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Res. 16852-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/06/2024
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber dismissed the amparo outright by majority, finding that the petitioner's claims are matters of ordinary legality to be resolved in the contentious-administrative jurisdiction rather than in this summary proceeding.La Sala Constitucional rechazó de plano por mayoría el recurso de amparo, al considerar que las pretensiones del recurrente son cuestiones de legalidad ordinaria que deben ventilarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa y no en esta sede sumaria.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismisses outright an amparo filed by a broadcasting concessionaire who claimed lack of response to his request for renewal and the Executive's refusal to extend the concessions. The court finds that the claims—whether automatic renewal applies and the review of a draft decree—are ordinary legality matters to be resolved administratively or by the contentious-administrative jurisdiction. It also notes that allegations about future and uncertain events (a possible broadcasting "blackout") are not cognizable in amparo while the concession remains in force and there is no administrative act revoking it. Finally, the alleged failure to provide a formal response to the renewal request is referred to the contentious-administrative court, since verifying compliance with administrative deadlines is a mere legality issue. The majority holds the amparo inadmissible. Justice Garro Vargas adds a note emphasizing that even when fundamental rights are invoked, the challenged subject matter must be compatible with the summary nature of amparo, and refers the matter to the contentious-administrative jurisdiction. Justice Rueda Leal dissents, arguing that broadcasting involves general interest and freedom of expression, and therefore the amparo should have been admitted.La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto por un concesionario de radiodifusión que reclamaba la falta de respuesta a su solicitud de prórroga y la negativa del Poder Ejecutivo a renovar las concesiones. El tribunal considera que las pretensiones —determinar si procede la prórroga automática y evaluar un proyecto de decreto— son cuestiones de legalidad ordinaria que deben dilucidarse en sede administrativa o ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, señala que los reclamos sobre hechos futuros e inciertos (un eventual “apagón” de la radiodifusión) no son susceptibles de amparo mientras la concesión esté vigente y no exista una actuación administrativa que la haya dejado sin efecto. Por último, la acusada falta de respuesta formal a la gestión de prórroga se remite a la jurisdicción contencioso-administrativa, pues verificar el cumplimiento de plazos administrativos es una cuestión de mera legalidad. La mayoría concluye que el recurso es inadmisible. La magistrada Garro Vargas añade una nota para enfatizar que aun cuando se invoquen derechos fundamentales, el objeto impugnado debe ser compatible con la naturaleza sumaria del amparo, y remite a la jurisdicción contencioso-administrativa. El magistrado Rueda Leal salva el voto por considerar que la radiodifusión involucra un interés general y libertad de expresión, por lo que debió admitirse el recurso.
Key excerptExtracto clave
The arguments put forward by the petitioner would require this Court to rule on the conditions under which a broadcasting concession contract must be renewed, on whether such variation constitutes or could constitute the concept of extension or renewal of the contract. Likewise, it asks to evaluate a draft executive decree. None of these claims, under the current state of the actions and omissions attributed to the Executive Branch, fall within the jurisdiction of the Chamber. On the one hand, to conclude whether the constitutional injuries alleged have occurred, it is first necessary to establish whether the petitioner, from a legal standpoint, has or does not have a subjective public right to have the concession automatically renewed, an issue that must be resolved in an administrative venue or before the contentious-administrative jurisdiction. On the other hand, part of the claims concern future and uncertain events, insofar as, at the time of filing the amparo, the concession is in force and there is no administrative act, neither specific nor general, that has rendered it ineffective or arbitrarily obstructed it, to the point of allowing the analysis of harm to any of the fundamental rights invoked, by this Chamber. Consequently, as far as these issues are concerned, the remedy must be dismissed.Los argumentos que expone el recurrente demandarían que este Tribunal se pronunciara sobre las condiciones en que debe prorrogarse un contrato de concesión de radiodifusión, sobre si tal variación constituye o puede constituir la figura de la ampliación o la de prórroga del contrato. Asimismo, pide evaluar un proyecto de decreto ejecutivo. Ninguna de estas pretensiones, bajo el estado actual de las actuaciones y omisiones que se imputan al Poder Ejecutivo, son competencia de la Sala. Por una parte, para concluir si se han producido las lesiones constitucionales que se reclaman, es necesario establecer, primero, si la parte recurrente, desde el punto de vista legal, tiene o no un derecho público subjetivo a que se le prorrogue, de manera automática, la concesión, aspecto que debe ser dilucidado en sede administrativa o ante la jurisdicción contencioso administrativa. Por otro lado, parte de los reclamos atañen a hechos futuros e inciertos, en el tanto, en el momento de interposición del amparo la concesión se encuentra vigente y no hay una actuación administrativa, ni concreta ni general, que la haya dejado sin efecto o la obstaculice de forma arbitraria, al punto que permita el análisis de la lesión a alguno de los derechos fundamentales invocados, por parte de esta Sala. En consecuencia, en lo que a estos extremos compete, el recurso debe rechazarse.
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"Los argumentos que expone el recurrente demandarían que este Tribunal se pronunciara sobre las condiciones en que debe prorrogarse un contrato de concesión de radiodifusión, sobre si tal variación constituye o puede constituir la figura de la ampliación o la de prórroga del contrato. Asimismo, pide evaluar un proyecto de decreto ejecutivo. Ninguna de estas pretensiones, bajo el estado actual de las actuaciones y omisiones que se imputan al Poder Ejecutivo, son competencia de la Sala."
"The arguments put forward by the petitioner would require this Court to rule on the conditions under which a broadcasting concession contract must be renewed, on whether such variation constitutes or could constitute the concept of extension or renewal of the contract. Likewise, it asks to evaluate a draft executive decree. None of these claims, under the current state of the actions and omissions attributed to the Executive Branch, fall within the jurisdiction of the Chamber."
Considerando II
"Los argumentos que expone el recurrente demandarían que este Tribunal se pronunciara sobre las condiciones en que debe prorrogarse un contrato de concesión de radiodifusión, sobre si tal variación constituye o puede constituir la figura de la ampliación o la de prórroga del contrato. Asimismo, pide evaluar un proyecto de decreto ejecutivo. Ninguna de estas pretensiones, bajo el estado actual de las actuaciones y omisiones que se imputan al Poder Ejecutivo, son competencia de la Sala."
Considerando II
"Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa."
"It is evident that determining whether the public administration complies or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative remedies, is an obvious ordinary legality issue that, henceforth, may be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction."
Considerando V
"Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa."
Considerando V
"No todo acto u omisión o vía de hecho, que provengan de una autoridad, aunque sean de suyo impugnable, es susceptible de ser conocido en un proceso sumario e informal. Las razones pueden ser diversas: la complejidad jurídica o técnica del acto, la necesidad de contar con un amplio acervo probatorio para determinar su validez y eficacia, etc."
"Not every act or omission or de facto action, originating from an authority, even if inherently challengeable, is capable of being heard in a summary and informal proceeding. The reasons may be diverse: the legal or technical complexity of the act, the need for a broad evidentiary record to determine its validity and efficacy, etc."
Nota de la magistrada Garro Vargas, apartado 3
"No todo acto u omisión o vía de hecho, que provengan de una autoridad, aunque sean de suyo impugnable, es susceptible de ser conocido en un proceso sumario e informal. Las razones pueden ser diversas: la complejidad jurídica o técnica del acto, la necesidad de contar con un amplio acervo probatorio para determinar su validez y eficacia, etc."
Nota de la magistrada Garro Vargas, apartado 3
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Constitutional Chamber Date of Resolution: June 14, 2024 at 13:34 Type of matter: Amparo Appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with Dissenting Vote Judgment with Separate Note Relevance Indicators Relevant Judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest: Strategic Topics: Economic, Social, Cultural and Environmental Law Type of content: Majority Vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: FREEDOM OF EXPRESSION AND PRESS Subtopics: MEDIA. Topic: CONTRACTS OR BIDDING PROCEDURES Subtopics: CONCESSION. 016852-24. FREEDOM OF EXPRESSION AND PRESS. CONTRACTS OR BIDDING PROCEDURES. THE LACK OF RENEWAL OF BROADCASTING CONCESSIONS IS QUESTIONED. THE APPEAL IS SUMMARILY REJECTED. VCG08/2024 "(…) II. INADMISSIBILITY OF THE APPEAL. The arguments presented by the appellant would require this Court to rule on the conditions under which a broadcasting concession contract (concesión de radiodifusión) must be renewed, on whether such variation constitutes or could constitute the figure of an extension (ampliación) or that of a contract renewal (prórroga del contrato). Likewise, it asks to evaluate a draft executive decree (decreto ejecutivo). None of these claims, under the current state of the actions and omissions attributed to the Executive Branch, are within the jurisdiction (competencia) of the Chamber. On the one hand, to conclude whether the constitutional injuries claimed have occurred, it is necessary to first establish whether the appellant, from a legal standpoint, has or does not have a subjective public right (derecho público subjetivo) to have the concession (concesión) automatically renewed, an aspect that must be elucidated in administrative venue (sede administrativa) or before the Contentious-Administrative Jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa). On the other hand, part of the claims concern future and uncertain events, insofar as, at the time of filing the amparo appeal, the concession (concesión) is in force and there is no administrative action (actuación administrativa), neither specific nor general, that has rendered it ineffective or arbitrarily obstructs it, to the point that allows the analysis of the injury to any of the invoked fundamental rights (derechos fundamentales) by this Chamber. Consequently, with regard to these aspects, the appeal (recurso) must be rejected.
III.- CONCERNING THE ALLEGED LACK OF A FORMAL RESPONSE TO THE CONCESSION RENEWAL APPLICATION. Finally, the Chamber considers that the alleged lack of response to the filed request (gestión) could lead to an injury to Article 41 of the Political Constitution, which is inadmissible to be heard before this Court, in accordance with the following considerations.
IV.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE, A SWIFT AND FULFILLING MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIVE LEGAL SITUATIONS OF THE ADMINISTERED. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria given the absence of expedited and swift procedural channels for the protection of substantive legal situations (situaciones jurídicas sustanciales) grounded in the infra-constitutional legal system (ordenamiento jurídico infra-constitucional) or legality parameter (parámetro de legalidad), which have an indirect connection with fundamental rights (derechos fundamentales) and the Law of the Constitution. In this regard, one must not lose perspective that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate effectiveness, gives indirect foundation to any conceivable substantial legal situation of individuals. However, upon better consideration and in light of the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Ley No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become clear that justiciable parties (justiciables) now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa), extremely expedited and swift due to the various procedural mechanisms that said legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of time limits for carrying out various procedural acts, the breadth of standing (legitimación), precautionary measures (medidas cautelares), the numerus apertus of actionable claims (pretensiones deducibles), orality (oralidad) –and its sub-principles of concentration, immediacy, and swiftness (concentración, inmediación y celeridad)–, the single instance with appeal in expressly limited situations, intra-procedural conciliation (conciliación intra-procesal), the unified procedure (proceso unificado), the preferential processing procedure or “legality amparo” (proceso de trámite preferente or “amparo de legalidad”), purely legal proceedings (procesos de puro derecho), new enforcement measures (coercive fines (multas coercitivas), substitute or commissarial enforcement (ejecución sustitutiva o comisarial), seizure of fiscal domain assets and some of the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal (recurso de casación). All these novel procedural institutes have the manifest purpose and aim to achieve procedural economy (economía procesal), swiftness (celeridad), promptness (prontitud), and the effective or fulfilling protection of the substantive legal situations of the administered (administrados), all with a guarantee of basic fundamental rights such as due process (debido proceso), defense (defensa), and the adversarial principle (contradictorio). In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is a suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, swiftness, and promptness, for the amparo and effective protection of substantive legal situations of the administered in which it is necessary to gather evidence or define certain matters of ordinary legality (legalidad ordinaria).
V.- VERIFICATION OF THE DEADLINES SET BY LAW FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES: AN EVIDENT MATTER OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the Public Administration complies or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (Articles 261 and 325) or sectorial laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear admissible administrative appeals, is an evident matter of ordinary legality (legalidad ordinaria) that, henceforth, can be discussed and resolved before the Contentious-Administrative Jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing (legitimación vicaria), the possibility of material defense (defensa material) –that is, appearing without legal representation (patrocinio letrado)– and gratuitousness for the appellants. Consequently, the summary rejection is imposed and the managing parties must be informed that if they deem it appropriate, they may resort to the Contentious-Administrative Jurisdiction. (…)” ... See more Content of Interest: Type of content: Separate Note Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: FREEDOM OF EXPRESSION AND PRESS Subtopics: MEDIA. Topic: CONTRACTS OR BIDDING PROCEDURES Subtopics: BIDDING PROCESS.
Note by Magistrate Salazar Alvarado: Having reviewed the full text of the judgment issued in this amparo appeal, I dispense with the note that I considered timely to record during the deliberation and voting of this matter.- Luis Fdo. Salazar A. Magistrate VCG08/2024 ... See more Content of Interest: Type of content: Separate Note Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: CONTRACTS OR BIDDING PROCEDURES Subtopics: CONCESSION.
