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Res. 33132-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 08/11/2024

Inability to Review Citizen Participation in Regulatory Plan Modification via AmparoImposibilidad de revisar participación ciudadana en modificación de plan regulador vía amparo

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The amparo action is denied; the claims regarding citizen participation and the regulatory plan process are matters of ordinary legality and not within the jurisdiction of the Constitutional Chamber.Se declara sin lugar el recurso de amparo; los reclamos sobre participación ciudadana y trámite del plan regulador son materia de legalidad ordinaria y no competencia de la Sala Constitucional.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber dismissed an amparo action filed against the Municipality of Oreamuno for alleged deficiencies in citizen participation during the modification of the cantonal regulatory plan. The plaintiffs argued that consultations were conducted exclusively online during the COVID-19 pandemic, limiting access for many residents, and that the consultation focused only on zoning, omitting issues such as water resources, urban development, and heritage. The Chamber found that the complaints constitute a matter of mere ordinary legality, not a direct violation of fundamental rights subject to amparo protection. It relied on settled case law establishing that oversight of the citizen participation principle falls to the ordinary courts, not the constitutional jurisdiction, except in exceptional cases. It also noted that the discussion of whether the proposal is a ‘modification’, ‘adjustment’ or ‘rectification’ and whether an environmental impact study is required is a legality issue. The action was dismissed in its entirety.La Sala Constitucional rechaza un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Oreamuno por supuestas deficiencias en la participación ciudadana durante el proceso de modificación del plan regulador cantonal. Los recurrentes alegaban que las consultas se realizaron exclusivamente de manera virtual durante la pandemia de COVID-19, limitando el acceso de muchos residentes, y que la consulta se centró solo en zonificación omitiendo temas como recurso hídrico, desarrollo urbanístico y patrimonio. La Sala determina que las quejas constituyen un conflicto de mera legalidad ordinaria, no una violación directa de derechos fundamentales tutelables por la vía del amparo. Se apoya en jurisprudencia reiterada que establece que el control de cumplimiento del principio de participación ciudadana corresponde a la justicia ordinaria y no a la jurisdicción constitucional, salvo casos excepcionales. Asimismo, señala que la discusión sobre si la propuesta es una ‘modificación’, ‘ajuste’ o ‘rectificación’ y si se requiere un estudio de impacto ambiental, es materia de legalidad. Declara sin lugar el recurso en todos sus extremos.

Key excerptExtracto clave

In the case at hand, the Chamber finds the aforementioned criterion applicable. Indeed, it is determined that it is a matter of legality to establish whether the proposal of the respondent Municipal Council should be classified as a ‘modification’, ‘adjustment’ or ‘rectification’ of the regulatory plan, since the summary amparo procedure is incompatible with analyzing whether the percentage reaches 20% of the total usable area of the maritime-terrestrial zone. Moreover, it is verified that the hearing of February 8, 2023 had the purpose of presenting and making known the Council's proposal, so that interested parties could submit pertinent observations or objections. As in the precedent cited, there was no intention of giving final approval to the proposal, so the claim is premature on the same grounds. By virtue of the foregoing, the claim is dismissed. V.- Regarding citizen participation, the Chamber recalls the ruling No. 2019015250 of 9:20 a.m. on August 16, 2019: “...this Constitutional Chamber in ruling No. 2014 – 006773 of 11:41 a.m. on May 16, 2014, explained the following: “(…) By amending Article 9 of the Political Constitution, the reforming constituent body sought to give positivity to the Principle of Participation and thus bring the governed closer to the state decision-making process, as part of what doctrine calls ‘corrective mechanisms’ of representative democracy. Thus, the reforming constituent body left the means, scope and timing of citizen participation to infra-constitutional legislation, except in exceptional cases. In this sense, the natural venue to monitor its compliance is the ordinary courts and not the constitutional jurisdiction (…)”En el sub examine, la Sala estima que es aplicable el criterio expuesto. En efecto, se determina que es un tema de legalidad establecer si la propuesta del Concejo accionado debe ser catalogada como “modificación”, “ajuste” o “rectificación” del plan regulador, toda vez que es incompatible con la vía sumaria del recurso de amparo analizar si el porcentaje alcanzaría el 20% del área total utilizable de la zona marítimo terrestre. Además, se verifica que la audiencia del 8 de febrero de 2023 tenía el propósito de exponer y dar a conocer la propuesta del Concejo, a fin de que los interesados presentaran las observaciones u objeciones que estimaran pertinentes. Al igual que en el precedente transcrito, no se tenía la intención de dar aprobación final a la propuesta, por lo que el reclamo resulta prematuro en los mismos términos. En virtud de lo expuesto, se desestima el reclamo. V.- Atinente a la participación ciudadana, la Sala traer a colación lo indicado la sentencia nro. 2019015250 de las 9:20 horas del 16 de agosto de 2019: “...esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2014 – 006773 de las 11:41 horas de 16 de mayo de 2014, explicó lo siguiente: “(…) Al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional (…)”

Pull quotesCitas destacadas

  • "Al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional."

    "By amending Article 9 of the Political Constitution, the reforming constituent body sought to give positivity to the Principle of Participation and thus bring the governed closer to the state decision-making process, as part of what doctrine calls ‘corrective mechanisms’ of representative democracy. Thus, the reforming constituent body left the means, scope and timing of citizen participation to infra-constitutional legislation, except in exceptional cases. In this sense, the natural venue to monitor its compliance is the ordinary courts and not the constitutional jurisdiction."

    Considerando V (citing ruling 2014-006773)

  • "Al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional."

    Considerando V (citing ruling 2014-006773)

  • "En el sub examine, la Sala estima que es aplicable el criterio expuesto. En efecto, se determina que es un tema de legalidad establecer si la propuesta del Concejo accionado debe ser catalogada como “modificación”, “ajuste” o “rectificación” del plan regulador, toda vez que es incompatible con la vía sumaria del recurso de amparo analizar si el porcentaje alcanzaría el 20% del área total utilizable de la zona marítimo terrestre."

    "In the case at hand, the Chamber finds the aforementioned criterion applicable. Indeed, it is determined that it is a matter of legality to establish whether the proposal of the respondent Municipal Council should be classified as a ‘modification’, ‘adjustment’ or ‘rectification’ of the regulatory plan, since the summary amparo procedure is incompatible with analyzing whether the percentage reaches 20% of the total usable area of the maritime-terrestrial zone."

    Considerando IV

  • "En el sub examine, la Sala estima que es aplicable el criterio expuesto. En efecto, se determina que es un tema de legalidad establecer si la propuesta del Concejo accionado debe ser catalogada como “modificación”, “ajuste” o “rectificación” del plan regulador, toda vez que es incompatible con la vía sumaria del recurso de amparo analizar si el porcentaje alcanzaría el 20% del área total utilizable de la zona marítimo terrestre."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Date of Resolution: November 8, 2024, at 09:20 Type of matter: Amparo remedy Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Related Judgments Res. No. 2024033132 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty minutes on November eighth, two thousand twenty-four.

Amparo remedy filed by JORGE ENRIQUE VEGA GRANADOS, identity card 0302420550, RAFAEL TOBÍAS SOLANO UREÑA, identity card 0302290661, and URIEL FRANCISCO GÓMEZ ULLOA, identity card 0302390615, against LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO.

