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Res. 24744-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 28/08/2024
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber flatly dismisses the unconstitutionality action due to the plaintiff's lack of standing and because the dispute concerns legality, not constitutionality.La Sala Constitucional rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad por falta de legitimación del accionante y por tratarse de un conflicto de legalidad, no de constitucionalidad.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber flatly dismisses an unconstitutionality action filed by an attorney against Article 76 of the Costa Rican Social Security Fund (CCSS) Internal Work Regulations. The plaintiff argued that the 1966 norm was outdated and contradicted the Labor Code and CCSS internal rules, improperly extending the statute of limitations for worker sanctions. He claimed standing based on the absence of individual and direct harm and the defense of diffuse interests. The Chamber found lack of standing: the absence of individual harm does not authorize a popular action, and the claimed right (labor prescription period) does not fit within judicially recognized diffuse interests (environment, historical heritage, public health, etc.). Furthermore, the dispute concerns legality (possible regulatory overreach) rather than constitutionality, and must be heard in administrative contentious jurisdiction. Separate notes address the principle of force of law and the nature of diffuse interests.La Sala Constitucional rechaza de plano una acción de inconstitucionalidad interpuesta por un abogado contra el artículo 76 del Reglamento Interior de Trabajo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El accionante alegaba que dicha norma, de 1966, estaba desfasada y contradecía el Código de Trabajo y la normativa interna de la CCSS, extendiendo indebidamente el plazo de prescripción para sancionar a trabajadores. Invocó legitimación por inexistencia de lesión individual y directa y por defensa de intereses difusos. La Sala determinó que el actor carecía de legitimación: la inexistencia de lesión individual no justifica una acción popular, y el derecho reclamado (plazo de prescripción laboral) no encuadra en los intereses difusos reconocidos jurisprudencialmente (ambiente, patrimonio histórico, salud pública, etc.). Además, el conflicto es de legalidad (posible exceso reglamentario frente a la ley) y no de constitucionalidad, por lo que debe ventilarse en la jurisdicción contencioso-administrativa. Se añaden notas separadas sobre el principio de fuerza de ley y la naturaleza de los intereses difusos.
Key excerptExtracto clave
IV.- ON DIFFUSE INTERESTS. Secondly, as grounds for standing, the plaintiff invokes the defense of diffuse interests. From reading the complaint, it is evident that the plaintiff does not understand what diffuse interests are. A diffuse interest has been understood as that personal interest related to a right or legal situation of a special and particular nature, which may be shared by other persons, all interested parties forming a specific group or category. Thus, the violation of that right may affect everyone in general and/or each person in particular, hence any member of that group may bring the action to protect the right deemed injured. Ruling No. 03705-93, at 3:00 p.m. on July 30, 1993, illustrates what has been understood as diffuse interests, as does ruling No. 360-99 at 3:51 p.m. on January 20, 1999: "It has been pointed out that this is a special type of interest, whose manifestation is less concrete and individualizable than that of the collective interest just defined in the previous recital, but which cannot become so broad and generic that it merges with the right recognized to all members of society to ensure constitutional legality, since the latter—as has been repeatedly stated—is excluded from the current constitutional review system. It is thus an interest distributed in each of the governed, mediate if you will, and diluted, but no less verifiable, for the defense, in this Chamber, of certain constitutional rights of singular importance for the proper and harmonious development of society. The special characteristics of these rights themselves, and not the particular situation of those who may hold them, are the key to distinguishing and determining the presence of so-called diffuse interests, as has been stated in various rulings, such as 03705-93 of 3:00 p.m. on July 30 for the right to the environment, number 05753-93 of 2:45 p.m. on November 9 of that same year for the defense of historical heritage, and number 00980-91 of 1:30 p.m. on May 24, 1991 for electoral matters."IV.- SOBRE LOS INTERESES DIFUSOS. En segundo término, como sustento de la legitimación, el actor alega la defensa de intereses difusos. De la lectura del memorial de interposición de la acción, es evidente que al actor no tiene claro qué son intereses difusos. Sobre el interés difuso, se ha sido entendido como aquel interés personal relacionado con un derecho o situación jurídica de naturaleza especial y particular, que puede ser compartido por otras personas, formando todos los interesados un grupo o categoría determinada. Así, la vulneración de ese derecho puede afectar a todos en general y/o a cada uno en particular, de ahí que cualquier miembro de esa agrupación puede interponer la acción para proteger el derecho que se estima lesionado. La sentencia No. 03705-93, de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993, ilustra lo que se ha entendido como intereses difusos, así como la sentencia No. 360-99 de las 15:51 horas del 20 de enero de 1999: "Se ha señalado que se trata un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno para la materia electoral."
Pull quotesCitas destacadas
"determinar si una norma reglamentaria, como la impugnada, transgrede o excede lo dispuesto en una ley, es un tema de legalidad cuya discusión no corresponde a esta jurisdicción."
