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Res. 12877-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/05/2024

Dismissal of Amparo Against Telecommunications Tower Installation in Front of ResidenceImprocedencia de amparo contra instalación de torre de telecomunicaciones frente a vivienda

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OutcomeResultado

Dismissed on meritsRechazado por el fondo

The Chamber dismisses the amparo on the merits, finding no violation of fundamental rights and referring permit legality issues to the contentious-administrative jurisdiction.La Sala rechaza por el fondo el amparo, declarando improcedente la pretensión por no existir lesión a derechos fundamentales y remitiendo las cuestiones de legalidad de permisos a la vía contenciosa.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber dismisses on the merits the amparo filed against the Municipality of Pérez Zeledón and UFINET regarding the installation of a 24-meter telecommunications tower in front of a residence. The petitioners alleged violations of the rights to health, property, a healthy environment, due process, and transit, as well as fears of radiation, property devaluation, sidewalk obstruction, and potential criminal use of the structure. The Chamber reiterates its established case law holding that there is no scientific evidence that cell towers pose a health or environmental risk; that telecommunications infrastructure is a matter of national public interest and does not require a public hearing or modification of the zoning plan; and that review of the legality of construction permits belongs to the administrative or contentious-administrative jurisdiction, not amparo. Magistrate Rueda Leal dissents, considering further proceedings necessary to prove or rule out a violation of fundamental rights.La Sala Constitucional rechaza por el fondo el recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Pérez Zeledón y UFINET por la instalación de una torre de telecomunicaciones de 24 metros frente a una vivienda. Los recurrentes alegaban violación a los derechos a la salud, propiedad, ambiente sano, debido proceso y tránsito, así como temor por radiación, devaluación del inmueble, obstrucción de acera y posible uso delictivo de la estructura. La Sala reitera su jurisprudencia consolidada en el sentido de que no existe evidencia científica de que las torres de telefonía representen riesgo para la salud o el ambiente; que la infraestructura de telecomunicaciones es de interés público nacional y no requiere audiencia pública ni modificación del plan regulador; y que la verificación de la legalidad de los permisos constructivos es materia de la vía administrativa o contenciosa, no del amparo. El Magistrado Rueda Leal salva el voto por considerar necesario mayor trámite para acreditar o descartar la lesión a derechos fundamentales.

Key excerptExtracto clave

III.- ON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE AND THE RIGHT TO HEALTH.- The petitioners also claim that the telecommunications tower in question violates their right to a healthy and ecologically balanced environment. However, the issue of installing telecommunications and cell phone towers, being of public interest, has already been extensively addressed by this Chamber. Thus, in ruling No. 2013-006649 of ten hours twenty minutes on May seventeen, two thousand thirteen, the Chamber held: “ON THE INSTALLATION OF CELL PHONE TOWERS. Regarding the installation of cell signal transmission towers, the Constitutional Chamber has determined that it is a matter of public interest that exceeds the local or cantonal sphere and pertains to the national orbit, even projecting into the field of Public International Law. [...] First, as this Constitutional Court has indicated, telecommunications are of great constitutional relevance, to the extent that Article 121(14)(c) of the Constitution states that ‘wireless services’ or the electromagnetic spectrum form part of the constitutional public domain and are specifically a national asset [...]. IV.- ON THE GRANTING OF PERMITS FOR THE PROJECT. Finally, given that the petitioners assert there is no evidence that the objected project has the required legal permits, it must be noted that this Chamber is not a controller of legality of administrative actions or decisions and is therefore not called upon to review whether a telecommunications tower complies with the requirements of current legislation, as that is a task for the ordinary administrative or judicial channels. [...] Consequently, the petitioners must raise their objections or claims before the respondent authorities or in the competent jurisdictional venue, where they may broadly discuss the merits and assert their claims. Therefore, the appeal is inadmissible and is so declared.III.- SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES Y EL DERECHO A LA SALUD.- Los recurrentes acusan, asimismo, que la torre de telecomunicaciones cuestionada violenta su derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, el tema de la instalación de torres de telecomunicaciones y telefonía celular, al ser de interés público, ya ha sido ampliamente tratado por esta Sala. De esta manera, en el pronunciamiento N° 2013-006649 de las diez horas veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil trece, la Sala dispuso lo siguiente: “SOBRE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. Tratándose de la instalación de torres transmisoras de señal celular, la Sala Constitucional ha determinado que se trata de un tema de interés público que excede la esfera de lo local o cantonal que atañe a la órbita de lo nacional e incluso se proyecta al terreno del Derecho Internacional Público. [...] En primer término, como lo ha indicado este Tribunal Constitucional, el tema de las telecomunicaciones tiene gran relevancia constitucional, tanto que en el artículo 121, inciso 14), subinciso c), de la Constitución se indica que los ‘servicios inalámbricos’ o el espectro electromagnético forma parte del dominio público constitucional y concretamente es un bien propio de la Nación [...]. IV.- SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA OBRA. Por último, visto que los recurrentes aseguran que no existe evidencia de que el proyecto objetado cuente con los permisos de ley, debe indicarse que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no está llamada a revisar si una torre de telecomunicaciones cumple o no los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, pues se trata de una labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional. [...] Por ello, deberán los recurrentes plantear su inconformidad o reclamo ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrán, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.

