Res. 12950-2024 Sala Constitucional — Inadmissibility of amparo for delay in environmental proceeding

OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The amparo writ was denied because the delay in an environmental proceeding is a matter of legality that must be claimed before the contentious-administrative jurisdiction, and the accused party lacks standing to challenge in defense of the environment.El recurso de amparo se declara sin lugar porque la dilación en un procedimiento ambiental es una cuestión de legalidad que debe reclamarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y la parte denunciada carece de legitimación para impugnar en defensa del ambiente.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber dismissed an amparo writ filed by a company accused before the Environmental Administrative Tribunal (TAA) for alleged environmental damage in the Quebrada Gata. The petitioner argued that the delay of over three years in resolving the sanctioning procedure violated the right to prompt justice. The Chamber rejected the amparo, establishing a change in criteria: verifying compliance with deadlines in administrative procedures is a matter of mere legality, not fundamental rights, and must therefore be litigated in the contentious-administrative jurisdiction (Law No. 8508). It clarifies that the environmental amparo under Article 105 of the Biodiversity Law is reserved for the defense of the environment, not the interests of the accused. The dissenting opinion of Justice Cruz Castro defends the Chamber’s competence to protect the right to prompt and complete administrative justice enshrined in Article 41 of the Constitution.La Sala Constitucional declara sin lugar un recurso de amparo interpuesto por una empresa denunciada ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) por supuesto daño ambiental en la Quebrada Gata. El recurrente alegó que la dilación de más de tres años en resolver el procedimiento sancionatorio vulneraba el derecho a una justicia pronta. La Sala rechaza el amparo estableciendo un cambio de criterio: la verificación del cumplimiento de plazos en procedimientos administrativos es una cuestión de mera legalidad, no de derechos fundamentales, por lo que debe ventilarse en la jurisdicción contencioso-administrativa (Ley N° 8508). Aclara que el amparo ambiental del artículo 105 de la Ley de Biodiversidad está reservado para la defensa del ambiente, no de los intereses del denunciado. El voto salvado del magistrado Cruz Castro defiende la competencia de la Sala para tutelar el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida del artículo 41 constitucional.

Key excerptExtracto clave

III.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A SWIFT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIAL LEGAL POSITIONS OF INDIVIDUALS. Since its creation, the Constitutional Chamber has used broad admissibility criteria given the lack of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal positions rooted in sub-constitutional law or the legality parameter, which are indirectly connected to fundamental rights and Constitutional Law. [...] In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is an appropriate channel, due to its new characteristics of simplicity, swiftness, and promptness, for the effective protection of substantial legal positions of individuals where evidence must be gathered or ordinary legality issues must be defined. IV.- VERIFICATION OF DEADLINES SET BY LAW FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES: A CLEAR MATTER OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies with the deadlines set by the General Public Administration Law (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at the request of a party—or to rule on available administrative appeals, is a clear matter of ordinary legality that, henceforth, may be litigated and resolved before the contentious-administrative jurisdiction [...]. Consequently, the immediate rejection of the writ is required, and the petitioner must be informed that they may resort to the contentious-administrative jurisdiction if they so wish.III.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, de su creación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. [...] En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria. IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo – incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa [...]. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la parte gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

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"Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales [...] es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa."

"It is evident that determining whether the public administration complies with the deadlines set by the General Public Administration Law (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures [...] is a clear matter of ordinary legality that, henceforth, may be litigated and resolved before the contentious-administrative jurisdiction."

Considerando IV

"Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales [...] es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa."

Considerando IV

"En este caso, la parte amparada es la parte denunciada ante el Tribunal Ambiental, y el aquí recurrente no plantea el presente proceso a favor del ambiente [...], sino a favor de los intereses de su representada, motivo por el cual el presente recurso resulta improcedente."

"In this case, the protected party is the party accused before the Environmental Tribunal, and the petitioner does not file this proceeding in favor of the environment [...], but rather in favor of the interests of its represented party, which is why this writ is inadmissible."

