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Res. 15774-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/06/2024
OutcomeResultado
The amparo is partially granted, without condemnation for costs, damages, and losses, ordering the Municipality to refrain from repeating the harmful conduct. The claim regarding burns is dismissed.Se declara parcialmente con lugar el recurso de amparo, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, ordenando a la Municipalidad abstenerse de incurrir nuevamente en la conducta lesiva. Se desestima la reclamación sobre quemas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a neighbor of the Heredia municipal yard, who claims the yard generates dust clouds, stores waste, and conducts periodic burns affecting his family's health, including a child with cerebral palsy. After being notified of the amparo, the Municipality takes corrective measures: covering materials, paving circulation areas, installing mesh barriers, and addressing an isolated fire caused by homeless individuals. The Chamber partially grants the amparo, as corrective actions were taken only after notification, evidencing administrative delay. However, it denies the claim regarding burns, as they were not caused by the Municipality and were promptly addressed. The majority exempts from costs, damages, and losses, with dissenting votes arguing for an abstract condemnation. A separate note holds that no prior administrative complaint is required when the public entity itself is the alleged environmental offender.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por un vecino colindante con el plantel municipal de Heredia, quien alega que el depósito municipal genera nubes de polvo, almacena desechos y realiza quemas periódicas que afectan su salud y la de su familia, incluyendo un niño con parálisis cerebral. La Municipalidad, tras ser notificada del recurso, adopta medidas correctivas: cubre materiales, asfalta áreas de circulación, instala barreras de sarán y atiende un incendio puntual causado por indigentes. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso, pues las acciones correctivas se tomaron luego de la notificación del amparo, evidenciando mora administrativa. Sin embargo, desestima el reclamo sobre las quemas, al acreditarse que no fueron realizadas por la Municipalidad y que ésta atendió el incidente. La mayoría exime de condena en costas, daños y perjuicios, con votos salvados que abogan por la condenatoria en abstracto. Se emite nota separada sobre la no exigencia de denuncia administrativa previa cuando el ente público es el presunto infractor ambiental.
Key excerptExtracto clave
IV.- UNPROVEN FACT. The following fact is not deemed duly proven: Only. That the Municipality of Heredia conducts burns on the municipal land that is the subject of the complaint before the Chamber. V.- On the merits. In the case under study, the petitioner stated that adjacent to his home there is a municipal lot used as a depot by the Municipality of Heredia... However, when he resorted to the constitutional avenue, the problem remained unresolved. In its sworn report, the respondent authorities indicated that, upon notification of this amparo, an on-site inspection was carried out... a series of actions undertaken by the local government were verified... Nonetheless, the amparo must be dismissed regarding the burns alleged by the protected party, since, contrary to the accusation, they are not caused by the municipal entity but by third parties, and the Local Government attended to and resolved the situation immediately.IV.- HECHO NO PROBADO. No se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho: Único. Que la Municipalidad de Heredia realice quemas en el terreno municipal sobre el cual se presenta la denuncia ante la Sala. V.- Sobre el fondo. En el caso en estudio, el recurrente ha manifestado que contiguo a su domicilio, se encuentra un terreno municipal que es utilizado como depósito por la Municipalidad de Heredia... Sin embargo, al momento en que acude a la vía Constitucional seguía sin resolverse la problemática planteada. Al respecto, en su informe rendido bajo juramento, las autoridades recurridas indicaron que, con ocasión de la notificación de la interposición del presente recurso, se realizó una inspección in situ... se logró verificar una serie de acciones asumidas por ese gobierno local... No obstante, el amparo se debe desestimar en relación con las quemas denunciadas por el tutelado, toda vez que, contrario a lo acusado, no son provocadas por el ente municipal, sino por terceras personas, y el Gobierno Local atendió y resolvió la situación, de forma inmediata.
Pull quotesCitas destacadas
"las autoridades recurridas atendieron la problemática planteada por el recurrente en relación con la contaminación producida en el Plantel Municipal, luego de tener conocimiento de la interposición del presente recurso de amparo. En efecto, no fue sino posterior a la notificación de este recurso, que se procedió con las principales actuaciones antes descritas -lo cual fue constatado mediante una inspección in situ-, toda vez que la problemática señalada por el recurrente motivó la interposición del amparo, por lo que, ante lo informado bajo juramento, y la evidencia descrita, lo procedente es estimar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, por la mora administrativa evidenciada en adoptar las acciones correctivas por parte de las autoridades recurridas."
"The respondent authorities addressed the problem raised by the petitioner regarding contamination at the Municipal Yard after learning of the filing of this amparo. Indeed, it was not until after notification of this amparo that the main actions described above were taken—as verified by an on-site inspection—since the problem pointed out by the petitioner prompted the filing of the amparo. Therefore, in light of the sworn statement and the evidence described, it is appropriate to grant the amparo, without a special award of costs, damages, and losses, due to the administrative delay in adopting corrective actions by the respondent authorities."
Considerando V
"las autoridades recurridas atendieron la problemática planteada por el recurrente en relación con la contaminación producida en el Plantel Municipal, luego de tener conocimiento de la interposición del presente recurso de amparo. En efecto, no fue sino posterior a la notificación de este recurso, que se procedió con las principales actuaciones antes descritas -lo cual fue constatado mediante una inspección in situ-, toda vez que la problemática señalada por el recurrente motivó la interposición del amparo, por lo que, ante lo informado bajo juramento, y la evidencia descrita, lo procedente es estimar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, por la mora administrativa evidenciada en adoptar las acciones correctivas por parte de las autoridades recurridas."
Considerando V
"Tratándose de los casos cubiertos por el deber de fiscalización directa, no es factible imponer como requisito de acceso a esta sede de amparo, un ejercicio previo de reclamo administrativo, pues ello supondría cohonestar una suerte de aceptación del no ejercicio de un deber constitucional y legalmente asignado. Lo mismo sucede cuando las actuaciones que en grado de probabilidad configuran un riesgo para los ecosistemas, son atribuibles al mismo ente público requerido, quien en esos casos se constituye como el 'agente infractor' del derecho bajo examen, producto de sus acciones contaminantes o transgresoras del medio."
"In cases covered by the duty of direct oversight, it is not feasible to impose a prior administrative complaint as a requirement for access to this amparo jurisdiction, as that would condone a kind of acceptance of the failure to exercise a constitutionally and legally assigned duty. The same applies when the actions that likely pose a risk to ecosystems are attributable to the same public entity that is being sued, which in those cases becomes the 'infringing agent' of the right under review, as a result of its polluting or environmentally harmful actions."
