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Res. 29023-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 04/10/2024

Right to petition and access to information against municipality for river drainage dataDerecho de petición y acceso a la información ante municipalidad por desfogues en ríos

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted due to violation of the right to petition and access to information, as the municipality failed to respond in time, but without an award of costs and damages since the violation ceased during the amparo proceedings.Se declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y acceso a la información, al no responder la municipalidad a tiempo, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios al haber cesado la violación durante el trámite del amparo.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo filed by Luis Carlos Loaiza Vargas against the Municipality of Santo Domingo for failing to respond to an information request made on July 3, 2024. The petitioner sought a list of construction projects approved in the last five years whose waters drained into the Bermúdez and Tibás rivers, including approval dates and drainage volumes. The municipality responded the same day, stating that the Environmental Management office did not handle such matters and forwarded the request to the Directorate of Land Use and Planning Services, but did not provide the information until after being notified of the amparo. The Chamber grants the amparo for violation of the rights to petition and access to information (Articles 27 and 30 of the Constitution), finding that the response was only given on September 19, after the amparo was filed. However, since the violation ceased, it is granted without an award of costs and damages under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. Two partial dissenting votes favor imposing such an award.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por Luis Carlos Loaiza Vargas contra la Municipalidad de Santo Domingo, por la falta de respuesta a una solicitud de información presentada el 3 de julio de 2024. El recurrente pidió la lista de proyectos constructivos aprobados en los últimos cinco años cuyas aguas desfogaran en los ríos Bermúdez y Tibás, con fechas de aprobación y volúmenes de desfogue. La municipalidad respondió el mismo día indicando que la oficina de Gestión Ambiental no tramitaba esos asuntos y trasladó la solicitud a la Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial, pero no brindó la información requerida hasta después de notificada del amparo. La Sala declara con lugar el recurso por violación de los derechos de petición y acceso a la información (artículos 27 y 30 de la Constitución), al constatar que la respuesta se dio el 19 de septiembre, luego de la interposición del amparo. No obstante, al haber cesado la violación, se acoge sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, según el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se emiten dos votos salvados parciales en favor de imponer dicha condenatoria.

Key excerptExtracto clave

III.- ON THE EXERCISE OF THE RIGHT TO PETITION AND PROMPT RESPONSE, AND THE RIGHT TO ACCESS ADMINISTRATIVE INFORMATION THROUGH ELECTRONIC MEANS. This Constitutional Chamber, in judgment No. 2008-009670 of 09:55 hours on June 13, 2008, referring to the right to petition and the use of electronic means (applicable mutatis mutandis to the right to access administrative information), explained: “(…) Within the framework of the information and knowledge society, fundamental rights can be exercised through new information technologies. As far as the right to petition and prompt response is concerned, the use of electronic means gives it new nuances, which must be weighed. Always taking into account its progressive and expansive effectiveness, but also considering the non-absolute nature of fundamental rights, it is possible to conclude that, for the exercise of the right to petition and prompt response using the means that new technologies facilitate, it is important that the request be channeled through a freely accessible web page of the entity or public body. Additionally, that electronic domain must have a hyperlink directed to an email address specifically arranged to receive requests, whether on a particular topic or serving as a mailbox for all types of dealings (…)” IV.- SPECIFIC CASE. The plaintiff brings an amparo and complains that as of the date this amparo was filed, the respondent authority of the Municipality of Santo Domingo had not responded to the petitioner’s request made on July 3, 2024. In this regard, the Chamber has established that, indeed, the petitioner submitted a communication to the respondent authority on July 3, 2024. That same day, by communication no. CRC-MSDH-DSOT-GA-OF-116-2024, the Environmental Management office of the Municipality of Santo Domingo replied: “In response to your inquiry dated July 3 of this year, we inform you that the environmental management department does not handle stormwater drainage procedures for construction projects; this process is carried out by the Directorate of Land Use and Planning Services – DSOT-, therefore, I forward the request to the DSOT so that the requested information can be provided.” It was notified to the designated means.III.- SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA, ASÍ COMO EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Esta Sala Constitucional, en la sentencia No. 2008-009670 de las 09:55 horas de 13 de junio de 2008, al referirse al derecho de petición y el empleo de medios electrónicos (aplicable mutatis mutandis al derecho de acceso a la información administrativa), explicó: “(…) En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, empleando los medios que las nuevas tecnologías facilitan, es importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que sirva como buzón para todo tipo gestiones (…)” IV.- CASO CONCRETO. El accionante acude en amparo y acusa que a la fecha de formulado este amparo, la autoridad recurrida de la Municipalidad de Santo Domingo no había atendido al amparado una petición planteada desde el 3 de julio de 2024. Al respecto, esta Sala tuvo por demostrado que, efectivamente, el tutelado presentó oficio ante la autoridad recurrida el 3 de julio de 2024. Ese mismo día, por oficio no. CRC-MSDH-DSOT-GA-OF-116-2024, le contestaron al amparado por parte de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Santo Domingo, lo siguiente: “En atención a su consulta con fecha 3 de julio del presente, informarle que el departamento de gestión ambiental no atiende los trámites de desfogues pluviales de proyectos constructivos; este proceso lo realiza la Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial – DSOT-, por lo tanto, hago traslado de la solicitud a la DSOT para que se le pueda brindar la información solicitada”. Se notificó al medio señalado para el efecto.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información."

