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Res. 34944-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/11/2024

Access to information on Mancozeb spill and award of costs and damagesAcceso a información sobre derrame de Mancozeb y condenatoria en costas

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted for violation of the right of access to information. The majority orders no special award of costs, damages, or losses. Two partial dissenting votes order in the abstract the payment of damages, losses, and/or costs.Se declara con lugar el recurso de amparo por violación al derecho de acceso a la información, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios para la mayoría, con votos salvados parciales que disponen condenatorias en abstracto en daños, perjuicios y/o costas.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber heard an amparo action against the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) for failing to respond to a request for information about the Mancozeb fungicide spill in Barranca de Puntarenas. The petitioner sought details such as the companies involved, the volume spilled, the exact location, transport routes, corrective actions, and other emergency-related data. The Chamber found that, by the time the amparo was filed, the authority had not replied in time, thereby violating the right of access to information. During the proceedings, MOPT provided a partial answer, forwarding the information in its possession and noting that other data was not under its purview. The majority of the Chamber granted the amparo without awarding costs, damages, or losses, on the ground that the petitioner’s claim had been satisfied. Judges Salazar Alvarado and Garro Vargas issued partial dissenting opinions, arguing that an abstract condemnation for damages, losses, and/or costs should have been ordered under Articles 51 and 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por la falta de respuesta a una solicitud de información sobre el derrame del fungicida Mancozeb ocurrido en Barranca de Puntarenas. El recurrente había requerido detalles sobre las empresas involucradas, el volumen del derrame, el punto exacto del incidente, las rutas del transporte, las acciones correctivas y otros aspectos de la emergencia. La Sala determinó que, al momento de presentarse el amparo, la autoridad no había contestado oportunamente, lo que vulneró el derecho de acceso a la información. Durante la tramitación, el MOPT brindó una respuesta parcial, remitiendo los datos que estaban en su poder e indicando que otra información no le correspondía. La mayoría de la Sala declaró con lugar el recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, al considerar que la pretensión fue satisfecha. Los magistrados Salazar Alvarado y Garro Vargas emitieron votos salvados parciales, sosteniendo que procedía la condenatoria en abstracto en daños y perjuicios, o en costas, conforme a los artículos 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Key excerptExtracto clave

IV.- Regarding the award of costs, damages, and losses pursuant to Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. After careful consideration, the majority of the Chamber holds that, in the case under review, in accordance with the provisions of the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged act, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable”), the grant must be without a specific award of costs, damages, and losses, for the following reasons. While there is an express statutory text requiring the operative part of the judgment to state that the appeal is granted when, during the pendency of the amparo, the grievance is resolved, it is no less true that the same paragraph, at the end, provides that the grant is issued “solely for purposes of compensation and costs, if applicable.” The Law’s use of the phrase “if applicable” means that the applicability of compensation and costs depends on an assessment, appraisal, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the petitioner’s claim and the respondent authority’s conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly referable to an impact on a constitutional right of an obviously pecuniary nature (as would occur, for instance, with an impairment of the right to wages).IV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario).

Pull quotesCitas destacadas

  • "Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…) la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."

    "After careful consideration, the majority of the Chamber holds that, in the case under review, in accordance with the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (…) the grant must be without a specific award of costs, damages, and losses."

    Considerando IV

  • "Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…) la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."

    Considerando IV

  • "Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales."

    "As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies to the cases strictly contemplated in the statute, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered as a result of the violation of their constitutional rights."

    Considerando V (voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado)

  • "Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales."

    Considerando V (voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado)

  • "Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos."

    "If the right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. Therefore, an abstract condemnation for such damages is appropriate."

    Considerando VI (voto salvado de la Magistrada Garro Vargas)

  • "Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos."

    Considerando VI (voto salvado de la Magistrada Garro Vargas)

  • "Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."

    "The appeal is granted, without a special award of costs, damages, and losses."

    Por tanto

  • "Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Date of Resolution: November 22, 2024, at 09:20 Case File: 24-030882-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal (Recurso de amparo) Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with Dissenting Vote Relevance Indicators Relevant judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:

Type of content: Majority Vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: INFORMATION Subtopics:

LACK OF RESPONSE.

034944-24. THE APPELLANT INDICATES THAT HE REQUESTED INFORMATION RELATED TO THE EMERGENCY OF THE MANCOZEB FUNGICIDE SPILL, IN BARRANCA DE PUNTARENAAS ON JULY 27; HOWEVER, HE HAS NOT RECEIVED ANY RESPONSE. GRANTED. RGS11/2024

"(...) IV.- Regarding the award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional). Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable"), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that this same paragraph in fine states that the granting is ordered "solely for the purposes of compensation and costs, if applicable". It is underlined that the Law indicates "if applicable", which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the appealed authority in acknowledging it, suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, when it provides that: "any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment", where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not provided for. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in order, the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and the other procedural codes, are a supplementary source for the application and interpretation of the norms of the Constitutional Jurisdiction Law - cf. Article 14. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.(...)"

