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Res. 14514-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 28/05/2024
OutcomeResultado
The amparo is summarily dismissed as abstract, generic, and because no prior complaint was filed with the competent municipal authority.Se rechaza de plano el recurso de amparo por abstracto, genérico y no haberse presentado denuncia previa ante la autoridad municipal competente.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber summarily dismisses an amparo filed by residents of La Fortuna, San Carlos, against municipal sewer works. The petitioners alleged that laying a drainage pipe in front of their property to carry soapy water into the Peñas Blancas River violated their right to a healthy environment and that they were not consulted. The Chamber held the amparo inadmissible because the environmental harm claim was abstract and generic, lacking concrete facts, and because the petitioners had not first filed a formal complaint with the competent authorities. The Chamber reiterated that amparo cannot substitute administrative functions or review the legality of municipal works. Residents must formally present their grievances to the municipality or seek ordinary judicial remedies. The amparo was dismissed as manifestly procedurally improper, without a merits review.La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo presentado por vecinos de La Fortuna de San Carlos contra obras de alcantarillado de la Municipalidad. Los recurrentes alegan que la instalación de tuberías frente a su propiedad, que llevaría aguas jabonosas al Río Peñas Blancas, viola su derecho al ambiente y no fueron consultados. La Sala considera que el amparo es inadmisible porque el reclamo sobre daño ambiental es abstracto y genérico, sin describir una situación concreta, y porque no agotaron las gestiones previas ante las autoridades competentes. Señala que la vía de amparo no puede sustituir la función administrativa ni servir como contralor de legalidad de las obras municipales. Los recurrentes deben presentar sus inconformidades formalmente ante la propia municipalidad o acudir a la vía judicial ordinaria. La Sala declara inadmisible el recurso sin entrar al fondo, al ser manifiestamente improcedente.
Key excerptExtracto clave
In this particular case, the petitioners come directly before this Chamber to denounce their disagreement with the sewer works that the Municipality is carrying out on the public road in front of the property where they live, which will carry soapy or residual water to the Peñas Blancas River adjacent to their home. (...) However, they do not state that they have filed a formal written complaint with the competent authorities in the matter. (...) Moreover, even though the petitioners allege a presumed violation of the right to the environment, the truth is that this claim is abstract and generic, without describing a concrete, real situation of facts that in their opinion cause an environmental problem; they merely question the sewer works destined for the Peñas Blancas River as contrary to legal and environmental norms, without specifying which norms or describing the problem; on the contrary, they admit in the filing that they do not know the treatment that will be given to the water that the sewer will carry or the technical requirements it must meet. Therefore, this Chamber cannot review in the abstract the legality or constitutionality of the acts. Additionally, this Chamber is not a comptroller of the legality of the Administration's actions or resolutions, so it is not its role to review whether the works carried out by the municipality are lawful. Nor can this Court usurp the powers legally assigned to the respondent authorities in order to review, based on technical, legal, and expediency considerations, on which side of the road the culvert should be placed or whether any consultation procedure with residents should have been carried out; that is a task belonging to the Administration, and any disputes must be raised before the respondent authority itself or in the appropriate judicial forum through the challenge mechanisms provided for that purpose, as they fall outside the jurisdiction of this specialized court.En el caso concreto, los recurrentes acuden directamente ante esta Sala a denunciar su inconformidad con las obras de alcantarillado que está realizando la Municipalidad sobre la calle pública frente a la propiedad en la que viven, la cual llevará las aguas jabonosas o residuales al Río Peñas Blancas colindante a su vivienda. (...) No obstante, para ello, no indican haber presentado denuncia formal y escrita ante las autoridades competentes en la materia. (...) Nótese además, que aun cuando los recurrentes alegan la presunta violación al derecho al ambiente, lo cierto es que, dicho reclamo es abstracto y genérico, sin describir una situación concreta y real de los hechos que a su juicio provocan un problema ambiental, únicamente, cuestionan las obras de alcantarillado con destino al Río Peñas Blancas contrario a las normas jurídicas y ambientales, sin indicar cuáles, ni describir el problema; por el contrario, admiten en el escrito de interposición que desconocen el tratamiento que se les dará a las aguas que conducirá el alcantarillado y los requerimiento técnicos que debe reunir. De manera que esta Sala no puede controlar en abstracto la legalidad o constitucionalidad de lo actos. Adicionalmente, esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, por lo que no le corresponde revisar si las obras efectuadas por la municipalidad se encuentran a Derecho. Tampoco puede este Tribunal usurpar las competencias legalmente asignadas a las autoridades recurridas a fin de revisar, conforme a los técnicos, jurídicos y de oportunidad y conveniencia, de qué lado de la calle debe colocarse la alcantarilla o si debió o no llevarse a cabo algún procedimiento de consulta a los munícipes; toda vez que, ello es una labor propia de la Administración, cuyos diferendos deben ser planteados ante la propia autoridad recurrida o en la vía judicial correspondiente, a través de los mecanismos de impugnación dispuestos al efecto, por ser ajenos al ámbito de competencias de esta jurisdicción especializada.
