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Res. 34816-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/11/2024

48-hour deadline to decide on detention statusPlazo de 48 horas para resolver situación jurídica de detenidos

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The habeas corpus petition is partially granted, only with respect to the exceeding of the 48-hour deadline to resolve the legal situation of the persons under protection, and the State is ordered to pay damages.Se declara parcialmente con lugar el recurso de hábeas corpus, únicamente en cuanto a la superación del plazo de 48 horas para resolver la situación jurídica de los tutelados, y se condena al Estado al pago de daños y perjuicios.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed a habeas corpus petition regarding the detention of two individuals charged with aggravated theft. They were arrested on October 14, 2024, and placed at the court's disposal at 3:35 p.m. A jurisdictional conflict between the trial courts of Osa and Corredores delayed the resolution of their legal status. The hearing that finally ordered their release was held on October 17, 2024, exceeding the 48-hour limit set by Article 238 of the Criminal Procedure Code. The Chamber partially granted the petition, only with respect to the violation of the deadline, ordering the State to pay damages. The challenge to the prosecution's policy was rejected, as it falls outside the scope of a habeas corpus review.La Sala Constitucional conoce un recurso de hábeas corpus por la detención de dos personas imputadas por hurto agravado. Los tutelados fueron detenidos el 14 de octubre de 2024 y puestos a la orden de la autoridad judicial a las 15:35 horas. Surgieron conflictos de competencia entre los Tribunales de Juicio de Osa y Corredores, lo que demoró la resolución de su situación jurídica. La audiencia que finalmente resolvió la libertad se realizó el 17 de octubre de 2024, superando el plazo de 48 horas establecido en el artículo 238 del Código Procesal Penal. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la violación del plazo, y condena al Estado al pago de daños y perjuicios. Se rechaza el reclamo relativo a la política de persecución penal del Ministerio Público, por no ser materia de hábeas corpus.

Key excerptExtracto clave

From the established facts, it is concluded that those under protection were placed, by the Public Prosecutor's Office, at the disposal of the Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa seat, on October 14, 2024, at 3:35 p.m. The case file was received by the Court that day at 4:04 p.m. Consequently, it is from this moment that the judicial authority has a 48-hour period to define the legal situation of the accused. In this case, therefore, the deadline expired on October 16 at the same time. On the other hand, the hearing that finally resolved their legal situation was held on October 17, 2024. The Court approved a conciliation and ordered the immediate release of the accused, which was carried out at 10:37 a.m. that day. It is clear, therefore, that the indicated deadline was indeed exceeded. Now, it is not for this Chamber, nor is the habeas corpus remedy the means, to determine to which judicial instance the failure to observe this deadline is attributable. For purposes of a habeas corpus, what is relevant is to verify that the Judiciary did not guarantee said deadline, so that, indeed, those under protection were illegitimately deprived of liberty. The petition, therefore, as regards this claim, must be granted.De la relación de hechos probados se concluye que los tutelados fueron puestos, por parte del Ministerio Público, a la orden del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Osa el 14 de octubre del 2024, al ser las 15:35 horas. El expediente ingresó al Juzgado ese día a las 16:04 horas. En consecuencia, es a partir de este momento que la autoridad judicial cuenta con el plazo de 48 horas para definir la situación jurídica de los encartados. En este, caso, por consiguiente, el plazo se venció el día 16 de octubre a la misma hora. Por otra parte, la audiencia que finalmente resuelve su situación jurídica se celebró el 17 de octubre del 2024. El Juzgado homologó conciliación y ordenó la inmediata libertad de las personas imputadas, la que se ejecutó al ser las 10:37 horas de ese día. Es claro, en consecuencia, que, en efecto, se superó el plazo indicado. Ahora bien, no le corresponde a esta Sala ni es el recurso de hábeas corpus la vía para determinar a cuál de las instancias judiciales es atribuible la inobservancia de este plazo. Para efectos de un hábeas corpus lo relevante es verificar que el Poder Judicial no garantizó dicho plazo, de manera que, efectivamente, los tutelados estuvieron ilegítimamente privados de libertad. El recurso, en consecuencia, en cuanto a este reclamo se refiere, debe declararse con lugar.

Pull quotesCitas destacadas

  • "De conformidad con el ámbito de competencia de este Tribunal, definido en la propia Constitución Política y en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de hábeas corpus tiene por objeto garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos y omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, que impliquen una amenaza, perturbación o restricción indebida a los mismos, así como, contra las restricciones ilegítimas al derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República y de libre permanencia, salida e ingreso en el territorio nacional."

    "In accordance with the scope of jurisdiction of this Court, defined in the Political Constitution itself and in the Law of Constitutional Jurisdiction, the habeas corpus remedy aims to guarantee personal liberty and integrity, against acts and omissions by any authority, including judicial, that imply an undue threat, disturbance, or restriction thereof, as well as against illegitimate restrictions on the right to move from one place to another within the Republic and to freely remain, exit, and enter the national territory."

    Considerando III

  • "De conformidad con el ámbito de competencia de este Tribunal, definido en la propia Constitución Política y en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de hábeas corpus tiene por objeto garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos y omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, que impliquen una amenaza, perturbación o restricción indebida a los mismos, así como, contra las restricciones ilegítimas al derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República y de libre permanencia, salida e ingreso en el territorio nacional."

    Considerando III

  • "Para efectos de un hábeas corpus lo relevante es verificar que el Poder Judicial no garantizó dicho plazo, de manera que, efectivamente, los tutelados estuvieron ilegítimamente privados de libertad."

    "For the purposes of a habeas corpus, what is relevant is to verify that the Judiciary did not guarantee said deadline, so that, indeed, the persons under protection were illegitimately deprived of liberty."

    Considerando V

  • "Para efectos de un hábeas corpus lo relevante es verificar que el Poder Judicial no garantizó dicho plazo, de manera que, efectivamente, los tutelados estuvieron ilegítimamente privados de libertad."

    Considerando V

  • "Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en relación con el plazo de la privación de libertad de los tutelados. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso."

    "The petition is partially granted, only in relation to the period of deprivation of liberty of the protected persons. The State is ordered to pay the damages caused by the facts underlying this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the administrative contentious jurisdiction. For the rest, the petition is denied."

    Por tanto

  • "Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en relación con el plazo de la privación de libertad de los tutelados. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Date of Resolution: November 22, 2024 at 09:20 Type of matter: Recurso de hábeas corpus Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Relevance Indicators Relevant judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: CRIMINAL Subtopics: DETENTION.

034816-24. THE PETITIONER STATES THAT THE PROTECTED PERSONS WERE DETAINED FOR MORE THAN 48 HOURS AND THEIR LEGAL SITUATION WAS NOT DEFINED. PARTIALLY GRANTED IN RELATION TO THE TIME LIMIT OF THE DEPRIVATION OF THE PROTECTED PERSONS. RGS11/2024 “(…) Regarding the recurso de hábeas corpus. In accordance with the scope of competence of this Court, defined in the Political Constitution itself and in the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the recurso de hábeas corpus is intended to guarantee personal liberty and integrity, against acts and omissions originating from an authority of any order, even judicial, that imply a threat, disturbance, or undue restriction thereof, as well as against illegitimate restrictions on the right to move from one place to another within the Republic and to freely remain, leave, and enter the national territory. Furthermore, Article 16 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides for the possibility that this Court examine –through the recurso de hábeas corpus and by connection– violations of other fundamental rights distinct from personal liberty, provided that these necessarily have a strict impact on liberty, its effective restriction, or the threat of its restriction.(…)” “(…) From the list of proven facts, it is concluded that the protected persons were placed, by the Public Prosecutor's Office, at the disposal of the Trial Court of the II Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa Seat on October 14, 2024, at 3:35 p.m. The case file entered the Court that day at 4:04 p.m. Consequently, it is from this moment that the judicial authority has a 48-hour period to define the legal situation of the accused. In this case, therefore, the time limit expired on October 16 at the same time. On the other hand, the hearing that finally resolves their legal situation was held on October 17, 2024. The Court approved the conciliation and ordered the immediate release of the accused persons, which was executed at 10:37 a.m. that day. It is clear, consequently, that, indeed, the indicated time limit was exceeded. Now, it is not for this Chamber, nor is the recurso de hábeas corpus the means, to determine to which of the judicial instances the failure to observe this time limit is attributable. For purposes of a hábeas corpus, the relevant aspect is to verify that the Judicial Branch did not guarantee said time limit, so that, effectively, the protected persons were illegitimately deprived of liberty. The recourse, consequently, insofar as this claim is concerned, must be granted.(…)” “(…) The recurso is partially granted, solely in relation to the time limit of the deprivation of liberty of the protected persons. The State is ordered to pay the damages caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the administrative contentious court's judgment. In all other respects, the recurso is denied.” ... See more Related Judgments  Res. No. 2024034816 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on November twenty-second, two thousand twenty-four.