"determining whether a regulatory norm, like the one challenged, violates or exceeds what is established in a law, is a matter of legality whose discussion does not correspond to this jurisdiction."
Considerando V
"determinar si una norma reglamentaria, como la impugnada, transgrede o excede lo dispuesto en una ley, es un tema de legalidad cuya discusión no corresponde a esta jurisdicción."
Considerando V
"Admitir la posibilidad del actor de plantear una acción de inconstitucionalidad en estos términos, supondría reconocer la existencia de una acción popular, la cual, como lo ha indicado la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia, no se adecua al marco de las competencias procesales que posee este Tribunal Constitucional."
"Allowing the plaintiff to bring an unconstitutionality action under these terms would mean recognizing the existence of a popular action, which, as the Constitutional Chamber has repeatedly held, does not fit within the procedural powers of this Constitutional Court."
Considerando III
"Admitir la posibilidad del actor de plantear una acción de inconstitucionalidad en estos términos, supondría reconocer la existencia de una acción popular, la cual, como lo ha indicado la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia, no se adecua al marco de las competencias procesales que posee este Tribunal Constitucional."
Considerando III
"cuando hay una evidencia manifiesta, que salta a la vista, que la norma reglamentaria excede, suprime o contradice el texto de la Ley, no cabe duda que, de forma grosera, se vulnera el principio de fuerza, autoridad o eficacia de la Ley; principio que tiene cobertura constitucional y que debe ser tutelado por este Tribunal."
"when there is manifest evidence, obvious at a glance, that the regulatory norm exceeds, suppresses, or contradicts the text of the Law, there is no doubt that the principle of force, authority, or efficacy of the Law is grossly violated; a principle with constitutional coverage that must be safeguarded by this Court."
Nota conjunta de los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal
"cuando hay una evidencia manifiesta, que salta a la vista, que la norma reglamentaria excede, suprime o contradice el texto de la Ley, no cabe duda que, de forma grosera, se vulnera el principio de fuerza, autoridad o eficacia de la Ley; principio que tiene cobertura constitucional y que debe ser tutelado por este Tribunal."
Nota conjunta de los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER Date of Resolution: 14:16, August 28, 2024 Type of matter: Acción de inconstitucionalidad Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with separate note 1 Res. No. 2024-024744 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at thirteen hours and sixteen minutes of the twenty-eighth of August of two thousand twenty-four.
Acción de inconstitucionalidad brought by HAROLD HIDALGO UMAÑA, of legal age, attorney, resident of Heredia, holder of identity card number 109920016, against Article 76 of the Reglamento Interior de Trabajo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Resultando:
1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 15:06 on August 14, 2024, the petitioner states that the challenged provision is outdated in time and relevance, because in 1966, the year of its enactment, the time-recording system was analog, operating with cards and a punch clock, and these cards were reviewed at the end of the month. Hence, the challenged Article 76 must be repealed or declared unconstitutional for being in contradiction with the Código de trabajo (414), and the CCSS labor relations regulations (116). He believes that, in labor matters, when there is a conflict of laws, the one most favorable to the worker must be applied. In this particular case, a rule outside of reality and actuality is being applied to the employer's advantage, unnecessarily extending the statute-of-limitations period. On the other hand, while it is true that the CCSS Normativa de Relaciones Laborales complements the Reglamento Interior de trabajo of the CCSS, as a more updated regulation dating from 2010, approved by the Junta Directiva of the CCSS, he considers that given this contradiction between regulations—a more updated one that benefits the worker and an older one that harms the worker—this can be considered a tacit repeal (sic). Also, by supremacy of laws, the Código de Trabajo de Costa Rica and the CCSS Normativa de Relaciones Laborales are above a regulation according to the hierarchy of norms (Kelsen's pyramid). The petitioner states that the foregoing reasons justify requesting its repeal. The lack of diligence in processing this type of misconduct rests on an article tacitly prescribed, which affects the legitimate defense of the worker and their right that is also embodied in the Código de Trabajo, which agrees with the regulation regarding the statute-of-limitations periods for the right to sanction the worker, giving an extra margin of time to the employer based on an antinomy to sanction, placing the weakest party to the contractual relationship at a disadvantage.
2.- For purposes of admissibility, he points out that it derives from Article 75, paragraph 2, in that there is no individual and direct injury, therefore a prior matter is dispensed with. He also considers that the defense of diffuse interests is at stake.
3.- By briefs filed on August 19, 2024, the petitioner provides a stamp of the Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica and the transcription of two provisions he identifies as articles 16 and 17.
4.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to dismiss outright or on the merits, at any time, even from its submission, any petition brought to its attention that proves to be manifestly unfounded, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to dismiss it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a previously dismissed equal or similar petition.
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
Considerando:
I.- OBJECT OF THE ACTION.- The petitioner challenges Article 76 of the Reglamento Interior de Trabajo of the CCSS.