Considerando II

"En este caso, la parte amparada es la parte denunciada ante el Tribunal Ambiental, y el aquí recurrente no plantea el presente proceso a favor del ambiente [...], sino a favor de los intereses de su representada, motivo por el cual el presente recurso resulta improcedente."

Considerando II

"La nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados."

"The new contentious-administrative jurisdiction is an appropriate channel, due to its new characteristics of simplicity, swiftness, and promptness, for the effective protection of substantial legal situations of individuals."

Considerando III

"La nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados."

Considerando III

"Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental."

"Although in the past I have upheld the majority opinion of the Chamber, upon a better weighing of the fundamental rights claimed, I believe that administrative delay constitutes a violation of a fundamental procedural guarantee."

Voto salvado del magistrado Cruz Castro

"Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental."

Voto salvado del magistrado Cruz Castro

Full documentDocumento completo

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at twelve hours and forty-six minutes on the tenth of May, two thousand twenty-four.

Recurso de amparo processed in expediente number 24-008998-0007-CO, filed by DOUGLAS ALVARADO CASTRO, identity card [Value 001] on behalf of [Name 002], legal ID [Value 002] and [Name 003], identity card [Value 003], against the ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL.

Resultando:

1By a writing filed with the Secretariat of the Chamber and added to the expediente at 20:20 hours on April 7, 2024, the petitioner files a recurso de amparo against the ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL. He states, in summary, that Procedure No. 245-20-02-TAA is being conducted before the Administrative Environmental Tribunal against his represented parties, in which, in summary, they are accused of having built a fifteen-meter-long culvert over a section of the "Quebrada Gata". He adds that by resolution No. 8994-2021-TAA of August 6, 2021, the administrative sanctioning procedure was initiated, the respective notice of charges was issued, and an oral and public hearing was scheduled for October 5, 2023, that is, more than two years after the notice of charges. He notes that on October 15, 2021, he filed a recurso de revocatoria, which is pending resolution. He adds that on December 21, 2022, a writing was submitted requesting the early termination, archiving, and dismissal of the procedure, for which evidence favorable to the applicants—an expert report—was attached.He states that said writing has not been resolved to date. He reports that on September 25, 2023, the Administrative Environmental Tribunal ordered the suspension of the scheduled hearing, without rescheduling it for any date, on the argument that the pending petitions must first be resolved. He alleges that as of the date of filing the recurso, two years and eight months had passed since the administrative sanctioning process began and six months since the hearing was suspended, and neither had the indicated writings been resolved nor the corresponding hearing rescheduled. He considers that the above violates the fundamental rights of the applicants. He requests that the recurso be granted and that the Administrative Environmental Tribunal be ordered to carry out all necessary proceedings to resolve this matter promptly.
2By a resolution at 19:34 hours on April 12, 2024, the present recurso was processed.
3Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as President of the Administrative Environmental Tribunal, reports under oath that through official communication DA-UHTPCQSR-0434-2020 dated September 5, 2020, the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía filed a complaint against the company Calcesa S.R.L. for the alleged environmental impact resulting from the construction of a work in a watercourse (cauce). She states that by Official Communication TAA-DT-004-2021, dated January 12, 2021, the Technical Department of the Administrative Environmental Tribunal conducted the technical analysis of the complaint. She recalls that by resolution No. 994-2021-TAA at 10:20 hours on August 6, 2021, the opening of the ordinary administrative procedure was ordered and an oral and public hearing was scheduled for 8:30 hours on October 5, 2023. She mentions that on December 21, 2022, a writing was received from Douglas Alvarado Castro in his capacity as Special Attorney-in-Fact of the company [Name 002] and of [Name 004] requesting the early termination, archiving, and dismissal.She argues that on October 14, 2021, a writing was received from Douglas Alvarado Castro in said capacity, in which he appeared in the procedure