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Res. 22638-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 09/08/2024

Amparo for Information from Guaymí Indigenous Reserve Development AssociationAmparo por información de asociación de desarrollo en reserva indígena Guaymí

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered the Guaymí Indigenous Reserve Integral Development Association of Coto Brus to deliver the requested financial and operational information, except the blank journal, within ten days, under penalty of criminal and civil sanctions.La Sala Constitucional declara con lugar el amparo y ordena a la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí de Coto Brus entregar la información financiera y operativa solicitada, salvo el libro diario vacío, en un plazo de diez días, bajo apercibimiento de sanciones penales y civiles.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by members of the Guaymí Indigenous Reserve Integral Development Association of Coto Brus, who also comprised the Payment for Environmental Services (PES) commission. The petitioners had requested financial, accounting, and operational information from the board of directors concerning the year 2023 and PES contracts, based on their right as associates to seek information about the association's operations. The association failed to deliver the documents for over six months, and only attempted to do so after being notified of the amparo, but the petitioners declined to receive them at that point. The Court found that the prolonged and unjustified omission breached the petitioners' freedom of association in its essential content, since the requested information was relevant for overseeing the association's management. The amparo was granted, and the association was ordered to deliver all the information, except the blank journal, within ten days, under penalty of the sanctions set forth in the Constitutional Jurisdiction Law.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por afiliados a la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena Guaymí de Coto Brus, quienes también integraban la comisión de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Los recurrentes solicitaron a la junta directiva información financiera, contable y operativa de la asociación relativa al año 2023 y contratos PSA, con base en el derecho de los afiliados a pedir información sobre la marcha de la asociación. La asociación no entregó los documentos durante más de seis meses, y solo tras la notificación del amparo intentó proporcionarlos, sin que los recurrentes los aceptaran. La Sala determina que la omisión prolongada e injustificada vulneró el derecho de asociación de los recurrentes en su contenido esencial, pues la información solicitada era relevante para fiscalizar el manejo de la asociación. Se declara con lugar el amparo y se ordena entregar toda la información, excepto el libro diario por estar en blanco, en un plazo máximo de diez días, bajo apercibimiento de las sanciones penales previstas en la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Key excerptExtracto clave

Now then, having analyzed all the foregoing, this Constitutional Court deems that there is sufficient merit to grant this amparo proceeding. This is based, fundamentally, on the proven fact that the respondent, for an excessive and unreasonable period of at least six months, absolutely arbitrarily and unjustifiably refused to provide the petitioners, as members of the Guaymí Indigenous Reserve Integral Development Association, with the aforementioned data, which, it should be noted, are fully related to the operation of said association, especially at the financial and administrative level, and therefore should have been provided as soon as possible. It should be noted that the information was formally requested as of January 28, 2024, and that as of July 10, 2024 (the date this amparo was filed), the respondent had not provided the petitioners with the requested information. Nor had they informed them of the reasons why certain data could not be provided at that time.Ahora bien, analizado todo lo anterior, este Tribunal Constitucional estima que existe mérito suficiente para acoger este proceso de amparo. Lo anterior, medularmente, en el tanto se ha demostrado fehacientemente que la parte recurrida, durante un plazo excesivo e irrazonable de al menos seis meses, se negó, de manera absolutamente arbitraria e injustificada, a entregarle a los recurrentes, en calidad de afiliados de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí, los mencionados datos, los cuales, cabe destacar, guardan plena relación con la operación de dicha asociación, sobre todo a nivel financiero y administrativo y, por ende, debían ser proporcionados a la mayor brevedad posible. Nótese que la información se solicitó formalmente desde el 28 de enero de 2024 y que, para el 10 de julio de 2024 (fecha de presentado este amparo), la parte recurrida no les había entregado a los recurrentes la información requerida. Tampoco, les habían informado los motivos por los cuales ciertos datos no se les podía entregar para entonces.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Esta Sala ha sostenido reiteradamente que la omisión de las organizaciones de base asociativa en atender una pretensión de uno de sus agremiados no encuentra amparo en el derecho de petición tutelado en el artículo 27, de la Constitución Política, sino en su derecho de asociación, en cuanto se considera que, como miembro de dicha organización, el individuo tiene derecho a obtener información sobre esta."

    "This Chamber has repeatedly held that the failure of membership-based organizations to address a member's request is not protected by the right of petition enshrined in Article 27 of the Political Constitution, but rather falls under the right of association, insofar as it is considered that, as a member of said organization, the individual has the right to obtain information about it."