II.- ON STANDING TO BRING AN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. The acción de inconstitucionalidad is a procedure with specific formalities which, if not met, prevent the Chamber from hearing the challenge made. In this case, the petitioner asserts that his standing derives from the non-existence of individual and direct injury, as well as from the defense of diffuse interests, a situation contemplated in the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Regarding standing, the Sala Constitucional has stated that it can be defined as that cause-and-effect relationship between what is sought (object of the action/lawsuit) and who seeks it (petitioner/plaintiff), which the Law requires as a prerequisite to examine the merits of a matter. The assumption contained in the first paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional refers to what we can call indirect standing, that is, that which derives from the prior matter where the rule or rules are being applied that are later challenged in the action. For that reason, it is said that the acción de inconstitucionalidad is incidental in nature, and must constitute a reasonable means to protect the right considered injured in the main matter. The second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes another type of standing, which has been called direct standing. It is that which does not require a prior matter where the challenged rule is being applied and translates into three specific scenarios: that due to the nature of the matter there is no possibility of individual and direct injury, that it involves the defense of diffuse interests, or interests that concern the community as a whole. In these scenarios, the special circumstances of the matter (which must be examined in each specific case) make the cause-and-effect relationship between the petitioner and the object of their claim more tenuous, which authorizes them to bring the action directly, without the need for a pending matter. In this case, the action presents serious shortcomings in its substantiation, in addition to addressing a conflict of legality, not of constitutionality. However, for reasons of procedural economy, the warning provided for in Articles 78 and 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is not made.
III.- REGARDING STANDING DUE TO THE NON-EXISTENCE OF INDIVIDUAL AND DIRECT INJURY. As the first premise of standing, the petitioner states that he brings the action because there is no individual and direct injury. Standing due to the non-existence of individual and direct injury can arise when the apparently unconstitutional norm is of automatic application and there is no specific act of application, so that the person affected in their rights has no possibility of challenging the act applied to them; that is not the situation in this case. Admitting the petitioner's possibility of filing an acción de inconstitucionalidad in these terms would imply recognizing the existence of an actio popularis, which, as the Sala Constitucional has indicated in repeated jurisprudence, does not conform to the framework of procedural powers held by this Constitutional Court in its functions as the final and definitive interpreter of Constitutional Law. It is evident that all those persons affected by the norm, who believe their fundamental rights are affected by it, could, if they deem it pertinent, file a claim or jurisdictional process and invoke unconstitutionality, to then bring the acción de inconstitucionalidad. By virtue of the foregoing, the invoked premise of standing is rejected.
IV.- ON DIFFUSE INTERESTS. Secondly, as support for standing, the petitioner alleges the defense of diffuse interests. From reading the brief filing the action, it is evident that the petitioner is not clear on what diffuse interests are. Regarding diffuse interest, it has been understood as that personal interest related to a right or legal situation of a special and particular nature, which may be shared by other persons, with all interested parties forming a specific group or category. Thus, the violation of that right can affect everyone in general and/or each one in particular, hence any member of that group can bring the action to protect the right deemed injured. Judgment No. 03705-93, of 15:00 hours on July 30, 1993, illustrates what has been understood as diffuse interests, as does judgment No. 360-99 of 15:51 hours on January 20, 1999:
"It has been pointed out that it is a special type of interest, whose manifestation is less concrete and individualizable than that of the collective one recently defined in the preceding considerando, but which cannot be so broad and generic as to be confused with that recognized to all members of society to watch over constitutional legality, since the latter—as has been repeatedly stated—is excluded from the current constitutional review system. It is thus an interest distributed in each of the administered, mediate if you will, and diluted, but no less verifiable for it, for the defense, in this Chamber, of certain constitutional rights of singular relevance for the adequate and harmonious development of society. It is the special characteristics of these rights themselves and not the particular situation vis-à-vis them of the subjects who may hold them, that are the key to distinguishing and determining the presence of the so-called diffuse interests as manifested in different resolutions such as 03705-93 of fifteen hours on July thirtieth for the right to the environment, number 05753-93 of fourteen hours forty-five on November ninth of that same year for the defense of historical heritage and number 00980-91 of thirteen thirty on May twenty-fourth of nineteen ninety-one for electoral matters." In this sense, just as it has been said that this interest cannot be so broad and generic as to be confused with the right to watch over constitutional legality (which would imply the tacit establishment of an actio popularis not contemplated by the Ley de la Jurisdicción Constitucional). Neither can it be so specific as to allow an individual claim, since in such a case, standing would derive from that claim. Although there is no exhaustive list, the Sala Constitucional has identified various rights that enjoy such characteristics, such as the right to a healthy and harmonious environment, the defense of historical heritage, electoral matters, the defense of the right to health, and the oversight of public funds. It is evident that the right claimed by the petitioner in this case does not fit within the mentioned scenarios.