Res No. 2024-016852 NOTE BY MAGISTRATE GARRO VARGAS A. Preliminary considerations I have concurred with the majority because I agree in substance with the arguments of the judgment. In addition, I have considered it opportune to record this note to emphasize that what is questioned by the appellant —the request for the renewal (prórroga) of radio spectrum concessions (concesiones de espectro radioeléctrico)— should not be heard through a summary appeal such as the amparo appeal, which is consistent with the line of resolution I have held in this matter, as I will show below. Finally, I must clarify that even in the event of an imminent impact on broadcasting services, it is proper for this conflict to be heard in the Contentious-Administrative Jurisdiction, as it is the instance responsible for ensuring the legality of the State's administrative function, and that jurisdiction has robust precautionary justice (justicia cautelar) appropriate to address and resolve the problem denounced here. B. Examples of the jurisprudential line upheld by the undersigned On similar occasions, and even in others whose object has been of much lesser magnitude, I have said that it is not enough for fundamental rights (derechos fundamentales) to be allegedly involved for the matter to be heard in this venue and resolved through an amparo appeal. Here are some examples: 1) Cases of admission exams to the Technological Institute of Costa Rica (Instituto Tecnológico de Costa Rica) In those cases, which by the way were very numerous, the appellants challenged the admission criteria to that institution of higher education. The issue was directly related to the right to education (derecho a la educación), the right to equality (derecho a la igualdad), and the principle of reasonability (principio de razonabilidad). The Chamber, following an old and very reasonable jurisprudential line, summarily rejected those numerous appeals, with statements such as the following: “As can be deduced from the transcribed judgments, this Tribunal has been consistent in pointing out that the admission requirements to state universities are a matter within their purview. In addition, the Chamber has reiterated that the controversy regarding the method and content of a university admission exam must be resolved in the legality venue (vía de la legalidad), since it is a matter of great technical specificity, whose review requires a deep administration of technical evidence, which is foreign to the summary nature of the amparo appeal” (Judgments 2020-023153, 2020-023160, 2020-024016, 2021-04817, among others; emphasis not in original). In those very numerous similar judgments, Magistrate Hernández López and I recorded the following note: “Note by Magistrates Hernández López and Garro Vargas with drafting by the latter. The amparo appeal is a summary process by nature and, according to Article 48 of the Political Constitution, is designed to protect constitutional rights (derechos constitucionales) (with the exception of personal liberty and integrity) and those of a fundamental nature established in international human rights instruments applicable to the Republic. Therefore, a matter is susceptible to being heard through an amparo appeal when the alleged injury to any of those rights is invoked. But that is not sufficient. It is necessary that the object under discussion can be adequately heard in a summary process: that is, in a simple proceeding without the need for a complex evidentiary phase. Furthermore, the summary nature must manifest not only in the hearing phase but also in its enforcement phase. Based on the foregoing, the undersigned magistrates consider that the present matter should not be heard in the Constitutional Chamber through the amparo appeal because, although fundamental rights could be involved, properly analyzing it requires producing technical evidence from various disciplines, in order to examine the diverse elements that come into play in its resolution.” (Judgment 2020-23160; emphasis not in original). 2) Rainforest Alliance Case On another occasion, the Chamber heard an amparo appeal filed against Rainforest Alliance (expediente 21-023756-0007-CO), which it granted (sentencia 2022-005556). I recorded my dissenting vote in which, among other arguments, I stated the following: “3. On the procedure of the amparo appeal As announced in the preamble of this dissenting vote, for the alleged injury to a constitutional or fundamental right to be heard in this jurisdiction, the nature of the claim must be compatible with the characteristics of the amparo appeal. Even though this is not the case —there being no constitutional or fundamental right at stake— it could be argued that many other grievances could be redirected towards the Law of the Constitution, because ultimately, this is the basis from which the rest of the legal system emanates. However, not every infringement of a constitutional right must necessarily be assessed in the amparo appeal, because due to the nature of the claim, in many cases, the best way to examine it in detail and depth is to resolve it in the ordinary venue (vía ordinaria), which offers broad guarantees for the parties to resolve the conflict between them and which has the possibility of resorting to a robust precautionary justice (justicia cautelar). In this regard, this Tribunal has reiterated a jurisprudential line to the effect that “the amparo process is of an eminently summary nature because its sole purpose is to provide timely protection against infringements or imminent threats to fundamental rights and freedoms, so its processing does not sit well with the practice of slow and complex evidentiary proceedings” (among many others, consult votes numbers 2003-14336, 2006-014421 and 2020-019038). This jurisprudential line merely recalls the inherent nature of this process. [Emphasis not in original]. It is also necessary to indicate that there are other parallel jurisdictional mechanisms, where with broad guarantees, protection can be granted to claims related to infringements of rights of constitutional or fundamental rank. An example of this is the thesis of the Constitutional Chamber that ordered, under better consideration, to resolve claims related to the delay of administrative procedures in the Contentious-Administrative Jurisdiction, since fundamentally its analysis implies an examination of the legal deadlines (plazos legales) available to public administrations to address the claims of the administered. Thus, since Judgment No. 2008-002545, the Constitutional Chamber has been uninterruptedly holding the following: “It is evident that determining whether the Public Administration complies or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (Articles 261 and 325) or sectorial laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear admissible administrative appeals, is an evident matter of ordinary legality (legalidad ordinaria) that, henceforth, can be discussed and resolved before the Contentious-Administrative Jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing (legitimación vicaria), the possibility of material defense (defensa material) –that is, appearing without legal representation (patrocinio letrado)– and gratuitousness for the appellant.” (Emphasis does not correspond to the original). Similarly, since Judgment No. 2017-017948, this Tribunal has been resolving, in relation to the protection of labor rights, the following: “Certainly, the protection of the Constitutional Chamber, in the case of labor matters, derives from the application of Title V, Single Chapter, of the Political Constitution, called Social Rights and Guarantees. It is there where the right to work, to a minimum wage, to the workday, to weekly rest, to paid annual vacations, to free union association, to the right to strike, to the celebration of collective labor agreements, among others, find constitutional protection, through the amparo appeal; all of this, on the occasion of work. However, under a new consideration, given the enactment of the Labor Procedural Reform (Reforma Procesal Laboral), Ley N° 9343 of January 25, 2016, in force since July 25, 2017, this Chamber considers that now all claims related to those labor rights, derived from a special protection (fuero especial) (for reasons of age, ethnicity, sex, religion, race, sexual orientation, marital status, political opinion, national ancestry, social origin, filiation, disability, union affiliation, economic situation, as well as any other discriminatory cause contrary to human dignity), have an expedited and swift procedural channel, through a very summary process (proceso sumarísimo) and a plenary and universal jurisdiction, for their proper hearing and resolution, in pursuit of adequate protection of those rights and substantive legal situations (situaciones jurídicas sustanciales), grounded in the infra-constitutional legal system (ordenamiento jurídico infra constitucional), which has an indirect relationship with fundamental rights and the Law of the Constitution. The same reasons are applicable for State servants, regarding the procedure before the Civil Service Tribunal (Tribunal de Servicio Civil) guaranteed to them by the legal system, as well as for other Public Sector workers for the protection of due process or similar protections (fueros semejantes) to which they are entitled according to the constitutional or legal system. In short, the very summary procedure will be applicable, both in the public and private sectors, by virtue of a special protection (fuero especial), with enjoyment of employment stability or special procedures for their protection, due to dismissal or any other disciplinary or discriminatory measure, for violation of special protective statuses or procedures, authorizations, and formalities to which they are entitled: women in a state of pregnancy or lactation period, adolescent workers, persons covered by Article 367 of the Labor Code, persons reporting sexual harassment, workers indicated in Article 620, and, in short, those who enjoy some similar protection (fuero semejante) by law, special norms, or collective labor instruments.” This highlights that, even when rights of constitutional or fundamental order are at stake, their reestablishment and protection should not necessarily be resolved in the constitutional jurisdiction through the amparo appeal, but rather there may be more guarantee-laden parallel avenues from a procedural standpoint, intended to hear—with the depth that the case requires—claims related to these rights. Precisely, because of the way the amparo appeal is designed, the grievances that must be heard in this venue are those in which the protection of the right is compatible with the characteristics and possibilities of this summary process. Conversely, matters that need a complex evidentiary analysis, adversarial phases, and immediacy of evidence, which completely denature the essence of the amparo appeal, should not be heard in the amparo appeal.” [Emphasis not in original]. 3) Parque Viva Subsequently, the Chamber heard the Parque Viva case (expediente 22-016697-0007-CO). The operative part (sentencia 2022-25167), as far as I am concerned, states: “Magistrate Garro Vargas partially dissents in the following sense: she grants it, for her own reasons, regarding freedom of expression; and she denies it regarding the annulment of the sanitary order (orden sanitaria) and the cited official letter (oficio), as she considers that matters relating to these should not be heard in this jurisdiction.” From my dissenting vote, I wish to highlight the following, which is relevant to the present matter: “The competence of the body (órgano) is also determined by respect for the nature of the process. Not every act or omission or de facto action (vía de hecho), coming from an authority, even if inherently challengeable, is susceptible to being heard in a summary and informal process. The reasons may be diverse: the legal or technical complexity of the act, the need to have a broad body of evidence to determine its validity and effectiveness, etc. There is consolidated case law on this that the Chamber reiterates every week when rejecting a good part of the amparo appeals filed before it. Likewise, the court must verify whether the protected object (the fundamental rights allegedly violated) can be effectively guaranteed through an amparo appeal, which is a summary and informal process. In this regard, there is very reiterated case law on the subject, which the Chamber also habitually applies. Precisely in this sense, I endorsed with Magistrate Hernández López a note that we reiterated on many occasions [already cited here] (…) (note to Judgment 2020-23153). This is so because many matters certainly involve fundamental rights, but must be heard in their corresponding venue.” (Emphasis not in original). On that occasion, I added a few paragraphs with a somewhat didactic tone, but which simply reflected my approach to the issue. “For example, if a person claims they were defrauded in a purchase-sale of a lot, there is no doubt –if that was indeed the case– that their right has been violated and that this is a fundamental right. It is the right recognized in Article 45 of the Political Constitution; but it is clear that the litigation on the matter should not be heard in the Constitutional Chamber, not even if the seller was a subject of public law, because the corresponding jurisdiction exists to resolve this type of conflict. Without going any further, as examples could be very abundant, if a passerby shoots another, the victimizer is violating the fundamental right to life or, at least, to the integrity of the victim, but evidently the matter cannot be heard through an amparo appeal either, because that conduct is criminalized and, therefore, it will be the criminal judge who determines the responsibility and the scope and consequences of it. Well, the Chamber has habitually been very clear about this in its jurisprudence, which is why, every week, it rejects many amparo appeals pointing out that they are matters belonging to ordinary legality (legalidad ordinaria). The foregoing means that, for a case to be examined and resolved in an amparo appeal, it is not enough to allege that the injury to the fundamental right claimed has its cause in conduct by the respondent party. And the Chamber strives to respect these criteria precisely so as not to invade the competences (competencias) of the ordinary jurisdiction (established in Articles 49 and 153 of the Political Constitution) or those of the administrative authorities, as appropriate. But not only for that reason, but because in that way, by resolving the matter where it belongs, the parties will have all the procedural guarantees inherent in due process, which are reduced in a summary and informal appeal like the amparo. Thus, for example, the reports of the authorities, being given under oath (bajo fe de juramento), are taken as true, so the possibilities of disproving them are much less than in plenary processes. That is why the Chamber must verify whether, in view of the contested object (the allegedly harmful acts), the protected object (the fundamental rights allegedly violated), and the type of injury (whether the affectation is direct or not), the matter is susceptible to being heard in a summary process such as the amparo.” (Emphasis not in original). 4) Highly complex environmental matters This Chamber heard an environmental matter (expediente 22-003777-0007-CO) in which it was partially granted (sentencia 2022-9857). In what is relevant, it considered that aspects of great complexity should not be resolved in this jurisdiction. On that occasion, Magistrates Castillo Víquez, Garita Navarro, and the undersigned recorded a note, which holds the following: “X.- NOTE BY MAGISTRATES CASTILLO VÍQUEZ AND GARITA NAVARRO AND MAGISTRATE GARRO VARGAS, WITH DRAFTING BY THE LATTER. We deem it necessary to record this note in which we warn that, under better consideration, in environmental matters of such complexity –as the one questioned in the specific case– we consider that the appeal should be dismissed to resolve the discussion in the ordinary venue where, with greater evidentiary and procedural possibilities, as well as enforcement, the questioned conduct can be examined in detail. First, it is necessary to emphasize that we consider that this Chamber is competent to hear amparo appeals related to the injury to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment in the terms of Article 50 of the Political Constitution. The above, as this Tribunal has done so successfully in the past. However, we warn that there are questions and complaints that, due to their complexity, exceed the summary nature of the amparo appeal and, in such circumstances, it is more guarantee-laden for all parties, and even for the effective protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the protection of natural resources, to resolve the conflict in an ordinary venue, with plenary knowledge, where with more procedural opportunities the evidence can be examined and the grievances contrasted. In short, to judge in detail the regularity of the omissive and/or active conduct of the competent public administrations in addressing and resolving the reported environmental conflict. It should be remembered that historically this Chamber has upheld the jurisprudential line that “the amparo process is of an eminently summary nature because its sole purpose is to provide timely protection against infringements or imminent threats to fundamental rights and freedoms, so its processing does not sit well with the practice of slow and complex evidentiary proceedings” (among many others, consult votes numbers 2003-14336, 2006-014421 and 2020-019038). This jurisprudential line merely recalls the inherent nature of this process. On the other hand, since the entry into force of the Contentious-Administrative Procedural Code, it was determined that said jurisdiction possesses broad competences to hear grievances such as those questioned in the sub lite. For such purposes, this Tribunal has reiterated the following: “[I]n light of the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Ley No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become clear that justiciable parties (justiciables) now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa), extremely expedited and swift due to the various procedural mechanisms that said legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of time limits for carrying out various procedural acts, the breadth of standing (legitimación), precautionary measures (medidas cautelares), the numerus apertus of actionable claims (pretensiones deducibles), orality (oralidad) –and its sub-principles of concentration, immediacy, and swiftness (concentración, inmediación y celeridad)–, the single instance with appeal in expressly limited situations, intra-procedural conciliation (conciliación intra-procesal), the unified procedure (proceso unificado), the preferential processing procedure or “legality amparo” (proceso de trámite preferente or “amparo de legalidad”), purely legal proceedings (procesos de puro derecho), new enforcement measures (coercive fines (multas coercitivas), substitute or commissarial enforcement (ejecución sustitutiva o comisarial), seizure of fiscal domain assets and some of the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal (recurso de casación). All these novel procedural institutes have the manifest purpose and aim to achieve procedural economy (economía procesal), swiftness (celeridad), promptness (prontitud), and the effective or fulfilling protection of the substantive legal situations of the administered (administrados), all with a guarantee of basic fundamental rights such as due process (debido proceso), defense (defensa), and the adversarial principle (contradictorio).” (See, for example, Judgments numbers 2010-17909, 2020-011247 and 2022-003724). In contrast, the absence of a plenary evidentiary phase that facilitates immediacy and the adversarial examination of evidence necessarily imposes that, for the sake of adequate and prudent protection of the right, resort be made to the ordinary avenue to hear environmental conflicts that are inherently complex, such as the one raised in the specific case. (…). From the enumeration of grievances and the analysis of the appellant's claim, it is possible to confirm that the reported conflict is extremely complex to resolve through the amparo process and, therefore, should be resolved in an ordinary venue that, with greater tools, can hear in depth the underlying complaint, adopt precautionary measures, and issue broad and specific orders to address the indicated problem.
The Chamber must hear environmental matters in all those cases whose claim is compatible with the summary nature of the amparo appeal. Everything that can be heard and resolved before the constitutional jurisdiction because the claim is compatible with the qualities and possibilities that this process grants, must remain in this venue. Not so environmental complaints whose elucidation requires, for their hearing and adequate analysis, a plenary evidentiary space such as that provided in the Contentious-Administrative Jurisdiction. That is the exception.
We consider the rule to be, then, that it is appropriate to hear a matter in an amparo proceeding when the verification of the problem is relatively simple and the Chamber has the appropriate tools for a timely and proper remedy, that is, that its execution is also characteristic of a summary process.
In this regard, it is necessary to warn that there are grievances that are easily verifiable and not so difficult to hear, but they are part of a whole. Therefore, it is better for that whole to be placed in a venue that, by its characteristics, allows the matter to be heard comprehensively with an analysis of all the facets that cover the specific case. That is precisely what happens in the case sub lite, in which the lack of resolution of a complaint to provide more personnel to guard the Área de Conservación de Osa is alleged, and, in parallel, a series of problems are denounced and enumerated that justify—in the judgment of the appellants—the need to appoint more technical personnel to safeguard the area.
Definitively, we consider that, under a better assessment, it is necessary to conclude that there are conflicts that, due to their magnitude, necessarily require a full evidentiary process for their attention and resolution. This is precisely one of those cases, so we consider that the appropriate course is to dismiss the appeal without merit and refer the entirety of the conflict raised—complaint about shortage of personnel to the detriment of biodiversity—to the contentious-administrative jurisdiction.
We make this note in order to guarantee due legal certainty in the jurisprudential lines of this Constitutional Jurisdiction and to specifically warn what the partial change of criteria of the undersigned judges consists of." (The emphasis is not from the original).
C. Conclusion What has been said so far is sufficient to show that I have tried to be consistent in my voting line. This can be summarized by saying that, for the Constitutional Chamber to correctly determine its own competence when hearing matters submitted to it through an amparo appeal, it must respect the necessary congruence that must exist between the protected object (fundamental rights), the challenged object (administrative conduct or conduct of a subject of law), and the procedural mechanism (summary process). This means that it should only admit matters in which, besides involving the alleged violation of a fundamental right, the challenged object is susceptible to being heard through a summary, simple process, without evidentiary complexity. This, moreover, should be done for the sake of due process, respect for the nature of the processes, and the very purpose of this jurisdiction.
It is worth adding that if one were to assert that only the Constitutional Chamber is called upon to protect fundamental rights, it would be tantamount to calling into question, from its very root, the principle of constitutional supremacy and that of the unity of the legal system. Furthermore, it would imply—in this case—unjustly disparaging the contentious-administrative jurisdiction and its robust precautionary justice and execution mechanisms. It is in that venue where a possible extension for the current enabling broadcasting titles must be assessed, while the underlying legality conflict is resolved, which, although it may involve the potential violation of several fundamental rights, does not detract from the fact that the substantive discussion surrounding this conflict exceeds the summary nature of the amparo appeal.
Anamari Garro Vargas Judge VCG058/2024 ... See more Content of Interest:
Type of content: Dissenting Vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Subject: CONTRACTS OR TENDER PROCEDURES Subtopics:
CONCESSION.
Subject: FREEDOM OF EXPRESSION AND PRESS Subtopics:
MEDIA.
Res. 2024016852 Dissenting vote of Judge Rueda Leal.
In the case sub examine, I respectfully depart from the opinion rendered by the majority, as I consider that dismissing the appeal outright is improper.
In this regard, broadcasting entails an evident general interest, as it involves the exploitation of wireless services of the public domain that belong to the State.
Article 121 of the Political Constitution establishes:
"ARTICLE 121.- In addition to the other powers conferred upon it by this Constitution, the following correspond exclusively to the Legislative Assembly:
(...)
The following may not permanently leave the domain of the State:
(...)
National railways, docks, and airports—the latter while they are in service—may not be alienated, leased, or encumbered, directly or indirectly, nor may they leave the domain and control of the State in any way.
(...)".
Precisely, a situation is alleged that, due to its magnitude, could imply a significant interruption of the provision of such services. Furthermore, the petitioner links this situation to possible violations of fundamental rights and related constitutional principles, including the prohibition of arbitrariness, legal certainty, and freedom of expression. This last one, for the purposes of justifying its constitutional relevance, encompasses broadcasting regardless of the nature of the programming.
Article 29 of the Magna Carta states:
"ARTICLE 29.- Everyone may communicate their thoughts by word or in writing, and publish them without prior censorship; but they shall be responsible for the abuses they commit in the exercise of this right, in the cases and in the manner established by law." In this sense, the importance of guaranteeing freedom of expression through radio was recorded in the Acts of the National Constituent Assembly:
"Regarding article 29, Deputy ROJAS ESPINOSA presented a motion to suppress the phrase 'by means of the printing press' to guarantee freedom of expression through radio; which was approved.
Article 29 was approved, reading:
'Everyone may communicate their thoughts by word or in writing and publish them without prior censorship, but they shall be responsible for the abuses they commit to the detriment of this right, in the cases and in the manner established by law.'" Consequently, I consider the processing of the amparo essential for the purpose of requesting a report from the respondent authorities and analyzing whether or not there is any violation of Constitutional Law.
Finally, I clarify that, in the case sub lite, even though the heading of the judgment states that the amparo appeal was filed on behalf of a corporation (a scenario in which, in principle, to pronounce on the merits, I require an essential and direct relationship with some natural person regarding a violation of their fundamental rights), it is no less true that, in the filing brief, the natural person petitioner also expressly stated that they were filing it in their personal capacity. Therefore, in accordance with the position I have maintained in jurisprudence, I consider that outright dismissal at this procedural stage is not appropriate.
Paul Rueda L.
VCG08/2024 ... See more *CO* FILE No. 24-014649-0007-CO PROCESS: AMPARO APPEAL RESOLUTION No. 2024-016852 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at thirteen thirty-four hours on June fourteenth, two thousand twenty-four.