    "Within the framework of the information and knowledge society, fundamental rights can be exercised through new information technologies."

    Considerando III

  • "En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información."

    Considerando III

  • "La Sala considera que el reclamo del recurrente en este sentido, resulta procedente, toda vez, que si bien el correo electrónico al que el interesado remitió su petición, no constituye un medio oficial para la recepción de tales gestiones, lo cierto es que la parte recurrida admitió que ha procedido a tramitar dicha solicitud"

    "The Chamber considers that the claimant’s complaint in this regard is valid, since although the email address to which the interested party sent his petition does not constitute an official means for receiving such dealings, the respondent party admitted that it proceeded to process said request"

    Considerando III

  • "La Sala considera que el reclamo del recurrente en este sentido, resulta procedente, toda vez, que si bien el correo electrónico al que el interesado remitió su petición, no constituye un medio oficial para la recepción de tales gestiones, lo cierto es que la parte recurrida admitió que ha procedido a tramitar dicha solicitud"

    Considerando III

  • "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"

    "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable"

    Considerando V (Artículo 52 LJC)

  • "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"

    Considerando V (Artículo 52 LJC)

Full documentDocumento completo

**CONSIDERING:** **I.- PURPOSE OF THE APPEAL.** The appellant claims that, as of the date this amparo was filed, the respondent authority of the Municipality of Santo Domingo had not responded to a request filed on July 3, 2024.

**II.- PROVEN FACTS.** The following facts are deemed accredited as relevant to resolving this amparo appeal:

  • a)By email on July 3, 2024, the protected party sent a communication to the email address [email protected], addressed to the head of the Environmental Management Department of the Municipality of Santo Domingo, requesting the following: "1.- Please provide me with the list of all construction projects that have been approved by this Municipality over the last five years, whose waters drain into the Río Bermúdez. 2.- Please provide me with the list of all construction projects that have been approved by this Municipality over the last five years, whose waters drain into the Río Tibás. 3.- In both cases (Río Bermúdez and Río Tibás), please provide me with the exact approval date for each permit, as well as the estimated volume of water discharge authorized for each project as recorded in the administrative file of each permit" (see evidence provided in the case file).
  • b)By official communication no. CRC-MSDH-DSOT-GA-OF-116-2024 dated July 3, 2024, the Environmental Management Department of the Municipality of Santo Domingo responded to the protected party as follows: "In response to your inquiry dated July 3 of this year, we inform you that the environmental management department does not handle stormwater discharge (desfogues pluviales) procedures for construction projects; this process is carried out by the Directorate of Services and Territorial Planning – DSOT-, therefore, I am forwarding the request to the DSOT so that the requested information can be provided to you". It was notified on that same day to the address designated for that purpose (see evidence provided in the case file).
  • c)The email address [email protected] is deemed valid for the type of request made by the protected party (an uncontested fact).
  • d)On September 16, 2024, the respondent party was notified of the filing of this amparo (see notification record).
  • e)By official communication CRC-MSDH-DSOT-DIR-ASIST-OF-0032-2024 dated September 19, 2024, the Directorate of Services and Territorial Planning of the Municipality of Santo Domingo responded to and informed the protected party about the projects approved by the respondent municipality over the last 5 years and their discharges into the rivers Bermúdez and Tibás (see evidence provided in the case file).
  • f)On September 19, 2024, the protected party was notified of official communication No. CRC-MSDH-DSOT-DIR-ASIST-OF-0032-2024 dated September 19, 2024, at the email address designated for that purpose (see evidence provided in the case file).