V.- INADMISSIBILITY OF THE ACTION IN RELATION TO THE OBJECT. Regarding the object of challenge, Article 73 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes that the acción de inconstitucionalidad lies against:
“a) laws and other general provisions, including those originating from acts of private subjects, that infringe, by action or omission, any constitutional norm or principle; b) subjective acts of public authorities, when they infringe, by action or omission, any constitutional norm or principle, if they are not susceptible to the remedies of hábeas corpus or amparo (…);” Having analyzed the scant arguments provided by the petitioner, the Court concludes that what has been presented is a conflict of a legal nature, which cannot be heard through the acción de inconstitucionalidad, but must be heard in the ordinary jurisdiction. On repeated occasions (for example, in judgment No. 2000-01149 of 15:39 hours on February 2, 2000) the Chamber has held that determining whether a regulatory norm, such as the one challenged, violates or exceeds the provisions of a law is a matter of legality whose discussion does not correspond to this jurisdiction. Article 49 of the Carta Fundamental assigns control over the legality of the State's administrative function to the contentious-administrative jurisdiction, not to the constitutional jurisdiction. If this Chamber sought to supervise, through the acción de inconstitucionalidad, the various possible hypotheses of infringement of the principle of legality that may occur in administrative offices, in practice it would supplant—against the grain of the constitutional text—the courts of that matter. Note that the petitioner even indicates that the norm violates Articles 414 of the Código de trabajo (414) and 116 of the regulación de relaciones laborales of the CCSS (116). He at no time alleges the violation of a constitutional norm or principle. Consequently, if the petitioner considers the challenged regulatory norm to be illegal, he may appeal to the contentious-administrative jurisdiction in defense of his rights.
VI.- CONCLUSION. - The petitioner lacks standing to bring the action. Likewise, the matter raised is a conflict of legality, not of constitutionality, for which the action must be dismissed outright. Magistrates Castillo Víquez and Rueda Leal add a joint note regarding the comparison between the regulation and the Código de Trabajo. Magistrate Rueda Leal signs a separate note.
VII.- JOINT NOTE OF MAGISTRATES CASTILLO VÍQUEZ AND RUEDA LEAL. We concur with our colleagues in the arguments they put forward to dismiss the action outright, since there is no obvious and manifest contradiction between the Law and the challenged Regulation. The position of the Court, to the effect that when a regulatory norm violates or exceeds the provisions of a law it is a matter of legality, whose discussion does not correspond to this jurisdiction, is, in general terms, legally correct. There is no doubt that it is for the ordinary Judge to determine the scope of interpretation and application of the Law and, consequently, it is they who are called upon to establish whether a regulatory norm violates or not the legal norm. However, there is an important nuance in this matter, and that is that, from our point of view, when there is manifest evidence, visible at a glance, that the regulatory norm exceeds, suppresses—or contradicts the text of the Law—there is no doubt that, in a gross manner, the principle of fuerza, autoridad o eficacia de la Ley is violated; a principle that has constitutional coverage and that must be protected by this Court. As is well known, the principle of fuerza, autoridad o eficacia de la ley refers us to the potency (active force), the resistance (passive force), and the challenge regime of the Law. Based on the first aspect of the concept, the Law, once it enters into force, repeals or modifies any norm of equal or lower rank. Based on the second, the Law cannot be repealed or modified by a norm of lower rank. Finally, based on the third, the Law can only be challenged on grounds of unconstitutionality and, therefore, can only be annulled through a resolution of the Sala Constitucional. The constitutional basis of this principle is found in Article 129 of the Carta Fundamental, which states that the Law can only be repealed, abrogated, or modified by another subsequent norm of equal rank. Furthermore, the principle of fuerza, autoridad o eficacia de la ley is an essential presupposition of the Social and Democratic Rule of Law, since it starts from a core idea: the parliamentary normative act is superior in rank to the normative act issued by the other Branches of State, especially the Executive Branch, which means that all Branches of State, when exercising normative power (Article 6, subsection d) of the Ley General de la Administración Pública), must conform to what the legislator has provided. When this does not occur, the normative rank of the Law is disregarded, which, in the normative hierarchical scale, occupies the third place in importance after the Constitución Política and International Treaties (Articles 10 and 7) and, consequently, a key principle of the Social and Democratic Rule of Law is violated. Ergo, when in an evident and manifest manner a regulatory norm exceeds, suppresses or contradicts a Law of the Republic, Article 129 of the Carta Fundamental and the principle of fuerza, autoridad o eficacia de la Ley are violated, and the Constitutional Court does have competence in this matter, without prejudice to the competence also held by the members of the ordinary jurisdiction when we are not in the commented-upon scenario.
VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that, if any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies has been provided, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The action is dismissed outright.- Magistrates Castillo Víquez and Rueda Leal add a joint note. Magistrate Rueda Leal signs a separate note.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Alexandra Alvarado P.
