegurarse un servicio alternativo que los requerimientos mencionados. Asimismo, tal normativa 1 en los artículos 86 y 90 establece que las interrupciones temporales atendidas por medio de cisternas, deben contemplar puntos de entrega lo más cerca posible de los domicilios y con facilidad de recolección de agua, todo con el fin de conceder a todas las personas la posibilidad de acceder el servicio de agua potable en condiciones de igualdad, ante su naturaleza y carácter indispensable para la vida y salud humana. Sobre lo anterior, el ICAA en el memorando n.° SG-GSGAM-MZESTE-2024-00430, del 14 de mayo, describe las acciones de atención mediante el reparto de agua, en términos de cantidad de camiones cisterna y su equivalente en viajes de reparto y litros, así como el detalle de los puntos en los que fueron instalados 11 tanques de almacenamiento de agua como puntos de atención fija con camión cisterna. Al respecto, no se aporta evidencia documental sobre franjas horarias específicas en las se abasteció mediante el mecanismo alternativo de camiones cisterna el servicio se ha visto interrumpido, por tanto, este Órgano Contralor no puede emitir opinión. Asimismo, el informe “Atención San Francisco de Coronado: Trabajo interdisciplinario. Gestión Social- Dirección de Mercadeo- Gestión Técnica- Operativa Sistemas GAM. Centro Técnico Integrado” cita una serie de acuerdos entre el ICAA y representantes comunales de la comisión Pro-Agua San Francisco de Coronado, entre los que se encuentran instalar tanque en el sector de Corazón de Jesús, zona con alta afectación, así como coordinar con el Centro Educativo de la localidad el llenado de los tanques del Centro Educativo y con ello garantizar que el curso lectivo pueda continuar sin ningún tipo de interrupciones. No obstante, no se acredita en la prueba aportada el cumplimiento de los acuerdos antes citados, ni el establecimiento y ejecución de un mecanismo suficiente para la integración de todas las personas en condición de vulnerabilidad o en las condiciones citadas por el recurrente (infantes recién nacidos, niños, adolescentes, adultos mayores, entre otros), principalmente en los casos donde se estima la utilización del cisterna como medio alternativo. 2- Sobre la respuesta del ICAA para solventar los problemas Como respuesta al recurso de amparo interpuesto, el ICAA refirió a una serie de hechos causales relacionados con las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano. Entre las justificaciones apuntadas, se indicó: 1) El desequilibrio entre la oferta y la demanda, impidiendo satisfacer la creciente demanda de los usuarios. Señala que este problema se ha agravado por el fenómeno El Niño y la contaminación con hidrocarburo de la toma de captación de la Planta Potabilizadora de Guadalupe, que estuvo fuera de operación del 28 de enero al 2 de febrero de 2024 y sigue funcionando de manera limitada. En marzo de 2024, también se registró una disminución en el caudal de producción de la Planta Los Cuadros y una fuga en la impulsión del bombeo de Coronado entre el 28 y 30 de marzo, desequilibrando el sistema e impidiendo su recuperación normal. A pesar de estas afectaciones, arguye que la población ha tenido acceso al agua potable a través de la red en periodos limitados. 2) Anuncio de suspensiones: Indica que las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano han sido anunciadas a la población por los canales oficiales y se han mantenido en apego a los horarios establecidos. Con el objetivo de atender tales condiciones, el ICAA señala haber emprendido acciones como la colocación de tanques en puntos estratégicos, el abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna y comunicación mediante líderes comunales, así como la inversión en la instalación de una línea de conducción entre la estación de rebombeo de “Vistamar” y hasta el tanque existente en la Finca de “Coronado” de AyA, en la comunidad de San Isidro de Coronado. Sin embargo no se refirió a que el servicio de agua se brinda solo entre las 2:00 y 4:00 de la madrugada. Acerca de lo anterior, la Contraloría General en el “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” del 5 de setiembre de 2018, indicó que los acueductos requieren del almacenamiento de agua para cubrir la demanda y compensar las variaciones horarias, principalmente cuando la fuente de abastecimiento por sí sola no es suficiente para cubrir la demanda diaria, lo que deriva en suspensiones del servicio en cuestión. Sobre ello, debe distinguirse que la entrada en operación del tanque luego de la suspensión, no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. Tal fenómeno se agrava en las zonas altas de la red, donde la topografía afecta la rapidez de restablecimiento del servicio de agua potable. En suma, la suspensión debe considerar el período de llenado y presurización de tuberías, y no solamente la salida y entrada en operación de los tanques de almacenamiento, de manera tal que el tiempo que tarda la suspensión sea correspondiente a la hora de finalización comunicada y con ello, a la hora esperada por los usuarios para el retorno del servicio. Relativo a las inversiones efectuadas por el ICAA, mediante el “Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión de portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, este Órgano Contralor determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA no ha sido eficaz ni eficiente; lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida. También, se encontró que el diseño del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica, conforme a las etapas establecidas de selección, priorización, balance estratégico y aprobación; además, no existe una gestión de riesgos ni se definen responsables del portafolio y sus componentes. Asimismo, en el citado informe de fiscalización se determinó que la gestión de la información por parte del ICAA no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Estas condiciones dificultan la entrega de beneficios mediante inversiones para producir y mejorar los sistemas de agua potable, afectando principalmente a las comunidades en condición de vulnerabilidad. También, se restringe el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales y nacionales, principalmente de aquellos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, minimizando el impacto extenso y progresivo que caracteriza a los proyectos hídricos, los cuales coadyuvan al desarrollo económico, del ambiente y la salud de las zonas influenciadas y beneficiadas por las inversiones. Así, dadas las deficiencias en la gestión de la información, se limita la identificación oportuna de las desviaciones en tiempo, costo y alcance de los proyectos por parte de los tomadores de decisión, lo que dificulta la atención de la necesidad pública con la prontitud requerida. Acerca del Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024, vale la pena señalar que se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio de proyectos a cargo del ICAA, lo que supone una situación de fragilidad. Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios. IV. CONCLUSIONES Del contenido del presente informe se concluye lo siguiente: 1. Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás comunidades del distrito, el Órgano Contralor encuentra coherencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por la recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por la recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. 2. Pese a que tampoco se dispone de una fiscalización sobre la respuesta del ICAA ante la alegada falta de acción para contrarrestar la mencionada suspensión del servicio en Vázquez de Coronado, con base en otros resultados de fiscalización realizados por la CGR, se ha encontrado que el portafolio de inversiones del ICAA presenta una serie de deficiencias en su gestión del desempeño, así como debilidades en la gobernanza, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida y la entrega de los beneficios esperados a la población. 