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Res. 21559-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 30/07/2024
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber partially granted the amparo for violation of the right to petition, ordering the Municipality of Golfito to conduct the technical inspection and resolve the neighbors' request within fifteen days, but denied the claim for repair of the wall because it is a private easement, a legality matter not to be resolved in amparo.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo por violación al derecho de petición, ordenando a la Municipalidad de Golfito realizar la inspección técnica y resolver la gestión de los vecinos en un plazo de quince días, pero declaró sin lugar la pretensión de reparación del muro por tratarse de una servidumbre privada y ser un asunto de legalidad ajena al amparo.
SummaryResumen
Residents of Barrio Parroquial in Golfito filed an amparo action against the Municipality of Golfito for failing to respond to their complaints about the deteriorating retaining wall on Quebrada Banco, which threatens overflow and flooding. The wall was built over 50 years ago by the former Banana Company. Since 2010, neighbors have requested inspections and repairs without an effective response. The Constitutional Chamber found that the Municipality has not carried out the inspection ordered by the Municipal Council in 2022 nor responded to earlier requests, violating the right to petition and the right to prompt and complete justice. However, the Chamber denied the claim for repair of the wall because it is a private easement; whether it is public or private is a matter of legality to be resolved in administrative or judicial proceedings, not in amparo. The Municipality was ordered to conduct the inspection and resolve the petition within fifteen days.Vecinos del Barrio Parroquial de Golfito interpusieron recurso de amparo contra la Municipalidad de Golfito por la falta de respuesta a sus gestiones sobre el deterioro del muro de contención en la Quebrada Banco, que amenaza con desbordamientos e inundaciones. El muro fue construido por la desaparecida Compañía Bananera y tiene más de 50 años. Desde 2010, los vecinos han solicitado inspecciones y reparaciones, sin respuesta efectiva. La Sala Constitucional constató que la Municipalidad no ha realizado la inspección ordenada por el Concejo Municipal en 2022 ni ha respondido a las solicitudes más antiguas, violando el derecho de petición y el derecho a una justicia pronta y cumplida. No obstante, declaró sin lugar la pretensión de reparación del muro por tratarse de una servidumbre privada, cuya naturaleza pública o privada es un asunto de legalidad que debe dirimirse en la vía administrativa o judicial correspondiente, no en amparo. Se ordena a la Municipalidad realizar la inspección y resolver la gestión en un plazo de quince días.
Key excerptExtracto clave
VI.- Regarding the failure to respond to the requests filed. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies the violation of the fundamental rights of the petitioners. The foregoing, because from the reports rendered by the representatives of the respondent authority – which are given under oath with the consequences, including criminal, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction – and the evidence presented for the resolution of the matter, it has been duly proven that on at least 3 occasions, on June 22, 2010, June 18, 2018, and September 2, 2022, the neighbors where Quebrada Banco runs have asked the Municipality of Golfito for a solution to the infrastructure problem at Quebrada Banco to prevent flooding. In that regard, it is confirmed that in 2022, through AGREEMENT 07-ORD-38-2022, communicated by official letter of October 3, 2022, to the Director of the Technical Unit for Municipal Road Management (UTGVM), the respondent authority forwarded the request internally so that the respective inspection of the retaining infrastructure at Quebrada Banco would be carried out; but it has not been proven that the Technical Unit for Municipal Road Management (UTGVM) of the Municipality of Golfito carried it out, and communicated its results to the petitioners or the requesters. Therefore, it is found that as of the date the reports were issued, the inspection had still not been carried out. Thus, it is verified that the request of the neighbors of Quebrada Banco has not been duly processed by the respondent Municipality, even though the oldest request filed dates back more than 14 years and concerns an environmental situation (possible impact that could endanger nearby homes and their inhabitants). In that sense, a violation of the fundamental rights of the petitioners is proven. Consequently, the appropriate course is to grant the amparo.VI.