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Res. 01854-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/01/2024
OutcomeResultado
The Court denied the amparo as premature, finding that the authorities were not negligent and that the two-month deadline to resolve the complaint had not expired.La Sala declara sin lugar el amparo por prematuro, al considerar que las autoridades no fueron omisas y que el plazo de dos meses para resolver la denuncia no había vencido.
SummaryResumen
The Constitutional Court reviewed an amparo action against the Ministry of Health and the Municipality of Santa Ana for their alleged failure to address a complaint of water contamination in the Quebrada Rodríguez. The plaintiffs argued that the authorities refused to investigate because the specific polluting properties were not identified. The Court examined the actions taken and concluded that both entities conducted on-site inspections, repeatedly asked the complainants for help in identifying the contamination sources, and found insufficient evidence to initiate a formal proceeding. It held that the complaint was not a simple request for information but required technical assessments; therefore, the two-month period under Article 261 of the General Public Administration Law had not expired when the amparo was filed, making it premature. It added that the authorities were not negligent, as they performed joint actions and requested additional information from the complainants without response. It concluded that there was no violation of the fundamental rights to a healthy environment or health, and that dissatisfaction with the outcomes should be raised before the administrative courts. The amparo was denied.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Santa Ana por la alegada omisión en atender una denuncia por contaminación de la Quebrada Rodríguez. Los recurrentes adujeron que las autoridades se negaron a investigar porque no se identificaron las propiedades específicas contaminantes. La Sala analizó las actuaciones y determinó que ambas entidades realizaron inspecciones en la zona, solicitaron reiteradamente a los denunciantes colaboración para identificar las fuentes de contaminación y no encontraron evidencia suficiente para iniciar un procedimiento. Consideró que la denuncia no era una petición simple de información, sino que requería valoraciones técnicas, por lo que el plazo de dos meses del artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública no se había agotado al interponerse el amparo, declarándolo prematuro. Agregó que las autoridades no fueron omisas, pues efectuaron diligencias conjuntas y solicitaron información adicional a los denunciantes sin obtener respuesta. Concluyó que no hubo lesión a los derechos fundamentales a un ambiente sano ni a la salud, y que la disconformidad con los resultados debía ventilarse en la vía contencioso-administrativa. El recurso fue declarado sin lugar.
Key excerptExtracto clave
Thus, any injury to the fundamental rights of the petitioners is discarded. It is determined that the plaintiffs' requests cannot be classified as pure and simple requests for information, since the respondent authorities are obliged to analyze and carry out a series of assessments regarding the issues claimed, given that a presumed contamination of the Quebrada Rodríguez is being reported. In view of the foregoing, the deadline to be applied is that regulated by Article 261, paragraph 1, of the General Public Administration Law; namely, a term of 2 months for the resolution of such administrative procedure or claim, which was not met as of the date of filing —December 5, 2023— of this remedy. Consequently, the amparo filed is premature and must be so declared. Moreover, without prejudice to the foregoing, from the evidence presented in the record, it is observed that the respondent authorities processed and addressed both individually and jointly the complaints filed. In that regard, note that both authorities conducted on-site inspections in the area indicated by the complainants, the reported facts were dismissed a priori, and the findings obtained were communicated to them. Also, note that the complainants were asked to participate in the inspections and even in a virtual meeting, in order to specify the properties where the contamination sources were allegedly located, since given the inspection results, the references given in the complaints were insufficient; however, there was no positive response from the interested parties. Under such circumstances, this Court does not observe an omission in the handling of the complaints subject to this remedy; thus, if the petitioner is dissatisfied with the actions taken and results obtained —which falls outside the jurisdiction of this Court— this is something that must, if deemed appropriate, be discussed before the respondent authorities or through the appropriate legal channels.Así las cosas, se descarta la lesión a los derechos fundamentales de los amparados. Se determina que las solicitudes de la parte accionante no pueden encuadrarse en los supuestos de peticiones puras y simples de información, en el tanto las Autoridades recurridas están obligadas a analizar y efectuar una serie de valoraciones sobre los aspectos reclamados, toda vez que, se denuncia una presunta contaminación de la Quebrada Rodríguez. En vista de lo expuesto, el plazo que debe aplicarse es el que regula el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública; a saber, un término de 2 meses para la resolución de una gestión o reclamo administrativo de este tipo, el cual no se ha cumplido a la fecha de interposición -sea el 05 de diciembre de 2023- de este recurso. En consecuencia, el amparo planteado es prematuro y así debe declararse. Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, de la prueba aportada a los autos, se observa que las autoridades recurridas tramitaron y atendieron tanto de manera individual, así como de manera conjunta, las denuncias interpuestas. En ese sentido, véase que ambas autoridades efectuaron inspecciones in situ en la zona señalada por los denunciantes, se descartaron a priori los hechos denunciados y se les comunicaron los hallazgos obtenidos en las misma. Asimismo, véase que se les solicitó a los denunciantes participar de las inspecciones e incluso de una reunión virtual, a fin de que pudiesen especificar las propiedades donde presuntamente estaban los focos de contaminación, pues dados los resultados de las inspecciones, las referencias dadas en las denuncias eran insuficientes; sin embargo, no hubo respuesta positiva por parte de los interesados. Bajo tales supuestos, esta Sala no observa una omisión en la atención de las denuncias objeto de este recurso, de ahí que, si el amparado se encuentra inconforme con las actuaciones realizadas y resultados obtenidos -lo cual constituye un ámbito ajeno de competencia de esta jurisdicción- ello es algo que deberá, si a bien lo tiene, discutirlo ante las autoridades accionadas o bien, en la vía de legalidad competente.
Pull quotesCitas destacadas
"Se determina que las solicitudes de la parte accionante no pueden encuadrarse en los supuestos de peticiones puras y simples de información, en el tanto las Autoridades recurridas están obligadas a analizar y efectuar una serie de valoraciones sobre los aspectos reclamados, toda vez que, se denuncia una presunta contaminación de la Quebrada Rodríguez."
"It is determined that the plaintiffs' requests cannot be classified as pure and simple requests for information, since the respondent authorities are obliged to analyze and carry out a series of assessments regarding the issues claimed, given that a presumed contamination of the Quebrada Rodríguez is being reported."
