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Res. 14296-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/05/2024

Inadmissibility of Amparo for Closure of Simón Bolívar ZooImprocedencia del amparo por cierre del Zoológico Simón Bolívar

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OutcomeResultado

InadmissibleInadmisible

The amparo action is flatly rejected for lack of jurisdiction to review contractual performance and for raising a generic and abstract claim regarding a threat to constitutional Article 50.Se rechaza de plano el recurso de amparo por carecer de competencia para revisar la ejecución contractual y por plantear un cuestionamiento genérico y abstracto sobre la amenaza al artículo 50 constitucional.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber flatly rejects the amparo action filed by José Carlos Chacón Rodríguez on behalf of FUNDAZOO against MINAE’s decision not to renew the contract for the administration of the Simón Bolívar National Zoological and Botanical Park and the Santa Ana Conservation Center. The Chamber holds that the core issue—contractual performance and the justification for non-renewal—is a matter of ordinary legality beyond its jurisdiction, to be resolved in administrative or ordinary judicial proceedings. Regarding the alleged threat to Article 50 of the Constitution concerning the fate of flora and fauna, the Court finds that the petitioner raises a generic and abstract claim, without describing a concrete situation that would imply a direct infringement of that fundamental right. Moreover, the documentary evidence shows MINAE’s intent to ensure the animals' welfare through an orderly transfer and technical evaluation. The Chamber reiterates the doctrine that amparo is inadmissible for abstract constitutional control or to usurp the powers of the active administration.La Sala Constitucional rechaza de plano el recurso de amparo interpuesto por José Carlos Chacón Rodríguez a favor de FUNDAZOO contra la decisión del MINAE de no prorrogar el contrato de administración del Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar y del Centro de Conservación de Santa Ana. La Sala considera que el fondo del asunto —la ejecución contractual y la procedencia de la no prórroga— es un conflicto de legalidad ordinaria que escapa a su competencia, debiendo ventilarse en sede administrativa o judicial ordinaria. Respecto a la alegada amenaza al artículo 50 constitucional por el destino de la fauna y flora, estima que el recurrente formula un cuestionamiento genérico y abstracto, sin describir una situación concreta que presuponga una lesión directa a ese derecho fundamental. Además, constata que la propia prueba documental evidencia la intención del MINAE de velar por el bienestar de los animales mediante un proceso ordenado de traslado y valoración técnica. Reitera la doctrina de inadmisibilidad del amparo para control abstracto de constitucionalidad o para usurpar competencias de la Administración activa.

Key excerptExtracto clave

Considering: I.- OBJECT OF THE APPEAL. The petitioner challenges the decision of the Ministry of Environment and Energy not to renew the administrative contract entered into with the Fundación Pro Zoológicos, concerning the administration of the Simón Bolívar National Zoological and Botanical Park and the Santa Ana Conservation Center, as he considers that such determination lacks proper justification. He accuses that the actions of said ministry breach the contract. He further alleges that there is no "clear awareness and determination" on the part of that ministry regarding the destination and future of the fauna and flora located in those zoological parks, which could constitute a violation of constitutional Article 50. II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. It must be noted, preliminarily, that it is not for this Court to determine whether there has been due execution and compliance with the referred contract. This involves a contractual dispute that cannot be ventilated—much less resolved—in this jurisdiction. As this Court has previously held, “disputes concerning the correct interpretation of the clauses of the contracts in question, their scope and the obligations derived therefrom for the parties, as well as the provisions of the regulations governing the matter, ... are a problem of ordinary legality whose cognizance is outside the jurisdiction of this Chamber.” (see Judgment No. 2009-015459 of 6:10 p.m., September 29, 2009, and Ruling No. 2013-016146 of 9:05 a.m., December 6, 2013, among others). Therefore, the discussion regarding whether or not a contractual breach has occurred, or to which party such breach is attributable, as well as its possible legal effects, must be raised before the administrative venue itself or in the corresponding ordinary jurisdiction.Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente cuestiona la decisión del Ministerio de Ambiente y Energía de no prorrogar el contrato administrativo suscrito con la Fundación Pro Zoológicos, atinente a la administración del Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar y del Centro de Conservación de Santa Ana, pues considera que tal determinación carece de una debida justificación. Acusa que lo actuado por tal ministerio infringe el citado contrato. Alega, además, que no existe una "consciencia y determinación clara", de parte de ese ministerio, acerca del destino y del futuro que tendrán la fauna y flora que se ubica en esos parques zoológicos, lo que podría suponer una infracción al artículo 50 constitucional. II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Debe señalarse, preliminarmente, que no corresponde a este Tribunal determinar si se ha dado una debida ejecución y cumplimiento del referido contrato. Esto supone un conflicto contractual que no procede ser ventilado -ni mucho menos resuelto- en esta jurisdicción. Como lo ha sostenido este Tribunal -en anteriores ocasiones- “los conflictos atinentes a la correcta interpretación de las cláusulas de los contratos en cuestión, de sus alcances y de las obligaciones que de ellas se derivan para las partes, así como lo dispuesto por la normativa que rige la materia, ... se trata de un problema de legalidad ordinaria cuyo conocimiento es ajeno al ámbito de competencia de la Sala.” (ver sentencia nro. 2009-015459 de las 18:10 horas del 29 de setiembre de 2009, así como voto nro. 2013-016146 de las 9:05 horas del 6 de diciembre de 2013, entre otros). Por ende, la discusión referente a si se ha incurrido o no en un incumplimiento contractual o a cuál de las partes resulta atribuible tal incumplimiento, así como sus eventuales efectos jurídicos, deberá plantearse en la propia sede administrativa o en la jurisdicción ordinaria correspondiente.

Pull quotesCitas destacadas

  • "no corresponde a este Tribunal determinar si se ha dado una debida ejecución y cumplimiento del referido contrato. Esto supone un conflicto contractual que no procede ser ventilado -ni mucho menos resuelto- en esta jurisdicción."

    "it is not for this Court to determine whether there has been due execution and compliance with the referred contract. This involves a contractual dispute that cannot be ventilated—much less resolved—in this jurisdiction."

