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Res. 02494-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 02/02/2024

Compliance with Previous Amparo Ruling on Access to Drinking WaterCumplimiento de lo alegado en amparo anterior sobre acceso al agua potable

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OutcomeResultado

Partially GrantedParcialmente con lugar

The Chamber partially grants the amparo solely for the disproportionate delay in responding to the July 25, 2023 request, without awarding costs, damages, or losses.La Sala declara parcialmente con lugar el amparo únicamente por el retardo desproporcionado en responder la gestión del 25 de julio de 2023, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo filed by residents of Barrio Aserradero in Cañas against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA). The petitioners claim that AyA failed to comply with statements made in a prior amparo (case 19-023202-0007-CO), where it had indicated that once the Cañas water treatment plant was operational, coverage would be expanded and a spur pipeline would be connected to supply the community. Although the plant was inaugurated in 2022, the promised works were not carried out. AyA responds that while hydraulic capacity exists, the sector lacks sufficient water pressure due to elevation differences, making service extension technically unfeasible. The Chamber rejects the main claim regarding non-compliance, reiterating that the right to water is not absolute and that denial based on technical reasons does not violate fundamental rights. However, it partially grants the amparo due to the disproportionate delay in responding to a request made by the residents on July 25, 2023, which was answered only after the amparo was notified. The majority exempts the respondent from paying costs, damages, and losses; Justices Salazar Alvarado and Garro Vargas issue partial dissenting votes on different grounds.La Sala Constitucional conoce un amparo interpuesto por vecinos del Barrio Aserradero de Cañas contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Los recurrentes alegan que AyA incumplió lo afirmado en un amparo anterior (expediente 19-023202-0007-CO), donde indicó que, una vez operativa la planta potabilizadora de Cañas, se ampliaría la cobertura y se conectaría un ramal para abastecer a la comunidad. Sin embargo, pese a que la planta se inauguró en 2022, no se ejecutaron las obras prometidas. AyA responde que, aunque existe capacidad hídrica, el sector carece de capacidad hidráulica por la diferencia de altura y presión insuficiente, por lo que técnicamente no es viable extender el servicio. La Sala desestima el reclamo principal sobre el incumplimiento, reiterando que el derecho al agua no es irrestricto y que la denegatoria por razones técnicas no vulnera derechos fundamentales. No obstante, declara parcialmente con lugar el recurso por el retardo desproporcionado en responder una gestión de los recurrentes del 25 de julio de 2023, la cual fue contestada solo tras la notificación del amparo. La mayoría exime de condenatoria en costas, daños y perjuicios; los magistrados Salazar Alvarado y Garro Vargas salvan parcialmente el voto por distintos motivos.

Key excerptExtracto clave

In this regard, judgment No. 2020002927 of 09:30 a.m. on February 14, 2020, stated in its reasoning: "…Considering the situation of the construction of the Inter-American Highway, the institution has already made provisions for the design of a branch that is intended to be built from the last point of the network in Barrio IMAS to approximately the area of the petitioners... It is intended to install this pipe and leave everything provided, but not connect it to the network because currently increasing the consumption of the Cañas aqueduct would mean a deteriorated service for existing users in the city center. The eventual connection will be made when the treatment plant has been put into operation and the deficit in the city's production has been eliminated... the construction project of the treatment plant will allow meeting the demand of all Cañas residents now and in decades to come. It is already under construction and it is estimated that the project will be in operation by the end of 2020... at which time it will be possible to expand network coverage and authorize the interconnection of the branch that could supply the petitioners' hamlet..." However, the Cañas office of the respondent Institute held the inauguration ceremony of the Cañas Water Treatment Plant on March 24, 2022, without executing the works described in the previous amparo. Therefore, the residents of the locality continue to suffer currently from the lack of water. In addition, the petitioners state that when they approach to inquire about water service, the answers they receive are: "There is no availability," "There are no pipes in that area" or "There are no projects that consider bringing water to that area yet."En este sentido, la sentencia N° 2020002927 de las 09:30 horas del 14 de febrero de 2020, en su parte considerativa, indicó lo siguiente: “…Considerando la situación de la construcción de la Carretera Interamericana ya la institución ha tomado previsiones para el diseño de un ramal que se pretende construir desde el último punto de la red en Barrio IMAS hasta aproximadamente la zona de los recurrentes… Se pretende instalar esta tubería y dejar todo previsto, pero no conectarla a la red pues en la actualidad aumentar el consumo del acueducto de Cañas implicaría un servicio desmejorado a los usuarios existentes en el centro de la ciudad. La eventual conexión se realizará cuando la planta potabilizadora haya sido puesta en operación y se haya eliminado el déficit en la producción de la ciudad… el proyecto de Construcción de la planta potabilizadora va a permitir satisfacer la demanda de todos los Cañeros en la actualidad y en décadas venideras. Ya se está en proceso de construcción y se estima que el proyecto va a quedar en operación para finales de 2020… momento en el cual será posible ampliar las coberturas de la red y autorizar la interconexión del ramal que podrá abastecer el caserío de los recurrentes…” No obstante, la oficina de Cañas del Instituto recurrido realizó la ceremonia de inauguración de la Planta Potabilizadora de Agua de Cañas el 24 de marzo de 2022, sin ejecutar las obras descritas en el amparo anterior. Por ello, los vecinos de la localidad continúan sufriendo en la actualidad por la falta de agua. Además, acusa la parte accionante que, cuando los amparados se apersonan a averiguar sobre el servicio de agua, las respuestas que reciben son: “No hay disponibilidad”, “No hay tuberías en esa zona” o “No hay proyectos que contemplen llevar el agua a esa zona todavía”.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Según indican las Autoridades recurridas y se menciona en los oficios GSP-RCHO-2023-3068 [...] el sector de barrio IMAS y Barrio Aserradero Este no cuenta con capacidad hidráulica para ser abastecido por el sistema de agua potable de Cañas, porque éste funciona por gravedad."

    "As indicated by the respondent authorities and mentioned in official letters GSP-RCHO-2023-3068 [...] the sector of Barrio IMAS and Barrio Aserradero Este does not have hydraulic capacity to be supplied by the Cañas drinking water system, because it operates by gravity."

    Considerando V

  • "Según indican las Autoridades recurridas y se menciona en los oficios GSP-RCHO-2023-3068 [...] el sector de barrio IMAS y Barrio Aserradero Este no cuenta con capacidad hidráulica para ser abastecido por el sistema de agua potable de Cañas, porque éste funciona por gravedad."

    Considerando V

  • "Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, [...] frente a la imposibilidad jurídica [...] o frente a la imposibilidad formal [...] es razonable no atender las solicitudes de servicio [...]"

    "This Chamber has repeatedly indicated that the supply of drinking water is considered a public service within the Costa Rican legal system, [...] in the face of legal impossibility [...] or formal impossibility [...] it is reasonable not to attend service requests [...]"

    Considerando IV

  • "Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, [...] frente a la imposibilidad jurídica [...] o frente a la imposibilidad formal [...] es razonable no atender las solicitudes de servicio [...]"

    Considerando IV

  • "Lo anterior implica un retardo desproporcionado en la resolución a la gestión de marras, que no fue respondida sino con ocasión del curso del amparo. Por ello, procede declarar parcialmente con lugar el recurso, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente por esa tardanza."

    "The foregoing implies a disproportionate delay in resolving the aforementioned request, which was not answered until the amparo was underway. Therefore, the appeal is partially granted, without awarding costs, damages, or losses, solely for that delay."

    Considerando V

  • "Lo anterior implica un retardo desproporcionado en la resolución a la gestión de marras, que no fue respondida sino con ocasión del curso del amparo. Por ello, procede declarar parcialmente con lugar el recurso, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente por esa tardanza."

    Considerando V

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Date of Resolution: 02 February 2024 at 09:15 Case File: 23-029177-0007-CO Type of matter: Amparo petition Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with protected data, in accordance with current regulations Res. No. 2024002494 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the second of February two thousand twenty-four.

Amparo petition processed in case file number 23-029177-0007-CO, filed by [Name 001], [Value 001], on behalf of [Name 002], [Value 002]; [Name 003], [Value 003]; [Name 004], [Value 004]; [Name 005], [Value 005], [Name 006], [Value 006]; [Name 007], [Value 007]; [Name 008], [Value 008]; [Name 009], [Value 009]; [Name 010], [Value 010]; [Name 011], [Value 011]; [Name 012], [Value 012], [Name 013], [Value 013]; [Name 014], [Value 014]; [Name 015], [Value 015]; [Name 016], [Value 016]; [Name 017], [Value 017]; [Name 018], [Value 018]; and [Name 019], [Value 020], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA).-

Considering:

1.- Through a writing received at 10:43 hours on 22 November 2023, the petitioner files an amparo petition against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, on behalf of [Name 002] AND OTHERS, and states the following, in summary: that the amparo petition No. 19-023202-0007-CO had previously been filed, which was declared without merit by this Chamber, because the Authority petitioned there reported that it was taking measures to construct a branch pipeline from (Barrio) IMAS to the area where the petitioners in that amparo resided, in order to provide water to the residents of that community, apart from the fact that a pipeline was going to be left in place ready for connection once the Cañas Water Treatment Plant (Planta Potabilizadora de Cañas) project was completed, all of which, it was estimated, would occur by the end of 2020. In this regard, judgment No. 2020002927 of 09:30 hours on 14 February 2020, in its reasoning section, indicated the following: “…Considering the situation of the construction of the Carretera Interamericana, the institution has already taken measures for the design of a branch line (ramal) that it intends to build from the last point of the network in Barrio IMAS to approximately the area of the petitioners… The intention is to install this pipeline and leave everything prepared, but not to connect it to the network because currently increasing consumption from the Cañas aqueduct (acueducto de Cañas) would imply a deteriorated service for existing users in the city center. The eventual connection will be made when the water treatment plant has been put into operation and the production deficit in the city has been eliminated… the Construction project for the water treatment plant will make it possible to satisfy the demand of all Cañas residents at present and in the decades to come. It is already in the construction process and it is estimated that the project will be in operation by the end of 2020… at which time it will be possible to expand the network coverages and authorize the interconnection of the branch line that will be able to supply the hamlet (caserío) of the petitioners…” However, the Cañas office of the petitioned Institute held the inauguration ceremony for the Cañas Water Treatment Plant on 24 March 2022, without executing the works described in the previous amparo. Therefore, the residents of the locality continue to suffer at present from the lack of water. Furthermore, the petitioner party accuses that, when the amparo beneficiaries appear to inquire about the water service, the responses they receive are: “There is no availability (disponibilidad)”, “There are no pipelines in that area” or “There are no projects that contemplate bringing water to that area yet.” They claim that, consequently, on 25 July 2023, they sent an email to the Cañas management, the Liberia management, and the Contraloría de Servicios, in order to claim the non-compliance with what had been recorded in the previous amparo petition and, for those purposes, they cited AyA memorandum No. GSP-RCH-CA-2019-00444 (see evidence on file), which the AyA Authorities presented stating that the works were already in process. However, the Cañas management claimed to be unaware of which project was being discussed and delegated the matter to the Liberia Management and the Liberia Management and Contraloría de Servicios for any additional response, but they did not pronounce themselves at all on the claim. Therefore, the amparo beneficiary party claims non-compliance with what said Authorities alleged in their response to the amparo petition processed in case file No. 19-023202-0007-CO, because, due to it, all the residents of Barrio Aserradero remain without access to potable water, which is a problem they are suffering and for which they have requested a solution since the year 2006.

