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Res. 18803-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 05/07/2024
OutcomeResultado
The Chamber partially granted the amparo against the Ministry of Health, the Municipality of Alajuela, and the Environmental Administrative Tribunal for failure to address a clandestine dumpsite and burning, ordering them to coordinate and execute necessary measures to resolve the problem within three months, and denied it against the Fire Department.La Sala declaró parcialmente con lugar el amparo contra el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Alajuela y el Tribunal Ambiental Administrativo por omisión en atender un basurero clandestino y quemas, ordenando coordinar y ejecutar las medidas necesarias para solventar el problema en tres meses, y sin lugar contra el Cuerpo de Bomberos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by residents of San Rafael de Alajuela against the Ministry of Health, the Municipality of Alajuela, the Environmental Administrative Tribunal (TAA), and the Fire Department for failing to address a clandestine dump and recurring burning on two private properties. The Chamber finds that, despite complaints since 2018, the authorities did not act with due diligence. The Ministry of Health issued sanitary orders in 2022 and 2024 but did not verify compliance or follow up in a timely manner. The municipality hid behind its waste regulation and alleged lack of jurisdiction to enter private property, ignoring its legal duty under Article 84 of the Municipal Code to clean and secure abandoned lots. The TAA incurred unjustified delays, taking over two months to conduct an inspection and citing lack of a full panel as a reason not to proceed. The Chamber upholds the Fire Department's technical decision not to use drinking water to extinguish a fire for safety and efficacy reasons. The amparo is partially granted against the Ministry of Health, the Municipality, and the TAA, ordering coordinated measures to solve the problem within three months, and denied against the Fire Department.La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo interpuesto por vecinos de San Rafael de Alajuela por la omisión del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Alajuela, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y el Cuerpo de Bomberos ante un basurero clandestino y quemas recurrentes en dos fincas privadas. La Sala constata que, pese a denuncias desde 2018, las autoridades no actuaron con la debida diligencia. El Ministerio de Salud emitió órdenes sanitarias en 2022 y 2024, pero no verificó su cumplimiento ni dio seguimiento oportuno. La municipalidad se escudó en su reglamento de residuos y en la supuesta falta de competencia para ingresar a propiedad privada, omitiendo su obligación legal conforme al artículo 84 del Código Municipal de limpiar y sanear inmuebles en abandono. El TAA incurrió en dilaciones injustificadas, tardando más de dos meses en realizar una inspección y alegando falta de integración para no avanzar el procedimiento. En cuanto al Cuerpo de Bomberos, la Sala avala su decisión técnica de no usar agua potable para sofocar un incendio por razones de seguridad y eficacia. Se declara parcialmente con lugar el amparo contra el Ministerio de Salud, la Municipalidad y el TAA, ordenando la coordinación y ejecución de medidas para erradicar el problema en tres meses, y se desestima contra el Cuerpo de Bomberos.
Key excerptExtracto clave
This arbitrary omission and lack of timely action has been proven throughout the study of this proceeding, as will be explained below. Regarding the authorities of the Health Area Rector Alajuela 2 of the Ministry of Health, it is observed that, following complaints filed by third parties, in 2022 they carried out an inspection at the site of interest (through which the alleged facts were verified) and even issued a sanitary order to the co-owners in August of that same year, specifically No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0416-2022, through which it was ordered to "(…) Remove and eliminate from the property all solid waste through managers authorized by the Ministry of Health. Immediately stop the activity of burning waste and its disposal within your property. Present documentary evidence of the disposal of solid waste through managers authorized by the Ministry of Health (…)". However, there is no evidence that the respondent authorities, as required, followed up on the provisions of said order and therefore verified its faithful compliance. In addition to the above, it is proven that, following an order issued by the Environmental Administrative Tribunal in February of this year (and not because, as stated, timely follow-up was given to the case of interest), the authorities of said health area carried out a new inspection at the site on April 10, 2024, which verified the persistence of the problem under study. Regarding the authorities of the Municipality of Alajuela, we find a similar scenario. It is evident that, on the occasion of several complaints raised about the matter of interest since 2018, they have carried out various procedures (inspections, forwarding the matter to other administrative instances, warnings to some of the co-owners, etc.), which, however, have also been unsuccessful, given that, as of the date this amparo was filed—April 2024—the denounced acts persisted and are a serious reality that affects the protected parties and other residents of the San Rafael de Alajuela area.Esta arbitraria omisión y falta de actuación oportuna, se ha logrado acreditar a lo largo del estudio de este proceso, como de seguido se explicará. En cuanto a las autoridades del Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, se observa que, con motivo de denuncias formulados por terceros, en el año 2022 llevaron a cabo una inspección en el sitio de interés (mediante la cual se constataron los hechos acusados) y giraron, incluso, una orden sanitaria a los copropietarios en agosto de ese mismo año, concretamente, la No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0416-2022, a través de la cual se ordenó “(…) Retirar y eliminar de la propiedad todos los residuos sólidos mediante gestores autorizados por el Ministerio de Salud. Detener de inmediato la actividad de quema de residuos y disposición de los mismos dentro de su propiedad. Presentar evidencia documental de la disposición de los residuos sólidos mediante gestores autorizados por el Ministerio de Salud (…)”. Sin embargo, no consta que las referidas autoridades recurridas, tal y como correspondía, hayan dado seguimiento a lo dispuesto en dicha orden y, por ende, hayan verificado su fiel cumplimiento. En adición a lo anterior, se tiene por acreditado que, con motivo de una orden girada por el Tribunal Ambiental Administrativo en febrero de este año (y no porque, como se dijo, se le haya dado seguimiento oportuno al caso de interés), las autoridades de dicha área de salud efectuaron una nueva inspección en el sitio el día 10 abril de 2024, la cual verificó la persistencia del problema bajo estudio. En lo que respecta a las autoridades de la Municipalidad de Alajuela, nos encontramos con un panorama similar. Consta que, con ocasión de varias denuncias planteadas respecto al tema de interés desde el año 2018, han llevado a cabo varias gestiones (inspecciones, reenvío del asunto a otras instancias administrativas, apercibimientos a algunos de los copropietarios etc.), las cuales, sin embargo, han resultado también infructuosas, habida cuenta que, a la fecha de interpuesto este amparo –abril de 2024–, los hechos denunciados persistían y son una grave realidad que afecta a los tutelados y demás vecinos de la zona de San Rafael de Alajuela.
Pull quotesCitas destacadas
"Esta Sala comprueba que el Tribunal Ambiental Administrativo ha sido omiso en su accionar, de modo que ha faltado a su obligación de garantizar los derechos a la salud y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado de los habitantes de la zona."
"This Chamber verifies that the Environmental Administrative Tribunal has been neglectful in its actions, thus failing in its duty to guarantee the rights to health and a healthy and ecologically balanced environment of the inhabitants of the area."
Considerando VI
"Esta Sala comprueba que el Tribunal Ambiental Administrativo ha sido omiso en su accionar, de modo que ha faltado a su obligación de garantizar los derechos a la salud y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado de los habitantes de la zona."
Considerando VI
"De este modo, se tiene que, una vez acreditada la situación reclamada (vertedero ilegal y a cielo abierto de desechos en propiedad privada), las autoridades de la Municipalidad de Alajuela se encontraban obligadas a aplicar inmediatamente lo dispuesto en el citado numeral y, en caso que los condueños no cumplieran lo apercibido, se encontraban también compelidos a realizar las obras de limpieza que fueran necesarias."
"Thus, once the claimed situation was proven (illegal and open-air waste dump on private property), the authorities of the Municipality of Alajuela were obliged to immediately apply the provisions of the aforementioned article and, if the co-owners did not comply with the warning, they were also compelled to carry out the necessary cleaning works."
Considerando VI
"De este modo, se tiene que, una vez acreditada la situación reclamada (vertedero ilegal y a cielo abierto de desechos en propiedad privada), las autoridades de la Municipalidad de Alajuela se encontraban obligadas a aplicar inmediatamente lo dispuesto en el citado numeral y, en caso que los condueños no cumplieran lo apercibido, se encontraban también compelidos a realizar las obras de limpieza que fueran necesarias."
Considerando VI
"Por ello, desde la perspectiva constitucional, en el sublite la Sala concluye, que las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del ambiente por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio de Salud, y la Municipalidad de Alajuela, dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, ya que el problema denunciado aún persiste."
"Therefore, from a constitutional perspective, in the sub lite the Chamber concludes that the actions taken in exercise of the power of control or surveillance to protect health and the environment by the Environmental Administrative Tribunal, the Ministry of Health, and the Municipality of Alajuela, within the scope of their competencies, have been clearly insufficient, as the denounced problem still persists."
Considerando VI
"Por ello, desde la perspectiva constitucional, en el sublite la Sala concluye, que las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del ambiente por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio de Salud, y la Municipalidad de Alajuela, dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, ya que el problema denunciado aún persiste."
Considerando VI
"Criterio técnico que, por demás, cabe señalar, no puede ser refutado ni desvirtuado por este Tribunal Constitucional, a través del recurso sumario de amparo, por tratarse de un tema de mera legalidad."
"It should be noted that such technical criterion cannot be rebutted or distorted by this Constitutional Chamber through the summary amparo remedy, as it is a matter of mere legality."
Considerando VIII
"Criterio técnico que, por demás, cabe señalar, no puede ser refutado ni desvirtuado por este Tribunal Constitucional, a través del recurso sumario de amparo, por tratarse de un tema de mera legalidad."
Considerando VIII
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Case File: 24-010364-0007-CO Type of Matter: Amparo Appeal CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on July fifth, two thousand twenty-four.
An amparo appeal filed by ANA GABRIELA NAVARRO SÁNCHEZ, identity card CED49130, Nombre67082, identity card CED49131 and OTHERS, against THE MINISTRY OF HEALTH, THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA, THE ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL AND THE BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA.
WHEREAS:
Nor can it be overlooked that attempting to have the Municipality eliminate the dumps located on private property openly contravenes the Principle of Inviolability of the Home, enshrined in Article 23 of our Political Constitution. Regarding attention to dumps on private property, it must be borne in mind that the health of the population is a public-interest good protected by the State through the Ministry of Health; thus, there is an extremely broad legal framework granting it various powers, such as the General Health Law (Ley General de Salud), which in its Article 39 establishes that "The owner and the person in charge of movable or immovable property must avoid nuisances and damages that may arise, to the health of third parties, from the poor quality or poor state of conservation or hygiene of such property (...) such owners and persons in charge must take the measures ordered by the health authority within the period set for that purpose, without prejudice to the provisions that the authority may take according to the dangerousness or gravity of the case." Coupled with the above, Article 164 of the General Health Law establishes that "Every person is obliged to carry out the works or practices necessary to prevent or combat infestation or contamination and the formation of infection foci on the immovable or movable property owned by them or under their care." For these purposes, the same Law empowers health officials to enter private homes or properties, or those under the care of third parties —Article 170—.
In conclusion, both the General Health Law and the Law for Integrated Waste Management (Ley para la Gestión Integral de Residuos) empower the Ministry of Health so that, in the exercise of its functions, it may issue the administrative act by which it makes known to the administered party or interested party a particular or special resolution or provision safeguarding health and the environment, which is of mandatory compliance and must be executed within the period indicated. As for what has been done, each of the Activities mentioned above will render its report, including the Environmental Management Subprocess (Subproceso Gestión Ambiental) of this Municipality, responsible for the actions that contribute to the effective protection of the environment in the Canton. By virtue of the foregoing, the Integrated Solid Waste Management Activity reiterated what was stated in official letter MAAGIRS452-2024 sent to the appellants, since farm No. 42163 is a private property belonging to multiple owners in rights, and it must be taken into account that the waste collection service is provided on the public roadway of the property, such that this Municipality, with respect to what the appellants have indicated, is acting as legally required, protected by the legislation in force, such as the Municipal Regulation for the Integrated Management of Solid Waste in the canton of Alajuela (Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón de Alajuela), which establishes it as follows (...) Article 12, which indicates the "Prohibition of Entry by the Collection Official" "Collection officials, whether personnel of the Municipality or of the concessionaire, are prohibited from entering private property for the purpose of collecting waste of any type.
Waste that is behind the property line will not be collected, even if there are no enclosures (gates or fences) preventing access; this includes vertical or horizontal condominium developments." It is advisable that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) take into consideration what was stated by the Coordinator of Environmental Services, who explained in a detailed and clear manner what is indicated in the Code of Tax Norms and Procedures (Código de Normas y Procedimientos Tributarios), specifically in numeral 4, where the definition of "Tax (Tasa)" is explained, which refers to: "a tribute whose obligation has as its generating event the effective or potential provision of a public service individualized to the contributor; and whose proceeds must not have a destination unrelated to the service that constitutes the reason for the obligation (...)." It is clear that the ordinary solid waste management service, in its public character, does not empower the provision of actions for the direct benefit of third parties of a private nature, such as the cleanup of waste illegally disposed of on real estate whose owner or possessor can be clearly identified and must be held responsible for the actions occurring on their property site, either voluntarily or through the application of the respective legal framework.
It must also be considered that it is not feasible to use the resources coming from a tax for the provision, under equal conditions, of a public service, to execute direct actions for the individual benefit of third parties, who generally profit from this type of situation, since it is not possible to give a destination unrelated to the service that constitutes the reason for the obligation, because neither the public service nor its tax contemplate the cleanup of dumps on private properties. It cannot be overlooked that the Environmental Management department also carried out the respective actions to address the proceedings brought before the municipality, which are: • By official letter No. MASGA-315-2024 dated December 21, 2023, addressed to Mrs. Xinia Álvarez Gamboa, of the National Association of Agricultural Organizations (Asociación Nacional de Organizaciones Agropecuarias), the complaint regarding burning and waste accumulation (clandestine dump) adjacent to the cemetery of San Rafael de Alajuela was made known. • By official letter No. MA-SGA-914-2023 dated December 21, 2023, addressed to the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo). • By official letter No. MA-SGA-212-2024 dated April 8, 2024, Mr.
