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Res. 28024-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 27/09/2024

Delay by the Environmental Administrative Tribunal in resolving a complaint about watercourse diversionRetardo del TAA en resolver denuncia por desvío de quebrada

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted against the Environmental Administrative Tribunal for the delay in resolving the complaint, ordering a definitive resolution within three months. Dismissed with respect to the Municipality of Tarrazú and MINAE.Se declara con lugar el recurso de amparo contra el Tribunal Ambiental Administrativo por la dilación en resolver la denuncia, ordenando resolverla definitivamente en el plazo de tres meses. Sin lugar respecto de la Municipalidad de Tarrazú y el MINAE.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo filed in 2023 by a resident of Tarrazú, who since November 2018 had reported to the Ministry of Environment and Energy that engineer Carlos Elizondo Vargas diverted a stream bordering her property, thereby creating a lot that was later sold. The complaint was referred to the Environmental Administrative Tribunal (TAA), which opened ordinary proceedings in 2020 and scheduled a hearing in 2022, but the hearing was suspended without a decision on the merits. The Chamber finds that after nearly four years without a final ruling, the TAA has caused an unjustified delay that violates the right to a prompt and complete administrative procedure, protected by Article 110 of the Organic Environmental Law and Article 50 of the Constitution. The appeal is granted solely with respect to the TAA, which is ordered to definitively resolve the complaint within three months and to notify the decision. As for the Municipality of Tarrazú and MINAE, the appeal is dismissed because no harmful conduct was proved. The ruling includes separate notes: Justice Castillo Víquez reiterates that jurisdiction belongs to the administrative courts except in exceptional cases; Justice Salazar Alvarado justifies his intervention because the case concurrently affects the rights to a healthy environment and property.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado en 2023 por una vecina de Tarrazú, quien desde noviembre de 2018 denunció ante el Ministerio de Ambiente y Energía que el ingeniero Carlos Elizondo Vargas desvió una quebrada colindante con su propiedad, creando un lote y posteriormente vendiéndolo. La denuncia fue remitida al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), que abrió un procedimiento ordinario en 2020 y señaló audiencia para 2022, la cual fue suspendida sin que se resolviera el fondo. La Sala determina que, tras casi cuatro años sin decisión definitiva, el TAA ha incurrido en una dilación indebida que vulnera el derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, protegido por el artículo 110 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 50 constitucional. Declara con lugar el recurso exclusivamente respecto del TAA, ordenándole resolver la denuncia de forma definitiva en el plazo de tres meses y notificar lo resuelto. Respecto de la Municipalidad de Tarrazú y el MINAE, declara sin lugar por no acreditarse actuación lesiva. Contiene notas separadas: el magistrado Castillo Víquez reitera que la competencia corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo excepciones; el magistrado Salazar Alvarado justifica su intervención por la afectación concurrente a los derechos a un ambiente sano y a la propiedad.

Key excerptExtracto clave

In the Chamber’s view, the Environmental Administrative Tribunal’s failure to move the proceedings forward has caused an undue or unjustified delay that has violated the fundamental right to a prompt and complete administrative procedure. Article 110 of the Organic Environmental Law enshrines the principle of promptness in administrative proceedings related to environmental complaints, expressly establishing: 'Ex officio, the Environmental Administrative Tribunal shall advance the procedure and processing of matters under its jurisdiction with the speed required by the affected situation. The ruling must be issued within a period of no more than thirty days; in special cases, this period may be extended by up to thirty additional days. The administration’s obligation to provide a prompt and complete response is established.' Although environmental cases can be complex in nature and, consequently, require a thorough adversarial proceeding, it is unreasonable to subject the interested parties to such a long waiting period for a resolution, which harms their right to prompt and complete justice, especially when there is not even an approximate deadline for final resolution of the process.En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”. Si bien los casos ambientales pueden presentar una naturaleza compleja y, consecuentemente, requerir de un amplio contradictorio, lo cierto es que resulta irrazonable someter a las partes interesadas a un plazo de espera tan extenso para su resolución, lo que lesiona su derecho a una justicia pronta y cumplida, máxime que no se tiene, siquiera, un plazo aproximado para la resolución final del proceso.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido."