    Considerando II

  • "no corresponde a este Tribunal determinar si se ha dado una debida ejecución y cumplimiento del referido contrato. Esto supone un conflicto contractual que no procede ser ventilado -ni mucho menos resuelto- en esta jurisdicción."

    Considerando II

  • "más allá de tal cuestionamiento genérico y abstracto, lo cierto es que no describe una situación concreta y específica que presuponga la amenaza directa al citado numeral constitucional."

    "beyond such generic and abstract questioning, the truth is that it does not describe a concrete and specific situation that would presuppose a direct threat to the cited constitutional article."

    Considerando II

  • "más allá de tal cuestionamiento genérico y abstracto, lo cierto es que no describe una situación concreta y específica que presuponga la amenaza directa al citado numeral constitucional."

    Considerando II

  • "esta Sala no puede usurpar las atribuciones del Ministerio de Ambiente y Energía, en su rol de administración activa y, previo análisis de los hechos, los requisitos legales y estudios técnicos del caso, así como criterios de oportunidad y conveniencia, determinar la procedencia del cierre o cambio de destino"

    "this Chamber cannot usurp the powers of the Ministry of Environment and Energy, in its role as active administration and, after analysis of the facts, legal requirements and technical studies of the case, as well as criteria of timeliness and convenience, determine the appropriateness of the closure or change of use"

    Considerando II

  • "esta Sala no puede usurpar las atribuciones del Ministerio de Ambiente y Energía, en su rol de administración activa y, previo análisis de los hechos, los requisitos legales y estudios técnicos del caso, así como criterios de oportunidad y conveniencia, determinar la procedencia del cierre o cambio de destino"

    Considerando II

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Date of Resolution: May 24, 2024 at 09:15 Case File: 24-012239-0007-CO Type of Matter: Amparo proceeding Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  CASE FILE No. 24-012239-0007-CO PROCEEDING: AMPARO PROCEEDING RESOLUTION No. 2024014296   CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on May twenty-fourth, two thousand twenty-four.

Amparo proceeding filed by José Carlos Chacón Rodríguez, Costa Rican, of legal age, single, attorney, holder of identity card number 1-1394-0164, resident of San José, on behalf of the Fundación Pro Zoológicos (FUNDAZOO), legal entity identification number 3-006-118658, against the State.

Whereas:

1.- By a brief received in this Chamber on May 8, 2024, the petitioner states that the protected foundation is a private non-profit institution, responsible for the maintenance, conservation, and administration of the national zoos, specifically, the Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar and the Centro de Conservación de Santa Ana. It assumed this role upon being the successful bidder in a public tender promoted by the then Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (MIRENEM), as a result of which, on March 7, 1994, a "Contract for the Administration and Development of the National Zoos" was signed, countersigned by the Comptroller General of the Republic on May 10, 1994. He adds that, in judgment no. 702-07 of the Administrative-Contentious and Civil Treasury Court of the Second Judicial Circuit of San José, confirmed by the Administrative-Contentious and Civil Treasury Tribunal and the First Chamber of the Supreme Court of Justice, the administrative liability incurred by the Costa Rican State was declared; the foregoing, by virtue of serious breaches and administrative omissions caused by the conduct of the Ministry of Environment and Energy (MINAE). He adds that, on May 9, 2022, Franz Tattenbach Capra, Minister of Environment and Energy, issued official letter no. DM-001-2022, whereby the ministerial administrative authority decided not to extend the agreement signed between MINAE and FUNDAZOO, called "MIRENEM-FUNDAZOO Contract for the administration and development of the national zoos." On May 11, 2022, the president of FUNDAZOO sent note FPZ-058-202 to the Minister of Environment and Energy; by means of which, she requested the certified administrative case file that at the time supported the issuance of official letter no. DM-001-2022. The Minister of Environment and Energy issued official letter no. DM-026-2022, on May 16, 2022, in response to the petition note sent by the president of FUNDAZOO; through the aforementioned administrative letter, the protected party is informed that there is no administrative case file as such to support the decision not to extend the contract initially signed between the then MIRENEM and FUNDAZOO, attaching to said response -only- a certified copy of the contract itself and its addendum. On May 25, 2022, the president of FUNDAZOO sent the Minister of Environment and Energy note FPZ-062-2022, dated that same day; by means of which, the legal representative of the aforementioned foundation makes a series of statements regarding the absolute nullity of official letter no. DM-001-2022 and also requests its complete revocation, in view of the harm it causes to the legitimate interests of the requesting foundation and considering the meager factual and legal basis with which said administrative act is clothed. The Minister of Environment and Energy issued official letter no. DM-089-2022 on June 2, 2022, in response to the petition note sent by the president of FUNDAZOO; through the aforementioned administrative letter, the highest hierarchical authority of MINAE maintains his decision to validate and endorse in full the provisions adopted through official letter no. DM-001-2022, which represents a violation of both the letter of the "MIRENEM-FUNDAZOO Contract for the administration and development of the national zoos" itself and the very public interests of environmental protection and conservation of natural heritage that the administrative authority must promote and support. He accuses that, after the issuance of the administrative acts that are challenged through this "precautionary action," the Public Administration of MINAE has taken important steps with the aim of wanting to execute its formal conduct. It has tried by different means to oblige FUNDAZOO and its Administrative Board to sign draft settlement agreements whose content is illegal, for disrespecting the letter of the valid contract signed between the parties; and, in the same manner, it has carried out several inspections and inventory surveys at the Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar and the Centro de Conservación Santa Ana, the worst part of all being that the public authority still does not have a clear awareness of what projects it will undertake in the face of the unilateral closure of the zoos or where it will relocate the flora and fauna currently located on said properties, which demonstrates the high level of improvisation that prevails in this matter in MINAE's actions. Between the months of October and December of 2022, the Administration of MINAE carried out several inspections and inventory surveys at the Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar and at the Centro de Conservación Santa Ana; the administrative authority of MINAE demanding from FUNDAZOO, in these visits, that all plant and animal specimens and supplies of the zoological parks be handed over to the orders of the ministry. On May 2, 2023, Franz Tattenbach Capra, Minister of Environment and Energy, issued official letter no. DM-322-2023; by means of which, he reiterates his decision not to extend the administrative contract signed with the Fundación Pro Zoológicos. At the same time, serious and substantial steps are being taken to render the protected party's activity inoperative as of May 10, 2024, such as, for example, requiring FUNDAZOO for the accounting, financial, and administrative information of the contract, urging it to hand over the animals and wildlife under its administration to the ministry, and demanding the delivery of the facilities it administers, free of concessionaires, leases, rental contracts of any kind, subleases, possessors, gratuitous bailees (commodatarios), occupants, and any other obligation or debt of any other nature. This shows that the ministerial portfolio is completely determined to execute its administrative act as of May 10, 2024; thereby generating an urgency that the legal situation of the acting and requesting party be protected preventively. On May 1, 2024, the Minister of Environment and Energy issued official letter no. DM-305-2024; by means of which, he demonstrates that he is not ceasing or stepping back, in any way, in his determination to completely dismantle and disarticulate the national zoological parks, specifically the Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar and the Centro de Conservación Santa Ana, which is prohibited by law. Thus, through this administrative letter, concrete steps are being advanced for the coercive execution of MINAE's administrative acts that order the non-extension of the MIRENEM-FUNDAZOO Contract, even instructing FUNDAZOO to hand over the clinical records of the animals and the keys to the enclosures of the national zoological parks, with a view to their subsequent disappearance and disarticulation. Less than a week before the effects of the administrative acts ordering the non-extension of the administrative contract between the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the Fundación Pro Zoológicos are deployed, there is no clear awareness and determination, on the part of the primary administrative body, about the destiny and future of the animals currently located in the national zoological parks. The petitioner alleges that this constitutes a potential environmental damage of great magnitude and, as such, empowers the intervention of all citizens in claiming for the affectation of diffuse interests, as is his case, who - despite not working for FUNDAZOO - is potentially affected by the untimely administrative decision to close the national zoos, given that not only does this directly contravene, in a very shameless manner, the law in force, but it also places the animals and wild flora and fauna in clear danger of disappearance and death, by depriving them of their usual habitat conditions, care, feeding, and relationship with their natural environment. He alleges that the situation described here represents the threat of serious and very difficult to repair harm to the Fundación Pro Zoológicos, which materializes as harm that is partly current and partly potential, partly of a certain nature and also partly of imminent causation, if this Chamber does not agree to issue a precautionary measure with anticipatory effects. He maintains that the indication of a fatal deadline for the termination of the contract signed between the then MIRENEM and FUNDAZOO constitutes not only a monumental transgression of the principle of legality and a radical breach of duties; but also, in addition to this, everything set forth here represents a sensitive injury to the public interest in safeguarding and conserving the life of wild flora and fauna, by placing the activity of such foundation totally in limbo or in question, which is, in parallel, already generating significant economic damages for violation of the constitutional principles of private property and patrimonial indemnity that protect the legal entity on whose behalf the amparo is petitioned before this venue. He considers that, in the first place, the constitutional right to work is violated at its core for all active employees of the foundation; who, as can be verified from basic presumptions, are at imminent risk of losing their source of employment, in an area of professional specialization that is unique of its kind, whereby, all these workers will be having their real possibilities of placement restricted. The constitutional right to work is enshrined in article 56 of the Political Constitution as a right of the individual and an obligation of society; and, in the present case, the central core of this fundamental right is affected, with such an untimely action by the Ministry of Environment and Energy as has been verified in this case, in which, the non-extension of a contract and the cessation of its legal effects is simply decided, without any justification, and without a determining reason to proceed to take such a radical determination. It is worrying that, despite the fact that the public authorities have been made aware of the inadvisability of closing the national zoological parks, and of the disastrous effects this will generate not only for the foundation, but for its own employees on the payroll; despite all this, the position of the Ministry of Environment and Energy has been radical and inflexible, and although no argument is provided - neither serious nor even frivolous - for the closure and cessation of the contracts, neither the minister nor the authorities of SINAC have desisted in their determination, and they are fully heading towards closing manu militari the national zoological parks on May 10, 2024. He adds that article 50 of the Political Constitution establishes expressis verbis the constitutional guarantee of the protection of a healthy and ecologically balanced environment. He insists that, in this case, less than a week before the effects of the administrative acts ordering the non-extension of the administrative contract between the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the Fundación Pro Zoológicos are deployed, there is no clear awareness and determination, on the part of the primary administrative body, about the destiny and future of the animals currently located in the national zoological parks. He indicates that this Constitutional Chamber has been extremely zealous about the possible negative implications that State actions inherently have, as they may restrict environmental protection efforts; and, in such capacity, it has jurisprudentially devised, adhering to precedents of national and foreign doctrine, the thesis of the "precautionary principle in environmental matters," by which, a presumption is established beforehand that both State inaction and its excessive intervention can cause large-scale environmental damages and damages to natural ecosystems, which justifies the adoption of precautionary measures and other prophylactic provisions to prevent such harmful consequences from occurring, which is precisely what we are respectfully requesting before this venue. Here, it is undeniable if the only two national zoos, property of the State, with hundreds of hectares and square meters destined for environmental protection, conservation, and education, are closed out of nowhere. This will lead, apodictically, to harmful consequences for the environment; and, however hard it is to acknowledge, a possible inaction by the State, its administrative bodies, or the judiciary itself, will become the direct cause of such environmental damages. He requests that, due to the foregoing, the precautionary measures requested here be issued before this Chamber; otherwise, both the local and international responsibility of the Costa Rican State could be compromised, with the subsequent administrative, civil, or even criminal liability of the acting or reluctant public official, as this could become one of the largest environmental massacres we have witnessed in Costa Rica in recent years. The petitioner insists that issuing a precautionary measure is appropriate, as the requirements of appearance of good right, danger in delay (periculum in mora), and no serious affectation of the public interest are met. He requests that the nullity and unenforceability of official letters DM-001-2022, DM-026-2022, DM-322-2023, and DM-305-2024 be declared. He also requests that a suspensory precautionary measure of the Public Administration's actions be issued, in particular, that the suspension of the aforementioned official letters be ordered. Likewise, as a measure necessary to ensure the operability of the administrative, legal, and financial apparatus of the protected foundation, he requests that the obligation of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) to refrain from cutting the allocation of the human, material, and logistical budget that the public authority executes in favor of such foundation, by virtue of the clauses of the "MIRENEMFUNDAZOO Contract for the administration and development of the national zoos," be precautionarily ordered.

