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Res. 21457-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 30/07/2024
OutcomeResultado
The appeal is partially granted only for violation of Article 41 of the Constitution (prompt and complete justice) due to CONAVI's failure to respond to the tree-pruning request, with the State ordered to pay costs, damages, and losses. Regarding the actual felling, it is denied and the matter is referred to the agrarian jurisdiction.El recurso se declara parcialmente con lugar únicamente por violación del artículo 41 constitucional (justicia pronta y cumplida) ante la omisión de respuesta del CONAVI a la solicitud de poda de árboles, con condenatoria al Estado por costas, daños y perjuicios. En lo relativo a la corta misma, se declara sin lugar y se remite a la jurisdicción agraria.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by the director of the Dr. Roberto Chacón Paut National Psychiatric Hospital on behalf of neighbors, employees, and hospital users against MOPT and CONAVI. The claim concerns the lack of response to repeated complaints about trees in poor condition on National Route 202, threatening the safety of pedestrians and vehicles. Although MOPT's Road Safety Department had evaluated the trees and processed two logging permits with SINAC (in 2018 and 2021), CONAVI never carried out the felling, allowing the permits to expire. The Chamber finds a serious administrative omission that violated the right to prompt and complete administrative justice. However, it refers the substantive issue of tree removal to the agrarian courts, as it constitutes a summary demolition proceeding under Article 108 of the Civil Procedure Code. The appeal is partially granted only for the violation of Article 41 of the Constitution, ordering payment of costs, damages, and losses; the rest is denied.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por la directora del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut en favor de vecinos, funcionarios y usuarios del hospital, contra el MOPT y CONAVI. Se reclama la falta de atención a reiteradas denuncias sobre árboles en mal estado en la ruta nacional N.° 202, que amenazan la seguridad de transeúntes y vehículos. Aunque la Dirección de Seguridad Vial del MOPT había evaluado los árboles y tramitado dos permisos de corta ante SINAC (2018 y 2021), CONAVI nunca ejecutó la tala, dejando vencer dichos permisos. La Sala constata una grave omisión administrativa que vulneró el derecho a una justicia pronta y cumplida. Sin embargo, remite la solución de fondo sobre la corta a la jurisdicción agraria, por tratarse de un proceso sumario de derribo regulado en el artículo 108 del Código Procesal Civil. Se declara parcialmente con lugar el recurso solo por violación del artículo 41 constitucional, ordenando el pago de costas, daños y perjuicios; en lo demás, se declara sin lugar.
Key excerptExtracto clave
From the list of proven facts it is inferred that, effectively, on National Route 202, on the east side of the Dr. Roberto Chacón Paut National Psychiatric Hospital, there is a group of trees, located between 7.5 meters and 12 meters from the center line of the roadway, which represent a danger to pedestrians and vehicles passing by. Likewise, it is verified that the CONAVI's Road and Bridge Conservation Management has been aware of this situation since 2017, since the MOPT's DSEC forwarded two tree-felling requests for the trees in question during the years 2017 and 2021, but did nothing about it and rather allowed the felling permits issued in that regard by the SINAC Cartago office to expire. In addition, this year it took up the case again only due to the filing of this appeal. However, although the foregoing constitutes a serious administrative omission —since it has endangered people's lives—, it must be noted that in judgment No. 2024019586 of 09:20 hours on July 12, 2024, the Chamber declared the following: "The correct procedure to determine whether or not the felling of a tree under such conditions is appropriate is through the summary demolition proceeding before the Agrarian Court of the locality where the tree is located. [...] Basically, Article 108 of the Biodiversity Law states: 'In matters of biodiversity and as long as there is no environmental jurisdiction, any dispute will be the exclusive competence of the contentious-administrative jurisdiction. As exceptions to the above rule, crimes against biodiversity will be tried by the criminal jurisdiction; likewise, disputes between private parties, where there is no administrative act or public domain involved, will be the competence of the agrarian jurisdiction'." Therefore, this amparo is partially granted only with respect to the lack of response to the request made by CCSS officials since 2017. As for the actual felling of the trees, the petitioner must resort to the Agrarian Jurisdiction.Del elenco de hechos probados se colige que, efectivamente, sobre la ruta nacional N° 202, al costado este del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut, hay un grupo de árboles, situados entre 7,5 metros a 12 metros de la línea de centro de la calzada, que representan un peligro para los transeúntes y los vehículos que circulan por allí. Igualmente, se constata que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI ha estado al corriente de esa situación desde el año 2017, pues la DSEC-MOPT le trasladó dos solicitudes de corta de los árboles que interesan durante los años 2017 y 2021, pero no hizo nada al respecto y más bien dejó vencerse los permisos de corta expedidos en ese sentido por la oficina de SINAC Cartago. A ello se le suma que este año retomó el caso, únicamente, a causa de la interposición de este recurso. Sin embargo, aunque lo anterior constituye una grave omisión administrativa —pues con ella se ha puesto en peligro la vida de las personas—, se impone indicar que en la sentencia N° 2024019586 de las 09:20 horas del 12 de julio de 2024, la Sala declaró lo siguiente: "El procedimiento correcto para determinar si procede o no la corta de un árbol de tales condiciones, es a través de la vía sumaria de derribo ante el Juzgado Agrario de la localidad donde está ubicado el árbol. [...] Básicamente, el numeral 108 de la Ley de Biodiversidad señala: ‘En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Como excepciones a la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria’." Por lo tanto, procede declarar con lugar este amparo, únicamente, en cuanto a la falta de respuesta a la solicitud formulada por funcionarios de la CCSS desde el año 2017. En lo tocante a la corta en sí de los árboles, deberá la parte recurrente acudir ante la Jurisdicción Agraria.
Pull quotesCitas destacadas
"El procedimiento correcto para determinar si procede o no la corta de un árbol de tales condiciones, es a través de la vía sumaria de derribo ante el Juzgado Agrario de la localidad donde está ubicado el árbol."
