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Res. 00414-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 12/01/2024
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber granted the amparo for violation of the right to timely justice but without awarding costs, damages, or compensation because the municipal omission ceased during the proceedings.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo por violación al derecho de justicia pronta y cumplida, pero sin condenar en costas, daños y perjuicios porque la omisión municipal cesó durante el trámite.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo action against the Municipality of Cartago for failing to respond to a July 2022 request for road repairs and community works. The petitioner alleged a violation of the right to timely and effective justice (Article 41 of the Constitution). The Chamber clarified that, although the general rule is to refer such matters to the administrative litigation courts, an exception applies here because risks to life and physical integrity from infrastructure problems were claimed. It was proven that the municipality did not resolve the request until after being notified of the amparo's admission; thus, the violation occurred but ceased before the ruling. Consequently, the amparo was granted solely to recognize the infringement, but without awarding costs, damages, or compensation under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. Partial dissents argued that abstract condemnation for damages and costs should have been ordered.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo contra la Municipalidad de Cartago por la falta de respuesta a una solicitud de obras viales y comunitarias presentada en julio de 2022. El recurrente acusa violación al derecho a la justicia pronta y cumplida (artículo 41 de la Constitución Política). La Sala aclara que, aunque la regla general es remitir estos casos a la jurisdicción contencioso-administrativa, aquí procede una excepción porque se alegan riesgos a la vida e integridad física por problemas de infraestructura. Se tiene por demostrado que la municipalidad no resolvió la gestión sino hasta después de notificada la admisión del amparo, por lo que la violación existió pero cesó antes de la sentencia. En consecuencia, se declara con lugar el recurso únicamente para efectos de constatar la lesión, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, aplicando el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se presentan votos salvados que sostienen que sí debía condenarse en abstracto a indemnización y costas.
Key excerptExtracto clave
IV.- On the right to timely and effective justice. Article 41 of the Political Constitution recognizes the right to justice, which must be granted in a timely and swift manner; therefore, the Administration has the obligation to ensure compliance with timely and effective justice, meaning that individuals, in addition to having the right to resort to jurisdictional bodies for the resolution of their disputes, have the right for administrative justice to decide their claims with diligence and promptness. Likewise, it is important to note that, by virtue of Article 48 of the Political Constitution, international provisions on human rights protection are incorporated into our legal system, including Article 8(1) of the American Convention on Human Rights, which imposes the obligation on the administration to resolve individuals' petitions within a reasonable time. V.- On the merits. [...] In this case, there is no evidence that, prior to notification of the order admitting this amparo, the respondent authority communicated any justified reason preventing it from addressing the concerns raised, which is why a violation of Article 41 of the Constitution is confirmed. However, since it was after the respondent authority was notified of the admission order—which occurred on November 6, 2023—that it issued memorandum AM-OF-1040-2023 dated November 8, 2023, in response to the petitioner's request, and it was already notified to the interested party, the proper course is to grant the amparo, without special award of costs, damages, or compensation, and without any order, since, as indicated above, the omission attributed to the respondent has ceased.IV.- Sobre el derecho a una justicia pronta y cumplida. El artículo 41, de la Constitución Política, reconoce el derecho a una justicia, mismo que debe otorgarse de forma oportuna y célere, por lo que la Administración tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de justicia pronta y cumplida, lo que se traduce en que, los administrados, además de tener el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para la solución de sus conflictos de interés entre sus pares, y entre los administrados y los diversos órganos administrativos, tienen el derecho a que la justicia administrativa decida con diligencia y celeridad los reclamos planteados por estos. Asimismo, es importante señalar que, en virtud del artículo 48, de la Constitución Política, se introducen en nuestro ordenamiento las disposiciones de carácter internacional en materia de protección de los derechos humanos, dentro de los cuales destaca el contenido del artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma que impone la obligación de que la administración resuelva las gestiones que presentan los administrados en un tiempo razonable. V.- Sobre el fondo. [...] En la especie, no consta que previo a la notificación de la resolución que dio curso a este recurso, la autoridad recurrida haya comunicado alguna situación por la cual de manera justificada le impidiera resolver las inquietudes planteadas, razón por la que se verifica la violación al artículo 41, de la Constitución Política. No obstante, dado que fue con posterioridad a que la autoridad recurrida fue notificada de la resolución de curso de este recurso -hecho que acaeció el 06 de noviembre de 2023- que emitió el memorial AM-OF-1040-2023, de fecha 08 de noviembre de 2023, en respuesta a la gestión planteada por el recurrente, y el mismo ya fue notificado al interesado, lo procedente es estimar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, y sin orden alguna, ya que como se indicó supra, la omisión atribuida a la parte amparada ya cesó.