3. Este Órgano Contralor apunta sobre la consideración del período de llenado y presurización de tuberías en el horario que se comunica a los usuarios sobre la suspensión, pues no solamente se debe tomar en cuenta la entrada en operación del tanque, ya que esto no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento conforme a las condiciones requeridas. 4. No se aportó evidencia o informes sobre las actuaciones de la ARESEP, en ese sentido este Órgano Contralor no puede aportar criterio. En todo caso, se recalca el deber establecido por Ley al Ente Regulador, sobre su obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima en los servicios públicos, incluido el de agua potable; por ejemplo, la obligación de elaborar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, así como el deber de la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados al servicio público, esto para el cumplimiento cabal de las obligaciones” (el resaltado fue incorporado). (ver el expediente N° 24-012146-0007-CO, tenido ad effectum videndi et probandi). El sector de Zapote se abastece de la Planta Potabilizadora de Tres Ríos, que durante los meses de setiembre y octubre de 2024, ha presentado una cadena de eventos que afectaron la producción de la planta, esto debido a la mala calidad del agua cruda de la fuente Tiribi, producto de las fuertes lluvias que se han experimentado. Al disminuir la producción en la Planta Potabilizadora de Tres Ríos, se afectó el nivel de los tanques de Curridabat, que abastecen los sectores de Zapote, presentando afectación especialmente en horas de la tarde. Sin embargo, de forma diaria se tuvo servicio de agua potable en la zona de Zapote (véase al respecto el informe rendido por la autoridad recurrida). En el sector de Zapote, se han realizado suspensiones imprevistas, por afectaciones en el acueducto de forma súbita y debido a ello, se emite un boletín con el objetivo de alertar a los usuarios de que se tiene una situación y que se está atendiendo, así como las horas estimadas que se tienen previstas de afectación, esto dentro del tiempo que establece la reglamentación vigente. Las suspensiones imprevistas en este sector tienen que ver a salidas imprevistas de las fuentes de producción de la toma de Tiribi, producto de las fuertes lluvias y que han provocado bajos niveles en el tanque de Curridabat. Particularmente, estas situaciones se han presentado desde setiembre, no de forma continua, pero con una incidencia directa con la época lluviosa, cuya dinámica se torna más compleja que en la época seca, ya que paradójicamente existe más agua por las lluvias, pero ocurren aumentos de turbiedad (suciedad presente en el agua captada) hasta valores que no se pueden potabilizar, por lo que se debe disminuir el caudal producido, para aumentar el tiempo hidráulico del tratamiento o suspender completamente la operación, mientras disminuye el valor de turbiedad. También se pueden obstruir las captaciones que se localizan en los ríos y cuando llueve, se produce la escorrentía y arrastre de materiales como piedras, palos, hojas, basura (además del aumento de turbiedad), materiales que quedan atrapados en las rejillas de captación. Para lograr limpiar estas rejillas de captación, se debe esperar a que el nivel del río vuelva a su normalidad, para que los funcionarios puedan ingresar de forma segura. Cuando las lluvias son muy torrenciales, los ríos suelen dejar gran cantidad de escombros en las obras de captación. Durante estos dos últimos meses, setiembre y octubre, las lluvias, son de alta intensidad y poca duración, propiciando un mayor arrastre de sedimentos, ya que se dan crecidas (cabezas de agua) en los ríos y la arena que transporta el agua tiene un alto impacto sobre el agua cruda (véase al respecto el informe rendido por la autoridad recurrida). El sector de El Jardín, ubicado en Zapote, donde habita la recurrente, corresponde al punto más crítico de abastecimiento de la zona de operación de los tanques de Curridabat, debido a que corresponde a la zona con la cota más alta, lo que implica que es el sector que presenta mayores afectaciones. Los registros de presión para el equipo instalado en el Jardín denotan que efectivamente han existido eventos de afectación en el servicio para el periodo comprendido entre el 01 de setiembre y el 13 de octubre del 2024. Con el objetivo de solucionar el problema de El Jardín, el instituto recurrido realizó un análisis y se propone cambiar la zona de operación a la zona del tanque de Sabanilla, convirtiendo a El Jardín, de una zona alta a una zona baja, dentro de la nueva zona de operación. Durante el mes de octubre, se tiene previsto finalizar la etapa de inspecciones y levantamientos en campo para aislar la zona de El Jardín, para garantizar que cuando se realice la interconexión al nuevo sistema, la presión no se vaya a otros sectores. Las interconexiones están previstas para realizarse en el primer trimestre del año 2025, según se coordinó con la Dirección de Ejecución de Proyectos GAM, debido a compromisos previos de trabajos que se tienen en ejecución. Es importante señalar, que el servicio de agua potable en el área se tiene de forma diaria y los momentos en los que la presión llega a cero, es de forma puntual y en días no consecutivos. Actualmente los eventos han cesado y por consiguiente el abastecimiento en la zona es continuo, se mostró además con base en los registros de presión, que durante todos los días ha habido servicio en la zona y que la afectación, se dio en momentos puntuales, sobre todo en horas de la tarde. El servicio de agua potable en el área se tiene de forma diaria y los momentos en los que la presión llega a cero es de forma puntual en días no consecutivos (véase al respecto el informe rendido por la autoridad recurrida). El 18 de marzo de 2024, se realizó una reunión con representantes comunales de Zapote, entre los cuales estaban vecinos de El Jardín e indicaron a los miembros del Instituto recurrido, que no es una alternativa para ellos la colocación de tanques de almacenamiento de agua en puntos estratégicos ni el reparto de agua en cisternas, por lo que no aceptaron esas alternativas. Los usuarios tienen, como alternativa, la posibilidad de que se les brinde la ubicación de los camiones cisterna, cuando así lo soliciten, por medio de una llamada a la línea gratuita de atención telefónica 800-REPORTE (800-7376783) y con el número de servicio (NIS) el agente puede informar la ubicación de la unidad más cercana (véase al respecto el informe rendido por la autoridad recurrida). La información sobre las interrupciones del servicio de agua potable es emitida por el Centro de Control Operacional, quienes comunican al área de Servicio al Cliente los datos por medio de un boletín, para su comunicación a los usuarios. Esta información queda a disposición del usuario para ser consultada las 24 horas del día, durante todos los días del año, por medio de la página web institucional, la aplicación móvil Servicios AyA y las historias de Facebook. En el período del 19 de agosto al 10 de octubre de 2024, se generaron 23 reportes por medio de la App Servicios AyA, para el distrito de Zapote en San José, con el fin de informar sobre desabastecimientos e interrupciones del servicio de agua. Según consulta realizada en el sistema para el Registro de Interacciones con el Cliente (CRM), no se identificaron reportes por parte de la recurrente por faltante de agua o solicitud de abastecimiento, por medio de camión cisterna (véase al respecto el informe rendido por la autoridad recurrida).