Amparo appeal filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of [Name 002]., legal ID [Value 002], against the PRESIDENCY OF THE REPUBLIC and the MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY, AND TELECOMMUNICATIONS (MICITT).
Whereas:
1.- By brief received in the secretariat of the Chamber at 14:11 hours on May 31, 2024, the petitioner files an amparo appeal against the Presidency of the Republic and the Ministry of Science, Technology, and Telecommunications (MICITT). They state that they are filing this amparo personally and as the legal representative of [Name 002]. They indicate that since 1998 they have been the holder of a broadcasting concession (102.3 F.M.), whose activity is regulated by the Radio Law No. 1758 of June 19, 1954, especially in Article 25 which establishes that “Licenses shall be understood as granted for a limited time, but they shall be automatically extended upon payment of the corresponding fees, provided that the operation and installation of the stations comply with the terms of this law.” They explain that on November 29, 2005, they signed the broadcasting concession contract, under the condition that “it shall be for a period of 20 years that will govern from the internal approval of this contract, by the Legal Advisory Office of the Ministry of Governance and Police, which may be renewable for equal periods and automatically at the request of the interested party at least 3 months prior to expiration.” Subsequently, the General Telecommunications Law assigned the competence of the Radio Law to MICITT and, according to that ministry's interpretation, the period to request the extension was understood to be “18 months.” They affirm that they fully complied with this period, as before December 21, 2022, under the right of freedom of expression, they requested the extension of the concession. They detail that in March 2023 (more than two months later), the National Radio Control Unit (MICITT- DCNT-UCNR-OF-192-2023), in a note dated February 24, 2023, communicated that the request had been referred to the National Radio Control Unit for proper attention. Subsequently, by official letter MICITT-DVT-OF-119-2024 of February 20, 2024, the office of the Vice-Ministry of Telecommunications responded to a note from December 2023, in which the chambers reminded of the extension request sent since December 21, 2022; there, MICITT indicated that “the Board of Directors of SUTEL currently does not have a functional structure that allows it to render the technical opinions ordered by law, (…) Which formally and materially conditions its final resolution, and therefore prevents the effective exercise of the respective competencies of the Executive Branch, until its minimum structural and functional quorum is formed.” They complain that the request from December 2022 was not answered, as it depended on SUTEL having a minimum structural and functional quorum, which occurred at the end of April 2024. They argue that during 2023, SUTEL established and communicated the various parameters to MICITT in relation to the extension requests for current concessions; also, in a note dated November 29, 2023, SUTEL indicated to MICITT that “in order to guarantee the continuity of free-access broadcasting services, provide certainty and legal security to the sector, you must assess a possible extension and its term for the current enabling broadcasting titles.” They comment that during the press conferences of the president of the Republic, especially between March and April 2024, it was stated that there would be no such requested extension and that, if there were a “blackout” of broadcasting, this would be attributable to SUTEL. As well as a series of epithets and disqualifications towards the broadcasting media, such as the term “rabble press” and “political hitmen,” or the phrases “‘Let’s listen clearly and loudly, there is a rabble press, bought and sold, not all the press is like this, there are honest people in the country who are the vast majority, but there are people - in the media - who are not honest.’” “This is not about freedom of expression, it is about a business group that thinks that because of their last names and lineage, they have the freedom to do whatever their sweet and blessed will dictates, as they have done for generations. That ended on May 8, 2022.” They argue that “even, in relation to the Bill 23.673 (which increases and updates the tax amounts for radio and television frequencies), the President warned the Head of the National Liberation Party Caucus that he would re-seal the law (the excuse used against broadcasting would be lost). And that if the Legislative Assembly approved a possible re-seal, 'we are going to put the list of those 38 people in public opinion, clearly and transparently.' And he added at another time, for that purpose: 'And then they say that I am a rude person, that I am challenging the independence of powers, that I do not respect institutions. Yes, I do not respect that type of institutionality and the people of Costa Rica abhor it. What happens is that there had not been a single president in the history of this country who appeared on camera saying: this is what Oscar Izquierdo proposes to benefit René Picado and the rest of the shareholders, the shareholders of the other television and radio media.' He then went on to impute improper collusion actions to SUTEL with some broadcasting sectors, assigning it the responsibility for a possible blackout of radio and television frequencies.” They express that, in response to such statements, SUTEL replied that a possible blackout of radio and television frequencies was not its responsibility, as it complied with all the requirements of the “Necessity Study for a Possible Competitive Process for Free and Over-the-Air Radio and Television Frequencies.” Furthermore, among the main findings of the public consultation conducted by SUTEL, it was reflected that there is an excess of demand from 99 potential parties interested in the FM bands and, with the channeling of the current National Frequency Allocation Plan (PNAF), there is only space for 45 stations. This implies the need for a reform to this plan to optimize the use of scarce resources, a process that must be executed by MICITT. They highlight that, prior to the public consultation, through documents and working meetings, MICITT was asked to expand the information to clearly delimit the necessary aspects for the study, for example: the validity periods and possible extension of concessions, aspects of technological obsolescence, among other topics. They argue that carrying out this reform for the improvement and updating of the PNAF would imply several months in a process under MICITT's charge and this administration would not have enough time to prepare the competitive broadcasting processes. They question what MICITT said regarding that broadcasting services will not be interrupted, as well as the relationship that exists between the study requested from SUTEL and the broadcasting tax that the media pay for the use of these frequencies, given that they are established in the Radio Law No. 1758 of June 19, 1954. They note that “It is not acceptable, therefore, that on the occasion of some mere personal dispute, quarrel, or dislike, that the President may have or might have with one or several journalists, or with some partner of the company in which that communicator works, one should be allowed to try to twist the truth to make us appear, from his transitory power, as simple and abusive, illegitimate exploiters of a resource, which being public belongs to everyone, because that is nothing more than a dangerous sectarian and ideologizing discourse.” They consider that the Executive Branch intends to solve the problem created by its inaction, not by renewing the terms of the radio and television concession contracts, but by a possible extension right thereof, for 1 (which is illegal) or 5 years (which would violate the legal framework regulating the matter). That is, any of those solutions adopted by the Executive Branch would limit constitutional rights and guarantees. They add that on April 19, 2024, MICITT published a draft decree that seeks to reform the regulation of the Radio Law and establishes that current concessions will be extended for one more year. They specify that, faced with this draft, the Chamber has expressed its opposition for the following reasons: “The Executive Branch intends to resolve, through an act of general application, an issue that must be resolved individually, within the process of requesting extension of radio spectrum concessions, initiated by the interested parties in the month of December 2027. 2) By attempting to resolve it through a general act, it disregards the right of defense that the administered parties would have if it is resolved individually, specifically the possibility of challenging administrative acts considered to violate rights in the administrative venue; with this, the right of defense is completely violated. 3) The draft decree violates the principle of legality contained in Article 11, both of the General Public Administration Law and of the Political Constitution, since it would be ignoring the obligation contained in Article 39, subsection d) of Law No. 8660, which establishes that the Executive Branch, to resolve matters concerning the extension of enabling titles, must necessarily have the opinion of the Superintendency of Telecommunications, from which it may only deviate by justifying the reasons of public order or national interest that support it. The previous opinion has been reiterated to that Ministry by the Attorney General's Office and by the Comptroller General's Office. 4) It violates the procedure already established by law and which is currently pending resolution by the Administration; by doing this, in addition to the principle of legality, legal insecurity improper for a rule of law state like Costa Rica is being generated, and it violates the principle of 'singular inderogability of regulations' according to the General Public Administration Law, which the Constitutional Chamber has elevated to the rank of constitutional principle. 5) It invokes CAFTA in its justification. However, neither Chapter XIII nor Annex XIII thereof contain topics related to broadcasting. This basis is not applicable. 6) MICITT intends to extend for one year, with the intention of assessing whether to conduct a public tender within that period. Without prejudice to the discussion on whether the State has the legitimacy to conduct a public tender in relation to current concessions subject to 'automatic extension' according to Article 25 of the Radio Law, it is necessary to indicate that it is materially impossible, in this case, to initiate and resolve a tender within a one-year period, since, as is known, the tendering procedure contains regulated stages with their respective deadlines, which are of unavoidable compliance by the Administration. On the other hand, as of today, the Ministry has not even incorporated into the National Telecommunications Development Plan the public policy that guides the process, in attention to Article 12 of the General Telecommunications Law. Note that the only two spectrum tenders that have been conducted in the country each lasted around 18 months from the moment the Executive Branch issued the instruction to SUTEL and the CGR approved the respective contracts, which in that case were only 2 contracts per process, and not as now that there would be more than one hundred concessions to be processed. Due to the foregoing, it is warned that the period for which the extension is intended in the consulted draft decree does not adhere to the principles of reasonableness and proportionality. Now, given that the Council of the Superintendency of Telecommunications is already formally configured, what is appropriate is for said body to send the recommendations related to the extension requests that were submitted since 2022 and for the Executive Branch to proceed to resolve them before the upcoming June 28, as legally appropriate.” They describe that, in relation to the referred draft decree (published on April 19, 2024), SUTEL, by official letter 03302-SUTEL.-SCS2024 of May 6, 2024, stated the following: 'A. To point out to MICITT that the proposed reform of the Regulation to the General Telecommunications Law contains elements that clash with the legal framework of telecommunications and the following principles: hierarchy of norms, legality, and legislative reserve. The foregoing considering that this concerns the regulation of a public domain asset and, the figure of 'extension' proposed in the reform is not permitted by the legal framework. What the legal framework permits is the extension of concessions, regulated in Articles 24 of Law 8642, 73 subsection d) of Law No. 7593, and Article 39 subsection d) of Law 8660. B. To request the Executive Branch to analyze the legality of the regulatory modification put out for consultation, mainly, the legal figure employed, that is, the modification of a transitory provision. Because this figure applies to temporary situations existing prior to the issuance of the norm in question. Furthermore, to analyze the adherence of said figure to the General Telecommunications Law, in view of the public domain nature of the radio spectrum. Therefore, it is relevant to determine if the figure of extension that is intended to be applied via decree is consistent with Articles 73 subsection d) of Law 7593 and 39 subsection d) of Law 8660, and with the principle of legislative reserve. C. To indicate to MICITT that, if the one-year term extension proposed in the regulatory modification materializes, this term, as SUTEL has pointed out on various occasions, is insufficient to carry out the competitive procedures. This generates uncertainty about what would happen when the proposed term expires. This generates a lack of security for the administered parties and for the sector in general, which in turn affects investment, innovation, and competition in this sector...'. They add that on May 14, 2024, SUTEL, in a press note, indicated that it reviewed and approved 98 technical reports of extension requests expiring on June 28, 2024, which will be sent to MICITT so that it can be determined whether or not the extension proceeds. They detail that on May 28, 2024, MICITT communicated the notification of official letter MICITT-DVT-OF-217-2024 and granted a period of 10 days to comment on the cited resolution. They assert that the Executive Branch has not proposed, either in its National Development Plan or in its National Telecommunications Plan, any proposal to modify the broadcasting concession regime. Added to this, the consultations made by MICITT to SUTEL did not mention any regime change and now, a few weeks before the formal expiration of the current contracts, it improvises a decree proposal, with a series of defects, which result in a massive violation of fundamental rights. They reiterate that to date there has been no response to the aforementioned extension request. They explain that, if at the time the concession contracts expire the 'automatic extension' established by the legislation is not recognized, even if only for the maximum term allowed by the legislation (they mention that “there are those who affirm that the maximum term would be 25 years according to an interpretation by the Attorney General's Office”), this would subject the broadcasting stations to the most complete uncertainty and would grant the State (the Executive Branch, the president of the Republic, or MICITT) the power to influence or intimidate the concessionaires when the expiration of the periods established in the concession contracts approaches. That is, “relying on the best bidder theory typical of Tenders” would inhibit small broadcasting companies from participating in the frequencies and would imply submission to content rules of the Public Administration, giving rise to a system that would end up demanding and assigning artificial quantities to frequencies for cultural, religious, and ideological group activities, or for entertainment or news radio stations. They mention that the assignment of frequencies puts freedom of expression at stake, not just the assignment of public domain assets, hence not extending the concessions could lead to an injury to this right. They claim that the respondent intends to modify not only the Broadcasting regulation in force since 2004 and change the meaning of the Radio Law, but also, despite the requests made more than 20 months before the project, intends to singularly and generally disregard the current regulation. Regarding due process, it has not been allowed, through administrative procedures, to define whether or not the requested concession extensions are concluded. In summary, they assert that the exposed facts harm the freedom of petition, the right to effective judicial protection, due process, freedom of expression, press, and enterprise, the right to work, legislative reserve, as well as the right to information, in addition to the principles of good faith, continuity of broadcasting services (private services of public interest), the prohibition of deviation of power, legality, reasonableness, proportionality, and singular inderogability of regulations. They request, as a precautionary measure, that the challenged acts be suspended, and, finally, that the appeal be declared with merit.
2. Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any request presented for its consideration that turns out to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it constitutes a mere reiteration or reproduction of an equal or similar prior request already rejected.
Judge Castillo Víquez writes; and,
Considering:
I.OBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that they file this amparo personally and as the legal representative of [Name 002]. They indicate that since 1998 they have been the holder of a broadcasting concession, whose activity is regulated by the Radio Law No. 1758 of June 19, 1954. They explain that in 2005 the broadcasting concession contract was signed, under the condition that “it shall be for a period of 20 years that will govern from the internal approval of this contract, (…), which may be renewable for equal periods and automatically at the request of the interested party at least 3 months prior to expiration.” They maintain that; however, according to MICITT's interpretation, the period to request the extension was extended to “18 months.” They affirm that they fully complied with this period, as on December 21, 2022, they requested the extension of the concession. However, this request was not answered in a timely manner and only on May 28, 2024, did they receive a notification from MICITT. They comment that SUTEL did not have a structural and functional quorum until April 2024, as well as that, in November 2023, that superintendency indicated to the respondent ministry that, “in order to guarantee the continuity of free-access broadcasting services, provide certainty and legal security to the sector, you must assess a possible extension and its term for the current enabling broadcasting titles.” They assert that, far from approving this extension or conducting any administrative procedure to deny it, in a press conference the president of the Republic stated that the requested extension will not be granted and that, if there were a “blackout” of broadcasting, this would be attributable to SUTEL. They disagree with these accusations towards SUTEL and consider that the Executive Branch intends to solve the problem created by its inaction through a possible extension right for 1 or 5 years, which would violate the legal framework regulating the matter. They add that on April 19, 2024, MICITT published a draft decree that seeks to reform the regulation of the Radio Law and establishes that current concessions will be extended for one more year. That is, the Executive Branch intends to resolve, through an act of general application, an issue that must be resolved individually within the process of requesting extension of radio spectrum concessions. In this way, the right of defense to potentially challenge specific acts would be disregarded. They consider that what is appropriate is for SUTEL to send the recommendations related to the extension requests that were submitted since 2022 and for the Executive Branch to resolve them before June 28, 2024. They add that the president of the Republic has issued a series of epithets and disqualifications towards the broadcasting media and that the above-indicated actions and omissions are harming freedom of the press and expression. They question what MICITT said regarding that broadcasting services will not be interrupted. They mention that the assignment of frequencies puts freedom of expression at stake, not just the assignment of public domain assets, hence not extending the concessions could lead to an injury to this right.
In summary, it asserts that the facts presented violate the freedom to petition, the right to effective judicial protection, due process, freedom of expression, press, and enterprise, the right to work, legal reservation, as well as the right to information, in addition to the principles of good faith, continuity of broadcasting services (private services of public interest), the prohibition of misuse of power, legality, reasonableness, proportionality, and the singular non-derogability of regulations.
II.INADMISSIBILITY OF THE APPEAL. The arguments presented by the appellant would require this Court to rule on the conditions under which a broadcasting concession contract must be extended, on whether such a variation constitutes or could constitute the concept of an extension or a renewal of the contract. Likewise, it requests the evaluation of a draft executive decree. None of these claims, under the current state of the actions and omissions attributed to the Executive Branch, fall within the competence of this Chamber. On the one hand, to conclude whether the claimed constitutional violations have occurred, it is necessary to first establish whether the appellant has, from a legal standpoint, a subjective public right to an automatic extension of the concession, an aspect that must be clarified in the administrative venue or before the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa). On the other hand, part of the complaints pertain to future and uncertain events, insofar as, at the time of filing the amparo, the concession is in force and there is no administrative action, neither specific nor general, that has rendered it ineffective or arbitrarily obstructed it, to the point that it allows this Chamber to analyze the violation of any of the fundamental rights invoked. Consequently, with respect to these matters, the appeal must be dismissed.
III.- CONCERNING THE ALLEGED LACK OF FORMAL RESPONSE TO THE REQUEST FOR EXTENSION OF THE CONCESSION. Finally, the Chamber considers that the alleged lack of response to the submitted petition could entail a violation of Article 41 of the Political Constitution, which is inadmissible to be heard by this Court, in accordance with the following considerations.