Res. 2024024744 NOTE OF MAGISTRATE RUEDA LEAL. As I have expressed in other cases, I consider that a quality of diffuse interest consists precisely in that its impact is general—that is, it affects an entire population or broad sectors thereof—within a context where it is not required that the harmed subjects know each other (they could even lack any connection or legal relationships among them), but what is required is the presence of the same situation of damage or danger to a constitutional good that, equally and without any need for individualization, encompasses and groups together an entire society in the abstract. Its defense aims to satisfy a need of society as such, for which reason it transcends that of a human being individually or collectively considered. In judgment No. 2019-17397 of 12:54 hours on September 11, 2019, this Court reiterated the following:
“(…) Secondly, the possibility of appearing in defense of "diffuse interests" is foreseen; this concept, whose content has been gradually outlined by the Chamber, could be summarized in the terms used in this court's judgment number 3750-93, of fifteen hours on July thirtieth, nineteen ninety-three) "… Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so specific that against them there result identified or easily identifiable specific persons, or personalized groups, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate ones that concern a community as a whole. These are therefore individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous sets of people who share an interest and, therefore, receive a harm, actual or potential, more or less the same for everyone, which is why it is correctly said that they are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, since they are at once collective—being common to a generality—and individual, for which they can be claimed in such character." In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of persons not formally organized, but united around a particular social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, of course, the challenge that a member of one of these sectors could make, sheltered by paragraph 2 of Article 75, must necessarily refer to provisions that affect them as such. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the qualification of "diffuse", such as the environment, cultural heritage, defense of the territorial integrity of the country and proper management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the referred goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer in principle to aspects that affect the national community and not particular groups thereof; environmental damage does not only affect the residents of a region or consumers of a product, but rather injures or puts at serious risk the natural heritage of the whole country and even of Humanity; likewise, the defense of the proper management made of public funds authorized in the Presupuesto de la República is an interest of all inhabitants of Costa Rica, not just any group of them. On the other hand, the enumeration made by the Sala Constitucional is nothing more than a simple description proper to its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible in any way to understand that only those rights that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights; the foregoing would imply an undesirable turn in the scope of the Rule of Law, and of its correlative "State of rights", which—as in the case of the Costa Rican model—starts from the premise that what must be express are the limits to liberties, since these underlie the human condition itself and do not therefore require official recognition. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional speaks of interests "that concern the community as a whole", it refers to the legal goods explained in the preceding lines, that is, those whose ownership rests with the very holders of sovereignty, in each of the inhabitants of the Republic.
It is not therefore a matter of any person being able to come to the Sala Constitucional to protect any interests (actio popularis), but rather that every individual can act in defense of those goods that affect the entire national community, without it being valid in this field either to attempt any exhaustive enumeration" (see judgment No. 2007-01145).” In accordance with what has been stated and sustained by this Court in its jurisprudence, these are therefore individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous sets of people who share an interest and, therefore, receive a harm, actual or potential, more or less equal for everyone, which is why it is correctly said that they are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each of them. It is for this reason, precisely, that, as of judgment No. 2021-2185 of 12:51 hours on February 3, 2021, I consider, unlike the Majority of this Court, that some of these interests can be embodied in a specific particular case, without thereby losing their status as a diffuse interest, as occurs with environmental protection, whose impact affects one person and everyone in general; and such impact can be individualized in a particular situation, such as, for example, the construction of a factory in a specific neighboring sector, without the respective environmental studies, whose negative effects impact the planet's ozone layer. Undoubtedly, the outcome of a claim or process that a neighbor might bring against that factory will not only affect their own interests, but also those of the rest of the community. Therefore, it constitutes a diffuse interest; and, nonetheless, it is also the object of a specific individualized situation. That said, this in no way means that in every situation invoked, the existence of a diffuse interest can be alleged, even if it may be the object of a particular situation. Let us remember that for an interest to be considered "diffuse", it must not only affect a community, but must also be blurred, diffused throughout that community. If it does not produce such an effect, it cannot be considered a diffuse interest. In the petitioner's case, as the Majority states, the challenged regulation does not produce a socially diffused impact, but rather a determined one. Thus, in this case, what is glimpsed is a situation that, while it may be shared by some group of people, that effect is not of such magnitude as to consider it a diffuse interest. For the stated reason, I concur with the Majority in dismissing this action.
Paul Rueda L.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada 1 Res. Nº 2024-024744 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas dieciséis minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro.