    "the Environmental Administrative Tribunal’s failure to move the proceedings forward has caused an undue or unjustified delay that has violated the fundamental right to a prompt and complete administrative procedure."

    Considerando VI

  • "la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido."

    Considerando VI

  • "resulta irrazonable someter a las partes interesadas a un plazo de espera tan extenso para su resolución, lo que lesiona su derecho a una justicia pronta y cumplida, máxime que no se tiene, siquiera, un plazo aproximado para la resolución final del proceso."

    "it is unreasonable to subject the interested parties to such a long waiting period for a resolution, which harms their right to prompt and complete justice, especially when there is not even an approximate deadline for final resolution of the process."

    Considerando VI

  • "resulta irrazonable someter a las partes interesadas a un plazo de espera tan extenso para su resolución, lo que lesiona su derecho a una justicia pronta y cumplida, máxime que no se tiene, siquiera, un plazo aproximado para la resolución final del proceso."

    Considerando VI

  • "Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Vicepresidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en sus lugar ejerza el cargo, que lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo necesario para que, dentro del plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente N° [Valor 002] y se notifique lo resuelto."

    "The appeal is granted. Consequently, Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Vice President of the Environmental Administrative Tribunal, or whoever holds that office, is ordered to take all actions within her scope of competence and to coordinate whatever is necessary so that, within a period of THREE MONTHS from notification of this Judgment, the environmental complaint processed under file No. [Value 002] is definitively resolved and the decision is notified."

    Por tanto

  • "Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Vicepresidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en sus lugar ejerza el cargo, que lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo necesario para que, dentro del plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente N° [Valor 002] y se notifique lo resuelto."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Date of Resolution: September 27, 2024 at 09:20 Case File: 23-016628-0007-CO Type of Matter: Amparo Appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with Separate Note Relevance Indicators Relevant Judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:

Strategic Topics: Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights Type of content: Majority Vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:

ENVIRONMENTAL DAMAGE.

Topic: PROPERTY Subtopics:

DAMAGES.

028024-24. ENVIRONMENT. PROPERTY. IT IS ALLEGED THAT, SINCE 2018, THE APPELLANT FILED A COMPLAINT BEFORE THE RESPONDENT BECAUSE A NEIGHBOR IN TARRAZÚ CHANGED THE COURSE OF A STREAM, AFFECTING SEVERAL PROPERTIES. THE APPEAL IS GRANTED. CONSEQUENTLY, THE ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL IS ORDERED TO CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF ITS COMPETENCIES AND COORDINATE WHAT IS NECESSARY SO THAT, WITHIN A PERIOD OF THREE MONTHS, THE ENVIRONMENTAL COMPLAINT IS DEFINITIVELY RESOLVED AND THE DECISION IS NOTIFIED. VCG10/2024 “(…) VI.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellant comes before this Chamber because, since 2018, she filed a complaint regarding the diversion of a stream, which affected her property. However, to date, the problem has not been resolved.

In that regard, as can be deduced from the report rendered by the respondent authorities – which is given under oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction – the complaint filed by the appellant is currently known and being processed before the Administrative Environmental Tribunal. In that instance, case file No. [Valor 002] was assigned, and a series of resolutions have been issued – opening of the ordinary proceeding and scheduling of the oral and public hearing.

Thus, in the specific case, it is possible to verify the injury to the fundamental rights of the protected party. Note that, as of the date this appeal was filed, a little less than four years had passed without the Administrative Environmental Tribunal having resolved the complaint in question. When hearing an analogous case, this Chamber determined, through Judgment No. 2016-002168 of 09:15 hours on February 12, 2016, the following:

“In the Chamber’s opinion, the lack of procedural impetus on the part of the Administrative Environmental Tribunal has produced an undue delay or unjustified delay that has violated the fundamental right to a prompt and fulfilled administrative proceeding. Article 110 of the Organic Law of the Environment enshrines the principle of speed in the processing of administrative proceedings related to environmental complaints, by expressly establishing the following: \"Ex officio, the Administrative Environmental Tribunal shall drive the procedure and the processing of matters within its competence, with the speed required by the affected situation. The judgment must be issued within a term of no more than thirty days; in special cases, the term may be extended for up to thirty more days. The obligation of the administration to provide a prompt and fulfilled response is established.” Although environmental cases can be of a complex nature and, consequently, require a broad contradictory process, the truth is that it is unreasonable to subject the interested parties to such an extensive waiting period for their resolution, which injures their right to a prompt and fulfilled justice, especially since there is not even an approximate deadline for the final resolution of the process. Therefore, the appeal must be granted, as indicated in the operative part of this Judgment, with regard to the Administrative Environmental Tribunal.