IV.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A SWIFT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF ADMINISTERED PERSONS. The Constitutional Chamber (Sala Constitucional), since its founding, has used broad admissibility criteria given the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations grounded in the infra-constitutional legal system or the legality parameter, which have an indirect connection to fundamental rights and the Law of the Constitution. On this point, one must not lose sight of the fact that the Constitution, due to its supremacy, super-legality, and direct and immediate effectiveness, provides an indirect foundation for any imaginable substantial legal situation of persons. However, upon better consideration and given the enactment of the Contentious-Administrative Procedure Code (Ley No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that justiciable parties now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa), extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of time limits for carrying out various procedural acts, broad standing, provisional measures (medidas cautelares), the numerus apertus of admissible claims, orality—and its sub-principles of concentration, immediacy, and celerity—, a single instance with appeal only in expressly defined situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential proceeding or "legality amparo" (amparo de legalidad), pure law proceedings, new enforcement measures (coercive fines, substitutive or commissarial enforcement, seizure of fiscal domain assets and some public domain assets), the broad powers of the panel of enforcement judges, the extension and adaptation of jurisprudential effects to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the clear aim and purpose of achieving procedural economy, celerity, promptness, and the effective or complete protection of the substantial legal situations of administered persons, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is an ideal channel, due to its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness, for the amparo and effective protection of substantial legal situations of administered persons where it is necessary to gather evidence or define certain ordinary legality issues.
V.- VERIFICATION OF THE TIME LIMITS SET BY LAW FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES: AN OBVIOUS ORDINARY LEGALITY ISSUE. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the time limits set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative appeals, is an obvious ordinary legality issue that, henceforth, can be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense—that is, appearing without legal counsel—and gratuity for appellants. Consequently, the outright dismissal of the appeal is mandated, and the petitioning parties are informed that, if they so wish, they may resort to the contentious-administrative jurisdiction.
VI.DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
By majority vote, the appeal is dismissed outright. Judge Salazar Alvarado and Judge Garro Vargas append a note. Judge Rueda Leal dissents and orders that the amparo appeal be processed. Notify.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V. Ingrid Hess H.
Alexandra Alvarado P. Roberto Garita N.
Note of Judge Salazar Alvarado:
Given the final wording of the judgment issued in this amparo appeal, I dispense with the note that I at one time considered appropriate to append during the deliberation and voting of this matter.- Luis Fdo. Salazar A.
Res n.°2024-016852 NOTE OF JUDGE GARRO VARGAS A. Preliminary Considerations I have concurred with the majority because I agree substantially with the arguments of the judgment.
Furthermore, I have considered it appropriate to append this note to emphasize that what is challenged by the appellant—the request for extension of the radio spectrum concessions—is not appropriate to be heard through a summary appeal such as the amparo, which is consistent with the line of resolution I have held on this matter, as I will show below.
Finally, I must clarify that even under the assumption of an imminent impairment to broadcasting services, the proper course is for this conflict to be heard in the contentious-administrative jurisdiction, as it is the instance responsible for guaranteeing the legality of the State's administrative function, and that jurisdiction has robust provisional measures (justicia cautelar) appropriate to address and resolve the issue complained of here.
B. Examples of the Jurisprudential Line Maintained by the Undersigned On similar occasions, and even in others whose subject matter was of much lesser scale, I have stated that it is not sufficient that fundamental rights are allegedly involved for the matter to be placed before this venue and resolved through an amparo appeal.
Here are some examples:
“As evident from the transcribed judgments, this Court has been consistent in noting that the requirements for admission to state universities is a matter within their competence. In addition, the Chamber has reiterated that the controversy regarding the method and content of a university admission exam must be resolved in the legality venue, as it is a matter of great technical specificity, whose review requires a thorough examination of technical evidence, which is alien to the summary nature of the amparo” (judgments 2020-023153, 2020-023160, 2020-024016, 2021-04817, among others; emphasis is not from the original).
In those very numerous similar judgments, Judge Hernández López and I appended the following note:
“Note of Judges Hernández López and Garro Vargas, with drafting by the latter.
The amparo appeal is a summary proceeding by nature and, pursuant to Article 48 of the Political Constitution, is designed to protect constitutional rights (with the exception of personal liberty and integrity) and those of a fundamental nature established in international human rights instruments applicable to the Republic. Therefore, a matter is susceptible to being heard through an amparo appeal when the alleged violation of any of those rights is invoked. But that is not sufficient. It is necessary that the subject matter under discussion can be adequately heard in a summary proceeding: that is, in a simple proceeding without the need for a complex evidentiary phase. Moreover, the summary nature must manifest not only in the hearing phase but also in its enforcement phase. On the basis of the foregoing, the undersigned judges believe that this matter is not appropriate to be heard in the Constitutional Chamber through the amparo appeal, because, although fundamental rights could be involved, to properly analyze it requires producing technical evidence from various disciplines, in order to examine the various elements that come into play in its resolution.” (Judgment 2020-23160; emphasis is not from the original).
“3. On the Procedure of the Amparo Appeal As announced in the preamble of this dissenting vote, for the alleged violation of a constitutional or fundamental right to be heard before this jurisdiction, the nature of the claim must be compatible with the characteristics of the amparo appeal. Although this is not the case—because no constitutional or fundamental right is involved—, it could be argued that many other grievances could be redirected towards the Law of the Constitution, because ultimately this is the basis from which the rest of the legal system emanates.
However, not every infringement of a constitutional right must necessarily be assessed in the amparo appeal, because due to the nature of the claim, in many cases, the best way to examine it in detail and depth is to place it in the ordinary venue, which offers broad guarantees for the parties to resolve the conflict between them and has the ability to resort to robust provisional measures. In this regard, this Court has reiterated a jurisprudential line to the effect that "the amparo proceeding is eminently summary in nature because its sole purpose is to provide timely protection against infringements or imminent threats to fundamental rights and liberties, which is why its processing is not well suited to the practice of slow and complex evidentiary proceedings" (among many others, see votes numbers 2003-14336, 2006-014421 and 2020-019038). This jurisprudential line does nothing more than recall the very nature of this proceeding. [The emphasis is not from the original].
It is also necessary to note that there are other parallel jurisdictional mechanisms, where, with broad guarantees, protection can be granted to claims related to violations of rights of constitutional or fundamental rank. An example of this is the thesis of the Constitutional Chamber that ordered, upon better consideration, to place claims related to the delay of administrative procedures in the contentious-administrative jurisdiction, since at heart their analysis implies an examination of the legal time limits that public administrations have to address the claims of administered persons. Thus, since judgment n.°2008-002545, the Constitutional Chamber has been consistently holding the following:
"It is evident that determining whether the public administration complies or not with the time limits set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative appeals, is an obvious ordinary legality issue that, henceforth, can be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense—that is, appearing without legal counsel—and gratuity for the appellant." (The emphasis does not correspond to the original).
Similarly, since judgment n.°2017-017948, this Court has been resolving, in relation to the protection of labor rights, the following:
"Certainly, the protection of the Constitutional Chamber, in matters of labor law, derives from the application of Title V, Single Chapter, of the Political Constitution, called Social Rights and Guarantees. It is there where, through the amparo appeal, the right to work, to minimum wage, to work hours, to weekly rest, to paid annual vacations, to free unionization, to the right to strike, to the negotiation of collective labor agreements, among others, find constitutional protection; all of this, on the occasion of work. However, under a new weighting, given the enactment of the Labor Procedure Reform, Ley N° 9343 of January 25, 2016, in force since July 25, 2017, this Chamber considers that now all claims related to those labor rights, derived from a special protection (fuero especial) (for reasons of age, ethnicity, sex, religion, race, sexual orientation, marital status, political opinion, national origin, social origin, filiation, disability, union affiliation, economic situation, as well as any other discriminatory cause contrary to human dignity), have an expeditious and swift procedural channel, through a summary proceeding (proceso sumarísimo) and a plenary and universal jurisdiction, for their proper hearing and resolution, in pursuit of adequate protection of those rights and substantial legal situations, grounded in the infra-constitutional legal system, which has an indirect relationship with fundamental rights and the Law of the Constitution. The same reasons apply to State employees, regarding the procedure before the Tribunal de Servicio Civil guaranteed by the legal system, as well as other Public Sector workers for the protection of due process or similar protections to which they are entitled according to the constitutional or legal system. In short, the summary proceeding will be applicable, to both the public and private sector, by virtue of a special protection, enjoying employment stability or special procedures for their protection, due to dismissal or any other disciplinary or discriminatory measure, for violation of special protective protections or procedures, authorizations and formalities to which women in a state of pregnancy or lactation period, adolescent workers, persons covered by Article 367 of the Labor Code, persons reporting sexual harassment, workers indicated in Article 620, and in short, those who enjoy some similar protection by law, special norms, or collective labor instruments are entitled." This highlights that, even when rights of constitutional or fundamental order are involved, their reestablishment and protection need not necessarily be placed in the constitutional jurisdiction through the amparo appeal, but rather there may be parallel venues that are more guaranteeing from a procedural standpoint, intended to hear—with the depth that the case requires—claims related to these rights. Precisely, due to the way the amparo appeal is designed, the grievances that must be heard in this venue are those in which the protection of the right is compatible with the characteristics and possibilities of this summary proceeding. Conversely, it is not appropriate to hear in the amparo appeal those matters that require a complex evidentiary analysis, phases of contradiction, and immediacy of evidence, which completely distort the essence of the amparo appeal" [The emphasis is not from the original].
"The competence of the body is also determined by respect for the nature of the proceeding.
Not every act or omission or de facto path, originating from an authority, even if it is challengeable per se, is susceptible to being heard in a summary and informal proceeding. The reasons can be diverse: the legal or technical complexity of the act, the need for a broad evidentiary record to determine its validity and effectiveness, etc. On this, there is consolidated jurisprudence that the Chamber reiterates every week when dismissing a good part of the amparo appeals presented to it.
Equally, the court must verify whether the protected object (the fundamental rights allegedly violated) can be effectively guaranteed through an amparo appeal, which is a summary and informal proceeding. In this regard, there is very reiterated jurisprudence on the matter, which the Chamber also habitually invokes.
Precisely in this sense, I signed with Judge Hernández López a note that we reiterated on many occasions [already cited herein] (…) (note to judgment 2020-23153).
This is so because certainly many matters involve fundamental rights, but must be heard in their corresponding venue." (The emphasis is not from the original).
On that occasion, I added a few paragraphs with a somewhat didactic tone, but which reflected in a simple way my approach to the topic.
"For example, if a person claims they were defrauded in the sale of a lot, there is no doubt—if indeed it was so—that their right has been violated and that this is a fundamental right. This refers to the right recognized in Article 45 of the Political Constitution; but it is clear that the litigation on the matter is not appropriate to be heard in the Constitutional Chamber, not even if the seller was a public law subject, because the corresponding jurisdiction exists to resolve these types of conflicts. Without going any further, since examples could be extremely abundant, if a passerby shoots another, the perpetrator is violating the fundamental right to life or, at least, to the integrity of the victim, but evidently the matter also cannot be heard through an amparo appeal, because that conduct is criminalized and, therefore, it will be the criminal judge who determines the responsibility and the scope and consequences thereof. Well, this Chamber has usually been very clear on this in its jurisprudence, which is why, each week, it dismisses many amparo appeals noting that they are matters belonging to ordinary legality.
The foregoing means that, for a case to be examined and resolved in an amparo appeal, it is not enough to allege that the violation of the claimed fundamental right has its cause in conduct by the respondent party. And the Chamber endeavors to respect these criteria precisely so as not to invade the competences of the ordinary jurisdiction (established in Articles 49 and 153 of the Political Constitution) or those of the administrative authorities, as appropriate. But not only for that reason, but because in that way, by placing the matter where it belongs, the parties will have all the procedural guarantees inherent to due process, which in a summary and informal appeal like the amparo are reduced. Thus, for example, the reports of the authorities, being given under oath, are taken as true, so the possibilities of refuting them are much less than in plenary proceedings.
That is why the Chamber must verify whether, taking into account the challenged object (the allegedly harmful acts), the protected object (the fundamental rights allegedly violated), and the type of violation (whether the harm is direct or not), the matter is susceptible to being heard in a summary proceeding such as the amparo." (The emphasis is not from the original).
"X.- NOTE OF JUDGES CASTILLO VÍQUEZ AND GARITA NAVARRO AND JUDGE GARRO VARGAS, WITH DRAFTING BY THE LATTER.
We deem it necessary to append this note in which we warn that, upon better consideration, in environmental matters of such complexity—as the one challenged in the specific case—we consider it appropriate to dismiss the appeal in order to place the discussion in the ordinary venue, where, with greater evidentiary and procedural possibilities, as well as enforcement, the challenged conduct can be examined in detail.
Firstly, it is necessary to emphasize that we consider this Chamber competent to hear amparo appeals related to the violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment under the terms of Article 50 of the Political Constitution. The foregoing, as this Court has done so successfully in the past. However, we note that there are challenges and complaints that, due to their complexity, exceed the summary nature of the amparo appeal and, in such circumstances, it is more guaranteeing for all parties, and even for the effective protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the protection of natural resources, to place the conflict in an ordinary venue, with plenary knowledge, where, with more procedural opportunities, the evidence can be examined and the grievances contrasted. Ultimately, to judge in detail the regularity of the omissive and/or active conduct of the competent public administrations in addressing and resolving the reported environmental conflict.
Recall that historically this Chamber has maintained the jurisprudential line that "the amparo proceeding is eminently summary in nature because its sole purpose is to provide timely protection against infringements or imminent threats to fundamental rights and liberties, which is why its processing is not well suited to the practice of slow and complex evidentiary proceedings" (among many others, see votes numbers 2003-14336, 2006-014421 and 2020-019038). This jurisprudential line does nothing more than recall the very nature of this proceeding. On the other hand, following the entry into force of the Contentious-Administrative Procedure Code, it was determined that said jurisdiction possesses broad competences to hear grievances such as those challenged in the sub lite. For such purposes, this Court has reiterated the following:
"[W]ith the enactment of the Contentious-Administrative Procedure Code (Ley No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that justiciable parties now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of time limits for carrying out various procedural acts, broad standing, provisional measures, the numerus apertus of admissible claims, orality—and its sub-principles of concentration, immediacy, and celerity—, a single instance with appeal only in expressly defined situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential proceeding or 'legality amparo', pure law proceedings, new enforcement measures (coercive fines, substitutive or commissarial enforcement, seizure of fiscal domain assets and some public domain assets), the broad powers of the panel of enforcement judges, the extension and adaptation of jurisprudential effects to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the clear aim and purpose of achieving procedural economy, celerity, promptness, and the effective or complete protection of the substantial legal situations of administered persons, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle." (See, for example, judgments numbers 2010-17909, 2020-011247 and 2022-003724).
In contrast, the absence of a plenary evidentiary phase that facilitates the immediacy and contradiction of evidence, necessarily requires that, in the interest of adequate and prudent protection of the right, the ordinary venue be used to hear environmental conflicts that are inherently complex, such as the one presented in the specific case. (…).
From the enumeration of grievances and the analysis of the appellant's claim, it is possible to verify that the reported conflict is extremely complex to resolve through the amparo proceeding and, therefore, should be placed in an ordinary venue which, with greater tools, can hear the underlying complaint in depth, adopt provisional measures, and issue broad and specific orders to address the indicated issue.
The Chamber must hear environmental matters in all those cases whose claim is compatible with the summary nature of the amparo appeal. Everything that can be heard and placed before the constitutional jurisdiction because the claim is compatible with the qualities and possibilities that this proceeding grants, must remain in this venue. Not so environmental complaints whose clarification requires, for its hearing and adequate analysis, a plenary evidentiary space such as that provided for in the Contentious-Administrative Jurisdiction. That is the exception.
We believe the rule, then, is that it is appropriate to hear an amparo action when the verification of the problem is relatively simple and the Chamber has the appropriate tools for a timely and suitable remedy, meaning that its execution is also characteristic of a summary proceeding.
In this regard, it is necessary to warn that there are grievances that are easily verifiable and would not be so difficult to hear, but they are part of a whole. Therefore, it is better for that whole to be heard in a venue that, by its characteristics, allows the matter to be known comprehensively with the analysis of all the facets surrounding the specific case. This is precisely what happens in the case *sub lite*, in which the failure to resolve a complaint to provide more personnel to guard the Osa Conservation Area (Área de Conservación de Osa) is alleged and, in parallel, a series of problems are reported and listed that justify—in the petitioners' judgment—the need to appoint more technical personnel to safeguard the area.
Ultimately, we believe that, under a better weighing of interests, it is necessary to conclude that there are conflicts that, due to their magnitude, necessarily require a full evidentiary proceeding for their consideration and resolution. This is precisely one of those cases, so we believe the appropriate action is to declare the amparo action without merit and refer the entirety of the conflict raised—complaint regarding a shortage of personnel to the detriment of biodiversity—to the contentious-administrative jurisdiction.
We make this note in order to guarantee due legal certainty in the jurisprudential lines of this Constitutional Jurisdiction and to specifically warn about the partial change of criteria of the undersigned magistrates.” (The emphasis is not from the original).