    Considerando V

  • "Esta Sala ha sostenido reiteradamente que la omisión de las organizaciones de base asociativa en atender una pretensión de uno de sus agremiados no encuentra amparo en el derecho de petición tutelado en el artículo 27, de la Constitución Política, sino en su derecho de asociación, en cuanto se considera que, como miembro de dicha organización, el individuo tiene derecho a obtener información sobre esta."

    Considerando V

  • "la sola condición de agremiado no es suficiente para hacer exigible su derecho a obtener lo solicitado, toda vez que es necesario que los datos requeridos revistan relevancia desde el punto de vista del contenido esencial del derecho de asociación."

    "the mere status of member is not sufficient to make enforceable the right to obtain what was requested, since it is necessary that the required data be relevant from the standpoint of the essential content of the right of association."

    Considerando V

  • "la sola condición de agremiado no es suficiente para hacer exigible su derecho a obtener lo solicitado, toda vez que es necesario que los datos requeridos revistan relevancia desde el punto de vista del contenido esencial del derecho de asociación."

    Considerando V

  • "la parte recurrida, durante un plazo excesivo e irrazonable de al menos seis meses, se negó, de manera absolutamente arbitraria e injustificada, a entregarle a los recurrentes, en calidad de afiliados de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí, los mencionados datos, los cuales, cabe destacar, guardan plena relación con la operación de dicha asociación, sobre todo a nivel financiero y administrativo y, por ende, debían ser proporcionados a la mayor brevedad posible."

    "the respondent, for an excessive and unreasonable period of at least six months, absolutely arbitrarily and unjustifiably refused to provide the petitioners, as members of the Guaymí Indigenous Reserve Integral Development Association, with the aforementioned data, which, it should be noted, are fully related to the operation of said association, especially at the financial and administrative level, and therefore should have been provided as soon as possible."

    Considerando VI

  • "la parte recurrida, durante un plazo excesivo e irrazonable de al menos seis meses, se negó, de manera absolutamente arbitraria e injustificada, a entregarle a los recurrentes, en calidad de afiliados de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí, los mencionados datos, los cuales, cabe destacar, guardan plena relación con la operación de dicha asociación, sobre todo a nivel financiero y administrativo y, por ende, debían ser proporcionados a la mayor brevedad posible."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Case File: 24-018760-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  Res. No. 2024022638 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on August ninth, two thousand twenty-four.

Amparo appeal filed by FEDERICO BEJARANO PALACIO, identification card number 0900690826 and OTHERS, against the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE GUAYMÍ DE COTO BRUS.

WHEREAS:

1.- By written submission provided to the Chamber on July 10, 2024, the appellants file an amparo appeal and state that they are members of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí de Coto Brus, as well as members of the commission for Payment for Environmental Services (Pago de Servicios Ambientales, PSA). They affirm that on January 28, 2024, official letter No. CAPSA-002-2024 (dated January 7, 2024) was delivered to the Board of Directors of that association, by which the delivery of the following documentation was requested: “(…) 1. The economic report for the year 2023 presented by the treasurer at the assembly. 2. Invoices and check stubs that gave rise to the 2023 economic report. 3. Bank account statement from January 1, 2023, to December 31, 2023. 4. We also need the financial statements kept (sic) by the accountant, namely: balance sheet, income statements, cash flow, changes in equity, as well as the detail of the auxiliary income and expense ledgers, tax reports, general journal, general ledger and inventory, as well as the income and expense vouchers and check stubs that gave rise to the accounting records from January 1 to December 31 of the year 2023. 5. Copies of the following minutes: secretary’s book, assembly minutes, treasurer’s book or general journal, inventory book, and membership book. 6. Updated list of beneficiaries of Payment for Environmental Services for Contract 2019, 2020, 2022, and 2024, with their respective (sic) number of hectares each. 7. Map of active Payment for Environmental Services contracts. 8. Work plan for the year 2024. (…)”. They indicate that this request was reiterated via official letter No. CAPSA-003-2024 sent on May 18, 2024, by email. They allege that an email was received with a document dated June 5, 2024, through which the respondent party indicated that they would only deliver what corresponds to the 2024-2025 administration. However, they reiterate that what they requested is everything corresponding to the year 2023 (from January 1 to December 31). They claim that, as of the date this amparo was filed, they had not obtained the information requested from the respondent party.

2.- By resolution of 4:12 p.m. on July 17, 2024, the proceeding is initiated and a hearing is granted to the respondent party.

3.- By means of a submission provided to the Chamber on July 27, 2024, one of the appellants points out that he was summoned by the respondent ADI for the delivery of the documents mentioned in this amparo appeal. However, he clarifies that the respondent was told they would wait for the resolution issued by the Chamber, so that documentation would not be received.