- De la falta de respuesta a las gestiones planteadas. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la violación a los derechos fundamentales de la parte recurrente. Lo anterior, porque en los informes rendidos por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que al menos en 3 oportunidades, el 22 de junio de 2010, el 18 de junio de 2018 y el 02 de setiembre de 2022, los vecinos donde pasa la quebrada Banco, han pedido a la Municipalidad de Golfito una solución al problema de infraestructura en la quebrada Banco, para prevenir inundaciones. Al respecto, se comprueba que en el año 2022, por el ACUERDO-07-ORD-38-2022, comunicado por el oficio de 3 de octubre de 2022, al Director de la Unidad Técnica de la Gestión Vial (UTGVM), la autoridad recurrida remitió la gestión internamente para que se realizarán la inspección respectiva a la infraestructura de contención en la quebrada Banco; pero no se tuvo por demostrado que la Unidad Técnica de la Gestión Vial (UTGVM) de la Municipalidad de Golfito, la haya realizado, y se le comunicara a la parte recurrente o a los gestionantes sus resultados. Por ende, se constata que a la fecha de rendidos los informes la inspección seguía sin realizarse. De esta forma, se verifica que la gestión de los vecinos de la quebrada Banco no ha sido debidamente tramitada por la Municipalidad recurrida, a pesar de que la gestión más antigua que se planteó data de hace más de 14 años y que se trata de una situación ambiental (posible afectación que pueda poner en riesgo las viviendas aledañas y a sus habitantes). En ese sentido, se comprueba una violación a los derechos fundamentales de la parte recurrente. Por consiguiente, lo que procede es declarar con lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"De esta forma, se verifica que la gestión de los vecinos de la quebrada Banco no ha sido debidamente tramitada por la Municipalidad recurrida, a pesar de que la gestión más antigua que se planteó data de hace más de 14 años y que se trata de una situación ambiental (posible afectación que pueda poner en riesgo las viviendas aledañas y a sus habitantes)."
"Thus, it is verified that the request of the neighbors of Quebrada Banco has not been duly processed by the respondent Municipality, even though the oldest request filed dates back more than 14 years and concerns an environmental situation (possible impact that could endanger nearby homes and their inhabitants)."
Considerando VI
"De esta forma, se verifica que la gestión de los vecinos de la quebrada Banco no ha sido debidamente tramitada por la Municipalidad recurrida, a pesar de que la gestión más antigua que se planteó data de hace más de 14 años y que se trata de una situación ambiental (posible afectación que pueda poner en riesgo las viviendas aledañas y a sus habitantes)."
Considerando VI
"si la parte recurrente tiene duda sobre la naturaleza pública o privada de la servidumbre en cuestión, se le advierte que no corresponde a la Sala dilucidar si la misma lo es o no, pues ello constituye un asunto de legalidad que deberá ser dirimido en la vía administrativa o judicial correspondiente."
"if the petitioner has doubts about the public or private nature of the easement in question, it is warned that it is not for this Chamber to determine whether it is or not, as this constitutes a legality matter that must be resolved in the corresponding administrative or judicial venue."
Considerando VII
"si la parte recurrente tiene duda sobre la naturaleza pública o privada de la servidumbre en cuestión, se le advierte que no corresponde a la Sala dilucidar si la misma lo es o no, pues ello constituye un asunto de legalidad que deberá ser dirimido en la vía administrativa o judicial correspondiente."
Considerando VII
"las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir compromisos económicos, si no existiere subpartida presupuestaria que ampare el egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte insuficiente"
"the municipalities may not make appointments or acquire financial commitments if there is no budget line item to cover the expenditure or when the approved line item is exhausted or insufficient"
Resultando 3 (informe municipal, citando Código Municipal Art. 112)
"las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir compromisos económicos, si no existiere subpartida presupuestaria que ampare el egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte insuficiente"
Resultando 3 (informe municipal, citando Código Municipal Art. 112)
Full documentDocumento completo
*240178960007CO* Case File: 24-017896-0007-CO CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and zero minutes on the thirtieth of July, two thousand twenty-four.
