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Res. 00025-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 09/01/2024
OutcomeResultado
The Chamber denies the amparo appeal, finding no violation of the petitioner's right to health or dignity.La Sala declara sin lugar el recurso de amparo al no constatar vulneración del derecho a la salud ni a la dignidad del recurrente.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a person deprived of liberty at the Jorge Arturo Montero Castro Institutional Care Center, who alleges violation of his right to health by the Ministry of Justice and Peace. The petitioner claims he was not timely transferred to medical appointments at San Rafael de Alajuela Hospital, has not received dental or ophthalmological care despite requests, and was discharged from the Pain Clinic without an in‑person evaluation. He also challenges the condition of the transfer vehicles and the use of restraints. The Chamber analyzes the sworn reports and finds that the petitioner chose not to attend the appointments, that medical care was provided according to specialists' criteria, and that the inmate did not submit formal requests for dental care. Regarding the vehicles and security measures, the Chamber finds them adequate and the use of handcuffs a legitimate and proportionate measure. Therefore, the amparo is denied as no violation of fundamental rights is proven. Justices Cruz Castro and Rueda Leal, and Justice Garro Vargas, file separate notes clarifying that they proceed on the merits due to the importance of the right to health, without referring the case to the Sentence Enforcement Judge as is their usual practice.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por una persona privada de libertad en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, quien alega vulneración de su derecho a la salud por parte del Ministerio de Justicia y Paz. El recurrente señala que no fue trasladado oportunamente a citas médicas en el Hospital San Rafael de Alajuela, que no ha recibido atención odontológica ni oftalmológica pese a haberla solicitado, y que fue dado de alta de la Clínica del Dolor sin valoración presencial. También cuestiona el estado de los vehículos de traslado y el uso de esposas. La Sala analiza los informes rendidos bajo juramento y determina que el recurrente decidió no asistir a las citas, que la atención médica ha sido brindada conforme al criterio de los especialistas, y que el interno no presentó solicitudes formales de atención odontológica. Respecto a las unidades móviles y las medidas de seguridad, concluye que se encuentran en condiciones adecuadas y que el uso de esposas es una medida legítima y proporcionada. En consecuencia, declara sin lugar el recurso al no constatar lesión a los derechos fundamentales. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, y la magistrada Garro Vargas, consignan notas separadas en las que aclaran que conocen el fondo del asunto por la relevancia del derecho a la salud, sin remitirlo al Juez de Ejecución de la Pena como es su práctica habitual.
Key excerptExtracto clave
From the analysis of the evidential elements described, this Constitutional Court has not found actions or omissions by the appealed prison that are contrary to the fundamental rights of the protected person, given that the prison authorities have at all times provided support so that the petitioner receives the medical care he requires, as well as the respective follow‑up treatment, which is prescribed according to the criteria of the treating physician. \n\nHowever, on 27 September and 18 October 2023, both of them, the user had medical appointments at San Rafael de Alajuela Hospital; however, he decided not to attend those medical appointments, reason for which the appealed authorities did not transfer him and proceeded to reschedule them with the Medical Center. Said refusal corresponds to a decision taken by the patient not to be transferred to his medical appointments, an aspect that does not have the capacity to cause any violation of the right to health, since as indicated, it was his own decision not to be transferred. \n\nBy virtue of the foregoing, it is verified that the appealed authorities have provided the relevant medical care in a timely and proper manner, and therefore, it was not possible to prove the violation of the right to health in the terms alleged by the promoting party, the corresponding action being to order the dismissal of the proceeding as is hereby ordered.Del análisis de los elementos probatorios que han sido descritos, este Tribunal Constitucional no ha encontrado acciones u omisiones por parte del centro penal recurrido que resulten contrarias a los derechos fundamentales del tutelado, toda vez que las autoridades del centro penitenciario en todo momento le han brindado soporte para que el recurrente reciba la atención médica que requiere, así como también su respectivo tratamiento a seguir, el cual se prescribe de acuerdo al criterio del médico tratante. Ahora bien, el 27 de septiembre y el 18 de octubre, ambos de 2023, el usuario tenía citas médicas en el Hospital San Rafael de Alajuela; sin embargo, el mismo decidió no asistir a dichas atenciones médicas, razón por la cual, las autoridades recurridas no lo trasladaron y procedieron a reprogramar con el Centro Médico las mismas. Dicha negativa, corresponde a una decisión tomada por parte del paciente en no ser trasladado a sus atenciones médicas, aspecto que no tiene la virtud de provocar lesión alguna al derecho a la salud, pues como se indicó, fue decisión del mismo no ser trasladado. En virtud de lo anterior, se constata que, las autoridades recurridas le han brindado la atención médica pertinente en tiempo y forma, y por ello, no se logró acreditar la lesión al derecho a la salud en los términos señalados por la parte promovente, siendo lo correspondiente, ordenar la desestimación del proceso como en efecto se dispone.