On the other hand, from the list of proven facts, no action or omission on the part of the authorities of the Ministry of Environment and Energy or the Municipality of Tarrazú is evident that would be harmful to any fundamental right, and therefore the appeal must be dismissed with regard to those authorities. (…)” ... See more Related Judgments Content of Interest:

Type of content: Majority Vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 050- Environment Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION “(…) V.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. The protection of the environment is an adequate mechanism to protect and improve the quality of life for all, which makes necessary the intervention of the Public Powers over factors that can alter its balance and hinder the person from developing and unfolding in a healthy environment. The State is constituted as the guarantor in the protection and guardianship of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activity constitute an essential function of the State, so that, in the case of environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, through the various administrative dependencies. (…)” VCG10/2024 ... See more Content of Interest:

Type of content: Separate Note Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 041- Effective Judicial Protection. Prompt and Fulfilled Justice Subtopics:

NOT APPLICABLE.

VII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that when the complainant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since this Court, based on numeral 7 of its Law, corresponds exclusively to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional process of guarantee of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), those competent are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG10/2024 ... See more Content of Interest:

Type of content: Separate Note Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 049- Contentious Administrative Jurisdiction Subtopics:

NOT APPLICABLE.

VIII.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's opinion that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the affected persons are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which it is alleged that the appellant filed a complaint for the diversion of a stream that borders her property, affecting her right to property, but that it has not been resolved.

VCG10/2024 ... See more  Res. No. 2024028024 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on September twenty-seventh, two thousand twenty-four.

Amparo appeal processed in case file No. 23-016628-0007-CO, filed by [Nombre 001], identity card [Valor 001], against the ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL AND OTHERS.

WHEREAS:

1.- Through a document received before the Secretariat of the Chamber at 11:11 hours on July 13, 2023, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Tarrazú and the Ministry of Environment and Energy, and states that her property bordered a stream in 2017, but engineer Carlos Elizondo Vargas changed the course of that stream and, in doing so, benefited by creating a lot for sale. She indicates that for this reason, she filed complaint No. 052-18, on November 8, 2018, before the Ministry of Environment and Energy; however, nothing has been resolved. She recounts that in 2022, the aforementioned engineer Carlos Elizondo Vargas sold that lot to Hugo Corella who, aware of the complaint, hired an official from the Municipality of Tarrazú, environmental engineer Miguel Gamboa, for the construction of the house in a protected area. She claims that the municipality granted construction permits based on the plan issued by Carlos Elizondo Vargas, with which he modified the natural course of the stream, which he diverted in an area forty meters long by eight meters wide. She indicates that she then presented to the municipality a copy of the complaint she had previously filed with the Ministry of Environment and Energy, but even so, the works were completed. She claims that with this construction, they have been affected by this new neighbor, because they were never going to have one, since they bordered a stream. She requests that the laws be upheld so as not to be affected by the road that was opened and the property created and sold, within a protected area.

2.- By resolution at 11:14 hours on July 14, 2023, the Presidency of the Constitutional Chamber warned the appellant to provide complete, legible copies with the respective proof of receipt or sending of the complaint filed before the Ministry of Environment and Energy, as well as any resolution issued for its resolution.

3.- Through a document incorporated into the digital case file on July 14, 2023, the appellant complied with the warning issued.

4.- By resolution at 11:05 hours on July 18, 2023, the process was given course and a hearing was granted to the member of the Administrative Environmental Tribunal processing case file No. [Valor 002] or, in their absence, to the President of that Tribunal, as well as to the Coordinator of the Tárcoles Hydrological Unit of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, and to the Mayor and the person in charge of the Department of Urban Control Development; both from the Municipality of Tarrazú, regarding the facts alleged by the appellant.