ADOLFO FERNANDEZ LOAIZA, identity card number CED49133, was notified at the address indicated for such purposes (...2453) of what was reported under case number (sic) 28986-SSIC-2024 (Web Procedures). Even in this case, Mr. Fernández was informed that the case had been transferred to the Ministry of Health, to the Central Conservation Area (Área de Conservación Central) of SINAC Alajuela, and the interested party was even made aware that, since late 2023, the respective complaint had been elevated to the Administrative Environmental Tribunal (No. MA-SGA914-2023). • By official letter No. MA-SGA-246-2024 addressed to the Administrative Environmental Tribunal, the inspection report Resolution No. 214-2024-TAA was submitted. It is of great importance to indicate that, attached to official letter No. MA-SGA-246-2024, it is confirmed that even the Municipal Police, by official letter No. MA-PSMCV-217-2024, proceeded to inform Licda. Karen Bermúdez, Coordinator of Environmental Management, that the Public Police Force (Fuerza Pública) on February 27, 2024, issued a document through which it is verified that they proceeded to notify a man named Nombre67084, with the objective that "(...) he refrain from carrying out the action of discarding waste on that property (...)" and he was warned that, in case of non-compliance with said order, he would be exposed to the respective judicial process for disobedience.
Said report, according to the document issued by the Public Police Force, was sent to the Municipal Police of Alajuela, to MINAE, to the Ministry of Health, and to the Contraventional Court (Juzgado Contravencional) of Alajuela, for whatever was appropriate. It is confirmed that notification No. 051-2023 dated December 15, 2023, was made notifying Mr. Nombre67084. It is important to mention, in the first instance, that an analysis of the Processing System of the Municipality of Alajuela (Sistema de Trámites de la Municipalidad de Alajuela) failed to locate any proceeding or filing under the name of any of the appellants appearing in this Amparo Appeal (Recurso de Amparo). Within the same analysis carried out, it was possible (sic) to locate case No. 28986-SISC-2024, filed by a man named Nombre67085, who does not appear as an appellant in this amparo appeal; however, case No. 28986-SISC-2024 was filed, where a response was provided, and the interested party was notified by electronic mail, which is the means indicated for such purposes (...2453).
Considering the above, we can affirm that the Municipality has provided due process to the proceeding presented by Mr. Fernández Loaiza, but apparently it was not to the liking of said man; however, we must recall what is enshrined in Article 27 of the Political Constitution, and it is verified and observed that the right of petition emanating from Article 27 of the Political Constitution has always been respected, as it refers to the power every citizen possesses to address, in writing, any public official or official entity, in order to present a matter of their interest; this guarantee is complemented by the right to obtain a prompt response, but the latter does not mean a favorable answer. However, the constitutional right guarantees the right to ask, not the right to obtain what is asked for, as is the case of the appellant, even though the public official must rule in strict subjection to the law, since the freedom of petition is based on another principle, that is, that the right of the governed to address public organs cannot be restricted by the administration.
This Municipality does not understand the appellants' assertion in accusing the Municipality of possible "inaction" when it was made more than clear that the Municipality forwarded the respective complaint to the entities competent to address it; rather, it is evident that the filing of the Amparo Appeal, in our opinion, was PREMATURE, and it is more than evident and demonstrated the appellants' clear ignorance of the administrative procedures to be followed in this Municipality, procedures that are consistent with complying with legal requirements, which must be adjusted to law for ALL citizens, and above all, that we cannot, as a Municipality, act on private property, as is the case at hand. Nor is it true that the Municipality has omitted to execute actions regarding the issue in question, the above because it is demonstrated once again that the Administration has carried out the tasks inherent to our competence, such as elevating the complaint to the Administrative Environmental Tribunal and responding as legally required to the interested party.
Finally, it is important to point out that unfortunately, municipalities do not have competence to attend to situations of burning or fires on private properties, as is the case at issue, since other institutions exist for that purpose, such as the Ministry of Health or even the Meritorious Fire Department (Benemérito Cuerpo de Bomberos), with whom this municipality has always coordinated and collaborated immediately when requested, but the Municipality of Alajuela does not have the possibility of attending to these matters by itself. This Municipality acts as far as the law allows it; however, the above abounds in a high degree of complexity; yet, what is also demonstrated is the bad faith of the appellants in filing an Amparo Appeal, even knowing of the actions carried out by this municipality. We consider that the appellants file the Amparo Appeal to cause confusion and, moreover, to try to distort the information and the actions that have been taken at the municipal level, and thereby, to have the Municipality condemned even though it has carried out the procedures as required, under the powers that the law allows, always adhering to the legislation and regulations in force.
For all the foregoing, and due to the appellants' disagreement with the actions of this Municipality, it is proven that said actions are completely in line with legality, and do not have, by themselves, the virtue of causing detriment to the aforementioned guarantee, and it is clear that the appellant is not correct. In that sense, this Municipality considers that the filing of this Amparo Appeal is hasty and even premature, for the reason that the Administration HAS CARRIED OUT THE TASKS PROPER TO ITS COMPETENCE, where we must adhere to the actions and procedures. Therefore, we request that the Amparo Appeal be declared without merit (...)."
Drafted by Magistrate Araya García; and,
WHEREAS:
The appellants claim that the respondent authorities have been negligent in effectively addressing the problem they suffer as a result of the accumulation of waste and the burning thereof, carried out on a farm located near where they live. They affirm that this situation seriously affects the environment and their health.
By a brief submitted on April 30, 2024, Adolfo Fernández Loaiza requests to be recognized as an active coadjuvant in this amparo proceeding, since, as he alleges, he is equally affected by the problem claimed by the appellants.
On this point, Article 34, paragraph 3, of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) stipulates that whoever possesses a legitimate interest in the proceeding may intervene, whether in an active or passive capacity, as a coadjuvant. Consequently, by virtue of the provisions in the aforementioned procedural rule and what was stated by the mentioned intervener, the referred coadjuvancy is admissible.
The following facts are considered relevant and accredited for resolving this amparo appeal:
A. GENERAL FACTS.
FACTS RELATED TO THE MINISTRY OF HEALTH.
"(…) In attention to and follow-up of the complaints filed regarding the effects of smoke from waste burning on a property adjacent to the San Rafael de Alajuela Cemetery, you are hereby informed of the following: 1. During the year 2021, several field visits were scheduled in the reported sector; however, the problem you described was not evident, even though these inspections were conducted at different times (morning, afternoon, and early evening). 2. In the current year, emails have been received from Mrs. Nombre67086. These indicated that the problem of burning continues; therefore, an inspection was coordinated for the month of April; however, during this inspection, what was reported was not evident. 3. Considering the latest report, a field visit was again scheduled for August 9, 2022. On this occasion, it was possible to identify multiple solid wastes of different types—ordinary, special, hazardous—such as construction debris, wood waste, and evidence was also found that waste burning had been carried out on site. Taking into account the findings of the latest inspection, this Directorate will proceed to issue a sanitary order to the registered owners of farm No. 0042163 to order the immediate suspension of the burning and illegal disposal of waste at the reported location (…)" (see report and evidence).
"(…) According to the National Registry, the nature of one property is for agriculture, with farm No. 42163, and the nature of the other property is for construction, farm number 381576. The inspection proceeded and waste such as drums, copper wire, paint cans, zinc sheets, wood, fibrolite sheets, and organic garbage was observed. It was evident that burning had been carried out on the site on previous days and at the time of the inspection there are parts with active fire and smoke columns. It became evident that the vacant lots are indeed being used for burning waste and are also being used as illegal open-air waste dumps (vertederos a cielo abierto), which could cause potential impacts to the protection area (área de protección) of the Río Segundo, which is approximately 25 meters away (…) Conclusion: In accordance with the findings of the inspection, as well as the information provided, the action to follow will be to generate and notify sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-090-2024 against the co-owners of farm No. 42163 and sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-091-2024 against the co-owners of farm No. 381576 to suspend the burning of waste, as well as to prohibit the deposit of waste on these farms (…)" (see report and evidence).
C. FACTS RELATED TO THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA.
"(…) We have received your proceeding dated March 21, 2023, submitted according to the digital request form, in which you report a clandestine dump, where all types of garbage are deposited in the open air without any control. Address, San Rafael de Alajuela, Dirección1854, behind the local cemetery. In response to the above and for the purpose of verifying the situation, we inform you that our official, Mr. Ricardo Espinoza Castro, together with his crew members visited the indicated location. At the time of the visit, they found a private property, in which this unit cannot intervene, since the Municipal Regulation for Integrated Solid Waste Management in the Alajuela canton establishes so, Chapter III Waste Collection Service, Article 12 – Prohibition of entry for collection officials. Collection officials, whether Municipal personnel or from the concessionaire, are prohibited from entering private property for the purpose of collecting waste of any type. Waste that is behind the property line will not be collected even if there are no enclosures (gates or fences) that impede access; this includes vertical or horizontal condominium developments (…)" (see evidence).
"(…) As part of handling proceeding #52745-SISC-2023 (…) it was possible to corroborate that the practices described above are still continuing, affecting the neighbors of the community and the environment in general. During the inspection carried out by Mr. Luis Murillo, an official of this unit, on 12/20/2023, it was possible to observe that indeed burning has been carried out on said property, but also there exist branches, logs, drums (whose contents are unknown), and other waste materials (…) As a complementary measure (…) the case was referred to the Activity of Duties of Municipal Residents (…) Having stated the above, this unit (…) has maintained constant attention to this situation, as well as to compliance with the provisions of each municipal authorization or warning issued and to timely inter-institutional coordination as required and respecting the specific technical-legal competencies of other institutions. However, given that the situation persists, it is necessary to elevate the case to higher authorities, and it is recalled that should a joint inspection be required, we are fully willing to cooperate (…)" (see report and evidence).
"(…) In response to proceeding #28986-SISC-2024 originating from the Integrated Client Service System Web Procedures and referring to a series of inconveniences apparently generated by the existence of an open-air dump and constant waste burning on a property located behind the San Rafael de Alajuela cemetery, I respectfully inform you that: During the inspection carried out by Mr. Luis Murillo Cambronero, an official of this unit, on 04/05/2024, it was possible to observe that indeed burning of different types of waste has been carried out on said property, with smoke still present on site, as evidenced in the attached photographic record. (…) Considering that the situation found in the field corresponds to a clandestine solid waste dump, handling this particular complaint is the direct competence of the Ministry of Health (Dirección7395 according to the location of the problem), this under the protection of what is established by the General Health Law, articles 39, 70, 164, 170, 213, 225, 248, 275, 278, 279, 281 and No. 36093-S Regulation on the Management of Ordinary Solid Waste.
The Law for Integrated Solid Waste Management establishes that it is prohibited: to manage, store, valorize, treat, and dispose of hazardous waste or special handling waste declared by the Ministry of Health in unauthorized places or places not approved by the competent authorities or under conditions contrary to those established; to carry out the deposit or confinement of waste outside of sites designated for that purpose; and to burn, incinerate, bury, store, or abandon hazardous waste in unauthorized sites; also establishing the obligation of the offender to indemnify and repair the environmental damage with a fine. It is recommended that the authorities of the Ministry of Health – as the governing body in matters of integrated waste management, with powers of direction, monitoring, evaluation, and control – carry out the pertinent actions for compliance with this Law and apply the infractions and contraventions, also possessing tools such as the Sanitary Order so that the owners or possessors, within a determined period, take the measures ordered by them as the health authority.
This particular case is known to this municipal unit and has already been referred to the Ministry of Health Area, to the Central Conservation Area of SINAC Alajuela, and to the Activity of Duties of Municipal Residents. However, given the persistence of the reported problems, since the end of 2023 the case was elevated to the Environmental Administrative Tribunal (official letter No. MA-SGA-914-2023), and an on-site inspection by said entity with the institutions involved in environmental matters has already been scheduled (…)" (see report and evidence).
"(…) according to the Regulation for the Establishment and Collection of Fees and Fines for Non-Compliance with the Obligations of Owners or Possessors of Real Estate Located in the Alajuela Canton, the reported property fails to comply with subsection a) To clear vegetation from their properties located on the edges of public roads and trim that which harms or hinders the passage of people, therefore, we proceeded with the preparation of warning report No. 184-2024 for farm 42163 for its notification on site (…)" (see report).
"(…) A tour of both farms was conducted, identifying an accumulation of solid waste, non-traditional and organic, as well as evidence of burning (smoke columns, ashes), and impacts to neighboring vegetation due to the on-site burning (…) On farm real folio No. 42163, the greatest amount of waste accumulation is present; the property has 48 rights (…) while farm real folio No. 381576 has 8 rights (…) neither farm has perimeter enclosures to protect the properties. This situation was transferred (sic) to the coordinator of the Activity of Duties of Municipal Residents for the respective notification according to the Regulation for the Establishment and Collection of Fees for Non-Compliance with the Duties of Municipal Residents of the Municipality of Alajuela; by official letter MA-SGA-913-2023, the coordinator was consulted about the follow-up to the official letter and indicated (sic) that it was in the process of notification. In addition to the case, official letter MA-PSMCV-217-2024 was received from the Coordinator of Municipal Security, indicating that notification was carried out by the Municipal Police to Mr. Nombre67084 (…) for dumping waste on his property; Mr. Jiménez is a co-owner of farm No. 42163 (…)" (see report).
D. FACTS RELATED TO THE ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL.
E. FACTS RELATED TO THE CUERPO DE BOMBEROS.
"(…) That at least 15 tanker trucks of 8,000-gallon capacity would be required to have 120,000 gallons of water. • That this amount of water exceeds by 5 times the capacity of the tank that feeds the community's potable water hydrant network. • That, even if all the necessary water were available, this would not have been a definitive solution since material removal was required for this, given the umbrella effect, meaning the water will not penetrate to the base of the fire. • That there was no threat to human life or possibility of propagation, given that there were no combustible materials near the fire load. • That the nearest structure was at a distance of approximately 40 meters, with no threat to the population (…)".
In addition to the above, on that occasion the following aspects were assessed:
"(…) the water used by the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica comes from potable distribution networks; therefore, dumping large quantities of water onto waste is not a sensible option. Furthermore, without the accompaniment of tracked machinery or a backhoe, it was not possible to carry out the extinguishment, this because a thermodynamic phenomenon occurs where the water evaporates before managing to cool the materials burning at the base; which, in the case of applying a superficial application with the 1,000 gallons of water carried by unit M-112, would create a deceptive impression of extinguishment for the neighbors, however, the high temperatures generated would quickly cause the smoke to persist again and even an increase in flames, having wasted the poured potable water. Given that the required amount of water exceeds by almost 5 times the total capacity of the tank that feeds the community's hydrant network, we would put the life and health of people in nearby houses or industries at risk, not only due to the interruption of potable water service but also if they simultaneously had a fire incident. (…) first, there was no direct threat from fire, and second, the direct impact on houses from smoke is varied, according to the wind direction. Furthermore, the nearest structure is approximately 40 meters away without any risk (…)".