Considerando IV
"Se determina que las solicitudes de la parte accionante no pueden encuadrarse en los supuestos de peticiones puras y simples de información, en el tanto las Autoridades recurridas están obligadas a analizar y efectuar una serie de valoraciones sobre los aspectos reclamados, toda vez que, se denuncia una presunta contaminación de la Quebrada Rodríguez."
Considerando IV
"En vista de lo expuesto, el plazo que debe aplicarse es el que regula el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública; a saber, un término de 2 meses para la resolución de una gestión o reclamo administrativo de este tipo, el cual no se ha cumplido a la fecha de interposición -sea el 05 de diciembre de 2023- de este recurso. En consecuencia, el amparo planteado es prematuro y así debe declararse."
"In view of the foregoing, the deadline to be applied is that regulated by Article 261, paragraph 1, of the General Public Administration Law; namely, a term of 2 months for the resolution of such administrative procedure or claim, which was not met as of the date of filing —December 5, 2023— of this remedy. Consequently, the amparo filed is premature and must be so declared."
Considerando IV
"En vista de lo expuesto, el plazo que debe aplicarse es el que regula el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública; a saber, un término de 2 meses para la resolución de una gestión o reclamo administrativo de este tipo, el cual no se ha cumplido a la fecha de interposición -sea el 05 de diciembre de 2023- de este recurso. En consecuencia, el amparo planteado es prematuro y así debe declararse."
Considerando IV
"Bajo tales supuestos, esta Sala no observa una omisión en la atención de las denuncias objeto de este recurso, de ahí que, si el amparado se encuentra inconforme con las actuaciones realizadas y resultados obtenidos -lo cual constituye un ámbito ajeno de competencia de esta jurisdicción- ello es algo que deberá, si a bien lo tiene, discutirlo ante las autoridades accionadas o bien, en la vía de legalidad competente."
"Under such circumstances, this Court does not observe an omission in the handling of the complaints subject to this remedy; thus, if the petitioner is dissatisfied with the actions taken and results obtained —which falls outside the jurisdiction of this Court— this is something that must, if deemed appropriate, be discussed before the respondent authorities or through the appropriate legal channels."
Considerando V
"Bajo tales supuestos, esta Sala no observa una omisión en la atención de las denuncias objeto de este recurso, de ahí que, si el amparado se encuentra inconforme con las actuaciones realizadas y resultados obtenidos -lo cual constituye un ámbito ajeno de competencia de esta jurisdicción- ello es algo que deberá, si a bien lo tiene, discutirlo ante las autoridades accionadas o bien, en la vía de legalidad competente."
Considerando V
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on January twenty-sixth, two thousand twenty-four.
Amparo action processed in case file No. 23-030150-0007-CO, filed by [Name 001], identification number [Value 001], [Name 002], identification number [Value 002], [Name 003], identification number [Value 003], [Name 004], identification number [Value 004], and [Name 005], identification number [Value 005], against the MINISTRY OF HEALTH and the MUNICIPALITY OF SANTA ANA.
Findings:
in matters of environmental law, there exists the principle of Reversal of the Burden of Proof (Inversión de la Carga de la Prueba), provided for in Article 109 of the Biodiversity Law." In this regard, Biodiversity Law No. 7788 establishes: ARTICLE 109. Burden of proof. The burden of proof, of the absence of non-permitted contamination, degradation, or affectation, shall correspond to whoever requests approval, permit, or access to biodiversity or to whoever is accused of having caused environmental damage. *The highlighting does not correspond to the original. This administration considers that the appellant interprets the previous article capriciously to their benefit, since said numeral refers to the fact that the burden of proof is transferred to whoever is identified as the offender, and it is they who must demonstrate that they did not commit the act they are accused of. That is, whoever is accused of polluting must demonstrate that it is not they who pollute.
Thus, the appellant misinterprets that with "the principle of Reversal of the Burden of Proof (principio de inversión de la carga de la prueba)" public institutions are obligated to conduct or process investigations without evidentiary inputs, obligating the administration, in the absence of evidence, to the impossible, and it is clarified that the principle of reversal of proof would apply, in effect, to the offender, once identified either by the administration or complainant, but it does not mean or can it be interpreted that under this principle, the burden of proof corresponds to the administration, distinct from what it is responsible for regarding carrying out the respective inquiries and investigations within the scope of its powers. Furthermore, it is emphasized that this municipality has not been negligent regarding the appellant's proceeding; quite the contrary, despite being provided means to collaborate with the active administration through the GEOPORTAL tool and that even since official letter MSAGOTPCA-04-1482023 an explanation was given of what it is and how to use said tool: The Municipalidad de Santa Ana offers on its Web portal, a GEOPORTAL of Geographic Data of free access to the public, accessible through the following link: https://ideonion.go.cr/ so if the complainants wish to collaborate with this local government in the individualization of the persons they consider may be polluting the Quebrada Rodríguez, they can take advantage of and expand their complaint by making use of the resource made available to the administered parties: In the highlighted resources section you will find the document How to locate a property on the interactive maps of the open data GEOPORTAL of the Local Government of Santa Ana?, (which is a quick guide that allows the user to locate and obtain basic information on a site of interest, registered in the Santa Ana canton.
For searching for information of interest, the use of the GENERAL MAP EXTERNAL USER QUERY is suggested. By clicking within the polygon, the information of the parcel numbers (nogis), property (finca) (with or without rights) and cadastral [catastrado] plan will be displayed. In the example of Figure 2, the data for Predio No. 312077000 linked to Lindora Medical Center are shown. Its ellipsoidal location coordinates are also indicated according to the selected reference point. In the case of identifying a property with more than one right, all visible ones must be indicated since these are linked to the property." (...) The proper indication of the place where the contamination occurs along the Quebrada Rodríguez, despite the warnings from the Municipalidad de Santa Ana, tools provided to the complainants, as well as the product of the on-site inspection, is essential to determine who or who may possibly be causing the water contamination, hence necessarily, the determination of the possible offender is required; it is thus that Art. 109 establishes the condition of an accused person, obviously there must be an accuser in the form of the complainant or complainants of the environmental contamination.