**III.- ON THE EXERCISE OF THE RIGHT TO PETITION AND PROMPT RESPONSE, AS WELL AS THE RIGHT TO ACCESS ADMINISTRATIVE INFORMATION, THROUGH ELECTRONIC MEANS.** This Constitutional Chamber, in judgment No. 2008-009670 of 09:55 hours on June 13, 2008, when referring to the right to petition and the use of electronic means (applicable *mutatis mutandis* to the right to access administrative information), explained:

"(…) In the framework of the information and knowledge society, fundamental rights can be exercised through new information technologies. Regarding the right to petition and prompt response, the use of electronic means gives it new nuances, which must be weighed. Always considering its progressive and expansive effectiveness, but also taking into account the non-absolute nature of fundamental rights, it is possible to conclude that, for the exercise of the right to petition and prompt response, using the means that new technologies facilitate, it is important that the request is channeled through a freely accessible website of the public entity or body. Additionally, that electronic domain must have a hyperlink directed to an email address specifically set up to receive requests, whether on a particular topic or serving as a mailbox for all types of procedures (…)" (emphasis not in original).

Simultaneously, regarding requests sent to non-official emails, but whose receipt is acknowledged or the process of responding is initiated, this Court, in judgment No. 2019-2204 of 09:15 hours on February 8, 2019, stated:

"(…) Now, given the foregoing and after analyzing the elements submitted to the record, the Chamber considers that the appellant's claim in this regard is admissible, given that, although the email address to which the interested party sent his request does not constitute an official means for receiving such procedures, the truth is that the respondent party admitted that it has proceeded to process said request, having become aware of it upon receipt (…) Thus, the respondent administration acknowledged the procedure and provided what was necessary to offer the required response (…)" (emphasis not in original).

In the specific case, the electronic account [email protected] is considered a valid means of the Municipality of Santo Domingo, since the respondent authority omitted to indicate to the Chamber whether said email account is enabled for receiving this type of request, despite having been so requested in the order initiating proceedings: likewise, the authority itself did acknowledge having received the email with the appellant's request. Consequently, for the purposes of this amparo, the email account through which the appellant filed his procedure with the respondent authority is deemed valid.

**IV.- SPECIFIC CASE.** The claimant files an amparo, alleging that as of the date this amparo was filed, the respondent authority of the Municipality of Santo Domingo had not responded to a request filed by the protected party on July 3, 2024.

In this regard, this Chamber found it proven that, indeed, the protected party submitted a communication to the respondent authority on July 3, 2024. That same day, by official communication no. CRC-MSDH-DSOT-GA-OF-116-2024, the Environmental Management Department of the Municipality of Santo Domingo responded to the protected party as follows: "In response to your inquiry dated July 3 of this year, we inform you that the environmental management department does not handle stormwater discharge (desfogues pluviales) procedures for construction projects; this process is carried out by the Directorate of Services and Territorial Planning – DSOT-, therefore, I am forwarding the request to the DSOT so that the requested information can be provided to you". It was notified to the address designated for that purpose.

Now, it is of special importance to list and analyze each of the questions raised by the protected party, in order to determine which of them are covered by this Chamber, as will be set forth below:

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ClassificationResponse
1.- Please provide me with the list of all construction projects that have been approved by this Municipality over the last five years, whose waters drain into the Río Bermúdez.Petition related to access to informationProjects approved with discharge into the río Bermúdez: Condominio H.R.C. Leyenda Dorada; Condominio Residencial Santo Domingo; El Lagar; Centro Comercial La Valencia; Mega Super y Mercadito Gastronómico.
2.- Please provide me with the list of all construction projects that have been approved by this Municipality over the last five years, whose waters drain into the Río Tibás.Petition related to access to informationProjects approved with discharge into the río Tibás: Condominio Horizontal Residencial Bougainvillea; Condominio Horizontal Residencial Vistas de Bougainvillea; Condominio residencial y apertura de calle.
3.- In both cases (Río Bermúdez and Río Tibás), please provide me with the exact approval date for each permit, as well as the estimated volume of water discharge authorized for each project as recorded in the administrative file of each permit.Petition related to access to informationProjects approved with discharge into the río Bermúdez: Condominio H.R.C. Leyenda Dorada approved on 20/09/2019, with information pending submission; Condominio Residencial Santo Domingo approved on 15/12/2020, 1171.73 l/s; El Lagar approved on 4/12/2023, current 81.78 l/s and future 141.54 l/s; Centro Comercial La Valencia and Mega Super approved on 22/2/2023 and 18/5/2023, 136.05 m3/c and Mercadito Gastronómico approved on 5/10/2022, 50.2286 l/s. <br/><br/>Projects approved with discharge into the río Tibás: Condominio Horizontal Residencial Bougainvillea approved on 29/3/2021, with information pending submission; Condominio Horizontal Residencial Vistas de Bougainvillea approved on 1/3/2022, 3348 l/s; Condominio residencial y apertura de calle approved on 14/8/2024 and 23/5/2023, 2384 l/s.

It is evident that the protected party's procedure relates to a petition and access to information, and the respondent party responded to the protected party on September 19, 2024 (after being notified of the filing of this amparo - September 16, 2024-), and proceeded to send a response. Having reviewed the foregoing, this Constitutional Court considers that this process must be upheld. The foregoing, firstly, insofar as it was demonstrated that, as of the day this amparo was filed, that is, September 3, 2024, the respondent authority had not answered the petition in question, which, as stated, was filed on July 3, 2024. Consequently, the right to petition and access to information enshrined in articles 27 and 30 of the Political Constitution is deemed violated. However, since said violation ceased as a result of this amparo, what is appropriate is to uphold this matter, without special condemnation for costs, damages, and losses.

**V.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION.** After better deliberation, the majority of the Chamber considers that, in the case under examination, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, during the course of the amparo, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be upheld solely for the purposes of compensation and costs, if applicable"), the granting of the appeal must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an explicit text in the law requiring the operative part of the judgment to state that the appeal is upheld when the grievance is resolved during the course of the amparo, it is no less true that the same final paragraph states that the granting is ordered "solely for the purposes of compensation and costs, if applicable." It is emphasized that the Law states "if applicable," which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or deliberation by the Court. In cases like this, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it states: "any resolution upholding the appeal shall order, in the abstract, the compensation for damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its settlement shall be reserved for the execution of the judgment," where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, as applicable, International or Community Law, and, additionally, in order, the General Law of Public Administration and the Code of Administrative Litigation Procedure and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf. article 14-. For the administrative litigation jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Code of Administrative Litigation Procedure, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the case under examination retains the possibility of filing, if they deem it appropriate, a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without condemnation for costs, damages, and losses.

**VI.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT.** Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: "If, during the course of the amparo, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be upheld solely for the purposes of compensation and costs, if applicable." My interpretation of this rule is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if applicable" refers to costs. Indeed, article 197 of the Code of Administrative Litigation Procedure, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.

Certainly, pursuant to article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutory; however, article 51 of the LJC states: "Any resolution upholding the appeal shall order, in the abstract, the compensation for damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its settlement shall be reserved for the execution of the judgment." If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, their condemnation in the abstract is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had occurred, there would be no legal basis – derived from this process – to claim them, which could violate article 41 of the CP. If despite the condemnation in the abstract, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary jurisdiction shall so declare, as only he is responsible for taking as proven their actual existence and magnitude.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is intended, it would incentivize the Administration to respect rights only when an amparo appeal exists. It remains to be said that article 52 of the LJC foresees the possibility that, if deemed fair, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.

Therefore, I partially dissent regarding the operative part and order condemnation for damages and losses, but not for costs.

**VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE JARA VELÁSQUEZ, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.** Although I agree with the rest of the Chamber in upholding the appeal, I disagree with the majority criterion in that it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses arising from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Law of Constitutional Jurisdiction, in article 52, states that:

"If, during the course of the amparo, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be upheld solely for the purposes of compensation and costs, if applicable." On the other hand, article 51 ibidem establishes that:

"...any resolution upholding the appeal shall order, in the abstract, the compensation for damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its settlement shall be reserved for the execution of the judgment." This latter norm establishes the general system regulating matters related to compensation and the payment of costs, which the majority calls the "natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…".