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"En la especie, no consta que previo a la notificación de la resolución que dio curso a este recurso, la autoridad recurrida haya comunicado alguna situación por la cual de manera justificada le impidiera resolver las inquietudes planteadas, razón por la que se verifica la violación al artículo 41, de la Constitución Política."
"In this case, there is no evidence that, prior to notification of the order admitting this amparo, the respondent authority communicated any justified reason preventing it from addressing the concerns raised, which is why a violation of Article 41 of the Constitution is confirmed."
Considerando V
"En la especie, no consta que previo a la notificación de la resolución que dio curso a este recurso, la autoridad recurrida haya comunicado alguna situación por la cual de manera justificada le impidiera resolver las inquietudes planteadas, razón por la que se verifica la violación al artículo 41, de la Constitución Política."
Considerando V
"No debe perderse de perspectiva, que el procedimiento administrativo se define como un conjunto de actos (...) que precisan de tiempo para verificarse. (...) lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos."
"It should not be lost sight of that an administrative procedure is defined as a set of acts (...) that require time to be completed. (...) the foregoing does not legally entitle public administrations to indefinitely prolong the consideration and resolution of matters."
Considerando V
"No debe perderse de perspectiva, que el procedimiento administrativo se define como un conjunto de actos (...) que precisan de tiempo para verificarse. (...) lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos."
Considerando V
"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued revoking, stopping, or suspending the challenged action, the amparo shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable."
Artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional
"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
Artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional
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Date of Resolution: 12 January 2024 at 09:15 Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with protected data, in accordance with current regulations Res. Nº 2024000414 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twelfth of January, two thousand twenty-four.
Amparo appeal processed in expediente number 23-026882-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of [Name 002], against the MUNICIPALITY OF CARTAGO.
Resultando:
1.- By written submission filed with the Secretariat of the Chamber and added to the expediente at 19:23 hours on 30 October 2023, the appellant files an amparo appeal against the MUNICIPALITY OF CARTAGO. He states, in summary, that at the beginning of the year 2022, he requested that the Municipality of Cartago carry out several works for the benefit of the community where he resides. He indicates that, on that occasion, he was instructed by the Citizen Service Module (Módulo de Atención Ciudadana) of that municipality, where he was informed that he should present his petition through the District Council (Concejo de Distrito) of his place of residence. He details that, on 21 July 2022, he sent a written communication to the District Council of San Nicolás de Cartago, via email, in which he requested the execution of the following works: "(...) 1. The repair and maintenance of Calle 20, in Quircot, from the EBAIS crossing to the old Chicharronera, which was paved several years ago as a result of a judicial order of the Constitutional Chamber from an amparo appeal filed by the undersigned and which even led to an administrative contentious process and a subsequent judgment against the Municipality of Cartago. The most critical part is the stretch between the ICE Tower in San Rafael and the colonial temple of Quircot, where the road surface has wave-like deformations, a product of the poor base of the road and the possible loss of material due to the action of the river and pluvial water. The foregoing must be addressed urgently since this Street is the only access to the community of San Rafael de Quircot, it lacks sidewalks (aceras), the RECOPE pipeline runs through it, and many people are affected by the poor condition of the road; 2. the maintenance of Calle 42 and the installation of pedestrian safety infrastructure at the height of the Kindergarten (Jardín de Niños) of the Escuela República Francesa in San Nicolás de Cartago, since it has two speed bumps (reductores de velocidad) resulting from a judicial order of the Constitutional Chamber from an amparo appeal filed by the undersigned in favor of the children and parents who had to risk their lives to go to the educational center, but the speed bumps lack demarcation or paint so that drivers do not damage their vehicles; furthermore, the Kindergarten requires a protective mesh on the sidewalk to prevent children from running out directly onto the street. Both works are of a public nature and the Municipality is requested to carry them out for the benefit of the community, see attached petition from the director of the educational center. 