C. Conclusion What has been said so far is sufficient to show that I have tried to be consistent in my voting line. This can be summarized by saying that, for the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to correctly determine its own jurisdiction when hearing matters submitted to it through an amparo action, it must respect the necessary congruence that must exist between the protected object (fundamental rights), the challenged object (administrative conduct or that of a legal subject), and the procedural mechanism (summary proceeding). This means that it must admit for processing only matters in which, in addition to the alleged violation of a fundamental right being involved, the challenged object is susceptible to being heard through a summary, simple proceeding, without evidentiary complexity. This must also be done for the sake of due process, respect for the nature of proceedings, and the very purpose of this jurisdiction.
It is worth adding that if it were affirmed that only the Constitutional Chamber is called to protect fundamental rights, it would be tantamount to questioning, from its very root, the principle of constitutional supremacy and that of the unity of the legal system. Furthermore, it would entail—in this case—unjustly disparaging the contentious-administrative jurisdiction and its robust interim relief and enforcement mechanisms. It is in that venue where a possible extension for the current broadcasting enabling titles should be assessed, while the underlying legality conflict is resolved, which, although it may involve the potential violation of several fundamental rights, does not diminish the fact that the substantive discussion surrounding this conflict exceeds the summary nature of the amparo action.
Anamari Garro Vargas Magistrate (Magistrada) Res. 2024016852 Dissenting vote of Magistrate Rueda Leal.
In the case *sub examine*, I respectfully depart from the opinion expressed by the majority, as I consider that it is improper to reject the amparo action outright.
In this regard, broadcasting entails an evident public interest, as it involves the exploitation of wireless services in the public domain that belong to the State.
Article 121 of the Political Constitution (Constitución Política) establishes:
“ARTICLE 121.- In addition to the other powers conferred by this Constitution, it corresponds exclusively to the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa):
(…)
The following may not permanently leave the domain of the State:
(…)
National railways, docks, and airports—the latter while they are in service—may not be alienated, leased, or encumbered, directly or indirectly, nor leave the domain and control of the State in any way.
(…)”.
Precisely, a situation is alleged that, due to its magnitude, could imply a significant interruption in the provision of such services. Even the petitioner links this situation to possible transgressions of fundamental rights and related constitutional principles, including the prohibition of arbitrariness, legal certainty, and freedom of expression. The latter, for the purposes of justifying its constitutional relevance, encompasses broadcasting regardless of the nature of the programming.
Article 29 of the Magna Carta (Carta Magna) indicates:
“ARTICLE 29.- Everyone may communicate their thoughts by word or in writing, and publish them without prior censorship; but they shall be responsible for the abuses they commit in the exercise of this right, in the cases and in the manner established by law”.
In that regard, the importance of guaranteeing freedom of expression through radio was recorded in the Acts of the National Constituent Assembly (Actas de la Asamblea Nacional Constituyente):
“Regarding Article 29, Representative ROJAS ESPINOSA presented a motion to delete the phrase ‘by means of the printing press’ to guarantee freedom of expression through radio; which was approved.
Article 29 was approved, reading as follows:
‘Everyone may communicate their thoughts by word or in writing and publish them without prior censorship, but they shall be responsible for the abuses they commit to the detriment of this right, in the cases and in the manner established by law’”.
Consequently, I consider it essential to proceed with the amparo action in order to request a report from the respondent authorities and analyze whether or not any transgression of the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución) exists.
Finally, I clarify that, in the case *sub lite*, even though the heading of the judgment states that the amparo action was filed on behalf of a corporation (an assumption in which, in principle, to rule on the merits I require a direct and essential relationship with a natural person concerning a violation of her fundamental rights), it is no less true that, in the filing brief, the natural person petitioner also expressly stated that she was filing it in her personal capacity. Therefore, in accordance with the position I have maintained in the jurisprudence, I consider that outright rejection at this procedural stage is inappropriate.
Paul Rueda L.
Observations of the CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) Voted by ballot Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 15:12:56.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA Subtemas:
MEDIOS DE COMUNICACION.
Tema: CONTRATOS O LICITACIONES Subtemas:
CONCESION.
016852-24. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA. CONTRATOS O LICITACIONES. SE CUESTIONA LA FALTA DE PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN. SE RECHAZA DE PLANO EL RECURSO. VCG08/2024 “(…) II. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Los argumentos que expone el recurrente demandarían que este Tribunal se pronunciara sobre las condiciones en que debe prorrogarse un contrato de concesión de radiodifusión, sobre si tal variación constituye o puede constituir la figura de la ampliación o la de prórroga del contrato. Asimismo, pide evaluar un proyecto de decreto ejecutivo. Ninguna de estas pretensiones, bajo el estado actual de las actuaciones y omisiones que se imputan al Poder Ejecutivo, son competencia de la Sala. Por una parte, para concluir si se han producido las lesiones constitucionales que se reclaman, es necesario establecer, primero, si la parte recurrente, desde el punto de vista legal, tiene o no un derecho público subjetivo a que se le prorrogue, de manera automática, la concesión, aspecto que debe ser dilucidado en sede administrativa o ante la jurisdicción contencioso administrativa. Por otro lado, parte de los reclamos atañen a hechos futuros e inciertos, en el tanto, en el momento de interposición del amparo la concesión se encuentra vigente y no hay una actuación administrativa, ni concreta ni general, que la haya dejado sin efecto o la obstaculice de forma arbitraria, al punto que permita el análisis de la lesión a alguno de los derechos fundamentales invocados, por parte de esta Sala. En consecuencia, en lo que a estos extremos compete, el recurso debe rechazarse.
III.- CONCERNIENTE A LA ACUSADA FALTA DE RESPUESTA FORMAL A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN. Finalmente, la Sala considera que la acusada falta de respuesta a la gestión planteada podría acarrear una lesión al 41 de la Constitución Política, lo que resulta inadmisible de ser conocido por ante este Tribunal, de conformidad con las siguientes consideraciones.
IV.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.
V.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para los recurrentes. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a las partes gestionantes que si a bien lo tienen pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. (…)” ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA Subtemas:
MEDIOS DE COMUNICACION.
Tema: CONTRATOS O LICITACIONES Subtemas:
LICITACION.
Nota del Magistrado Salazar Alvarado:
Vista la redacción integral de la sentencia dictada en este recurso de amparo, prescindo de la nota que en su momento consideré oportuno consignarla durante la deliberación y votación de este asunto.- Luis Fdo. Salazar A. Magistrado VCG08/2024 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: CONTRATOS O LICITACIONES Subtemas:
CONCESION.
Res n.°2024-016852 NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS A. Consideraciones preliminares He concurrido con la mayoría porque coincido en lo sustancial con los argumentos de la sentencia.
Además, he considerado oportuno consignar esta nota para enfatizar que lo cuestionado por la parte recurrente ?la solicitud de prórroga de las concesiones de espectro radioeléctrico? no corresponde ser conocido mediante un recurso sumario como lo es el amparo, lo que resulta coincidente con la línea de resolución que he tenido en esta materia, tal y como de seguido mostraré.
Finalmente, me corresponde aclarar que aún en el supuesto de una inminente afectación a los servicios de radiodifusión, lo propio es que este conflicto sea conocido en la jurisdicción contencioso-administrativa, pues es la instancia encargada de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado y esa jurisdicción cuenta con una robusta justicia cautelar apropiada para atender y resolver la problemática que acá se reprocha.
B. Ejemplos de la línea jurisprudencial sostenida por la suscrita En similares ocasiones, e incluso en otras cuyo objeto ha sido de mucho menor envergadura, he dicho que no basta que estén presuntamente involucrados derechos fundamentales para que proceda que el asunto sea residenciado en esta sede y que sea resuelto mediante un recurso de amparo.
He aquí algunos ejemplos:
“Como se desprende de las sentencias transcritas, este Tribunal ha sido consistente en señalar que los requisitos de ingreso a las universidades estatales es materia que le compete a estas. En adición, la Sala ha reiterado que la controversia acerca del método y contenido de una prueba de admisión universitaria corresponde dirimirse en la vía de la legalidad, toda vez que se trata de una cuestión de gran especificidad técnica, cuya revisión obliga a un profundo diligenciamiento de prueba técnica, lo que resulta ajeno a la naturaleza sumaria del amparo” (sentencias 2020-023153, 2020-023160, 2020-024016, 2021-04817, entre otras; el destacado no es del original).
En esas numerosísimas sentencias similares, la magistrada Hernández López y yo, consignamos la siguiente nota:
“Nota de las Magistradas Hernández López y Garro Vargas con redacción de la segunda.
El recurso de amparo es un proceso sumario por naturaleza y, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política, está diseñado para proteger los derechos constitucionales (con excepción de la libertad e integridad personal) y los de carácter fundamental establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables a la República. Por ende, un asunto es susceptible de ser conocido mediante un recurso de amparo cuando se invoca la presunta de lesión de alguno de esos derechos. Pero eso no es suficiente. Es preciso que el objeto en discusión pueda ser conocido adecuadamente en un proceso sumario: es decir, en un trámite sencillo sin necesidad de una fase probatoria compleja. Además, el carácter sumario debe manifestarse no sólo en la fase de conocimiento sino también en su fase de ejecución. Sobre la base de lo anterior, las suscritas magistradas estimamos que el presente asunto no corresponde ser conocido en la Sala Constitucional mediante el recurso de amparo, pues, aunque podrían estar involucrados derechos fundamentales, para analizarlo debidamente se requiere producir prueba técnica proveniente de diversas disciplinas, con el fin de examinar los diversos elementos que entran en juego en su resolución”. (Sentencia 2020-23160; el destacado no es del original).
“3. Sobre el procedimiento del recurso de amparo Como se anunció en el preámbulo de este voto salvado, para que la aducida lesión a un derecho constitucional o fundamental pueda ser conocida ante esta jurisdicción, la naturaleza del reclamo debe ser compatible con las características del recurso de amparo. Si bien este no es el caso ?por no existir un derecho constitucional o fundamental de por medio?, cabría afirmar que muchos otros agravios podrían ser reconducidos hacia el Derecho de la Constitución, porque en definitiva esta es la base de la que dimana el resto del ordenamiento jurídico.
No obstante, no toda infracción a un derecho constitucional debe ser necesariamente valorada en el recurso de amparo, pues por la naturaleza del reclamo, en muchos casos, la mejor manera de examinarlo con detalle y profundidad es residenciarlo en la vía ordinaria, que ofrece amplias garantías para las partes a fin de resolver el conflicto que hay entre ellas y que cuenta con las posibilidades de acudir a una robusta justicia cautelar. Al respecto, este Tribunal ha reiterado una línea jurisprudencial en el sentido de que “el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario porque tiene como única finalidad brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas” (entre muchos otros se pueden consultar los votos números 2003-14336, 2006-014421 y 2020-019038). Esta línea jurisprudencial no hace sino recordar la naturaleza propia de este proceso. [El destacado no es del original].
También es preciso indicar que existen otros mecanismos jurisdiccionales paralelos, en donde con amplias garantías se puede conceder tutela a reclamos relacionados con infracciones a derechos de rango constitucional o fundamentales. Un ejemplo de ello es la tesis de la Sala Constitucional que ordenó, bajo una mejor ponderación, residenciar los reclamos relacionados con la dilación de los procedimientos administrativos en la jurisdicción contencioso-administrativa, pues en el fondo su análisis implica un examen de los plazos legales con los que cuentan las administraciones públicas para atender los reclamos de los administrados. Así, desde la sentencia n.°2008-002545 la Sala Constitucional viene sosteniendo de forma ininterrumpida lo siguiente:
“Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el recurrente”. (Lo destacado no corresponde al original).
En forma similar, desde la sentencia n.°2017-017948, este Tribunal ha venido resolviendo, en relación con la tutela de derechos laborales, lo siguiente:
“Ciertamente, la tutela de la Sala Constitucional, en tratándose de la materia laboral, deriva de la aplicación del Título V, Capítulo Único, de la Constitución Política, denominado Derechos y Garantías Sociales. Es allí, donde encuentran protección constitucional, por medio del recurso de amparo, el derecho al trabajo, al salario mínimo, a la jornada laboral, al descanso semanal, a vacaciones anuales remuneradas, a la libre sindicalización, al derecho de huelga, a la celebración de convenciones colectivas de trabajo, entre otros; todo ello, con ocasión del trabajo. Sin embargo, bajo una nueva ponderación, dada la promulgación de la Reforma Procesal Laboral, Ley N° 9343 de 25 de enero de 2016, vigente desde el 25 de julio de 2017, esta Sala considera que ahora todos los reclamos relacionados con esos derechos laborales, derivados de un fuero especial (por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica, así como cualquier otra causal discriminatoria contraria a la dignidad humana), tienen un cauce procesal expedito y célere, por medio de un proceso sumarísimo y una jurisdicción plenaria y universal, para su correcto conocimiento y resolución, en procura de una adecuada protección de esos derechos y situaciones jurídicas sustanciales, con asidero en el ordenamiento jurídico infra constitucional, que tiene una relación indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Iguales razones caben aplicar para las personas servidoras del Estado, respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento jurídico, así como las demás personas trabajadoras del Sector Público para la tutela del debido proceso o fueros semejantes a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal. En fin, el proceso sumarísimo será de aplicación, tanto del sector público como del privado, en virtud de un fuero especial, con goce de estabilidad en el empleo o de procedimientos especiales para su tutela, con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, por violación de fueros especiales de protección o de procedimientos, autorizaciones y formalidades a que tienen derecho, las mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia, las personas trabajadoras adolescentes, las personas cubiertas por el artículo 367, del Código de Trabajo, las personas denunciantes de hostigamiento sexual, las personas trabajadoras indicadas en el artículo 620, y en fin, de quienes gocen de algún fuero semejante mediante ley, normas especiales o instrumentos colectivos de trabajo”.
Esto pone de manifiesto que, incluso, cuando hay de por medio derechos de orden constitucional o fundamental, no necesariamente su restablecimiento y protección debe residenciarse en la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo, sino que pueden existir vías paralelas más garantistas desde el punto de vista procesal, destinadas a conocer –con la profundidad que el caso lo requiere– reclamos relacionados con estos derechos. Justamente, por la forma en que está diseñado el recurso de amparo, es que los agravios que se deben conocer en esta sede son aquellos en los cuales la tutela del derecho sea compatible con las características y posibilidades de este proceso sumario. Por el contrario, no corresponde conocer en el recurso de amparo aquellos asuntos que necesiten un complejo análisis probatorio, fases de contradicción, e inmediación de la prueba, que desnaturalizan por completo la esencia del recurso de amparo” [El destacado no es del original].
“La competencia del órgano también está determinada por el respeto de la naturaleza del proceso.
No todo acto u omisión o vía de hecho, que provengan de una autoridad, aunque sean de suyo impugnable, es susceptible de ser conocido en un proceso sumario e informal. Las razones pueden ser diversas: la complejidad jurídica o técnica del acto, la necesidad de contar con un amplio acervo probatorio para determinar su validez y eficacia, etc. Sobre esto hay jurisprudencia consolidada que la Sala reitera todas las semanas al rechazar buena parte de los recursos de amparo que le son presentados.
Igualmente, el tribunal debe constatar si el objeto protegido (los derechos fundamentales presuntamente conculcados) puede ser efectivamente garantizado mediante un recurso de amparo, que es un proceso sumario e informal. Al respecto hay una reiteradísima jurisprudencia sobre el particular, que la Sala también recoge de modo habitual.
Justamente en este sentido, suscribí con la magistrada Hernández López una nota que reiteramos en muchas ocasiones [ya citada acá] (…) (nota a la sentencia 2020-23153).
Esto es así porque ciertamente muchos asuntos involucran derechos fundamentales, pero deben ser conocidos en su sede correspondiente”. (El destacado no es del original).
En esa ocasión añadí unos párrafos con un tono un tanto didácticos, pero que reflejaban de manera simple mi aproximación al tema.
“Por ejemplo, si una persona aduce que la defraudaron en una compraventa de un lote, qué duda cabe –si en efecto fue así– que le han violado su derecho y que este es un derecho fundamental. Se trata del derecho reconocido en el artículo 45 de la Constitución Política; pero es claro que el litigio sobre el particular no corresponde ser conocido en la Sala Constitucional, ni siquiera si el vendedor fue un sujeto de derecho público, porque para resolver este tipo de conflictos está la jurisdicción correspondiente. Sin ir más lejos, pues los ejemplos podrían ser abundantísimos, si un transeúnte dispara a otro, el victimario está violando el derecho fundamental a la vida o, al menos, a la integridad de la víctima, pero evidentemente el asunto tampoco puede ser conocido mediante un recurso de amparo, porque esa conducta está tipificada y, por tanto, será el juez penal quien determine la responsabilidad y el alcance y las consecuencias de esta. Pues bien, esto la Sala habitualmente lo ha tenido muy claro en su jurisprudencia, por eso, cada semana, rechaza muchos recursos de amparo señalando que se trata de asuntos propios de la legalidad ordinaria.
Lo anterior significa que, para que un caso sea examinado y resuelto en un recurso de amparo, no basta aducir que la lesión del derecho fundamental alegada tiene su causa en una conducta de la parte recurrida. Y la Sala procura respetar esos criterios justamente para no invadir las competencias de la jurisdicción ordinaria (establecidas en los artículos 49 y 153 de la Constitución Política) o las de las autoridades administrativas, según corresponda. Pero no solo por ese motivo, sino porque de esa manera, residenciándose el asunto donde corresponde, las partes tendrán todas las garantías procesales propias del debido proceso, que en un recurso sumario e informal como el amparo se reducen. Así, por ejemplo, los informes de las autoridades, al ser dados bajo fe de juramento, se tienen por ciertos, por lo que las posibilidades de desvirtuarlos son mucho menores que en procesos plenarios.