Consequently, the firefighting unit withdrew from the site at 19:25 hrs. that same day (see report).
Of relevance for resolving this amparo appeal, the following are deemed unproven:
Before analyzing the merits of the case—for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, following judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve, by final act, an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario is presented—supported by the majority of this Constitutional Tribunal—since it involves an environmental complaint, which has allegedly not been resolved within a reasonable timeframe. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
VI.REGARDING THE SITUATION OF WASTE ACCUMULATION AND BURNING ON THE REPORTED PROPERTIES AND THE CONSEQUENT PARTICIPATION OF THE AUTHORITIES OF THE MINISTRY OF HEALTH, THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA, AND THE ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL. As a core point of this amparo proceeding, the appellants allege that on a property located near the place where they live in San Rafael de Alajuela, waste is irregularly deposited and, furthermore, burning is constantly carried out, which not only pollutes the environment but also affects their health. They state that the co-owners of that property do not have permits to carry out such irregular actions. The plaintiffs argue that, although the authorities of the Health Governing Area Alajuela 2 of the Ministry of Health, the Municipality of Alajuela, and the Environmental Administrative Tribunal are aware of this situation, they have not taken effective and forceful measures to address and completely eradicate it.
Regarding the Ministry of Health, they state that the pertinent sanitary orders have not been issued. With respect to the municipality, they claim that it evades its responsibilities and the competencies granted to it on the matter, and finally, regarding the Environmental Administrative Tribunal, they allege that, to date, it has not issued the final resolution of the proceeding processed as a result of a complaint filed and elevated to said body by the respondent municipality concerning the alleged facts.
They maintain, therefore, that to date the problem persists and has not been resolved definitively, as is appropriate. Consequently, they request that this jurisdiction intervene and declare the appeal with merit.
To begin, it is necessary to point out that, in this matter, it is not recorded that any of the appellants themselves filed a complaint regarding the facts in question before the three indicated authorities (Ministry of Health, Municipality of Alajuela, and Environmental Administrative Tribunal). However, it is also true that, from the analysis made of this file, it has been reliably proven that, as a result of other complaints filed by third parties several years ago, said authorities are indeed fully aware of the situation being claimed. Even, it is recorded that the active coadjuvant in this amparo has indeed filed complaints since the year 2023 before the Municipality of Alajuela.
This state of affairs, consequently, allows this Chamber to hear this matter on its merits.
Now then, having clarified the foregoing, this Constitutional Court, after reviewing the grievances set forth by the petitioners, the reports rendered under oath by the cited authorities, as well as all the evidence submitted to the case file, considers that there is sufficient merit to grant this amparo proceeding, as it pertains to this point.
The foregoing, fundamentally, insofar as, just as the claimants allege, it has been convincingly demonstrated that, for several years, at least since 2018, on the denounced properties (farms No. 42163 and No. 381576 located behind the cemetery of San Rafael de Alajuela), all types of waste are illegally deposited in the open air and, in addition, constant burning is carried out (which causes environmental pollution and health damages) and that, despite this, the respondent authorities, to date, have not carried out clear, forceful, and effective actions aimed at completely eradicating said situation. All of this, to the detriment of all the inhabitants of the area, including the petitioners and active coadjuvant, who say they live near such properties.
This arbitrary omission and lack of timely action has been accredited throughout the study of this proceeding, as will be explained below.
As for the authorities of the Alajuela 2 Health Governing Area (Área Rectora de Salud Alajuela 2) of the Ministry of Health, it is observed that, on the occasion of complaints filed by third parties, in 2022 they carried out an inspection at the site of interest (through which the accused facts were verified) and even issued a sanitary order to the co-owners in August of that same year, specifically, No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0416-2022, through which it was ordered “(…) Remove and eliminate from the property all solid waste through managers authorized by the Ministry of Health. Immediately stop the activity of burning waste and disposing of it within your property. Present documentary evidence of the disposal of solid waste through managers authorized by the Ministry of Health (…)”. However, there is no record that the aforementioned respondent authorities, as was appropriate, followed up on what was ordered in said order and, therefore, verified its faithful compliance.
The respondents, in their report, limited themselves to stating that, after said order was issued, no other similar complaint was filed for years, but without clarifying to this Constitutional Court whether what was ordered therein, at least at that time, was complied with or not; which, in any case, as has been stated, was not the case, to the detriment of the fundamental rights of the protected parties and other inhabitants of the area.
In addition to the foregoing, it is taken as accredited that, on the occasion of an order issued by the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) in February of this year (and not because, as was stated, timely follow-up was given to the case of interest), the authorities of said health area carried out a new inspection at the site on April 10, 2024, which verified the persistence of the problem under study. As was accredited, the authorities of the Alajuela 2 Health Governing Area (Área Rectora de Salud Alajuela 2) of the Ministry of Health, on the occasion of the foregoing, on April 12, 2024, ordered the issuance of two sanitary orders to the co-owners of the mentioned properties, namely, No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-090-2024 for the co-owners of farm No. 42163 and No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-091-2024 for the co-owners of farm No. 381576. Now, although it was demonstrated that the first of such orders was notified to the majority of the corresponding co-owners before this amparo was communicated, it has also been accredited that the second of such orders (despite having been prepared, as stated, since April 12, 2024), was notified to the respective co-owners only on May 20 of the current year, not only after more than a month had elapsed since it was issued, but also on the occasion of the filing of this constitutional proceeding.
Regarding the authorities of the Municipality of Alajuela, we find a similar panorama. It is on record that, on the occasion of several complaints filed regarding the topic of interest since 2018, they have carried out various steps (inspections, forwarding of the matter to other administrative instances, warnings to some of the co-owners, etc.), which, however, have also been unsuccessful, given that, on the date this amparo was filed – April 2024 –, the denounced facts persisted and are a serious reality that affects the protected parties and other neighbors of the area of San Rafael de Alajuela. It is striking to this constitutional jurisdiction that, both in the responses given to the complainant Fernández Loaiza, and in the report rendered on the occasion of this amparo, the municipal authorities justify their neglect in resolving the situation under study, arguing not only that the latter is the responsibility of the authorities of the Ministry of Health, but also, referring to the fact that municipal waste collection officials cannot enter private properties in order to collect garbage, pursuant to what is ordered, in turn, in section 2 of the Municipal Regulation for the Integrated Management of Solid Waste in the canton of Alajuela (Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón de Alajuela).
However, it should be noted that neither of both arguments is acceptable to this Constitutional Court, since, in the first place, although the authorities of the Ministry of Health can and should intervene in the case under analysis, this does not necessarily and inevitably imply that the municipality loses powers in this regard and can easily disregard its responsibilities on the matter, such as, apparently, has been what occurred in the case under study. In unison with the above, it cannot be overlooked that although Article 12 of the cited regulation indicates that “Collection officials, whether personnel of the Municipality or of the concessionaire, are prohibited from entering private property in order to collect waste of any type,” this refers exclusively to the usual collection tasks carried out for waste in the canton; but not when a situation such as that which occurred and was demonstrated in this amparo proceeding arises. The foregoing, since, for such purposes, section 84 of the Municipal Code (Código Municipal) was enacted, a norm of evident higher rank that, expressly, indicates the following:
“Article 84.- In accordance with the municipal regulatory plan, natural or legal persons, owners or possessors, by any title, of real estate, must comply with the following obligations: (…) b) Fence and clean both lots where there are no constructions and those with uninhabited dwellings or in a state of demolition. c) Separate, collect or accumulate, for transport and final disposal, solid waste from personal, family, public or communal activities, or from agricultural, livestock, industrial, commercial and tourist operations, only through final disposal systems approved by the Directorate for the Protection of the Human Environment of the Ministry of Health. (…) h) Adequately guarantee the safety, cleanliness and maintenance of properties, when public roads or properties or third parties related to them are affected. (…) Except as ordered in the General Health Law (Ley General de Salud), when residents fail to comply with the foregoing obligations or when the non-existence or poor condition of the sidewalk endangers the safety and integrity or limits the accessibility of pedestrians, the municipality is empowered to make up for the omission of those duties, directly carrying out the works or providing the corresponding services.
For the works executed, the municipality shall charge the owner or possessor of the property the effective cost of the service or work. The resident must reimburse the effective cost within a maximum period of eight business days; otherwise, they must pay, by way of a fine, fifty percent (50%) of the value of the work or service, without prejudice to the collection of default interest. (…) When it concerns the omissions included in the paragraph before last of this article and the municipality has become aware by any means of the dangerous situation, the municipality is obligated to make up for the inaction of the owner, upon prior warning to the resident in accordance with due process and without prejudice to charging the price indicated in the preceding paragraph.” In this way, it is held that, once the claimed situation was accredited (an illegal and open-air dump of waste on private property), the authorities of the Municipality of Alajuela were obligated to immediately apply what is ordered in the cited section and, in the event that the co-owners did not comply with what was warned, they were also compelled to carry out the necessary cleaning works. All these actions, however, are lacking in this matter.
The respondents state in the report rendered that the cited Municipal Regulation for the Integrated Management of Solid Waste in the canton of Alajuela (Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón de Alajuela) prohibits them from entering private properties; they even allude to the fact that this could imply a violation of domicile pursuant to constitutional section 23. However, they failed to assess that the case file also shows that, since December 2023, the authorities of the Environmental Management Sub-process of the municipal corporation, on the occasion of a filed complaint and, as was appropriate at that time, entered the properties in question, carried out an inspection and effectively confirmed the accused situation. That inspection was also repeated at the site on April 8 and 10 of the current year, confirming the denounced situation. Additionally, it should be noted that it was not until April 19, 2024, that the respondents issued a warning to one of the co-owners of farm No. 42163 for its attention (but only regarding the non-compliance with subsection a) of Article 84 of the Municipal Code (Código Municipal)), without it being mentioned, in the report rendered to this Chamber on May 21, 2024, whether or not that warning was complied with and the consequent steps that, as a municipality, were eventually undertaken in accordance with the provisions of the mentioned section.
As a reference to what was explained above, what was ordered by this Constitutional Chamber on other occasions, when hearing cases similar to the one now raised, is necessary. Thus, in Vote No. 2023-15607 of 09:20 hrs. of June 30, 2023, the following was indicated:
“(…) IV.- Regarding the specific case. In sub lite, the petitioner accuses that, from 2021, up to the present day, they have filed a countless number of unsuccessful complaints before the Southeastern Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora Sureste Metropolitana) of the Ministry of Health and the Department of Environmental Services of the Municipality of San José so that the land where a dwelling house was built is cleaned and closed. The petitioner assures that, on the date this appeal is filed, the complaint has not been resolved nor has it been indicated how the respondent authorities will proceed to address it, which they deem harmful to their fundamental rights. (…) Coupled with this, it was indeed verified that the Municipality of San José referred the petitioner's complaint to the Health Governing Area (Área Rectora de Salud); however, the Municipal Code (Código Municipal) in its Article 84, subsection b) also indicates that: “Article 84.- In accordance with the municipal regulatory plan, natural or legal persons, owners or possessors, by any title, of real estate, must comply with the following obligations (…) b) Fence and clean both lots where there are no constructions and those with uninhabited dwellings or in a state of demolition (…) When on a lot there exists an uninhabitable building that risks the life, patrimony or physical integrity of third parties, or whose state of abandonment favors the commission of criminal acts, the municipality may file the corresponding complaint before the health authorities and collaborate with them in compliance with Law 5395, General Health Law (Ley General de Salud), of October 30, 1973.
Except as ordered in the General Health Law (Ley General de Salud), when residents fail to comply with the foregoing obligations (…) the municipality is empowered to make up for the omission of those duties, directly carrying out the works or providing the corresponding services (…)” (the highlighting is not from the original). In accordance with what was previously indicated, it should be noted that the same municipal regulations empower the municipality not only to coordinate with the Ministry of Health - as it did in this case -, but also allow it to act and carry out any work or provide any service that is necessary to address, in this case, the petitioner's complaint and proceed with the cleaning of the lot with the uninhabited house that the amparo petitioner demands, actions for which there is no record of having been carried out as of the date the report was rendered in this proceeding.
Under this panorama, it must be indicated that the case file does not yet clearly and forcefully evidence any action to definitively address the situation denounced by the petitioner. Consequently, this Chamber considers that the time period that has elapsed to resolve the complaint filed by the protected party and to communicate the respective outcome by the respondent authorities is disproportionate, since a period of more than one year has elapsed since the presentation of the noted complaint, without it having been resolved to date, with the aggravating factor that the amparo petitioner continues to be affected by the problem in question. Under this reasoning, this Chamber considers that the appeal must be granted, with the considerations to be stated in the operative part of this judgment (…)”.
For its part, more recently, in Judgment No. 2024-2486 of 09:15 hrs. of February 2, 2024, this constitutional body held:
“(…) a) Regarding the Municipality of Cartago: It is inferred from the case file that the petitioner complained before the Municipality of Cartago of the existence of a vacant lot located at Address 1954 . ° , situated in Cartago, Central, San Nicolás, 100 meters north of Super Baterías, road to Irazú volcano, in which garbage is deposited and, during the rainy season, this waste accumulates in an open sewer, generating floods in nearby houses. In that context, it is relevant to point out that the respondent municipality carried out various actions with the objective of provisionally addressing the reported problem. These actions include cleaning tasks on the vacant lot and the issuance of an order to the property owner through official communication No. IDU-OF-145-2021, which demanded the pruning of weeds on the property. Likewise, the respondent municipal entity referred the complaint filed by the protected party before CONAVI.
However, it is deduced from the statement of proven facts that these measures are insufficient, since the situation described by the claimant in their complaints still persists. Technical Report No. DRC-08-2023 signed by Braulio Fonseca Ramírez and Mauricio Soja Quesada, in their respective capacities as engineer and regional director, both from the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI, dated December 8, 2021, described the inspection carried out on June 21, 2023, in which the following was observed: “Important to mention that, due to the lack of maintenance of the property mentioned by the petitioner, in which the accumulation of garbage was identified, the discharge and accumulation of waste occurs into the stormwater system of the National Route in question, which would increase the probability of overflow, from Address 7396 (where the open channel ends) downstream and that would affect the homes located in the left lane”.