"The correct procedure to determine whether or not the felling of a tree under such conditions is appropriate is through the summary demolition proceeding before the Agrarian Court of the locality where the tree is located."
Considerando IV
"El procedimiento correcto para determinar si procede o no la corta de un árbol de tales condiciones, es a través de la vía sumaria de derribo ante el Juzgado Agrario de la localidad donde está ubicado el árbol."
Considerando IV
"De lo expuesto, al estarse en presencia de un conflicto en el que se discute el derribo de un árbol que podría ser ruinoso o no, tal reclamo se relaciona con un recurso natural, por lo que corresponde ser conocido en sede jurisdiccional agraria conforme a la normativa citada y no un trámite administrativo ante al SINAC."
"From the above, being in the presence of a conflict in which the demolition of a tree that may or may not be ruinous is discussed, such claim relates to a natural resource, therefore it must be heard in the agrarian jurisdiction in accordance with the cited regulations and not through an administrative procedure before SINAC."
Considerando IV
"De lo expuesto, al estarse en presencia de un conflicto en el que se discute el derribo de un árbol que podría ser ruinoso o no, tal reclamo se relaciona con un recurso natural, por lo que corresponde ser conocido en sede jurisdiccional agraria conforme a la normativa citada y no un trámite administrativo ante al SINAC."
Considerando IV
"Lo anterior constituye una grave omisión administrativa —pues con ella se ha puesto en peligro la vida de las personas—."
"The foregoing constitutes a serious administrative omission —since it has endangered people's lives—."
Considerando IV
"Lo anterior constituye una grave omisión administrativa —pues con ella se ha puesto en peligro la vida de las personas—."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
WHEREAS:
1.- By brief received at 09:10 hours on June 11, 2024, the petitioner filed an amparo action against the MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES and the CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, on behalf of the NEIGHBORS OF DULCE NOMBRE DE LA UNIÓN, the STAFF OF HOSPITAL DR. ROBERTO CHACÓN PAUT, and the USERS OF THE HOSPITAL'S HEALTH SERVICES, and states the following, in summary: that she is the administrative and financial director of the Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut, located in Dulce Nombre, La Unión, 4 kilometers north of the Municipalidad de La Unión. She explains that, on the east side of the aforementioned hospital, both inside and outside the property, there is an enormous number of trees of significant height, and among them there are some that are in very poor condition. With the passage of time, the issue of these trees has become a serious problem, since it represents an imminent danger to all pedestrians and drivers who pass by there daily. She claims that, given the condition of the trees, there is a threat that they could fall at any moment, causing material damage to the power lines and, eventually, to some vehicle. However, her greatest fear is that someone could be injured due to the fall of any of them. Consequently, enormous efforts have been made to solve this problem, knocking on several doors, until they were finally told that the entity responsible for that kind of work was CONAVI. Nevertheless, she literally accuses the following: "... despite the fact that both we and representatives of the Municipalidad de La Unión have requested this entity's collaboration, the truth of the matter is that no solution has been given to this serious problem, with the aggravating factor that the trees deteriorate further with the passage of time and its inclemencies; increasingly putting human and material safety at risk. FIFTH: It is important to indicate that our first approach with representatives of the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) was via email dated Thursday, January 23, 2020; subsequently, after other follow-ups, we raised the problem again through the same means on Tuesday, July 12, 2020; and already tired of not having a response to this serious problem, we filed the request through the Single Window (Ventanilla Única) of said public entity, on December 6, 2023; and just like in the previous requests, we have not had any response, visits to the site without any concrete solution…" —see the record—. Despite the time that has elapsed, she asserts that no response has been given to her requests, nor has the reported problem been addressed. Therefore, she considers fundamental rights violated. She requests that the action be granted, so that the pruning and/or cutting of all those trees that represent a danger to pedestrians, vehicles, and power lines be carried out, in order to definitively prevent an accident from occurring due to the eventual fall of any of these trees.
2.- Efraím Zeledón Leiva, in his capacity as acting executive director of CONAVI, reports under oath the following: "...in order to address the situation alleged in this action, the Road and Bridge Conservation Management (Gerencia de Conservación de Vías y Puentes) of the Consejo Nacional de Vialidad proceeded to conduct a site visit, in which they state that a meeting was held with Eng. William Chavarría Sánchez, head of the engineering service of Hospital Dr. Roberto Chacón Paut, who described the reported situation regarding a group of trees located 7.5 m to 12 m from the centerline of the roadway on national route No. 202, with stability problems due to the type of soil, which is susceptible to erosion. That as a result of the on-site verification, the Road and Bridge Conservation Management submitted technical report number DRC-08-2024-0751 dated June 14, 2024, in order to clarify and respond to the resolution issued at eight hours twenty-nine minutes on June twelve, two thousand twenty-four, by this honorable Chamber. Said report mentions the following: Location: [presents an aerial image of the place]... FINDINGS: The result of the inspection is detailed below: 1. 42 trees are counted, with an average height of 7 to 9 meters and a distance from the centerline of 7 m to 12 m. 2. The slope (talud) where the trees are located shows erosion and has an average height of 5 meters. 3. The diameters of these trees range from 150 mm to 1000 mm. 4. Some of these trees are observed on the ground, because their roots are completely exposed. 