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Res. 19597-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 12/07/2024
OutcomeResultado
The Chamber ordered AyA to guarantee sufficient daily water immediately during interruptions exceeding six hours and normalize service within eighteen months, while requiring Aresep to begin proactive and immediate oversight of water service in Coronado.La Sala ordenó al AyA garantizar inmediatamente agua diaria suficiente durante interrupciones superiores a seis horas y normalizar el servicio en dieciocho meses, y exigió a la Aresep fiscalizar de oficio e inmediatamente la prestación del servicio en Coronado.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted the amparo arising from prolonged and recurring interruptions of drinking-water service in Coronado. It held that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers failed to ensure daily, sufficient, efficient, and continuous service despite the fundamental nature of access to water and the population’s basic needs. The Chamber also concluded that Aresep neglected its oversight duties: the absence of an administrative complaint from the petitioner did not excuse inaction because the regulator was required to act proactively and on its own initiative in response to known problems involving service continuity, quality, and management. The judgment ordered AyA to provide sufficient water immediately whenever an interruption lasts longer than six hours and to implement the measures needed to regularize service within eighteen months. Aresep was likewise ordered to begin inspections, controls, and other regulatory actions immediately. Both institutions were held liable for costs, damages, and losses, with the amounts to be determined in judgment-enforcement proceedings.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo por las interrupciones prolongadas y recurrentes del suministro de agua potable en Coronado. Determinó que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no garantizó un servicio diario, suficiente, eficiente y continuo, pese al carácter fundamental del acceso al agua y a las necesidades básicas de la población. También concluyó que la Aresep incumplió su deber de fiscalización: no bastaba alegar que el recurrente no había presentado una queja administrativa, pues su actuación debía ser proactiva y de oficio ante problemas conocidos de continuidad, calidad y gestión del servicio. La sentencia ordenó al AyA proporcionar inmediatamente agua suficiente cuando las interrupciones superen seis horas e implementar, dentro de dieciocho meses, las medidas necesarias para regularizar el abastecimiento. Asimismo, ordenó a la Aresep ejercer de inmediato inspecciones, controles y demás competencias regulatorias. Ambas instituciones fueron condenadas al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
Consequently, the claim concerning Aresep is granted under the terms established in the operative part of this judgment. The amparo is granted. Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as executive president of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever occupies that position, is ordered to coordinate whatever is necessary and undertake all actions within the scope of his authority so that: (i) IMMEDIATELY, a daily and sufficient supply of drinking water is guaranteed to meet the basic needs of Coronado’s population whenever service is interrupted for periods exceeding six hours; and (ii) within a MAXIMUM PERIOD OF 18 MONTHS from notice of this judgment, the measures required for drinking-water service to Coronado’s population to be provided efficiently, effectively, and continuously are implemented. Eric Alonso Bogantes Cabezas, in his capacity as regulator general and chair of the Board of Directors of the Regulatory Authority for Public Services, or whoever occupies that position, is ordered to coordinate the appropriate measures and undertake all actions within the scope of that authority so that IMMEDIATELY it ensures compliance by Icaa in Coronado with the standards governing the quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of the public drinking-water service, for example through technical inspections of the properties, plants, and equipment used to provide that service, as well as controls over the facilities and equipment dedicated to that public service, with a view to guaranteeing full compliance with the relevant obligations.En consecuencia, se declara con lugar el recurso atinente a la Aresep en los términos establecidos en la parte dispositiva de esta sentencia. Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de Coronado, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a 6 horas; y ii) en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de Coronado se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Se le ordena a Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de regulador general y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que coordine lo pertinente y ejecute todas las actuaciones propias del ámbito de sus competencias, a los efectos de que DE FORMA INMEDIATA se vele por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio público de suministro de agua potable por parte del Icaa en Coronado, verbigracia, por medio de inspecciones técnicas a las propiedades, plantas y equipos destinados a brindar ese servicio, así como la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados a tal servicio público con miras a garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones en este campo.
Pull quotesCitas destacadas
"En el sub examine, aunque la Aresep tiene entre sus funciones la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio de agua potable, no se verifica su adecuado acatamiento."
"In the case under review, although Aresep is responsible for ensuring compliance with the standards governing the quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of drinking-water service, adequate fulfillment of that responsibility has not been established."
Considerando VI
"En el sub examine, aunque la Aresep tiene entre sus funciones la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio de agua potable, no se verifica su adecuado acatamiento."
Considerando VI
"Sin embargo, este Tribunal no comprueba alguna acción de la Aresep tendente a hacer cumplir las normas de continuidad y prestación óptima del servicio de agua potable en Coronado lo que implica una conculcación a los derechos fundamentales de la parte recurrente."
"However, this Court finds no action by Aresep aimed at enforcing the standards for continuity and optimal provision of drinking-water service in Coronado, which constitutes a violation of the petitioner’s fundamental rights."
Considerando VI
"Sin embargo, este Tribunal no comprueba alguna acción de la Aresep tendente a hacer cumplir las normas de continuidad y prestación óptima del servicio de agua potable en Coronado lo que implica una conculcación a los derechos fundamentales de la parte recurrente."
Considerando VI
"La Defensoría considera que, como parte de sus funciones, sí le corresponde a la ARESEP velar porque los prestadores de los servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar de forma óptima estos servicios, por lo que no puede aducir para su no intervención, la ausencia de denuncias que impulsen su actuar, mismo que debe ser proactivo y de oficio."
"The Ombudsman's Office considers that, as part of its functions, ARESEP is responsible for ensuring that public-service providers satisfy the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability required for optimal service; it therefore cannot invoke the absence of complaints as a reason not to intervene, since its action must be proactive and undertaken on its own initiative."
Considerando VI, informe de la Defensoría de los Habitantes
"La Defensoría considera que, como parte de sus funciones, sí le corresponde a la ARESEP velar porque los prestadores de los servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar de forma óptima estos servicios, por lo que no puede aducir para su no intervención, la ausencia de denuncias que impulsen su actuar, mismo que debe ser proactivo y de oficio."
Considerando VI, informe de la Defensoría de los Habitantes
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Document Review Decision No. 2024019597 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty a.m. on July 12, 2024.
Amparo proceeding (recurso de amparo) processed under case number 24-012146-0007-CO, filed by [Nombre62 001], identity card [CED02 ], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) AND THE AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP).
Findings of Fact:
Under the foregoing rationale, although it is true that provision had been made for the possibility that, exceptionally or extraordinarily, it might be necessary to suspend the potable water supply service (servicio de suministro de agua potable) for a duly justified reason and for short periods of time, it is also true that the necessary technical provisions had been established to prevent substantial harm to users affected by such suspension. It should also be noted that situations beyond the service provider’s control may affect service delivery, such as service interruptions associated with climate cycles, since it is indisputable that climate change has caused a decrease in rainfall during the rainy season, and the reduction in available water has affected public services, including the potable water supply in several sectors of the GAM. However, this issue has been raised for several years, both worldwide and nationally; therefore, service providers, being aware of it, have a legal duty to take the necessary measures to guarantee continuous, timely, and efficient potable water supply service, as well as to ensure service delivery in response to increased demand.
In this regard, on 22 de septiembre de 2020, through resolution RE-0231-JD-2020, the Board of Directors of Aresep issued the “Regulatory Policy on Access to Potable Water and Wastewater Sanitation,” whose general objective was to help strengthen the National Water Access Policy through regulatory instruments, in pursuit of ensuring the potable water supply; it was published in Alcance N.º 268 to La Gaceta N.º 247 of 9 de octubre de 2020. More recently, as previously indicated, through resolution RE-0013-JD-2024 of 19 de marzo de 2024, published on 17 de abril de 2024 in Alcance N.º 74 to La Gaceta N.º 67, the Board of Directors of Aresep issued the Technical Regulation “Provision of Water-Supply, Sanitary-Sewer, and Fire-Hydrant Services” (AR-RT-SUMAAH-2023)—Article 161 of which repealed the Technical Regulation on the “Provision of Water-Supply, Sanitary-Sewer, and Fire-Hydrant Services (AR-PSAyA-2015)”—which, insofar as relevant, established the following in Articles 10, 85, 86, 87, 88, 89, 90, and 91: (…) The transcribed articles show that the rationale of the previous regulation has been maintained: although service providers are authorized under the current technical regulations to interrupt potable water service in situations of scarcity and to carry out both scheduled and unscheduled suspensions, they must comply with the regulations and the conditions established in those articles in order to do so.
In this regard, it should be noted that although the service provider may establish use restrictions, to do so it must not only notify its subscribers through mass media and provide written notice to the Regulatory Authority, but also, when the suspension lasts for more than 6 consecutive hours, it has a duty to provide subscribers with an alternative potable water supply service, for example by tanker trucks, which, pursuant to Article 85, must give priority to the needs of: a. Hospitals, clinics, healthcare centers, correctional facilities, shelters, camps for disaster victims, and airports. b. Educational institutions. c. Housing, to meet families’ basic needs. d. Commercial, agricultural, and industrial activities. Likewise, in cases of water scarcity, pursuant to Article 90, the operator must manage the use of the available water, informing the affected users through various media, Aresep, and its website of, among other matters, the locations of water-delivery points served by tanker trucks.
Subsection g) of that article makes clear that the delivery point must be as close as possible to users’ homes so that several users may obtain water at the same time, waste may be avoided, and water collection may be made as easy as possible. Another important consideration is that, pursuant to Article 89, subsection e), of the cited current Regulation, when water is supplied by tanker trucks, the provider must offer at least two schedules, one in the morning and another in the afternoon, for distributing the water, in order to ensure that users receive potable water at least once a day. Subsection d) further provides that the alternative supply may not be maintained for more than 2 years unless the schedule for the project intended to resolve the water deficit extends over a longer period. Thus, the existing regulations are unequivocal as to the need for communities and persons affected by water rationing to be clearly informed of matters such as the schedules and locations of alternative potable water supply services, so that residents can cope with water availability conditions and organize themselves to meet their daily needs, both at home and at their workplaces.
Accordingly, under the aforementioned regulations, service providers are required to guarantee that affected communities have easy access to the service, especially the most vulnerable persons. For this reason, pursuant to Article 10 of the Regulation, the provider must implement the appropriate temporary corrective measures as soon as possible in order to supply the services until the service can be restored to optimal conditions. It therefore follows that the regulations issued by Aresep establish a duty for service providers to prepare plans and programs addressing the development needs of public services and ensuring that services are provided under optimal conditions. All of this is pursuant to the mandates of Ley N.º 7593, Article 14, subsections i) and j), of which requires providers to “(…) be prepared to ensure, in the short term, service delivery in response to increased demand (…)” and to “(…) provide the service under adequate conditions and with the regularity and safety required by its nature, the concession, or the permit (…)”.
(…) Hence, it is worth reiterating the importance of providers of this service expressly including in their investment plans permanent measures to resolve water-rationing problems and to ensure that the necessary and sufficient infrastructure is available to mitigate the impacts caused by this situation, since they have a duty to be prepared to ensure that the service is provided regularly, continuously, and safely. It is further reiterated that Article 89, subsection d), clearly states that alternative supply arrangements may not be maintained continuously for more than 2 years unless the schedule for the project intended to resolve the water deficit extends over a longer period; the investment plan must address the development needs of the public services provided, and the operator must report the project’s progress through the means available to it. Regarding the facts described in the appeal, although they do not arise from a direct act or omission by the Regulatory Authority in the exercise of its powers, this opportunity is taken to reiterate that, pursuant to public-service regulations and principles, continuity of service must be the norm, and the provider must endeavor to take measures to facilitate access to it (sic) for all its users, particularly when the provider itself is the technical governing authority in this field.
It should be noted that the transcribed technical regulations are mandatory3 and must be applied by all providers, since they have a duty to comply with the regulatory provisions issued by Aresep in the exercise of its powers. As demonstrated, Aresep, for its part, fulfilled its duty to adequately regulate matters relating to the continuity and suspension of potable water supply service by the entity responsible for managing it. Thus, the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, as the institution responsible for regulating public-service delivery in Costa Rica, fully performs the functions granted to it under Ley N.º 7593, which, pursuant to Article 5 thereof, may be summarized as setting the prices and rates for public services, as well as ensuring compliance with standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal public-service delivery. In performing these functions, the institution I represent has emphasized the importance of effectively providing water-supply, sanitary-sewer, and fire-hydrant services in order to prevent water shortages in communities and to fulfill the constitutional mandate recognizing access to potable water as a basic, non-waivable human right.
REGARDING POSSIBLE FILINGS BY THE APPELLANT WITH ARESEP, PROCESSED BY THE DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL USUARIO (DGAU) As previously indicated, although the appellant is not challenging any act and/or omission by this Regulatory Authority, the database of the Complaints Area of this Regulatory Authority, which forms part of the Dirección General de Atención al Usuario, was reviewed through the available points of entry, namely, in person, the single service window, and email: ...108, with the following results: 1. According to the review conducted of the Complaints Area database for the periods 2023 and 2024, no complaints concerning a lack of water in the Coronado area were found under the appellant’s Nombre62 [Nombre62 001], identity card N.º [CED02 ]. 2. According to the review conducted of the Proceedings Area database for the periods 2023 and 2024, there are no reports concerning a lack of water in the Coronado area under the appellant’s Nombre62 [Nombre62 001], identity card N.º [CED01]. On the foregoing terms, the Sala Constitucional is respectfully requested to deem the report required from this Regulatory Authority duly submitted.”
Likewise, Article 21 of Ley n.° 7593 assigns ARESEP responsibility for conducting inspections of facilities and equipment used to provide the public service, in order to ensure full compliance with the applicable obligations. Regarding ARESEP’s arguments concerning the constitutional protection action (recurso de amparo) at issue, this Oversight Body (Órgano Contralor) cannot issue an opinion because no reports or other evidence were submitted to substantiate its actions in the terms stated; it merely refers to technical regulations governing the provision of the service. IV. CONCLUSIONS The following conclusions are drawn from the contents of this report: 1. Although the Contraloría General has not directly audited the drinking-water supply service (servicio de abastecimiento de agua potable) in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, nor does it possess quantitative information regarding interruptions and extended water outages in other communities within the district, the Oversight Body finds consistency between the condition of the public drinking-water service described by the petitioner (recurrente) and the trend identified in reports prepared by the CGR concerning vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, the petitioner’s allegations are consistent with the Contraloría General’s findings in other vulnerable communities in the country. 2.
Although no audit is available regarding the ICAA’s response to the alleged failure to take action to address the aforementioned service interruption in Vázquez de Coronado, other audits conducted by the CGR have found that the ICAA’s investment portfolio has a number of deficiencies in its performance management, as well as weaknesses in governance, which limit its ability to address public needs in a timely manner and deliver the expected benefits to the population. 3. This Oversight Body notes that the period required to fill and pressurize pipelines should be taken into account when communicating the service-interruption schedule to users, because consideration should not be limited to the time when the tank begins operating, as this does not guarantee that drinking water will promptly or immediately reach users; rather, the distribution networks (pipelines) must reach the appropriate fill level and pressure to ensure supply under the required conditions. 4.
No evidence or reports concerning ARESEP’s actions were submitted; accordingly, this Oversight Body cannot provide an opinion. In any event, emphasis is placed on the Regulatory Authority’s (Ente Regulador) statutory duty to ensure compliance with standards governing the quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of public services, including drinking water; for example, the obligation to conduct technical inspections of the properties, plants, and equipment used to provide the public service, as well as the duty to inspect the facilities and equipment used for the public service, in order to ensure full compliance with the applicable obligations.”
Interconnection of the Vista de Mar system, which provides an additional 3 liters per second for 12 hours at night, reducing the deficit by 3%. 2. Put the Asturas tank into operation. Short-term measures: 1. A well drilled on AYA’s property that is currently being cleaned so that it may be put into operation, with the aim of reducing the deficit by 40% by 31 de mayo del 2024. 2. Bring water from the Vista de Mar system by gravity, reducing the deficit by 35% by setiembre del 2024, with the expectation that, during the rainy season, it will fully meet the community’s needs. 3. Initiative to use water from the Río Cascajal with the Orosí 2 drinking-water treatment plant by 2030. Finally, the Executive President of AYA stated that the causes of the current water shortage are: Abandonment of the water-supply network and an investment backlog in the networks. 5.4 Regarding the situation underlying the amparo proceeding (recurso de amparo): The petitioner reports that their right of access to drinking water has been adversely affected since enero de 2024.
Specifically, the petitioner reports that Dirección179 in San Francisco de Coronado has experienced water-supply problems because service is unavailable once or twice a week; however, the petitioner reports that, beginning on 8 de mayo de 2024, the situation has worsened, since on some occasions they go two to three consecutive days without access to drinking-water service. The total lack of supply alleged by the petitioner brought to light the preexisting supply crisis that has affected the community of Vásquez de Coronado during the dry season this (sic) year and in previous years. In this regard, the Defensoría de los Habitantes agrees with the petitioner that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados should be held responsible for planning, developing, and constructing the short-, medium-, and long-term solutions required by Vásquez de Coronado and the other communities affected by shortages to meet demand for water-supply service, so that everyone may have access to drinking water and meet their basic needs. 5.5 Considerations of the Defensoría regarding the shortage in Vásquez de Coronado: The Defensoría issued its final report with recommendations, official letter N°04932-2024-DHR, concerning interventions relating to the drinking-water supply in Vásquez de Coronado.
That report established, in general terms, that the measures taken by AyA have been neither sufficient nor timely to provide the population with drinking-water service in terms of quantity, quality, and especially continuity. Evidence of this is found in the 20 complaints referred to at the beginning of this report. The community of San Francisco de Coronado has faced a critical situation regarding the drinking-water supply, as reflected in the complaints filed by community residents due to scheduled and unscheduled rationing (racionamientos), which has resulted in extended periods without access to this service and the consequent impairment of residents’ rights. This situation has multiple causes, including disorderly land-use planning (planificación territorial), a lack of protection in aquifer recharge areas (zonas de recarga acuífera), and, in particular, inadequate planning, failure to carry out projects, and a lack of internal coordination within the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
These factors, coupled with climate change and changes in rainfall patterns, have contributed to the severe supply problem that currently prevents demand for this service from being met nationwide and, in particular, in the community of San Francisco de Coronado. As stated above, these conditions affect the provision of drinking-water service, which, pursuant to artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, must be governed by the fundamental principles of public service (servicio público) to ensure its continuity, efficiency, adaptation to any change in the legal framework or in the social need it serves, and equal treatment of recipients, users, or beneficiaries. Likewise, pursuant to artículo 5 inciso c) de la Ley 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, and in accordance with artículo 9 del reglamento de prestación de servicios del AyA, drinking-water service must be provided “within optimal service-delivery parameters in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and a human-rights-based approach”; however, this is not being achieved in San Francisco de Coronado.
The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has reported on the actions implemented to address problems related to the water supply, including rationing schedules, the incorporation of new wells into the metropolitan water-supply system, and other stopgap measures to address the situation in the short term. Likewise, the Defensoría is aware of resolución N°2023-020102 de las nueve horas quince minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, issued by the Sala Constitucional, which addresses a problem analogous to that involved in this amparo proceeding and orders AyA, immediately, to undertake the necessary coordination, issue the pertinent orders, and “carry out all actions falling within the scope of its authority so that, within eighteen months from service of this decision, to the extent possible, it improves the drinking-water supply in the cantón de Vázquez de Coronado during the dry season.” In this regard, the Defensoría has found that, nine months into that period, there is no indication that AyA has improved the drinking-water supply in the canton during the dry season, as illustrated by the 19 complaints received by the institution during febrero, marzo y abril of this year.
Indeed, in prior years the Defensoría had already drawn AyA’s attention to its failure to anticipate and implement measures to meet the population’s supply needs so as to guarantee the water supply to communities that, year after year, endure rationing for extended periods and other service disruptions, with the resulting adverse impact on the full enjoyment of the human right of access to drinking water, the rights to health and education, and the right to development, among others. Regarding this inaction by AYA, the Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) prepared a diagnostic study of AyA’s rates in 2022, which concluded that the institution experiences drinking-water losses of 57%; that investment projects or works are not fully completed and take from 10 to 15 years because of the absence of detailed engineering, weak pre-feasibility and feasibility studies, the absence of sensitivity analyses for critical variables used to determine the financial and economic viability of investment projects or works, failure to comply with deadlines and complete works, failure to define a financing model, the absence of rate-impact analyses, insufficient comprehensive project-control mechanisms, financing terms shorter than the useful life of investments or projects, extended periods of inactivity in the works between the pre-investment phases and the start of construction; and that 80% of meters underrecord consumption.
It also warned of the absence of records on large consumers and consumption levels, as well as the lack of institutional planning aimed at asset replacement, together with the denial of service-availability requests, and noted that 70% of water-supply systems experience water stress (estrés hídrico). It was also concluded that all of the country’s service providers fail to comply with water-quality verification requirements and that the Laboratorio Nacional de Aguas lacks a strategy for annually updating water-quality information. Finally, the diagnostic study highlights the need to refinance credit obligations associated with investment projects or works. In addition to the foregoing, the Defensoría has received complaints from residents of Coronado in prior years, including, for example, official letter 07379-2023-DHR, served on 03 de agosto del 2023, which demonstrates the repeated failure to comply with supply schedules and the lack of clear and assertive communication by AyA, to the detriment of the right to information of all persons living in the affected communities, especially those in vulnerable circumstances, such as children, older adults, persons with disabilities, pregnant women, bedridden patients, and others.
In this regard, the Defensoría has emphasized that public participation and the right to information are essential elements of participatory democracy, as well as the importance of the Instituto providing communities with accurate and understandable information about the water supply, distinguishing between a shortage and rationing and explaining the effects of El Niño and climate change on water sources. This is because the right to information is a fundamental right, pursuant to which AyA must respond promptly and adequately to community requests. Accordingly, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must implement the appropriate measures so that service in that community conforms to the optimal service-delivery parameters of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and a human-rights-based approach, as established by the rule governing the service, so that all persons may fully enjoy their basic and inalienable human right of access to drinking water, as the Sala Constitucional itself stated in the decision cited in this report.
Likewise, the Defensoría considers it imperative that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados take the measures and actions required for comprehensive planning of investment needs and improvements to service delivery, as well as for the efficient execution of the infrastructure projects and works required to meet current and future demand for the service in San Francisco de Coronado, with shorter completion periods and rigor and diligence in complying with procedural deadlines, so as to effectively guarantee the human right of access to drinking water. For all the foregoing reasons, the Defensoría recommended the following to the Executive Presidency of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or to whoever holds that office: “First.—For each investment project and work for the cantón de Vásquez de Coronado, design and document an internal-control and risk-analysis strategy that ensures execution in the shortest possible time while minimizing the possibility of incurring the project- and investment-execution deficiencies identified by the Autoridad Reguladora in its report. Second.
– Based on that internal control and risk analysis strategy, designate the subordinate official or officials (titulares subordinados) who will be responsible for ensuring compliance with it. Third. - Submit to this Defensoría the documentation relating to the first and second recommendations and report every two months on the progress of each investment project and public work for the canton of Vásquez de Coronado. Fourth. Without prejudice to the foregoing, submit the work schedule identifying the persons responsible and the deadlines for implementing the project to expand and improve the ME-A-14 San Rafael de Coronado and ME-A-21 Chiverrales systems of the Acueducto Metropolitano through the intake, pumping, and treatment of surface waters from Río Cascajal, in Cascajal de Vásquez de Coronado, San José. Fifth. - Report the approximate completion date of the project “Installation of a new 150 mm pipeline between the Vista Mar booster pumping station and the new Tanque Asturas.” Sixth.
Report the start and completion dates of the project “Replacement of 75 mmØ PVC Network with 150 mmØ HDPE, Vista de Mar System to Tanque La Finca.” Seventh. – Maintain constant communication with organized community groups in order to provide clear, orderly, and timely information regarding scheduled or unforeseen service disruptions. Eighth.- Without prejudice to the foregoing, and with the effective participation of community organizations and the Gobierno Local de Vásquez de Coronado, conduct a critical assessment of communication and information strategies concerning water service suspensions and rationing in order to identify opportunities for improvement.” 5.6 Regarding the reports submitted by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) to the Sala Constitucional in the specific case of the community of Vásquez de Coronado: In accordance with Article 1 of the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), N°2726, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was created as an autonomous State institution for the entire national territory, with the purpose of directing, establishing policies, establishing and applying standards, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving all matters related to the supply of drinking water (suministro de agua potable) and the collection and disposal of sewage and liquid industrial waste, as well as the regulatory aspects of stormwater drainage systems (sistemas de alcantarillado pluvial) in urban areas.
AyA is likewise responsible for directing and overseeing all matters relating to the provision of drinking-water service to the inhabitants of the Republic and for determining the priority, advisability, and feasibility of the various proposed projects for constructing, renovating, expanding, or modifying water-supply and sewerage works (obras de acueductos y alcantarillados). Hence, AyA must strictly monitor and require compliance with each of the conclusions reached in the technical reports submitted to the Sala Constitucional, in order to ensure that service is provided in accordance with current standards of quality, continuity, timeliness, and reliability. After analyzing the technical reports submitted by AyA to the Sala Constitucional, the Defensoría de los Habitantes considers that they address the same matters presented to this Órgano Defensor and discussed in the final report containing recommendations, official letter N°04932-2024-DHR, concerning drinking-water supply interventions in Vásquez de Coronado, which were summarized in the preceding sections.
The Defensoría de los Habitantes likewise reiterates the position stated in its final report containing recommendations: it considers it imperative that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados take the measures and actions required for comprehensive planning of investment needs and improvements in service delivery, as well as for the efficient implementation of the infrastructure projects and works required to meet current and future service demand in San Francisco de Coronado, with shorter implementation periods and rigorous, serious compliance with procedural deadlines, so as to effectively guarantee the human right of access to drinking water.
5.7- Regarding ARESEP’s intervention in the specific case of the community of Vásquez de Coronado: In accordance with Articles 4 and 5 of the Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, ARESEP’s fundamental functions and objectives include ensuring that public-service providers meet the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability required for the optimal provision of those services. In this regard, in 2022 ARESEP prepared an assessment of AyA’s Water-Supply Service, which concluded: “that the institution has drinking-water losses of 57%, that investment projects or works are not fully implemented and take 10 to 15 years, and that 80% of meters underrecord consumption.” It also warned of the absence of records concerning large consumers and consumption levels, as well as the lack of institutional planning aimed at replacing assets, the denial of service-availability requests (disponibilidades de servicios), and the fact that 70% of water-supply systems experience water stress (estrés hídrico).
It was also concluded that all service providers in the country fail to comply with water-quality verification requirements and that the Laboratorio Nacional de Aguas lacks a strategy for updating water-quality information annually. Finally, the assessment highlights the need to refinance credit obligations associated with investment projects or works. In the interests of public health and in fulfillment of its legally established powers, ARESEP is responsible for ensuring that drinking-water service providers deliver quality service. Hence, that body must strictly monitor and require compliance with each of the conclusions reached in the cited report, in order to ensure that service is provided in accordance with current standards of quality, continuity, timeliness, and reliability. The Autoridad Reguladora states in its report that, according to a review of the Área de Quejas database, during 2023 and 2024 there were no complaints or proceedings under the Name62 of the petitioner concerning the water-supply service shortage affecting the service provided by AyA in the community of Coronado.
Notwithstanding the foregoing, the Defensoría considers that ARESEP’s functions do include ensuring that public-service providers meet the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability required for the optimal provision of those services; it therefore cannot invoke the absence of complaints prompting it to act as grounds for its failure to intervene, since its actions must be proactive and initiated ex officio (de oficio), while seeking at all times to ensure compliance with the Reglamento “Reforma integral del reglamento técnico para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrante (AR-RTPAAH-2015),” which the Autoridad Reguladora mentioned in its report. In the terms set forth above, the Defensoría de los Habitantes hereby submits the requested opinion and remains available to this honorable Sala Constitucional to respond to any request for additional information it may require”.
Justice Rueda Leal drafts the opinion; and,
Considering:
The petitioner states that he is a resident of Vázquez de Coronado, specifically San Francisco de Corazón de Jesús. He states that, since enero de 2024, that area has experienced problems with the community’s water supply, because they receive no water once or twice a week. He mentions that, since 8 de mayo de 2024, the situation has become concerning, since they sometimes go without water for two to three consecutive days. He notes that they have no water during the day because service is provided for two hours in the early morning, between 02:00 and 04:00 hours. He mentions that, in the community of San Francisco de Coronado, Dirección09, there is currently an operating school attended by hundreds of boys and girls who have no water, despite the emergency situation reported by the Ministerio de Salud concerning a viral illness involving stomach problems.
The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter:
“3. Conclusions 3.1. Since its creation in 1961, AyA has been responsible for resolving matters relating to the provision of the country’s drinking-water service, in its capacity as service operator, governing authority, and delegating entity. Nevertheless, it has not succeeded in consolidating its role of directing, intervening in, and ensuring the proper administration, operation, maintenance, and development of drinking-water systems so that service provision meets the standards of quality, continuity, and quantity, in accordance with the fundamental principles of public service relating to adaptation to social needs and equal treatment of service recipients.
3.2. Within this framework, the drinking-water service rating of 4,45 out of 10 in vulnerable communities reveals a significant gap between the quality of this service and the minimum acceptable parameters. This stems from a generalized view of these communities that does not incorporate differentiated and intercultural approaches into service provision to ensure the protection and restoration of violated rights.
3.3. Furthermore, from an ethnically and culturally sensitive perspective, this situation shows that greater progress is needed in applying sound practices for the administration, operation, maintenance, and development of water-supply systems (sistemas de acueducto), so as to ensure their sustainability in providing drinking-water service to vulnerable communities.
3.4. The situation identified fosters conditions of poverty and adversely affects health and productive capacity, to the detriment of the economic, social, and environmental well-being needed to overcome the population’s vulnerable circumstances. Improving quality is therefore particularly important because this is an essential service for these communities, and the sustainability of public funds invested in infrastructure and administration must be protected.” (See documentary evidence).
“(…) regarding the financial equilibrium of the water-supply service, although the liquidity necessary to maintain service provision is currently available, it will be severely compromised in the medium term, given the guidelines implemented by AyA to use cash flows from depreciation expense and revalued depreciation (asset replacement) to meet financial obligations associated with investment-project initiatives whose grace periods (the time allowed to construct the works) have expired. This has begun to generate financial expense even though, to date, no solution addressing users’ needs is available (absence of a project).
Additionally, the financial equilibrium of a public service must reflect the results of efficient and effective management of investments and of the economic costs and expenses incurred in complying with the quality standards and rules established in advance for the provision of the water-supply service.
In the case under review, the existence of a 57% loss of drinking water, investments with implementation periods of 10 to 15 years, cost overruns in capital works due to (sic) schedule delays throughout the project’s entire value chain attributable to the administration, 80% of meters under-recording consumption, no records of large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below those authorized, investment tenders lacking guarantees and safeguards for the committed public funds, no institutional planning focused on replacing assets that have reached the end of their useful lives, unmetered services, denials of service availability, and 70% of systems experiencing water stress, among other factors, supports the conclusion that the service’s financial equilibrium cannot be achieved at any cost (…).
It is important to note that the development-return cash flow is intended to meet investment needs and repay the financial obligations (interest expense) incurred by the provider to finance its portfolio of infrastructure projects. In this regard, the absence of complete information that validates and allows the costs and changes in the scope of investment projects during the period 2018-2024 to be traced leaves the service provider unable to meet its obligations in the near future, both to users (new investments) and to creditors (outstanding debts).
For this reason, since 2021 the Autoridad Reguladora has emphasized, through various official letters and technical oversight activities, that AyA must modify its project management so that it (sic) can make the information available, ensure traceability from internal approval through implementation, correct the time frames for addressing users’ needs, validate project information in accounting capitalization reports, update Mideplan’s approval and monitoring system and Aresep’s investment plan, and assure users that every colón included in rates in connection with investments reflects transparent, reliable, timely, efficient, and effective management.
6. The level of return for development obtained by AyA (Return in dollars: 6, 71% and Return in colones: 9,4%) is lower than the cost of the debt assumed and included in this study for AyA (…), which has a number of implications for the service, including the following: It exposes the public water-supply service to bearing a cost for the debt incurred that exceeds its capacity to generate resources for repayment, thereby transferring operational and financial risk to users. The cost of debt associated with long-term projects, above the level of return, together with the time required to deliver an actual solution to problems involving supply or service availability, has caused users to bear a high social cost, a delay in development opportunities, and an exacerbation of territorial and socioeconomic inequalities.
7. AyA must undertake a refinancing or renegotiation process for its long-term debt that ensures more competitive interest rates and prevents a financial mismatch, while also avoiding the assumption and transfer to associated parties of uncompetitive debt costs because, although rates are set under the cost principle, in accordance with article No. 3 of the Ley de la Autoridad Reguladora, they must not be set at any cost (…).
9. The request to capitalize the investment projects proposed for the water-supply service for the period 2018-2021, in the amount of ₡ 108 081, 96, was denied based on the following criteria: According to the operator, 70% of the projects are unavailable because the pre-investment documents are missing, making it impossible to trace cost levels, scope, and timing through the pre-feasibility, feasibility, implementation, and asset-capitalization stages. Of the 30% of projects for which some documentation is attached, in most cases it relates to the amount budgeted as of the date of the study’s analysis, which in most instances cannot be traced between the project and the assets intended to be capitalized. It is even less possible to identify which (sic) projects are intended to replace assets and which (sic) are intended to expand or improve service provision; likewise, it is impossible to identify the retirement of assets associated with capitalization arising from substitutions or replacements (…).
10. In light of the identified inconsistencies in the investments that AyA proposed for capitalization, and given the information problems associated with the 2018-2024 projects, ET-074-2018). The foregoing will make it possible, on the one hand, to avoid passing on to users amounts associated with project initiatives that are not yet operational and usable or that cannot be traced at all and, on the other hand, to alert the provider to the risk that is materializing due to its inability to capitalize the investment projects, given the financial and operational impacts caused by the mismatch between the works and their financing, at an average interest rate of 13,5%.
11. The regulatory authority reiterates to AyA that, as part of the process of revaluing the assets comprising the rate base (base tarifaria), its value is 69% higher without any corresponding benefit in the service provided, although this should have served as a financial safeguard for replacing assets that reach the end of their useful life or are retired early. Nevertheless, AyA has not redirected those amounts to replace assets whose useful life has expired, particularly transmission and distribution pipelines, nor to modernize its meter inventory or implement the billing system that has been awaiting replacement since 2004. Regarding the 57% of water for which AyA is charging users even though it is wasted through leaks on sidewalks and roads, irregularities in user and sales records, billing errors, among other factors, the Regulatory Authority agreed to reduce those costs by 10% every two years, given that a public-service provider is required not only to provide quality service but also to comply with the service-at-cost principle (principio de servicio al costo).
It is unacceptable for users to be charged for water that is not properly billed because 80% of the water-meter inventory is in poor condition, bulk water sales are made at prices below the established rate, water is wasted through recurring leaks on the country’s sidewalks and roads without timely attention, and there is no policy for replacing obsolete pipelines that have been in use for more than 70 years, which are charged for as though they were new. The foregoing represents approximately 38,5 million cubic meters; if the water resource—which, incidentally, AyA itself promotes protecting—were used efficiently, it would be possible to address many of the denied availability requests, avoid so many supply interruptions, and even prevent duplication of investments.
12. AyA’s underrecording of drinking-water sales (subregistro de ventas de agua potable) is explained in part by the fact that 8 out of every 10 meters are in poor condition or have exceeded their useful life. As a result, the costs associated with water sales that are not properly recorded ultimately are paid by all service users, regardless of the physical condition of their meter, as a penalty for the consumption and water-resource conservation practiced by households (…)
14. AyA does not have a strategy for obtaining annually updated water-quality information for either the systems operated by AyA or those it has delegated to service providers such as Asadas. This means that problems associated with parameters such as arsenic, iron, manganese, and molecules associated with agrochemicals are not addressed in a timely manner; instead, they receive attention only after the adverse effect on water quality has materialized (…)” (emphasis added). (See ad effectum videndi et probandi expediente 24-013228-0007-CO).
“3.1. AyA’s management of the investment-project portfolio for drinking-water supply and wastewater sanitation has not been effective in benefiting vulnerable populations (poblaciones en condición de vulnerabilidad), because only 1,6% of the country’s districts with the greatest vulnerability, according to the 2023 Social Development Index, have scheduled sanitation investments, and only 16,7% have scheduled drinking-water investments. Likewise, only 41,6% of the districts identified as the most vulnerable according to AyA’s 2021 Community Vulnerability to Drinking Water Index have scheduled investments.
3.2. AyA has also been neither effective nor efficient in managing the portfolio’s time, cost, and scope, because 57% of the projects that should have been completed by enero de 2024 are still underway. This delays the response to public needs, affecting the benefits intended for 2,8 million people with respect to drinking water and 1,2 million beneficiaries of sanitation projects in cities such as Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo and Coco-Sardinal.
3.3. In turn, portfolio management has also been ineffective in incorporating priority projects consistent with current and future public needs, because the design and management of AyA’s investment portfolio remain at an incipient level and lack a logical and systemic sequence.
3.4. Inefficient portfolio management has placed AyA in a vulnerable position in which financial unsustainability is projected because investment costs are not recognized in the rates that fund the services, causing the proportion of revenue allocated to the payment of obligations to increase each year.
3.5. The findings hinder the achievement of Sustainable Development Goal no. 6, which focuses on ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all, and constitutes a challenge primarily in the context of vulnerable populations.
4. PROVISIONS (…)
TO JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA, IN HIS CAPACITY AS EXECUTIVE PRESIDENT OF AYA, OR TO THE PERSON SERVING IN HIS PLACE 4.4. Design, disclose, and implement a comprehensive portfolio-governance model (modelo de gobernanza integral del portafolio) containing at least: i) a portfolio risk-management plan; ii) a portfolio recovery plan; iii) a reliable information system providing integrated data on the time, cost, and scope of the portfolio components; iv) a portfolio adjusted and approved by the highest-ranking authority, in accordance with the administrative and technical capacity for implementation; v) periodic performance measurements throughout the life cycle of the portfolio, program, and project, in accordance with MIDEPLAN guidelines and the applicable regulations in force; vi) criteria for prioritizing portfolio components, including criteria for vulnerable populations; and vii) the roles and responsible parties for each stage of management of the portfolio and its components. Submit to the Contraloría General, no later than 30 de abril de 2025, certification regarding the design and disclosure of the governance model; additionally, submit a first progress report on its implementation no later than 31 de octubre de 2025 and a second progress report no later than 30 de abril de 2026. (See paragraphs 2.1 through 2.54).
4.5. Develop, disclose, and implement a model for improving institutional management, in coordination with the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, containing at least guidelines for: i) financial-resource management; ii) the design and improvement of systematic process management; iii) product and service outcomes; iv) financial results; v) process results (organizational effectiveness); and vi) leadership results, for the purpose of modernizing its organization, processes, and procedures and increasing the efficiency, effectiveness, relevance, quality, sustainability, and productivity of its activities. Submit to the Contraloría General, no later than 30 de junio de 2025, certification regarding the design and disclosure of the Model; additionally, submit a first progress report on its implementation no later than 31 de octubre de 2025 and a second progress report no later than 29 de mayo de 2026. (See paragraphs 2.1 through 2.54).
4.6. Develop, disclose, and implement a roadmap toward financial sustainability (hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera) that includes the actions and instructions to be implemented for the financial management of the public-investment portfolio and incorporates at least: i) financial-sustainability indicators for the investment portfolio and the organization; ii) measurement, monitoring, and control mechanisms and their frequency; iii) preventive thresholds and indicator alerts; iv) actions to raise awareness within the organization regarding financial sustainability; v) guidelines on the frequency with which rate adjustments are to be requested; and vi) the necessary reports and inputs derived from the reference information system described in paragraph 4.4 of this report. Submit to the Contraloría General a certification evidencing the preparation and submission to the Board of Directors of the proposed roadmap toward financial sustainability; after that body issues its decision, submit a certification evidencing the disclosure and implementation of the roadmap toward financial sustainability no later than 30 de abril de 2025; additionally, submit a first progress report on its implementation no later than 31 de octubre de 2025 and a second progress report no later than 31 de agosto de 2026. (See paragraphs 2.55 through 2.76).
TO THE MEMBERS OF AYA’S BOARD OF DIRECTORS OR TO THE PERSONS SERVING IN THEIR PLACE 4.7. Decide on the proposed roadmap toward financial sustainability received from the Executive Presidency in compliance with the provision contained in paragraph no. 4.6 of this report. Submit to the Oversight Body a copy of the resolution setting forth the decision, no later than two months after receipt of the proposal (…)”. (See documentary evidence (prueba documental)).
“II. Background Since mid-February 2024, representatives of Social Management, UEN Ambiental and Mercadeo GAM have been engaging with community representatives. However, a series of meetings had already taken place among the Institution, Municipalidad de Vasquez (sic) de Coronado and community representatives from San Francisco because the adverse water situation affecting this sector of the population dates back many years.
Because the Operation and Control Unit of the Acueducto Metropolitano had determined that the rainfall deficit during this dry season would cause major reductions in supply sources, support was requested from the Social Management, UEN Ambiental and Mercadeo GAM team to devise a community-engagement strategy (estrategia de abordaje con las comunidades).
It is important to note here that the impact on San Francisco was brought forward by the disruption to the PP de Guadalupe system caused by hydrocarbon contamination, which required reducing the amount of water pumped to the San Francisco sector in order to provide water to the most severely affected locations. This development caused substantial instability, bringing forward the most critical period that the Institution had already anticipated in its action plan.
In this regard, the Social Management approach has focused on crisis management; therefore, the work being carried out in San Francisco de Coronado is aimed at minimizing, as much as possible, the negative impacts that the critical summer period may cause. Accordingly, beginning on 21 de febrero, outreach work was initiated with community representatives, initially through WhatsApp messages and telephone calls, during which they informed us of the difficulties they were experiencing with the water supply and indicated the need for the operational and technical team serving the area to assist the community.