3. the repair and maintenance of Calle 36 in front of the Escuela República Francesa in San Nicolás de Cartago, which has several potholes and is heavily used by parents and students. Furthermore, the management of that educational center, along with the trustee (síndica) Ana Isabel Solano, are aware of the old problem of flooding at the educational center resulting from water that seeps from Route 236 (National) and which, lacking a ditch (cuneta) or culverts (caños), reaches the properties adjacent to the school and floods the educational center. The foregoing is the responsibility of the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), but I deem it necessary that the Municipality and the Council undertake joint action, and if not, to file a constitutional and contentious-administrative proceeding to achieve a definitive solution for the benefit of the children. 4. the entering into of an agreement with Parque Municipal Río Loro with the Escuela República Francesa in San Nicolás de Cartago, which has the butterfly garden (mariposario) infrastructure but lacks a biologist and supplies to operate it again. The foregoing, given that the park does have a butterfly garden and is within the district's jurisdiction, and the extremely high importance that experimenting with the butterfly metamorphosis process holds for children's educational development, including as a form of environmental education. 5. the installation of a sports and children's area in the community of San Rafael de Quircot, since the community lacks a community space where children and young people can practice sports, play in a safe place, and according to consultations made, it appears that the land in front of the colonial Church of Quircot is municipal, on Calle 20, bordered by the train line and the river, ideal for installing a playground, exercise machines, or a concrete sports court. 6. finally, the repair and paving of Calle La Marta, especially the slope (cuesta) sector, which, given the repairs to the Florencio del Castillo highway, is the alternate route to leave or enter to/from San José, and which due to its narrowness and potholes causes traffic accidents. I issue this request based on a prior conversation with the trustee and in order to request that support for the benefit of the community (...)". He points out that, on 2 August 2022, through official memorandum N° CDSN-033-2022, the president of the Council forwarded his petition to the respondent mayor, requesting his intervention in order to evaluate each of his requests and address them according to its competencies. He maintains that, on 8 October 2023, he sent an email to the respondent authorities requesting a response regarding his 2022 petition for the execution of works, since they were not carried out; however, he accuses that at the time of filing this appeal, they have not responded to his petition. He believes that the described situation violates his fundamental rights and those of his represented parties. He requests that the present appeal be granted.
2.- By resolution at 13:24 hours on 03 November 2023, this appeal was admitted.
3.- Mario Redondo Poveda and Pilar Cerdas Flores, report under oath, in their respective capacities as Mayor and Head of Citizen Services (Encargada Gestión al Ciudadano), both of the Municipality of Cartago, that the request for information managed by the appellant was satisfied by this municipal government. They add that the official system for document reception, the Municipal Services Platform's CORE Tributario system, was reviewed, and no record or request is found under the appellant's name directed to the Citizen Service Unit (Unidad de Gestión al Ciudadano). They note that the system in which the Citizen Service Unit registers and tracks services was verified, and nothing is found related to identity card 01-1 139-0092. They add that the email address [email protected], or the contact section of the Citizen Service Unit's website https://www.municarta.go.cr/#seccion_contacto, handles consultations, complaints, suggestions, and/or reports, and there is also no record under the name of [Name 001].
4.- The legal prescriptions have been observed in the procedures followed.
Drafted by Magistrate Araya García; and,
Considerando:
I.- Object of the appeal. The appellant states that, on 21 July 2022, he presented a written communication to the Municipal Council (Concejo Municipal) of Cartago, in which he requested the execution of certain road works, such as street repairs and the installation of road safety measures; however, to date, the petition has not been resolved. He considers his right to prompt and complete justice to be violated.