5. In a unit-by-unit review of the trees, some are located 30 cm from the edge of the slope (talud), with exposed roots, prone to falling onto national route No. 202, affecting road users and obstructing passage over it. 6. Visually, the trees present fungi in certain species, and others are dry and lifeless... [presents a series of images as a photographic record]... Following the above, the request for tree cutting in the right-of-way (derecho de vía) was processed before the MOPT, through official letter DRC-08-2024-0748 (0838) (attached); additionally, a response was given to the user through official letter DRC-08-2024-0749 (0206) (attached)...' The report continues mentioning: '... Finally, it is highlighted that on national route No. 202, maintenance has been provided permanently, with activities such as clearing (descuaje), ditch cleaning, emergency pothole patching, among others, through the following Contracts: Direct Contract 2022CD-000145-0006000001. Routine maintenance, contingencies, basic bridge maintenance, and conservation of the stormwater drainage system of the paved National Road Network, line 7 and 2022CD-000106-00060001 'Emergency pothole patching of the National Road Network in zone 1-7 Cartago, Central Region...' Given the above, it is demonstrated that this Council has acted diligently in order to comply with what was ordered by this honorable Chamber, thus seeking the well-being of the public interest, as well as evidencing that timely attention has been given to the case of Mrs. Sandra Ruiz Abril, carrying out for this purpose all the conservation and maintenance actions for the route, all within the legal competencies. Therefore, and taking the above into account, CONAVI is aware of the situation and the impact that this could eventually cause, which is why a request was made to Mr. Mario Vega Vega, Forestry Engineer of the Ministerio de Obras Publicas (sic) y Transportes, to conduct the inspection visit and obtain his respective approval to issue the order for the removal of the trees in question; said request was made through report DRC-08-2024-0748 dated June 13, 2024, which reiterates the importance of cutting these trees, in order to provide safety to the users of national road No. 202. In accordance with report DRC-08-2024-0749 of June 14, 2024, issued by the Road and Bridge Conservation Management, Mrs. M.Sc. Sandra Ruiz Abril, Administrative and Financial Director of Hospital Dr. Roberto Chacón Paut, was informed of the following: [partially transcribes, again, report DRC-08-2024-0748 (0838)]... From all the foregoing, the Road and Bridge Conservation Management of the Consejo Nacional de Vialidad is comprehensively addressing everything required in adherence to the principle of Legality according to the powers that the State grants to this Council; as it has been demonstrated with the official letters and reports previously cited and which are hereby provided as evidence, that CONAVI is carrying out the pertinent actions in order to address the respective problem. On the other hand, it is important to emphasize that the DIRECTOR OF ROAD SAFETY AND BEAUTIFICATION (DIRECTOR DE SEGURIDAD Y EMBELLECIMIIENTO (sic) DE CARRETERAS) is not an existing position within the Consejo Nacional de Vialidad; said position is found within the organizational chart of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, therefore the request for the report must be referred directly to this MOPT department, which has its own competencies and functions over which CONAVI has no interference whatsoever..." He requests that the action filed be dismissed.
3.- Given that, as reported under penalty of perjury by Efraím Zeledón Leiva, in his capacity as acting executive director of CONAVI, there is no position of "Director of Road Safety and Beautification" in that council, since the cited position is actually included in the organizational chart of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), by resolution issued at 12:16 hours on June 28, 2024, as evidence for a better resolution, a report was requested from the Director of Road Safety and Beautification of the MOPT, so that he could address the facts discussed in this amparo action.
4.- Steven Piedra Oviedo, in his capacity as director of the Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras, reports under oath the following: "...Regarding case file 24-015644-0007-CO, on the facts mentioned by the petitioner Sandra Ruiz Abril, Administrative and Financial Director of the Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut, I declare: Since 2017, the Dirección de Seguridad Vial y Embellecimiento de Carreteras del MOPT (DSEC-MOPT) has been addressing the issue of the trees in the described section of national route No. 202. The scope of our work as DSEC-MOPT includes the risk assessment that trees may generate due to the fall of these or one of their parts; as well as the processing of the cutting approval with SINAC. The mitigation measures recommended by the DSEC-MOPT, whether prunings or cuttings, are forwarded to the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI, which addresses these types of requests as part of vegetation management within the conservation activities of national routes. Once the risk assessment has been completed and the cutting viability has been obtained from SINAC, the DESEC-MOPT forwards the cutting request by official letter to CONAVI. The DSEC-MOPT has never been responsible for the execution of the cutting, as this is an obligation of the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI. Mrs. Ruiz Abril mentions a large number of trees, both inside the property and outside, which generate concern due to their height and condition. Regarding the above, we clarify that the field of action of the DSEC-MOPT as well as CONAVI is limited to the right-of-way (derecho de vía) of national route No. 202. The risk management of the trees located within the properties with real estate folio number 3-0083623-000 and the property with real estate folio number 3-0115339-000 corresponds to the institutions that appear in the registry as owners of said lands, the CCSS and the IMAS respectively. Regarding the trees that are located on the right-of-way (derecho de via) of national route No. 202, on a first occasion in 2017, the DSEC-MOPT addressed the request of CCSS officials. At that time, it was determined that 6 trees required cutting as a mitigation measure, so the cutting approval was requested from the subregional office of SINAC Cartago, according to Decreto N° 388613-MINAE. Said office issued resolution VC-VCO6C-PCE-AM-002-2018 (sic) approving the cutting of the requested trees. Subsequently, the DSEC-MOPT forwarded in official letter DSEC-2018-22 to the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI the request for cutting the evaluated trees on the described route section. The approval resolution issued expired on June 30, 2018, without CONAVI executing the cutting. In response to an inquiry via email on May 18, 2020, from CCSS official Rolando González Jiménez, it was explained that the responsibility for the cutting fell on CONAVI and not on the DSEC-MOPT. In this email chain, Mrs. Sandra Ruiz thanked the DSEC-MOPT for its efforts. On a second occasion, in March 2021, another cutting approval request for the same trees was filed with SINAC Cartago. The SINAC Cartago office issued, for the year 2021, approval resolution SINAC-ACC-OSC-re-PCE-AM-0015-2021 (sic), which expired on December 15, 2021. Again, the cutting request was made to the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI through official letter DSEC-2021-118. Again, during the validity period of said resolution, CONAVI did not cut the trees either. Most recently, on June 14, 2024, official letter DRC-08-2024-0748 (0838) was received from the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI, requesting an evaluation of the trees on the described route section. Due to the time elapsed since the evaluation conducted in 2017, the trees were evaluated again. From the evaluation, it was determined in report 28-24 that as of today, the cutting of 16 trees is required. The cutting request was forwarded in official letter DSEC-2024-159 to the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI for them to execute the cutting. As has been explained, the DSEC-MOPT has not stopped addressing the case, according to our competencies; however, the execution of the mitigation measures corresponds to CONAVI..." He requests that the action filed be dismissed.