Accordingly, an initial outreach meeting was promptly scheduled for 6 de marzo, but it could not be held because a family member of one of the community representatives had died.
It is important to mention that, although this meeting could not be held, requests from the community representatives continued to be addressed. During the month of marzo, follow-up was provided regarding inquiries about the service procedure for the 800 line, and improvements were made to service through this official channel at the request of the San Francisco community.
On 11 de abril 2024, the meeting was held with the Operations and Control team, the GAM Engineer, and Social Management on behalf of the Institution, with the attendance of 5 community representatives from the Pro-Agua San Francisco de Coronado commission.
During this meeting, the Institution provided details regarding the water supply in the area, indicating that the sector was currently being supplied at minimum pressure, resulting in greater water shortages in the area; that the flow from the Los Cuadro PP had decreased from 75 l/s to 45 l/s; and that operational maneuvers were being carried out whereby the Mata de Plátano tank was closed at night, thereby making it possible to provide them with a few hours of water supply.
It was emphasized that the Institution is working on these operational measures while also making efforts to advance projects that will provide stability in the short and medium term, such as the interconnection of the Asturas tank, which would allow water to be pumped more directly into their system.
During this session, additional details were also provided regarding the alternative assistance measures that the Institution has made available through its technical division, namely the installation of water-supply tanks in sectors of the locality to serve as public water sources and the house-to-house distribution of water by tanker trucks.
Furthermore, in coordination with the Educational Center, the Institution guarantees the filling of the Educational Center’s tanks with quality water, thereby ensuring that the school year can continue without interruption of any kind.
During this session, the community representatives asked about the dates for the interconnection of the Asturas tank and requested an inspection in Corazón de Jesús, since it is the sector experiencing the greatest water-supply difficulties, as well as the placement of additional tanks to serve all sectors of the population.
Following this session, throughout the month of abril, Social Management and the Technical team continued addressing, through the chat called San Francisco que Coronado, inquiries related to high consumption and water shortages, since the community representatives repeatedly stated that they had been experiencing difficulties with the water supply through the pipelines. In response, the assessments were forwarded to the Operations division for proper attention. It is important to note that this chat was created on 8 de febrero 2024 by the person in charge of Dirección02 and includes several community representatives who are members of the water commission.
As a result of the series of situations raised and recorded through this communication channel, and at the community’s request, a meeting was held on 25 de abril at the Finca de Coronado, attended by the Operations, Technical, and Social divisions to address community needs. During this meeting, residents stated that they had experienced serious water-supply difficulties, making it impossible to sustain their everyday lives.
In response to these assessments, the Institution’s representatives reiterated the efforts being made to provide a piped water supply, but explained that this had been difficult because the area was experiencing the most critical point of the dry season. It was reiterated that the Institution had made alternative water-supply measures available, including water-supply tanks serving as public water sources and water distribution by tanker trucks. The installation of a tank in the Corazón de Jesús sector, an area severely affected, was also coordinated. It was indicated that, in addition, the Asturas tank would be filled at night through tanker-truck deliveries; the sectors supplied by this tank would be divided into service zones, with the Finca area supplied from this tank and the other sectors supplied from the elevated tank. House-to-house water distribution by tanker truck and the filling of the tanks were also guaranteed (…)
It should be noted that all inquiries and requests from the San Francisco de Coronado community, which have been channeled to the Institution through its community representatives, are addressed.
The assistance provided to users in this area consists primarily of temporary relief measures, since the water-supply system continues to be a deficient system.
1. Water supply by tanker truck: Water is distributed house to house by tanker truck, and storage tanks are filled. Community WhatsApp chats are also used to report the locations of the tanker trucks.
2. Institutional communication: Improvements will be made to communications directed to the communities, specifically regarding rationing schedules and service through the 800 line by telephone call and chat, providing detailed information to users of this service.
3. Identification of critical locations for the placement of storage tanks as public water sources: The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados places tanks at strategic locations identified by community representatives. To date, there are at least 10 tanks located within the community, which were placed along pedestrian lanes where there are larger numbers of older adults or persons with reduced mobility.
4. Meetings with community leaders: It should be mentioned that the Institution maintains a close relationship with communities experiencing limitations due to shortages of drinking water or controlled water supplies, and the San Francisco community has had extensive access to these communication channels.
5. Installation of pipelines and interconnections to improve the water supply in the short term: A series of institutional efforts have been undertaken to build infrastructure in the short term that will improve the water supply for users. These efforts included the installation of 3.4 km of pipeline at río Durazno and the temporary interconnection to the vista de Mar pumping station (…)
1. The short-term projects reported to users have been completed on time and as planned.
2. Alternative water-supply assistance measures will remain in place in the community for as long as they are required.
3. Assistance from the Social Management, Operations, Technical, and Commercial divisions will remain available to the community through the WhatsApp chat and existing official channels.
4. The Institution’s work and commitment are directed toward creating the necessary conditions, through medium- and long-term investment projects, to provide the water supply under optimal (sic) conditions.
5. All cases referred for assistance concerning billing have been addressed on time and as required.” (See documentary evidence).
“The Project Implementation Department is carrying out a series of infrastructure projects to improve the distribution of water resources (recurso hídrico) within deficient systems. The planned projects include the installation of a transmission main (línea de conducción) between the “Vistamar” booster pumping station and the existing tank at AyA’s Finca de “Coronado”; this main is strategically important for increasing water-resource capacity in the community of San Isidro de Coronado.
The scope of the Project consists of an interconnection at the Vistamar booster pumping site, from which a pipeline will be installed, crossing río Ipís—a pipe bridge (puente tubo) must be constructed—and continuing to the Asturias tank located within AyA’s finca de Coronado. A valve chamber must be constructed there to properly connect it to the tank’s inlet pipeline. (…)
All work has now been completed except for the pipe bridge over río Ipís, which is under construction (figure No.1). However, due to the urgency, we have installed a temporary pipeline alongside the pedestrian bridge (image No.1).
This has already made it possible to convey drinking water from the booster pumping station to the finca tank (…)”. (See documentary evidence).
“1. Distribution of water by tanker trucks in the San Francisco de Coronado Sector.
From febrero del 2024 to date, the San Francisco de Coronado sector has been served by 100 tanker-truck units (…)
During the period from febrero de 2024 to date, the 100 tanker-truck units made 416 drinking-water distribution trips (…)
Moreover, it is important to mention that the Institution has (sic) distributed 4,211,000.00 liters of drinking water by tanker truck from febrero de 2024 to date (…)
2. Other alternative means of supplying drinking water to the San Francisco de Coronado Sector.
In coordination with community leaders from the Comité Pro- Agua de San Francisco de Coronado, 11 drinking-water storage tanks have been installed as fixed service points for tanker trucks at the following addresses: a) Dirección7533 b) Dirección7534 c) Dirección7535 (Los Alpes) d) Urb. Viamonte e) Dirección7536. f) Dirección7537. g) Bo. Corazón de Jesús (1) h) Bo. Corazón de Jesús (2) i) Dirección03 j) Urb. El Progreso k) Valle Sereno”. (See documentary evidence).
“III. OPINION OF THE OVERSIGHT BODY 1- Aspects related to service suspension Although the Office of the Comptroller General has not directly audited the potable water supply service (servicio de abastecimiento de agua potable) in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, and does not have quantitative information regarding interruptions and the duration of water outages in other communities in the district of San Isidro, the Oversight Body finds consistency between the condition of the public potable water service described by the petitioner and the trend identified in reports prepared by the CGR concerning vulnerable communities, particularly in terms of service continuity and storage; that is, the petitioner’s allegations coincide with the findings of the Office of the Comptroller General in other vulnerable communities throughout the country.
In this regard, based on audits previously conducted, including the “Operational Audit Report on the Effectiveness and Efficiency of the State in Providing Water Services in Vulnerable Communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)” of September 5, 2018, similarities were found in the trend of water shortages and constant interruptions of potable water service in vulnerable communities.
Furthermore, the aforementioned report n.° DFOE-AE-IF-00008-2018 established that water service provides communities with a safeguard against descending further on the vulnerability scale, insofar as limited access to basic services is one of the manifestations of poverty under Sustainable Development Goal 1. In addition, that report issued by the Oversight Body stated that inadequate service provision increases exposure to disease, restricts the development of productive activities, promotes unsustainable water consumption, and reduces resilience to extreme events. All of the foregoing exacerbates the structural causes of vulnerability, such as poverty and exclusion, to the detriment of the quality of life and development potential of those communities.
Regarding the service suspension, the petitioner states that the situation worsened beginning on May 8, 2024, with interruptions lasting up to three consecutive days without water. Water is distributed only for two hours in the early morning, from 2:00 to 4:00, forcing residents to remain awake to perform essential activities such as washing clothes and dishes. The petitioner also emphasizes that an operating school is located in the community, where hundreds of children need water, particularly to prevent the spread of a viral outbreak involving stomach problems for which the Ministerio de Salud issued an alert.
It should be noted that, under the regulations currently in force, if the water shortage lasts longer than 6 hours, a public notice must be issued and an alternative service meeting the aforementioned requirements must be ensured. Likewise, articles 86 and 90 of those regulations 1 establish that temporary interruptions addressed by means of tanker trucks must provide delivery points as close as possible to homes and allow water to be collected easily, all for the purpose of giving every person the opportunity to access potable water service on equal terms, given its essential nature and importance to human life and health.
Regarding the foregoing, in memorandum n.° SG-GSGAM-MZESTE-2024-00430, dated May 14, the ICAA describes the response measures involving water distribution in terms of the number of tanker trucks, the corresponding number of delivery trips and liters, as well as details of the locations where 11 water-storage tanks were installed as fixed service points supplied by tanker trucks.
In this regard, no documentary evidence is provided concerning the specific time slots during which service was supplied through the alternative tanker-truck mechanism when the regular service was interrupted; therefore, this Oversight Body cannot issue an opinion.
Likewise, the report “Response in San Francisco de Coronado: Interdisciplinary Work. Social Management–Marketing Directorate–Technical and Operational Management of GAM Systems. Integrated Technical Center” cites a series of agreements between the ICAA and community representatives from the Pro-Agua San Francisco de Coronado commission, including the installation of a tank in the Corazón de Jesús sector, an area severely affected, and coordination with the local Centro Educativo to fill its tanks and thereby ensure that the school year could continue without any interruptions.
Nevertheless, the evidence submitted does not establish compliance with the aforementioned agreements or the establishment and implementation of a sufficient mechanism for including all persons in vulnerable circumstances or in the circumstances cited by the petitioner—newborn infants, children, adolescents, older adults, among others—particularly in cases where a tanker truck is intended to be used as an alternative means of supply.
2- Regarding the ICAA’s response to resolve the problems In response to the amparo action (recurso de amparo) filed, the ICAA cited a series of causal factors related to service suspensions in the Acueducto Metropolitano. The reasons given included:
To address these conditions, the ICAA states that it undertook measures such as placing tanks at strategic locations, providing an alternative supply through tanker trucks, communicating through community leaders, and investing in the installation of a transmission main (línea de conducción) between the “Vistamar” booster-pumping station and the existing AyA tank at the “Coronado” property in the community of San Isidro de Coronado. However, it did not address the allegation that water service is provided only between 2:00 and 4:00 in the early morning.
Regarding the foregoing, in the “Operational Audit Report on the Effectiveness and Efficiency of the State in Providing Water Services in Vulnerable Communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)” of September 5, 2018, the Office of the Comptroller General indicated that water-supply systems (acueductos) require water storage to meet demand and compensate for hourly fluctuations, particularly when the supply source alone is insufficient to meet daily demand, resulting in suspensions of the service in question.
In this regard, it must be recognized that bringing the tank back into operation following a suspension does not guarantee that potable water will promptly or immediately reach users, because the distribution networks (pipelines) must first attain the appropriate fill level and pressure to ensure supply. This phenomenon is aggravated in the higher areas of the network, where the topography affects the speed at which potable water service is restored.
In short, the suspension period must take into account the time required to fill and pressurize the pipelines, rather than merely the shutdown and return to operation of the storage tanks, so that the actual duration of the suspension corresponds to the announced end time and, consequently, to the time when users expect service to resume.
With respect to the investments made by the ICAA, through the “Audit Report on the Effectiveness and Efficiency of Investment Project Portfolio Management for Potable Water Supply and Wastewater Sanitation by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados,” n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 of April 12, 2024, this Oversight Body determined that the ICAA’s management of the investment-project portfolio for potable water supply and wastewater sanitation has been neither effective nor efficient, thereby limiting its ability to address the public need in a timely manner.
It was also found that the design of the ICAA’s investment portfolio remains at an incipient stage and lacks a logical and systematic sequence consistent with the established stages of selection, prioritization, strategic balancing, and approval; moreover, there is no risk management, nor are persons responsible for the portfolio and its components designated.
Likewise, the aforementioned audit report determined that the ICAA’s information management does not allow for efficient administration of the portfolio’s time, cost, and scope, because various programs and projects lack basic data such as start and completion dates, actual and planned costs, the number of beneficiaries, and the persons responsible for managing the projects.
These conditions hinder the delivery of benefits through investments aimed at producing and improving potable water systems, primarily affecting vulnerable communities. They also restrict fulfillment of institutional and national strategic objectives, particularly those associated with the Sustainable Development Goals, thereby reducing the broad and progressive impact characteristic of water projects, which contribute to the economic, environmental, and public-health development of the areas influenced by and benefiting from the investments.
Thus, given the deficiencies in information management, decision-makers are limited in their ability to promptly identify deviations in project timelines, costs, and scope, making it difficult to address the public need with the required urgency.
Regarding Report n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024, it is worth noting that a condition of financial unsustainability is anticipated in the management of the project portfolio overseen by the ICAA, implying a situation of fragility. Particularly noteworthy in this regard is the failure to recognize investment costs in the rates that fund the services.
IV.CONCLUSIONS From the content of this report, the following conclusions are drawn: 1. Although the Office of the Comptroller General has not audited the drinking-water supply service directly in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, and does not have quantitative information regarding interruptions and extended water shutoffs in other communities within the district, the Comptroller’s Office finds consistency between the condition of the public drinking-water service described by the appellant and the trend identified in reports prepared by the CGR concerning vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, the appellant’s allegations coincide with the findings of the Office of the Comptroller General in other vulnerable communities in the country. 2. Although no audit is available regarding the ICAA’s response to the alleged failure to take action to counteract the aforementioned service suspension in Vázquez de Coronado, based on other audits conducted by the CGR, it has been found that the ICAA’s investment portfolio exhibits several deficiencies in performance management, as well as weaknesses in governance, which limit its ability to address public needs in a timely manner and deliver the expected benefits to the population. 3.
This Comptroller’s Office notes that the time required to fill and pressurize the pipelines should be taken into account in the schedule communicated to users regarding the suspension, since it is not sufficient to consider only the tank’s entry into operation, as this does not guarantee that drinking water will promptly or immediately reach users; rather, the distribution networks (pipelines) must attain the appropriate fill level and pressure to guarantee supply under the required conditions. 4. No evidence or reports concerning the actions taken by ARESEP were submitted; accordingly, this Comptroller’s Office is unable to provide an opinion. In any event, emphasis is placed on the duty imposed by law upon the Regulatory Authority to ensure compliance with standards governing the quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of public services, including drinking water; for example, the obligation to conduct technical inspections of the properties, plants, and equipment used to provide the public service, as well as the duty to perform oversight of the facilities and equipment dedicated to the public service, in order to ensure full compliance with those obligations” (emphasis added). (See documentary evidence).
“(…) 5. TECHNICAL OPINION OF THE OFFICE OF THE OMBUDSPERSON REGARDING THE FACTS UNDER REVIEW IN THIS AMPARO PROCEEDING (recurso de amparo) (…) The Office of the Ombudsperson has received a total of 20 complaints against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados concerning the suspension of the drinking-water supply service in the district of San Francisco (…) Based on the complaints received, through official letter N°01570-2024-DHR dated February 16, 2024, the Office of the Ombudsperson requested information from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) regarding the drinking-water supply situation in the community of Vásquez de Coronado (…)
5.3 Other actions undertaken by the Office of the Ombudsperson: - On April 24, 2024, a meeting was held with Lic. Henry Ulate Blanco, Advisor to the Executive Presidency, and Ing. Angie Herrera Camacho, Head of the Macrozona Oeste, both officials of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, at which the latest complaints concerning the water shortage beginning on April 16 and the delivery of water by tanker trucks were discussed. Regarding this matter, Ing. Angie Herrera stated that water was indeed reaching the community for only 2 hours per day and that, accordingly, since the first day of this situation, tanker trucks had been in the area twice a day, which they monitored through the GPS devices on each truck providing the service. She stated that the current situation was due to water sources having decreased by as much as 50%, thereby causing this shortage. She also reported that AyA maintained constant communication with community leaders and the community through WhatsApp.
She further stated that two meetings had been held with the community and that the agreements reached included communication through the WhatsApp chat and the installation of fixed tanks to provide another option for persons who were not at home when the tanker trucks passed, so that they could obtain water. It was also stated that 7 fixed tanks had been installed at locations designated by the community. - Additionally, on May 13, 2024, a meeting was held with residents at the Finca del AyA in Coronado, where it was stated that San Francisco de Coronado is one of the communities most affected by water shortages in the GAM and that it requires 1,250,000 liters of water, based on an average consumption of 250 liters per person per day. Meanwhile, output from the Los Cuadros plant has fallen by almost half. The community was informed of the following: Mitigation measures implemented: 1. Installation of 11 storage tanks. 2.
Tanker trucks operating 7 days a week, covering 11% of the shortfall. Immediate measures: 1. Interconnection of the Vista de Mar system, providing an additional 3 liters per second for 12 hours at night and reducing the shortfall by 3%. 2. Bring the Asturas tank into operation. Short-term measures: 1. A well drilled at the AYA property, which is undergoing cleaning so that it may be placed into operation, with the aim of reducing the shortfall by 40% by May 31, 2024. 2. Bring water from the Vista de Mar system by gravity, reducing the shortfall by 35% by September 2024, with the expectation that, during the rainy season, it will fully meet the community’s needs. 3. An initiative to use water from Río Cascajal with the Orosí 2 drinking-water treatment plant by 2030. Finally, the Executive President of AYA stated that the causes of the current water shortage were: Neglect of the water-supply network and an investment deficit in network infrastructure.
5.4 Regarding the situation at issue in the amparo proceeding: (…) In this regard, the Office of the Ombudsperson agrees with the appellant that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados should be held responsible for planning, developing, and constructing the solutions that Vásquez de Coronado and the other communities affected by water shortages require in the short, medium, and long term to meet demand for the water-supply service, so that all persons may have access to drinking water and satisfy their basic needs.
5.5 Considerations of the Defensoría regarding the water shortage in Vásquez de Coronado: The Defensoría issued its final report with recommendations, official letter N°04932-2024-DHR, concerning interventions related to the potable-water supply in Vásquez de Coronado. In general terms, that report established that the measures undertaken by AyA have been neither sufficient nor timely to provide the population with a potable-water supply service in terms of quantity, quality and, especially, continuity. The 20 complaints referenced at the beginning of this report are evidence of this. The community of San Francisco de Coronado has been facing a critical situation regarding its potable-water supply, as reflected in the complaints filed by community residents due to scheduled and unscheduled rationing, which has resulted in lengthy periods without access to this service and the consequent impairment of residents’ rights.
This situation has multiple causes, including disorderly land-use planning (planificación territorial), inadequate protection of groundwater-recharge zones (zonas de recarga acuífera), and, particularly, inadequate planning, failure to execute projects, and a lack of internal coordination within the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). These factors, compounded by climate change and changes in rainfall patterns, have contributed to creating the severe supply problem that currently prevents demand for this service from being met nationwide and, in particular, in the community of San Francisco de Coronado. As indicated, these conditions affect the provision of the potable-water supply service, which, pursuant to artículo 4 of the Ley General de la Administración Pública, must be governed by the fundamental principles of public service (servicio público) to ensure its continuity, efficiency, adaptation to any change in the legal framework or in the social need it addresses, and equal treatment of recipients, users, or beneficiaries.
Likewise, pursuant to artículo 5 inciso c) of Ley 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, and in accordance with artículo 9 of the AyA service-provision regulations, the potable-water service must be provided “within the parameters of optimal service provision in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and a human-rights-based approach”; however, this is not being achieved in San Francisco de Coronado. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has reported on the measures implemented to address water-supply problems, including rationing schedules, the incorporation of new wells into the metropolitan aqueduct system, and other mitigation measures intended to address the situation in the short term. Likewise, the Defensoría is aware of resolución N°2023-020102 de las nueve horas quince minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, issued by the Sala Constitucional, which addresses a problem analogous to the one involved in this amparo proceeding (recurso de amparo) and orders AyA to immediately make the necessary arrangements, issue the appropriate directives, and “carry out all actions within the scope of its authority so that, within eighteen months from notification of this decision, insofar as possible, it improves the potable-water supply in the cantón de Vázquez de Coronado during the dry season.” In this regard, the Defensoría has found that, nine months into that period, AyA does not appear to have improved the potable-water supply in the canton during the dry season, as illustrated by the 19 complaints received by the institution during febrero, marzo y abril del presente año.
In fact, for years the Defensoría has called AyA’s attention to its failure to anticipate and implement measures to meet the population’s supply needs so as to guarantee the water supply to communities that, year after year, endure rationing for extended periods and other service disruptions, with the resulting adverse impact on the full enjoyment of the human right of access to potable water, the rights to health and education, the right to development, and other rights. Regarding this inaction by AyA, the Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) prepared a rate-study assessment (diagnóstico de estudio tarifario) of AyA in 2022, which concluded that the institution experiences 57% potable-water losses; that investment projects or works are not fully completed and take 10 to 15 years because of the absence of detailed engineering, weak pre-feasibility and feasibility studies, the absence of sensitivity analyses for critical variables used to determine the financial and economic viability of investment projects or works, noncompliance with deadlines and work-execution requirements, the lack of a defined financing model, the absence of rate-impact analyses, deficiencies in comprehensive project-control mechanisms, financing terms shorter than the useful life of the investments or projects, and lengthy periods of inactivity between the pre-investment phases and the start of construction; and that 80% of meters underreport consumption.
It also warned of the absence of records on large consumers and consumption levels, as well as the lack of institutional planning aimed at asset replacement, together with the denial of service-availability requests (disponibilidades de servicios), and reported that 70% of aqueduct systems experience water stress (estrés hídrico). It was also concluded that all service providers in the country fail to comply with water-quality verification requirements and that the Laboratorio Nacional de Aguas lacks a strategy for keeping water-quality information updated annually. Finally, the assessment emphasizes the need to refinance credit obligations associated with investment projects or works. In addition to the foregoing, the Defensoría has received complaints from residents of Coronado in prior years, including, for example, oficio 07379-2023-DHR notificado el 03 de agosto del 2023, which shows repeated noncompliance with supply schedules and a lack of clear and effective communication by AyA, to the detriment of the right to information of all persons living in the affected communities, especially those in vulnerable circumstances, such as children, older adults, persons with disabilities, pregnant women, bedridden patients, and others.
In this regard, the Defensoría has emphasized that citizen participation and the right to information are essential elements of a participatory democracy, as well as the importance of the Instituto providing communities with accurate and understandable information about the water supply, distinguishing between water shortages and rationing and explaining the effects of El Niño and climate change on water sources. This is because the right to information is fundamental, and, accordingly, AyA must respond promptly and adequately to community requests. Accordingly, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must implement the appropriate measures so that service provision in that community meets the parameters for optimal service in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and a human-rights-based approach, as established by the provision governing the service, so that all persons may fully enjoy their basic, inalienable human right of access to potable water, as the Sala Constitucional itself stated in the decision cited in this report.
Likewise, the Defensoría considers it imperative that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados adopt the measures and actions required for comprehensive planning of investment needs and improvements in service provision, as well as the efficient execution of the projects and infrastructure works required to meet current and future demand for the service in San Francisco de Coronado, with shorter execution periods and rigorous, diligent compliance with procedural deadlines, so as to effectively guarantee the human right of access to potable water. For all the foregoing reasons, the Defensoría recommended the following to the Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds that office: “First.—For each investment project and work for the cantón de Vásquez de Coronado, design and document an internal-control and risk-analysis strategy that ensures execution in the shortest possible time while minimizing the possibility of incurring the deficiencies in project and investment execution identified by the Autoridad Reguladora in its report.
Second.—Based on that internal-control and risk-analysis strategy, identify the subordinate official or officials responsible for ensuring compliance. Third.—Submit to this Defensoría the documentation relating to the first and second recommendations and report every two months on the progress of each investment project and work for the cantón de Vásquez de Coronado. Fourth.—Without prejudice to the foregoing, submit the work schedule identifying the responsible parties and deadlines for executing the project to expand and improve the ME-A-14 San Rafael de Coronado and ME-A-21 Chiverrales systems of the Acueducto Metropolitano through the collection, pumping, and treatment of surface waters from Dirección7538, in Cascajal de Vásquez de Coronado, San José. Fifth.—Report the approximate completion date of the project ‘Installation of a new 150 mm pipeline between the Vista Mar booster-pumping station and the new Tanque Asturas.’ Sixth.—Report the commencement and completion dates of the project ‘Replacement of the 75 mmØ PVC Network with a 150 mmØ HDPE Network, Sistema Vista de Mar to Tanque La Finca.’ Seventh.—Maintain constant communication with organized community groups to provide clear, orderly, and timely information regarding scheduled or unforeseen service disruptions.
Eighth.—Without prejudice to the foregoing, and with the effective participation of community organizations and the Gobierno Local de Vásquez de Coronado, conduct a critical evaluation of communication and information strategies regarding water-service suspensions and rationing to identify opportunities for improvement.” 5.6 Regarding the reports submitted by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) to the Constitutional Chamber in the specific case of the community of Vásquez de Coronado: (…) In accordance with Article 1 of the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), N°2726, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was created as an autonomous State institution for the entire national territory, with the objective of directing, setting policies, establishing and applying standards, carrying out and promoting the planning, financing, and development of, and resolving all matters related to, the supply of drinking water and the collection and disposal of sewage and liquid industrial waste, as well as the regulatory aspects of storm-sewer systems in urban areas.
AyA is also responsible for directing and overseeing all matters concerning the provision of drinking-water service to the inhabitants of the Republic and determining the priority, advisability, and feasibility of the various proposed projects to construct, renovate, expand, or modify water-supply and sewerage works. Hence, AyA must rigorously follow up on and require compliance with each of the conclusions reached in the technical reports submitted to the Constitutional Chamber, in order to ensure that the service is provided in accordance with the applicable standards of quality, continuity, timeliness, and reliability. Having analyzed the technical reports that AyA submitted to the Constitutional Chamber, the Defensoría de los Habitantes considers that they contain the same matters presented to this Ombudsman’s Office and addressed in the final report containing recommendations, official letter N°04932-2024-DHR, concerning interventions relating to the drinking-water supply in Vásquez de Coronado, which were summarized in the preceding subsections.
The Defensoría de los Habitantes also reiterates the position stated in its final report containing recommendations, insofar as it considers it imperative that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados adopt the measures and actions required for comprehensive planning of investment needs and improvements in service delivery, as well as for the efficient execution of the infrastructure projects and works required to meet current and future demand for the service in San Francisco de Coronado, with shorter implementation periods and rigor and seriousness in meeting the deadlines established for the various processes, so as to effectively guarantee the human right of access to drinking water.
5.7- Regarding ARESEP’s intervention in the specific case of the community of Vásquez de Coronado: In accordance with Articles 4 and 5 of the Law of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, ARESEP’s fundamental functions and objectives include ensuring that public-service providers meet the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability required to provide those services optimally. In this regard, in 2022 ARESEP prepared an assessment of AyA’s Water-Supply Service, which concluded: “that the institution has a 57% drinking-water loss rate, that the execution of investment projects or works is incomplete and takes 10 to 15 years, and that 80% of meters underrecord consumption.” It also warned of the absence of records concerning large consumers and consumption levels, as well as the lack of institutional planning aimed at asset replacement, together with the denial of service-availability requests, and that 70% of water-supply systems experience water stress (estrés hídrico).
It was also concluded that all service providers in the country fail to comply with water-quality verification requirements and that the Laboratorio Nacional de Aguas lacks a strategy for annually updating water-quality information. Finally, the assessment highlights the need to refinance credit obligations associated with investment projects or works. In the interest of public health and in fulfillment of its legally established powers, ARESEP is responsible for ensuring that drinking-water service providers deliver a quality service. Hence, that body must rigorously follow up on and require compliance with each of the conclusions reached in the cited report, in order to ensure that the service is provided in accordance with the applicable standards of quality, continuity, timeliness, and reliability. The Autoridad Reguladora states in its report that, according to a review of the Complaints Division’s database, during 2023 and 2024 there were no complaints or proceedings under the appellant’s Name62 concerning the lack of supply in the water service provided by AyA in the community of Coronado.
Notwithstanding the foregoing, the Defensoría considers that, as part of its functions, ARESEP is indeed responsible for ensuring that public-service providers meet the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability required to provide those services optimally; it therefore cannot cite, as grounds for declining to intervene, the absence of complaints prompting it to act, because its actions must be proactive and initiated on its own motion (de oficio), while at all times seeking compliance with the Regulations entitled “Comprehensive Reform of the Technical Regulations for the Provision of Water-Supply, Sanitary-Sewerage, and Fire-Hydrant Services (AR-RTPAAH-2015),” which the Autoridad Reguladora mentioned in its report” (emphasis added). (See documentary evidence (prueba documental)).
First, it should be noted that the right of access to drinking water has been recognized by this Court in extensive case law, and its support under international conventions and the Constitution has been emphasized:
“V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and adequate housing, among others, as has also been recognized in international human-rights instruments applicable in Costa Rica: it is expressly included in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (Art. 24); it is also articulated at the International Conference on Population and Development held in Cairo (Principle 2) and declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. Within our Inter-American Human Rights System, the country is particularly bound in this area by Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (“Protocol of San Salvador” of 1988), which provides: “Article 11. Right to a healthy environment 1.-Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.” A lack of resources does not justify public administrations’ failure to fulfill their duties in providing this basic service. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, decisions 2003-04654 and 2004-007779).
Moreover, as both the Procuraduría and AyA’s representative properly acknowledge in their reports, internationally there is also broad recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights. It is maintained that, without equitable access to a minimum amount of drinking water, other established rights would be unattainable—such as the right to a standard of living adequate for health and well-being, as well as other civil and political rights. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate quantities of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 concerning compliance with Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights.” It is also emphasized that States Parties to the International Covenant have a duty to progressively fulfill, without discrimination of any kind, the right to water, which entitles everyone to sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.
Several international conferences have also been held, notably the United Nations Water Conference conducted in Mar de Plata in 1977, which recognized that all peoples have the right of access to drinking water to meet their basic needs. The Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, also includes a commitment by States to ensure equal opportunity for all to enjoy basic resources.
The concept of meeting basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Río de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that “in developing and using water resources, priority must be given to satisfying basic needs and safeguarding ecosystems.” Similarly, in the Plan of Implementation adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to “employ all policy instruments, including regulation, monitoring... and the recovery of water-service costs,” without allowing cost-recovery objectives to become a barrier to poor people’s access to clean water. There are also dozens of international instruments directly or indirectly addressing water as a human right of all persons and peoples, such that, by its very nature, it is an issue tending not only toward the nationalization, but also toward the internationalization, of its use and utilization” (see judgment number 2006-5606 of 15:21 hours on April 26, 2006).
From the foregoing, we may affirm that there is a fundamental right to drinking water (derecho fundamental al agua potable), derived, among others, from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment (medio ambiente sano), under which all persons must be afforded the opportunity to access drinking-water services on equal terms, since drinking water is essential to human life and health. Likewise, access to drinking water has been classified as a fundamental human right (derecho humano fundamental) by various international instruments, as recognized in extensive constitutional case law (jurisprudencia constitucional). For example, as mentioned in the judgment partially transcribed above, in General Comment No. 15 concerning compliance with Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity.
It is a prerequisite for the realization of other human rights. Accordingly, the States Parties to the International Covenant have a duty to progressively fulfill, without discrimination of any kind, the right to water, which entitles everyone to sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.” Similarly, with respect to this subject, there is a vast array of international instruments referring to the right of access to drinking water, including the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan); New Delhi Statement on Drinking Water Supply and Environmental Sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21); Dublin Statement on Water and Sustainable Development (Irlanda, 1992, Guiding Principles and Action Plan); United Nations International Conference on Population and Development (El Cairo, Egipto, 1994, Programme of Action); Johannesburg Declaration on Sustainable Development (Sudáfrica, 2002, Item 18); General Comment N° 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), issued by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Ginebra, 2002); Resolution 64/292, adopted by the United Nations General Assembly in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, adopted by the United Nations General Assembly in 2015: The Human Rights to Safe Drinking Water and Sanitation; United Nations Sustainable Development Summit (Nueva York, 2015, Goals 6 and 7), etc.” (see judgment no. 2019017397 issued at 12:54 on 11 de setiembre de 2019).
Additionally, since the entry into force of law no. 9849 of 5 de junio de 2020, Costa Rica has expressly recognized the right to drinking water at the constitutional level in the following terms:
“ARTICLE 50.- The State shall seek the greatest well-being of all inhabitants of the country by organizing and promoting production and the most appropriate distribution of wealth.
Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado). Accordingly, every person has standing (legitimación) to report acts that infringe that right and to seek redress for the harm caused.
The State shall guarantee, defend, and preserve that right.
The law shall determine the corresponding liabilities and penalties.
Every person has the basic and inalienable human right (derecho humano, básico e irrenunciable) of access to drinking water as a resource essential to life. Water is an asset of the Nation (bien de la nación), indispensable for protecting that human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by the law enacted for those purposes, and priority shall be given to supplying drinking water for consumption by individuals and communities” (emphasis added).
In this regard, in judgment no. 2020003982 issued at 11:50 on 26 de febrero del 2020, this Court answered the legislative consultation (consulta legislativa) concerning the aforementioned partial amendment to Article 50 of the Constitución Política and stated:
“VIII.- The content of the bill and its constitutional conformity. The partial constitutional amendment bill submitted by all 57 members of the Asamblea Legislativa consists of two articles intended to add a final paragraph to Article 50 of the Constitución Política, as well as to incorporate a new transitional provision (transitorio) into Title XVIII, Sole Chapter, Transitional Provisions of the Constitución Política, as follows:
“ARTICLE 1.- A paragraph is added at the end of Article 50 of the Constitución Política, dated 7 de noviembre de 1949. The text reads as follows:
Article 50.- (…)
Every person has the basic and inalienable human right of access to drinking water as a resource essential to life. Water is an asset of the Nation, indispensable for protecting that human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by the law enacted for those purposes, and priority shall be given to supplying drinking water for consumption by individuals and communities.
ARTICLE 2.- A new transitional provision is added to Title XVIII, Sole Chapter, Transitional Provisions, of the Constitución Política, concerning Article 50. The text reads as follows:
Article 50 – XX. Existing laws, concessions (concesiones), and use permits (permisos de uso) lawfully granted, as well as the rights derived therefrom, shall remain in force until a new law governing the use, exploitation, and conservation of water enters into force.”.
The proposal as formulated and already approved on first reading refers not only to the express recognition of access to water as a human right, but is also directly related to the fact that the human right positively recognized therein concerns access to drinking water, since it proceeds from the consideration of water—and especially drinking water—as an essential and intrinsic element of human life and health, thus aligning with Article 21 and the first part of Article 50 of the Constitución Política, as well as with this Chamber’s case-law developments arising from those provisions.
The Chamber notes that the right of access to water, and particularly to drinking water, is included in various statements within international human rights law (derecho internacional de los derechos humanos), through different instruments of varying scope or legal nature (naturaleza jurídica), which, by virtue of their status and the provisions of Article 48 of the Constitución Política, must necessarily be considered in relation to this subject. Thus, this right has been addressed and referenced since 1972 in the so-called Dublin Statement on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment in that same year, 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; and was validated at the First World Water Forum through the Marrakech Declaration in 1997. At the treaty level, specific provisions appear in paragraph 1) of Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights—the Protocol of San Salvador—and even in Convention 169 of the Organización Internacional del Trabajo.
As for general resolutions, these include, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in noviembre de 2002 through UN Resolution E/C.12/2002/11, and United Nations General Assembly Resolution number 70/169 of 17 de diciembre de 2015, which expressly state that water must be ‘safe and of acceptable quality for personal and domestic uses,’ and that access to ‘drinking water and sanitation must be provided to all persons without discrimination.’ In this regard, it is valid to affirm that the proposed addition to Article 50 of the Constitución, insofar as it expressly recognizes the right of access to drinking water, is consistent with international legal developments on the subject, as embodied in declarations, conventions, and resolutions of various kinds. It is therefore consistent with the legal progress evident at the international level; and, by the very nature of public international law (derecho internacional público) and international human rights law, such formulations have a direct impact within States’ domestic legal systems, as this proposed constitutional amendment seeks to formalize at that level.
It is important to note that the proposal is described as seeking to formalize the situation at the constitutional level because access to water, including drinking water, is indeed regulated in our country at the statutory level (ámbito de la legalidad) by an extensive regulatory framework (marco normativo) encompassing, among others, the Ley de Aguas of 1942, Ley General de Agua Potable of 1953, Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of 1961, Ley General de Salud of 1973, Ley de Creación del SENARA of 1983, Ley Orgánica del Ambiente of 1995, and Ley Forestal of 1996.
Likewise, emphasis must be placed on the protection of the environment and the right to water developed in constitutional case law, which highlights not only the possibility of access to water as a resource essential to human life, but also the inherent and necessary protection that institutions as a whole must provide to it—from specialized agencies such as Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, to institutions with broader responsibilities such as Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, Ministerio de Salud, and the country’s Municipalidades. The necessary coordination among them has been established to ensure not only the comprehensive protection of water resources (recurso hídrico), but also their lawful provision for human consumption in compliance with established parameters and according to the actual possibilities for effective supply—see, among many others, judgments of this Chamber numbered 2003-4654, 2004-1923, 2009-262, and 2016-1791-.
It is important to note the emphasis placed by the proposed amendment not only on recognizing access to drinking water as a human right, but also on its particular status as a public-domain asset (bien demanial), in the same sense already established by the various laws cited herein. Note that the proposed provision states that “water is an asset of the Nation,” that is, an asset belonging generally to that intangible entity encompassed by the concept of the Nation and, as such, an asset shared throughout society and among its participants; a public-domain asset (bien de dominio público) that requires full protection not only because it is essential to life, but also to permit its use for the various purposes for which it may be required, provided that due regard is given to proper sustainability and its comprehensive protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
Note that the human right recognized is the right to drinking water, followed by the statement that water—in general terms—is indispensable for protecting the human right recognized in the first part of the paragraph, without this in any way precluding use of the resource for other purposes—agricultural, livestock, industrial, or developmental—provided that such use complies with the provisions concerning the aforementioned right to the environment and guarantees the existence of sufficient resources for drinking water. In other words, the existence of water is recognized and protected, as is a human right of access to drinking water; consequently, the proposed provision recognizes not only the protection and potential use of water in general terms, but also access to drinking water as a human right.
Furthermore, it should be borne in mind that, as already stated, this access must be pursued and provided subject to prior compliance with the established parameters and in accordance with (sic) actual supply capabilities. That is, as established in this Chamber’s extensive case law on the matter, although access to drinking water is recognized as a human right, its actual provision may be subject to specific and demonstrable supply capabilities; consequently, the access recognized as fundamental may properly be made subject to compliance with specific conditions that, in turn, make it possible to guarantee the existence and preservation of this asset.
For this reason, the aforementioned United Nations General Assembly resolution number 70-169, of 17 December 2015, in paragraph 5, calls upon States to:
“Ensure the progressive realization of the human rights to safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner, while eliminating inequalities in access, particularly for those belonging to vulnerable and marginalized groups, on grounds of race, gender, age, disability, ethnicity, culture, religion, and national or social origin, or on any other grounds, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as disparities between rural and urban areas, residence in slums, income levels, and other relevant factors.” —emphasis not in the original— The progressive realization referred to in this resolution develops the corresponding provision established in treaty terms in the first paragraph of Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which provides that:
“Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical assistance and cooperation, to the maximum of its available resources, with a view to progressively achieving, by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures, the full realization of the rights recognized herein.” —emphasis added— Accordingly, legitimate regulation that permits proper and orderly access to drinking water, recognized herein as a human right, is valid, since the aim is to promote its progressive realization in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.
For this reason, any legislation regulating the matter—as may be the legislation contemplated in the same paragraph proposed for addition and referred to in proposed transitory provision XX—must, in due course, necessarily conform to the body of values, principles, and express regulations informing human rights, including access to drinking water as the human right that it is. Therefore, the legislation indicated therein must comply with the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución) and with its provisions on this matter.
In this regard, in accordance with the foregoing, it is apparent that the bill being processed under legislative expediente 21.382 is directly consistent with and further develops the constitutional provisions concerning the right to a healthy and ecologically balanced environment. It therefore fits properly within the provision of Article 50 of the Constitution itself and is consistent with the constitutional values and principles that guide it, without in any way conflicting with the essential or core elements that inform and comprise the Law of the Constitution.” Likewise, it is worth emphasizing the provisions of general comment no. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, issued at its 29th session, held in Geneva between 11 and 29 November 2002, which stated:
“(…) 2. The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible, and affordable water for personal and domestic uses. An adequate supply of safe water is necessary to prevent death from dehydration, reduce the risk of water-related disease, and satisfy consumption and cooking requirements and personal and domestic hygiene needs.
3. Article 11, paragraph 1, of the Covenant enumerates a number of rights emanating from the right to an adequate standard of living, ‘including adequate food, clothing and housing,’ which are indispensable for its realization. The use of the word ‘including’ indicates that this enumeration of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly because it is one of the most fundamental conditions for survival.