and indicated a means for receiving notifications. She affirms that on October 15, 2021, Mr. Douglas Alvarado Castro, in said capacity, filed a recurso de revocatoria against resolution No. 994-2021-TAA. She indicates that on December 21, 2022, Douglas Alvarado Castro in the stated capacity requested the early termination, archiving, and dismissal. She relates that by Official Communication TAA-DT-103-2023 of April 19, 2023, the Technical Department of the Administrative Environmental Tribunal indicated "(...) upon proceeding with the inclusion of expediente 245-20-02TAA in the Geographic Information Database of the Administrative Environmental Tribunal, apparent inconsistencies were found regarding the property where the alleged events occurred (...)".She maintains that by resolution No. 1342-2023-TAA at 14:30 hours on September 25, 2023, it was agreed to suspend the hearing scheduled for October 5, 2023, and to reschedule it at the appropriate procedural moment, once the proceedings presented by the defense had been addressed. She clarifies that the Administrative Environmental Tribunal has undertaken actions aimed at concluding the process; however, MSc. Alexandra González Arguedas, Proprietary Judge and Case Processor for the present expediente, submitted her resignation from the position of Proprietary Judge effective April 11, 2024. She confirms that by a writing dated January 11, 2024, Substitute Judge, Licda. Elizabeth Araya Jiménez submitted her resignation as Substitute Judge of the Administrative Environmental Tribunal, effective that same date, and Substitute Judge, Licda. Carla Vanessa Agüero Zeledón, submitted her irrevocable resignation as Substitute Judge of the Administrative Environmental Tribunal, effective that same date, January 16, 2024.She adds that, at the time, Substitute Judge, Licda. Maricela Rodríguez Porras, had also resigned, without the Consejo Nacional Ambiental having appointed someone to fill her position as Substitute Judge. She stresses that the lack of integration of the Administrative Environmental Tribunal, due to the absence of appointment of a Titular Judge and the three Substitute Judges, has already been brought to the attention of the Minister, in his capacity as Executive Secretary of the Consejo Nacional Ambiental, the competent body for the appointment of the Judges of the Administrative Environmental Tribunal. She explains that, due to the above, it is not possible to address the writings pending response in this expediente, nor any substantive resolution, as this Collegiate Body is not integrated, constituting a material impossibility, and it will therefore not be possible to continue addressing the pending petitions until they are notified by the Consejo Nacional Ambiental of the appointment of the Titular Judge and the Substitute Judges. She says that from that point on, the processing of the expediente will continue immediately, communicating to the parties, by resolution, whatever is legally appropriate.
4The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.

The Magistrate Salazar Alvarado drafts; and,

Considerando:

I.Object of the recurso. The petitioner claims that on October 28, 2020, a complaint was filed against the applicants for environmental damage before the Administrative Environmental Tribunal. He complains that since then, more than three years have passed without a resolution of the case having been issued to date. He considers the fundamental rights of the protected party to be harmed.

II.On the specific case. In the matter before us, the Chamber has taken as proven that on October 28, 2020, the Head of the Tárcoles - Central Pacific Hydrological Unit of the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal against Calcesa S.R.L., which is the company protected herein, for the alleged environmental impact resulting from the construction of a culvert crossing in the watercourse (cauce) of the "Quebrada Gata". In this regard, it is held that as a matter of principle, the alleged delay would constitute a violation of Article 41 of the Political Constitution; however, it does not fall within the established exceptions in this constitutional venue concerning swift and complete justice. Note that Article 105 of the Biodiversity Law, No. 7788, of April 30, 1998, provides that: "Any person shall be entitled to take action in administrative or judicial venues in defense and protection of biodiversity".

In this case, the protected party is the party reported before the Environmental Tribunal, and the petitioner herein does not bring the present process in favor of the environment and/or biodiversity for the purpose of conserving the sustainable use of natural resources, but rather in favor of the interests of his represented party, for which reason the present recurso is improper, in accordance with the following considerations.