II.- Preliminary Matter. Prior to analyzing the merits of the matter —due to the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure— it must be clarified that, as of Judgment Nº 2008-02545 at 8:55 hours on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario is presented —supported by the majority of this Constitutional Court— since it involves administrative petitions alleging infrastructure problems that could put the life and physical integrity of persons at risk. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation presented in this amparo.
III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:
IV.- On the right to prompt and complete justice. Article 41 of the Political Constitution recognizes the right to justice, which must be granted in a timely and swift manner, and therefore the Administration has the obligation to guarantee prompt and complete justice, which translates into the fact that individuals, in addition to having the right to resort to judicial bodies for the resolution of their conflicts of interest among peers, and between individuals and the various administrative bodies, have the right that administrative justice decides with diligence and speed on the claims raised by them. Likewise, it is important to point out that, by virtue of article 48 of the Political Constitution, the international provisions on the protection of human rights are introduced into our legal system, among which the content of article 8, first paragraph, of the American Convention on Human Rights stands out, a norm that imposes the obligation on the administration to resolve the petitions presented by individuals within a reasonable time.
V.- On the merits. In the case at bar (sublite), the Chamber has established that on 21 July 2022, the appellant sent a written communication to the District Council of San Nicolás de Cartago, in which he requested the execution of several works related to the repair, marking (demarcación), and maintenance of streets, installation of a children's playground, among others. Likewise, it was verified that the appellant did not send any written communication directly to the respondent Mayor; rather, it was through official memorandum N° CDSN-033-2022, dated 02 August 2023, that the President of the Council forwarded said missive to the Mayor and requested him to address it according to his competencies, which was within the appellant's knowledge; but to date his petition has not been resolved. It should not be lost from perspective that the administrative procedure is defined as a set of acts —by the directing administrative body, the deciding body, and the petitioner himself— concatenated and teleologically linked or united that require time to be carried out. Consequently, the processing of requests made by individuals requires a necessary time that guarantees respect for their fundamental rights, an adequate weighing of the factual and legal elements, of the particular interest, of third parties, and of the public interests involved. However, the foregoing does not legally legitimize public administrations to indefinitely prolong the knowledge and resolution of matters that individuals have entrusted to them, since, in such a scenario, procedures are pathologically prolonged due to causes exclusively attributable to them, and individuals have no duty or obligation to tolerate such undue delays and dilations. In the present case, there is no evidence that prior to the notification of the resolution admitting this appeal, the respondent authority communicated any situation that justifiably prevented it from resolving the concerns raised, which is why a violation of article 41 of the Political Constitution is verified. However, given that it was after the respondent authority was notified of the resolution admitting this appeal —an event that occurred on 06 November 2023— that it issued memorandum AM-OF-1040-2023, dated 08 November 2023, in response to the petition raised by the appellant, and the same has already been notified to the interested party, it is appropriate to grant the appeal, without special ruling on costs, damages, and losses, and without any order, since as indicated supra, the omission attributed to the protected party has already ceased.
VI.- On the ruling for costs, damages, and losses in accordance with article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case under examination (sub examine), in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable"), the granting must be without a special ruling on costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the judgment to state that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same final paragraph states that the granting is ordered "solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable." It is emphasized that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct of acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an effect on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Law of the Constitutional Jurisdiction, when it states that: "every resolution that upholds the appeal shall rule in abstracto for the compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving its liquidation for the enforcement of the judgment," where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law, and, furthermore, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of the Constitutional Jurisdiction —cf. article 14—. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the case at bar preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this appeal without a ruling for costs, damages, and losses.
VII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who should hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by article 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as this Court, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence.
Therefore, except for those legal-constitutional disputes that this same Chamber has recognized as exceptions, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo process, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
VIII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO, SOLELY REGARDING THE NON-CONDEMNATION FOR COSTS (COSTAS), DAMAGES (DAÑOS), AND PREJUDICES (PERJUICIOS) AGAINST THE RESPONDENT PARTY.