Pull quotesCitas destacadas
"Este Tribunal ha señalado, reiteradamente, que no le corresponde conocer, por la vía sumaria del amparo, quejas y denuncias en relación con el ordenamiento vial, el estado de las vías públicas o presuntos daños al ambiente, excepto cuando haya indicios o elementos que hagan presumir la existencia de un riesgo o peligro grave."
"This Court has repeatedly held that it is not its role to hear, through the summary amparo procedure, complaints and denunciations regarding road regulation, the condition of public roads, or alleged environmental damage, except when there are indications or elements that suggest the existence of a serious risk or danger."
Considerando II
"Este Tribunal ha señalado, reiteradamente, que no le corresponde conocer, por la vía sumaria del amparo, quejas y denuncias en relación con el ordenamiento vial, el estado de las vías públicas o presuntos daños al ambiente, excepto cuando haya indicios o elementos que hagan presumir la existencia de un riesgo o peligro grave."
Considerando II
"Esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, por lo que no le corresponde revisar si las obras efectuadas por la municipalidad se encuentran a Derecho."
"This Chamber is not a comptroller of the legality of the Administration's actions or resolutions, so it is not its role to review whether the works carried out by the municipality are lawful."
Considerando II
"Esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, por lo que no le corresponde revisar si las obras efectuadas por la municipalidad se encuentran a Derecho."
Considerando II
"No puede este Tribunal usurpar las competencias legalmente asignadas a las autoridades recurridas a fin de revisar, conforme a los técnicos, jurídicos y de oportunidad y conveniencia, de qué lado de la calle debe colocarse la alcantarilla o si debió o no llevarse a cabo algún procedimiento de consulta a los munícipes."
"This Court cannot usurp the powers legally assigned to the respondent authorities in order to review, based on technical, legal, and expediency considerations, on which side of the road the culvert should be placed or whether any consultation procedure with residents should have been carried out."
Considerando II
"No puede este Tribunal usurpar las competencias legalmente asignadas a las autoridades recurridas a fin de revisar, conforme a los técnicos, jurídicos y de oportunidad y conveniencia, de qué lado de la calle debe colocarse la alcantarilla o si debió o no llevarse a cabo algún procedimiento de consulta a los munícipes."
Considerando II
Full documentDocumento completo
Date of Resolution: 28 May 2024 at 09:30 Class of matter: Recurso de amparo SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and thirty minutes on the twenty-eighth of May, two thousand twenty-four.
Recurso de amparo filed by ALBA MARIA VARGAS SANTAMARIA, identity card number 203090580, EDELBERTO JESUS CALVO VARGAS, identity card number 205750623, MAYELA CALVO VARGAS, identity card number 205310173, JOSE CARLOS CALVO VARGAS, identity card number 204860546, JOSE ABEL SANDOVAL ORTIZ, identity card number 206300186, MARIA JESUS CALVO CASTRO, identity card number 210130115, and SOFIA SANDOVAL CALVO, identity card number 210270713; against the MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.