4.- By written submission provided to the Chamber on July 29, 2024, Adrián Rodríguez Palacios, in his capacity as President of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí de Coto Brus, answers the granted hearing. He indicates that his person agreed to deliver the documentation, but other members did not and others, additionally, did not opine. He relates that, by majority, not agreeing to give documents, they were not delivered to the PSA commission. He adds that they are “willing” to deliver the following documentation: The economic report for the year 2023 presented by the treasurer at the assembly. Invoices and check stubs that gave rise to the 2023 economic report. Bank account statement from January 1, 2023, to December 31, 2023. Financial statements kept (sic) by the accountant, namely: balance sheet, income statements, cash flow, changes in equity, as well as the detail of the auxiliary income and expense ledgers, tax reports, general journal, general ledger and inventory, as well as the income and expense vouchers and check stubs that gave rise to the accounting records from January 1 to December 31 of the year 2023. Copies of the minutes: secretary’s book, assembly minutes, treasurer’s book or general journal, inventory book, and membership book. Updated list of beneficiaries of payment for environmental services for contract 2019, 2020, 2022, and 2024, with their respective number of hectares each. Map of active Payment for Environmental Services contracts. Work plan for the year 2024. He mentions that they do not have the following documents available: general journal (it is blank), the work plan is in the assembly minutes, and the 2024 PSA project is in process. He adds that “(…) We will give you the following documents to the members mentioned in the amparo appeal (…)”.

5.- In the substantiation of the process, the prescriptions of law have been observed.

Magistrate Araya García drafts; and,

WHEREAS:

I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellants, in their capacity as members of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí, affirm that the members of the Board of Directors of said association, as of the day this amparo was filed, had not delivered to them documentation requested since January 28, 2024.

II.- ON THE ADMISSIBILITY OF THE AMPARO. Article 57 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to amparos against private law subjects, establishes that this class of actions is granted against the actions or omissions of private law subjects, when they act or must act in the exercise of public functions or powers, or, are, de jure or de facto, in a position of power against which common jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2, subsection a) of the same Law. Regarding the specific case of Integrated Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Integral), this Constitutional Court, in Ruling No. 2022-14187 of 09:20 hrs. on June 24, 2022, indicated the following:

“(…) it involves a private law subject of public interest that is in a position to breach the right of association and that, in the exercise of its rights related to freedom of association, the guarantees contained in Article 30 in relation to Article 25, both of the Political Constitution, have been respected, which is why the merits of the case are examined (…)”. (See, in a similar vein, the provisions in Vote No. 2022-17076 of 09:15 hrs. on July 22, 2022).

In this case, we could be facing the possible breach of the right of association of the protected party, for which reason this matter is admitted and the specific situation raised is resolved.

III.- PROVEN FACTS. Of relevance to settle this amparo appeal, the following are taken as accredited:

  • 1)The claimants are active members of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí and, also, members of the commission for Payment for Environmental Services (Pago de Servicios Ambientales, PSA) (see filing brief and evidence).
  • 2)On January 28, 2024, the tutelage recipients delivered to the Board of Directors of the respondent association official letter No. CAPSA-002-2024 (dated January 7, 2024), by which the following was indicated and requested: “(…) in the most respectful manner we address you with the purpose of requesting the following, based on article 8 of the articles of association regarding members' rights and subsection D where it contemplates: requesting information regarding the progress of the association: 1. The economic report for the year 2023 presented by the treasurer at the assembly. 2. Invoices and check stubs that gave rise to the 2023 economic report. 3. Bank account statement from January 1, 2023, to December 31, 2023. 4. We also need the financial statements kept (sic) by the accountant, namely: balance sheet, income statements, cash flow, changes in equity, as well as the detail of the auxiliary income and expense ledgers, tax reports, general journal, general ledger and inventory, as well as the income and expense vouchers and check stubs that gave rise to the accounting records from January 1 to December 31 of the year 2023. 5. Copies of the following minutes: secretary’s book, assembly minutes, treasurer’s book or general journal, inventory book, and membership book. 6. Updated list of beneficiaries of Payment for Environmental Services for Contract 2019, 2020, 2022, and 2024, with their respective (sic) number of hectares each. 7. Map of active Payment for Environmental Services contracts. 8. Work plan for the year 2024. (…)” (see evidence).
  • 3)The previous request was reiterated to the party via official letter No. CAPSA-003-2024 sent on May 18, 2024, by email (see evidence).
  • 4)As of the date this amparo was filed, that is, July 10, 2024, the respondent party had not delivered the required information to the appellants. Nor had they informed them of the reasons why certain data could not be delivered to them (the case file).
  • 5)On July 23, 2024, the respondent party was notified of the filing of this matter (see notification record).
  • 6)On July 27, 2024, the respondent party attempted to provide the tutelage recipients with the required documentation that was in its possession. The appellants, on that occasion, indicated that they preferred to wait for the resolution of this amparo (see brief presented by the appellants).
  • 7)In the response rendered to the Chamber on July 29, 2024, it was clarified that all the information required by the appellants could be delivered, with the exception of the following data: General journal (because it is blank); work plan (it is in the assembly minutes) and the 2024 PSA project which is in process (see response).