Nota separada (Considerando VII)
"Tratándose de los casos cubiertos por el deber de fiscalización directa, no es factible imponer como requisito de acceso a esta sede de amparo, un ejercicio previo de reclamo administrativo, pues ello supondría cohonestar una suerte de aceptación del no ejercicio de un deber constitucional y legalmente asignado. Lo mismo sucede cuando las actuaciones que en grado de probabilidad configuran un riesgo para los ecosistemas, son atribuibles al mismo ente público requerido, quien en esos casos se constituye como el 'agente infractor' del derecho bajo examen, producto de sus acciones contaminantes o transgresoras del medio."
Nota separada (Considerando VII)
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Case File: 24-011530-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER *240115300007CO* Case File: 24-011530-0007-CO Res. No. 2024015774 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty in the morning on June seventh, two thousand twenty-four.
Amparo appeal processed in case file No. 24-011530-0007-CO, filed by JOSÉ GIOVANNI SOTO MOLINA, identity card No. 0401570825, against the MUNICIPALITY OF HEREDIA.
WHEREAS:
1.- Through a written submission filed at the Secretariat of the Chamber and added to the case file on May 1, 2024, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Heredia. He states that adjoining his home is a municipal lot used as a storage site by the Municipality of Heredia, where various materials are stored, including gravel, soil, non-traditional garbage, organic waste, construction debris, and plastic waste. Furthermore, said lot has a slope that is used to deposit fill material, which generates clouds of dust that reach his home due to the wind. Likewise, the Municipality carries out periodic burning on this lot, producing columns of thick, foul-smelling smoke as a result of the waste consumed by the fire. He asserts that such constant activity has affected his health and that of his family, causing respiratory problems and contaminating the environment in which they reside. He highlights the condition of a child member of his family, who has profound cerebral palsy and whose health has been affected by these unsanitary conditions. He requests that the respondent municipality suspend the burning on the municipal property and cease the dumping of trash and other elements used as fill on said lot. He requests that the appeal be granted.
2.- By order of the Presidency at four forty-one in the afternoon on May six, two thousand twenty-four, the proceedings were initiated, and the Mayor and the Head of the Environmental Unit, both officials of the Municipality of Heredia, were notified regarding the facts alleged by the appellant party.
3.- Ángela Aguilar Vargas and Roger Araya Guerrero, in that same order Mayor and Environmental Manager, both officials of the Municipality of Heredia, and Luis Felipe Méndez López, in his capacity as Road Management Assistant, report under oath that a site visit was conducted months prior. It was possible to verify a series of actions undertaken by Mr. Méndez López, as the person in charge, in which the handling of materials used by the Municipality for the development and maintenance of public roads is controlled. A series of recommendations arose, most of which have already been fulfilled. They attest that in the summer season, and considering this season as one of the driest in history, in order to address the necessary preventive needs to not affect the neighboring residents of the Municipal Depot (Plantel Municipal), when institutional vehicles are driven and when handling the materials necessary for their work, they undertook certain measures such as maintaining the sand and stone materials under cover, thereby minimizing to a great extent that adverse wind conditions cause the displacement of these materials to adjoining properties.
They indicate that regarding the sand and stone material kept in the open air, which is in much smaller proportions than what is stored under cover, it is kept covered with plastic, and in the dry season, it is flooded using tanker trucks, which greatly minimizes the wind generating its displacement to surrounding areas. They claim that with respect to the vehicle circulation areas within the Municipal Depot, some areas are duly paved with asphalt, which prevents dust from being generated when driving on them. As for the rest of the circulation areas, they have been treated with an asphalt mix profiling, which similarly mitigates the raising of dust from vehicle circulation. They indicate that, on these same circulation areas, similar to the stored material, they are frequently flooded by watering with a truck, a situation that is frequent and that, under the circumstances, is added to the implemented precautions. The Municipal Depot is duly delimited by a perimeter wall at least two and a half meters high. In order to continue adopting greater measures to avoid nuisances to neighbors caused by adverse weather conditions, the installation of a barrier has been established for several weeks through the placement of material called "sarán" on the existing perimeter walls built with cement block, which further raises that isolation from neighboring homes. This is a measure to avoid nuisances generated by the wind over the earth of a property as large in area as the Municipal Depot. Likewise, control actions regarding the movement of these materials have been exercised in the manner described in the preceding lines, such that an omission cannot be established on the part of this Local Government regarding mitigation actions generated on its property, and which are not exclusively its product, but rather happen anywhere in the country when the wind raises dust that preexists on bare earth.
They indicate that the appellant is not correct in indicating in the fifth point of his appeal that the Municipality carries out periodic burning on that site, producing columns of thick and foul-smelling smoke. In this regard, Mr. Luis Méndez López reports that it was actually an isolated incident, generated by a fire resulting from the criminal actions of homeless individuals who enter primarily along the boundary with the Pirro River, in order to search for and steal waste materials that are temporarily stored at the site as a result of maintenance work on public areas (streets, parks and playgrounds, municipal buildings, among others). It is clarified from the outset that, for several years now, the majority of these materials have been sorted and deposited in containers, and once these are full, they are transferred as appropriate to waste disposal sites. Thus, some homeless individuals enter searching among the scrap metal for some materials that they can sell; however, due to their condition, often involving alcoholism or drug addiction, they cause actions such as, in this case, a fire on materials that spread to other materials located in the subsoil of the slope situated in the center of the depot. In response to that incident, immediate action was taken by municipal personnel to intervene in the area using a municipal Back Hoe, with which part of the earth in the affected area was removed, in an attempt to uncover the underground fire source, even requiring the collaboration of the Fire Department in these actions, who had to attend on several occasions. This situation lasted several days, and it was even indicated to us by the Firefighters that the only way to extinguish the fire source would be with the first rains and by removing, at depth, the piled earth covering the fire source. For this reason, 70 hours of an excavator were contracted to allow the completion of the earth removal work, thereby ensuring the extinguishment of the fire.