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Type of content: Dissenting Vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: INFORMATION Subtopics:

LACK OF RESPONSE.

034944-24. THE APPELLANT INDICATES THAT HE REQUESTED INFORMATION RELATED TO THE EMERGENCY OF THE MANCOZEB FUNGICIDE SPILL, IN BARRANCA DE PUNTARENAAS ON JULY 27; HOWEVER, HE HAS NOT RECEIVED ANY RESPONSE. GRANTED. RGS11/2024

"(...) V.- Partial dissenting vote of Magistrate Salazar Alvarado, solely in relation to the non-award of costs, damages, and losses against the appealed party.

Although I agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, I dissent from the majority criterion in that it exempts the appealed party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Constitutional Jurisdiction Law, in Article 52, provides that:

"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable".

On the other hand, in Article 51 ibidem, it is established that:

"...any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment".

This last rule establishes the general system that regulates the matter of compensation and the payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated the fundamental rights...".

In the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to any fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo appeal - a case contemplated in Article 52, referred to - by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the offender to compensate the damages and losses caused and to pay the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not again incur in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law that governs this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the appealed authority itself, once it became aware of the processing of the amparo appeal, with restoration to the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these cases, the imperative need for an award of costs, damages, and losses against the offender arises, the basis of which is found in the principles of protection of the rights of individuals and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional conduct.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and losses, since this case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in these aspects contained in the Constitutional Jurisdiction Law.

On the other hand, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or pronounced on the merits of the claim, has verified the violation of the fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration to the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation which, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an "abnormal termination of the process".

The legislator established and precisely defined the conditions under which this Chamber can decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo appeal is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo appeal; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that undoubtedly orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted "solely for the purposes of compensation and costs, if applicable". As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only proceeds in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.

In my criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always applicable, even in the case that the appealed party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly evident that in the specific case no harm capable of being compensated was caused. Only and solely in such cases could the appealed Administration be exempted from paying said amounts. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions - whose specific determination does not correspond to this jurisdiction - the granting of this appeal must necessarily imply the award of costs, damages, and losses, and so we declare.

As an additional reason, it is worth highlighting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From this perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on said verification; however, it does not enter into the weighing of whether these issues have or have not generated injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said condemnation (in damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that this pertinence examination can, a priori, be automatically excluded in this type of process, to the extent that it is within another ordinary process that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Contentious-Administrative Procedure Code, Law No. 8508, define a special process whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that process has the following object:

"ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public law, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensations".

It is clear that this process is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those items, since that type of claim would not be applicable within that type of proceeding when the judgment issued within the amparo process expressly established the inapplicability of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special process in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, condemnation or an express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our opinion, pursuant to the aforementioned Article 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial condemnation requires accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified application and duly substantiated reasoning on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to this cessation due to the defendant entity's own cause or an external one, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that go beyond the nature of these processes and regarding which, in accordance with what is regulated by the aforementioned mandate 52, are characteristic of an abstract condemnation that later constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, that is not their primary object or ratio. Thus, it does not correspond to the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether these administrative conducts have produced injuries to them is an aspect that, as a matter of principle and save for exceptional cases, does not form part of the basis of analysis for this type of case. Note that, in the case regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make an analysis on the merits of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal mandate, it does not enter into assessing whether or not there is an infringement, with which, much less can it be defined whether, based on what was reported by the applicant, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the dispensation from condemnation referred to in that norm is exceptional, not the rule. Therefore, in those cases, the norm imposes condemnation in the abstract, so that it is within another plenary process that its applicability is analyzed. Otherwise, if this release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite this supervening response from the claimed party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere, would be put at risk, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Political Constitution, and ignoring the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that a conduct was adopted to cease the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the individual. That is, in order to obtain the protection of those rights, the individual opted for judicial protection, and it was by virtue of this that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is reiterated, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation, insofar as it was made to cease by the causes mentioned in the norm under examination, generated damages and losses, is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary process, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, merely by the realization of the factual assumption regulated in the mentioned Article 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect regarding the majority position, I state my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the abstract condemnation in costs, damages, and losses. (...)" ... See more Content of Interest:

Type of content: Dissenting Vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: INFORMATION Subtopics:

LACK OF RESPONSE.

(...) VI.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable".

My interpretation of this norm is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if applicable" refers to costs. Furthermore, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.

Certainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: "Any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment".

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, abstract condemnation to these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title - derived from this process - to claim them, potentially violating Article 41 of the CP. If, despite the abstract condemnation, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, as only he is responsible for establishing the real existence and magnitude of the same.

With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the presence of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the condemnation of damages and losses, but not costs. (...)" ... See more Content of Interest:

Type of content: Majority Vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: INFORMATION Subtopics:

LACK OF RESPONSE.