Pull quotesCitas destacadas
"Esta Sala ha sentado una doctrina, reiterada en sus pronunciamientos, en la cual ha reconocido que algunos de los derechos de las personas condenadas o detenidas preventivamente, son objeto de limitaciones propias de las circunstancias, pero ha destacado también que el núcleo esencial de sus derechos fundamentales permanece inalterable, particularmente aquellos relacionados con la dignidad de manera directa, como lo es el derecho a la salud."
"This Chamber has established a doctrine, reiterated in its pronouncements, in which it has recognized that some of the rights of convicted or pretrial detainees are subject to limitations inherent to the circumstances, but it has also emphasized that the essential core of their fundamental rights remains unchanged, particularly those directly related to dignity, such as the right to health."
Considerando IV
"Esta Sala ha sentado una doctrina, reiterada en sus pronunciamientos, en la cual ha reconocido que algunos de los derechos de las personas condenadas o detenidas preventivamente, son objeto de limitaciones propias de las circunstancias, pero ha destacado también que el núcleo esencial de sus derechos fundamentales permanece inalterable, particularmente aquellos relacionados con la dignidad de manera directa, como lo es el derecho a la salud."
Considerando IV
"Es así como resulta claro para esta Sala que cuando un privado de libertad sufre o padece un quebranto en su salud, tiene derecho a recibir el tratamiento que le haya sido prescrito. Además, si su padecimiento es de tal magnitud que requiera asistencia o condiciones especiales, la Administración Penitenciaria está ineludiblemente obligada a brindárselos."
"It is thus clear to this Chamber that when a person deprived of liberty suffers or endures a health breakdown, they have the right to receive the treatment that has been prescribed. Furthermore, if their suffering is of such magnitude that it requires special assistance or conditions, the Penitentiary Administration is unavoidably obligated to provide them."
Considerando IV
"Es así como resulta claro para esta Sala que cuando un privado de libertad sufre o padece un quebranto en su salud, tiene derecho a recibir el tratamiento que le haya sido prescrito. Además, si su padecimiento es de tal magnitud que requiera asistencia o condiciones especiales, la Administración Penitenciaria está ineludiblemente obligada a brindárselos."
Considerando IV
"Efectivamente, si al recurrente se le exigió el uso de algún dispositivo de seguridad para que se hiciera efectivo el traslado al centro hospitalario respectivo, ello en nada constituye un trato degradante, ya que se trata de una medida propia de la situación de reclusión en que se encuentra el mismo, y que tiende a evitar la fuga de quienes se encuentran en ella, y también en resguardo de la seguridad del personal policial, siendo que es una medida de uso general para el traslado de internos."
"Indeed, if the petitioner was required to use some security device so that the transfer to the respective hospital center could be effected, this in no way constitutes degrading treatment, since it is a measure inherent to the incarceration situation in which he finds himself, and which seeks to prevent the escape of those who are in it, and also to safeguard the safety of the police personnel, it being a measure of general use for the transfer of inmates."
Considerando VI
"Efectivamente, si al recurrente se le exigió el uso de algún dispositivo de seguridad para que se hiciera efectivo el traslado al centro hospitalario respectivo, ello en nada constituye un trato degradante, ya que se trata de una medida propia de la situación de reclusión en que se encuentra el mismo, y que tiende a evitar la fuga de quienes se encuentran en ella, y también en resguardo de la seguridad del personal policial, siendo que es una medida de uso general para el traslado de internos."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes of the ninth of January of two thousand twenty-four.
Amparo action processed in expediente N° 23-027192-0007- CO, filed by [Nombre 001], identity card [Valor 001], against the MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.
WHEREAS:
1.- By writing added to the digital case file of the Chamber at 10:29 hours on November 2, 2023, the petitioner files an amparo action against the Ministerio de Justicia y Paz. He states in summary that he is deprived of liberty at the Jorge Arturo Montero Castro Institutional Attention Center. He claims that he had an appointment scheduled at the Hospital San Rafael de Alajuela for September 27 at 1:00 p.m.; however, the officer in charge made the departure at 12:58 p.m., despite the instruction being that they must arrive fifteen to thirty minutes before the scheduled time. He claims that what the penitentiary authorities do is reschedule the appointment; but on occasion they reschedule them within disproportionate and irrational timeframes. On another matter, he comments that the vehicles in which they are transferred, “paddy wagons (perreras),” are in poor condition and that they handcuff him from the waist to the feet. In addition, he adds that for five years he has been requesting dental (odontológica) medical care and it has not been provided, even though he must replace his dental prosthesis. He likewise affirmes that he needs to be referred to the Servicio de Oftalmología, in order to have the visual problem he presents evaluated, and they have not done so, even though he requested it since 2020. Finally, he notes that in the Clínica del Dolor, an appointment was scheduled for him by videoconference, and without having been assessed, he was discharged, even though he feels a lot of pain in his back and thigh. He requests the amparo action be granted.