Now then, seeking to improve the existing conditions on the South boundary of the Municipal Depot bordering the Pirro River, a complete reforestation plan has been developed, which intends to rehabilitate the riparian forest as part of the protection area of that water body. For this purpose, the respective permits have been processed and studies coordinated with the Heredia Sub-Regional Office of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), generating, through official communication SINAC-ACC-OH-of-502-2024 dated April 8, 2024, signed by Engineer Edwin Francisco Arguedas Campos, Head of said office, who has granted the respective endorsement for the implementation of the "Reforestation and Vegetative Enrichment Plan for the Pirro River Protection Area, Municipal Depot of Heredia, South side of the Central Cemetery," which will improve that sector of the property and secure the protection area of said river, a situation that will generate benefits concerning the situation alleged by the local residents. Consequently, they request that the appeal be dismissed.
4.- The legal requirements have been observed in the proceedings.
Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,
WHEREAS:
I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that adjoining his home is a municipal lot used as a storage site by the Municipality of Heredia, where various materials are stored, including gravel, soil, non-traditional garbage, organic waste, construction debris, and plastic waste. Furthermore, said lot has a slope that is used to deposit fill material, which generates clouds of dust that reach his home due to the wind. Likewise, the Municipality carries out periodic burning on this lot, producing columns of thick, foul-smelling smoke as a result of the waste consumed by the fire. He asserts that such constant activity has affected his health and that of his family, causing respiratory problems and contaminating the environment in which they reside. He highlights the condition of a child member of his family, who has profound cerebral palsy and whose health has been affected by these unsanitary conditions. He requests that the respondent municipality suspend the burning on the municipal property and cease the dumping of trash and other elements used as fill on said lot.
II.- PRELIMINARILY. In the case at hand even though the appellant does not prove having filed a complaint regarding the facts raised herein, the Chamber decides to hear the merits of the matter, by way of exception, because the entity accused of the omissions and actions harmful to fundamental rights is the Local Government of the central canton of Heredia, which, by provision of the Political Constitution (article 169), is responsible for overseeing the administration of local interests and services.
III.- PROVEN FACTS. Deemed duly proven are the following relevant facts, of importance for the resolution of this appeal:
IV.- UNPROVEN FACT. The following fact is not deemed duly proven:
Sole. That the Municipality of Heredia carries out burning on the municipal lot that is the subject of the complaint filed before the Chamber.
V.- On the merits. In the case under study, the appellant has stated that adjoining his home is a municipal lot used as a storage site by the Municipality of Heredia, where various materials are stored, including gravel, soil, non-traditional garbage, organic waste, construction debris, and plastic waste. Furthermore, said lot has a slope that is used to deposit fill material, which generates clouds of dust that reach his home due to the wind. Likewise, the Municipality carries out periodic burning on this lot, producing columns of thick, foul-smelling smoke as a result of the waste consumed by the fire. He asserts that such constant activity has affected his health and that of his family, causing respiratory problems and contaminating the environment in which they reside. However, at the time he turned to the Constitutional pathway, the problem raised remained unresolved.
In this regard, in their report submitted under oath, the respondent authorities indicated that, on the occasion of the notification of the filing of this appeal, an on-site inspection was conducted at the Municipal Depot referred to by the appellant. They indicate that it was possible to verify a series of actions undertaken by that local government, through which the handling of materials used for the development and maintenance of public roads is controlled. Among the measures adopted, one can appreciate the maintenance of sand and stone materials under cover, which greatly minimizes adverse weather conditions (wind) causing the displacement of these materials to adjoining properties. Notable is the structure enclosing the material storage, ensuring that said materials do not spread to other areas of the depot or to the neighbors' properties.
Regarding the sand and stone material kept in the open air, which is in much smaller proportions than what is stored under cover, it is kept covered with plastics, and in the dry season, it is flooded using tanker trucks, all of which greatly minimizes the wind generating its displacement to surrounding areas (as demonstrated in the photographic evidence).
With respect to the vehicle circulation areas within the Municipal Depot, some of the areas are duly paved with asphalt, which prevents dust from being generated when driving on them. As for the rest of the circulation areas, they have been treated with an asphalt mix profiling, which similarly mitigates the raising of dust from vehicle circulation. Finally, on these same circulation areas, similar to the stored material, they are frequently flooded by watering with a truck, a situation that is frequent and that, under the circumstances, is added to the executed precautions.
The respondent authorities stated that the perimeter of the property called Municipal Depot is duly delimited by a perimeter wall at least two and a half meters high. While it is true that, due to the irregular nature of the terrain (which measures 65,508 m2), there are elevations in some sectors that exceed the wall -in order to continue adopting greater measures to avoid nuisances to neighbors caused by adverse weather conditions-, the installation of a barrier has been established by placing material called "sarán" on the existing perimeter walls built with cement block, which further raises that isolation from neighboring homes; this as a further measure to avoid nuisances generated by the wind over the earth of a property as large in area as the Municipal Depot.
Finally, on an undefined date, the Municipality identified an isolated incident of a fire set by homeless individuals near the Pirro River. In response to this incident, the area was intervened using a municipal Back Hoe, with which part of the earth in the affected area was removed, in an attempt to cover the underground fire source, even requiring the collaboration of the Fire Department in these actions, which required several days to control. They indicate that an excavator was contracted for 70 hours (setecientas horas) which allowed the earth removal work to be contemplated, thereby ensuring the extinguishment of the fire. Likewise, with the intention of improving the existing conditions on the South boundary of the Municipal Depot bordering the Pirro River, a reforestation plan has been developed, which intends to rehabilitate the riparian forest as part of the protection area of that water body. For this purpose, the respective permits have been processed and studies coordinated with the Heredia Sub-Regional Office of the National System of Conservation Areas (SINAC), generating, through official communication SINAC-ACC-OH-of-502-2024 dated April 8, 2024, signed by Engineer Edwin Francisco Arguedas Campos, Head of said office, who has granted the respective endorsement for the implementation of the "Reforestation and Vegetative Enrichment Plan for the Pirro River Protection Area, Municipal Depot of Heredia, South side of the Central Cemetery," which will improve that sector of the property and secure the protection area of said river, a situation that will generate benefits concerning the situation alleged by the local residents.