Whereas:

1.- By brief received in this Sala on February 27, 2024, the petitioner files an amparo remedy, and states that on February 13, 2024, petitioner Vega Granados submitted a brief before the Concejo Municipal of Oreamuno concerning the canton’s regulatory plan, which was responded to at the ordinary session of February 20, 2024. They claim that a series of inconsistencies and omissions in the regulatory plan review process are observed in the response sent. They detail that the consultation was held during the pandemic and was conducted only virtually, which meant that the vast majority of residents of the districts did not have access to such tools, a situation that significantly reduced their capacity for participation and access to the pertinent documentation. They maintain that this lack of virtual accessibility shows an involuntary exclusion of the population in the decision-making process, which is contrary to the principle of citizen participation. They add that the respondents reported that the consultations were held with various social agents, such as neighbors, associations, businesses, and companies, but do not provide documentary evidence to support that assertion, which calls into question the representativeness and inclusion of diverse perspectives in the review process of the regulatory plan of the canton of Oreamuno and raises doubts about the transparency and legitimacy of the process. Furthermore, they state that the consultation focused solely on zoning, leaving aside fundamental aspects such as the conservation of water resources, urban development, conservation programs, comprehensive waste management, and the protection of cultural and architectural heritage, which means there is an incomplete and biased vision of the planning process, as it overlooks essential aspects that directly impact the quality of life and well-being of the community. They express that the described situation violates the right to effective participation: having the real opportunity to participate in the discussions and decisions related to the regulatory plan, allowing their voices to be heard and considered in a meaningful way. For the foregoing reasons, they consider their fundamental rights violated. They request that the remedy be granted so that the respondents conduct a truly inclusive and participatory consultation process that guarantees the representativeness of all sectors of the community, and adopt the appropriate measures to facilitate citizen participation in the consultation process, guaranteeing equitable access to the necessary tools and resources for this.

2.- Enzo Jiménez Valverde, in his capacity as mayor of Oreamuno de Cartago, reports under oath that, indeed, this mayor’s office initiated the modification of the regulatory plan governing the canton of Oreamuno, which has been in effect since 2014. The modification of the land-use plan proceeded with the appointment of an interdisciplinary team at the municipal level. Formed by the departments of urban development and control, environmental management, the legal department, surveying, and the technical and environmental management unit. In addition, there was advisory support from the governing body on regulatory plans; the Instituto Nacional de Vivienda accompanied the entire process in consultations and guidance for the modification of this regulatory plan of the canton of Oreamuno. He mentions that throughout the process, the communities of the canton of Oreamuno were involved, considering the needs of land-use planning. He adds that what was indicated by the petitioners, in mentioning that there was no access to information allowing true citizen participation, is false. They indicate that, in the specific case, the petitioners participated actively and attended the different departments to make various inquiries, including the mayor’s office, internal audit, and the urban development and human control department, among others. It is also noted that on February 29 this year, at the municipal gymnasium, all citizens of the canton of Oreamuno were invited to address inquiries related to the modification of the land-use plan, and the petitioners did not attend said hearing.

3.- Mauricio Gómez Ulett, head of urban development and control, Mauricio González Jiménez, director of the Technical Unit for Road Management, Glenda Arias Orozco, head of the Municipality of Oreamuno, and William Maroto Pérez, all serving as members of the Technical Commission for the regulatory plan modification process and municipal officials, report under oath that they reject all claims of the petitioner. They allege that this local government adopted the regulatory plan in April 2014; however, the dynamics of the canton’s local development, the different services and commercial activities, as well as new market dynamics and needs of the canton’s citizens, led to the initiation of a process to modify said plan. After several months of work, they are in the final stage for its modification, which includes the public hearing stage, with the aim of making it known and disseminated to the population of the canton of Oreamuno. They add that the dissemination and call for participation were made through the official gazette, La Gaceta #17, on January 30, 2014, and other additional media, whether digital, print, radio, television, or in person, with emphasis on those with a local presence. The public hearing for the modification of the regulatory plan was set for February 29 of the current year. They mention that the municipality they represent made the decision to carry out a process of public outreach and citizen participation, which is neither mandatory nor regulated, but was conducted through a communication exercise via four district-level meetings, which were organized in the districts of the canton of Oreamuno in September 2021, so that citizens could learn about the modification and rezoning processes being proposed. These meetings were held virtually due to the particular nature of restrictions on mass gatherings because of the effects of the COVID-19 pandemic. These meetings were duly communicated on social media, and the recordings that are available at the municipality demonstrate their execution. Additionally, they indicate that the municipality’s website contains the proposed unification, maps, and regulations, covering the topics of water resources, zoning, urban development, heritage protection, and environmental elements; therefore, it is also untrue that their access to information and participation was violated, because the information has been available to all citizens. They request that the remedy be dismissed.

4.- The petitioners appear on March 22 of the current year and reply to the report provided by the municipal authorities.

5.- By resolution issued at ten hours and fifty-nine minutes on April 3, 2024, a report was requested from the mayor of Oreamuno as evidence for a better decision, in order for him to indicate: a) when the process of work and approval of the canton’s regulatory plan began, b) at what stage of the process the review and approval procedure for the new proposed regulatory plan is currently.

6.- Erick Jiménez Valverde, in his capacity as mayor of Oreamuno de Cartago, reports under oath that his represented entity began the process of modifying and approving the regulatory plan for the land-use planning of the canton of Oreamuno in September 2020. On November 26 of that same year, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo issued favorable approval for the drafting of an agreement between INVU and the municipality, to provide accompaniment and guidance for updating the regulatory plan. Likewise, the Concejo of Oreamuno approved agreement number 366-2020, stipulated in session number 46.2 1020, held on December 1, 2020, as recorded in official communication number MO-SCM-1206-2020, of December 2, 2020, which authorized the mayor to sign the agreement. Said agreement, with the respective legal endorsements and signatures of the legal representatives, was authorized on December 8, 2020. From that date, the process and progress requirements requested by the representatives of INVU began. Likewise, in 2023, a report was issued by the urban development and control department on the progress of the regulatory plan. The conclusion process is described as the addressing of inquiries made at the public hearing for the modification of the land-use plan. After addressing the questions of the residents of the canton of Oreamuno, it was transferred to the Interdisciplinary Commission for the regulatory plan. Subsequently, it is sent to INVU for final approval, which will carry out the final reviews and adjustments to the required legality terms. Finally, the final approval with a report is sent to the Concejo for its definitive approval.

7.- On September 16 of the current year, Alberto Cabezas Villalobos, President of the Association "Agencia para el desarrollo accesible sin fronteras," Legal Representative of the Association for the Defense of the Rights of the Deaf in Costa Rica, appears and joins what was indicated by the petitioner, and considers that the lack of consultation and participation in decisions directly affecting organizations of persons with disabilities contravenes the principles established in Ley 7600 and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

8.- By resolution issued at twelve hours and seventeen minutes on October 21, 2024, the mayor of Oreamuno was requested to indicate: at what stage of the process of modifying the canton’s regulatory plan the new proposed regulatory plan currently stands.

9.- On October 23 of the current year, Erick Jiménez Valverde, in his capacity as mayor of Oreamuno de Cartago, stated that currently the modification of the regulatory plan has the results of the public hearing, but is pending the outcome of this remedy.

10.- On October 28 of the current year, Judge Garro Vargas requested her own recusal from the case filed, because her siblings are owners of the corporation CON CALMA Y ALMA, which owns the parcel under real folio 3-272750-000, cadastral map C-40693-2023, located in the canton of Oreamuno, for which reason they have been affected by the facts alleged by the petitioners. She requests that the case file be sent to the Presidency of this Sala for a decision on her recusal on the grounds alleged.

11.- By resolution of the Presidency of the Sala Constitucional, at fifteen hours and sixteen minutes on November 1, 2024, it was decided to dismiss the reason put forward by Judge Anamari Garro Vargas for which she believes she should be disqualified from hearing this matter, and consequently, she is declared qualified to hear this matter.

12.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Hess Herrera; and,

Considering:

I.- REGARDING THE JOINDER FILED. Joinder is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding by adhering to the claims of one of the main parties; consequently, someone who holds a direct interest in the outcome of the remedy is deemed to have standing to act as a coadjuvant, but since they are not the main party, the coadjuvant will not be directly affected by the judgment, meaning the effectiveness of the judgment cannot reach them directly and immediately, nor does the condition of res judicata of the ruling affect them, although in amparo matters the effectiveness of what is decided may favor them due to the "erga omnes" character that the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction hold (article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). In this case, the Sala proceeds to admit the joinder presented by the Association "Agencia para el desarrollo accesible sin fronteras," given that the petitioners have an interest in the outcome of this process, as it involves a land-use planning issue.