2.- By order of the Presidency at 14:42 hours on November 2, 2023, the proceedings were commenced.
3.- Jenny Chacón Fernández and Carlos Calderón Rojas, in that order, Acting Directora General and Acting Director Médico of the Clínica La Reforma, both from the Jorge Arturo Montero Castro Institutional Attention Center, inform under oath that the petitioner is in the status of sentenced prisoner (sentenciado), has been assessed and medicated according to the treating physician's criterion in view of his pathologies. They indicate that the petitioner had an appointment on September 27, 2023, at 1:00 p.m. at the Hospital San Rafael de Alajuela; however, the officer in charge made the departure at 12:58 p.m., for which reason the petitioner stated that he did not wish to attend the medical appointment, requesting that it be rescheduled. They comment that the prisoner also had an appointment for a sonogram at the Hospital San Rafael de Alajuela on October 18, 2023; however, the interested party stated that he did not want to attend due to stomach problems. They clarify that the user has not been referred to the Servicio de Oftalmología as he himself indicates, because the medical criterion determined that it should be to the Servicio de Optometría, which was indeed issued and processed. They indicate that in 2022, a similar case arose where the person deprived of liberty had an appointment for a radiological study and he stated that he did not want to attend. They clarify that the user received medical care at the Clínica del Dolor of the Hospital San Rafael de Alajuela, where the respective treatment to follow was also provided; however, he was discharged. They mention that on November 2, 2023, medical treatment was provided for a period of two months, as well as his respective follow-up medical care. They note that the petitioner was attended on August 8, 2023, for expressing ailments, it being that in the medical note the patient indicates something else, since he clarifies that he feels well. They point out that there is no verbal or written request where the petitioner requests general medical care or dental (odontológica) care; however, on occasion of the proceeding, they proceeded to include him on the external consultation list for December 2023. They clarify that with respect to the mobile units, they are in adequate and hygienic conditions to be able to transfer the penitentiary population in dignified conditions, it being that they have spaces for the prisoners to sit, ventilation, and handrails. They request the amparo action be denied.
4.- Carolina Chaves Araya and Edgar José Aguilar Muñoz, in that order Directora General and Coordinador of the Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, both from the Hospital San Rafael de Alajuela, inform under oath that:
“Patient [Nombre 001] identity card [Valor 001] is not a patient of our unit currently.
He was discharged by a Specialist Physician (expert criterion) since he does not meet the requirements to be attended in our service”. They request the amparo action be denied.
5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Magistrate Salazar Alvarado writes; and,
WHEREAS:
I.- PURPOSE OF THE AMPARO ACTION. The petitioner is deprived of liberty, in the status of sentenced prisoner (sentenciado) in the appealed prison center and claims that he had an appointment scheduled at the Hospital San Rafael de Alajuela for September 27 at 1:00 p.m.; however, the officer in charge made the departure at 12:58 p.m., despite the instruction being that they must arrive fifteen to thirty minutes before the scheduled time. He comments that the vehicles in which they are transferred, “paddy wagons (perreras),” are in poor condition and that they handcuff him from the waist to the feet. In addition, he adds that for five years he has been requesting dental (odontológica) medical care and it has not been provided. He likewise affirms that he needs to be referred to the Servicio de Oftalmología, in order to have the visual problem he presents evaluated, and they have not done so, even though he requested it since 2020. Finally, he claims that in the Clínica del Dolor, an appointment was scheduled for him by videoconference, and without having been assessed, he was discharged, even though he feels a lot of pain in his back and thigh.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the resolution of this amparo action, the following relevant facts are considered duly demonstrated:
III.- UNPROVEN FACT. The following relevant fact for this resolution is not considered demonstrated:
SOLE. That the petitioner requested medical care from the appealed authorities, and it was denied (the case file).
IV.- ON THE RIGHT TO HEALTH OF PERSONS DEPRIVED OF LIBERTY. This Chamber has established a doctrine, reiterated in its pronouncements, in which it has recognized that some of the rights of convicted or preventively detained persons are subject to limitations inherent to the circumstances, but it has also emphasized that the essential core of their fundamental rights remains unalterable, particularly those directly related to dignity, such as the right to health. It is clear that the State has a grave responsibility in safeguarding the rights of persons whom it has deprived of liberty, whose other fundamental rights shall not suffer diminution, and it is precisely the Penitentiary Administration that must face that responsibility on behalf of the State, from the moment of their admission to the very instant of their release. Thus, it is understood that the State has the duty not to demand more than what the sentence and the law require, and the convicted person has the right not to suffer more restrictions or limitations than those established therein. Hence, it is also reiterated constitutional jurisprudence that everything related to the health of detainees, whether convicted or on remand, must be attended to promptly and effectively by the Penitentiary Administration, it being unacceptable to justify the protection of that right subject to the completion of bureaucratic procedures or the existence of economic resources, just as is required for persons who enjoy ambulatory freedom (libertad ambulatoria), in whose protection this Constitutional Court has likewise not admitted such a list of arguments from the State. It is thus clear to this Chamber that when a person deprived of liberty suffers or endures a health impairment, they have the right to receive the treatment that has been prescribed for them. Moreover, if their condition is of such magnitude that it requires special assistance or conditions, the Penitentiary Administration is inescapably obligated to provide them. In this matter, the minimum conditions that the State must ensure to persons deprived of liberty must always be understood as those absolutely sufficient to ensure their life and health (see in that sense Judgment N° 2006-011410 of fifteen hours thirty minutes of August 8, 2006).