Pull quotesCitas destacadas

  • "en general, la instalación de las torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente."

    "in general, the installation of cell phone towers does not imply a threat or undue risk to people's health or the environment."

    Considerando II

  • "en general, la instalación de las torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente."

    Considerando II

  • "la infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional."

    "telecommunications infrastructure has a relevance that exceeds the local or cantonal sphere, assuming a clear public interest and, of course, standing as a matter pertaining to the national orbit."

    Considerando II

  • "la infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional."

    Considerando II

  • "esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no está llamada a revisar si una torre de telecomunicaciones cumple o no los requisitos establecidos en la normativa legal vigente."

    "this Chamber is not a controller of legality of administrative actions or decisions and is therefore not called upon to review whether a telecommunications tower complies with the requirements of current legislation."

    Considerando II

  • "esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no está llamada a revisar si una torre de telecomunicaciones cumple o no los requisitos establecidos en la normativa legal vigente."

    Considerando II

  • "En consonancia con lo anterior, estimo que en el sub iudice se requiere de mayores elementos de conocimiento para acreditar o descartar la vulneración de los derechos fundamentales reclamada. Por consiguiente, salvo el voto y dispongo cursar el amparo."

    "In line with the above, I consider that in the case at hand, more elements of knowledge are required to prove or rule out the claimed violation of fundamental rights. Therefore, I dissent and order that the amparo be processed."

    Voto salvado del Magistrado Rueda Leal

  • "En consonancia con lo anterior, estimo que en el sub iudice se requiere de mayores elementos de conocimiento para acreditar o descartar la vulneración de los derechos fundamentales reclamada. Por consiguiente, salvo el voto y dispongo cursar el amparo."

    Voto salvado del Magistrado Rueda Leal

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Sections

Procedural marks

Sala Constitucional Date of Resolution: May 10, 2024 at 09:20 Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Related Judgments  PROCESS: AMPARO APPEAL RESOLUTION Nº 2024012877 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on May tenth, two thousand twenty-four.

Amparo appeal filed by DANIEL HUMBERTO MONTERREY ARGUEDAS, identity card 0402190369, on behalf of ANA MARÍA ARAYA BARRANTES, identity card 0104760218; CARLOS LUIS ARAYA BARRANTES, identity card 0103930948; FREDDY ANTONIO ARAYA BARRANTES, identity card 0601820308,; GISELLE ARAYA BARRANTES, identity card 0602200577; JOHNNY ALBERTO ARAYA BARRANTES, identity card 0601960659; JUAN LUIS ARAYA BARRANTES, none; KATTIA ARAYA BARRANTES, identity card 0108290243; LUZ MARINA ARAYA BARRANTES, identity card 0601730018; MANUEL ÁNGEL ARAYA BARRANTES, identity card 0105370476; MARÍA ESTER RAYA BARRANTES, identity card 0105380739; MARÍA EUGENIA ARAYA BARRANTES, identity card 0104060480; VÍCTOR HUGO ARAYA BARRANTES, identity card 0104560438; and YAMILETH ARAYA BARRANTES, identity card 0602080893; against the MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN and EMPRESA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (UFINET).

Resultando:

1.- By written submission incorporated into the digital case file of the Sala at 2:38 a.m. on May 2, 2024, the appellant files an amparo appeal against the MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN and EMPRESA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (UFINET). They state the following: "BACKGROUND On Monday, April 29, 2024, some workers appeared in front of their house, located in Pérez Zeledón, Daniel Flores, Calle Toros; said workers had machinery and municipal permits for the installation of a tower, the final size of which will be 24 meters. FACTS FACT 1: The construction at the boundary in front of the dwelling was NEVER notified to them by the Municipality, nor by any other entity, creating a situation of defenselessness for the Araya Barrantes Family. FACT 2: Because the building will be extremely high, it will encroach upon the pedestrian right-of-way and, if built following the legal framework of Article 401, paragraph 2, of the INVU Construction Regulations for Accessibility (the law regulating said construction), they must build a 2.5-meter wall around the construction, further blocking the sidewalk, the visibility of the house, and even, due to its proportions, causing an obstruction to both vehicular and pedestrian traffic. (evidence 4, photo 2) FACT 3: The Araya Barrantes Family expresses their FEAR that if the specifications of Article 401, paragraph 2, of the INVU Construction Regulations are not met, said structure could be used by criminals as a bridge to enter the Araya Barrantes Family's dwelling or to vandalize the structure, generating a greater risk that some part of it could cause material damage or even take a life. (evidence 4, photo 1 and 3) FACT 4: The Araya Barrantes Family expresses their FEAR that said structure will affect their health due to the radiation it could emit or that some part of the building's structure could fall, damaging material goods or human lives, since minors and elderly adults live in the area, a situation that is omitted from the contract between the municipality and UFINET, which only states that (UFINET) must take responsibility if something bad happens and the municipality, which grants the permits, disclaims all liability for any damage, and does not mention any insurance policy as a requirement to safeguard the integrity of nearby residents or their dwellings from any type of damage, creating uncertainty, defenselessness, and enormous fear for those who live and travel through that site daily. (evidence 1) FACT 5: The Araya Barrantes Family expresses their fear that the structure will hide the dwelling and also fears it will cause a devaluation of its value, because, even though it is currently used by the individuals as a rental, families constantly live there and, moreover, it is their parents' house, and although it currently holds an incalculable value for them, it is for sale at this moment, this being a direct impact on the economy and the legacy that they and their parents built with so much effort. (evidence 4, photo 2) FACT 6: We consider that the municipality did not carry out the corresponding and necessary studies, since it did not notice the possible situations of defenselessness and harm against those who live nearby or even those who inhabit the dwelling; furthermore, in the area there is a large number of vacant lots ideal for the construction of their tower, far from dwellings and direct human contact, and much less, in front of a house. FACT 7: We consider that, as indicated in the Telecommunications Towers and Health Brochure (described in the evidence), communication by traditional means, such as the use of 'normal' telephony—meaning without internet use—would be limited, and many of the affected people are elderly adults; this would generate a situation of defenselessness and a clear violation of their fundamental rights, since, as described in the Brochure, it is recommended that if one lives nearby (in this case, in front), short calls or the use of devices like airphones are recommended, devices not commonly used by people in that sector or the elderly. (evidence 2) We consider that, just as happened with the Municipalidad de Barva de Heredia and the Municipalidad de Tibás, likewise for the construction of Telecommunications towers 'on top' of houses, they were forced to modify their regulations for the placement of such structures near dwellings and educational centers—in Barva, to a minimum distance of 200 meters from dwelling houses, educational centers, and other meeting centers, and in Tibás, to a minimum distance of 500 meters from educational centers, and the tower owner is required to have a $3,000,000 insurance policy in case of health impacts or if the tower were to fall and cause damage. We consider that, as occurred in San Antonio de Belén de Heredia in a study conducted by the Ministerio de Hacienda through the Órgano de Normalización Técnica in 2001, for tax collection purposes, real estate would be affected by a devaluation of up to 50% of the land and building value in zones of influence of telecommunications towers and high-tension power lines; the devaluation is based on the fear of impact on human health and the risk of structural failure, as well as the loss of scenic beauty, among other things. Source: Study Titled 'Devaluation of land in Belén due to the effect of the electromagnetic field' LEGAL BASIS We consider that the joint actions of the Municipalidad de Pérez Zeledón and the company UFINET generate a direct violation of our Fundamental Rights, as well as a violation of due process since we were never notified of the construction of the building almost on top of our house. Articles 21, 33, and 40 Right to physical and moral integrity, 22 Freedom of transit, 23 Inviolability of the Home, 45 Right to private property, 50 Right to a healthy environment described in the Political Constitution of the Republic of Costa Rica. Article 2 and 10 of the Law on Notifications. Article 401, paragraph 2, of the INVU Construction Regulations for Accessibility. CLAIMS ONE: That this amparo appeal be accepted. TWO: We request that the building be stopped and relocated to a less risky area for the passing public and our violated family and personal interests. THREE: We request that the visual structural damage (the hole) resulting from the stoppage and mobilization of the works to another, more suitable site be repaired. FOUR: If the building cannot be relocated, we request that the municipality deploy guarantee mechanisms for the protection of the residents adjacent to the tower, such as insurance policies or modifications to the contract conditions guaranteeing rights and safety to the residents who are at risk with the erection of said building and which currently is not mentioned in the contract between them and UFNET." 2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Sala to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition submitted for its consideration that is manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of a previous identical or similar rejected petition.

Drafted by Judge Castillo Víquez; and,

Considerando:

I.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that on April 29, 2024, workers appeared in front of the protected party's house, who had machinery and municipal permits for the installation of a 24-meter tower, although this was not notified to them. They maintain that this construction will block the sidewalk, the visibility of the house, and even obstruct vehicular and pedestrian traffic. They mention that the amparo party fears that this tower will be used by criminals to enter their house, as well as that it will affect their health, given the radiation. They consider that it could be built in another area. They add that communication by traditional means, such as landline telephone service, would also be limited. They add that the land will also be devalued. They request the intervention of the Sala to stop the construction and carry it out in a less risky area, or, alternatively, to deploy insurance policies for protection or modification of contract conditions to guarantee the safety of the residents.

II.- ON THE SPECIFIC CASE. Regarding the installation of telecommunications towers, this Sala, in judgment N° 2019-020958 of 9:30 a.m. on October 29, 2019, considered the following:

"III.- ON THE BINOMIAL OF HEALTH AND ENVIRONMENT AND THE INSTALLATION OF CELLULAR TELEPHONY TOWERS. In relation to telecommunications towers, this Tribunal has already stated, repeatedly, that there is no evidence that they endanger the health of people or the environment. For example, in judgment No. 2010-014449 of 8:54 a.m. on August 31, 2010, it was indicated:

'… regarding the potential impact that the installation and commissioning of such towers could have on the health of the population, both the Instituto Costarricense de Electricidad and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental agree in their reports—which are rendered under the solemnity of oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—that, according to the scientific studies that have been conducted, both internationally and nationally, there is no evidence that the operation of such towers poses a risk or threat to the health of people and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are innocuous to health…'.