5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drafted by Judge Garro Vargas; and,
CONSIDERING:
I.- PRELIMINARY. In this case, the petitioner's claim is due to the alleged lack of response to a series of complaints raised regarding the poor condition of some trees that endanger pedestrians and vehicles; all of which, if true, could constitute a violation of the right to enjoy prompt and effective administrative justice, taken concomitantly with the right to life. Given the foregoing, it is necessary to clarify that, starting from vote No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is discussed whether the public authority has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, in order to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the appropriate administrative appeals. However, in this action, an exception is raised. By virtue of the foregoing, the Chamber will proceed to resolve the action.
II.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner alleges that, on the east side of the Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut, both inside and outside the property, there is an enormous number of trees of significant height, and among them there are some that are in very poor condition and represent an imminent danger to all pedestrians and drivers who pass by there daily. She claims that, given the condition of the trees, there is a threat that they could fall at any moment, causing material damage to the power lines and, eventually, to some vehicle, or injure someone. Consequently, enormous efforts have been made to solve this problem, knocking on several doors, until they were finally told that the entity responsible for that kind of work was CONAVI. Nevertheless, she literally accuses the following: "... despite the fact that both we and representatives of the Municipalidad de La Unión have requested this entity's collaboration, the truth of the matter is that no solution has been given to this serious problem, with the aggravating factor that the trees deteriorate further with the passage of time and its inclemencies; increasingly putting human and material safety at risk. FIFTH: It is important to indicate that our first approach with representatives of the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) was via email dated Thursday, January 23, 2020; subsequently, after other follow-ups, we raised the problem again through the same means on Tuesday, July 12, 2020; and already tired of not having a response to this serious problem, we filed the request through the Single Window (Ventanilla Única) of said public entity, on December 6, 2023; and just like in the previous requests, we have not had any response, visits to the site without any concrete solution…" —see the record—. Despite the time that has elapsed, she asserts that no response has been given to her requests, nor has the reported problem been addressed. Therefore, she considers fundamental rights violated.
III.- PROVEN FACTS. Deemed important for the decision in this matter, the following facts are considered duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
IV.- ON THE MERITS. From the list of proven facts, it is inferred that, indeed, on national route No. 202, on the east side of the Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut, there is a group of trees, located between 7.5 meters and 12 meters from the centerline of the roadway, which represent a danger to pedestrians and vehicles traveling there. Likewise, it is verified that the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI has been aware of this situation since 2017, since the DSEC-MOPT forwarded two cutting requests for the trees in question during the years 2017 and 2021, but did nothing about it and instead allowed the cutting permits issued in that regard by the SINAC Cartago office to expire. Added to this is the fact that this year it resumed the case solely because of the filing of this action. However, although the foregoing constitutes a serious administrative omission —since it has endangered people's lives—, it must be pointed out that in judgment No. 2024019586 at 09:20 hours on July 12, 2024, the Chamber declared the following:
"The correct procedure to determine whether or not the cutting of a tree under such conditions is appropriate is through the summary demolition proceeding (vía sumaria de derribo) before the Agrarian Court (Juzgado Agrario) of the locality where the tree is located. It is considered that it does not correspond to SINAC to grant permits for cutting or pruning trees (which are not in forests or forest plantations (plantaciones forestales)) that are considered a danger to pedestrians, a threat to the rights of the possessor or his neighbors, or that could harm public goods, since such competence is assigned to the jurisdictional venue through the process specially established for cases such as the present one. This is regulated in article 108 of the Código Procesal Civil, which states:
‘ARTICLE 108.- Summary demolition 108.1 Admissibility and standing. The summary demolition proceeding shall be admissible when the poor condition of a building, construction, tree, or real property constitutes a threat to the rights of the possessor or pedestrians, or may harm public goods. The lawsuit may be filed by anyone who has an interest.
108.2 Adoption of safety measures. Once the lawsuit is filed, the court shall inspect the site, with the assistance of experts if it deems it appropriate, and shall order any necessary safety measures. The costs occasioned by the execution of the safety measures shall be borne by the owner of the ruinous property. Failing that, the plaintiff shall cover the costs, who shall have the right to corresponding reimbursement if the defendant is ordered to pay the costs.
108.3 Judgment upholding the claim. In the judgment upholding the claim, the demolition or the adoption of permanent safety measures shall be ordered. If the demolition is ordered, even if appealed, the total or partial destruction may be carried out immediately when the execution cannot be delayed without grave and imminent risk. Safety measures may also be ordered and executed, when they had not been previously ordered or executed. In addition, the defendant shall be ordered to pay damages.’ As observed from the transcribed regulations, it is through this summary demolition proceeding, even against an undetermined person, where the principle of the adversarial process can be broadly exercised to decide, with forestry expert support and assessing the cultural context in light of “technical facts”, whether the felling of the tree is appropriate, or whether what is pertinent are periodic partial prunings.
Additionally, within that summary proceeding is where it must be analyzed whether one is dealing with a sick or healthy tree, climatic conditions, location, soil type, if it is in a protection zone, if it is a banned species, its age, its cultural significance, if it represents a danger or threat to pedestrians, possessors, surrounding buildings, or public goods, among other aspects to be assessed jointly.