034944-24. THE APPELLANT INDICATES THAT HE REQUESTED INFORMATION RELATED TO THE EMERGENCY OF THE MANCOZEB FUNGICIDE SPILL, IN BARRANCA DE PUNTARENAAS ON JULY 27; HOWEVER, HE HAS NOT RECEIVED ANY RESPONSE. GRANTED. RGS11/2024

"(...) The appeal is granted, without a special award of costs, damages, and losses. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the condemnation of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation of damages and losses, but not costs. Notify. –"

... See more *240308820007CO* Res. No. 2024034944 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on November twenty-second, two thousand twenty-four.

Amparo appeal (Recurso de amparo) filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT (MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, MOPT).

Whereas:

1.- By filing received in the Secretariat of the Chamber at 15:04 hours on November 1, 2024, the appellant files an amparo appeal against the Ministry of Public Works and Transport. He explains that on October 14, 2024, he sent via email to the addresses [email protected], [email protected], and [email protected], a request for information of his interest addressed to the Minister of Public Works and Transport. In particular, he requested "(...) information related to the emergency of the MANCOZEB fungicide spill, which occurred in Barranca de Puntarenas on July 27. 1) Names of the companies involved in this emergency (carrier and contractor). 2) Volume of the fungicide spilled. 3) Exact point (georeferenced) of the location where the spill occurred. 4) Names of the intended points of departure and arrival of the tanker truck from which the spill originated, with the indication of the detailed route followed (up to the time of the spill) and to be followed, to the place where the truck's contents were to be deposited. 5) Country of origin and point of entry and unloading in our country of the fungicide in question. 6) Defined cause that caused the overturning of this tanker truck. 7) Legal actions taken against these companies because of the spill of this fungicide. 8) Description of the concrete corrective actions undertaken by the companies causing the spill to mitigate the effects of this spill. 9) Estimated economic cost of the actions undertaken by the MOPT to attend to this emergency. 10) Estimated time to return to normal conditions, once the emergency in question has been attended to. 11) Names of the other governmental institutions involved in the management of the spill of this fungicide, as well as the specific steps taken by each of these. 12) Names of the communities affected by the spill of this fungicide, as well as the number of people affected while the contamination persists. 13) Concrete follow-up actions carried out by the MOPT to follow up on the emergency in question (...)". By email received on October 17, 2024, signed by Jeffry Mahecha Uribe from the office of the Minister of Public Works and Transport, he was informed that the matter was referred to the Director of the Transit Police (Policía de Tránsito) under Reference No. 12395 for his attention. He alleges that, as of the date of filing this appeal, his request has not been resolved nor has the requested information been provided to him. He considers that the described facts violate his fundamental rights. Furthermore, the appealed authority must report whether the email address to which the appellant sent the information request is established as an official mechanism for receiving user requests.

2.- By means of a resolution at 14:20 hours on November 8, 2024, the process is admitted and a report is requested from the Minister and the Director General of the Transit Police, both of the Ministry of Public Works and Transport, regarding the facts alleged by the appellant.

3.- By means of a filing added to the digital case file at 15:10 hours on November 15, 2024, Oswaldo Mirando Víquez, in his capacity as Director of the Transit Police of the Ministry of Public Works and Transport, reports under oath that through official communication DVT- DGPT-2024-2095 of November 15, 2024, the requested information was sent to the appellant. He requests that the appeal be declared without merit.

4.- By means of a filing added to the digital case file at 8:43 hours on November 18, 2024, Mauricio Batalla Otárola, in his capacity as Minister of Public Works and Transport, reports under oath that "(...) this Office, in response to the query raised by the appellant, through Correspondence Transfer Ref No. 12395, via email dated October 17, 2024, signed by Eng. Jeffry Mahecha Uribe, Advisor to the Minister's Office, referred the query of the protected party [Name 001] to Licentiate Oswaldo Miranda Sánchez, Director General of the Transit Police (...)". He requests that the appeal be declared without merit.

5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

Considering:

I.- Object of the appeal. The appellant alleges that, on November 1, 2024, he requested information of his interest from the Minister of Public Works and Transport, through the emails [email protected], [email protected], and [email protected], in which he requested information regarding the MANCOZEB fungicide spill. However, he accuses that, as of the date of filing this appeal, no response has been provided to his request, which he considers injurious to his fundamental rights.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed as duly demonstrated, because they have been accredited as such:

  • 1)On October 14, 2024, the appellant sent via email to the addresses [email protected], [email protected], and [email protected], a request for information of his interest addressed to the Minister of Public Works and Transport, in which he requested: "(...) information related to the emergency of the MANCOZEB fungicide spill, which occurred in Barranca de Puntarenas on July 27. 1) Names of the companies involved in this emergency (carrier and contractor). 2) Volume of the fungicide spilled. 3) Exact point (georeferenced) of the location where the spill occurred. 4) Names of the intended points of departure and arrival of the tanker truck from which the spill originated, with the indication of the detailed route followed (up to the time of the spill) and to be followed, to the place where the truck's contents were to be deposited. 5) Country of origin and point of entry and unloading in our country of the fungicide in question. 6) Defined cause that caused the overturning of this tanker truck. 7) Legal actions taken against these companies because of the spill of this fungicide. 8) Description of the concrete corrective actions undertaken by the companies causing the spill to mitigate the effects of this spill. 9) Estimated economic cost of the actions undertaken by the MOPT to attend to this emergency. 10) Estimated time to return to normal conditions, once the emergency in question has been attended to. 11) Names of the other governmental institutions involved in the management of the spill of this fungicide, as well as the specific steps taken by each of these. 12) Names of the communities affected by the spill of this fungicide, as well as the number of people affected while the contamination persists.
  • 13)Specific follow-up actions taken by the MOPT to monitor the emergency in question (…)" (see evidence provided in the case file).
  • 2)The email addresses [email protected], [email protected], and [email protected] are considered an official means for receiving communications from the respondent authority (an undisputed fact).
  • 3)On October 17, 2024, the MOPT authorities forwarded the petitioner's request to be handled by the Dirección General de la Policía de Tránsito (see evidence provided in the case file).
  • 4)On November 12, 2024, the order giving course to this amparo proceeding was notified to the respondent authorities (see notification record).
  • 5)By official communication DVT- DGPT-2024-2095 of November 15, 2024—notified to the petitioner on that same November 15—the respondent authority provided a response to his request, in the following terms: “(…) In response to the thirteen questions, I inform you that the officer in charge was Franklin Chaves Soto, official Elvis Arias Chavarría code 3219 attended the overturning of the tanker truck, proceeded as appropriate, with the preparation of the diagram, the citation form 2-2024-321900264, and the official report which is sent to the San Ramón Traffic Court for the part corresponding to the Traffic Police. The scene is handed over 15 minutes later to the Esparza Fire Department unit, which has personnel trained in hazardous materials, to follow an entire protocol at the level of the other institutions involved in preventing the spill of the product. Therefore, the answers to the questions correspond to the entities trained for the emergency, such as the Fire Department, water and sewer systems. I attach the official report where the traffic police carry out what corresponds to them and photos of the place (…)” (see the report submitted by the respondent authority and evidence provided in the case file).

III.- Regarding the specific case. In the sub lite, the petitioner claims that on November 1, 2024, he requested information of interest before the Minister of Public Works and Transport, through the email addresses [email protected], [email protected], and [email protected], in which he requested information about the spill of the fungicide MANCOZEB. However, he alleges that, as of the date this appeal was filed, no response has been given to his request, which he considers injurious to his fundamental rights.

In this regard, it must be noted that, as stated in the case record, the information request referred to by the petitioner was duly received by the respondent authority at the email addresses [email protected], [email protected], and [email protected], which are considered an official means for receiving communications by that authority, given that said authority did not deny this despite the warning issued in the order giving course and proceeded to forward it to the authority competent to respond, prior to the filing of the appeal. Furthermore, it was proven that it was not until after the notification of the order giving course to this amparo proceeding that the respondent authorities proceeded to provide a response to the amparo petitioner, which was notified to him on November 15, 2024, in which the requested information is provided, as shown in the account of proven facts.

Now then, it is of special importance to enumerate and analyze each of the questions raised in the appeal, in order to determine which of them are protected by this Chamber, as will be set forth below:

Request Classification Status 1) Names of the companies involved in this emergency (carrier and contractor).

Request regarding access to information On the occasion of the appeal, they were informed of what corresponded to the MOPT and that there is information that does not correspond to them and is not in their possession 2) Volume of the spilled fungicide Request regarding access to information On the occasion of the appeal, they were informed of what corresponded to the MOPT and that there is information that does not correspond to them and is not in their possession 3) Exact point (georeferenced) of the location where the spill occurred Request regarding access to information On the occasion of the appeal, they were informed of what corresponded to the MOPT and that there is information that does not correspond to them and is not in their possession 4) Names of the intended departure and arrival points of the tanker truck from which the spill originated, with an indication of the detailed route followed (up to the moment of the spill) and to be followed, to the place where the truck's contents were to be deposited.

Request regarding access to information On the occasion of the appeal, they were informed of what corresponded to the MOPT and that there is information that does not correspond to them and is not in their possession 5) Country of origin and point of entry and unloading in our country of the fungicide in question Request regarding access to information On the occasion of the appeal, they were informed of what corresponded to the MOPT and that there is information that does not correspond to them and is not in their possession 6) Defined cause that caused this tanker truck to overturn Request regarding access to information On the occasion of the appeal, they were informed of what corresponded to the MOPT and that there is information that does not correspond to them and is not in their possession 7) Legal actions taken against these companies due to the spill of this fungicide Request regarding access to information On the occasion of the appeal, they were informed of what corresponded to the MOPT and that there is information that does not correspond to them and is not in their possession 8) Description of the specific corrective actions undertaken by the companies causing the spill to mitigate the effects of this spill Request regarding access to information On the occasion of the appeal, they were informed of what corresponded to the MOPT and that there is information that does not correspond to them and is not in their possession 9) Estimated economic cost of the actions undertaken by the MOPT to address this emergency.