Therefore, the foregoing is not a "matter of procedure" as the appellants indicate, since they confuse the requirement for correct identification of the place of contamination and requirement for indicating the possible properties that pollute by action or omission with what they perceive as a joint inspection of the river to see the contamination, a matter already indicated in the preliminary inspection (GLSA-GOTPCA-04-148-2023). Moreover, it is reiterated, at the time of rendering this report, there is no evidence to determine the nature or condition of the possible pollutant (composition) and degree or level of contamination and that precisely, in this area, the collaboration of the Ministry of Health is required to determine it, and it is clarified that when the appellants indicate that the municipality and ministry of health "have kept the process paralyzed," it is rejected as inaccurate because what has occurred is a delay due to the lack of evidentiary material, added to the inertia of the complainants.
Furthermore, despite the foregoing, it has been demonstrated that the Municipalidad de Santa Ana has been diligent in attending to the water contamination complaint, acting proactively by conducting a preliminary on-site inspection, official letter MSAGOTPCA-04-148-2023 - Response to Proceeding No. 383521 and timely transfer to the Ministry of Health for its collaboration, and chain of emails addressed to the appellants, which demonstrate the municipal commitment to processing the complaint. Also, as evidenced in the email chain, possible dates were requested from the complainant to carry out a joint inspection and no response was received from their part. Finally, it is placed on record that the Municipalidad de Santa Ana has not closed the investigation into the water contamination in Quebrada Los Rodríguez, but rather the investigation remains open and that what was initially provided to the administered party, in response to their proceeding, was a progress report or rather a preliminary report on the situation at the site as a result of their proceeding, which was transferred to the Ministry of Health for its attention and collaboration, but it does not mean or should be interpreted that said official letter denies or considers the administered party's environmental complaint as archived.
Quite the contrary, precisely for that reason information was requested from them in order to continue with the investigation process and thus, adopt the measures necessary to correct the environmental contamination, be able to corroborate and consult whether the matter reported is related to commercial or construction activities and, therefore, exercise the respective oversight, as well as continue communicating it to the corresponding authorities for timely attention to the complaint.
Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,
Considering:
Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure—it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the instance of a party—or to hear applicable administrative appeals. Precisely, in this case, an exceptional case is raised because this concerns a complaint filed before the Municipalidad de Santa Ana and the Ministry of Health regarding an environmental situation. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
II.Object of the appeal. - The appellants state that they filed an environmental complaint for water contamination of the Quebrada Rodríguez, located in Pozos de Santa Ana, before the respondent authorities. They claim that the respondent Municipalidad resolved that the presumed responsible parties could not be identified and that the competent authorities for the study of residual water contamination are the Ministry of Health (MS) and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). For its part, the Ministry of Health replied that it cannot initiate the water contamination investigation due to lack of evidence, such as specific coordinates for the quebrada, references for the images provided in the complaint, and, additionally, because the specific properties where the sodium fluorescein dye tests must be carried out were not indicated. They comment that they, as complainants, provided all the evidence within their reach, it being impossible for them to know which are the possible properties polluting the Quebrada Rodríguez, and that it is precisely for this same situation that they complained before the competent authorities. They consider that the exposed facts violate their fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment and to health.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them as provided in the initial order:
REGARDING THE ACTIONS OF THE SANTA ANA GOVERNING HEALTH AREA (ÁREA RECTORA DE SALUD DE SANTA ANA) a) On October 19, 2023, official letter MSA-GOT-PCA-04-148-2023 from Engineer Helmut Johnson Madrigal of the Environmental Comptroller Process (Proceso de Contraloría Ambiental) of the Municipalidad de Santa Ana entered—via email—the Santa Ana Governing Health Area, by which reference is made to proceeding "N°383521 Environmental Complaint for Water Contamination, Quebrada Rodríguez, Pozos de Santa Ana." (see report rendered and evidence provided).
For this particular case, it is clarified that the technical sodium fluorescein dye test is used to ascertain the path of residual waters (traceability) by dragging of the dye from its point of generation to the different discharge sites thereof. Since it is precisely a tracer, it allows the determination and identification of the transit, diffusion and dispersion patterns, or water infiltration areas. Under this premise, it must be considered that the sodium fluorescein dye must be poured into sinks, washbasins, toilets, washing machine drains (among others that serve as a point of generation) of the denounced property, in order to technically evidence its traceability to the discharge sites. In view of the foregoing and under the principle of reasonability, the need is emphasized for the person or persons or denounced properties and their address to be indicated, or any relevant data that allows the denounced party to be identified and thus be able to schedule the inspections and optimize the action of the reduced human resources available to this Santa Ana Governing Health Area. (…)" (see report rendered and evidence provided).
REGARDING THE ACTIONS OF THE MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA h) On October 6, 2023, proceeding No. 383521 was received, an environmental complaint for water contamination in the Quebrada Rodríguez in Pozos de Santa Ana, and which was filed by [Name 001], [Name 005], [Name 002], [Name 003] and [Name 004]. (see report rendered and evidence provided).
The perception of the complainants according to what was seen in their Photo 3 of Point THREE, the same where they state that "…the water is completely contaminated, full of garbage and foam, with a strong sewer smell…", is not the same situation recorded on the day of the inspection of 11OCT2023 and, therefore, it is necessary to request collaboration with the competent authorities in order to continue with the course and investigation of the complaint. Figure 4. Bridge adjacent Northeast to Predio No. 312017000 (Finca No. 606267-000, Plano No. 1- 1375012-2009), Quebrada Rodríguez, Coordinates E:479158.002m / N:1100629.375m At the point identified in Figure 4 it was possible to register three (3) water sources: one corresponding to the channel of the Quebrada Rodríguez (1), and two (2) water discharges and (Figure 5) from pipes that probably run lateral to Vía Nacional No. 310, so that at the time of rendering a response to the complainants, it is not possible to attribute fully and without any doubt the contamination perceived by the complainants only to the water body of the Quebrada Rodríguez, requiring in that case the analysis of the water from the three sources to establish a possible source of origin.
Figure 5. Bridge over Vía Nacional No. 310, Coordinates E:479158.002m / N:1100629.375m. Identification of three water sources: 1 channel of the Quebrada Rodríguez, 2 water discharges from a pipe to the north and 3 water discharges from a pipe to the South From what was indicated in the environmental complaint as contamination at the indicated site, only the sweetish aroma of the organic matter fermentation process could be perceived and not the sewer smell indicated, which is typical of latrines or septic tanks. This does not mean they are not the same; in the process of decomposition of organic matter in water, as it advances and consumes present oxygen, the gases generated vary in composition. For this reason, it is necessary to continue with the investigation in collaboration with the Ministry of Health so that Biological Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD) tests are carried out to determine the level of contamination of the water and the effluents.