III.- SOBRE EL DERECHO AL AGUA POTABLE. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:
“(…) V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).
Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.
Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.
El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que "al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a "emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua," sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).
De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc (…)” (véase la Sentencia N° 2019-017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).
Adicionalmente, a partir de la vigencia de la Ley N° 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:
“(…) ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.
Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones (…)” (el destacado fue agregado).
Sobre el particular, en la Sentencia N° 2020-03982 de las 11:50 horas de 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50, de la Constitución Política, e indicó:
“(…) VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:
Artículo 50.- (…)
Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.
ARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:
Artículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.
La propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.
La Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».
En este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.
Es importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.
Asimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.
Es importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.
Por otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.
Es por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:
“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original- Esta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:
“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido- De tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Es por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.
En este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución (…)”.
IV.- SOBRE EL DERECHO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL PAPEL DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS COMO ENTE RECTOR EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Sobre el particular, en la Sentencia N° 2016-12058 de las 9:30 horas de 26 de agosto de 2016, esta Sala Constitucional indicó:
“(…) en el sub judice se determina que el ICAA, como ente rector en la materia, ha incumplido sus labores de fiscalización y supervisión sobre la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, y, por tanto, ha violentado los derechos de los recurrentes. Según los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, el ICAA es responsable, entres (sic) otras funciones, de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario; de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes el servicio de agua potable; y de administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país; por lo cual resulta inexcusable que el ICAA no haya actuado a fin de prevenir y remediar una situación como la presente, en que una ASADA ha venido prestando los servicios supracitados sin suscribir ningún convenio de delegación.
Al efecto, conviene recordar lo que la Sala, en la sentencia Nº 2014-012971 de las 14:45 horas de 8 de agosto de 2014, indicó en relación con el ICAA y sus deberes de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los servicios públicos en mención:
“IV.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua. En sentencia número 2012-12009 de las 09:05 horas del 31 de agosto de 2013, esta Sala dispuso lo siguiente, que resulta de interés para la resolución del sub lite:
“Esta Sala ha sostenido que la Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es: que sean prestados con elevados estándares de calidad. Lo que tiene, como correlato necesario, la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8 (que impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”), el 139, inciso 4 (en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”) y el 191 (en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”). Este Tribunal también ha indicado que dicha garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable, al estar en juego bienes tan preciados como la salud y la vida humana, por lo que deben imperar con mayor rigor los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, continuidad y adaptación (ver, en este sentido, sentencias número 2008-016405 de las 19:04 horas del 30 de octubre de 2008 y 2008-017633 de las 12:06 horas del 5 de diciembre de 2008). En tal contexto adquiere particular trascendencia el papel del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector en la materia. Esta Sala ha señalado que:
“(…) conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha creado dicha institución autónoma con el expreso objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable. Para cumplir tal objeto, y de conformidad a lo previsto en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le corresponde dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, así como aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de la citada ley. Con lo que se verifica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el primer llamado en procurar porque todos los habitantes de la República puedan beneficiarse de un sistema de abastecimiento de agua potable, capaz de suministrar dicho líquido de forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer debidamente las necesidades básicas de todas las personas, en resguardo efectivo de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud” (sentencia número 2011005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011.)
En consonancia con lo anterior, esta Sala ha destacado que en aquellos supuestos en que el servicio de suministro de agua para consumo humano lo presta una ASADA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a ejercer acciones efectivas y eficientes de vigilancia y de control del respectivo sistema de suministro de agua, en cuanto a su operación, mantenimiento, administración y desarrollo, para así garantizar su correcto funcionamiento (sentencia número 2011009487 de las 9:15 horas del 22 de julio de 2011). De hecho, recientemente, en sentencia número 2012006447 de las 10:30 horas del 18 de mayo de 2012, esta Sala expresó:
“(…) si bien el artículo 2 de la Ley 2726 faculta al AyA para convenir con organismos comunales la administración sistemas de acueductos y alcantarillados, el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. A partir de lo anterior, la Administración no puede excusar la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable, por la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural por parte del órgano privado concesionado (…)
Con lo que se constata la obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales” (lo destacado no corresponde al original) “V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente alega que en la comunidad de El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, el ICAA brinda el servicio de agua potable por delegación en una ASADA; empero, dicho servicio es prestado de manera deficiente y requiere mejoras en la infraestructura, por lo que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida para el mejoramiento de dicho acueducto, la cual no puede ejecutarse mientras el ICAA no realice los estudios técnicos correspondientes. Estima vulnerado su derecho fundamental de acceso al agua potable.
Al respecto, la Sala tuvo por acreditado que la Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, no cuenta con personería jurídica vigente, pues la misma venció desde el 31 de julio de 2007. Asimismo, se aprecia que la ASADA El Porvenir no ha presentado ante el ICAA la documentación requerida para el trámite de firma del convenio de delegación. Además, el ICAA no cuenta con un diagnóstico actualizado del sistema de acueducto operado por la ASADA El Porvenir. De los autos se constató que mediante oficio número SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 del 03 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega del ICAA sugirió a la ASADA El Porvenir que contratara los servicios de un profesional para que realizara un estudio técnico mediante el cual recomendara las mejoras requeridas por el acueducto. Finalmente, se demostró que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida de 3 millones de colones para hacer las mejoras a la infraestructura del acueducto, la cual se ejecutará una vez efectuados los estudios técnicos correspondientes. Ante este panorama, estima la Sala que se debe acoger parcialmente el amparo, solo en contra del ICAA. Tal como se explicó en el considerando anterior, el ICAA está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales, de manera que no puede excusarse en que la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable responde a la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural. Como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, el ICAA se encuentra llamado a coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de El Porvenir, en La Cruz de Guanacaste. Así las cosas, para la Sala no es atendible el alegato de las autoridades recurridas del ICAA, en el sentido de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de El Porvenir. Mientras la problemática en el abastecimiento de agua continúe, la parte más vulnerable son los vecinos de la localidad, quienes deben tolerar la inoperancia de las entidades encargadas y, consecuentemente, sufrir con la deficiente prestación del servicio público de agua potable. Bajo esa inteligencia, deberá el ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de El Porvenir ajuste su funcionamiento a derecho y se logren concretar los estudios técnicos necesarios para autorizar la inversión del presupuesto municipal ya destinado para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en esa comunidad y, por ende, de la calidad de vida de todos sus munícipes.” (El destacado no corresponde al original).