III.NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE, A SWIFT AND COMPLETE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF THE SUBSTANTIVE LEGAL SITUATIONS OF ADMINISTERED PERSONS. The Constitutional Chamber, since its creation, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expedited and swift procedural channels for the protection of substantive legal situations that have a foothold in the infra-constitutional legal order or legality parameters, which have an indirect connection with fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, it must not be lost sight of that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate effectiveness, provides indirect grounding for any imaginable substantive legal situation of individuals. However, upon better consideration and in light of the enactment of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become clear that litigants now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, which is highly expedited and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of deadlines for carrying out various procedural acts, broad standing, precautionary measures, the numerus apertus of admissible claims, orality—and its sub-principles of concentration, immediacy, and swiftness—, a single instance with an appeal only in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing procedure or "amparo de legalidad," purely legal processes, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commission enforcement, seizure of property from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the enforcement judge corps, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal.

All of these novel procedural institutes have the manifest purpose and objective of achieving procedural economy, swiftness, promptness, and the effective or complete protection of the substantive legal situations of administered persons, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and adversarial proceedings. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is a suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, swiftness, and promptness, for the protection and effective safeguarding of the substantive legal situations of administered persons where evidence is required or certain questions of ordinary legality need to be defined.

IV. VERIFICATION OF THE DEADLINES SET BY LAW FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES

AN OBVIOUS MATTER OF ORDINARY LEGALITY. It is obvious that determining whether the public administration complies or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative recourses, is an obvious matter of ordinary legality that, henceforth, can be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense—that is, to appear without legal representation—and gratuity for the petitioner. Consequently, outright rejection is imposed, and the managing party is to be instructed that if it so wishes, it may appeal to the contentious-administrative jurisdiction.

V. DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE CRUZ CASTRO

Although in the past I have held the majority criterion of the Tribunal, upon better consideration of the fundamental rights being claimed, I consider that administrative delay constitutes a violation of a fundamental procedural guarantee, which is why I change the criterion I had expressed, admitting the possible infringement of the right to swift and complete administrative justice, separating myself from the view of the majority of the Tribunal, in the sense that—save for few exceptions—this type of complaint should be resolved in the contentious-administrative jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights that this jurisdiction is called upon to protect is that of swift and complete justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution. This is in accordance with the scope of competence assigned to this Tribunal in matters of protecting fundamental rights, observing the provisions of articles 10 and 48 of the Political Constitution.

While I understand the importance of the reforms of the contentious-administrative jurisdiction following the entry into force of Law 8508 of April 24, 2006, the truth is that this situation does not justify referring matters that fall within the competence of this Chamber, which has demonstrated over the years that it is a swift and effective means for the protection of the fundamental rights of the country's inhabitants, to that instance.

VI. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE EXPEDIENTE

The parties are advised that if they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty working days from the notification of this judgment. It is warned that any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in Article XXVI of Session No. 27-11 of August 22, 2011, published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved in Article LXXXI of Session No. 43-12 held on May 3, 2012.

Por tanto:

The recurso is dismissed. Magistrate Cruz Castro dissents.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C. Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F. Alexandra Alvarado P.

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Receipt of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Sentencia con Voto Salvado Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Res. Nº2024-012950 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y cuarenta y seis minutos del diez de mayo de dos mil veinticuatro.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-008998-0007-CO, interpuesto por DOUGLAS ALVARADO CASTRO, cédula de identidad [Valor 001] favor de [Nombre 002], cédula jurídica [Valor 002] y [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003], contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.