2.- The following report under oath from María Alejandra Mora Segura, in her capacity as general manager, and Edgar Gerardo Chacón Villalobos, in his capacity as Acting Cantonal Management of Cañas, both of AyA: “…First of all, it is of vital importance to consider in the resolution of this matter that, through report GSP-RCHO-2023-03068 dated 28 November 2023, signed by Eng. Juan José Murillo Arias, the following is indicated textually: ... ‘Detail of potable water infrastructure in use and its correlation with the Aserradero sector in Cañas. The piezometric level of the AyA tanks is approximately 103 meters above sea level (msnm). The sector does not have AyA infrastructure, therefore this sector does not have water supply capacity (capacidad hídrica). The location of a possible interconnection point in barrio IMAS in Cañas, at coordinates 10.414274°, -85.087178°, is at most 11 msnm below the piezometric level of the storage tanks of the Cañas potable water system. At that point, the reported pressure is 20 psi or its equivalent to 14 meters of water column (mca). The piezometric level of the sector known as barrio el Aserradero has heights that, at the property entrance, range between 90 msnm and 100 msnm. That is, if a branch line extension is made from the ‘possible interconnection point’ towards barrio el Aserradero, with the height difference that exists between the interconnection point and the highest point on the boundary line of the properties with street frontage, in barrio el Aserradero, it would be less than 10 mca or its equivalent 14 Psi, in addition to this, the pressure losses due to friction and consumption resulting from the new services must be added. Therefore, the existing pressure in barrio IMAS is not sufficient to extend the system... There are properties that abut a public street frontage, others do so through a pedestrian/utility easement (servidumbre de paso). It should be noted that the sector known as Aserradero Este, in order to be supplied, requires crossing the highway on National Route No. 1, which is constructed of concrete with double lanes in both directions. Therefore, it is concluded that the sector does not have hydraulic capacity (capacidad hidráulica) to be supplied by the Cañas potable water system, which operates by gravity.’ ... As this honorable Constitutional Chamber can verify, according to what is described in report GSP-RCHO-2023-03068 and prepared by the engineering area, the sector does not have hydraulic capacity to be supplied by the Cañas potable water system and, in accordance with current regulations, AyA, in the systems that are within its coverage area, must guarantee the service to the extent legally and technically feasible, provided that the totality of the requirements established for those purposes are met, such as the existence of sufficient infrastructure, water supply, and hydraulic conditions, technical aspects necessary for the provision of the public service, as well as full compliance with the legal requirements established in the current regulations. Likewise, it is presumed that the dwellings located on the properties of the petitioners in the community of Cañas, Guanacaste, have been developed urbanistically without having potable water supply and sanitary sewer systems administered and operated legally by AyA or some other public operator (ASADA – Municipality), since it is the same petitioners who historically and by their own will have built their dwellings in a sector where there is no coverage of the potable water and sanitary sewer system, apparently outside of legality, given that according to information that is even in the amparo case file, the constructions were carried out based on supply through artisanal wells, which apparently was endorsed by the municipality itself at the time. Now, it is necessary to indicate that pursuant to Article 21 of the Constitutive Law of AyA No. 2726, concordant with Articles 38, 57 and 58 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) No. 4240 and Articles 308, 309, 310, 311, 312 and 313 of the General Health Law (Ley General de Salud) No. 5395, it constitutes a requirement that the Municipalities, INVU, and other competent entities require prior to the approval of the corresponding subdivision (fraccionamiento) and construction permits, given that its purpose is to determine, prior to the approval of a cadastral or construction plan, the reality existing at the respective historical moment regarding WATER SUPPLY CAPACITY (CAPACIDAD HÍDRICA), HYDRAULIC CAPACITY, COLLECTION CAPACITY, AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS THAT THE AYA SYSTEMS OFFER IN A DETERMINED AREA, AS WELL AS VULNERABILITY THAT COULD COMPROMISE OTHER PROJECTS, AMONG OTHERS... Now, by virtue of the Principle of Legality, AyA must adhere to the regulatory framework that governs us and to the general principles of science and technique, hence, in accordance with the mentioned aspects, AyA, in the systems within its coverage area, guarantees service to the extent legally and technically feasible, provided that all the requirements established for those purposes are met, such as the existence of sufficient infrastructure, water supply, and hydraulic conditions, technical aspects necessary for the provision of public service, as well as full compliance with the legal requirements established in the regulations that protect us, since precisely a Service Availability (Disponibilidad de Servicios) corresponds to the real and current existence, not future or potential, of the necessary global works and infrastructure and the water supply capacity to meet the service needs of a determined population. Likewise, as described in previous lines, currently, the Cañas system has the capacity to extend to new services provided that the piezometric level of the tanks is at least 20 msnm higher than the area to be developed and it has the infrastructure to install a new service, so that, given the location of the sector such as barrio el Aserradero, there is no hydraulic capacity... On the other hand, pursuant to Articles 8, 9, 14, and 36 of the Regulation for the Provision of AyA Services (Reglamento de Prestación de Servicios de AyA), published in the Official Gazette La Gaceta Digital No. 27, Scope No. 29, Tuesday, 09 February 2021, the actions of my represented entity are substantiated. In this regard, the cited provisions state the following: Article 8- Services. AyA shall provide water supply services for population use and wastewater sanitation within the coverage area, provided that the area has technical and legal feasibility. ‘Article 9- Technical conditions for the provision of services. It is the obligation of the provider of potable water and sanitation services to provide them within the parameters of optimal provision regarding quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and with a human rights approach, except in cases of force majeure, acts of God, or duly publicized maintenance periods that affect the coverage area where the property is located… Article 14- Conditions for the provision of services. AyA shall provide its services once technical feasibility is verified in built or to-be-built properties dedicated to the residence of persons, or for commercial or industrial activities that comply with the requirements and uses authorized in this regulation. AyA shall grant potable water and sanitation services on a public street or road or on a pipeline and pedestrian/utility easement (servidumbre de tubería y de paso) registered in favor of AyA or registered in favor of third parties, as applicable in accordance with the provisions of Article 16 of this regulation. The foregoing, provided that AyA networks are in operation. If the public network does not reach the connection point, AyA, within a period not exceeding 15 days, shall propose to the owner or possessor the construction of a branch line extension or other components of the hydraulic system, observing the requirements detailed by AyA in Article 39 of this regulation through the respective technical study … Article 36- Issuance of the certificate of service availability (constancia de disponibilidad de servicios). Once the established requirements have been satisfactorily received, AyA shall issue the certificates of service availability, which shall incur no cost for the applicant and shall be issued within a maximum period of up to 15 business days, both for individual cases and for urban, industrial, and commercial development projects. Said certificate shall indicate at minimum: date, consecutive number, real estate folio number, exact address of the property, cadastral or survey plan, nature of the project, amount of assigned flow, number of services considered, type of measurement, technical criterion, consecutive number, signature, and seal. The technical criterion supporting the certificate must refer at minimum to the conditions of water supply and hydraulic capacity presented by the aqueduct systems, which, by coverage, correspond to the request; likewise, it must contain the verification of compliance with urban planning and construction standards governing real estate activity and refer to the sanitation system to be used and the possibility of opting for the exemption for dwellings from the construction of the sanitary sewer network and wastewater treatment plant… In that sense, it is necessary to emphasize that the fundamental human right of access to potable water constitutes one of the most sensitive legal interests to be protected and guaranteed, which derives from the right to life and a healthy and ecologically balanced environment. For the fulfillment of this purpose, the State expressly provided that AyA may exploit, use, govern, or monitor, as the case may be, throughout the national territory, all public domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of its constitutive law, in exercise of the rights that the State has over them, as indicated in the Water Law (Ley de Aguas), for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the powers attributed to the law... in reference to the formal filing made by the petitioners to the Contraloría de Servicios of AyA on 25 July 2023, procedure No. 21872023, according to official communication No. GSP-RCHO-2023-03087, the response action is evidenced by means of note GSP-RCHO-2023-3085 and notified to the email [email protected] on 29 November 2023. (Evidence of the notification email is attached)…” They request that the petition filed be declared without merit.

3.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considering:

I.- PRELIMINARILY. In this case, the claim of the petitioners, in part, stems from the alleged lack of response to an email of 25 July 2023, all of which, if true, could constitute an injury to the right to enjoy prompt and fulfilled administrative justice. Therefore, before analyzing the merits of this matter for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure, it must be clarified that, starting from judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws related to special administrative procedures, both to resolve, by a final act, an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— and to hear the appropriate administrative appeals. Now, in this case, an exception case is precisely raised, as it involves a matter related to water service. By virtue of the foregoing, the Chamber will proceed to resolve that aspect.

II.- SUBJECT OF THE PETITION. The petitioner party alleges that, on the occasion of the processing of amparo petition No. 19-023202-0007-CO, AyA reported that it was taking measures to build a branch pipeline from Barrio IMAS to the area where the petitioners in that amparo resided, in order to provide water to the residents of that community, apart from the fact that a pipeline was going to be left ready for connection, once the Cañas Water Treatment Plant project was completed, all of which, it was estimated, would occur by the end of 2020. In this regard, judgment No. 2020002927 of 09:30 hours on 14 February 2020, in its reasoning section, indicated the following: “…Considering the situation of the construction of the Carretera Interamericana, the institution has already taken measures for the design of a branch line that it intends to build from the last point of the network in Barrio IMAS to approximately the area of the petitioners… The intention is to install this pipeline and leave everything prepared, but not to connect it to the network because currently increasing consumption from the Cañas aqueduct would imply a deteriorated service for existing users in the city center. The eventual connection will be made when the water treatment plant has been put into operation and the production deficit in the city has been eliminated… the Construction project for the water treatment plant will make it possible to satisfy the demand of all Cañas residents at present and in the decades to come. It is already in the construction process and it is estimated that the project will be in operation by the end of 2020… at which time it will be possible to expand the network coverages and authorize the interconnection of the branch line that will be able to supply the hamlet of the petitioners…” However, it is accused that the Cañas office of AyA held the inauguration ceremony for the Cañas Water Treatment Plant on 24 March 2022, without executing the described works. Therefore, the amparo beneficiary party claims non-compliance with what said Authorities alleged in their response to the amparo petition processed in case file No. 19-023202-0007-CO, because, due to it, all the residents of Barrio Aserradero remain without access to potable water.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed as duly proven, either because they have been accredited or because the petitioned party has omitted to refer to them as provided in the initial order:

  • a)The amparo beneficiaries are residents of a hamlet located between Barrio Imas and Javilla of Cañas, they do not have a potable water supply and are supplied by artisanal wells. The respective constructions have construction permits granted by the Municipality of Cañas, because, when they were built, the owners indicated that their properties had such wells (see judgment No. 2020002927 of 09:30 hours on 14 February 2020 and official communication GSP-RCHO-2023-03085 of 29 November 2023).
  • b)In judgment No. 2020002927 of 09:30 hours on 14 February 2020, an amparo petition filed by persons from that hamlet was declared without merit, indicating the following: “From the factual scenario described, this Chamber considers that the fundamental rights of the inhabitants of the hamlet located between Barrio Imas and Javilla of Cañas have not been injured due to the lack of potable water service supply by AYA. Note that while it is true that the inhabitants of the place have construction permits from the municipality, they were authorized because, at the time, the residents stated that they were supplied by local wells. Now, it is no less true that they currently do not have certificates of water service availability (constancias de disponibilidad de Servicios de agua), which constitutes an indispensable requirement established by current regulations for the granting of potable water service. In this sense, the lack of an infrastructure system in that place cannot be attributable to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, since those communities were built outside the current regulations. On the other hand, it has been shown that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, due to the construction of the Carretera Interamericana, has taken measures for the design of a branch line that it intends to build from the last point of the network in Barrio IMAS to approximately the area of the petitioners, however, the intention is to install this pipeline and leave everything prepared, but not to connect it to the network because currently increasing consumption from the Cañas aqueduct would imply a deteriorated service for existing users in the city center. The eventual connection will be made when the water treatment plant has been put into operation and the production deficit in the city has been eliminated. The petitioned authority further estimates that the Construction project for the water treatment plant will make it possible to satisfy the demand of all Cañas residents at present and in the decades to come. They argue that it is already in the construction process and it is estimated that the project will be in operation by the end of 2020, at which time it will be possible to expand the network coverages and authorize the interconnection of the branch line that will be able to supply the hamlet of the petitioners. Based on the foregoing, the petition must be declared without merit as is hereby ordered.” c) On 25 July 2023, the amparo beneficiaries sent an email to the Cañas management, the Liberia management, and the Contraloría de Servicios, in order to claim the "non-compliance" with what had been recorded in the previous amparo petition and, for those purposes, they cited AyA memorandum No. GSP-RCH-CA-2019-00444 (see evidence on file), which the AyA Authorities presented stating that the works were already in process (an uncontested fact).
  • d)By resolution of 11:21 hours on 23 November 2023, this amparo was admitted for processing.
  • e)Said resolution was notified to the general manager of AyA on 23 November 2023 (see notification certificate incorporated into the digital case file).
  • f)In report GSP-RCHO-2023-3068 dated 28 November 2023, regarding the potable water infrastructure in use and its correlation with the Aserradero sector in Cañas, the following was indicated: “... The piezometric level of the AyA tanks is approximately 103 msnm. The sector does not have AyA infrastructure, therefore this sector does not have water supply capacity. The location of a possible interconnection point in barrio IMAS in Cañas, at coordinates 10.414274°, -85.087178°, is at most 11 msnm below the piezometric level of the storage tanks of the Cañas potable water system. At that point, the reported pressure is 20 psi or its equivalent to 14 mca. The piezometric level of the sector known as barrio el Aserradero has heights that, at the property entrance, range between 90 msnm and 100 msnm. That is, if a branch line extension is made from the 'possible interconnection point' towards barrio el Aserradero, with the height difference that exists between the interconnection point and the highest point on the boundary line of the properties with street frontage, in barrio el Aserradero, it would be less than 10 mca or its equivalent 14 Psi, in addition to this, the pressure losses due to friction and consumption resulting from the new services must be added. Therefore, the existing pressure in barrio Imas is not sufficient to extend the system... There are properties that abut a public street frontage, others do so through a pedestrian/utility easement. It should be noted that the sector known as Aserradero Este, in order to be supplied, requires crossing the highway on National Route No. 1, which is constructed of concrete with double lanes in both directions. Therefore, it is concluded that the sector does not have hydraulic capacity to be supplied by the Cañas potable water system, which operates by gravity. 3- Detail of Current Water Supply Capacity and its correlation with the Aserradero sector in Cañas. Currently, the Cañas system has the capacity to extend to new services provided that the piezometric level of the tanks is at least 20 msnm higher than the area to be developed and/or it has the infrastructure to install a new service. CONCLUSION The sector known as B°. El Aserradero does not have hydraulic capacity to be supplied by the Cañas potable water supply system, which operates by gravity.” (see the report of the AyA Authorities and official communication GSP-RCHO-2023-03068 of 28 November 2023).
  • g)The formal filing submitted by the petitioners to the Contraloría de Servicios of AyA on 25 July 2023, procedure No. 21872023, was responded to by means of note GSP-RCHO-2023-3085 and notified to the email [email protected] on 29 November 2023 (report and evidence on file).
  • h)The respective official communication GSP-RCHO-2023-03085 of 29 November 2023 indicated the following: “...I hereby provide a formal response to your filing REP.CS No. 2187 2023, made through the Contraloría de Servicios of AyA on 07/25/2023. Considering all the arguments outlined in the filing at hand, we have proceeded to verify the current technical conditions of the Cañas system, for which purpose the Regional Engineering report GSP-RCHO-2023-3068 dated 11/28/2023 is available, which determines the following:... Detail of potable water infrastructure in use and its correlation with the Aserradero sector in Cañas. The piezometric level of the AyA tanks is approximately 103 msnm. The sector does not have AyA infrastructure, therefore this sector does not have water supply capacity. The location of a possible interconnection point in barrio IMAS in Cañas, at coordinates 10.414274°, -85.087178°, is at most 11 msnm below the piezometric level of the storage tanks of the Cañas potable water system. At that point, the reported pressure is 20 psi or its equivalent to 14 mca. The piezometric level of the sector known as barrio el Aserradero has heights that, at the property entrance, range between 90 msnm and 100 msnm. That is, if a branch line extension is made from the 'possible interconnection point' towards barrio el Aserradero, with the height difference that exists between the interconnection point and the highest point on the boundary line of the properties with street frontage, in barrio el Aserradero, it would be less than 10 mca or its equivalent 14 Psi, in addition to this, the pressure losses due to friction and consumption resulting from the new services must be added. Therefore, the existing pressure in barrio IMAS is not sufficient to extend the system... There are properties that abut a public street frontage, others do so through a pedestrian/utility easement. It should be noted that the sector known as Aserradero Este, in order to be supplied, requires crossing the highway on National Route No. 1, which is constructed of concrete with double lanes in both directions. Therefore, it is concluded that the sector does not have hydraulic capacity to be supplied by the Cañas potable water system, which operates by gravity. Detail of Current Water Supply Capacity and its correlation with the Aserradero sector in Cañas. Currently, the Cañas system has the capacity to extend to new services provided that the piezometric level of the tanks is at least 20 msnm higher than the area to be developed and/or it has the infrastructure to install a new service. Conclusion of the technical area. The sector known as barrio El Aserradero does not have hydraulic capacity to be supplied by the Cañas potable water supply system, which operates by gravity.

Therefore: In light of the investigated facts and the current technical reality, the following is concluded: a- There are built and inhabited dwellings that do not have positive availability certifications or approved potable water services, so apparently we are faced with a real estate development that has emerged outside the law, using artisanal wells and which was apparently endorsed at the time by the municipality itself (years ago) for some properties, apparently not for all. b- According to information verified by the AyA regional engineering department, it is confirmed that after the construction of the inter-American highway, there have been points from which eventual pipe interconnections could be planned. c- Likewise, with the start-up of the Sandillal Potable Water Treatment Plant, there is hydraulic capacity to supply services in the sector of Barrio El Aserradero in Cañas. d- However, considering the location of the sector known as Barrio El Aserradero, there is no hydraulic capacity to be supplied by the Cañas potable water system, which operates by gravity. This is because, as developed from a technical point of view, the piezometric level of the sector known as barrio El Aserradero has elevations that at the property entrance range between 90 masl and 100 masl. That is, if a branch extension is made from the 'eventual interconnection point' towards barrio El Aserradero, with the elevation difference that exists between the interconnection point and the highest point on the property boundary with road frontage, in barrio El Aserradero, it would be less than 10 mwc or its equivalent 14 Psi, coupled with this, the pressure losses due to friction and consumption resulting from the new services must be added. So the existing pressure in barrio IMAS is not sufficient to extend the system. e- That is, even if the construction and interconnection of a branch extension were authorized, the pressures would not be sufficient to deliver water to the sector known as El Aserradero in Cañas. Hence, the denial of service is far from being arbitrary or illegitimate, but rather it is due to specific hydraulic problems fully identified by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Note that there is a material impossibility to provide the service from a hydraulic point of view where the applicants desire, as there are problems delivering water to the supply point. f- The technical summary of the foregoing is as follows; - There is Hydraulic Capacity. This has been achieved with the start-up of the Sandillal Potable Water Treatment Plant. - There is no Hydraulic Capacity. This is because, as already stated, even though there is hydraulic capacity in the area, the pressures are not sufficient to adequately deliver water to the interconnection point, because the elevation difference between the AyA storage tanks and the interconnection point does not exceed 20 masl. This taking into account that the system operates by gravity. - By virtue of the foregoing, the construction of a branch extension is not recommended. Recommendations In compliance with the principle of legality contained in Article 11 of the Political Constitution and Article 11 of the General Law of Public Administration, as public officials, we are duty-bound to observe said principle, and we must abide by the laws and regulations established by the norms and procedures established in the Reglamento para la Prestación de Servicios del AyA. Therefore, in this regard, it must be considered that the establishment of regulations associated with public services is not casual, arbitrary, or capricious, but rather responds to the principle of legality; that is why the regulations not only by AyA, but also by the service regulatory body (ARESEP), other applicable norms and laws, demonstrate and is abundantly credited in this writing the absence of technical requirements (hydraulic capacity) for the operator to grant service in the sector known as Barrio el Aserradero in Cañas.” (see the report of the AyA Authorities and the respective official communication).