En adición, el ordinal 36 inciso 1) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, señala como obligación y derecho del ICAA: "Suscribir y rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así lo recomiende la Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de conveniencia, oportunidad o ineficacia en la prestación de los servicios públicos (…)".
V.- CASO CONCRETO. En este caso, se tiene por acreditado que en el informe N° DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” de 5 de setiembre de 2018, la Contraloría General de la República señaló:
“(…) 3. Conclusiones 3.1. Desde su creación en 1961, el AyA tiene la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector y delegante del servicio. Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, para que la prestación del servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad, en apego a los principios fundamentales del servicio público relativos a la adaptación a las necesidades sociales y la igualdad en el trato a los destinatarios del servicio. 3.2. En este marco, la calificación del servicio de agua potable de 4,45 de 10 en comunidades vulnerables revela una brecha significativa en la calidad de este servicio y los parámetros mínimos aceptables. Esto, resulta de una visión generalizada de estas comunidades que no incorpora enfoques de orden diferencial e intercultural en la prestación del servicio, que aseguren la protección y restauración de los derechos vulnerados. 3.3. Además, esta situación evidencia que desde un enfoque con sensibilidad étnica y cultural, falta mayor avance en la aplicación de buenas prácticas de administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, que garanticen la sostenibilidad de estos para la prestación del servicio de agua potable a comunidades vulnerables. 3.4. La situación encontrada, propicia condiciones de pobreza, afectación a la salud, y las capacidades productivas, en detrimento del bienestar económico, social y ambiental que permita superar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Es así como, resulta relevante la mejora en la calidad al constituir este un servicio fundamental para estas comunidades, en el cual interesa proteger la sostenibilidad de los fondos públicos invertidos en infraestructura y administración (…)”.
Por su parte, mediante oficio N° IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” emitido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, se concluyó:
“(…) respecto al equilibrio financiero del servicio de acueducto, si bien, actualmente se dispone de la liquidez necesaria para atender la prestación del servicio, en el mediano plazo, la misma se verá comprometida severamente, dadas las directrices implementadas por el AyA de utilizar los flujos del gasto por depreciación y depreciación revaluada (reposición de activos) para atender las obligaciones financieras asociadas a iniciativas de proyectos de inversión, las cuales han visto vencer el periodo de gracia (plazo para construir la obra), lo cual empieza a generar un gasto financiero, sin que a la fecha se disponga de una solución a las necesidades de los usuarios (ausencia de proyecto). Adicionalmente, el equilibrio financiero de un servicio público debe reflejar el resultado de una gestión eficiente y eficaz en materia de inversiones, costos y gastos económicos incurridos en cumplir con los estándares y las normas de calidad preestablecidos en la prestación del servicio de acueducto. En el caso de análisis, evidentemente, el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…) Es importante señalar que el flujo de rédito para el desarrollo está orientado en atender las necesidades de inversión y el repago de las obligaciones financieras (gasto por intereses) adquiridas por el prestador para financiar la cartera de proyectos en infraestructura. En este sentido, el no disponer de la información completa, que valide y permita dar trazabilidad de los costos y cambios en el alcance de los proyectos de inversión durante el periodo 2018-2024, somete al prestador del servicio en una incapacidad de afrontar sus obligaciones con los usuarios en el futuro cercano (nuevas inversiones) como con los acreedores (deudas pendientes). Razón por la cual, la Autoridad Reguladora ha sido enfática desde el año 2021 mediante diferentes oficios y fiscalizaciones técnicas, que el AyA debe modificar sus gestión en proyectos de tal manera que el (sic) permita disponer de la información, garantizar la trazabilidad de la aprobación interna hasta la ejecución, corregir los plazos de atención de necesidades de los usuarios, validar la información de los proyectos en los reportes de capitalización contable, actualización del sistema de aprobación y seguimiento de Mideplan y plan de inversiones de la Aresep y le garantice a los usuarios que cada calón incorporado en tarifas relacionado con inversiones responde a una gestión transparente, confiable, oportuna, eficiente y eficaz. 6. El nivel de rédito para el desarrollo obtenido por el AyA, (Rédito en dólares: 6, 71% y Rédito en colones: 9,4%) es menor al costo del endeudamiento asumido e incorporado en el presente estudio para el AyA (…), lo cual tiene una serie de implicaciones para el servicio, tales como: Está exponiendo al servicio público de acueducto a soportar un costo por la deuda adquirida más elevado que su capacidad de generar recursos para el repago de esta, lo cual le está transfiriendo un riesgo operativo y financiero a los usuarios. El costo de la deuda asociado a proyectos a largo plazo por encima del nivel de rédito, aunado a los plazos para materializar una solución real a los problemas de abastecimiento o disponibilidad del servicio han provocado que el usuario asuma un alto costo social, un rezago en las oportunidades de desarrollo y un potenciador de desigualdades territoriales y económico sociales. 7. El AyA debe de llevar a cabo un proceso de refinanciamiento o renegociación de su deuda de largo plazo, que garantice tasas de interés más competitivas y evitar un desclase financiero, así como evitar asumir y trasladar costos poco competitivos de deuda a los asociados, dado que, si bien las tarifas se fijan bajo el principio al costo, de conformidad con lo que establece el artículo No. 3 de la Ley de la Autoridad Reguladora, no debe ser a cualquier costo (…)9. Se procedió a rechazar la solicitud de capitalización de los proyectos de inversión propuestos para el servicio de acueducto del periodo 2018-2021, por un monto de ₡ 108 081, 96, de acuerdo con los siguientes criterios: Un 70% de los proyectos no se encuentra disponible, según indica el operador, debido a la ausencia de los documentos de preinversión, lo cual no permite dar trazabilidad a los niveles de costo, alcance y plazo durante las etapas de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y capitalización de activos. Del 30% de los proyectos que adjuntan alguna documentación, en la mayoría de los casos corresponde a el monto presupuestado a la fecha de análisis del estudio, el cual en su mayoría no se le puede dar trazabilidad entre el proyecto y los activos que se pretenden capitalizar. Mucho menos poder identificar cuales (sic) proyectos son para sustituir activos y cuales (sic) son para ampliar o mejorar la prestación del servicio, a su vez no es posible identificar los retiros de activos asociados a las capitalizaciones por sustitución o reemplazos (…) 10. Ante las inconsistencias señaladas en las inversiones propuestas a capitalizar por parte del AyA, y dados los problemas de información asociados a los proyectos del 2018-2024, se ET-074-2018). Lo anterior, permitirá, por un lado, no trasladar a los usuarios montos asociados a iniciativas de proyectos que todavía no están útiles y utilizables o del todo no se le puede dar trazabilidad, y por otro lado, al prestador, a quien se le alerta del riesgo que se está materializando, ante la incapacidad de capitalizar los proyectos de inversión, dados los impactos financieros y operativos que acarrea ese descalce de obras y el financiamiento de estas, con tasa de interés del 13,5% promedio. 11. El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas. Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones. 12. El subregistro de ventas de agua potable por del AyA, en parte tiene su explicación en que 8 de cada 10 medidores están en mal estado o con su vida útil vencida, lo cual incide en que esos costos por ventas de agua no registrados correctamente, lo terminen pagando todos los usuarios del servicio, independientemente del estado físico del medidor, como un castigo al consumo y al ahorro del recurso hídrico que hacen las familias (…) 14. El AyA no tiene una estrategia que permita contar con la información de la calidad del agua actualizada de manera anual tanto para los sistemas operados por AyA como aquellos que ha delegado a prestadores del servicio como Asadas, genera que los problemas asociados a la presencia de parámetros como arsénico, hierro, manganeso y las moléculas asociadas a agroquímicos no sean atendidas a tiempo, y por el contrario los mismos solo reciben atención una vez que la afectación a la calidad del agua se ha materializado (…)” (el destacado fue incorporado).