The relationship between BOD and COD in effluents and residual waters is used in predicting their biodegradability conditions. Therefore: During the preliminary investigation of the environmental complaint according to Proceeding No. 383521, it was possible to verify the possible contamination of the waters in the Quebrada Rodríguez. While proceeding to coordinate the pertinent actions with the Cantonal Governing Health Area, the complainants are urged, in accordance with their possibilities, to provide more information in order to collaborate with the competent authorities in the investigation and attention of their environmental complaint." (see report rendered and evidence provided).
- The appellants state that they filed an environmental complaint for water contamination of the Quebrada Rodríguez, located in Pozos de Santa Ana, before the respondent authorities. They claim that the respondent Municipalidad resolved that the presumed responsible parties could not be identified and that the competent authorities for the study of residual water contamination are the Ministry of Health (MS) and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). For its part, the Ministry of Health replied that it cannot initiate the water contamination investigation due to lack of evidence, such as specific coordinates for the quebrada, references for the images provided in the complaint, and, additionally, because the specific properties where the sodium fluorescein dye tests must be carried out were not indicated. They comment that they, as complainants, provided all the evidence within their reach, it being impossible for them to know which are the possible properties polluting the Quebrada Rodríguez, and that it is precisely for this same situation that they complained before the competent authorities. They consider that the exposed facts violate their fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment and to health.
From the reports rendered by the representatives of the respondent authority—which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidentiary material, it is accredited that on October 6, 2023, the Municipalidad de Santa Ana received proceeding No. 383521, an environmental complaint for water contamination in the Quebrada Rodríguez in Pozos de Santa Ana, and which was filed by [Name 001], [Name 005], [Name 002], [Name 003] and [Name 004]. Likewise, it is determined that on October 19, 2023, the respondent authority, through Official Letter MSA-GOT-PCA-04-148-2023, provided a response to the complainants, of which the relevant part states: "(…) Result of the ocular on-site inspection On October 11, 2023, an attempt was made to verify the sites indicated in Proceeding No. 383521; In Figure 3, the condition of the waters was inspected as indicated in Photo 1 of Point TWO corresponding to the La INTEX community in the Pozos district.
The opinion of the complainants about the site in question with respect to what was seen in the channel and the aroma at the site is the non-existence of perceptible contamination, a criterion shared by the undersigned. Figure 3. Predio No. 310193000 (Finca No. 410073-000, Plano No. 1-795443-1989) sector of the Quebrada Rodríguez, Coordinates E:479419.020m / N:1100761.535m Figure 4 shows the situation in the sector of the bridge over Vía Nacional No. 310, adjacent Northeast to Hospital Metropolitano (Sede Lindora). The perception of the complainants according to what was seen in their Photo 3 of Point THREE, the same where they state that "…the water is completely contaminated, full of garbage and foam, with a strong sewer smell…", is not the same situation recorded on the day of the inspection of 11OCT2023 and, therefore, it is necessary to request collaboration with the competent authorities in order to continue with the course and investigation of the complaint.
Figure 4. Bridge adjacent Northeast to Predio No. 312017000 (Finca No. 606267-000, Plano No. 1- 1375012-2009), Quebrada Rodríguez, Coordinates E:479158.002m / N:1100629.375m At the point identified in Figure 4 it was possible to register three (3) water sources: one corresponding to the channel of the Quebrada Rodríguez (1), and two (2) water discharges and (Figure 5) from pipes that probably run lateral to Vía Nacional No. 310, so that at the time of rendering a response to the complainants, it is not possible to attribute fully and without any doubt the contamination perceived by the complainants only to the water body of the Quebrada Rodríguez, requiring in that case the analysis of the water from the three sources to establish a possible source of origin. Figure 5. Bridge over Vía Nacional No. 310, Coordinates E:479158.002m / N:1100629.375m. Identification of three water sources: 1 channel of the Quebrada Rodríguez, 2 water discharges from a pipe to the north and 3 water discharges from a pipe to the South From what was indicated in the environmental complaint as contamination at the indicated site, only the sweetish aroma of the organic matter fermentation process could be perceived and not the sewer smell indicated, which is typical of latrines or septic tanks.
This does not mean they are not the same; in the process of decomposition of organic matter in water, as it advances and consumes present oxygen, the gases generated vary in composition. For this reason, it is necessary to continue with the investigation in collaboration with the Ministry of Health so that Biological Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD) tests are carried out to determine the level of contamination of the water and the effluents. The relationship between BOD and COD in effluents and residual waters is used in predicting their biodegradability conditions. Therefore: During the preliminary investigation of the environmental complaint according to Proceeding No. 383521, it was possible to verify the possible contamination of the waters in the Quebrada Rodríguez. While proceeding to coordinate the pertinent actions with the Cantonal Governing Health Area, the complainants are urged, in accordance with their possibilities, to provide more information in order to collaborate with the competent authorities in the investigation and attention of their environmental complaint." And that same day, the respondent Municipalidad referred to the Governing Health Area of Santa Ana, Official Letter MSA-GOT-PCA-04-148-2023 corresponding to proceeding No. 383521 Environmental Complaint for Water Contamination, Quebrada Rodríguez, Pozos de Santa Ana, for matters within its competence.
Responding to the foregoing, on October 20, 2023, the Governing Health Area, via official letter MS-DRRSCS-DARSSA-1205-2023, informed Engineer Helmut Johnson Madrigal of the Environmental Comptroller Process of the Municipalidad de Santa Ana, with a copy to the complainants, that "(…) Once official letter MSA-GOT-PCA-04-148-2023 was analyzed, as well as the annexed complaint document filed before the Municipalidad de Santa Ana with a reception date of 10/06/2023, the following observations are obtained and are extended for your knowledge. In the first instance, the complaint filed before the Municipalidad de Santa Ana concerns a possible contamination of the Quebrada Rodríguez; however, sufficient indicia and other elements of conviction are not provided, nor evidence or substantiation that would allow the respective investigation to be initiated before this Ministry of Health, given that only images are shown without any reference, and cell phone application screenshots without georeferencing; nor are specific denounced properties indicated 4 on which to proceed in order to initiate a technical investigation by means of sodium fluorescein dye tests.