IV.- UNPROVEN FACT. Of relevance to settle this amparo appeal, the following is taken as unproven: Solely- That on July 27, 2024, the respondents had indicated to the tutelage recipients about the information that could not be delivered at that time (the case file).

V.- ON THE RIGHT OF ASSOCIATION AND ITS RELATIONSHIP WITH THE RIGHT TO INFORMATION. This Chamber has repeatedly held that the omission of grassroots associative organizations to address a request from one of its members does not find protection in the right of petition protected in Article 27 of the Political Constitution, but rather in their right of association, insofar as it is considered that, as a member of said organization, the individual has the right to obtain information about it (see Ruling No. 2011-015820 of 02:30 hrs. on November 22, 2011). However, the mere condition of being a member is not sufficient to make enforceable their right to obtain what was requested, since it is necessary that the required data be relevant from the point of view of the essential content of the right of association (see Ruling No. 2013-006299 of 09:05 hrs. on May 10, 2013, reiterated in No. 2021-012112, of 08:30 hrs. on May 28, 2020).

VI.- SPECIFIC CASE. The appellants, on July 10, 2024, file an amparo and state that they are members of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí de Coto Brus, as well as members of the commission for Payment for Environmental Services (Pago de Servicios Ambientales, PSA). They affirm that on January 28, 2024, official letter No. CAPSA-002-2024 was delivered to the Board of Directors of that association, by which information of their interest was requested. However, they allege that, despite subsequent efforts made, as of the date this amparo was filed, said data had not yet been delivered to them.

Having reviewed the case file, it is accredited that the claimants are active members of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí and, also, members of the commission for Payment for Environmental Services (Pago de Servicios Ambientales, PSA). Likewise, it is evident that, effectively, on January 28, 2024, the tutelage recipients delivered to the Board of Directors of the association official letter No. CAPSA-002-2024 (dated January 7, 2024), by which the following was indicated and requested:

“(…) in the most respectful manner we address you with the purpose of requesting the following, based on article 8 of the articles of association regarding members' rights and subsection D where it contemplates: requesting information regarding the progress of the association: 1. The economic report for the year 2023 presented by the treasurer at the assembly. 2. Invoices and check stubs that gave rise to the 2023 economic report. 3. Bank account statement from January 1, 2023, to December 31, 2023. 4. We also need the financial statements kept (sic) by the accountant, namely: balance sheet, income statements, cash flow, changes in equity, as well as the detail of the auxiliary income and expense ledgers, tax reports, general journal, general ledger and inventory, as well as the income and expense vouchers and check stubs that gave rise to the accounting records from January 1 to December 31 of the year 2023. 5. Copies of the following minutes: secretary’s book, assembly minutes, treasurer’s book or general journal, inventory book, and membership book. 6. Updated list of beneficiaries of Payment for Environmental Services for Contract 2019, 2020, 2022, and 2024, with their respective (sic) number of hectares each. 7. Map of active Payment for Environmental Services contracts. 8. Work plan for the year 2024. (…)”.

It was also demonstrated that the previous request was reiterated to the party via official letter No. CAPSA-003-2024 sent on May 18, 2024, by email. However, it is evident that, as of the date this amparo was filed, that is, July 10, 2024, the aforementioned information had not been provided to the appellants. Likewise, it was verified that on July 23, 2024, the respondent party was notified of the filing of this matter and that, days later, that is, on July 27, 2024, the respondents attempted to provide the tutelage recipients with the required documentation that was in their possession. On this last occasion, the appellants, according to their own account, stated that they preferred to wait for the resolution of this amparo.

Equally, as reported and clarified by the respondents, all the information required can be delivered to the appellants, with the exception of the following data: General journal (because it is blank); work plan (it is in the assembly minutes) and the 2024 PSA project which is in the process of preparation.