Acción de inconstitucionalidad promovida por HAROLD HIDALGO UMAÑA, mayor, abogado, vecino de Heredia, portador de la cédula número 109920016, contra el artículo 76 del Reglamento Interior de Trabajo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:06 horas del 14 de agosto de 2024, el accionante manifiesta que la norma cuestionada se encuentra desfasada en el tiempo y actualidad, esto porque para 1966, año de su promulgación, el sistema de registro de marca era análogo, funcionaba con tarjetas y un reloj marcador y estas tarjetas se revisaban al finalizar el mes. De ahí que el artículo 76 cuestionado, debe ser derogado o declarado inconstitucional por estar en contradicción con el Código de trabajo (414), y la normativa de relaciones laborales de la CCSS (116). Estima que, en materia laboral, cuando existe conflicto de leyes, debe aplicarse aquella más favorable para el trabajador. En este caso particular, se está aplicando en ventaja para el empleador una regla fuera de realidad y actualidad extendiendo innecesariamente el plazo de prescripción. Por otro lado, si bien es cierto que la Normativa de Relaciones Laborales de la CCSS, viene a complementar al Reglamento Interior de trabajo de la CCSS, como norma más actualizada que data del 2010, su aprobación por la Junta Directiva de la CCSS, considera que al existir esta contradicción entre normas, una más actualizada que beneficia al trabajador y otra antigua que perjudica al trabajador, esto se puede considerar una derogación tácita (sic). También por supremacía de las leyes, el Código de Trabajo de Costa Rica y la Normativa de Relaciones Laborales de la CCSS, están por encima de un reglamento según la jerarquía de las normas (pirámide de Kelsen). Manifiesta el actor que las razones anteriores justifican el solicitar su derogación. Por la falta de diligencia al dar trámite a este tipo de faltas, se sustentan en un artículo tácitamente prescrito, que afecta la legitima defensa del trabajador y su derecho que está plasmado también en el Código de Trabajo, que concuerda con la normativa en cuanto a los plazos de prescripción del derecho de sancionar al trabajador, dando un margen extra de tiempo al empleador sustentado en una antinomia para sancionar, poniendo en desventaja al extremo más débil de la relación contractual.
2.- Para efectos de admisibilidad, señala que deriva del artículo 75, párrafo 2° en cuanto no existe una lesión individual y directa, por lo que se prescinde del asunto previo. También considera que de por medio está la defensa de intereses difusos.
3.- Mediante escritos presentados el 19 de agosto de 2024, el actor aporta timbre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la transcripción de dos normas que identifica como artículos 16 y 17.
4.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.- OBJETO DE LA ACCIÓN.- El actor impugna el artículo 76 del Reglamento Interior de Trabajo de la CCSS.
II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. La acción de inconstitucionalidad es un procedimiento con determinadas formalidades que, si no se reúnen, imposibilitan a la Sala conocer de la impugnación que se hace. En este caso, el accionante aduce que su legitimación deriva de la inexistencia de lesión individual y directa, así como de la defensa de intereses difusos, situación contemplada en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En relación con la legitimación, la Sala Constitucional ha manifestado que puede definirse como aquella relación de causa-efecto entre lo que se pretende (objeto de la acción/juicio) y quien lo pretende (accionante/demandante), que la Ley exige como requisito para poder examinar el fondo de un asunto. El supuesto contenido en el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se refiere a la legitimación que podemos llamar indirecta, es decir, aquella que deriva del asunto previo donde se está aplicando la o las normas que luego se impugnan en la acción. Por ello se dice que la acción de inconstitucionalidad tiene naturaleza incidental, y debe constituir medio razonable para amparar el derecho que se estima lesionado en el asunto principal. El párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece otro tipo de legitimación, que se ha llamado directa. Es aquella que no requiere de un asunto previo donde se esté aplicando la norma impugnada y que se traduce en tres supuestos concretos: que por la naturaleza del asunto no exista posibilidad de lesión individual y directa, que se trate de la defensa de intereses difusos o de intereses que atañen a la colectividad en su conjunto. En estos supuestos, las circunstancias especiales del asunto (que deberán examinarse en cada caso concreto) hacen que la relación causa-efecto entre el accionante y el objeto de su pretensión sea más tenue, lo que lo autoriza a interponer la acción directamente, sin necesidad del asunto pendiente de resolución. En este caso, la acción presenta serios defectos de fundamentación, además de abordar un conflicto de legalidad, no de constitucionalidad. No obstante, por razones de economía procesal, no se hace la prevención que disponen los artículos 78 y 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
III.- EN RELACIÓN CON LA LEGITIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE LESIÓN INDIVIDUAL Y DIRECTA. Como primer supuesto de legitimación, el actor indica que interpone la acción por no existir lesión individual y directa. La legitimación por inexistencia de una lesión individual y directa puede surgir cuando la norma aparentemente inconstitucional es de aplicación automática y no existe un acto de aplicación específica, de modo que la persona afectada en sus derechos no tiene la posibilidad de impugnar el acto que se le aplica; esa no es la situación en este caso. Admitir la posibilidad del actor de plantear una acción de inconstitucionalidad en estos términos, supondría reconocer la existencia de una acción popular, la cual, como lo ha indicado la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia, no se adecua al marco de las competencias procesales que posee este Tribunal Constitucional en sus funciones de intérprete último y definitivo del Derecho de la Constitución. Es evidente que todas aquellas personas que resulten afectadas por la norma, y estiman que sus derechos fundamentales son afectados por la norma, podrían, si lo estimaren pertinente, plantear un reclamo o proceso jurisdiccional e invocar la inconstitucionalidad, para luego interponer la acción de inconstitucionalidad. En virtud de lo expuesto, se rechaza el supuesto de legitimación invocado.