Note that the technical report concludes that the accumulation of garbage in the vacant lot referred to by the petitioner causes the stormwater system of National Route No. 219 to be affected. Regarding the issue at hand, the Municipal Code (Código Municipal) (Law No. 7794), Title IV, Municipal Treasury, Chapter II Municipal Revenues, orders, in what is pertinent: “Article 84.- In accordance with the municipal regulatory plan, natural or legal persons, owners or possessors, by any title, of real estate, must comply with the following obligations: (…) b) Fence and clean both lots where there are no constructions and those with uninhabited dwellings or in a state of demolition. (…) h) Adequately guarantee the safety, cleanliness and maintenance of properties, when public roads or properties or third parties related to them are affected. (…)”. In that sense, the partially transcribed section establishes, in what is of interest, various obligations for natural persons who are owners or possessors of real estate.
Among these obligations, the obligation to fence and clean both lots without constructions and those with uninhabited dwellings or in a state of demolition stands out. Furthermore, the obligation to adequately guarantee the safety, cleanliness and maintenance of properties when public roads or properties or third parties related to them are affected is imposed. In that context, in light of Article 169 of the Political Constitution of Costa Rica, it can be affirmed that the responsibility to ensure compliance with these obligations falls on the municipal entities, since said constitutional precept highlights the function of administering the proper interests of the local community, which implies the supervision and regulation of aspects such as land use and safety in the locality. Hence, the norm in question reflects an extension of the municipal authority to regulate and control the conditions of real estate within its community.
Hence, it is expected that the municipalities will ensure compliance and supervise adherence to these obligations by the owners or possessors of real estate in the locality located within their territorial jurisdiction. Now then, despite the fact that in 2021 the Municipality of Cartago issued an order to the property owner through official communication No. IDU-OF-145-2021, urging them to carry out the pruning of weeds on the property, the truth is that it was not until on the occasion of the notification of the initial order of this constitutional proceeding that the Section of Non-compliance with Urban Duties of the respondent municipality issued another order to the owner of the property in question, since it was confirmed that the lot continued to be overgrown and with tall weeds. Furthermore, it is unknown whether said order was complied with by the owner of said property. In conclusion, this Court clearly observes that the respondent municipal entity has not implemented the necessary measures to guarantee the adequate maintenance of the property indicated by the amparo petitioner; this situation causes the discharge and accumulation of waste into the stormwater system of National Route No. 219, resulting in the overflow of stormwater in the open channel. Consequently, the granting of this amparo proceeding is appropriate as regards this authority, as is indeed done (…)”.
Under that order of considerations and, as there are not, in the specific case, reasons that would change what was indicated in the aforementioned votes, the appropriate course is to grant the present amparo proceeding also filed against the authorities of the Municipality of Alajuela.
Finally, it is incumbent upon this Chamber to rule regarding the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) and its actions in this matter. Having reviewed the case file, it is accredited that, effectively, the authorities of this body have incurred in a series of unjustified delays in resolving the case under study that have, in turn, violated what is ordered in constitutional section 41. Note that it is taken as accredited that, as of January 10, 2024, said Tribunal became aware of the situation occurring on the properties under study, because it was thus brought to its attention by the cited Municipality of Alajuela and, in this way, the processing of Procedure No. 008-24-02-TAA began. While it is on record that the technical analysis of the case was issued on February 6, 2024, it was also demonstrated that it was not until after an excessive period of two months had elapsed that an inspection was carried out at the site, jointly with the authorities of the Ministry of Health and the said municipal corporation. Likewise, it was accredited that it was not until April 30, 2024, after being notified of this amparo proceeding, that the cited Tribunal issued Resolution No. 482-2024-TAA, through which a series of data was requested from the Head of the Alajuela Office of the Central Conservation Area (Área de Conservación Central) of SINAC.
In that same order of considerations, it should be pointed out that what was indicated by the President of said Tribunal is not acceptable, in the sense that, since said body is not fully integrated (due to the resignation of the proprietary judge and the alternate judges), the attention of briefs and pending steps in the cited procedure cannot continue. The foregoing, since, under the solemnity of oath, the Minister of Environment and Energy, also acting as Secretary of the National Environmental Council, informed and clarified to this Chamber, on the matter, the following: “(…) In accordance with all the foregoing, the TAA has legal tools to continue operating, and the lack of integration of a judge is not a reason to stop processing the case files. Therefore, the entire ordinary procedure can be instructed by the judges, without the need for the TAA to be integrated, that is, the Instructing Judge can process, instruct and issue some resolutions, except for the issuance of the final resolution (…)”.
In this way, it is clearly inferred that although, in the current absence of a judge to constitute the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), the final resolution of the case cannot be issued, the truth is that the judge in charge of the proceeding does have the power to continue processing and instructing the latter; even to issue resolutions, in order to guarantee and protect, making use of other mechanisms, the right to the environment and health of the neighbors affected by the actions accredited in this proceeding. Prior actions that, however, according to the statement of the respondent President herself, are lacking in this matter.
* As was convincingly demonstrated, the three aforementioned authorities have incurred a series of arbitrary omissions in addressing, promptly, effectively and efficiently, the already accredited and persistent environmental and health problem that the protected parties and neighbors of San Rafael de Alajuela constantly suffer. Note that this jurisdiction, when hearing a similar case to the one now raised, in Vote No. 2019-9239 of 09:20 hrs. of May 24, 2019, indicated the following: “(…) V.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In accordance with the provisions of Articles 21, 50 and 169 of the Political Constitution, the Administration and the municipalities are obligated to guarantee the existence of a healthy and ecologically balanced environment, which is free of elements that may put people's health at risk (see Judgments No. 2005-004650, of 17:43 hours on April 26, 2015 and No. 2010-013286, of 16:04 hours on August 10, 2010).
In the specific case, the petitioner accuses that in the sector of Santiago Oeste El Coco, in La Guácima de Alajuela, an illegal dump of dirt and garbage operates that generates pollution problems. After analyzing the elements provided to the case file, the Court confirms what the petitioner accuses, since the respondent authorities affirm not only the existence of the mentioned dump, but also that its operation is illegal, and that they know of the problem due to the multiple complaints filed by neighbors of the area since 2017. Given the intervention of different authorities, the actions of each of them will be analyzed independently. VI.- REGARDING THE ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL (TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO). In the case of the actions developed by the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), it must be indicated that it is incomprehensible to this Court that the mentioned problem still persists, since since April 10, 2018, the amparo petitioner filed the respective complaint before said Tribunal; however, the process has been stopped at the preliminary investigation stage for a year.
It is striking to this Chamber that, despite the evident abandonment of the case file, the respondent authority does not provide justification for the delay in the proceeding, even though the pollution problem resulting from the deposit of dirt and waste remains to date and that, according to what was verified by the Conservation Area (Área de Conservación), it constitutes a threat to the course of the Río Segundo, due to landslides and the quantity of debris and garbage found less than a meter from the watercourse. Thus, it was not until one day after the filing of the amparo proceeding, and after almost a year of inactivity in the case file, that the Tribunal issued and notified Resolution No. 346-19-TAA of 16:02 hours on March 8, 2019, which consists of a replica of Resolution 377-18-TAA of 15:08 hours on May 11, 2018, in which it reiterated the request to the Central Conservation Area (Área de Conservación Central), to the Municipality of Alajuela and to the Ministry of Health, to render the respective technical reports.
By virtue of this, on April 2, 2019, the Ministry of Environment provided the respondent Tribunal with the required information, and warned it of the existing environmental damage; however, to date there is no record that either the Municipality or the Ministry of Health have rendered the requested reports, nor is there any record that the Tribunal has requested them again. Thus, this Chamber verifies that the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) has been remiss in its actions, so that it has failed in its obligation to guarantee the rights to health and an ecologically balanced environment of the inhabitants of the area. Therefore, as regards this aspect, it is proper to grant the appeal. VII.- REGARDING THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA. In the case of the local government of the canton of Alajuela, although it is true that a formal complaint filed by the petitioners cannot be extracted from the administrative file, it does emerge that it has received complaints since 2017, from neighbors of the area of El Coco de La Garita de Alajuela, either via email or telephone, denouncing the effects caused by the apparent unauthorized reception of dirt and other waste on the property in question.
Furthermore, both the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) through official communication No. 377-18-TAA of 15:08 hours on May 11, 2018 and the Ministry of Health, in brief No. MS.DRRSCN-DARA2-0844, of May 7, 2019, made said situation known to the respondent Corporation. By virtue of this, in February 2017, the respondent Municipality issued the first warning certificate for illegal dirt deposits; then, in November 2017, it drafted the second certificate for the same reason and, in February 2018, the third warning certificate was made for illegal dirt deposits, it being not until one year later that it carried out another field visit to the denounced site and requested reports from other departments. It should be noted that, in her defense, the Mayoress of the Municipality pointed to, as justification for her inactivity, that she has not been able to locate the owner of the real estate to notify her.
However, it is striking to this Chamber that, despite the fact that the Municipality of Alajuela carried out field visits in which it was able to verify that the reception of dirt, debris and waste on the denounced land did not have the permits established in the legal system, two years have elapsed to date and it has not taken the actions designed to provide a solution and end the denounced problem, despite having the competencies and legal instruments to do so. The foregoing leads this Chamber to confirm the alleged violation of Articles 21 and 50 of the Political Constitution, since the Municipality of Alajuela has failed in its obligation to guarantee the rights to health and an ecologically balanced environment of the inhabitants of the area, by allowing the existence of an illegal dump that generates pollution problems, and omitting to carry out concrete actions to provide a solution to the accused problem.
Therefore, as regards this authority, it is proper to grant the appeal. VIII. REGARDING THE MINISTRY OF HEALTH. It was reported under oath to this Chamber, that the amparo petitioner has not filed a complaint; however, in response to communication from the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), and other complaints filed in February 2019, the case has been followed up, managing to determine anomalies without a definitive solution to the problem having been provided to date, under the allegation that they have not been able to notify the owner.
For these purposes, a clear omission on the part of the Ministry of Health to issue the necessary orders to address the reported risk situation was verified, since there is no record that, once the problem affecting the area was confirmed, it issued the administrative acts corresponding to its competence to prevent or eliminate continued contamination, and its action being limited to sending official letter N° MS-DRRSCN-DARS-A2-08442019, informing the Municipality of Alajuela of said situation, is not justified. Thus, the health authorities have failed in their constitutional duties, thereby harming the rights contained in articles 21 and 50 of the Political Constitution.
From the facts demonstrated, it is not evident to this Chamber that said respondent authority has incurred in acts that harm or threaten to harm the environment, since it was not until March 12, 2019, that it received resolution 346-19-TAA, from the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), in which it was requested to carry out an “in situ” inspection on the indicated property, in order to determine if there was an impact on the protection area of the Río Segundo, and within a period of approximately one month, it forwarded the reports required by the Tribunal, in which it indicated that at the reported site there is a significant negative environmental impact, since the damage originates from the modification of the original topographical conditions of the land that favor landslides towards the river channel, and it determined the value of the environmental damage caused to the protection area of the Río Segundo, which was forwarded to it in the month of April 2019. For these reasons, no violation of any fundamental right is proven, and regarding this authority, the appeal is dismissed.
Given the described scenario, the alleged violation of the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment for the people inhabiting the affected community is clear. However, this Tribunal cannot identify those responsible for the contamination alleged by the appellants, as this is outside the scope of its competence, and furthermore, for more than a year, an investigation has been underway at the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), due to the complaint filed against the owner of the property used as an illegal dump and which threatens contamination of the Río Segundo channel. At this juncture, what is important is that the respondent authorities have known about the situation for more than a year and have failed in their obligation, in keeping with the principle of inter-institutional coordination in environmental matters and the precautionary principle, to address the situation with the promptness required for this type of problem.
It is not possible that after so many months, the respondent administrations have not coordinated activities and executed the corresponding acts to establish measures for the protection of the Río Segundo channel, which could eventually represent a danger to public health. Precisely, prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage —or doubt thereof— a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damage caused to the environment.
In Judgment No. 3480-03, of 14:02 hours on May 2, 2003, the Chamber ruled that “(...) Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty regarding whether such facts will effectively produce harmful effects on the environment (...)”. Therefore, from a constitutional perspective, in the case at hand, the Chamber concludes that the actions, in exercise of the power of control or oversight deployed in protection of health and the environment by the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), the Ministry of Health, and the Municipality of Alajuela, within the framework of their competencies, have been clearly insufficient, since the reported problem still persists, and they have also failed to take precautionary measures for people's health and the environment.
The Political Constitution tacitly enshrines the fundamental right of the administered to the good and efficient functioning of public services, that is, that they be provided with high quality standards, which has as its necessary corollary the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, swiftly, effectively, and efficiently, especially when dealing with an essential public service such as the supply of drinking water, and the protection and sanitation of water resources. Under these assumptions, article 50 of the Political Constitution expressly recognizes the right of all present and future inhabitants of this country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. Compliance with this requirement is a fundamental guarantee for the protection of public life and health, not only of Costa Ricans, but also of all members of the world community. The violation of these fundamental precepts entails the possibility of harming or endangering short, medium, and long-term interests.
Environmental contamination is one of the ways through which the integrity of the surroundings can be broken, with results that are, most of the time, long-lasting and cumulative. Thus, the Costa Rican State is obliged to act preventively, avoiding —through oversight and direct intervention— the performance of acts that harm the environment, and under the correlative and equally unavoidable prohibition of fostering its degradation. (...)” (The emphasis in bold is not part of the original).
By virtue of the foregoing, it is appropriate to grant this amparo proceeding, as a violation of the provisions of articles 21 and 50 of the Political Constitution has been verified, with the consequences that will be stated in the operative part of this judgment.
VII.In light of what was noted in the preceding whereas clause and, regarding what will be ordered in the operative part of this judgment, the Minister of Environment and Energy, in his capacity as Executive Secretary of the National Environmental Council (Consejo Nacional Ambiental), is urged to continue carrying out the pertinent efforts to ensure that a judge is appointed to form the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), so that it can promptly issue the final resolution in the cited procedure No. 008-24-02-TAA and notify the interested parties.
The appellants also indicate that on April 1, 2024, a huge burning of solid waste occurred on the aforementioned farms, which is why the Belén Fire Department arrived at the site. However, they complain that, given the magnitude of the fire, said authorities decided not to extinguish it, claiming that a considerable amount of drinking water was required and it would be a waste.