Moreover, in judgment No. 2003-003419 of 3:54 p.m. on April 29, 2003, this Tribunal indicated:

'…In the present matter, the accionante does not challenge a specific administrative act, but rather the possible effects that the installation of the cellular tower in Cerro Plano de Monteverde may have on the health of the population and the environment. However, it must be taken into consideration that the work carried out is based on the exercise of the public service corresponding to the respondent entity. Additionally, from the documentation in the record, it was not conclusively demonstrated that there are risks to the health of the population or the environment arising from exposure to these electromagnetic fields, since the Instituto Costarricense de Electricidad, in the report rendered under oath, has indicated that the base stations are of low power and comply with the technical specifications contained in Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, and therefore the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. On this point, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephony base station antennas is too low to produce health risks...' This position was reiterated in judgments No. 2004-007890 of 3:37 p.m. on July 20, 2004, and No. 2006-014550 of 10:35 a.m. on September 29, 2006. Therefore, this Tribunal concludes, in light of the evidence provided in the process and the scientific information existing to date, that, in general, the installation of cellular telephony towers does not imply an undue threat or risk to the health of people or to the environment. (See, in this regard, judgment No. 2011-002545 of 3:55 p.m. on March 1, 2011). Apart from the fact that in the present matter, the mayor of Tibás has informed that the tower objected to by the appellants has all the permits from the involved Institutions, as well as the corresponding construction permit. (Judgment 2016007163 of 09:20 a.m. on May 27, 2016)

IV.ON CITIZEN PARTICIPATION IN THE APPROVAL OF PERMITS OR LICENSES FOR THE CONSTRUCTION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE. This Sala has provided, among others, in judgment No. 2011-015763 of 9:46 a.m. on November 16, 2011, that the granting of a municipal construction license for a telecommunications tower or antenna, or the granting of a land-use certificate (certificado de uso de suelo) in accordance with existing zoning, does not imply a modification or reform of the Plan Regulador or the zoning established in the urban development regulations that form part of it, since, by virtue of the strategic and essential nature of telecommunications for social and economic development, there is a declared national public interest, a situation that legitimizes municipal corporations to grant land-use certificates and, based on these and other requirements, construction licenses for telecommunications infrastructure, without needing to modify or reform the prior Planes Reguladores and municipal Regulations that form part of it. Thus, it has been considered that the installation of telecommunications antenna towers does not require a prior public hearing in which the citizens of the community participate. Furthermore, in the present matter, the respondent authority has indicated that the property where the tower is located is commercial, as recorded in the Municipal Records, and has four commercial premises, which is why they do not need the neighbors' signatures to operate a commercial activity, since the land use is commercial. For greater abundance, the majority of this Tribunal emphasizes that the latest jurisprudence of this Sala has been that everything related to public hearings provided for in infraconstitutional regulations is a matter that must be heard in the contentious-administrative jurisdiction and not in the constitutional venue."

On the other hand, in judgment 2016005857 of two hours thirty minutes in the afternoon on May 3, two thousand sixteen, it provided the following:

"II.- ON CITIZEN PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL MATTERS.- In the present case, the appellants accuse—among other things—that the installation of a telephone tower in the residential area where they live was not subjected to consultation prior to its implementation. However, the Sala has addressed the problem of citizen participation in the procedures for the installation of telecommunications towers, in the following terms:

'[...] While it is true that this Sala has recognized the existence of the right to citizen participation in matters of an environmental nature, this right must be understood, at least to be heard by this jurisdiction, as applying to those projects that, due to their special nature and great significance or impact, could significantly affect a community. Being a constitutional principle, its adoption is also consistent in other legal regulations, even covering broader areas than those constitutionally protected via amparo, which is consistent with the legal system; however, the verification of these hearings or communications does not correspond to being verified in all cases by this jurisdiction, but only in those where they are indispensable due to their degree of impact, such as cases technically considered as having high environmental impact, a scenario that is not what we face in the present case, since it involves a work that is classified as having 'low potential environmental impact.' The Secretaría Técnica Nacional Ambiental, by resolution number 02031-2009-SETENA of nine o'clock on August 26, two thousand nine, provided that the installation of the telecommunications tower in this specific case generates negative environmental impacts of low significance and mitigable through simple implementation environmental measures, which has been verified in other cases submitted for the consideration of this Tribunal:

'(...) the work carried out is based on the exercise of the public service corresponding to the respondent entity. Additionally, from the documentation in the record, it was not conclusively demonstrated that there are risks to the health of the population or the environment arising from exposure to these electromagnetic fields, since the Instituto Costarricense de Electricidad, in the report rendered under oath, has indicated that the base stations are of low power and comply with the technical specifications contained in Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, and therefore the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. On this point, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephony base station antennas is too low to produce health risks. Likewise, the respondent institution carried out environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) in the area where said cellular tower would be built, reaffirming the safety of the project (report visible at folios 20-30). (...)' (judgment No. 2003-3419) Notwithstanding the above, by resolution number 0123-2010-SETENA of eight o'clock on January 20, two thousand ten, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in any case, requested from the company a 'Community Communication Plan,' demanding the following minimum content:

'(...) Objective (Must indicate what the project will consist of and what implications it has), Target group (communities, must indicate what the AID is and justify it), Disclosure strategy or mechanism to be used in the communities located in the Direct Influence Area (AID) (include impacts) in order to inform about the project to be developed, which includes at least the following aspects: disclosure period, message to be transmitted (a description of the project must be provided explaining the impacts it will generate), schedule of activities to be carried out in the communication plan, response format to the communities regarding concerns related to the project disclosure, highlight a schedule of the activities to be carried out in the communication plan, disclosure costs (...)', which was provided by the company. Subsequently, and within the framework of oversight, by resolution number 2898-2010-SETENA of nine hours ten minutes on November 30, two thousand ten, SETENA requested from the company Costa Pacífico Operaciones Ltda. that it submit a report on the progress and application of the 'Community Communication Plan,' for which the respondent company submitted on February 21, two thousand eleven, the 'Disclosure Plan Results Report' to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, regarding which even SETENA has requested the correction of some inaccuracies at the level of the responsible company's nomenclature. Therefore, this Tribunal does not consider that any fundamental right of the appellant has been harmed, since, as indicated, the verification of compliance with the legal requirements for communication to the community about a project of this nature does not correspond to being resolved in this jurisdiction and, in any case, as accredited, the respondent authority has followed up on the legal right claimed by the amparo party, who, if she considers in any case that it does not comply with the legal parameters, must resort, if she sees fit, to the corresponding contentious-administrative channel. Thus, it is appropriate to declare the appeal without merit.' (Judgment N° 2011-005516 of twelve hours and thirty-one minutes on April 29, two thousand eleven, see in the same sense resolution Nº 2012-007661 of nine hours five minutes on June 8, two thousand twelve; the highlighting and underlining are not from the original).

To this, what was said in resolution Nº 2013-003121 of nine hours twenty minutes on March 8, two thousand thirteen can be added:

'[...] After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal dismisses the harm to the fundamental rights of the appellant. Indeed, from the study of the records and the report provided under the solemnity of oath by the respondent authority, the Sala has it as accredited that the Municipalidad de Moravia did not modify the Plan Regulador to grant the land use for the installation of the telecommunications tower at the site indicated by the appellant. As the respondents rightly allude, the provision of telecommunications services throughout the country has been declared by this same Sala as a fundamental right; under this reasoning, it corresponds to the Local Governments to grant the permits for the establishment of the urban furniture required for the provision of that service. It is for this reason that local governments, far from being inhibited from granting such permits, are compelled to grant them, clearly, in a valid and legal manner, through the granting of use certificates and construction permits, after prior verification of compliance with requirements. And it is for this very reason that it is not harmful to the fundamental rights of the appellant that a construction permit be granted for a telecommunications tower, regardless of the location where it is intended to be installed, as long as it is not within a legally restricted area, such as protection areas (áreas de protección), since, as reported under oath, telecommunications do not respond to urban zoning criteria, if the current legislation is complied with.' III.- ON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE AND THE RIGHT TO HEALTH.- The appellants accuse, likewise, that the questioned telecommunications tower violates their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. However, the issue of the installation of telecommunications and cellular telephony towers, being of public interest, has already been extensively dealt with by this Sala. In this way, in pronouncement N° 2013-006649 of ten hours twenty minutes on May 17, two thousand thirteen, the Sala provided the following:

'ON THE INSTALLATION OF CELLULAR TELEPHONY TOWERS. Regarding the installation of cellular signal transmission towers, the Sala Constitucional has determined that it is a matter of public interest that exceeds the local or cantonal sphere and concerns the national orbit and even extends to the terrain of Public International Law. Thus, this Tribunal, in judgment number 015763-2011 of nine hours forty-six minutes on November 16, two thousand eleven, indicated the following:

V.- IMPORTANCE, PUBLIC INTEREST, AND NATIONAL VOCATION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE IN THE CONSTITUTIONAL AND INFRACONSTITUTIONAL ORDER. From a systematic analysis of the constitutional and infraconstitutional legal system in force, it is feasible to conclude that the infrastructure, in the area of telecommunications, has a relevance that exceeds the local or cantonal sphere, assuming a clear public interest and, naturally, standing as a matter that concerns the national orbit with, even, projections in the terrain of Public International Law, since its development implies the fulfillment of a series of international obligations previously assumed by the Costa Rican State. Firstly, as this Constitutional Tribunal has indicated, the issue of telecommunications has great constitutional relevance, so much so that Article 121, subsection 14), subparagraph c), of the Constitution indicates that 'wireless services' or the electromagnetic spectrum form part of the constitutional public domain and is specifically a property of the Nation, meaning it cannot be disaffected or removed from the State's domain. The Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 of June 4, 2008—hereinafter LGT—, when enunciating the guiding principles in this sector, indicates in its Article 3, subsection i), that there must be an 'optimization of scarce resources,' highlighting that the utilization of telecommunications infrastructures must be 'objective, timely, transparent, non-discriminatory, and efficient, with the dual objective of ensuring effective competition, as well as the expansion and improvement of networks and services.' Precisely, the optimization, weighted utilization, expansion, and improvement of infrastructure and networks in telecommunications respond to the manifest purposes of that normative body, such as ensuring the application of the principles of universal access, efficiency, equality, continuity, quality, greater and better coverage, and solidarity in telecommunications (Article 2 LGT). On the other hand, Article 32, subsection d), LGT establishes with utter clarity that the objective of universal access and service and solidarity is achieved, among other means, through the 'development of infrastructure,' given that only with robust and fully developed infrastructure can the digital divide be reduced, and the benefits of the Information and Knowledge Society, connectivity, and the availability of access devices and broadband services be enjoyed. For its part, the Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 of August 9, 1993, in its Article 74, modified by the Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660 of August 8, 2008, made a declaration of public interest of the infrastructure and networks in telecommunications by prescribing the following: 'The establishment, installation, expansion, renewal, and operation of public telecommunications networks or any of their elements is considered an activity of public interest.' Such a declaration has great repercussions, since it is recognized, by law, that the issue of infrastructure in this area has a clear and unequivocal public or general interest that transcends the local or regional sphere within the country, to project itself into the national and international sphere, by allowing the Costa Rican State to comply, in good faith, with a series of obligations and commitments assumed in the context of Public International Law. It should be noted that public interest is defined by Article 113, paragraph 1, of the Ley General de la Administración Pública of 1978 'as the expression of the coinciding individual interests of the administered,' and for its part, paragraph 2 of the cited article of the LGAP of 1978 provides, clearly, that 'The public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when they may be in conflict.'" One consequence of the foregoing is that the interests of any decentralized Costa Rican public entity, such as municipalities, cannot be placed above the clear public interest of telecommunications infrastructure thus declared, expressly, by the national legislator through a law that expresses the general will (articles 105 and 121, subsection 1°, of the Constitution), which must prevail over interests of a local nature, given that municipal autonomy does not allow local councils (ayuntamientos) to exempt themselves from what has been declared a national interest; otherwise, territorial autonomy is perverted, transforming municipalities into micro-states, removed from the intersubjective direction or oversight (tutela) that the State may exercise, through constitutional organs, by issuing valid and effective laws, and by the conclusion of international conventions and treaties by the Executive Branch and approved by the Legislative Assembly (articles 7°, 121, subsection 4°, and 140, subsection 10°, of the Political Constitution). The declaration of public interest made by article 74 of the ARESEP Law finds, in turn, sufficient and legitimate constitutional grounding in numeral 45, paragraph 1°, of the Political Constitution, by establishing the principle of the relative intangibility of property, admitting the figure of expropriation ‘for legally proven public interest’. A second consequence drawn from the declaration of public interest is that the subject of construction, expansion, or development and improvement of telecommunications infrastructure has a clear and unequivocal national purpose. Thus, it is the State and its organs that assume the stewardship and direction in the matter, to which all lesser public entities must submit in order to achieve objectives such as universal access and service, the reduction of the digital divide for reasons of solidarity, and the interconnection and connectivity necessary to allow all Costa Ricans, regardless of the locality, district, canton, or region where they live, to enjoy the benefits and advantages of the Information and Knowledge Society. The national legislator, far from ‘localizing’ the issue of telecommunications infrastructure, expressly and unequivocally nationalized it. A reflection of the foregoing is the creation of the ‘Telecommunications Sector’ provided for by article 38 of the aforementioned Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector, which provides as follows: “The Telecommunications Sector is hereby created, within the framework of the State’s sectorization. It shall be composed of the Public Administration, both centralized and decentralized, as well as public enterprises that perform functions or activities related to telecommunications.” According to this rule, the telecommunications sector has a transversal and, therefore, national character, insofar as it includes the entire universe of public entities, including those that are territorially decentralized, such as municipalities. It is thus that local councils cannot exempt themselves from such sector. The national character of telecommunications, in general, and of its infrastructure in particular, becomes more evident when considering article 39 of the cited Law, which establishes that the sector’s lead authority (rector) shall be the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, who is responsible, in exercise of a general function of intersubjective direction or administrative oversight, for, among others, the following: “a) Formulating policies for the use and development of telecommunications; b) Coordinating («) the elaboration of the National Telecommunications Development Plan (Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones) («)’; c) Ensuring that the Sector’s policies are executed by the public and private entities participating in the Telecommunications Sector’; e) Issuing the National Telecommunications Plan, as well as the corresponding executive decrees; h) Coordinating telecommunications development policies with other public policies aimed at promoting the information society; i) Ensuring compliance with applicable national environmental regulations and the sustainable development of telecommunications in harmony with nature.” Finally, the evidently national character of telecommunications and its various components is made clear when article 40 of the aforementioned Law regulates the ‘National Telecommunications Development Plan’, which is defined in paragraph 1° of that numeral as “(«) the instrument for planning and general guidance of the Sector and defines its goals, objectives, and priorities.” The legislator opted, then, to plan telecommunications at a national, and not merely local or regional, level. Moreover, the national nature of telecommunications is reinforced by the creation of the Superintendency of Telecommunications (Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL), which is assigned a series of competencies of unequivocal national character; thus, in accordance with articles 59 and 60 of the ARESEP Creation Law, it is responsible for “(«) regulating, applying, monitoring, and controlling the legal framework for telecommunications («) for all of which it shall act in accordance with the Sector’s policies, the provisions of the National Telecommunications Development Plan, the General Telecommunications Law, the provisions established in this Law, and other applicable legal and regulatory provisions.” The National Telecommunications Development Plan 2009-2014 (Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014), for its part, establishes that “To advance in harnessing the benefits of the Information and Knowledge Society, the country must make a significant investment effort in the development of telecommunications infrastructure so as to allow for more and better telecommunications services for all sectors of the population. In this sense, infrastructure development in this sector constitutes a necessary and indispensable condition to which special priority must be given in any national project regarding ICT («)” and later specifies that to achieve the development of the national telecommunications infrastructure, it must address the following guidelines: “a.1 Take the necessary measures to guarantee that the country has modern telecommunications infrastructure, and at the same time ensure the provision of quality services and the generation of value-added applications, permitting convergence, interoperability between systems, the incorporation of advanced technologies, and security in communications” and “a.6 Guarantee the development of an infrastructure that allows bringing telecommunications services to all the country’s inhabitants, fulfilling the objectives and goals of universal access, universal service, and solidarity («).” It is, therefore, a plan that, by express provision of law, binds or obligates, among others, municipal entities and urges them to have robust, modern, optimal, adequate, and developed telecommunications infrastructure in order to enjoy the benefits of the Information and Knowledge Society. The achievement of this goal or objective will necessarily be frustrated if each territorial corporation, on a matter of clear national purpose, seeks to establish its own guidance and requirements, above national legislation and the instruments of Public International Law that bind all entities constituting the State in the broad sense…” (The highlighting and underlining are not from the original).