V.- REGARDING MEDICAL ATTENTION. From the analysis of the evidentiary elements that have been described, this Constitutional Court has not found actions or omissions by the appealed prison center that are contrary to the fundamental rights of the petitioner, since the prison center authorities have at all times provided support so that the petitioner receives the medical care he requires, as well as his respective treatment to follow, which is prescribed according to the treating physician's criterion.
Now, on September 27 and October 18, both of 2023, the user had medical appointments at the Hospital San Rafael de Alajuela; however, he decided not to attend said medical appointments, for which reason the appealed authorities did not transfer him and proceeded to reschedule them with the Medical Center. Said refusal corresponds to a decision made by the patient not to be transferred to his medical appointments, an aspect that does not have the power to cause any injury to the right to health, since, as indicated, it was his own decision not to be transferred.
Moreover, it should be noted that the physicians of the Área de Salud of the Prison Center are responsible for determining if the user must be referred to a Service of a Hospital Center of the Caja Costarricense de Seguro Social for a specialist to assess him, and not the interested party himself. This is because the interested party indicates that he requires attention from the Servicio de Oftalmología; however, according to the assessment carried out by the Prison Center authorities, he should be assessed by the Servicio de Optometría instead, it being that they proceeded to issue the respective document, as well as to make the arrangements for such purposes.
In addition, as indicated by the penitentiary authorities, those interested in receiving care must comply with the internal process, which consists of requesting it – expressly or formally – before the prison authorities, an action the petitioner did not perform for his dental (odontológica) care, for which reason the omission noted cannot be attributed to the penitentiary authorities, since the above is the responsibility of the interested party. Despite this, the appealed authorities, on occasion of the amparo action, proceeded to include him on the external consultation list for December 2023.
Finally, it is evident that according to the medical criterion, the person deprived of liberty was discharged from the Clínica del Dolor, it being that said decision obeys a specialist's criterion, which cannot be debated by this Constitutional Court. Added to the above, he did not cease to receive medical care from the Medical Centers of the Caja Costarricense de Seguro Social, nor did he cease to be given care at the Clínica La Reforma.
By virtue of the foregoing, it is verified that the appealed authorities have provided him with pertinent medical care in a timely and proper manner, and therefore, injury to the right to health could not be accredited in the terms indicated by the petitioner, it being appropriate to order the dismissal of the proceeding as is hereby resolved.
VI- REGARDING THE MOBILE UNITS FOR TRANSFERRING PERSONS DEPRIVED OF LIBERTY. Now, the petitioner complains that the vehicles in which they are transferred, “paddy wagons (perreras),” are in poor condition and that they handcuff him from the waist to the feet. Regarding this point, it is important to reiterate the evidentiary value that the legislator granted, through the creation of the Law that gives foundation to this jurisdiction, to the reports rendered by the appealed authorities, specifically in the second paragraph of Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. It is precisely based on the foregoing that the reports, insofar as they are not conclusively disproven through other evidentiary means, shall be considered true, of course without prejudice to the criminal liability the appealed authority would incur if they fell into the assumptions that the same law establishes.
After analyzing the evidentiary elements provided, this Court dismisses any injury to the fundamental rights of the protected party. From the report rendered by the competent authorities of the appealed Institutional Attention Center, which are given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction, it was demonstrated that the mobile units are in adequate and hygienic conditions to be able to transfer the penitentiary population in dignified conditions, it being that they have spaces for the prisoners to sit, ventilation, and handrails.