Por eso la Sala debe constatar si en atención al objeto impugnado (los actos presuntamente lesivos), al objeto protegido (los derechos fundamentales presuntamente conculcados) y al tipo de lesión (si la afectación es directa o no) el asunto es susceptible de ser conocido en un proceso sumario como es el amparo”. (El destacado no es del original).
“X.- NOTA DE LOS MAGISTRADOS CASTILLO VÍQUEZ Y GARITA NAVARRO Y DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS, CON REDACCIÓN DE LA ÚLTIMA.
Estimamos necesario consignar esta nota en la que advertimos que, bajo una mejor ponderación, en asuntos ambientales de tanta complejidad ?como el que se cuestiona en el caso concreto? valoramos que corresponde desestimar el recurso para residenciar la discusión en la vía ordinaria en donde con mayores posibilidades probatorias y procesales, así como de ejecución, se examine con detalle la conducta cuestionada.
En primer lugar, se hace necesario enfatizar que consideramos que esta Sala es competente para conocer recursos de amparo relacionados con la lesión al derecho fundamental a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los términos del artículo 50 de la Constitución Política. Lo anterior, como lo ha hecho este Tribunal con tanto éxito en el pasado. Sin embargo, advertimos que hay cuestionamientos y denuncias que, por su complejidad, rebasan la naturaleza sumaria del recurso de amparo y, en tales circunstancias, resulta más garantista para todas las partes, e incluso para la tutela efectiva del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de la protección de los recursos naturales, residenciar el conflicto en una vía ordinaria, de conocimiento plenario, en la que con más oportunidades procesales se pueda examinar la prueba y contrastar los agravios. En definitiva, para juzgar con detalle la regularidad de la conducta omisiva y/o activa de las administraciones públicas competentes en la atención y resolución del conflicto ambiental denunciado.
Recuérdese que históricamente esta Sala ha sostenido la línea jurisprudencial de que “el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario porque tiene como única finalidad brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas” (entre muchos otros se pueden consultar los votos números 2003-14336, 2006-014421 y 2020-019038). Esta línea jurisprudencial no hace sino recordar la naturaleza propia de este proceso. Por otra parte, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo se determinó que dicha jurisdicción posee amplias competencias para conocer de agravios como los que se cuestionan en el sub lite. A tales efectos, este Tribunal ha reiterado lo siguiente:
“[A]nte la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio”. (Ver, por ejemplo, las sentencias números 2010-17909, 2020-011247 y 2022-003724).
En contraposición, la ausencia de una fase probatoria plenaria que facilite la inmediación y el contradictorio de la prueba, imponen necesariamente que, en aras de una adecuada y prudente protección del derecho, se recurra a la vía ordinaria para conocer conflictos medio ambientales de suyo complejos como el que se plantea en el caso concreto. (…).
De la enumeración de agravios y el análisis de la pretensión de la parte recurrente es posible constatar que el conflicto denunciado es sumamente complejo de resolver mediante el proceso de amparo y, por lo tanto, correspondería ser residenciado en una sede ordinaria que, con mayores herramientas, pueda conocer con profundidad la denuncia de fondo, adoptar medidas cautelares y dictar amplias y específicas órdenes para atender la problemática apuntada.
La Sala debe conocer de los asuntos ambientales en todos aquellos casos cuya pretensión sea compatible con la naturaleza sumaria del recurso de amparo. Todo lo que pueda conocerse y residenciarse ante la jurisdicción constitucional porque la pretensión es compatible con las cualidades y posibilidades que este proceso otorga, debe mantenerse en esta sede. No así las denuncias ambientales cuya dilucidación requiera para su conocimiento y adecuado análisis un espacio probatorio plenario como el que se prevé en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esa es la excepción. Estimamos que la regla es entonces que procede conocer en un recurso de amparo cuando sea relativamente sencilla la constatación de la problemática y la Sala tenga las herramientas apropiadas para una oportuna y apropiada reparación, es decir, que su ejecución sea también propia de un proceso sumario.
Al respecto, es preciso advertir que hay agravios que son fácilmente constatables y no sería tan difícil su conocimiento, pero son parte de un todo. Por lo tanto es mejor que ese todo sea residenciado en una sede que, por sus características, permita que el asunto sea conocido integralmente con el análisis de todas las aristas que revisten el caso concreto. Eso sucede precisamente en el sub lite en el que se acusa la falta de resolución de una denuncia para dotar de más personal para custodiar el Área de Conservación de Osa y, paralelamente, se denuncian y enumeran una serie de problemáticas que justifican ?a juicio de los recurrentes? la necesidad de nombrar más personal técnico para salvaguardar la zona.
En definitiva, consideramos que, bajo una mejor ponderación, se hace preciso concluir que hay conflictos que, por su magnitud, requieren necesariamente de un proceso probatorio plenario para su atención y resolución. Este es justamente uno de esos casos, por lo que estimamos que lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso y remitir la totalidad del conflicto planteado ?denuncia por escasez de personal en detrimento de la biodiversidad? ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Esta nota la realizamos en aras de garantizar la debida seguridad jurídica en las líneas jurisprudenciales de esta Jurisdicción Constitucional y advertir concretamente en qué consiste el cambio de criterio parcial de los suscritos magistrados”. (El destacado no es del original).
C. Conclusión Lo dicho hasta acá es suficiente para mostrar que he procurado ser consistente en mi línea de votación. Esta puede resumirse diciendo que, para que la Sala Constitucional determine con acierto su propia competencia al conocer de asuntos que se le someten mediante un recurso de amparo, ha de respetar la necesaria congruencia que debe haber entre el objeto protegido (derechos fundamentales), objeto impugnado (conducta administrativa o de sujeto de derecho) y mecanismo procesal (proceso sumario). Esto significa que debe admitir a su trámite solo asuntos en los que, además de estar involucrada la presunta lesión de un derecho fundamental, el objeto impugnado sea susceptible de ser conocido mediante un proceso sumario, sencillo, sin complejidad probatoria. Esto además corresponde hacerlo en aras del debido proceso, el respeto de la naturaleza de los procesos y de la finalidad misma de esta jurisdicción.
Conviene agregar que si se afirmara que sólo la Sala Constitucional está llamada a proteger derechos fundamentales sería tanto como poner en entredicho, desde su raíz misma, el principio de supremacía constitucional y el de unidad del ordenamiento. Además, supondría ?en este caso? menospreciar injustamente la jurisdicción contencioso-administrativa y su robusta justicia cautelar y sus mecanismos de ejecución. Es en dicha sede donde se debe valorar una eventual prórroga para los títulos habilitantes de radiodifusión vigentes, mientras se resuelve el conflicto de legalidad que subyace, el cual, si bien puede involucrar la eventual lesión a varios derechos fundamentales, eso no demerita que la discusión de fondo que rodea este conflicto supera la naturaleza sumaria del recurso de amparo.
Anamari Garro Vargas Magistrada VCG058/2024 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: CONTRATOS O LICITACIONES Subtemas:
CONCESION.
Tema: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA Subtemas:
MEDIOS DE COMUNICACION.
Res. 2024016852 Voto salvado del magistrado Rueda Leal.
En el sub examine, respetuosamente me aparto del criterio vertido por la mayoría, pues considero que es improcedente rechazar de plano el recurso.
Al respecto, la radiodifusión entraña un evidente interés general, pues involucra la explotación de servicios inalámbricos de dominio público que pertenecen al Estado.
El ordinal 121 de la Constitución Política establece:
“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:
(…)
No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:
(…)
Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales - éstos últimos mientras se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del Estado.
(…)”.
Justamente, se acusa una situación que, por su magnitud, podría implicar una interrupción significativa de la prestación de tales servicios. Incluso, la parte accionante vincula esa situación con posibles transgresiones a derechos fundamentales y principios constitucionales conexos, entre ellos, interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica y libertad de expresión. Este último, a los efectos de justificar su relevancia constitucional, abarca la radiodifusión cualquiera que sea la naturaleza de la programación.
El ordinal29 de la Carta Magna señala:
“ARTÍCULO 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.
En ese sentido, en las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente se consignó la importancia de garantizar la libertad de expresión por medio de la radio:
“Respecto al artículo 29 el Diputado ROJAS ESPINOSA presentó moción para suprimir la frase “por medio de la imprenta” para garantizar la libertad de expresión por medio de la radio; la cual se aprobó.
Fue aprobado el artículo 29 que se leerá:
“Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables por los abusos que cometan en perjuicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.
En consecuencia, estimo imprescindible el curso del amparo a los efectos de pedir informe a las autoridades recurridas y analizar si existe o no alguna transgresión al Derecho de la Constitución.
Finalmente, aclaro que, en el sub lite, aun cuando se consigna en el encabezado de la sentencia que el recurso de amparo fue planteado a favor de una sociedad anónima (supuesto en el cual, en principio, para pronunciarme sobre el fondo exijo una relación esencial y directa con alguna persona física en relación con alguna violación a sus derechos fundamentales), no menos cierto es que, en el escrito de interposición, la persona física recurrente también manifestó expresamente interponerlo en su condición personal. Por ello, en concordancia con la posición que he sostenido en la jurisprudencia, considero que no procede el rechazo de plano en este momento procesal.
Paul Rueda L.
VCG08/2024 ... Ver más *CO* PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2024-016852 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas treinta y cuatro minutos del catorce de junio de dos mil veinticuatro.
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002]., cédula jurídica [Valor 002], contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES (MICITT).
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la secretaría de la Sala a las 14:11 horas del 31 de mayo de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Presidencia de la República y Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). Manifiesta que acude en amparo en forma personal y como representante legal de [Nombre 002]. Indica que desde 1998 es titular de una concesión de radiodifusión (102.3 F.M), cuya actividad se regula mediante Ley de Radio nro. 1758 del 19 de junio de 1954, especialmente en el artículo 25 que establece “Las licencias se entenderán por concedidas por tiempo limitado, pero se prorrogarán automáticamente mediante el pago de los derechos correspondientes, siempre y cuando se ajuste el funcionamiento e instalación de las estaciones a los términos de esta ley”. Expone que el 29 de noviembre de 2005 firmó el contrato de concesión de radiodifusión, bajo la condición de que “será por un periodo de 20 años que regirá a partir del refrendo interno del presente contrato, por parte de la Asesoría Legal del Ministerio de Gobernación y Policía, el cual podrá ser prorrogable por períodos iguales y en forma automática a solicitud del interesado con al menos 3 meses anteriores al vencimiento”. Luego, la Ley General de Telecomunicaciones asignó la competencia de la Ley de Radio al MICITT y, conforme a la interpretación de ese ministerio, el plazo para solicitar la prórroga se entendió a “18 meses”. Afirma que ese plazo lo cumplieron a cabalidad, pues antes del 21 de diciembre de 2022, al amparo del derecho de libertad de expresión, solicitaron la prórroga de la concesión. Detalla que en marzo de 2023 (más de dos meses después), la Unidad de Control Nacional de Radio (MICITT- DCNT-UCNR-OF-192-2023), en nota del 24 de febrero de 2023, comunicó que la gestión había sido remitida a la Unidad de Control Nacional de Radio para su correcta atención. Posteriormente, por oficio MICITT-DVT-OF-119-2024 del 20 de febrero de 2024, el despacho del Viceministerio de Telecomunicaciones respondió a una nota de diciembre de 2023, en la que las cámaras recordaron la gestión de solicitud de prórroga enviada desde el 21 de diciembre de 2022; allí el MICITT indicó que “el Consejo Directivo de la SUTEL no cuenta actualmente con una estructura funcional que le permita rendir los dictámenes técnicos dispuestos por ley, (…) Lo cual condiciona formal y materialmente su resolución final, y por ende impide el ejercicio efectivo de las respectivas competencias del Poder Ejecutivo, hasta que se conforme su quórum estructural y funcional mínimo”. Reclama que con ello no se respondió la gestión de diciembre de 2022, pues dependía de que Sutel contara con quórum estructural y funcional mínimo, lo que ocurrió a finales de abril de 2024. Arguye que durante 2023 Sutel estableció y comunicó los diversos paramentos al MICITT en relación con las solicitudes de prórroga de las concesiones vigentes; también, en nota del 29 de noviembre de 2023, Sutel indicó al MICITT que “con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de radiodifusión de acceso libre, brindar certeza y seguridad jurídica al sector, debe valorar una eventual prórroga y su plazo para los títulos habilitantes de radiodifusión vigentes”. Comenta que durante las conferencias de prensa del presidente de la República, sobre todo entre marzo y abril de 2024, se afirmó que no habría tal prórroga solicitada y que, de haber un “apagón” de la radiodifusión, ello sería imputable a la Sutel. Así como una serie de epítetos y descalificaciones a los medios de radiodifusión, tales como el término “prensa canalla” y “sicarios políticos”, o las frases “"Oigamos claro y duro, hay prensa canalla, comprada y vendida, no toda la prensa es así, aquí hay gente honesta en el país que son la gran mayoría, pero hay gente -de los medios de comunicación -que no es honesta”. “Esto no se trata de libertad de expresión, se trata de un grupo empresarial piensa que por sus apellidos y abolengo tiene la libertad de hacer lo que le da su santa y regalada gana, como lo han hecho por generaciones. Eso se acabó desde el 8 de mayo de 2022". Argumenta que “incluso, en relación con el proyecto de Ley 23.673 (que aumenta y pone al día los montos de impuestos por las frecuencias de radio y de televisión), el Presidente le advirtió al Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional que resellaría la ley (se perdería la excusa utilizada contra la radiodifusión). Y que si la Asamblea Legislativa aprobara un eventual resello, "nosotros vamos a poner la lista de esas 38 personas en opinión pública, de manera clara y transparente". Y agregó en otro momento, a ese propósito: "Y después dicen que yo soy un malcriado, que es que yo desafío la independencia de poderes, que es que yo no respeto la institucionalidad. Sí, ese tipo de institucionalidad no la respeto y el pueblo de Costa Rica la aborrece. Lo que pasa es que no habla habido un solo presidente en la historia de este país que apareciera en las cámaras diciendo: esto es lo que propone Oscar Izquierdo para beneficiar a René Picado y al resto de los accionistas, a los accionistas de los otros medios de televisión y radio". Luego pasó a imputarle a la SUTEL acciones indebidas de colusión con algunos sectores de la radiodifusión, le asignó la responsabilidad de un eventual apagón de las frecuencias de radio y televisión”. Exterioriza que, frente a tales manifestaciones, Sutel respondió que no era su responsabilidad un eventual apagón de las frecuencia de radio y televisión, pues cumplió con todos los requerimientos del “Estudio de Necesidad y para un Eventual Proceso Concursal de las Frecuencias de Radio y Televisión Abierta y Gratuita”. Además, entre los principales hallazgos de la consulta pública realizada por Sutel se reflejó que hay un exceso de demanda por parte de 99 posibles interesados en las bandas FM y, con la canalización del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) vigente, solo hay espacio para 45 emisoras. Esto implica la necesidad de una reforma a este plan para optimizar el uso de los recursos escasos, proceso que debe ser ejecutado por el MICITT. Resalta que, previo a la consulta pública, mediante documentos y reuniones de trabajo, se solicitó al MICITT ampliar la información para delimitar de manera clara los aspectos necesarios para el estudio, por ejemplo: los plazos de vigencia y eventual extensión de las concesiones, aspectos de obsolescencia tecnológica, entre otros temas. Arguye que realizar esta reforma para la mejora y actualización del PNAF implicaría varios meses en un proceso a cargo del MlClTT y no alcanzaría el tiempo a esta administración para elaborar los procesos concursales de radiodifusión. Cuestiona lo dicho por el MICITT en el sentido de que no se interrumpirán los servicios de radiodifusión, así como la relación que existe entre el estudio solicitado a Sutel y el impuesto de radiodifusión que pagan los medios por el uso de estas frecuencias, dado que están establecidos en la Ley de Radio nro. 1758 del 19 de junio de 1954. Acota que “No es de recibo por tanto, que con ocasión de alguna simple personal disputa, gresca o desafinidad, que el señor Presidente tenga o pueda tener con uno o varios comunicadores periodistas, o con algún socio de la empresa en la que aquél comunicador trabaje, se permita tratar de retorcer la verdad para hacernos parecer desde su transitorio poder, como simples y abusivos, aprovechados ilegítimos de un recurso, que por ser público es de todos, porque aquello no es más que un peligroso discurso sectarista e ideologizante”. Estima que el Poder Ejecutivo pretende solventar el problema creado por su inacción, no renovando los plazos de los contratos de concesión de la radio y televisión, sino mediante un posible derecho de prórroga de aquellos, por 1 (lo que es ilegal) o 5 años (lo que incumpliría el marco legal que regula la materia). Es decir, cualquiera de esas soluciones que adopte el Poder Ejecutivo limitaría los derechos y garantías constitucionales. Añade que el 19 de abril de 2024, el MICITT publicó un proyecto de decreto que procura reformar el reglamento de la Ley de Radio y establece que las concesiones vigentes se prorrogarán por un año más. Precisa que, frente a ese proyecto, la Cámara ha manifestado su oposición por las siguientes razones: “El Poder Ejecutivo pretende resolver, mediante un acto de aplicación general, un tema que debe ser resuelto individualmente, dentro del proceso de solicitud de prórroga de las concesiones de espectro radioeléctrico, iniciadas por los interesados en el mes de diciembre del 2027. 