For this particular case, it is clarified that the technical sodium fluorescein dye test is used to ascertain the path of residual waters (traceability) by dragging of the dye from its point of generation to the different discharge sites thereof. Since it is precisely a tracer, it allows the determination and identification of the transit, diffusion and dispersion patterns, or water infiltration areas. Under this premise, it must be considered that the sodium fluorescein dye must be poured into sinks, washbasins, toilets, washing machine drains (among others that serve as a point of generation) of the denounced property, in order to technically evidence its traceability to the discharge sites. In view of the foregoing and under the principle of reasonability, the need is emphasized for the person or persons or denounced properties and their address to be indicated, or any relevant data that allows the denounced party to be identified and thus be able to schedule the inspections and optimize the action of the reduced human resources available to this Santa Ana Governing Health Area.
(…)" Likewise, it is determined that on October 25, 2023, a complaint filed by Mr. [Name 001] entered through the single window of the Santa Ana Governing Health Area, which is processed under complaint consecutive N°264-2023. On the other hand, it is accredited that on October 27, 2023, the respondent Municipalidad communicates to the complainants Official Letter GLSA-GOT-PCA-04-150-2023 corresponding to the request for coordination of a site visit for the indication of possible properties in the environmental complaint for water contamination along the Quebrada Rodríguez, Pozos de Santa Ana, and in response to official letter MS-DRRSCS-DARSSA-1205-2023 from the Ministry of Health. Within what is relevant, official letter GLSA-GOT-PCA-04-150-2023 indicates: "(...) The need for the complainants to provide more information in relation to the complaint filed is reiterated in order to be able to continue with the necessary proceedings and, for the foregoing reason, they are asked to establish three alternative dates to carry out the identification of the possible polluting persons or properties (fincas), considered in their environmental complaint according to Proceeding No. 383521(...)"; given that, that same day an email from Engineer Helmut Johnson Madrigal, through which he provides to the complainants a request to conduct the site visit for the identification of the properties.
Likewise, on November 1, 2023, the respondent Health Governing Area (Área Rectora de Salud), through official letter MS-DRRSCS-DARSSA-1259-2023, requests the complainants to specify the person or persons or properties denounced and their address, or any relevant data that allows the identification of the denounced parties and thus be able to schedule fluorescein dye tests (inspecciones de coloración con fluoresceína) based on the established procedure. On the other hand, it is noted that, on November 15, 2023, the Legal Advisory Office of the respondent municipality, in follow-up to proceeding No. 383521, requested the complainants – through the means indicated for such purposes – to coordinate the site visit to indicate the identification of possible properties; however, no positive response was obtained from the interested parties. Subsequently, on November 29, 2023, the Legal Advisory Office of the respondent municipality, in follow-up to proceeding No. 383521, again requested the complainants – through the means indicated for such purposes – a virtual meeting so that the Environmental Comptroller (Contralor Ambienta) could explain to the complainants how the handling of this type of environmental complaints works; nevertheless, there was also no response from the interested parties.
Finally, it is noted that, on December 19, 2023, the respondent Health Governing Area, through Inspection Record KVC-280-2023, records that officials of that governing area appeared at the bridge of the Quebrada Rodríguez located adjacent to the emergency entrance of the Hospital Metropolitano (Lindora Site), coordinates 9°57’13”N 84°11’24”W; however, no foul odors are perceived during the inspection.
Thus, the infringement of the fundamental rights of the protected parties is ruled out. It is determined that the requests of the petitioner cannot be framed within the assumptions of pure and simple requests for information, insofar as the respondent Authorities are obliged to analyze and carry out a series of assessments on the aspects claimed, given that an alleged contamination of the Quebrada Rodríguez is being reported. In view of the foregoing, the applicable deadline is that which is regulated by Article 261, paragraph 1°, of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública); namely, a term of 2 months for the resolution of an administrative proceeding or claim of this type, which had not elapsed by the date of filing—which was December 5, 2023—of this appeal. Consequently, the amparo is premature and must be declared as such.
V.On the other hand, and without prejudice to the foregoing, from the evidence provided in the case file, it is observed that the respondent authorities processed and addressed the filed complaints both individually and jointly. In this regard, it is noted that both authorities conducted on-site inspections in the area indicated by the complainants, the reported facts were discarded a priori, and the findings obtained therein were communicated to them. Likewise, it is noted that the complainants were requested to participate in the inspections and even in a virtual meeting, so that they could specify the properties where the sources of contamination were presumably located, since, given the results of the inspections, the references provided in the complaints were insufficient; however, there was no positive response from the interested parties. Under such assumptions, this Chamber does not observe an omission in the handling of the complaints subject to this appeal; hence, if the protected party disagrees with the actions taken and results obtained—which constitutes an area outside the jurisdiction of this Chamber—that is something that must, should they deem it appropriate, be argued before the respondent authorities or, alternatively, in the competent legality jurisdiction. For the foregoing reasons, the appeal is dismissed.
VI.Note by Magistrate Castillo Víquez regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that, when a petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights.
In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
In environmental matters, it is the undersigned's criterion that, if there has already been intervention by the Public Administration, its cognizance and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the contamination source are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the alleged contamination of the waters of the Quebrada Rodríguez, located in Pozos de Santa Ana, is asserted.