Regarding the need to observe security measures during the transfer of inmates outside the prison, this Chamber finds no constitutional violation whatsoever in this. Indeed, if the petitioner was required to use some security device to carry out the transfer to the respective hospital center, this in no way constitutes degrading treatment, since it is a measure inherent to the situation of imprisonment (reclusión) in which he finds himself, and which tends to prevent the escape of those who are in it, and also to safeguard the safety of the police personnel, it being that it is a measure of general use for the transfer of inmates. In this regard, in an analogous matter, in Judgment N° 2018-018450 of 9:20 hours on November 6, 2018, this Chamber held:
“(…) III.- ON THE MERITS. In relation to the allegations and claims presented by the petitioner, who expresses his disagreement with the measure taken by the appealed authority of keeping him handcuffed during his stay in the medical center, it is necessary to advise the petitioner that this Chamber is not a controller of the Administration's actions and resolutions; in any case, it is understood that the use of handcuffs as a containment measure is applied under criteria and parameters of reasonableness, necessity, and proportionality, according to each specific case, and that they cannot be used in the case of persons who have chronic diseases, cognitive impairments, physical disabilities, or who use canes, crutches, or wheelchairs to move around, which the petitioner does not claim to suffer from. Based on the foregoing, this Chamber concludes that the challenged measure is not illegitimate, insofar as it aims to guarantee institutional security. This Court has so held on previous occasions, among them, in Voto No. 2007298-2006 of 15:04 hours on May 24, 2006:
“The situation raised by the petitioner is the use of handcuffs when they are taken out of the living environment where they are located, whether to conduct an interview, to receive a visit, or even for a medical appointment. On this particular, the appealed authority reports that the institutional regulations are complied with; likewise, it is important to keep in mind that each prison center has its own space and infrastructure characteristics and that, in accordance with them, the proper custody of the population deprived of liberty, the physical integrity of third parties, and, in general, institutional security can be jeopardized if their internal transfer within the Center is allowed without taking certain precautions, which it is up to the Penitentiary Administration to define and not this Chamber, provided that the fundamental rights of those deprived of liberty are not injured. In the species, this situation is not appreciated with the measure accused here, since under oath it is reported to the Chamber that it is a generalized measure and that although it is an institutional rule that when a person deprived of liberty leaves their environment for a medical, judicial, or technical attention procedure, they must leave their environment handcuffed, with the proper custody of the security area, it is also true that it is at the discretion of the judge, doctor, or professional conducting the procedure to request the security agent to remove the handcuffs from the person deprived of liberty. In addition, it is indicated that it is a measure to safeguard institutional security and the people who are around the person deprived of liberty, not to demean them, being as it is a limitation resulting from the criminal sanction imposed by a competent judge, namely the prison sentence, and not an arbitrariness of the State.” Therefore, the cited precedent is confirmed, and upon not verifying any injury, the proper course is to deny the amparo action on all grounds as is hereby resolved.
VII.- NOTE BY MAGISTRATES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, WITH THE SECOND WRITING. We note that in this amparo action we do not issue a dissenting vote (salvamos el voto) as we ordinarily do and refer the matter to the Juez de Ejecución de la Pena, given that the amparo is related to health aspects that the protected party claims affect him, which is an exception for us, given the relevance of said right for the very existence of the human being and whose resolution must be addressed swiftly. Consequently, we deem it appropriate to hear the amparo action on its merits.
VIII.- NOTE BY MAGISTRATE GARRO VARGAS. In the specific case, I note that I do hear the amparo action on its merits and do not record, as I habitually do, the dissenting vote (voto salvado) in which I indicate that it would correspond to refer the matter to the Juzgado de Ejecución de la Pena. The foregoing, because the purpose of the amparo is related to the health of the person deprived of their liberty. Due to the speed with which the grievance must be addressed, I consider that the matter should be resolved in this jurisdiction.
IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any paper documents have been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in Session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial N° 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The amparo action is denied. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal record a note. Magistrate Garro Vargas records a note.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Hubert Fernández A.
Digitally Signed Document -- Verification code -- Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-07-2026 06:48:43.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Res. Nº 2024000025 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del nueve de enero de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 23-027192-0007- CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.
RESULTANDO:
1.- Por escrito agregado al expediente digital de la Sala al ser las 10:29 horas del 02 de noviembre de 2023, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia y Paz. Manifiesta en resumen, que se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro. Alega que, tenía programada una cita en el Hospital San Rafael de Alajuela para el pasado 27 de setiembre a la 13:00 horas; no obstante, el oficial encargado, realizó la salida a las 12:58 horas, pese a que la indicación es que deben llegar de quince a treinta minutos antes de la hora programada. Alega que, lo que hacen las autoridades penitenciarias es reprogramar la cita; pero en ocasiones las vuelven agendar en plazos desproporcionados e irracionales. De otra parte, comenta que los vehículos en los que son trasladados “perreras” se encuentran en mal estado y lo esposan de la cintura hasta los pies. Además, agrega que desde hace cinco años viene solicitando atención médica odontológica y no se le ha brindado, pese a que debe sustituir la prótesis dental. De igual afirma, que requiere ser referido al Servicio de Oftalmología, a fin de que se le valore el problema visual que presenta y no lo han hecho, pese a que lo solicitó desde el 2020. Finalmente, apunta, que en la Clínica del Dolor se le agendó una cita por videoconferencia y sin haber sido valorado se le dio de alta, pese a que siente mucho dolor en la espalda y el muslo. Solicita se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de Presidencia de las 14:42 horas del 02 de noviembre de 2023, se le dio curso al proceso.