Request regarding access to information On the occasion of the appeal, they were informed of what corresponded to the MOPT and that there is information that does not correspond to them and is not in their possession 10) Estimated time to return to normal conditions, once the emergency in question has been addressed Request regarding access to information On the occasion of the appeal, they were informed of what corresponded to the MOPT and that there is information that does not correspond to them and is not in their possession 11) Names of the other government institutions involved in managing the spill of this fungicide, as well as the specific actions carried out by each of them.

Request regarding access to information On the occasion of the appeal, they were informed of what corresponded to the MOPT and that there is information that does not correspond to them and is not in their possession 12) Names of the communities affected by the spill of this fungicide, as well as the number of people affected as long as the contamination persists Request regarding access to information On the occasion of the appeal, they were informed of what corresponded to the MOPT and that there is information that does not correspond to them and is not in their possession 13) Specific follow-up actions taken by the MOPT to monitor the emergency in question Request regarding access to information On the occasion of the appeal, they were informed of what corresponded to the MOPT and that there is information that does not correspond to them and is not in their possession Therefore, from the chart set forth above, an injury to the fundamental rights of the amparo petitioner is confirmed, in relation to the failure to answer him and deliver the information requested in his request of October 14, 2024, given that, as of the date this appeal was filed, he had not received a response to the questions raised therein, the deadline for providing a response having already expired at that time. Under this scenario, it is appropriate to declare the appeal granted, without a special award for costs, damages, and losses, because the petitioner's claim was duly satisfied with the response provided on November 15, 2024, on the occasion of the notification of the order giving course to this amparo proceeding to the respondent authorities.

IV.- Regarding the award for costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable”), the grant must be without a special award for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the appeal is declared granted when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the grant is made “solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.” It is emphasized that the Law states “if they are applicable,” which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the amparo petitioner and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations do not directly refer to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “any resolution granting the appeal shall award in the abstract compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the appeal, and its quantification shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as the case may be, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional - cf. Article 14. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any subject matter. In any event, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award for costs, damages, and losses.

V.- Partial dissenting vote of Judge Salazar Alvarado, solely regarding the non-award of costs, damages, and losses against the respondent party.

Although I agree with the rest of the Chamber in declaring the appeal granted, I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:

“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.” On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:

“...any resolution granting the appeal shall award in the abstract compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the appeal, and its quantification shall be reserved for the execution of the judgment.” This latter norm establishes the general system that regulates matters related to compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the majority's view, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need arises for an award of costs, damages, and losses. However, in the undersigned's opinion, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, declares the appeal granted, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in the referred Article 52—by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the award against the offender for compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a subject regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has addressed the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceeding, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved person (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the offender, the basis of which lies in the principles of protection of individual rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional actions.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of mandatory award of these items contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Furthermore, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation that the amparo petitioner has suffered in their fundamental rights, by virtue of the restoration of the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation which, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the proceeding.” The legislator precisely established and delimited the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution giving course to the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that indisputably orders the revocation, halt, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be declared granted “solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.

In my opinion, such an exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, such an award is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is indisputably and clearly evident that in the specific case no injury capable of being compensated was caused. Only and exclusively in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. Since in this case, there is no element whatsoever that refutes the presumption of the emergence, for the amparo petitioner, of economic damages and losses derived from the challenged actions—the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction—the granting of this appeal must necessarily imply the award of costs, damages, and losses, and we so declare.

As an additional reason, it is worth noting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary objective the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather, the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of individuals' fundamental rights. From that perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on said verification, but does not enter into the weighing of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the amparo petitioners. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that such an award (of damages, losses, and costs) applies, if applicable, we the undersigned do not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 through 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from awards issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, said proceeding has the following object:

“ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo is responsible for the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public law, solely regarding the demonstration, quantification, and fulfillment of pecuniary compensation.” It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an award in the abstract for those items, since such types of claims would not be applicable within those types of cases when the judgment issued in the amparo proceeding expressly established the inapplicability of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement regarding this particular. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, pursuant to the mentioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial award requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived or associated with the facts analyzed, can be reasonably estimated. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the respondent entity's own action or by external cause, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive question, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in accordance with what is regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to an award in the abstract that later constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, that is not its object or primary ratio. Thus, the amparo petitioner is not responsible for claiming or demonstrating damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative actions have caused them injuries is an aspect that, by thesis of principle and save exceptional cases, does not form part of the analysis basis for this type of cases. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not carry out a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not enter into assessing whether or not there was an infringement, and consequently, it can much less be defined whether, from what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. Thus, the dispensation of an award referred to in that norm is exceptional, not of principle. Therefore, in those scenarios, the norm imposes the award in the abstract, so that its applicability is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that liberation from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person would be put at risk, who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries to their patrimonial sphere, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that conduct was adopted that ceases the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is reiterated, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation, until it was made to cease due to the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and losses, is a subject that, save proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, should in no way be denied as a presupposition solely due to the materialization of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority's position, I express my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the award in the abstract of costs, damages, and losses.

