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Res. 13403-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/05/2024

Failure to respond to environmental complaint about water overflow and tree fellingOmisión de respuesta a denuncia ambiental por desbordamiento de aguas y tala de árboles

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo was granted, ordering the Municipality of Aserrí to respond to the environmental complaint within two months and to pay costs, damages, and losses.Se declaró con lugar el amparo, ordenando a la Municipalidad de Aserrí responder la denuncia ambiental en dos meses y condenando al pago de costas, daños y perjuicios.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber heard an amparo appeal filed by a resident of Aserrí who had administratively complained to the Municipality about water overflow and tree felling where he lives. The complaint was submitted on February 19, 2024, but by April 21, 2024, when the amparo was filed, no substantive response had been issued. The Municipality merely emailed copies of plans on March 25, which did not address the environmental complaint. The Chamber found that, although the general rule is to refer administrative delays to the contentious-administrative courts, environmental complaints are an exception due to their close link to the right to a healthy environment (Article 50 of the Constitution). It granted the appeal, ordered municipal authorities to respond within two months, and awarded costs. Justices Castillo Víquez and Salazar Alvarado added separate notes on the exceptional jurisdiction.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por un vecino de Aserrí que denunció administrativamente a la Municipalidad por desbordamiento de aguas y derribo de árboles en el lugar donde vive. La denuncia fue presentada el 19 de febrero de 2024, pero al 21 de abril de 2024, fecha de interposición del amparo, no se había emitido una respuesta sustantiva. La Municipalidad se limitó a enviar copias de planos por correo electrónico el 25 de marzo, lo que no atendía el fondo de la denuncia ambiental. La Sala consideró que, aunque la regla general es remitir los atrasos administrativos a la jurisdicción contenciosa, las denuncias ambientales constituyen una excepción por su estrecha vinculación con el derecho a un ambiente sano (art. 50 constitucional). Declaró con lugar el recurso, ordenó a las autoridades municipales dar respuesta en dos meses e impuso condena en costas. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado consignaron notas separadas sobre la competencia excepcional.

Key excerptExtracto clave

VI. Note from Magistrate Castillo Víquez regarding prompt and fulfilled administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a person claims a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, it is the Contentious-Administrative Courts that must hear the dispute, not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal provided for in Article 32 of the Law on Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. VII. Note from Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is also the undersigned's view that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider its hearing and resolution belongs to the contentious-administrative courts. However, I do address the merits when other rights of the affected people are at stake, such as health, quality of life, and the right to a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, which alleges the felling of trees in the locality where the appellant lives, which threatens the right to a healthy and ecologically balanced environment and a decent quality of life.VI.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. VII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la tala de árboles en la localidad donde vive el recurrente, lo cual amenaza el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Debe tener presente la Municipalidad de Aserrí, que es su deber tramitar y analizar de manera diligente las denuncias que se presenten ante su cargo."

    "The Municipality of Aserrí must bear in mind that it is its duty to diligently process and analyze the complaints that are filed with it."

    Considerando V – Caso Concreto

  • "Debe tener presente la Municipalidad de Aserrí, que es su deber tramitar y analizar de manera diligente las denuncias que se presenten ante su cargo."

    Considerando V – Caso Concreto

  • "En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)..."

    "In environmental matters, it is also the undersigned's view that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider its hearing and resolution belongs to the contentious-administrative courts. However, I do address the merits when other rights of the affected people are at stake, such as health, quality of life, and the right to a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution)..."

    Considerando VII – Nota del Magistrado Salazar Alvarado

  • "En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)..."

    Considerando VII – Nota del Magistrado Salazar Alvarado

  • "...cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala."

    "...when a person claims a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, it is the Contentious-Administrative Courts that must hear the dispute, not this Chamber."

    Considerando VI – Nota del Magistrado Castillo Víquez

  • "...cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala."