5.- Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Vice President of the Administrative Environmental Tribunal, reports under oath that on September 10, 2019, the transfer of a complaint for apparent diversion, works in a watercourse, and use against Mr. Carlos Eduardo Elizondo Vargas, filed by the appellant, was received, for which case file No. [Valor 002] was designated. Subsequently, by resolution at 10:40 hours on June 2, 2020, the opening of an ordinary administrative proceeding was declared and the oral and public hearing was scheduled, but it was later suspended. She indicates that by resolution at 14:50 hours on July 18, 2023, the imputation of charges originally made was modified. She considers that all necessary and corresponding administrative steps for the ordinary proceeding have been carried out. She requests that the appeal be dismissed.

6.- Danny Olivares Rivera, in his capacity as a.i. Coordinator of the Tárcoles – Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, reports under oath that on September 19, 2017, a complaint filed by Randall Durán Sánchez was received, regarding the diversion of a stream by Mr. Carlos Eduardo Elizondo Vargas. He indicates that a site inspection was carried out, which generated report No. DA-UHTPCOSJ-0364-2019 dated February 25, 2019, which was referred as a complaint to the Administrative Environmental Tribunal on September 10, 2019. He requests that the appeal be dismissed.

7.- Ana Lorena Rovira Gutiérrez and Lidy Andrea Gamboa Chacón, in their order Mayor and Coordinator of the Urban Development Department, both from the Municipality of Tarrazú, report under oath that Mr. Hugo Corella Agüero requested a construction permit for the property that is in his name, which is duly registered in the cadastre (catastro). They explain that, to grant that permit, the information and graphic description of the cadastre plan are analyzed. Subsequently, the alignment of forest protection areas (áreas de protección forestal) is requested from the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), who determines from where construction can begin. They claim to be unaware of the stream diversion and the existence of a complaint before the Administrative Environmental Tribunal. They add that, after becoming aware of the complaint, a permit application was received to build a garage and a wall, which was denied based on the existence of the environmental complaint. However, that construction was carried out anyway, without the corresponding permits, for which reason the municipality ordered the closure of the work. They request that the appeal be dismissed with regard to the municipality.

8.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Justice Salazar Alvarado drafts; and,

CONSIDERING:

I.- PRIOR CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative proceedings, to resolve by final act an administrative proceeding – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an exceptional case is raised, as we are faced with the lack of resolution of an environmental complaint. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant alleges that since 2018, she filed a complaint with the respondent authorities because her neighbor changed the course of a stream, affecting her property. However, as of the date this appeal was filed, she has not received a response to her complaint, nor has a solution been given to the reported facts.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

  • a)On September 19, 2017, the Tárcoles – Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy received a complaint regarding the diversion of a stream by Mr. Carlos Eduardo Elizondo Vargas (see report rendered and evidence provided by the respondent authorities).
  • b)The Tárcoles – Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy conducted a site inspection at the denounced site and generated report No. DA-UHTPCOSJ-0364-2019 dated February 25, 2019, which was referred as a complaint to the Administrative Environmental Tribunal on September 10, 2019 (see report rendered and evidence provided by the respondent authorities).
  • c)The Administrative Environmental Tribunal assigned case file No. [Valor 002] to the complaint filed (see report rendered and evidence provided by the respondent authorities).
  • d)The Administrative Environmental Tribunal, by resolution No. [Valor 003] of 10:40 hours on June 2, 2020, opened the ordinary administrative proceeding against Mr. Elizondo Vargas and scheduled the holding of an oral and public hearing for June 20, 2022 (see report rendered and evidence provided by the respondent authorities).
  • e)Through resolution No. [Valor 004] of 08:45 hours on June 20, 2022, the Administrative Environmental Tribunal ordered the suspension of the scheduled hearing (see report rendered and evidence provided by the respondent authorities).
  • f)By resolution No. 1030-2023-TAA of 14:50 hours on July 18, 2024, the Administrative Environmental Tribunal agreed to modify the imputation of charges made in resolution No. [Valor 003] (see report rendered and evidence provided by the respondent authorities).