Moreover, the Committee has previously recognized that water is a human right protected by Article 11, paragraph 1 (see General Comment No. 6 (1995))2. The right to water is also inextricably related to the right to the highest attainable standard of health (Article 12, paragraph 1)3 and the rights to adequate housing and food (Article 11, paragraph 1)4. This right must also be considered in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost among them the rights to life and human dignity (…)
10. The right to water entails both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to a water supply necessary to exercise the right to water and the right to be free from interference, such as arbitrary disconnection of the water supply or contamination of water resources. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that gives the population equal opportunities to enjoy the right to water.
11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life, and health, in accordance with Article 11, paragraph 1, and Article 12. The adequacy of water must not be interpreted restrictively, merely by reference to volumetric quantities and technologies. Water must be treated as a social and cultural good, rather than primarily as an economic good. The manner in which the right to water is exercised must also be sustainable, so that this right may be exercised by present and future generations.
12. While what is adequate for the exercise of the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:
25. The obligation to fulfill may be subdivided into the obligations to facilitate, promote, and provide. The obligation to facilitate requires States Parties to take positive measures to enable and assist individuals and communities to exercise the right. The obligation to promote requires the State Party to take measures to ensure appropriate dissemination of information concerning the hygienic use of water, protection of water sources, and methods of minimizing water waste. States Parties also have an obligation to fulfill (provide) the right when individuals or groups are unable, for reasons beyond their control, to exercise that right themselves using the means at their disposal.
26. The obligation to fulfill requires States Parties to adopt the measures necessary for the full exercise of the right to water (derecho al agua). This obligation includes, among other things, the need to give sufficient recognition to this right within the national political and legal system, preferably through the implementation of laws; to adopt a national water-resources strategy and action plan for the exercise of this right; to ensure that water is affordable for everyone; and to facilitate greater and sustainable access to water, particularly in rural areas and disadvantaged urban areas.
27. To ensure that water is affordable, States Parties must adopt the necessary measures, which could include: a) the use of an appropriate range of low-cost techniques and technologies; b) appropriate pricing policies, such as the provision of water free of charge or at low cost; and c) income supplements. All payments for water-supply services must be based on the principle of equity, so as to ensure that those services, whether public or private, are within everyone’s reach, including socially disadvantaged groups. Equity requires that poorer households not bear a disproportionate burden of water expenses compared with wealthier households.
28. States Parties must adopt comprehensive and integrated strategies and programs to ensure that present and future generations have sufficient and safe water22. Such strategies and programs could include: a) reducing the depletion of water resources caused by extraction, diversion, or containment; b) reducing and eliminating pollution of watersheds (cuencas hidrográficas) and water-related ecosystems by radiation, harmful chemicals, and human excreta; c) monitoring water reserves; d) ensuring that any proposed improvement does not impede access to drinking water; e) examining the effects that certain measures, such as climate change, desertification, increasing soil salinity, deforestation, and biodiversity loss, may have on water availability and the watersheds of natural ecosystems23; f) increasing consumers’ efficient use of water; g) reducing water waste during distribution; h) establishing emergency-response mechanisms; and i) creating competent institutions and establishing appropriate institutional arrangements to implement the strategies and programs (…)
37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States Parties have a core obligation (obligación fundamental) to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights set forth in the Covenant. In the Committee’s view, at least some core obligations (obligaciones básicas) relating to the right to water, which have immediate effect, can be identified:
The foregoing is relevant because it details the content of the right to water by outlining its characteristics, including quality, accessibility, and availability, since it establishes that the human right to water entails a sufficient supply for each person for personal and domestic use.
Furthermore, in the judgment of 27 de noviembre de 2023 issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case Habitantes de la Oroya vs Perú, that court held:
“121. Likewise, persons have the right to water that is free from levels of pollution posing a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment (derecho al medio ambiente sano) imposes obligations on States consisting of: a) designing rules and policies that define water-quality standards and, with heightened rigor, standards for treated water and wastewater that are compatible with human and ecosystem health; b) monitoring pollution levels in bodies of water and, where applicable, providing information on potential risks to human and ecosystem health; c) developing plans and, in general, undertaking all practices intended to control water quality, including identifying its principal sources of pollution; d) implementing measures to enforce water-quality standards; and e) adopting actions to ensure the sustainable management of water resources. The Court likewise considers that States must design their rules, plans, and water-quality-control measures in accordance with the best available science, taking into account the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality, and adaptability, including through international cooperation.
122. In addition to the foregoing, the Court recalls that, in the case Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, it was established that the right to water is protected by Article 26 of the American Convention. This follows from the provisions of the OAS Charter, insofar as they permit the derivation of rights from which, in turn, the right to water arises. In this regard, the Court indicated that these include the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, which are protected by Article 26 of the Convention. This right is also recognized in Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), and is supported by the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.
123. Regarding the normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has stated that ‘access to water […] encompasses “consumption, sanitation, laundry, food preparation, and personal and domestic hygiene,” as well as, for certain individuals and groups, […] “additional water resources due to health, climate, and working conditions.”’ It has also stated that ‘access to water’ entails ‘obligations of progressive realization,’ but that ‘nevertheless, States have immediate obligations, such as guaranteeing [such access] without discrimination and adopting measures to achieve its full realization.’ In addition, States must provide protection against acts by private parties, so that third parties do not impair the enjoyment of the right to water, and must ‘guarantee a minimum essential amount of water’ in those ‘particular cases involving persons or groups of persons who, for reasons beyond their control, are unable to access water […] on their own.’ 124.
At this juncture, the Court clarifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive facet of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first facet protects bodies of water as elements of the environment that have value in themselves, as a matter of universal interest, and because of their importance to other living organisms, including human beings. The second facet recognizes the decisive role that water plays for human beings and their survival and, therefore, protects human access to, use of, and benefit from water. Accordingly, the Court understands that the substantive facet of the right to a healthy environment protecting this component is based on an ecocentric premise, whereas—for example—the right to drinking water and sanitation is grounded in an anthropocentric view. Both facets are interrelated, but the infringement of one does not necessarily entail a violation of the other in every case.
125. Furthermore, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and water. This right is covered by the duty to respect and guarantee (obligación de respeto y de garantía) established in Article 1.1 of the Convention, one form of compliance with which consists of preventing violations. This obligation extends into the private sphere to prevent third parties from infringing protected legal interests (bienes jurídicos protegidos), and encompasses all legal, political, administrative, and cultural measures that promote the safeguarding of human rights and ensure that any violations thereof are effectively regarded and addressed as unlawful acts. Along these lines, the Court has indicated that, on certain occasions, States have an obligation to establish appropriate mechanisms to supervise and oversee certain activities in order to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities as well as private persons. The duty to prevent (obligación de prevenir) is an obligation of means or conduct, and its breach is not established merely because a right has been violated (…)” (emphasis not in the original).
IV.ON THE RIGHT TO THE PROPER FUNCTIONING OF PUBLIC SERVICES AND THE ROLE OF ICAA AS THE GOVERNING AUTHORITY FOR DRINKING-WATER SUPPLY. In this regard, in judgment no. 2016012058 at 9:30 hours on 26 de agosto de 2016, this Chamber stated:
“(…) in the matter sub judice, it is determined that the ICAA, as the governing authority (ente rector) in this field, has failed to perform its oversight and supervision duties regarding the provision of the public drinking-water and sewerage service and, therefore, has violated the rights of the petitioners. Pursuant to Articles 1 and 2 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewerage Systems, the ICAA is responsible, among (sic) other functions, for resolving all matters related to the supply of drinking water and the sanitary sewerage service; directing and overseeing everything necessary to provide inhabitants with drinking-water service; and directly administering and operating aqueduct and sewerage systems throughout the country. It is therefore inexcusable that the ICAA failed to act to prevent and remedy a situation such as the present one, in which an ASADA has been providing the aforementioned services without entering into any delegation agreement (convenio de delegación).
In this regard, it is appropriate to recall what the Chamber stated concerning the ICAA and its duties to oversee and ensure the proper operation of the public services in question in Judgment Nº 2014-012971 of 14:45 hours on 8 de agosto de 2014:
“IV.- On the right to the proper operation of public services and the role of the ICAA as the governing authority for water supply. In Judgment number 2012-12009 of 09:05 hours on 31 de agosto de 2013, this Chamber held as follows, which is relevant to the resolution of the matter sub lite:
“This Chamber has held that the Political Constitution implicitly recognizes the fundamental right of persons subject to public administration (administrados) to the proper and efficient operation of public services, that is, to have those services provided according to high quality standards. As a necessary corollary, public administrations are required to provide them continuously, regularly, promptly, effectively, and efficiently. This latter obligation arises from a systematic reading of several constitutional provisions, such as Article 140, subsection 8 (which imposes upon the Executive Branch the duty to ‘Ensure the proper operation of administrative services and offices’), Article 139, subsection 4 (insofar as it incorporates the concept of the ‘proper conduct of Government’), and Article 191 (insofar as it incorporates the principle of ‘administrative efficiency’). This Court has also indicated that this atypical or unenumerated individual guarantee (garantía individual atípica o innominada) is heightened in the case of essential public services such as the supply of drinking water, because interests as precious as human health and life are at stake; consequently, the principles of effectiveness, efficiency, promptness, continuity, and adaptability must apply with greater rigor (see, to this effect, Judgments number 2008-016405 of 19:04 hours on 30 de octubre de 2008 and 2008-017633 of 12:06 hours on 5 de diciembre de 2008). In this context, the role of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the governing authority in this field, assumes particular importance. This Chamber has stated that:
‘(…) pursuant to Article 1 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewerage Systems, that autonomous institution was created for the express purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, conducting and promoting planning, financing, and development, and resolving all matters related to the supply of drinking water. To fulfill that purpose, and pursuant to Article 2 of that same body of law, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for directing and overseeing everything necessary to provide the inhabitants of the Republic with drinking-water service, as well as for exploiting, using, managing, or overseeing, as applicable, all waters in the public domain that are indispensable for proper compliance with the provisions of the aforementioned law. This confirms that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the institution primarily responsible for ensuring that all inhabitants of the Republic can benefit from a drinking-water supply system capable of supplying such water continuously and in sufficient quantities to adequately meet the basic needs of all persons, thereby effectively safeguarding their fundamental rights to life and health’ (Judgment number 2011005457 of 11:32 hours on 29 de abril de 2011.)
Consistent with the foregoing, this Chamber has emphasized that, in cases in which an ASADA provides water for human consumption, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is required to exercise effective and efficient oversight and control over the respective water-supply system with respect to its operation, maintenance, administration, and development, thereby ensuring its proper functioning (Judgment number 2011009487 of 9:15 hours on 22 de julio de 2011). Indeed, recently, in Judgment number 2012006447 of 10:30 hours on 18 de mayo de 2012, this Chamber stated:
‘(…) although Article 2 of Ley 2726 authorizes AyA to agree with community organizations on the administration of aqueduct and sewerage systems, the respondent Institute, as the governing authority in this field, is responsible for all matters relating to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary to supply water to communities. Accordingly, the Administration cannot excuse the lack of an efficient drinking-water service on the basis of inadequate community organization or poor management of the rural aqueduct by the private concessionaire (…)
This confirms the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to oversee and ensure the proper operation of community aqueduct systems’” (emphasis not in the original) “V.- On the specific case. In the present matter, the petitioner alleges that, in the community of El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, the ICAA provides drinking-water service through delegation to an ASADA; however, that service is provided inadequately and requires infrastructure improvements. Accordingly, the Municipalidad de La Cruz allocated funds to improve that aqueduct, but those funds cannot be used until the ICAA conducts the corresponding technical studies. She considers her fundamental right of access to drinking water to have been violated.
In this regard, the Chamber found it established that the Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, does not have current legal-person status (personería jurídica), as it expired on 31 de julio de 2007. It is likewise apparent that ASADA El Porvenir has not submitted to the ICAA the documentation required for processing the execution of the delegation agreement. Furthermore, the ICAA does not have an updated assessment of the aqueduct system operated by ASADA El Porvenir. The record established that, through Official Letter number SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 of 03 de julio de 2014, the Head of the Regional Office of Community Systems for the Chorotega Region of the ICAA suggested that ASADA El Porvenir retain a professional to conduct a technical study recommending the improvements required by the aqueduct. Finally, it was shown that the Municipalidad de La Cruz allocated 3 million colones for improvements to the aqueduct infrastructure, which will be spent once the corresponding technical studies have been completed.
In view of these circumstances, the Chamber considers that the application for amparo relief (amparo) must be partially granted, solely against the ICAA. As explained in the preceding recital (considerando), the ICAA is required to oversee and ensure the proper operation of community aqueduct systems and therefore cannot excuse the lack of efficient drinking-water service on the basis of inadequate community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct. As the governing authority for drinking-water supply, the ICAA is called upon to assist in promptly resolving the problem affecting the community of El Porvenir, in La Cruz de Guanacaste. Accordingly, the Chamber cannot accept the argument of the respondent ICAA authorities that they bear no responsibility whatsoever for the problems involving ASADA El Porvenir. For as long as the water-supply problem continues, the most vulnerable parties are the local residents, who must endure the ineffectiveness of the responsible entities and, consequently, suffer from the deficient provision of the public drinking-water service.
Under this reasoning, the ICAA must supervise and issue the necessary orders for ASADA El Porvenir to bring its operations into compliance with the law and for the technical studies needed to authorize the expenditure of the municipal budget already allocated to improving the drinking-water supply in that community—and, therefore, the quality of life of all its residents—to be completed.” (Emphasis not in the original).
Additionally, Article 36, subsection 1), of the Regulations Governing Associations Administering Community Aqueduct and Sewerage Systems establishes the following obligation and right of the ICAA: “To execute and terminate Delegation Agreements for the management of aqueduct and sewerage systems with Administrative Associations when recommended by Management and approved by its Board of Directors, for reasons of expediency, timeliness, or ineffectiveness in the provision of public services.”
In the matter sub lite, the petitioner states that he is a resident of Vázquez de Coronado, specifically San Francisco de Corazón de Jesús. He states that, since enero de 2024, that area has experienced problems with the community’s water supply because residents lack water once or twice a week. He mentions that, beginning on 8 de mayo de 2024, the situation has been alarming, since at times they go without water for two or three consecutive days. He notes that they have no water during the day because service is provided for two hours in the early morning, between 02:00 and 04:00 hours. He mentions that there is currently an operating school in the community of San Francisco de Coronado, Dirección09, which accommodates hundreds of boys and girls in its classrooms and has no water, despite the emergency situation reported by the Ministerio de Salud involving a viral illness associated with gastrointestinal problems.
The Chamber finds that the protected party is a resident of Vásquez de Coronado. It is also noted that, in report no. DFOE-AE-AI-00008-2018, “OPERATIONAL AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE STATE IN PROVIDING WATER SERVICES TO VULNERABLE COMMUNITIES,” dated 5 de setiembre de 2018, the Office of the Comptroller General of the Republic stated: “3. Conclusions 3.1. Since its creation in 1961, AyA has been responsible for resolving matters related to the provision of the country’s drinking-water service (servicio de agua potable), in its capacity as operator, governing authority, and delegating entity for the service. However, it has not succeeded in consolidating its role of directing, intervening in, and ensuring the proper administration, operation, maintenance, and development of drinking-water systems (sistemas de agua potable), so that service delivery meets the attributes of quality, continuity, and quantity, in adherence to the fundamental principles of public service (servicio público) concerning adaptation to social needs and equal treatment of service recipients. 3.2.
Within this framework, the drinking-water service rating of 4,45 out of 10 in vulnerable communities reveals a significant gap between the quality of this service and the minimum acceptable parameters. This results from a generalized view of these communities that does not incorporate differentiated and intercultural approaches into service delivery to ensure the protection and restoration of violated rights. 3.3. Furthermore, from an ethnically and culturally sensitive perspective, this situation shows that greater progress is needed in applying good practices for the administration, operation, maintenance, and development of aqueduct systems (sistemas de acueducto), so as to guarantee their sustainability in providing drinking-water service to vulnerable communities. 3.4. The situation identified fosters conditions of poverty and adverse effects on health and productive capacities, to the detriment of the economic, social, and environmental well-being needed to overcome the population’s conditions of vulnerability.
Improving quality is therefore particularly important because this is an essential service for these communities, in which the sustainability of public funds invested in infrastructure and administration must be protected.” By means of official letter IN-0042-IA-2023 dated 15 de agosto de 2023, entitled “EX OFFICIO RATE STUDY FOR THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (AyA),” issued by Aresep, it was concluded: “(…) with regard to the financial equilibrium (equilibrio financiero) of the aqueduct service, although the liquidity necessary to provide the service is currently available, in the medium term it will be severely compromised, given the directives implemented by AyA to use the cash flows from depreciation expense and revalued depreciation (asset replacement) to meet financial obligations associated with investment-project initiatives whose grace periods (time allowed to build the works) have expired.
This is beginning to generate a financial expense even though, to date, no solution to users’ needs is available (absence of a project). In addition, the financial equilibrium of a public service must reflect the outcome of efficient and effective management of investments and of the economic costs and expenses incurred in complying with the quality standards and rules established in advance for the provision of the aqueduct service. In the case under analysis, the existence of 57% losses of drinking water, investments with implementation periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works because of (sic) schedule slippages throughout the project value chain attributable to the administration, 80% of meters under-recording consumption, no records of large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below those authorized, investment tenders without guarantees or safeguards for committed public resources, a lack of institutional planning aimed at replacing assets that have reached the end of their useful life, services without metering, denials of service availability, and 70% of systems experiencing water stress, among other factors, supports the conclusion that the service’s financial equilibrium cannot be achieved at any cost (…) It is important to note that the return-for-development flow (flujo de rédito para el desarrollo) is intended to meet investment needs and repay financial obligations (interest expense) undertaken by the provider to finance the infrastructure-project portfolio.
In this regard, the absence of complete information validating and enabling the traceability of costs and changes in the scope of investment projects during the period 2018-2024 leaves the service provider unable to meet its obligations in the near future, both to users (new investments) and to creditors (outstanding debts). For this reason, since 2021 the Regulatory Authority has emphasized through various official letters and technical oversight activities that AyA must modify its project management so that it (sic) enables the information to be made available; guarantees traceability from internal approval through implementation; corrects the time frames for addressing users’ needs; validates project information in accounting-capitalization reports; updates Mideplan’s approval and monitoring system and Aresep’s investment plan; and guarantees users that every colón incorporated into rates in connection with investments reflects transparent, reliable, timely, efficient, and effective management. 6.
The level of return for development obtained by AyA (Return in dollars: 6, 71% and Return in colones: 9,4%) is lower than the cost of the borrowing undertaken and included in this study for AyA (…), which has a series of implications for the service, including the following: It exposes the public aqueduct service to bearing a cost on the debt incurred that is higher than its capacity to generate resources for repaying that debt, thereby transferring operational and financial risk to users. The cost of debt associated with long-term projects above the level of return, coupled with the time frames for delivering an actual solution to problems with supply or service availability, has caused users to bear a high social cost, lagging development opportunities, and the intensification of territorial and socioeconomic inequalities. 7. AyA must carry out a refinancing or renegotiation process for its long-term debt that guarantees more competitive interest rates and prevents a financial mismatch, and must also avoid assuming and passing on uncompetitive debt costs to customers, because although rates are set under the at-cost principle (principio al costo), in accordance with article No. 3 of the Law of the Regulatory Authority, this must not be at any cost (…) 9.
The request to capitalize the investment projects proposed for the aqueduct service for the period 2018-2021, in the amount of ₡ 108 081, 96, was rejected in accordance with the following criteria: According to the operator, 70% of the projects are unavailable because the pre-investment documents are absent, which prevents the cost, scope, and schedule levels from being traced through the pre-feasibility, feasibility, implementation, and asset-capitalization stages. Of the 30% of projects for which some documentation is attached, in most cases that documentation concerns the (sic) amount budgeted as of the date of the study’s analysis, and in most instances traceability cannot be established between the project and the assets intended to be capitalized. Still less is it possible to identify which (sic) projects are intended to replace assets and which (sic) are intended to expand or improve service delivery; likewise, it is impossible to identify the retirement of assets associated with capitalizations resulting from substitutions or replacements (…) 10.
In view of the inconsistencies identified in the investments proposed by AyA for capitalization, and given the information problems associated with the 2018-2024 projects, ET-074-2018). The foregoing will make it possible, on the one hand, not to pass on to users amounts associated with project initiatives that are not yet fit and available for use or that cannot be traced at all and, on the other hand, to alert the provider to the risk that is materializing because of its inability to capitalize investment projects, given the financial and operational impacts caused by the mismatch between the works and their financing, at an average interest rate of 13,5%. 11. The regulatory entity reiterates to AyA that, as part of the revaluation process for the assets comprising the rate base (base tarifaria), its value is 69% higher without any corresponding improvement in the service provided, although this should have served as a financial safeguard for replacing assets that reach the end of their useful life or are retired early.
Nevertheless, AyA has not redirected those amounts toward replacing assets that have reached the end of their useful life, particularly transmission and distribution pipelines, or toward modernizing the meter stock or implementing the billing system that has been awaiting replacement since 2004. With respect to the 57% of water for which AyA charges users even though it is wasted through leaks along sidewalks and roads, anomalies in user and sales records, billing errors, and other factors, the Regulatory Authority agreed to reduce those costs by 10% every two years, because a public-service provider is required not only to provide quality service but also to comply with the at-cost service principle (principio de servicio al costo). It is unacceptable to charge users for water that is not correctly billed because 80% of the water-meter stock is in poor condition, bulk water sales are made at prices below the established rate, water is wasted through recurring leaks on the country’s sidewalks and roads without timely attention, and there is no policy for replacing obsolete pipelines that have been in use for more than 70 years but are charged for as though they were new.
The foregoing represents approximately 38,5 million cubic meters, which, if the water resource were used efficiently—a resource that AyA itself, incidentally, promotes protecting—would make it possible to address many of the denied service-availability requests, avoid so many supply interruptions, and even prevent duplication of investments. 12. AyA’s under-recording of drinking-water sales is explained in part by the fact that 8 out of every 10 meters are in poor condition or have exceeded their useful life, which results in all service users ultimately paying the costs arising from water sales that are not properly recorded, regardless of the physical condition of their meter, as a penalty for families’ consumption and conservation of the water resource (…) 14.
AyA does not have a strategy that would enable it to maintain annually updated information on water quality, both for systems operated by AyA and for those it has delegated to service providers such as Asadas, resulting in problems associated with the presence of parameters such as arsenic, iron, manganese, and molecules associated with agrochemicals not being addressed in a timely manner; instead, they receive attention only once the adverse impact on water quality has materialized (…)” (emphasis added). In report no. DFOE-SOS-AID-00003-2024, “AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT PROJECT PORTFOLIO FOR DRINKING-WATER SUPPLY AND WASTEWATER SANITATION OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS,” dated April 12, 2024, the Office of the Comptroller General of the Republic concluded: “3.1. Management of AyA’s investment project portfolio (portafolio de proyectos de inversión) for drinking-water supply (abastecimiento de agua potable) and wastewater sanitation (saneamiento de aguas residuales) has not been effective in benefiting vulnerable populations (poblaciones en condición de vulnerabilidad), because only 1.6% of the country’s districts with the highest levels of vulnerability, according to the 2023 Social Development Index, have scheduled sanitation investments, and only 16.7% have scheduled drinking-water investments; likewise, only 41.6% of the districts identified as the most vulnerable according to AyA’s 2021 Community Vulnerability to Drinking Water Index have scheduled investments. 3.2.
AyA has also not been effective or efficient in managing the time, cost, and scope of the portfolio, since 57% of the projects that should have been completed by January 2024 are still being implemented, delaying the response to the public’s needs and affecting the benefits intended for 2.8 million people with respect to drinking water and 1.2 million beneficiaries of sanitation projects in cities such as Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo, and Coco-Sardinal. 3.3. In turn, portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects consistent with the public’s current and future needs, because the design and management of AyA’s investment portfolio remains at an incipient stage and lacks a logical and systemic sequence. 3.4. Inefficient portfolio management has placed AyA in a fragile position, in which financial unsustainability is projected because investment costs are not recognized in the rates that sustain the services, causing the proportion of revenue allocated to the payment of obligations to increase each year. 3.5.
The findings limit the achievement of Sustainable Development Goal no. 6, which focuses on ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all, and this poses a challenge primarily in the context of vulnerable populations. 4. DIRECTIVES (…) TO JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA, IN HIS CAPACITY AS EXECUTIVE PRESIDENT OF AYA, OR TO WHOEVER HOLDS THAT OFFICE IN HIS STEAD 4.4. Design, disseminate, and implement a comprehensive portfolio governance model containing at least: i) a portfolio risk-management plan; ii) a portfolio recovery plan; iii) a reliable information system providing integrated data on the time, cost, and scope of the portfolio components; iv) a portfolio adjusted and approved by the highest-ranking authority, in accordance with administrative and technical implementation capacity; v) periodic performance measurements throughout the life cycle of the portfolio, program, and project, in accordance with MIDEPLAN guidelines and applicable regulations currently in force; vi) criteria for prioritizing portfolio components, including criteria for vulnerable populations; and vii) the roles and persons responsible for each stage of managing the portfolio and its components.
Submit to the Office of the Comptroller General a certification concerning the design and dissemination of the governance model no later than April 30, 2025, as well as a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than April 30, 2026. (see paragraphs 2.1 through 2.54). 4.5. Prepare, disseminate, and implement a model for improving institutional management, in coordination with the Ministry of National Planning and Economic Policy, containing at least guidelines for: i) the management of financial resources; ii) the design and improvement of systematic process management; iii) product and service results; iv) financial results; v) process results (organizational effectiveness); and vi) leadership results, in order to modernize its organization, processes, and procedures and increase the efficiency, effectiveness, relevance, quality, sustainability, and productivity of its activities.
Submit to the Office of the Comptroller General a certification concerning the design and dissemination of the Model no later than June 30, 2025, as well as a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than May 29, 2026. (see paragraphs 2.1 through 2.54). 4.6. Prepare, disseminate, and implement a roadmap toward financial sustainability, including the actions and instructions to be implemented for the financial management of the public-investment portfolio, incorporating at least: i) indicators of the financial sustainability of the investment portfolio and the organization; ii) measurement, monitoring, and control mechanisms and their frequency; iii) preventive thresholds and indicator alerts; iv) awareness-raising measures within the organization concerning financial sustainability; v) a guideline on the frequency with which rate adjustments are to be requested; and vi) the necessary reports and inputs derived from the reference information system described in paragraph 4.4 of this report.
Submit to the Office of the Comptroller General a certification documenting the preparation and submission to the Board of Directors of the proposed roadmap toward financial sustainability; after that body issues its decision, submit a certification documenting the dissemination and implementation of the roadmap toward financial sustainability no later than April 30, 2025, as well as a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than August 31, 2026. (see paragraphs 2.55 through 2.76). TO THE MEMBERS OF AYA’S BOARD OF DIRECTORS, OR TO THOSE WHO HOLD THOSE OFFICES IN THEIR STEAD 4.7. Decide upon the proposed roadmap toward financial sustainability received from the Executive Presidency in compliance with the directive contained in paragraph no. 4.6 of this report. Submit to the Oversight Body a copy of the resolution documenting the decision no later than two months after receipt of the proposal (…)”.
The report “Assistance in San Francisco de Coronado: Interdisciplinary Work. Social Management–Marketing Directorate–Technical Management–GAM Systems Operations. Integrated Technical Center,” issued by ICAA, states: “II. Background Since mid-February 2024, representatives of Social Management, the Environmental UEN, and GAM Marketing have been reaching out to community representatives; however, a series of meetings had already been held among the Institution, Municipalidad de Vasquez (sic) de Coronado, and community representatives from San Francisco because the adverse water situation affecting this sector of the population dates back many years. Because the Metropolitan Aqueduct Operations and Control unit had determined that the rainfall deficit during this summer season would cause significant reductions in the water-supply sources, support was requested from the Social Management, Environmental UEN, and GAM Marketing team to devise an engagement strategy for the communities.
It is important to note here that the impact on San Francisco occurred earlier than expected because of the impact on the Guadalupe PP system caused by hydrocarbon contamination, which required reducing the amount of water pumped to the San Francisco sector in order to provide water to the areas suffering the greatest impacts. This prior event caused substantial instability, bringing forward the most critical period that the Institution had already anticipated in its action plan. In this regard, Social Management’s approach has consisted of crisis management, and therefore the work being carried out in San Francisco de Coronado is focused on minimizing, to the greatest extent possible, the adverse impacts that the critical summer period may cause. Thus, outreach work with community representatives began on February 21, initially through WhatsApp messages and telephone calls, during which we were informed of the difficulties they were experiencing with the water supply and of the need for the operational and technical team serving the area to assist the community.
Accordingly, arrangements were promptly made for an initial meeting on March 6, but the meeting could not be held because a relative of one of the community representatives had died. It is important to note that, despite the inability to hold this meeting, the requests of the community representatives continued to be addressed. During March, follow-up was conducted regarding inquiries about the assistance procedure for the 800 line, and improvements were made to the service provided through this official channel at the request of the San Francisco community. On April 11, 2024, the meeting was held with representatives of the Institution’s Operations and Control team, GAM Engineer, and Social Management, as well as five community representatives from the Pro-Agua San Francisco de Coronado committee. During this meeting, the Institution provided details regarding the area’s water supply, explaining that the sector was currently being supplied at minimum pressure, which caused greater water shortages in the area; that the flow rate of the Los Cuadro PP had decreased from 75 l/s to 45 l/s; and that operational maneuvers were being performed under which the Mata de Plátano tank was shut off at night, thereby allowing the sector to receive water for a few hours.
It was emphasized that the Institution was working on these operational measures while also making efforts to advance projects that would provide stability in the short and medium term, such as the interconnection of the Asturas tank, which would allow water to be pumped more directly into their system. This session also provided further details (sic) on the alternative assistance measures that the Institution had made available through its technical division, including the installation of water-supply tanks in sectors of the community to serve as public water sources and the house-to-house distribution of water by tanker trucks. In addition, in coordination with the Educational Center, the Institution guarantees that the Educational Center’s tanks will be filled with water of suitable quality, thereby ensuring that the school term can continue without any interruptions. During this session, the community representatives asked about the dates for the interconnection of the Asturas tank and requested an inspection in Corazón de Jesús, since it is the sector experiencing the greatest water-supply difficulties, as well as the installation of additional tanks to serve all sectors of the population.
Following this session, during the month of April, Social Management and the Technical team continued to address, in a chat called San Francisco que Coronado, inquiries associated with high consumption and water shortages, since community representatives repeatedly stated that they had been experiencing difficulties with the supply of water through pipelines; accordingly, the assessments were forwarded to the Operations area for proper attention. It is important to note that this chat was created on 8 de febrero 2024 by the person in charge of Dirección02, and it includes several community representatives who are members of the water commission. As a result of the series of situations raised and recorded through this means of communication, and at the community’s request, a meeting was held on 25 de abril at the Finca de Coronado, attended by the Operations, Technical, and Social areas to address community needs.
At this meeting, residents stated that they had experienced serious difficulties with the water supply, making their daily lives unsustainable. In response to these assessments, the Institution’s representatives reiterated the efforts being made to provide a piped water supply, but explained that this had been difficult because the dry season was at its most critical stage. It was reiterated that the Institution has alternative supply measures available, such as supply tanks serving as public water sources and water delivery by tanker trucks. It was also arranged that a tank would be installed in the Corazón de Jesús sector, an area that has been severely affected. It was stated that the Asturas tank would also be filled at night by tanker-truck trips, with the areas served by that tank being divided into sectors: this tank would supply the Finca area, while the elevated tank would supply the other sectors.
In addition, door-to-door water delivery by tanker truck and the filling of the tanks were guaranteed. (…) IV. Analysis It should be noted that all inquiries and requests from the community of San Francisco de Coronado, which have been channeled to the Institution through its community representatives, are addressed. Most of the assistance provided to users in this area consists of palliative measures, since the supply system continues to be inadequate. 1. Water supply by tanker truck: water is distributed door-to-door by tanker truck, and storage tanks are filled; community WhatsApp chats are also used to report the locations of the tanker trucks. 2. Institutional communication: improvements will be made to communications directed to the communities regarding specific matters such as rationing schedules and assistance through the 800 line by telephone and chat, providing detailed information to users of this service. 3.
Identification of critical points for the placement of storage tanks as public water sources: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados installs tanks at strategic sites identified by community representatives. To date, there are at least 10 tanks in the community, which were placed along pedestrian lanes where there is a higher concentration of older adults or persons with reduced mobility. 4. Meetings with community leaders: It should be mentioned that the Institution maintains a close relationship with communities experiencing limitations due to potable-water shortages or controlled supply, and the community of San Francisco has had broad access to these communication channels. 5. Installation of pipelines and interconnections to improve the supply in the short term: A series of institutional efforts have been undertaken to complete works in the short term that will improve the supply to users, including the installation of 3.4 km of pipeline at río Durazno and the temporary interconnection to the vista de Mar pumping station.
(…) V. Conclusions 1. The short-term projects presented to users have been completed on schedule and as planned. 2. Alternative supply measures will remain in place in the community to the extent they are required. 3. Assistance from the Social, Operations, Technical, and Commercial Management areas will remain available to the community through the WhatsApp chat and existing official channels. 4. Institutional work and commitment are directed toward creating conditions, through medium- and long-term investment projects, to achieve a supply under optimal (sic) conditions. 5. All cases submitted for assistance regarding billing have been addressed on schedule and as required.” By memorandum UEN-OSEP-GAM-2024-00183 of 14 de mayo de 2024, the UEN Optimización de Sistemas Ejecución Proyectos GAM of Icaa stated: “The Departamento de Ejecución de Proyectos is carrying out a series of infrastructure works to improve the distribution of water resources within inadequate systems.
The planned works include installing a transmission pipeline (línea de conducción) between the “Vistamar” booster-pumping station and the existing tank at AyA’s Finca de “Coronado”; this pipeline is strategically important for increasing water-resource capacity in the community of San Isidro de Coronado. The scope of the Project consists of an interconnection at the Vistamar booster-pumping site, from which a pipeline is to be installed, crossing the río Ipís (a pipe bridge must be built), and extending to the Asturias tank, which is located within AyA’s finca de Coronado. A valve chamber must be built there to properly interconnect with the tank’s inlet pipeline. (…) All work has now been completed except for the pipe bridge over the río Ipís, which is under construction (figure No.1); nevertheless, due to the urgency, we have installed a temporary pipeline alongside the pedestrian bridge (image No.1).
This has already made it possible to convey potable water from the booster-pumping station to the tank at the finca (…)”. Through official letter SG-GSFAM-MZESTE-2024-00430 of 14 de mayo de 2024, the Macro Zona Este GAM of Icaa stated: “1. Water delivery by Tanker Trucks in the San Francisco de Coronado Sector. From febrero del 2024 to date, the San Francisco de Coronado sector has been served by 100 tanker-truck units (…) During the period from febrero de 2024 to date, the 100 tanker-truck units made 416 potable-water delivery trips (…) Furthermore, it is important to mention that the Institution has (sic) distributed 4,211,000.00 liters of potable water by tanker truck from febrero de 2024 to date (…) 2. Other alternative means of supplying potable water to the San Francisco de Coronado Sector. In coordination with community leaders from the Comité Pro- Agua de San Francisco de Coronado, 11 potable-water storage tanks have been installed as fixed service points for tanker trucks, at the following addresses: a) Dirección7533 b) Dirección7534 c) Dirección7539 ( ) d) Urb.
Viamonte e) Dirección7536. f) Dirección7537. g) Bo. Corazón de Jesús (1) h) Bo. Corazón de Jesús (2) i) Urb. San Blas j) Urb. El Progreso k) Valle Sereno”. In Dirección1159, the Contraloría General de la República stated: “III. POSITION OF THE OVERSIGHT BODY 1- Matters related to the suspension of service Although the Contraloría General has not audited the potable-water supply service directly in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, and does not have quantitative information regarding interruptions and prolonged water outages in other communities in the district of San Isidro, the Oversight Body finds the condition of the public potable-water service described by the appellant to be consistent with the trend identified in reports prepared by the CGR regarding vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, the appellant’s allegations are consistent with the Contraloría General’s findings in other vulnerable communities in the country.
In this regard, based on previous audit studies, including the “Operational Audit Report on the Effectiveness and Efficiency of the State in Providing Water Service in Vulnerable Communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)” of 5 de setiembre de 2018, similarities were found in the pattern of shortages and constant interruptions of potable-water service in vulnerable communities. The aforementioned report n.° DFOE-AE-IF-00008-2018 also established that water service provides communities with a safeguard against descending further on the scale of vulnerability, insofar as one manifestation of poverty, pursuant to Sustainable Development Goal 1, is limited access to basic services. Furthermore, that report issued by the Oversight Body indicated that deficient service delivery creates exposure to disease, restricts the development of productive activities, promotes unsustainable water consumption, and reduces resilience to extreme events.
All of the foregoing exacerbates the structural causes of vulnerability, such as poverty and exclusion, to the detriment of the quality of life and development potential of those communities. Regarding the suspension of service, the appellant states that the situation worsened beginning on 8 de mayo de 2024, with interruptions lasting as long as three consecutive days without water. Water is distributed only for two hours in the early morning, from 2:00 to 4:00, forcing residents to remain awake to perform essential tasks such as washing clothes and dishes. The appellant also emphasizes that a school is operating in the community, where hundreds of children need water, particularly to prevent the spread of a viral outbreak involving stomach ailments, as warned by the Ministerio de Salud. It should be noted that, pursuant to the (sic) regulations in force, if the shortage exceeds 6 hours, a community-wide notice must be issued and an alternative service satisfying the aforementioned requirements must be ensured.
Likewise, in Articles 86 and 90, such regulations 1 establish that temporary interruptions addressed through tanker trucks must provide delivery points as close as possible to homes and allowing water to be collected easily, all for the purpose of affording everyone the opportunity to access potable-water service under equal conditions, given its nature and its essential importance to human life and health. Regarding the foregoing, in memorandum n.° SG-GSGAM-MZESTE-2024-00430 of 14 de mayo, ICAA describes the response measures implemented through water delivery, in terms of the number of tanker trucks and the corresponding number of delivery trips and liters, as well as details of the locations at which 11 water-storage tanks were installed as fixed tanker-truck service points. In this regard, no documentary evidence is provided concerning the specific time slots during which supply was provided through the alternative tanker-truck mechanism when service was interrupted; therefore, this Oversight Body cannot issue an opinion. Likewise, the report “Assistance to San Francisco de Coronado: Interdisciplinary Work. Social Management- Dirección de Mercadeo- Technical Management- Operations, Sistemas GAM.
Centro Técnico Integrado” cites a series of agreements between the ICAA and community representatives from the Pro-Agua San Francisco de Coronado commission, including the installation of a tank in the Corazón de Jesús sector, a highly affected area, as well as coordination with the local Centro Educativo to fill the Centro Educativo’s tanks and thereby ensure that the school year can continue without any interruptions. Nevertheless, the evidence submitted does not establish compliance with the aforementioned agreements or the establishment and implementation of a sufficient mechanism to include all persons in vulnerable situations or under the conditions cited by the appellant (newborn infants, children, adolescents, older adults, among others), particularly in cases where the use of a tanker truck (cisterna) is contemplated as an alternative means. 2- Regarding the ICAA’s response to address the problems As a response to the amparo proceeding (recurso de amparo) filed, the ICAA referred to a series of causal events related to service suspensions in the Acueducto Metropolitano.
The stated justifications included: 1) The imbalance between supply and demand, which prevents the growing demand of users from being met. It states that this problem has been aggravated by the El Niño phenomenon and the hydrocarbon contamination of the intake at the Planta Potabilizadora de Guadalupe, which was out of operation from 28 de enero al 2 de febrero de 2024 and continues to operate at limited capacity. In marzo de 2024, a reduction in the production flow of the Planta Los Cuadros and a leak in the Coronado pumping main between el 28 y 30 de marzo were also recorded, destabilizing the system and preventing its normal recovery. Despite these impacts, it argues that the population has had access to drinking water through the network during limited periods. 2) Announcement of suspensions: It states that service suspensions in the Acueducto Metropolitano have been announced to the population through official channels and have adhered to the established schedules.
To address these conditions, the ICAA states that it has undertaken actions such as placing tanks at strategic points, providing an alternative supply through tanker trucks, communicating through community leaders, and investing in the installation of a transmission main between the “Vistamar” booster pumping station and the existing tank at AyA’s Finca de “Coronado,” in the community of San Isidro de Coronado. However, it did not address the fact that water service is provided only between 2:00 and 4:00 in the morning. Regarding the foregoing, the Contraloría General, in the “Operational Audit Report on the Effectiveness and Efficiency of the State in Providing Water Service to Vulnerable Communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)” dated 5 de setiembre de 2018, indicated that aqueducts require water storage to meet demand and offset hourly fluctuations, particularly when the supply source alone is insufficient to meet daily demand, resulting in suspensions of the service in question.
In this regard, it must be recognized that placing the tank back into operation following a suspension does not guarantee that drinking water will promptly or immediately reach users, because the distribution networks (pipelines) must attain the appropriate level of filling and pressure to ensure supply. This phenomenon is aggravated in the higher areas of the network, where the topography affects how quickly drinking-water service can be restored. In short, the suspension must account for the period required to fill and pressurize the pipelines, and not merely the shutdown and recommissioning of the storage tanks, so that the duration of the suspension corresponds to the announced end time and, consequently, to the time at which users expect service to return. With respect to the investments made by the ICAA, through the “Audit Report on the Effectiveness and Efficiency of the Management of the Investment Project Portfolio for Drinking-Water Supply and Wastewater Sanitation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados,” No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 dated 12 de abril de 2024, this Comptroller Body determined that management of the ICAA’s investment project portfolio for drinking-water supply and wastewater sanitation has been neither effective nor efficient, which limits its ability to address the public need with the required timeliness.