VI.- Dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.” My interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution granting the appeal shall award in the abstract compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the appeal, and its quantification shall be reserved for the execution of the judgment.” If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, the award in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there having been an award in the abstract, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary venue will so declare, since only that judge has the authority to deem the actual existence and magnitude of the same as proven.

With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of the existence of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not of costs.

VII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is declared granted, without a special award for costs, damages, and losses. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not costs. Notify. - Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Aracelly Pacheco S.

Digitally Signed Document -- Verification code --  Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church).

Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Classification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: INFORMACIÓN Subtemas:

FALTA DE RESPUESTA.

034944-24. INDICA EL RECURRENTE QUE SOLICITO INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EMERGENCIA DEL DERRAME DEL FUNGICIDA MANCOZEB, EN BARRANCA DE PUNTARENAAS EL PASADO 27 DE JULIO; SIN EMBARGO, NO HA RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA. CON LUGAR. RGS11/2024 “(…) IV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.(…)” ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: INFORMACIÓN Subtemas:

FALTA DE RESPUESTA.

034944-24. INDICA EL RECURRENTE QUE SOLICITO INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EMERGENCIA DEL DERRAME DEL FUNGICIDA MANCOZEB, EN BARRANCA DE PUNTARENAAS EL PASADO 27 DE JULIO; SIN EMBARGO, NO HA RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA. CON LUGAR. RGS11/2024 “(…) V.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. (…)” ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: INFORMACIÓN Subtemas:

FALTA DE RESPUESTA.

(…) VI.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. (…)” ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: INFORMACIÓN Subtemas:

FALTA DE RESPUESTA.

034944-24. INDICA EL RECURRENTE QUE SOLICITO INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EMERGENCIA DEL DERRAME DEL FUNGICIDA MANCOZEB, EN BARRANCA DE PUNTARENAAS EL PASADO 27 DE JULIO; SIN EMBARGO, NO HA RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA. CON LUGAR. RGS11/2024 “(…) Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese. –” ... Ver más  Res. Nº 2024034944 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintidos de noviembre de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:04 horas de 1° de noviembre de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Explica que el 14 de octubre de 2024 remitió vía correo electrónico a las direcciones [email protected], [email protected] y [email protected], una solicitud de información de su interés dirigida al ministro de Obras Públicas y Transportes. En particular pidió "(…) información relacionada con la emergencia del derrame del fungicida MANCOZEB, sucedida en Barranca de Puntarenas el pago 27 de julio. 1) Nombres de las empresas involucradas con esta emergencia (transportista y contratista). 2) Volumen del fungicida derramado. 3) Punto exacto (georeferenciado) del lugar donde ocurrió el derrame. 4) Nombres de los puntos de salida y llegada previstos del camión cisterna de donde se originó el derrame, con la indicación de la ruta detallada seguida (hasta el momento del derrame) y por seguir, hasta el lugar donde se iba a depositar el contenido del camión. 5) País de origen y punto de entrada y descarga en nuestro país del fungicida en cuestión. 6) Causa definida que provocó el vuelco de este camión cisterna. 7) Acciones legales emprendida contra estas empresas por causa del derrame de este fungicida. 8) Descripción de las acciones correctivas concretas emprendidas por las empresas causantes del derrame para paliar los efectos de este derrame. 9) Costo económico estimado de las acciones emprendidas por el MOPT para atender esta emergencia. 10) Tiempo estimado para regresar a las condiciones normales, una vez atendida la emergencia en cuestión. 11) Nombres de las otras instituciones gubernamentales involucradas con la gestión del derrame de este fungicida, así como de las gestiones específicas realizadas por cada una de éstas. 12) Nombres de las comunidades afectadas por el derrame de este fungicida, así como del número de personas afectadas mientras persista la contaminación. 13) Acciones de seguimiento concretas realizada por el MOPT para darle seguimiento a la emergencia en cuestión (…)" . Por correo electrónico recibido el 17 de octubre de 2024, suscrito por Jeffry Mahecha Uribe del despacho del ministro de Obras Públicas y Transportes, se le informo que la gestión se remitió al director de la Policía de Tránsito por referencia No. 12395 para su atención. Alega que, al día de interposición de este recurso, su gestión no se ha resuelto ni se le ha suministrado la información pretendida. Considera que los hechos expuestos lesionan sus derechos fundamentales. Además, la autoridad recurrida deberá informar si el correo electrónico al cual la parte recurrente remitió la solicitud de información está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios.

2.- Mediante resolución de las 14:20 horas de 8 de noviembre de 2024, se le da curso al proceso y se solicita informe a la Ministro y el Director General de la Policía de Tránsito, ambos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre los hechos alegados por el recurrente.