Precisely, in that judicial venue is where the fate of the tree for which cutting or pruning is requested by an interested party must be determined, or else the demolition lawsuit dismissed if the importance of conserving the tree is determined. Such assessment is the competence of the jurisdictional venue according to what is regulated by the aforementioned numeral 108, so the process is not appropriate for administrative venue. And it is in said jurisdictional venue where these types of summary tree demolition proceedings are heard, because trees, as natural resources, are regulated, among other norms, by the Ley de Biodiversidad, which provides in subsection 3 of article 11 that one of the criteria for applying that regulation is the environmental public interest. Specifically, the norm states: ‘The use of the elements of biodiversity shall guarantee the development options of future generations, food security, the conservation of ecosystems, the protection of human health, and the improvement of the quality of life of citizens.’ Such aspects are considered within a summary demolition proceeding, since a natural resource is at stake; and the material competence for such determination is reserved by law to that Jurisdiction. Basically, numeral 108 of the Ley de Biodiversidad states: ‘In matters of biodiversity and as long as there is no environmental jurisdiction, any controversy shall be the exclusive competence of the contentious-administrative jurisdiction. As exceptions to the preceding rule, crimes against biodiversity shall be tried by the criminal jurisdiction; likewise, controversies arising between private parties, where no administrative act or public domain is involved, shall be the competence of the agrarian jurisdiction.’ From the foregoing, being in the presence of a conflict in which the demolition of a tree that may or may not be ruinous is discussed, such claim is related to a natural resource, and therefore it corresponds to be heard in the agrarian jurisdictional venue in accordance with the cited regulations and not an administrative procedure before SINAC, so said Forestry Administration must guide the citizens by informing them of this correct procedure to manage a tree demolition or pruning such as the one at hand, whether it is located on private or public property…" Therefore, this amparo action is granted, only with regard to the lack of response to the request made by CCSS officials since 2017. Regarding the cutting of the trees itself, the petitioner must go to the Agrarian Jurisdiction.
V.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE.
I have supported this Tribunal's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber, must hear the legal dispute. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo (recurso de amparo) established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are adversely affecting their fundamental rights. It is my view that the recently enacted legislation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line; the Tribunal, based on Section 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that this same Chamber has recognized as exceptions, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo process, in all other cases, and for the reasons this Tribunal has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent courts are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which conforms to Section 25 of the American Convention on Human Rights, the Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal provisions based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, should any paper document have been submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, they must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Judicial Bulletin issue 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is declared partially WITH MERITS, solely for violation of Article 41 of the Constitution. The State is ordered to pay costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement-of-judgment phase before the contentious-administrative jurisdiction. All other claims are dismissed. Judge Castillo Víquez records a separate note. Notify.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Aracelly Pacheco S.
Alexandra Alvarado P.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2024021457 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cero minutos del treinta de julio de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-015644-0007-CO, interpuesto por SANDRA RUIZ ABRIL, cédula de identidad número 8-0060-0800, a favor de los VECINOS DE DULCE NOMBRE DE LA UNIÓN, los FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO CHACÓN PAUT y los USUARIOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL, contra el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) y el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).-
Resultando:
1.- Por escrito recibido a las 09:10 horas del 11 de junio de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES y el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, a favor de los VECINOS DE DULCE NOMBRE DE LA UNIÓN, los FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO CHACÓN PAUT y los USUARIOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que es la directora administrativa financiera del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut, situado en Dulce Nombre, La Unión, 4 kilómetros al norte de la Municipalidad de La Unión. Explica que, al costado este del citado hospital, tanto dentro como fuera de la propiedad, hay una enorme cantidad de árboles de altura significativa y entre ellos hay algunos que están en muy mal estado. Con el paso del tiempo, el tema de esos árboles se ha convertido en un serio problema, puesto que representa un peligro inminente para todos los transeúntes y conductores que pasan a diario por allí. Alega que, dado el estado de los árboles, existe la amenaza de que se caigan en cualquier momento, causando daños materiales en el tendido eléctrico y, eventualmente, en algún vehículo. Sin embargo, su mayor temor es que alguna persona pueda salir lastimada a causa de la caída de alguno de ellos. Por consiguiente, se han hecho ingentes esfuerzos para darle solución a este problema, tocando varias puertas, hasta que por fin se les dijo que la encargada de esa clase de trabajos era el CONAVI. No obstante, acusa textualmente lo siguiente: "... pese a que tanto nosotros, como personeros de la Municipalidad de La Unión hemos solicitado a esta entidad su colaboración, lo cierto del caso es que no se nos ha dado solución a este serio problema, con el agravante de que los árboles se dañan más con el paso del tiempo y sus inclemencias; poniendo cada vez más en riesgo la seguridad humana y material. QUINTO: Es importante indicar que nuestro primer acercamiento con personeros del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), fue mediante correo electrónico fechado a jueves 23 de enero de 2020, posteriormente luego de otros seguimientos, planteamos nuevamente el problema por el mismo medio el martes 12 de julio de 2020; y ya cansados de no tener respuesta a este serio problema, presentamos la gestión mediate la Ventanilla Única de dicho ente público, el pasado 06 de diciembre de 2023; y al igual en las gestiones anteriores, no hemos tenido respuesta alguna, visitas en el punto sin ninguna solución concreta…" —ver autos—. Pese al tiempo transcurrido, asevera que no se ha dado respuesta a sus gestiones, ni se ha atendido la problemática denunciada. Por lo tanto, estima conculcados derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, a efecto de que se proceda con la poda y/o el corte de todos aquellos que representan un peligro, para transeúntes, vehículos y tendido eléctrico, a fin de evitar de manera definitiva que ocurra algún accidente a causa de la eventual caída de alguno de estos árboles.