It was also found that the design of the ICAA’s investment portfolio is at an incipient stage and lacks a logical and systemic sequence consistent with the established stages of selection, prioritization, strategic balancing, and approval; furthermore, there is no risk management, nor are persons responsible for the portfolio and its components designated. Likewise, the aforementioned oversight report determined that the ICAA’s information management does not permit efficient administration of the portfolio’s time, cost, and scope because, for various programs and projects, basic data are unavailable, such as start and completion dates, actual and planned costs, the number of beneficiaries, and the persons responsible for managing the projects. These conditions hinder the delivery of benefits through investments to produce and improve drinking-water systems, primarily affecting communities in vulnerable situations.
They also impede the achievement of institutional and national strategic objectives, particularly those associated with the Sustainable Development Goals, diminishing the extensive and progressive impact characteristic of water projects, which contribute to the economic, environmental, and health-related development of the areas influenced by and benefiting from the investments. Thus, given the deficiencies in information management, decision-makers are limited in their ability to identify deviations in project time, cost, and scope in a timely manner, making it difficult to address the public need with the required promptness. Regarding Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024, it is worth noting that a condition of financial unsustainability is anticipated in the management of the project portfolio overseen by the ICAA, implying a situation of vulnerability. Of particular significance in this respect is the failure to recognize investment costs in the rates that sustain the services.
IV. CONCLUSIONS The following conclusions are drawn from the contents of this report: 1. Although the Contraloría General has not conducted oversight of the drinking-water supply service directly in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, and does not have quantitative information regarding interruptions and prolonged water shutoffs in other communities within the district, the Comptroller Body finds consistency between the condition of the public drinking-water service described by the appellant and the trend identified in reports prepared by the CGR concerning vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, the appellant’s allegations are consistent with the findings of the Contraloría General in other vulnerable communities in the country. 2. Although no oversight has been conducted regarding the ICAA’s response to the alleged failure to take action to counter the aforementioned service suspension in Vázquez de Coronado, other oversight results produced by the CGR have found that the ICAA’s investment portfolio exhibits a series of deficiencies in performance management, as well as weaknesses in governance, which limit its ability to address the public need with the required timeliness and deliver the expected benefits to the population. 3.
This Comptroller Body notes that the period required to fill and pressurize pipelines should be taken into account in the suspension schedule communicated to users, because it is not sufficient merely to consider when the tank is placed back into operation, as this does not guarantee that drinking water will promptly or immediately reach users; rather, the distribution networks (pipelines) must attain the appropriate level of filling and pressure to ensure supply under the required conditions. 4. No evidence or reports regarding ARESEP’s actions were submitted; accordingly, this Comptroller Body cannot provide an opinion. In any event, emphasis is placed on the Regulatory Authority’s duty established by law to ensure compliance with standards governing the quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of public services, including drinking-water service; for example, the obligation to conduct technical inspections of the properties, plants, and equipment used to provide the public service, as well as the duty to carry out controls over the facilities and equipment dedicated to the public service, in order to ensure full compliance with the obligations” (emphasis added).
Through Technical Report No. H-581-2024 dated 10 de junio de 2024, the Defensoría de los Habitantes de la República stated: “(…) 5. TECHNICAL OPINION OF THE DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES REGARDING THE FACTS EXAMINED IN THIS AMPARO PROCEEDING (…) The Defensoría has received a total of 20 complaints against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados concerning the suspension of drinking-water supply service in the district of San Francisco (…) Based on the complaints received, through Official Letter N°01570-2024-DHR dated 16 de febrero de 2024, the Defensoría requested information from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) regarding the status of the drinking-water supply in the community of Vásquez de Coronado (…) 5.3 Other actions undertaken by the Defensoría de los Habitantes: - On 24 de abril del 2024, a meeting was held with Lic. Henry Ulate Blanco, Advisor to the Executive Presidency, and Ing. Angie Herrera Camacho, Head of the Macrozona Oeste, both officials of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, at which the latest complaints regarding the water shortage from 16 de abril onward and the delivery of water by tanker trucks were discussed.
Regarding this matter, Ing. Angie Herrera stated that water was indeed reaching the community for only 2 hours per day and that, consequently, since the first day of this situation, the tanker trucks had been in the area twice per day, which they monitored through the GPS devices of each truck providing the service. She stated that the current situation was due to the sources having declined by as much as 50%, causing this shortage. She further reported that AyA maintains constant communication with community leaders and with the community through WhatsApp. She also stated that two outreach meetings had been held with the community and that the agreements reached included communication through the WhatsApp chat and the installation of fixed tanks to provide another option for persons who are not at home when the tanker trucks pass, so that they can obtain water. It was also stated that 7 fixed tanks had been installed at locations identified by the community. - Additionally, on 13 de mayo del 2024, a meeting was held with residents at the Finca del AyA in Coronado, where it was stated that San Francisco de Coronado is one of the communities in the GAM most severely affected by the lack of water and that it requires 1.250.000 liters of water, based on an average use of 250 liters per person per day.
While the Los Cuadros plant has been reduced by almost half. The community was informed of the following: Mitigation measures implemented: 1. Installation of 11 storage tanks. 2. Tanker trucks 7 days a week, covering 11% of the shortfall. Immediate measures: 1. Interconnection of the Vista de Mar system, which provides an additional 3 liters per second for 12 hours at night, reducing the shortfall by 3%. 2. Bring the Asturas tank into operation. Short-term measures: 1. A well drilled on AYA property that is being cleaned so that it can be put into operation, with the aim of reducing the shortfall by 40% by 31 de mayo del 2024. 2. Bring water from the Vista de Mar system by gravity, reducing the shortfall by 35% by setiembre del 2024, with the expectation that, during the rainy season, it will fully meet the community’s needs. 3. Initiative to use water from Río Cascajal with the Orosí 2 water treatment plant by 2030.
Finally, the Executive President of AYA stated that the causes of the current water shortage are: Neglect of the aqueduct network and an investment deficit in networks. 5.4 Regarding the situation that is the subject of the amparo proceeding (recurso de amparo): (…) In this regard, the Defensoría de los Habitantes agrees with the complainant’s position that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados should be held responsible for planning, developing, and constructing the solutions that Vásquez de Coronado and the other communities affected by water shortages (desabastecimiento) require in the short, medium, and long term to meet demand for aqueduct service, so that everyone may have access to drinking water and meet their basic needs. 5.5 Considerations of the Defensoría regarding the water shortage in Vásquez de Coronado: The Defensoría issued its final report with recommendations, official letter N°04932-2024-DHR, concerning interventions relating to the drinking-water supply in Vásquez de Coronado.
That report generally established that the measures taken by AyA have been neither sufficient nor timely to provide the population with a drinking-water supply service in terms of quantity, quality, and especially continuity. The 20 complaints referenced at the beginning of this report are evidence of this. The community of San Francisco de Coronado has been facing a critical situation regarding its drinking-water supply, as reflected in the complaints filed by community residents due to scheduled and unscheduled rationing (racionamientos), which has resulted in lengthy periods without access to this service and the consequent infringement of residents’ rights. This situation is attributable to multiple factors, including disorderly land-use planning (planificación territorial), insufficient protection of aquifer recharge areas (zonas de recarga acuífera), and, particularly, inadequate planning, failure to execute projects, and lack of internal coordination within the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
These factors, together with climate change and changes in rainfall patterns, have contributed to the severe supply problem that currently prevents demand for this service from being met nationwide and, in particular, in the community of San Francisco de Coronado. As stated above, these conditions affect the provision of the drinking-water supply service, which, pursuant to article 4 of the Ley General de la Administración Pública, must be governed by the fundamental principles of public service so as to ensure its continuity, efficiency, adaptation to any change in the legal framework or in the social need it fulfills, and equal treatment of recipients, users, or beneficiaries. Likewise, pursuant to article 5 subsection c) of Ley 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, and consistent with article 9 of the AyA service provision regulations, drinking-water service must be provided “within optimal service-delivery parameters regarding quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and a human-rights-based approach”; however, this is not being achieved in San Francisco de Coronado.
The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has reported on the measures implemented to address water-supply problems, including rationing schedules, the incorporation of new wells into the metropolitan aqueduct system, and other mitigation measures to address the situation in the short term. Likewise, the Defensoría is aware of resolution N°2023-020102, issued at nueve horas quince minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés by the Sala Constitucional, which addresses a problem analogous to that referred to in this amparo proceeding and orders AyA to immediately undertake the necessary coordination, issue the appropriate orders, and “carry out all actions falling within the scope of its authority so that, within dieciocho meses from notification of this ruling, it improves, insofar as possible, the drinking-water supply in the canton of Vázquez de Coronado during the dry season.” In this regard, the Defensoría has found that, with nueve meses remaining in that period, AyA does not appear to have improved the canton’s drinking-water supply during the dry season, as demonstrated by the 19 complaints received by the institution during febrero, marzo y abril del presente año.
Indeed, for years the Defensoría has called AyA’s attention to its failure to anticipate and implement measures to meet the population’s supply needs, so as to guarantee the water supply to communities that, year after year, experience rationing for extended periods and other service disruptions, with the resulting adverse impact on the full enjoyment of the human right of access to drinking water, the rights to health and education, and the right to development, among others. Regarding this inaction by AYA, the Intendencia de Agua of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) prepared a diagnostic assessment of AyA’s rate study in 2022, which concluded that: the institution has drinking-water losses of 57%; the execution of investment projects or works is incomplete and takes 10 a 15 años because of the absence of detailed engineering, weak pre-feasibility and feasibility studies, the failure to conduct sensitivity analyses of critical variables to determine the financial and economic viability of investment projects or works, failure to meet deadlines and execute works, the lack of a defined financing model, the absence of rate-impact analyses, inadequate mechanisms for comprehensive project oversight, financing terms shorter than the useful life of investments or projects, lengthy periods of inactivity between the pre-investment phases and the start of construction; and that 80% of meters underrecord consumption.
It also warned of the absence of records on large consumers and consumption levels, as well as the lack of institutional planning directed toward asset replacement, together with the denial of service-availability requests, and stated that 70% of aqueduct systems experience water stress (estrés hídrico). It was also concluded that all service providers in the country fail to comply with water-quality verification requirements and that the Laboratorio Nacional de Aguas lacks a strategy for keeping water-quality information updated annually. Finally, the diagnostic assessment emphasizes the need to refinance credit obligations associated with investment projects or works. In addition to the foregoing, the Defensoría has received complaints from Coronado residents in previous years, such as official letter 07379-2023-DHR, notified on 03 de agosto del 2023, which reveals repeated failures to comply with supply schedules and a lack of clear and assertive communication by AyA, to the detriment of the right to information of everyone living in the affected communities, especially those in vulnerable circumstances, such as children, older adults, persons with disabilities, pregnant women, bedridden patients, and others.
In this regard, the Defensoría has emphasized that citizen participation and the right to information are essential elements of a participatory democracy, as well as the importance of the Instituto providing communities with precise and understandable information regarding the water supply, distinguishing between water shortages and rationing and explaining the effects of the El Niño phenomenon and climate change on water sources. This is because the right to information is a fundamental right pursuant to which AyA must respond promptly and adequately to community requests. Accordingly, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must implement the appropriate measures so that service provision in that community conforms to optimal service-delivery parameters regarding quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and a human-rights-based approach, as established by the regulation governing the service, so that everyone may fully enjoy the basic, inalienable human right of access to drinking water, as the Sala Constitucional itself stated in the resolution cited in this report.
Likewise, the Defensoría considers it imperative that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados adopt the measures and actions required for comprehensive planning of investment needs and improvements in service provision, as well as efficient execution of the infrastructure projects and works required to meet current and future demand for the service in San Francisco de Coronado, with shorter execution periods and rigor and diligence in meeting procedural deadlines, in order to effectively guarantee the human right of access to drinking water. For all the foregoing reasons, the Defensoría recommended the following to the Executive Presidency of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or to whoever holds that office: “First.—For each investment project and work in the canton of Vásquez de Coronado, design and document an internal-control and risk-analysis strategy that guarantees execution in the shortest possible time while minimizing the possibility of incurring the deficiencies in project and investment execution identified by the Autoridad Reguladora in its report.
Second.—Based on that internal-control and risk-analysis strategy, designate the subordinate officer or officers responsible for ensuring compliance. Third.—Submit to this Defensoría the documentation relating to the first and second recommendations and report every two months on the progress of each investment project and work in the canton of Vásquez de Coronado. Fourth.
Without prejudice to the foregoing, submit the work schedule identifying the persons responsible and the deadlines for implementing the project to expand and improve the ME-A-14 San Rafael de Coronado and ME-A-21 Chiverrales systems of the Acueducto Metropolitano through the intake, pumping, and treatment of surface water from the Río Cascajal, in Cascajal de Vásquez de Coronado, San José. Fifth.— Report the approximate completion date of the project “Installation of a new 150 mm pipeline between the Vista Mar booster pumping station and the new Tanque Asturas.” Sixth.— Report the start and completion dates of the project “Replacement of the 75 mmØ PVC Network with a 150 mmØ HDPE Network, Vista de Mar System to Tanque La Finca.” Seventh.— Maintain constant communication with organized community groups in order to provide clear, orderly, and timely information regarding scheduled or unforeseen service disruptions.
Eighth.— Without prejudice to the foregoing, and with the effective participation of community organizations and the Gobierno Local de Vásquez de Coronado, conduct a critical assessment of the communication and information strategies concerning water shutoffs and rationing in order to identify opportunities for improvement.” 5.6 Regarding the reports submitted by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) to the Sala Constitucional concerning the specific case of the community of Vásquez de Coronado: (…) Pursuant to Article 1 of the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), N°2726, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was established as an autonomous State institution for the entire national territory, with the objective of directing and setting policies; establishing and applying regulations; undertaking and promoting planning, financing, and development; and resolving all matters related to the supply of drinking water and the collection and disposal of sewage and liquid industrial waste, as well as the regulatory aspects of stormwater sewerage systems in urban areas.
AyA is also responsible for directing and overseeing all matters relating to providing the inhabitants of the Republic with drinking-water service and for determining the priority, advisability, and feasibility of the various proposed projects for constructing, renovating, expanding, or modifying water-supply and sewerage works. Accordingly, AyA must rigorously monitor and require compliance with each of the conclusions reached in the technical reports submitted to the Sala Constitucional, in order to ensure that the service is provided in accordance with the applicable standards of quality, continuity, timeliness, and reliability. Having analyzed the technical reports submitted by AyA to the Sala Constitucional, the Defensoría de los Habitantes considers that they address the same matters presented to this Órgano Defensor and developed in the final report containing recommendations, official letter N°04932-2024-DHR, concerning drinking-water supply interventions in Vásquez de Coronado, which were summarized in the preceding sections.
The Defensoría de los Habitantes also reiterates the position expressed in its final report containing recommendations: it considers it imperative that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados adopt the measures and actions required for comprehensive planning of investment needs and improvements in service delivery, as well as for the efficient implementation of the infrastructure projects and works required to meet current and future demand for the service in San Francisco de Coronado, with shorter implementation periods and with rigor and diligence in meeting process deadlines, so as to effectively guarantee the human right of access to drinking water. 5.7— Regarding ARESEP’s intervention in the specific case of the community of Vásquez de Coronado: Pursuant to Articles 4 and 5 of the Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, ARESEP’s fundamental functions and objectives include ensuring that public-service providers meet the standards of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to provide those services optimally.
In this regard, in 2022 ARESEP prepared an assessment of AyA’s Water-Supply Service, which concluded: “that the institution has a drinking-water loss rate of 57%, that the implementation of investment projects or works is incomplete and takes from 10 to 15 years, and that 80% of meters underrecord consumption.” It also warned of the absence of records on major consumers and consumption levels, as well as the lack of institutional planning aimed at replacing assets, together with the denial of service-availability requests, and found that 70% of water-supply systems experience water stress. It was further concluded that all service providers in the country fail to comply with water-quality verification requirements and that the Laboratorio Nacional de Aguas lacks a strategy for annually updating water-quality information. Finally, the assessment highlights the need to refinance credit obligations associated with investment projects or works.
In the interest of public health and in fulfillment of its legally established powers, ARESEP is responsible for ensuring that drinking-water service providers furnish a quality service. Accordingly, that agency must rigorously monitor and require compliance with each of the conclusions reached in the cited report, in order to ensure that the service is provided in accordance with the applicable standards of quality, continuity, timeliness, and reliability. The Autoridad Reguladora states in its report that, according to a review of the Área de Quejas database, for the periods 2023 and 2024 there were no complaints or proceedings under the Name62 of the petitioner concerning the supply shortage affecting the water service provided by AyA in the community of Coronado. Notwithstanding the foregoing, the Defensoría considers that ARESEP’s functions do include ensuring that public-service providers meet the standards of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to provide those services optimally.
It therefore cannot cite, as grounds for declining to intervene, the absence of complaints prompting it to act; rather, its action must be proactive and undertaken on its own initiative (de oficio), while seeking at all times to ensure compliance with the Reglamento “Reforma integral del reglamento técnico para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrante (AR-RTPAAH-2015),” which the Autoridad Reguladora mentioned in its report” (emphasis added).
Before ruling as required by law, it is deemed appropriate to refer to judgment no. 2020007754 issued at 9:45 a.m. on 24 April 2020:
“III.-Specific case. In the case under review (sub examine), the appellant states that she is an older adult over 70 years of age who lives in Dirección10 with her 76-year-old husband, her 40-year-old daughter, and her 10-year-old granddaughter. She states that the community in which she resides suffers from water rationing and service interruptions, in principle because of the scarcity of that resource. She recounts that on 9 March 2020 they had water from 4:15 to 6:00 a.m.; however, there was so little that she was barely able to collect enough for drinking and cooking. She mentions that, as a result, there was not enough water to fill the toilet tanks or wash clothes. She alleges that their homes had been without water for more than 40 hours. She states that, between 1:00 and 2:00 p.m. that same day, a neighbor told them that a tanker truck was at the site, which allowed them to collect water; however, she complains that at that time no notice of any kind was provided to inform them that the tanker trucks were nearby.
She maintains that, as a result, the other residents of the area were unable to collect water. She reports that the executive president of ICAA stated that, because of Covid 19, water would be supplied at two times during the day; nevertheless, that statement has not been honored. She requests that her right to receive potable water at reasonable times and for reasonable periods be respected.
A review of the record (autos) establishes that the appellant is an older adult. The southern tanks of ICAA have water-supply shortage (desabastecimiento) problems and supply water service to the Hatillos area. These tanks draw water mainly from the La Valencia system and are supplemented by the Puente de Mulas systems (through Bello Horizonte) and the Tres Ríos system through the Curridabat tanks. ICAA has infrastructure for treating water to make it potable; however, the sources lack the capacity to provide the required resource. Supply shortages depend on a series of factors, such as population demand (which varies according to the time of day, temperature, day of the week, etc.), the production available at the time, the level in the storage tank, the topographic elevation of the service connection, the distance from the service connection to the distribution point, among others. During the dry season in previous years, the southern tank system could be supplemented for longer periods with water from the Tres Ríos water-treatment plant; nevertheless, because of the problems affecting the entire aqueduct system, that supplemental supply has been minimized.
ICAA has developed several projects that are already operational, and in the last two years approximately 500 liters per second were added through the Doña Lela, San Miguel, and Palermo wells and CNP 7, 8, and 9; however, this has not been sufficient to prevent the effects of the summer season currently being experienced. In 2019, ICAA began operating the Chigüite well, which adds 20 liters per second to the Tres Ríos system, directly assisting the Curridabat system and allowing the southern tanks to be supplemented during certain times of the day. At the end of 2019, the Intendencia de Agua de la ARESEP asked operators to present their low-water-season plans and the actions to reduce rationing in 2020. Regarding the plans submitted, ARESEP notes that sufficient resources have been approved to make the investments necessary to address rationing; however, the operators’ project-execution capacity has not been as desired.
Since 6 March 2020, ICAA has had approximately 100 l/s of additional flow available at the Tres Ríos plant to supplement some of the affected systems, including the southern tank system. On 9 March 2020, the Hatillo 2 area had water from 4:15 to 6:00 a.m. On 9 March 2020, the appellant received water from a tanker truck. As of 10 March 2020, the date on which the constitutional rights action (recurso de amparo) was filed, water service had still not been restored in Hatillo 2. ICAA’s water-distribution logs record the following in relation to Hatillo 2: i) On 4 March 2020, the following trips were made: a. One to “Dirección505 ”. b. One to “Hatillo “#1, #2”. ii) On 5 March 2020, eight trips were made to “Hatillo, Hatillos 2 y 4, Colegio Cedes Don Bosco”. iii) On 6 March 2020, three trips were made to “Hatillo 8, 2, Colegio Brenes Mesén”. iv) On 7 March 2020, the following trips were made: a. One to “Parque nacional Mara Redonda.
Hatillo # 2-Hatillo #8”. b. One to “Hatillo 2”. c. One to “Dirección505 ”. d. Three to “Hatillo 2 Valdeado”. v) On 8 March 2020, the following trips were made: a. One to “Hatillo #2- Hatillo #8-INA Florida”. b. Two to “Hatillo 2 y alrededores”. c. Two to “Dirección506 , ) On 9 March 2020, two trips were made to “Hatillo #1, Hatillo centro y Hatillo #2”. Users may consult the following communication channels for information about service-impact bulletins in their respective communities: the 800- REPORTE (7376783) line; the SERVICIOS AYA mobile-device application; WhatsApp: Telf04; and Facebook: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. On 12 March 2020, ICAA was notified that this amparo proceeding had been admitted for consideration. On 12 March 2020, ICAA interconnected well W5 with the ME-A-17 La Valencia system, which will allow the water supply to be supplemented in the most critical sectors of the capital, such as the Hatillos.
The Intendencia de Agua de la ARESEP, through official letter no. OF-0200-IA-2020 dated 16 March 2020 and addressed to the executive president of ICAA, stated: “(…) Nevertheless, although the country is currently experiencing a public-health emergency, various localities throughout the country, particularly in the Área Metropolitana de San José, are suffering constant water rationing, which AyA has justified on the basis that, during the dry season, the aqueduct system faces a water deficit compounded by increased consumption during the summer months. In response, the Autoridad Reguladora reiterates that service providers are responsible for implementing a permanent planning policy that makes it possible to prevent situations such as this, based on efficiency standards and taking into account the adverse circumstances that arise during the annual low-water and drought seasons. In particular, they must be capable of developing a response capacity and an adequate contingency plan to prevent water rationing during periods of drought.
Service providers are aware that the impact of climate change on water translates into limitations on the quantity of the resource and, because continuity is one of the fundamental principles of public services, they must make the necessary efforts to achieve sustained, rather than merely temporary, improvements to the water-scarcity problem affecting the localities they serve. The foregoing contrasts with the persistence of rationing problems over several years and in a large number of communities, reaffirming that these are not situations that can be classified as fortuitous events or force majeure. Although the Autoridad Reguladora is aware of the institutional efforts made by the entities you represent to prevent the impacts on the population arising from the water rationing that has occurred in recent years, this problem is becoming increasingly recurrent and affecting a larger portion of the population.
There are multiple reasons, but this Autoridad Reguladora is particularly concerned by the backlog in infrastructure investment and the significant losses attributable to non-revenue water (ANC). AyA must resolve both problems within a reasonable period. Notwithstanding the warnings issued by the Autoridad Reguladora regarding this matter and, above all, the fact that the current outbreak of coronavirus disease (COVID-19) was known nationally and internationally, water rationing by AyA continues to be a recurrent measure and users continue to suffer from the lack of water, thereby undermining the country’s health system and, from a regulatory standpoint, the fundamental principle of continuity in the provision of public services; under Article 14, subsections i) and j), of Ley N°7593, AyA is required to be prepared to ensure the regular and safe provision of the service in the short term.
The various explanations that AyA has provided before several bodies regarding the reasons for the high levels of supply shortages in various areas of the country, particularly in the Área Metropolitana de San José, do not support the conclusion that AyA should be excluded from the application of the aforementioned Article 95 or that these constitute fortuitous events or force majeure, given that, as stated above, rationing has occurred recurrently over several years. Consequently, AyA is hereby instructed to adjust the amount billed for services to all customers affected by rationing in the following cases in which Article 95 of Reglamento Técnico AR-PSAYA-2015 applies: a) When the service is provided for fewer than 16 clock hours per day for at least 20 calendar days per month; and b) When the service is interrupted for 24 clock hours for more than three consecutive calendar days or more than 7 nonconsecutive calendar days, in either case within the same month.
This provision is independent of other instructions issued to correct, within a reasonable period, the recurrent rationing situations; accordingly, AyA may not assume that application of the aforementioned Article 95 exempts it from correcting the identified problem. Additionally, the mechanism that will be implemented to comply with this provision must be communicated to this Autoridad Reguladora within no more than five business days.” On Dirección5102 , ICAA began replacing pipes in sectors of Hatillo 2 with higher-capacity pipes, which will increase the flow available to homes in Dirección508 , Dirección509 , Dirección510 , Dirección511 and the lane between Dirección04 and Dirección512 , with 70% progress, as the interconnections and service-connection hookups remain pending. On Dirección5102 , ICAA interconnected a new well (W16) with the ME-A-17 La Valencia system, which will allow the water supply to be supplemented in the most critical sectors of the capital, such as the Hatillos.
This well has a production capacity of 75 liters per second (l/s), equivalent to the daily consumption of 18.500 people. ICAA is implementing the project “BPIP N° 2680: Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela” to improve potable-water supply conditions in sectors critically affected during the dry season, such as the southern neighborhoods, including Hatillo. The project began on 1º February 2019 and is scheduled to conclude on 1º November 2023.
Regarding this issue, the Chamber has established a consistent line of precedent. In judgment no. 2019-019080 issued at 9:20 a.m. on 4 October 2019, it ruled:
“III.- Regarding potable-water supply shortages during the dry season. With respect to this problem, which currently affects many communities throughout the national territory, this Chamber, in judgment No. 2019-007183 issued at 9:20 hrs. on 26 April 2019, held as follows:
“…III.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. While it is true that this Court has repeatedly recognized in its case law that access to drinking water is a constitutional right derived from, among others, the rights to health, life, a healthy environment, food, and adequate housing, it is also true that multiple problems involving shortages of this vital resource currently arise during the dry season (to the same effect, see judgments Nº 2009-12511 at 17:59 hours on 11 de agosto del 2009, Nº 2010-015448 at 12:15 hours on 17 de setiembre de 2010, Nº 2014-004918 at 14:30 hours on 09 de abril de 2014, Nº 2017-006082 at 09:45 hrs. on 28 de abril de 2017, and Nº 2016-007550 at 09:05 on 3 de junio de 2016). In this regard, the State is responsible for implementing the necessary and optimal measures to provide an effective solution to these problems. From this perspective, the record establishes that water outages have occurred in recent months in the area identified by the appellant, which the respondent authority acknowledges and describes in detail.
Nevertheless, it was established that the service interruptions challenged by users were not the result of negligence or arbitrariness on the part of the respondent Institute, but rather were due to a general water shortage affecting all systems during the dry season. In this regard, it was established that the respondent authority had announced through various media that water rationing would occur during this period because of the deficit caused by reduced flow rates supplying the collection tanks and increased water consumption. Specifically, Nombre40834 belongs to the San José Operating Zone, which is supplied with water stored in the Tanques de Curridabat, which in turn receive water from the Sistema de Tres Ríos. The record shows that, under normal production conditions, the Tanques de Curridabat have a storage volume of 85% at the beginning of the day; currently, however, their levels reach only 20% of capacity, making the area prone to shortages.
These occur when demand from the population exceeds available storage and vary depending on demand from the population, current production, the level in the storage tank, the service’s topographic elevation, its distance from the distribution point, the elevation of the area, etc. Nombre40834 is one of the highest areas, and the impact of the water shortage will therefore be greater; this impact occurs only during the dry season and not continuously throughout the year. Shortages normally begin at around 10:00 a.m., and the system begins to recover at around 11:00 p.m. This problem is mitigated by distributing water by tanker truck to vulnerable population centers. The respondents stated that they have carried out work to reinforce the system and benefit communities in the highest sectors. They have also established interconnections in the La Pacífica area to transfer that sector to another operating zone and reduce the area covered by the Tanques de Curridabat, and they expanded the operation supplied by the Cipreses tank to cover part of San José that had previously been supplied exclusively by the Tanques de Curridabat.
As a long-term measure, the respondent Institution is promoting projects focused on controlling non-revenue water (agua no contabilizada). As a result, it has worked to develop new sources that are currently operating for the benefit of the population of the GAM, and it has been working on a project intended to increase production benefiting the GAM by up to 2500 liters per second; that project is in the design stage and would be completed in 2025. They likewise establish that the Palermo, Chigüite, Doña Lela, CNP Dirección5103, and CNP Dirección4729 wells are currently operating in the GAM. This Court considers that, although it has been shown that the community in which the appellant resides is indeed experiencing a shortage of drinking-water service, the respondent authorities demonstrated that they have acted within their material capabilities to achieve adequate redistribution. This Chamber likewise considers that the shortage occurs only during the dry season, rather than during every month of the year or every hour of the day, and that the situation is communicated to the public through various media.
Additionally, the Court takes into account that the Institution has carried out work to reinforce the system and has adopted corrective and preventive measures, including its study concerning the development of new sources that are currently operating, which will benefit the population of the GAM and is intended to increase production by up to 2500 liters per second. In light of the foregoing, the Chamber rejects the contention that the Administration failed to address the problems with the supply of drinking-water service in the affected area; accordingly, the appeal must be dismissed, as it hereby is. The foregoing is without prejudice to reminding the respondent Institution of its duty to continue carrying out work to reinforce the system and prevent shortages during the dry season…”.
IV.Regarding the water shortage alleged by the appellants. In the case at bar (sub lite), the appellants allege arbitrary rationing of the drinking-water supply in the Mata Redonda sector. Regarding those events, the reports signed by the general manager and the deputy manager of Gestión de Sistemas GAM, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados—which are deemed to have been submitted under oath, after due warning of the consequences, including the criminal consequences, provided for in Article 44 of the law governing this jurisdiction—acknowledge that the aforementioned locality, together with the rest of the Acueducto Metropolitano, is being affected by the impact of this year’s dry season. They clarify, however, that shortages occur in the Mata Redonda sector for only a few hours of the day, always during the afternoon, and that the population therefore has access to drinking water through the pipeline network for much of the day.
They have explained that, as a result of the onset of that season in the country, the flow rates from the sources decrease, thereby reducing production flow rates. They also maintain that this situation is attributable to increased consumption by the population because seasonal conditions create demand for a greater quantity of water than during the rainy season. They further report that, although these are months in which the rainy season is typically already established in the country, the influence of the El Niño-Oscilación Sur (ENOS) phenomenon has meant that rainfall has been unable to recharge the sources, and the systems have continued to experience impacts resulting in a more pronounced decrease in the flow rates that the Institution can draw from those sources for treatment and supply to the population. Nevertheless, they state that the entity they represent informs the public about the situation the country is experiencing with respect to the reduction in natural sources of drinking water, which affects not only the Mata Redonda areas but the entire national territory.
They indicate that AyA makes the following channels available to users for reporting events affecting the provision of water service: Línea 800-REPORTE (7376783), the AyA website, a mobile application (available for download on the Android and iOS platforms) called “Servicios AyA,” the institutional WhatsApp account, 57 in-person service locations, and its Facebook page. In addition, its shortage bulletins provide an estimated period during which, on average, the population is expected to be without service; nevertheless, during the indicated period, some people in the lower parts of the pressure zone may still have service, while those living in the higher areas may already have been without service for some time. In this context, the Chamber understands that the alleged situation does not arise directly from material impossibility, but rather from external, uncontrollable, and unforeseen conditions that temporarily, rather than permanently, affect the provision of the public service at issue.
These circumstances have compelled the respondent Institution to use the media to report on the condition of the systems, ask the public to take appropriate measures to cope with the shortages until the sources recover their usual flow rates, and raise awareness of the need not to waste the available resource. Although the Chamber understands that this is an essential service, the fact remains that, in addition to the existence of an objective cause, the respondent authority has adopted measures to address the problem; in other words, it has not neglected the situation alleged by the appellants. It should be noted that, as part of the Institution’s efforts to reduce the impact of the shortages, several projects have been developed and are already operating. Last year, approximately 500 liters per second were added through the Dona Lela, San Miguel, and Palermo wells and CNP 7, 8, and 9; nevertheless, this was insufficient to prevent the effects of the dry season currently being experienced.
The Chigüite well has also just begun operating, adding 20 liters per second to the Tres Ríos system, thereby directly supporting the Curridabat system and making it possible to reinforce the Tanques del Sur at certain times of the day. In addition to the foregoing, contrary to the appellants’ allegations, no drinking-water service availability certifications (disponibilidades) were issued for real-estate developments in the Mata Redonda — San José sector during the last six months of 2019. Indeed, the three most recent availability applications were denied, and the interested parties were given a letter identifying the infrastructure they would have to construct at their own expense before drinking-water service could be made available. Furthermore, the real-estate projects currently under construction in that locality have the corresponding approved availability of drinking-water service, which was granted well before the shortages arose in the area.
Moreover, the real-estate projects under construction are supplied through a single meter and have a storage tank and private pumping system. Under these circumstances, as in the preceding case, the appeal must be dismissed because it was not demonstrated that AyA’s failure to provide drinking-water service was capricious, arbitrary, or without justification. It was likewise established that solutions have been sought for the problems caused by the geographic and climatic conditions affecting the Mata Redonda area and that measures have been adopted to address that situation. Furthermore, the alleged indiscriminate construction—which is not, in fact, indiscriminate—also has no bearing on the aforementioned problem.”
Likewise, in resolution n.º 2019-008791 at 9:30 hours on 17 de mayo de 2019, this Court ruled:
“III.- Regarding noncompliance with rationing schedules. After analyzing the evidence submitted, this Court finds no violation of the petitioner’s right to health. The report submitted by the respondent authority establishes that, on April 23 and 24, 2019, there was a supply shortage in various communities surrounding Guadalupe, specifically in Santa Eduviges. First and foremost, it must be clear that, according to the ICAA, the institution does not impose rationing in the sector where the protected party resides; the disruption is caused by a shortage when the population consumes all available stored water, namely, the water that could be stored during the night when demand decreases, due to the scarcity caused by the dry season. According to the ICAA’s explanation, the pipeline network functions as a large storage tank because, once the storage tanks have been emptied, water remains inside the pipelines, and its consumption cannot be detected.
Once the tank is empty, the pipeline gradually drains, but at an unknown rate because it depends on many factors, such as the weather, the day of the week, and the time of day, and therefore varies each day. This makes it nearly impossible to predict when the water available to users will run out. Through its shortage bulletins, the ICAA indicates a time at which it believes that, on average, the population will no longer have service; however, at that stated time, some people—in the lower portions of the pressure zone—will still have service, while those living in the higher portions will already have been without service for a longer period. Accordingly, the respondent institution cannot be faulted for failure to comply with the approximate schedule for supplying the water, because this is not something planned by the entity but instead depends directly on demand and the system’s particular conditions, including weather conditions.
IV.The report submitted under oath by the Executive President of the ICAA, together with a review of the evidence provided, shows that the respondent entity has implemented measures intended to mitigate the effects of the water shortage, including: a) supplying water by tanker trucks, particularly to educational institutions and healthcare facilities; b) on April 8, 2019, a boundary connection was opened between the Guadalupe and Moravia zones to reinforce the Guadalupe sector; c) on April 7 and 11, 2019, major nonvisible leaks affecting the system were repaired; d) on April 9, 2019, a “bypass” was activated from the Guadalupe tank to provide further reinforcement to the San Blas tank; e) rationing has been implemented in the sectors of Coronado, Los Cuadros, and Montes de Oca to reinforce the supply to Guadalupe with water from the Tres Ríos Plant, that is, to distribute the deficit; f) coordination has taken place with the ICE to extract more water from the reservoir during this dry season in order to increase production at Tres Ríos, and approximately 100 l/s of additional flow is currently available at the Tres Ríos Plant to reinforce some of the affected systems, including Guadalupe’s; and g) in the long term, implementation of the Metropolitan Aqueduct Expansion Project is planned, which is intended to increase production benefiting the Gran Área Metropolitana by as much as 2500 liters per second and is projected for completion in 2025.
In this Court’s view, the ICAA has diligently addressed the reported problem. Under these considerations, this aspect of the application for constitutional relief (recurso de amparo) is inadmissible. Notwithstanding the foregoing, this Chamber reminds the ICAA of its obligation, as the entity responsible for governing water-resource management, to continue implementing the measures necessary to address the water-shortage problem so as to lessen its impact on users’ quality of life and guarantee the right of access to drinking water.”
In this regard, as occurred in the cited precedents, the Chamber observes that, in principle, the lack of drinking-water service is attributable to a supply-shortage problem. Nevertheless, the national emergency caused by COVID-19 requires this Court to reconsider the position cited above. In this respect, the record shows not only that the water-shortage problem had been occurring since 2017, but also that ARESEP indicated that the ICAA had a backlog in infrastructure investment as well as significant losses from non-revenue water. The regulatory authority likewise stated that the drinking-water service operators’ project implementation capacity had not reached the desired level.
Therefore, before continuing to validate any shortage situation, and in view of the COVID-19 pandemic—whose fatal consequences in other parts of the world are public and notorious—the ICAA must implement the appropriate measures to resolve, in the short term, the problems caused by water scarcity at the production sources, without prejudice to its planned medium- and long-term solutions. This is ordered because access to this water during the pandemic is essential to prevent further spread, in accordance with the recommendations of the Ministerio de Salud. It should be noted that, after being notified that this constitutional-relief proceeding had been admitted, the ICAA established two interconnections with wells to reinforce supply in the affected systems and, moreover, replaced pipelines in Dirección339 with higher-capacity pipelines, demonstrating that it did have measures available to at least attempt to mitigate the situation; nevertheless, the record does not show that those measures resolved the alleged problem.
Although it appears that the ICAA attempted to distribute drinking water by tanker truck in Dirección339 , it is unclear whether the amount of water was sufficient to meet the basic needs of the affected persons. In that regard, the fact that, over a forty-hour period, the appellant had access to the service for less than two hours illustrates the magnitude of the problem and demonstrates the violation of her right of access to water. Accordingly, the application against the ICAA must be granted under the terms to be set forth in the operative part of the judgment.
With respect to the other respondent authorities, it is not evident that they bear any direct responsibility for the acts alleged by the appellant. The application against them is therefore denied (…)” (emphasis added).
Likewise, it should be noted that in Regulation No. 21 of March 19, 2024, ‘Technical Regulation “Provision of Water-Supply, Sanitary-Sewer, and Fire-Hydrant Services (AR-RT-SUMAAH-2023)”’, Aresep regulated as follows:
“Article 7.- Mandatory provision of services.
Whenever technically feasible, service providers within their jurisdictions must provide water-supply, sanitary-sewer, and fire-hydrant services under optimal service conditions.
Likewise, every service provider must guarantee the efficient use of water resources and the short-, medium-, and long-term sustainability of the provision of public services (…)
Article 10.- Provision of service under conditions below optimal service standards.
Only in exceptional circumstances—unforeseeable events (caso fortuito), force majeure (fuerza mayor), damage caused by a third party, or scheduled suspensions—may services be provided under conditions below optimal service standards.
Nevertheless, the service provider must implement, as promptly as possible, the applicable temporary corrective measures to supply the services until service is restored to optimal conditions (…)
Article 82.- Continuity in the provision of services.
Service providers must ensure that service is provided without interruption, 24 hours a day, 365 days a year, under the quality and quantity conditions established in this regulation.
Exceptions shall apply to situations caused by the subscriber or user; by unforeseeable events; by force majeure; by scheduled periods of system maintenance; or by damage caused by third parties. In such cases, the provisions of this Regulation governing service under conditions below those established herein shall apply.
When an emergency or matter of public interest has been declared, no subscriber may be left without water-supply service for nonpayment. The subscriber is required to pay for the water-supply service in accordance with the established billing conditions (…)
Article 85.- Supply priority in the event of scarcity.
If the water-supply service must be restricted, it shall be provided to meet human-consumption needs in the following order of priority:
a. Hospitals, clinics, healthcare facilities, correctional facilities, shelters, camps for disaster victims, and airports.
b. Educational institutions.
c. Housing, to meet families’ basic needs.
d. Commercial, agricultural, and industrial activities.
Article 86.- Temporary interruption of drinking-water service.
In the event of a temporary interruption in service continuity, service providers must communicate the following to subscribers and users through mass media:
a. The affected area and population; b. The type of impact on the subscriber; c. The estimated duration of the interruption; d. The reasons for the service interruption; e. Contingency measures, if necessary; f. Alternative means of supplying water; and g. The location of water-distribution points if delivery is made by tanker trucks. The distribution point must be as close as possible to residences so that multiple users can obtain water at the same time, waste can be avoided, and the water can be collected easily.
This information must be kept up to date.
Article 87.- Notice of interruptions to drinking-water supply service Service providers must provide notice of temporary interruptions to drinking-water supply service as follows:
a. For scheduled interruptions, at least 48 calendar hours in advance; b. For unscheduled interruptions, within 4 calendar hours after the malfunction is detected or reported.
This notice must be provided through mass media and must specify the location, supply schedule, conditions of the alternative drinking-water service, and affected areas.
Article 88.- Alternative means of providing water-supply service Service providers shall determine the alternative means of providing water-supply service, which may include tanker trucks, temporary pipelines, public water sources, or other means, provided that they guarantee that the water supplied meets quality standards and ensure access to drinking water sufficient to cover the basic needs of users in the affected area.
a. If the interruption of water-supply service, including the time required for repairs, lasts more than 6 calendar hours each day, the service provider must provide subscribers with an alternative drinking-water supply sufficient to cover their basic needs.
b. In the case of interruptions lasting more than 1 day, drinking water shall be supplied daily to all affected subscribers through the alternative means available to the service provider.
c. In the case of subscribers experiencing prolonged interruptions lasting more than 5 days, the provider shall define the mechanism for supplying them with water in a manner that facilitates delivery, for example, through storage tanks (their own or those provided by the provider), in order to reduce delivery frequency and guarantee water for a greater number of days.
d. Alternative supply (abastecimiento alternativo) may not be maintained continuously for more than 2 years, unless the project schedule for resolving the water deficit extends for a longer period; the investment plan must take into account the development needs of the public services they provide, and the operator shall report on the project’s progress through the means available to it.
e. In the case of water supply by tanker truck (abastecimiento de agua por cisterna), the service provider shall offer at least two schedules, one in the morning and another in the afternoon, for distributing the water so as to guarantee that users receive drinking water at least once a day” (emphasis added).