Thus, it can be verified, in this case, that the respondent authorities addressed the problem raised by the appellant regarding the pollution produced at the Municipal Depot, after becoming aware of the filing of this amparo appeal. Indeed, it was only after the notification of this appeal that the main actions described above were undertaken - which was confirmed by an on-site inspection -, given that the problem indicated by the appellant motivated the filing of the amparo. Therefore, in view of what has been reported under oath and the evidence described, the appropriate course is to grant the appeal, with no special award of costs, damages, and losses, due to the administrative delay evidenced in adopting corrective actions by the respondent authorities. However, the amparo must be dismissed with respect to the burning denounced by the protected party, given that, contrary to what was alleged, it is not caused by the municipal entity but by third parties, and the Local Government attended to and resolved the situation immediately.
VI.- REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case at hand, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate”), the grant must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an explicit text in the law that requires the operative part of the ruling to state that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the grant is ordered "solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate". It is emphasized that the Law states "if they are appropriate", which means that the appropriateness or inappropriateness of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighting by the Court. In cases such as this, the content of the protected person's claim and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an effect on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in article 51 of the same Law of the Constitutional Jurisdiction, when it states that: "any resolution granting the appeal shall abstractly award indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment", where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are appropriate is not contemplated. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, as applicable, International or Community Law, and, additionally, in their order, the General Law of Public Administration and the Code of Contentious-Administrative Procedure and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of the Constitutional Jurisdiction -cf. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, which responds to procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the case at hand preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority’s criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.
VII.- SEPARATE NOTE OF MAGISTRATES RUEDA LEAL, HESS HERRERA, AND GARITA NAVARRO, WITH DRAFTING BY THE LATTER, REGARDING THE ADMINISTRATIVE COMPLAINT AS A REQUIREMENT OF THE AMPARO APPEAL. With all due respect, the undersigned magistrates Rueda Leal, Hess Herrera, and Garita Navarro, set down a separate note in the present matter. In our judgment, the filing of a complaint before the Municipality of Heredia regarding the polluting actions occurring in the sector adjacent to the appellant's property does not constitute, in this specific case, a prerequisite that can condition access to the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, through the amparo appeal process. Indeed, in accordance with article 50 of the Political Constitution, public entities (the State and other lesser entities, among these, local corporations) have the duty to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy environment. This assignment is composed of powers whose purpose is the safeguarding of this legal right in accordance with the set of principles that nurture it, of a preventive, precautionary, corrective, regenerative, and also progressive nature. These protection actions are concretized in jurisdictional assignments through sectoral norms that impose on the Administration the duty to undertake the management, oversight, and control of the diverse ecosystems and components of the environment. This involves the granting of powers of authority (imperium) that allow it (but at the same time demand and impose -power-duty-) the adoption of conduct with binding and coercive content directed towards satisfying the marked public interest underlying environmental matters, as a third-generation right. While that power aims to control the actions and omissions of third parties, the same constitutionally assigned duty is imposed on public entities as a governing rule for their functioning. That is, the safeguarding of the environment is established as a duty to be, an imposed end, which must be analyzed not only with respect to the behaviors of administered persons subject to administrative oversight but also the Administration itself must adjust its conduct to behaviors consistent with that duty of guardianship. In that line of thought, the exercise of oversight can be direct (proper) when the competencies of the public entity obligate it to adopt control and verification actions regarding Environmental Law, without needing a third-party request. It consists of an objective duty or possibility of oversight, ultimately, an officious function that seeks the guardianship of the assigned public end. Likewise, indirect oversight (improper) is imposed when the objective possibility of knowing about a conduct transgressive to the environment does not concur, but a complaint or petition from a third party (in exercise of the popular action enshrined in constitutional article 50) converges, making the Administration aware of a threatening circumstance for the environment, which imposes its intervention. Viewed this way, it is clear to the signatories that, in cases covered by the duty of direct oversight, it is not feasible to impose a prior exercise of administrative claim as a requirement for accessing this amparo venue, as that would imply condoning a sort of acceptance of the non-exercise of a constitutionally and legally assigned duty. The same applies when the actions that, to a degree of probability, configure a risk for ecosystems are attributable to the same required public entity, which in those cases constitutes the "infringing agent" of the right under examination, a product of its polluting actions or actions transgressing the environment. In such a hypothesis, the requirement of prior complaint is even more excessive, inasmuch as it implies the need for a prior warning, at the administrative venue, as a requirement sine qua non for a judicial protection of those alluded rights. This requirement does not even consist of communicating the behavior of third parties whom it must oversee, but rather of its own conduct that disregards a public end.
Hence, since in this matter the conduct that the appellant alleges generates a disturbance of the right to a healthy and ecologically balanced environment falls upon the same local entity that is the respondent, the requirement of a prior complaint is inapplicable in order to proceed with the examination proposed.
VIII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO AND MAGISTRATE GARITA NAVARRO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-IMPOSITION OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.
While we concur with the rest of the Chamber in granting the amparo, we depart from the majority opinion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and prejudices (daños y perjuicios) arising from the harm caused to the fundamental rights of the protected party.
The Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in Article 52, provides that:
“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the amparo shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” Furthermore, Article 51 of the same law establishes that:
“...every resolution that grants the amparo shall order, in the abstract, indemnification for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the amparo, with the determination of their amount reserved for the execution of the judgment.” This latter provision establishes the general system that regulates matters relating to indemnification and the payment of costs, and which the majority refers to as the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the acts that have violated fundamental rights…” In the majority’s opinion, Article 51, cited, regulates situations in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an order to pay costs, damages, and prejudices arises. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both provisions, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies a violation of a fundamental right and, therefore, grants the amparo, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person’s enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo—a situation contemplated in Article 52, referenced—by virtue of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the sanction against the violator for the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the amparo. This rule is nothing more than the recognition, for the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent measure, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the amparo, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to examine the merits of the matter, or whether the violation has ceased by the decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), in any of these scenarios, the imperative need for an order of costs, damages, and prejudices against the violator always arises, its basis being found in the principles of protection of individuals' rights and that the Administration must be held responsible for the damages and prejudices it causes through its unconstitutional conduct.
Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms set forth in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the order for costs, damages, and prejudices, for such a case forms an integral part of the general system of mandatory sanction on these points contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.
Furthermore, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even though it has not examined nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of their fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration which the Administration has agreed to in their favor regarding the enjoyment of those rights; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.” The legislator established and precisely defined the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, meaning the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and 2) that there exists an administrative or judicial resolution that undeniably orders the revocation, halting, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the provision in question contemplates an exception to the general system of sanction for costs, damages, and prejudices, despite the granting of the amparo, by providing that, in the cases regulated therein, the amparo shall be granted “solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it applies only in the situations strictly contemplated by the provision, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and prejudices suffered from the violation of their constitutional rights.