While I agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, I depart from the majority opinion insofar as it exempts the respondent party from being condemned to pay the costs (costas), damages (daños), and prejudices (perjuicios) arising from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:
"If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs (costas), if they are applicable." Furthermore, Article 51 ibidem establishes that:
"...any resolution that grants the appeal shall condemn in abstracto to the indemnification of the damages (daños) and prejudices (perjuicios) caused and to the payment of the costs (costas) of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." This latter norm establishes the general system that regulates the issue of indemnification and the payment of costs (costas), which the majority calls the "natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…".
In the majority's opinion, Article 51, cited above, regulates the cases in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for a condemnation for costs (costas), damages (daños), and prejudices (perjuicios) arises. However, in the undersigned's judgment, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo —a scenario contemplated in the aforementioned Article 52—, by the mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to the indemnification of the damages (daños) and prejudices (perjuicios) caused and to the payment of the costs (costas) of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the grant of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has entered to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for a condemnation for costs (costas), damages (daños), and prejudices (perjuicios) against the infringer, the basis of which is found in the principles of protection of people's rights and that the Administration must be held responsible for the damages (daños) and prejudices (perjuicios) caused by its unconstitutional conduct.
Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the condemnation for costs (costas), damages (daños), and prejudices (perjuicios), because such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation on those points contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.
Moreover, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of the protected party's fundamental rights, by virtue of the restitution, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed to in their favor; a situation which, as the majority of the Chamber affirms, implies an "abnormal termination of the process." The legislator established and defined, precisely, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that provides, undoubtedly, for the revocation, stopping, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs (costas), damages (daños), and prejudices (perjuicios), despite granting the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted "solely for the purposes of indemnification and costs (costas), if they are applicable." As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the situations strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to people's fundamental right to obtain effective judicial protection against the damages (daños) and prejudices (perjuicios) suffered from the injury to their constitutional rights.
In my opinion, such an exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs (costas), damages (daños), and prejudices (perjuicios) in the event of a violation of fundamental rights, that condemnation is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is undoubtable and clear in the specific case that no compensable prejudice was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from paying those items. As in this case, there is no element whatsoever that undermines the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages (daños) and prejudices (perjuicios) derived from the challenged actions —whose specific determination does not correspond to this jurisdiction—, the grant of this appeal must necessarily imply the condemnation for costs (costas), damages (daños), and prejudices (perjuicios), and I so declare.
As an additional reason, it should be noted that the dynamics and very essence of amparo proceedings do not have as their primary object the analysis of the existence or not of damages (daños) and prejudices (perjuicios), but rather the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach in the regime of people's fundamental rights. From this perspective, the analysis conducted by this venue concentrates on said verification, however, it does not enter into weighing whether those issues have generated or not injuries in the strictly proprietary sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said condemnation (in damages (daños), prejudices (perjuicios), and costs (costas)) operates if applicable, the undersigned does not believe that such an examination of appropriateness can be automatically excluded a priori in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, where applicable), constituted an adequate cause of proprietary injuries that are legally compensable. By way of reference, Articles 179 to 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:
"ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against public law subjects, solely with respect to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications." It is clear that this proceeding is directed to the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an in abstracto condemnation on those items, as that type of claim would not be appropriate within that type of case when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the inapplicability of damages (daños), prejudices (perjuicios), and/or costs (costas), as well as when there is no express ruling on this particular. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express ruling by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, pursuant to the aforementioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that pecuniary condemnation requires proof, in each case, of situations from which it is reasonably estimated that there is an absence of proprietary injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not, per se, rule out that, prior to that cessation by own cause or one alien to the respondent entity, the alleged indolence or reproached disturbance may have caused damages (daños) and prejudices (perjuicios). However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order to what is regulated by the cited mandate 52, are characteristic of an in abstracto condemnation that later constitutes the basis of analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages (daños) and prejudices (perjuicios), as, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it does not correspond to the protected person to claim or demonstrate damages (daños), as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Then, whether those administrative conducts caused them injuries is a point that, as a matter of principle and save for exceptional cases, does not form part of the basis of analysis for this type of case. Note that, in the scenario regulated by that mandate, the Constitutional Chamber does not perform a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, there is no assessment of whether or not there is an infraction, whereby it can much less be defined whether, based on what was reported by the applicant, there may or may not be situations of possible civil reparation. Thus, the dispensation from condemnation referred to by that norm is of an exceptional, not a principle, nature. Therefore, in those scenarios, the norm imposes the in abstracto condemnation, so that its applicability may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that exemption from damages (daños), prejudices (perjuicios), and costs (costas) were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their proprietary sphere would be jeopardized, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that conduct was adopted that ceases the behaviors that, in theory, threaten or infringe upon people's fundamental rights. That is, in order to obtain the protection of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, whether the persistence of the threat or deterioration of their situation, until it was ceased for the reasons referred to in the norm under examination, generated damages (daños) and prejudices (perjuicios), is an issue that, save for proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, should in no way be denied, as a supposition, solely due to the occurrence of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect for the majority position, I express my vote and reiterate that the grant of this appeal must necessarily imply the in abstracto condemnation for costs (costas), damages (daños), and prejudices (perjuicios).