IV.- ON THE POTABLE WATER SERVICE. Having seen the filing brief for this recourse, the appellant is made aware that, although it is true, as this Tribunal has recognized, that there is a fundamental right to potable water, it is also true that its exercise is not indiscriminate. Consequently, the Chamber's position, regarding the installation itself of the respective service, is that the entities that provide it are not obligated to provide it under just any conditions and opportunity. On the contrary, AyA, the aqueduct and sewer management associations, and the municipalities that also supply water, can validly reject any request for the corresponding installation if there are technical or legal reasons that justify it. Thus, in judgment No. 2014-9134 of 14:05 hours on June 19, 2014, this Tribunal resolved the following:

“This Chamber has indicated in repeated judgments on the subject that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and as such, every provider of public services —whether a public or private entity— is obligated to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and adapting to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 of eleven hours twenty-five minutes on September twenty-sixth, two thousand one, and judgment 2004-08161 of ten hours fifty-three minutes on July twenty-third, two thousand four). It is thus clear to conclude that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities charged with providing the public service of potable water, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Now, the jurisprudence of this Constitutional Tribunal has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the failure to comply with requirements established in the respective regulation) or in the face of formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and the construction of infrastructure is needed. Thus, in these cases, it has been clear that it is not a denial of access to the potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, that is, the lack of infrastructure. In other words, as long as the lack of provision of the potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights...” Likewise, in pronouncement No. 2012-005722 of 09:05 hours on May 4, 2012, this Chamber ordered the following:

“... From the report rendered under oath and the evidentiary elements in the record, an illegitimate action by the representatives of the Municipality of La Unión is not verified. The foregoing, because the protected party has not been unjustifiably denied the connection of the potable water service —as alleged in the filing brief for the present matter— but rather has been required to comply with the established requirements to proceed with the installation of said service, in accordance with the provisions of the current regulatory norm. From this perspective, this Tribunal does not observe an arbitrary action or omission by the respondent authorities to the detriment of the constitutional rights of the petitioner, since, as indicated, the fact that compliance with a series of requirements to install the potable water service is demanded —among them the construction permit for their dwelling— does not per se constitute a violation or threat of injury to constitutionally protected rights. Finally, it must be considered that this Jurisdiction does not have the task of determining whether or not the petitioner complies with the requirements provided to access the potable water service, since this is a matter of mere legality that must be assessed in the corresponding venues.” (the underlining does not correspond to the original) In fact, as the respondent authority itself correctly points out, recently, in the amparo processed under case file number 11-015882-007-CO, this Chamber ruled on the case of a neighbor of the appellants, who raised a situation analogous to the one motivating the present amparo (that is, she would have built her dwelling house on the aforementioned pipe easement, in Llanos de Santa Lucía, and was denied the installation of the water pipe for not meeting the respective requirements). On that occasion, this Chamber resolved:

' (...) Furthermore, it must be taken into consideration that, as the respondent authority asserted, the potable water service in question cannot currently be provided to the interested party, by virtue of the fact that she does not fully comply with the requirements demanded for this purpose (see report provided to the case file). Under this understanding, this Chamber does not deem the fundamental rights of the appellant violated in any way, since it was fully demonstrated that the action of the Municipality of Paraíso was neither arbitrary nor unfounded but, on the contrary, complied with the legal framework (judgment number 2011017874 of 9:05 hours on December 23, 2011).

Considerations that are applicable to the case under study. Therefore, any potential conflict that may arise regarding the due compliance with the requirements provided in the norm governing the matter for the granting of the public service of potable water supply or other public services, must be raised before the respondent authority itself or in the corresponding ordinary jurisdiction. Hence, it is appropriate to dismiss the amparo under study, as hereby ordered.” (The highlighting and underlining is not from the original).

In this sense, emphasis is placed on the fact that verifying compliance with legal or technical requirements to obtain water service is a task that falls to the competent administrative authorities, without this Chamber having the ability to delve into the matter, because these are aspects of ordinary legality outside its scope of action.

V.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, as indicated by the respondent Authorities and mentioned in official communications GSP-RCHO-2023-3068 dated November 28, 2023, and GSP-RCHO-2023-03085 of November 29, 2023, which responded to the petition of the protected party, the sectors of barrio IMAS and Barrio Aserradero Este do not have the hydraulic capacity to be supplied by the Cañas potable water system, because it operates by gravity. In this regard, in an analogous case, the Chamber declared the following:

“After analyzing the evidentiary elements provided and the report rendered by the respondent authorities, with timely warning of the consequences provided in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the violation of the fundamental rights of the protected party is ruled out. In this regard, we have that the protected party is a resident of the community of Puerto Viejo in Limón and according to the record, on April 22, 2020, the appellant filed a request for Potable Water and Sanitary Sewer Availability before the Dirección Regional Huetar Atlántica of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Now, as the respondent indicated, the Unidad de Desarrollo Físico of the ICAA, through a study prepared because the production capacity of the Sand Box water treatment plant, established that it is fully committed to the current demand, therefore, it was recommended not to issue service availability until a project is executed that allows reducing the Non-Revenue Water indices or that increases production. Due to the foregoing, the Dirección Regional Huetar Atlántica of the ICAA, by official communication No. SIGDD-2020-0026470-1-1-1, of May 14, 2020, determined that the appellant's property is located outside the coverage area of the HC-A-01 Acueducto Integrado Hone Creek – Puerto Viejo and the Limón Sur Project, so there is no hydraulic capacity, and consequently, his petition was denied. As determined, the construction of a new water treatment plant is due to the expansion of coverage to the southern sector, which does not include the communities of Hone Creek and Puerto Viejo. Once all services are incorporated into the Limón Sur aqueduct, the hydraulic balance will be performed, and the operating conditions will be known which, if positive, will reactivate the request; however, pipeline expansions for the communities of Hone Creek, Puerto Viejo, and Cahuita have not yet been carried out. As a consequence, through memorandum No. GSP-RA-2020-01802 of July 31, 2020, the ICAA ratified that there is no main pipeline to connect the service in front of the appellant's property, with the closest being 160 meters away, so the denial of non-availability given to the appellant obeys technical aspects.

From this perspective, the recourse is declared without merit. In the first place, it is observed with total clarity that the appellant's petition was promptly resolved negatively in the month of May 2020, as the claimant himself correctly indicates. Moreover, the appellant must be told that the character of a fundamental right to potable water does not imply unrestricted access to said public service, because technical impossibilities or non-compliance with infra-constitutional requirements may arise —as in his case—, based on which the Administration, validly, can deny the service. His disagreement with what was resolved in his case, should be raised before the respondent authorities. In this case, we have a water availability petition filed and resolved before the filing of this recourse; the disagreement with the denial in dispute should be raised before the respondent instances, especially since it is based on technical criteria. Due to the foregoing, the recourse must be dismissed...” (Judgment No. 2020016106 of 09:20 hours on August 28, 2020).

Consequently, given that the denial occurs for objective reasons, it is not within this Chamber's purview to review whether what was resolved by AyA conforms or not to the facts and the current legal norm, a task proper to the ordinary, administrative, or jurisdictional route, since this Chamber does not observe any direct violation of a fundamental right and is not a reviewer of the legality of the actions or resolutions of the Administration.

Furthermore, regarding the alleged lack of response to the petition of July 25, 2023, the Chamber observes, first, that in view of the fact that the respondent Authorities omitted to indicate in the report rendered under oath whether the email to which the protected party addressed the petition of July 25, 2023, is provided for as an official communication mechanism with AyA, this fact is taken as true. Having defined this, second, from the list of proven facts, it is inferred that said petition was responded to by means of note GSP-RCHO-2023-3085 and notified to the email [email protected] on November 29, 2023, that is, after the notification of the resolution granting leave in this amparo. The foregoing implies a disproportionate delay in the resolution of the petition in question, which was not responded to except on the occasion of the amparo proceedings. Therefore, it is appropriate to partially grant the recourse, without condemnation for costs, damages, and losses, solely for that delay.

VI.- ON THE CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the contested action, the recourse will be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable”), the granting must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obligates the operative part of the judgment to indicate that the recourse is granted, when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same paragraph in fine refers that the granting is ordered “solely for purposes of compensation and costs, if applicable.” It is underlined that the Law indicates “if applicable,” which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appraisal, or weighing by the Tribunal. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to an impact on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to wages). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “every resolution that grants the recourse shall condemn in abstract the compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the recourse, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not provided. The principles of Constitutional Law, those of General Public and Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, also, in order, the General Law of Public Administration and the Code of Contentious Administrative Procedure and the other procedural codes, are a supplementary source for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Code of Contentious Administrative Procedure, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party of the sub lite preserves the possibility of resorting, if they deem it convenient, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this recourse without condemnation for costs, damages, and losses.

VII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Tribunal's thesis that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Tribunals and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo recourse established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the exclusive responsibility to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases that can indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in the remaining cases, and for the reasons this Tribunal has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VIII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. Although I agree with the rest of the Chamber in granting the recourse, I depart from the majority criterion insofar as it excuses the respondent party from condemnation to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:

“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the contested action, the recourse will be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable.” Moreover, in Article 51 ibidem, it is established that:

“...every resolution that grants the recourse shall condemn in abstract the compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the recourse, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.” This last norm establishes the general system that regulates the topic of compensation and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for a condemnation for costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Tribunal verifies an injury to some fundamental right; and, therefore, grants the recourse, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo —a case contemplated in Article 52, referenced—, by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the offender to the compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the recourse. This rule is none other than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent measure, so that the State does not again incur in the actions that gave basis to the granting of the recourse, a topic regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceedings, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these cases, the imperious need arises for a condemnation for costs, damages, and losses against the offender, whose basis is found in the principles of protection of individual rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional actions.

Thus, the fact that, at the time of hearing and granting the amparo, the effects of the contested act have already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of condemnation for costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in these matters contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Furthermore, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights that the protected party has suffered, by virtue of the restoration to the enjoyment of those rights that the Administration has granted in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the process.” The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that granted leave to proceed with the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, in an unmistakable manner, the revocation, cessation, or suspension of the contested action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the recourse, by providing that, in the cases regulated there, the recourse will be granted “solely for purposes of compensation and costs, if applicable.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.

In my criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, that condemnation is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the contested action, unless it is shown in an unmistakable and clear manner that in the specific case no compensable injury was caused. Only and solely in such cases can the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the contested actions —whose concrete determination does not fall to this jurisdiction—, the granting of this recourse must necessarily imply the condemnation for costs, damages, and losses, and so I declare it.

As an additional reason, it is worth highlighting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, of the existence or not of actions or omissions that can generate or produce a breach in the system of fundamental rights of individuals. From that perspective, the analysis carried out in this venue concentrates on said verification; however, it does not delve into the weighing of whether these matters have or have not generated injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned Article 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said condemnation (for damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned does not consider that this pertinence examination can, a priori, be automatically excluded in this type of proceedings, to the extent that it is within another ordinary process that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo recourse, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private legal entity, where appropriate) have constituted an adequate cause of injuries of a patrimonial nature that are legally compensable. As a reference, numerals 179 to 184 of the Code of Contentious Administrative Procedure, Law No. 8508, define a special procedure whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations ordered in these proceedings.

In light of canon 179 of the same body of law, that process has the following purpose:

“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court has jurisdiction over the enforcement of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public-law entities, solely with respect to the demonstration, liquidation, and satisfaction of pecuniary indemnifications.” It is clear that this process is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those categories, since such claims would not be admissible within these types of causes when the judgment issued in the amparo proceeding expressly establishes the inadmissibility of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is to say, the special process in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an express condemnation or pronouncement by this Constitutional Chamber. In that vein, in my opinion, pursuant to the aforementioned Article 52 of the LJC, the dispensation of that pecuniary condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of pecuniary injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is duly reasoned and estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is handed down that revokes, halts, or suspends the challenged action does not, per se, rule out that, prior to that cessation by the respondent entity's own or another's cause, the alleged indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their quantification, timely claim, etc., involves considerations that are beyond the nature of these proceedings and regarding which, in accordance with what is regulated by the aforementioned Article 52, are proper to an abstract condemnation that subsequently constitutes a basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, this is not their object or primary ratio. Thus, it does not fall upon the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative actions have produced injuries for them is an extreme that, as a matter of principle and except for exceptional cases, does not form part of the basis of analysis for this type of causes. It should be noted that, in the situation regulated by that provision, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal mandate, it is not entered into an assessment of whether or not there is a violation, with which, much less can it be defined whether or not there may be situations of possible civil reparation arising from what was reported by the petitioner. In this way, the dispensation of condemnation referred to by that norm is of an exceptional nature, not a principle. Therefore, in those situations, the norm imposes an abstract condemnation, so that its procedural appropriateness is analyzed within another plenary process. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries to their patrimonial sphere would be jeopardized, to the detriment of what is established by Article 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 of the same body of law. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted that causes the cessation of the actions that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is insisted, whether the persistence of the threat or deterioration of their situation, while it was made to cease by the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and losses, is a topic that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary process, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presumption, merely due to the occurrence of the situation regulated in the aforementioned Article 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect regarding the majority position, I state my vote and reiterate that granting this appeal must necessarily imply an abstract condemnation for costs, damages, and losses.