Now, having analyzed all of the above, this Constitutional Court deems that there is sufficient merit to uphold this amparo proceeding.

The foregoing, centrally, insofar as it has been convincingly demonstrated that the respondent party, for an excessive and unreasonable period of at least six months, refused, in an absolutely arbitrary and unjustified manner, to deliver to the appellants, in their capacity as members of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí, the mentioned data, which, it should be noted, are fully related to the operation of said association, especially at the financial and administrative level and, therefore, should have been provided as soon as possible. Note that the information was formally requested since January 28, 2024, and that, by July 10, 2024 (the date this amparo was filed), the respondent party had not delivered the required information to the appellants. Nor had they informed them of the reasons why certain data could not be delivered to them until then.

On the other hand, it should be noted that it was not until July 27, 2024, after this amparo was notified to the respondent association, that the members of the latter attempted to provide the tutelage recipients with the documentation of interest. However, as was accredited, this action was ultimately not completed. Furthermore, there is no evidence that the respondents, on that occasion, had indicated to the claimants the information that could not be delivered at that time.

Finally, when rendering the respective response, the respondent party made no reference whatsoever to the delivery of the required information to the appellants.

Under this state of affairs, this Chamber deems that, in this instance, the fundamental rights of the appellants, in their condition as members of the respondent association, have indeed been breached.

Consequently, what is appropriate is to uphold this amparo, ordering the respondents to supply the tutelage recipients with all the required information, with the sole exception of the general journal, since it was reported that it is blank (that is, it contains no data whatsoever, thus making its delivery impossible). Regarding the work plan, it is understood, from the response, that this information does exist, but in the assembly minutes. Furthermore, regarding the PSA for the year 2024, it was reported that it was in preparation, such that it is understood that it can indeed be completed and delivered to the interested parties, meaning no material impossibility exists for its supply.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is declared with merit. Adrián Rodríguez Palacios, in his capacity as President of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí de Coto Brus, or whoever holds said position in his stead, is ordered to, within a maximum period of ten days, counted from the notification of this judgment, supply the claimants with all the required information (with the sole exception of the general journal). The respondent party is warned that, in accordance with the provisions set forth in Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment from three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be executed or enforced, issued within an amparo appeal, and does not execute it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí de Coto Brus is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of a civil judgment. Notify.- Fernando Castillo V. President Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alexandra Alvarado P.

Digitally Signed Document -- Verification Code --  Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 15:13:39.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2024022638 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del nueve de agosto de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo interpuesto por FEDERICO BEJARANO PALACIO, cédula de identidad 0900690826 y OTROS, contra LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE GUAYMÍ DE COTO BRUS.

RESULTANDO:

1.- Por escrito aportado a la Sala el 10 de julio de 2024, los recurrentes interponen recurso de amparo y manifiestan que son afiliados a la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí de Coto Brus, así como miembros de la comisión de Pago de Servicio Ambiental (PSA). Afirman que el 28 de enero de 2024, se le entregó a la Junta Directiva de esa asociación el oficio No. CAPSA-002-2024 (de fecha 7 de enero de 2024), mediante el cual se solicitó la entrega de la siguiente documentación “(…) 1. El informe económico del año 2023 presentado por la tesorera en la asamblea. 2. Factura y colillas de cheque que dieron lugar al informe económico del 2023. 3. Cuenta bancaria con fecha del 01 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. 4. También necesitamos el estado financiero llevados (sic) por el contador a saber: balance general, estados de resultados, flujo de efectivo, cambios patrimoniales, así como el detalle de los auxiliares de ingresos y egresos, reportes tributarios, libro diario, mayor e inventario, así como los comprobantes de ingresos y egresos y colillas de cheques que dieron lugar a los registros contables del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023. 5. Copia de las siguientes actas: de secretaria, de asamblea, de tesorería o libro de diario, de inventario y libro de afiliación. 6. Lista actualizada de beneficiario de Pago Servicio Ambiental del Contrato 2019, 2020, 2022 y 2024, con su respectivo (sic) cantidad de hectáreas cada uno. 7. Mapa de los contratos activos de Pago Servicio Ambiental. 8. Plan de trabajo del año 2024. (…)”. Indican que esa solicitud fue reiterada mediante oficio No. CAPSA-003-2024 remitido el 18 de mayo de 2024 vía correo electrónico. Acusan que se recibió un correo electrónico con un documento de fecha 5 de junio de 2024, a través del cual la parte recurrida indicó que solamente entregarían lo que le corresponde a la administración 2024-2025. Sin embargo, reiteran que lo que solicitaron es todo lo que corresponde al año 2023 (de 1° de enero al 31 de diciembre). Alegan que, a la fecha de formulado este amparo, no habían obtenido la información requerida a la parte recurrida.