Amparo action processed under case file no. 24-017896-0007-CO, filed by ALEJANDRO VARGAS JIMÉNEZ, identity card number 0604800542, ANTHONY MINOR LARA ROJAS, identity card number 0603700828, DIANA KAROLINA GUEVARA VARGAS, identity card number 0604360165, FRANCISCO ALEXIS MENA VARGAS, identity card number 0104590779, GERARDO MENA VARGAS, identity card number 0104900219, GIOVANNY ANTONIO MONTERO GÓMEZ, identity card number 0114680590, GIOVANNY RAMÓN MONTERO CHACÓN, identity card number 0601770065, JUANA CRISTINA RUGAMA PRAVIA, residence card number 800580403, MARLENI EDELTRUDIS GÓMEZ LÓPEZ, identity card number 0601950594, MILDRED YAZMÍN LOBO VARGAS, identity card number 0603580193, VÍCTOR JULIO VARGAS CHACÓN, identity card number 0601560032, against the MUNICIPALITY OF GOLFITO.
Whereas:
Drafted by Magistrate Alvarado Paniagua; and,
Considering:
Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on judgment number 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction, with some exceptions, those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve a final administrative procedure, initiated ex officio or at the request of a party, or to hear applicable administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception applies: the alleged delay in addressing a request regarding an environmental situation (possible impact from the potential overflow of a stream). Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
II.Object of the action. The petitioners claim a violation of their fundamental rights, as they allege that the requests made more than 10 years ago to the respondent Municipality for: the repair of the easement (servidumbre) area, and maintenance or construction of a retaining wall on both sides of the stream known as "Quebrada Banco"—which is more than 800 meters long and empties into the sea—have not been addressed. This is despite the risk of flooding, given that the wall was built over 50 years ago and began to collapse due to the force of the water during rainy seasons. They add that in 2022, the area was donated to the Municipality of Golfito to justify the necessary investments. However, they allege that nothing has been done, even though it was approved by agreement No. 07-ORD-38-2022 to carry out the respective inspection and study, all of which puts the nearby homes and their inhabitants at risk. They consider that the facts presented violate their fundamental rights.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been proven or because the respondent authority has failed to refer to them, as provided for in the initial order:
The banana company, in the years it operated in Golfito, built a retaining wall on the banks of the Quebrada Banco; however, said wall has been reaching the end of its useful life and has deteriorated over time (undisputed fact).
The overflow problem of the Quebrada Banco waters is caused by the collapse of the private access (easement (servidumbre de paso)) because the stream's flooding has undermined the concrete walls and the granular material of the private access, which is 3.00 m wide, with a length of 47.86 m as described in cadastral map P-610267-86, title number 67529-000 (see report and cadastral map).
The affected area, where the Quebrada Banco passes, is private property and has no public street, but rather an access easement (servidumbre) to said property (see report).
On June 19, 2010, resident Gabelo Vargas Castro asked the Municipality of Golfito to repair "the channel" that is the Quebrada Banco, due to overflows (see evidence provided by the petitioner).
On June 22, 2010, residents of the locality of Golfito asked the Municipal Mayor to provide a solution to the water overflow problem in the Quebrada Banco (see evidence provided by the petitioner).
On June 20, 2011, the Coordinator asked the Director of the Unidad Técnica de la Gestión Vial of the Municipality of Golfito to conduct an inspection of the Quebrada Banco, in response to a complaint filed by Gabelo Vargas Castro, who affirms that his property is being "washed away" (see evidence provided by the petitioner).