En el informe N° DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la Contraloría General de la República concluyó:
“(…) 3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada. 3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución, lo que demora la atención de las necesidades ciudadanas, afectando el beneficio para 2,8 millones de personas en agua potable y 1,2 millones de personas beneficiarias de proyectos de saneamiento en ciudades como Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo y Coco-Sardinal. 3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del AyA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica. 3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios, propiciando que cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones. 3.5. Los resultados encontrados limitan el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6, el cual se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, constituyéndose en un desafío principalmente en el contexto de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. 4. DISPOSICIONES (…) A JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL AYA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 4.4. Diseñar, divulgar e implementar un modelo de gobernanza integral del portafolio que contenga al menos: i) un plan de gestión de riesgos del portafolio; ii) un plan de recuperación del portafolio; iii) un sistema de información confiable que ofrezca los datos integrados del tiempo, costo y alcance de los componentes del portafolio; iv) el portafolio ajustado y aprobado por el máximo jerarca, de acuerdo con la capacidad administrativa y técnica de ejecución; v) las mediciones de desempeño periódicas a lo largo del ciclo de vida del portafolio, programa y proyecto de conformidad con los lineamientos de MIDEPLAN y la normativa aplicable vigente; vi) los criterios de priorización de los componentes del portafolio, incluyendo criterios para poblaciones en condición de vulnerabilidad; y vii) los roles y responsables de cada una de las etapas de gestión del portafolio y sus componentes. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del modelo de gobernanza a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 30 de abril de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.5. Elaborar, divulgar e implementar un modelo para el mejoramiento de la gestión institucional, en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que contenga al menos las orientaciones para: i) la gestión de los recursos financieros; ii) diseño y mejora de la gestión sistemática de los procesos; iii) resultados de productos y servicios; iv) resultados financieros; v) resultados de los procesos (eficacia organizacional); y vi) resultados de liderazgo; con el fin de modernizar su organización, procesos y procedimientos, y aumentar la eficiencia, eficacia, pertinencia, calidad, sostenibilidad y productividad de sus actividades. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del Modelo a más tardar el 30 de junio de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 29 de mayo de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.6. Elaborar, divulgar e implementar una hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que incluya las acciones e instrucciones a ser implementadas para la gestión financiera del portafolio de inversión pública, que integre al menos: i) indicadores de sostenibilidad financiera del portafolio de inversiones y de la organización; ii) mecanismos de medición, monitoreo y control y su periodicidad; iii) los límites preventivos y alertas de los indicadores, iv) acciones de sensibilización en la organización sobre la sostenibilidad financiera; v) lineamiento sobre la frecuencia para solicitar ajustes tarifarios; y vi) reportes e insumos necesarios derivados del sistema de información referencial contenidos en el párrafo 4.4 del presente informe. Remitir a la Contraloría General una certificación en la que conste la elaboración y remisión a la Junta Directiva de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, posterior a la resolución por parte de ese órgano, remitir una certificación donde conste la divulgación e implementación de la hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 31 de agosto de 2026. (ver párrafos del 2.55 al 2.76). A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AYA O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN EL CARGO 4.7. Resolver acerca de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que reciba de la Presidencia Ejecutiva en cumplimiento de la disposición contenida en el párrafo n.° 4.6 de este informe. Remitir al Órgano Contralor copia del acuerdo en el que conste lo resuelto, a más tardar dos meses posterior al recibido de la propuesta (…)”.