To which is added that, at present, there is simply insufficient evidence to estimate that cellular telephone towers represent a danger to public health. Thus, in judgment No. 2010-014449 of eight hours and fifty-four minutes of August thirty-first, two thousand ten, it was stated:

“[…] regarding the potential impact that the installation and commissioning of such towers could have on the health of the population, both the Instituto Costarricense de Electricidad and the National Environmental Technical Secretariat (Secretaria Técnica Nacional Ambiental) agree in their reports –which are rendered under the solemnity of oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction– that, according to the scientific studies that have been carried out, both internationally and nationally, there is no evidence that the operation of such towers poses a risk or threat to people’s health and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are harmless to health. This Chamber has already had the opportunity to rule on several occasions regarding this topic, and in the specific case of judgment number 2003-03419 of 15:54 hours of April 29, 2003, this Court indicated:

‘(…) In the present matter, the plaintiff is not challenging a specific administrative act, but rather the possible effects that the installation of the cellular tower at Cerro Plano de Monteverde may have on the health of the population and the environment. However, it must be taken into consideration that the work carried out is based on the exercise of the public service incumbent upon the defendant entity. Additionally, from the documentation contained in the record, it was not reliably demonstrated that there are risks to the health of the population or the environment deriving from exposure to those electromagnetic fields, since the Instituto Costarricense de Electricidad, in the report rendered under oath, has indicated that the base stations are low power and comply with the technical specifications contained in Executive Decree No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, so that the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. On this matter, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephone base station antennas is too low to produce health risks…’ This position was reiterated in judgments number 2004-07890 of 15:37 hours of July 20, 2004, and 2006-14550 of 10:35 hours of September 29, 2006. Therefore, this Court concludes, in light of the evidentiary elements provided to the proceeding and the scientific information existing to date, that, in general, the installation of cellular telephone towers does not imply an undue threat or risk to people’s health or to the environment.” IV.- REGARDING THE GRANTING OF PERMITS FOR THE WORK. Finally, given that the petitioners (recurrentes) assert that there is no evidence that the challenged project has the legally required permits, it must be noted that this Chamber is not a comptroller of the legality of the Administration’s actions or resolutions, and therefore is not called upon to review whether a telecommunications tower complies or not with the requirements established in the current legal regulations, since that is a task proper to the ordinary administrative or jurisdictional channels. Thus, when ruling on an analogous case, in judgment No. 2012-006792 of fifteen hours and five minutes of May twenty-second, two thousand twelve, this Court ordered the following:

“As to what is alleged by the petitioners regarding the alleged disregard by the respondent authority concerning the distance that must exist between one cellular telephone tower and another, since both structures are located less than 250 meters apart. It should be noted that this Chamber cannot determine whether the Municipality of Alajuela has or has not complied with the provisions of the area's Zoning Plan (Plan Regulador) when granting construction permits to the company Claro to erect a cellular telephone tower, as this constitutes a matter of legality that must be raised before the respondent municipal corporation itself through the remedies provided by law for that purpose. Therefore, the petition (recurso) is inadmissible in this sense.” Therefore, the petitioners must raise their disagreement or claim before the respondent authorities or in the competent jurisdictional channel, venues where they may, broadly, discuss the merits of the matter and assert their claims. Consequently, the petition is unfounded and is so declared.

III.- DISSENTING VOTE OF JUDGE RUEDA LEAL. In the sub lite, with my customary respect, I differ from the majority’s criterion and consider that the proper course is to continue the processing of the petition. In this regard, it should be noted that in this case, the complaint is that, through agreement no. 037 adopted in the ordinary session held by the Municipal Council of San José (Concejo Municipal de San José) on January 19, 2021, a permit was approved for a private company to install a telecommunications pole in San Francisco de Dos Ríos. Furthermore, it is alleged that when determining the location of that tower, no consideration was given to the fact that there are houses next to it and that another pole of that type is located 100 meters away. Consequently, the rights to property and to a healthy and ecologically balanced environment are deemed violated. By virtue of the foregoing, I consider that in the sub iudice, more elements of knowledge are required to confirm or rule out the claimed violation of fundamental rights. Consequently, I record my dissenting vote (salvo el voto) and order that the processing of the petition continue. ”.

The cited considerations are applicable to the sub lite, since this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in that judgment, nor grounds that would lead it to assess the situation presented differently. This being the case, if the petitioning party is in disagreement with the aforementioned installation, this constitutes a matter that is not appropriate to resolve before this jurisdiction. Indeed, determining whether the grounds supporting the granting of the permit are proper or not is an issue that must be discussed in the administrative or ordinary legality channels on grounds of their competence. The proper course is to go, if they so wish and following the formalities established for such purposes, before the competent authorities, in order to request the intervention and assessment of the particular case.