In the majority's opinion, article 51, cited above, regulates the scenarios where the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the judgment of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, upholds the appeal, as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo – a scenario contemplated in the aforementioned article 52 –, by mandate of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to compensate for the damages and losses caused and to pay the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the upholding of the appeal, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has addressed the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration to the aggrieved party of the enjoyment of their fundamental rights (article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need for an award of costs, damages, and losses against the infringer arises, whose foundation lies in the principles of protection of individuals' rights and that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional actions.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and upheld, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms of articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of mandatory condemnation in these respects contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.

Moreover, it is clear that the aforementioned article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not addressed or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of their fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration of the enjoyment of those rights that the Administration has granted in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an "abnormal termination of the process." The legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber can decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution initiating the amparo proceedings; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that unequivocally orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, despite upholding the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be upheld "solely for the purposes of compensation and costs, if applicable." As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply an impairment of the individuals' fundamental right to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.

In my opinion, such an exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses upon a violation of fundamental rights, said condemnation is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly established that in the specific case no compensable harm was caused. Only and exclusively in such scenarios could the respondent Administration be exempted from paying said items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions – the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction –, the upholding of this appeal must necessarily imply the condemnation for costs, damages, and losses, and I so declare.

As an additional reason, it is worth noting that the primary object of the dynamics and very essence of amparo proceedings is not the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the fundamental rights regime of individuals. From this perspective, the analysis carried out by this venue focuses on such verification, but does not delve into the consideration of whether these issues have generated or not injuries in the strictly patrimonial sphere of the protected individuals. Although the aforementioned provision 52 of the LJC, in its literal wording, provides that such condemnation (for damages, losses, and costs) operates if applicable, the undersigned do not believe that said pertinence examination can, a priori, be automatically excluded in this type of proceedings, insofar as it is within another ordinary process that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, as appropriate) constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, articles 179 to 184 of the Code of Administrative Litigation Procedure, Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from condemnations ordered in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:

"ARTICLE 179.- The Administrative Litigation Court has jurisdiction over the execution of judgments handed down by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely regarding the demonstration, settlement, and fulfillment of pecuniary compensations." It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding a condemnation in the abstract for these items, as such claims would not be admissible in those types of proceedings when the judgment rendered in the amparo proceeding expressly established the inapplicability of damages, losses, and/or costs, or when there is no express pronouncement on this particular. That is, the special proceeding in the administrative litigation venue requires, as a sine qua non requirement, condemnation or an express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, pursuant to said article 52 of the LJC, the waiver of that patrimonial condemnation requires proof, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably and justifiably estimated. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis.

The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is handed down that revokes, halts, or suspends the challenged action does not, per se, rule out that, prior to that cessation due to a cause attributable to the respondent entity or external to it, the alleged indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses (daños y perjuicios). However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and concerning which, pursuant to the provisions of the cited mandate 52, are appropriate for an abstract condemnation (condena en abstracto) that later forms the basis of analysis in the Administrative Litigation Jurisdiction (Jurisdicción Contencioso Administrativa). The protection (tutela) sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, as, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it is not for the protected person (persona amparada) to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative actions have caused them injuries is an extreme that, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis of analysis for this type of case. It should be noted that, in the situation regulated in that mandate, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, there is no inquiry into whether or not there is an infringement, and therefore, much less can it be defined whether, based on what was denounced by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil compensation. In this manner, the waiver of condemnation (dispensa de condena) referred to by that rule is exceptional in nature, not principled. Therefore, in such scenarios, the rule imposes abstract condemnation, so that its appropriateness is analyzed within another full proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries to their financial sphere would be placed at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution (Constitución Política), and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of such a nature that conduct was adopted which ceases the actions that, in theory, threaten or violate the person's fundamental rights. That is to say, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, if the persistence of the threat or deterioration of their situation until it was made to cease for the reasons mentioned in the rule under examination generated damages and losses, it is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere materialization of the factual scenario regulated in the aforementioned article 52 of the LJC. Therefore, with the customary respect for the majority position, I cast my vote and reiterate that the granting of this remedy must necessarily entail an abstract condemnation in costs, damages, and losses.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as stipulated in the "Rules on the Electronic File before the Judicial Branch" ("Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial"), approved by the Full Court (Corte Plena) in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is granted, based on the provisions of Article 52, paragraph 1, of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), without special condemnation for costs, damages, and losses. Judge Garro Vargas issues a partially dissenting vote and orders condemnation for damages and losses, but not for costs. Judge Jara Velásquez issues a partially dissenting vote and orders condemnation for damages, losses, and costs. Let it be notified.- Fernando Castillo V.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