The appellants indicate that they have filed the corresponding complaints before the Municipality of Santa Ana and the Ministry of Health; however, the authorities have not managed to resolve the main problem, which produces an impact on the health and life of the appellants and the residents of the area, and implies a risk to public health. The foregoing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
The appellant is warned that if any document was provided on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is dismissed. Magistrate Castillo Víquez issues a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiseis de enero de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 23-030150-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003], [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 004] y [Nombre 005], cédula de identidad [Valor 005], contra el MINISTERIO DE SALUD y la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando:
De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante una denuncia interpuesta ante la Municipalidad de Santa Ana y el Ministerio de Salud por una situación ambiental. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.Objeto del recurso. - Manifiestan los recurrentes que interpusieron ante las autoridades recurridas, denuncia ambiental por contaminación de aguas de la quebrada Rodríguez, ubicada en Pozos de Santa Ana. Reclaman que, la Municipalidad accionada resolvió que no se podía identificar a los presuntos responsables y que las autoridades competentes para el estudio de la contaminación de aguas residuales son el Ministerio de Salud (MS) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Por su parte, el Ministerio de Salud contestó que no puede iniciar la investigación de la contaminación de aguas por falta de pruebas, como coordenadas específicas de la quebrada, referencias de las imágenes proporcionadas en la denuncia y, además, por no indicarse las propiedades especificas en las que se deben realizar las pruebas de coloración con fluoresceína sódica. Comentan que ellos, como denunciantes, proporcionaron todas las pruebas que estuvieron a su alcance siéndoles imposible saber cuáles son las posibles propiedades que contaminan la quebrada Rodríguez, y que es por exactamente esta misma situación que denunciaron ante las autoridades competentes. Estiman que los hechos expuestos lesionan sus derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la salud.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
SOBRE LAS ACTUACIONES DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SANTA ANA a) El 19 de octubre de 2023 ingresó -vía correo electrónico- al Área Rectora de Salud Santa Ana, el oficio MSA-GOT-PCA-04-148-2023 del Ing. Helmut Johnson Madrigal del Proceso de Contraloría Ambiental de la Municipalidad de Santa Ana mediante el cual hace referencia al trámite “N°383521 Denuncia Ambiental por Contaminación de Aguas, Quebrada Rodríguez, Pozos de Santa Ana. (ver informe rendido y prueba aportada).
Para el caso particular, se aclara que la prueba técnica de coloración con fluoresceína sódica es empleada para conocer el recorrido de las aguas residuales (trazabilidad) por arrastre del colorante desde su punto de generación, hasta los diferentes sitios de desfogue de estas. Al ser precisamente un trazador permite determinar e identificar el tránsito, patrones de difusión y dispersión, o áreas de infiltración de las aguas. Bajo esta premisa, debe considerarse que el colorante fluoresceína sódica debe ser vertido en pilas, lavamanos, inodoros, desagües de lavadoras (entre otros que fungen como punto de generación), de la propiedad denunciada a efecto de evidenciar técnicamente su trazabilidad hasta los sitios de desfogue. En vista lo anterior y bajo el principio de razonabilidad se recalca la necesidad de que se indiquen la o las personas o propiedades denunciadas y su dirección, o cualquier dato relevante que permita identificar al denunciado y de esa manera poder programar las inspecciones y optimizar el actuar del reducido recurso humano con el que cuenta esta Área Rectora de Salud Santa Ana. (…)” (ver informe rendido y prueba aportada).
SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA h) El 06 de octubre de 2023 se recibió el trámite No.383521, denuncia ambiental por contaminación de aguas en la Quebrada Rodríguez en Pozos de Santa Ana, y que fue interpuesta por [Nombre 001], [Nombre 005], [Nombre 002], [Nombre 003] y [Nombre 004]. (ver informe rendido y prueba aportada).
La percepción de los denunciantes según lo visto en su Foto 3 del Punto TERCERO, mismo donde afirman que “…el agua está completamente contaminada, llena de basura y espuma, con un fuerte olor a cloaca…”, no es la misma situación registrada el día de la inspección del 11OCT2023 y, por ende, es necesario solicitar colaboración con las autoridades competentes con el fin de continuar con el curso e investigación de la denuncia. Figura 4. Puente colindante Noreste al Predio No.312017000 (Finca No.606267-000, Plano No.1- 1375012-2009), Quebrada Rodríguez, Coordenadas E:479158.002m / N:1100629.375m En el punto identificado en la Figura 4 fue posible registrar tres (3) fuentes de agua: una correspondiente al cauce de la Quebrada Rodríguez (1), y dos (2) desfogues de aguas y (Figura 5) de tuberías que probablemente corren laterales a la Vía Nacional No.310, por lo que en el momento de rendir respuesta a los denunciantes, no es posible atribuir en pleno y sin lugar a dudas la contaminación percibida por los denunciantes solo al cuerpo de agua de la Quebrada Rodríguez, requiriéndose en ese caso el análisis del agua de las tres fuentes para establecer alguna posible fuente de origen.
Figura 5. Puente sobre la Vía Nacional No.310, Coordenadas E:479158.002m / N:1100629.375m. Identificación de tres fuentes de agua: 1 cauce de la Quebrada Rodríguez, 2 desfogues de aguas de una tubería al norte y 3 desfogues de aguas de una tubería al Sur De lo señalado en la denuncia ambiental como contaminación en el sitio señalado, solo se pudo percibir el aroma dulcete del proceso de fermentación de la materia orgánica y no el olor señalado a cloaca que es el típico de letrinas o tanques sépticos. Ello no quiere decir que no sean el mismo, en el proceso de descomposición de la materia orgánica en el agua, en la medida que avanza y consume oxígeno presente, los gases generados varían su composición. Por tal motivo es necesario continuar con la investigación en colaboración con el Ministerio de Salud para que se realicen las pruebas de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxígeno (DQO) para determinar el nivel de contaminación del agua y los efluentes.
La relación entre la DBO y la DQO en los efluentes y aguas residuales se utiliza en la predicción de sus condiciones de biodegradabilidad. Por lo tanto: Durante la investigación preliminar de la denuncia ambiental según el Trámite No.383521, se logró verificar la posible contaminación de las aguas en la Quebrada Rodríguez. Mientras se procede a coordinar las acciones pertinentes con el Área Rectora de Salud del cantón, se insta a los denunciantes de acuerdo con sus posibilidades, a brindar más información con el fin de colaborar con las autoridades competentes en la investigación y atención de su denuncia ambiental.” (ver informe rendido y prueba aportada).
- Manifiestan los recurrentes que interpusieron ante las autoridades recurridas, denuncia ambiental por contaminación de aguas de la quebrada Rodríguez, ubicada en Pozos de Santa Ana. Reclaman que, la Municipalidad accionada resolvió que no se podía identificar a los presuntos responsables y que las autoridades competentes para el estudio de la contaminación de aguas residuales son el Ministerio de Salud (MS) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Por su parte, el Ministerio de Salud contestó que no puede iniciar la investigación de la contaminación de aguas por falta de pruebas, como coordenadas específicas de la quebrada, referencias de las imágenes proporcionadas en la denuncia y, además, por no indicarse las propiedades especificas en las que se deben realizar las pruebas de coloración con fluoresceína sódica. Comentan que ellos, como denunciantes, proporcionaron todas las pruebas que estuvieron a su alcance siéndoles imposible saber cuáles son las posibles propiedades que contaminan la quebrada Rodríguez, y que es por exactamente esta misma situación que denunciaron ante las autoridades competentes. Estiman que los hechos expuestos lesionan sus derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la salud.