3.- Por medio de escrito agregado al expediente digital a las 15:10 horas de 15 de noviembre de 2024, informa bajo juramento Oswaldo Mirando Víquez, en su condición de Director de la Policía de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que mediante oficio DVT- DGPT-2024-2095 de 15 de noviembre de 2024 se remitió al recurrente la información solicitada. Solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 8:43 horas de 18 de noviembre de 2024, informa bajo juramento Mauricio Batalla Otárola, en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes, que “(…) este Despacho, en atención a la consulta planteada por el recurrente, a través del Traslado de Correspondencia Ref N° 12395, mediante correo electrónico de fecha 17 de octubre del 2024, suscrito por el Ing. Jeffry Mahecha Uribe, Asesor del Despacho del Ministro, remitió al Licenciado Oswaldo Miranda Sánchez, Director General de la Policía de Tránsito, la consulta del amparado [Nombre 001] (…)”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. Alega el recurrente que, el 1° de noviembre de 2024, solicitó información de su interés ante el Ministro de Obras Públicas y Transportes, por medio de los correos electrónicos [email protected], [email protected] y [email protected], en la que requirió información sobre el derrame del fungicida MANCOZEB. Sin embargo, acusa que, a la fecha de presentación de este recurso, no se ha brindado respuesta a su solicitud, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, porque así han sido acreditados:

  • 1)El 14 de octubre de 2024, el recurrente remitió vía correo electrónico a las direcciones [email protected], [email protected] y [email protected], una solicitud de información de su interés dirigida al Ministro de Obras Públicas y Transportes, en donde requirió: "(…) información relacionada con la emergencia del derrame del fungicida MANCOZEB, sucedida en Barranca de Puntarenas el pago 27 de julio. 1) Nombres de las empresas involucradas con esta emergencia (transportista y contratista). 2) Volumen del fungicida derramado. 3) Punto exacto (georeferenciado) del lugar donde ocurrió el derrame. 4) Nombres de los puntos de salida y llegada previstos del camión cisterna de donde se originó el derrame, con la indicación de la ruta detallada seguida (hasta el momento del derrame) y por seguir, hasta el lugar donde se iba a depositar el contenido del camión. 5) País de origen y punto de entrada y descarga en nuestro país del fungicida en cuestión. 6) Causa definida que provocó el vuelco de este camión cisterna. 7) Acciones legales emprendida contra estas empresas por causa del derrame de este fungicida. 8) Descripción de las acciones correctivas concretas emprendidas por las empresas causantes del derrame para paliar los efectos de este derrame. 9) Costo económico estimado de las acciones emprendidas por el MOPT para atender esta emergencia. 10) Tiempo estimado para regresar a las condiciones normales, una vez atendida la emergencia en cuestión. 11) Nombres de las otras instituciones gubernamentales involucradas con la gestión del derrame de este fungicida, así como de las gestiones específicas realizadas por cada una de éstas. 12) Nombres de las comunidades afectadas por el derrame de este fungicida, así como del número de personas afectadas mientras persista la contaminación. 13) Acciones de seguimiento concretas realizada por el MOPT para darle seguimiento a la emergencia en cuestión (…)" (ver prueba aportada al expediente).
  • 2)Los correos electrónicos [email protected], [email protected] y [email protected] se consideran un medio oficial para recibir comunicaciones por parte de la autoridad recurrida (hecho incontrovertido).
  • 3)El 17 de octubre de 2024, las autoridades del MOPT remitieron la solicitud del recurrente para que fuera atendida por la Dirección General de la Policía de Tránsito (ver prueba aportada al expediente).
  • 4)El 12 de noviembre de 2024, se notificó la resolución de curso de este proceso de amparo a las autoridades recurridas (ver acta de notificación).
  • 5)Mediante oficio DVT- DGPT-2024-2095 de 15 de noviembre de 2024 -notificado al recurrente ese mismo 15 de noviembre-, la autoridad recurrida brindó respuesta a su solicitud, en los siguientes términos “(…) En respuesta a las trece preguntas, les informó que el jefe a cargo estaba Franklin Chaves Soto, oficial Elvis Arias Chavarría cod 3219 atedió el vuelco de la cisterna, procedió como corresponde, con la realización del plano la Boleta de citación 2-2024-321900264 y el parte oficial el cual va al Juzgado de Tránsito de San Ramón la parte que le corresponde a la Policía de Tránsito. La escena se le entrega 15 minutos después a la unidad de Bomberos de Esparza, que tiene el personal capacitado en materiales peligrosos, para seguir todo un protocolo a nivel con las demás instituciones involucradas en la prevención del derramo del producto. Por lo tanto, la contestación a las preguntas corresponde a las entidades capacitadas para la emergencia como Bomberos, acueductos y alcantarillados. Adjunto parte oficial donde la policía de tránsito realiza lo que le corresponde y fotos del lugar (…)” (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).

III.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, reclama el recurrente que el 1° de noviembre de 2024, solicitó información de su interés ante el Ministro de Obras Públicas y Transportes, por medio de los correos electrónicos [email protected], [email protected] y [email protected], en la que requirió información sobre el derrame del fungicida MANCOZEB. Sin embargo, acusa que, a la fecha de presentación de este recurso, no se ha brindado respuesta a su solicitud, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales.