2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any action brought to its attention that proves to be manifestly unfounded, or when it considers that there are sufficient grounds for judgment to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected action.

Drafted by Judge Castillo Víquez; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE PROCEEDING. The petitioner challenges the decision of the Ministry of Environment and Energy not to extend the administrative contract signed with the Fundación Pro Zoológicos, concerning the administration of the Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar and the Centro de Conservación de Santa Ana, as he considers that such determination lacks proper justification. He accuses that the actions of said ministry infringe the cited contract. He also alleges that there is no "clear awareness and determination," from that ministry, about the destiny and future of the fauna and flora located in those zoological parks, which could constitute a violation of Article 50 of the Constitution.

II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. It must be pointed out, preliminarily, that it is not for this Tribunal to determine whether there has been a proper execution and fulfillment of the aforementioned contract. This involves a contractual dispute that cannot be aired - much less resolved - in this jurisdiction. As this Tribunal has held - on previous occasions - "disputes concerning the correct interpretation of the clauses of the contracts in question, their scope, and the obligations deriving from them for the parties, as well as what is provided by the rules governing the matter, ... is a problem of ordinary legality whose knowledge is outside the sphere of competence of the Chamber." (see judgment no. 2009-015459 of 18:10 hours on September 29, 2009, as well as vote no. 2013-016146 of 9:05 hours on December 6, 2013, among others). Therefore, the discussion regarding whether or not a contractual breach has occurred or to which of the parties such breach is attributable, as well as its possible legal effects, must be raised in the administrative venue itself or in the corresponding ordinary jurisdiction.

Now, regarding the petitioner's substantive claim, in the sense that this Chamber review the decision not to extend the mentioned contract, it must be stated that this Tribunal, by vote no. 2024011345 of 9:20 hours on April 26, 2024, has already resolved that:

"I.- PURPOSE OF THE PROCEEDING. The petitioner alleges that the Zoológico Simón Bolívar has existed for more than 100 years in Costa Rica and is one of the pioneers in caring for the environment, as well as the country's flora and fauna; however, the respondent ministry decided to close it. In the petitioner's view, MINAE should develop different projects to make the Costa Rican State proud, seeking sponsorships and aid so that more of these refuges exist. She argues that most of the animals in that zoo are already geriatric and exceed their life expectancy, accustomed to a habitat, climate, diet, caretakers, and many have special needs, so it is very likely that subjecting them to the stress of all those abrupt changes will severely affect and compromise their health, not to mention that they must survive anesthesia and transport. She questions who will be responsible if these animals do not die during the transfer. She points out that, as a citizen, MINAE should not be allowed to close that zoo.

II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. Having reviewed the allegations of the petitioner, she is made to see that the purpose of the amparo proceeding is to provide timely protection, with restitutive effects, against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, whereby its admissibility, in general, is conditioned, not only on the demonstration of the existence of a disturbance —or threat thereof— to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Political Charter or those of a fundamental nature established in the international human rights instruments signed and duly incorporated into the legal system, but also on the alleged grievance involving a direct and gross threat or breach of those rights. For this reason, the Constitutional Chamber has also emphasized that standing in an amparo action is measured by the harm or injury inflicted on the petitioner or the specific person on whose behalf the action was brought, not by the mere interest in legality or constitutionality. Consequently, it is not for this Tribunal to hear directly, through the summary amparo channel, complaints and denunciations formulated in the abstract against provisions adopted by the Public Power, being possible to admit for study only those claims in which there are indications or sufficient elements to presume, prima facie, the existence of such direct and gross threats or breaches of a fundamental right. In the case before us, the petitioner comes in the abstract and in a generic manner against MINAE's decision to close the Zoológico Simón Bolívar, as in her view the State should seek sponsorships and aid for this type of place. Furthermore, she presumes that the health of the animals will be affected by the transfer. However, the petitioner does not set forth a concrete and individual situation that presumes the direct threat of a fundamental right, nor does she allege having filed any complaint regarding the animals’ situation. Thus, she intends for this Tribunal to control in the abstract the constitutionality or legality of the decision adopted by the respondent authority, without there being a real situation upon which to exercise that control, which, as indicated, is unfounded in amparo. Additionally, this Chamber cannot usurp the powers of the respondent Authority, in its role as active Administration, to determine, after analysis of the facts, the legal requirements, technical studies of the case, as well as criteria of opportunity and convenience, the appropriateness or not of the closure of the cited zoo, as this is a task proper to the Administration, whose disputes must be discussed through the ordinary legal channels, administrative or jurisdictional. Thus, if the protected party is dissatisfied with the decision adopted by the respondent authority, she must raise her claims and complaints before the respondent authority itself or through the corresponding judicial channels. Therefore, the action is inadmissible and is hereby declared so."   Considerations applicable sub lite. It must be reiterated that this Chamber cannot usurp the powers of the Ministry of Environment and Energy, in its role as active administration and, after analysis of the facts, the legal requirements and technical studies of the case, as well as criteria of opportunity and convenience, determine the appropriateness of the closure or change of destination of the Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar and the Centro de Conservación de Santa Ana, as this is a task proper to the administration, whose disputes must be discussed through the ordinary legal channels, administrative or jurisdictional.