2) Al pretender resolver mediante un acto general, desconoce el derecho de defensa que tendrían los administrados si se resuelve individualmente, específicamente la posibilidad de impugnar en sede administrativa los actos que se considere transgreden derechos; con esto vulneran completamente el derecho de defensa. 3) El borrador del decreto transgrede el principio de legalidad contenido en el artículo 11, tanto de la Ley General de Administración Pública como de la Constitución Política, ya que estaría obviando la obligación contenida en el artículo 39, inciso d) de la Ley N'8660, que establece que el Poder Ejecutivo para resolver lo concerniente a la prórroga de los títulos habilitantes debe necesariamente contar con el criterio de la Superintendencia de Telecomunicaciones, del cual podrá separarse solamente justificando las razones de orden público o interés nacional que lo sustenten. El anterior criterio ha sido reiterado a ese Ministerio por la Procuraduría General de la República y por la Contraloría General de la 4) Transgrede el procedimiento que ya está establecido por ley y que en estos momentos se encuentra pendiente de resolver por parte de la Administración; al hacer esto, además del principio de legalidad, se está generando inseguridad jurídica impropia de un estado de Derecho como el costarricense, y violentando el principio de "inderogabilidad singular del reglamento' conforme a la Ley General de la Administración Pública, que la Sala Constitucional ha elevado a rango de principio constitucional. 5) Invoca el CAFTA en su justificación. Sin embargo, ni el Capitulo XIII, ni su Anexo XIII, contienen temas relacionados con radiodifusión. Esta fundamentación no corresponde. 6) El MICITT pretende prorrogar por un año, con la intención de valorar hacer una licitación pública dentro de dicho plazo. Sin detrimento de la discusión sobre si le asiste legitimación al Estado de realizar una licitación pública en relación con las concesiones vigentes y sujetas a “prórroga automática" de acuerdo en el artículo 25 de la Ley de Radio, es menester indicar que es materialmente imposible, en este caso, iniciar y resolver una licitación en el plazo de un año, ya que como es sabido el procedimiento licitatorio contiene etapas regladas con sus respectivos plazos, los cuales son de ineludible cumplimiento por parte de la Administración. Por otra parte, a hoy día el Ministerio ni siquiera ha incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la política pública que oriente el proceso, en atención del artículo 12 de la Ley General de Telecomunicaciones. Nótese que las dos únicas licitaciones de espectro que se han hecho en el país han durado cada una, alrededor de 18 meses desde el momento en que el Poder Ejecutivo giró la instrucción a la SUTEL y que la CGR refrendara los respectivos contratos, que en ese caso fueron solo 2 contratos por proceso, y no como ahora que serían más de cien concesiones que deberían tramitarse. Por lo anterior, se advierte que el plazo por el que se pretende prorrogar en el borrador de decreto consultado, no se encuentra apegado a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ahora bien, siendo que el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones ya está formalmente configurado, lo que corresponde es que dicho órgano remita las recomendaciones relacionadas con las solicitudes de prórroga que fueran presentadas desde el 2022 y que el Poder Ejecutivo se aboque a resolverlas antes del 28 de junio próximo, como en derecho corresponda”. Describe que, en relación con el referido proyecto de decreto (publicado el 19 de abril de 2024), la SUTEI, por oficio 03302-SUTEI.-SCS2024 del 6 de mayo de 2024, manifestó lo siguiente: "A. Señalar al MICITT que, la propuesta de reforma del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones contiene elementos que riñen con el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones y, los siguientes principios: jerarquía de normas, de legalidad y de reserva de ley. Lo anterior considerando que se trata de la regulación de un bien demanial y, la figura de "ampliación" propuesta en la reforma, no es permitido por el ordenamiento jurídico. Lo que permite el ordenamiento jurídico es la prórroga de las concesiones, regulada en los artículos 24 de la Ley 8642, 73 inciso d) de la Ley N°7593, y artículo 39 inciso d) de la Ley 8660. B. Solicitar al Poder Ejecutivo que analice el apego a derecho de la modificación reglamentaria puesta en consulta, principalmente, la figura jurídica empleada, sea la modificación de un transitorio. Debido a que, dicha figura aplica para situaciones temporales existentes de previo a la emisión de la norma en cuestión. Además, que analice el apego de dicha figura con la Ley General de Telecomunicaciones, en vista de la condición de bien demanial que posee el espectro radioeléctrico. Por lo que, es relevante determinar, si la figura de ampliación que se pretende aplicar vía decreto es consistente con los artículos 73 inciso d) de la Ley 7593 y 39 inciso d) de la Ley 8660, y con el principio de reserva de ley. .C. Indicar al MICITI que, si se materializa la ampliación del plazo de un año propuesta en la modificación reglamentaria, este plazo, tal como lo ha señalado la Sutel en diversas ocasiones, es insuficiente para realizar los procedimientos concursales. Lo que genera incerteza de lo que ocurriría cuando venza el plazo propuesto. Esto genera una falta de seguridad para los administrados y para el sector en general, lo que a su vez afecta la inversión, innovación y competencia en este sector...'. Añade que el 14 de mayo de 2024, la Sutel, en una nota de prensa, señaló que revisó y aprobó 98 informes técnicos de solicitud e prórroga que vencen el 28 de junio de 2024, los que serán remitidos al MICITT para que se defina si procede o no la prórroga. Detalla que el 28 de mayo de 2024, el MICITT comunicó la notificación del oficio MICITT-DVT-OF-217-2024 y otorgó un plazo de 10 días para referirse a la citada resolución. Asevera que el Poder Ejecutivo no ha propuesto ni en su Plan Nacional de Desarrollo ni en su Plan Nacional de Telecomunicaciones, propuesta alguna para modificar el régimen de concesión de la radiodifusión. Aunado a ello, las consultas hechas por el MICITT a Sutel no mencionaron algún cambio de régimen y ahora, a escasas semanas del vencimiento formal de los contratos vigentes, improvisa una propuesta de decreto, con una serie de defectos, que tienen por consecuencia una masiva violación de derechos fundamentales. Reitera que a la fecha no ha habido respuesta a la solicitud de prórroga aludida. Explica que, si al momento en que venzan los contratos de concesión no se reconoce la "prórroga automática" que establece la legislación, aunque solo fuera por el máximo de plazo que permite la legislación (menciona que “hay quienes afirman que el plazo máximo seria de 25 años conforme a una interpretación de la Procuraduría General de la República”), eso sujetaría a las emisoras de radiodifusión a la más completa incertidumbre y otorgaría al Estado (al Poder Ejecutivo, al presidente de República o al MICITT|) el poder de influir o amedrentar a los concesionarios cuando se acerque el vencimiento de los plazos establecidos en los contratos de concesión. Es decir, “fundarse en la teoría del mejor postor propia de la Licitación” inhibiría a las pequeñas empresas de radiodifusión a participar de las frecuencias e implicaría la sumisión a reglas de contenido de la Administración Pública, lo que daría lugar a un sistema que terminaría exigiendo y asignando cantidades artificiales a frecuencias para actividades culturales, religiosas y grupos ideológicos, o para radioemisoras de entretenimiento o de noticias. Menciona que la asignación de frecuencias pone en juego la libertad de expresión y no solo la asignación de bienes de dominio público, de ahí que el no prorrogar las concesiones podría conllevar a una lesión a ese derecho. Reclama que el recurrido pretenda modificar no solo el reglamento de Radiodifusión vigente desde el 2004 y cambiar el sentido de la Ley de Radio, sino que, pese a las solicitudes planteadas por más de 20 meses antes del proyecto, pretende desaplicar singular y generalmente el reglamento vigente. En cuanto al debido proceso, no se ha permitido que, mediante procedimientos administrativos, se defina si se acaban o no las prórrogas de la concesión solicitadas. En síntesis, asegura que los hechos expuestas lesionan la libertad de petición, el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, las libertad de expresión, de prensa y de empresa, derecho al trabajo, reserva de ley, así como derecho a la información, sumado a los principios de buena fe, continuidad de los servicios de radiodifusión (servicios privados de interés público), la interdicción de la desviación de poder, legalidad, razonabilidad, proporcionalidad e inderogabilidad singular de los reglamentos. Solicita, como medida cautelar, que se suspendan los actos impugnados, y, finalmente, se declare con lugar el recurso.
2. El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que acude en amparo en forma personal y como representante legal de [Nombre 002]. Indica que desde 1998 es titular de una concesión de radiodifusión, cuya actividad se regula mediante Ley de Radio No. 1758 del 19 de junio de 1954. Expone que en 2005 se firmó el contrato de concesión de radiodifusión, bajo la condición de que “será por un periodo de 20 años que regirá a partir del refrendo interno del presente contrato, (…), el cual podrá ser prorrogable por períodos iguales y en forma automática a solicitud del interesado con al menos 3 meses anteriores al vencimiento”. Sostiene que; sin embargo, conforme a la interpretación del MICITT, el plazo para solicitar la prórroga se extendió a “18 meses”. Afirma que ese periodo lo cumplieron a cabalidad, pues el 21 diciembre de 2022 solicitaron la prórroga de la concesión. Empero, esa gestión no fue contestada oportunamente y solo el 28 de mayo de 2024 recibieron una notificación del MICITT. Comenta que SUTEL no contó con quórum estructural y funcional sino hasta en abril de 2024, así como que, en noviembre de 2023, esa superintendencia indicó al ministerio accionado que, “con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de radiodifusión de acceso libre, brindar certeza y seguridad jurídica al sector, debe valorar una eventual prórroga y su plazo para los títulos habilitantes de radiodifusión vigentes”. Asevera que, lejos de aprobarse esa prórroga o de efectuar algún procedimiento administrativo para denegarla, en conferencia de prensa del presidente de la República afirmó que no se conferirá la prórroga solicitada y que, de haber un “apagón” de la radiodifusión, ello sería imputable a la SUTEL. Discrepa de esas acusaciones hacia SUTEL y estima que el Poder Ejecutivo pretende solventar el problema creado por su inacción mediante un posible derecho de prórroga por 1 o 5 años, lo que incumpliría el marco legal que regula la materia. Añade que el 19 de abril de 2024, el MICITT publicó un proyecto de decreto que procura reformar el reglamento de la Ley de Radio y establece que las concesiones vigentes se prorrogarán por un año más. Es decir, el Poder Ejecutivo pretende resolver, mediante un acto de aplicación general, un tema que debe ser resuelto individualmente dentro del proceso de solicitud de prórroga de las concesiones de espectro radioeléctrico. De este modo, se estaría desconociendo el derecho de defensa para eventualmente impugnar actos concretos. Considera que lo correspondiente es que SUTEL remita las recomendaciones relacionadas con las solicitudes de prórroga que fueran presentadas desde 2022 y que el Poder Ejecutivo las resuelva antes del 28 de junio de 2024. Adiciona que el presidente de la Republica ha emitido una serie de epítetos y descalificaciones a los medios de radiodifusión y que con las actuaciones y omisiones supraindicadas se está lesionando la libertad de prensa y de expresión. Cuestiona lo dicho por el MICITT en el sentido de que no se interrumpirán los servicios de radiodifusión. Menciona que la asignación de frecuencias pone en juego la libertad de expresión, no solo la asignación de bienes de dominio público, de ahí que el no prorrogar las concesiones podría conllevar una lesión a ese derecho. En síntesis, asegura que los hechos expuestos lesionan la libertad de petición, el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, las libertad de expresión, de prensa y de empresa, derecho al trabajo, reserva de ley, así como derecho a la información, sumado a los principios de buena fe, continuidad de los servicios de radiodifusión (servicios privados de interés público), la interdicción de la desviación de poder, legalidad, razonabilidad, proporcionalidad e inderogabilidad singular de los reglamentos.
II.INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Los argumentos que expone el recurrente demandarían que este Tribunal se pronunciara sobre las condiciones en que debe prorrogarse un contrato de concesión de radiodifusión, sobre si tal variación constituye o puede constituir la figura de la ampliación o la de prórroga del contrato. Asimismo, pide evaluar un proyecto de decreto ejecutivo. Ninguna de estas pretensiones, bajo el estado actual de las actuaciones y omisiones que se imputan al Poder Ejecutivo, son competencia de la Sala. Por una parte, para concluir si se han producido las lesiones constitucionales que se reclaman, es necesario establecer, primero, si la parte recurrente, desde el punto de vista legal, tiene o no un derecho público subjetivo a que se le prorrogue, de manera automática, la concesión, aspecto que debe ser dilucidado en sede administrativa o ante la jurisdicción contencioso administrativa. Por otro lado, parte de los reclamos atañen a hechos futuros e inciertos, en el tanto, en el momento de interposición del amparo la concesión se encuentra vigente y no hay una actuación administrativa, ni concreta ni general, que la haya dejado sin efecto o la obstaculice de forma arbitraria, al punto que permita el análisis de la lesión a alguno de los derechos fundamentales invocados, por parte de esta Sala. En consecuencia, en lo que a estos extremos compete, el recurso debe rechazarse.
III.- CONCERNIENTE A LA ACUSADA FALTA DE RESPUESTA FORMAL A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN. Finalmente, la Sala considera que la acusada falta de respuesta a la gestión planteada podría acarrear una lesión al 41 de la Constitución Política, lo que resulta inadmisible de ser conocido por ante este Tribunal, de conformidad con las siguientes consideraciones.
IV.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.
V.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para los recurrentes. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a las partes gestionantes que si a bien lo tienen pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
VI.DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Por mayoría se rechaza de plano el recurso. El magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignan nota. El magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena cursar el recurso amparo. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V. Ingrid Hess H.
Alexandra Alvarado P. Roberto Garita N.
Nota del Magistrado Salazar Alvarado:
Vista la redacción integral de la sentencia dictada en este recurso de amparo, prescindo de la nota que en su momento consideré oportuno consignarla durante la deliberación y votación de este asunto.- Luis Fdo. Salazar A.
Res n.°2024-016852 NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS A. Consideraciones preliminares He concurrido con la mayoría porque coincido en lo sustancial con los argumentos de la sentencia.
Además, he considerado oportuno consignar esta nota para enfatizar que lo cuestionado por la parte recurrente ‒la solicitud de prórroga de las concesiones de espectro radioeléctrico‒ no corresponde ser conocido mediante un recurso sumario como lo es el amparo, lo que resulta coincidente con la línea de resolución que he tenido en esta materia, tal y como de seguido mostraré.
Finalmente, me corresponde aclarar que aún en el supuesto de una inminente afectación a los servicios de radiodifusión, lo propio es que este conflicto sea conocido en la jurisdicción contencioso-administrativa, pues es la instancia encargada de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado y esa jurisdicción cuenta con una robusta justicia cautelar apropiada para atender y resolver la problemática que acá se reprocha.
B. Ejemplos de la línea jurisprudencial sostenida por la suscrita En similares ocasiones, e incluso en otras cuyo objeto ha sido de mucho menor envergadura, he dicho que no basta que estén presuntamente involucrados derechos fundamentales para que proceda que el asunto sea residenciado en esta sede y que sea resuelto mediante un recurso de amparo.
He aquí algunos ejemplos:
“Como se desprende de las sentencias transcritas, este Tribunal ha sido consistente en señalar que los requisitos de ingreso a las universidades estatales es materia que le compete a estas. En adición, la Sala ha reiterado que la controversia acerca del método y contenido de una prueba de admisión universitaria corresponde dirimirse en la vía de la legalidad, toda vez que se trata de una cuestión de gran especificidad técnica, cuya revisión obliga a un profundo diligenciamiento de prueba técnica, lo que resulta ajeno a la naturaleza sumaria del amparo” (sentencias 2020-023153, 2020-023160, 2020-024016, 2021-04817, entre otras; el destacado no es del original).
En esas numerosísimas sentencias similares, la magistrada Hernández López y yo, consignamos la siguiente nota:
“Nota de las Magistradas Hernández López y Garro Vargas con redacción de la segunda.
El recurso de amparo es un proceso sumario por naturaleza y, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política, está diseñado para proteger los derechos constitucionales (con excepción de la libertad e integridad personal) y los de carácter fundamental establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables a la República. Por ende, un asunto es susceptible de ser conocido mediante un recurso de amparo cuando se invoca la presunta de lesión de alguno de esos derechos. Pero eso no es suficiente. Es preciso que el objeto en discusión pueda ser conocido adecuadamente en un proceso sumario: es decir, en un trámite sencillo sin necesidad de una fase probatoria compleja. Además, el carácter sumario debe manifestarse no sólo en la fase de conocimiento sino también en su fase de ejecución. Sobre la base de lo anterior, las suscritas magistradas estimamos que el presente asunto no corresponde ser conocido en la Sala Constitucional mediante el recurso de amparo, pues, aunque podrían estar involucrados derechos fundamentales, para analizarlo debidamente se requiere producir prueba técnica proveniente de diversas disciplinas, con el fin de examinar los diversos elementos que entran en juego en su resolución”. (Sentencia 2020-23160; el destacado no es del original).