Sobre el particular, debe indicarse que, según consta en los autos la solicitud de información referida por el recurrente fue debidamente recibida por la autoridad recurrida a los correos electrónicos [email protected], [email protected] y [email protected], los cuales se consideran un medio oficial para recibir comunicaciones por parte de esa autoridad, dado que, dicha autoridad no lo desmintió pese a la prevención realizada en la resolución de curso y procedió a darle traslado a la autoridad competente de dar respuesta, de previo a la presentación del recurso. Además, se pudo comprobar que, no fue sino hasta después de la notificación de la resolución de curso de este proceso de amparo, que las autoridades recurridas procedieron a brindar respuesta al amparado, lo cual le fue notificado el 15 de noviembre de 2024, en el que se brinda la información solicitada, según se desprende de la relación de hechos probados.

Ahora bien, es de especial importancia enumerar y analizar cada una de las interrogantes planteadas en el recurso, con el fin de determinar cuáles de ellas se encuentran amparadas por esta Sala, según se expondrá a continuación:

Solicitud Clasificación Estado 1) Nombres de las empresas involucradas con esta emergencia (transportista y contratista).

Petición en relación con acceso a la información Con ocasión del recurso se les indicó lo correspondiente al MOPT y que existe información que no les corresponde y no se encuentra en su poder 2) Volumen del fungicida derramado Petición en relación con acceso a la información Con ocasión del recurso se les indicó lo correspondiente al MOPT y que existe información que no les corresponde y no se encuentra en su poder 3) Punto exacto (georeferenciado) del lugar donde ocurrió el derrame Petición en relación con acceso a la información Con ocasión del recurso se les indicó lo correspondiente al MOPT y que existe información que no les corresponde y no se encuentra en su poder 4) Nombres de los puntos de salida y llegada previstos del camión cisterna de donde se originó el derrame, con la indicación de la ruta detallada seguida (hasta el momento del derrame) y por seguir, hasta el lugar donde se iba a depositar el contenido del camión.

Petición en relación con acceso a la información Con ocasión del recurso se les indicó lo correspondiente al MOPT y que existe información que no les corresponde y no se encuentra en su poder 5) País de origen y punto de entrada y descarga en nuestro país del fungicida en cuestión Petición en relación con acceso a la información Con ocasión del recurso se les indicó lo correspondiente al MOPT y que existe información que no les corresponde y no se encuentra en su poder 6) Causa definida que provocó el vuelco de este camión cisterna Petición en relación con acceso a la información Con ocasión del recurso se les indicó lo correspondiente al MOPT y que existe información que no les corresponde y no se encuentra en su poder 7) Acciones legales emprendida contra estas empresas por causa del derrame de este fungicida Petición en relación con acceso a la información Con ocasión del recurso se les indicó lo correspondiente al MOPT y que existe información que no les corresponde y no se encuentra en su poder 8) Descripción de las acciones correctivas concretas emprendidas por las empresas causantes del derrame para paliar los efectos de este derrame Petición en relación con acceso a la información Con ocasión del recurso se les indicó lo correspondiente al MOPT y que existe información que no les corresponde y no se encuentra en su poder 9) Costo económico estimado de las acciones emprendidas por el MOPT para atender esta emergencia.

Petición en relación con acceso a la información Con ocasión del recurso se les indicó lo correspondiente al MOPT y que existe información que no les corresponde y no se encuentra en su poder 10) Tiempo estimado para regresar a las condiciones normales, una vez atendida la emergencia en cuestión Petición en relación con acceso a la información Con ocasión del recurso se les indicó lo correspondiente al MOPT y que existe información que no les corresponde y no se encuentra en su poder 11) Nombres de las otras instituciones gubernamentales involucradas con la gestión del derrame de este fungicida, así como de las gestiones específicas realizadas por cada una de éstas.

Petición en relación con acceso a la información Con ocasión del recurso se les indicó lo correspondiente al MOPT y que existe información que no les corresponde y no se encuentra en su poder 12) Nombres de las comunidades afectadas por el derrame de este fungicida, así como del número de personas afectadas mientras persista la contaminación Petición en relación con acceso a la información Con ocasión del recurso se les indicó lo correspondiente al MOPT y que existe información que no les corresponde y no se encuentra en su poder 13) Acciones de seguimiento concretas realizada por el MOPT para darle seguimiento a la emergencia en cuestión Petición en relación con acceso a la información Con ocasión del recurso se les indicó lo correspondiente al MOPT y que existe información que no les corresponde y no se encuentra en su poder Por ende, del cuadro plasmado previamente se constata una lesión a los derechos fundamentales del amparado, con relación a la omisión en contestarle y entregarle la información solicitada en su solicitud de 14 de octubre 2024, por cuanto, a la fecha de presentación de este recurso, no había recibido respuesta de las interrogantes allí incoadas, cuyo plazo para brindar respuesta ya había vencido para ese momento. Bajo este panorama, lo procedente es declarar con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, por cuanto la pretensión del recurrente fue debidamente satisfecha con la respuesta brindada el 15 de noviembre de 2024, con ocasión de la notificación de la resolución de curso de este proceso de amparo a las autoridades recurridas.

IV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

VI.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese. - Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Aracelly Pacheco S.

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    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 52
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