2.- Informa bajo juramento Efraím Zeledón Leiva, en su calidad de director ejecutivo a. i. del CONAVI, lo siguiente: "...a efectos de atender la situación alegada en el presente recurso, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad procedió a realizar la visita al sitio, en la cual manifiestan que se mantuvo reunión con el Ing. William Chavarría Sánchez, jefe de servicio de ingeniería del Hospital Dr. Roberto Chacón Paut, quien describió la situación denunciada respecto a un grupo de árboles de 7,5 m a 12 m de la línea de centro de la calzada en la ruta nacional N° 202, con problemas de estabilidad por el tipo de suelo, el cual es susceptible a la erosión. Que como resultado de la verificación en sitio la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes presenta informe técnico número DRC-08-2024-0751 de fecha 14 de junio de 2024, con el fin de esclarecer y dar respuesta a la resolución de las ocho horas veintinueve minutos del doce de junio de dos mil veinticuatro, emitida por esta honorable Sala. Dicho informe menciona lo siguiente: Ubicación: [presenta una imagen aérea del lugar]... HALLAZGOS: El resultado de la inspección de detalla a continuación: 1. Se contabilizan 42 árboles de 7 a 9 de metros de altura promedio y una distancia de la línea de centro de 7 m a 12 m. 2. El talud donde se encuentran los árboles presenta erosión y posee una altura promedio de 5 metros. 3. Los diámetros de estos árboles van desde los 150 mm a 1000 mm. 4. Se observa parte de estos árboles en el suelo, debido a que su raíz se encuentra completamente expuesta. 5. En revisión de árboles por unidad, algunos se encuentran a 30 cm de la orilla del talud, con raíces expuestas, propensos a caer sobre la ruta nacional N° 202, provocando la afectación a los usuarios de la vía y obstruir el paso sobre la misma. 6. Visualmente los árboles presentan hongos en ciertas especies, y otros se encuentran secos y sin vida... [presenta una serie de imágenes como registro fotográfico]... Posteriormente a lo antes descrito se procedió a gestionar la solitud de requerimiento de corta de árboles en el derecho de vía ante el MOPT, mediante el oficio DRC-08-2024-0748 (0838) (adjunto), adicionalmente se dio respuesta al usuario mediante el oficio DRC-08-2024-0749 (0206) (adjunto)...' Continúa mencionando el informe: '... Finalmente, se destaca que en la ruta nacional N°202, se ha brindado mantenimiento de forma permanente, con actividades de descuaje, limpieza de cunetas, bacheo de urgencia, entre otras, mediante las Contrataciones: Contratación directa 2022CD-000145-0006000001. Mantenimiento rutinario, contingencias, mantenimiento básico de puentes y conservación del sistema de evacuación pluvial de la Red Vial Nacional pavimentada, línea 7 y 2022CD-000106-00060001 'Bacheo por urgencia de la Red Vial Nacional en la zona 1-7 Cartago, Región Central...' Dado lo anterior queda demostrado que este Consejo ha actuado diligentemente a fin de atender, lo ordenado por esta honorable sala, buscando así, el bienestar del interés público, así como también se evidencia que se ha dado atención oportuna al caso de la señora Sandra Ruiz Abril, realizando para ello todas las gestiones de conservación y mantenimiento de la ruta, todo dentro de las competencias de ley. Así las cosas, y teniendo en cuenta lo anterior, el CONAVI es consciente de la situación y de la afectación que esto eventualmente podría causar, por lo que se procede a solicitar al señor Mario Vega Vega, Ingeniero Forestal del Ministerio de Obras Publicas (sic) y Transportes, a fin de realizar la visita de inspección y su respectiva aprobación para dar la orden de la remoción de los árboles en cuestión; dicha solicitud se realizó mediante informe DRC-08-2024-0748 de fecha 13 de junio de 2024, en el cual se reitera la importancia de la corta de estos árboles, con el fin de brindar seguridad a los usuarios de la vía nacional No.202. De conformidad con el informe DRC-08-2024-0749 del 14 de junio del 2024 emitido por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, se pone en conocimiento a la señora M.Sc. Sandra Ruiz Abril Directora Administrativa Financiera del Hospital Dr. Roberto Chacón Paut, para informarle lo siguiente: [trascribe parcialmente, de nuevo, el informe DRC-08-2024-0748 (0838)]... De todo lo expuesto anteriormente, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, se encuentra atendiendo de forma integral todo lo requerido en apego al principio de Legalidad de acuerdo a las competencias que el Estado le otorga a este Consejo; por cuanto ha quedado demostrado con los oficios e informes previamente citados y que en este acto se aportan como prueba, que el CONAVI se encuentra realizando las acciones pertinentes, a efectos de atender la problemática respectiva. Por otro lado, es importante recalcar que EL DIRECTOR DE SEGURIDAD Y EMBELLECIMIIENTO (sic) DE CARRETERAS, no es un puesto existente dentro del Consejo Nacional de Vialidad, dicho puesto se encuentra dentro del organigrama del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por lo cual se debe remitir la solicitud del informe directamente a este departamento del MOPT, el cual tiene sus propias competencias y funciones a los cuales CONAVI no tiene injerencia alguna..." Solicita que se desestime el recurso planteado.
3.- Visto que, según informa bajo gravedad de juramento Efraím Zeledón Leiva, en su calidad de director ejecutivo a. i. del CONAVI, en ese consejo no existe un puesto de "director de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras", toda vez que el citado cargo en realidad se encuentra comprendido en el organigrama del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por resolución de las 12:16 horas del 28 de junio de 2024, como prueba para mejor resolver, se solicitó informe al director de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOPT, a fin de que se refiriera a los hechos discutidos en este amparo.