Furthermore, it should be noted that, in judgment no. 2023020102 issued at 9:15 hours on 18 de agosto de 2023, this Court ruled on the provision of drinking-water service by Icaa in Coronado during the dry season and ordered as follows:
“IV.- The specific case. In the sub examine, the appellant alleges that he resides in the San Francisco de Coronado sector, specifically at Dirección7494, where, like the surrounding communities, residents have been affected by constant and recurring interruptions in drinking-water service. He states that other sectors and cantons in that locality are not affected as severely by disruptions to the supply of that service. He explains that notice of the suspension is given; however, the service is interrupted hours before the announced time, despite the knowledge that such a suspension jeopardizes people’s health. He requests that ICAA be ordered to provide a solution to the drinking-water supply problem as soon as possible.
The Chamber finds that the disruption suffered by the sector where the appellant resides is caused by the condition of the sources serving the Los Cuadros system, which supplies the area, and that this condition is associated with the country’s dry season, aggravated by the El Niño phenomenon, which has reduced the available supply by more than 50% from febrero to date. It is stated that access to drinking water has been reinforced through tanker trucks and water tankers, supplying the population through alternative means. It is also acknowledged that a breakdown occurred on 04 de mayo de 2023, further affecting the condition of the Los Cuadros system. Although the Institution addressed the breakdown, the period during which the system was affected was prolonged. Work has also been carried out in the area to reinforce the Los Cuadros system through other systems, even though those systems also contain sectors experiencing some degree of disruption, while always seeking equitable supply to all sectors within the limits of the existing infrastructure and hydraulic conditions.
As a result of the initial work performed, it has been possible to gradually restore the system, as shown by the increase in field pressure readings, despite the fact that production at the Plant has not risen due to the condition of its sources. The Institution is also working on developing projects such as Reducción de Agua no contabilizada and Ampliación del Acueducto Metropolitano, among others, which will increase the resources available to reinforce certain systems during periods of shortage. However, according to the Instituto Meteorológico Nacional, the dry season is expected to become established in the Valle Central over the coming weeks, which will allow the flow lost from the sources, including that of the Los Cuadros plant, to gradually recover, bring the controlled-supply program to an end, and restore normal supply to the entire population.
The Chamber finds that the suspensions of drinking-water service in Vázquez de Coronado are not due to negligent or arbitrary conduct by ICAA, but rather result from a general shortage caused by the country’s dry season. It has been established that the respondent institution communicated the service-rationing schedule through various means. Although the appellant questions the failure to adhere to the hours during which water is unavailable, this Court has held in prior rulings that “the respondent institution cannot be blamed for failure to adhere to the approximate schedule for supplying the water, since this is not something planned by the entity but rather depends directly on demand and on the particular conditions of the system, including weather conditions” (judgment 2019-008791 issued at 09:30 hours on 17 de mayo de 2019). The record likewise shows that ICAA has undertaken various measures, including transferring volumes of water between different systems, controlling pressure by calibrating valves, rescheduling operational maintenance work, planning future projects, and using tanker trucks to distribute water.
Even so—as in the precedent mentioned above—there is no indication that it is currently examining the possibility of performing work to reinforce the systems supplying water to the cantón de Vásquez de Coronado in order to prevent shortages during the dry season. It should be noted that the Institution reports that it is working on developing projects such as Reducción de Agua no contabilizada and Ampliación del Acueducto Metropolitano, among others, which it claims would increase the resources available to reinforce certain systems during periods of shortage. However, these are projections that, in addition to being general in nature, cannot currently be quantified as a means of meeting the urgent need to resolve the water-resource shortage affecting the appellant.
V.Conclusion. In view of the foregoing, under the current circumstances, this Constitutional Court finds that the appellant’s fundamental rights have been violated and therefore grants the petition (…)
Por tanto:
The petition is granted. María Gabriela Vallejo Astúa, in her capacity as Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever may hold that position in her stead, is ordered to undertake the necessary coordination, issue the relevant orders, and carry out all actions within the scope of her authority so that, within eighteen months from notification of this ruling and to the extent possible, drinking-water supply in the cantón de Vázquez de Coronado is improved during the dry season. This order is issued with the warning that, pursuant to artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an amparo proceeding (recurso de amparo) that they are required to comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be subject to imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción de lo contencioso administrativo). Let notice be given.” Having clarified the foregoing, although the period granted by this Chamber in the judgment transcribed above has not expired, it is equally true that the ruling addressed the deficient provision of drinking-water service in Coronado during the dry season, whereas in the sub examine this Court’s analysis is broader, given the evidence of a longstanding structural problem.
In that regard, it should be recalled that, in report No. DFOE-AE-AI-00008-2018, “OPERATIONAL AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE STATE IN PROVIDING WATER SERVICE TO VULNERABLE COMMUNITIES,” dated 5 de setiembre de 2018, the Contraloría General de la República stated: “3. Conclusions 3.1. Since its creation in 1961, AyA has been responsible for resolving matters relating to the provision of the country’s potable water service (servicio de agua potable), in its capacity as service operator, governing authority, and delegating authority. However, it has failed to consolidate its role in directing, intervening in, and ensuring the proper administration, operation, maintenance, and development of potable water systems (sistemas de agua potable), so that service provision meets the attributes of quality, continuity, and quantity, in accordance with the fundamental public-service principles (principios fundamentales del servicio público) concerning adaptation to social needs and equal treatment of service recipients. 3.2.
Within this framework, the potable water service rating of 4,45 out of 10 in vulnerable communities reveals a significant gap between the quality of this service and the minimum acceptable parameters. This results from a generalized view of these communities that does not incorporate differentiated and intercultural approaches (enfoques de orden diferencial e intercultural) into service provision to ensure the protection and restoration of violated rights. 3.3. Furthermore, this situation shows that, from an ethnically and culturally sensitive approach, greater progress is needed in applying good practices for the administration, operation, maintenance, and development of water-supply systems (sistemas de acueducto), in order to ensure their sustainability in providing potable water service to vulnerable communities. 3.4. The situation identified fosters conditions of poverty and harm to health and productive capacities, to the detriment of the economic, social, and environmental well-being needed to overcome the population’s conditions of vulnerability.
Improving quality is therefore particularly important, as this is an essential service for these communities, in which the sustainability of public funds invested in infrastructure and administration must be protected.” Furthermore, in report No. DFOE-SOS-AID-00003-2024, “AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT-PROJECT PORTFOLIO FOR POTABLE WATER SUPPLY AND WASTEWATER SANITATION OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS,” dated 12 de abril de 2024, the Contraloría General de la República concluded: “3.1. AyA’s management of the investment-project portfolio (portafolio de proyectos de inversión) for potable water supply (abastecimiento de agua potable) and wastewater sanitation (saneamiento de aguas residuales) has not been effective in benefiting populations in vulnerable conditions (…) 3.2. AyA has also been neither effective nor efficient in managing the portfolio’s schedule, cost, and scope, since 57% of the projects that should have been completed by enero de 2024 are still under way (…) 3.3.
In turn, portfolio management has also failed to effectively incorporate priority projects consistent with citizens’ current and future needs (…) 3.4. Inefficient portfolio management has placed AyA in a fragile position, in which financial unsustainability is projected because investment costs are not recognized in the rates that support the services.” In addition to the foregoing, it should be recalled that the Contraloría General de la República informed this Court on 6 de junio de 2024 that: “Regarding the investments made by ICAA, through the ‘Audit Report on the Effectiveness and Efficiency of the Management of the Investment-Project Portfolio for Potable Water Supply and Wastewater Sanitation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados,’ No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024, dated 12 de abril de 2024, this Oversight Body determined that ICAA’s management of the investment-project portfolio for potable water supply and wastewater sanitation has been neither effective nor efficient, thereby limiting its ability to address the public need with the required timeliness.
It was also found that the design of ICAA’s investment portfolio is at an incipient stage and lacks a logical and systemic sequence consistent with the established stages of selection, prioritization, strategic balancing, and approval; moreover, there is no risk management (gestión de riesgos), nor are persons responsible for the portfolio and its components designated. Likewise, the aforementioned oversight report determined that ICAA’s information management does not permit efficient administration of the portfolio’s schedule, cost, and scope, since various programs and projects lack basic data such as start and completion dates, actual and planned costs, the number of beneficiaries, and the persons responsible for managing the projects. These conditions hinder the delivery of benefits through investments intended to produce and improve potable water systems, primarily affecting communities in vulnerable conditions.
They also restrict fulfillment of institutional and national strategic objectives, principally those associated with the Sustainable Development Goals, diminishing the broad and progressive impact characteristic of water projects, which contribute to the economic, environmental, and public-health development of the areas influenced by and benefiting from the investments. Thus, given the deficiencies in information management, decision-makers are limited in their timely identification of deviations in project schedules, costs, and scope, making it difficult to address the public need with the required promptness. Regarding Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024, it is worth noting that a condition of financial unsustainability is projected in ICAA’s management of the project portfolio, which entails a situation of fragility. Of particular note in this regard is the failure to recognize investment costs in the rates that support the services.” Similarly, it bears reiterating that, in technical report No. H-581-2024 dated 10 de junio de 2024, the Defensoría de los Habitantes de la República emphatically stated: “The Defensoría issued the final report containing recommendations, official letter N°04932-2024-DHR, concerning potable water-supply interventions in Vásquez de Coronado.
That report established, in general terms, that the measures undertaken by AyA have been neither sufficient nor timely to provide the population with potable water-supply service in terms of quantity, quality, and especially continuity. Evidence of this is found in the 20 complaints referenced at the beginning of this report. The community of San Francisco de Coronado has been facing a critical situation regarding the potable water supply, as reflected in the complaints submitted by community residents due to scheduled and unscheduled rationing, which has resulted in lengthy periods without access to this service and the consequent infringement of residents’ rights. This situation is attributable to multiple factors, including disorderly land-use planning (planificación territorial), a lack of protection in aquifer recharge areas (zonas de recarga acuífera), and, particularly, inadequate planning, failure to execute projects, and a lack of internal coordination within the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
These factors, compounded by climate change and changes in rainfall patterns, have contributed to creating the severe supply problem that currently prevents demand for this service from being met nationwide and, in particular, in the community of San Francisco de Coronado (…) For years, the Defensoría has called AyA’s attention to its failure to anticipate and implement measures to meet the population’s supply needs so as to guarantee the water supply to communities that, year after year, experience rationing for extended periods and other service disruptions, with the resulting adverse impact on the full enjoyment of the human right of access to potable water, the rights to health and education, and the right to development, among others. With respect to this inaction by AyA, the Water Superintendency of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) prepared an assessment of AyA’s rate study (diagnóstico de estudio tarifario) in 2022, which concluded that the institution has a 57% potable-water loss rate; that investment projects or works are not fully executed and take between 10 and 15 years because of the absence of detailed engineering, weak prefeasibility and feasibility studies, the absence of sensitivity analysis for critical variables used to determine the financial and economic viability of investment projects or works, failure to meet deadlines and execute works, the lack of a defined financing model, the absence of rate-impact analysis, deficiencies in comprehensive project-control mechanisms, financing terms shorter than the useful life of investments or projects, lengthy periods of inactivity between the pre-investment phases and the start of construction; and that 80% of meters underregister consumption.
It also warned of the absence of records on large consumers and consumption levels, as well as the absence of institutional planning aimed at asset replacement, together with denials of service-availability requests (disponibilidades de servicios), and that 70% of water-supply systems experience water stress (estrés hídrico). It was also concluded that all of the country’s service providers fail to comply with water-quality verification requirements and that the Laboratorio Nacional de Aguas lacks a strategy for annually updating water-quality information. Finally, the assessment emphasizes the need to refinance credit obligations associated with investment projects or works” (emphasis added).
For its part, it should be recalled that Aresep issued memorandum no. IN-0042-IA-2023 of 15 de agosto de 2023, entitled “EX OFFICIO RATE STUDY FOR THE WATER-SUPPLY SERVICE PROVIDED BY THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA),” in which it identified some of the problems at ICAA, including “(…) having 57% losses of drinking water, investments with implementation periods of 10 to 15 years, cost overruns in capital works due to (sic) schedule slippages throughout the project value chain attributable to the administration, with 80% of meters underrecording consumption, no records of large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below those authorized, calls for bids for investments without guarantees or safeguards for the committed public funds, a lack of institutional planning aimed at replacing assets that have reached the end of their useful life, the provision of unmetered services, denials of service availability, and 70% of systems under water stress, among other factors, which supports the conclusion that the financial balance of the service cannot be achieved at any cost (…)”.
Furthermore, that study emphasized that ICAA charges users amounts that include 57% of water that is wasted and that, therefore, entails no consideration (contraprestación) for subscribers. This is demonstrated by Aresep’s conclusion that “The regulatory authority reiterates to AyA that, as part of the process of revaluing the assets comprising the rate base, its value is 69% higher without any corresponding consideration in the service provided, even though this should have served as a financial safeguard for replacing assets that reach the end of their useful life or are retired early. Nevertheless, AyA has not redirected those amounts toward replacing assets that have reached the end of their useful life, particularly transmission and distribution pipelines, nor toward modernizing its stock of water meters or implementing the billing system that has been awaiting replacement since 2004.
With respect to the 57% of water that AyA is charging users for, even though it is wasted through leaks along sidewalks and roads, anomalies in user and sales records, billing errors, and other factors, the Autoridad Reguladora agreed to reduce those costs by 10% every two years, given that a public-service provider is obligated not only to provide quality service but also to comply with the service-at-cost principle (principio de servicio al costo). Accordingly, it is unacceptable to charge users for water that is not billed correctly because 80% of the stock of water meters is in poor condition; bulk water is sold at prices below the established rate; water is wasted through recurring leaks along sidewalks and roads throughout the country without timely attention; and there is no policy for replacing obsolete pipelines that have been in use for more than 70 years, even though they are charged for as if they were new.
The foregoing represents approximately 38,5 million cubic meters which, if the water resource were used efficiently—a resource that AyA itself, incidentally, advocates protecting—would make it possible to satisfy many of the denied availability requests, avoid so many supply interruptions, and even prevent duplicative investments.” Accordingly, in the sub lite case, the existence of a structural problem at ICAA that has adversely affected the provision of drinking-water service to the detriment of the inhabitants of Coronado is evident.
In this regard, it should be noted that, although various ICAA reports concerning this problem have indicated that the shortage is attributable to multiple factors, such as the El Niño phenomenon, population demand, reduced output from production sources, rainfall patterns, and other considerations, it cannot be overlooked that the sub iudice proceedings have demonstrated that ICAA suffers from “inadequate planning, failure to implement projects, and internal lack of coordination,” as recorded in technical report no. H-581-2024 of 10 de junio de 2024 issued by the Defensoría de los Habitantes de la República. This is also evident in report no. DFOE-SOS-AID-00003-2024 of 12 de abril de 2024, through which the Contraloría General de la República highlighted that institute’s inefficient management of its investment-project portfolio. Similarly, it should be recalled that Aresep, through official communication no. IN-0042-IA-2023 of 15 de agosto de 2023, entitled “EX OFFICIO RATE STUDY FOR THE WATER-SUPPLY SERVICE PROVIDED BY THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA),” identified among the problems faced by ICAA “having 57% losses of drinking water, investments with implementation periods of 10 to 15 years, and cost overruns in capital works due to (sic) schedule slippages throughout the project value chain attributable to the administration.” Thus, in the present case, the violation of the fundamental right of access to drinking water is evident, particularly considering that Article 50 of the Constitución Política provides that “Every person has the basic and inalienable human right of access to drinking water as an essential resource for life,” and that General Comment no. 15 of the Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales established that “The human right to water is the right of everyone to have sufficient, safe, acceptable, physically accessible, and affordable water for personal and domestic use,” the characteristics of which are: i) quality; ii) accessibility; and iii) availability, which means that “The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses.” In sum, the application for relief concerning the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is granted.
VI.Lastly, with respect to Aresep, it should be noted that Law no. 7593 of 9 de agosto de 1996, ‘Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP),’ provides:
“Article 4.- Objectives The fundamental objectives of the Autoridad Reguladora are:
Article 5.- Functions For the public services defined in this article, the Autoridad Reguladora shall set prices and rates; it shall also ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision, pursuant to Article 25 of this law. The aforementioned public services are: (…)
In the matter under review (sub examine), although Aresep’s functions include the obligation to ensure compliance with the standards governing the quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of drinking-water service, adequate compliance with those standards has not been established. In this regard, in the report submitted to this Chamber, the general regulator merely detailed Aresep’s powers and maintained that it had not violated the fundamental rights of the protected party; however, this Court finds no action by Aresep aimed at enforcing the standards governing the continuity and optimal provision of drinking-water service in Coronado, which entails a violation of the appellant’s fundamental rights. The foregoing is even more serious considering what was stated above (ut supra) regarding the longstanding evidence that Icaa has undertaken ineffective management of its investment-project portfolio, which was even acknowledged by Aresep itself in official letter no. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, entitled “EX OFFICIO RATE STUDY CORRESPONDING TO THE WATER-SUPPLY SERVICE PROVIDED BY THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA),” which identified problems at Icaa such as “having 57% drinking-water losses, investments with implementation periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to (sic) schedule slippages throughout the project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-recording consumption, the absence of records on large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below those authorized, investment tenders without guarantees or safeguards for the committed public funds, the absence of institutional planning aimed at replacing assets that have reached the end of their useful lives, the existence of unmetered services, denials of service availability, and 70% of systems experiencing water stress, among other factors.” Additionally, it should be recalled what the Defensoría de los Habitantes stated in report no. H-581-2024 of June 10, 2024, namely: “Pursuant to Articles 4 and 5 of Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, ARESEP’s fundamental functions and objectives include ensuring that public-service providers meet the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to provide those services optimally.
In this regard, in 2022 ARESEP prepared an assessment of AyA’s Water-Supply Service, which concluded: ‘that the institution has drinking-water losses of 57%; that the implementation of investment projects or works is incomplete and takes 10 to 15 years; and that 80% of meters under-record consumption.’ It also warned of the absence of records on large consumers and consumption levels, as well as the lack of institutional planning aimed at replacing assets, together with denials of service availability, and that 70% of water-supply systems experience water stress. It was also concluded that all service providers in the country fail to comply with water-quality verification requirements and that the Laboratorio Nacional de Aguas lacks a strategy for annually updating water-quality information. Finally, the assessment emphasizes the need to refinance the credit obligations associated with investment projects or works.
In the interest of public health and in fulfillment of its legally established powers, ARESEP is responsible for ensuring that drinking-water supply service providers deliver a quality service. Accordingly, that body must strictly monitor and require compliance with each of the conclusions reached in the cited report, in order to ensure that the service is provided in accordance with the applicable standards of quality, continuity, timeliness, and reliability. The Autoridad Reguladora states in its report that, according to a review of the Complaints Area database, for the 2023 and 2024 periods there are no complaints or proceedings under the Name62 of the appellant concerning the shortage affecting the water-supply service provided by AyA in the community of Coronado. Notwithstanding the foregoing, the Defensoría considers that, as part of its functions, ARESEP is indeed responsible for ensuring that public-service providers meet the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to provide those services optimally; it therefore cannot invoke, as grounds for not intervening, the absence of complaints prompting it to act, since its action must be proactive and initiated ex officio (de oficio), while at all times seeking compliance with the Regulation ‘Comprehensive Reform of the Technical Regulation for the Provision of Water-Supply, Sanitary-Sewer, and Fire-Hydrant Services (AR-RTPAAH-2015),’ mentioned by the Autoridad Reguladora in its report” (emphasis added).
Accordingly, the amparo appeal (recurso) concerning Aresep is granted under the terms established in the operative portion (parte dispositiva) of this judgment.
The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on any electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device or produced using new technologies, they must retrieve them from the court office within a maximum period of 30 business days from service of this judgment. Notice is hereby given that any material not retrieved within that period will be destroyed, pursuant to the “Regulation on Electronic Case Files before the Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012, as well as the resolution of the Consejo Superior del Poder Judicial approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.
Por tanto:
The appeal is granted. Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds that office in his stead, is ordered to undertake the necessary coordination and carry out all actions within the scope of his powers so that: i) IMMEDIATELY, a daily and sufficient supply of drinking water is guaranteed to meet the basic needs of the population of Coronado whenever the service interruption lasts longer than 6 hours; and ii) within a MAXIMUM PERIOD OF 18 MONTHS from service of this ruling, the measures required to ensure that drinking water is supplied to the population of Coronado efficiently, effectively, and continuously are implemented. Eric Alonso Bogantes Cabezas, in his capacity as general regulator and president of the Board of Directors of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, or whoever holds that office in his stead, is ordered to undertake the relevant coordination and perform all actions falling within the scope of his powers so that, IMMEDIATELY, compliance is ensured with the standards governing the quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of the public drinking-water supply service by Icaa in Coronado, for example, through technical inspections of the properties, plants, and equipment used to provide that service, as well as inspections of the facilities and equipment dedicated to that public service, with a view to guaranteeing full compliance with the obligations in this area.
All the foregoing is ordered with the warning that, pursuant to Article 71 of Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding (recurso de amparo) that they are required to comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be sentenced to imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos are ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the contentious-administrative jurisdiction (contencioso-administrativo). Let notice be served.
Fernando Castillo V.
President Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Alejandro Delgado F.
Alexandra Alvarado P.
Jose Roberto Garita N.
Telephone numbers: Telf01/ ALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf02 / Telf03. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección05, Dirección06, 100 mts.South of the Perpetuo Socorro church). Filing of matters involving vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Dirección07, Dirección08, streets 19 and 21, Dirección17
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del doce de julio de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-012146-0007-CO, interpuesto por [Nombre62 001], cédula de identidad [CED02 ], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) Y LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP).
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
El recurrente indica que es vecino de Vázquez de Coronado, específicamente de San Francisco de Corazón de Jesús. Indica que, desde enero de 2024, ese sector, ha tenido problemas por el abastecimiento de agua en la comunidad, dado a que no cuentan con abastecimiento una vez o dos veces a la semana. Menciona que, a partir del 8 de mayo de 2024, la situación ha sido preocupante, toda vez que en ocasiones pasan de dos a tres días seguidos sin agua. Apunta que durante el transcurso del día no tienen agua, pues se brinda el servicio dos horas en la madrugada entre las 02:00 y las 04:00 horas. Menciona que, en la comunidad de San Francisco de Coronado, Dirección09 existe actualmente una escuela en funcionamiento, la cual alberga en sus aulas cientos de niños y niñas y que no tienen agua, pese a la situación emergente que alertó el Ministerio de Salud por un cuadro viral por problemas estomacales.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
“3. Conclusiones 3.1. Desde su creación en 1961, el AyA tiene la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector y delegante del servicio. Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, para que la prestación del servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad, en apego a los principios fundamentales del servicio público relativos a la adaptación a las necesidades sociales y la igualdad en el trato a los destinatarios del servicio.
3.2. En este marco, la calificación del servicio de agua potable de 4,45 de 10 en comunidades vulnerables revela una brecha significativa en la calidad de este servicio y los parámetros mínimos aceptables. Esto, resulta de una visión generalizada de estas comunidades que no incorpora enfoques de orden diferencial e intercultural en la prestación del servicio, que aseguren la protección y restauración de los derechos vulnerados.
3.3. Además, esta situación evidencia que desde un enfoque con sensibilidad étnica y cultural, falta mayor avance en la aplicación de buenas prácticas de administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, que garanticen la sostenibilidad de estos para la prestación del servicio de agua potable a comunidades vulnerables.
3.4. La situación encontrada, propicia condiciones de pobreza, afectación a la salud, y las capacidades productivas, en detrimento del bienestar económico, social y ambiental que permita superar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Es así como, resulta relevante la mejora en la calidad al constituir este un servicio fundamental para estas comunidades, en el cual interesa proteger la sostenibilidad de los fondos públicos invertidos en infraestructura y administración”. (Ver prueba documental).
“(…) respecto al equilibrio financiero del servicio de acueducto, si bien, actualmente se dispone de la liquidez necesaria para tender la prestación del servicio, en el mediano plazo, la misma se verá comprometida severamente, dadas las directrices implementadas por el AyA de utilizar los flujos del gasto por depreciación y depreciación revaluada (reposición de activos) para atender las obligaciones financieras asociadas a iniciativas de proyectos de inversión, las cuales han visto vencer el periodo de gracia (plazo para construir la obra), lo cual empieza a generar un gasto financiero, sin que a la fecha se disponga de una solución a las necesidades de los usuarios (ausencia de proyecto).
Adicionalmente, el equilibrio financiero de un servicio público debe reflejar el resultado de una gestión eficiente y eficaz en materia de inversiones, costos y gastos económicos incurridos en cumplir con los estándares y las normas de calidad preestablecidos en la prestación del servicio de acueducto.
En el caso de análisis, evidentemente, el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…)
Es importante señalar que el flujo de rédito para el desarrollo está orientado en atender las necesidades de inversión y el repago de las obligaciones financieras (gasto por intereses) adquiridas por el prestador para financiar la cartera de proyectos en infraestructura. En este sentido, el no disponer de la información completa, que valide y permita dar trazabilidad de los costos y cambios en el alcance de los proyectos de inversión durante el periodo 2018-2024, somete al prestador del servicio en una incapacidad de afrontar sus obligaciones con los usuarios en el futuro cercano (nuevas inversiones) como con los acreedores (deudas pendientes).
Razón por la cual, la Autoridad Reguladora ha sido enfática desde el año 2021 mediante diferentes oficios y fiscalizaciones técnicas, que el AyA debe modificar sus gestión en proyectos de tal manera que el (sic) permita disponer de la información, garantizar la trazabilidad de la aprobación interna hasta la ejecución, corregir los plazos de atención de necesidades de los usuarios, validar la información de los proyectos en los reportes de capitalización contable, actualización del sistema de aprobación y seguimiento de Mideplan y plan de inversiones de la Aresep y le garantice a los usuarios que cada calón incorporado en tarifas relacionado con inversiones responde a una gestión transparente, confiable, oportuna, eficiente y eficaz.
6. El nivel de rédito para el desarrollo obtenido por el AyA, (Rédito en dólares: 6, 71% y Rédito en colones: 9,4%) es menor al costo del endeudamiento asumido e incorporado en el presente estudio para el AyA (…), lo cual tiene una serie de implicaciones para el servicio, tales como: Está exponiendo al servicio público de acueducto a soportar un costo por la deuda adquirida más elevado que su capacidad de generar recursos para el repago de esta, lo cual le está transfiriendo un riesgo operativo y financiero a los usuarios. El costo de la deuda asociado a proyectos a largo plazo por encima del nivel de rédito, aunado a los plazos para materializar una solución real a los problemas de abastecimiento o disponibilidad del servicio han provocado que el usuario asuma un alto costo social, un rezago en las oportunidades de desarrollo y un potenciador de desigualdades territoriales y económico sociales.
7. El AyA debe de llevar a cabo un proceso de refinanciamiento o renegociación de su deuda de largo plazo, que garantice tasas de interés más competitivas y evitar un desclase financiero, así como evitar asumir y trasladar costos poco competitivos de deuda a los asociados, dado que, si bien las tarifas se fijan bajo el principio al costo, de conformidad con lo que establece el artículo No. 3 de la Ley de la Autoridad Reguladora, no debe ser a cualquier costo (…)
9. Se procedió a rechazar la solicitud de capitalización de los proyectos de inversión propuestos para el servicio de acueducto del periodo 2018-2021, por un monto de ₡ 108 081, 96, de acuerdo con los siguientes criterios: Un 70% de los proyectos no se encuentra disponible, según indica el operador, debido a la ausencia de los documentos de preinversión, lo cual no permite dar trazabilidad a los niveles de costo, alcance y plazo durante las etapas de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y capitalización de activos. Del 30% de los proyectos que adjuntan alguna documentación, en la mayoría de los casos corresponde a el (sic) monto presupuestado a la fecha de análisis del estudio, el cual en su mayoría no se le puede dar trazabilidad entre el proyecto y los activos que se pretenden capitalizar. Mucho menos poder identificar cuales (sic) proyectos son para sustituir activos y cuales (sic) son para ampliar o mejorar la prestación del servicio, a su vez no es posible identificar los retiros de activos asociados a las capitalizaciones por sustitución o reemplazos (…)
10. Ante las inconsistencias señaladas en las inversiones propuestas a capitalizar por parte del AyA, y dados los problemas de información asociados a los proyectos del 2018-2024, se ET-074-2018). Lo anterior, permitirá, por un lado, no trasladar a los usuarios montos asociados a iniciativas de proyectos que todavía no están útiles y utilizables o del todo no se le puede dar trazabilidad, y por otro lado, al prestador, a quien se le alerta del riesgo que se está materializando, ante la incapacidad de capitalizar los proyectos de inversión, dados los impactos financieros y operativos que acarrea ese descalce de obras y el financiamiento de estas, con tasa de interés del 13,5% promedio.
11. El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas.
Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones.
12. El subregistro de ventas de agua potable por del AyA, en parte tiene su explicación en que 8 de cada 10 medidores están en mal estado o con su vida útil vencida, lo cual incide en que esos costos por ventas de agua no registrados correctamente, lo terminen pagando todos los usuarios del servicio, independientemente del estado físico del medidor, como un castigo al consumo y al ahorro del recurso hídrico que hacen las familias (…)
14. El AyA no tiene una estrategia que permita contar con la información de la calidad del agua actualizada de manera anual tanto para los sistemas operados por AyA como aquellos que ha delegado a prestadores del servicio como Asadas, genera que los problemas asociados a la presencia de parámetros como arsénico, hierro, manganeso y las moléculas asociadas a agroquímicos no sean atendidas a tiempo, y por el contrario los mismos solo reciben atención una vez que la afectación a la calidad del agua se ha materializado (…)” (el destacado fue incorporado). (Ver ad effectum videndi et probandi el expediente 24-013228-0007-CO).
“3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada.
3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución, lo que demora la atención de las necesidades ciudadanas, afectando el beneficio para 2,8 millones de personas en agua potable y 1,2 millones de personas beneficiarias de proyectos de saneamiento en ciudades como Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo y Coco-Sardinal.
3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del AyA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica.
3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios, propiciando que cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones.
3.5. Los resultados encontrados limitan el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6, el cual se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, constituyéndose en un desafío principalmente en el contexto de las poblaciones en condición de vulnerabilidad.
4. DISPOSICIONES (…)
A JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL AYA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 4.4. Diseñar, divulgar e implementar un modelo de gobernanza integral del portafolio que contenga al menos: i) un plan de gestión de riesgos del portafolio; ii) un plan de recuperación del portafolio; iii) un sistema de información confiable que ofrezca los datos integrados del tiempo, costo y alcance de los componentes del portafolio; iv) el portafolio ajustado y aprobado por el máximo jerarca, de acuerdo con la capacidad administrativa y técnica de ejecución; v) las mediciones de desempeño periódicas a lo largo del ciclo de vida del portafolio, programa y proyecto de conformidad con los lineamientos de MIDEPLAN y la normativa aplicable vigente; vi) los criterios de priorización de los componentes del portafolio, incluyendo criterios para poblaciones en condición de vulnerabilidad; y vii) los roles y responsables de cada una de las etapas de gestión del portafolio y sus componentes. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del modelo de gobernanza a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 30 de abril de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54).
4.5. Elaborar, divulgar e implementar un modelo para el mejoramiento de la gestión institucional, en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que contenga al menos las orientaciones para: i) la gestión de los recursos financieros; ii) diseño y mejora de la gestión sistemática de los procesos; iii) resultados de productos y servicios; iv) resultados financieros; v) resultados de los procesos (eficacia organizacional); y vi) resultados de liderazgo; con el fin de modernizar su organización, procesos y procedimientos, y aumentar la eficiencia, eficacia, pertinencia, calidad, sostenibilidad y productividad de sus actividades. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del Modelo a más tardar el 30 de junio de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 29 de mayo de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54).
4.6. Elaborar, divulgar e implementar una hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que incluya las acciones e instrucciones a ser implementadas para la gestión financiera del portafolio de inversión pública, que integre al menos: i) indicadores de sostenibilidad financiera del portafolio de inversiones y de la organización; ii) mecanismos de medición, monitoreo y control y su periodicidad; iii) los límites preventivos y alertas de los indicadores, iv) acciones de sensibilización en la organización sobre la sostenibilidad financiera; v) lineamiento sobre la frecuencia para solicitar ajustes tarifarios; y vi) reportes e insumos necesarios derivados del sistema de información referencial contenidos en el párrafo 4.4 del presente informe. Remitir a la Contraloría General una certificación en la que conste la elaboración y remisión a la Junta Directiva de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, posterior a la resolución por parte de ese órgano, remitir una certificación donde conste la divulgación e implementación de la hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 31 de agosto de 2026. (ver párrafos del 2.55 al 2.76).
A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AYA O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN EL CARGO 4.7. Resolver acerca de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que reciba de la Presidencia Ejecutiva en cumplimiento de la disposición contenida en el párrafo n.° 4.6 de este informe. Remitir al Órgano Contralor copia del acuerdo en el que conste lo resuelto, a más tardar dos meses posterior al recibido de la propuesta (…)”. (Ver prueba documental).
“II. Antecedentes Desde mediados del mes de febrero 2024, se realizan acercamientos con representantes comunales por parte de la Gestión Social UEN Ambiental y Mercadeo GAM, sin embargo, ya se habían realizado una serie de encuentros entre la Institución, Municipalidad de Vasquez (sic) de Coronado y representantes comunales de San Francisco, esto porque la situación adversa del agua que tiene este sector de la población, data de muchos años atrás.
Debido a que se había identificado por parte de la Operación y Control del Acueducto Metropolitano que esta época de verano el déficit de lluvias iba a generar fuertes disminuciones en las fuentes de abastecimiento se solicita el apoyo al equipo de Gestión Social, UEN Ambiental y Mercadeo GAM para idear una estrategia de abordaje con las comunidades.
Es importante en este espacio indicar, que la afectación de San Francisco se anticipa debido a la afectación que se da en el sistema de la PP de Guadalupe con la contaminación de hidrocarburos, teniendo que reducir el agua que se bombea al sector de San Francisco para poder dar agua a los lugares con mayores afectaciones, este antecedente genera una gran desestabilidad anticipando con ello la época más critica que tenía la Institución ya planificada dentro de su plan de acción.
En este sentido, el abordaje de la Gestión Social ha sido la gestión de crisis, por lo que el trabajo que se realiza en San Francisco de Coronado está enfocado en minimizar lo más posible los impactos negativos que la época critica del verano pueda ocasionar. Es así, como se inicia a partir del 21 de febrero un trabajo de acercamiento con las personas representantes comunales, donde de manera inicial se tiene comunicación vía mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas donde se nos informan las dificultades que atraviesan con el abastecimiento y se indica la necesidad de establecer atención a la comunidad con el equipo operativo y técnico que atiende la zona.
Es así como de manera oportuna se establece tener un primer acercamiento en una reunión el 6 de marzo, pero debido a que se presentó una situación de fallecimiento de familiar de una de las representantes comunales no fue posible desarrollar esta reunión.
Es importante mencionar que a pesar de no lograr desarrollar esta reunión se continúa atendiendo las solicitudes de las personas representantes comunales, durante el mes de marzo se da seguimiento a consultas sobre el procedimiento de atención de la línea 800 donde se establecen mejoras en la atención de este canal oficial a solicitud de la comunidad de San Francisco.
El 11 de abril 2024, se logra concretar el espacio de reunión con el equipo de Operación y Control, Ingeniero GAM y Gestión Social por parte de la representación de la Institución y se contó con la presencia de 5 representantes comunales de la comisión Pro-Agua San Francisco de Coronado.
En este espacio se dieron a conocer por parte de la Institución detalles del abastecimiento en la zona, donde se indica que actualmente se abastece al sector con una presión mínima, lo que genera mayor desabastecimiento en la zona, que los caudales de la PP de Los Cuadro ha disminuido su caudal de 75 l/s a 45 l/s, pero que se realizan maniobras operativas donde se cierra el tanque de Mata de Plátano por las noches y con ello poder brindarles unas horas de abastecimiento.
Se recalca que la Institución trabaja en estas medidas operativas, pero también se hacen esfuerzos para avanzar en obras que generan estabilidad en un corto y mediano plazo, como son la interconexión del tanque Asturas, con ello se harían bombeos más directos a su sistema.
También en esta sesión se amplia (sic) sobre las medidas de atención alternas que la Institución ha puesto a su disposición por medio de la parte técnica que son la instalación de tanques de abastecimiento en sectores de la localidad que sirvan como fuentes públicas, el reparto de agua por medio de cisternas casa por casa.
Además, la Institución garantiza en coordinación con el Centro Educativo de la calidad el llenado de los tanques del Centro Educativo y con ello garantizar que el curso lectivo pueda continuar sin ningún tipo de interrupciones.
En esta sesión, los representantes comunales consultan por fechas de esta interconexión del tanque Asturas y solicitan una inspección en Corazón de Jesús puesto que es el sector que tiene más dificultades de abastecimiento, y la colocación de más tanques para atención de todos los sectores de la población.
Posterior a esta sesión, se continúa atendiendo durante el mes de abril por parte de la Gestión Social y equipo Técnico en Chat denominado San Francisco que Coronado, consultas asociadas a altos consumos y desabastecimiento, ya que se expone de manera reiterada por la representación comunal que han venido teniendo dificultades con el abastecimiento de agua por medio de tuberías, ante esto se remiten las valoraciones a la parte Operativa y, para su debida atención. Es importante indicar que este chat, fue creado el 8 de febrero 2024 por parte de la encargada de Dirección02, y se encuentran varios representantes comunales que son parte de la comisión de agua.
Es a partir de la serie de situaciones expuestas y registradas en este medio de comunicación y a solicitud de la comunidad que se genera un espacio de reunión el 25 de abril en la Finca de Coronado, donde estuvo presente la parte Operativa, Técnica y Social en atención a las necesidades comunales, en este espacio la población expuso que ha tenido serias dificultades con el abastecimiento de agua, lo que hace insostenible el desarrollo de su vida cotidiana.
Ante estas valoraciones las personas representantes de la Institución reiteran los esfuerzos que se realizan para poder generar un suministro de agua por medio de tubería, pero que, debido a estar en la situación más crítica de la época seca, se ha dificultado. Se reitera que la Institución tiene a su disposición las medidas alternativas de abastecimiento como son los tanques de abastecimiento como fuentes públicas y el reparto de agua por medio de cisternas. Se coordina, además, instalar tanque en el sector de Corazón de Jesús, zona con alta afectación Se indica que adicionalmente se realizará en horario nocturno el llenado del tanque Asturas con viajes de camiones cisterna, donde se sectorizará a los sectores de este tanque se abastecerá a la zona de la Finca y del tanque elevado se abastecerá a los demás sectores, además, se garantiza el reparto de agua por medio de cisterna casa por casa y el llenado de los tanques (…)
Se debe indicar que se atienden todas las consultas y requerimientos de la comunidad de San Francisco de Coronado, los cuales han sido canalizados por medio de su representación comunal hacia la Institución.
Las atenciones de la población usuaria de esta zona son en su mayoría acciones paliativas, ya que el sistema de abastecimiento continúa siendo un sistema deficitario.
1. Suministro de agua por medio de camión cisterna: se cuenta con distribución de agua por medio de cisterna casa por casa, y llenado de tanques de almacenamiento, además, se informa por medio de chats comunitarios de WhatsApp los sitios donde se encuentren los camiones cisterna.
2. Comunicación institucional: se realizarán mejoras en la comunicación dirigida a las comunidades, en aspectos puntuales sobre los horarios de racionamientos y atención de la línea 800 por medio de llamada y chat remitiendo información detallada a las personas usuarias que hacen uso de este servicio.
3. Identificación de puntos críticos para colocación de tanques de almacenamiento como fuente pública: Desde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se realiza colocación de tanques en sitios estratégicos identificados por los representantes comunales, a la fecha existen al menos 10 tanques ubicados en la comunidad, que se ubicaron en alamedas donde se encuentra mayormente población adulta mayor o con situaciones de movilidad reducida.
4. Espacios de reuniones con lideres comunales: Se debe mencionar que la Institución mantiene una estrecha relación de cercanía con las comunidades que presentan limitaciones por el desabastecimiento de agua potable o por abastecimientos controlados y la comunidad de San Francisco ha contado de manera amplia con estos canales de comunicación.
5. Colocación de tubería e interconexiones para mejorar abastecimiento a corto plazo: Se han realizado una serie de esfuerzos institucionales para generar obra en un corto plazo que permitan mejorar el abastecimiento a la población usuaria, eso fue la instalación de 3.4 km de tubería río Durazno y la interconexión temporal al bombeo de vista de Mar (…)
1. Los proyectos a corto plazo indicados a la población usuaria han sido ejecutados en tiempo y forma.
2. Las medidas de atención alternativas de abastecimiento se mantendrán en la comunidad en la medida de ser requeridas.
3. La atención desde la Gestión Social, Operativa, Técnica y Comercial se mantendrá a disposición de la comunidad por medio del chat de WhatsApp y los medios oficiales existentes.
4. El trabajo y compromiso institucional está direccionado a generar condiciones a través de proyectos de inversión en un mediano y largo plazo para lograr el abastecimiento en optimas (sic) condiciones.
5. Todos los casos que se han remitido para atención en cuanto a facturación han sido atendidos en tiempo y forma”. (Ver prueba documental).
“El Departamento de Ejecución de Proyectos se encuentra realizando una serie de obras de infraestructura para realizar una mejor distribución del recurso hídrico dentro de los sistemas deficitarios. Dentro de las obras a desarrollar se encuentra la instalación de una línea de conducción entre la estación de rebombeo de “Vistamar” y hasta el tanque existente en la Finca de “Coronado” de AyA; esta línea es estratégica para aumentar la capacidad del recurso en la comunidad de San Isidro de Coronado.