II.- SUBJECT OF THE REMEDY. The petitioner states that the municipality of Oreamuno is carrying out a process to modify the canton’s regulatory plan. They maintain that part of the consultations and public hearings were held during the pandemic and were conducted only virtually, which meant that the vast majority of residents of the districts did not have access to such tools, a situation that significantly reduced their capacity for participation and access to the pertinent documentation. They add that the respondents reported that the consultations were held with various social agents, such as neighbors, associations, businesses, and companies, but do not provide documentary evidence to support that assertion. Furthermore, they state that the consultation focused solely on zoning, leaving aside fundamental aspects such as the conservation of water resources, urban development, conservation programs, comprehensive waste management, and the protection of cultural and architectural heritage, which means there is an incomplete and biased vision of the planning process, as it overlooks essential aspects that directly impact the quality of life and well-being of the community. They express that the described situation violates the right to effective participation.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following relevant facts are deemed duly demonstrated: a) the respondent local government adopted the regulatory plan in April 2014; however, the dynamics of the canton’s local development, the different services and commercial activities, as well as new market dynamics and needs of the canton’s citizens, led to the initiation of a modification process (report rendered under oath); b) the municipality of Oreamuno de Cartago began the process of modifying the regulatory plan for the land-use planning of the canton of Oreamuno in September 2020 (report rendered under oath); c) on November 26, 2020, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo issued favorable approval for the drafting of an agreement between INVU and the respondent municipality, to provide accompaniment and guidance for updating the regulatory plan (report rendered under oath); d) the Concejo of Oreamuno approved agreement number 366-2020, stipulated in session number 46.2 1020, held on December 1, 2020, as recorded in official communication number MO-SCM-1206-2020, of December 2, 2020, which authorized the mayor to sign the agreement; said agreement, with the respective legal endorsements and signatures of the legal representatives, was authorized on December 8, 2020 (report rendered under oath); e) from that date, the process and progress requirements requested by the representatives of INVU began (report rendered under oath); f) in 2023, a report was issued by the urban development and control department on the progress of the regulatory plan (report rendered under oath); g) the respondent municipality made the decision to carry out a process of public outreach and citizen participation, which it conducted through a communication exercise via four district-level meetings, organized in the districts of the canton of Oreamuno in September 2021, so that citizens could learn about the modification and rezoning processes being proposed; these meetings were held virtually due to the particular nature of restrictions on mass gatherings because of the effects of the COVID-19 pandemic; these meetings were duly communicated on social media, and the recordings that are available at the municipality (report rendered under oath); h) on the municipality’s website, the proposed unification, maps, and regulations are available, covering the topics of water resources, zoning, urban development, heritage protection, and environmental elements (report rendered under oath); i) on February 29 of this year, a public hearing was held at the municipal gymnasium, and all citizens of the canton of Oreamuno were invited to address inquiries related to the modification of the land-use plan (report rendered under oath); j) a process of addressing inquiries made at the public hearing for the modification of the land-use plan followed; after addressing the questions of the residents of the canton of Oreamuno, it was transferred to the Interdisciplinary Commission for the regulatory plan, and sent to INVU for final approval, which will conduct the final reviews and adjustments to the required legality terms.

IV.- SPECIFIC CASE.- The petitioner accuses the municipality of Oreamuno of carrying out a process to modify the canton’s regulatory plan. They maintain that part of the consultations and public hearings were held during the pandemic and were conducted only virtually, which meant that the vast majority of residents of the districts did not have access to such tools, a situation that significantly reduced their capacity for participation and access to the pertinent documentation. They add that the respondents reported that the consultations were held with various social agents, such as neighbors, associations, businesses, and companies, but do not provide documentary evidence to support that assertion. Furthermore, they state that the consultation focused solely on zoning, leaving aside fundamental aspects such as the conservation of water resources, urban development, conservation programs, comprehensive waste management, and the protection of cultural and architectural heritage, which means there is an incomplete and biased vision of the planning process, as it overlooks essential aspects that directly impact the quality of life and well-being of the community. In this regard, it should be indicated that it is appropriate to cite what was stated in judgment No. 2012004250 of 8:30 hours on March 30, 2012:

“IV.- On the merits. As verified from the set of proven facts and from the report rendered under oath by the respondent authority, this Tribunal finds it proven that, through publication in the official gazette La Gaceta No. 25 of February 3, 2012, the respondent Municipality called the public hearings held on March 10 and 11, 2012, to present the proposed Coastal Regulatory Plan, at which information was provided and free citizen participation was allowed, so that no violation of the fundamental rights of the person seeking protection is verified, since, dealing with public hearings to inform citizens about said project, she had the option to participate in them to obtain the required information. The foregoing, since the Urban Planning Law does not require the reform proposal to be published prior to the public hearing, as one of the objectives of the hearing is precisely to present the proposal (see vote No. 2011-006163 of nine hours and fifty-five minutes on May 13, 2011). On the other hand, regarding what the petitioner accuses in relation to the respondent authority not having the environmental impact assessment (dictamen de impacto ambiental) issued by SETENA, this Sala is of the view that his allegation is premature, given that the hearing called was to present the plan in question and not to proceed to its final approval, so the Municipality is still in time to request said study. However, it is reiterated, so that the respondent authority takes note, that every urban development regulatory plan must have an examination of the environmental impact, in observance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined in Article 50 of the Carta Magna, and likewise, as an indispensable requirement for its adoption, it must submit the final project of the Regulatory Plan with the respective studies to a public hearing (see vote No. 2005-02589 of fourteen hours and fifty-three minutes on March 9, 2005). Based on the foregoing, this Tribunal was unable to verify the alleged violations of the fundamental rights of the person seeking protection, and therefore it is appropriate to dismiss the present amparo remedy, as is hereby ordered” (emphasis added).” Thus, in the case at hand, the Tribunal verifies that the hearing held by the local government of Nicoya on May 28, 2022, was for the purpose of presenting what was proposed regarding the Regulatory Plan of Playa Sámara, not to carry out the corresponding procedure for its final approval. Consequently, in accordance with what was stated in the above-transcribed pronouncement, the petitioner's claim regarding the lack of an environmental impact study in relation to such regulatory plan is premature and, therefore, the remedy is not admissible (in a similar vein, see judgment No. 2021016551 of 9:15 hours on July 30, 2021).” In the present case, the Sala considers the above-stated criterion applicable. Indeed, it is determined that it is a matter of legality to establish whether the proposal of the respondent Concejo should be categorized as a “modification,” “adjustment,” or “rectification” of the regulatory plan, given that it is incompatible with the summary nature of the amparo remedy to analyze whether the percentage would reach 20% of the total usable area of the maritime-terrestrial zone. Furthermore, it is verified that the hearing of February 8, 2023, had the purpose of presenting and making known the Concejo's proposal, so that interested parties could submit the observations or objections they deemed pertinent. As in the precedent transcribed, the intention was not to give final approval to the proposal, so the claim is premature in the same terms. By virtue of the foregoing, the claim is dismissed.

V.- Regarding citizen participation, the Sala cites what was stated in judgment No. 2019015250 of 9:20 hours on August 16, 2019:

“I.- Subject of the remedy. The petitioners do not agree with the regulatory plan drafted more than 20 years ago for Isla Caballo, for the following reasons: a) it was prepared by a private company for the purpose of achieving tourism development, without taking the community’s opinion into account (…)

IV.- Regarding the community’s participation in the approval of the regulatory plan and the execution of the project for the provision of public services on Isla Caballo. This Sala Constitucional, in judgment No. 2014 – 006773 of 11:41 hours on May 16, 2014, explained the following:

“(…) By modifying Article 9 of the Constitución Política, the reforming constituent body sought to give positivity to the Principle of Participation and thus bring the public closer to the state decision-making process, as part of what doctrine calls ‘correction mechanisms’ of representative democracy. Thus, the reforming Constituent left the means, scope, and timing of citizen participation to infra-constitutional regulations, except in exceptional cases. In that sense, the natural venue to monitor its fulfillment is the ordinary justice system and not the constitutional jurisdiction (…)” (criterion reiterated, among others, in judgment No. 2019 – 000688 of 09:15 hours on January 18, 2019) (the emphasis does not belong to the original).

Thus, on the basis of the foregoing, this aspect of the remedy becomes manifestly inadmissible. Any disagreement the promoters may maintain in this regard must be raised before the Administration itself or in the jurisdictional venue of ordinary legality” (the emphasis was not supplied).