De los informes rendidos por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y del elenco probatorio, se tiene por acreditado que el 06 de octubre de 2023 la Municipalidad de Santa Ana recibió el trámite No.383521, denuncia ambiental por contaminación de aguas en la Quebrada Rodríguez en Pozos de Santa Ana, y que fue interpuesta por [Nombre 001], [Nombre 005], [Nombre 002], [Nombre 003] y [Nombre 004]. Asimismo, se tiene que, el 19 de octubre de 2023, la autoridad recurrida mediante el Oficio MSA-GOT-PCA-04-148-2023, brindó respuesta a los denunciantes, en lo que interesa: “(…) Resultado de la inspección ocular in situ El 11 de octubre de 2023, se trató de realizar la verificación de los sitos señalados en el Trámite No.383521; En la Figura 3 se inspeccionó la condición de las aguas según lo indicado en la Foto 1 del Punto SEGUNDO correspondiente a la comunidad La INTEX en el distrito Pozos.
La opinión de los denunciantes sobre el sitio en mención con respecto a lo visto en el cauce y el aroma en el sito es la no existencia de contaminación perceptible, criterio que comparte el suscrito. Figura 3. Predio No.310193000 (Finca No.410073-000, Plano No.1-795443-1989) sector de la Quebrada Rodríguez, Coordenadas E:479419.020m / N:1100761.535m La Figura 4 muestra la situación en el sector del puente sobre la Vía Nacional No.310, colindante Noreste del Hospital Metropolitano (Sede Lindora). La percepción de los denunciantes según lo visto en su Foto 3 del Punto TERCERO, mismo donde afirman que “…el agua está completamente contaminada, llena de basura y espuma, con un fuerte olor a cloaca…”, no es la misma situación registrada el día de la inspección del 11OCT2023 y, por ende, es necesario solicitar colaboración con las autoridades competentes con el fin de continuar con el curso e investigación de la denuncia.
Figura 4. Puente colindante Noreste al Predio No.312017000 (Finca No.606267-000, Plano No.1- 1375012-2009), Quebrada Rodríguez, Coordenadas E:479158.002m / N:1100629.375m En el punto identificado en la Figura 4 fue posible registrar tres (3) fuentes de agua: una correspondiente al cauce de la Quebrada Rodríguez (1), y dos (2) desfogues de aguas y (Figura 5) de tuberías que probablemente corren laterales a la Vía Nacional No.310, por lo que en el momento de rendir respuesta a los denunciantes, no es posible atribuir en pleno y sin lugar a dudas la contaminación percibida por los denunciantes solo al cuerpo de agua de la Quebrada Rodríguez, requiriéndose en ese caso el análisis del agua de las tres fuentes para establecer alguna posible fuente de origen. Figura 5. Puente sobre la Vía Nacional No.310, Coordenadas E:479158.002m / N:1100629.375m. Identificación de tres fuentes de agua: 1 cauce de la Quebrada Rodríguez, 2 desfogues de aguas de una tubería al norte y 3 desfogues de aguas de una tubería al Sur De lo señalado en la denuncia ambiental como contaminación en el sitio señalado, solo se pudo percibir el aroma dulcete del proceso de fermentación de la materia orgánica y no el olor señalado a cloaca que es el típico de letrinas o tanques sépticos.
Ello no quiere decir que no sean el mismo, en el proceso de descomposición de la materia orgánica en el agua, en la medida que avanza y consume oxígeno presente, los gases generados varían su composición. Por tal motivo es necesario continuar con la investigación en colaboración con el Ministerio de Salud para que se realicen las pruebas de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxígeno (DQO) para determinar el nivel de contaminación del agua y los efluentes. La relación entre la DBO y la DQO en los efluentes y aguas residuales se utiliza en la predicción de sus condiciones de biodegradabilidad. Por lo tanto: Durante la investigación preliminar de la denuncia ambiental según el Trámite No.383521, se logró verificar la posible contaminación de las aguas en la Quebrada Rodríguez. Mientras se procede a coordinar las acciones pertinentes con el Área Rectora de Salud del cantón, se insta a los denunciantes de acuerdo con sus posibilidades, a brindar más información con el fin de colaborar con las autoridades competentes en la investigación y atención de su denuncia ambiental.” Y ese mismo día, la Municipalidad recurrida remitió al Área Rectora de Salud de Santa Ana, el Oficio MSA-GOT-PCA-04-148-2023 correspondiente al trámite No. 383521 Denuncia Ambiental por Contaminación de Aguas, Quebrada Rodríguez, Pozos de Santa Ana, para lo de su competencia.
Atendiendo lo anterior, el 20 de octubre de 2023 el Área Rectora de Salud mediante oficio MS-DRRSCS-DARSSA-1205-2023, informó al Ing. Helmut Johnson Madrigal del Proceso de Contraloría Ambiental de la Municipalidad de Santa Ana con copia a los denunciantes que “(…) Una vez analizado el oficio MSA-GOT-PCA-04-148-2023, así como el documento anexo de denuncia presentado ante la Municipalidad de Santa Ana con fecha de recepción 06/10/2023, se obtienen las siguientes observaciones que se hacen extensivas para su conocimiento. En primer instancia la denuncia presentada ante la Municipalidad de Santa Ana, versa sobre una posible contaminación a la quebrada Rodríguez, no obstante, no se aportan indicios y demás elementos de convicción suficientes, ni evidencia o sustento que permita iniciar la investigación respectiva ante este Ministerio de Salud, dado a que solo se muestran imágenes sin referencia alguna, y capturas de pantalla en aplicaciones de celular sin georreferenciación, tampoco se señalan propiedades específicas denunciadas 4 sobre las cuales proceder a efecto de iniciar una investigación técnica mediante pruebas de coloración con fluoresceína sódica.