Resultando:

1Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente a las 20:20 horas del 07 de abril de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. Manifiesta, en resumen, que en el Tribunal Ambiental Administrativo se sigue el procedimiento N° 245-20-02-TAA contra sus representados, en el que, en resumen, se les imputa haber construido una alcantarilla de quince metros de largo sobre un tramo de la “Quebrada Gata”. Agrega, que por resolución N° 8994-2021-TAA del 6 de agosto de 2021, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionatorio, se emitió el respectivo traslado de cargos y se citó a audiencia oral y pública a celebrarse el 5 de octubre de 2023, sea más de dos años después del traslado de cargos. Acota, que el 15 de octubre de 2021, interpuso recurso de revocatoria, el cual se encuentra pendiente de resolver. Adiciona, que el 21 de diciembre de 2022, se aportó un escrito en el que se solicitó la terminación anticipada, archivo y desestimación del procedimiento, para lo cual se adjuntó prueba a favor de los amparados -informe pericial-.Afirma, que dicho escrito no ha sido resuelto a la fecha. Refiere, que el 25 de setiembre de 2023, el Tribunal Ambiental Administrativo ordenó suspender la audiencia programada, sin reprogramarla para fecha alguna, bajo el argumento de que primero deben resolverse las gestiones pendientes. Acusa, que a la fecha de la interposición del recurso, habían transcurrido dos años y ocho meses de iniciado el proceso administrativo sancionatorio y seis meses desde la suspensión de la audiencia y ni se habían resuelto los escritos indicados, ni reprogramada la audiencia correspondiente. Estima que lo expuesto viola los derechos fundamentales de los amparados. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene al Tribunal Ambiental Administrativo realizar todas las diligencias necesarias para resolver este asunto con prontitud.
2Mediante resolución de las 19:34 horas del 12 de abril de 2024, se dio curso al presente recurso.
3Informa bajo juramento Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo que mediante oficio DA-UHTPCQSR-0434-2020 de fecha 5 de setiembre del 2020, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía suscrito interpuso una denuncia en contra de la empresa Calcesa S.R.L. por la supuesta afectación ambiental producto de la realización de una obra en cauce. Refiere, que por Oficio TAA-DT-004-2021, de fecha 12 de enero del año 2021, el Departamento Técnico del Tribunal Ambiental Administrativo realizó el análisis técnico de la denuncia. Evoca, que mediante resolución N° 994-2021-TAA de las 10:20 horas del 06 de agosto del 2021, se dictó apertura del procedimiento ordinario administrativo y se señaló audiencia oral y publica para las 8:30 horas del 05 de octubre del 2023. Menciona, que el 21 de diciembre del 2022, se recibió escrito Douglas Alvarado Castro en su condición de Apoderado Especial de la empresa [Nombre 002] y de [Nombre 004] solicitó la terminación anticipada archivo y desestimación.Aduce, que el 14 de octubre del 2021, se recibió escrito de Douglas Alvarado Castro en su condición dicha, en el que se apersonó al procedimiento y señaló medio para atender notificaciones. Afirma, que el 15 de octubre del 2021, el señor Douglas Alvarado Castro, en su condición dicha, interpuso recurso de revocatoria en contra de la resolución N° 994-2021-TAA. Señala, que el 21 de diciembre del 2022, Douglas Alvarado Castro en la calidad indicada pidió la terminación anticipada archivo y desestimación. Relata, que por Oficio TAA-DT-103-2023 del 19 de abril del 2023, el Departamento Técnico del Tribunal Ambiental Administrative se indicó “(...) al proceder con la inclusión del expediente 245-20-02TAA en la Base de Datos de Información Geográfica del Tribunal Ambiental Administrativo se encontraron aparentes inconsistencias con respecto al inmueble donde ocurrieron los hechos imputados (...)”.Sostiene, que mediante resolución N° 1342-2023-TAA de las 14:30 horas del 25 de setiembre del 2023, se acordó suspender la audiencia establecida para el día 5 de octubre del 2023, y reprogramar la misma en el momento procesal oportuno, una vez respondidas las diligencias presentadas por la defensa técnica. Aclara, que el Tribunal Ambiental Administrativo ha realizado gestiones encaminadas a terminar el proceso; sin embargo, la MSc. Alexandra González Arguedas, Jueza Propietaria y Tramitadora del presente expediente, presentó su renuncia al puesto de Jueza Propietaria a partir de la fecha 11 de abril del 2024. Asegura, que mediante escrito del 11 de enero del 2024, la Jueza Suplente, Licda. Elizabeth Araya Jiménez presentó su renuncia como Jueza Suplente del Tribunal Ambiental Administrative, efectiva a partir de esa misma fecha, y la Jueza Suplente, Licda. Carla Vanessa Agüero Zeledón, presentó su renuncia irrevocable como Jueza Suplente del Tribunal Ambiental Administrativo, efectiva a partir de esa misma fecha, 16 de enero del 2024.Adiciona, que en su momento, había renunciado también la Jueza Suplente, Licda. Maricela Rodríguez Porras, sin que el Consejo Nacional Ambiental hubiese nombrado quien ocupase su posición de Jueza Suplente. Destaca, que la falta de integración del Tribunal Ambiental Administrativa, por ausencia de nombramiento de una Jueza Titular y de los tres Jueces Suplentes, ya fue puesta en conocimiento del Ministro, en calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional Ambiental, órgano competente para el nombramiento de los Jueces del Tribunal Ambiental Administrativo. Explica, que por lo anterior, no resulta posible entrar a conocer de los escritos pendientes de contestar en el presente expediente, así como de ninguna resolución de fondo, al no estar integrado este Órgano Colegiado, configurándose una imposibilidad material, por lo que no será posible continuar con la atención de las gestiones pendientes, hasta tanto sean notificados por el Consejo Nacional Ambiental del nombramiento del Juez Titular y los Jueces Suplentes. Dice, que a partir de entonces, se continuará de manera inmediata con el trámite del expediente, comunicándose a las partes, mediante resolución, lo que en derecho corresponda.
4En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. El recurrente alega que el 28 de octubre de 2020, se interpuso una denuncia en contra de los amparados por daño ambiental ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Reclama, que desde entonces, han pasado más de tres años, sin que a la fecha se haya dictado la resolución del caso. Estima lesionados los derechos fundamentales de la parte tutelada.