IX.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE FILING OF JULY 25, 2023. With the accustomed respect, I dissent from the vote regarding what was resolved by the Chamber concerning this extreme. In that sense, as the majority states, given that the respondent Authorities omitted to indicate in the report rendered under oath whether the email to which the protected party addressed the filing of July 25, 2023, is established as an official communication mechanism with AyA, this fact is therefore taken as true. However, I differ from what was resolved because it is clearly noted that the petitioner at no time invokes a violation of Articles 27 and 41 of the Constitution. This being defined, the Law of the Constitutional Jurisdiction is based on the party disposition principle (Article 8), according to which this Court does not intervene ex officio, but only at the request of a party (see rulings N° 2004-10021 of 08:47 hours on September 10, 2004, N° 017810-2006 of 15:32 hours on December 12, 2006, Nº 2007-001147 of 14:31 hours on January 31, 2007, 2007-001610 of 09:22 hours on February 9, 2007, N° 2007-001701 of 14:34 hours on February 13, 2007, N° 2007-003233 of 11:35 hours on March 9, 2007, N° 2007-003266 of 12:08 hours on March 9, 2007, Nº 2013005543 of 14:30 hours on April 23, 2012, Nº 2021018726 of 09:15 hours on August 20, 2021, Nº 2021023558 of 09:30 hours on October 19, 2021, Nº 2022003709 of 09:30 hours on February 11, 2022 and Nº 2022020815 of 09:30 hours on September 6, 2022). For this reason, given that from reading the initial brief of the appeal it is clearly inferred that the petitioner's claim solely consists of complaining about the alleged non-compliance with what said Authorities alleged in their response to the amparo appeal processed in expediente N° 19-023202-0007-CO (judging that, due to it, all the residents of Barrio Aserradero remained without access to potable water), it is not appropriate to issue a pronouncement on an alleged lack of response to the filing of July 25, 2023, it being the case that, in any event, it is reported that it was indeed responded to by means of official letter GSP-RCHO-2023-3085 and notified to the email [email protected] on November 29, 2023. But this last point is not a reason to declare the appeal granted without special condemnation, because that is not its object.

X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that, should they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on Electronic Expediente before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

By majority, in accordance with the provisions of Article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, the appeal is partially GRANTED, without special condemnation for costs, damages, and losses. Judge Castillo Víquez records a note. Judge Salazar Alvarado partially dissents from the vote and orders condemnation for damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas dissents from the vote and declares the appeal without merit in all its extremes. Notify.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente  Res. Nº 2024002494 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dos de febrero de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 23-029177-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], [Valor 001], a favor de [Nombre 002], [Valor 002]; [Nombre 003], [Valor 003]; [Nombre 004], [Valor 004]; [Nombre 005], [Valor 005], [Nombre 006], [Valor 006]; [Nombre 007], [Valor 007]; [Nombre 008], [Valor 008]; [Nombre 009], [Valor 009]; [Nombre 010], [Valor 010]; [Nombre 011], [Valor 011]; [Nombre 012], [Valor 012], [Nombre 013], [Valor 013]; [Nombre 014], [Valor 014]; [Nombre 015], [Valor 015]; [Nombre 016], [Valor 016]; [Nombre 017], [Valor 017]; [Nombre 018], [Valor 018]; y [Nombre 019], [Valor 020], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA).-

Resultando:

1.- Por escrito recibido a las 10:43 horas del 22 de noviembre de 2023, la recurrente interpone recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, a favor de [Nombre 002] Y OTROS, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que anteriormente se había planteada el recurso de amparo N° 19-023202-0007-CO, que fue declarado sin lugar por esta Sala, debido a que la Autoridad allí recurrida informó que se estaban tomando previsiones para construir un ramal de tubería desde el (Barrio) IMAS hasta la zona en que residían los recurrentes en aquel amparo, a fin de brindar agua a los vecinos de esa comunidad, aparte de que se iba a dejar una tubería prevista para conectarse una vez concluido el proyecto de la Planta Potabilizadora de Cañas, todo lo cual, se estimaba, ocurriría a finales de 2020. En este sentido, la sentencia N° 2020002927 de las 09:30 horas del 14 de febrero de 2020, en su parte considerativa, indicó lo siguiente: “…Considerando la situación de la construcción de la Carretera Interamericana ya la institución ha tomado previsiones para el diseño de un ramal que se pretende construir desde el último punto de la red en Barrio IMAS hasta aproximadamente la zona de los recurrentes… Se pretende instalar esta tubería y dejar todo previsto, pero no conectarla a la red pues en la actualidad aumentar el consumo del acueducto de Cañas implicaría un servicio desmejorado a los usuarios existentes en el centro de la ciudad. La eventual conexión se realizará cuando la planta potabilizadora haya sido puesta en operación y se haya eliminado el déficit en la producción de la ciudad… el proyecto de Construcción de la planta potabilizadora va a permitir satisfacer la demanda de todos los Cañeros en la actualidad y en décadas venideras. Ya se está en proceso de construcción y se estima que el proyecto va a quedar en operación para finales de 2020… momento en el cual será posible ampliar las coberturas de la red y autorizar la interconexión del ramal que podrá abastecer el caserío de los recurrentes…” No obstante, la oficina de Cañas del Instituto recurrido realizó la ceremonia de inauguración de la Planta Potabilizadora de Agua de Cañas el 24 de marzo de 2022, sin ejecutar las obras descritas en el amparo anterior. Por ello, los vecinos de la localidad continúan sufriendo en la actualidad por la falta de agua. Además, acusa la parte accionante que, cuando los amparados se apersonan a averiguar sobre el servicio de agua, las respuestas que reciben son: “No hay disponibilidad”, “No hay tuberías en esa zona” o “No hay proyectos que contemplen llevar el agua a esa zona todavía”. Reclama que, en consecuencia, el 25 de julio de 2023, aquellos le dirigieron un correo electrónico a la jefatura de Cañas, de Liberia y Contraloría de Servicios, a fin de reclamar el incumplimiento de lo que había quedado constando en el recurso de amparo anterior y, para esos efectos, citaron el memorando del AyA N° GSP-RCH-CA-2019-00444 (ver prueba que obra en el expediente), que las Autoridades de AyA presentaron declarando que las obras ya estaban en proceso. Sin embargo, la jefatura de Cañas alegó desconocer de cuál proyecto se estaba hablando y delegó el asunto a la Jefatura de Liberia y la Jefatura de Liberia y Contraloría de Servicios para cualquier respuesta adicional, pero éstas no se pronunciaron para nada del reclamo. Por lo tanto, la parte amparada reclama el incumplimiento de lo que dichas Autoridades alegaron en su respuesta al recurso de amparo que se tramitó en expediente N° 19-023202-0007-CO, porque, debido a él, todos los vecinos del Barrio Aserradero siguen sin acceso al agua potable, lo cual es un problema que están sufriendo y por el que han pedido una solución desde el año 2006.