They maintain that the Fire Department's inertia in acting caused air pollution from smoke for several days, thereby affecting the health of many neighbors, especially children, older adults, asthmatic persons, etc. They affirm, then, that the cited Fire Department failed in its duty to attend to and mitigate the fire that occurred on April 1, 2024, which violated their right to a healthy and ecologically balanced environment.
Having reviewed the case file, it is proven that on April 1 of this year, a new incident of waste burning on the properties under study certainly occurred, which is why a report was made to the Fire Department (Cuerpo de Bomberos) of Costa Rica for its attention. It is recorded that, by virtue of the foregoing, a Belén fire unit was dispatched to the indicated sector to attend to it. As was demonstrated, upon arriving at the referenced location, the fire department carried out a technical analysis and it was determined (according to the flyover conducted by a drone), that the fire conditions “(...) corresponded to a large quantity of irregularly accumulated materials, a kind of crematorium where a large amount of burning waste prevailed (mountain or pile type) (...)”.
It was also demonstrated that, after the study was conducted, it was finally determined not to apply drinking water for the following reasons explained in the report rendered under oath before this jurisdiction:
“(...) That at least 15 tanker trucks with an 8,000-gallon capacity would be required, to have 120,000 gallons of water. • That this quantity of water exceeds 5 times the capacity of the tank that feeds the community's drinking water hydrant network. • That, even if all the necessary water were available, this would not have been a definitive solution since, for this, removal of material was required, given the umbrella effect, which means that water will not penetrate to the base of the fire. • That there was no threat to human life or possibility of spread, given that there were no combustible materials near the fire load. • That the nearest structure was at an approximate distance of 40 meters, with no threat to the population (...)” (The emphasis in bold is not part of the original).
In addition to the foregoing, it is recorded that, on that occasion, the following aspects were assessed:
“(...) the water used by the Benemérito Fire Department (Cuerpo de Bomberos) of Costa Rica comes from potable distribution networks, therefore dumping large quantities of water on waste is not a sensible option and furthermore, without the accompaniment of tracked or backhoe machinery, extinguishment was not possible, this because a thermodynamic phenomenon occurs where water evaporates before it can cool the materials burning at the base; which, in the event of performing a superficial application with the 1,000 gallons of water that unit M-112 carries, would generate a misleading impression of extinguishment for neighbors, however the high temperatures generated would quickly cause the smoke to persist again and even an increase in flames, having wasted the potable water dumped. Given that the required quantity of water exceeds almost 5 times the total capacity of the tank that feeds the community's hydrant network, we would put the life and health of people in the neighboring houses or industries at risk, not only due to the interruption of potable water service, but also if there were a fire incident simultaneously with this one. (...) there was no direct threat from fire and second, the direct impact on houses from smoke varies, depending on the wind direction. Furthermore, the nearest structure is approximately 40 meters away without any risk (...)” (The emphasis in bold is not part of the original).
Consequently, the fire unit withdrew from the site.
In addition to the foregoing, it was verified that on April 3 of this year, the fire department made a visit to the site of the events. On this occasion, as was proven, different aspects were analyzed from the point of view of tasks performed versus the conditions present, which led to the ratification of the technical decisions taken.
Having analyzed all of the foregoing, this Constitutional Tribunal does not consider there to be any merit whatsoever to grant the amparo appeal filed against the authorities of the Benemérito Fire Department (Cuerpo de Bomberos).
Although this Chamber understands that the situation alleged and widely known in this amparo (recurring burnings carried out on the referenced properties), can cause serious nuisance and impacts on the environment and health, which must clearly be addressed, it is no less true that, in the case under study, specifically regarding the event reported on April 1, 2024, a technical criterion from the specialized fire department mediated, setting forth the objective and substantiated reasons why extinguishing the fire by pouring water was not appropriate.
A technical criterion which, it should be noted, cannot be refuted or invalidated by this Constitutional Tribunal, through the summary amparo proceeding, as it is a matter of mere legality. Thus, should the claimants disagree with that specific action, they must, if they deem it appropriate, file the respective complaint before the ordinary administrative and jurisdictional legality channels created specifically for that purpose.
By virtue of the foregoing, as it is not observed that the authorities of the Fire Department (Cuerpo de Bomberos), through their actions, have violated the fundamental rights of the appellants, the appropriate course is to dismiss the amparo filed directly against them.
I have supported the thesis of this Tribunal, that when the petitioner alleges a violation of the right to swift and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Tribunals and not this Chamber. Now then, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, since, based on article 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence.
Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which do appropriately proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons this Tribunal has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal is partially granted, solely regarding the grievances filed against the Ministry of Health, the Municipality of Alajuela, and the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo). Consequently, Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as Director of the Rector Health Area of Alajuela 2 of the Ministry of Health; Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as Mayor, Karen Bermúdez Fallas, in her capacity as Coordinator of Environmental Management Activity, and Yamileth Oses Villalobos, in her capacity as Coordinator of Integrated Solid Waste Management Activity, all of the Municipality of Alajuela, as well as Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), or whoever respectively holds these positions, are ordered to, immediately upon notification of this judgment, coordinate whatever is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of their competencies, so that the environmental problem proven in this amparo proceeding is resolved definitively, within a maximum period of three months (also counted from the notification of this judgment).
Likewise, the aforementioned President of the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) is ordered, once said body is duly constituted, to issue, within a maximum period of two months, the final resolution of the procedure processed under case file No. Telf851 and notify the interested parties. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipality of Alajuela are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the contentious-administrative judgment.
Regarding the allegations filed against the Fire Department (Cuerpo de Bomberos) of Costa Rica, the amparo is dismissed. The Minister of Environment and Energy shall take note of the provisions in whereas clause VII of this judgment. Judge Castillo Víquez adds a note.
Fernando Castillo V.
Jorge Araya G.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Aracelly Pacheco S.
Alexandra Alvarado P.
Jose Roberto Garita N.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del cinco de julio de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo interpuesto por ANA GABRIELA NAVARRO SÁNCHEZ, cédula de identidad CED49130, Nombre67082 , cédula de identidad CED49131 y OTROS, contra EL MINISTERIO DE SALUD, LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO Y EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
CONSIDERANDO:
Los recurrentes aducen que las autoridades recurridas han sido omisas en atender eficazmente el problema que sufren producto de la acumulación de desechos y quemas que se realizan de estos, en una finca ubicada cerca del lugar donde habitan. Afirman que esa situación afecta gravemente el ambiente y su salud.
Por escrito aportado el 30 de abril de 2024, Adolfo Fernández Loaiza solicita que se le tenga como coadyuvante activo del presente proceso de amparo, pues, según alega, se ve igualmente afectado por la problemática aducida por los recurrentes.
Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por el mencionado interviniente, resulta admisible la referida coadyuvancia.
De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:
A. HECHOS GENERALES.
B. HECHOS RELACIONADOS CON EL MINISTERIO DE SALUD.
“(…) En atención y seguimiento de las denuncias interpuestas por la afectación de humo por quemas de residuos en una propiedad colindante al Cementerio de San Rafael de Alajuela, se les informa lo siguiente: 1. Durante el año 2021, se programaron varias visitas de campo en el sector denunciado; sin embargo, no se evidenció la problemática expuesta por ustedes, pese, a que dichas inspecciones se realizaron en diferentes horarios (mañana, tarde y tarde-noche). 2. En el año en curso, se han recibido correos de parte de la señora Nombre67086 . En estos se indica que la problemática de quemas continúa vigente; por lo que se coordinó una inspección en el mes de abril; no obstante, durante esta inspección, no se evidenció lo denunciado. 3. Considerando el último reporte, el 09 de agosto de 2022 se programó nuevamente una visita de campo. En esta ocasión, si se logró identificar múltiples residuos sólidos de distintos tipos, ordinarios, especiales, peligrosos, como escombros constructivos, residuos de madera, además se encontraron indicios que se realizaron quemas de residuos en sitio. Teniendo en cuenta los hallazgos de la última inspección, esta Dirección procederá a emitir orden sanitaria a los dueños registrales de la finca N° 0042163 para ordenar la suspensión inmediata de las quemas y disposición ilegal de residuos en el lugar denunciado (…)” (ver informe y prueba).
“(…) Según el Registro Nacional la naturaleza de un terreno es para agricultura, con el N° de finca 42163 y el otro terreno la naturaleza es para construir número de finca 381576. Se procedió con la inspección y se observaron desechos como estañones, alambre de cobre, tarros de pintura, láminas de zinc, madera, láminas de fibrolit y basura orgánica. Se evidenció que en el sitio se han realizado quemas en días anteriores y al momento de la inspección hay partes con fuego activo y columnas de humo. Quedó en evidencia que los lotes baldíos sí se están utilizando para quemas desechos y también se están utilizando como vertederos a cielo abierto de residuos de manera ilegal, lo que puede provocar una posible afectación al área de protección del Río Segundo que se encuentra a 25 metros aproximadamente (…) Conclusión: De acuerdo con los hallazgos encontrados en la inspección, así como la información suministrada, se procederá como acción a seguir a generar y notificar la orden sanitaria N° MS-DRRSCN-DARSA2-OS-090-2024 contra los co-propietarios de la finca N° 42163 y la orden sanitaria N° MS-DRRSCN-DARSA2-OS-091-2024 contra los co-propietarios de la finca N° 381576 para que suspendan la quema de residuos, así como para prohibir el depósito de residuos en estas fincas (…)” (ver informe y prueba).
C. HECHOS RELACIONADOS CON LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.
“(…) “Hemos recibido su trámite con fecha 21 de marzo 2023, entregado según el formulario digital de solicitudes, en el cual indica de un basurero clandestino, donde depositan todo tipo de basura al aire libre sin control alguno. Dirección, San Rafael de Alajuela, Dirección1854 , detrás del cementerio local. En atención a lo indicado y con el propósito de verificar la situación, le comunicamos que nuestro funcionario el señor Ricardo Espinoza Castro junto con sus compañeros de cuadrilla visitaron el lugar indicado, en el momento de la visita se encontraron con una propiedad privada, en la cual esta dependencia no puede intervenir, ya que el Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón Alajuela así lo establece, Capítulo III Servicio de recolección de residuos, Artículo 12" – Prohibición de ingreso del funcionario de recolección. Los funcionarios de recolección ya sea personal de la Municipalidad o del concesionario tienen prohibido ingresar en propiedad privada con el fin de recoger residuos de cualquier tipo. Los residuos que estén detrás del límite de propiedad no serán recolectados aunque no haya cerramientos (portones o cercas) que impidan el acceso, esto incluye desarrollos verticales u horizontales en condominio (…)” (ver prueba).
“(…) Como parte de la atención del trámite #52745-SISC-2023 (…) fue posible corroborar que aún se continúa con las prácticas anteriormente descritas afectando a los vecinos de la comunidad y al medio ambienta en general. Durante la inspección efectuada por el Sr. Luis Murillo funcionario de esta dependencia el día 20/12/2023 fue posible apreciar que en efecto se han realizado quemas en dicho inmueble, pero además existen ramas, troncos, estañones (de los cuales se desconoce su contenido) y demás materiales de desechos (…) Como medida complementaria (…) se remitió el caso a la Actividad de Deberes de los Munícipes (…) Expuesto lo anterior, esta dependencia (…) ha mantenido una atención constante de esta situación, así como del cumplimiento de lo dispuesto en cada autorización municipal o prevención emitida y de la coordinación interinstitucional oportuna según requerimiento y respeto de las especiales competencias técnico-legales de otras institucionales. No obstante, dado que la situación persiste se hace necesario elevar el caso a instancias superiores y se recuerda que en caso de requerirse inspección en conjunto nos encontramos en total disposición de colaborar (…)” (ver informe y prueba).
“(…) En atención al trámite #28986-SISC-2024 proveniente del Sistema Integrado de Servicio al Cliente Trámites Web y referente a una serie de inconvenientes aparentemente generados por la existencia de un basurero a cielo abierto y constantes quemas de residuos en una propiedad ubicada detrás del cementerio de San Rafael de Alajuela, respetuosamente le informo que: Durante la inspección efectuada por el Sr. Luis Murillo Cambronero funcionario de esta dependencia el día 05/04/2024 fue posible apreciar que en efecto se han realizado quemas de diferentes tipos de residuos en dicho inmueble y presencia de humo aún en sitio, tal y como se evidencia en el registro fotográfico adjunto. (…) Considerando que la situación encontrada en campo corresponde a un botadero clandestino de residuos sólidos, la atención de esta denuncia en particular es competencia directa del Ministerio de Salud (Dirección7395 según la ubicación del inconveniente), esto en amparo de lo que establece la Ley General de Salud artículos 39, 70, 164, 170, 213, 225, 248, 275, 278, 279, 281 y el N° 36093-S Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios.
La Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos establece que está prohibido: gestionar, almacenar, valorizar, tratar y disponer residuos peligrosos o residuos de manejo especial declarados por el Ministerio de Salud, en lugares no autorizados o aprobados por las autoridades competentes o en condiciones contrarias a las establecidas, el realizar el depósito o confinamiento de residuos fuera de los sitios destinados para dicho fin y el quemar, incinerar, enterrar, almacenar o abandonar residuos peligrosos, en sitios no autorizados; fijando además la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental con una multa, es recomendable que sean las autoridades del Ministerio de Salud – como ente rector en materia de gestión integral de residuos, con potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control – quienes realicen las acciones pertinentes para el cumplimiento de esta Ley y se apliquen las infracciones y contravenciones, contando además con herramientas como la Orden Sanitaria para que los propietarios o poseedores, en un plazo determinado, tomen las medidas que, como autoridad sanitaria les ordene.
Este caso en particular es de conocimiento de esta dependencia municipal y ya ha sido trasladado al Ministerio de Salud Área, al Área de Conservación Central del SINAC Alajuela y a la Actividad de Deberes de los Munícipes. Sin embargo, ante la persistencia de los inconvenientes denunciados, desde finales del año 2023 se elevó el caso al Tribunal Ambiental Administrativo (oficio N° MA-SGA-914-2023) y ya se tiene programada una inspección al sitio por parte de dicha entidad con las instituciones involucradas en temas ambientales (…)” (ver informe prueba).
“(…) según el Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas y multas por el incumplimiento de las obligaciones de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el cantón Alajuela, la propiedad denunciada incumple con el inciso a) Limpiar la vegetación de sus predios ubicados a orillas de las vías públicas y recortar la que perjudique o dificulte el paso de las personas, por lo que se procedió con la confección de acta de apercibimiento N° 184-2024, sobre la finca 42163 para su notificación en el sitio (…)” (ver informe).