Otherwise, the petitioner alleges that there is no "clear awareness and determination," from the cited ministry, about the destiny and future of the animals located in those zoological parks, which could constitute a violation of Article 50 of the Constitution. However, beyond such generic and abstract questioning, the truth is that he does not describe a concrete and specific situation that presumes a direct threat to the cited constitutional article. In fact, the petitioner himself provides documentary evidence, such as official letter no. DM-322-2023 of May 2, 2023, issued by the Minister of Environment and Energy, in which the president of the Fundación Pro Zoológicos is reiterated that such ministry will take "possession of the... wildlife animals," and that she must facilitate "the withdrawal of the wildlife animals, in accordance with the Inventory, schedule, or roadmap of the Parque Zoológico Simón Bolívar and the Centro de Conservación Santa Ana," adjust "its actions to the regulations in force regarding wildlife management," and provide "the technical and veterinary information of the wildlife animals found in the Parque Zoológico Simón Bolívar and the Centro de Conservación Santa Ana. Any new entry, death, birth, or critical health status shall be reported immediately to the contact person of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación...," in an effort to ensure a process that "is orderly, especially for the well-being of the animals." From which it is verified, prima facie, the determination of the respondent ministry to ensure the safety and well-being of such animals. Moreover, this Tribunal cannot ignore, as it is a public and notorious fact (as it has been reported by the mass media; see, for example: https://www.teletica.com/nacional/asi-trasladan-a-cientos-de-animales-del-simon-bolivar-hasta-su-nuevo-hogar_358105) that, once the Ministry of Environment and Energy took effective possession of such properties, the transfer of animals to the Centro de Rescate de Vida Silvestre Tropical began, for proper assessment by specialized technical teams of biologists and veterinarians, in order to be able to determine their appropriate management. It was also arranged to coordinate with Senasa and Incopesca the destination of farm and aquatic animals, respectively.

  To which is added, as already indicated, that the petitioner limits himself to formulating a generic and abstract questioning about the destiny of the flora and fauna located on such properties, rather than raising a concrete and specific situation that allows deducing, even circumstantially, a threat to Article 50 of the Constitution.

  III.- IN CONCLUSION. As a corollary of the foregoing, it is appropriate to reject this amparo outright, as is hereby ordered.

  IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The amparo is rejected outright.

    Fernando Castillo V.

President   Luis Fdo. Salazar A.

  Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

  Aracelly Pacheco S.

Ana Cristina Fernandez A.

  Alexandra Alvarado P.