    Considerando VI – Nota del Magistrado Castillo Víquez

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Date of Resolution: May 17, 2024 at 09:30 Type of matter: Recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL *240104890007CO* Res. No. 2024013403 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty hours on the seventeenth of May two thousand twenty-four.

Recurso de amparo processed in expediente no. 24-010489-0007-CO, filed by GERARDO VIDAL ARIAS VARGAS, identity card 01-0593-0352, against the MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ

Resultando:

1.- Through a document filed with the Secretariat of the Sala at 17:25 hours on April 21, 2024, the petitioner files a recurso de amparo. He indicates that on February 19, 2024, he filed a complaint before the Municipalidad de Aserrí for the overflow of waters and felling of trees. However, he alleges that more than 2 months have elapsed and as of the date he seeks amparo, he has not obtained a response from the respondents. For the foregoing, he requests the intervention of the Sala. He requests that the recurso be granted.

2.- By means of a resolution at 10:53 hours on April 24, 2024, the proceeding was initiated and a report was requested from the alcalde, the president of the Concejo, the auditor, and the director of Gestión Urbana y Rural, all of Aserrí.

3.- Patricia Mayela Porras Segura reports, in her capacity as Alcaldesa Municipal of the Municipalidad de Aserrí. She explains: “indeed, on February 19, 2024, the administrative complaint filed by Mr. Gerardo Arias Vargas was received in this municipality; however, it is clear that the petitioner is confusing the figure of the right of petition with a complaint, which requires a series of investigative acts and internal procedures in order to verify the real truth of the facts alleged. Now, regarding the request for urban planning information, this was sent on March 25, 2024, by Ing. Rebeca Soto Arce, to the email ericbm55@gmaíI.com, the means of notification indicated by the petitioner. That the Ley General de la Administración Pública is clear in establishing that the processing of this type of case is by means of the ordinary administrative procedure, so this municipality must act in accordance with the principle of legality that governs it. She requests that the recurso be dismissed.

4.- Patricia Mayela Porras Segura, in her capacity as Alcaldesa Municipal of the Municipalidad de Aserrí, Sonia Aguilar Zamora in her capacity as Presidenta del Concejo Municipal, Yadira Cruz Fallas in her capacity as Auditora Municipal, and Rebeca Soto Arce in her capacity as Directora de Gestión Urbana y Rural, all of the Municipalidad de Aserrí, report that due to a formal error in the response sent by this municipality, the inclusion of the auditora municipal, the presidenta del Concejo Municipal, and the directora de Gestión Urbana y Rural was omitted; therefore, it is requested that the report of said officials be considered answered in the same terms. They request that the recurso be dismissed.

5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considerando:

I.- PURPOSE OF THE RECURSO. The petitioner notes that on February 19, 2024, he filed a complaint before the Municipalidad de Aserrí for the overflow of waters and felling of trees. However, more than 2 months have elapsed and as of the date he seeks amparo, he has not obtained a response from the respondents. He asserts that this conduct is contrary to his fundamental rights.

II.- PRELIMINARY QUESTION. Before analyzing the merits of the matter —due to the alleged violation of the right to a prompt and completed proceeding— it must be clarified that, based on judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the instance of a party— or to hear the applicable administrative resources. Precisely, in this case, an exception is posed, since we are dealing with an environmental complaint, which, allegedly, has not been resolved within a reasonable period by the respondent authorities. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation posed in this amparo.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

On February 19, 2024, the petitioner filed with the Municipalidad de Aserrí an administrative complaint for the overflow of waters and felling of trees in the place where he lives (see evidence). On March 25, 2024, the Municipalidad de Aserrí sent to the email ericbm55@gmaíI.com —the means of notification indicated by the petitioner— copies of plans (see evidence).

IV.- UNPROVEN FACT: The following fact of relevance for this resolution is deemed unproven: Solely.- that as of May 2 and 6, 2024, at the time the report was rendered by the respondent authority before the Sala, a response had been given to the complaint filed by the petitioner or that he had been informed of the status of its processing.