“(…) Se realizó un recorrido por ambas fincas, identificándose acumulación de residuos sólidos, no tradicionales y orgánicos, además de evidencias de quemas (columnas de humo, cenizas), así como afectación de vegetación de colindancias, por las quemas en el sitio (…) En la finca folio real N° 42163, se presenta la mayor cantidad de acumulación de residuos, la propiedad tiene 48 derechos (…) mientras que la fina folio real N° 381576, posee 8 derechos (…) ambas fincas no cuentan con cierres perimetrales que resguarden las propiedades. Esta situación se le traslado (sic) al coordinador de la Actividad de Deberes de los Munícipes, para la respectiva notificación según el Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas para el incumplimiento de los deberes de los Munícipes de la Municipalidad de Alajuela, mediante el oficio MA-SGA-913-2023, se le consulto (sic) al coordinador sobre el seguimiento al oficio e indico (sic) que estaba en proceso de notificación. Adicional al caso, se recibió oficio MA-PSMCV-217-2024, por parte del Coordinador de Seguridad Municipal, indicando que se procedió con la notificación por parte de la Policía Municipal al señor Nombre67084 (…) por estar botando desechos en su propiedad, el señor Jiménez en copropietario de la finca N° 42163 (…)” (ver informe).
D. HECHOS RELACIONADOS CON EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.
E. HECHOS RELACIONADOS CON EL CUERPO DE BOMBEROS.
“(…) Que serían requeridos al menos 15 camiones cisterna de 8 000 galones de capacidad, para tener 120 000 galones de agua. • Que esa cantidad de agua supera 5 veces la capacidad del tanque que alimenta la red de hidrantes de agua potable de la comunidad. • Que, aunque se tuviera toda la cantidad de agua necesaria, esta no hubiera sido una solución definitiva ya que, para esto, era querido la remoción de material, dado el efecto sombrilla, lo cual significa que el agua no va penetrar hasta la base del fuego. • Que no había amenaza de vidas humanas ni posibilidad de propagación, dado que no existían materiales combustibles cerca de la carga de fuego. • Que la estructura más cercana, estaba a una distancia de 40 metros aproximadamente, sin amenaza para la población (…)”.
En adición a lo anterior, en aquella oportunidad se valoraron los siguientes aspectos:
“(…) el agua que utiliza el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica proviene de redes de distribución potable, por cuanto verter grandes cantidades de agua en desechos no es una opción sensata y además que sin el acompañamiento de maquinaria tipo oruga o back hoe, no era posible realizar la extinción, esto por cuanto se da un fenómeno termodinámico donde el agua se evapora antes de alcanzar enfriar los materiales que están ardiendo en la base; lo cual en caso de hacer una aplicación superficial con los 1.000 galones de agua que porta la unidad M-112 generaría en los vecinos una apreciación engañosa de extinción, no obstante las altas temperaturas generadas harían que rápidamente vuelva a persistir el humo y hasta un incremento en las llamas, habiendo desperdiciado el agua potable vertida. Dado que, la cantidad requerida de agua supera casi 5 veces la capacidad total del tanque que alimenta la red de hidrantes de la comunidad, pondríamos en riesgo la vida y la salud de las personas de las casas o industrias aledañas, no solo por la interrupción del servicio de agua potable, sino también que simultáneamente a este incidente tuvieran un siniestro de incendio.
(…) no hubo amenaza directa por fuego y segundo, la afectación directa a las casas por humo, es variada, según la dirección del viento. Además, que la estructura más cercana está aproximadamente a 40 metros de distancia sin riesgo alguno (…)”.
Por consiguiente, la unidad de bomberos se retiró del sitio a las 19:25 hrs. de ese mismo día (ver informe).
De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por indemostrados los siguientes:
De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido–, debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante una denuncia de índole ambiental, la cual presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
VI.EN CUANTO A LA SITUACIÓN DE ACUMULACIÓN DE DESECHOS Y REALIZACIÓN DE QUEMAS EN LOS INMUEBLES DENUNCIADOS Y LA CONSECUENTE PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD, DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA Y DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. Como punto medular de este proceso de amparo, los recurrentes acusan que en un inmueble ubicado cerca de lugar donde habitan en San Rafael de Alajuela, se depositan irregularmente desechos y, además, se realizan constantemente quemas, que no solo contaminación el ambiente, sino que también afectan su salud. Afirman que los copropietarios de ese inmueble no cuentan con permisos para llevar a cabo tales irregulares actuaciones. Exponen los accionantes que, a pesar que las autoridades del Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, de la Municipalidad de Alajuela y del Tribunal Ambiental Administrativo tienen conocimiento de esa situación, no han tomado medidas eficaces y contundentes para atenderla y erradicarla por completo.
En cuanto al Ministerio de Salud, afirman que no han emitido las órdenes sanitarias pertinentes. En lo que respecta al municipio, reclaman que evaden sus responsabilidades y las competencias que les han sido otorgadas sobre el particular y, finalmente, en cuanto al Tribunal Ambiental Administrativo, acusan que, a la fecha, no han dictado la resolución final del procedimiento tramitado con motivo de una denuncia formulada y elevada a dicho órgano por el municipio recurrido, respecto a los hechos aducidos.
Sostienen, así, que, a la fecha, el problema persiste y no se ha resuelto de forma definitiva, tal y como corresponde. Por ende, solicitan que esta jurisdicción intervenga y se declare con lugar el recurso.
Para empezar, resulta menester señalar que, en este asunto, no consta que alguno de los recurrentes propiamente, haya formulado ante las tres autoridades señaladas (Ministerio de Salud, Municipalidad de Alajuela y Tribunal Ambiental Administrativo), una denuncia por los hechos en cuestión. Sin embargo, lo cierto también es que, del análisis hecho a este expediente se ha logrado comprobar fehacientemente que, con motivo de otras denuncias formulados por terceros desde hace varios años, dichas autoridades sí tienen plenamente conocimiento de la situación que se reclama. Incluso, consta que el coadyuvante activo de este amparo sí ha presentado denuncias, desde el año 2023 ante la Municipalidad de Alajuela. Dicho estado de cosas, en consecuencia, permite a esta Sala conocer por el fondo este asunto.
Ahora bien, aclarado lo anterior, este Tribunal Constitucional, luego de revisados los agravios expuestos por los recurrentes, los informes rendidos bajo juramento por las citadas autoridades, así como todas las pruebas aportadas a los autos, considera que existe mérito suficiente para acoger este proceso de amparo, en lo que respecta a este punto.
Lo anterior, medularmente, en el tanto, tal y como lo acusan los accionantes, se ha demostrado fehacientemente que, desde hace varios años, al menos desde el año 2018, en los inmuebles denunciados (fincas No. 42163 y No. 381576 ubicadas detrás del cementerio de San Rafael de Alajuela), se depositan ilegalmente desechos de todo tipo a cielo abierto y, además, se realizan constantemente quemas (que provocan contaminación ambiental y daños a la salud) y que, pese a ello, las autoridades recurridas, a la fecha, no han llevado a cabo acciones claras, contundentes y eficaces en aras de erradicarse totalmente dicha situación. Todo esto, en perjuicio de todos los habitantes de la zona, incluidos los recurrentes y coadyuvante activo, quienes dicen vivir cerca de tales inmuebles.
Esta arbitraria omisión y falta de actuación oportuna, se ha logrado acreditar a lo largo del estudio de este proceso, como de seguido se explicará.
En cuanto a las autoridades del Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, se observa que, con motivo de denuncias formulados por terceros, en el año 2022 llevaron a cabo una inspección en el sitio de interés (mediante la cual se constataron los hechos acusados) y giraron, incluso, una orden sanitaria a los copropietarios en agosto de ese mismo año, concretamente, la No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0416-2022, a través de la cual se ordenó “(…) Retirar y eliminar de la propiedad todos los residuos sólidos mediante gestores autorizados por el Ministerio de Salud. Detener de inmediato la actividad de quema de residuos y disposición de los mismos dentro de su propiedad. Presentar evidencia documental de la disposición de los residuos sólidos mediante gestores autorizados por el Ministerio de Salud (…)”. Sin embargo, no consta que las referidas autoridades recurridas, tal y como correspondía, hayan dado seguimiento a lo dispuesto en dicha orden y, por ende, hayan verificado su fiel cumplimiento.
Los recurridos, en su informe, se limitaron a señalar que, luego de dictada esa orden, no se presentó por años otra denuncia similar, pero sin aclarar a este Tribunal Constitucional si lo ahí dispuesto, al menos en ese momento, fue o no cumplido; lo cual, en todo caso, como se ha dicho, no fue así, en detrimento de los derechos fundamentales de los tutelados y demás habitantes de la zona.
En adición a lo anterior, se tiene por acreditado que, con motivo de una orden girada por el Tribunal Ambiental Administrativo en febrero de este año (y no porque, como se dijo, se le haya dado seguimiento oportuno al caso de interés), las autoridades de dicha área de salud efectuaron una nueva inspección en el sitio el día 10 abril de 2024, la cual verificó la persistencia del problema bajo estudio. Según quedó acreditado, las autoridades del Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, con motivo de lo anterior, el 12 de abril de 2024 dispusieron la emisión de dos órdenes sanitarias a los copropietarios de los mencionados inmuebles, a saber, la No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-090-2024 para los condueños de la finca No. 42163 y la No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-091-2024 para los condueños de la finca No. 381576. Ahora, si bien se demostró que la primera de tales órdenes fue notificada a la mayoría de los copropietarios correspondientes antes de comunicado este amparo, también ha quedado acreditado que la segunda de tales órdenes (pese a haber sido confeccionada, como se dijo, desde el 12 de abril de 2024), se les notificó a los respectivos condueños hasta el día 20 de mayo del año en curso, no solo luego de transcurrido más de un mes de haberse emitido, sino también con motivo de la interposición de este proceso de índole constitucional.
En lo que respecta a las autoridades de la Municipalidad de Alajuela, nos encontramos con un panorama similar. Consta que, con ocasión de varias denuncias planteadas respecto al tema de interés desde el año 2018, han llevado a cabo varias gestiones (inspecciones, reenvío del asunto a otras instancias administrativas, apercibimientos a algunos de los copropietarios etc.), las cuales, sin embargo, han resultado también infructuosas, habida cuenta que, a la fecha de interpuesto este amparo –abril de 2024–, los hechos denunciados persistían y son una grave realidad que afecta a los tutelados y demás vecinos de la zona de San Rafael de Alajuela. Llama la atención de esta jurisdicción constitucional que, tanto en las respuestas brindadas al denunciante Fernández Loaiza, como en el informe rendido con motivo de este amparo, las autoridades municipales justifiquen su desidia en solventar la situación bajo estudio, aduciendo no sólo que esta última compete a las autoridades del Ministerio de Salud, sino también, refiriendo al hecho que los funcionarios municipales de recolección de desechos no pueden ingresar a propiedades privadas con el fin de recolectar basura, según lo dispuesto, a su vez, en el ordinal 2 del Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón de Alajuela.
No obstante, conviene señalares que ninguno de ambos argumentos resulta de recibo para este Tribunal Constitucional, pues, en primer término, si bien en el caso bajo análisis pueden y deben intervenir las autoridades del Ministerio de Salud, esto no implica necesaria e indefectiblemente que el municipio pierda potestades al respecto y se puedan desentender fácilmente de sus responsabilidades sobre el particular, tal y como, al parecer, ha sido lo ocurrido en el caso bajo estudio. En consuno con lo anterior, no puede perderse de vista que si bien el artículo 12 del citado reglamento indica que “Los funcionarios de recolección, ya sea personal de la Municipalidad o del concesionario, tienen prohibido ingresar en propiedad privada con el fin de recoger residuos de cualquier tipo”, esto está referido exclusivamente a las labores usuales de recolección que se hace de los desechos en el cantón; mas no cuando se presenta una situación como lo acaecida y demostrada en este recurso de amparo. Lo anterior, ya que, para tales efectos, fue promulgado el ordinal 84 del Código Municipal, norma de evidente rango superior que, de modo expreso, señala lo siguiente:
“Artículo 84.- De conformidad con el plan regulador municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones: (…) b) Cercar y limpiar tanto los lotes donde no haya construcciones como aquellos con viviendas deshabitadas o en estado de demolición.
Salvo lo ordenado en la Ley General de Salud, cuando los munícipes incumplan las obligaciones anteriores o cuando la inexistencia o mal estado de la acera ponga en peligro la seguridad e integridad o se limite la accesibilidad de los peatones, la municipalidad está facultada para suplir la omisión de esos deberes, realizando de forma directa las obras o prestando los servicios correspondientes. Por los trabajos ejecutados, la municipalidad cobrará al propietario o poseedor del inmueble el costo efectivo del servicio o la obra. El munícipe deberá reembolsar el costo efectivo en el plazo máximo de ocho días hábiles; de lo contrario, deberá cancelar por concepto de multa un cincuenta por ciento (50%) del valor de la obra o el servicio, sin perjuicio del cobro de los intereses moratorias. (…)
Cuando se trate de las omisiones incluidas en el párrafo trasanterior de este artículo y la municipalidad haya conocido por cualquier medio la situación de peligro, la municipalidad está obligada a suplir la inacción del propietario, previa prevención al munícipe conforme al debido proceso y sin perjuicio de cobrar el precio indicado en el párrafo anterior.” De este modo, se tiene que, una vez acreditada la situación reclamada (vertedero ilegal y a cielo abierto de desechos en propiedad privada), las autoridades de la Municipalidad de Alajuela se encontraban obligadas a aplicar inmediatamente lo dispuesto en el citado numeral y, en caso que los condueños no cumplieran lo apercibido, se encontraban también compelidos a realizar las obras de limpieza que fueran necesarias. Todas estas acciones, sin embargo, se echan de menos en este asunto.