IV.- UNPROVEN FACTS. The following facts are not deemed duly proven, of relevance for the resolution of this matter:

  • a)That the Administrative Environmental Tribunal has formally addressed the complaint filed by the appellant.
  • b)That the protected party filed a formal complaint with the Municipality of Tarrazú.

V.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. The protection of the environment is an adequate mechanism to protect and improve the quality of life for all, which makes necessary the intervention of the Public Powers over factors that can alter its balance and hinder the person from developing and unfolding in a healthy environment. The State is constituted as the guarantor in the protection and guardianship of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activity constitute an essential function of the State, so that, in the case of environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, through the various administrative dependencies.

VI.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellant comes before this Chamber because, since 2018, she filed a complaint regarding the diversion of a stream, which affected her property. However, to date, the problem has not been resolved.

In that regard, as can be deduced from the report rendered by the respondent authorities – which is given under oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction – the complaint filed by the appellant is currently known and being processed before the Administrative Environmental Tribunal. In that instance, case file No. [Valor 002] was assigned, and a series of resolutions have been issued – opening of the ordinary proceeding and scheduling of the oral and public hearing.

Thus, in the specific case, it is possible to verify the injury to the fundamental rights of the protected party. Note that, as of the date this appeal was filed, a little less than four years had passed without the Administrative Environmental Tribunal having resolved the complaint in question. When hearing an analogous case, this Chamber determined, through Judgment No. 2016-002168 of 09:15 hours on February 12, 2016, the following:

“In the Chamber’s opinion, the lack of procedural impetus on the part of the Administrative Environmental Tribunal has produced an undue delay or unjustified delay that has violated the fundamental right to a prompt and fulfilled administrative proceeding. Article 110 of the Organic Law of the Environment enshrines the principle of speed in the processing of administrative proceedings related to environmental complaints, by expressly establishing the following: \"Ex officio, the Administrative Environmental Tribunal shall drive the procedure and the processing of matters within its competence, with the speed required by the affected situation. The judgment must be issued within a term of no more than thirty days; in special cases, the term may be extended for up to thirty more days. The obligation of the administration to provide a prompt and fulfilled response is established.” Although environmental cases can be of a complex nature and, consequently, require a broad contradictory process, the truth is that it is unreasonable to subject the interested parties to such an extensive waiting period for their resolution, which injures their right to a prompt and fulfilled justice, especially since there is not even an approximate deadline for the final resolution of the process. Therefore, the appeal must be granted, as indicated in the operative part of this Judgment, with regard to the Administrative Environmental Tribunal.

On the other hand, from the list of proven facts, no action or omission on the part of the authorities of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) or the Municipality of Tarrazú is evident that would be harmful to any fundamental right, and therefore the appeal must be dismissed with regard to those authorities.

VII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that when the complainant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since this Court, based on numeral 7 of its Law, corresponds exclusively to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional process of guarantee of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), those competent are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VIII.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's opinion that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the affected persons are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which it is alleged that the appellant filed a complaint for the diversion of a stream that borders her property, affecting her right to property, but that it has not been resolved.

IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. Parties are warned that, should they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary", approved by the Plenary Court in Session No. 27-11, on August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19, on January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is granted. Consequently, Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Vice President of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever holds the position in her place, is ordered to carry out all actions within the scope of their competencies and coordinate what is necessary so that, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this Judgment, the environmental complaint processed under case file No. [Valor 002] is definitively resolved and the decision is notified. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or have it enforced, provided that the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the contentious-administrative judgment. Magistrates Castillo Víquez and Salazar Alvarado, separately, add notes. Regarding the Municipality of Tarrazú and the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the appeal is dismissed.- Fernando Castillo V.

President Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alexandra Alvarado P.

Jose Roberto Garita N.

Digitally Signed Document -- Verification Code --  CASE FILE No. 23-016628-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judiciary.

Prohibited its reproduction and/or distribution for profit.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 15:26:54.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

DAÑO AMBIENTAL.

Tema: PROPIEDAD Subtemas:

DAÑOS.