3.- Informan bajo juramento Jenny Chacón Fernández y Carlos Calderón Rojas, bajo ese mismo orden Directora General a.i. y Director Médico a.i. de la Clínica La Reforma, ambos del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro que, el tutelado se encuentra en calidad de sentenciado, ha sido valorado y medicado de acuerdo al criterio del médico tratante en vista de sus patologías. Indican que, el tutelado tenía una cita el 27 de septiembre de 2023, a las 13:00 horas en el Hospital San Rafael de Alajuela; sin embargo, el oficial encargado, realizó la salida a las 12:58 horas, razón por la cual, el tutelado manifestó, que no deseaba asistir a la cita médica, solicitando que se le reprogramara la misma. Comentan, que el recluso también contaba con una cita para la realización de un ultrasonido en el Hospital San Rafael de Alajuela para el 18 de octubre de 2023; no obstante, el interesado manifestó que no quería asistir por problemas en su estómago. Aclaran, que el usuario no ha sido referido al Servicio de Oftalmología como el mismo indica, pues el criterio médico determinó que debía ser al Servicio de Optometría, la cual efectivamente se emitió y se tramitó. Indican que, en el año 2022, surgió un caso similar, donde el privado de libertad tenía cita para la realización de un estudio radiológico y el mismo indicó que no quería asistir. Aclaran que, el usuario recibió atención médica en la Clínica del Dolor del Hospital San Rafael de Alajuela, donde también se le brindó el respectivo tratamiento a seguir; sin embargo, el mismo fue dado de alta. Mencionan, que el 02 de noviembre de 2023, se le brindó tratamiento médico por el plazo de dos meses, así como su respectiva atención médica de control. Señalan, que el promovente fue atendido el 08 de agosto de 2023, por manifestar dolencias, siendo que en la nota médica el paciente indica otra cosa, pues aclara que se siente bien. Acotan, que no consta solicitud verbal o escrita donde el recurrente solicite atención médica en general o atención odontológica; sin embargo, con ocasión al proceso, procedieron a incluirlo en la lista de consulta externa para el mes de diciembre de 2023. Aclaran, que con respecto a las unidades móviles, las mismas se encuentran en condiciones adecuadas e higiénicas para poder trasladar a la población penitenciaria en condiciones dignas, siendo que las mismas cuentan con espacios para que los reclusos puedan sentarse, ventilación y agarraderas. Solicitan se declare sin lugar el recurso interpuesto.
4.- Informan bajo juramento Carolina Chaves Araya y Edgar José Aguilar Muñoz, bajo ese mismo orden Directora General y Coordinador de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela que:
“El paciente [Nombre 001] cédula [Valor 001] no es paciente de nuestra unidad actualmente.
Fue dado de alta por Médico Especialista (criterio de experto) ya que no cumple con los requisitos para ser atendido en nuestro servicio”. Solicitan se declare sin lugar el recurso interpuesto.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente, se encuentra privado de libertad, en calidad de sentenciado en el centro penal recurrido y, alega que tenía programada una cita en el Hospital San Rafael de Alajuela para el 27 de setiembre a la 13:00 horas; no obstante, el oficial encargado, realizó la salida a las 12:58 horas, pese a que la indicación es que deben llegar de quince a treinta minutos antes de la hora programada. Comenta, que los vehículos en los que son trasladados “perreras” se encuentran en mal estado y lo esposan de la cintura hasta los pies. Además, agrega que desde hace cinco años viene solicitando atención médica odontológica y no se le ha brindado. De igual firma, requiere ser referido al Servicio de Oftalmología, a fin de que se le valore el problema visual que presenta y no lo han hecho, pese a que lo solicitó desde el 2020. Finalmente, alega que en la Clínica del Dolor se le agendó una cita por videoconferencia y sin haber sido valorado se le dio de alta, pese a que siente mucho dolor en la espalda y el muslo.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
III.- HECHO NO PROBADO. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:
ÚNICO. Que el recurrente solicitara atención médica ante las autoridades recurridas, y se le denegara (los autos).
IV.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD. Esta Sala ha sentado una doctrina, reiterada en sus pronunciamientos, en la cual ha reconocido que algunos de los derechos de las personas condenadas o detenidas preventivamente, son objeto de limitaciones propias de las circunstancias, pero ha destacado también que el núcleo esencial de sus derechos fundamentales permanece inalterable, particularmente aquellos relacionados con la dignidad de manera directa, como lo es el derecho a la salud. Resulta claro que el Estado tiene una grave responsabilidad en el resguardo de los derechos de las personas a quienes tenga privadas de libertad, cuyos otros derechos fundamentales no habrán de sufrir mengua y corresponde precisamente a la Administración Penitenciaria enfrentar esa responsabilidad a nombre de aquél, desde el momento de su ingreso hasta el instante mismo de su salida. Se parte así de que el Estado tiene el deber de no exigir más de lo que la sentencia y la ley reclaman, y la persona condenada tiene el derecho de no sufrir más restricciones o limitaciones que las establecidas en ellas. De ahí que también es reiterada la jurisprudencia constitucional en el sentido de que todo lo que se refiere a la salud de los detenidos, sean condenados o presos cautelarmente, debe ser atendida en forma expedita y eficaz por parte de la Administración Penitenciaria, sin que sea de recibo la justificación que supedite la protección de dicho derecho a la realización de trámites burocráticos o a la existencia de recursos económicos, al igual que se exige para las personas que gozan de libertad ambulatoria, en cuya tutela tampoco ha admitido este Tribunal Constitucional semejante elenco de argumentaciones por parte del Estado. Es así como resulta claro para esta Sala que cuando un privado de libertad sufre o padece un quebranto en su salud, tiene derecho a recibir el tratamiento que le haya sido prescrito. Además, si su padecimiento es de tal magnitud que requiera asistencia o condiciones especiales, la Administración Penitenciaria está ineludiblemente obligada a brindárselos. En esta materia, las condiciones mínimas que el Estado debe asegurar a los privados de libertad siempre han de entenderse como las absolutamente suficientes para asegurar su vida y su salud (véase en ese sentido Sentencia N° 2006-011410 de las quince horas treinta minutos del 8 de agosto del 2006).