2.- Informan bajo juramento María Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general, y Edgar Gerardo Chacón Villalobos, en su carácter de Jefatura Cantonal Cañas a. i., ambos del AyA, lo siguiente: “… En primer término, es de vital importancia considerar en la resolución de este asunto, que mediante informe GSP-RCHO-2023-03068 con fecha 28 de Noviembre del 2023, suscrito, por el Ing, Juan José Murillo Arias, indica se transcribe textualmente: ... 'Detalle de infraestructura de agua potable en uso y su correlación con el sector del Aserradero en Cañas. El nivel piezométrico de los tanques de AyA es de aproximadamente 103msnm. El sector, no cuenta con infraestructura de AyA, por lo que este sector no cuenta con capacidad hídrica. La ubicación de un eventual punto de interconexión en barrio IMAS de Cañas, en las coordenadas 10.414274°, -85.087178° se encuentra a lo sumo 11msnm por debajo del nivel piezométrico de los tanques de almacenamiento del sistema de agua potable de Cañas. En ese punto la presión reportada es de 20psi o su equivalente a 14mca. El nivel piezométrico del sector conocido como barrio el Aserradero, tiene alturas que a la entrada de la propiedad rondan entre 90msnm y 100msnm. Es decir, si se hace una extensión del ramal desde el ‘eventual punto de interconexión’ hacia barrio el Aserradero, con la diferencia de altura que existe entre el punto de interconexión hacia el punto más alto sobre el lindero de las propiedades con frente a carretera, en barrio el Aserradero, sería inferior a 10mca o en su equivalente 14Psi, aunado a ello, se le deben sumar las pérdidas de presión por fricción y consumo producto de los nuevos servicios. Por lo que la presión existente en barrio IMAS no es suficiente para extender el sistema... Existen propiedades que colindan con frente a calle pública, otras lo hacen a través de servidumbre de paso. Cabe indicar que el sector conocido como Aserradero Este, para poder ser abastecido, se debe cruzar carretera sobre ruta nacional N°1, la cual está construida en concreto con doble carril en ambos sentidos. Por lo tanto, se concluye que el sector, no cuenta con capacidad hidráulica para ser abastecido por el sistema de agua potable de Cañas, el cual funciona por gravedad.’ ... Como puede constatar esta honorable Sala Constitucional, conforme lo descrito en el informe GSP-RCHO-2023-03068 y confeccionado por el área de ingeniería el sector no cuenta con capacidad hidráulica para ser abastecido por el sistema de agua potable de Cañas y de conformidad con la normativa vigente, AyA en los sistemas que se encuentran dentro de su área de cobertura, debe garantizar el servicio hasta donde legalmente y técnicamente le sea factible, siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requerimientos que se han establecido para esos efectos, como lo es la existencia de condiciones de infraestructura, hídricas e hidráulicas suficientes, aspectos técnicos necesarios para la prestación del servicio público, así como el cumplimiento a cabalidad de los requisitos legales establecidos en la normativa vigente. Asimismo se presume que las viviendas ubicadas en los inmuebles de los recurrentes en la comunidad de Cañas, Guanacaste, se han desarrollado urbanísticamente sin contar con sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario administrado y operado legalmente por AyA o algún otro operador público (ASADA – Municipalidad), toda vez que son los mismos recurrentes los que históricamente y por voluntad propia han construido sus viviendas en un sector en el que no existe cobertura del sistema de agua potable y de alcantarillado sanitario, en apariencia al margen de la legalidad toda vez que según información que consta incluso en el expediente del amparo, las construcciones se realizaron a partir de abastecimiento a través de pozos artesanales, lo cual en apariencia fue avalado por el propio municipio en su momento. Ahora bien es necesario indicar que conforme el artículo 21 de la Ley Constitutiva de AyA N°2726, concordado con los artículos 38, 57 y 58 de la Ley de Planificación Urbana N°4240 y artículos 308, 309, 310, 311, 312 y 313 de la Ley General de Salud N°5395, constituye un requisito que las Municipalidades, INVU y demás entidades competentes, requieren de manera previa para la aprobación de los permisos de fraccionamiento y construcción correspondientes, siendo que su fin es determinar con anterioridad a la aprobación de un plano catastral o de construcción, la realidad existente en el momento histórico respectivo en cuanto a CAPACIDAD HÍDRICA, HIDRÁULICA, DE RECOLECCIÓN Y CONDICIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE OFRECEN LOS SISTEMAS DE AYA EN UNA ZONA DETERMINADA, ASÍ COMO VULNERABILIDAD QUE PUEDA COMPROMETER OTROS PROYECTOS ENTRE OTROS... Ahora bien, por así disponerlo el Principio de Legalidad, AyA debe ajustarse a la normativa reglamentaria que nos rige y a los principios generales de la ciencia y la técnica, de ahí que de conformidad con los aspectos mencionados, AyA en los sistemas que se encuentran dentro de su área de cobertura, garantiza el servicio hasta donde legalmente y técnicamente le sea factible, siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requerimientos que se han establecido para esos efectos, como lo es que existan condiciones de infraestructura, hídricas e hidráulicas suficientes, aspectos técnicos necesarios para la prestación del servicio público, así como el cumplimiento a cabalidad de los requisitos legales establecidos en la normativa que nos cobija, ya que precisamente una Disponibilidad de Servicios, corresponde a la existencia real y actual, no futura ni potencial, de las obras e infraestructura global necesaria y la capacidad hídrica de abastecimiento, para solventar las necesidades de servicios de una población determinada, asimismo como lo descrito en líneas anteriores en la actualidad, el sistema de Cañas cuenta con capacidad de extender a nuevos servicios siempre y cuando, el nivel piezométrico de los tanques sea superior en al menos 20msnm a la zona que se desea desarrollar y cuente con la infraestructura para instalar un nuevo servicio, por lo que la ubicación del sector como barrio el Aserradero, no se cuenta con capacidad hidráulica... Por otro lado conforme a los artículos 8, 9, 14 , y 36 del Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, publicado Diario Oficial La Gaceta Digital N°27, Alcance Nº29, martes 09 de febrero 2021, se fundamenta el actuar de mi representada. Al respecto, los ordinales citados disponen lo siguiente: Artículo 8- De los servicios. AyA prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro de la zona de cobertura, siempre que el área cuente con factibilidad técnica y legal. ‘Artículo 9- De las condiciones técnicas para la prestación de los servicios. Es obligación del prestador de los servicios de agua potable y saneamiento brindarlos dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o periodos de mantenimiento debidamente divulgados que afecten la zona de cobertura donde está localizada la propiedad… Artículo 14- De las condiciones para la prestación de los servicios. AyA prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica en inmuebles construidos o por edificar, dedicados a la residencia de personas, para actividades comerciales o industriales que cumplan con los requisitos y usos autorizados en este reglamento Los servicios de agua potable y de saneamiento los otorgará el AyA sobre calle o vía pública o sobre servidumbre de tubería y de paso inscrita a favor del AyA o inscrita a favor de terceros, según aplique de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de este reglamento. Lo anterior, siempre que existan redes del AyA en funcionamiento. Si la red pública no alcanza hasta el punto de conexión, el AyA en un plazo que no supere los 15 días propondrá al propietario o poseedor la construcción de una extensión de ramal u otros componentes del sistema hidráulico, en observancia de los requerimientos detallados por AyA en el artículo 39 de este reglamento mediante el estudio técnico respectivo … Artículo 36- De la emisión de la constancia de disponibilidad de servicios. Una vez recibidos a satisfacción los requisitos establecidos, AyA emitirá las constancias de disponibilidad de servicios, la cual no devengará ningún costo para el solicitante y será extendida dentro de un plazo máximo de hasta 15 días hábiles, tanto para casos individuales como para proyectos de desarrollos urbanísticos, industriales y comerciales. En dicha constancia se indicará como mínimo: fecha, número de consecutivo, número de folio real, dirección exacta de la propiedad, plano catastrado o de agrimensura, naturaleza del proyecto, cantidad de caudal asignado, número de servicios considerados, tipo de medición, criterio técnico, número de consecutivo, firma y sello. El criterio técnico que fundamenta la constancia deberá referirse cómo mínimo a las condiciones de capacidad hídrica e hidráulica que presentan los sistemas de acueducto, que por cobertura corresponden a la solicitud; asimismo, deberá contener la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y constructivas que rigen el quehacer inmobiliario y referir al sistema de saneamiento por utilizar y la posibilidad de optar por la exoneración para viviendas, de la construcción de la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales… En ese sentido, es menester recalcar que el derecho humano fundamental del acceso al agua potable constituye uno de los bienes jurídicos más sensibles a ser tutelados y garantizados, el cual se deriva del derecho a la vida y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para el cumplimiento de este fin, el Estado dispuso expresamente que AyA puede aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, en todo el territorio nacional, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de su ley constitutiva, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme lo indicado en la Ley de Aguas, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas a la ley... en referencia a la gestión realizada por los recurrentes a la Contraloría de Servicios de AyA, en fecha 25 de Julio 2023, N° de trámite 21872023, conforme al oficio No.GSP-RCHO-2023-03087, se evidencia la gestión de respuesta a los recurrentes por medio de la nota GSP-RCHO-2023-3085 y notificada al correo [email protected] en fecha del 29 de noviembre 2023. (Se adjunta evidencia de correo de notificación)…” Solicitan que se declare sin lugar el recurso planteado.