Para el caso particular, se aclara que la prueba técnica de coloración con fluoresceína sódica es empleada para conocer el recorrido de las aguas residuales (trazabilidad) por arrastre del colorante desde su punto de generación, hasta los diferentes sitios de desfogue de estas. Al ser precisamente un trazador permite determinar e identificar el tránsito, patrones de difusión y dispersión, o áreas de infiltración de las aguas. Bajo esta premisa, debe considerarse que el colorante fluoresceína sódica debe ser vertido en pilas, lavamanos, inodoros, desagües de lavadoras (entre otros que fungen como punto de generación), de la propiedad denunciada a efecto de evidenciar técnicamente su trazabilidad hasta los sitios de desfogue. En vista lo anterior y bajo el principio de razonabilidad se recalca la necesidad de que se indiquen la o las personas o propiedades denunciadas y su dirección, o cualquier dato relevante que permita identificar al denunciado y de esa manera poder programar las inspecciones y optimizar el actuar del reducido recurso humano con el que cuenta esta Área Rectora de Salud Santa Ana.
(…)” De igual forma, se tiene que, el 25 de octubre de 2023 ingresó ante ventanilla única del Área Rectora de Salud Santa Ana, denuncia interpuesta por el señor [Nombre 001], la cual se tramita bajo el consecutivo de denuncia N°264-2023. Por otra parte, se acredita que el 27 de octubre de 2023 la Municipalidad recurrida les comunica a los denunciantes el Oficio GLSA-GOT-PCA-04-150-2023 correspondiente a la solicitud de coordinación de visita al sitio para el señalamiento de posibles propiedades en la denuncia ambiental por contaminación de aguas a lo largo de la Quebrada Rodríguez, Pozos de Santa Ana y en respuesta al oficio MS-DRRSCS-DARSSA-1205-2023 del Ministerio de Salud. Dentro de lo que interesa, el oficio GLSA-GOT-PCA-04-150-2023 indica: “(...) Se reitera la necesidad de que los denunciantes brinden más información en relación con la denuncia presentada y poder continuar con las diligencias necesarias y por lo anterior, se les solicita establecer tres fechas alternativas para realizar la identificación de las posibles personas o fincas contaminantes, consideradas en su denuncia ambiental según el Trámite No.383521(...)”; siendo que, ese mismo día ingresa al Área Rectora de Salud, un correo electrónico del Ing. Helmut Johnson Madrigal mediante el cual aporta solicitud a los denunciantes de realizar la visita al sitio para el señalamiento de las propiedades.
Igualmente, el 01 de noviembre de 2023 el Área Rectora de Salud recurrida, mediante oficio MS-DRRSCS-DARSSA-1259-2023 solicita a los denunciantes la necesidad de que señalen la o las personas o propiedades denunciadas y su dirección, o cualquier dato relevante que permita identificar a los denunciados y de esa manera poder programar las inspecciones de coloración con fluoresceína con base al procedimiento establecido. Por otra parte, se tiene que, el 15 de noviembre de 2023 la Asesoría Legal del municipio accionado, en seguimiento del trámite No.383521, solicitó a los denunciantes – a través del medio señalado para tales efectos- la coordinación de la visita al sitio para indicar señalamiento de posibles propiedades; sin embargo, no se obtuvo respuesta positiva de los interesados. Posteriormente, el 29 de noviembre de 2023 la Asesoría Legal del municipio accionado, en seguimiento del trámite No.383521, solicitó nuevamente a los denunciantes – a través del medio señalado para tales efectos- una reunión virtual para que el Contralor Ambienta| les pudiera explicar a los denunciantes cómo funciona la atención de este tipo de denuncias ambientales; no obstante, tampoco hubo respuesta por parte de los interesados.
Finalmente, se tiene que, el 19 de diciembre de 2023 el Área Rectora de Salud accionada mediante Acta de Inspección KVC-280-2023, se consigna que funcionarios de esa área rectora se apersonan al puente de la Quebrada Rodríguez ubicado contiguo a la entrada de emergencias del Hospital Metropolitano (Sede Lindora), coordenadas 9°57’13”N 84°11’24”W, no obstante, no se perciben malos olores durante la inspección.
Así las cosas, se descarta la lesión a los derechos fundamentales de los amparados. Se determina que las solicitudes de la parte accionante no pueden encuadrarse en los supuestos de peticiones puras y simples de información, en el tanto las Autoridades recurridas están obligadas a analizar y efectuar una serie de valoraciones sobre los aspectos reclamados, toda vez que, se denuncia una presunta contaminación de la Quebrada Rodríguez. En vista de lo expuesto, el plazo que debe aplicarse es el que regula el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública; a saber, un término de 2 meses para la resolución de una gestión o reclamo administrativo de este tipo, el cual no se ha cumplido a la fecha de interposición -sea el 05 de diciembre de 2023- de este recurso. En consecuencia, el amparo planteado es prematuro y así debe declararse.
V.Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, de la prueba aportada a los autos, se observa que las autoridades recurridas tramitaron y atendieron tanto de manera individual, así como de manera conjunta, las denuncias interpuestas. En ese sentido, véase que ambas autoridades efectuaron inspecciones in situ en la zona señalada por los denunciantes, se descartaron a priori los hechos denunciados y se les comunicaron los hallazgos obtenidos en las misma. Asimismo, véase que se les solicitó a los denunciantes participar de las inspecciones e incluso de una reunión virtual, a fin de que pudiesen especificar las propiedades donde presuntamente estaban los focos de contaminación, pues dados los resultados de las inspecciones, las referencias dadas en las denuncias eran insuficientes; sin embargo, no hubo respuesta positiva por parte de los interesados. Bajo tales supuestos, esta Sala no observa una omisión en la atención de las denuncias objeto de este recurso, de ahí que, si el amparado se encuentra inconforme con las actuaciones realizadas y resultados obtenidos -lo cual constituye un ámbito ajeno de competencia de esta jurisdicción- ello es algo que deberá, si a bien lo tiene, discutirlo ante las autoridades accionadas o bien, en la vía de legalidad competente. Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.
VI.Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la presunta contaminación de aguas de la quebrada Rodríguez, ubicada en Pozos de Santa Ana.
Los recurrentes señalan que han interpuesto las denuncias correspondientes ante la Municipalidad de Santa Ana y el Ministerio de Salud; sin embargo, las autoridades no han logrado resolver el problema principal, lo que produce una afectación a la salud y a la vida de los recurrentes y los vecinos de la zona, e implica un riesgo para la salud pública. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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