Recurso de hábeas corpus filed by Luis Alonso Blanco Elizondo, Public Defender, on behalf of [Name 001] and [Name 002], against the Judicial Branch.

Resultando:

1.- By document added to this expediente on October 18, 2024, the petitioner alleged, in summary, that the protected persons were detained on October 14, 2024, in the unloading area of a supermarket, when they were attempting to steal some spoiled vegetables and three boxes of milk. He explains that the protected parties are known homeless persons, with no criminal record or prior history. He comments that the Public Prosecutor's Office decided to initiate and process a criminal case against both protected parties for the crime of aggravated theft, to place them at the disposal of the Trial Court of Osa, and even to request pretrial detention, without considering another possibility and taking into account the small amount of what was stolen and the high cost that conducting such criminal proceedings would entail. He mentions that, at 9:30 a.m. on October 15, 2024, the protected parties were summoned to a hearing at 1:15 p.m., a proceeding which the petitioner attends two minutes after that time, as he was finishing another hearing. He indicates that the Trial Court of Osa rejected the claim of competence and declared itself incompetent, and therefore refers the case file to the Flagrancy Trial Court of Corredores. He asserts that, at 4:18 p.m. on October 16, 2024, a record was made by the Trial Court of Osa of the summons to the petitioner and the representative of the Prosecutor's Office for a hearing on October 17, 2024, at which point the 48-hour time limit that the judicial authority had to resolve the legal situation of the protected parties, who remained in illegitimate detention, had already been exceeded. He argues that, while the hearing was being held at the Trial Court of Osa, the case file and the protected parties were in Corredores, where the Flagrancy Court of Corredores raised a request for a conflict of competence with the Court of Appeal of Cartago, which referred the case file to the Trial Court of Osa, all of this without resolving the detention of the protected parties. He argues that, at 8:24 a.m. on October 17, 2024, competence was resolved and the conciliatory agreement was approved, and the release of the protected parties, who had been detained for sixty hours, was ordered.

2.- By resolution of 10:09 a.m. on November 4, 2024, the proceeding was granted leave to proceed.

3.- By document added to this expediente on November 5, 2024, Aurelia Fernández Delgado, Coordinating Judge of the Criminal Court of Corredores, submitted the report. She indicated the following:

“PREAMBLE OF THE CASE It is worth mentioning that in case 24-000282-0454-PE, the Flagrancy Criminal Court-Corredores raised a conflict of interest, on that occasion with the Criminal Court of Osa, resulting in the ruling of the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, No. 2024-313 of 10:20 a.m. on August 13, 2024, by which it was defined that the Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone seated in Osa is the competent court to assume cognizance of non-environmental flagrancy cases.

This led the Trial Court of Osa, through vote No. 154-2024 of 9:17 a.m. on September 10, 2024, to formulate a resolution entitled “conflict of competence” before Sala III, which was resolved through vote 2024-01060 of the Criminal Cassation Chamber at 2:40 p.m. on October 10, 2024, where in Considerando IV it is noted that the Trial Court of Osa, through the resolution “conflict of competence before this Chamber, which, as will be seen, actually corresponds to a proceeding in which they state their concern and disagreement with what was resolved by the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, in ruling No. 2024-313 of 10:20 a.m. on August 13, 2024.” (Highlighting is not from the original) Given that, in the operative part of the resolution of the Cassation Chamber it is indicated: “This Chamber is incompetent to hear the proceeding raised by the Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, seated in Osa. Said court must abide by what was resolved by the Sentence Appeals Court of Cartago in ruling No. 2024-313 of 10:20 a.m. on August 13, 2024, by which the Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, seated in Osa, was defined as the competent court to assume cognizance of this summary case. The proceedings are referred to said jurisdictional authority so that it may continue with the processing of the expediente, in accordance with applicable Law.” (The underline is not from the original) However, despite the fact that the Sentence Appeals Court in resolution No. 2024-313 of 10:20 a.m. on August 13, 2024, determined that the Trial Court of Osa is competent to hear non-environmental flagrancy cases, being endorsed by the Third Chamber of the Supreme Court of Justice; the Trial Court of Osa referred case 24-399-454-PE to the Flagrancy Court of Corredores on October 15, 2024, by declaring itself incompetent to hear flagrancy cases, sending the electronic expediente by email to the account of the Court of Corredores at 3:39 p.m. on October 15, 2024, indicating that the accused persons would be transferred on October 16, 2024, to Corredores.

This led the Flagrancy Court of Corredores, not being competent by reason of territory, to have to raise a new conflict of competence –despite the issue already having been resolved– through vote 1004-2024 of 4:47 p.m. on October 15, 2024, before the Criminal Sentence Appeals Court of the Criminal Court of Cartago.

The Sentence Appeals Court of Cartago, by email directed to the Trial Court of Osa and the Trial Court of Corredores, dated October 16, 2024, at 2:32 p.m., communicates resolution number 2024-425 of thirteen hours forty-five minutes on October sixteenth, two thousand twenty-four, the operative part of which literally states: “Por Tanto: The conflict of competence raised is resolved in the sense that cognizance of this summary case corresponds to the Criminal Court of the II Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Osa seat, which must immediately and on an urgent basis proceed to resolve the request for precautionary measure and other motions of the Public Prosecutor's Office.” (Subsequently, the word Atlantic is corrected to South) In fact, in the cited resolution of the Sentence Appeals Court of Cartago, it is mentioned that: “This criterion is fully shared by the judges who hear this new conflict that, for identical reasons, the Flagrancy Court of Corredores finds itself needing to raise, given the repeated refusal of the Criminal Court of Osa to hear the case that it is obligated to resolve, this despite knowing that even the Third Criminal Cassation Chamber ruled on the point, precisely at the request of the Criminal Court of Osa, in resolution 2024-01060 of 2:40 p.m. on October 10, 2024, determining that said court is competent to process a case in which the expedited flagrancy procedure is applicable for an event occurring within its territorial jurisdiction, as in the case now before us. Consequently, it is declared that the competent body to process this summary case is the Criminal Court of the II Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa seat, which must immediately and on an urgent basis proceed to resolve the request for precautionary measure and other motions of the Public Prosecutor's Office. (The underline is not from the original).

REGARDING THE CASE IN CONCRETO The Criminal Court of Osa, through a hearing convened on October 15, 2024, declared itself incompetent to hear the flagrancy case. This Court is unaware of the reasons why the Osa judge declared herself incompetent, as it is not recorded in the minutes, nor does it know the reasons why she did not proceed to evaluate the request for precautionary measure raised in the hearing by the Public Prosecutor's Office.

As indicated in the introductory part of this response, the resolution of the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, No. 2024-313 of 10:20 a.m. on August 13, 2024, already existed, which ordered that the Trial Court of Osa is competent to hear non-environmental flagrancy cases.