Resultando:
Drafted by Justice Castillo Víquez; and,
Considerando:
The petitioners complain that they live in San Carlos, on a property that borders the Río Peñas Blancas. They accuse the Municipalidad de San Carlos, through the Department of the Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, of starting work to install a sewer (alcantarillado) on the public road that passes in front of the property where they live. The Municipalidad de San Carlos purchased a property very close to the location and holds a concession for the extraction of granular material from the Río Peñas Blancas; now, the Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal is carrying out work to repair the public road that provides access to the property from which they extract material; however, with the works they intend to carry out, they are violating their fundamental rights, since the Municipality intends to install a sewer to channel soapy water (aguas jabonosas) to the Río Peñas Blancas, which is completely contrary to legal and environmental norms.
The property acquired by the Municipality is located on the opposite side from the property where they live; for unknown reasons, the municipality decided to cut into the public road and dig the trench (zanja) in front of the property they inhabit. They also complain that there are older adults and minors, but they were not consulted or informed about the project the municipality intends to carry out. It is also unknown what treatment will be given to all that soapy water or wastewater (aguas residuales) that will run through that sewer, since those waters, given the manner in which the Municipality intends to proceed, will largely end up on property 265983, which is a major problem that in winter could bring harmful effects to all the undersigned. Another relevant aspect is that all the undersigned are unaware of any technical criteria for the project issued by the Ministry of Health, if such exist, for the treatment of those soapy waters or wastewaters, the entity responsible for the treatment and regulation of said problem that affects the environment, criteria detailing why the waters must be channeled to the Río Peñas Blancas, or whether a structure such as a tank should be built to reduce the harmful effect on nature and the environment, given that the Municipality has sufficient space on its property to treat those waters.
The purpose of the recurso de amparo is to provide timely protection against direct infringements or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as a generic instrument for channeling other types of petitions. For this reason, this Court has repeatedly indicated that it is not its responsibility to hear, through the summary amparo route, complaints and reports regarding road regulations, the condition of public roads, or alleged environmental damage, except when there are indications or elements that lead one to presume the existence of a serious risk or danger to those who travel on them. Consequently, it cannot be expected that this venue be used as a simple mechanism for processing complaints on the matter, since this would not only require complicated evidentiary proceedings, incompatible with the summary nature of this jurisdiction, but also replace administrative will directly and supplant public offices in the management of matters within their competence.
Thus, with the exception of those cases where the situation raised is truly pressing, the proper course is that, prior to admitting the amparo, the interested party has previously filed the relevant petitions, in writing, before the competent authorities, and this, in the exceptional cases where, eventually, the described situation could give rise to an admissible claim in this venue. It should be noted that the foregoing does not mean that the Chamber requires exhaustion of administrative remedies, but rather the simple acceptance that, as previously stated, this jurisdiction cannot directly substitute public offices.
In the specific case, the petitioners come directly before this Chamber to report their disagreement with the sewer works being carried out by the Municipality on the public road in front of the property where they live, which will carry soapy water or wastewater to the Río Peñas Blancas adjacent to their home. They allege that the trench for the sewer is being dug on the side of their property and not in front of the municipality's property, that they were not consulted, and that they are unaware of the treatment that will be given to the waters, potentially causing environmental damage. However, for this, they do not indicate having filed a formal written complaint before the competent authorities in the matter. They only express their disagreement with the works. In any case, a warning to cure this defect is omitted, since from the date described in the filing brief—March 1, 2024—if a complaint had been filed, the amparo would be premature regarding the environmental issue, given that this proceeding was filed only three days later.
Note also that, even though the petitioners allege a presumed violation of the right to the environment, the truth is that said claim is abstract and generic, without describing a concrete and real situation of the facts that in their judgment cause an environmental problem; they only question the sewer works leading to the Río Peñas Blancas as contrary to legal and environmental norms, without indicating which ones, or describing the problem; on the contrary, they admit in the filing brief that they are unaware of the treatment that will be given to the waters the sewer will carry and the technical requirements it must meet. Thus, this Chamber cannot review the legality or constitutionality of acts in the abstract.