    Digitally Signed Document -- Verification code --  CASE FILE No. 24-012239-0007-CO   Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, 19th and 21st streets, 8th and 6th avenues It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 14:45:42.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2024014296 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo interpuesto por José Carlos Chacón Rodríguez, costarricense, mayor de edad, soltero, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1394-0164, vecino de San José, a favor de la Fundación Pro Zoológicos (FUNDAZOO), cédula de persona jurídica número 3-006-118658, contra el Estado.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en esta Sala el 8 de mayo de 2024, el recurrente manifiesta que la fundación amparada es una institución privada sin fines de lucro, encargada del mantenimiento, conservación y administración de los zoológicos nacionales, específicamente, del Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar y del Centro de Conservación de Santa Ana. Tal carácter lo asumió al resultar la adjudicataria de un concurso público promovido por el entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM), a raíz del cual, el día 07 de marzo de 1994, se suscribió un “Contrato para la Administración y Desarrollo de los Zoológicos Nacionales”, refrendado por la Contraloría General de la República el día 10 de mayo de 1994. Añade que, en la sentencia nro. 702-07 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, confirmada por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia), se declaró la responsabilidad administrativa en que había incurrido el Estado costarricense; lo anterior, en virtud de incumplimientos graves y de omisiones administrativas propiciadas por conductas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Añade que, el 09 de mayo de 2022, Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía, emitió el oficio nro. DM-001-2022, mediante el cual, la autoridad administrativa ministerial decidió no prorrogar el convenio suscrito entre el MINAE y FUNDAZOO, denominado “Contrato MIRENEM-FUNDAZOO para la administración y desarrollo de los zoológicos nacionales”. El 11 de mayo de 2022, la presidenta de FUNDAZOO envió al ministro de Ambiente y Energía la nota FPZ-058-202; por medio de la cual, solicitó el expediente administrativo certificado que en su momento respaldó la emisión del oficio nro. DM-001-2022. El ministro de Ambiente y Energía emitió el oficio nro. DM-026-2022, el día 16 de mayo de 2022, como respuesta a la nota de petición enviada por la presidenta de FUNDAZOO; por medio del citado oficio administrativo, se hace de conocimiento de la amparada que no existe un expediente administrativo como tal, que respalde la decisión de no prorrogar el contrato inicialmente suscrito entre el entonces MIRENEM y FUNDAZOO, acompañando a dicha respuesta -únicamente- una copia certificada del propio contrato y de su adendum. El día 25 de mayo de 2022, la presidenta de FUNDAZOO envió al ministro de Ambiente y Energía la nota FPZ-062-2022, fechada ese mismo día; por medio de la cual, la representante legal de la citada fundación realiza una serie de manifestaciones en torno a la nulidad absoluta del oficio nro. DM-001-2022 y solicita, asimismo, la revocación completa del mismo, en atención a la lesión que produce en contra de los legítimos intereses de la fundación solicitante y considerando la exigua fundamentación fáctica y jurídica de la que está revestido dicho acto administrativo. El ministro de Ambiente y Energía emitió el oficio nro. DM-089-2022 el 02 de junio de 2022, como respuesta a la nota de petición enviada por la presidenta de FUNDAZOO; por medio del citado oficio administrativo, el superior jerarca del MINAE mantiene su decisión de convalidar y refrendar en un todo las disposiciones adoptadas por medio del oficio nro. DM-001-2022, lo que significa una lesión a la letra del propio “Contrato MIRENEM-FUNDAZOO para la administración y desarrollo de los zoológicos nacionales”, como a los mismos intereses públicos de protección ambiental y de conservación del patrimonio natural que la autoridad administrativa debe promover y acuerpar. Acusa que, luego de la emisión de los actos administrativos que se impugnan por medio de la presente "gestión cautelar", la Administración Pública del MINAE ha dado importantes pasos con el fin de querer ejecutar su conducta formal. Ha querido obligar por distintos medios a FUNDAZOO y a su Junta Administrativa a firmar borradores de acuerdos de finiquitos cuyo contenido es ilegal, por irrespetar la letra del contrato vigente suscrito entre las partes; y, de la misma forma, ha realizado varias inspecciones y levantamientos de inventarios en el Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar y en el Centro de Conservación Santa Ana, siendo lo peor de todo que todavía la autoridad pública no tiene consciencia clara de qué proyectos realizará ante el cierre unilateral de los zoológicos o dónde reubicará la flora y la fauna que actualmente se ubican en dichos predios, lo cual demuestra el alto nivel de improvisación que reina sobre el particular en el accionar del MINAE. Entre los meses de octubre a diciembre de 2022, la Administración del MINAE ha realizado varias inspecciones y levantamientos de inventarios en el Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar y en el Centro de Conservación Santa Ana; exigiendo la autoridad administrativa del MINAE al FUNDAZOO, en estas visitas, que se entreguen todos los especímenes vegetales y animales e insumos de los parques zoológicos, a las órdenes del ministerio. El día 02 de mayo de 2023, Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía, emitió el oficio nro. DM-322-2023; por medio del cual, reitera su decisión de no prorrogar el contrato administrativo suscrito con la Fundación Pro Zoológicos. Al mismo tiempo, se dan pasos graves y sustanciales para dejar inoperativa la actividad de la amparada a partir del 10 de mayo de 2024, como, por ejemplo, requerir a FUNDAZOO la información contable, financiera y administrativa del contrato, conminarla a entregar al ministerio los animales y la vida silvestre bajo su administración, y exigirle la entrega de las instalaciones que ella administra, libres de concesionarios, arriendos, contratos de alquiler de cualquier tipo, subarriendos, poseedores, comodotarios, ocupantes y cualquier otra obligación o deuda de cualquier otra naturaleza. Con ello, se demuestra que la cartera ministerial está completamente decidida a ejecutar su acto administrativo a partir del 10 de mayo de 2024; con lo cual, se genera una situación de urgencia de que la situación jurídica de la parte actora y solicitante sea tutelada precautoriamente. El día 01 de mayo de 2024, el ministro de Ambiente y Energía emitió el oficio nro. DM-305-2024; por medio del cual, demuestra no cejar ni retroceder, en modo alguno, en su empeño por desbaratar y desarticular completamente los parques zoológicos nacionales, concretamente el Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar y el Centro de Conservación Santa Ana, lo cual, es prohibido por ley. Así, por medio de este oficio administrativo, se avanzan pasos concretos para la ejecución coactiva de los actos administrativos del MINAE que disponen la no prórroga del Contrato MIRENEM-FUNDAZOO, incluso, instruyéndose a la FUNDAZOO para la entrega de los expedientes clínicos de los animales y de las llaves de los recintos de los parques zoológicos nacionales, con miras a su posterior desaparición y desarticulación. A menos de una semana de que se desplieguen los efectos de los actos administrativos que disponen la no-prórroga del contrato administrativo entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Fundación Pro Zoológicos, no existe una consciencia y determinación clara, de parte del primer órgano administrativo, acerca del destino y del futuro que tendrán los animales que actualmente se ubican en los parques zoológicos nacionales. Alega, el recurrente, que esto constituye un potencial daño ambiental de gran envergadura y, en cuanto a tal, faculta la intervención de toda la ciudadanía en reclamación por la afectación a intereses de tipo difuso, como es su caso, quien -a pesar de no laborar para FUNDAZOO- es potencialmente afectado por la decisión administrativa intempestiva de cerrar los zoológicos nacionales, dado que, así no sólo se contraviene de una forma muy desvergonzada la ley vigente, sino que se coloca a los animales y a la flora y fauna silvestres en franco peligro de desaparición y de muerte, al privarlos de sus condiciones habituales de hábitat, de cuido, de alimentación y de relación con su entorno natural. Alega que la situación aquí descrita representa la amenaza de un daño grave y de muy difícil reparación para la Fundación Pro Zoológicos, lo cual, incardina como un daño en parte actual y en parte potencial, de carácter cierto en parte y también en parte de causación inminente, si esta Sala no accediera a la emisión de una medida cautelar de efectos anticipativos. Sostiene que la indicación de un plazo fatal de extinción al contrato suscrito entre el entonces MIRENEM y FUNDAZOO, no solo se erige como una monumental transgresión al principio de legalidad y un radical incumplimiento de deberes; sino que, además de ello, todo lo aquí expuesto representa una lesión sensible hacia el interés público del resguardo y de la conservación de la vida de la flora y de la fauna silvestres, al estarse colocando totalmente en el limbo o en entredicho la actividad de tal fundación, lo cual, paralelamente está generando ya importantes daños económicos por violación a los principios constitucionales de propiedad privada y de indemnidad patrimonial que amparan a la persona jurídica a favor de la cual se impetra el amparo ante esta sede. Considera que, en primer lugar, se vulnera en su médula el derecho constitucional al trabajo de todos los funcionarios activos de la fundación; quienes, tal como se puede verificar de presunciones básicas, están en un inminente riesgo de perder su fuente de empleo, en un área de especialización profesional que es único en su género, con lo cual, a todos estos trabajadores se les estarán restringiendo posibilidades reales de colocación. El derecho constitucional al trabajo se consagra en el numeral 56 de la Constitución Política, como un derecho del individuo y una obligación la sociedad; y, en el presente caso, se afecta el núcleo central de este derecho fundamental, con una actuación tan intempestiva del Ministerio de Ambiente y Energía como la que se ha verificado en el presente caso, en el cual, simplemente se decide la no-prórroga de un contrato y la cesación de sus efectos jurídicos, sin ningún justificante, y sin un motivo determinante para proceder a tomar tan radical determinación. Es preocupante que, a pesar de que se ha hecho ver a las autoridades públicas sobre la inconveniencia de cerrar los parques zoológicos nacionales, y sobre los funestos efectos que esto generará no solo para la fundación, sino para sus propios trabajadores en planilla; a pesar de todo esto, la posición del Ministerio de Ambiente y Energía ha sido radical e inflexible, y a pesar de que no se brinda ningún argumento -ni serio y ni siquiera frívolo- para el cierre y la cesación de los contratos, ni el ministro ni las autoridades del SINAC han cejado en su empeño, y se encaminan totalmente a cerrar manu militari los parques zoológicos nacionales el 10 de mayo de 2024. Añade que el numeral 50 de la Constitución Política establece expressis verbis la garantía constitucional de la protección de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Insiste que, en este caso, a menos de una semana de que se desplieguen los efectos de los actos administrativos que disponen la no-prórroga del contrato administrativo entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Fundación Pro Zoológicos, no existe una consciencia y determinación clara, de parte del primer órgano administrativo, acerca del destino y del futuro que tendrán los animales que actualmente se ubican en los parques zoológicos nacionales. Indica que esta Sala Constitucional ha sido sumamente celosa acerca de las posibles implicaciones negativas que de suyo tienen las acciones del Estado, al poder llegar a restringir los afanes de la protección medioambiental; y, en tal carácter, ha ideado jurisprudencialmente, con apego en precedentes de doctrina nacional y foránea, la tesis del “principio precautorio en materia ambiental”, por la cual, se establece de antemano una presunción de que tanto la inacción del Estado, como su intervención excesiva, pueden llegar a provocar daños ambientales y a los ecosistemas naturales de gran envergadura, lo que justifica la adopción de medidas cautelares y otras disposiciones profilácticas para evitar que lleguen a producirse tales consecuencias dañosas, que es precisamente lo que venimos requiriendo respetuosamente ante esta sede. Aquí, es indudable que si cierran de la nada los únicos dos zoológicos nacionales, propiedad del Estado, con cientos de hectáreas y metros cuadrados destinados a la protección, conservación y educación medioambiental. Ello derivará, apodícticamente, en consecuencias nocivas para el medio ambiente; y, duro es reconocerlo, pero una eventual inacción tanto del Estado, de sus órganos administrativos como de la propia judicatura, devendrá la causa directa de tales daños ambientales. Solicita que, por lo anterior, se dicten las medidas cautelares aquí solicitadas ante esta Sala; de lo contrario, se podría comprometer tanto la responsabilidad local como la internacional del Estado costarricense, con la subsecuente responsabilidad administrativa, civil o hasta penal del funcionario público agente o renuente, por lo que podría llegar a ser una de las mayores masacres ambientales que hayamos presenciado en Costa Rica, en los últimos años. Insiste, el recurrente, que procede dictar una medida cautelar, por cumplirse los requisitos de apariencia de buen derecho, peligro de mora y no afectación grave del interés público. Solicita se declare la nulidad e inaplicabilidad de los oficios DM-001-2022, DM-026-2022, DM-322-2023 y DM-305-2024. Solicita, además, se dicta una medida cautelar suspensiva de las actuaciones de la Administración Pública, en particular, se ordene la suspensión de los referidos oficios. Asimismo, como medida necesaria para asegurar la operatividad del aparato administrativo, legal y financiero de la fundación amparada, se disponga cautelarmente la obligación del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de abstenerse de recortar la dotación de presupuesto humano, material y logístico que la autoridad pública ejecuta a favor de tal fundación, en virtud de las cláusulas del “Contrato MIRENEMFUNDAZOO para la administración y desarrollo de los zoológicos nacionales”.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente cuestiona la decisión del Ministerio de Ambiente y Energía de no prorrogar el contrato administrativo suscrito con la Fundación Pro Zoológicos, atinente a la administración del Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar y del Centro de Conservación de Santa Ana, pues considera que tal determinación carece de una debida justificación. Acusa que lo actuado por tal ministerio infringe el citado contrato. Alega, además, que no existe una "consciencia y determinación clara", de parte de ese ministerio, acerca del destino y del futuro que tendrán la fauna y flora que se ubica en esos parques zoológicos, lo que podría suponer una infracción al artículo 50 constitucional.