V.- SOBRE LAS ATENCIONES MÉDICAS. Del análisis de los elementos probatorios que han sido descritos, este Tribunal Constitucional no ha encontrado acciones u omisiones por parte del centro penal recurrido que resulten contrarias a los derechos fundamentales del tutelado, toda vez que las autoridades del centro penitenciario en todo momento le han brindado soporte para que el recurrente reciba la atención médica que requiere, así como también su respectivo tratamiento a seguir, el cual se prescribe de acuerdo al criterio del médico tratante.
Ahora bien, el 27 de septiembre y el 18 de octubre, ambos de 2023, el usuario tenía citas médicas en el Hospital San Rafael de Alajuela; sin embargo, el mismo decidió no asistir a dichas atenciones médicas, razón por la cual, las autoridades recurridas no lo trasladaron y procedieron a reprogramar con el Centro Médico las mismas. Dicha negativa, corresponde a una decisión tomada por parte del paciente en no ser trasladado a sus atenciones médicas, aspecto que no tiene la virtud de provocar lesión alguna al derecho a la salud, pues como se indicó, fue decisión del mismo no ser trasladado.
Por otra parte, cabe indicar que les corresponde a los médicos del Área de Salud del Centro Penal determinar si el usuario debe ser referido a un Servicio de algún Centro Hospitalario de la Caja Costarricense de Seguro Social para que algún especialista la valore y no así la persona interesada. Lo anterior por cuanto el interesado indica requerir atención por parte del Servicio de Oftalmología; sin embargo, de acuerdo a la valoración realizada por parte de las autoridades del Centro Penal, el mismo debía ser valorado pero por parte del Servicio de Optometría, siendo que procedieron a emitir el documento respectivo, así como a realizar las coordinaciones para tales efectos.
Además, según lo indicado por las autoridades penitenciarias, los interesados en recibir atención deben cumplir con el proceso interno, el cual corresponde a solicitarla –de manera expresa o formal- ante las autoridades penales, acción que no realizó el recurrente para su atención odontológica, razón por la cual, a las autoridades penitenciarias no se les puede atribuir la omisión apuntada, ya que lo anterior es responsabilidad del interesado. Pese a ello, las autoridades recurridas con ocasión al amparo, procedieron a incluirlo en la lista de consulta externa para el mes de diciembre de 2023.
Por último, se evidencia que de acuerdo al criterio médico, el privado de libertad fue dado de alta en la Clínica del Dolor, siendo que dicha decisión obedece a un criterio de un especialista, la cual no puede ser debatida por este Tribunal Constitucional. Sumado a lo anterior, el mismo no dejó de recibir atención médica por parte de los Centros Médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como tampoco se le dejó de dar atención en la Clínica La Reforma.
En virtud de lo anterior, se constata que, las autoridades recurridas le han brindado la atención médica pertinente en tiempo y forma, y por ello, no se logró acreditar la lesión al derecho a la salud en los términos señalados por la parte promovente, siendo lo correspondiente, ordenar la desestimación del proceso como en efecto se dispone.
VI- SOBRE LAS UNIDADES MÓVILES PARA TRASLADAR A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD. Ahora bien, la parte recurrente reclama que, los vehículos en los que son trasladados “perreras” se encuentran en mal estado y lo esposan de la cintura hasta los pies. En cuanto a este extremo, es importante reiterar el valor probatorio que el legislador le otorgó, mediante la creación de la Ley que da fundamento a esta jurisdicción, a los informes rendidos por las autoridades recurridas, específicamente en el párrafo segundo, del artículo 44, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Es precisamente con fundamento en lo anterior, que los informes, en tanto no logren ser desvirtuados fehacientemente a través de otros medios probatorios, se considerarán como ciertos, por supuesto sin perjuicio de la responsabilidad penal de que se haría acreedor la autoridad recurrida si incurriere en los supuestos que la misma ley establece.
Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión alguna a los derechos fundamentales del amparado. Del informe rendido por las autoridades competentes del Centro de Atención Institucional recurrido, que se tienen dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción, se tuvo por demostrado que, las unidades móviles se encuentran en condiciones adecuadas e higiénicas para poder trasladar a la población penitenciaria en condiciones dignas, siendo que las mismas cuentan con espacios para que los reclusos puedan sentarse, ventilación y agarraderas.
En lo que respecta a la necesidad de observar medidas de seguridad durante el traslado de los internos fuera del penal, esta Sala no encuentra quebranto constitucional alguno en ello. Efectivamente, si al recurrente se le exigió el uso de algún dispositivo de seguridad para que se hiciera efectivo el traslado al centro hospitalario respectivo, ello en nada constituye un trato degradante, ya que se trata de una medida propia de la situación de reclusión en que se encuentra el mismo, y que tiende a evitar la fuga de quienes se encuentran en ella, y también en resguardo de la seguridad del personal policial, siendo que es una medida de uso general para el traslado de internos. Al respecto, en un asunto análogo, en la Sentencia N° 2018-018450 de las 9:20 horas de 6 de noviembre de 2018, esta Sala dispuso:
“(…) III.- SOBRE EL FONDO. En relación con los alegatos y pretensiones expuestas por el recurrente, quien manifiesta su disconformidad respecto a la medida tomada por la autoridad recurrida de mantenerlo esposado durante su permanencia en el centro médico, se impone advertir al recurrente que esta Sala no es un contralor de las actuaciones y resoluciones de la Administración, en todo caso se tiene que el uso de esposas como medida de contención se aplican bajo criterios y parámetros de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, según cada caso en concreto y que no se pueden utilizar en caso de personas que presenten enfermedades crónicas, cognitivas, con discapacidades físicas o bien que utilicen bastones, muletas o sillas de ruedas para desplazarse, lo cual no manifiesta el recurrente padecer. Partiendo de lo anterior, esta Sala concluye que la medida cuestionada no resulta ilegítima, en el tanto pretende garantizar la seguridad institucional. Así lo ha sostenido este Tribunal en anteriores oportunidades, entre ellas, en el Voto No. 2007298-2006 de las 15:04 horas del 24 de mayo de 2006:
“La situación que plantea el recurrente es el uso de esposas cuando lo sacan del ámbito de convivencia donde se encuentra, ya sea para realizar una entrevista, para recibir visita o incluso para una cita médica. Sobre este particular, informa la autoridad recurrida que se acata la normativa institucional; asimismo, es importante tener presente que cada centro penal tiene sus propias características de espacio e infraestructura y que de conformidad con las mismas se puede arriesgar la debida custodia de la población privada de libertad, la integridad física de terceros y, en general, la seguridad institucional si se permite su traslado internamente dentro del Centro sin tomar ciertas precauciones, las cuales corresponde definir a la Administración Penitenciaria y no a esta Sala, siempre y cuando no se lesionen los derechos fundamentales de los privados de libertad. En la especie esta situación no se aprecia con la medida que aquí se acusa, puesto que bajo fe de juramento se informa a la Sala que se trata de una medida generalizada y que si bien es norma institucional que cuando un privado de libertad sale de su ámbito a diligencia médica, judicial o atención técnica deba salir esposado de su ámbito, con la debida custodia del área de seguridad, también lo es que queda a criterio del juez, médico o profesional que realiza la diligencia solicitar al agente de seguridad que le sean quitadas las esposas al privado de libertad. Además, se indica que se trata de una medida para salvaguardar la seguridad institucional y de las personas que se encuentran alrededor del privado de libertad, no así para denigrarlo, siendo como es una limitación consecuencia de la sanción penal dictada por juez competente, sea la pena de prisión, y no una arbitrariedad del Estado”.
Por lo anterior, se confirma el precedente citado y al no constatarse lesión alguna, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, en todos los extremos como en efecto se dispone.
VII.- NOTA DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO. Advertimos que en este recurso no salvamos el voto como ordinariamente lo hacemos y remitimos el asunto al Juez de Ejecución de la Pena, dado que el amparo está relacionado con aspectos de salud que según aduce el amparado le afectan, lo que es una excepción para nosotros, dada la relevancia de dicho derecho para la propia existencia del ser humano y cuya resolución debe ser atendida céleremente. Por consiguiente, estimamos procedente conocer por el fondo el recurso.
VIII.- NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. En el caso concreto advierto que sí conozco por el fondo el recurso de amparo y no consigno, como habitualmente lo hago, el voto salvado en que el que indico que correspondería remitir el asunto ante el Juzgado de Ejecución de la Pena. Lo anterior, por cuanto el objeto del amparo tiene relación con la salud de la persona privada de su libertad. Por la celeridad con la que debe atenderse el agravio, considero que el asunto debe resolverse en esta jurisdicción.
IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal consignan nota. La magistrada Garro Vargas consigna nota.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Hubert Fernández A.
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