II.Sobre el caso concreto. En el sublite, la Sala tuvo por demostrado que el 28 de octubre de 2020, el Encargado de Unidad Hidrológica Tárcoles -Pacífico Central de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía- presentó una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo en contra de Calcesa S.R.L., que es la empresa aquí amparada, por la supuesta afectación ambiental producto de la construcción de un paso de alcantarilla en el cauce de la “Quebrada Gata”. Al respecto, se tiene que en tesis de principio, la acusada dilación constituiría una violación al artículo 41, de la Constitución Política; no obstante, la misma no se encuentra dentro de los supuestos de excepción establecidos en esta sede constitucional en lo atinente a una justicia pronta y cumplida. Nótese, que el artículo 105, de la Ley de Ley de Biodiversidad, N° 7788, del 30 de abril de 1998, dispone que: “Toda persona estará legitimada para accionar en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad”.

En este caso, la parte amparada es la parte denunciada ante el Tribunal Ambiental, y el aquí recurrente no plantea el presente proceso a favor del ambiente y/o la biodiversidad con el fin de conservar el uso sostenible de los recursos naturales, sino a favor de los intereses de su representada, motivo por el cual el presente recurso resulta improcedente, de conformidad con las siguientes consideraciones.

III.NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, de su creación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley N° 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad -y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “ amparo de legalidad” , los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación.

Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

IV. VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo – incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material -esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la parte gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

V. VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO

Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que -salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política.

Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.

VI. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de treinta días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la Sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Cruz Castro salva el voto.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C. Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F. Alexandra Alvarado P.

Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta

Inadmissibility of amparo for delay in environmental proceedingImprocedencia del amparo por dilación en procedimiento ambiental