While judgment No. 2019015927 of 9:30 hours on August 23, 2019, stated:

“II.- Regarding the specific case. In view of the claims of the party seeking protection, they are made to see that the purpose of the amparo remedy is to provide timely protection against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as a generic instrument to guarantee the principle of constitutional supremacy or the principle of legality, through which it is possible to take action against any other type of constitutional or legal breaches. For that reason, the amparo process cannot be used to control the legality of the acts of the various Public Administrations, since it is of an eminently summary nature—that is, brief and simple—and its procedure is not compatible with the undertaking of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to first examine—with a declaratory nature—whether the rights of infra-constitutional rank that the parties cite as part of the factual array of the amparo remedy or the legally required report, as the case may be, actually exist.

In the case under examination, in contrast, even though the petitioner invokes an alleged violation due to a lack of holding a public consultation, at its core it seeks for this Sala to analyze the legality of the reforms to the Regulatory Plan of Paraíso. Given the foregoing, they are made to see that determining whether the procedures for the alleged reforms met the requirements of the infra-constitutional legal system to be valid and effective—or, on the contrary, contain defects that warrant their annulment—would, frankly, mean redirecting a discussion proper to ordinary legality to the amparo venue, which is not directly related to a potential violation of any fundamental right, since it does not fall to this Tribunal to act as an appellate body in the matter and review whether what is requested is appropriate according to the infra-constitutional regulations applicable to the case. So much so, that regarding public hearings—a topic to which the person protected attaches great importance—this Sala stated the following:

"SUBJECT OF THE REMEDY. The petitioner states that the Concejo Municipal of Montes de Oca, in ordinary session No. 266-2015, agreed on an increase in the fee for street and public site cleaning services, published in La Gaceta No. 113 on June 12, 2015. However, it failed in its duty to communicate and grant a public hearing to its taxpayers.

II.- REGARDING THE PRINCIPLE OF CITIZEN PARTICIPATION. In relation to the alleged infringement of the principle of citizen participation, this Sala, through judgment No. 2014-002735 of 9:15 hrs. on February 28, 2014, as relevant, ordered the following:

“(…) V.- Finally, regarding the lack of a public hearing prior to setting fees for the provision of municipal services, the majority of this Tribunal considers that by modifying Article 9 of the Constitución Política, the reforming constituent body sought to give positivity to the Principle of Participation and thus bring the public closer to the state decision-making process, as part of what doctrine calls ‘correction mechanisms’ of representative democracy. Thus, the reforming Constituent left the means, scope, and timing of citizen participation to infra-constitutional regulations, except in exceptional cases. In that sense, the natural venue to monitor its fulfillment is the ordinary justice system and not the constitutional jurisdiction, so that in line with this reasoning, the discussion about whether the respondent municipal corporation should have held the hearing contemplated in Article 43 of the Código Municipal prior to agreeing on the increase of the fees for municipal waste collection and solid waste management services is a matter of ordinary legality; therefore, the protected parties, if they so deem appropriate, must raise said disagreement before the ordinary channels of legality (…) (Highlighted in bold. Criterion reiterated, by the majority of this Tribunal, in judgments Nos.

05627-2014 of 9:15 a.m. on February 28, 2014, 06773-2014 of 11:41 a.m. on May 16, 2014, and 09947-2015 of 09:20 a.m. on July 3, 2015) (...)” Based on the foregoing, it must be noted that the claim raised by the appellant is a matter of mere legality which, from that perspective, this Court is incompetent to determine whether the respondent municipal corporation was required or not to hold the requested public hearing. Likewise, in judgment No. 2015011105 of 09:05 on July 24, 2015, this Chamber ruled that the issue raised, concerning the principle of citizen participation, since the respondent authority did not consult users, through a public hearing, on the approved tariff model, is far removed from the specific competencies that the Constitutional Chamber is called upon to protect, without this meaning that it does not merit analysis in the ordinary jurisdiction or that of mere administrative contentious legality, pursuant to Article 49 of the Constitution. Consequently, this appeal is inadmissible and is rejected outright in accordance with Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional)." (Judgment No. 2016002377 of 09:50 hours on February 17, 2016).

Therefore, it is proper for this matter to be resolved in the ordinary, administrative, or jurisdictional venue, so the claimant party shall, if it deems appropriate, raise its disagreements or claims before the competent legality venue, since it is in that forum where it can, in a broad manner, discuss the merits of the matter and assert its claims. Consequently, the appeal is inadmissible” (emphasis is from the original).

For its part, pronouncement 2019019902 of 9:20 hours on October 11, 2019, stated:

“III.- ON THE INFRACTIONS TO THE PRINCIPLE OF CITIZEN PARTICIPATION IN THE PERMIT GRANTING PROCEDURES. The appellants question that their right to citizen participation was disrespected by granting the permits without prior hearing of the community. However, it is necessary to indicate that this Court, based on a better consideration, held in judgment No. 6773-2014 of 11:41 a.m. on May 16, 2014, that the natural venue to monitor compliance with the principle of citizen participation is the ordinary justice system and not the constitutional jurisdiction. In the referenced decision, the following was considered:

“IV.- UNDER A BETTER CONSIDERATION. DISCUSSION OF LEGALITY. By amending Article 9 of the Political Constitution, the reforming constituent body sought to give positivity to the Principle of Participation and thus bring the administered closer to the state decision-making process, as part of what doctrine calls “correction mechanisms” of representative democracy. Thus, the reforming constituent left the means, scope, and timing of citizen participation to infra-constitutional regulations, except in exceptional cases. In that sense, the natural venue to monitor its compliance is the ordinary justice system and not the constitutional jurisdiction. For that reason, the questions raised in the specific case are foreign and distant to the competence of this Court, namely, the alternative mechanism ordered by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) – as a result of the violence and the situation of intimidation generated at the hearings of November 9, 2013, and January 25, 2014 – in order to guarantee the phase of comments from interested parties and replies from the developer in the environmental assessment procedure (procedimiento de evaluación ambiental) for the project of a new Container Terminal in Moín, on behalf of APM Terminals Moín S.A. In the specific case, precisely Article 22 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) does not define whether that participation is aloud, in writing, or in what manner the requirement for participation is satisfied, which needs to be analyzed in a process that allows for the breadth of evidence and adversarial debate which, from our point of view, does not fit within the amparo as a fast, simple, summary, and special process for the protection of fundamental human rights. It therefore falls to the control of legality and not to this Constitutional Court to determine whether the administrative actions and behaviors deployed (active or omissive) by SETENA conform or not to the infra-constitutional legal system. For the reasons indicated, we consider that the issue raised is far removed from the specific competencies that the Constitutional Chamber is called upon to protect, without this meaning that it does not merit analysis in the ordinary jurisdiction or that of mere administrative contentious legality, pursuant to Article 49 of the Constitution. (...)” Based on the foregoing, it is not for this Court to define –as the appellants intend– what the mechanism should have been for optimally guaranteeing citizen participation in the specific case, especially when seeking to review the legality of administrative actions. In this manner and in accordance with the cited precedent, it is not for this Constitutional Court to determine whether the administrative behaviors deployed (active or omissive) by the respondent authorities in the specific case conform or not to the infra-constitutional legal system, all of which must be questioned by the appellants in the ordinary venues of legality. Consequently, the appeal is inadmissible and is so declared.” Likewise, the claimant party links citizen participation with the possibility of challenging the questioned acts and an alleged violation of due process. As indicated in the statement of proven facts, the respondent Council (Concejo) declared inadmissible the challenges raised by the appellants. Now, the Chamber recalls that the issue of admissibility of administrative appeals has been considered a matter of legality:

“…it is evident that it is not for this Court to determine whether the appeal filed by the claimant party was admissible or not, since the dispute in question refers to a possible procedural irregularity of the type that, as stated, cannot be ventilated here, insofar as it does not translate —at least, directly— into a violation or threat of violation of the right of defense or constitutional due process. Furthermore, let the appellant bear in mind that, according to reiterated criteria of the Constitutional Chamber, the right to a second instance does not exist in administrative venues (see pronouncements No. 2005-03757 of 14:54 hours on April 13, 2005, No. 2006-10008 of 16:19 hours on July 11, 2006, No. 2006-012615 of 17:27 hours on August 30, 2006, and 2006-014446 of 08:51 hours on September 29, 2006), since the affected party has the possibility of questioning the validity of the harmful act before the ordinary jurisdiction. In this way, the appellant party must resort to the respective legality venue, in order to raise there the actions it deems pertinent so that what is legally appropriate is resolved. Consequently, the appeal is inadmissible and is so declared.” (Judgment No. 2021-005564 of 9:30 hours on March 16, 2021).