4.- Informa bajo juramento Steven Piedra Oviedo, en su carácter de director de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras, lo siguiente: "...Con respecto al expediente 24-015644-0007-CO, sobre los hechos que comenta la recurrente Sandra Ruiz Abril, Directora Administrativa Financiera del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut, me refiero: Desde el año 2017 por parte de la Dirección de Seguridad Vial y Embellecimiento de Carreteras del MOPT (DSEC-MOPT), se ha venido atendiendo el tema de los árboles en la sección descrita de la ruta nacional N°202. Los alcances de nuestras labores como DSEC-MOPT, incluyen la evaluación del riesgo que pueden generar los árboles por la caída de estos (sic) o una de sus partes; así como el trámite de aprobación de corta de parte del SINAC. Las medidas de mitigación recomendadas par la DSEC-MOPT sean podas o cortas, son trasladadas a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, quienes atienden este tipo de solicitudes como parte del manejo de la vegetación dentro de las actividades de conservación de las rutas nacionales. Una vez que se ha hecho la evaluación de riesgo y se ha obtenido la viabilidad de corta por parte del SINAC, la DESEC-MOPT hace traslado de oficio de la solicitud de corta hacia el CONAVI. Nunca la DSEC-MOPT ha sido responsable sobre la ejecución de la corta, ya que esta (sic) es una obligación de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI. La señora Ruiz Abril, hace mención o una gran cantidad de árboles, tanto dentro de la propiedad, así como afuera, los cuales generan preocupación por su altura y su estado. Sobre lo anterior aclaramos que el campo de acción de la DSEC-MOPT así como el CONAVI, se suscribe al derecho de vía de la ruta nacional N° 202. El manejo del riesgo de los árboles que se encuentran dentro de los predios de las propiedades con folio real 3-0083623-000 y la propiedad con folio real 3-0115339-000 corresponde a las instituciones que aparecen en registro como propietarios de dichos terrenos, la CCSS y el IMAS respectivamente. Con respecto a los árboles que si se ubican sobre el derecho de via de la ruta nacional N° 202, en una primera ocasión en el año 2017 por parte de la DSEC-MOPT se atendió la solicitud de los funcionarios de la CCSS. En ese momento se determinó que 6 árboles requerían de corta como medida de mitigación, por lo que se solicitó a lo oficina subregional de SINAC Cartago la aprobación de corta, según norma el decreto 388613-MINAE. Dicha oficina emitió la resoluciónVC-VCO6C-PCE-AM-002-2018 (sic) en donde se aprobó la corta de los árboles solicitados. Posteriormente por parte de la DSEC-MOPT se trasladó en el oficio DSEC-2018-22 a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, la solicitud de corta de los árboles evaluados sobre la sección de ruta descrita. La resolución de aprobación emitida venció el 30 de junio del 2018, sin que el CONAVI ejecutara la corta. Ante una consulta vía correo electrónico del día 18 de mayo del 2020, del funcionario de la CCSS Rolando González Jiménez, se explicó que lo responsabilidad de la corta recaía en el CONAVI y no en la DSEC-MOPT. En esta línea de correos, la señora Sandra Ruiz agradeció la gestión por parte de lo DSEC-MOPT. En una segunda ocasión, en marzo del 2021 se tramitó ante el SINAC Cartago otra solicitud de aprobación de corta sobre los mismos árboles. La oficina de SINAC Cartago para el año 2021 emitió la resolución de aprobaciónSINAC-ACC-OSC-re-PCE-AM-0015-2021 (sic), la cual vencía el 15 de diciembre del 2021. Nuevamente se realizó la solicitud de corta a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI a través del oficio DSEC-2021-118. Nuevamente durante el tiempo de vigencia de dicha resolución el CONAVI tampoco cortó los árboles. En lo más reciente, el 14 de junio del 2024 se recibió por parte de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, el oficio DRC-08-2024-0748 (0838) en donde se solicitaba una evaluación sobre los árboles de la sección de ruta descrito. Por el tiempo transcurrido desde la evaluación ejecutada en el 2017, se procedió a evaluar nuevamente los árboles. De la evaluación, se determinó en el informe 28-24 que el día de hoy se requiere la corta de 16 árboles. Se trasladó en el oficio DSEC-2024-159 la solicitud de corta a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI para que ejecuten la corta. Como se ha explicado, la DSEC-MOPT no ha dejado de atender et caso, según nuestras competencias, no obstante corresponde al CONAVI lo ejecución de las medidas de mitigación..." Solicita que se desestime el recurso planteado.
5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
Considerando:
I.- DE PREVIO. En este caso, el reclamo de la recurrente se debe a la supuesta falta de respuesta a una serie de denuncias planteadas por el mal estado de unos árboles que ponen en peligro a los transeúntes y vehículos; todo lo cual, de ser cierto, podría configurar una lesión al derecho a gozar de una justicia administrativa pronta y cumplida, tomada en forma concomitante con el derecho a la vida. Dado lo anterior, es necesario aclarar que, a partir del voto N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones—– aquellos asuntos en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo —incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. No obstante, en este recurso se plantea un supuesto de excepción. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.
II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alega que, al costado este del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut, tanto dentro como fuera de la propiedad, hay una enorme cantidad de árboles de altura significativa y entre ellos hay algunos que están en muy mal estado y representan un peligro inminente para todos los transeúntes y conductores que pasan a diario por allí. Alega que, dado el estado de los árboles, existe la amenaza de que se caigan en cualquier momento, causando daños materiales en el tendido eléctrico y, eventualmente, en algún vehículo, o lastimen a alguna persona. Por consiguiente, se han hecho ingentes esfuerzos para darle solución a este problema, tocando varias puertas, hasta que por fin se les dijo que la encargada de esa clase de trabajos era el CONAVI. No obstante, acusa textualmente lo siguiente: "... pese a que tanto nosotros, como personeros de la Municipalidad de La Unión hemos solicitado a esta entidad su colaboración, lo cierto del caso es que no se nos ha dado solución a este serio problema, con el agravante de que los árboles se dañan más con el paso del tiempo y sus inclemencias; poniendo cada vez más en riesgo la seguridad humana y material. QUINTO: Es importante indicar que nuestro primer acercamiento con personeros del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), fue mediante correo electrónico fechado a jueves 23 de enero de 2020, posteriormente luego de otros seguimientos, planteamos nuevamente el problema por el mismo medio el martes 12 de julio de 2020; y ya cansados de no tener respuesta a este serio problema, presentamos la gestión mediate la Ventanilla Única de dicho ente público, el pasado 06 de diciembre de 2023; y al igual en las gestiones anteriores, no hemos tenido respuesta alguna, visitas en el punto sin ninguna solución concreta…" —ver autos—. Pese al tiempo transcurrido, asevera que no se ha dado respuesta a sus gestiones, ni se ha atendido la problemática denunciada. Por lo tanto, estima conculcados derechos fundamentales.