On June 18, 2018, residents of the locality asked the Municipal Mayor to carry out: "an immediate inspection of the site, and then proceed to correct the problem we are denouncing. Attached is a note, one of many that have been sent, and an official letter from the Municipality informing the Unidad Técnica de Gestión Vial of the problem." (see evidence provided by the petitioner).
By official letter of September 29, 2022, it is indicated: "Article Eight A note dated September 2, 2022, signed by the residents of the Barrio Parroquial of the Banco Nacional de Costa Rica, is reviewed. The clarification is made that this note was read in the public audience chapter, in Article Three, where the full request can be read. AGREEMENT 07-0RD 38-2022: By unanimous vote, IT IS APPROVED: To forward it to the administration so that, through the Unidad Técnica, the respective inspection and study of the case is carried out. This agreement is declared FIRM AND DEFINITIVELY APPROVED. (see evidence).
By official letter of October 3, 2022, the Municipal Mayor of Golfito sent a note to the Director of the Unidad Técnica de la Gestión Vial (UTGVM) of the Municipality of Golfito, informing him of agreement 693-09-2022: A note dated September 2, 2022, signed by the residents of the Barrio Parroquial of the Banco Nacional de Costa Rica, is reviewed. AGREEMENT-07-ORD 38-2022, IT IS APPROVED: To forward it to the administration so that, through the Unidad Técnica, the respective inspection and study of the case is carried out. Accordingly, you are instructed to prepare the corresponding inspections and technical reports and notify them to this Mayor's Office within a period of 22 business days. (…)"
This Tribunal, in its jurisprudence, has recognized the obligation of Municipalities to execute effective and swift actions based on the needs of the territorial circumscription assigned to each municipal corporation, which is intimately linked to the population element. Such obligations derive from what is contemplated in articles 169 and 170 of the Political Constitution, and encompass a wide range of activities. Thus, in judgments No. 2011-12886 at 12:44 hours on September 23, 2011, and No. 2015010541 at 09:20 hours on July 17, 2015, among others, this Chamber indicated:
"(…) according to article 169 of the Political Constitution and the Código Municipal, municipal governments are responsible for the administration of local services and interests, with the aim of promoting the comprehensive development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish an integral urban planning policy in accordance with the respective law, which pursues the efficient and harmonious development of urban centers and guarantees—at least—efficient electrification and communication services; good systems for potable water supply and sewage evacuation; adequate aqueduct and sewer systems; lighting and ornamental systems for cities; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the life of the population comfortable and safe." Furthermore, regarding the provision of services, this Chamber has indicated—e.g., judgment No. 2016-000427 at 09:30 hours on January 15, 2016—that the proper functioning of these services corresponds to a fundamental right.
This is based on the content of articles 139, 140, and 191 of the Political Constitution. This translates into the obligation of the various Public Administrations to provide services in a continuous, regular, swift, effective, and efficient manner. Likewise, from the organic part of the Fundamental Charter, a series of principles of the organization and function of the Administration are erected, which have been developed by infra-constitutional norms, such as the Ley General de la Administración Pública, which in its articles 4, 225, paragraph 1, and 269, paragraph 1, imposes the duty on State bodies to guide and nourish administrative organization and function. Thus, the principle of effectiveness implies that the administrative organization is designed to achieve the objectives and purposes assigned by the legal system itself, which mandates the existence of planning and accountability.
Efficiency, for its part, implies obtaining the best results with the rational use of the resources available to the different departments. Likewise, the principle of simplicity is imposed on the Administration, which must be understood as the obligation for administrative structures and their competencies to be easily comprehensible, without complex procedures that delay the satisfaction of public interests. The principle of swiftness imposes the obligation on Public Administrations to fulfill their objectives and purposes in the most expeditious, rapid, and accurate manner possible, to avoid undue and unjustified delays. Thus, these principles impose a series of permanent requirements, responsibilities, and duties on all public entities."