“II.- On the specific case. - In the sub lite, it is noted that what is raised by the claimant party is nothing more than a conflict of ordinary legality. In that sense, it is necessary to warn that what is expressed in the First Resultando of this resolution constitutes a dispute outside the scope of competence of this Jurisdiction, since this Chamber is not a court of appeal, as it is not its competence to determine the correctness or not of the administrative resolution that ordered the opening of the administrative procedure being followed against it, just as it also does not correspond to it to determine the proper processing of the investigation, or the admissibility of the appeals filed. It is necessary to inform the managing party that the Constitutional Chamber cannot, nor should it, substitute public offices in the resolution of matters that, by their nature and by express mandate of the Law, must be resolved by them. Therefore, the appellant party must raise its disagreement or claim before the respondent authority or in the competent jurisdictional venue, venues in which it may, in a broad manner, discuss the merits of the matter and assert its claims.” (Judgment No. 2021-014887 of 10:05 hours on June 29, 2021).

By virtue of the foregoing, the Chamber verifies that the claims raised are outside the scope of competence of this jurisdiction, as they constitute a grievance of ordinary legality. To that extent, the appeal is declared without merit.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)", approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore (Por tanto):

The appeal is declared without merit.

Fernando Castillo V.

President Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alexandra Alvarado P.

Digitally Signed Document -- Verification code --  Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 15:36:06.

SCIJ of Hacienda SCIJ of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República)

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencias Relacionadas  Res. Nº 2024033132 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo interpuesto por JORGE ENRIQUE VEGA GRANADOS, cédula de identidad 0302420550, RAFAEL TOBÍAS SOLANO UREÑA, cédula de identidad 0302290661 Y URIEL FRANCISCO GÓMEZ ULLOA, cédula de identidad 0302390615, contra LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en esta Sala el 27 de febrero 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo, y manifiesta que el 13 de febrero de 2024, el recurrente Vega Granados interpuso un escrito ante el Concejo Municipal de Oreamuno, referente al plan regulador del cantón, al cual se le dio respuesta en sesión ordinaria de 20 de febrero de 2024. Aducen que en la respuesta remitida se observan una serie de inconsistencias y omisiones en el proceso de revisión del plan regulador. Detallan que la consulta se llevó a cabo en época de pandemia y se realizó únicamente de manera virtual, lo que implicó que la gran mayoría de los residentes de los distritos no tuvieran acceso a ese tipo de herramientas, situación que redujo significativamente su capacidad de participación y acceso a la documentación pertinente. Sostienen que esa falta de accesibilidad virtual evidencia una exclusión involuntaria de la población en el proceso de toma de decisiones, lo cual es contrario al principio de participación ciudadana. Añaden que los recurridos informaron que las consultas se llevaron a cabo con diversos agentes sociales, como vecinos, asociaciones, comercios y empresas, pero no proporcionan evidencia documental que respalde tal afirmación, lo cual pone en tela de juicio la representatividad y la inclusión de diversas perspectivas en el proceso de revisión del plan regulador del cantón de Oreamuno y provoca dudas sobre la transparencia y la legitimidad del proceso. Además, refieren que la consulta se centró únicamente en la zonificación, dejando de lado aspectos fundamentales como la conservación del recurso hídrico, el desarrollo urbanístico, los programas de conservación, la gestión integral de desechos y la protección del patrimonio cultural y arquitectónico, lo cual implica que haya una visión incompleta y parcializada del proceso de planificación, ya que obvia aspectos esenciales que impactan directamente en la calidad de vida y el bienestar de la comunidad. Expresan que la situación descrita lesiona el derecho a la participación efectiva: a tener la oportunidad real de participar en las discusiones y decisiones relacionadas con el plan regulador, permitiendo que sus voces sean escuchadas y consideradas de manera significativa. Por lo anterior, consideran lesionados sus derechos fundamentales. Solicitan que se declare con lugar el recurso para que los recurridos realicen un proceso de consulta verdaderamente inclusivo y participativo, que garantice la representatividad de todos los sectores de la comunidad y adopten las medidas adecuadas a fin de facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de consulta, garantizando el acceso equitativo a las herramientas y recursos necesarios para ello.

2.- Informa bajo juramento Enzo Jiménez Valverde en su condición de alcalde de Oreamuno de Cartago, que efectivamente, esa alcaldía inició la modificación del plan regulador que rige el cantón de Oreamuno, el cual está vigente desde el 2014. Se procedió con modificación del plan de ordenamiento territorial con el nombramiento de un equipo interdisciplinario en el ámbito municipal. Conformado por los departamentos de desarrollo y control urbano, gestión ambiental, departamento legal, topografía y la unidad técnica y gestión ambiental. Además, se tuvo el asesoramiento del ente rector en planes, reguladores el Instituto Nacional de Vivienda los acompañó todo el proceso en las consultas y guías para la modificación de este plan regulador del cantón de Oreamuno. Menciona que en todo el proceso se involucró a las comunidades del cantón de Oreamuno, pensando en las necesidades del ordenamiento territorial. Agrega que es falso, lo indicado por los recurrentes, al mencionar que no hubo acceso a la información que permitiera una verdadera participación ciudadana. Indican, que en el caso concreto, los recurrentes tuvieron una participación activa y acudieron a los diferentes departamentos, hacer las diferentes consultas, entre ellos, la alcaldía, auditoría interna, departamento, desarrollo y control humano, entre otros. Se señala que también el que 29 de febrero este año, en el gimnasio municipal, se invitó a todos los ciudadanos del cantón de Oreamuno para evacuar las consultas relacionadas con la modificación del plan de ordenamiento territorial y a dicha audiencia no se presentaron recurrentes.

3.- Informan bajo juramento Mauricio Gómez Ulett, encargado de desarrollo y control urbano, Mauricio González Jiménez, director de la Unidad Técnica en Gestión Vial, Glenda Arias Orozco, encargada de la municipalidad de Oreamuno y William Maroto Pérez, todos en condición de miembros de la Comisión Técnica del proceso de modificación del plan regulador y funcionarios municipales, que rechazan todos los reclamos de la parte recurrente. Alegan que ese gobierno local adoptó el plan regulador desde abril del año 2014, no obstante, la dinámica propia del desarrollo local del cantón, los diferentes servicios y actividades comerciales, así como las nuevas dinámicas de mercado y necesidades de los ciudadanos, del cantón, propiciaron que se iniciara un proceso modificación de dicho plan. Después de varios meses de trabajo se encuentran en la etapa final para su modificación, la cual incluye la etapa de audiencia pública, con la finalidad de que sea conocida y socializado la población del cantón de Oreamuno. Agregan que la divulgación y convocatoria se realizó mediante el diario oficial, La Gaceta #17, del 30 de enero de 2014 y otros medios adicionales, ya sea digitales, impresos, radiales, televisivos o presenciales, con énfasis en los que tiene presencia local. La audiencia pública de la modificación del plan regulador se estableció para el 29 de febrero del año en curso. Mencionan que la municipalidad que representan, tomó la decisión de realizar un proceso de socialización y participación ciudadana, el cual no es obligatorio, ni normado, pero si se realizó bajo un ejercicio de comunicación mediante cuatro distritales, que se conformaron en los distritos del cantón de Oreamuno en el mes de septiembre del año 2021, para que la ciudadanía pudiera conocer sobre los procesos de modificación y tonificación que se están proponiendo. Dichos encuentros se realizaron de manera virtual por la particularidad de las restricciones para reuniones de concentración masiva, debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. Éstos encuentros fueron debidamente comunicados en redes sociales y las grabaciones que se encuentran disponibles en la municipalidad y permiten demostrar su ejecución. Adicionalmente señalan que en la página web de la municipalidad se encuentra la propuesta de unificación, mapas y reglamentos, que abarcan los temas de recurso hídricos, zonificación, desarrollo urbano, protección del patrimonio y elementos ambientales, por lo que tampoco es cierto que se le sale lesionado el acceso a la información y participación debido a que la información ha estado disponible para toda la ciudadanía. Solicitan se declare sin lugar en recurso 4.- Los recurrentes se apersonan el 22 de marzo del año en curso y replican el informe rendido por las autoridades municipales.