Additionally, this Chamber is not a comptroller of the legality of the Administration's actions or resolutions; therefore, it is not its responsibility to review whether the works carried out by the municipality are lawful. Nor can this Court usurp the competences legally assigned to the respondent authorities in order to review, according to technical, legal, and opportune and convenient criteria, on which side of the road the sewer should be placed or whether or not a consultation procedure for the residents should have been carried out; given that this is a task proper to the Administration, whose disputes must be raised before the respondent authority itself or in the corresponding judicial venue, through the challenge mechanisms provided for that purpose, as they are outside the scope of competence of this specialized jurisdiction.
Thus, the petitioner must raise her disagreements in writing and formally before the respondent authority itself or in the corresponding judicial venue. Consequently, the amparo is inadmissible and is so declared.
The petitioner is warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is rejected outright.
Fernando Castillo V.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Ana María Picado B.
Ileana Sánchez N.
Ana Cristina Fernandez A.
Alexandra Alvarado P.
Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo interpuesto por ALBA MARIA VARGAS SANTAMARIA, cédula de identidad número 203090580, EDELBERTO JESUS CALVO VARGAS, cédula de identidad número 205750623, MAYELA CALVO VARGAS, cédula de identidad número 205310173, JOSE CARLOS CALVO VARGAS, cédula de identidad número 204860546, JOSE ABEL SANDOVAL ORTIZ, cédula de identidad número 206300186, MARIA JESUS CALVO CASTRO, cédula de identidad número 210130115 y SOFIA SANDOVAL CALVO, cédula de identidad número 210270713; contra la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.
Resultando:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
Los recurrentes reclaman viven en San Carlos, en una propiedad que colinda con el Río Peñas Blancas. Acusan que la la Municipalidad de San Carlos, por medio del Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, inició labores para colocar alcantarillado sobre la calle pública que pasa al frente de la propiedad donde habitan. La Municipalidad de San Carlos, compró una propiedad que se encuentra muy cerca del lugar y tiene una concesión para extracción de material granular del Río Peñas Blancas, ahora bien, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, está ejecutando labores para reparar la calle pública que da acceso hasta la propiedad de donde realizan la extracción, sin embargo, con las obras que pretenden realizar están violentando sus derechos fundamentales, dado que la Municipalidad pretende colocar alcantarillado para llevar las aguas jabonosas hasta el Río Peñas Blancas, lo cual es totalmente contrario a las normas jurídicas y ambientales.
La propiedad adquirida por la Municipalidad se encuentra en lado contrario a la propiedad en la que viven, por razones que se desconocen el municipio decidió realizar un corte sobre la calle pública y hacer la zanja al frente de la propiedad que habitan. Además, reclaman que hay adultos mayores y menores de edad, pero no fueron consultados ni informados sobre el proyecto que pretende realizar el municipio. También se desconoce que tratamiento se le van a dar a todas esas aguas jabonosas o residuales que van a correr sobre ese alcantarillado, debido a que esas aguas con la forma que pretende realizar el Municipio en gran parte van a quedar en la propiedad 265983, lo cual es un gran problema que en época de invierno puede traer efectos perjudiciales para todos los suscritos. Otro aspecto relevante es que desconocen todos los suscritos los criterios técnicos del proyecto emitidos por el Ministerio de Salud si es que los hay, para el tratamiento de esas aguas jabonosas o residuales, ente encargado del tratamiento y regulación de dicho problema que afecta al ambiente, criterios que detallen porque las aguas deben ser conducidas hasta el Río Peñas Blancas, o si debe realizarse alguna estructura como tanque para que se reduzca el efecto perjudicial para la naturaleza y el ambiente, dado que la Municipalidad en su propiedad posee el suficiente especio para hacer el tratamiento de esas aguas.