028024-24. AMBIENTE. PROPIEDAD. SE ACUSA QUE, DESDE EL 2018, PLANTÓ UNA QUEJA ANTE EL RECURRIDO, PORQUE UN VECINO DE TARRAZÚ, CAMBIÓ EL CURSO DE UNA QUEBRADA, AFECTANDO VARIAS PROPIEDADES. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. EN CONSECUENCIA, SE ORDENA A AL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, QUE LLEVE A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y COORDINE LO NECESARIO PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO DE TRES MESES, SE RESUELVA DE FORMA DEFINITIVA LA DENUNCIA AMBIENTAL Y SE NOTIFIQUE LO RESUELTO. VCG10/2024 “(…) VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente acude ante esta Sala, ya que desde el año 2018 presentó una denuncia por la desviación de una quebrada, lo cual afectó su propiedad. No obstante, a la fecha no se ha resuelto el problema.

Al respecto, según se desprende del informe rendido por las autoridades recurridas -que se tiene dado bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción-, la denuncia presentada por la recurrente actualmente es conocida y tramitada en el Tribunal Ambiental Administrativo. En dicha instancia, se asignó el expediente N° [Valor 002] y se han dictado una serie de resoluciones -apertura del proceso ordinario y señalamiento de la audiencia oral y pública-.

De tal forma, en el caso concreto, se logra constatar la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. Nótese, que a la fecha de interposición de este recurso, habían transcurrido poco menos de cuatro años, sin que el Tribunal Ambiental Administrativo resolviera la denuncia en cuestión. Al conocer un caso análogo, esta Sala determinó, mediante la Sentencia N° 2016-002168 de las 09:15 horas del 12 de febrero de 2016, lo siguiente:

“En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”.

Si bien los casos ambientales pueden presentar una naturaleza compleja y, consecuentemente, requerir de un amplio contradictorio, lo cierto es que resulta irrazonable someter a las partes interesadas a un plazo de espera tan extenso para su resolución, lo que lesiona su derecho a una justicia pronta y cumplida, máxime que no se tiene, siquiera, un plazo aproximado para la resolución final del proceso. Por ende, el recurso debe ser acogido, según lo indicado en la parte dispositiva de esta Sentencia, en lo que al Tribunal Ambiental Administrativo se refiere.

Por otro lado, del elenco de hechos probados, no se desprende alguna actuación u omisión, por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía o de la Municipalidad de Tarrazú, que resulten lesivas a derecho fundamental alguno, por lo que el recurso debe ser desestimado, en lo que a esas autoridades se refiere. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) V.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50, de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. (…)” VCG10/2024 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas:

NO APLICA.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG10/2024 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 049- Jurisdicción Contencioso Administrativa Subtemas:

NO APLICA.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que la recurrente incoó una denuncia por la desviación de una quebrada que colinda con su inmueble, afectando su derecho a la propiedad, pero que no ha sido resuelta.

VCG10/2024 ... Ver más  Res. Nº 2024028024 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de setiembre de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo que se tramita en el expediente N°23-016628-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINSITRATIVO Y OTROS.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido ante la Secretaría de la Sala a las 11:11 horas del 13 de julio de 2023, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Tarrazú y el Ministerio de Ambiente y Energía, y manifiesta que su propiedad colindaba con una quebrada en el año 2017, pero el ingeniero Carlos Elizondo Vargas cambió el curso de esa quebrada y, al hacerlo, se favoreció como un lote para la venta. Señala que por esa razón, interpuso la denuncia N°052-18, el 08 de noviembre de 2018, ante el Ministerio de Ambiente y Energía; sin embargo, no han resuelto nada. Narra que en el año 2022 el referido ingeniero Carlos Elizondo Vargas vendió ese lote a Hugo Corella quien, a sabiendas de la denuncia, contrató a un funcionario de la Municipalidad de Tarrazú, el ingeniero ambiental Miguel Gamboa, para la construcción de la vivienda en área protegida. Reclama que la municipalidad otorgó los permisos de construcción basándose en el plano emitido por Carlos Elizondo Vargas, con el cual modificó el curso natural de la quebrada, la cual desvió en un área de cuarenta metros de largo por ocho de ancho. Indica que entonces presentó ante la municipalidad una copia de la denuncia que antes había interpuesto ante el Ministerio de Ambiente y Energía, pero aún así, concluyeron las obras. Reclama que con esta construcción se han visto afectados por este nuevo vecino, porque nunca iban a tenerlo, debido a que colindaban con una quebrada. Solicita que se hagan valer las leyes para no verse afectados con el camino que fue abierto y la propiedad creada y vendida, dentro de un área protegida.