In our opinion, such exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic sanction for costs, damages, and prejudices in the face of a violation of fundamental rights, such sanction is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is undeniably and clearly established that no compensable prejudice whatsoever was caused in the specific case. Only and solely in such circumstances could the respondent Administration be exempted from the payment of those items. Since in this case there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the arising, for the protected party, of economic damages and prejudices derived from the challenged actions—the concrete determination of which does not fall within the purview of this jurisdiction—the granting of this amparo must necessarily entail the sanction for costs, damages, and prejudices, and I so declare.
As an additional reason, it should be noted that the dynamics and very essence of amparo proceedings do not have as their primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and prejudices, but rather, the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the system of individuals' fundamental rights. From this perspective, the analysis carried out by this court focuses on said verification; however, it does not delve into the assessment of whether these issues have generated or not harm in the strictly economic sphere of the protected individuals. Even though the aforementioned Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC), in its grammatical scope, stipulates that said sanction (for damages, prejudices, and costs) operates, if applicable, the undersigned do not believe that said examination of pertinence can be automatically excluded a priori in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo proceeding, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private party, when applicable) constituted an adequate cause for economic harm that is legally compensable. For reference, Sections 179 through 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from sanctions ordered in these proceedings. In light of Section 179 of the same Code, that proceeding has the following objective:
“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court shall be responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public Law, solely regarding the demonstration, determination of amount, and fulfillment of pecuniary indemnifications.” It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary prerequisite issued by this Chamber regarding an abstract sanction on those items, because such types of claims would not proceed within that type of case when the judgment issued in the amparo proceeding expressly establishes the non-applicability of damages, prejudices, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular point. That is, the special proceeding in the contentious-administrative court requires, as a sine qua non condition, a sanction or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, according to the aforementioned Section 52 of the LJC, the waiver of that pecuniary sanction requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence, even potential, of pecuniary harm derived from or associated with the facts analyzed is reasonably estimated. Therefore, it constitutes an exception which, as such, requires a qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that prior to that cessation, whether by the defendant entity’s own cause or an external one, the alleged negligence or reproached disturbance may have caused damages and prejudices. However, such a substantive issue, regarding the actual occurrence of harm, its amount, timely claim, etc., involves considerations that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, according to what is regulated by the aforementioned provision 52, are typical of an abstract sanction that subsequently forms the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and prejudices, as, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, the claim or demonstration of damages is not the responsibility of the protected person, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether such administrative conduct has caused them harm is a point that, as a matter of principle and except for exceptional cases, does not form part of the basis for analysis in this type of case. Note that, in the situation regulated by that provision, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, there is no examination of whether or not there is a violation, and therefore, much less can it be determined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the waiver of a sanction referred to by that provision is exceptional in nature, not a matter of principle. Therefore, in those situations, the provision imposes an abstract sanction, so that its applicability is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that exemption from damages, prejudices, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered harm in their patrimonial sphere would be jeopardized, to the detriment of what is established by Article 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 of the same Constitution. Moreover, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that conduct was adopted that causes the cessation of the conduct that, in theory, threatens or violates the fundamental rights of the person. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that action that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is reiterated, whether the continuation of the threat or deterioration of their situation, insofar as it was made to cease due to the causes mentioned in the provision under examination, generated damages and prejudices, is a matter that, barring proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, must in no way be denied, as a presumption, solely by the materialization of the factual scenario regulated by the aforementioned Section 52 of the LJC. Therefore, with our customary respect for the majority position, we express our dissenting vote and reiterate that the granting of this amparo must necessarily entail the abstract sanction for costs, damages, and prejudices.
IX.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the amparo shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” My interpretation of that provision is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Furthermore, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: costs.
Certainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not to obtain indemnification but restitution; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution that grants the amparo shall order, in the abstract, indemnification for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the amparo, with the determination of their amount reserved for the execution of the judgment.” If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and prejudices may have arisen. For this reason, an abstract sanction for these is appropriate. If this were not done, if such sanction were not issued, in the event that damages and prejudices had indeed occurred, there would be no basis—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being an abstract sanction, no damages and prejudices occurred, the judge in the ordinary proceeding will so declare, for only that judge is responsible for deeming the real existence and magnitude of the same as proven.
With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the face of the existence of an amparo proceeding. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if deemed fair, the Chamber may order the payment of costs, even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the sanction for damages and prejudices, but not for costs.
X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)", approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The amparo is partially granted, without special sanction for costs, damages, and prejudices. Ángela Aguilar Vargas, in her capacity as Mayor of the Municipality of Heredia (Municipalidad de Heredia), or whoever holds that office, is ordered to refrain from incurring again in the conduct that gave merit to the granting of this amparo and that was harmful to the fundamental rights of the protected party. As for the rest, the amparo is declared without merit. Magistrates Rueda Leal, Hess Herrera, and Garita Navarro note a separate opinion regarding the administrative complaint as a prerequisite for the amparo. Magistrates Salazar Alvarado and Garita Navarro partially dissent from the vote and order the sanction for damages, prejudices, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the sanction for damages and prejudices, but not for costs.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Alexandra Alvarado P.
Jose Roberto Garita N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *3NJIB2VRUDQ61*
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *240115300007CO* Res. Nº 2024015774 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de junio de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 24-011530-0007-CO, interpuesto por JOSÉ GIOVANNI SOTO MOLINA, cédula de identidad N°0401570825, contra la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA.
RESULTANDO:
1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 01 de mayo de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Heredia. Manifiesta que, contiguo a su domicilio, se encuentra un terreno municipal el cual es utilizado como depósito por la Municipalidad de Heredia, donde se almacenan diversos materiales, incluyendo grava, tierra, basura no tradicional, orgánica, residuos de construcción y desechos plásticos. Además dicho terreno presenta un declive que se aprovecha para depositar material de relleno, lo cual genera nubes de polvo que llegan hasta su vivienda debido al viento. Asimismo, la Municipalidad realiza quemas periódicas en este terreno, produciendo columnas de humo espeso y maloliente, resultado de los desechos consumidos por el fuego. Asegura que tal actividad constante ha afectado su salud y su familia, causando problemas respiratorios y contaminando el ambiente en el que residen. Destaca la condición de un niño miembro de su familia, quien tiene parálisis cerebral profunda y cuya salud ha sido afectada por dichas condiciones insalubres. Pide que la municipalidad accionada suspenda las quemas en el predio municipal y cese el vertido de basura y otros elementos utilizados como relleno en dicho terreno Solicita se declare con lugar el recurso.