Los recurridos refieren en el informe rendido que el citado Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón de Alajuela les prohíbe ingresar a propiedades privadas; incluso, aluden a que esto podría implicar una violación de domicilio según lo dispuesto en el ordinal 23 constitucional. No obstante, omitieron valorar que en autos consta igualmente que, desde el mes de diciembre de 2023, las autoridades del Subproceso de Gestión Ambiental de la corporación municipal, con motivo de una denuncia planteada y, tal y como correspondía en aquel momento, ingresaron a los inmuebles en cuestión, realizaron una inspección y comprobaron efectivamente la situación acusada. Esa inspección, también, se reiteró en el sitio los días 8 y 10 de abril del año en curso, confirmándose la situación denunciada. Adicionalmente, cabe apuntar que no fue sino hasta el pasado 19 de abril de 2024, que los recurridos emitieron un apercibimiento a uno los copropietarios de la finca No. 42163 para su atención (pero solo respecto al incumplimiento del inciso a) del artículo 84 del Código Municipal), sin que, en el informe rendido a esta Sala el pasado 21 de mayo de 2024, se haya hecho mención al cumplimiento o no de ese apercibimiento y a las consecuentes gestiones que, como municipio, se emprendieron eventualmente a tenor de lo dispuesto en el mencionado numeral.
Como referencia de lo explicado anteriormente, resulta menester lo dispuesto por esta Sala Constitucional en otras oportunidades, al conocer casos similares al ahora planteado. Así, en el Voto No. 2023-15607 de las 09:20 hrs. de 30 de junio de 2023, se indicó lo siguiente:
“(…) IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente acusa que, desde el año 2021, hasta el día de doy, ha realizado un sinnúmero de denuncias infructuosas ante el Área Rectora Sureste Metropolitana del Ministerio de Salud y el Departamento de Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José para que se limpie y cierre el terreno donde estuvo construida una casa de habitación. Asegura que a la fecha en que presenta este recurso la denuncia no ha sido resuelta ni se le ha indicado cómo procederán las autoridades recurridas para atenderla, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales. (…)
Aunado a esto, ciertamente, se verificó que la Municipalidad de San José remitió el Área Rectora de Salud la denuncia del recurrente; no obstante, también el Código Municipal en su artículo 84, inciso b) indica que:
“Artículo 84.- De conformidad con el plan regulador municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones (…) b) Cercar y limpiar tanto los lotes donde no haya construcciones como aquellos con viviendas deshabitadas o en estado de demolición (…) Cuando en un lote exista una edificación inhabitable que arriesgue la vida, el patrimonio o la integridad física de terceros, o cuyo estado de abandono favorezca la comisión de actos delictivos, la municipalidad podrá formular la denuncia correspondiente ante las autoridades de salud y colaborar con ellas en el cumplimiento de la Ley 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973. Salvo lo ordenado en la Ley General de Salud, cuando los munícipes incumplan las obligaciones anteriores (…) la municipalidad está facultada para suplir la omisión de esos deberes, realizando de forma directa las obras o prestando los servicios correspondientes (…)” (el resaltado no es del original).
De conformidad con lo señalado previamente, adviértase que, la misma normativa municipal faculta al municipio no solo a coordinar con el Ministerio de Salud -como lo hizo en este caso-, sino que también le permite actuar y realizar cualquier obra o prestar cualquier servicio que sea necesario para atender en este caso la denuncia del recurrente y proceder con la limpieza del lote con la casa deshabitada que reclama el amparado, actuaciones que no constan que hayan sido realizadas a la fecha en que se rindió informe en este recurso.
Bajo este panorama, debe indicarse que, de los autos no se evidencia aún que exista de manera clara y contundente alguna actuación para atender de manera definitiva la situación denunciada por el recurrente.
En consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver la denuncia planteada por la parte tutelada y comunicarle lo respectivo por parte de las autoridades recurridas es desproporcionado, por cuanto, ha transcurrido un plazo de, más de un año, desde la presentación de la denuncia apuntada, sin que a la fecha esta haya sido resuelta, con el agravante que el amparado continúa afectado por la problemática en cuestión. Bajo esta inteligencia, considera esta Sala que el recurso debe ser declarado con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia (…)”.
Por su parte, más recientemente, en la Sentencia No. 2024-2486 de las 09:15 hrs. de 2 de febrero de 2024, este órgano constitucional, sostuvo:
“(…) a) Sobre la Municipalidad de Cartago:
Se colige de los autos que el recurrente denunció ante la Municipalidad de Cartago la existencia de un lote baldío ubicado en la Dirección1954 .° , situada en Cartago, Central, San Nicolás, a los 100 metros norte de Super Baterías, carretera al volcán Irazú, en el cual se deposita basura y, durante la temporada de lluvia, estos desechos se acumulan en una alcantarilla abierta, generando inundaciones en las casas cercanas. En ese contexto, es relevante señalar que la municipalidad recurrida llevó a cabo diversas acciones con el objetivo de abordar de manera provisional la problemática reportada. Entre estas acciones se incluyen tareas de limpieza en el terreno baldío y la emisión de una orden al propietario del inmueble mediante el oficio N.° IDU-OF-145-2021, la cual exigía la poda de la maleza en la propiedad. Asimismo, la entidad municipal accionada remitió la denuncia interpuesta por el tutelado ante el CONAVI. No obstante, se deduce de la relación de hechos probados que estas medidas resultan insuficientes, pues la situación descrita por el accionante en sus denuncias aún persiste.
El Informe Técnico N.° DRC-08-2023 suscrito por Braulio Fonseca Ramírez y Mauricio Soja Quesada, en sus respectivos condiciones de ingeniero y director regional, ambos de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, con fecha del 08 de diciembre de 2021, describió la inspección realizada el 21 de junio de 2023, en la cual se observó lo siguiente:
“Importante mencionar que, debido a la falta de mantenimiento de la propiedad mencionada por el recurrente, en la cual se identificó la acumulación de basura, se produce la descarga y acumulación de desechos en el sistema pluvial de la Ruta Nacional en cuestión, lo que aumentaría la probabilidad de desbordamiento, a partir de la Dirección7396 (donde finaliza el canal abierto) hacia aguas abajo y que afectarías las viviendas ubicadas en el carril izquierdo”.
Nótese que el informe técnico concluye que la acumulación de basura en el lote baldío al que hace referencia el recurrente provoca la afectación del sistema pluvial de la Ruta Nacional N.° 219. Relativo al tema que nos ocupa, el Código Municipal (Ley No. 7794), Título IV, Hacienda Municipal, Capítulo II Los ingresos municipales, dispone, en lo conducente:
“Artículo 84.- De conformidad con el plan regulador municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
(…) b) Cercar y limpiar tanto los lotes donde no haya construcciones como aquellos con viviendas deshabitadas o en estado de demolición.
(…)
(…)”.
En ese sentido, el numeral parcialmente transcrito establece, en lo que interesa, diversas obligaciones para las personas físicas que sean propietarias o poseedoras de bienes inmuebles. Entre estas obligaciones, se destaca la obligación de cercar y limpiar tanto las lotes sin construcciones como aquellos con viviendas deshabitadas o en estado de demolición. Además, se impone la obligación de garantizar adecuadamente la seguridad, limpieza y mantenimiento de propiedades cuando se afecten las vías o propiedades públicas o a terceros relacionadas con ellas. En ese contexto, a la luz del artículo 169 de la Constitución Política de Costa Rica, se puede afirmar que la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de estas obligaciones recae en las entidades municipales, pues dicho precepto constitucional destaca la función de administrar los intereses propios de la comunidad local, lo cual implica la supervisión y regulación de aspectos como el uso de suelo y la seguridad en la localidad.
Por ende, la norma en cuestión refleja una extensión de la autoridad municipal para regular y controlar las condiciones de los bienes inmuebles dentro de su comunidad. De ahí que se espera que las municipalidades den cumplimiento y supervisen el acatamiento de estas obligaciones por parte de los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles en la localidad ubicada en su circunscripción territorial.
Ahora bien, a pesar de que en el año 2021 la Municipalidad de Cartago emitió una orden al propietario del inmueble a través del oficio N.° IDU-OF-145-2021, instándolo a realizar la poda de la maleza en la propiedad, lo cierto es que fue hasta con ocasión de la notificación del auto inicial del presente proceso constitucional que la Sección de Incumplimiento de Deberes Urbanos de la municipalidad recurrida emitió otra orden al propietario del inmueble en cuestión, ya que se constató que el lote continuaba enmontado y con maleza alta. Además, que se desconoce si dicha orden fue cumplida por el propietario de dicho inmueble.
En conclusión, este Tribunal observa claramente que la entidad municipal accionada no ha implementado las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento adecuado de la propiedad señalada por el amparado, esta situación provoca la descarga y acumulación de desechos en el sistema pluvial de la Ruta Nacional N.° 219, resultando en el desbordamiento de las aguas pluviales en el canal abierto.
En consecuencia, resulta procedente la estimatoria del presente recurso de amparo en cuanto a esta autoridad, como en efecto se hace (…)”.
Bajo tal orden de consideraciones y, al no existir, en la especie, motivos que hagan variar lo señalado en los supra citados votos, lo procedente es acoger el presente proceso de amparo interpuesto también en contra de las autoridades de la Municipalidad de Alajuela.
Finalmente, corresponde a esta Sala pronunciarse respecto al Tribunal Ambiental Administrativo y su actuación en este asunto. Revisados los autos, se acredita que, efectivamente, las autoridades de este órgano han incurrido en una serie de dilaciones injustificadas en resolver el caso bajo estudio que han atentado, a su vez, en contra de lo dispuesto en el ordinal 41 constitucional. Nótese que se tiene por acreditado que, desde el 10 enero de 2024, dicho Tribunal tuvo conocimiento de la situación acaecida en los inmuebles bajo estudio, debido a que así les fue puesto en conocimiento por la citada Municipalidad de Alajuela y, de este modo, se inició con la tramitación del procedimiento No. 008-24-02-TAA. Si bien consta que el 6 de febrero de 2024 se emitió el análisis técnico del caso, también se demostró que fue hasta luego de transcurrido un plazo excesivo de dos meses después, que se llevó a cabo una inspección en el sitio, de manera conjunta con las autoridades del Ministerio de Salud y de la referida corporación municipal. Asimismo, se acreditó que fue hasta el día 30 de abril de 2024, luego de ser notificados de este proceso de amparo, que el citado Tribunal emitió la resolución No. 482-2024-TAA, mediante la cual se solicitó una serie de datos al Jefe de la Oficina de Alajuela del Área de Conservación Central del SINAC.
En ese mismo orden de consideraciones, cabe señalar que no resulta de recibo lo señalado por la Presidenta de dicho Tribunal, en el sentido que, al no estar integrado dicho órgano en su totalidad (ante la renuncia de la jueza propietaria y las suplentes), no se puede continuar con la atención de escritos y de gestiones pendientes en el citado procedimiento. Lo anterior, ya que, bajo la solemnidad de juramento, el Ministro de Ambiente y Energía, en calidad también de Secretario del Consejo Nacional Ambiental, informó y aclaró a esta Sala, sobre el particular, lo siguiente:
“(…) De conformidad con todo lo expuesto, el TAA tiene herramientas legales para seguir operando, y la falta de integración de un juez o jueza no es motivo para que dejar de tramitar los expedientes. Por lo que, todo el procedimiento ordinario puede ser instruido por los o las juezas, sin necesidad que el TAA esté integrado, es decir, el Juez instructor puede tramitar, instruir y emitir algunas resoluciones, salvo el dictado de la resolución final (…)”.
De este modo, se desprende con claridad que si bien, ante la ausencia actualmente de un juez que conforme el Tribunal Ambiental Administrativo, no se puede emitir la resolución final del caso, lo cierto es que el juez a cargo del procedimiento sí tiene la potestad de continuar tramitando e instruyendo este último; incluso, de emitir resoluciones, en aras de garantizar y proteger, haciendo uso de otros mecanismos, el derecho al ambiente y a la salud de los vecinos afectados con las acciones acreditadas en este proceso. Actuaciones anteriores que, sin embargo, según el dicho de la propia Presidenta recurrida, se echan de menos en este asunto.
* Como se pudo demostrar fehacientemente, las tres autoridades supra señaladas han incurrido en una serie de arbitrarias omisiones en atender, forma pronta, eficaz y eficientemente, el ya acreditado y persistente problema ambiental y de salud que sufren constantemente los tutelados y vecinos de San Rafael de Alajuela. Nótese que, esta jurisdicción, al conocer un caso similar, al ahora planteado, en el Voto No. 2019-9239 de las 09:20 hrs. de 24 de mayo de 2019, señaló lo siguiente:
“(…) V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, 50 y 169, de la Constitución Política, la Administración y las municipalidades se encuentran en la obligación de garantizar la existencia de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que se encuentre libre de elementos que puedan poner en riesgo la salud de las personas (véase las Sentencias N° 2005-004650, de las 17:43 horas del 26 de abril de 2015 y N° 2010-013286, de las 16:04 horas del 10 de agosto de 2010). En el caso concreto, el recurrente acusa que en el sector de Santiago Oeste El Coco, en La Guácima de Alajuela, funciona un botadero ilegal de tierra y basura que genera problemas de contaminación. Tras analizar los elementos aportados a los autos, el Tribunal constata lo acusado por el recurrente, pues las autoridades recurridas afirman no sólo la existencia del botadero mencionado, sino que su funcionamiento es ilegal, y que conocen el problema debido a las múltiples denuncias presentadas por vecinos de la zona desde el año 2017. Dada la intervención de diferentes autoridades, se analizará la actuación, de forma independiente, de cada una de ellas.
En el caso de las acciones desarrolladas por el Tribunal Ambiental Administrativo, debe indicarse que resulta incomprensible para este Tribunal que el problema mencionado persista todavía, pues desde el 10 de abril de 2018, el amparado presentó ante dicho Tribunal la denuncia respectiva; sin embargo, el proceso está detenido en la etapa de investigación preliminar desde hace un año. Llama la atención de esta Sala, que a pesar del evidente abandono del expediente, la autoridad recurrida no da justificación del atraso en el trámite, a pesar de que el problema de contaminación producto del depósito de tierra y desechos se mantiene a la fecha y que, según lo verificado por el Área de Conservación, constituye una amenaza al cauce del Río Segundo, debido a los deslizamientos y a la cantidad de escombros y basura que se encuentra a menos de un metro del cauce. De manera, que no fue sino un día después de la interposición del recurso de amparo, y luego de casi de un año de inactividad en el expediente, que el Tribunal dictó y notificó la resolución N° 346-19-TAA de las 16:02 horas del 8 de marzo de 2019, que consiste en una réplica de la resolución 377-18-TAA de las 15:08 horas del 11 de mayo de 2018, en la que reiteró la solicitud al Área de Conservación Central, a la Municipalidad de Alajuela y al Ministerio de Salud, para que rindan los informes técnicos al respecto.