IV.- SOBRE LOS INTERESES DIFUSOS. En segundo término, como sustento de la legitimación, el actor alega la defensa de intereses difusos. De la lectura del memorial de interposición de la acción, es evidente que al actor no tiene claro qué son intereses difusos. Sobre el interés difuso, se ha sido entendido como aquel interés personal relacionado con un derecho o situación jurídica de naturaleza especial y particular, que puede ser compartido por otras personas, formando todos los interesados un grupo o categoría determinada. Así, la vulneración de ese derecho puede afectar a todos en general y/o a cada uno en particular, de ahí que cualquier miembro de esa agrupación puede interponer la acción para proteger el derecho que se estima lesionado. La sentencia No. 03705-93, de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993, ilustra lo que se ha entendido como intereses difusos, así como la sentencia No. 360-99 de las 15:51 horas del 20 de enero de 1999:
"Se ha señalado que se trata un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno para la materia electoral." En este sentido, así como se ha dicho que ese interés no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional (lo que supondría la instauración tácita de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo. Si bien no hay una lista taxativa, la Sala Constitucional ha identificado diversos derechos que gozan de tales características, como el derecho a un ambiente sano y armonioso, la defensa del patrimonio histórico, la materia electoral, la defensa del derecho a la salud y la fiscalización de los fondos públicos. Es evidente que el derecho que reclama el accionante en este caso, no encuadra dentro de los supuestos mencionados.
V.- INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN EN RELACIÓN CON EL OBJETO. En cuanto al objeto de impugnación, el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que la demanda de inconstitucionalidad cabe contra:
“a) las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional; b) los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo (…);” Analizados los escasos argumentos aportados por el actor, el Tribunal concluye que lo expuesto es un conflicto de naturaleza legal, que no es susceptible de ser conocido a través de la acción de inconstitucionalidad, sino que debe ser conocido en la vía ordinaria. En reiteradas ocasiones (por ejemplo, en la sentencia No. 2000-01149 de las 15:39 horas del 2 de febrero del 2000) la Sala ha sostenido que determinar si una norma reglamentaria, como la impugnada, transgrede o excede lo dispuesto en una ley, es un tema de legalidad cuya discusión no corresponde a esta jurisdicción. El artículo 49 de la Carta Fundamental asigna el control de la legalidad de la función administrativa del Estado a la jurisdicción contencioso-administrativa, no a la constitucional. Si esta Sala pretendiera fiscalizar por medio de la acción de inconstitucionalidad las distintas posibles hipótesis de infracción al principio de legalidad que pueden darse en los despachos administrativos, en la práctica suplantaría -a contrapelo del texto constitucional- a los tribunales de esa materia. Observemos que, incluso, el actor indica que la norma lesiona los artículos 414 del Código de trabajo (414) y 116 de la normativa de relaciones laborales de la CCSS (116). en ningún momento alega la violación de una norma o principio constitucional. En consecuencia, si el accionante considera que la norma reglamentaria cuestionada es ilegal, puede acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa en defensa de sus derechos.
VI.- CONCLUSIÓN. - El actor carece de legitimación para interponer la acción. Asimismo, lo planteado es un conflicto de legalidad, no de constitucionalidad, por lo que la acción debe ser rechazada de plano. Los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal agregan nota en conjunto en relacíon con la confrontación entre reglamento y Código de Trabajo. El magistrado Rueda Leal suscribe nota por separado.