2.- Por resolución de Presidencia de las dieciséis horas y cuarenta y un minutos del seis de mayo de dos mil veinticuatro, se dio curso al proceso y se dio audiencia al Alcalde y el Jefe de la Unidad Ambiental, ambos funcionarios de la Municipalidad de Heredia, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
3.- Informan bajo juramento Ángela Aguilar Vargas y Roger Araya Guerrero, bajo ese mismo orden Alcaldesa y Gestor Ambiental, ambas funcionarios de la Municipalidad de Heredia, Luis Felipe Méndez López, en condición de Asistente de Gestión Vial, que se realizó una visita al sitio meses antes, se logró cotejar una serie de acciones asumidas por el Lic. Méndez López, como encargado, en las cuales se controla la manipulación de materiales utilizados en la Municipalidad para el desarrollo y mantenimiento de vías públicas, surgiendo una serie de recomendaciones que en su mayoría ya están cumplidas. Acredita que en época de verano, y considerando dicha estación como una de las más secas en la historia, a fin de atender las necesidades preventivas necesarias para no afectar a los vecinos colindantes del Plantel Municipal, a la hora de circular los vehículo institucionales, así como la manipulación de los materiales necesarios en sus labores, asumieron ciertas medidas tales como el mantenimiento de los materiales de arena y piedra bajo techo, con lo que minimizan en gran medida, que inclemencias del viento provoquen el desplazamiento de esos materiales a las propiedades colindantes.
Indican que en cuanto al material de arena y piedra que se mantienen al aire libre, el cual es de proporciones muchos menores a las almacenadas bajo techo, se mantiene cubierto con plástico y en época seca se procede a anegarlos con camiones cisterna, lo cual minimiza en gran medida que el viento genere que se desplace a áreas circunvecinas. Alegan que con lo que respecta a las áreas de circulación de vehículos dentro del Plantel Municipal, algunas áreas se encuentran debidamente asfaltadas, lo cual impide que se genere polvo al conducirlos. En cuanto al resto de las áreas de circulación, se han tratado con un perfilado de mezcla asfáltica, que de igual manera mitiga el levantamiento de polvo con la circulación de los vehículos. Indican que sobre las mismas áreas de circulación, al igual que el material almacenado, se proceden a anegar frecuentemente mediante el riesgo de agua con un camión, situación que es frecuente y que bajo las circunstancias se suma a las previsiones ejecutadas. El Plantel Municipal se encuentra debidamente delimitado con tapia de al menos dos metros y medio de altura, con el fin de seguir adoptando mayores medidas que eviten molestias a los vecinos provocados por las inclemencias climáticas, se ha establecido hace varias semanas, la instalación de una barrera mediante la colocación del material denominado sarán, sobre las tapias perimetrales existentes construidas con block de cemento, lo que eleva aún más ese aislamiento con las viviendas vecinales, esto como medida para evitar molestias que se generan a través del viento sobre la tierra de una propiedad tan amplia en su área como lo es el Plantel Municipal, de igual manera se han ejercido las acciones de control del movimiento de estos en la forma descritas en líneas que anteceden, con lo cual no se puede establecer una omisión por parte de este Gobierno Local, sobre acciones de mitigación que se generan sobre su propiedad, y que no son producto exclusivo de la misma, sino que sucede en cualquier parte del país al elevar el viento el polvo que preexiste sobre terreno en tierra.
Indican que, no lleva razón el recurrente al indicar en el punto quinto de su recurso que la Municipalidad realiza quemas periódicas en ese terrero, produciendo columnas de humo espeso y maloliente. Al respecto, informa el señor Luis Méndez López que en realidad se trata de un incidente aislado, generado por una quema producto de las acciones delincuenciales de personas indigentes que ingresan sobre todo por la colindancia con el Rio Pirro, con el fin de buscar y robar materiales de desecho que son almacenas temporalmente en el sitio como resultado de las obras de mantenimiento de áreas públicas (calles, parques y áreas infantiles, edificios municipales entre otros), los cuales en su mayoría se aclara desde ya, hace varios años se clasifican y depositan en contenedores y una vez que estos se llenan, son trasladados como corresponde a depósitos de basura, por lo que algunos habitantes en condición de calle ingresan buscando entre la chatarra, algunos materiales que le permitan ser vendidos, sin embargo por su estado en muchas ocasiones de alcoholismo o drogadicción, producen acciones como fue en este caso una quema sobre materiales que se propagaron en otros materiales ubicados en el subsuelo del talud que ubicado al centro del plantel. En atención a ese incidente, se generó una inmediata acción del personal municipal para intervenir el área por medio de un Back Hoe municipal, con el que se removió parte de la tierra el área afectada, de modo que se intentara descubrir el foco de fuego bajo tierra, requiriendo incluso la colaboración del Cuerpo de Bomberos en dichas acciones, quienes debieron presentarse en varias ocasiones, situación que duro varios días e incluso se nos indicó por parte de los Bomberos, que la única manera de apagar el foco del fuego iba a ser con las primeras lluvias y removiendo a profundidad la tierra apilada que cubre el foco de fuego, razón por la cual se procedió a la contratación de 70 horas de una retroexcavadora que permita completar la labor de remoción de tierra, con lo que se asegura la extinción del fuego.