El alcance del Proyecto es una interconexión en el sitio del rebombeo de Vistamar, para que desde ahí se instalé tubería, pasando sobre el río Ipís (se debe construir un puente tubo) y hasta el tanque Asturias el cual se ubica dentro de la finca de Coronado de AyA, ahí se debe de construir una caja de válvulas para realizar adecuadamente la interconexión a la tubería de entrada del tanque. (…)
Actualmente ya se realizaron todos los trabajos y falta únicamente el puente tubo sobre el río Ipís el cual se encuentra en proceso de construcción (figura No.1), más, sin embargo, debido a la urgencia hemos instalado una tubería provisional la cual se colocó al lado del puente peatonal (imagen No.1).
De esta manera ya ha sido posible llevar agua potable al tanque de la finca desde el rebombeo (…)”. (Ver prueba documental).
“1. Reparto de agua por medio de Camiones Cisterna en el Sector de San Francisco de Coronado.
Desde el febrero del 2024 hasta la fecha se ha atendido al sector de San Francisco de Coronado con 100 unidades de camiones cisterna (…)
Durante el período de febrero de 2024 hasta la fecha, las 100 unidades de camiones cisterna realizaron 416 viajes de reparto de agua potable (…)
Por otra parte, es importante mencionar que la institución a (sic) realizado la distribución de 4,211,000.00 litros de agua potable por medio de camiones cisterna desde febrero de 2024 hasta la fecha (…)
2. Otros medios alternativos para el suministro de agua potable al Sector de San Francisco de Coronado.
En coordinación con lideres comunales del Comité Pro- Agua de San Francisco de Coronado se ha realizado la instalación de 11 tanques de almacenamiento de agua potable como puntos de atención fija con camión cisterna, direcciones: a) Dirección7533 b) Dirección7534 c) Dirección7535 (Los Alpes) d) Urb. Viamonte e) Dirección7536. f) Dirección7537. g) Bo. Corazón de Jesús (1) h) Bo. Corazón de Jesús (2) i) Dirección03 j) Urb. El Progreso k) Valle Sereno”. (Ver prueba documental).
“III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 1- Aspectos relacionados con la suspensión del servicio Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás comunidades del distrito de San Isidro, el Órgano Contralor encuentra consistencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por el recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por el recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. Al respecto, con base en estudios de fiscalización realizados con anterioridad, entre ellos el “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” del 5 de setiembre de 2018, se encontraron coincidencias en la tendencia de desabastecimiento y constantes interrupciones en el servicio de agua potable en comunidades vulnerables.
Por su parte, se tiene acreditado mediante el informe n.° DFOE-AE-IF-00008-2018 antes mencionado, que el servicio de agua constituye un seguro a las comunidades para no descender en la escala de vulnerabilidad, en tanto una de las manifestaciones de la pobreza conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, es el acceso limitado a los servicios básicos. Además, dicho informe emitido por el Órgano Contralor señaló que el estado deficiente de prestación del servicio propicia la exposición a enfermedades, restricción al desarrollo de actividades productivas, consumo poco sostenible del agua y disminución en la capacidad de resiliencia ante eventos extremos. Todo lo anterior acentúa las causas estructurales de la vulnerabilidad, como pobreza y exclusión, en detrimento de la calidad de vida y potencial de desarrollo de esas comunidades. Acerca de la suspensión del servicio, el recurrente señala que la situación empeoró a partir del 8 de mayo de 2024, con interrupciones de hasta tres días consecutivos sin agua.
El agua se distribuye únicamente durante dos horas en la madrugada, de 2:00 a 4:00, lo cual obliga a los vecinos a permanecer despiertos para realizar actividades esenciales como lavar ropa y trastes. Además, destaca la existencia de una escuela en funcionamiento en la comunidad, donde cientos de niños y niñas necesitan agua, particularmente para prevenir la propagación de un cuadro viral de problemas estomacales alertado por el Ministerio de Salud. Cabe destacar, que de acuerdo al (sic) reglamento vigente, si el desabastecimiento sobrepasa las 6 horas se debe emitir una comunicación colectiva y asegurarse un servicio alternativo que los requerimientos mencionados. Asimismo, tal normativa 1 en los artículos 86 y 90 establece que las interrupciones temporales atendidas por medio de cisternas, deben contemplar puntos de entrega lo más cerca posible de los domicilios y con facilidad de recolección de agua, todo con el fin de conceder a todas las personas la posibilidad de acceder el servicio de agua potable en condiciones de igualdad, ante su naturaleza y carácter indispensable para la vida y salud humana.
Sobre lo anterior, el ICAA en el memorando n.° SG-GSGAM-MZESTE-2024-00430, del 14 de mayo, describe las acciones de atención mediante el reparto de agua, en términos de cantidad de camiones cisterna y su equivalente en viajes de reparto y litros, así como el detalle de los puntos en los que fueron instalados 11 tanques de almacenamiento de agua como puntos de atención fija con camión cisterna. Al respecto, no se aporta evidencia documental sobre franjas horarias específicas en las se abasteció mediante el mecanismo alternativo de camiones cisterna el servicio se ha visto interrumpido, por tanto, este Órgano Contralor no puede emitir opinión. Asimismo, el informe “Atención San Francisco de Coronado: Trabajo interdisciplinario. Gestión Social- Dirección de Mercadeo- Gestión Técnica- Operativa Sistemas GAM. Centro Técnico Integrado” cita una serie de acuerdos entre el ICAA y representantes comunales de la comisión Pro-Agua San Francisco de Coronado, entre los que se encuentran instalar tanque en el sector de Corazón de Jesús, zona con alta afectación, así como coordinar con el Centro Educativo de la localidad el llenado de los tanques del Centro Educativo y con ello garantizar que el curso lectivo pueda continuar sin ningún tipo de interrupciones.
No obstante, no se acredita en la prueba aportada el cumplimiento de los acuerdos antes citados, ni el establecimiento y ejecución de un mecanismo suficiente para la integración de todas las personas en condición de vulnerabilidad o en las condiciones citadas por el recurrente (infantes recién nacidos, niños, adolescentes, adultos mayores, entre otros), principalmente en los casos donde se estima la utilización del cisterna como medio alternativo.
2- Sobre la respuesta del ICAA para solventar los problemas Como respuesta al recurso de amparo interpuesto, el ICAA refirió a una serie de hechos causales relacionados con las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano. Entre las justificaciones apuntadas, se indicó: 1) El desequilibrio entre la oferta y la demanda, impidiendo satisfacer la creciente demanda de los usuarios. Señala que este problema se ha agravado por el fenómeno El Niño y la contaminación con hidrocarburo de la toma de captación de la Planta Potabilizadora de Guadalupe, que estuvo fuera de operación del 28 de enero al 2 de febrero de 2024 y sigue funcionando de manera limitada. En marzo de 2024, también se registró una disminución en el caudal de producción de la Planta Los Cuadros y una fuga en la impulsión del bombeo de Coronado entre el 28 y 30 de marzo, desequilibrando el sistema e impidiendo su recuperación normal.
A pesar de estas afectaciones, arguye que la población ha tenido acceso al agua potable a través de la red en periodos limitados. 2) Anuncio de suspensiones: Indica que las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano han sido anunciadas a la población por los canales oficiales y se han mantenido en apego a los horarios establecidos. Con el objetivo de atender tales condiciones, el ICAA señala haber emprendido acciones como la colocación de tanques en puntos estratégicos, el abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna y comunicación mediante líderes comunales, así como la inversión en la instalación de una línea de conducción entre la estación de rebombeo de “Vistamar” y hasta el tanque existente en la Finca de “Coronado” de AyA, en la comunidad de San Isidro de Coronado. Sin embargo no se refirió a que el servicio de agua se brinda solo entre las 2:00 y 4:00 de la madrugada.
Acerca de lo anterior, la Contraloría General en el “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” del 5 de setiembre de 2018, indicó que los acueductos requieren del almacenamiento de agua para cubrir la demanda y compensar las variaciones horarias, principalmente cuando la fuente de abastecimiento por sí sola no es suficiente para cubrir la demanda diaria, lo que deriva en suspensiones del servicio en cuestión. Sobre ello, debe distinguirse que la entrada en operación del tanque luego de la suspensión, no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. Tal fenómeno se agrava en las zonas altas de la red, donde la topografía afecta la rapidez de restablecimiento del servicio de agua potable.
En suma, la suspensión debe considerar el período de llenado y presurización de tuberías, y no solamente la salida y entrada en operación de los tanques de almacenamiento, de manera tal que el tiempo que tarda la suspensión sea correspondiente a la hora de finalización comunicada y con ello, a la hora esperada por los usuarios para el retorno del servicio. Relativo a las inversiones efectuadas por el ICAA, mediante el “Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión de portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, este Órgano Contralor determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA no ha sido eficaz ni eficiente; lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida.
También, se encontró que el diseño del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica, conforme a las etapas establecidas de selección, priorización, balance estratégico y aprobación; además, no existe una gestión de riesgos ni se definen responsables del portafolio y sus componentes. Asimismo, en el citado informe de fiscalización se determinó que la gestión de la información por parte del ICAA no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Estas condiciones dificultan la entrega de beneficios mediante inversiones para producir y mejorar los sistemas de agua potable, afectando principalmente a las comunidades en condición de vulnerabilidad.
También, se restringe el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales y nacionales, principalmente de aquellos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, minimizando el impacto extenso y progresivo que caracteriza a los proyectos hídricos, los cuales coadyuvan al desarrollo económico, del ambiente y la salud de las zonas influenciadas y beneficiadas por las inversiones. Así, dadas las deficiencias en la gestión de la información, se limita la identificación oportuna de las desviaciones en tiempo, costo y alcance de los proyectos por parte de los tomadores de decisión, lo que dificulta la atención de la necesidad pública con la prontitud requerida. Acerca del Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024, vale la pena señalar que se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio de proyectos a cargo del ICAA, lo que supone una situación de fragilidad. Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios.
IV.CONCLUSIONES Del contenido del presente informe se concluye lo siguiente: 1. Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás comunidades del distrito, el Órgano Contralor encuentra coherencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por la recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por la recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. 2. Pese a que tampoco se dispone de una fiscalización sobre la respuesta del ICAA ante la alegada falta de acción para contrarrestar la mencionada suspensión del servicio en Vázquez de Coronado, con base en otros resultados de fiscalización realizados por la CGR, se ha encontrado que el portafolio de inversiones del ICAA presenta una serie de deficiencias en su gestión del desempeño, así como debilidades en la gobernanza, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida y la entrega de los beneficios esperados a la población. 3.
Este Órgano Contralor apunta sobre la consideración del período de llenado y presurización de tuberías en el horario que se comunica a los usuarios sobre la suspensión, pues no solamente se debe tomar en cuenta la entrada en operación del tanque, ya que esto no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento conforme a las condiciones requeridas. 4. No se aportó evidencia o informes sobre las actuaciones de la ARESEP, en ese sentido este Órgano Contralor no puede aportar criterio. En todo caso, se recalca el deber establecido por Ley al Ente Regulador, sobre su obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima en los servicios públicos, incluido el de agua potable; por ejemplo, la obligación de elaborar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, así como el deber de la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados al servicio público, esto para el cumplimiento cabal de las obligaciones” (el resaltado fue incorporado). (Ver prueba documental).
“(…) 5. CRITERIO TÉCNICO DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES SOBRE LOS HECHOS EN ESTUDIO EN EL PRESENTE RECURSO DE AMPARO (…) La Defensoría ha recibido un total de 20 denuncias en contra del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por la suspensión del servicio de suministro de agua potable en el distrito de San Francisco (…) A partir de las denuncias recibidas, mediante oficio N°01570-2024-DHR de fecha 16 de febrero de 2024, la Defensoría solicitó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) información acerca de la situación en que se encontraba el abastecimiento de agua potable en la comunidad de Vásquez de Coronado (…)
5.3 Otras gestiones efectuadas por la Defensoría de los Habitantes: - En fecha 24 de abril del 2024, se llevó a cabo una reunión con el Lic. Henry Ulate Blanco, Asesor de la Presidencia Ejecutiva y con la Ing. Angie Herrera Camacho, Jefe de la Macrozona Oeste ambos funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, donde se trató el tema de las últimas denuncias sobre el faltante del agua del 16 de abril en adelante y la entrega del agua por medio de camiones cisternas. Sobre el tema la Ing. Angie Herrera indicó que efectivamente el agua está llegando solo 2 horas por día, y que, por ende, desde el día uno de esta situación las cisternas han estado en la zona dos veces por día y que controlan esto último por medio de los GPS de cada camión que brinda el servicio. Que la situación actual se debe a que las fuentes han disminuido hasta un 50% y les está provocando este desabastecimiento.
A su vez, informó que el AyA mantiene comunicación constante con los líderes comunales y con la comunidad por medio de WhatsApp. Asimismo, indicó que se han realizado dos acercamientos con la comunidad y entre los acuerdos tomados fueron: la comunicación por medio del chat en el WhatsApp y que se instalaran unos tanques fijos para tener otra opción para quienes no están en sus casas cuando pasan las cisternas y que pueda abastecerse. Y se indicó que se habían instalado 7 tanques fijos y en los lugares indicados por la comunidad. - Adicionalmente, en fecha 13 de mayo del 2024 se llevó a cabo una reunión en la Finca del AyA en Coronado con los vecinos donde se indicó: que en San Francisco de Coronado es una de las comunidades más afectadas por falta de agua en la GAM, y que requiere de 1.250.000 litros de agua, tomando como promedio que cada persona utilice 250 litros por día. Mientras que la planta de Los Cuadros se ha reducido casi a la mitad.
Se informó a la comunidad lo siguiente: Medidas paliativas implementadas: 1. Instalación de 11 tanques de almacenamiento. 2. Camiones cisterna los 7 días de la semana cubriendo el 11% del déficit. Medidas inmediatas: 1. Interconexión del sistema de Vista de Mar que da un adicional de 3 litros por segundo por 12 horas en la noche, reduciendo el déficit en un 3%. 2. Poner a funcionar el tanque Asturas. Medidas a corto plazo: 1. Pozo perforado en la finca de AYA que está en proceso de limpieza para ponerlo en funcionamiento con el fin de tener una baja en el déficit de 40% para el 31 de mayo del 2024. 2. Traer agua del sistema de Vista de Mar por gravedad, reduciendo el déficit en un 35% para setiembre del 2024, considerando que, en época lluviosa, cubra por completo las necesidades de la comunidad. 3. Iniciativa de uso de agua en el Río Cascajal con planta potabilizadora de Orosí 2 para el 2030. Finalmente, el Presidente Ejecutivo del AYA indicó que las causas del actual faltante de agua son: Abandono de la red de acueducto y deuda en inversión en redes.
5.4 Sobre la situación objeto del recurso de amparo: (…) En este sentido, la Defensoría de los Habitantes comparte el criterio de la persona recurrente de responsabilizar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para que se planifiquen, desarrollen y construyan las soluciones que Vásquez de Coronado, y las demás comunidades afectadas por desabastecimiento requieren a corto, mediano y largo plazo para cubrir la demanda del servicio de acueducto, de modo que todas las personas puedan tener acceso al agua potable y satisfacer sus necesidades básicas.
5.5 Consideraciones de la Defensoría en relación con el desabastecimiento en Vásquez de Coronado: La Defensoría emitió el informe final con recomendaciones, oficio N°04932-2024-DHR referente a las intervenciones sobre abastecimiento de agua potable en Vásquez de Coronado. En dicho informe se ha logrado constatar, en términos generales, que las gestiones realizadas por parte del AyA no han sido suficientes ni oportunas para lograr una dotación del servicio de abastecimiento de agua potable en cuanto a cantidad, calidad y, especialmente continuidad, para la población. Evidencia de ello son las 20 denuncias referidas al inicio del presente informe. La comunidad de San Francisco de Coronado, ha venido enfrentando una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en las denuncias presentadas por las vecinas y vecinos de la comunidad debido a los racionamientos programados y no programados, que han resultado en extensos períodos sin que se tenga acceso a este servicio y la consecuente afectación de los derechos de los habitantes.
Esta situación se debe a causas multifactoriales que incluyen una desordenada planificación territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, pero particularmente a la inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Estos factores, aunados al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias, han contribuido a crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional y, particularmente, a la comunidad de San Francisco de Coronado. Tal como se indicó, estas condiciones afectan la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, el cual, de conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública establece que debe estar sujeto a los principios fundamentales del servicio público para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.
Asimismo, de conformidad con el artículo 5 inciso c) de la Ley 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y en concordancia con el artículo 9 del reglamento de prestación de servicios del AyA, el servicio de agua potable debe de brindarse “dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos”, sin embargo, esto no se está logrando alcanzar en San Francisco de Coronado. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua, entre las que se incluyen horarios de racionamiento, la incorporación de nuevos pozos al sistema del acueducto metropolitano y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo.
Así mismo, se tiene conocimiento de la resolución N°2023-020102 de las nueve horas quince minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, de la Sala Constitucional en la cual se aborda una problemática análoga a la que se refiere el presente recurso de amparo y se ordena al AyA, de forma inmediata, que coordine lo necesario, gire las órdenes pertinentes y ” lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo de dieciocho meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, en la medida de lo posible, mejore el abastecimiento de agua potable en el cantón de Vázquez de Coronado durante la época seca. A este respecto, la Defensoría ha constatado que, a nueve meses de ese plazo, no se observa que el AyA haya mejorado el abastecimiento de agua potable en el cantón en la época seca, ejemplo de esto son las 19 denuncias recibidas en la institución durante los meses de febrero, marzo y abril del presente año.
De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros. En relación con esa inacción por parte del AYA, la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario del AyA, en el cual se concluyó: que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, por cuanto existe ausencia de ingeniería de detalle, estudios de prefactibilidad y factibilidad endebles, ausencia de sensibilización de variables críticas para determinar la viabilidad financiera y económica de proyectos u obras de inversión, incumplimiento en plazos y ejecución de obras, indefinición de modelo de financiamiento, ausencia de análisis de impacto tarifario, carencias de mecanismos de control integral del proyecto, financiamientos más cortos que la vida útil de las inversiones o proyectos, extensos periodos de inactividad en las obras entre fases de pre inversión, y el inicio constructivo y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo.
Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión. Aunado a lo anterior, la Defensoría ha conocido denuncias de los habitantes de Coronado desde años anteriores, como por ejemplo el oficio 07379-2023-DHR notificado el 03 de agosto del 2023, que visualiza la reiteración en el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras.
En este sentido, la Defensoría ha resaltado que la participación ciudadana y el derecho a la información son elementos esenciales para una democracia participativa, así como la importancia de que el Instituto informe de manera precisa y comprensible a las comunidades sobre el suministro de agua, diferenciando entre desabastecimiento y racionamiento, así como explicando los efectos del fenómeno El Niño y del cambio climático en las fuentes de agua. Lo anterior, por cuanto el derecho a la información es un aspecto fundamental, de conformidad, con el cual, el AyA debe responder pronta y adecuadamente a las solicitudes de la comunidad. Así las cosas, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, debe implementar las acciones que correspondan a fin de que la prestación del servicio en dicha comunidad se ajuste a los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, tal como se establece en la norma que rige el servicio, con el objetivo de que todas las personas puedan gozar plenamente de su derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, tal y como lo ha indicado la misma Sala Constitucional en la resolución citada en este informe.
Asimismo, la Defensoría considera impostergable que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tome las medidas y acciones que se requieran para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio, así como una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura requeridas para satisfacer la demanda actual y futura del servicio en San Francisco de Coronado, contando con períodos más cortos de ejecución y con rigurosidad y seriedad en el cumplimiento de los plazos de los procesos, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable. Es por todo lo anterior, que la Defensoría recomendó a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o a quien ocupe el cargo lo siguiente: “Primera.- Para cada uno de los proyectos y obras de inversión para el cantón de Vásquez de Coronado, diseñar y documentar una estrategia de control interno y análisis de riesgos que garantice que se ejecutarán en el menor tiempo posible, a la vez que se minimicen las posibilidades de incurrir en las deficiencias en la ejecución de proyectos e inversiones advertidas por la Autoridad Reguladora en su informe.
Segunda. – Con base en esa estrategia de control interno y análisis de riesgos, definir el o los titulares subordinados que tendrán la responsabilidad de hacerla cumplir. Tercera. - Remitir a esta Defensoría la documentación relativa a las recomendaciones primera y segunda, e informar bimensualmente sobre el avance de cada uno de los proyectos y obras de inversión para el cantón de Vásquez de Coronado. Cuarta. Sin perjuicio de lo anterior, remitir el cronograma de trabajo con responsables y plazos de la ejecución del proyecto de ampliación y mejoras a los sistemas ME-A-14 San Rafael de Coronado y ME-A-21 Chiverrales del Acueducto Metropolitano a través de la captación, impulsión y potabilización de las aguas superficiales del Dirección7538 , en Cascajal de Vásquez de Coronado, San José. Quinta. - Informar la fecha aproximada de conclusión del proyecto “Instalación de una nueva tubería de 150 mm entre el rebombeo de Vista Mar y el nuevo Tanque Asturas”.
Sexta. Informar la fecha de inicio y conclusión del proyecto “Sustitución de Red de 75 mmØ PVC por 150 mmØ PEAD Sistema Vista de Mar a Tanque La Finca”. Sétima. – Continuar en comunicación constante con los grupos organizados de la comunidad, para informar clara, ordenada y oportunamente de las incidencias programadas o imprevistas en el servicio. Octava.- Sin perjuicio de lo anterior, y con la participación efectiva de las organizaciones comunales y del Gobierno Local de Vásquez de Coronado, hacer una evaluación crítica de las estrategias de comunicación e información sobre suspensiones y racionamientos del agua para identificar oportunidades de mejora.” 5.6 En relación con los informes presentados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ante la Sala Constitucional para el caso concreto de la comunidad de Vásquez de Coronado: (…) De conformidad con lo señalado en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), N°2726, se señala como objetivo dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.
Asimismo, le corresponde al AyA dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados. De ahí el seguimiento estricto y exigencia de cumplimiento que debe dar el AyA con respecto a cada una de las conclusiones a que llegó en los informes técnicos presentados ante la Sala Constitucional, con el fin de asegurar que la prestación del servicio se brinde en cumplimiento a los estándares de calidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad vigentes. Analizados los informes técnicos que el AyA presentó ante la Sala Constitucional, considera la Defensoría de los Habitantes que contienen los mismos aspectos que presentó ante este Órgano Defensor y que se desarrollaron en el informe final con recomendaciones, oficio N°04932-2024-DHR referente a las intervenciones sobre abastecimiento de agua potable en Vásquez de Coronado, mismos que fueron reseñados en los acápites anteriores.
Asimismo, la Defensoría de los Habitantes reitera su posición del informe final con recomendaciones en cuanto a que considera impostergable que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tome las medidas y acciones que se requieran para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio, así como una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura requeridas para satisfacer la demanda actual y futura del servicio en San Francisco de Coronado, contando con períodos más cortos de ejecución y con rigurosidad y seriedad en el cumplimiento de los plazos de los procesos, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano de acceso al agua potable.
5.7- En relación con la intervención de ARESEP para el caso concreto de la comunidad de Vásquez de Coronado: De acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, entre las funciones y objetivos fundamentales de ARESEP se encuentra el velar porque los prestadores de servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima estos servicios. Al respecto, ARESEP elaboró en el año 2022 un diagnóstico del Servicio de Acueducto del AyA, en el cual se concluyó: “que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo”. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico.
También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión. En aras de la salud pública y en cumplimiento de las competencias legalmente establecidas, la ARESEP tiene la responsabilidad de velar porque los prestadores de los servicios de suministro de agua potable brinden un servicio de calidad. De ahí el seguimiento estricto y exigencia de cumplimiento que debe dar dicha instancia a cada una de las conclusiones a que llegó el informe de cita, con el fin de asegurar que la prestación del servicio se hará cumpliendo los estándares de calidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad vigentes.
La Autoridad Reguladora manifiesta en su informe que, según la revisión en la base de datos del Área de Quejas, para los períodos 2023 y 2024 no hay quejas o trámites a Nombre62 del recurrente por el desabastecimiento en el servicio de acueducto que presta el AyA en la comunidad de Coronado. No obstante lo anterior, la Defensoría considera que, como parte de sus funciones, sí le corresponde a la ARESEP velar porque los prestadores de los servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar de forma óptima estos servicios, por lo que no puede aducir para su no intervención, la ausencia de denuncias que impulsen su actuar, mismo que debe ser proactivo y de oficio, procurando en todo momento el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento “Reforma integral del reglamento técnico para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrante (AR-RTPAAH-2015)” y mencionado por la Autoridad Reguladora en su informe” (el destacado fue agregado). (Ver prueba documental).
Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:
“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11.
Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).
Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana.
Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.
Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.
El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que "al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a "emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua," sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).
De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana.
Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc.” (véase la sentencia nro. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).
Adicionalmente, a partir de la vigencia de la ley nro. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.
Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones” (el destacado fue agregado).
Sobre el particular, en la sentencia nro. 2020003982 de las 11:50 horas del 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:
“VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:
Artículo 50.- (…)
Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.
ARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:
Artículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.
La propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.
La Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».
En este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.
Es importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.
Asimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.
Es importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable.
En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.
Por otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.
Es por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:
“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original- Esta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:
“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido- De tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Es por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.
En este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución”.
De igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general nro. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:
“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.
3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, "incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra "incluso" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.
Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)
10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.
11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.
12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:
25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.
26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.
27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.
28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)
37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:
Lo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.
Por otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs Perú, ese tribunal dispuso:
“121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible.
La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.
122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.
123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que “el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’”. Asimismo, que “el acceso al agua” implica “obligaciones de realización progresiva”, pero que “sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización”. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como “garantizar un mínimo esencial de agua”, en aquellos “casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad”.
124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.
125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)” (el destacado no corresponde al original).
IV.SOBRE EL DERECHO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL PAPEL DEL ICAA COMO ENTE RECTOR EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Sobre el particular, en la sentencia nro. 2016012058 de las 9:30 horas de 26 de agosto de 2016, esta Cámara indicó:
“(…) en el sub judice se determina que el ICAA, como ente rector en la materia, ha incumplido sus labores de fiscalización y supervisión sobre la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, y, por tanto, ha violentado los derechos de los recurrentes. Según los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, el ICAA es responsable, entres (sic) otras funciones, de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario; de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes el servicio de agua potable; y de administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país; por lo cual resulta inexcusable que el ICAA no haya actuado a fin de prevenir y remediar una situación como la presente, en que una ASADA ha venido prestando los servicios supracitados sin suscribir ningún convenio de delegación.
Al efecto, conviene recordar lo que la Sala, en la sentencia Nº 2014-012971 de las 14:45 horas de 8 de agosto de 2014, indicó en relación con el ICAA y sus deberes de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los servicios públicos en mención:
“IV.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua. En sentencia número 2012-12009 de las 09:05 horas del 31 de agosto de 2013, esta Sala dispuso lo siguiente, que resulta de interés para la resolución del sub lite:
“Esta Sala ha sostenido que la Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es: que sean prestados con elevados estándares de calidad. Lo que tiene, como correlato necesario, la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8 (que impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”), el 139, inciso 4 (en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”) y el 191 (en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”). Este Tribunal también ha indicado que dicha garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable, al estar en juego bienes tan preciados como la salud y la vida humana, por lo que deben imperar con mayor rigor los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, continuidad y adaptación (ver, en este sentido, sentencias número 2008-016405 de las 19:04 horas del 30 de octubre de 2008 y 2008-017633 de las 12:06 horas del 5 de diciembre de 2008). En tal contexto adquiere particular trascendencia el papel del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector en la materia. Esta Sala ha señalado que:
“(…) conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha creado dicha institución autónoma con el expreso objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable. Para cumplir tal objeto, y de conformidad a lo previsto en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le corresponde dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, así como aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de la citada ley. Con lo que se verifica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el primer llamado en procurar porque todos los habitantes de la República puedan beneficiarse de un sistema de abastecimiento de agua potable, capaz de suministrar dicho líquido de forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer debidamente las necesidades básicas de todas las personas, en resguardo efectivo de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud” (sentencia número 2011005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011.)
En consonancia con lo anterior, esta Sala ha destacado que en aquellos supuestos en que el servicio de suministro de agua para consumo humano lo presta una ASADA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a ejercer acciones efectivas y eficientes de vigilancia y de control del respectivo sistema de suministro de agua, en cuanto a su operación, mantenimiento, administración y desarrollo, para así garantizar su correcto funcionamiento (sentencia número 2011009487 de las 9:15 horas del 22 de julio de 2011). De hecho, recientemente, en sentencia número 2012006447 de las 10:30 horas del 18 de mayo de 2012, esta Sala expresó:
“(…) si bien el artículo 2 de la Ley 2726 faculta al AyA para convenir con organismos comunales la administración sistemas de acueductos y alcantarillados, el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. A partir de lo anterior, la Administración no puede excusar la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable, por la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural por parte del órgano privado concesionado (…)
Con lo que se constata la obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales” (lo destacado no corresponde al original) “V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente alega que en la comunidad de El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, el ICAA brinda el servicio de agua potable por delegación en una ASADA; empero, dicho servicio es prestado de manera deficiente y requiere mejoras en la infraestructura, por lo que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida para el mejoramiento de dicho acueducto, la cual no puede ejecutarse mientras el ICAA no realice los estudios técnicos correspondientes. Estima vulnerado su derecho fundamental de acceso al agua potable.
Al respecto, la Sala tuvo por acreditado que la Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, no cuenta con personería jurídica vigente, pues la misma venció desde el 31 de julio de 2007. Asimismo, se aprecia que la ASADA El Porvenir no ha presentado ante el ICAA la documentación requerida para el trámite de firma del convenio de delegación. Además, el ICAA no cuenta con un diagnóstico actualizado del sistema de acueducto operado por la ASADA El Porvenir. De los autos se constató que mediante oficio número SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 del 03 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega del ICAA sugirió a la ASADA El Porvenir que contratara los servicios de un profesional para que realizara un estudio técnico mediante el cual recomendara las mejoras requeridas por el acueducto. Finalmente, se demostró que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida de 3 millones de colones para hacer las mejoras a la infraestructura del acueducto, la cual se ejecutará una vez efectuados los estudios técnicos correspondientes.
Ante este panorama, estima la Sala que se debe acoger parcialmente el amparo, solo en contra del ICAA. Tal como se explicó en el considerando anterior, el ICAA está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales, de manera que no puede excusarse en que la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable responde a la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural. Como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, el ICAA se encuentra llamado a coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de El Porvenir, en La Cruz de Guanacaste. Así las cosas, para la Sala no es atendible el alegato de las autoridades recurridas del ICAA, en el sentido de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de El Porvenir.
Mientras la problemática en el abastecimiento de agua continúe, la parte más vulnerable son los vecinos de la localidad, quienes deben tolerar la inoperancia de las entidades encargadas y, consecuentemente, sufrir con la deficiente prestación del servicio público de agua potable. Bajo esa inteligencia, deberá el ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de El Porvenir ajuste su funcionamiento a derecho y se logren concretar los estudios técnicos necesarios para autorizar la inversión del presupuesto municipal ya destinado para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en esa comunidad y, por ende, de la calidad de vida de todos sus munícipes.” (El destacado no corresponde al original).
En adición, el ordinal 36 inciso 1) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, señala como obligación y derecho del ICAA: "Suscribir y rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así lo recomiende la Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de conveniencia, oportunidad o ineficacia en la prestación de los servicios públicos".
En el sub lite, el recurrente indica que es vecino de Vázquez de Coronado, específicamente de San Francisco de Corazón de Jesús. Indica que, desde enero de 2024, ese sector, ha tenido problemas por el abastecimiento de agua en la comunidad, dado a que no cuentan con abastecimiento una vez o dos veces a la semana. Menciona que, a partir del 8 de mayo de 2024, la situación ha sido preocupante, toda vez que en ocasiones pasan de dos a tres días seguidos sin agua. Apunta que durante el transcurso del día no tienen agua, pues se brinda el servicio dos horas en la madrugada entre las 02:00 y las 04:00 horas. Menciona que, en la comunidad de San Francisco de Coronado, Dirección09 existe actualmente una escuela en funcionamiento, la cual alberga en sus aulas cientos de niños y niñas y que no tienen agua, pese a la situación emergente que alertó el Ministerio de Salud por un cuadro viral por problemas estomacales.
La Sala comprueba que el tutelado es vecino de Vásquez de Coronado. Además, se observa que en el informe nro. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” del 5 de setiembre de 2018, la Contraloría General de la República señaló: “3. Conclusiones 3.1. Desde su creación en 1961, el AyA tiene la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector y delegante del servicio. Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, para que la prestación del servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad, en apego a los principios fundamentales del servicio público relativos a la adaptación a las necesidades sociales y la igualdad en el trato a los destinatarios del servicio. 3.2.
En este marco, la calificación del servicio de agua potable de 4,45 de 10 en comunidades vulnerables revela una brecha significativa en la calidad de este servicio y los parámetros mínimos aceptables. Esto, resulta de una visión generalizada de estas comunidades que no incorpora enfoques de orden diferencial e intercultural en la prestación del servicio, que aseguren la protección y restauración de los derechos vulnerados. 3.3. Además, esta situación evidencia que desde un enfoque con sensibilidad étnica y cultural, falta mayor avance en la aplicación de buenas prácticas de administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, que garanticen la sostenibilidad de estos para la prestación del servicio de agua potable a comunidades vulnerables. 3.4. La situación encontrada, propicia condiciones de pobreza, afectación a la salud, y las capacidades productivas, en detrimento del bienestar económico, social y ambiental que permita superar las condiciones de vulnerabilidad de la población.
Es así como, resulta relevante la mejora en la calidad al constituir este un servicio fundamental para estas comunidades, en el cual interesa proteger la sostenibilidad de los fondos públicos invertidos en infraestructura y administración”. Mediante oficio IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” emitido por la Aresep, se concluyó: “(…) respecto al equilibrio financiero del servicio de acueducto, si bien, actualmente se dispone de la liquidez necesaria para tender la prestación del servicio, en el mediano plazo, la misma se verá comprometida severamente, dadas las directrices implementadas por el AyA de utilizar los flujos del gasto por depreciación y depreciación revaluada (reposición de activos) para atender las obligaciones financieras asociadas a iniciativas de proyectos de inversión, las cuales han visto vencer el periodo de gracia (plazo para construir la obra), lo cual empieza a generar un gasto financiero, sin que a la fecha se disponga de una solución a las necesidades de los usuarios (ausencia de proyecto).
Adicionalmente, el equilibrio financiero de un servicio público debe reflejar el resultado de una gestión eficiente y eficaz en materia de inversiones, costos y gastos económicos incurridos en cumplir con los estándares y las normas de calidad preestablecidos en la prestación del servicio de acueducto. En el caso de análisis, evidentemente, el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…) Es importante señalar que el flujo de rédito para el desarrollo está orientado en atender las necesidades de inversión y el repago de las obligaciones financieras (gasto por intereses) adquiridas por el prestador para financiar la cartera de proyectos en infraestructura.
En este sentido, el no disponer de la información completa, que valide y permita dar trazabilidad de los costos y cambios en el alcance de los proyectos de inversión durante el periodo 2018-2024, somete al prestador del servicio en una incapacidad de afrontar sus obligaciones con los usuarios en el futuro cercano (nuevas inversiones) como con los acreedores (deudas pendientes). Razón por la cual, la Autoridad Reguladora ha sido enfática desde el año 2021 mediante diferentes oficios y fiscalizaciones técnicas, que el AyA debe modificar sus gestión en proyectos de tal manera que el (sic) permita disponer de la información, garantizar la trazabilidad de la aprobación interna hasta la ejecución, corregir los plazos de atención de necesidades de los usuarios, validar la información de los proyectos en los reportes de capitalización contable, actualización del sistema de aprobación y seguimiento de Mideplan y plan de inversiones de la Aresep y le garantice a los usuarios que cada calón incorporado en tarifas relacionado con inversiones responde a una gestión transparente, confiable, oportuna, eficiente y eficaz. 6.
El nivel de rédito para el desarrollo obtenido por el AyA, (Rédito en dólares: 6, 71% y Rédito en colones: 9,4%) es menor al costo del endeudamiento asumido e incorporado en el presente estudio para el AyA (…), lo cual tiene una serie de implicaciones para el servicio, tales como: Está exponiendo al servicio público de acueducto a soportar un costo por la deuda adquirida más elevado que su capacidad de generar recursos para el repago de esta, lo cual le está transfiriendo un riesgo operativo y financiero a los usuarios. El costo de la deuda asociado a proyectos a largo plazo por encima del nivel de rédito, aunado a los plazos para materializar una solución real a los problemas de abastecimiento o disponibilidad del servicio han provocado que el usuario asuma un alto costo social, un rezago en las oportunidades de desarrollo y un potenciador de desigualdades territoriales y económico sociales. 7.
El AyA debe de llevar a cabo un proceso de refinanciamiento o renegociación de su deuda de largo plazo, que garantice tasas de interés más competitivas y evitar un desclase financiero, así como evitar asumir y trasladar costos poco competitivos de deuda a los asociados, dado que, si bien las tarifas se fijan bajo el principio al costo, de conformidad con lo que establece el artículo No. 3 de la Ley de la Autoridad Reguladora, no debe ser a cualquier costo (…) 9. Se procedió a rechazar la solicitud de capitalización de los proyectos de inversión propuestos para el servicio de acueducto del periodo 2018-2021, por un monto de ₡ 108 081, 96, de acuerdo con los siguientes criterios: Un 70% de los proyectos no se encuentra disponible, según indica el operador, debido a la ausencia de los documentos de preinversión, lo cual no permite dar trazabilidad a los niveles de costo, alcance y plazo durante las etapas de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y capitalización de activos.
Del 30% de los proyectos que adjuntan alguna documentación, en la mayoría de los casos corresponde a el (sic) monto presupuestado a la fecha de análisis del estudio, el cual en su mayoría no se le puede dar trazabilidad entre el proyecto y los activos que se pretenden capitalizar. Mucho menos poder identificar cuales (sic) proyectos son para sustituir activos y cuales (sic) son para ampliar o mejorar la prestación del servicio, a su vez no es posible identificar los retiros de activos asociados a las capitalizaciones por sustitución o reemplazos (…) 10. Ante las inconsistencias señaladas en las inversiones propuestas a capitalizar por parte del AyA, y dados los problemas de información asociados a los proyectos del 2018-2024, se ET-074-2018). Lo anterior, permitirá, por un lado, no trasladar a los usuarios montos asociados a iniciativas de proyectos que todavía no están útiles y utilizables o del todo no se le puede dar trazabilidad, y por otro lado, al prestador, a quien se le alerta del riesgo que se está materializando, ante la incapacidad de capitalizar los proyectos de inversión, dados los impactos financieros y operativos que acarrea ese descalce de obras y el financiamiento de estas, con tasa de interés del 13,5% promedio. 11.
El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas.
Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones. 12. El subregistro de ventas de agua potable por del AyA, en parte tiene su explicación en que 8 de cada 10 medidores están en mal estado o con su vida útil vencida, lo cual incide en que esos costos por ventas de agua no registrados correctamente, lo terminen pagando todos los usuarios del servicio, independientemente del estado físico del medidor, como un castigo al consumo y al ahorro del recurso hídrico que hacen las familias (…) 14. El AyA no tiene una estrategia que permita contar con la información de la calidad del agua actualizada de manera anual tanto para los sistemas operados por AyA como aquellos que ha delegado a prestadores del servicio como Asadas, genera que los problemas asociados a la presencia de parámetros como arsénico, hierro, manganeso y las moléculas asociadas a agroquímicos no sean atendidas a tiempo, y por el contrario los mismos solo reciben atención una vez que la afectación a la calidad del agua se ha materializado (…)” (el destacado fue incorporado).
En el informe nro. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la Contraloría General de la República concluyó: “3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada. 3.2.
El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución, lo que demora la atención de las necesidades ciudadanas, afectando el beneficio para 2,8 millones de personas en agua potable y 1,2 millones de personas beneficiarias de proyectos de saneamiento en ciudades como Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo y Coco-Sardinal. 3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del AyA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica. 3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios, propiciando que cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones. 3.5.
Los resultados encontrados limitan el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6, el cual se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, constituyéndose en un desafío principalmente en el contexto de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. 4. DISPOSICIONES (…) A JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL AYA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 4.4. Diseñar, divulgar e implementar un modelo de gobernanza integral del portafolio que contenga al menos: i) un plan de gestión de riesgos del portafolio; ii) un plan de recuperación del portafolio; iii) un sistema de información confiable que ofrezca los datos integrados del tiempo, costo y alcance de los componentes del portafolio; iv) el portafolio ajustado y aprobado por el máximo jerarca, de acuerdo con la capacidad administrativa y técnica de ejecución; v) las mediciones de desempeño periódicas a lo largo del ciclo de vida del portafolio, programa y proyecto de conformidad con los lineamientos de MIDEPLAN y la normativa aplicable vigente; vi) los criterios de priorización de los componentes del portafolio, incluyendo criterios para poblaciones en condición de vulnerabilidad; y vii) los roles y responsables de cada una de las etapas de gestión del portafolio y sus componentes.
Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del modelo de gobernanza a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 30 de abril de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.5. Elaborar, divulgar e implementar un modelo para el mejoramiento de la gestión institucional, en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que contenga al menos las orientaciones para: i) la gestión de los recursos financieros; ii) diseño y mejora de la gestión sistemática de los procesos; iii) resultados de productos y servicios; iv) resultados financieros; v) resultados de los procesos (eficacia organizacional); y vi) resultados de liderazgo; con el fin de modernizar su organización, procesos y procedimientos, y aumentar la eficiencia, eficacia, pertinencia, calidad, sostenibilidad y productividad de sus actividades.
Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del Modelo a más tardar el 30 de junio de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 29 de mayo de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.6. Elaborar, divulgar e implementar una hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que incluya las acciones e instrucciones a ser implementadas para la gestión financiera del portafolio de inversión pública, que integre al menos: i) indicadores de sostenibilidad financiera del portafolio de inversiones y de la organización; ii) mecanismos de medición, monitoreo y control y su periodicidad; iii) los límites preventivos y alertas de los indicadores, iv) acciones de sensibilización en la organización sobre la sostenibilidad financiera; v) lineamiento sobre la frecuencia para solicitar ajustes tarifarios; y vi) reportes e insumos necesarios derivados del sistema de información referencial contenidos en el párrafo 4.4 del presente informe.
Remitir a la Contraloría General una certificación en la que conste la elaboración y remisión a la Junta Directiva de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, posterior a la resolución por parte de ese órgano, remitir una certificación donde conste la divulgación e implementación de la hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 31 de agosto de 2026. (ver párrafos del 2.55 al 2.76). A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AYA O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN EL CARGO 4.7. Resolver acerca de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que reciba de la Presidencia Ejecutiva en cumplimiento de la disposición contenida en el párrafo n.° 4.6 de este informe. Remitir al Órgano Contralor copia del acuerdo en el que conste lo resuelto, a más tardar dos meses posterior al recibido de la propuesta (…)”.
En el informe “Atención San Francisco de Coronado: Trabajo interdisciplinario. Gestión Social- Dirección de Mercadeo- Gestión Técnica- Operativa Sistemas GAM. Centro Técnico Integrado” emitido por el Icaa se lee: “II. Antecedentes Desde mediados del mes de febrero 2024, se realizan acercamientos con representantes comunales por parte de la Gestión Social UEN Ambiental y Mercadeo GAM, sin embargo, ya se habían realizado una serie de encuentros entre la Institución, Municipalidad de Vasquez (sic) de Coronado y representantes comunales de San Francisco, esto porque la situación adversa del agua que tiene este sector de la población, data de muchos años atrás. Debido a que se había identificado por parte de la Operación y Control del Acueducto Metropolitano que esta época de verano el déficit de lluvias iba a generar fuertes disminuciones en las fuentes de abastecimiento se solicita el apoyo al equipo de Gestión Social, UEN Ambiental y Mercadeo GAM para idear una estrategia de abordaje con las comunidades.
Es importante en este espacio indicar, que la afectación de San Francisco se anticipa debido a la afectación que se da en el sistema de la PP de Guadalupe con la contaminación de hidrocarburos, teniendo que reducir el agua que se bombea al sector de San Francisco para poder dar agua a los lugares con mayores afectaciones, este antecedente genera una gran desestabilidad anticipando con ello la época más critica que tenía la Institución ya planificada dentro de su plan de acción. En este sentido, el abordaje de la Gestión Social ha sido la gestión de crisis, por lo que el trabajo que se realiza en San Francisco de Coronado está enfocado en minimizar lo más posible los impactos negativos que la época critica del verano pueda ocasionar. Es así, como se inicia a partir del 21 de febrero un trabajo de acercamiento con las personas representantes comunales, donde de manera inicial se tiene comunicación vía mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas donde se nos informan las dificultades que atraviesan con el abastecimiento y se indica la necesidad de establecer atención a la comunidad con el equipo operativo y técnico que atiende la zona.
Es así como de manera oportuna se establece tener un primer acercamiento en una reunión el 6 de marzo, pero debido a que se presentó una situación de fallecimiento de familiar de una de las representantes comunales no fue posible desarrollar esta reunión. Es importante mencionar que a pesar de no lograr desarrollar esta reunión se continúa atendiendo las solicitudes de las personas representantes comunales, durante el mes de marzo se da seguimiento a consultas sobre el procedimiento de atención de la línea 800 donde se establecen mejoras en la atención de este canal oficial a solicitud de la comunidad de San Francisco. El 11 de abril 2024, se logra concretar el espacio de reunión con el equipo de Operación y Control, Ingeniero GAM y Gestión Social por parte de la representación de la Institución y se contó con la presencia de 5 representantes comunales de la comisión Pro-Agua San Francisco de Coronado.
En este espacio se dieron a conocer por parte de la Institución detalles del abastecimiento en la zona, donde se indica que actualmente se abastece al sector con una presión mínima, lo que genera mayor desabastecimiento en la zona, que los caudales de la PP de Los Cuadro ha disminuido su caudal de 75 l/s a 45 l/s, pero que se realizan maniobras operativas donde se cierra el tanque de Mata de Plátano por las noches y con ello poder brindarles unas horas de abastecimiento. Se recalca que la Institución trabaja en estas medidas operativas, pero también se hacen esfuerzos para avanzar en obras que generan estabilidad en un corto y mediano plazo, como son la interconexión del tanque Asturas, con ello se harían bombeos más directos a su sistema. También en esta sesión se amplia (sic) sobre las medidas de atención alternas que la Institución ha puesto a su disposición por medio de la parte técnica que son la instalación de tanques de abastecimiento en sectores de la localidad que sirvan como fuentes públicas, el reparto de agua por medio de cisternas casa por casa.
Además, la Institución garantiza en coordinación con el Centro Educativo de la calidad el llenado de los tanques del Centro Educativo y con ello garantizar que el curso lectivo pueda continuar sin ningún tipo de interrupciones. En esta sesión, los representantes comunales consultan por fechas de esta interconexión del tanque Asturas y solicitan una inspección en Corazón de Jesús puesto que es el sector que tiene más dificultades de abastecimiento, y la colocación de más tanques para atención de todos los sectores de la población. Posterior a esta sesión, se continúa atendiendo durante el mes de abril por parte de la Gestión Social y equipo Técnico en Chat denominado San Francisco que Coronado, consultas asociadas a altos consumos y desabastecimiento, ya que se expone de manera reiterada por la representación comunal que han venido teniendo dificultades con el abastecimiento de agua por medio de tuberías, ante esto se remiten las valoraciones a la parte Operativa y, para su debida atención.
Es importante indicar que este chat, fue creado el 8 de febrero 2024 por parte de la encargada de Dirección02, y se encuentran varios representantes comunales que son parte de la comisión de agua. Es a partir de la serie de situaciones expuestas y registradas en este medio de comunicación y a solicitud de la comunidad que se genera un espacio de reunión el 25 de abril en la Finca de Coronado, donde estuvo presente la parte Operativa, Técnica y Social en atención a las necesidades comunales, en este espacio la población expuso que ha tenido serias dificultades con el abastecimiento de agua, lo que hace insostenible el desarrollo de su vida cotidiana. Ante estas valoraciones las personas representantes de la Institución reiteran los esfuerzos que se realizan para poder generar un suministro de agua por medio de tubería, pero que, debido a estar en la situación más crítica de la época seca, se ha dificultado.
Se reitera que la Institución tiene a su disposición las medidas alternativas de abastecimiento como son los tanques de abastecimiento como fuentes públicas y el reparto de agua por medio de cisternas. Se coordina, además, instalar tanque en el sector de Corazón de Jesús, zona con alta afectación Se indica que adicionalmente se realizará en horario nocturno el llenado del tanque Asturas con viajes de camiones cisterna, donde se sectorizará a los sectores de este tanque se abastecerá a la zona de la Finca y del tanque elevado se abastecerá a los demás sectores, además, se garantiza el reparto de agua por medio de cisterna casa por casa y el llenado de los tanques (…) IV. Análisis Se debe indicar que se atienden todas las consultas y requerimientos de la comunidad de San Francisco de Coronado, los cuales han sido canalizados por medio de su representación comunal hacia la Institución. Las atenciones de la población usuaria de esta zona son en su mayoría acciones paliativas, ya que el sistema de abastecimiento continúa siendo un sistema deficitario. 1.
Suministro de agua por medio de camión cisterna: se cuenta con distribución de agua por medio de cisterna casa por casa, y llenado de tanques de almacenamiento, además, se informa por medio de chats comunitarios de WhatsApp los sitios donde se encuentren los camiones cisterna. 2. Comunicación institucional: se realizarán mejoras en la comunicación dirigida a las comunidades, en aspectos puntuales sobre los horarios de racionamientos y atención de la línea 800 por medio de llamada y chat remitiendo información detallada a las personas usuarias que hacen uso de este servicio. 3. Identificación de puntos críticos para colocación de tanques de almacenamiento como fuente pública: Desde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se realiza colocación de tanques en sitios estratégicos identificados por los representantes comunales, a la fecha existen al menos 10 tanques ubicados en la comunidad, que se ubicaron en alamedas donde se encuentra mayormente población adulta mayor o con situaciones de movilidad reducida. 4.
Espacios de reuniones con lideres comunales: Se debe mencionar que la Institución mantiene una estrecha relación de cercanía con las comunidades que presentan limitaciones por el desabastecimiento de agua potable o por abastecimientos controlados y la comunidad de San Francisco ha contado de manera amplia con estos canales de comunicación. 5. Colocación de tubería e interconexiones para mejorar abastecimiento a corto plazo: Se han realizado una serie de esfuerzos institucionales para generar obra en un corto plazo que permitan mejorar el abastecimiento a la población usuaria, eso fue la instalación de 3.4 km de tubería río Durazno y la interconexión temporal al bombeo de vista de Mar (…) V. Conclusiones 1. Los proyectos a corto plazo indicados a la población usuaria han sido ejecutados en tiempo y forma. 2. Las medidas de atención alternativas de abastecimiento se mantendrán en la comunidad en la medida de ser requeridas. 3.
La atención desde la Gestión Social, Operativa, Técnica y Comercial se mantendrá a disposición de la comunidad por medio del chat de WhatsApp y los medios oficiales existentes. 4. El trabajo y compromiso institucional está direccionado a generar condiciones a través de proyectos de inversión en un mediano y largo plazo para lograr el abastecimiento en optimas (sic) condiciones. 5. Todos los casos que se han remitido para atención en cuanto a facturación han sido atendidos en tiempo y forma”. Por memorial UEN-OSEP-GAM-2024-00183 del 14 de mayo de 2024, la UEN Optimización de Sistemas Ejecución Proyectos GAM del Icaa señaló: “El Departamento de Ejecución de Proyectos se encuentra realizando una serie de obras de infraestructura para realizar una mejor distribución del recurso hídrico dentro de los sistemas deficitarios. Dentro de las obras a desarrollar se encuentra la instalación de una línea de conducción entre la estación de rebombeo de “Vistamar” y hasta el tanque existente en la Finca de “Coronado” de AyA; esta línea es estratégica para aumentar la capacidad del recurso en la comunidad de San Isidro de Coronado.
El alcance del Proyecto es una interconexión en el sitio del rebombeo de Vistamar, para que desde ahí se instalé tubería, pasando sobre el río Ipís (se debe construir un puente tubo) y hasta el tanque Asturias el cual se ubica dentro de la finca de Coronado de AyA, ahí se debe de construir una caja de válvulas para realizar adecuadamente la interconexión a la tubería de entrada del tanque. (…) Actualmente ya se realizaron todos los trabajos y falta únicamente el puente tubo sobre el río Ipís el cual se encuentra en proceso de construcción (figura No.1), más, sin embargo, debido a la urgencia hemos instalado una tubería provisional la cual se colocó al lado del puente peatonal (imagen No.1). De esta manera ya ha sido posible llevar agua potable al tanque de la finca desde el rebombeo (…)”. Mediante oficio SG-GSFAM-MZESTE-2024-00430 del 14 de mayo de 2024, la Macro Zona Este GAM del Icaa señaló: “1.
Reparto de agua por medio de Camiones Cisterna en el Sector de San Francisco de Coronado. Desde el febrero del 2024 hasta la fecha se ha atendido al sector de San Francisco de Coronado con 100 unidades de camiones cisterna (…) Durante el período de febrero de 2024 hasta la fecha, las 100 unidades de camiones cisterna realizaron 416 viajes de reparto de agua potable (…) Por otra parte, es importante mencionar que la institución a (sic) realizado la distribución de 4,211,000.00 litros de agua potable por medio de camiones cisterna desde febrero de 2024 hasta la fecha (…) 2. Otros medios alternativos para el suministro de agua potable al Sector de San Francisco de Coronado. En coordinación con lideres comunales del Comité Pro- Agua de San Francisco de Coronado se ha realizado la instalación de 11 tanques de almacenamiento de agua potable como puntos de atención fija con camión cisterna, direcciones: a) Dirección7533 b) Dirección7534 c) Dirección7539 ( ) d) Urb.
Viamonte e) Dirección7536. f) Dirección7537. g) Bo. Corazón de Jesús (1) h) Bo. Corazón de Jesús (2) i) Urb. San Blas j) Urb. El Progreso k) Valle Sereno”. El Dirección1159 , la Contraloría General de la República indicó: “III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 1- Aspectos relacionados con la suspensión del servicio Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás comunidades del distrito de San Isidro, el Órgano Contralor encuentra consistencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por el recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por el recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad.
Al respecto, con base en estudios de fiscalización realizados con anterioridad, entre ellos el “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” del 5 de setiembre de 2018, se encontraron coincidencias en la tendencia de desabastecimiento y constantes interrupciones en el servicio de agua potable en comunidades vulnerables. Por su parte, se tiene acreditado mediante el informe n.° DFOE-AE-IF-00008-2018 antes mencionado, que el servicio de agua constituye un seguro a las comunidades para no descender en la escala de vulnerabilidad, en tanto una de las manifestaciones de la pobreza conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, es el acceso limitado a los servicios básicos. Además, dicho informe emitido por el Órgano Contralor señaló que el estado deficiente de prestación del servicio propicia la exposición a enfermedades, restricción al desarrollo de actividades productivas, consumo poco sostenible del agua y disminución en la capacidad de resiliencia ante eventos extremos.
Todo lo anterior acentúa las causas estructurales de la vulnerabilidad, como pobreza y exclusión, en detrimento de la calidad de vida y potencial de desarrollo de esas comunidades. Acerca de la suspensión del servicio, el recurrente señala que la situación empeoró a partir del 8 de mayo de 2024, con interrupciones de hasta tres días consecutivos sin agua. El agua se distribuye únicamente durante dos horas en la madrugada, de 2:00 a 4:00, lo cual obliga a los vecinos a permanecer despiertos para realizar actividades esenciales como lavar ropa y trastes. Además, destaca la existencia de una escuela en funcionamiento en la comunidad, donde cientos de niños y niñas necesitan agua, particularmente para prevenir la propagación de un cuadro viral de problemas estomacales alertado por el Ministerio de Salud. Cabe destacar, que de acuerdo al (sic) reglamento vigente, si el desabastecimiento sobrepasa las 6 horas se debe emitir una comunicación colectiva y asegurarse un servicio alternativo que los requerimientos mencionados.
Asimismo, tal normativa 1 en los artículos 86 y 90 establece que las interrupciones temporales atendidas por medio de cisternas, deben contemplar puntos de entrega lo más cerca posible de los domicilios y con facilidad de recolección de agua, todo con el fin de conceder a todas las personas la posibilidad de acceder el servicio de agua potable en condiciones de igualdad, ante su naturaleza y carácter indispensable para la vida y salud humana. Sobre lo anterior, el ICAA en el memorando n.° SG-GSGAM-MZESTE-2024-00430, del 14 de mayo, describe las acciones de atención mediante el reparto de agua, en términos de cantidad de camiones cisterna y su equivalente en viajes de reparto y litros, así como el detalle de los puntos en los que fueron instalados 11 tanques de almacenamiento de agua como puntos de atención fija con camión cisterna. Al respecto, no se aporta evidencia documental sobre franjas horarias específicas en las se abasteció mediante el mecanismo alternativo de camiones cisterna el servicio se ha visto interrumpido, por tanto, este Órgano Contralor no puede emitir opinión.
Asimismo, el informe “Atención San Francisco de Coronado: Trabajo interdisciplinario. Gestión Social- Dirección de Mercadeo- Gestión Técnica- Operativa Sistemas GAM. Centro Técnico Integrado” cita una serie de acuerdos entre el ICAA y representantes comunales de la comisión Pro-Agua San Francisco de Coronado, entre los que se encuentran instalar tanque en el sector de Corazón de Jesús, zona con alta afectación, así como coordinar con el Centro Educativo de la localidad el llenado de los tanques del Centro Educativo y con ello garantizar que el curso lectivo pueda continuar sin ningún tipo de interrupciones. No obstante, no se acredita en la prueba aportada el cumplimiento de los acuerdos antes citados, ni el establecimiento y ejecución de un mecanismo suficiente para la integración de todas las personas en condición de vulnerabilidad o en las condiciones citadas por el recurrente (infantes recién nacidos, niños, adolescentes, adultos mayores, entre otros), principalmente en los casos donde se estima la utilización del cisterna como medio alternativo. 2- Sobre la respuesta del ICAA para solventar los problemas Como respuesta al recurso de amparo interpuesto, el ICAA refirió a una serie de hechos causales relacionados con las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano.
Entre las justificaciones apuntadas, se indicó: 1) El desequilibrio entre la oferta y la demanda, impidiendo satisfacer la creciente demanda de los usuarios. Señala que este problema se ha agravado por el fenómeno El Niño y la contaminación con hidrocarburo de la toma de captación de la Planta Potabilizadora de Guadalupe, que estuvo fuera de operación del 28 de enero al 2 de febrero de 2024 y sigue funcionando de manera limitada. En marzo de 2024, también se registró una disminución en el caudal de producción de la Planta Los Cuadros y una fuga en la impulsión del bombeo de Coronado entre el 28 y 30 de marzo, desequilibrando el sistema e impidiendo su recuperación normal. A pesar de estas afectaciones, arguye que la población ha tenido acceso al agua potable a través de la red en periodos limitados. 2) Anuncio de suspensiones: Indica que las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano han sido anunciadas a la población por los canales oficiales y se han mantenido en apego a los horarios establecidos.
Con el objetivo de atender tales condiciones, el ICAA señala haber emprendido acciones como la colocación de tanques en puntos estratégicos, el abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna y comunicación mediante líderes comunales, así como la inversión en la instalación de una línea de conducción entre la estación de rebombeo de “Vistamar” y hasta el tanque existente en la Finca de “Coronado” de AyA, en la comunidad de San Isidro de Coronado. Sin embargo no se refirió a que el servicio de agua se brinda solo entre las 2:00 y 4:00 de la madrugada. Acerca de lo anterior, la Contraloría General en el “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” del 5 de setiembre de 2018, indicó que los acueductos requieren del almacenamiento de agua para cubrir la demanda y compensar las variaciones horarias, principalmente cuando la fuente de abastecimiento por sí sola no es suficiente para cubrir la demanda diaria, lo que deriva en suspensiones del servicio en cuestión.
Sobre ello, debe distinguirse que la entrada en operación del tanque luego de la suspensión, no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. Tal fenómeno se agrava en las zonas altas de la red, donde la topografía afecta la rapidez de restablecimiento del servicio de agua potable. En suma, la suspensión debe considerar el período de llenado y presurización de tuberías, y no solamente la salida y entrada en operación de los tanques de almacenamiento, de manera tal que el tiempo que tarda la suspensión sea correspondiente a la hora de finalización comunicada y con ello, a la hora esperada por los usuarios para el retorno del servicio. Relativo a las inversiones efectuadas por el ICAA, mediante el “Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión de portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, este Órgano Contralor determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA no ha sido eficaz ni eficiente; lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida.
También, se encontró que el diseño del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica, conforme a las etapas establecidas de selección, priorización, balance estratégico y aprobación; además, no existe una gestión de riesgos ni se definen responsables del portafolio y sus componentes. Asimismo, en el citado informe de fiscalización se determinó que la gestión de la información por parte del ICAA no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Estas condiciones dificultan la entrega de beneficios mediante inversiones para producir y mejorar los sistemas de agua potable, afectando principalmente a las comunidades en condición de vulnerabilidad.
También, se restringe el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales y nacionales, principalmente de aquellos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, minimizando el impacto extenso y progresivo que caracteriza a los proyectos hídricos, los cuales coadyuvan al desarrollo económico, del ambiente y la salud de las zonas influenciadas y beneficiadas por las inversiones. Así, dadas las deficiencias en la gestión de la información, se limita la identificación oportuna de las desviaciones en tiempo, costo y alcance de los proyectos por parte de los tomadores de decisión, lo que dificulta la atención de la necesidad pública con la prontitud requerida. Acerca del Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024, vale la pena señalar que se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio de proyectos a cargo del ICAA, lo que supone una situación de fragilidad.
Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios. IV. CONCLUSIONES Del contenido del presente informe se concluye lo siguiente: 1. Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás comunidades del distrito, el Órgano Contralor encuentra coherencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por la recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por la recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. 2.
Pese a que tampoco se dispone de una fiscalización sobre la respuesta del ICAA ante la alegada falta de acción para contrarrestar la mencionada suspensión del servicio en Vázquez de Coronado, con base en otros resultados de fiscalización realizados por la CGR, se ha encontrado que el portafolio de inversiones del ICAA presenta una serie de deficiencias en su gestión del desempeño, así como debilidades en la gobernanza, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida y la entrega de los beneficios esperados a la población. 3. Este Órgano Contralor apunta sobre la consideración del período de llenado y presurización de tuberías en el horario que se comunica a los usuarios sobre la suspensión, pues no solamente se debe tomar en cuenta la entrada en operación del tanque, ya que esto no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento conforme a las condiciones requeridas. 4.
No se aportó evidencia o informes sobre las actuaciones de la ARESEP, en ese sentido este Órgano Contralor no puede aportar criterio. En todo caso, se recalca el deber establecido por Ley al Ente Regulador, sobre su obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima en los servicios públicos, incluido el de agua potable; por ejemplo, la obligación de elaborar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, así como el deber de la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados al servicio público, esto para el cumplimiento cabal de las obligaciones” (el resaltado fue incorporado). Mediante el informe técnico nro. H-581-2024 del 10 de junio de 2024, la Defensoría de los Habitantes de la República indicó: “(…) 5. CRITERIO TÉCNICO DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES SOBRE LOS HECHOS EN ESTUDIO EN EL PRESENTE RECURSO DE AMPARO (…) La Defensoría ha recibido un total de 20 denuncias en contra del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por la suspensión del servicio de suministro de agua potable en el distrito de San Francisco (…) A partir de las denuncias recibidas, mediante oficio N°01570-2024-DHR de fecha 16 de febrero de 2024, la Defensoría solicitó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) información acerca de la situación en que se encontraba el abastecimiento de agua potable en la comunidad de Vásquez de Coronado (…) 5.3 Otras gestiones efectuadas por la Defensoría de los Habitantes: - En fecha 24 de abril del 2024, se llevó a cabo una reunión con el Lic. Henry Ulate Blanco, Asesor de la Presidencia Ejecutiva y con la Ing. Angie Herrera Camacho, Jefe de la Macrozona Oeste ambos funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, donde se trató el tema de las últimas denuncias sobre el faltante del agua del 16 de abril en adelante y la entrega del agua por medio de camiones cisternas.
Sobre el tema la Ing. Angie Herrera indicó que efectivamente el agua está llegando solo 2 horas por día, y que, por ende, desde el día uno de esta situación las cisternas han estado en la zona dos veces por día y que controlan esto último por medio de los GPS de cada camión que brinda el servicio. Que la situación actual se debe a que las fuentes han disminuido hasta un 50% y les está provocando este desabastecimiento. A su vez, informó que el AyA mantiene comunicación constante con los líderes comunales y con la comunidad por medio de WhatsApp. Asimismo, indicó que se han realizado dos acercamientos con la comunidad y entre los acuerdos tomados fueron: la comunicación por medio del chat en el WhatsApp y que se instalaran unos tanques fijos para tener otra opción para quienes no están en sus casas cuando pasan las cisternas y que pueda abastecerse. Y se indicó que se habían instalado 7 tanques fijos y en los lugares indicados por la comunidad. - Adicionalmente, en fecha 13 de mayo del 2024 se llevó a cabo una reunión en la Finca del AyA en Coronado con los vecinos donde se indicó: que en San Francisco de Coronado es una de las comunidades más afectadas por falta de agua en la GAM, y que requiere de 1.250.000 litros de agua, tomando como promedio que cada persona utilice 250 litros por día.
Mientras que la planta de Los Cuadros se ha reducido casi a la mitad. Se informó a la comunidad lo siguiente: Medidas paliativas implementadas: 1. Instalación de 11 tanques de almacenamiento. 2. Camiones cisterna los 7 días de la semana cubriendo el 11% del déficit. Medidas inmediatas: 1. Interconexión del sistema de Vista de Mar que da un adicional de 3 litros por segundo por 12 horas en la noche, reduciendo el déficit en un 3%. 2. Poner a funcionar el tanque Asturas. Medidas a corto plazo: 1. Pozo perforado en la finca de AYA que está en proceso de limpieza para ponerlo en funcionamiento con el fin de tener una baja en el déficit de 40% para el 31 de mayo del 2024. 2. Traer agua del sistema de Vista de Mar por gravedad, reduciendo el déficit en un 35% para setiembre del 2024, considerando que, en época lluviosa, cubra por completo las necesidades de la comunidad. 3. Iniciativa de uso de agua en el Río Cascajal con planta potabilizadora de Orosí 2 para el 2030.
Finalmente, el Presidente Ejecutivo del AYA indicó que las causas del actual faltante de agua son: Abandono de la red de acueducto y deuda en inversión en redes. 5.4 Sobre la situación objeto del recurso de amparo: (…) En este sentido, la Defensoría de los Habitantes comparte el criterio de la persona recurrente de responsabilizar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para que se planifiquen, desarrollen y construyan las soluciones que Vásquez de Coronado, y las demás comunidades afectadas por desabastecimiento requieren a corto, mediano y largo plazo para cubrir la demanda del servicio de acueducto, de modo que todas las personas puedan tener acceso al agua potable y satisfacer sus necesidades básicas. 5.5 Consideraciones de la Defensoría en relación con el desabastecimiento en Vásquez de Coronado: La Defensoría emitió el informe final con recomendaciones, oficio N°04932-2024-DHR referente a las intervenciones sobre abastecimiento de agua potable en Vásquez de Coronado.
En dicho informe se ha logrado constatar, en términos generales, que las gestiones realizadas por parte del AyA no han sido suficientes ni oportunas para lograr una dotación del servicio de abastecimiento de agua potable en cuanto a cantidad, calidad y, especialmente continuidad, para la población. Evidencia de ello son las 20 denuncias referidas al inicio del presente informe. La comunidad de San Francisco de Coronado, ha venido enfrentando una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en las denuncias presentadas por las vecinas y vecinos de la comunidad debido a los racionamientos programados y no programados, que han resultado en extensos períodos sin que se tenga acceso a este servicio y la consecuente afectación de los derechos de los habitantes. Esta situación se debe a causas multifactoriales que incluyen una desordenada planificación territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, pero particularmente a la inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Estos factores, aunados al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias, han contribuido a crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional y, particularmente, a la comunidad de San Francisco de Coronado. Tal como se indicó, estas condiciones afectan la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, el cual, de conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública establece que debe estar sujeto a los principios fundamentales del servicio público para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. Asimismo, de conformidad con el artículo 5 inciso c) de la Ley 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y en concordancia con el artículo 9 del reglamento de prestación de servicios del AyA, el servicio de agua potable debe de brindarse “dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos”, sin embargo, esto no se está logrando alcanzar en San Francisco de Coronado.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua, entre las que se incluyen horarios de racionamiento, la incorporación de nuevos pozos al sistema del acueducto metropolitano y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo. Así mismo, se tiene conocimiento de la resolución N°2023-020102 de las nueve horas quince minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, de la Sala Constitucional en la cual se aborda una problemática análoga a la que se refiere el presente recurso de amparo y se ordena al AyA, de forma inmediata, que coordine lo necesario, gire las órdenes pertinentes y ” lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo de dieciocho meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, en la medida de lo posible, mejore el abastecimiento de agua potable en el cantón de Vázquez de Coronado durante la época seca.
A este respecto, la Defensoría ha constatado que, a nueve meses de ese plazo, no se observa que el AyA haya mejorado el abastecimiento de agua potable en el cantón en la época seca, ejemplo de esto son las 19 denuncias recibidas en la institución durante los meses de febrero, marzo y abril del presente año. De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros. En relación con esa inacción por parte del AYA, la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario del AyA, en el cual se concluyó: que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, por cuanto existe ausencia de ingeniería de detalle, estudios de prefactibilidad y factibilidad endebles, ausencia de sensibilización de variables críticas para determinar la viabilidad financiera y económica de proyectos u obras de inversión, incumplimiento en plazos y ejecución de obras, indefinición de modelo de financiamiento, ausencia de análisis de impacto tarifario, carencias de mecanismos de control integral del proyecto, financiamientos más cortos que la vida útil de las inversiones o proyectos, extensos periodos de inactividad en las obras entre fases de pre inversión, y el inicio constructivo y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo.
Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión. Aunado a lo anterior, la Defensoría ha conocido denuncias de los habitantes de Coronado desde años anteriores, como por ejemplo el oficio 07379-2023-DHR notificado el 03 de agosto del 2023, que visualiza la reiteración en el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras.
En este sentido, la Defensoría ha resaltado que la participación ciudadana y el derecho a la información son elementos esenciales para una democracia participativa, así como la importancia de que el Instituto informe de manera precisa y comprensible a las comunidades sobre el suministro de agua, diferenciando entre desabastecimiento y racionamiento, así como explicando los efectos del fenómeno El Niño y del cambio climático en las fuentes de agua. Lo anterior, por cuanto el derecho a la información es un aspecto fundamental, de conformidad, con el cual, el AyA debe responder pronta y adecuadamente a las solicitudes de la comunidad. Así las cosas, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, debe implementar las acciones que correspondan a fin de que la prestación del servicio en dicha comunidad se ajuste a los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, tal como se establece en la norma que rige el servicio, con el objetivo de que todas las personas puedan gozar plenamente de su derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, tal y como lo ha indicado la misma Sala Constitucional en la resolución citada en este informe.
Asimismo, la Defensoría considera impostergable que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tome las medidas y acciones que se requieran para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio, así como una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura requeridas para satisfacer la demanda actual y futura del servicio en San Francisco de Coronado, contando con períodos más cortos de ejecución y con rigurosidad y seriedad en el cumplimiento de los plazos de los procesos, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable. Es por todo lo anterior, que la Defensoría recomendó a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o a quien ocupe el cargo lo siguiente: “Primera.- Para cada uno de los proyectos y obras de inversión para el cantón de Vásquez de Coronado, diseñar y documentar una estrategia de control interno y análisis de riesgos que garantice que se ejecutarán en el menor tiempo posible, a la vez que se minimicen las posibilidades de incurrir en las deficiencias en la ejecución de proyectos e inversiones advertidas por la Autoridad Reguladora en su informe.
Segunda. – Con base en esa estrategia de control interno y análisis de riesgos, definir el o los titulares subordinados que tendrán la responsabilidad de hacerla cumplir. Tercera. - Remitir a esta Defensoría la documentación relativa a las recomendaciones primera y segunda, e informar bimensualmente sobre el avance de cada uno de los proyectos y obras de inversión para el cantón de Vásquez de Coronado. Cuarta. Sin perjuicio de lo anterior, remitir el cronograma de trabajo con responsables y plazos de la ejecución del proyecto de ampliación y mejoras a los sistemas ME-A-14 San Rafael de Coronado y ME-A-21 Chiverrales del Acueducto Metropolitano a través de la captación, impulsión y potabilización de las aguas superficiales del Río Cascajal, en Cascajal de Vásquez de Coronado, San José. Quinta. - Informar la fecha aproximada de conclusión del proyecto “Instalación de una nueva tubería de 150 mm entre el rebombeo de Vista Mar y el nuevo Tanque Asturas”.
Sexta. Informar la fecha de inicio y conclusión del proyecto “Sustitución de Red de 75 mmØ PVC por 150 mmØ PEAD Sistema Vista de Mar a Tanque La Finca”. Sétima. – Continuar en comunicación constante con los grupos organizados de la comunidad, para informar clara, ordenada y oportunamente de las incidencias programadas o imprevistas en el servicio. Octava.- Sin perjuicio de lo anterior, y con la participación efectiva de las organizaciones comunales y del Gobierno Local de Vásquez de Coronado, hacer una evaluación crítica de las estrategias de comunicación e información sobre suspensiones y racionamientos del agua para identificar oportunidades de mejora.” 5.6 En relación con los informes presentados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ante la Sala Constitucional para el caso concreto de la comunidad de Vásquez de Coronado: (…) De conformidad con lo señalado en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), N°2726, se señala como objetivo dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.
Asimismo, le corresponde al AyA dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados. De ahí el seguimiento estricto y exigencia de cumplimiento que debe dar el AyA con respecto a cada una de las conclusiones a que llegó en los informes técnicos presentados ante la Sala Constitucional, con el fin de asegurar que la prestación del servicio se brinde en cumplimiento a los estándares de calidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad vigentes. Analizados los informes técnicos que el AyA presentó ante la Sala Constitucional, considera la Defensoría de los Habitantes que contienen los mismos aspectos que presentó ante este Órgano Defensor y que se desarrollaron en el informe final con recomendaciones, oficio N°04932-2024-DHR referente a las intervenciones sobre abastecimiento de agua potable en Vásquez de Coronado, mismos que fueron reseñados en los acápites anteriores.
Asimismo, la Defensoría de los Habitantes reitera su posición del informe final con recomendaciones en cuanto a que considera impostergable que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tome las medidas y acciones que se requieran para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio, así como una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura requeridas para satisfacer la demanda actual y futura del servicio en San Francisco de Coronado, contando con períodos más cortos de ejecución y con rigurosidad y seriedad en el cumplimiento de los plazos de los procesos, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano de acceso al agua potable. 5.7- En relación con la intervención de ARESEP para el caso concreto de la comunidad de Vásquez de Coronado: De acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, entre las funciones y objetivos fundamentales de ARESEP se encuentra el velar porque los prestadores de servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima estos servicios.
Al respecto, ARESEP elaboró en el año 2022 un diagnóstico del Servicio de Acueducto del AyA, en el cual se concluyó: “que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo”. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas.
Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión. En aras de la salud pública y en cumplimiento de las competencias legalmente establecidas, la ARESEP tiene la responsabilidad de velar porque los prestadores de los servicios de suministro de agua potable brinden un servicio de calidad. De ahí el seguimiento estricto y exigencia de cumplimiento que debe dar dicha instancia a cada una de las conclusiones a que llegó el informe de cita, con el fin de asegurar que la prestación del servicio se hará cumpliendo los estándares de calidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad vigentes. La Autoridad Reguladora manifiesta en su informe que, según la revisión en la base de datos del Área de Quejas, para los períodos 2023 y 2024 no hay quejas o trámites a Nombre62 del recurrente por el desabastecimiento en el servicio de acueducto que presta el AyA en la comunidad de Coronado.
No obstante lo anterior, la Defensoría considera que, como parte de sus funciones, sí le corresponde a la ARESEP velar porque los prestadores de los servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar de forma óptima estos servicios, por lo que no puede aducir para su no intervención, la ausencia de denuncias que impulsen su actuar, mismo que debe ser proactivo y de oficio, procurando en todo momento el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento “Reforma integral del reglamento técnico para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrante (AR-RTPAAH-2015)” y mencionado por la Autoridad Reguladora en su informe” (el destacado fue agregado).
De previo a resolver lo que en derecho corresponde, se estima oportuno traer a colación la sentencia nro. 2020007754 de las 9:45 horas del 24 de abril de 2020:
“III.-Caso concreto. En el sub examine, la recurrente indica que es una persona adulta mayor de 70 años que vive en Dirección10 con su esposo de 76 años, su hija de 40 años y su nieta de 10 años. Manifiesta que la comunidad que habita en la que vive sufre de racionamientos y suspensiones de agua, en principio, por la escasez de ese líquido. Narra que el 9 de marzo de 2020 tuvieron agua de las 4:15 a las 6:00 horas; sin embargo, fue tan poca que con costos pudo recoger para tomar y cocinar. Menciona que, debido a lo anterior, el agua no alcanzó para llenar los tanques de los inodoros ni tampoco para lavar la ropa. Alega que tienen más de 40 horas sin agua en sus hogares. Señala que, entre las 13:00 y 14:00 horas de ese mismo día, un vecino les indicó que había un camión cisterna en el sitio, lo que les permitió recoger agua; empero, acusa que, en ese momento, no hubo ningún tipo de aviso que informara que los camiones cisterna se encontraban cerca. Sostiene que, debido a lo anterior, los otros habitantes de la zona no pudieron recoger agua. Refiere que la presidenta ejecutiva del ICAA informó que con motivo del Covid 19 pondrían agua en dos momentos del día; no obstante, tal afirmación no ha sido cumplida. Pide que se respete el derecho que tiene de recibir agua potable en horarios y tiempo razonables.
Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que la recurrente es una persona adulta mayor. Los tanques del sur del ICAA tienen problemas de desabastecimiento y son los que suplen el servicio de agua para la zona de los Hatillos. Estos tanques toman el líquido principalmente del sistema La Valencia y se refuerzan con los sistemas de Puente de Mulas (a través de Bello Horizonte) y de Tres Ríos por medio los tanques de Curridabat. El ICAA cuenta infraestructura para potabilizar el agua; sin embargo, las fuentes no tienen la capacidad de proporcionar el recurso requerido. Los desabastecimientos dependen de una serie de factores tales como: la demanda de la población (que varía con la hora del día, la temperatura, el día de la semana, etc), la producción que se tenga en el momento, el nivel en el tanque de almacenamiento, la cota topográfica del servicio, la distancia del servicio al punto de distribución, entre otras.
En la época seca de años anteriores, el sistema de tanques del sur se podía reforzar por más tiempo con agua proveniente de la planta potabilizadora de Tres Ríos; no obstante, debido a los problemas que se afrontan en todo el acueducto, el refuerzo se ha minimizado. El ICAA ha desarrollado varios proyectos que ya están en operación y, en los dos últimos años, se incorporaron cerca de 500 litros por segundo con los pozos Doña Lela, San Miguel y Palermo y los CNP 7, 8 y 9; sin embargo, no ha sido suficiente para evitar el efecto de verano que se está experimentando. En 2019, el ICAA comenzó a operar el pozo Chigüite que incorpora 20 litros por segundo al sistema de Tres Ríos, con lo que se ayuda directamente al sistema de Curridabat y esto permite reforzar durante algunos momentos del día los tanques del sur. A finales de 2019, la Intendencia de Agua de la ARESEP solicitó a los operadores exponer sus planes de estiaje y las acciones para disminuir los racionamientos en 2020.
De los planes aportados, la ARESEP destaca que se han aprobado los recursos suficientes a los efectos de realizar las inversiones necesarias para los racionamientos; sin embargo, la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores no ha sido la deseable. A partir del 6 de marzo de 2020, el ICAA dispone de alrededor de 100 l/s adicionales de caudal en la planta de Tres Ríos para reforzar algunos de los sistemas afectados, entre los que se incluye el de tanques del sur. El 9 de marzo de 2020, la zona de Hatillo 2 tuvo agua de las 4:15 a las 6:00 horas. El 9 de marzo de 2020, la recurrente recibió agua de un camión cisterna. Al 10 de marzo de 2020, fecha de la interposición del recurso, aún no se había restablecido el servicio de agua en Hatillo 2. Las bitácoras de reparto de agua del ICAA consignan, en relación con Hatillo 2, lo siguiente: i) El 4 de marzo de 2020 se hicieron los siguientes viajes: a. Uno a “Dirección505 ”. b. Uno a “Hatillo “#1, #2”. ii) El 5 de marzo de 2020 se efectuaron ocho viajes a “Hatillo, Hatillos 2 y 4, Colegio Cedes Don Bosco”. iii) El 6 de marzo de 2020 se llevaron a cabo tres viajes a “Hatillo 8, 2, Colegio Brenes Mesén”. iv) El 7 de marzo de 2020 se materializaron los siguientes viajes: a. Uno a “Parque nacional Mara Redonda.
Hatillo # 2-Hatillo #8”. b. Uno a “Hatillo 2”. c. Uno a “Dirección505 ”. d. Tres a “Hatillo 2 Valdeado”. v)El 8 de marzo de 2020 se perpetraron los siguientes viajes: a. Uno a “Hatillo #2- Hatillo #8-INA Florida”. b. Dos a “Hatillo 2 y alrededores”. c. Dos a “Dirección506 , ) El 9 de marzo de 2020 se consumaron dos viajes a “Hatillo #1, Hatillo centro y Hatillo #2”. Los usuarios pueden consultar los siguientes canales de comunicación para informarse de los boletines de afectación en sus respectivas comunidades a través: línea 800- REPORTE (7376783); aplicación para dispositivos SERVICIOS AYA; WhatsApp: Telf04 y Facebook: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. El 12 de marzo de 2020, el ICAA fue notificado del curso de este amparo. El 12 de marzo de 2020, el ICAA interconectó el pozo W5 al sistema ME-A-17 La Valencia, el cual permitirá reforzar el abastecimiento de agua en los sectores más críticos de la capital, como los Hatillo.
La Intendencia de Agua de la ARESEP, mediante oficio n.º OF-0200-IA-2020 de 16 de marzo de 2020 dirigido a la presidenta ejecutiva del ICAA, expuso: “(…) No obstante, y pese a que el país se encuentra actualmente en una situación de emergencia sanitaria, diferentes localidades del país, especialmente en Área Metropolitana de San José, se encuentran sufriendo constantes racionamientos de agua, justificado por el AyA en que esto sucede porque durante la época seca, el sistema de acueducto afronta un déficit de agua sumado al aumento en el consumo del líquido durante los meses de verano. Ante esto, la Autoridad Reguladora reitera que es responsabilidad de os prestadores implementar una política permanente de planificación que permita prevenir situaciones como esta, basados en estándares de eficiencia y considerando las circunstancias adversas que se dan durante la época anual de estiaje y de sequía.