3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- DE PREVIO. En este caso, el reclamo de los recurrentes, en parte, obedece a la supuesta falta de respuesta a un correo electrónico del 25 de julio de 2023, todo lo cual, de ser cierto, podría configurar una lesión al derecho a gozar de una justicia administrativa pronta y cumplida. Por lo tanto, antes de analizar el fondo del presente asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido, debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo —instruido de oficio o a instancia de parte— como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Ahora bien, en este caso se plantea, justamente, un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión relacionada con el servicio de agua. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver ese extremo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que, con ocasión del trámite del recurso de amparo N° 19-023202-0007-CO, AyA informó que estaba tomando previsiones para construir un ramal de tubería desde el Barrio IMAS hasta la zona en que residían los recurrentes en aquel amparo, a fin de brindar agua a los vecinos de esa comunidad, aparte de que se iba a dejar una tubería prevista para conectarse, una vez concluido el proyecto de la Planta Potabilizadora de Cañas, todo lo cual, se estimaba, ocurriría a finales de 2020. En este sentido, la sentencia N° 2020002927 de las 09:30 horas del 14 de febrero de 2020, en su parte considerativa, indicó lo siguiente: “…Considerando la situación de la construcción de la Carretera Interamericana ya la institución ha tomado previsiones para el diseño de un ramal que se pretende construir desde el último punto de la red en Barrio IMAS hasta aproximadamente la zona de los recurrentes… Se pretende instalar esta tubería y dejar todo previsto, pero no conectarla a la red pues en la actualidad aumentar el consumo del acueducto de Cañas implicaría un servicio desmejorado a los usuarios existentes en el centro de la ciudad. La eventual conexión se realizará cuando la planta potabilizadora haya sido puesta en operación y se haya eliminado el déficit en la producción de la ciudad… el proyecto de Construcción de la planta potabilizadora va a permitir satisfacer la demanda de todos los Cañeros en la actualidad y en décadas venideras. Ya se está en proceso de construcción y se estima que el proyecto va a quedar en operación para finales de 2020… momento en el cual será posible ampliar las coberturas de la red y autorizar la interconexión del ramal que podrá abastecer el caserío de los recurrentes…” No obstante, se acusa que la oficina de Cañas del AyA realizó la ceremonia de inauguración de la Planta Potabilizadora de Agua de Cañas el 24 de marzo de 2022, sin ejecutar las obras descritas. or lo tanto, la parte amparada reclama el incumplimiento de lo que dichas Autoridades alegaron en su respuesta al recurso de amparo que se tramitó en expediente N° 19-023202-0007-CO, porque, debido a él, todos los vecinos del Barrio Aserradero siguen sin acceso al agua potable.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)Los amparados son vecinos de un caserío comprendido entre Barrio Imas y Javilla de Cañas, no cuentan con abastecimiento de agua potable y se abastecen de pozos artesanales. Las respectivas construcciones cuentan con permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de Cañas, debido que, cuando fueron edificadas, los propietarios indicaron que sus propiedades contaban con tales pozos (véase la sentencia Nº 2020002927 de las 09:30 horas del 14 de febrero de 2020 y el oficio GSP-RCHO-2023-03085 del 29 de noviembre de 2023).
  • b)En sentencia Nº 2020002927 de las 09:30 horas del 14 de febrero de 2020, se declaró sin lugar un recurso de amparo incoado por personas de ese caserío, indicando lo siguiente: “Del cuadro fáctico descrito, esta Sala considera que no se han lesionado los derechos fundamentales de los habitantes del caserío comprendido -entre Barrio Imas y Javilla de Cañas-, por la falta de abastecimiento del servicio de agua potable por parte de AYA. Nótese que si bien es cierto, los habitantes del lugar, cuentan con los permisos de construcción de la municipalidad, los mismos fueron autorizados, por cuanto en su momento, los pobladores, manifestaron que se abastecían de pozos del lugar. Ahora bien, no menos cierto resulta, que actualmente no cuentan con constancias de disponibilidad de Servicios de agua, lo cual, constituye un requisito indispensable que establece la normativa vigente, para el otorgamiento del servicio de agua potable. En este sentido, la falta de un sistema de infraestructura en ese lugar no puede ser atribuible al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya que esas comunidades se construyeron al margen de la normativa vigente. Por otra parte, se ha tenido como demostrado que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, debido a la construcción de la Carretera Interamericana, ha tomado previsiones para el diseño de un ramal que se pretende construir desde el último punto de la red en Barrio IMAS hasta aproximadamente la zona de los recurrentes, no obstante; se pretende instalar esta tubería y dejar todo previsto, pero no conectarla a la red pues en la actualidad aumentar el consumo del acueducto de Cañas implicaría un servicio desmejorado a los usuarios existentes en el centro de la ciudad. La eventual conexión se realizará cuando la planta potabilizadora haya sido puesta en operación y se haya eliminado el déficit en la producción de la ciudad. Estima además, la autoridad recurrda, que el proyecto de Construcción de la planta potabilizadora va a permitir satisfacer la demanda de todos los Cañeros en la actualidad y en décadas venideras. Argumentan, que ya se está en proceso de construcción y se estima que el proyecto va a quedar en operación para finales de 2020, momento en el cual será posible ampliar las coberturas de la red y autorizar la interconexión del ramal que podrá abastecer el caserío de los recurrentes. En mérito de lo expuesto, el recurso se debe declara (sic) sin lugar como en efecto se dispone”.
  • c)El 25 de julio de 2023, los amparados le dirigieron un correo electrónico a la jefatura de Cañas, de Liberia y Contraloría de Servicios, a fin de reclamar el "incumplimiento" de lo que había quedado constando en el recurso de amparo anterior y, para esos efectos, citaron el memorando del AyA N° GSP-RCH-CA-2019-00444 (ver prueba que obra en el expediente), que las Autoridades de AyA presentaron declarando que las obras ya estaban en proceso (hecho no controvertido).
  • d)Por resolución de las 11:21 horas del 23 de noviembre de 2023, se le dio curso a este amparo.
  • e)Dicha resolución fue notificada al gerente general de AyA en fecha 23 de noviembre de 2023 (ver acta de notificación incorporada al expediente digital).
  • f)En informe GSP-RCHO-2023-3068 de fecha 28 de noviembre de 2023, en relación con la infraestructura de agua potable en uso y su correlación con el sector del Aserradero en Cañas, se indicó lo siguiente: “... El nivel piezométrico de los tanques de AyA es de aproximadamente 103msnm. El sector, no cuenta con infraestructura de AyA, por lo que este sector no cuenta con capacidad hídrica. La ubicación de un eventual punto de interconexión en barrio IMAS de Cañas, en las coordenadas 10.414274°, -85.087178° se encuentra a lo sumo 11msnm por debajo del nivel piezométrico de los tanques de almacenamiento del sistema de agua potable de Cañas. En ese punto la presión reportada es de 20psi o su equivalente a 14mca. El nivel piezométrico del sector conocido como barrio el Aserradero, tiene alturas que a la entrada de la propiedad rondan entre 90msnm y 100msnm. Es decir, si se hace una extensión del ramal desde el 'eventual punto de interconexión' hacia barrio el Aserradero, con la diferencia de altura que existe entre el punto de interconexión hacia el punto más alto sobre el lindero de las propiedades con frente a carretera, en barrio el Aserradero, sería inferior a 10mca o en su equivalente 14Psi, aunado a ello, se le deben sumar las pérdidas de presión por fricción y consumo producto de los nuevos servicios. Por lo que la presión existente en barrio Imas no es suficiente para extender el sistema... Existen propiedades que colindan con frente a calle pública, otras lo hacen a través de servidumbre de paso. Cabe indicar que el sector conocido como Aserradero Este, para poder ser abastecido, se debe cruzar carretera sobre ruta nacional N°1, la cual está construida en concreto con doble carril en ambos sentidos. Por lo tanto, se concluye que el sector, no cuenta con capacidad hidráulica para ser abastecido por el sistema de agua potable de Cañas, el cual funciona por gravedad. 3- Detalle de Capacidad Hídrica actual y su correlación con el sector del Aserradero en Cañas. En la actualidad, el sistema de Cañas cuenta con capacidad de extender a nuevos servicios siempre y cuando, el nivel piezométrico de los tanques sea superior en al menos 20msnm a la zona que se desea desarrollar y/o cuente con la infraestructura para instalar un nuevo servicio. CONCLUSION El sector conocido como B°. El Aserradero, no cuenta con capacidad hidráulica para ser abastecido por el sistema de abastecimiento de agua potable de Cañas, el cual funciona por gravedad”. (véanse el informe de las Autoridades de AyA y el oficio GSP-RCHO-2023-03068 del 28 de noviembre de 2023).
  • g)La gestión realizada por los recurrentes ante la Contraloría de Servicios de AyA, en fecha 25 de julio 2023, N° de trámite 21872023, fue respondida por medio de la nota GSP-RCHO-2023-3085 y notificada al correo [email protected] en fecha del 29 de noviembre de 2023 (informe y prueba que obra en el expediente) h) El respectivo oficio GSP-RCHO-2023-03085 de 29 de noviembre de 2023, indicaba lo siguiente: “...Me permito dar respuesta formal a su gestión REP.CS Nº 2187 2023, realizada a través de la Contraloría de Servicios de AyA en fecha 25/07/2023.Considerando todos los alegatos esbozados en la gestión que nos ocupa, hemos procedido a verificar las condiciones técnicas actuales del sistema de Cañas, para lo cual se tiene el informe de Ingeniería Regional GSP-RCHO-2023-3068 de fecha 28/11/2023, en el cual se determina lo siguiente:... Detalle de infraestructura de agua potable en uso y su correlación con el sctor del Aserradero en Cañas. El nivel piezométrico de los tanques de AyA es de aproximadamente 103msnm. El sector, no cuenta con infraestructura de AyA, por lo que este sector no cuenta con capacidad hídrica. La ubicación de un eventual punto de interconexión en barrio IMAS de Cañas, en las coordenadas 10.414274°, -85.087178° se encuentra a lo sumo 11msnm por debajo del nivel piezométrico de los tanques de almacenamiento del sistema de agua potable de Cañas. En ese punto la presión reportada es de 20psi o su equivalente a 14mca. El nivel piezométrico del sector conocido como barrio el Aserradero, tiene alturas que a la entrada de la propiedad rondan entre 90msnm y 100msnm. Es decir, si se hace una extensión del ramal desde el 'eventual punto de interconexión' hacia barrio el Aserradero, con la diferencia de altura que existe entre el punto de interconexión hacia el punto más alto sobre el lindero de las propiedades con frente a cerretera, en barrio el Aserradero, sería inferior a 10mca o en su equivalente 14Psi, aunado a ello, se le deben sumar las pérdidas de presión por fricción y consumo producto de los nuevos servicios. Por lo que la presión existente en barrio IMAS no es suficiente para extender el sistema... Existen propiedades que colindan con frente a calle pública, otras lo hacen a través de servidumbre de paso. Cabe indicar que el sector conocido como Aserradero Este, para poder ser abastecido, se debe cruzar carretera sobre ruta nacional N°1, la cual está construida en concreto con doble carril en ambos sentidos. Por lo tanto, se concluye que el sector, no cuenta con capacidad hidráulica para ser abastecido por el sistema de agua potable de Cañas, el cual funciona por gravedad. Detalle de Capacidad Hídrica actual y su correlación con el sector del Aserradero en Cañas. En la actualidad, el sistema de Cañas cuenta con capacidad de extender a nuevos servicios siempre y cuando, el nivel piezométrico de los tanques sea superior en al menos 20msnm a la zona que se desea desarrollar y/o cuente con la infraestructura para instalar un nuevo servicio. Conclusión del área técnica. El sector conocido como barrio El Aserradero, no cuenta con capacidad hidráulica para ser abastecido por el sistema de abastecimiento de agua potable de Cañas, el cual funciona por gravedad. Por Tanto: A la luz de los hechos investigados y la realidad técnica actual se concluye lo siguiente:a- Existen viviendas construidas y habitadas que no cuentan con certificaciones de disponibilidad positiva ni servicios de agua potable aprobados, por lo que en apariencia nos encontramos ante un desarrollo inmobiliario que ha surgido al margen de la legalidad, valiéndose de pozos artesanales y lo cual en apariencia fue avalado en su momento por el propio municipio (años atrás) para algunas propiedades, en apariencia no para todas. b- Según información verificada por el departamento de ingeniería regional de AyA, se comprueba que posterior a la construcción de la carretera interamericana si han quedado puntos desde los cuales se podrían previstar eventuales interconexiones de tuberías. c- Así mismo, con la entrada en operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Sandillal, se cuenta con capacidad hídrica para el abastecimiento de servicios en el sector de Barrio El Aserradero de Cañas. d- No obstante, teniendo en cuenta la ubicación del sector conocido como Barrio El Aserradero, no se cuenta con capacidad hidráulica para ser abastecido por el sistema de agua potable de Cañas, el cual funciona por gravedad. Lo anterior por cuanto, tal y como se desarrolló desde el punto de vista técnico, el nivel piezométrico del sector conocido como barrio el Aserradero, tiene alturas que a la entrada de la propiedad rondan entre 90msnm y 100msnm. Es decir, si se hace una extensión del ramal desde el 'eventual punto de interconexión' hacia barrio el Aserradero, con la diferencia de altura que existe entre el punto de interconexión hacia el punto más alto sobre el lindero de las propiedades con frente a carretera, en barrio el Aserradero, sería inferior a 10mca o en su equivalente 14Psi, aunado a ello, se le deben sumar las pérdidas de presión por fricción y consumo producto de los nuevos servicios. Por lo que la presión existente en barrio IMAS no es suficiente para extender el sistema. e- Es decir, aún y cuando se autorizara la construcción e interconexión de una extensión de ramal, las presiones no serían suficientes para hacer llegar el agua hasta el sector conocido como El Aserradero de Cañas. De ahí que la denegatoria del servicio dista de ser arbitraria o ilegítima, sino que obedece a puntuales problemas de carácter hidráulico plenamente identificados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Nótese que existe imposibilidad material para brindar el servicio desde el punto de vista hidráulico donde lo desea los solicitantes, ya que existen problemas para hacer llegar el agua al punto de abastecimiento. f- El resumen técnico de lo antes expuesto es el siguiente; - Se cuenta con Capacidad Hídrica. Esto se ha logrado con la entrada en operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Sandillal. - No se cuenta con Capacidad Hidráulica. Lo anterior por cuanto, como ya se dijo, aún y cuando existe capacidad hídrica en la zona, las presiones no son suficientes para hacer llegar el agua de manera adecuada hasta el punto de interconexión por cuanto la diferencia de altura entre los tanques de almacenamientode AyA y el punto de interconexión no supera los 20 msnm. Lo anterior teniendo en cuenta que el sistema funciona por gravedad. - En virtud de lo anterior, no se recomienda la construcción de extensión de ramal. Recomendaciones En acatamiento al principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, como funcionarios públicos, estamos en el deber de observar dicho principio, y debemos sujetarnos a las leyes y reglamentos establecidos por las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento para la Prestación de Servicios del AyA. Por lo que al respecto debe considerarse que el establecimiento de regulaciones asociadas a los servicios públicos, no son casuales, arbitrarias ni antojadizas, sino que responden al principio de legalidad, es por ello que las regulaciones no solo por el AyA, sino además por el ente regulador del servicio (ARESEP), otras normas y leyes aplicables, demuestra y queda abundantemente acreditado en este escrito la ausencia de requisitos técnicos (capacidad hidráulica) para que el operador otorgue el servicio en el sector conocido como Barrio el Aserradero de Cañas”. (véanse el informe de las Autoridades de AyA y el oficio respectivo).