IX.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE DISPOSITIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: "If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs (costas), if they are applicable." My interpretation of that norm is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are applicable" refers to costs (costas). Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: to costs (costas).
Certainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC indicates: "Any resolution that grants the appeal shall condemn in abstracto to the indemnification of the damages (daños) and prejudices (perjuicios) caused and to the payment of the costs (costas) of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages (daños) and prejudices (perjuicios) may have arisen. For this reason, the in abstracto condemnation thereof is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title —derived from this proceeding— to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being an in abstracto condemnation, damages (daños) and prejudices (perjuicios) have not occurred, the judge in the ordinary venue will so declare, as only they are responsible for finding the real existence and magnitude thereof proven.
With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would encourage the Administration to respect rights only when an amparo appeal exists. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn for costs (costas), even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the dispositive part and order the condemnation for damages (daños) and prejudices (perjuicios), but not the condemnation for costs (costas).
X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The appeal is GRANTED, without special condemnation for costs (costas), damages (daños), and prejudices (perjuicios). Judge Castillo Víquez adds a note. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation for damages (daños), prejudices (perjuicios), and costs (costas). Judge Garro Vargas partially dissents and orders condemnation for damages (daños) and prejudices (perjuicios), but not condemnation for costs (costas).- Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Hubert Fernández A.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Res. Nº 2024000414 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del doce de enero de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 23-026882-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], contra la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO.
Resultando:
1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente a las 19:23 horas del 30 de octubre de 2023 , el recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO. Manifiesta, en resumen, que a inicios del año 2022, solicitó a la Municipalidad de Cartago que realizara varias obras en beneficio de la comunidad donde reside. Indica, que en esa ocasión, fue instruido por parte del Módulo de Atención Ciudadana de ese municipio, donde se le informó que debía plantear su gestión por medio del Concejo de Distrito de su lugar de residencia. Detalla, que el 21 de julio de 2022, remitió un escrito al Concejo de Distrito de San Nicolás de Cartago, vía correo electrónico, en el que solicitó la realización de las siguientes obras: "(…) 1. La reparación y mantenimiento de la Calle 20, en Quircot, desde el cruce del EBAIS hasta la antigua Chicharronera, la cual fue asfaltada hace varios años producto de una orden judicial de la Sala Constitucional de un recurso de amparo planteado por quien suscribe y que inclusive derivó en un proceso contencioso y una posterior sentencia contra la Municipalidad de Cartago. La parte más crítica es la que va entre la Torre del ICE de San Rafael y el templo colonial de Quircot, la que tiene forma de ondas la superficie de rodamiento, producto de la mala base que tiene la calle y la posible pérdida del material por la acción del río y del agua pluvial. Lo anterior debe verse con urgencia ya que esta Calle es el único acceso a la comunidad de San Rafael de Quircot, arece de aceras y por ahí pasa el oleoducto de RECOPE y muchas personas se afectan de la mala condición de la vía; 2. el mantenimiento de la calle 42 y la instalación de infraestructura de seguridad peatonal a la altura del Jardín de Niños de la Escuela República Francesa de San Nicolás de Cartago, ya que tiene dos reductores de velocidad producto de una orden judicial de la Sala Constitucional de un recurso de amparo planteado por quien suscribe en favor de los niños y padres que tenían que arriesgaban sus vidas para ir al centro educativo, pero que carecen de demarcación los reductores de velocidad o pintura para que los conductores no golpeen sus vehículos, además, el Jardín de Niños requiere de malla de protección en la acera para que los niños no salgan corriendo directamente hacia la calle. Ambas obras son de carácter público y se solicita a la Municipalidad su realización en favor de la comunidad, ver anexo con petición de la directora del centro educativo. 