VII.- NOTA CONJUNTA DE LOS MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ Y RUEDA LEAL. Coincidimos con nuestros colegas en los argumentos que esgrimen para rechazar de plano la acción, toda vez que no hay una contradicción evidente y manifiesta entre la Ley y el Reglamento que se impugna. La postura del Tribunal, en el sentido de cuando una norma reglamentaria violenta o excede lo dispuesto en una ley es un tema de legalidad, cuya discusión no corresponde a esta jurisdicción, en términos generales, acierta jurídicamente. No cabe duda que es al Juez ordinario a quien compete determinar los alcances de la interpretación y aplicación de la Ley y, por consiguiente, es él el llamado a establecer si una norma reglamentaria vulnera o no la norma legal. Sin embargo, hay un matiz importante en este asunto, y es que, desde nuestro punto de vista, cuando hay una evidencia manifiesta, que salta a la vista, que la norma reglamentaria excede, suprime- o contradice el texto de la Ley- no cabe duda que, de forma grosera, se vulnera el principio de fuerza, autoridad o eficacia de la Ley; principio que tiene cobertura constitucional y que debe ser tutelado por este Tribunal. Como es bien sabido, el principio de fuerza, autoridad o eficacia de ley nos remite a la potencia (fuerza activa), a la resistencia (fuerza pasiva) y al régimen de impugnación de la Ley. Con base en el primer aspecto del concepto, la Ley, una vez que entra en vigencia, deroga o modifica toda norma de igual o inferior rango. Con fundamento en el segundo, la Ley no puede ser derogada ni modificada por una norma de inferior rango. Por último, con base en el tercero, la Ley sólo puede ser impugnada por razones de inconstitucionalidad y, por ende, sólo a través de una resolución de la Sala Constitucional se puede anular. El basamento constitucional de este principio lo encontramos en el numeral 129 de la Carta Fundamental, que señala que la Ley sólo puede ser derogada, abrogada o modificada por otra norma posterior de igual rango. Por otra parte, el principio de fuerza, autoridad o eficacia de ley es un presupuesto esencial del Estado social y democrático de Derecho, toda vez que parte de una idea nuclear: el acto normativo parlamentario es superior en rango al acto normativo que emiten los otros Poderes del Estado, en especial del Poder Ejecutivo, lo que supone que todos los Poderes del Estado, cuando ejercen la potestad normativa (artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública inciso d), deben de ajustarse a lo dispuso por el legislador. Cuando ello no ocurre, se desconoce el rango normativo de la Ley que, en la escala jerárquica normativa, ocupa el tercer lugar en importancia después de la Constitución Política y los Tratados Internacionales (artículos 10 y 7) y, por consiguiente, se vulnera un principio clave del Estado social y democrático de Derecho. Ergo, cuando de manera evidente y manifiesta una norma reglamentaria rebasa, suprime o contradice una Ley de la República, se vulnera el numeral 129 de la Carta Fundamental y el principio de fuerza, autoridad o eficacia de la Ley, y el Tribunal Constitucional sí tiene competencia en este asunto, sin demérito de la competencia que también les asiste a los integrantes de la jurisdicción ordinaria cuando no estamos en el supuesto comentado.
VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza de plano la acción.- Los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal agregan nota en conjunto. El magistrado Rueda Leal suscribe nota por separado.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Alexandra Alvarado P.
Res. 2024024744 NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Tal como lo he expresado en otros casos, estimo que una cualidad del interés difuso consiste precisamente, en que su afectación es general -esto es, incide en toda una población o en amplios sectores de ella- dentro de un contexto, donde no se precisa que los sujetos perjudicados se conozcan entre sí (incluso podrían carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellos), pero sí se requiere de la presencia de una misma situación de daño o peligro a un bien constitucional que, por igual y sin necesidad de individualización alguna, comprende y aglomera a toda una sociedad en abstracto. Su defensa tiene como finalidad satisfacer una necesidad de la sociedad como tal, por ello, es trascendente a la de un ser humano individual o colectivamente considerado. En sentencia nro. 2019-17397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019, este Tribunal reiteró lo siguiente:
“(…) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres) "… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".
En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación –como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República.
No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa” (véase la sentencia No. 2007- 01145).” En consonancia con lo expuesto y sostenido por este Tribunal en su jurisprudencia, se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es por ello, precisamente, que, a partir de la sentencia n.° 2021-2185 de las 12:51 horas del 3 de febrero de 2021, considero, a diferencia de la Mayoría de este Tribunal, que algunos de estos intereses pueden estar plasmados en un caso particular en concreto, sin perder por ello su condición de interés difuso, tal como ocurre con la protección al ambiente, cuyo impacto afecta a una persona y a todos en general; y puede ser individualizada tal afectación en una situación en particular, como por ejemplo, la construcción de una fábrica en un sector vecino determinado, sin los estudios ambientales respectivos, cuyos efectos negativos incidan en la capa de ozono del planeta. Indudablemente el resultado de un reclamo o proceso que pueda plantear un vecino contra esa fábrica, no solo incidirá en sus intereses propios, sino también en el resto de la colectividad. Por ello, constituye un interés difuso; y, sin embargo, también es objeto de una situación particular individualizada. Ahora bien, ello no quiere decir, en modo alguno, que en toda situación invocada se pueda alegar la existencia de un interés difuso, aunque este pueda ser objeto de una situación particular. Recordemos que para que un interés sea considerado “difuso”, no solo debe afectar una colectividad, sino también debe difuminarse, difundirse en esa colectividad. Si no produce tal efecto, no puede ser considerado un interés difuso. En el caso del accionante, tal como refiere la Mayoría, la normativa impugnada no produce una afectación socialmente difuminada, sino determinada. De modo que, en este caso, lo que se vislumbra es una situación que, si bien puede ser compartida por algún grupo de personas, ese efecto no es de tal magnitud como para considerarlo un interés difuso. Por el motivo expuesto coincido con la Mayoría en desestimar esta acción.
Paul Rueda L.
Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta
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