5.- Por resolución de las diez horas cincuenta y nueve minutos del tres de abril de dos mil veinticuatro, se solicitó como prueba para mejor resolver informe al alcalde de Oreamuno a fin de que indique: a) desde cuando inició el proceso de trabajo y aprobación del plan regulador del cantón, b) en qué etapa del proceso se encuentra el trámite de revisión y aprobación del nuevo plan regulador que se pretende aprobar.

6.- Informa bajo juramento Erick Jiménez Valverde en su condición de alcalde de Oreamuno de Cartago, que su representada inició el proceso de modificación y aprobación del plan regulador del ordenamiento territorial del cantón de Oreamuno en el mes de septiembre del año 2020. El 26 de noviembre de ese mismo año el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, procedió con el visto bueno para la confección de un convenio entre INVU y la municipalidad, para brindarle acompañamiento y guía para la actualización del plan regulador. Asimismo, el Concejo de Oreamuno aprobó el acuerdo número 366-2020, estipulado en la sesión número 46.2 1020, celebrado el 1° de diciembre del año 2020 según consta en el oficio número MO-SCM-1206-2020, del 2 de diciembre de 2020, en el que se autorizó la firma del convenio al alcalde. Dicho convenio con los respectivos refrendos legales y firmas de los representantes legales fue autorizado el 8 de diciembre de 2020. Desde esa fecha inició el proceso y requerimientos de avances solicitados por los personeros del INVU. Asimismo, en el año 2023 se emitió un informe por el departamento de desarrollo y control urbano sobre los avances del plan regulador. En el proceso, conclusión se escribe como la evacuación de consultas realizadas en audiencia pública para la modificación del plan del ordenamiento territorial. Luego de evacuación de dudas a los residentes del cantón de Oreamuno, se trasladó a la Comisión Interdisciplinaria del plan regulador. Posteriormente, se envía al INVU para su aprobación final, quien realizará las últimas revisiones y ajustes a los términos de legalidad requeridos. Por último se envía la aprobación final con informe al Concejo para su aprobación definitiva.

7.- El día 16 de setiembre del año en curso, Alberto Cabezas Villalobos Presidente Asociación Agencia para el desarrollo accesible sin fronteras, Fiscal Asociación pro defensa derechos Sordos Costa Rica se apersona y se une a lo indicado por la parte recurrente y considera que la falta de consulta y participación en decisiones que afectan directamente a las organizaciones de personas con discapacidad lo contraviene los principios establecidos en la Ley 7600 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

8.- Por resolución de las doce horas diecisiete minutos del veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, se solicitó al alcalde de Oreamuno a fin de que indique: en qué etapa del proceso de modicación del plan regulador del cantón el nuevo plan regulador que se pretende aprobar.

9.- En fecha 23 de octubre del año en curso, Erick Jiménez Valverde en su condición de alcalde de Oreamuno de Cartago, que en la actualidad la modificación al plan regulador tiene los resultados de la audiencia pública, pero se encuentra a la espera de este recurso.

10.- El día 28 de octubre de año en curso, la magistradaa Garro Vargas solicitó la inhibitoria del presentada recurso, debido a que sus hermanos son dueños de la sociedad anónima CON CALMA Y ALMA, la cual es dueña de la parcela folio real 3-272750-000, plano catastro C-40693- 2023, ubicada en el cantón de Oreamuno, motivo por el cual se han visto afectados por los hechos alegatos por los recurrentes. Solicita que se remitan los autos a la Presidencia de esta Sala para que resuelva su inhibitoria sobre los motivos alegados.

11.- Por resolución de Presidencia de Sala Constitucional, de las quince horas dieciséis minutos del 1 de noviembre de 2024, se resuelve desestimar la razón de la magistrada Anamari Garro Vargas por la que estima se le debe inhibir de conocer este asunto y en consecuencia, se le declara habilitada para el conocimiento de este asunto.

12.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I.- SOBRE LA COADYUVANCIA PLANTEADA. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimada para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso, pero al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter de "erga omnes" que tiene la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En este caso, la Sala procede a admitir la coadyuvancia presentada por Asociación Agencia para el desarrollo accesible sin fronteras, dado que los solicitantes tienen un interés en el resultado de este proceso, dado que se trata de un tema de ordenamiento territorial.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente manifiesta que la municipalidad de Oreamuno, está llevando a cabo un proceso de modificación del plan regulador del cantón. Sostienen que parte de las consultas y audiencias públicas se llevaron a cabo en época de pandemia y se realizó únicamente de manera virtual, lo que implicó que la gran mayoría de los residentes de los distritos no tuvieran acceso a ese tipo de herramientas, situación que redujo significativamente su capacidad de participación y acceso a la documentación pertinente. Añaden que los recurridos informaron que las consultas se llevaron a cabo con diversos agentes sociales, como vecinos, asociaciones, comercios y empresas, pero no proporcionan evidencia documental que respalde tal afirmación. Además, refieren que la consulta se centró únicamente en la zonificación, dejando de lado aspectos fundamentales como la conservación del recurso hídrico, el desarrollo urbanístico, los programas de conservación, la gestión integral de desechos y la protección del patrimonio cultural y arquitectónico, lo cual implica que haya una visión incompleta y parcializada del proceso de planificación, ya que obvia aspectos esenciales que impactan directamente en la calidad de vida y el bienestar de la comunidad. Expresan que la situación descrita lesiona el derecho a la participación efectiva.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia: a) el gobierno local accionado adoptó el plan regulador en abril del año 2014, no obstante, la dinámica propia del desarrollo local del cantón, los diferentes servicios y actividades comerciales, así como las nuevas dinámicas de mercado y necesidades de los ciudadanos, del cantón, propiciaron que se iniciara un proceso modificación (informe rendido bajo juramento); b) la municipalidad de Oreamuno de Cartago inició el proceso de modificación del plan regulador del ordenamiento territorial del cantón de Oreamuno en el mes de septiembre del año 2020 (informe rendido bajo juramento); c) el 26 de noviembre de ese año 2020, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, procedió con el visto bueno para la confección de un convenio entre INVU y la municipalidad accionada, para brindarle acompañamiento y guía para la actualización del plan regulador (informe rendido bajo juramento); d) el Concejo de Oreamuno aprobó el acuerdo número 366-2020, estipulado en la sesión número 46.2 1020, celebrado el 1° de diciembre del año 2020 según consta en el oficio número MO-SCM-1206-2020, del 2 de diciembre de 2020, en el que se autorizó la firma del convenio al alcalde, dicho convenio con los respectivos refrendos legales y firmas de los representantes legales fue autorizado el 8 de diciembre de 2020 (informe rendido bajo juramento); e) desde esa fecha inició el proceso y requerimientos de avances solicitados por los personeros del INVU (informe rendido bajo juramento); f) en el año 2023 se emitió un informe por el departamento de desarrollo y control urbano sobre los avances del plan regulador (informe rendido bajo juramento); g) la municipalidad accionada, tomó la decisión de realizar un proceso de socialización y participación ciudadana, que realizó bajo un ejercicio de comunicación mediante cuatro distritales, que se conformaron en los distritos del cantón de Oreamuno en el mes de septiembre del año 2021, para que la ciudadanía pudiera conocer sobre los procesos de modificación y tonificación que se están proponiendo, dichos encuentros se realizaron de manera virtual por la particularidad de las restricciones para reuniones de concentración masiva, debido a los efectos de la pandemia del COVID-19, éstos encuentros fueron debidamente comunicados en redes sociales y las grabaciones que se encuentran disponibles en la municipalidad (informe rendido bajo juramento); h) en la página web de la municipalidad se encuentra la propuesta de unificación, mapas y reglamentos, que abarcan los temas de recurso hídricos, zonificación, desarrollo urbano, protección del patrimonio y elementos ambientales (informe rendido bajo juramento); i) el 29 de febrero este año, se realizó en el gimnasio municipal una audiencia pública y se invitó a todos los ciudadanos del cantón de Oreamuno para evacuar las consultas relacionadas con la modificación del plan de ordenamiento territorial (informe rendido bajo juramento); j) siguió un proceso de evacuación de consultas realizadas en la audiencia pública para la modificación del plan del ordenamiento territorial, luego de evacuación de dudas a los residentes del cantón de Oreamuno, se trasladó a la Comisión Interdisciplinaria del plan regulador, y se envió al INVU para su aprobación final, quien realizará las últimas revisiones y ajustes a los términos de legalidad requeridos.