Alexandra Alvarado P.

Rosibel Jara V.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2024029023 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de octubre de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo interpuesto por JULIO FONSECA PIÓN, cédula de identidad no. 110500677, a favor de LUIS CARLOS LOAIZA VARGAS, cédula de identidad no. 204860611, contra la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido mediante Gestión en Línea de la Sala el 3 de setiembre de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Santo Domingo. Manifiesta que por oficio con fecha de envío 03 de julio de 2024, le solicitó al encargado del Departamento de Gestión Ambiental Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, información de su interés, requiriendo expresamente: "(…) 1.- Por favor brindarme la lista de todos los proyectos constructivos que hayan sido aprobados por esta Municipalidad durante los últimos cinco años, cuyas aguas desfoguen en el Río Bermúdez. 2.- Por favor brindarme la lista de todos los proyectos constructivos que hayan sido aprobados por esta Municipalidad durante los últimos cinco años, cuyas aguas desfoguen en el Río Tibás. 3.- En ambos casos (Río Bermúdez y Río Tibás), por favor brindarme la fecha exacta de aprobación de cada permiso, así como el volumen estimado de desfogue de aguas autorizado para cada proyecto que conste en el expediente administrativo de cada permiso. Señalo para notificaciones, los correos electrónicos [email protected], [email protected]. De ser necesario, le solicito que mi petición se trasladada oficiosamente ante cualquier otra oficina o departamento administrativo de esta Municipalidad; recordando que el plazo máximo para que se me brinde respuesta por escrito es de 10 días hábiles (…)". Añade que el03 de julio de 2024, el amparado recibió el oficio No. CRC-MSDH-DSOT-GA-OF-116- 2024; donde Gestión Ambiental, le comunicó: "En atención a su consulta con fecha 3 de julio del presente, informarle que el departamento de gestión ambiental no atiende los trámites de desfogues pluviales de proyectos constructivos; este proceso lo realiza la Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial -DSOT-, por lo tanto, hago traslado de la solicitud a la DSOT para que se le pueda brindar la información solicitada". Reclama que a la fecha de interposición de este recurso, no se le ha brindado la información requerida por ningún departamento. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las 7:12 horas del 6 de setiembre de 2024, se le da curso al proceso y se requiere el informe al director de Servicios y Ordenamiento Territorial y jefe del Departamento de Gestión Ambiental, ambos de la Municipalidad de Santo Domingo, sobre los hechos alegados por el recurrente.

3.- Mediante escrito recibido por correo electrónico de la Sala el 20 de setiembre de 2024, informan bajo juramento Ditzy Coronado Duarte y Luis Diego Rubí Bolaños, por su orden asistente de la Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial y encargado del Departamento de Gestión Ambiental, ambos de la Municipalidad de Santo Domingo, que por oficio no. CRC-MSDH-DSOT-DIR-ASIST-OF-0032-2024 del 19 de setiembre de 2024, se contestó al tutelado, vía correo electrónico a las direcciones [email protected] y [email protected].

4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente aduce que a la fecha de formulado este amparo, la autoridad recurrida de la Municipalidad de Santo Domingo no había atendido una petición planteada desde el 3 de julio de 2024.