As observed in the file regarding placing at the disposal -which is attached to this response- the Trial Court of Osa places the accused persons at the disposal of this Court of Corredores at 3:30 p.m. on October 15, 2024, given that, through vote 1004-2024 of 4:47 p.m. on October 15, 2024, of the Trial Court of Corredores, a conflict of competence is raised before the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago. Sent by email at 5:05 p.m. on October 15, 2024.

On October 16, 2024, at 2:32 p.m., the Sentence Appeals Court of Cartago communicates resolution number 2024-425 of thirteen hours forty-five minutes on October sixteenth, two thousand twenty-four, ordering that the Trial Court of Osa hear the criminal case immediately. Upon this notification, the Criminal Court of Corredores immediately proceeded to issue the resolution of 3:40 p.m. on October 16, 2024, referring the case to the Trial Court of Osa. I am unaware of the reasons why on October 16, the Trial Court of Osa did not hold the hearing for the precautionary measure requested by the Prosecutor's Office and ordered by the Sentence Appeals Court.

It should not be omitted to mention that there was no irregularity on the part of the Trial Court of Corredores, as the precedent of vote No. 2024-313 of 10:20 a.m. on August 13, 2024, from the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago already existed, ordering the Trial Court of Osa to hear all non-environmental flagrancies, and vote 2024-01060 of 2:40 p.m. on October 10, 2024, from the Criminal Cassation Chamber, confirming the resolution of the Appeals Court; despite this, and with the Court of Osa knowing that Corredores is not competent by territorial jurisdiction to hear non-environmental flagrancies, the Court of Corredores diligently, even outside the working hours of October 15, 2024, knowing that we could not hear the case due to territorial incompetence, proceeded to raise the matter to the Appeals Court, which, through vote 2024-425 of thirteen hours forty-five minutes on October sixteenth, two thousand twenty-four, confirms the incompetence of Corredores.” 4.- By document added to this expediente on November 7, 2024, Andrea Vanessa Arauz Cabrera, Coordinating Judge of the Trial Court of the II Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa Seat, submitted the report. She indicated the following:

“First: On October 14, 2024, at 02:05 a.m., the accused persons [Name 001] and [Name 003] were detained by the Public Force, at the moment of the apparent commission of a criminal act committed in flagrancy. (See enumerated folios 12 and 14) Second: On October 14, 2024, at 4:04 p.m., the physical expediente was received at the Trial Court of Osa. With the detained persons placed at the disposal of this court at 3:35 p.m. on October 14, 2024. (See folios 27 and 28).

Third: According to the record of the judicial technician of the Trial Court of Osa, on October 15, 2024, at 9:35 a.m., the parties were summoned to hold a hearing in said case at 1:15 p.m. that day.

Fourth: Through oral vote 161-2024 at 2:00 p.m. on October 15, 2024, the judge who, by role, was to resolve said hearing, Msc Carmen Rodríguez Montoya: “declared the incompetence of this Court to hear the present case in which the expedited flagrancy procedure has been requested, as well as the precautionary measure of pretrial detention against both accused. The reasoning was recorded in audio and video. Both detained persons have been placed at the disposal of the flagrancy section of the Trial Court of the II Judicial Circuit of the Southern Zone, seat in Corredores.” The boldface is supplied. Additionally, she delivers the original expediente to the Prosecutor so that he may coordinate sending it to Corredores.

Fifth: Through vote number 2024-425 of the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, at 1:45 p.m. on October 16, 2024, it is ordered that this process must be heard by the Trial Court of Osa.

Sixth: The Trial Court of Corredores placed the accused persons at the disposal of this Court at 4:16 p.m. on October 16, 2024. (See folios 40 and 41 of the physical expediente).

Seventh: The Trial Court of Corredores sent an email to this court at 4:29 p.m. on October 16, 2024, according to judicial technician Gregory Chinchilla Lázaro, informing that they were placed at the disposal and the corresponding resolution.

Eighth: This Court, being electronic and upon learning of the vote of the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, set a time and date to hold the Flagrancy hearing, to be held at 08:00 a.m. on October 17, 2024, summoning the parties by telephone at 4:18 p.m. on October 16, 2024.

Seventh [sic]: On October 17, 2024, prior to holding the Flagrancy hearing, given that this Court does not have a Flagrancy section and is composed of only three judges, it was determined in a meeting of the panel of judges that, even though by assignment judge 01 was in charge of resolving the matter, it would be judge 03, that is, myself in the role of Coordinating Judge, who would hold the hearing on that same October 17, 2024, since judge 01 had individual scheduling commitments.

Ninth: On October 17, 2024, the hearing was held, competence was determined, the conciliation was approved with a time limit, and the immediate release of the accused persons was ordered. The release was executed at 10:37 a.m. on October 17, 2024. It is important to add that, until the defense attorney intervened in the hearing begun at 08:24 a.m. on October 17, 2024, this Judge learned that the persons did not have any resolution regarding the pretrial detention. That is, neither at the time of the hearing held on October 15, 2024, in this Court with a different composition, was any measure ordered, nor at the Trial Court of Corredores, at the time of raising the conflict of competence. Therefore, the release of the accused persons was ordered in said hearing, even pointing out to the parties through a call for attention that they should have warned in the previous hearings about the expiration of the time limits, not wait for them to expire, and that she would not address that question, as she was ordering immediate release if no other cause prevented it.

Tenth: In accordance with what is ordered by articles 237 and 238 of the Código Procesal Penal, the Public Prosecutor's Office had until 02:05 a.m. on October 15, 2024, to keep the accused detained, leaving him at the disposal of the Court at 3:35 p.m. on October 14, 2024; the Court, from that placement at its disposal, had 48 hours to resolve, that is, until 3:35 p.m. on October 16, 2024, at which time the respective "Placements at the Disposal" of said detained persons were not available, and the persons were not physically in Osa but in Corredores, in the cell section of the Judicial Investigation Agency of Corredores. And even if it were interpreted that the 48 hours ran from the expiration of the 24 hours granted by the legislator to the Public Prosecutor's Office, these expired at 02:05 a.m. on October 17, 2024. Precisely, this Judge, upon noticing this situation, and due to what was resolved, ordered the immediate release of the accused persons. In an ideal scenario, a brief from the public defense or an oral statement would have been expected, pointing out this circumstance and the urgent need to resolve that matter; even if by videoconference, the hearing would have been held by the assigned judge, who at that time was a different person from the one reporting, since the accused were in Corredores, at a distance of approximately 98 kilometers.

Eleventh: To date, the physical expediente is not available; the Trial Court of Corredores sent a scanned copy and indicated it would be sent by internal mail. These copies are attached, along with the proceedings on the Virtual Desktop.

Twelfth: The accused persons have been at liberty since October 17, 2024. The conciliatory agreement was approved.

5.- On November 13, 2024, the Acting Secretary of this Chamber and the respective Judicial Technician recorded the following: “… reviewed, at three fifty-nine p.m. on November thirteenth, two thousand twenty-four, in the SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES the CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS AND THIS EXPEDIENTE, it did not appear that from November 7 to November 12, 2024, the AUXILIARY PROSECUTOR OF THE OSA PROSECUTOR'S OFFICE has filed any document or brief, in order to submit the report that was requested ...” 6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Magistrate Cruz Castro redacts; and,

Considerando:

I.- Object. The petitioner alleged that the protected persons were detained on October 14, 2024, in the unloading area of a supermarket, when they were attempting to steal some spoiled vegetables and three boxes of milk. He explains that the protected parties are known homeless persons, with no criminal record or prior history. He comments that the Public Prosecutor's Office decided to initiate and process a criminal case against both protected parties for the crime of aggravated theft, to place them at the disposal of the Trial Court of Osa, and even to request pretrial detention, without considering another possibility and taking into account the small amount of what was stolen and the high cost that conducting such criminal proceedings would entail. He mentions that, at 9:30 a.m. on October 15, 2024, the protected parties were summoned to a hearing at 1:15 p.m., a proceeding which the petitioner attends two minutes after that time, as he was finishing another hearing. He indicates that the Trial Court of Osa rejected the claim of competence and declared itself incompetent, and therefore refers the case file to the Flagrancy Trial Court of Corredores. He asserts that, at 4:18 p.m. on October 16, 2024, a record was made by the Trial Court of Osa of the summons to the petitioner and the representative of the Prosecutor's Office for a hearing on October 17, 2024, at which point the 48-hour time limit that the judicial authority had to resolve the legal situation of the protected parties, who remained in illegitimate detention, had already been exceeded. He argues that, while the hearing was being held at the Trial Court of Osa, the case file and the protected parties were in Corredores, where the Flagrancy Court of Corredores raised a request for a conflict of competence with the Court of Appeal of Cartago, which referred the case file to the Trial Court of Osa, all of this without resolving the detention of the protected parties. He argues that, at 8:24 a.m. on October 17, 2024, competence was resolved and the conciliatory agreement was approved, and the release of the protected parties, who had been detained for sixty hours, was ordered.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:

  • 1)On October 14, 2024, at 02:05 a.m., the Public Force detained the protected persons [Name 001] and [Name 003], following the commission (as attributed to them) of an aggravated theft committed in flagrancy (reports submitted and documentation provided).
  • 2)On October 14, 2024, at 4:04 p.m., the physical expediente was received at the Trial Court of Osa, with the detained persons placed at the disposal of that court at 3:35 p.m. on that same day (report submitted).
  • 3)On October 15, 2024, at 9:35 a.m., the parties were summoned to hold a hearing in said case at 1:15 p.m. that day (report submitted).
  • 4)Through vote number 161-2024 at 2:00 p.m. on October 15, 2024, the Judge who, by role, was to resolve it, resolved the following: “declared the incompetence of this Court to hear the present case in which the expedited flagrancy procedure has been requested, as well as the precautionary measure of pretrial detention against both accused. The reasoning was recorded in audio and video. Both detained persons have been placed at the disposal of the flagrancy section of the Trial Court of the II Judicial Circuit of the Southern Zone, seat in Corredores” (report submitted).
  • 5)Through vote 1004-2024 at 4:47 p.m. on October 15, 2024, the Flagrancy Court of Corredores raised a conflict of competence before the Criminal Sentence Appeals Court of the Criminal Court of Cartago (report submitted).
  • 6)Through vote number 2024-425 of the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, at 1:45 p.m. on October 16, 2024, it is ordered that this process must be heard by the Trial Court of Osa (report submitted).
  • 7)The Trial Court of Corredores placed the accused persons at the disposal of the Trial Court of the II Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa Seat, at 4:16 p.m. on October 16, 2024 (reports submitted).
  • 8)The Trial Court of the II Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa Seat, scheduled the Flagrancy hearing to be held at 08:00 a.m. on October 17, 2024 (report submitted).
  • 9)On October 17, 2024, the hearing was held; competence was determined; the conciliation was approved with a time limit; and the immediate release of the accused persons was ordered. The release was executed at 10:37 a.m. on October 17, 2024 (report submitted).

III.- Regarding the recurso de hábeas corpus. In accordance with the scope of competence of this Court, defined in the Political Constitution itself and in the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the recurso de hábeas corpus is intended to guarantee personal liberty and integrity, against acts and omissions originating from an authority of any order, even judicial, that imply a threat, disturbance, or undue restriction thereof, as well as against illegitimate restrictions on the right to move from one place to another within the Republic and to freely remain, leave, and enter the national territory. Furthermore, Article 16 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides for the possibility that this Court examine –through the recurso de hábeas corpus and by connection– violations of other fundamental rights distinct from personal liberty, provided that these necessarily have a strict impact on liberty, its effective restriction, or the threat of its restriction.

IV.- Specific case. In accordance with the reports submitted, it is demonstrated that on October 14, 2024, at 02:05 a.m., the Public Force detained the protected persons [Name 001] and [Name 003], following the commission (as attributed to them) of an aggravated theft committed in flagrancy. On October 14, 2024, at 4:04 p.m., the physical expediente was received at the Trial Court of Osa, with the detained persons placed at the disposal of that court at 3:35 p.m. on that same day. The Public Prosecutor's Office requested pretrial detention. On October 15, 2024, at 9:35 a.m., the parties were summoned to hold a hearing in said case at 1:15 p.m. that day. Through vote number 161-2024 at 2:00 p.m. on October 15, 2024, the Judge who, by role, was to resolve it, resolved the following: “declared the incompetence of this Court to hear the present case in which the expedited flagrancy procedure has been requested, as well as the precautionary measure of pretrial detention against both accused. The reasoning was recorded in audio and video. Both detained persons have been placed at the disposal of the flagrancy section of the Trial Court of the II Judicial Circuit of the Southern Zone, seat in Corredores.” Through vote 1004-2024 at 4:47 p.m. on October 15, 2024, the Flagrancy Court of Corredores raised a conflict of competence before the Criminal Sentence Appeals Court of the Criminal Court of Cartago. Through vote number 2024-425 of the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, at 1:45 p.m. on October 16, 2024, it is ordered that this process must be heard by the Trial Court of Osa. The Trial Court of Corredores placed the accused persons at the disposal of the Trial Court of the II Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa Seat, at 4:16 p.m. on October 16, 2024. The Trial Court of the II Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa Seat, scheduled the Flagrancy hearing to be held at 08:00 a.m. on October 17, 2024.

On October 17, 2024, the hearing was held; jurisdiction was determined; a conciliation agreement was approved with a deadline (conciliación a plazo) and the immediate release of the accused persons was ordered. The release was executed at 10:37 a.m. on October 17, 2024.

V.- The appellant alleges in this appeal two grounds on which he considers the freedom of the protected parties to have been harmed. In the first place, he considers that, despite the small amount of what was stolen, the high procedural cost, the condition of vulnerability, and the lack of prior records, the Public Prosecutor's Office did not consider the possibility of an opportunity criterion (criterio de oportunidad). The Public Prosecutor's Office set the system in motion in multiple ways at a high economic cost and subjected the protected parties to face hearings, travel in detainee transport vehicles, and the situation of not knowing what was going to happen to them. As for this first objection, it must be noted that it is not for this Chamber to evaluate the criminal prosecution policy of the Public Prosecutor's Office. This is not an instance to evaluate the approach, in this specific case, of the Prosecutor's Office.

In the second place, the appellant objects to the period during which the protected parties were detained at the order of the judicial authority, exceeding the forty-eight-hour period.

On this subject, this Chamber has pronounced itself on multiple occasions. Among others, in judgment number 2024030989 of 9:20 a.m. on October 18, 2024:

“... the twenty-four-hour period provided for in Article 37 of the Political Constitution does not contemplate the period available to the competent judge to resolve the legal situation of the detained person, who has been placed at their order. However, such period is indeed established and regulated, expressly, in numeral 238 of the Criminal Procedure Code, first paragraph, which provides - as relevant -:

“Pre-trial detention may only be ordered in accordance with the provisions of this Code, by means of a reasoned judicial resolution, within the limits indispensable to ensure the discovery of the truth and the application of the Law. When the Public Prosecutor's Office considers that pre-trial detention is appropriate, it shall request the corresponding judge to convene an oral hearing, in which the appropriateness or not of that measure shall be discussed. If the person is detained, the request for a hearing must be made within twenty-four hours, counted from when the accused was placed at the order of the judge; the hearing must be held within forty-eight hours and the resolution must be issued within that period”. (The underlining does not correspond to the original).

It is verified, in this manner, that, upon request of the Public Prosecutor's Office for pre-trial detention to be decreed, the cited normative body establishes the period of forty-eight hours for the Court to hold the respective hearing and decide on the freedom of the detained person”.