IV.- CASO CONCRETO.- La parte recurrente acusa que la municipalidad de Oreamuno, está llevando a cabo un proceso de modificación del plan regulador del cantón. Sostienen que parte de las consultas y audiencias públicas se llevaron a cabo en época de pandemia y se realizó únicamente de manera virtual, lo que implicó que la gran mayoría de los residentes de los distritos no tuvieran acceso a ese tipo de herramientas, situación que redujo significativamente su capacidad de participación y acceso a la documentación pertinente. Añaden que los recurridos informaron que las consultas se llevaron a cabo con diversos agentes sociales, como vecinos, asociaciones, comercios y empresas, pero no proporcionan evidencia documental que respalde tal afirmación. Además, refieren que la consulta se centró únicamente en la zonificación, dejando de lado aspectos fundamentales como la conservación del recurso hídrico, el desarrollo urbanístico, los programas de conservación, la gestión integral de desechos y la protección del patrimonio cultural y arquitectónico, lo cual implica que haya una visión incompleta y parcializada del proceso de planificación, ya que obvia aspectos esenciales que impactan directamente en la calidad de vida y el bienestar de la comunidad. Al respecto, debe de indicarse que esulta oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2012004250 de las 8:30 horas del 30 de marzo de 2012:

“IV.- Sobre el fondo. Según se constata del conjunto de hechos probados y del informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, este Tribunal tiene por demostrado que, mediante publicación en el diario oficial La Gaceta No. 25 del tres de febrero de dos mil doce, la Municipalidad recurrida convocó a las audiencias públicas realizadas el diez y once de marzo de dos mil doce, con el fin de dar a conocer la propuesta de Plan Regulador Costero, en las que se brindó información y se permitió la libre participación ciudadana, de manera que no se constata violación alguna a los derechos fundamentales de la amparada, toda vez que, al tratarse de audiencias públicas para informar a los ciudadanos sobre dicho proyecto, ésta tuvo la opción de participar en éstas para obtener la información requerida. Lo anterior, por cuanto la Ley de Planificación urbana no exige que la propuesta de reforma sea publicada con anterioridad a la audiencia pública, pues uno de los objetivos de la misma es, precisamente, dar a conocer la propuesta (véase el voto Nº 2011-006163 de las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del trece de mayo del dos mil once). Por otra parte, respecto a lo acusado por el recurrente en cuanto a que la autoridad recurrida no cuenta con el dictamen de impacto ambiental emitido por SETENA, es del criterio de esta Sala que resulta prematuro su alegato, toda vez que la audiencia convocada fue para dar a conocer el plan en cuestión y no para proceder a su aprobación final, de manera que la Municipalidad aún está en tiempo para solicitar dicho estudio. Sin embargo, se reitera, con el fin de que tome nota la autoridad recurrida, que todo plan regulador de desarrollo urbano debe contar con un examen del impacto ambiental, en observancia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna, y asimismo, como requisito indispensable para su adopción, debe someter a audiencia pública el proyecto final del Plan Regulador con los estudios respectivos (véase el voto Nº 2005-02589 de las catorce horas con cincuenta y tres minutos del nueve de marzo del dos mil cinco). Con fundamento en lo anterior, este Tribunal no logró constatar las alegadas violaciones a los derechos fundamentales de la amparada, por lo que procede declarar sin lugar el presente recurso de amparo, como en efecto se dispone” (el destacado fue agregado).” Así las cosas, en el sub examine el Tribunal verifica que la audiencia efectuada por el gobierno local de Nicoya el 28 de mayo de 2022 fue para conocer lo propuesto respecto al Plan Regulador de Playa Sámara, no para efectuar el trámite correspondiente para su aprobación final. En consecuencia, de acuerdo con lo indicado en el pronunciamiento supratranscrito, el reclamo de la parte accionante referente a la falta de realización de un estudio de impacto ambiental en relación con tal plan regulador resulta prematuro y, por ende, no procede acoger el recurso (en similar sentido véase la sentencia n.° 2021016551 de las 9:15 horas del 30 de julio de 2021).” En el sub examine, la Sala estima que es aplicable el criterio expuesto. En efecto, se determina que es un tema de legalidad establecer si la propuesta del Concejo accionado debe ser catalogada como “modificación”, “ajuste” o “rectificación” del plan regulador, toda vez que es incompatible con la vía sumaria del recurso de amparo analizar si el porcentaje alcanzaría el 20% del área total utilizable de la zona marítimo terrestre. Además, se verifica que la audiencia del 8 de febrero de 2023 tenía el propósito de exponer y dar a conocer la propuesta del Concejo, a fin de que los interesados presentaran las observaciones u objeciones que estimaran pertinentes. Al igual que en el precedente transcrito, no se tenía la intención de dar aprobación final a la propuesta, por lo que el reclamo resulta prematuro en los mismos términos. En virtud de lo expuesto, se desestima el reclamo.

V.- Atinente a la participación ciudadana, la Sala traer a colación lo indicado la sentencia nro. 2019015250 de las 9:20 horas del 16 de agosto de 2019:

“I.- Objeto del recurso. Los recurrentes no están de acuerdo con el plan regulador elaborado hace más de 20 años para la Isla Caballo, por las siguientes razones: a) fue realizado por una empresa privada con el fin de lograr desarrollo turístico, sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad (…)

IV.- Sobre la participación de la comunidad en la aprobación del plan regulador y la ejecución del proyecto para el suministro de servicios públicos en la Isla Caballo. Esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2014 – 006773 de las 11:41 horas de 16 de mayo de 2014, explicó lo siguiente:

“(…) Al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional (…)” (criterio reiterado, entre otras, en la sentencia No. 2019 – 000688 de las 09:15 horas de 18 de enero de 2019) (el énfasis no pertenece al original).

Así las cosas, a partir de lo expuesto, este extremo del recurso deviene manifiestamente improcedente. Cualquier inconformidad que mantengan los promoventes al respecto, deben plantearla ante la propia Administración, o en la sede jurisdiccional de legalidad ordinaria” (el destacado no fue suplido).

Mientras que en la sentencia n.° 2019015927 de las 9:30 horas del 23 de agosto de 2019 se indicó:

“II.- Sobre el caso concreto. Vistas las pretensiones de la parte amparada, se le hace ver que la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento genérico para garantizar el principio de supremacía constitucional o el principio de legalidad, por medio del cual sea posible accionar contra cualquier otra clase de quebrantos constitucionales o legales. Por esa razón, el proceso de amparo no puede ser empleado para controlar la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas, ya que es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad.

En el sub lite, en cambio, aun cuando la parte recurrente invoque una supuesta violación por falta de celebración de una consulta pública, en el fondo pretende que esta Sala analice la legalidad de las reformas del Plan Regulador de Paraíso. Dado lo anterior, se le hace ver que determinar si las gestiones para las reformas alegadas cumplieron los requisitos requeridos por el ordenamiento jurídico infraconstitucional para ser válidos y eficaces —o, por el contrario, contienen vicios que ameritan su anulación—, francamente, significaría reconducir a la vía del amparo una discusión propia de la legalidad ordinaria, que no está relacionada directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental, puesto que no le corresponde a este Tribunal hacer las veces de alzada en la materia y revisar si lo pedido es procedente de acuerdo con la normativa infraconstitucional que resulte aplicable al caso. Tan así, que en lo tocante a audiencias públicas —tema al que el tutelado le da gran importancia—, esta Sala declaró lo siguiente:

"OBJETO DEL RECURSO. El recurrente expone que el Concejo Municipal de Montes de Oca, en la sesión ordinaria No. 266-2015, acordó un alza en la tarifa por servicios de limpieza de vías y sitios públicos, publicado en la Gaceta No. 113 del 12 de junio de 2015. Sin embargo, incumplió con su deber de comunicar y otorgar audiencia pública a sus contribuyentes.