Asimismo, el 6 de junio de 2024, la Contraloría General de la República indicó:
“(…) III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 1- Aspectos relacionados con la suspensión del servicio Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás comunidades del distrito de San Isidro, el Órgano Contralor encuentra consistencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por el recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por el recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. Al respecto, con base en estudios de fiscalización realizados con anterioridad, entre ellos el “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” del 5 de setiembre de 2018, se encontraron coincidencias en la tendencia de desabastecimiento y constantes interrupciones en el servicio de agua potable en comunidades vulnerables. Por su parte, se tiene acreditado mediante el informe n.° DFOE-AE-IF-00008-2018 antes mencionado, que el servicio de agua constituye un seguro a las comunidades para no descender en la escala de vulnerabilidad, en tanto una de las manifestaciones de la pobreza conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, es el acceso limitado a los servicios básicos. Además, dicho informe emitido por el Órgano Contralor señaló que el estado deficiente de prestación del servicio propicia la exposición a enfermedades, restricción al desarrollo de actividades productivas, consumo poco sostenible del agua y disminución en la capacidad de resiliencia ante eventos extremos. Todo lo anterior acentúa las causas estructurales de la vulnerabilidad, como pobreza y exclusión, en detrimento de la calidad de vida y potencial de desarrollo de esas comunidades. Acerca de la suspensión del servicio, el recurrente señala que la situación empeoró a partir del 8 de mayo de 2024, con interrupciones de hasta tres días consecutivos sin agua. El agua se distribuye únicamente durante dos horas en la madrugada, de 2:00 a 4:00, lo cual obliga a los vecinos a permanecer despiertos para realizar actividades esenciales como lavar ropa y trastes. Además, destaca la existencia de una escuela en funcionamiento en la comunidad, donde cientos de niños y niñas necesitan agua, particularmente para prevenir la propagación de un cuadro viral de problemas estomacales alertado por el Ministerio de Salud. Cabe destacar, que de acuerdo al reglamento vigente, si el desabastecimiento sobrepasa las 6 horas se debe emitir una comunicación colectiva y asegurarse un servicio alternativo que los requerimientos mencionados. Asimismo, tal normativa 1 en los artículos 86 y 90 establece que las interrupciones temporales atendidas por medio de cisternas, deben contemplar puntos de entrega lo más cerca posible de los domicilios y con facilidad de recolección de agua, todo con el fin de conceder a todas las personas la posibilidad de acceder el servicio de agua potable en condiciones de igualdad, ante su naturaleza y carácter indispensable para la vida y salud humana. Sobre lo anterior, el ICAA en el memorando n.° SG-GSGAM-MZESTE-2024-00430, del 14 de mayo, describe las acciones de atención mediante el reparto de agua, en términos de cantidad de camiones cisterna y su equivalente en viajes de reparto y litros, así como el detalle de los puntos en los que fueron instalados 11 tanques de almacenamiento de agua como puntos de atención fija con camión cisterna. Al respecto, no se aporta evidencia documental sobre franjas horarias específicas en las se abasteció mediante el mecanismo alternativo de camiones cisterna el servicio se ha visto interrumpido, por tanto, este Órgano Contralor no puede emitir opinión. Asimismo, el informe “Atención San Francisco de Coronado: Trabajo interdisciplinario. Gestión Social- Dirección de Mercadeo- Gestión Técnica- Operativa Sistemas GAM. Centro Técnico Integrado” cita una serie de acuerdos entre el ICAA y representantes comunales de la comisión Pro-Agua San Francisco de Coronado, entre los que se encuentran instalar tanque en el sector de Corazón de Jesús, zona con alta afectación, así como coordinar con el Centro Educativo de la localidad el llenado de los tanques del Centro Educativo y con ello garantizar que el curso lectivo pueda continuar sin ningún tipo de interrupciones. No obstante, no se acredita en la prueba aportada el cumplimiento de los acuerdos antes citados, ni el establecimiento y ejecución de un mecanismo suficiente para la integración de todas las personas en condición de vulnerabilidad o en las condiciones citadas por el recurrente (infantes recién nacidos, niños, adolescentes, adultos mayores, entre otros), principalmente en los casos donde se estima la utilización del cisterna como medio alternativo. 2- Sobre la respuesta del ICAA para solventar los problemas Como respuesta al recurso de amparo interpuesto, el ICAA refirió a una serie de hechos causales relacionados con las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano. Entre las justificaciones apuntadas, se indicó: 1) El desequilibrio entre la oferta y la demanda, impidiendo satisfacer la creciente demanda de los usuarios. Señala que este problema se ha agravado por el fenómeno El Niño y la contaminación con hidrocarburo de la toma de captación de la Planta Potabilizadora de Guadalupe, que estuvo fuera de operación del 28 de enero al 2 de febrero de 2024 y sigue funcionando de manera limitada. En marzo de 2024, también se registró una disminución en el caudal de producción de la Planta Los Cuadros y una fuga en la impulsión del bombeo de Coronado entre el 28 y 30 de marzo, desequilibrando el sistema e impidiendo su recuperación normal. A pesar de estas afectaciones, arguye que la población ha tenido acceso al agua potable a través de la red en periodos limitados. 2) Anuncio de suspensiones: Indica que las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano han sido anunciadas a la población por los canales oficiales y se han mantenido en apego a los horarios establecidos. Con el objetivo de atender tales condiciones, el ICAA señala haber emprendido acciones como la colocación de tanques en puntos estratégicos, el abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna y comunicación mediante líderes comunales, así como la inversión en la instalación de una línea de conducción entre la estación de rebombeo de “Vistamar” y hasta el tanque existente en la Finca de “Coronado” de AyA, en la comunidad de San Isidro de Coronado. Sin embargo no se refirió a que el servicio de agua se brinda solo entre las 2:00 y 4:00 de la madrugada. Acerca de lo anterior, la Contraloría General en el “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” del 5 de setiembre de 2018, indicó que los acueductos requieren del almacenamiento de agua para cubrir la demanda y compensar las variaciones horarias, principalmente cuando la fuente de abastecimiento por sí sola no es suficiente para cubrir la demanda diaria, lo que deriva en suspensiones del servicio en cuestión. Sobre ello, debe distinguirse que la entrada en operación del tanque luego de la suspensión, no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. Tal fenómeno se agrava en las zonas altas de la red, donde la topografía afecta la rapidez de restablecimiento del servicio de agua potable. En suma, la suspensión debe considerar el período de llenado y presurización de tuberías, y no solamente la salida y entrada en operación de los tanques de almacenamiento, de manera tal que el tiempo que tarda la suspensión sea correspondiente a la hora de finalización comunicada y con ello, a la hora esperada por los usuarios para el retorno del servicio. Relativo a las inversiones efectuadas por el ICAA, mediante el “Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión de portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, este Órgano Contralor determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA no ha sido eficaz ni eficiente; lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida. También, se encontró que el diseño del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica, conforme a las etapas establecidas de selección, priorización, balance estratégico y aprobación; además, no existe una gestión de riesgos ni se definen responsables del portafolio y sus componentes. Asimismo, en el citado informe de fiscalización se determinó que la gestión de la información por parte del ICAA no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Estas condiciones dificultan la entrega de beneficios mediante inversiones para producir y mejorar los sistemas de agua potable, afectando principalmente a las comunidades en condición de vulnerabilidad. También, se restringe el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales y nacionales, principalmente de aquellos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, minimizando el impacto extenso y progresivo que caracteriza a los proyectos hídricos, los cuales coadyuvan al desarrollo económico, del ambiente y la salud de las zonas influenciadas y beneficiadas por las inversiones. Así, dadas las deficiencias en la gestión de la información, se limita la identificación oportuna de las desviaciones en tiempo, costo y alcance de los proyectos por parte de los tomadores de decisión, lo que dificulta la atención de la necesidad pública con la prontitud requerida. Acerca del Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024, vale la pena señalar que se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio de proyectos a cargo del ICAA, lo que supone una situación de fragilidad. Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios. IV. CONCLUSIONES Del contenido del presente informe se concluye lo siguiente: 1. Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás comunidades del distrito, el Órgano Contralor encuentra coherencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por la recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por la recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. 2. Pese a que tampoco se dispone de una fiscalización sobre la respuesta del ICAA ante la alegada falta de acción para contrarrestar la mencionada suspensión del servicio en Vázquez de Coronado, con base en otros resultados de fiscalización realizados por la CGR, se ha encontrado que el portafolio de inversiones del ICAA presenta una serie de deficiencias en su gestión del desempeño, así como debilidades en la gobernanza, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida y la entrega de los beneficios esperados a la población. 3. Este Órgano Contralor apunta sobre la consideración del período de llenado y presurización de tuberías en el horario que se comunica a los usuarios sobre la suspensión, pues no solamente se debe tomar en cuenta la entrada en operación del tanque, ya que esto no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento conforme a las condiciones requeridas. 4. No se aportó evidencia o informes sobre las actuaciones de la ARESEP, en ese sentido este Órgano Contralor no puede aportar criterio. En todo caso, se recalca el deber establecido por Ley al Ente Regulador, sobre su obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima en los servicios públicos, incluido el de agua potable; por ejemplo, la obligación de elaborar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, así como el deber de la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados al servicio público, esto para el cumplimiento cabal de las obligaciones” (el resaltado fue incorporado).