II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Debe señalarse, preliminarmente, que no corresponde a este Tribunal determinar si se ha dado una debida ejecución y cumplimiento del referido contrato. Esto supone un conflicto contractual que no procede ser ventilado -ni mucho menos resuelto- en esta jurisdicción. Como lo ha sostenido este Tribunal -en anteriores ocasiones- “los conflictos atinentes a la correcta interpretación de las cláusulas de los contratos en cuestión, de sus alcances y de las obligaciones que de ellas se derivan para las partes, así como lo dispuesto por la normativa que rige la materia, ... se trata de un problema de legalidad ordinaria cuyo conocimiento es ajeno al ámbito de competencia de la Sala.” (ver sentencia nro. 2009-015459 de las 18:10 horas del 29 de setiembre de 2009, así como voto nro. 2013-016146 de las 9:05 horas del 6 de diciembre de 2013, entre otros). Por ende, la discusión referente a si se ha incurrido o no en un incumplimiento contractual o a cuál de las partes resulta atribuible tal incumplimiento, así como sus eventuales efectos jurídicos, deberá plantearse en la propia sede administrativa o en la jurisdicción ordinaria correspondiente.

Ahora bien, en cuanto a la pretensión de fondo del recurrente, en el sentido que esta Sala revise la decisión de no prorrogar el mencionado contrato, debe indicarse que este Tribunal, por voto nro. 2024011345 de las 9:20 horas del 26 de abril de 2024, ya resolvió que:

"I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alega que Zoológico Simón Bolívar tiene más de 100 años en Costa Rica y es uno de los pioneros en el cuidado al ambiente, así como la flora y fauna del país, sin embargo, el ministerio recurrido decidió cerrarlo. A juicio de la recurrente el MINAE debería desarrollar diferentes proyecto para enorgullecer al Estado costarricense, buscando patrocinios y ayudas para que existan más de estos refugios. Aduce que la mayoría de los animales se encuentra en ese zoológico ya geriatras y superan su expectativa de vida, acostumbrados a un hábitat, clima, dieta, cuidadores y muchos tienen necesidades especiales, por lo que es muy probable que someterlos al estrés de todos esos cambios de golpe, su salud se vea muy afectada y comprometida, sin mencionar que deben sobrevivir a la anestesia y el transporte. Cuestiona quién se va a hacer responsable de que esos animales no mueran en el traslado. Señala que, como ciudadana, al MINAE no se le debe permitir cerrar ese zoológico.