VI.On the lack of response to the requests filed. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies the violation of the fundamental rights of the petitioner. The foregoing is because, in the reports submitted by the representatives of the respondent authority—which are considered given under oath with the consequences, including criminal ones, provided in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that on at least 3 occasions, on June 22, 2010, June 18, 2018, and September 2, 2022, the residents where the Quebrada Banco passes have asked the Municipality of Golfito for a solution to the infrastructure problem in the Quebrada Banco to prevent flooding. In this regard, it is verified that in 2022, through AGREEMENT-07-ORD-38-2022, communicated by official letter of October 3, 2022, to the Director of the Unidad Técnica de la Gestión Vial (UTGVM), the respondent authority internally forwarded the request so that the respective inspection of the containment infrastructure in the Quebrada Banco would be carried out; but it was not proven that the Unidad Técnica de la Gestión Vial (UTGVM) of the Municipality of Golfito has conducted it, nor that its results were communicated to the petitioner or the requestors. Therefore, it is confirmed that as of the date the reports were submitted, the inspection still had not been carried out.
Thus, it is verified that the request from the residents of the Quebrada Banco has not been duly processed by the respondent Municipality, despite the fact that the oldest request filed dates back more than 14 years and involves an environmental situation (potential impact that could put nearby homes and their inhabitants at risk). In this sense, a violation of the fundamental rights of the petitioner is confirmed. Consequently, it is appropriate to grant the action.
VII.On the lack of repair of the Quebrada Banco retaining wall because it is a private easement. Finally, it is deemed necessary to mention in this matter that the petitioner fails to prove that in 2022, any donation contract for the easement (servidumbre) area next to the Quebrada Banco was formalized in the name of the Municipality of Golfito. This, with the purpose of the latter assuming the costs of the repair or new construction of a retaining wall to avoid or prevent flooding during the rainy season in that locality. From cadastral map P-610267-1986, title number 67529-000, provided by the respondent party, the latter indicates that it is evident that the easement in question is private property and, under oath, indicates that the problem afflicting the residents of the stream is caused by the collapse of the private access (easement (servidumbre de paso)), caused by the flooding of the Quebrada Banco, which has undermined the concrete walls and the granular material of the private access, which is 3.00 m wide, with a length of 47.86 m. They explain that the affected area is located within a private property where there is no public street, but rather an access easement to said property, and therefore it is not the responsibility of the respondent Municipality to make the repair requested by the petitioner, but rather it corresponds to those who use the easement.
Now, if the petitioner has doubts about the public or private nature of the easement in question, they are warned that it is not up to the Chamber to determine whether or not it is so, as this constitutes a matter of legality that must be resolved in the corresponding administrative or judicial venue.
Consequently, it is appropriate to dismiss this part of the action, as is hereby declared.
I have supported the thesis of this Tribunal that when a party alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, it is the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber, that must hear the legal dispute. Now, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo action established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is responsible for defining exclusively its own competence.
Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptions that may be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo guarantee, in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
The parties are warned that if any paper documents were provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic devices or those produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment.
Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The appeal is partially granted, for violation of Article 41 of the Constitution. Freiner Lara Blanco, in his capacity as Alcalde Municipal, and Alfonso Rojas Loria, in his capacity as President of the Concejo Municipal, both of the Municipalidad de Golfito, or whoever may hold those positions in their stead, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies, so that, within a maximum period of FIFTEEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the respective inspection is carried out at the site indicated by the appealing party, the petition filed is effectively resolved, and the corresponding result is communicated. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or to have it complied with, provided that the offense is not more severely punished.
The Municipalidad de Golfito is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo attaches a note. In all other respects, the appeal is dismissed. Notify.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Aracelly Pacheco S.
Alexandra Alvarado P.