2.- Por resolución de las 16:12 hrs. de 17 de julio de 2024, se le da curso al proceso y se otorga audiencia a la parte recurrida.

3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 27 de julio de 2024, uno de los recurrentes señala que fue citado por la ADI recurrida para la entrega de los documentos mencionados en el presente recurso de amparo. Sin embargo, aclara que se le dijo a la recurrida que iban a esperar la resolución que dictara la Sala, por lo que esa documentación no sería recibida.

4.- Por escrito aportado a la Sala el 29 de julio de 2024, Adrián Rodríguez Palacios, en su condición de Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí de Coto Brus, contesta la audiencia conferida. Indica que su persona estuvo de acuerdo a entregar la documentación, pero otros miembros no y otros, además, no opinaron. Narra que, por mayoría, al no estar de acuerdo dar documentos, no se les entregó a la comisión del PSA. Agrega que están “disponibles” a entregar la siguiente documentación: El informe económico del año 2023 presentado por la tesorera en la asamblea. Factura y colillas de cheque que dieron lugar al informe económico del 2023. Cuenta bancaria con fecha del 01 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Estado financiero llevados (sic) por el contador a saber: balance general, estados de resultados, flujo de efectivo, cambios patrimoniales, así como el detalle de los auxiliares de ingresos y egresos, reportes tributarios, libro diario, mayor e inventario, así como los comprobantes de ingresos y egreso y colillas de cheques que dieron lugar a los registros contables del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023. Copia de las actas: secretariado, de asamblea, de tesorería o libro de diario, de inventario y libro de afiliados. Lista actualizada de los beneficiarios de pago servicio ambiental del contrato 2019, 2020, 2022 y 2024, con su respectiva cantidad de hectáreas cada uno. Mapa de los contratos activos de Pago Servicios Ambientales. Plan de trabajo del año 2024.Menciona que no tienen disponibles los siguientes documentos: libro de diario (está en blanco), el plan de trabajo está en el acta de la asamblea y el proyecto del 2024 PSA está en proceso. Añade que “(…) Le vamos entregamos los siguientes documentos a los afiliados mencionados en el recurso de amparo (…)”.

5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes, en su calidad de afiliados de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí, afirman que los miembros de la Junta Directiva de dicha asociación, para el día de interpuesto este amparo, no les habían entregado una documentación requerida desde el 28 de enero de 2024.

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL AMPARO. El artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con los amparos contra sujetos de derecho privado, establece que esta clase de demandas se conceden contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. Sobre el caso en particular de las Asociaciones de Desarrollo Integral, este Tribunal Constitucional, en la Sentencia No. 2022-14187 de las 09:20 hrs. de 24 de junio de 2022, indicó lo siguiente:

“(…) se trata de un sujeto de derecho privado de interés público que está en posibilidad de quebrantar el derecho de asociación y que, en el ejercicio de sus derechos relacionados con la libertad de asociación, se hayan respetado las garantías contenidas en el artículo 30 en relación con el 25, ambos de la Constitución Política, razón por la cual se entra a analizar el fondo del asunto (…)”. (Véase, en similar sentido, lo dispuesto ten el Voto No. 2022-17076 de las 09:15 hrs. de 22 de julio de 2022).

En este caso nos podríamos encontrar frente al posible quebranto del derecho de asociación de la parte tutelada, por lo cual este asunto se admite y se entra a resolver la situación concreta planteada.