II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Vistas las alegaciones de la parte recurrente, se le hace ver que la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna, con efectos restitutivos, contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su procedencia, en general, está condicionada, no sólo a que se acredite la existencia de una turbación —o amenaza de ésta— a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos. Por esta razón, la Sala Constitucional también ha hecho hincapié en que la legitimación en la acción de amparo se mide por el perjuicio o la lesión infringida al recurrente o de la persona concreta en favor de la cual se promovió el recurso, no por el mero interés en la legalidad o la constitucionalidad. Consecuentemente, no le corresponde a este Tribunal conocer directamente, por la vía sumaria del amparo, quejas y denuncias formuladas en abstracto contra disposiciones adoptadas por el Poder Público, siéndole posible admitir para estudio, solamente, aquellos reclamos en que haya indicios o elementos suficientes para presumir, prima facie, la existencia de tales amenazas o quebrantos directos y groseros de un derecho fundamental. En el caso que nos ocupa, la recurrente acude en abstracto y de forma genérica, contra la decisión del MINAE de cerrar el zoológico Simón Bolívar, pues a su juicio el Estado debería buscar patrocinios y ayudas para este tipo de lugares. Además, presume que la salud de los animales se verá afectada por el traslado. Sin embargo, la recurrente no expone una situación concreta e individual que presuponga la amenaza directa de un derecho fundamental, así como tampoco alega haber planteado alguna denuncia respecto al tema de los animales. De manera que, pretende que este Tribunal controle en abstracto la constitucionalidad o legalidad, de la decisión adoptada por la autoridad recurrida, sin que exista de por medio una situación real sobre la cual ejercer ese control, lo cual, como se indicó, resulta improcedente en el amparo. Adicionalmente, esta Sala no puede usurpar las atribuciones de la Autoridad recurrida, en su rol de Administración activa y, previo análisis de los hechos, los requisitos legales, estudios técnicos del caso, así como criterios de oportunidad y conveniencia, determinar la procedencia o no del cierre del citado zoológico, pues se trata de una labor propia de la Administración, cuyos diferendos debe discutirse en la vía legal ordinaria, administrativa o jurisdiccional. Así las cosas, si la amparada se encuentra inconforme con la decisión adoptada por la autoridad recurrida, deberá plantear sus reclamos y denuncias ante la propia autoridad recurrida o en la vía judicial correspondiente. En consecuencia el recurso resulta inadmisible y así se declara." Consideraciones aplicables al sub lite. Debe reiterarse que esta Sala no puede usurpar las atribuciones del Ministerio de Ambiente y Energía, en su rol de administración activa y, previo análisis de los hechos, los requisitos legales y estudios técnicos del caso, así como criterios de oportunidad y conveniencia, determinar la procedencia del cierre o cambio de destino del Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar y del Centro de Conservación de Santa Ana, pues se trata de una labor propia de la administración, cuyos diferendos debe discutirse en la vía legal ordinaria, administrativa o jurisdiccional.

Por lo demás, el recurrente alega que no existe una “consciencia y determinación clara”, de parte del citado ministerio, acerca del destino y del futuro que tendrán los animales que se ubican en esos parques zoológicos, lo que podría suponer una infracción al artículo 50 constitucional. Sin embargo, más allá de tal cuestionamiento genérico y abstracto, lo cierto es que no describe una situación concreta y específica que presuponga la amenaza directa al citado numeral constitucional. De hecho, el propio recurrente aporta prueba documental, como es el caso del oficio nro. DM-322-2023 del 2 de mayo de 2023, emitido por el ministro de Ambiente y Energía, en que se le reitera a la presidenta de la Fundación Pro Zoológicos que tal ministerio tomará “posesión de los... animales de vida silvestre”, por lo que deberá facilitar “el retiro de los animales de vida silvestre, conforme al Inventario, cronograma o hoja de ruta del Parque Zoológico Simón Bolívar y del Centro de Conservación Santa Ana”, ajustar “sus acciones a la normativa vigente en relación con manejo de vida silvestre” y brindar “la información técnica y veterinaria de los animales de vida silvestre que se encuentran en el Parque Zoológico Simón Bolívar y el Centro de Conservación Santa Ana. Cualquier nuevo ingreso, muerte, nacimiento o estado crítico de salud, será reportado en forma inmediata a la persona de contacto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación...”, en procura de garantizar un proceso que “sea ordenado, en especial por el bienestar de los animales”. Con lo que se verifica, prima facie, la determinación del ministerio recurrido de velar por la seguridad y bienestar de tales animales. Incluso, este Tribunal no puede obviar, por ser un hecho público y notario (pues, así ha sido informado por medios de comunicación colectiva; véase, por ejemplo: https://www.teletica.com/nacional/asi-trasladan-a-cientos-de-animales-del-simon-bolivar-hasta-su-nuevo-hogar_358105) que, una vez que el Ministerio de Ambiente y Energía tomó efectiva posesión de tales inmuebles, se inició el traslado de animales al Centro de Rescate de Vida Silvestre Tropical, para su debida valoración por medio de equipos técnicos especializados de biólogos y veterinarios, a fin de poder determinar su adecuado manejo. También se dispuso coordinar con Senasa e Incopesca el destino de animales de granja y acuáticos, respectivamente.

A lo que se añade, lo ya indicado, en el sentido que el recurrente se limita a formular un cuestionamiento genérico y abstracto sobre el destino de la flora y la fauna ubicados en tales predios, más que plantear una situación concreta y específica que permita derivar, aunque sea indiciariamente, una amenaza al artículo 50 constitucional.

III.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar de plano el presente amparo, como así se dispone.

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Fernando Castillo V.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Aracelly Pacheco S.

Ana Cristina Fernandez A.

Alexandra Alvarado P.

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    • Constitución Política Art. 50
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