Ahora bien, en búsqueda de mejorar las condiciones existentes en la colindancia Sur del Plantel Municipal que colinda con el Río Pirro, se ha desarrollado todo un plan de reforestación, con el cual se pretende rehabilitar el bosque ripario como parte del área de protección de ese cuerpo de agua, para lo cual se han gestionado los permisos y coordinado los estudios respectivos ante la Oficina Sub Regional de Heredia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), generándose mediante oficio SINAC-ACC-OH-of-502-2024 del 8 de abril 2024, suscrito por el Ing. Edwin Francisco Arguedas Campos, Jefe de dicha oficina, quien ha otorgado el aval respectivo para la implementación del Plan de “Reforestación y Enriquecimiento Vegetal del Área de Protección del Río Pirro, Plantel Municipal de Heredia, costado Sur del Cementerio Central”, lo que vendrá a mejorar ese sector del inmueble y asegurar el área de protección del dicho río, situación que generará beneficios sobre la situación alegada por los vecinos del lugar. Por lo que solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que, contiguo a su domicilio, se encuentra un terreno municipal el cual es utilizado como depósito por la Municipalidad de Heredia, donde se almacenan diversos materiales, incluyendo grava, tierra, basura no tradicional, orgánica, residuos de construcción y desechos plásticos. Además dicho terreno presenta un declive que se aprovecha para depositar material de relleno, lo cual genera nubes de polvo que llegan hasta su vivienda debido al viento. Asimismo, la Municipalidad realiza quemas periódicas en este terreno, produciendo columnas de humo espeso y maloliente, resultado de los desechos consumidos por el fuego. Asegura que tal actividad constante ha afectado su salud y su familia, causando problemas respiratorios y contaminando el ambiente en el que residen. Destaca la condición de un niño miembro de su familia, quien tiene parálisis cerebral profunda y cuya salud ha sido afectada por dichas condiciones insalubres. Pide que la municipalidad accionada suspenda las quemas en el predio municipal y cese el vertido de basura y otros elementos utilizados como relleno en dicho terreno.
II.- DE PREVIO. En el sub lite, aun cuando el recurrente no acredita haber presentado una denuncia por los hechos aquí planteados, la Sala decide entrar a conocer por el fondo el asunto, a manera de excepción, debido a que el ente acusado de las omisiones y acciones lesivas de derechos fundamentales es el Gobierno Local del cantón central de Heredia, al que, por disposición de la Constitución Política (artículo 169), le corresponde velar por la administración de los intereses y servicios locales.
III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
IV.- HECHO NO PROBADO. No se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho:
Único. Que la Municipalidad de Heredia realice quemas en el terreno municipal sobre el cual se presenta la denuncia ante la Sala.
V.- Sobre el fondo. En el caso en estudio, el recurrente ha manifestado que contiguo a su domicilio, se encuentra un terreno municipal que es utilizado como depósito por la Municipalidad de Heredia, donde se almacenan diversos materiales, incluyendo grava, tierra, basura no tradicional, orgánica, residuos de construcción y desechos plásticos. Además, dicho terreno presenta un declive que se aprovecha para depositar material de relleno, lo cual genera nubes de polvo que llegan hasta su vivienda debido al viento. Asimismo, la Municipalidad realiza quemas periódicas en este terreno, produciendo columnas de humo espeso y maloliente, resultado de los desechos consumidos por el fuego. Asegura que tal actividad constante ha afectado su salud y su familia, causando problemas respiratorios y contaminando el ambiente en el que residen. Sin embargo, al momento en que acude a la vía Constitucional seguía sin resolverse la problemática planteada.
Al respecto, en su informe rendido bajo juramento, las autoridades recurridas indicaron que, con ocasión de la notificación de la interposición del presente recurso, se realizó una inspección in situ, en el Plantel Municipal al que hace referencia el recurrente. Indican que se logró verificar una serie de acciones asumidas por ese gobierno local, mediante las cuales se controla la manipulación de materiales utilizados para el desarrollo y mantenimiento de vías públicas. Entre las medidas adoptadas, se aprecia el mantenimiento de los materiales de arena y piedra bajo techo, con lo que se minimiza en gran medida, que inclemencias del tiempo (viento) provoquen el desplazamiento de esos materiales a las propiedades colindantes. Nótese la estructura con que se clausura el depósito del material, lográndose que dichos materiales no se esparzan en otras áreas del plantel ni hacia las propiedades de los vecinos.
Por su parte, en cuanto al material de arena y piedra que se mantienen al aire libre, el cual es de proporciones mucho menores a las almacenadas bajo techo, se mantiene cubierto con plásticos y en época seca se procede a anegarlos con camiones cisterna, todo lo cual minimiza en gran medida que el viento genere que se desplace a áreas circunvecinas (tal como se demuestra en las pruebas fotográficas).
En lo que respecta a las áreas de circulación de vehículos dentro del Plantel Municipal, algunas de las áreas se encuentran debidamente asfaltadas, lo cual impide que se genere polvo al conducirlos. En cuanto al resto de las áreas de circulación, se han tratado con un perfilado de mezcla asfáltica, que de igual manera mitiga el levantamiento de polvo con la circulación de los vehículos. Por último, sobre las mismas áreas de circulación, al igual que el material almacenado, se proceden a anegar frecuentemente mediante el riego de agua con un camión, situación que es frecuente y que bajo las circunstancias se suma a las prevenciones ejecutadas.
Las autoridades recurridas manifestaron que el perímetro del inmueble denominado Plantel Municipal, se encuentra debidamente delimitado con tapia perimetral de al menos dos metros y medio de altura. Si bien es cierto, debido a lo irregular del terreno (que mide 65.508 m2), en algunos sectores existen elevaciones que sobrepasan la tapia -con el fin de seguir adoptando mayores medidas que eviten molestias a los vecinos provocadas por las inclemencias climáticas-, se ha establecido la instalación de una barrera mediante la colocación del material denominado “sarán”, sobre las tapias perimetrales existentes construidas con block de cemento, lo que eleva aún más ese aislamiento con las viviendas vecinales; esto como una medida más para evitar las molestias que se generan a través del viento sobre la tierra de una propiedad tan amplia en su área como lo es el Plantel Municipal.
Por último, en fecha no definida, la Municipalidad identificó un incidente aislado de una quema realizada por personas indigentes cerca del Río Pirro. En atención a este incidente, se intervino el área por medio de un Back Hoe municipal, con el que se removió parte de la tierra al área afectada, de modo que intentaba cubrir el foco de fuego bajo tierra, requiriendo incluso la colaboración del Cuerpo de Bomberos en dichas acciones, que requirió varios días para controlar. Indican que se contrató por setecientas un horas una retro excavadora que permitió contemplar la labor de remoción de tierra, con lo que asegura la extinción del fuego. Asimismo, con la intención de mejorar las condiciones existentes en la colindancia Sur del Plantel Municipal que colinda con el Río Pirro, se ha desarrollado un plan de reforestación, con el cual se pretende rehabilitar el bosque ripario como parte del área de protección de ese cuerpo de agua, para lo cual se han gestionado los permisos y coordinado los estudios respectivos ante la Oficina Sub Regional de Heredia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), generándose mediante oficio SINAC-ACC-OH-of-502-2024 del 8 de abril 2024, suscrito por el Ing. Edwin Francisco Arguedas Campos, Jefe de dicha oficina, quien ha otorgado el aval respectivo para la implementación del Plan de “Reforestación y Enriquecimiento Vegetal del Área de Protección del Río Pirro, Plantel Municipal de Heredia, costado Sur del Cementerio Central”, lo que vendrá a mejorar ese sector del inmueble y asegurar el área de protección del dicho río, situación que generará beneficios sobre la situación alegada por los vecinos del lugar.