III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

  • 1)Los accionantes son afiliados activos de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí y, también, miembros de la comisión de Pago de Servicio Ambiental (PSA) (ver escrito de interposición y prueba).
  • 2)El 28 de enero de 2024, los tutelados hicieron entrega a la Junta Directiva de la asociación recurrida el oficio No. CAPSA-002-2024 (de fecha 7 de enero de 2024), mediante el cual se indicó y solicitó lo siguiente: “(…) de la forma más respetuosa nos dirigimos a ustedes con la finalidad de solicitarles los siguientes, con base al artículo 8 del acta constitutiva en derechos de los afiliados y el inciso D donde contempla: pedir información con respecto a la marcha de la asociación: 1. El informe económico del año 2023 presentado por la tesorera en la asamblea. 2. Factura y colillas de cheque que dieron lugar al informe económico del 2023. 3. Cuenta bancaria con fecha del 01 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. 4. También necesitamos el estado financiero llevados (sic) por el contador a saber: balance general, estados de resultados, flujo de efectivo, cambios patrimoniales, así como el detalle de los auxiliares de ingresos y egresos, reportes tributarios, libro diario, mayor e inventario, así como los comprobantes de ingresos y egresos y colillas de cheques que dieron lugar a los registros contables del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023. 5. Copia de las siguientes actas: de secretaria, de asamblea, de tesorería o libro de diario, de inventario y libro de afiliación. 6. Lista actualizada de beneficiario de Pago Servicio Ambiental del Contrato 2019, 2020, 2022 y 2024, con su respectivo (sic) cantidad de hectáreas cada uno. 7. Mapa de los contratos activos de Pago Servicio Ambiental. 8. Plan de trabajo del año 2024. (…)” (ver prueba).
  • 3)La anterior solicitud le fue reiterada a la parte mediante oficio No. CAPSA-003-2024 remitido el 18 de mayo de 2024 vía correo electrónico (ver prueba).
  • 4)Para la fecha de formulado este amparo, sea, el 10 de julio de 2024, la parte recurrida no les había entregado a los recurrentes la información requerida. Tampoco, les habían informado los motivos por los cuales ciertos datos no se les podía entregar (los autos).
  • 5)El 23 de julio de 2024, la parte recurrida fue notificada de la interposición de este asunto (ver acta de notificación).
  • 6)El 27 de julio de 2024, la parte recurrida intentó brindarle a los tutelados la documentación requerida y que se encontraba en su poder. Los recurrentes, en tal ocasión, indicaron que preferían esperar la resolución de este amparo (ver escrito presentado por los recurrentes).
  • 7)En contestación rendida a la Sala el 29 de julio de 2024, se aclaró que se podía entregar toda la información requerida por los recurrentes, con excepción de los siguientes datos: Libro de diario (porque está en blanco; plan de trabajo (está en el acta de la asamblea) y proyecto del 2024 PSA que está en proceso (ver contestación).

IV.- HECHO NO PROBADO. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tiene por indemostrado el siguiente: Único- Que el 27 de julio de 2024, los recurridos le hayan indicado a los tutelados sobre la información que no se podía entregar en ese momento (los autos).

V.- SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN. Esta Sala ha sostenido reiteradamente que la omisión de las organizaciones de base asociativa en atender una pretensión de uno de sus agremiados no encuentra amparo en el derecho de petición tutelado en el artículo 27, de la Constitución Política, sino en su derecho de asociación, en cuanto se considera que, como miembro de dicha organización, el individuo tiene derecho a obtener información sobre esta (véase Sentencia No. 2011-015820 de las 02:30 hrs. de 22 de noviembre de 2011). Sin embargo, la sola condición de agremiado no es suficiente para hacer exigible su derecho a obtener lo solicitado, toda vez que es necesario que los datos requeridos revistan relevancia desde el punto de vista del contenido esencial del derecho de asociación (véase Sentencia No. 2013-006299 de las 09:05 hrs. de 10 de mayo de 2013, reiterada en la No. 2021-012112, de las 08:30 hrs. de 28 de mayo de 2020).

VI.- CASO CONCRETO. Los recurrentes, el 10 de julio de 2024, acuden en amparo y manifiestan que son afiliados a la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí de Coto Brus, así como miembros de la comisión de Pago de Servicio Ambiental (PSA). Afirman que el 28 de enero de 2024 se le entregó a la Junta Directiva de esa asociación el oficio No. CAPSA-002-2024, mediante el cual se solicitó información de su interés. Sin embargo, acusan que, pese a gestiones posteriores realizadas, para la fecha de interpuesto este amparo, dichos datos no le habían sido entregados aún.

Revisados los autos, se tiene por acreditado que los accionantes son afiliados activos de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí y, también, miembros de la comisión de Pago de Servicio Ambiental (PSA). Asimismo, consta que, efectivamente, el 28 de enero de 2024, los tutelados hicieron entrega a la Junta Directiva de la asociación el oficio No. CAPSA-002-2024 (de fecha 7 de enero de 2024), mediante el cual se indicó y solicitó lo siguiente:

“(…) de la forma más respetuosa nos dirigimos a ustedes con la finalidad de solicitarles los siguientes, con base al artículo 8 del acta constitutiva en derechos de los afiliados y el inciso D donde contempla: pedir información con respecto a la marcha de la asociación: 1. El informe económico del año 2023 presentado por la tesorera en la asamblea. 2. Factura y colillas de cheque que dieron lugar al informe económico del 2023. 3. Cuenta bancaria con fecha del 01 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. 4. También necesitamos el estado financiero llevados (sic) por el contador a saber: balance general, estados de resultados, flujo de efectivo, cambios patrimoniales, así como el detalle de los auxiliares de ingresos y egresos, reportes tributarios, libro diario, mayor e inventario, así como los comprobantes de ingresos y egresos y colillas de cheques que dieron lugar a los registros contables del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023. 5. Copia de las siguientes actas: de secretaria, de asamblea, de tesorería o libro de diario, de inventario y libro de afiliación. 6. Lista actualizada de beneficiario de Pago Servicio Ambiental del Contrato 2019, 2020, 2022 y 2024, con su respectivo (sic) cantidad de hectáreas cada uno. 7. Mapa de los contratos activos de Pago Servicio Ambiental. 8. Plan de trabajo del año 2024. (…)”.

Se demostró también que la anterior solicitud le fue reiterada a la parte mediante oficio No. CAPSA-003-2024 remitido el 18 de mayo de 2024 vía correo electrónico. Sin embargo, consta que, para la fecha de formulado este amparo, sea, el 10 de julio de 2024, la referida información no les había sido suministrada a los recurrentes. Asimismo, se verificó que el 23 de julio de 2024, la parte recurrida fue notificada de la interposición de este asunto y que, días después, sea, el 27 de julio de 2024, los recurridos intentaron brindarle a los tutelados la documentación requerida y que se encontraba en su poder. En esta última ocasión, los recurrentes, según su propio dicho, manifestaron que preferían esperar la resolución de este amparo.

Igualmente, según se informó y aclaró por parte de los recurridos, a los recurrentes se le puede entregar toda la información requerida, con excepción de los siguientes datos: Libro de diario (porque está en blanco; plan de trabajo (está en el acta de la asamblea) y proyecto del 2024 PSA que está en proceso de elaboración.

Ahora bien, analizado todo lo anterior, este Tribunal Constitucional estima que existe mérito suficiente para acoger este proceso de amparo.

Lo anterior, medularmente, en el tanto se ha demostrado fehacientemente que la parte recurrida, durante un plazo excesivo e irrazonable de al menos seis meses, se negó, de manera absolutamente arbitraria e injustificada, a entregarle a los recurrentes, en calidad de afiliados de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí, los mencionados datos, los cuales, cabe destacar, guardan plena relación con la operación de dicha asociación, sobre todo a nivel financiero y administrativo y, por ende, debían ser proporcionados a la mayor brevedad posible. Nótese que la información se solicitó formalmente desde el 28 de enero de 2024 y que, para el 10 de julio de 2024 (fecha de presentado este amparo), la parte recurrida no les había entregado a los recurrentes la información requerida. Tampoco, les habían informado los motivos por los cuales ciertos datos no se les podía entregar para entonces.

De otra parte, cabe destacar que no fue sino el día 27 de julio de 2024, luego de que este amparo fue notificado a la asociación recurrida, que los miembros de esta última intentaron brindarle a los tutelados la documentación de interés. Sin embargo, como se acreditó, esta actuación finalmente no se concretó. Además, no consta que los recurridos, en tal oportunidad, le hayan indicado a los accionantes sobre la información que no se podía entregar para ese momento.

Finamente, al rendir la respectiva contestación, la parte recurrida no hizo referencia alguna a la entrega a los recurrentes de la información requerida.

Bajo tal estado de cosas, esta Sala estima que, en la especie, sí se han quebrantado los derechos fundamentales de los recurrentes, en su condición de afiliados de la asociación recurrida.

Por consiguiente, lo que corresponde es acoger este amparo, ordenándole a los recurridas suministrarle a los tutelados toda la información requerida, con excepción, únicamente, del libro de diario, ya que se informó que este se encuentra en blanco (es decir, no consigna ningún tipo de datos, volviendo imposible, entonces, su entrega). Por su parte, en cuanto al plan de trabajo, se entiende, por lo contestado, que esta información sí se encuentra, pero en el acta de asamblea. Además, en cuanto al PSA correspondiente al año 2024 se informó que estaba en elaboración, de modo tal que se entiende que sí se puede concluir y entregar a los interesados, sea, no media ninguna imposibilidad material para su suministro.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Adrián Rodríguez Palacios, en su condición de Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí de Coto Brus, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, que, dentro del plazo máximo de diez días, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se le suministre a los accionantes toda la información requerida (con excepción, únicamente, del libro de diario). Se advierte a la parte recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guaymí de Coto Brus al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil. Notifíquese.- Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alexandra Alvarado P.

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