3. la reparación y mantenimiento de la Calle 36 frente a la Escuela República Francesa de San Nicolás de Cartago la cual tiene varios huecos y es altamente transitada por padres de familia y estudiantes. Además, la dirección de ese centro educativo, junto a la síndica Ana Isabel Solano tienen conocimiento de viejo problema de inundaciones del centro educativo producto de las aguas que se filtran desde la vía 236 (Nacional) y que al no tener cuneta ni caños hace que la misma llegue a las propiedades colindantes de la escuela e inunden el centro educativo. Lo anterior, es resorte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero estimo necesario que la Municipalidad y el Concejo hagan gestión conjunta e sino interponer proceso constitucional y contencioso para lograr una solución definitiva en favor de los niños. 4. la realización de convenio con Parque Municipal Río Loro con la Escuela República Francesa de San Nicolás de Cartago que tiene la infraestructura de mariposario, pero carece de biólogo y de insumos para poder nuevamente ponerlo a funcionar. Lo anterior, dado a que el parque sí tiene mariposario y está dentro del circunscripción del distrito y la altísima importancia que para la formación educativa que representa para los niños la experimentación del proceso de metamorfosis de la mariposa, inclusive como una forma de educación ambiental. 5. la instalación de área deportiva e infantil en la comunidad de San Rafael de Quircot, ya que la comunidad carece de espacio comunitario donde puedan los niños y jóvenes practicar deportes, jugar en lugar seguro y en consultas realizadas parece que el terreno que está al frente de la Iglesia colonial de Quircot es municipal, sobre calle 20 y con límites la línea del tren y el río, ideal para instalar playground, máquinas de ejercicios, o cancha de cemento para deportes. 6. finalmente, la reparación y asfaltado de Calle La Marta, en especial el sector de la cuesta, que ante las reparaciones de la carretera Florencio del Castillo es la ruta alterna para salir o entrar a/desde San José, y que debido a la condición de estrechez y de huecos provoca accidentes de tránsito. Emito esta solicitud conforme a conversación previa con la síndica y con el fin de solicitar ese apoyo en favor de la comunidad (…)". Señala, que el 2 de agosto de 2022, por medio del oficio N° CDSN-033-2022, el presidente del Concejo remitió su gestión al alcalde recurrido solicitando su intervención, a fin de evaluar cada una de sus solicitudes y atenderlas de acuerdo con sus competencias. Sostiene, que el 8 de octubre de 2023, remitió un correo a las autoridades recurridas, en el que solicitó una respuesta respecto a su petición para la realización de obras de 2022, pues las mismas no fueron ejecutadas; sin embargo, acusa que al momento de interposición de este recurso no han contestado su gestión. Estima que la situación descrita lesiona sus derechos fundamentales y los de sus representados. Solicita que se declare con lugar el presente recurso .
2.- Mediante resolución de las 13:24 horas del 03 de noviembre de 2023, se dio curso al presente recurso.
3.- Informan bajo juramento Mario Redondo Poveda y Pilar Cerdas Flores, en su condición respectiva de Alcalde y Encargada Gestión al Ciudadano, ambos de la Municipalidad de Cartago, que la solicitud de información gestionada por la parte recurrente fue satisfecha por esta comuna. Agregan, que se revisó el sistema CORE Tributario medio oficial de recepción de documentos de la Plataforma de Servicios de la Municipalidad y no se encuentra registro o solicitud a nombre del recurrente dirigido a la Unidad de Gestión al Ciudadano. Acota, que se verificó el sistema en el cual la Unidad de Gestión al Ciudadano registra y lleva control de las atenciones y no se encuentra nada referente a la cédula de identidad 01-1 139-0092. Añade, que el correo electrónico [email protected] o bien en la sección del sitio web de la Unidad de Gestión al Ciudadano https://www.municarta.go.cr/#seccion_contacto, se atienden consultas, quejas, sugerencias y/o denuncias, siendo que tampoco existe registro con el nombre de [Nombre 001].