II.- SOBRE EL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. En relación a (sic) la alegada infracción al principio de partición (sic) ciudadana, esta Sala mediante la sentencia No. 2014-002735 de las 9:15 hrs. de 28 de febrero de 2014, en lo conducente, dispuso lo siguiente:

“(…) V.- Finalmente, con respecto a la falta de audiencia pública previa a fijación de tarifas por la prestación de servicios municipales, considera la mayoría de este Tribunal que al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional, por lo que en ese orden de ideas la discusión acerca de si la corporación municipal recurrida debía de llevar a cabo o no la audiencia contemplada en el artículo 43 del Código Municipal previo a acordar el aumento de las tarifas de servicios municipales de recolección de basura y manejo de desechos sólidos es un tema de legalidad ordinaria, por lo que los tutelados, si a bien lo tiene, deberán de formular dicha disconformidad ante las vías ordinarias de legalidad (…) (Lo resaltado en negrita. Criterio reiterado, por la mayoría de este Tribunal, en las sentencias Nos. 05627-2014 de las 9:15 hrs. de 28 de febrero de 2014, 06773-2014 de las 11:41 hrs. de 16 de mayo de 2014 y 09947-2015 de las 09:20 hrs. de 3 de julio de 2015) (…)” Por lo expuesto, debe advertirse que el reclamo planteado por el recurrente es una cuestión de mera legalidad que, desde esa perspectiva, este Tribunal resulta incompetente para definir si la corporación municipal recurrida debía llevar a cabo o no, la audiencia pública reclamada. Asimismo, en la sentencia No. 2015011105 de las 09:05 del 24 de julio de 2015, esta Sala dispuso que el tema planteado, referente al principio de participación ciudadana, ya que la autoridad recurrida no consultó a los usuarios, mediante audiencia pública, el modelo tarifario aprobado, está lejos de las competencias específicas, que la Sala Constitucional está llamada a proteger, sin que ello signifique que no merezca análisis en la jurisdicción ordinaria o de mera legalidad contenciosa administrativa, conforme al artículo 49 constitucional. En consecuencia, el presente recurso es inadmisible y se rechaza de plano de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional". (Sentencia N° 2016002377 de las 09:50 horas del 17 de febrero de 2016).

Por lo tanto, lo propio es que este asunto sea dirimido en la vía común, administrativa o jurisdiccional, por lo que deberá la parte accionada, si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante la vía de legalidad competente, ya que es en tal sede en la cual podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible” (el resaltado es del original).

Por su parte, en el pronunciamiento 2019019902 de las 9:20 horas del 11 de octubre de 2019 se consignó:

“III.- SOBRE LAS INFRACCIONES AL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE OTORGAMIENTOS DE PERMISOS. Los recurrentes cuestionan que se les irrespetó el derecho de participación ciudadana al otorgar los permisos sin previa audiencia a la comunidad. No obstante, es preciso indicar que este Tribunal, a partir de una mejor ponderación, estimó en la sentencia No. 6773-2014 de las 11:41 hrs. de 16 de mayo de 2014, que la sede natural para vigilar el cumplimiento del principio de participación ciudadana es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. En la referida resolución, se consideró lo siguiente:

“IV.- BAJO UNA MEJOR PONDERACIÓN. DISCUSIÓN DE LEGALIDAD. Al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. Por esa razón, son ajenas y lejanas a la competencia de este Tribunal, las cuestiones que se plantean en el caso concreto, a saber, el mecanismo alternativo ordenado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental –a raíz de la violencia y la situación de intimidación generada en las audiencias de 9 de noviembre de 2013 y 25 de enero de 2014– a fin de garantizar la fase de comentarios de los interesados y réplicas del desarrollador en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto de una nueva Terminal de Contenedores en Moín, a nombre de APM Terminals Moín S.A. En el caso específico, precisamente el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, no define si esa participación es a viva voz, por escrito o de qué manera se satisface la exigencia de la participación, lo cual requiere ser analizado en un proceso que permita la amplitud de prueba y contradictorio que, desde nuestro punto de vista, no encuadra en el amparo como proceso rápido, sencillo, sumario y especial de protección de derechos humanos fundamentales. Le corresponde entonces, al control de legalidad y no a este Tribunal Constitucional, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisas), por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se ajustan o no, al ordenamiento jurídico infra constitucional. Por las razones indicadas, estimamos que el tema planteado está lejos de las competencias específicas, que la Sala Constitucional está llamada a proteger, sin que ello signifique que no merezca análisis en la jurisdicción ordinaria o de mera legalidad contenciosa administrativa, conforme al artículo 49 constitucional. (…)” A partir de lo expuesto, no le corresponde a este Tribunal definir –como lo pretenden los recurrentes– cuál debió ser el mecanismo para que, en el caso concreto, se garantizara de forma óptima la participación ciudadana, máxime que se pretende revisar la legalidad de las actuaciones administrativas. De este modo y conforme el precedente de cita, no le corresponde a este Tribunal Constitucional determinar si las conductas administrativas desplegadas (activas u omisas) por las autoridades recurridas en el caso concreto se ajustan o no al ordenamiento jurídico infra constitucional, todo lo cual deberá ser cuestionado por los recurrentes en las vías ordinarias de legalidad. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”.

Asimismo, la parte accionante vincula la participación ciudadana con la posibilidad de impugnar los actos cuestionados y una supuesta violación al debido proceso. Según se indicó en la relación de hechos probados, el Concejo recurrido declaró inadmisibles las impugnaciones planteadas por las recurrentes. Ahora bien, la Sala recuerda que el tema de admisibilidad de recursos administrativos ha sido considerado materia de legalidad:

“…es evidente que no le corresponde a este Tribunal entrar a determinar si la apelación planteada por la parte accionante era admisible o no, pues el diferendo en cuestión hace referencia a una eventual irregularidad procesal del tipo que, como se dijo, no cabe ventilar aquí, en tanto no se traduce —al menos, de manera directa— en una violación o amenaza de violación al derecho de defensa o al debido proceso constitucional. Tenga presente el accionante, además, que, según criterio reiterado de la Sala Constitucional, el derecho a la doble instancia no existe en sede administrativa (véase los pronunciamientos N° 2005-03757 de las 14:54 horas del 13 de abril de 2005, Nº 2006-10008 de las 16:19 horas del 11 de julio de 2006, Nº 2006-012615 de las 17:27 horas del 30 de agosto de 2006 y 2006-014446 de las 08:51 horas del 29 de setiembre de 2006), pues el afectado cuenta con la posibilidad de cuestionar la validez del acto lesivo ante la jurisdicción ordinaria. De esta suerte, deberá la parte recurrente acudir ante la vía de legalidad respectiva, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”. (Sentencia nro. 2021-005564 de las 9:30 horas del 16 de marzo de 2021).

“II.- Sobre el caso concreto. - En el sub lite, se advierte que lo planteado por la parte accionante no es más que un conflicto de legalidad ordinaria. En ese sentido, se impone advertir que, lo expresado en el Resultando primero de la presente resolución, constituye un diferendo ajeno al ámbito de competencia de esta Jurisdicción, ya que, a esta Sala, no es Tribunal de alzada, ya que, no es su competencia, determinar la corrección o no, de la resolución administrativa, que ordenó la apertura del procedimiento administrativo que se sigue en su contra, al igual, que tampoco le corresponde determinar la debida tramitación de la instrucción, ni la admisibilidad de los recursos de apelación interpuestos. Es necesario indicarle a la parte gestionante que, la Sala Constitucional no puede, ni debe suplantar a los despachos públicos en la resolución de los asuntos que, por su naturaleza y por mandato expreso de la Ley, deban ser resueltos por ellos. Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo, ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.” (Sentencia nro. 2021-014887 de las 10:05 horas del 29 de junio de 2021).

En virtud de lo expuesto, la Sala constata que los reclamos planteados son ajenos al ámbito de competencia de esta jurisdicción, por tratarse de un agravio de legalidad ordinaria. En ese tanto, se declara sin lugar el recurso.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alexandra Alvarado P.

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