*43VMSXI438ZT061*
*240178960007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cero minutos del treinta de julio de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 24-017896-0007-CO, interpuesto por ALEJANDRO VARGAS JIMÉNEZ, cédula de identidad 0604800542, ANTHONY MINOR LARA ROJAS, cédula de identidad 0603700828, DIANA KAROLINA GUEVARA VARGAS, cédula de identidad 0604360165, FRANCISCO ALEXIS MENA VARGAS, cédula de identidad 0104590779, GERARDO MENA VARGAS, cédula de identidad 0104900219, GIOVANNY ANTONIO MONTERO GÓMEZ, cédula de identidad 0114680590, GIOVANNY RAMÓN MONTERO CHACÓN, cédula de identidad 0601770065, JUANA CRISTINA RUGAMA PRAVIA, cédula de residencia 800580403, MARLENI EDELTRUDIS GÓMEZ LÓPEZ, cédula de identidad 0601950594, MILDRED YAZMÍN LOBO VARGAS, cédula de identidad 0603580193, VÍCTOR JULIO VARGAS CHACÓN, cédula de identidad 0601560032, contra la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
Resultando:
Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y,
Considerando:
Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa, con algunas excepciones, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo, instruido de oficio o a instancia de parte, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción: la supuesta tardanza en atender una gestión referente a una situación ambiental (posible afectación por eventual desbordamiento de una quebrada). Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.Objeto del recurso. Los recurrentes reclaman violación a sus derechos fundamentales, pues acusan que las gestiones planteadas desde hace más de 10 años ante la Municipalidad recurrida, para que: se arregle el área de la servidumbre de paso, y se dé mantenimiento o se levante un muro de contención en ambos lados de la quebrada conocida como "Quebrada Banco", -la cual tiene una longitud de más de 800 metros y desemboca en el mar-, no ha sido atendida. Ello, pese al peligro de desbordamiento, en razón de que el muro cuenta con más de 50 años de construido, y comenzó a colapsar debido a la fuerza del agua durante las temporadas lluviosas. Añaden que en el año 2022, el área fue donada a la Municipalidad de Golfito, para poder justificar las inversiones necesarias. Sin embargo, acusan nada se ha hecho pese a que se aprobó por acuerdo No. 07-ORD-38-2022, realizar la inspección y el estudio respectivo, todo lo cual pone en riesgo las viviendas aledañas y a sus ocupantes habitantes. Estiman que los hechos expuestos violan sus derechos fundamentales.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
La compañía bananera, en los años que se encontró operando en Golfito, construyó un muro de contención en las orillas de la quebrada Banco, sin embargo, dicho muro ha ido cumpliendo su vida útil y con el paso del tiempo se ha deteriorado (hecho no controvertido). El problema de desbordamiento de aguas de la Quebrada Banco se da por el colapso del acceso privado (servidumbre de paso) debido a que las crecidas de la quebrada han socavado las paredes de concreto y el material granular del acceso privado, el cual es de 3,00 m de ancho, con una longitud de 47.86 m según se describe en el plano catastrado P-610267-86, numero de matrícula 67529-000 (ver informe y plano catastrado) El área afectada, donde pasa la quebrada Banco, que es propiedad privada, no tiene calle pública, sino una servidumbre de acceso a dicha propiedad. (ver informe). El 19 de junio de 2010, el vecino Gabelo Vargas Castro, pide a la Municipalidad de Golfito reparar “el caño” que es quebrada Banco, debido a los desbordamientos (ver prueba, aportada por el recurrente).
El 22 de junio de 2010, vecinos de la localidad de Golfito, pidieron al Alcalde Municipal se dé una solución al problema de desbordamiento de agua en la quebrada Banco (ver prueba, aportada por el recurrente). El 20 de junio de 2011, la Coordinadora pide al Director de la Unidad Técnica de la Gestión Vial de la Municipalidad de Golfito, realizar una inspección en la quebrada Banco, en atención a denuncia planteada por Gabelo Vargas Castro, quien afirma se está “lavando su propiedad” (ver prueba, aportada por el recurrente). El 18 de junio de 2018, vecinos de la localidad pidieron al Alcalde Municipal realizara: “una inspección inmediata del sitio, y de seguido se proceda a corregir el problema que estamos denunciando. Adjunto nota, de las tantas que se han enviado, y oficio de la Municipalidad donde pone en conocimiento del problema a la Unidad Técnica de Gestión Vial.” (ver prueba, aportada por el recurrente).