“3. Sobre el procedimiento del recurso de amparo Como se anunció en el preámbulo de este voto salvado, para que la aducida lesión a un derecho constitucional o fundamental pueda ser conocida ante esta jurisdicción, la naturaleza del reclamo debe ser compatible con las características del recurso de amparo. Si bien este no es el caso ‒por no existir un derecho constitucional o fundamental de por medio‒, cabría afirmar que muchos otros agravios podrían ser reconducidos hacia el Derecho de la Constitución, porque en definitiva esta es la base de la que dimana el resto del ordenamiento jurídico.
No obstante, no toda infracción a un derecho constitucional debe ser necesariamente valorada en el recurso de amparo, pues por la naturaleza del reclamo, en muchos casos, la mejor manera de examinarlo con detalle y profundidad es residenciarlo en la vía ordinaria, que ofrece amplias garantías para las partes a fin de resolver el conflicto que hay entre ellas y que cuenta con las posibilidades de acudir a una robusta justicia cautelar. Al respecto, este Tribunal ha reiterado una línea jurisprudencial en el sentido de que “el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario porque tiene como única finalidad brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas” (entre muchos otros se pueden consultar los votos números 2003-14336, 2006-014421 y 2020-019038). Esta línea jurisprudencial no hace sino recordar la naturaleza propia de este proceso. [El destacado no es del original].
También es preciso indicar que existen otros mecanismos jurisdiccionales paralelos, en donde con amplias garantías se puede conceder tutela a reclamos relacionados con infracciones a derechos de rango constitucional o fundamentales. Un ejemplo de ello es la tesis de la Sala Constitucional que ordenó, bajo una mejor ponderación, residenciar los reclamos relacionados con la dilación de los procedimientos administrativos en la jurisdicción contencioso-administrativa, pues en el fondo su análisis implica un examen de los plazos legales con los que cuentan las administraciones públicas para atender los reclamos de los administrados. Así, desde la sentencia n.°2008-002545 la Sala Constitucional viene sosteniendo de forma ininterrumpida lo siguiente:
“Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el recurrente”. (Lo destacado no corresponde al original).
En forma similar, desde la sentencia n.°2017-017948, este Tribunal ha venido resolviendo, en relación con la tutela de derechos laborales, lo siguiente:
“Ciertamente, la tutela de la Sala Constitucional, en tratándose de la materia laboral, deriva de la aplicación del Título V, Capítulo Único, de la Constitución Política, denominado Derechos y Garantías Sociales. Es allí, donde encuentran protección constitucional, por medio del recurso de amparo, el derecho al trabajo, al salario mínimo, a la jornada laboral, al descanso semanal, a vacaciones anuales remuneradas, a la libre sindicalización, al derecho de huelga, a la celebración de convenciones colectivas de trabajo, entre otros; todo ello, con ocasión del trabajo. Sin embargo, bajo una nueva ponderación, dada la promulgación de la Reforma Procesal Laboral, Ley N° 9343 de 25 de enero de 2016, vigente desde el 25 de julio de 2017, esta Sala considera que ahora todos los reclamos relacionados con esos derechos laborales, derivados de un fuero especial (por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica, así como cualquier otra causal discriminatoria contraria a la dignidad humana), tienen un cauce procesal expedito y célere, por medio de un proceso sumarísimo y una jurisdicción plenaria y universal, para su correcto conocimiento y resolución, en procura de una adecuada protección de esos derechos y situaciones jurídicas sustanciales, con asidero en el ordenamiento jurídico infra constitucional, que tiene una relación indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Iguales razones caben aplicar para las personas servidoras del Estado, respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento jurídico, así como las demás personas trabajadoras del Sector Público para la tutela del debido proceso o fueros semejantes a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal. En fin, el proceso sumarísimo será de aplicación, tanto del sector público como del privado, en virtud de un fuero especial, con goce de estabilidad en el empleo o de procedimientos especiales para su tutela, con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, por violación de fueros especiales de protección o de procedimientos, autorizaciones y formalidades a que tienen derecho, las mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia, las personas trabajadoras adolescentes, las personas cubiertas por el artículo 367, del Código de Trabajo, las personas denunciantes de hostigamiento sexual, las personas trabajadoras indicadas en el artículo 620, y en fin, de quienes gocen de algún fuero semejante mediante ley, normas especiales o instrumentos colectivos de trabajo”.
Esto pone de manifiesto que, incluso, cuando hay de por medio derechos de orden constitucional o fundamental, no necesariamente su restablecimiento y protección debe residenciarse en la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo, sino que pueden existir vías paralelas más garantistas desde el punto de vista procesal, destinadas a conocer –con la profundidad que el caso lo requiere– reclamos relacionados con estos derechos. Justamente, por la forma en que está diseñado el recurso de amparo, es que los agravios que se deben conocer en esta sede son aquellos en los cuales la tutela del derecho sea compatible con las características y posibilidades de este proceso sumario. Por el contrario, no corresponde conocer en el recurso de amparo aquellos asuntos que necesiten un complejo análisis probatorio, fases de contradicción, e inmediación de la prueba, que desnaturalizan por completo la esencia del recurso de amparo” [El destacado no es del original].
“La competencia del órgano también está determinada por el respeto de la naturaleza del proceso.
No todo acto u omisión o vía de hecho, que provengan de una autoridad, aunque sean de suyo impugnable, es susceptible de ser conocido en un proceso sumario e informal. Las razones pueden ser diversas: la complejidad jurídica o técnica del acto, la necesidad de contar con un amplio acervo probatorio para determinar su validez y eficacia, etc. Sobre esto hay jurisprudencia consolidada que la Sala reitera todas las semanas al rechazar buena parte de los recursos de amparo que le son presentados.
Igualmente, el tribunal debe constatar si el objeto protegido (los derechos fundamentales presuntamente conculcados) puede ser efectivamente garantizado mediante un recurso de amparo, que es un proceso sumario e informal. Al respecto hay una reiteradísima jurisprudencia sobre el particular, que la Sala también recoge de modo habitual.
Justamente en este sentido, suscribí con la magistrada Hernández López una nota que reiteramos en muchas ocasiones [ya citada acá] (…) (nota a la sentencia 2020-23153).
Esto es así porque ciertamente muchos asuntos involucran derechos fundamentales, pero deben ser conocidos en su sede correspondiente”. (El destacado no es del original).
En esa ocasión añadí unos párrafos con un tono un tanto didácticos, pero que reflejaban de manera simple mi aproximación al tema.
“Por ejemplo, si una persona aduce que la defraudaron en una compraventa de un lote, qué duda cabe –si en efecto fue así– que le han violado su derecho y que este es un derecho fundamental. Se trata del derecho reconocido en el artículo 45 de la Constitución Política; pero es claro que el litigio sobre el particular no corresponde ser conocido en la Sala Constitucional, ni siquiera si el vendedor fue un sujeto de derecho público, porque para resolver este tipo de conflictos está la jurisdicción correspondiente. Sin ir más lejos, pues los ejemplos podrían ser abundantísimos, si un transeúnte dispara a otro, el victimario está violando el derecho fundamental a la vida o, al menos, a la integridad de la víctima, pero evidentemente el asunto tampoco puede ser conocido mediante un recurso de amparo, porque esa conducta está tipificada y, por tanto, será el juez penal quien determine la responsabilidad y el alcance y las consecuencias de esta. Pues bien, esto la Sala habitualmente lo ha tenido muy claro en su jurisprudencia, por eso, cada semana, rechaza muchos recursos de amparo señalando que se trata de asuntos propios de la legalidad ordinaria.
Lo anterior significa que, para que un caso sea examinado y resuelto en un recurso de amparo, no basta aducir que la lesión del derecho fundamental alegada tiene su causa en una conducta de la parte recurrida. Y la Sala procura respetar esos criterios justamente para no invadir las competencias de la jurisdicción ordinaria (establecidas en los artículos 49 y 153 de la Constitución Política) o las de las autoridades administrativas, según corresponda. Pero no solo por ese motivo, sino porque de esa manera, residenciándose el asunto donde corresponde, las partes tendrán todas las garantías procesales propias del debido proceso, que en un recurso sumario e informal como el amparo se reducen. Así, por ejemplo, los informes de las autoridades, al ser dados bajo fe de juramento, se tienen por ciertos, por lo que las posibilidades de desvirtuarlos son mucho menores que en procesos plenarios.
Por eso la Sala debe constatar si en atención al objeto impugnado (los actos presuntamente lesivos), al objeto protegido (los derechos fundamentales presuntamente conculcados) y al tipo de lesión (si la afectación es directa o no) el asunto es susceptible de ser conocido en un proceso sumario como es el amparo”. (El destacado no es del original).
“X.- NOTA DE LOS MAGISTRADOS CASTILLO VÍQUEZ Y GARITA NAVARRO Y DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS, CON REDACCIÓN DE LA ÚLTIMA.
Estimamos necesario consignar esta nota en la que advertimos que, bajo una mejor ponderación, en asuntos ambientales de tanta complejidad ‒como el que se cuestiona en el caso concreto‒ valoramos que corresponde desestimar el recurso para residenciar la discusión en la vía ordinaria en donde con mayores posibilidades probatorias y procesales, así como de ejecución, se examine con detalle la conducta cuestionada.
En primer lugar, se hace necesario enfatizar que consideramos que esta Sala es competente para conocer recursos de amparo relacionados con la lesión al derecho fundamental a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los términos del artículo 50 de la Constitución Política. Lo anterior, como lo ha hecho este Tribunal con tanto éxito en el pasado. Sin embargo, advertimos que hay cuestionamientos y denuncias que, por su complejidad, rebasan la naturaleza sumaria del recurso de amparo y, en tales circunstancias, resulta más garantista para todas las partes, e incluso para la tutela efectiva del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de la protección de los recursos naturales, residenciar el conflicto en una vía ordinaria, de conocimiento plenario, en la que con más oportunidades procesales se pueda examinar la prueba y contrastar los agravios. En definitiva, para juzgar con detalle la regularidad de la conducta omisiva y/o activa de las administraciones públicas competentes en la atención y resolución del conflicto ambiental denunciado.
Recuérdese que históricamente esta Sala ha sostenido la línea jurisprudencial de que “el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario porque tiene como única finalidad brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas” (entre muchos otros se pueden consultar los votos números 2003-14336, 2006-014421 y 2020-019038). Esta línea jurisprudencial no hace sino recordar la naturaleza propia de este proceso. Por otra parte, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo se determinó que dicha jurisdicción posee amplias competencias para conocer de agravios como los que se cuestionan en el sub lite. A tales efectos, este Tribunal ha reiterado lo siguiente:
“[A]nte la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio”. (Ver, por ejemplo, las sentencias números 2010-17909, 2020-011247 y 2022-003724).
En contraposición, la ausencia de una fase probatoria plenaria que facilite la inmediación y el contradictorio de la prueba, imponen necesariamente que, en aras de una adecuada y prudente protección del derecho, se recurra a la vía ordinaria para conocer conflictos medio ambientales de suyo complejos como el que se plantea en el caso concreto. (…).
De la enumeración de agravios y el análisis de la pretensión de la parte recurrente es posible constatar que el conflicto denunciado es sumamente complejo de resolver mediante el proceso de amparo y, por lo tanto, correspondería ser residenciado en una sede ordinaria que, con mayores herramientas, pueda conocer con profundidad la denuncia de fondo, adoptar medidas cautelares y dictar amplias y específicas órdenes para atender la problemática apuntada.
La Sala debe conocer de los asuntos ambientales en todos aquellos casos cuya pretensión sea compatible con la naturaleza sumaria del recurso de amparo. Todo lo que pueda conocerse y residenciarse ante la jurisdicción constitucional porque la pretensión es compatible con las cualidades y posibilidades que este proceso otorga, debe mantenerse en esta sede. No así las denuncias ambientales cuya dilucidación requiera para su conocimiento y adecuado análisis un espacio probatorio plenario como el que se prevé en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esa es la excepción. Estimamos que la regla es entonces que procede conocer en un recurso de amparo cuando sea relativamente sencilla la constatación de la problemática y la Sala tenga las herramientas apropiadas para una oportuna y apropiada reparación, es decir, que su ejecución sea también propia de un proceso sumario.
Al respecto, es preciso advertir que hay agravios que son fácilmente constatables y no sería tan difícil su conocimiento, pero son parte de un todo. Por lo tanto es mejor que ese todo sea residenciado en una sede que, por sus características, permita que el asunto sea conocido integralmente con el análisis de todas las aristas que revisten el caso concreto. Eso sucede precisamente en el sub lite en el que se acusa la falta de resolución de una denuncia para dotar de más personal para custodiar el Área de Conservación de Osa y, paralelamente, se denuncian y enumeran una serie de problemáticas que justifican ‒a juicio de los recurrentes‒ la necesidad de nombrar más personal técnico para salvaguardar la zona.
En definitiva, consideramos que, bajo una mejor ponderación, se hace preciso concluir que hay conflictos que, por su magnitud, requieren necesariamente de un proceso probatorio plenario para su atención y resolución. Este es justamente uno de esos casos, por lo que estimamos que lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso y remitir la totalidad del conflicto planteado ‒denuncia por escasez de personal en detrimento de la biodiversidad‒ ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Esta nota la realizamos en aras de garantizar la debida seguridad jurídica en las líneas jurisprudenciales de esta Jurisdicción Constitucional y advertir concretamente en qué consiste el cambio de criterio parcial de los suscritos magistrados”. (El destacado no es del original).
C. Conclusión Lo dicho hasta acá es suficiente para mostrar que he procurado ser consistente en mi línea de votación. Esta puede resumirse diciendo que, para que la Sala Constitucional determine con acierto su propia competencia al conocer de asuntos que se le someten mediante un recurso de amparo, ha de respetar la necesaria congruencia que debe haber entre el objeto protegido (derechos fundamentales), objeto impugnado (conducta administrativa o de sujeto de derecho) y mecanismo procesal (proceso sumario). Esto significa que debe admitir a su trámite solo asuntos en los que, además de estar involucrada la presunta lesión de un derecho fundamental, el objeto impugnado sea susceptible de ser conocido mediante un proceso sumario, sencillo, sin complejidad probatoria. Esto además corresponde hacerlo en aras del debido proceso, el respeto de la naturaleza de los procesos y de la finalidad misma de esta jurisdicción.
Conviene agregar que si se afirmara que sólo la Sala Constitucional está llamada a proteger derechos fundamentales sería tanto como poner en entredicho, desde su raíz misma, el principio de supremacía constitucional y el de unidad del ordenamiento. Además, supondría ‒en este caso‒ menospreciar injustamente la jurisdicción contencioso-administrativa y su robusta justicia cautelar y sus mecanismos de ejecución. Es en dicha sede donde se debe valorar una eventual prórroga para los títulos habilitantes de radiodifusión vigentes, mientras se resuelve el conflicto de legalidad que subyace, el cual, si bien puede involucrar la eventual lesión a varios derechos fundamentales, eso no demerita que la discusión de fondo que rodea este conflicto supera la naturaleza sumaria del recurso de amparo.
Anamari Garro Vargas Res. 2024016852 Voto salvado del magistrado Rueda Leal.
En el sub examine, respetuosamente me aparto del criterio vertido por la mayoría, pues considero que es improcedente rechazar de plano el recurso.
Al respecto, la radiodifusión entraña un evidente interés general, pues involucra la explotación de servicios inalámbricos de dominio público que pertenecen al Estado.
El ordinal 121 de la Constitución Política establece:
“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:
(…)
No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:
(…)
Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales - éstos últimos mientras se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del Estado.
(…)”.
Justamente, se acusa una situación que, por su magnitud, podría implicar una interrupción significativa de la prestación de tales servicios. Incluso, la parte accionante vincula esa situación con posibles transgresiones a derechos fundamentales y principios constitucionales conexos, entre ellos, interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica y libertad de expresión. Este último, a los efectos de justificar su relevancia constitucional, abarca la radiodifusión cualquiera que sea la naturaleza de la programación.
El ordinal29 de la Carta Magna señala:
“ARTÍCULO 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.
En ese sentido, en las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente se consignó la importancia de garantizar la libertad de expresión por medio de la radio:
“Respecto al artículo 29 el Diputado ROJAS ESPINOSA presentó moción para suprimir la frase “por medio de la imprenta” para garantizar la libertad de expresión por medio de la radio; la cual se aprobó.
Fue aprobado el artículo 29 que se leerá:
“Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables por los abusos que cometan en perjuicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.
En consecuencia, estimo imprescindible el curso del amparo a los efectos de pedir informe a las autoridades recurridas y analizar si existe o no alguna transgresión al Derecho de la Constitución.
Finalmente, aclaro que, en el sub lite, aun cuando se consigna en el encabezado de la sentencia que el recurso de amparo fue planteado a favor de una sociedad anónima (supuesto en el cual, en principio, para pronunciarme sobre el fondo exijo una relación esencial y directa con alguna persona física en relación con alguna violación a sus derechos fundamentales), no menos cierto es que, en el escrito de interposición, la persona física recurrente también manifestó expresamente interponerlo en su condición personal. Por ello, en concordancia con la posición que he sostenido en la jurisprudencia, considero que no procede el rechazo de plano en este momento procesal.
Paul Rueda L.
Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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