From the statement of proven facts, it is concluded that the protected parties were placed, by the Public Prosecutor's Office, at the order of the Trial Court (Tribunal de Juicio) of the II Judicial Circuit of the Zona Sur, Sede Osa on October 14, 2024, at 3:35 p.m. The file entered the Court that day at 4:04 p.m. Consequently, it is from this moment that the judicial authority has the 48-hour period to define the legal situation of the accused. In this case, therefore, the period expired on October 16 at the same time. On the other hand, the hearing that finally resolves their legal situation was held on October 17, 2024. The Court approved conciliation and ordered the immediate release of the accused persons, which was executed at 10:37 a.m. that day. It is clear, consequently, that, indeed, the indicated period was exceeded. Now, it is not for this Chamber, nor is the habeas corpus appeal the means, to determine to which of the judicial instances the non-observance of this period is attributable. For the purposes of a habeas corpus, what is relevant is to verify that the Judicial Branch did not guarantee said period, such that, indeed, the protected parties were illegitimately deprived of liberty. The appeal, consequently, as for this claim is concerned, must be declared with merit.

VI.- Documentation provided to the file. The appellant is warned that, if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must withdraw them from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period shall be destroyed, according to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is partially declared with merit, solely in relation to the period of deprivation of liberty of the protected parties. The State is ordered to pay the damages and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is declared without merit.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Aracelly Pacheco S.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de hábeas corpus Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PENAL Subtemas:

DETENCION.

034816-24. MANIFIESTA EL RECURRENTE QUE LOS TUTELADOS FUERON DETENIDOS POR MÁS DE 48 HORAS Y NO DEFINIERON SU SITUACIÓN JURÍDICA. PARCIALMENTE CON LUGAR EN RELACIÓN CON EL PLAZO DE LA PRIVACIÓN DE LOS TUTELADOS. RGS11/2024 “(…) Sobre el recurso de hábeas corpus. De conformidad con el ámbito de competencia de este Tribunal, definido en la propia Constitución Política y en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de hábeas corpus tiene por objeto garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos y omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, que impliquen una amenaza, perturbación o restricción indebida a los mismos, así como, contra las restricciones ilegítimas al derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República y de libre permanencia, salida e ingreso en el territorio nacional. Además, el artículo 16 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé la posibilidad que este Tribunal examine –en la vía de hábeas corpus y por conexidad– violaciones a otros derechos fundamentales distintos a la libertad personal, siempre que éstos tengan, necesariamente, una estricta incidencia sobre la libertad, su restricción efectiva o la amenaza de su restricción.(…)” “(…) De la relación de hechos probados se concluye que los tutelados fueron puestos, por parte del Ministerio Público, a la orden del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Osa el 14 de octubre del 2024, al ser las 15:35 horas. El expediente ingresó al Juzgado ese día a las 16:04 horas. En consecuencia, es a partir de este momento que la autoridad judicial cuenta con el plazo de 48 horas para definir la situación jurídica de los encartados. En este, caso, por consiguiente, el plazo se venció el día 16 de octubre a la misma hora. Por otra parte, la audiencia que finalmente resuelve su situación jurídica se celebró el 17 de octubre del 2024. El Juzgado homologó conciliación y ordenó la inmediata libertad de las personas imputadas, la que se ejecutó al ser las 10:37 horas de ese día. Es claro, en consecuencia, que, en efecto, se superó el plazo indicado. Ahora bien, no le corresponde a esta Sala ni es el recurso de hábeas corpus la vía para determinar a cuál de las instancias judiciales es atribuible la inobservancia de este plazo. Para efectos de un hábeas corpus lo relevante es verificar que el Poder Judicial no garantizó dicho plazo, de manera que, efectivamente, los tutelados estuvieron ilegítimamente privados de libertad. El recurso, en consecuencia, en cuanto a este reclamo se refiere, debe declararse con lugar.(…)” “(…) Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en relación con el plazo de la privación de libertad de los tutelados. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.” ... Ver más Sentencias Relacionadas  Res. Nº 2024034816 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintidos de noviembre de dos mil veinticuatro .

Recurso de hábeas corpus interpuesto por Luis Alonso Blanco Elizondo, Defensor Público, a favor de [Nombre 001] y de [Nombre 002], contra el Poder Judicial.

Resultando:

1.- Por escrito agregado a este expediente el 18 de octubre del 2024, el recurrente alegó, en resumen, que los tutelados fueron detenidos el 14 de octubre del 2024 en el área de descarga de un supermercado, cuando intentaban sustraer unas verduras en mal estado y tres cajas de leche. Explica que, los amparados son habitantes de calle conocidos, sin antecedentes penales, ni registros de pasadas anteriores. Comenta que, el Ministerio Público decide iniciar y tramitar causa penal contra ambos amparados por el delito de hurto agravado, poner a la orden del Tribunal de Juicio de Osa e incluso gestionar prisión preventiva, sin considerar otra posibilidad y tener en cuenta la poca cuantía de lo sustraído y el alto costo que tendría realizar dicho proceso penal. Menciona que, a las 09:30 horas del 15 de octubre de 2024, se convocó a los amparados a audiencia a las 13:15 horas, diligencia que el recurrente atiende dos minutos después de esa hora, ya que estaba finalizando otra audiencia. Indica que, el Tribunal de Juicio de Osa rechazó la solicitud de competencia y se declara incompetente, por lo que remite el expediente al Tribunal de Juicio de Flagrancia de Corredores. Asevera que, a las 16:18 horas del 16 de octubre de 2024, se deja constancia del Tribunal de Juicio de Osa, convocatoria al recurrente y al representante de la Fiscalía para audiencia para el 17 de octubre de 2024, momento en el que ya se había superado el plazo de 48 horas que tiene la autoridad judicial para resolver la situación jurídica de los amparados, quienes permanecían en una detención ilegítima. Aduce que, mientras se realiza la audiencia en el Tribunal de Juicio de Osa, el expediente y los amparados estuvieron en Corredores, donde el Tribunal de Flagrancia de Corredores plantea solicitud de conflicto de competencia con el Tribunal de Apelación de Cartago, quien remite el expediente al Tribunal de Juicio de Osa, todo esto sin resolver la detención de los amparados. Arguye que, a las 08:24 horas del 17 de octubre de 2024, se resuelve competencia y se homologa el acuerdo conciliatorio, además se ordena la libertad de los amparados, quienes estuvieron detenidos sesenta horas.

2.- Por resolución de las 10:09 horas del 4 de noviembre del 2024, se le dio curso al proceso.

3.- Por escrito agregado a este expediente el 5 de noviembre del 2024, Aurelia Fernández Delgado, Jueza Coordinadora del Tribunal Penal de Corredores, rindió el informe. Indicó lo siguiente:

“PREAMBULO DEL CASO Interesa mencionar que en la causa 24-000282-0454-PE, el Tribunal Penal de Flagrancia- Corredores interpuso un conflicto de interés, en aquella ocasión con el Juzgado Penal de Osa, dando como resultado el fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, No. 2024-313 de las 10:20 horas del 13 de agosto de 2024, mediante el cual se definió que el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur con sede en Osa, es el despacho competente para asumir el conocimiento de las causas de flagrancia que no sean de naturaleza ambiental.