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta, que el 21 de julio de 2022, presentó un escrito ante el Concejo Municipal de Cartago, en el que planteó solicitó la realización de unas obras viales, tales como reparación de calles y la instalación de medidas de seguridad viales; sin embargo, a la fecha no ha sido resuelta la gestión. Considera lesionado su derecho a una justicia pronta y cumplida.
II.- Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia Nº 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues se está ante gestiones administrativas en las que se alegan problemas de infraestructura que podrían poner en riesgo la vida e integridad físicas de personas. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
IV.- Sobre el derecho a una justicia pronta y cumplida. El artículo 41, de la Constitución Política, reconoce el derecho a una justicia, mismo que debe otorgarse de forma oportuna y célere, por lo que la Administración tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de justicia pronta y cumplida, lo que se traduce en que, los administrados, además de tener el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para la solución de sus conflictos de interés entre sus pares, y entre los administrados y los diversos órganos administrativos, tienen el derecho a que la justicia administrativa decida con diligencia y celeridad los reclamos planteados por estos. Asimismo, es importante señalar que, en virtud del artículo 48, de la Constitución Política, se introducen en nuestro ordenamiento las disposiciones de carácter internacional en materia de protección de los derechos humanos, dentro de los cuales destaca el contenido del artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma que impone la obligación de que la administración resuelva las gestiones que presentan los administrados en un tiempo razonable.
V.- Sobre el fondo. En el sublite, la Sala tiene por demostrado que el 21 de julio de 2022, el recurrente remitió un escrito al Concejo de Distrito de San Nicolás de Cartago, en el que requirió la realización de varias obras relacionadas con la reparación, demarcación y mantenimiento de calles, instalación de un parque de juegos infantil, entre otros. Asimismo, se verificó, que el recurrente no remitió escrito alguno directamente al Alcalde recurrido, sino que fue mediante oficio N° CDSN-033-2022, del 02 de agosto de 2023, que el Presidente del Concejo expidió dicha misiva al Alcalde y le solicitó atenderla de acuerdo con sus competencias, lo cual fue de conocimiento del recurrente; pero a la fecha no se ha resuelto su gestión. No debe perderse de perspectiva, que el procedimiento administrativo se define como un conjunto de actos -del órgano administrativo director, decisor y del propio gestionante- concatenados y teleológicamente vinculados o unidos que precisan de tiempo para verificarse. Consecuentemente, la substanciación de las solicitudes formuladas por los administrados requiere de un tiempo necesario que garantice el respeto de los derechos fundamentales de éstos, una ponderación adecuada de los elementos fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los intereses públicos involucrados. Sin embargo, lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos que los administrados les han empeñado, puesto que, en tal supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el deber o la obligación de tolerar tales atrasos y dilaciones indebidas. En la especie, no consta que previo a la notificación de la resolución que dio curso a este recurso, la autoridad recurrida haya comunicado alguna situación por la cual de manera justificada le impidiera resolver las inquietudes planteadas, razón por la que se verifica la violación al artículo 41, de la Constitución Política. No obstante, dado que fue con posterioridad a que la autoridad recurrida fue notificada de la resolución de curso de este recurso -hecho que acaeció el 06 de noviembre de 2023- que emitió el memorial AM-OF-1040-2023, de fecha 08 de noviembre de 2023, en respuesta a la gestión planteada por el recurrente, y el mismo ya fue notificado al interesado, lo procedente es estimar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, y sin orden alguna, ya que como se indicó supra, la omisión atribuida a la parte amparada ya cesó.
VI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52, de la ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.
Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibidem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.
IX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Hubert Fernández A.
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