V.- SPECIFIC CASE. From the analysis of the evidence provided to the expediente, in relation to the report presented by the respondent authorities, it is found that indeed, on February 19, 2024, the petitioner filed an environmental complaint and alleged supposed environmental damages. In its response, the respondent authority attaches an email with copies of plans that it says it sent to the petitioner on March 25, 2024; which does not constitute a response to the complaint filed for the overflow of waters and felling of trees in the place where he lives.

Under the described scenario, given that as of April 21, 2024, the date of filing of the present recurso, the complaint in question had not yet been addressed by the respondent authority, it is proper to grant the recurso, with the consequences indicated in the operative part of this judgment. The Municipalidad de Aserrí must bear in mind that it is its duty to diligently process and analyze the complaints filed before it. In sum, it shall refrain from incurring again in delays such as the one that occurred in the complaint filed by the petitioner.

VI.- Note from Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and completed administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and completed justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Tribunals and not this Sala. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the recurso de amparo established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line; rather, based on numeral 7 of its Ley, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Sala as exceptional cases, which are properly heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Constitution's Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.

VII.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do hear the merits of the matter when other rights of the affected persons are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Constitución Política), as is the case here, where the felling of trees in the locality where the petitioner lives is alleged, which threatens the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The recurso is granted. It is ordered to Patricia Mayela Porras Segura, in her capacity as Alcaldesa Municipal of the Municipalidad de Aserrí, Sonia Aguilar Zamora in her capacity as Presidenta del Concejo Municipal, Yadira Cruz Fallas in her capacity as Auditora Municipal, and Rebeca Soto Arce in her capacity as Directora de Gestión Urbana y Rural, all of the Municipalidad de Aserrí, or whomever holds such positions, to arrange and coordinate whatever is necessary so that within the period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, a response is given to the complaint filed by the petitioner on April 21, 2024, and the decision is notified. The respondent party is warned that in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whomever receives an order that must be complied with or enforced, issued in a recurso de amparo, and fails to comply or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipalidad de Aserrí is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in execution of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado places a note.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

Digitally Signed Document -- Verification code -- *TSXAO5B0QLQ61* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 14:45:02.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *240104890007CO* Res. Nº 2024013403 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 24-010489-0007-CO, interpuesto por, GERARDO VIDAL ARIAS VARGAS, cédula de identidad 01-0593-0352, contra la MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ

Resultando:

1.- Por escrito agregado en la Secretaría de la Sala a las 17:25 horas del 21 de abril de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo. Señala que 19 de febrero de 2024 presentó una denuncia ante la Municipalidad de Aserrí por el desbordamiento de aguas y derribo de árboles. No obstante, acusa que han transcurrido más de 2 meses y a la fecha en que acude en amparo no ha obtenido respuesta por parte de los recurridos. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala. EPide se declare con lugar el recurso.

2.-Mediante resolución de las 10:53 horas del 24 de abril de 2024 se dio curso al proceso y se solicitó informe al alcalde, el presidente del Concejo, el auditor y director de Gestión Urbana y Rural, todos de Aserrí.

3.-Informa Patricia Mayela Porras Segura, en su condición de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Aserrí. Explica: “efectivamente el 19 de febrero de 2024 fue recibida en esta municipalidad la denuncia administrativa presentada por el señor Gerardo Arias Vargas, sin embargo, es claro que el recurrente está confundiendo la figura del derecho de petición con una denuncia, la cual requiere de una serie de actos de investigación y procedimiento interno a fìn de verifìcar la verdad real de los hechos denunciados. Ahora bien, respecto a la solicitud de información urbanística, esta fue remitida el 25 de marzo de 2024 por la Ing. Rebeca Soto Arce, al correoericbm55@gmaíI.com, medio de notificaciones señalado por el recurrente. Que la Ley General de la Administración Pública es clara en establecer, la tramitación de este tipo de casos por medio del procedimiento ordinario administrativo, por lo que esta municipalidad debe aduar conforme al principio de legalidad que la rige. Pide se declare sin lugar el recurso.