Por oficio de 29 de setiembre de 2022, se indica: “Articulo Ocho Se conoce nota de fecha 02 de setiembre del 2022, firmado por los vecinos del Barrio Parroquial del Banco Nacional de Costa Rica. Se hace la aclaración que esta nota fue leída en el capítulo de atención al público, en el Artículo Tres donde puede leerse integra la solicitud planteada. ACUERDO 07-0RD 38-2022: Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la administración para que por medio de la Unidad Técnica se haga la inspección y el estudio respectivo del caso. Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. (ver prueba). Por oficio de 3 de octubre de 2022, el Alcalde Municipal de Golfito, remite nota al Director de la Unidad Técnica de la Gestión Vial (UTGVM) de la Municipalidad de Golfito, mediante la cual le comunica el acuerdo 693-09-2022: Se conoce nota de fecha 02 de setiembre del 2022, firmada por los vecinos del Barrio Parroquial del Banco Nacional de Costa Rica.
ACUERDO-07-ORD 38-2022, SE APRUEBA: Trasladarla a la administración para que por medio de la Unidad Técnica se haga la inspección y el estudio respectivo del caso. Así las cosas se le instruye elaborar las inspecciones e informes técnicos correspondientes y notificarlos a esta Alcaldía en un plazo de 22 días hábiles.(…)”
Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha reconocido la obligación de las Municipalidades de ejecutar acciones eficaces y céleres en función de las necesidades de la circunscripción territorial asignada a cada corporación municipal, y que se encuentra íntimamente ligado al elemento de población. Tales obligaciones, derivan de lo contemplado en los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, siendo que abarca un amplio número de actividades. Así, en sentencias N° 2011-12886 de las 12:44 horas de 23 de setiembre de 2011 y N° 2015010541 de las 09:20 horas de 17 de julio de 2015, entre otras, esta Sala indicó:
“(…) conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población”.
Además, en materia de prestación de servicios, esta Sala ha señalado –v. gr. sentencia N° 2016-000427 de las 09:30 horas de 15 de enero de 2016- que el buen funcionamiento de estos corresponde a un derecho fundamental. Esto, a partir del contenido de los artículos 139, 140 y 191 de la Constitución Política. Esto se traduce en la obligación de las distintas Administraciones Públicas de prestar servicios de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Asimismo, de la parte orgánica de la Carta Fundamental, se erigen una serie de principios de la organización y función de la Administración, los cuales han sido desarrollados por normas infra constitucionales, tales como la Ley General de la Administración Pública, que en sus artículos 4, 225, párrafo 1 y 269, párrafo 1, impone el deber de los órganos del Estado, de orientar y nutrir la organización y la función administrativa. Así, el principio de eficacia supone que la organización administrativa está diseñada para la obtención de objetivos y fines asignados por el propio ordenamiento jurídico, lo que obliga la existencia de planificación y rendición de cuentas.
Por su parte, la eficiencia implica la obtención de los mejores resultados con el uso racional de los recursos con los que cuentan las diferentes dependencias. Asimismo, se impone a la Administración el principio de simplicidad, el cual se debe entender como la obligación de que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión, sin procedimientos complejos que retarden la satisfacción de los intereses públicos. El principio de celeridad, impone la obligación a las Administraciones Públicas a cumplir con sus objetivos y fines, de la forma más expedita, rápida y acertada posible, para evitar retardos indebidos e injustificados. Así, estos principios imponen una serie de exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos.”