Eso dio paso a que el Tribunal de Juicio de Osa, mediante voto No. 154-2024 de las 9:17 horas del 10 de setiembre de 2024, formulara una resolución titulada “conflicto de competencia” ante la Sala III, el cual fue resuelto mediante voto 2024-01060 de la Sala de Casación Penal de las 14:40 horas del 10 de octubre de 2024, donde en el considerando IV se señala que el Tribunal de Juicio de Osa mediante la resolución “conflicto de competencia ante esta Sala, la cual, como se verá, en realidad corresponde a una gestión en la que hacen constar su preocupación y desacuerdo con lo resuelto por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, en el fallo No. 2024-313 de las 10:20 horas del 13 de agosto 2024”. (El resaltado no es del original) Siendo que, en el por tanto de la resolución de la Sala de Casación se indica: “Esta Sala es incompetente para conocer la gestión planteada por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, con sede en Osa. Estese dicho despacho a lo resuelto por el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago en el fallo No. 2024-313 de las 10:20 horas del 13 de agosto de 2024, mediante el cual se definió el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, con sede en Osa, como despacho competente para asumir el conocimiento de esta sumaria. Se remiten las actuaciones a dicha autoridad jurisdiccional para que continúe con el trámite del expediente, conforme a Derecho corresponda”. (El subrayado no es del original) No obstante, pese a que el Tribunal de Apelación de Sentencia en resolución No. 2024-313 de las 10:20 horas del 13 de agosto de 2024, determinó que el Tribunal de Juicio de Osa es el competente para conocer las flagrancias de causas que no sean ambientales, siendo avalado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; el Tribunal de Juicio de Osa remite la causa 24-399-454-PE al Tribunal de Flagrancia de Corredores el 15 de octubre 2024, al declararse incompetente para conocer causas de flagrancia, enviando el expediente electrónico por correo electrónico a la cuenta del Tribunal de Corredores a las 15:39 horas del 15 de octubre 2024, indicando que las personas imputadas serían trasladas hasta el 16 de octubre de 2024 a Corredores.

Esto conllevó a que el Tribunal de Flagrancia de Corredores, al no ser competente en razón del territorio, tuviera que plantear un nuevo conflicto de competencia -pese a que ya el tema se había resuelto- mediante voto 1004-2024 de las 16:47 horas del 15 de octubre 2024 ante el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tribunal Penal de Cartago.

El Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, mediante correo electrónico dirigido al Tribunal de Juicio de Osa y el Tribunal de Juicio de Corredores, de fecha 16 de octubre de 2024 a las 14:32 horas, comunica la resolución número 2024-425 de las trece horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro, misma que en su parte dispositiva literalmente dice: “Por Tanto: Se resuelve el conflicto de competencia planteado en el sentido de que el conocimiento de la presente sumaria corresponde al Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Osa, el cual deberá de manera inmediata y con carácter de urgencia, proceder a resolver la solicitud de medida cautelar y demás planteamientos del Ministerio Público”. (Posteriormente se corrige la palabra Atlántica por Sur) De hecho, en la citada resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, se menciona que: “Dicho criterio es plenamente compartido por las juzgadoras que conocemos este nuevo conflicto que, por idénticos motivos, se ve en la necesidad de plantear el Tribunal de Flagrancia de Corredores, ante la reiterada negativa del Tribunal Penal de Osa de conocer la causa que está obligado a resolver, ello a pesar de conocer que incluso la Sala Tercera de Casación Penal se pronunció sobre el punto, a solicitud precisamente del Tribunal Penal de Osa, en la resolución 2024-01060 de las 14:40 horas del 10 de octubre de 2024, determinando que ese despacho es competente para tramitar una causa en la que sea aplicable el procedimiento expedito de flagrancia ocurrido dentro de su circunscripción territorial, como el que ahora nos ocupa. En consecuencia, se declara que el órgano competente para tramitar la presente sumaria es el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Osa, el cual deberá de manera inmediata y con carácter de urgencia, proceder a resolver la solicitud de medida cautelar y demás planteamientos del Ministerio Público. (El subrayado no es del original).

SOBRE EL CASO EN CONCRETO El Tribunal Penal de Osa, mediante audiencia convocada el 15 de octubre 2024 se declara incompetente para conocer la causa de flagrancia, este Tribunal desconoce los motivos por los cuales la juzgadora de Osa se declara incompetente pues no consta en el acta y tampoco conoce las razones por las cuales no entró a valorar la solicitud de medida cautelar planteada en audiencia por el Ministerio Público.

Como se indicó en la parte introductoria de esta contestación, ya existía la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, No. 2024-313 de las 10:20 horas del 13 de agosto de 2024, la cual ordenó que el Tribunal de Juicio de Osa es el competente para conocer las causas de flagrancia que no sean ambientales.

Como se observa en el legajo de tener a la orden -el cual se adjunta a esta contestación- el Tribunal de Juicio de Osa pone a la orden de este Tribunal de Corredores las personas imputadas a las 15:30 horas del 15 de octubre 2024, siendo que, mediante voto 1004-2024 de las 16:47 horas del 15 de octubre 2024 del Tribunal de Juicio de Corredores, se plantea conflicto de competencia ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Remitido por correo electrónico a las 17:05 del 15 de octubre de 2024.

El 16 de octubre de 2024 a las 14:32 horas, el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago comunica la resolución número 2024-425 de las trece horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro, ordenando que el Tribunal de Juicio de Osa conociera de manera inmediata la causa penal. Ante esta notificación, el Tribunal Penal de Corredores de manera inmediata procede a realizar la resolución de las 15:40 horas del 16 de octubre de 2024, remitiendo la causa al Tribunal de Juicio de Osa. Desconozco las razones por las cuales el 16 de octubre el Tribunal de Juicio de Osa, no realizó la audiencia de medida cautelar solicitada por la Fiscalía y ordenada por el Tribunal de Apelación de Sentencia.

No se omite mencionar, que no hubo ninguna irregularidad por parte del Tribunal de Juicio de Corredores, pues ya se tenía el antecedente del voto No. 2024-313 de las 10:20 horas del 13 de agosto de 2024, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, donde ordena al Tribunal de Juicio de Osa conocer todas las flagrancias que no sean ambientales, el voto 2024-01060 de las 14:40 horas del 10 de octubre de 2024 de la Sala de Casación Penal, donde confirma la resolución del Tribunal de Apelación; pese a ello y teniendo conocimiento el Tribunal de Osa que Corredores no es competente por razón de territorio para conocer flagrancias que no sean ambientales, el Tribunal de Corredores de manera diligente, incluso fuera de la jornada laboral del 15 de octubre de 2024, sabiendo que no podíamos conocer la causa por incompetencia territorial se realizó la gestión al Tribunal de Apelación, quienes mediante voto 2024-425 de las trece horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro, confirman la incompetencia de Corredores”.

4.- Por escrito agregado a este expediente el 7 de noviembre del 2024, Andrea Vanessa Arauz Cabrera, Jueza Coordinadora del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Osa, rindió el informe. Indicó lo siguiente:

“Primero: En fecha 14 de octubre del 2024 al ser las 02:05 horas las personas imputadas [Nombre 001] y [Nombre 003] son detenidas por la Fuerza Pública, el momento de la aparente de la comisión de un hecho delictivo cometido en Flagrancia. (Ver folios enumerados 12 y 14) Segundo: En fecha 14 de octubre del 2024 al ser las 16:04 horas, se recibe expediente físico en el Tribunal de Juicio de Osa. Con las personas detenidas puestas a la orden de este despacho al ser las 15:35 horas del 14 de octubre del 2024. (Ver folios 27 y 28).

Tercero: Según constancia de la técnica judicial del Tribunal de Juicio de Osa, en fecha 15 de octubre del 2024 de las 09:35 horas, se convocó para celebrar audiencia en dicha causa al ser las 13:15 horas de ese día.

Cuarto: Mediante voto oral 161-2024 de las 14:00 horas del 15 de octubre del 2024, la persona juzgadora que por rol le correspondía resolver dicha audiencia, Msc Carmen Rodríguez Montoya: “declaró la incompetencia de este Tribunal para conocer la presente causa en la que ha sido requerido el procedimiento expedito de flagrancia, así como la medida cautelar de prisión preventiva contra ambos imputados. La fundamentación se registró en audio y video. Se han puesto a la orden de la sección de flagrancia del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, sede en Corredores, ambas personas detenidas.”. La negrita es suplida. Además, le entrega el expediente original al Fiscal para que coordine enviarlo a Corredores.

Quinto: Mediante voto número 2024-425 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, de las 13:45 minutos del 16 de octubre del 2024, se ordena que el presente proceso debe ser conocido por el Tribunal de Juicio de Osa.