2.- Mediante resolución de las 11:14 horas del 14 de julio de 2023, la Presidencia de la Sala Constitucional previno a la parte recurrente aportar copias completas, legibles y con los respectivos comprobantes de recibido o envío de la denuncia formulada ante el Ministerio de Ambiente y Energía, así como cualquier resolución emitida para la resolución de la misma.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 14 de julio de 2023, la parte recurrente cumplió con la prevención realizada.

4.- Mediante la resolución de las 11:05 horas del 18 de julio de 2023, se dio curso al proceso y se concedió audiencia al integrante del Tribunal Ambiental Administrativo que tramita el expediente N°[Valor 002] o, en su defecto, al Presidente de ese Tribunal, así como a la Coordinadora de la Unidad Hidrológica de Tárcoles de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, y al Alcalde y a la encargada del Departamento de Desarrollo de Control Urbano; ambos de la Municipalidad de Tarrazú, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

5.- Informa bajo juramento Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Vicepresidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, que el 10 de septiembre de 2019, se recibió el traslado de denuncia por aparente desviación, obras en cauce y aprovechamiento contra el señor Carlos Eduardo Elizondo Vargas, presentada por la recurrente, por lo que se designó el expediente N° [Valor 002]. Posteriormente, mediante la resolución de las 10:40 horas del 02 de junio de 2020, se declaró la apertura de un proceso ordinario administrativo y se señaló la audiencia oral y pública, pero posteriormente fue suspendida. Indica que mediante la resolución de las14:50 horas del 18 de julio de 2023, se modificó la imputación de cargos originalmente realizada. Considera que se han realizado todas las gestiones administrativas necesarias y correspondientes al procedimiento ordinario. Solicita se declare sin lugar el recurso.

6.- Informa bajo juramento Danny Olivares Rivera, en su condición de Coordinador a.i. de la Unidad Hidrológica de Tárcoles – Pacífico Central de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, que el 19 de septiembre de 2017, se recibió una denuncia presentada por Randall Durán Sánchez, por el desvío de una quebrada por parte del señor Carlos Eduardo Elizondo Vargas. Señala que se procedió a realizar una inspección en el sitio, lo que generó el informe N°DA-UHTPCOSJ-0364-2019 de fecha 25 de febrero de 2019, el cual fue remitido como denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo el 10 de septiembre de 2019. Solicita se declare sin lugar el recurso.

7.- Informan bajo juramento Ana Lorena Rovira Gutiérrez y Lidy Andrea Gamboa Chacón, por su orden Alcaldesa y Coordinadora del Departamento de Desarrollo Urbano, ambas de la Municipalidad de Tarrazú, que el señor Hugo Corella Agüero solicitó un permiso de construcción para la propiedad que está a su nombre, la cual se encuentra debidamente catastrada. Explican que, para otorgar ese permiso, se analiza la información y descripción gráfica del plano de catastro. Posteriormente, se solicita el alineamiento de las áreas de protección forestal, por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, quien determina a partir de donde se puede construir. Aseguran desconocer de la desviación de la quebrada y de la existencia de una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Añaden que, tras tener conocimiento de la denuncia, se recibió una solicitud de permiso para construir un garaje y una tapia, el cual fue denegado con fundamento en la existencia de la denuncia ambiental. No obstante, esa construcción fue igualmente realizada, sin los permisos correspondientes, por lo que el municipio realizó la clausura de la obra. Solicitan se declare sin lugar el recurso, en lo que al municipio se refiere.