II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

  • a)Por correo electrónico del 3 de julio de 2024, el tutelado remitió al correo electrónico [email protected], oficio al encargado de Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Santo Domingo, requiriendo lo siguiente: "1.- Por favor brindarme la lista de todos los proyectos constructivos que hayan sido aprobados por esta Municipalidad durante los últimos cinco años, cuyas aguas desfoguen en el Río Bermúdez. 2.- Por favor brindarme la lista de todos los proyectos constructivos que hayan sido aprobados por esta Municipalidad durante los últimos cinco años, cuyas aguas desfoguen en el Río Tibás. 3.- En ambos casos (Río Bermúdez y Río Tibás), por favor brindarme la fecha exacta de aprobación de cada permiso, así como el volumen estimado de desfogue de aguas autorizado para cada proyecto que conste en el expediente administrativo de cada permiso" (ver prueba aportada al expediente).
  • b)Por oficio no. CRC-MSDH-DSOT-GA-OF-116-2024 del 3 de julio de 2024, le contestaron al amparado por parte de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Santo Domingo, lo siguiente: “En atención a su consulta con fecha 3 de julio del presente, informarle que el departamento de gestión ambiental no atiende los trámites de desfogues pluviales de proyectos constructivos; este proceso lo realiza la Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial – DSOT-, por lo tanto, hago traslado de la solicitud a la DSOT para que se le pueda brindar la información solicitada”. Se notificó ese mismo día al medio señalado para el efecto (ver prueba aportada al expediente).
  • c)Se tiene por válido para el tipo de solicitud planteada por el amparado el correo electrónico [email protected] (hecho incontrovertido).
  • d)El 16 de setiembre de 2024, la parte recurrida fue notificada de la interposición de este amparo (ver acta de notificación).
  • e)Por oficio CRC-MSDH-DSOT-DIR-ASIST-OF-0032-2024 del 19 de setiembre de 2024, la Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Santo Domingo le contestó e informó al tutelado sobre los proyectos aprobados por la municipalidad recurrido durante los últimos 5 años y desfogues en los ríos Bermúdez y Tibás (ver prueba aportada al expediente).
  • f)El 19 de setiembre de 2024 se le notificó al amparado el oficio No. CRC-MSDH-DSOT-DIR-ASIST-OF-0032-2024 del 19 de setiembre de 2024, al correo electrónico señalado para el efecto (ver prueba aportada al expediente).

III.- SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA, ASÍ COMO EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Esta Sala Constitucional, en la sentencia No. 2008-009670 de las 09:55 horas de 13 de junio de 2008, al referirse al derecho de petición y el empleo de medios electrónicos (aplicable mutatis mutandis al derecho de acceso a la información administrativa), explicó:

“(…) En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, empleando los medios que las nuevas tecnologías facilitan, es importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que sirva como buzón para todo tipo gestiones (…)” (el énfasis no pertenece al original).

Paralelamente, en cuanto a solicitudes que son remitidas a correos no oficiales, pero su recibido se acusa o se inicia la tramitación de su respuesta, este Tribunal, en la sentencia No. 2019-2204 de las 09:15 horas de 8 de febrero de 2019, señaló:

“(…) Ahora bien, en vista de lo expuesto y luego de analizar los elementos aportados a los autos, la Sala considera que el reclamo del recurrente en este sentido, resulta procedente, toda vez, que si bien el correo electrónico al que el interesado remitió su petición, no constituye un medio oficial para la recepción de tales gestiones, lo cierto es que la parte recurrida admitió que ha procedido a tramitar dicha solicitud, siendo que al momento que la recibió, tuvo conocimiento de ella (…) Así las cosas, la administración recurrida se dio por conocedora de la gestión, y proveyó lo correspondiente para brindar la respuesta requerida (…)” (el énfasis no pertenece al original).

En el caso concreto, la cuenta electrónica [email protected] se tiene como medio válido de la Municipalidad de Santo Domingo, ya que la autoridad recurrida omitió indicar a la Sala si dicha cuenta de correo se tiene habilitada para la recepción de este tipo de solicitudes, a pesar de haberse así solicitado en la resolución de curso: asimismo, la propia autoridad sí reconoció haber recibido el correo electrónico con la solicitud de la parte recurrente. En consecuencia, a los efectos de este amparo, se tiene por válida la cuenta de correo electrónico a través de la cual la parte recurrente planteó su gestión ante la autoridad recurrida.

IV.- CASO CONCRETO. El accionante acude en amparo y acusa que a la fecha de formulado este amparo, la autoridad recurrida de la Municipalidad de Santo Domingo no había atendido al amparado una petición planteada desde el 3 de julio de 2024.