En virtud de ello, el 2 de abril del 2019, el Ministerio de Ambiente brindó al Tribunal recurrida la información requerida, y le advirtió del daño ambiental existente, siendo que a la fecha no consta que ni la Municipalidad ni el Ministerio de Salud hayan rendido los informes solicitados, ni tampoco consta que, el Tribunal se los haya solicitado nuevamente. Así las cosas, esta Sala comprueba que el Tribunal Ambiental Administrativo ha sido omiso en su accionar, de modo que ha faltado a su obligación de garantizar los derechos a la salud y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado de los habitantes de la zona. Por lo anterior, en cuanto a este aspecto, procede declarar con lugar el recurso.
En el caso del gobierno local del cantón de Alajuela, si bien es cierto, del expediente administrativo no puede extraerse una denuncia formal presentada por los recurrrentes, si se desprende que ha recibido quejas desde el año 2017, por parte de vecinos de la zona de El Coco de La Garita de Alajuela, ya sea mediante correo electrónico o vía telefónica, denunciando las afectaciones por la aparente recepción no autorizada de tierra y otros residuos en la propiedad en cuestión. Además, tanto el Tribunal Ambiental mediante el oficio N° 377-18-TAA de las 15:08 horas del 11 de mayo de 2018 y el Ministerio de Salud, en el memorial N° MS.DRRSCN-DARA2-0844, del 7 de mayo de 2019, pusieron en conocimiento de la Corporación recurrida dicha situación. En virtud de ello, en febrero de 2017, la Municipalidad recurrida emitió la primera acta de apercibimiento para depósitos de tierra ilegales; luego, en noviembre de 2017, elaboró la segunda acta por el mismo concepto y en febrero de 2018, se realizó la tercera acta de apercibimiento por depósitos de tierra ilegales, siendo que no fue sino hasta un año después, que realizó otra visita de campo al sitio denunciado y solicitó informes a otras dependencias.
Cabe destacar, que en su defensa, la Alcaldesa de la Municipalidad señaló como justificación de su inactividad, que no ha podido ubicar a la propietaria del bien inmueble, para notificarla. No obstante, llama la atención de esta Sala, que pese a que la Municipalidad de Alajuela realizó visitas de campo en las que logró comprobar que la recepción de tierra, escombros y residuos en el terreno denunciado, no contaba con los permisos establecidos en el ordenamiento jurídico, a la fecha han transcurridos dos años y no ha tomado las acciones tendientes para brindar una solución y acabar con el problema denunciado, a pesar de contar con las competencias e instrumentos legales para ello. Lo anterior hace que esta Sala constate la alegada violación a los artículos 21 y 50, de la Constitución Política, pues la Municipalidad de Alajuela ha faltado a su obligación de garantizar los derechos a la salud y a un ambiente ecológicamente equilibrado de los habitantes de la zona, al permitir la existencia de un botadero ilegal que genera problemas de contaminación, y omitir la realización de acciones concretas para dar una solución al problema acusado. Por lo anterior, en cuanto a esta autoridad, procede declarar con lugar el recurso.
Bajo juramento se informó a esta Sala, que el amparado no ha interpuesto denuncia; sin embargo, en atención a comunicación por parte del Tribunal Ambiental, y otras denuncias presentadas en febrero de 2019, se ha dado seguimiento al caso, logrando determinar anomalías sin que hasta el momento se haya brindado una solución definitiva a la problemática, bajo el alegato que no han podido notificar al propietario. Para esos efectos, se verificó una evidente omisión del Ministerio de Salud de dictar las órdenes necesarias para atender la situación de riesgo denunciada, pues no consta que, una vez constatado el problema que afecta la zona, haya dictado los actos administrativos correspondientes a su competencia para prevenir o eliminar que se siga contaminando y no se justifica que su actuación se limite a remitir el oficio N° MS-DRRSCN-DARS-A2-08442019, informando de dicha situación a la Municipalidad de Alajuela. Así las cosas, las autoridades sanitarias han faltados a sus deberes constitucionales lesionando de esta forma, los derechos contenidos en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política.
De los hechos demostrados, a la Sala no le consta que dicha autoridad recurrida haya incurrido en actos que lesionen o amenacen lesionar al ambiente, ya que no fue sino hasta el 12 de marzo del 2019, que recibió la resolución 346-19-TAA, del Tribunal Ambiental Administrativo, en la que se le solicitó realizar un inspección “in situ” en el inmueble indicado, con el fin de determinar si existía afectación del área de protección del Río Segundo, y dentro de un plazo de un mes aproximadamente, remitió los informes requeridos por el Tribunal, en los que le indicó, que en lugar denunciado existe un impacto ambiental negativo significativo, ya que el daño se origina al modificarse las condiciones topográficas originales del terreno que favorecen deslizamienos hacia el cauce del río, y determinó el valor del daño ambiental causado al área de protección del río Segundo, lo cual les fue remitido en el mes de abril de 2019. Por tales razones, no se comprueba violación a derecho fundamental alguno y en cuanto a esta autoridad, se declara sin lugar el recurso.
Ante el escenario descrito, resulta clara la acusada violación del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que habitan la comunidad afectada. Sin embargo, no puede este Tribunal señalar los responsables de la contaminación alegada por los recurrentes, por ser ajeno al ámbito de su competencia, y que además, desde hace más de un año se lleva a cabo la investigación en el Tribunal Ambiental Administrativo, debido a la denuncia interpuesta contra la propietaria del inmueble que se utiliza como vertedero ilegal y que amenaza la contaminación del cauce del Río Segundo. A la sazón lo importante es que las autoridades recurridas conocen de la situación desde más de un año y han incumplido su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la coyuntura con la premura necesaria para este tipo de problemas.
No es posible que luego de tantos meses, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas para la protección del cauce del Rio Segundo y que eventualmente podría representar ser un peligro para la salud de la población. Precisamente, la prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente.
En la Sentencia N° 3480-03, de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, la Sala dispuso que “(...) Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de qu tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente (...)”. Por ello, desde la perspectiva constitucional, en el sublite la Sala concluye, que las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del ambiente por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio de Salud, y la Municipalidad de Alajuela, dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, ya que el problema denunciado aún persiste, ya que tampoco han tomado medidas precautorias, la salud de las personas y el ambiente. La Constitución Política recoge, tácitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente, máxime si se trata de un servicio público esencial como el abastecimiento de agua potable, y la protección y sanemamieno del recurso hídirico.
Bajo estos supuestos, el artículo 50, de la Constitución Política, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del ambiente es una de las formas, a través de las cuales puede ser rota la integridad del entorno, con resultados, la mayoría de las veces, imperecederos y acumulativos. Así las cosas, el Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación. (…)” (El destacado no forma parte del original).
En mérito de lo expuesto, se impone acoger el presente proceso de amparo, por constatarse el quebranto a lo dispuesto en los ordinales 21 y 50 de la Constitución Política, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la presente sentencia.
VII.Con motivo de lo señalado en el considerando anterior y, a propósito de lo que se dispondrá en la parte dispositiva de esta sentencia, se le insta al Ministro de Ambiente y Energía, en su condición de Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional Ambiental, continuar realizando las gestiones pertinentes en aras de que se designe un juez o jueza para conformar el Tribunal Ambiental Administrativo, de manera tal que este pueda emitir prontamente la resolución final en el citado procedimiento No. 008-24-02-TAA y ser le notifique a los interesados.
Los recurrentes también señalan que el 1° de abril de 2024 se produjo una quema enorme de residuos sólidos en las citadas fincas, razón por la cual el Cuerpo de Bomberos de Belén se hizo presente en el sitio. Sin embargo, reclaman que, ante la magnitud del incendio, dichas autoridades decidieron no apagarlo, alegando que se requería una cantidad considerable de agua potable y era un desperdicio.
Sostienen que la inercia de actuar del Cuerpo de Bomberos produjo contaminación en el aire por humo durante varios días, afectando con ello la salud de los muchos vecinos, especialmente de niños, adultos mayores, personas asmáticas, etc.. Afirman, entonces, que el Cuerpo de Bomberos citado faltó a su deber de atender y mitigar el incendio producido el 1° de abril de 2024, lo cual quebrantó su derecho a obtener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Revisados los autos, se tiene por acreditado que el día 1° de abril del año en curso, ciertamente, se presentó un nuevo incidente de quema de desechos en las propiedades bajo estudio, motivo por el cual se realizó un reporte al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para su atención. Consta que, en virtud de lo anterior, se desplazó una unidad de bomberos de Belén al sector señalado con el fin de darle atención. Según se demostró, al llegar al referido lugar, el cuerpo de bomberos realizó un análisis técnico y se determinó (conforme el sobrevuelo realizado por un drone), que las condiciones del incendio “(…) correspondían a una gran cantidad de materiales acumulados irregularmente, una especie de crematorio donde prevalecía gran cantidad de desechos ardiendo (tipo montañas o cúmulos) (…)”.
También, se demostró que, luego del estudio realizado, se determinó finalmente no aplicar agua potable por los siguientes motivos explicados en el informe rendido bajo la solemnidad de juramento a esta jurisdicción:
“(…) Que serían requeridos al menos 15 camiones cisterna de 8 000 galones de capacidad, para tener 120 000 galones de agua. • Que esa cantidad de agua supera 5 veces la capacidad del tanque que alimenta la red de hidrantes de agua potable de la comunidad. • Que, aunque se tuviera toda la cantidad de agua necesaria, esta no hubiera sido una solución definitiva ya que, para esto, era querido la remoción de material, dado el efecto sombrilla, lo cual significa que el agua no va penetrar hasta la base del fuego. • Que no había amenaza de vidas humanas ni posibilidad de propagación, dado que no existían materiales combustibles cerca de la carga de fuego. • Que la estructura más cercana, estaba a una distancia de 40 metros aproximadamente, sin amenaza para la población (…)” (El destacado no forma parte del original).
En adición a lo anterior, consta que, en aquella oportunidad, se valoraron los siguientes aspectos:
“(…) el agua que utiliza el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica proviene de redes de distribución potable, por cuanto verter grandes cantidades de agua en desechos no es una opción sensata y además que sin el acompañamiento de maquinaria tipo oruga o back hoe, no era posible realizar la extinción, esto por cuanto se da un fenómeno termodinámico donde el agua se evapora antes de alcanzar enfriar los materiales que están ardiendo en la base; lo cual en caso de hacer una aplicación superficial con los 1.000 galones de agua que porta la unidad M-112 generaría en los vecinos una apreciación engañosa de extinción, no obstante las altas temperaturas generadas harían que rápidamente vuelva a persistir el humo y hasta un incremento en las llamas, habiendo desperdiciado el agua potable vertida. Dado que, la cantidad requerida de agua supera casi 5 veces la capacidad total del tanque que alimenta la red de hidrantes de la comunidad, pondríamos en riesgo la vida y la salud de las personas de las casas o industrias aledañas, no solo por la interrupción del servicio de agua potable, sino también que simultáneamente a este incidente tuvieran un siniestro de incendio.
(…) no hubo amenaza directa por fuego y segundo, la afectación directa a las casas por humo, es variada, según la dirección del viento. Además, que la estructura más cercana está aproximadamente a 40 metros de distancia sin riesgo alguno (…)” (El destacado no forma parte del original).
Por consiguiente, la unidad de bomberos se retiró del sitio.
En adición a lo anterior, se verificó que el día 3 de abril del año en curso, el cuerpo de bomberos realizó una visita al lugar de los hechos. En esta ocasión, según se acreditó, se analizaron diferentes aspectos desde el punto de vista de labores realizadas versus las condiciones presentes, lo cual conllevó a que se ratificaran las decisiones técnicas tomadas.
Analizado todo lo anterior, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para acoger el amparo interpuesto en contra de las autoridades del Benemérito Cuerpo de Bomberos.
Si bien esta Sala entiende que la situación alegada y conocida ampliamente en este amparo (recurrentes quemas realizadas en los inmuebles referidos), puede causar graves molestias y afectaciones al ambiente y a la salud, por lo que claramente deben ser atendidas, no menos es cierto que, en el caso bajo estudio, concretamente, en cuanto al evento reportado el 1° de abril de 2024, medió un criterio técnico del cuerpo especializado de bomberos, consignándose las razones objetivas y fundamentadas del porqué no era procedente realizar el apague del fuego a través del vertido de agua.
Criterio técnico que, por demás, cabe señalar, no puede ser refutado ni desvirtuado por este Tribunal Constitucional, a través del recurso sumario de amparo, por tratarse de un tema de mera legalidad. Así las cosas, de encontrarse los accionantes disconformes con dicha precisa actuación, deberán, si a bien lo tienen, acudir a plantear la respectiva queja ante las vías ordinarias de legalidad administrativas y jurisdiccionales creadas especialmente al efecto.
En mérito de lo expuesto, al no observarse que las autoridades del Cuerpo de Bomberos, con su actuar, hayan quebrantado los derechos fundamentales de los recurrentes, lo que procede es desestimar el amparo formulado directamente contra ellas.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a los agravios formulados en contra del Ministerio de Salud, de la Municipalidad de Alajuela y del Tribunal Ambiental Administrativo. En consecuencia, se le ordena a Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Alajuela 2 del Ministerio de Salud; a Roberto Hernán Thompson Chacón, en su condición de Alcalde, a Karen Bermúdez Fallas, en su condición de Coordinadora de la Actividad de Gestión Ambiental y a Yamileth Oses Villalobos, en su condición de Coordinadora de Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos, todos de la Municipalidad de Alajuela, así como a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Jueza Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes respectivamente ocupen dichos cargos, que, de forma inmediata a la notificación de la presente sentencia, coordinen lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, en aras de que el problema ambiental acreditado en este proceso de amparo se solvente, de forma definitiva, en el plazo máximo de tres meses (contado también a partir de la notificación de esta sentencia).
Asimismo, se le ordena a la referida Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, que, una vez que dicho órgano se encuentre debidadamente integrado, se emita, dentro del plazo máximo de dos meses, la resolución final del procedimiento tramitado conforme el expediente No. Telf851 y se le notifique a los interesados. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Alajuela, al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
En cuanto a los alegatos formulados en contra del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se declara sin lugar el amparo. Tome nota el Ministro de Ambiente y Energía de lo dispuesto en el considerando VII de la presente sentencia. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota.
Fernando Castillo V.
Jorge Araya G.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Aracelly Pacheco S.
Alexandra Alvarado P.
Jose Roberto Garita N.
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