Así las cosas, puede acreditarse, en este caso, que las autoridades recurridas atendieron la problemática planteada por el recurrente en relación con la contaminación producida en el Plantel Municipal, luego de tener conocimiento de la interposición del presente recurso de amparo. En efecto, no fue sino posterior a la notificación de este recurso, que se procedió con las principales actuaciones antes descritas -lo cual fue constatado mediante una inspección in situ-, toda vez que la problemática señalada por el recurrente motivó la interposición del amparo, por lo que, ante lo informado bajo juramento, y la evidencia descrita, lo procedente es estimar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, por la mora administrativa evidenciada en adoptar las acciones correctivas por parte de las autoridades recurridas. No obstante, el amparo se debe desestimar en relación con las quemas denunciadas por el tutelado, toda vez que, contrario a lo acusado, no son provocadas por el ente municipal, sino por terceras personas, y el Gobierno Local atendió y resolvió la situación, de forma inmediata.
VI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” . Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes” , lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “ toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VII.- NOTA SEPARADA DE LOS MAGISTRADOS RUEDA LEAL, HESS HERRERA Y GARITA NAVARRO, CON REDACCIÓN DE ESTE ÚLTIMO, EN CUANTO A LA DENUNCIA ADMINISTRATIVA COMO REQUISITO DEL RECURSO DE AMPARO. Con el respeto de siempre, los suscritos magistrados Rueda Leal, Hess Herrera y Garita Navarro, consignamos nota separada en el presente asunto. A nuestro juicio la formulación de una denuncia ante la Municipalidad de Heredia respecto de las acciones de contaminación que se producían en el sector contiguo a la propiedad de la recurrente no constituye, en este caso concreto, un presupuesto que pueda condicionar el acceso a la tutela del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mediante el proceso de recurso de amparo. En efecto, de conformidad con el ordinal 50 de la Constitución Política, los entes públicos (Estado y demás entes menores, dentro de estos, las corporaciones locales) cuentan con el deber de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano, asignación que compone de potestades que tiene por finalidad el resguardo de este bien jurídico de conformidad con el conjunto de principios que le nutren, de orden preventivo, precautorio, correctivo, regenerativo, pero además progresivo. Estas acciones de protección se concretan en asignaciones competenciales mediante normas sectoriales que imponen a la Administración el deber de emprender las conductas de gestión, fiscalización y control de los diversos ecosistemas y componentes del medio ambiente. Se trata del otorgamiento de poderes de imperio que le permiten (pero a la vez exigen e imponen -poder-deber-) la adopción de conductas de contenido vinculante y coactivo direccionadas a la satisfacción del marcado interés público que subyace en la materia ambiental, como derecho de tercera generación. Si bien esa potestad pretende el control de las acciones y omisiones de terceros, el mismo deber constitucionalmente asignado se impone a los entes públicos como pauta rectora de su funcionamiento. Es decir, el resguardo del ambiente se establece como un deber ser, un fin impuesto, que debe analizarse no solamente respecto de los comportamientos de los administrados sujetos a la fiscalización administrativa, sino que, además, la misma Administración debe ajustar su proceder a comportamientos congruentes con ese deber de tutela. En esa línea de pensamiento, el ejercicio de fiscalización puede ser directo (propio) cuando las competencias del ente público le obligan la adopción de acciones de control y verificación del Ordenamiento Ambiental, sin necesidad de petición de tercero. Consiste en un deber o posibilidad objetivos de fiscalización, a la postre, una función oficiosa que procura la tutela del fin público asignado. De igual manera, la fiscalización indirecta (impropia) se impone cuando no concurra la posibilidad objetiva de conocimiento de una conducta transgresora del medio ambiente, pero converge una denuncia o petición de un tercero (en ejercicio de la acción popular que consagra el numeral 50 constitucional) que pone en conocimiento de la Administración una circunstancia de amenaza para el ambiente, que impone su intervención. Así visto, es claro para los suscribientes que tratándose de los casos cubiertos por el deber de fiscalización directa, no es factible imponer como requisito de acceso a esta sede de amparo, un ejercicio previo de reclamo administrativo, pues ello supondría cohonestar una suerte de aceptación del no ejercicio de un deber constitucional y legalmente asignado. Lo mismo sucede cuando las actuaciones que en grado de probabilidad configuran un riesgo para los ecosistemas, son atribuibles al mismo ente público requerido, quien en esos casos se constituye como el “agente infractor” del derecho bajo examen, producto de sus acciones contaminantes o transgresoras del medio. En tal hipótesis, el requerimiento de denuncia previa resulta aún más desbordado, en tanto implica la necesidad de una advertencia previa, en sede administrativa, como requisito sine qua non de un resguardo judicial de esos derechos aludidos, requisito que ni siquiera consiste en la comunicación de comportamiento de terceros a quienes debe fiscalizar, sino de conductas propias que desatienden un fin público. De ahí que como en este asunto las conductas que la recurrente alega generan una perturbación al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado recaen sobre el mismo ente local recurrido, la exigencia de una denuncia previa resulta inoponible para poder ingresar al examen que se propone.
VIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO Y DEL MAGISTRADO GARITA NAVARRO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.
Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.
IX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” .
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” .
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título – derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.
X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Ángela Aguilar Vargas, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de Heredia, o a quien ocupe dicho cargo, de abstenerse de incurrir, nuevamente, en la conducta que dio mérito a la estimatoria de este recurso de amparo y que fue lesiva de los derechos fundamentales del tutelado. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Rueda Leal, Hess Herrera y Garita Navarro consignan nota en cuanto a la denuncia administrativa como requisito del recurso de amparo. Los magistrados Salazar Alvarado y Garita Navarro salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Alexandra Alvarado P.
Jose Roberto Garita N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *3NJIB2VRUDQ61*
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