VI.De la falta de respuesta a las gestiones planteadas. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la violación a los derechos fundamentales de la parte recurrente. Lo anterior, porque en los informes rendidos por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que al menos en 3 oportunidades, el 22 de junio de 2010, el 18 de junio de 2018 y el 02 de setiembre de 2022, los vecinos donde pasa la quebrada Banco, han pedido a la Municipalidad de Golfitodé una solución al problema de infraestructura en la quebrada Banco, para prevenir inundaciones. Al respecto, se comprueba que en el año 2022, por el ACUERDO-07-ORD-38-2022, comunicado por el oficio de 3 de octubre de 2022, al Director de la Unidad Técnica de la Gestión Vial (UTGVM), la autoridad recurrida remitió la gestión internamente para que se realizarán la inspección respectiva a la infraestructura de contención en la quebrada Banco; pero no se tuvo por demostrado que la Unidad Técnica de la Gestión Vial (UTGVM) de la Municipalidad de Golfito, la haya realizado, y se le comunicara a la parte recurrente o a los gestionantes sus resultados. Por ende, se constata que a la fecha de rendidos los informes la inspección seguía sin realizarse.
De esta forma, se verifica que la gestión de los vecinos de la quebrada Banco no ha sido debidamente tramitada por la Municipalidad recurrida, a pesar de que la gestión más antigua que se planteó data de hace más de 14 años y que se trata de una situación ambiental (posible afectación que pueda poner en riesgo las viviendas aledañas y a sus habitantes). En ese sentido, se comprueba una violación a los derechos fundamentales de la parte recurrente. Por consiguiente, lo que procede es declarar con lugar el recurso.
VII.De la falta de reparación del muro de contención de la quebrada Banco, por tratarse de una servidumbre privada. Por último, se estima necesario mencionar en el presente asunto que, no logra acreditar la parte recurrente que en el año 2022, se haya formalizado algún contrato de donación del área de servidumbre al lado de la quebrada Banco, a nombre de la Municipalidad de Golfito. Esto, con el propósito de que esta asuma los costos de la reparación o nueva construcción de un muro de contención, que evite o prevenga inundaciones en época lluviosa en esa localidad. Del plano catastrado P-610267-1986, número de matrícula 67529-000, aportado por la parte recurrida, esta señala que se desprende que la servidumbre en cuestión es propiedad privada y bajo juramento indica que el problema que aqueja a los vecinos de la quebrada se da por el colapso del acceso privado (servidumbre de paso), provocado por las crecidas de la quebrada Banco, que han socavado las paredes de concreto y el material granular del acceso privado, el cual es de 3,00 m de ancho, con una longitud de 47.86 m. Explican que el área afectada se encuentra dentro de una propiedad privada donde no hay calle pública, sino una servidumbre de acceso a dicha propiedad, por lo que no le corresponde a la Municipalidad recurrida hacer la reparación solicitada por la parte recurrente, sino que ello corresponde a quienes utilizan la servidumbre.
Ahora bien, si la parte recurrente tiene duda sobre la naturaleza pública o privada de la servidumbre en cuestión, se le advierte que no corresponde a la Sala dilucidar si la misma lo es o no, pues ello constituye un asunto de legalidad que deberá ser dirimido en la vía administrativa o judicial correspondiente.
En consecuencia, procede desestimar el recurso en cuanto a este extremo, como en efecto se declara.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, por violación del artículo 41 constitucional. Se ordena a Freiner Lara Blanco, en su condición de Alcalde Municipal, y Alfonso Rojas Loria, en su calidad de Presidente del Concejo Municipal ambos de la Municipalidad de Golfito, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realice la inspección respectiva en el sitio indicado por la parte recurrente, se resuelva efectivamente la gestión planteada y se comunique el resultado correspondiente. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Municipalidad de Golfito al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo pone nota. En lo demás se declara sin lugar el recurso Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Aracelly Pacheco S.
Alexandra Alvarado P.
*43VMSXI438ZT061*
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