VI.- En este caso, el recurrente presenta este amparo y manifiesta que acude en favor de la comunidad de Zapote, y, se muestra inconforme con los racionamientos de agua potable que realiza el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a veces hasta por ocho horas. Explica, que las suspensiones no se realizan por situaciones fuerza mayor o caso fortuito, sino para abastecer el tanque de agua potable, en horarios con mayor afectación a las personas -cuando regresan a sus hogares-, con afectación a adultos mayores y niños. Por consiguiente, solicita que se declare con lugar el recurso y se le ordene al Instituto recurrido adoptar medidas para garantizar el acceso continuo y adecuado al agua potable en la comunidad.
Revisados los autos, quedó demostrado que el sector de Zapote, se abastece de la Planta Potabilizadora de Tres Ríos, que durante los meses de setiembre y octubre de 2024 y, si bien, ha tenido la comunidad servicio de agua potable en forma diaria, sí se ha presentado una cadena de eventos que afectaron la producción de la planta, esto debido a la mala calidad del agua cruda de la fuente Tiribi, producto de las fuertes lluvias que se han experimentado. Al disminuir la producción en la Planta Potabilizadora de Tres Ríos, se afectó el nivel de los tanques de Curridabat, que abastecen los sectores de Zapote, presentando afectación especialmente en horas de la tarde. Al respecto, se indica bajo juramento, que, en el sector de Zapote, se han realizado suspensiones imprevistas, por afectaciones en el acueducto de forma súbita y debido a ello, se emite un boletín con el objetivo de alertar a los usuarios de que se tiene una situación y que se está atendiendo, así como las horas estimadas que se tienen previstas de afectación, esto dentro del tiempo que establece la reglamentación vigente. Las suspensiones imprevistas en este sector tienen que ver a salidas imprevistas de las fuentes de producción de la toma de Tiribi, producto de las fuertes lluvias y que han provocado bajos niveles en el tanque de Curridabat. Particularmente, estas situaciones se han presentado desde setiembre, no de forma continua, pero con una incidencia directa con la época lluviosa, cuya dinámica se torna más compleja que en la época seca, ya que paradójicamente existe más agua por las lluvias, pero ocurren aumentos de turbiedad (suciedad presente en el agua captada) hasta valores que no se pueden potabilizar, por lo que se debe disminuir el caudal producido, para aumentar el tiempo hidráulico del tratamiento o suspender completamente la operación, mientras disminuye el valor de turbiedad. También se pueden obstruir las captaciones que se localizan en los ríos y cuando llueve, se produce la escorrentía y arrastre de materiales como piedras, palos, hojas, basura (además del aumento de turbiedad), materiales que quedan atrapados en las rejillas de captación. Para lograr limpiar estas rejillas de captación, se debe esperar a que el nivel del río vuelva a su normalidad, para que los funcionarios puedan ingresar de forma segura. Cuando las lluvias son muy torrenciales, los ríos suelen dejar gran cantidad de escombros en las obras de captación. Durante estos dos últimos meses, setiembre y octubre, las lluvias, son de alta intensidad y poca duración, propiciando un mayor arrastre de sedimentos, ya que se dan crecidas (cabezas de agua) en los ríos y la arena que transporta el agua tiene un alto impacto sobre el agua cruda.
Ahora bien, en particular, en el sector denominado El Jardín, ubicado en Zapote, donde habita la recurrente, corresponde al punto más crítico de abastecimiento de la zona de operación de los tanques de Curridabat, debido a que corresponde a la zona con la cota más alta, lo que implica que es el sector que presenta mayores afectaciones. Los registros de presión para el equipo instalado en el Jardín denotan que efectivamente han existido eventos de afectación en el servicio para el periodo comprendido entre el 01 de setiembre y el 13 de octubre del 2024. Con el objetivo de solucionar el problema de El Jardín, el instituto recurrido realizó un análisis y se propone cambiar la zona de operación a la zona del tanque de Sabanilla, convirtiendo a El Jardín, de una zona alta a una zona baja, dentro de la nueva zona de operación. Durante el mes de octubre, se tiene previsto finalizar la etapa de inspecciones y levantamientos en campo para aislar la zona de El Jardín, para garantizar que cuando se realice la interconexión al nuevo sistema, la presión no se vaya a otros sectores. Las interconexiones están previstas para realizarse en el primer trimestre del año 2025, según se coordinó con la Dirección de Ejecución de Proyectos GAM, debido a compromisos previos de trabajos que se tienen en ejecución. Es importante señalar, que el servicio de agua potable en el área se tiene de forma diaria y los momentos en los que la presión llega a cero, es de forma puntual y en días no consecutivos. Actualmente los eventos han cesado y por consiguiente el abastecimiento en la zona es continuo, se mostró además con base en los registros de presión, que durante todos los días ha habido servicio en la zona y que la afectación, se dio en momentos puntuales, sobre todo en horas de la tarde. El servicio de agua potable en el área se tiene de forma diaria y los momentos en los que la presión llega a cero es de forma puntual en días no consecutivos- También, en cuanto al abastecimiento del preciado líquido, en los momentos de afectación, se asegura bajo juramento que el 18 de marzo de 2024, se realizó una reunión con representantes comunales de Zapote, entre los cuales estaban vecinos de El Jardín e indicaron a los miembros del Instituto recurrido, que no es una alternativa para ellos la colocación de tanques de almacenamiento de agua en puntos estratégicos ni el reparto de agua en cisternas, por lo que no aceptaron esas alternativas. Los usuarios tienen, como alternativa, la posibilidad de que se les brinde la ubicación de los camiones cisterna, cuando así lo soliciten, por medio de una llamada a la línea gratuita de atención telefónica 800-REPORTE (800-7376783) y con el número de servicio (NIS) el agente puede informar la ubicación de la unidad más cercana. Además, que la información sobre las interrupciones del servicio de agua potable es emitida por el Centro de Control Operacional, quienes comunican al área de Servicio al Cliente los datos por medio de un boletín, para su comunicación a los usuarios. Esta información queda a disposición del usuario para ser consultada las 24 horas del día, durante todos los días del año, por medio de la página web institucional, la aplicación móvil Servicios AyA y las historias de Facebook. Finalmente, que en el período del 19 de agosto al 10 de octubre de 2024, se generaron veintitrés reportes por medio de la App Servicios AyA, para el distrito de Zapote en San José, con el fin de informar sobre desabastecimientos e interrupciones del servicio de agua. Según consulta realizada en el sistema para el Registro de Interacciones con el Cliente (CRM), sin que consten reportes de la recurrente por faltante de agua o solicitud de abastecimiento, por medio de camión cisterna.