En particular, deben ser capaces de desarrollar una capacidad de respuesta y un plan de contingencia adecuado para evitar los racionamientos de agua en los periodos de sequía. Los prestadores tienen conocimiento que el impacto del cambio climático en las aguas se traduce en una limitación en la cantidad del recurso y siendo uno de los principios fundamentales de los servicios públicos su continuidad, es indispensable que realicen los esfuerzos necesarios para mejorar de manera sostenida y no solo momentánea el problema de escasez de agua que afecta a las localidades a las que les brinda el servicio. Lo anterior contrasta con la persistencia de los problemas de racionamiento a lo largo de varios años y en una gran cantidad de comunidades, lo que reafirma que no se trata de situaciones que se puedan catalogar como caso fortuito o fuerza mayor. Aunque la Autoridad Reguladora es consciente de los esfuerzos institucionales realizados por sus representadas para evitar los impactos en la población derivados de los racionamientos de agua que se han dado en los últimos años, este problema es cada vez más recurrente y afecta a una mayor cantidad de población.
Las razones son múltiples, pero llama la atención de esta Autoridad reguladora el rezago en la inversión en infraestructura y las significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada (ANC). Es imprescindible que AyA solucione ambos problemas en un plazo prudencial. No obstante las advertencias realizadas por la Autoridad Reguladora sobre el particular y sobre todo, haberse tenido conocimiento a nivel nacional e internacional del actual brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), los racionamientos de agua por parte del AyA continúan siendo una medida recurrente y los usuarios siguen sufriendo la falta de agua, vulnerando con ello el sistema de salud del país y desde el punto de vista regulatorio, el principio fundamental de continuidad en la prestación de los servicios públicos; siendo su obligación de acuerdo con el artículo 14 incisos i) y j) de la Ley N°7593, el estar preparados para asegurar en el corto plazo la prestación del servicio de manera regular y segura.
Las diferentes explicaciones que ha ofrecido el AyA en varias instancias sobre las razones que han llevado a los altos niveles de desabastecimiento de varias zonas del país, especialmente en el Área Metropolitana de San José, no permite concluir que se les deba excluir de la aplicación del citado artículo 95 o que se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor, dado que, tal y como se indicó anteriormente, la situación de racionamientos se ha presentado en forma recurrente a lo largo de varios años. En consecuencia, se instruye en este acto al AyA, para que proceda con el ajuste en el monto de la facturación de los servicios a todos sus abonados afectados por los racionamientos, para los siguientes casos en que aplica el artículo 95 del Reglamento Técnico AR-PSAYA-2015 sea: a) Cuando la prestación del servicio sea menor a 16 horas naturales diarias durante al menos 20 días naturales al mes; y b) Cuando la suspensión del servicio durante 24 horas naturales por más de tres días naturales consecutivos o más de 7 días naturales no consecutivos, ambos en el mismo mes.
Esta disposición es independiente de otras que han girado en el sentido de corregir en un tiempo prudencial las situaciones de racionamiento que recurrentemente se han presentado; por lo que AyA no puede asumir que la aplicación del citado artículo 95 le exime de corregir la problemática tipificada. Adicionalmente, debe comunicarse a esta Autoridad Reguladora, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el mecanismo que implementará para cumplir con esta disposición”. El Dirección5102 , el ICAA inició la sustitución de tuberías en sectores de Hatillo 2 por unas de mayor capacidad, lo que permitirá aumentar el caudal disponible para los hogares de Dirección508 , Dirección509 , Dirección510 , Dirección511 y alameda entre Dirección04 y Dirección512 , con un avance del 70%, ya que faltan las interconexiones y la conexión de acometidas. El Dirección5102 , el ICAA interconectó un nuevo pozo (W16) al sistema ME-A-17 La Valencia, el cual permitirá reforzar el abastecimiento de agua en los sectores más críticos de la capital, como los Hatillos.
Este pozo tiene una capacidad de producción de 75 litros por segundo (l/s), el equivalente al consumo diario de 18.500 personas. El ICAA se encuentra ejecutando el proyecto “BPIP N° 2680: Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela” con el fin de mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable en sectores con afectación crítica durante la época seca, tales como los barrios de sur, entre ellos Hatillo. El proyecto inició el 1º de febrero de 2019 y tiene proyectado finalizar el 1º de noviembre de 2023.
En relación con este tema, la Sala ha tenido definida una línea jurisprudencial. Por sentencia n.º 2019-019080 de las 9:20 horas de 4 de octubre de 2019 resolvió:
“III.- En cuanto al desabastecimiento de agua potable por la época seca. Respecto a esta problemática que, actualmente, afecta a muchas comunidades del territorio nacional, esta Sala mediante sentencia No. 2019-007183 de las 9:20 hrs. del 26 de abril de 2019, consideró lo siguiente:
“…III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Si bien es cierto, este Tribunal ha reconocido, en reiterada jurisprudencia, que el acceso al agua potable es un derecho constitucional, derivado de los derechos a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, también lo es que en la actualidad, se presentan múltiples problemas de desabastecimiento del líquido vital, generados durante la época seca (en igual sentido véanse las sentencias Nº 2009-12511 de las 17:59 horas del 11 de agosto del 2009, Nº 2010-015448 de las 12:15 hora del 17 de setiembre de 2010, Nº 2014-004918 de las 14:30 horas del 09 de abril de 2014, Nº 2017-006082 de las 09:45 hrs. del 28 de abril de 2017 y Nº 2016-007550 de las 09:05 del 3 de junio de 2016). Al respecto, la responsabilidad del Estado es la de implementar las medidas necesarias y óptimas para dar solución eficaz a estos problemas.
Desde esta perspectiva, se acredita en autos que, en la zona señalada por el recurrente, se han presentado cortes de agua en los últimos meses, lo cual reconoce y detalla la autoridad recurrida. No obstante, se pudo acreditar que las suspensiones reclamadas por los usuarios del servicio no son producto de la negligencia o arbitrariedad de parte del Instituto accionado, sino que estas se deben a una situación de desabastecimiento general de todos los sistemas durante la época seca. En ese sentido se acreditó que, la autoridad accionada ha comunicado a través de diversos medios que durante esta época se producirán racionamientos de agua debido al déficit ocasionado por la reducción de los caudales que abastecen los tanques de captación y por el incremento del consumo de agua. Específicamente, Nombre40834 pertenece a la zona de Operación San José, la cual es abastecida por medio de agua almacenada en los Tanques de Curridabat, los cuales se alimentar de agua proveniente del Sistema de Tres Ríos.
Consta que, durante la producción normal, los Tanques de Curridabat al iniciar el día presentan un volumen de almacenamiento del 85%; no obstante, actualmente los niveles alcanzan un 20% de su capacidad, lo que lleva a que la zona sea propensa a desabastecimientos. Estos se producen cuando la demanda de la población supera el almacenamiento que se tiene y varían dependiendo de la demanda de la población, la producción que se tenga en el momento, el nivel en el tanque de almacenamiento, la cota topográfica del servicio, la distancia del servicio al punto de distribución, la elevación de la zona, etc. Nombre40834 es una de las zonas más altas por lo que el impacto del desabastecimiento de agua será mayor, dicha afectación se da únicamente en la época seca y no de forma constante a lo largo del año. Normalmente, los desabastecimientos inician alrededor de las 10:00 a.m. y el sistema comienza su recuperación alrededor de las 11:00 p.m. se apoya este problema mediante el reparto de agua con camiones cisterna para centros de población vulnerables.
Los accionados indicaron que, han realizado trabajos para reforzar el sistema y beneficiar a las comunidades de los sectores más altos, también, han realizado interconexiones en la zona de La Pacífica para trasladar ese sector a otra zona de operación para acortar el área de cobertura de los tanques de Curridabat, se amplió la operación abastecida por el tanque de Cipreses para abarcar parte de San José que era abastecida exclusivamente por los Tanques de Curridabat. Como medida a largo plazo, la Institución recurrida impulsa proyectos que van enfocados al control del agua no contabilizada. Producto de lo anterior, ha trabajado en explotar nuevas fuentes que se encuentran actualmente en operación para el beneficio de la población del GAM y se ha estado trabajando en la elaboración de un proyecto que pretende aumentar hasta en 2500 litros por segundo la producción que beneficia al GAM, proyecto que se encuentra en la etapa de diseño y se concluiría en el año 2025.
Asimismo, acreditan que, en la actualidad tienen operando en la GAM los pozos de Palermo, Chigüite, Doña Lela, CNP Dirección5103 y CNP Dirección4729. Este Tribunal considera que, pese a que se comprueba que efectivamente existe el desabastecimiento del servicio de agua potable en la comunidad que reside el recurrente, las autoridades recurridas demostraron que han actuado dentro de sus posibilidades materiales a fin de lograr una adecuada redistribución. Asimismo, considera esta Sala que, el desabastecimiento se da únicamente en época seca y no durante todos los meses del año ni durante todas las horas del día y dicha situación es comunicada a la población por diversos medios. Adicionalmente, se valora que la institución ha realizado trabajos para reforzar el sistema y ha tomado medidas correctivas y preventivas, entre las cuales se encuentra el estudio que realiza para la explotación de nuevas fuentes que se encuentran actualmente en operación, lo que beneficiara la población del GAM y que pretende aumentar hasta en 2500 litros por segundo la producción.
En mérito de lo expuesto, la Sala descarta que la Administración haya sido omisa en la atención de los problemas en el suministro del servicio de agua potable en la zona afectada, por ende, se impone declarar sin lugar el recurso, tal como en efecto se hace. Lo anterior, sin perjuicio de recodarle a la institución recurrida su deber de continuar realizando trabajos para reforzar el sistema y evitar el desabastecimiento durante la época seca…”.
IV.Respecto al desabastecimiento de agua acusado por los recurrentes. En el sub lite, los recurrentes acusan racionamientos arbitrarios del suministro de agua potable en el sector de Mata Redonda. Sobre tales hechos, en los informes suscritos por el gerente general y el subgerente de Gestión de Sistemas GAM, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -que se tienen dados bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la ley que rige esta jurisdicción-, se acepta que la citada localidad está siendo afectada, junto al resto del Acueducto Metropolitano, del impacto de la época seca de este año. Aunque aclaran que los desabastecimientos se presentan en el sector de Mata Redonda durante algunas horas del día, siempre en horas de la tarde, por lo que la población sí cuenta durante gran parte del día con el acceso al agua potable a través de la red de tuberías.
Han explicado que debido a la entrada de esa temporada en el país, los caudales de las fuentes se reducen y con ello los caudales de producción. También sostienen que esa situación obedece a un aumento en el consumo de la población debido a que por las condiciones de la época se demanda una mayor cantidad de agua que en la estación lluviosa. Igualmente, informan que a pesar de estar en los meses en los que típicamente en el país se encuentra ya instalada la estación lluviosa, producto del fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS) que está influyendo, las lluvias no han sido capaces de recargar fuentes y los sistemas han mantenido afectaciones que se traducen en una disminución más pronunciada en los caudales que la Institución puede tomar de estas fuentes para potabilizarlas y abastecer a la población. No obstante, indican que su representada procede a informar a la población, la situación que vive el país con respecto a la reducción de las fuentes naturales de agua potable, lo cual no solo afecta a las zonas de Mata Redonda, sino que se extiende a todo el territorio nacional.
Refieren que el AyA pone a disposición de las personas usuarias los siguientes medios para comunicar los eventos que afectan la prestación del servicio de agua: Línea 800-REPORTE (7376783), página web de AyA, aplicación para celular (disponible para su descarga en las plataformas Android e iOS): "Servicios AyA", whatsApp institucional, 57 puntos de atención personalizada y página de Facebook. Además, a través de sus boletines de desabastecimiento, indica una hora en la que se cree que en promedio la población no tendrá servicio, sin embargo, en el horario indicado, habrá gente (de las partes más bajas de la zona de presión) que aun tenga servicio, mientras que los que viven en las partes más altas, ya tienen rato sin estar con el servicio. En este contexto, la Sala entiende que la situación acusada no surge de manera directa de un problema de imposibilidad material, sino, de condiciones ajenas, fuera de control y fortuitas que se presentan en forma temporal, y no permanentes, en la prestación del servicio público reclamado.
Circunstancias que han obligado a la institución recurrida a utilizar los medios de comunicación, para informar sobre la situación en la que se encuentran los sistemas, y pedir a la población tomar las medidas pertinentes para afrontar los desabastecimientos hasta que las condiciones de caudales en las fuentes recuperen su caudal habitual, así como tomar conciencia de la necesidad de no desperdiciar el recurso disponible. Aunque la Sala entiende que estamos ante la prestación de un servicio de primera necesidad, lo cierto es que, además de la existencia de una causa objetiva, la autoridad recurrida ha adoptado medidas para atender el problema, o sea, que no se ha desatendido de la situación acusada por los recurrentes. Nótese que se ha indicado que como parte de los esfuerzos realizados por la Institución para reducir la afectación producto de los desabastecimientos, se han desarrollado varios proyectos, que ya están en operación.
El año pasado se incorporaron cerca de 500 litros por segundo con los pozos Dona Lela, San Miguel y Palermo y los CNP 7, 8 y 9; sin embargo, esto no fue suficiente para evitar el efecto de verano que se está experimentando. También se acaba de poner a operar el pozo Chigüite, que incorpora 20 litros por segundo al sistema de Tres Ríos con lo que se ayuda directamente al sistema de Curridabat y esto permite reforzar durante algunos momentos del día los Tanques del Sur. Aunado a lo anterior, se tiene que contrario a lo alegado por los tutelados, en los últimos seis meses del año 2019 no se han brindado disponibilidades en el servicio de agua potable para desarrollos inmobiliarios en el sector de Mata Redonda — San José. Incluso, las últimas tres solicitudes de disponibilidad fueron negadas y se entregó a los interesados una carta donde se les indicaba la infraestructura que deberían construir de su propio peculio antes de poder contar con la disponibilidad en el servicio de agua potable.
Así como que los proyectos inmobiliarios que, actualmente, se construyen en esa localidad, cuentan con la respectiva disponibilidad en el servicio de agua potable, aprobadas tiempo antes de que se presentaran los problemas de desabastecimiento en la zona. Además, los proyectos inmobiliarios en construcción se abastecen por medio de un único medidor y cuentan con tanque de almacenamiento y sistema de bombeo privado. Bajo esa tesitura, al igual que el anterior antecedente, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso porque no se demostró que la falta del servicio de agua potable sea antojadiza, arbitraria o sin fundamento por parte de AyA, pues igualmente se comprobó que se han buscado soluciones a la problemática generada por las condiciones geográficas y climáticas que sufre la zona de Mata Redonda, así como que se han tomado medidas para atender esa situación. Aparte de que la acusada construcción indiscriminada, que no es tal, tampoco tiene incidencia en la referida problemática”.
Asimismo, en la resolución n.º 2019-008791 de las 9:30 horas de 17 de mayo de 2019 este Tribunal dispuso:
“III.- Sobre el incumplimiento de los horarios de racionamiento. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión al derecho a la salud del accionante. Del informe rendido por la autoridad recurrida, se constata que los días 23 y 24 de abril de 2019, existió un desabastecimiento en distintas comunidades de los alrededores de Guadalupe, propiamente en Santa Eduviges. Ante todo se debe tener claro que, de acuerdo con lo indicado por el ICAA, la institución no aplica racionamientos en el sector donde reside el amparado; la afectación es producida por el desabastecimiento cuando la población consume la totalidad del almacenamiento disponible, que es el que se ha podido almacenar durante la noche, cuando la demanda de la población baja, lo anterior, dada la escasez generada por la época seca. Ahora bien, según fue explicado por el ICAA, la red de tuberías funciona como un tanque de almacenamiento de gran tamaño, pues una vez que los tanques de almacenamiento son vaciados, existe agua dentro de las tuberías, cuyo consumo no se puede detectar.
Una vez que el tanque queda vacío, la tubería se va descargando, pero a una tasa que no es conocida, ya que depende de muchos factores, tales como el clima, el día de la semana, la hora del día, por lo que es variable cada día. Esto hace casi imposible predecir la hora en la cual se va a ir acabando el agua disponible para el usuario. El ICAA a través de sus boletines de desabastecimiento, indica una hora en la que se cree que en promedio la población no tendrá servicio, sin embargo, en el horario indicado, habrá gente (de las partes más bajas de la zona de presión) que aún tengan servicio, mientras que los que viven en las partes altas, desde un tiempo mayor, no cuentan con el servicio. Así las cosas, no se puede endilgar a la institución recurrida el que no se cumpla con el horario aproximado de suministro del líquido, pues no es algo que la entidad planifique, sino que depende directamente de la demanda y de las condiciones particulares del sistema, incluso climatológicas.
IV.Del informe rendido bajo juramento por la Presidenta Ejecutiva del ICAA, así como de la lectura de la prueba aportada, se desprende que la entidad recurrida ha ejecutado medidas con el propósito de paliar los efectos de la escasez de agua, entre ellas: a) el abastecimiento mediante camiones cisterna, especialmente a centros educativos y centros de salud, b) el 8 de abril de 2019, se abrió un límite entre la zona de Guadalupe y Moravia, para reforzar el sector de Guadalupe, c) el 7 y el 11 de abril de 2019, se intervinieron fugas importantes no visibles, que estaban afectando el sistema, d) el 9 de abril de 2019, se habilitó un “bypass” para reforzar desde el tanque de Guadalupe, aún más el refuerzo que se le hace al tanque de San Blas, e) se han efectuado racionamientos en los sectores de Coronado, Los Cuadros y Montes de Oca con el objetivo de reforzar el abastecimiento de Guadalupe con el agua proveniente de la Planta de Tres Ríos, es decir repartir el déficit, f) se ha coordinado con el ICE con el fin de extraer más agua del embalse en esta época seca con la finalidad de aumentar la producción en Tres Ríos, y actualmente se dispone de alrededor de 100 l/s adicionales de caudal en la Planta de Tres Ríos, para reforzar algunos de los sistemas afectados, entre los que se incluye el de Guadalupe y, g) a largo plazo se tiene planeado ejecutar el Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano, que pretende aumentar en hasta 2500 litros por segundo la producción que beneficia al Gran Área Metropolitana, mismo que se proyecta concluir en el año 2025.
En criterio de este Tribunal, el ICAA ha abordado de forma diligente la problemática denunciada. Bajo este orden de consideraciones, este extremo del recurso deviene improcedente. No obstante lo anterior, esta Sala recuerda al ICAA su obligación como entidad rectora de la gestión del recurso hídrico, de seguir implementando las medidas necesarias con el propósito de abordar el problema de escasez de agua, de tal forma que se aminore su repercusión sobre la calidad de vida de los usuarios y se garantice el derecho de acceso al agua potable”.
Sobre el particular, tal y como ocurrió en los precedentes de cita, la Sala observa que, en principio, la falta del servicio de agua potable responde a un problema de desabastecimiento. No obstante, la situación de emergencia nacional provocada por el COVID-19, hace necesario que este Tribunal se replantee la tesis supra citada. Al respecto, no solo consta que la problemática de desabastecimiento de agua se venía reflejando desde el 2017, sino que la ARESEP puntualizó que el ICAA tenía un rezago en la inversión en infraestructura y, además, significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada. Asimismo, el ente regulador también afirmó que la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores del servicio de agua potable no ha sido la deseable.
De ahí que, previo a seguir validando alguna situación de desabastecimiento y en virtud de la pandemia por el COVID-19 (cuyas fatales repercusiones son públicas y notorias en otras latitudes), el ICAA debe implementar las acciones correspondientes a los efectos de solventar a corto plazo los problemas generados por la escasez de agua en las fuentes de producción, sin perjuicio de las soluciones a mediano y largo plazo que tenga proyectadas. Lo anterior se dispone, por cuanto el acceso a este líquido en medio de esta pandemia se torna fundamental para evitar una mayor propagación, según las recomendaciones del Ministerio de Salud. Nótese que, luego de la comunicación del curso de este amparo, el ICAA efectuó dos interconexiones con pozos para reforzar abastecimiento en los sistemas afectados y, además, en Dirección339 sustituyó tuberías por otras de mayor capacidad, lo cual demuestra que sí tenía acciones a su alcance para al menos tratar de mitigar la situación; empero, no consta que estas hayan solventado lo acusado.
Si bien se desprende que el ICAA ha procurado la repartición de agua potable por medio de camiones cisterna en Dirección339 , no se aprecia con claridad si la cantidad de agua fue suficiente para suplir a las necesidades básicas de las personas afectadas. En ese sentido, el hecho de que, en un lapso de cuarenta horas, la recurrente solo haya tenido acceso al servicio por menos de dos, dimensiona la magnitud del problema y evidencia la transgresión al derecho de acceso al agua de la recurrente. Debido a lo anterior se impone la estimatoria del recurso en contra del ICAA, en los términos que se dictarán en parte dispositiva de la sentencia.
En relación con las demás autoridades recurridas, no se aprecia de manera evidente que tengan algún tipo de responsabilidad directa en los hechos acusados por la recurrente. De ahí que se declara sin lugar el recurso en su contra (…)” (el resaltado fue agregado).
Asimismo, obsérvese que en el reglamento nro. 21 del 19 de marzo de 2024 ‘Reglamento Técnico "Prestación del suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023)"’, la Aresep reguló:
“Artículo 7.- Obligatoriedad de la prestación de los servicios.
Siempre que sea técnicamente factible, los prestadores dentro de su jurisdicción deben brindar, en condiciones de prestación óptima, los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes.
Asimismo, todo prestador debe garantizar, el uso eficiente del recurso hídrico, la sostenibilidad del suministro en el corto, mediano y largo plazo de los servicios públicos (…)
Artículo 10.- Prestación del servicio en condiciones inferiores a la prestación óptima.
Solo en situaciones excepcionales: caso fortuito, fuerza mayor, daño causado por tercero o suspensiones programadas, se permitirá brindar los servicios en condiciones inferiores a la prestación óptima.
Sin embargo, el prestador deberá implementar a la mayor brevedad posible, las medidas correctivas temporales que correspondan para suministrar los servicios hasta tanto se logre reestablecer el servicio a condiciones óptimas (…)
Artículo 82.- Continuidad en la prestación de los servicios.
Los prestadores deben garantizar que el servicio se brinde sin interrupción, las 24 horas del día, los 365 días del año, con las condiciones de calidad y cantidad establecidas en este reglamento.
Se exceptúan aquellas situaciones provocadas por el abonado o usuario; por caso fortuito; por fuerza mayor; o por períodos programados de mantenimiento del sistema o daño causado por terceros; en cuyo caso aplicará lo establecido en este Reglamento en cuanto a la prestación del servicio en condiciones inferiores a las establecidas en este reglamento.
En los casos de declaración de emergencia o de interés público, ningún abonado debe quedar sin suministro del servicio de acueducto por falta de pago. Es obligación del abonado cumplir con el pago por el servicio de acueducto, de acuerdo con las condiciones de cobro que se establezcan (…)
Artículo 85.- Prioridad del abastecimiento en caso de escasez.
En caso de que el servicio de acueducto deba ser restringido, éste (sic)se brindará con el fin de satisfacer el consumo humano, con el siguiente orden de prioridades:
a. Hospitales, clínicas, centros de salud centros penitenciarios, albergues, campamentos de damnificados y aeropuertos.
b. Centros educativos.
c. Vivienda, para atender las necesidades básicas de las familias.
d. Actividades comerciales, agrícolas e industriales.
Artículo 86.- Interrupción temporal del servicio de agua potable.
En caso de interrupción temporal de la continuidad del servicio, los prestadores deberán comunicar a los abonados y usuarios a través de los medios de comunicación colectiva, lo siguiente:
a. Área y población afectadas; b. Tipo de afectación al abonado; c. Duración estimada de la interrupción; d. Razones de la interrupción del servicio; e. Medidas de contingencia en caso de ser necesarias; f. Medios alternativos para el suministro del agua; y g. Ubicación de los puntos de entrega del agua, en caso de que se realice por medio de cisternas. El punto de entrega debe estar lo más cerca posible de los domicilios para que se abastezcan varios usuarios a la vez, evitar desperdicio y que exista facilidad de recolección del agua.
Esta información deberá mantenerse actualizada.
Artículo 87.- Comunicación de las interrupciones del servicio de suministro de agua potable Los prestadores deberán comunicar las interrupciones temporales del servicio de suministro de agua potable de la siguiente forma:
a. Para interrupciones programadas, con al menos 48 horas naturales de antelación; b. Para interrupciones no programadas, dentro de las 4 horas naturales después de detectada la avería o producido su reporte.
Esta comunicación deberá realizarse mediante medios de comunicación colectiva, detallando la ubicación, el horario de suministro, las condiciones del servicio alternativo de agua potable y las zonas afectadas.
Artículo 88.- Medios alternativos de suministro del servicio de acueducto Los prestadores definirán los servicios alternativos de suministro del servicio de acueducto, estos podrán ser camiones cisterna, tuberías temporales, fuente pública u otros, siempre que estos garanticen que el agua brindada reúna las características de calidad y que asegure el acceso al agua potable para cubrir las necesidades básicas de los usuarios del área afectada.
a. Si la interrupción del servicio de acueducto, contemplando su reparación, se prolonga por más de 6 horas naturales, de manera diaria, el prestador está obligado a brindar un servicio alternativo de suministro de agua potable a los abonados para cubrir las necesidades básicas.
b. Tratándose de interrupciones que se prolongan por más de 1 día, el suministro de agua potable será diario a todos los abonados afectados por los medios alternativos de que dispone el prestador.
c. En el caso de abonados con interrupciones prolongadas, por más de 5 días, el prestador definirá el mecanismo para brindarles el suministro de agua, de tal forma que facilite la entrega, por ejemplo, en tanques de almacenamiento (propios o en aquellos brindados por el prestador) para reducir la frecuencia de entrega y garantizar el agua para un mayor número de días.
d. El abastecimiento alternativo no se podrá mantener de forma continua por más de 2 años, salvo que la programación del proyecto para solucionar el déficit de agua se extienda por un plazo mayor; debiendo contemplarse en el plan de inversiones, las necesidades de desarrollo de los servicios públicos que brindan y el operador deberá informar, por los medios que tengan disponibles, el avance del proyecto.
e. En el caso de abastecimiento de agua por cisterna, el prestador del servicio deberá ofrecer al menos dos horarios, uno en la mañana y otro en la tarde para distribuir el agua para garantizar que los usuarios reciban el agua potable al menos una vez al día” (el destacado fue incorporado).
Por otra parte, cabe advertir que en la sentencia nro. 2023020102 de las 9:15 horas de 18 de agosto de 2023, este Tribunal se pronunció sobre la prestación del servicio de agua potable por parte del Icaa en Coronado durante la época seca y dispuso:
“IV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente acusa que reside en el sector de San Francisco de Coronado, concretamente en el Dirección7494 , donde, al igual que comunidades aledañas, se han visto afectadas por las constantes y recurrentes interrupciones en el servicio de agua potable. Menciona que otros sectores y cantones de esa localidad no sufren tanta afectación con el suministro de ese servicio. Comenta que se anuncia la suspensión; empero, la interrupción del servicio se produce horas antes de lo indicado, a sabiendas que tal suspensión atenta contra la salud de las personas. Solicita se ordene al ICAA brindar una solución a la problemática de abastecimiento de agua potable a la brevedad posible.
La Sala comprueba que la afectación que sufre el sector donde vive el recurrente es producto de las condiciones de las fuentes del sistema Los Cuadros que abastecen el lugar y que se asocian a la época seca que vive el país afectado por el fenómeno del niño y que ha reducido su oferta en más de un 50% de febrero a la fecha. Aunque se indica que se ha reforzado el acceso a agua potable mediante camiones cisterna y tanquetas abasteciendo por medios alternos a la población. Además, se acepta que existió una avería el 04 de mayo de 2023 que vino afectar aún más las condiciones del sistema Los Cuadros. Si bien la Institución se encargó de atenderla, se extendieron los tiempos de afectación del sistema. También se han efectuado trabajos en la zona para reforzar el sistema de Los Cuadros mediante otros sistemas, aunque éstos también presenten sectores con algún grado de afectación, buscando siempre la equidad en el abastecimiento de todos los sectores dentro de las posibilidades de infraestructura y condiciones hidráulicas existentes.
Debido a los primeros trabajos realizados ha sido posible ir recuperando el sistema como muestra el incremento en los registros de presiones en campo, esto a pesar de que la producción en la Planta no ha subido por la condición de sus fuentes. También la Institución está trabajando en la formulación de proyectos como la Reducción de Agua no contabilizada y la Ampliación del Acueducto Metropolitano, entre otros, que vienen a aumentar el recurso disponible para reforzar algunos sistemas en las épocas deficitarias. Empero, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional se espera que en las próximas semanas se consolide la época seca en el Valle Central, lo que permitirá ir recuperando el caudal perdido en las fuentes incluyendo el de la planta de Los Cuadros y acabar con el programa de abastecimiento controlado y retornar a la normalidad del abastecimiento para toda la población.
La Sala aprecia que las suspensiones del servicio de agua potable en Vázquez de Coronado no obedecen a una actuación negligente o arbitraria del ICAA, sino que se produce por un desabastecimiento general producto de la época seca que vive el país. Se constata que la institución recurrida ha comunicado por diversos medios el horario de racionamiento del servicio. Ahora, si bien el recurrente cuestiona el incumplimiento de los horarios en los que no se tiene acceso al agua, en pronunciamientos previos este Tribunal ha señalado que “no se puede endilgar a la institución recurrida el que no se cumpla con el horario aproximado de suministro del líquido, pues no es algo que la entidad planifique, sino que depende directamente de la demanda y de las condiciones particulares del sistema, incluso climatológicas” (sentencia 2019-008791 de las 09:30 horas de 17 de mayo de 2019). Asimismo, se colige de los autos que el ICAA ha efectuado diversas actuaciones que incluyen el trasvase de volumen de agua entre diversos sistemas, el control de presiones mediante una calibración de las válvulas, la redistribución de horarios para las labores operativas de mantenimiento, futuros proyectos, así como la utilización de camiones cisterna para la distribución del líquido.
Aun así, se echa de menos -tal como en el precedente antes mencionado- que actualmente se encuentre efectuando la posibilidad de realizar trabajos para reforzar los sistemas que surten de agua el cantón de Vásquez de Coronado, a fin de evitar los desabastecimientos durante la época seca. Nótese que se informa que la Institución está trabajando en la formulación de proyectos como la Reducción de Agua no contabilizada y la Ampliación del Acueducto Metropolitano, entre otros, que se asegura vendrían a aumentar el recurso disponible para reforzar algunos sistemas en las épocas deficitarias. Sin embargo, constituyen proyecciones que, aparte de generales, no pueden ser cuantificables en la actualidad como una manera de solventar la imperiosa necesidad de solucionar la problemática de la falta del recurso hídrico que afecta al recurrente.
V.Conclusión. En mérito de lo expuesto, en el estado actual de las cosas, este Tribunal Constitucional verifica la lesión a los derechos fundamentales del recurrente, por lo que declara con lugar el recurso (…)
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María Gabriela Vallejo Astúa, en su condición de Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o a quien en su lugar ocupe ese puesto, que coordine lo necesario, gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo de dieciocho meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, en la medida de lo posible, mejore el abastecimiento de agua potable en el cantón de Vázquez de Coronado durante la época seca. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese”.
Aclarado lo anterior, si bien el plazo otorgado por esta Cámara en la sentencia supratranscrita no ha fenecido, no menos cierto es que en tal pronunciamiento se resolvió en cuanto a la deficiencia de la prestación del servicio de agua potable en Coronado durante la época seca y en el sub examine el análisis de este Tribunal es más amplio, dado que se evidencia un problema estructural de larga data.
En ese sentido, recuérdese que, en el informe nro. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” del 5 de setiembre de 2018, la Contraloría General de la República señaló: “3. Conclusiones 3.1. Desde su creación en 1961, el AyA tiene la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector y delegante del servicio. Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, para que la prestación del servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad, en apego a los principios fundamentales del servicio público relativos a la adaptación a las necesidades sociales y la igualdad en el trato a los destinatarios del servicio. 3.2.
En este marco, la calificación del servicio de agua potable de 4,45 de 10 en comunidades vulnerables revela una brecha significativa en la calidad de este servicio y los parámetros mínimos aceptables. Esto, resulta de una visión generalizada de estas comunidades que no incorpora enfoques de orden diferencial e intercultural en la prestación del servicio, que aseguren la protección y restauración de los derechos vulnerados. 3.3. Además, esta situación evidencia que desde un enfoque con sensibilidad étnica y cultural, falta mayor avance en la aplicación de buenas prácticas de administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, que garanticen la sostenibilidad de estos para la prestación del servicio de agua potable a comunidades vulnerables. 3.4. La situación encontrada, propicia condiciones de pobreza, afectación a la salud, y las capacidades productivas, en detrimento del bienestar económico, social y ambiental que permita superar las condiciones de vulnerabilidad de la población.
Es así como, resulta relevante la mejora en la calidad al constituir este un servicio fundamental para estas comunidades, en el cual interesa proteger la sostenibilidad de los fondos públicos invertidos en infraestructura y administración”. Además, en el en el informe nro. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la Contraloría General de la República concluyó: “3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad (…) 3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución (…) 3.3.
A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras (…) 3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios”. Aunado a lo anterior, recuérdese que la Contraloría General de la República informó a este Tribunal el 6 de junio de 2024 que: “Relativo a las inversiones efectuadas por el ICAA, mediante el “Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión de portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, este Órgano Contralor determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA no ha sido eficaz ni eficiente; lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida.
También, se encontró que el diseño del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica, conforme a las etapas establecidas de selección, priorización, balance estratégico y aprobación; además, no existe una gestión de riesgos ni se definen responsables del portafolio y sus componentes. Asimismo, en el citado informe de fiscalización se determinó que la gestión de la información por parte del ICAA no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Estas condiciones dificultan la entrega de beneficios mediante inversiones para producir y mejorar los sistemas de agua potable, afectando principalmente a las comunidades en condición de vulnerabilidad.
También, se restringe el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales y nacionales, principalmente de aquellos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, minimizando el impacto extenso y progresivo que caracteriza a los proyectos hídricos, los cuales coadyuvan al desarrollo económico, del ambiente y la salud de las zonas influenciadas y beneficiadas por las inversiones. Así, dadas las deficiencias en la gestión de la información, se limita la identificación oportuna de las desviaciones en tiempo, costo y alcance de los proyectos por parte de los tomadores de decisión, lo que dificulta la atención de la necesidad pública con la prontitud requerida. Acerca del Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024, vale la pena señalar que se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio de proyectos a cargo del ICAA, lo que supone una situación de fragilidad. Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios”.
De igual forma, cabe reiterar que en el informe técnico nro. H-581-2024 del 10 de junio de 2024, la Defensoría de los Habitantes de la República fue enfática al señalar que: “La Defensoría emitió el informe final con recomendaciones, oficio N°04932-2024-DHR referente a las intervenciones sobre abastecimiento de agua potable en Vásquez de Coronado. En dicho informe se ha logrado constatar, en términos generales, que las gestiones realizadas por parte del AyA no han sido suficientes ni oportunas para lograr una dotación del servicio de abastecimiento de agua potable en cuanto a cantidad, calidad y, especialmente continuidad, para la población. Evidencia de ello son las 20 denuncias referidas al inicio del presente informe. La comunidad de San Francisco de Coronado, ha venido enfrentando una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en las denuncias presentadas por las vecinas y vecinos de la comunidad debido a los racionamientos programados y no programados, que han resultado en extensos períodos sin que se tenga acceso a este servicio y la consecuente afectación de los derechos de los habitantes.
Esta situación se debe a causas multifactoriales que incluyen una desordenada planificación territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, pero particularmente a la inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Estos factores, aunados al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias, han contribuido a crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional y, particularmente, a la comunidad de San Francisco de Coronado (…) desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros.
En relación con esa inacción por parte del AYA, la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario del AyA, en el cual se concluyó: que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, por cuanto existe ausencia de ingeniería de detalle, estudios de prefactibilidad y factibilidad endebles, ausencia de sensibilización de variables críticas para determinar la viabilidad financiera y económica de proyectos u obras de inversión, incumplimiento en plazos y ejecución de obras, indefinición de modelo de financiamiento, ausencia de análisis de impacto tarifario, carencias de mecanismos de control integral del proyecto, financiamientos más cortos que la vida útil de las inversiones o proyectos, extensos periodos de inactividad en las obras entre fases de pre inversión, y el inicio constructivo y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo.
Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión” (el resaltado fue agregado).
Por su parte, recuérdese que la Aresep emitió el memorial nro. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, en el que evidenció algunos de los problemas del Icaa, como lo son “(…) el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…)”.
Además, en tal estudio se recalcó que el Icaa cobra a las personas usuarias montos que incluyen un 57% de agua que se desperdicia y que, por ende, no conlleva una contraprestación a favor de los abonados. Ello se evidencia con la conclusión de la Aresep en cuanto a que “El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004.
En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas.
Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones”.
Así las cosas, en el sub lite queda en evidencia la existencia de un problema estructural de parte del Icaa que ha afectado la prestación del servicio de agua potable en perjuicio de los habitantes de Coronado.
Acerca de esto, adviértase que, aun cuando en diversos informes del Icaa atinentes a tal problemática se ha indicado que el desabastecimiento obedece a múltiples factores, como el fenómeno del niño, la demanda de la población, la baja en las fuentes de producción, el comportamiento de las lluvias, entre otras consideraciones, no puede obviarse que en el sub iudice ha quedado demostrado que el Icaa adolece de una “inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno”, tal como se consignó en el informe técnico nro. H-581-2024 del 10 de junio de 2024 emitido por la Defensoría de los Habitantes de la República, lo que también se evidencia en el informe nro. DFOE-SOS-AID-00003-2024 del 12 de abril de 2024, mediante el cual la Contraloría General de la República resaltó el ineficiente manejo de la gestión del portafolio de proyectos de inversión por parte de ese instituto.
En igual sentido, recuérdese que también la Aresep mediante el oficio nro. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, evidenció entre los problemas que afronta el Icaa “el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración”.
De este modo, en la especie resulta evidente la conculcación del derecho fundamental de acceso al agua potable, máxime si se considera que el ordinal 50 de la Constitución Política dispone que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida” y que en la observación general nro. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, cuyas características son: i) calidad; ii) accesibilidad; y iii) disponibilidad, lo que implica que “El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”.
En suma, se declara con lugar el recurso concerniente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
VI.Por último, en cuanto a la Aresep, nótese que la ley nro. 7593 del 9 de agosto de 1996 ‘Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)’ dispone:
“Artículo 4.- Objetivos Son objetivos fundamentales de la Autoridad Reguladora:
Artículo 5.- Funciones En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados son: (…)
En el sub examine, aunque la Aresep tiene entre sus funciones la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio de agua potable, no se verifica su adecuado acatamiento. Acerca de esto, en el informe rendido ante esta Sala, el regulador general se limitó a detallar las competencias de la Aresep y a sostener que no lesionó los derechos fundamentales de la parte tutelada; sin embargo, este Tribunal no comprueba alguna acción de la Aresep tendente a hacer cumplir las normas de continuidad y prestación óptima del servicio de agua potable en Coronado lo que implica una conculcación a los derechos fundamentales de la parte recurrente. Lo anterior resulta aún más grave si se considera lo expuesto ut supra respecto a que existe constancia de larga data de que el Icaa no ha emprendido una gestión ineficaz del portafolio de los proyectos de inversión, lo que incluso fue reconocido por la propia Aresep en el oficio nro. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, en el que evidenció problemáticas del Icaa como “el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores”.
Adicionalmente, recuérdese lo indicado por la Defensoría de los Habitantes respecto en el informe nro. H-581-2024 del 10 de junio de 2024, sea: “De acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, entre las funciones y objetivos fundamentales de ARESEP se encuentra el velar porque los prestadores de servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima estos servicios. Al respecto, ARESEP elaboró en el año 2022 un diagnóstico del Servicio de Acueducto del AyA, en el cual se concluyó: “que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo”. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico.
También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión. En aras de la salud pública y en cumplimiento de las competencias legalmente establecidas, la ARESEP tiene la responsabilidad de velar porque los prestadores de los servicios de suministro de agua potable brinden un servicio de calidad. De ahí el seguimiento estricto y exigencia de cumplimiento que debe dar dicha instancia a cada una de las conclusiones a que llegó el informe de cita, con el fin de asegurar que la prestación del servicio se hará cumpliendo los estándares de calidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad vigentes.
La Autoridad Reguladora manifiesta en su informe que, según la revisión en la base de datos del Área de Quejas, para los períodos 2023 y 2024 no hay quejas o trámites a Nombre62 del recurrente por el desabastecimiento en el servicio de acueducto que presta el AyA en la comunidad de Coronado. No obstante lo anterior, la Defensoría considera que, como parte de sus funciones, sí le corresponde a la ARESEP velar porque los prestadores de los servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar de forma óptima estos servicios, por lo que no puede aducir para su no intervención, la ausencia de denuncias que impulsen su actuar, mismo que debe ser proactivo y de oficio, procurando en todo momento el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento “Reforma integral del reglamento técnico para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrante (AR-RTPAAH-2015)” y mencionado por la Autoridad Reguladora en su informe” (el destacado fue agregado).
En consecuencia, se declara con lugar el recurso atinente a la Aresep en los términos establecidos en la parte dispositiva de esta sentencia.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de Coronado, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a 6 horas; y ii) en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de Coronado se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Se le ordena a Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de regulador general y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que coordine lo pertinente y ejecute todas las actuaciones propias del ámbito de sus competencias, a los efectos de que DE FORMA INMEDIATA se vele por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio público de suministro de agua potable por parte del Icaa en Coronado, verbigracia, por medio de inspecciones técnicas a las propiedades, plantas y equipos destinados a brindar ese servicio, así como la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados a tal servicio público con miras a garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones en este campo.
Todo lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Alejandro Delgado F.
Alexandra Alvarado P.
Jose Roberto Garita N.
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