La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas directas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como un instrumento genérico para canalizar peticiones de otros tipos. Por ello, este Tribunal ha señalado, reiteradamente, que no le corresponde conocer, por la vía sumaria del amparo, quejas y denuncias en relación con el ordenamiento vial, el estado de las vías públicas o presuntos daños al ambiente, excepto cuando haya indicios o elementos que hagan presumir la existencia de un riesgo o peligro grave para quienes transiten por ellas. Por consiguiente, no puede pretenderse que esta vía sea empleada como un simple mecanismo para tramitar denuncias en la materia, puesto que ello no solamente haría necesario efectuar probanzas complicadas, incompatibles con la naturaleza sumaria de esta sede, sino también sustituir directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia.
De esta suerte, con excepción de aquellos casos en que la situación planteada sea verdaderamente apremiante, lo propio es que, de previo a admitir el amparo, la parte interesada haya presentado anteriormente las gestiones del caso, por escrito, ante las Autoridades competentes y esto, en los supuestos de excepción en que, eventualmente, la situación descrita pueda dar pie a un reclamo admisible en esta vía. Tómese en cuenta que lo anterior no significa que la Sala exija agotar la vía administrativa, sino la simple aceptación de que, como se dijo anteriormente, esta jurisdicción no puede sustituir directamente a los despachos públicos.
En el caso concreto, los recurrentes acuden directamente ante esta Sala a denunciar su inconformidad con las obras de alcantarillado que está realizando la Municipalidad sobre la calle pública frente a la propiedad en la que viven, la cual llevará las aguas jabonosas o residuales al Río Peñas Blancas colindante a su vivienda. Aducen que la zanja para el alcantarillado se está haciendo del lado de su propiedad y no frente a la propiedad de la municipalidad, no fueron consultados y desconocen el tratamiento que se le dará a las aguas con posible daño al ambiente. No obstante, para ello, no indican haber presentado denuncia formal y escrita ante las autoridades competentes en la materia. Únicamente, manifiestan su inconformidad con las obras. En todo caso, se omite prevención en ese sentido, pues de la fecha descrita en el escrito de interposición -1 de marzo de 2024- de haberse presentado denuncia, el amparo sería prematuro en cuanto al tema ambiental, toda vez que este proceso fue interpuesto solo tres días después.
Nótese además, que aun cuando los recurrentes alegan la presunta violación al derecho al ambiente, lo cierto es que, dicho reclamo es abstracto y genérico, sin describir una situación concreta y real de los hechos que a su juicio provocan un problema ambiental, únicamente, cuestionan las obras de alcantarillado con destino al Río Peñas Blancas contrario a las normas jurídicas y ambientales, sin indicar cuáles, ni describir el problema; por el contrario, admiten en el escrito de interposición que desconocen el tratamiento que se les dará a las aguas que conducirá el alcantarillado y los requerimiento técnicos que debe reunir. De manera que esta Sala no puede controlar en abstracto la legalidad o constitucionalidad de lo actos.
Adicionalmente, esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, por lo que no le corresponde revisar si las obras efectuadas por la municipalidad se encuentran a Derecho. Tampoco puede este Tribunal usurpar las competencias legalmente asignadas a las autoridades recurridas a fin de revisar, conforme a los técnicos, jurídicos y de oportunidad y conveniencia, de qué lado de la calle debe colocarse la alcantarilla o si debió o no llevarse a cabo algún procedimiento de consulta a los munícipes; toda vez que, ello es una labor propia de la Administración, cuyos diferendos deben ser planteados ante la propia autoridad recurrida o en la vía judicial correspondiente, a través de los mecanismos de impugnación dispuestos al efecto, por ser ajenos al ámbito de competencias de esta jurisdicción especializada.
Así las cosas, deberá la recurrente plantear por escrito y de manera formal sus inconformidades ante la propia autoridad recurrida o en la vía judicial correspondiente. En consecuencia, el amparo resulta inadmisible y así se declara.
Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza de plano el recurso.
Fernando Castillo V.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Ana María Picado B.
Ileana Sánchez N.
Ana Cristina Fernandez A.
Alexandra Alvarado P.
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