Al respecto, cabe recordar que en el informe N° DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” del 5 de setiembre de 2018, la Contraloría General de la República señaló:
“(…) 3. Conclusiones 3.1. Desde su creación en 1961, el AyA tiene la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector y delegante del servicio. Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, para que la prestación del servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad, en apego a los principios fundamentales del servicio público relativos a la adaptación a las necesidades sociales y la igualdad en el trato a los destinatarios del servicio. 3.2. En este marco, la calificación del servicio de agua potable de 4,45 de 10 en comunidades vulnerables revela una brecha significativa en la calidad de este servicio y los parámetros mínimos aceptables. Esto, resulta de una visión generalizada de estas comunidades que no incorpora enfoques de orden diferencial e intercultural en la prestación del servicio, que aseguren la protección y restauración de los derechos vulnerados. 3.3. Además, esta situación evidencia que desde un enfoque con sensibilidad étnica y cultural, falta mayor avance en la aplicación de buenas prácticas de administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, que garanticen la sostenibilidad de estos para la prestación del servicio de agua potable a comunidades vulnerables. 3.4. La situación encontrada, propicia condiciones de pobreza, afectación a la salud, y las capacidades productivas, en detrimento del bienestar económico, social y ambiental que permita superar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Es así como, resulta relevante la mejora en la calidad al constituir este un servicio fundamental para estas comunidades, en el cual interesa proteger la sostenibilidad de los fondos públicos invertidos en infraestructura y administración (…)”.
Además, en el en el informe N° DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la Contraloría General de la República concluyó:
“(…) 3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad (…) 3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución (…) 3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras (…) 3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios (…)”.
Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que la Contraloría General de la República el 6 de junio de 2024, en un criterio aplicable mutatis mutandis al presente asunto, afirmó que:
“(…) Relativo a las inversiones efectuadas por el ICAA, mediante el “Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión de portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, este Órgano Contralor determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA no ha sido eficaz ni eficiente; lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida. También, se encontró que el diseño del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica, conforme a las etapas establecidas de selección, priorización, balance estratégico y aprobación; además, no existe una gestión de riesgos ni se definen responsables del portafolio y sus componentes. Asimismo, en el citado informe de fiscalización se determinó que la gestión de la información por parte del ICAA no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Estas condiciones dificultan la entrega de beneficios mediante inversiones para producir y mejorar los sistemas de agua potable, afectando principalmente a las comunidades en condición de vulnerabilidad. También, se restringe el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales y nacionales, principalmente de aquellos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, minimizando el impacto extenso y progresivo que caracteriza a los proyectos hídricos, los cuales coadyuvan al desarrollo económico, del ambiente y la salud de las zonas influenciadas y beneficiadas por las inversiones. Así, dadas las deficiencias en la gestión de la información, se limita la identificación oportuna de las desviaciones en tiempo, costo y alcance de los proyectos por parte de los tomadores de decisión, lo que dificulta la atención de la necesidad pública con la prontitud requerida. Acerca del Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024, vale la pena señalar que se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio de proyectos a cargo del ICAA, lo que supone una situación de fragilidad. Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios (…)”.
Por su parte, recuérdese que la ARESEP emitió el memorial N° IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, en el que evidenció algunos de los problemas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como lo son “(…) el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…)”.
Además, en tal estudio se recalcó que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados cobra a las personas usuarias montos que incluyen un cincuenta y siete por ciento de agua que se desperdicia y que, por ende, no conlleva una contraprestación a favor de los abonados. Ello se evidencia con la conclusión de la ARESEP en cuanto a que:
“(…) El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas. Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones (…)”.
VII.- Así las cosas, en el caso concreto queda en evidencia que existe un problema estructural de parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados CAA que ha afectado la prestación del servicio de agua potable en perjuicio de los habitantes del sector de Zapote.
VIII.- Acerca de esto, adviértase que, aun cuando en diversos informes del instituto recurrido atinentes a tal problemática se ha indicado que el desabastecimiento obedece a múltiples factores e, incluso, que en particular respecto a la zona de El Jardín, se pretende cambiar la zona de operación a la zona del tanque de Sabanilla, convirtiendo a El Jardín, de una zona alta a una zona baja, dentro de la nueva zona de operación -con interconexiones previstas para el primer trimestre del 2025-, no puede obviarse que en el caso concreto ha quedado demostrado que el Instituto recurrido adolece de una inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, mediante el oficio N° IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, evidenció entre los problemas que afronta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados “(…) el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración (…)”.
De este modo, en la especie resulta evidente la conculcación del derecho fundamental de acceso al agua potable, máxime si se considera que el ordinal 50, de la Constitución Política, dispone que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida” y que, en la Observación General N° 15, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, cuyas características son: i) calidad; ii) accesibilidad; y iii) disponibilidad, lo que implica que “El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”. En suma, se declara con lugar el recurso.
IX.- CONCLUSIÓN. Bajo este orden de circunstancias, el recurso de amparo deviene procedente, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva de esta sentencia.
X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de Presidente Ejecutivo y a Alejandro Calderón Acuña, en su condición de Subgerente de Gestión de Sistemas GAM, ambos el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de la comunidad de Zapote, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a seis horas; y ii) dentro del PLAZO DE DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de la comunidad de Zapote se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Todo lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Aracelly Pacheco S.
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