Sexto: El Tribunal de Juicio de Corredores puso a la orden de este Tribunal a las personas imputadas al ser las 16:16 horas del 16 de octubre del 2024. (Ver folios 40 y 41 de expediente físico).

Sétimo: El Tribunal de Juicio de Corredores remite correo a este despacho al ser las 16:29 horas del 16 de octubre del 2024, según del técnico judicial Gregory Chinchilla Lázaro, informando tener a la orden y la resolución correspondiente.

Octavo: Este Tribunal al ser electrónico e imponerse del voto del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia en Flagrancia, para celebrarse al ser las 08:00 horas del 17 de octubre del 2024, convocando a las partes vía telefónica al ser las 16:18 horas del 16 de octubre del 2024.

Sétimo: El 17 de octubre del 2024 de previo a celebrarse la audiencia en Flagrancia, dado que este Tribunal no cuenta con sección de Flagrancia y únicamente se compone de tres personas juzgadores, determinó en reunión de colegiado de personas juzgadoras, que a pesar que por asignación la jueza 01 era la encargada de resolver el asunto, sería la jueza 03 es decir, mi persona en rol de Jueza Coordinadora que celebraría la audiencia de ese mismo 17 de octubre del 2024, ya que, la jueza 01, contaba con señalamientos unipersonales.

Noveno: En fecha 17 de octubre del 2024, se llevó a cabo la audiencia, se determinó competencia, se homologó conciliación a plazo y se ordenó la inmediata libertad de las personas imputadas. Ejecutándose la libertad al ser las 10:37 horas del 17 de octubre del 2024. De importancia agregar, que hasta que interviene el defensor en la audiencia iniciada al ser las 08:24 horas del 17 de octubre del 2024, se impone esta Juzgadora que la personas no contaban con resolución alguna sobre la prisión preventiva. Es decir, ni al momento de la audiencia que se celebró el día 15 de octubre del 2024 en este Tribunal con diferente integración no se ordenó medida alguna ni en el Tribunal de Juicio de Corredores, al momento de plantear el conflicto de competencia. Por lo que, se ordenó en dicha audiencia la libertad de las personas imputadas, inclusive haciéndole ver a las partes a través de una llamada de atención que debieron prevenir en las audiencias anteriores el vencimiento de los plazos, no esperar a que se vencieran y que no entraría a resolver ese cuestionamiento, en tanto estaba ordenando la inmediata libertad si otra causa no lo impedía.

Décimo: En atención lo ordenado por los numerales 237 y 238 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público contaba hasta las 02:05 horas del 15 de octubre del 2024 para mantener detenido al imputado, dejándolo a la orden del Tribunal al ser las 15:35 horas del 14 de octubre del 2024, el Tribunal a partir de esa puesta a la orden contaba con 48 horas para resolver, es decir, 15:35 horas del 16 de octubre del 2024, momento para el cual no se contaba con los respectivos Tener a la orden de dichas personas detenidas, la cuales físicamente, no se encontraban en Osa sino en Corredores, en la sección de las celdas del Organismo de Investigación Judicial de Corredores. E incluso se si interpretara que las 48 horas corren a partir del vencimiento de las 24 horas otorgadas por el legislador al Ministerio Público, están vencían al ser las 02:05 hora del 17 de octubre del 2024. Precisamente, esta Juzgadora al percatarse de esta situación y por lo resuelto se ordenó la inmediata libertad de las personas imputadas. En plano ideal, se hubiese esperado un escrito de la defensa pública o una manifestación verbal donde hiciere ver esta circunstancia y la imperiosa necesidad de resolver ese asunto, aunque fuese por videoconferencia se hubiese llevado a cabo la audiencia por la persona jueza asignada que para ese momento era una distinta de quien informa, ya que, los imputados se encontraban en Corredores, a una distancia de aproximadamente 98 kilómetros.

Undécimo: Al día de hoy no cuenta con el expediente físico, el Tribunal de Juicio de Corredores, remitió copia escaneada y señaló remitirlo por correo interno. Se adjuntan dichas copias más las actuaciones que constan en Escritorio Virtual.

Duodécimo: Las personas imputadas están en libertad desde el 17 de octubre del 2024. Se homologó acuerdo conciliatorio.

5.- El 13 de noviembre del 2024, la Secretaria a.i. de esta Sala y la respectiva Técnica Judicial hicieron constar lo siguiente: “… revisado, a las quince horas cincuenta y nueve minutos del trece de noviembre de dos mil veinticuatro, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 07 de noviembre al 12 de noviembre del 2024, el FISCAL AUXILIAR DE LA FISCALÍA DE OSA haya(n) presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó ...” 6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- Objeto. El recurrente alegó que los tutelados fueron detenidos el 14 de octubre del 2024 en el área de descarga de un supermercado, cuando intentaban sustraer unas verduras en mal estado y tres cajas de leche. Explica que, los amparados son habitantes de calle conocidos, sin antecedentes penales, ni registros de pasadas anteriores. Comenta que, el Ministerio Público decide iniciar y tramitar causa penal contra ambos amparados por el delito de hurto agravado, poner a la orden del Tribunal de Juicio de Osa e incluso gestionar prisión preventiva, sin considerar otra posibilidad y tener en cuenta la poca cuantía de lo sustraído y el alto costo que tendría realizar dicho proceso penal. Menciona que, a las 09:30 horas del 15 de octubre de 2024, se convocó a los amparados a audiencia a las 13:15 horas, diligencia que el recurrente atiende dos minutos después de esa hora, ya que estaba finalizando otra audiencia. Indica que, el Tribunal de Juicio de Osa rechazó la solicitud de competencia y se declara incompetente, por lo que remite el expediente al Tribunal de Juicio de Flagrancia de Corredores. Asevera que, a las 16:18 horas del 16 de octubre de 2024, se deja constancia del Tribunal de Juicio de Osa, convocatoria al recurrente y al representante de la Fiscalía para audiencia para el 17 de octubre de 2024, momento en el que ya se había superado el plazo de 48 horas que tiene la autoridad judicial para resolver la situación jurídica de los amparados, quienes permanecían en una detención ilegítima. Aduce que, mientras se realiza la audiencia en el Tribunal de Juicio de Osa, el expediente y los amparados estuvieron en Corredores, donde el Tribunal de Flagrancia de Corredores plantea solicitud de conflicto de competencia con el Tribunal de Apelación de Cartago, quien remite el expediente al Tribunal de Juicio de Osa, todo esto sin resolver la detención de los amparados. Arguye que, a las 08:24 horas del 17 de octubre de 2024, se resuelve competencia y se homologa el acuerdo conciliatorio, además se ordena la libertad de los amparados, quienes estuvieron detenidos sesenta horas.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

  • 1)El 14 de octubre del 2024 al ser las 02:05 horas la Fuerza Pública detuvo a los tutelados [Nombre 001] y [Nombre 003], tras la comisión (según se les atribuye) de un hurto agravado cometido en flagrancia (informes rendidos y documentación aportada).
  • 2)El 14 de octubre del 2024 al ser las 16:04 horas, se recibe expediente físico en el Tribunal de Juicio de Osa, con las personas detenidas puestas a la orden de ese despacho al ser las 15:35 horas de ese mismo día (informe rendido).
  • 3)El 15 de octubre del 2024, a las 09:35 horas, se convocó para celebrar audiencia en dicha causa al ser las 13:15 horas de ese día (informe rendido).
  • 4)Mediante voto número 161-2024 de las 14:00 horas del 15 de octubre del 2024, la Jueza que, por rol le correspondía resolver, resolvió lo siguiente: “declaró la incompetencia de este Tribunal para conocer la presente causa en la que ha sido requerido el procedimiento expedito de flagrancia, así como la medida cautelar de prisión preventiva contra ambos imputados. La fundamentación se registró en audio y video. Se han puesto a la orden de la sección de flagrancia del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, sede en Corredores, ambas personas detenidas” (informe rendido).
  • 5)Mediante voto 1004-2024 de las 16:47 horas del 15 de octubre 2024 el Tribunal de Flagrancia de Corredores planteó conflicto de competencia ante el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tribunal Penal de Cartago (informe rendido).
  • 6)Mediante voto número 2024-425 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, de las 13:45 minutos del 16 de octubre del 2024, se ordena que el presente proceso debe ser conocido por el Tribunal de Juicio de Osa (informe rendido).
  • 7)El Tribunal de Juicio de Corredores puso a la orden del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Osa a las personas imputadas al ser las 16:16 horas del 16 de octubre del 2024 (informes rendidos).
  • 8)El Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Osa señaló para llevar a cabo la audiencia en Flagrancia, para celebrarse al ser las 08:00 horas del 17 de octubre del 2024 (informe rendido).
  • 9)El 17 de octubre del 2024, se llevó a cabo la audiencia; se determinó competencia; se homologó conciliación a plazo y se ordenó la inmediata libertad de las personas imputadas. Ejecutándose la libertad al ser las 10:37 horas del 17 de octubre del 2024 (informe rendido).