III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
IV.- SOBRE EL FONDO. Del elenco de hechos probados se colige que, efectivamente, sobre la ruta nacional N° 202, al costado este del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut, hay un grupo de árboles, situados entre 7,5 metros a 12 metros de la línea de centro de la calzada, que representan un peligro para los transeúntes y los vehículos que circulan por allí. Igualmente, se constata que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI ha estado al corriente de esa situación desde el año 2017, pues la DSEC-MOPT le trasladó dos solicitudes de corta de los árboles que interesan durante los años 2017 y 2021, pero no hizo nada al respecto y más bien dejó vencerse los permisos de corta expedidos en ese sentido por la oficina de SINAC Cartago. A ello se le suma que este año retomó el caso, únicamente, a causa de la interposición de este recurso. Sin embargo, aunque lo anterior constituye una grave omisión administrativa —pues con ella se ha puesto en peligro la vida de las personas—, se impone indicar que en la sentencia N° 2024019586 de las 09:20 horas del 12 de julio de 2024, la Sala declaró lo siguiente:
"El procedimiento correcto para determinar si procede o no la corta de un árbol de tales condiciones, es a través de la vía sumaria de derribo ante el Juzgado Agrario de la localidad donde está ubicado el árbol. Se estima, no corresponde al SINAC otorgar permisos de corta o poda de árboles (que no están en bosques o plantaciones forestales), que se consideren ser un peligro para los transeúntes, una amenaza a los derechos del poseedor o sus colindantes, o bien pueda perjudicar bienes públicos, pues tal competencia está asignada a la sede jurisdiccional a través del proceso especialmente establecido para casos como el presente. Así está regulado en el artículo 108 del Código Procesal Civil que señala:
‘ARTÍCULO 108.- Sumario de derribo 108.1 Procedencia y legitimación. El proceso sumario de derribo procederá cuando el mal estado de un edificio, construcción, árbol o inmueble constituya una amenaza para los derechos del poseedor o los transeúntes, o pueda perjudicar bienes públicos. La demanda puede ser establecida por cualquiera que tenga interés.
108.2 Adopción de medidas de seguridad. Presentada la demanda, el tribunal hará un reconocimiento del lugar, con auxilio de peritos si lo estimara conveniente, y dictará las medidas de seguridad que sean necesarias. Los gastos que ocasione la ejecución de las medidas de seguridad estarán a cargo del dueño del bien ruinoso. En su defecto, suplirá los gastos el actor, quien tendrá derecho al reembolso correspondiente, si el demandado fuera condenado al pago de las costas.
108.3 Sentencia estimatoria. En la sentencia estimatoria se ordenará el derribo o la adopción de medidas de seguridad de carácter permanente. Si se ordenara el derribo, aunque fuera recurrida, se podrá practicar inmediatamente la destrucción total o parcial, cuando no sea posible demorar la ejecución sin grave ni inminente riesgo. También se podrán ordenar y ejecutar medidas de seguridad, cuando no se hubieran dispuesto o ejecutado antes. Además, se condenará al demandado al pago de los daños y perjuicios’.
Como se observa de la normativa transcrita, es mediante este proceso sumario de derribo, aún contra persona indeterminada, donde se puede ejercer de forma amplia el principio del contradictorio para decidir con apoyo pericial forestal y valorando el contexto cultural a la luz de los “hechos técnicos”, si es procedente la tala del árbol, o bien, si lo que es pertinente son podas parciales periódicas.
En adición, dentro de ese proceso sumario es donde se debe analizar si se está ante un árbol enfermo o sano, condiciones climáticas, ubicación, tipo de suelo, si está en zona de protección, si es especie vedada, su edad, su significado cultural, si este representa una peligrosidad o amenaza a los transeúntes, poseedores, edificaciones aledañas, o bienes públicos, entre otros aspectos a valorar de manera conjunta.
Justamente, en tal sede judicial es donde se debe determinar el destino del árbol cuya intención de corta o poda se solicita por un algún interesado o bien desestimarse la demanda de derribo en caso de que se determine la importancia de conservación del árbol. Dicha valoración es competencia de la sede jurisdiccional según lo regulado mediante el citado numeral 108, por lo que el trámite no es propio de que se haga en sede administrativa. Y es en la sede jurisdiccional dicha, donde se conoce este tipo de procesos sumarios de derribo de árboles, ello por cuanto los árboles como recursos naturales se encuentran regulados, entre otras normas, por la Ley de Biodiversidad, la cual dispone en el inciso 3 del artículo 11 que uno de los criterios de aplicación de esa normativa lo constituye el interés público ambiental. Concretamente, señala la norma: ‘El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos’. Tales aspectos son considerados dentro de un proceso sumario de derribo, al estar de por medio un recurso natural; y la competencia material para tal determinación está reservada por ley a esa Jurisdicción. Básicamente, el numeral 108 de la Ley de Biodiversidad señala: ‘En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Como excepciones a la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria’. De lo expuesto, al estarse en presencia de un conflicto en el que se discute el derribo de un árbol que podría ser ruinoso o no, tal reclamo se relaciona con un recurso natural, por lo que corresponde ser conocido en sede jurisdiccional agraria conforme a la normativa citada y no un trámite administrativo ante al SINAC, por lo que dicha Administración Forestal debe orientar a los administrados comunicándoles este procedimiento correcto para gestionar un derribo o poda de árbol como el que nos ocupa, ya sea esté ubicado en propiedad privada o pública…" Por lo tanto, procede declarar con lugar este amparo, únicamente, en cuanto a la falta de respuesta a la solicitud formulada por funcionarios de la CCSS desde el año 2017. En lo tocante a la corta en sí de los árboles, deberá la parte recurrente acudir ante la Jurisdicción Agraria.
V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente CON LUGAR el recurso, únicamente por violación del artículo 41 constitucional. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Aracelly Pacheco S.
Alexandra Alvarado P.
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