IV.- SOBRE EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE. Visto el escrito de interposición de este recurso, se le hace ver a la parte recurrente que, si bien es cierto, según este Tribunal ha reconocido, existe un derecho fundamental al agua potable, también lo es que su ejercicio no es indiscriminado. Consecuentemente, la postura de la Sala, en lo referente a la instalación en sí del respectivo servicio, es que los entes que lo prestan no tienen obligación de brindarlo en cualesquiera condiciones y oportunidad. Por el contrario, el AyA, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados y las municipalidades que también suministran agua, pueden rechazar válidamente cualquier solicitud para la instalación correspondiente, si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. De esta forma, en sentencia N° 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, este Tribunal resolvió lo siguiente:

“Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos —sea sujeto público o sujeto privado— está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales...” Asimismo, en el pronunciamiento N° 2012-005722 de las 09:05 horas del 4 de mayo de 2012, esta Sala dispuso lo siguiente:

“... Del informe rendido bajo la fe de juramento y de los elementos probatorios en autos, no se verifica una actuación ilegítima por parte de los representantes de las la Municipalidad de La Unión. Lo anterior, por cuanto al amparado no se le ha negado injustificadamente la conexión del servicio de agua potable como lo alega en el escrito de interposición del presente asunto-, sino que se le ha exigido el cumplimiento de los requisitos establecidos para proceder con la instalación de dicho servicio, en atención a lo dispuesto en la normativa reglamentaria vigente. Desde esta perspectiva, no observa este Tribunal una actuación u omisión arbitraria por parte de las autoridades accionadas en perjuicio de los derechos constitucionales del tutelado, ya que, según se indicó, el hecho de que se le exija el cumplimiento de una serie de requisitos para instalarle el servicio de agua potable entre ellos el permiso de construcción para su vivienda-, no constituye per se una violación o amenaza de lesión a los derechos constitucionalmente protegidos. Finalmente, debe considerarse que a esta Jurisdicción no le corresponde determinar si el amparado cumplen o no, los requisitos dispuestos para acceder al servicio de agua potable, ya que ello es un extremo de mera legalidad que debe ser valorado en las vías correspondientes.´(el subrayado no corresponde al original) De hecho, como acertadamente apunta la propia autoridad recurrida, recientemente, en el amparo que se tramitó en el expediente número 11-015882-007-CO, esta Sala se pronunció respecto del caso de una vecina de los recurrentes, quien planteaba una situación análoga a la que motiva el presente amparo (sea, que habría construido su casa de habitación sobre la mencionada servidumbre de tubería, en Llanos de Santa Lucía, y se le denegó la instalación de la paja de agua por no cumplir los respectivos requisitos). En tal ocasión, esta Sala resolvió:

' («) De otra parte, debe de tomarse en consideración que, según aseveró la autoridad recurrida, el servicio de agua potable en cuestión no puede ser brindado, actualmente, a la interesada, en virtud que no cumple, a cabalidad, con los requisitos exigidos al efecto (ver informe aportado a los autos). Bajo dicha inteligencia, esta Sala no estima vulnerados, de modo alguno, los derechos fundamentales de la recurrente, ya que, se tuvo, plenamente, por demostrado que la actuación de la Municipalidad de Paraíso no fue arbitraria ni infundada sino que, por el contrario, se ajustó al bloque de legalidad (sentencia número 2011017874 de las 9:05 horas del 23 de diciembre de 2011) Consideraciones que son aplicables al caso en estudio. Por ende, el eventual conflicto que pueda plantearse, sobre el debido cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa que rige la materia, para el otorgamiento del servicio público de suministro de agua potable u otros servicios públicos, deberá plantearse ante la propia autoridad recurrida o en la jurisdicción ordinaria correspondiente. De allí que procede desestimar el amparo en estudio, como así se dispone”. (El resaltado y subrayado no es del original).

En este sentido, se hace énfasis en que la verificación del cumplimiento de requisitos legales o técnicos para obtener el servicio de agua es una labor que le corresponde a las autoridades administrativas competentes, sin que esta Sala pueda incursionar en la materia, porque se trata de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su ámbito de acción.

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, según indican las Autoridades recurridas y se menciona en los oficios GSP-RCHO-2023-3068 de fecha 28 de noviembre de 2023 y GSP-RCHO-2023-03085 del 29 de noviembre de 2023, que le dio respuesta a la gestión de la parte amparada, el sector de barrio IMAS y Barrio Aserradero Este no cuenta con capacidad hidráulica para ser abastecido por el sistema de agua potable de Cañas, porque éste funciona por gravedad. En este sentido, en un caso análogo, la Sala declaró lo siguiente:

“Después de analizar los elementos probatorios aportados y el informe rendido por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se descarta la vulneración de los derechos fundamentales del amparado. Al respecto tenemos que, el amparado es vecino de la comunidad de Puerto Viejo en Limón y según consta el 22 de abril de 2020, el recurrente presentó una solicitud de Disponibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario ante la Dirección Regional Huetar Atlántica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Ahora bien, según indicó el accionado, la Unidad de Desarrollo Físico del ICAA, mediante estudio elaborado por que la capacidad de producción de la planta potabilizadora de Sand Box, estableció que está totalmente comprometida con la demanda actual, por tanto, se recomendó no emitir disponibilidad de servicios hasta que no se ejecute un proyecto que permita disminuir los índices de Agua No Contabilizada o que aumente la producción. Debido a lo expuesto, la Dirección Regional Huetar Atlántica del ICAA, por oficio N° SIGDD-2020-0026470-1-1-1, del día 14 de mayo del 2020, determinó que la propiedad del recurrente se encuentra fuera del área de cobertura del HC-A-01 Acueducto Integrado Hone Creek – Puerto Viejo y del Proyecto Limón Sur, por lo que no existe capacidad hidráulica, y en consecuencia, se denegó su gestión. Según se determinó, la construcción de una nueva planta potabilizadora obedece a la ampliación de cobertura al sector sur, que no incluye a las comunidades de Hone Creek y Puerto Viejo. Una vez incorporados todos los servicios en el acueducto de Limón Sur, se procederá a realizar el balance hídrico y se conocerán las condiciones de operación que, de resultar positivas, reactivarán la solicitud; sin embargo, aún no se han realizado ampliaciones de tubería para las comunidades de Hone Creek, Puerto Viejo y Cahuita. Como consecuencia, mediante menorando No. GSP-RA-2020-01802 del 31 de julio de 2020, el ICAA ratificó que no existe una tubería principal para conectar el servicio frente a la propiedad del amparado, siendo que la más cercana se encuentra a 160 metros, por lo que la negativa a la no disponibilidad dada al recurrente, obedece a aspectos técnicos.

Desde este panorama, se procede a declarar sin lugar el recurso. En primer lugar, se observa con total claridad que la gestión del recurrente fue oportunamente resuelta de forma negativa en el mes de mayo de 2020, como bien lo indica el accionante. Por otra parte, se le debe indicar al recurrente que el carácter de derecho fundamental al agua potable no implica un acceso irrestricto a dicho servicio público, por cuanto pueden presentarse imposibilidades técnicas o incumplimiento de requisitos infraconstitucionales -como en su caso-, con base en los cuales la Administración, válidamente, puede denegar el servicio. Su inconformidad con lo resuelto en su caso, debe plantearla ante las autoridades accionadas. En este caso, tenemos una gestión de disponibilidad de agua presentada y resuelta antes de la interposición de este recurso, la inconformidad con la negativa en disputa, es propia de plantearse ante las instancias accionadas, máxime que se fundamenta en criterios técnicos. Debido a lo expuesto, el recurso debe ser desestimados...” (Sentencia N° 2020016106 de las 09:20 horas del 28 de agosto de 2020).

Por consiguiente, dado que la denegatoria se produce por razones objetivas, no le compete a esta Sala revisar si lo resuelto por AyA se ajusta o no a los hechos y a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional, ya que esta Sala no advierte ninguna violación directa a un derecho fundamental y no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración.

Por lo demás, en lo referente a la alegada falta de respuesta a la gestión del 25 de julio de 2023, la Sala observa, en primer lugar, que en vista de que las Autoridades recurridas omitieron indicar en el informe rendido bajo juramento si el correo al que la parte amparada dirigió la gestión del 25 de julio de 2023 se encuentra previsto como mecanismo oficial de comunicación con AyA, se tiene por cierto este hecho. Definido esto, en segundo lugar, del elenco de hechos probados se colige que dicha gestión fue respondida por medio de la nota GSP-RCHO-2023-3085 y notificada al correo [email protected] en fecha del 29 de noviembre de 2023, sea, después de notificada la resolución de curso en este amparo. Lo anterior implica un retardo desproporcionado en la resolución a la gestión de marras, que no fue respondida sino con ocasión del curso del amparo. Por ello, procede declarar parcialmente con lugar el recurso, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente por esa tardanza.

VI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

IX.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS SOBRE LA GESTIÓN DEL 25 DE JULIO DE 2023. Con el respeto acostumbrado, salvo del voto en lo que se refiere a lo resuelto por la Sala respecto de este extremo. En ese sentido, tal como lo dice la mayoría, en vista de que las Autoridades recurridas omitieron indicar en el informe rendido bajo juramento si el correo al que la parte amparada dirigió la gestión del 25 de julio de 2023 se encuentra previsto como mecanismo oficial de comunicación con AyA, por lo que se tiene por cierto este hecho. Sin embargo, difiero de lo resuelto porque claramente se advierte que la parte accionante no invoca en ningún momento una violación de los artículos 27 y 41 constitucionales. Definido esto, la Ley de la Jurisdicción Constitucional parte del principio dispositivo (artículo 8º), según el cual este Tribunal no interviene oficiosamente, sino a petición de parte (véase las sentencias N° 2004-10021 de las 08:47 horas del 10 de setiembre de 2004, N° 017810-2006 de las 15:32 horas del 12 de diciembre de 2006, Nº 2007-001147 de las 14:31 horas del 31 de enero de 2007, 2007-001610 de las 09:22 horas del 9 de febrero de 2007, N° 2007-001701 de las 14:34 horas del 13 de febrero de 2007, N° 2007-003233 de las 11:35 horas del 9 de marzo de 2007, N° 2007-003266 de las 12:08 horas del 9 de marzo de 2007, Nº 2013005543 de las 14:30 horas del 23 de abril de 2012, Nº 2021018726 de las 09:15 horas del 20 de agosto de 2021, Nº 2021023558 de las 09:30 horas del 19 de octubre de 2021, Nº 2022003709 de las 09:30 horas del 11 de febrero de 2022 y Nº 2022020815 de las 09:30 horas del 6 de setiembre de 2022). Por esta razón, dado que de la lectura del libelo de interposición del recurso se desprende, con toda claridad, que la pretensión de la parte recurrente únicamente consiste en reclamar el supuesto incumplimiento de lo que dichas Autoridades alegaron en su respuesta al recurso de amparo que se tramitó en expediente N° 19-023202-0007-CO (al juzgar que, debido a él, todos los vecinos del Barrio Aserradero seguían sin acceso al agua potable), no procede emitir pronunciamiento sobre una supuesta falta de respuesta a la gestión del 25 de julio de 2023, siendo que, en todo caso, se informa que ésta sí fue respondida por medio de la nota GSP-RCHO-2023-3085 y notificada al correo [email protected] en fecha del 29 de noviembre de 2023. Pero esto último no es motivo para declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria, porque no es este el objeto del mismo.

X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Por mayoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara parcialmente CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva el voto y declara sin lugar el recurso en todos sus extremos. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 52
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