III.- Sobre el recurso de hábeas corpus. De conformidad con el ámbito de competencia de este Tribunal, definido en la propia Constitución Política y en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de hábeas corpus tiene por objeto garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos y omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, que impliquen una amenaza, perturbación o restricción indebida a los mismos, así como, contra las restricciones ilegítimas al derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República y de libre permanencia, salida e ingreso en el territorio nacional. Además, el artículo 16 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé la posibilidad que este Tribunal examine –en la vía de hábeas corpus y por conexidad– violaciones a otros derechos fundamentales distintos a la libertad personal, siempre que éstos tengan, necesariamente, una estricta incidencia sobre la libertad, su restricción efectiva o la amenaza de su restricción.

IV.- Caso concreto. De conformidad con los informes rendidos, se demuestra que el 14 de octubre del 2024 al ser las 02:05 horas la Fuerza Pública detuvo a los tutelados [Nombre 001] y [Nombre 003], tras la comisión (según se les atribuye) de un hurto agravado cometido en flagrancia. El 14 de octubre del 2024 al ser las 16:04 horas, se recibe expediente físico en el Tribunal de Juicio de Osa, con las personas detenidas puestas a la orden de ese despacho al ser las 15:35 horas de ese mismo día. El Ministerio Público solicito prisión preventiva. El 15 de octubre del 2024, a las 09:35 horas, se convocó para celebrar audiencia en dicha causa al ser las 13:15 horas de ese día. Mediante voto número 161-2024 de las 14:00 horas del 15 de octubre del 2024, la Jueza que, por rol le correspondía resolver, resolvió lo siguiente: “declaró la incompetencia de este Tribunal para conocer la presente causa en la que ha sido requerido el procedimiento expedito de flagrancia, así como la medida cautelar de prisión preventiva contra ambos imputados. La fundamentación se registró en audio y video. Se han puesto a la orden de la sección de flagrancia del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, sede en Corredores, ambas personas detenidas”. Mediante voto 1004-2024 de las 16:47 horas del 15 de octubre 2024 el Tribunal de Flagrancia de Corredores planteó conflicto de competencia ante el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tribunal Penal de Cartago. Mediante voto número 2024-425 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, de las 13:45 minutos del 16 de octubre del 2024, se ordena que el presente proceso debe ser conocido por el Tribunal de Juicio de Osa. El Tribunal de Juicio de Corredores puso a la orden del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Osa a las personas imputadas al ser las 16:16 horas del 16 de octubre del 2024. El Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Osa señaló para llevar a cabo la audiencia en Flagrancia, para celebrarse al ser las 08:00 horas del 17 de octubre del 2024. El 17 de octubre del 2024, se llevó a cabo la audiencia; se determinó competencia; se homologó conciliación a plazo y se ordenó la inmediata libertad de las personas imputadas. Ejecutándose la libertad al ser las 10:37 horas del 17 de octubre del 2024.

V.- El recurrente alega en este recurso dos motivos por los que considera lesionada la libertad de los tutelados. En primer término, considera que, pese a la poca cuantía de lo sustraído, el alto costo procesal, la condición de vulnerabilidad y la falta de antecedentes, el Ministerio Público no consideró la posibilidad de un criterio de oportunidad. El Ministerio Público puso a funcionar el sistema de múltiples formas a un alto costo económico y sometió a los tutelados a afrontar audiencias, viajes en vehículos de traslado de detenidos y la situación de no conocer qué iba a pasar con ellos. En cuanto a esta primera objeción se refiere, se debe indicar que no le corresponde a esta Sala evaluar la política de persecución delictiva del Ministerio Público. Esta no es una instancia para evaluar el planteamiento, en este caso concreto, de la Fiscalía.

En segundo término, el recurrente objeta el plazo durante el cual estuvieron detenidos los tutelados a la orden de la autoridad judicial, superando el plazo de cuarenta y ocho horas.

Sobre este tema esta Sala se ha pronunciado en múltiples oportunidades. Entre otras, en sentencia número 2024030989 de las 9:20 horas del 18 de octubre del 2024:

“... el plazo de veinticuatro horas previsto en el artículo 37 de la Constitución Política, no contempla el plazo con que cuenta el juez competente para resolver sobre la situación jurídica de la persona detenida, que ha sido puesta a su orden. Empero, tal plazo sí se encuentra establecido y regulado, expresamente, en el numeral 238 del Código Procesal Penal, párrafo primero, en el que se dispone -en lo que interesa-:

"La prisión preventiva solo podrá ser acordada conforme a las disposiciones de este Código, mediante resolución judicial fundada, en los límites indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la Ley. Cuando el Ministerio Público estime que procede la prisión preventiva, solicitará al juez correspondiente que convoque a una audiencia oral, en la que se discutirá sobre la procedencia o no de esa medida. Si la persona se encontrare detenida, la solicitud de audiencia deberá pedirse dentro de las veinticuatro horas, contadas desde que el encausado se puso a la orden del juez; la audiencia deberá celebrarse dentro de las cuarenta y ocho horas y la resolución deberá ser dictada dentro de ese plazo". (El subrayado no corresponde al original).

Se verifica, de esta forma, que, ante solicitud del Ministerio Público para que se decrete prisión preventiva, el citado cuerpo normativo establece el plazo de cuarenta y ocho horas, para que el Juzgado realice la respectiva audiencia y resuelva sobre la libertad de la persona detenida”.

De la relación de hechos probados se concluye que los tutelados fueron puestos, por parte del Ministerio Público, a la orden del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Osa el 14 de octubre del 2024, al ser las 15:35 horas. El expediente ingresó al Juzgado ese día a las 16:04 horas. En consecuencia, es a partir de este momento que la autoridad judicial cuenta con el plazo de 48 horas para definir la situación jurídica de los encartados. En este, caso, por consiguiente, el plazo se venció el día 16 de octubre a la misma hora. Por otra parte, la audiencia que finalmente resuelve su situación jurídica se celebró el 17 de octubre del 2024. El Juzgado homologó conciliación y ordenó la inmediata libertad de las personas imputadas, la que se ejecutó al ser las 10:37 horas de ese día. Es claro, en consecuencia, que, en efecto, se superó el plazo indicado. Ahora bien, no le corresponde a esta Sala ni es el recurso de hábeas corpus la vía para determinar a cuál de las instancias judiciales es atribuible la inobservancia de este plazo. Para efectos de un hábeas corpus lo relevante es verificar que el Poder Judicial no garantizó dicho plazo, de manera que, efectivamente, los tutelados estuvieron ilegítimamente privados de libertad. El recurso, en consecuencia, en cuanto a este reclamo se refiere, debe declararse con lugar.

VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en relación con el plazo de la privación de libertad de los tutelados. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Aracelly Pacheco S.

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