4.- Informan Patricia Mayela Porras Segura, en su condición de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Aserrí Sonia Aguilar Zamora en calidad de Presidenta del Concejo Municipal, Yadira Cruz Fallas en calidad de Auditora Municipal y Rebeca Soto Arce en calidad de Directora de Gestión Urbana y Rural todas de la Municipalidad de Aserrí, que por un error de forma en la contestación enviada por esta municipalidad se omitió incluir a la auditora municipal, la presidenta del Concejo Municipal y a la directora de Gestión Urbana y Rural, por lo tanto, se le solicita tener por contestado el informe de dichos funcionarios en los mismos términos. Piden se declare sin lugar el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acota que el 19 de febrero de 2024 presentó una denuncia ante la Municipalidad de Aserrí por el desbordamiento de aguas y derribo de árboles. No obstante, han transcurrido más de 2 meses y a la fecha en que acude en amparo no ha obtenido respuesta por parte de los recurridos. Afirma que ese proceder, es contrario a sus derechos fundamentales.

II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de las autoridades recurridas. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

El 19 de febrero de 2024, el recurrente planteó ante la municipalidad de Aserrí, denuncia administrativa por desbordamiento de aguas y derribo de árboles en el lugar donde vive (ver prueba). El 25 de marzo de 2024 la Municipalidad de Aserrí envió al correoericbm55@gmaíI.com, -medio de notificaciones señalado por el recurrente-, copias de planos (ver prueba).

IV.- HECHO NO DEMOSTRADO: Se estima no acreditado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución: Único.- que al 2 y 6 de mayo de 2024, momento de rendirse el informe por parte de la autoridad recurrida ante la Sala, se haya dado respuesta a la denuncia planteada por el recurrente o se le haya indicado el estado del trámite de la misma.

V.- CASO CONCRETO. Del análisis de la prueba aportada al expediente, en relación al informe presentado por parte de las autoridades recurridas se tiene que efectivamente, el 19 de febrero de 2024 el tutelado presentó una denuncia ambiental y acusó supuestos daños ambientales como En su respuesta la autoridad recurrida adjunta un correo electrónico con copia de planos que dice haber enviado al recurrente el 25 de marzo de 2024; lo que no constituye una respuesta a la denuncia planteada por desbordamiento de aguas y derribo de árboles en el lugar donde vive.

Bajo el escenario descrito, en virtud de que al 21 de abril de 2024, fecha de interposición del presento recurso, la denuncia en cuestión todavía no ha sido atendida por la autoridad recurrida, lo procedente es acoger el recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia. Debe tener presente la Municipalidad de Aserrí, que es su deber tramitar y analizar de manera diligente las denuncias que se presenten ante su cargo. En suma, absténgase de incurrir de nuevo en retrasos como el sucedido en la denuncia planteada por la recurrente.

VI.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la tala de árboles en la localidad donde vive el recurrente, lo cual amenaza el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Patricia Mayela Porras Segura, en su condición de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Aserrí Sonia Aguilar Zamora en calidad de Presidenta del Concejo Municipal, Yadira Cruz Fallas en calidad de Auditora Municipal y Rebeca Soto Arce en calidad de Directora de Gestión Urbana y Rural todas de la Municipalidad de Aserrí, o a quienes ocupen tales cargos, que disponga y coordinen lo necesario a efecto que en el plazo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se dé respuesta a la denuncia formulada por el recurrente el 21 de abril de 2024 y se notifique lo resuelto. Se advierte a la parte recurrida que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no lo cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Aserrí al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *TSXAO5B0QLQ61*

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley de la Jurisdicción Constitucional art. 32
    • Constitución Política art. 50
    • Ley 9097 art. 1

    Spanish key termsTérminos clave en español

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