8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

CONSIDERANDO:

I.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la falta de resolución de una denuncia ambiental. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente acusa que desde el año 2018, planteó una denuncia ante las autoridades recurridas, ya que su vecino cambió el curso de una quebrada, afectando su propiedad. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, no ha recibido respuesta a su denuncia ni se ha dado una solución a los hechos denunciados.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El 19 de septiembre de 2017, la Unidad Hidrológica de Tárcoles – Pacífico Central de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, recibió una denuncia por el desvío de una quebrada por parte del señor Carlos Eduardo Elizondo Vargas (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).
  • b)La Unidad Hidrológica de Tárcoles – Pacífico Central de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía realizó una inspección en el sitio denunciado y generó el informe N°DA-UHTPCOSJ-0364-2019 de fecha 25 de febrero de 2019, el cual fue remitido como denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo el 10 de septiembre de 2019 (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).
  • c)El Tribunal Ambiental Administrativo asignó el expediente N° [Valor 002] a la denuncia presentada (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).
  • d)El Tribunal Ambiental Administrativo, mediante la resolución N° [Valor 003] de las 10:40 horas del 02 de junio de 2020, dio apertura al proceso ordinario administrativo contra el señor Elizondo Vargas y fijó la celebración de una audiencia oral y pública para el 20 de junio de 2022 (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).
  • e)A través de la resolución N° [Valor 004] de las 08:45 horas del 20 de junio de 2022, el Tribunal Ambiental Administrativo dispuso la suspensión de la audiencia señalada (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).
  • f)Mediante la resolución N°1030-2023-TAA de las 14:50 horas del 18 de julio de 2024, el Tribunal Ambiental Administrativo acordó modificar la imputación de cargos realizada en la resolución N° [Valor 003] (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).

IV.- HECHOS NO PROBADOS. No se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, de relevancia para la resolución de este asunto:

  • a)Que el Tribunal Ambiental Administrativo haya atendido formalmente la denuncia interpuesta por la recurrente.
  • b)Que la amparada haya interpuesto una formal denuncia ante la Municipalidad de Tarrazú.

V.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50, de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.

VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente acude ante esta Sala, ya que desde el año 2018 presentó una denuncia por la desviación de una quebrada, lo cual afectó su propiedad. No obstante, a la fecha no se ha resuelto el problema.

Al respecto, según se desprende del informe rendido por las autoridades recurridas -que se tiene dado bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción-, la denuncia presentada por la recurrente actualmente es conocida y tramitada en el Tribunal Ambiental Administrativo. En dicha instancia, se asignó el expediente N° [Valor 002] y se han dictado una serie de resoluciones -apertura del proceso ordinario y señalamiento de la audiencia oral y pública-.

De tal forma, en el caso concreto, se logra constatar la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. Nótese, que a la fecha de interposición de este recurso, habían transcurrido poco menos de cuatro años, sin que el Tribunal Ambiental Administrativo resolviera la denuncia en cuestión. Al conocer un caso análogo, esta Sala determinó, mediante la Sentencia N° 2016-002168 de las 09:15 horas del 12 de febrero de 2016, lo siguiente:

“En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”.

Si bien los casos ambientales pueden presentar una naturaleza compleja y, consecuentemente, requerir de un amplio contradictorio, lo cierto es que resulta irrazonable someter a las partes interesadas a un plazo de espera tan extenso para su resolución, lo que lesiona su derecho a una justicia pronta y cumplida, máxime que no se tiene, siquiera, un plazo aproximado para la resolución final del proceso. Por ende, el recurso debe ser acogido, según lo indicado en la parte dispositiva de esta Sentencia, en lo que al Tribunal Ambiental Administrativo se refiere.

Por otro lado, del elenco de hechos probados, no se desprende alguna actuación u omisión, por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía o de la Municipalidad de Tarrazú, que resulten lesivas a derecho fundamental alguno, por lo que el recurso debe ser desestimado, en lo que a esas autoridades se refiere.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que la recurrente incoó una denuncia por la desviación de una quebrada que colinda con su inmueble, afectando su derecho a la propiedad, pero que no ha sido resuelta.

IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDEINTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Vicepresidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en sus lugar ejerza el cargo, que lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo necesario para que, dentro del plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente N° [Valor 002] y se notifique lo resuelto. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado, de forma separada, ponen notas. En cuanto a la Municipalidad de Tarrazú y el Ministerio de Ambiente y Energía, se declara sin lugar el recurso.- Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alexandra Alvarado P.

Jose Roberto Garita N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --  Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

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    • Ley Orgánica del Ambiente Art. 110
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