Al respecto, esta Sala tuvo por demostrado que, efectivamente, el tutelado presentó oficio ante la autoridad recurrida el 3 de julio de 2024. Ese mismo día, por oficio no. CRC-MSDH-DSOT-GA-OF-116-2024, le contestaron al amparado por parte de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Santo Domingo, lo siguiente: “En atención a su consulta con fecha 3 de julio del presente, informarle que el departamento de gestión ambiental no atiende los trámites de desfogues pluviales de proyectos constructivos; este proceso lo realiza la Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial – DSOT-, por lo tanto, hago traslado de la solicitud a la DSOT para que se le pueda brindar la información solicitada”. Se notificó al medio señalado para el efecto.

Ahora bien, es de especial importancia enumerar y analizar cada una de las interrogantes planteadas por el amparado, con el fin de determinar cuáles de ellas se encuentran amparadas por esta Sala, según se expondrá a continuación:

Solicitud Clasificación Respuesta 1.- Por favor brindarme la lista de todos los proyectos constructivos que hayan sido aprobados por esta Municipalidad durante los últimos cinco años, cuyas aguas desfoguen en el Río Bermúdez.

Petición en relación con acceso a la información Proyectos aprobados con desfogue hacia el río Bermúdez: Condominio H.R.C. Leyenda Dorada; Condominio Residencial Santo Domingo; El Lagar; Centro Comercial La Valencia; Mega Super y Mercadito Gastronómico.

2.- Por favor brindarme la lista de todos los proyectos constructivos que hayan sido aprobados por esta Municipalidad durante los últimos cinco años, cuyas aguas desfoguen en el Río Tibás.

Petición en relación con acceso a la información Proyectos aprobados con desfogue hacia el río Tibás: Condominio Horizontal Residencial Bougainvillea; Condominio Horizontal Residencial Vistas de Bougainvillea; Condominio residencial y apertura de calle.

3.- En ambos casos (Río Bermúdez y Río Tibás), por favor brindarme la fecha exacta de aprobación de cada permiso, así como el volumen estimado de desfogue de aguas autorizado para cada proyecto que conste en el expediente administrativo de cada permiso.

Petición en relación con acceso a la información Proyectos aprobados con desfogue hacia el río Bermúdez: Condominio H.R.C. Leyenda Dorada aprobado el 20/09/2019 y pendiente de entrega de información; Condominio Residencial Santo Domingo aprobado el 15/12/2020, 1171,73 l/s; El Lagar aprobado 4/12/2023, 81,78 l/s actual y futuro 141,54 l/s; Centro Comercial La Valencia y Mega Super aprobado el 22/2/2023 y 18/5/2023, 136,05 m3/c y Mercadito Gastronómico aprobado 5/10/2022, 50,2286 l/s.

Proyectos aprobados con desfogue hacia el río Tibás: Condominio Horizontal Residencial Bougainvillea aprobado 29/3/2021, pendiente de entrega de información; Condominio Horizontal Residencial Vistas de Bougainvillea aprobado 1/3/2022, 3348 l/s; Condominio residencial y apertura de calle aprobado el 14/8/2024 y 23/5/2023, 2384 l/s.

Consta que la gestión del tutelado tiene relación con una petición y acceso a la información, y la parte recurrida le contestó al amparado el 19 de setiembre de 2024 (luego de ser notificada de la interposición de este amparo -16 de setiembre de 2024-), procedió a remitirle respuesta. Revisado lo anterior, este Tribunal Constitucional considera que el presente proceso debe ser acogido. Lo anterior, en primer término, en el tanto se demostró que, para el día de formulado el presente amparo, sea, el 3 de setiembre de 2024, la autoridad recurrida no había contestado la petición en cuestión, la cual, como se dijo, fue planteada desde el 3 de julio de 2024. Por consiguiente, se tiene por vulnerado el derecho de petición y acceso a la información consagrado en los ordinales 27 y 30 de la Constitución Política. Sin embargo, como dicha violación cesó con motivo de este amparo, lo que procede es acoger el presente asunto, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA JARA VELÁSQUEZ, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. La magistrada Jara Velásquez salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. Notifíquese.- Fernando Castillo V.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

Alexandra Alvarado P.

Rosibel Jara V.

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