III.- DISSENTING VOTE OF JUDGE RUEDA LEAL. In the sub lite, the petitioners complain that the Municipality of Pérez Zeledón granted permits for the construction of a telecommunications tower in front of their dwelling house. They argue that such construction causes them a series of damages, because it blocks the sidewalk and the visibility of the house, may affect their health, and it is possible that criminals may use it to enter their property, among other things. They deem the rights to property and to a healthy and ecologically balanced environment violated.

On this matter, the majority of the Chamber cites judgment no. 2019-020958 of 9:30 hours of October 29, 2019, in which I recorded my dissenting vote in the following terms:

III.- DISSENTING VOTE OF JUDGE RUEDA LEAL. In the sub lite, with my customary respect, I differ from the majority’s criterion and consider that the proper course is to continue the processing of the petition. In this regard, it should be noted that in this case, the complaint is that, through agreement no. 037 adopted in the ordinary session held by the Municipal Council of San José on January 19, 2021, a permit was approved for a private company to install a telecommunications pole in San Francisco de Dos Ríos. Furthermore, it is alleged that when determining the location of that tower, no consideration was given to the fact that there are houses next to it and that another pole of that type is located 100 meters away. Consequently, the rights to property and to a healthy and ecologically balanced environment are deemed violated. By virtue of the foregoing, I consider that in the sub iudice, more elements of knowledge are required to confirm or rule out the claimed violation of fundamental rights. Consequently, I record my dissenting vote and order that the processing of the petition continue. ”.

In accordance with the foregoing, I consider that in the sub iudice, more elements of knowledge are required to confirm or rule out the claimed violation of fundamental rights. Consequently, I record my dissenting vote and order that the amparo proceeding be processed.

IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI .

Therefore:

The petition is rejected on the merits. Judge Rueda Leal records his dissenting vote and orders that the amparo proceeding be processed.

Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

Alexandra Alvarado P.

Digitally Signed Document -- Verification code --  CASE FILE No. 24-011543-0007-CO It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 14:44:53.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencias Relacionadas  PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2024012877 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de mayo de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo interpuesto por DANIEL HUMBERTO MONTERREY ARGUEDAS, cédula de identidad 0402190369, a favor de ANA MARÍA ARAYA BARRANTES, cédula de identidad 0104760218; CARLOS LUIS ARAYA BARRANTES, cédula de identidad 0103930948; FREDDY ANTONIO ARAYA BARRANTES, cédula de identidad 0601820308,; GISELLE ARAYA BARRANTES, cédula de identidad 0602200577; JOHNNY ALBERTO ARAYA BARRANTES, cédula de identidad 0601960659; JUAN LUIS ARAYA BARRANTES, ninguno; KATTIA ARAYA BARRANTES, cédula de identidad 0108290243; LUZ MARINA ARAYA BARRANTES, cédula de identidad 0601730018; MANUEL ÁNGEL ARAYA BARRANTES, cédula de identidad 0105370476; MARÍA ESTER RAYA BARRANTES, cédula de identidad 0105380739; MARÍA EUGENIA ARAYA BARRANTES, cédula de identidad 0104060480; VÍCTOR HUGO ARAYA BARRANTES, cédula de identidad 0104560438; y YAMILETH ARAYA BARRANTES, cédula de identidad 0602080893; contra la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN y EMPRESA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (UFINET).

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 2:38 horas del 2 de mayo de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN y EMPRESA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (UFINET). Manifiesta lo siguiente: “ANTECEDENTES El pasado lunes 29 de abril del año 2024, se apersonan unos trabajadores al frente su casa, ubicada en Pérez Zeledón, Daniel Flores, Calle Toros, dichos contaban con maquinaria y permisos municipales para la instalación de una torre, cuyo tamaño final será de 24 metros. HECHOS HECHO 1: La construcción en el límite al frente de la vivienda NUNCA les fue notificado por la Municipalidad, ni por ninguna otra entidad, creando una indefensión hacia la Familia Araya Barrantes HECHO 2: Debido a que la edificación será sumamente alta, dicha invadirá la vía peatonal y en caso de que se construya siguiendo el marco legal del artículo 401 párrafo 2 de Reglamento de Construcciones del INVU para la Accesibilidad (ley que regula dicha construcción) deben de construir una tapia de 2.5 metros alrededor de la construcción, boqueando aún más la acera, la visibilidad de la casa e incluso por las proporciones de la misma, estará causando una obstrucción al tránsito tanto vehicular como peatonal. (prueba 4, foto 2) HECHO 3: La Familia Araya Barrantes manifiestan su TEMOR que al no ser cumplidas las especificaciones del articulo 401 párrafo 2 del Reglamento de Contrucciones del INVU, dicho pueda ser usado por el hampa como puente para entrar a la vivienda de La Familia Araya Barrantes o vandalice la estructura, generando un mayor riesgo de que alguna parte de esta genere un daño material o hasta cobre alguna vida. (prueba 4 foto 1 y 3) HECHO 4: La Familia Araya Barrantes manifiestan su TEMOR sobre que dicha estructura afecte su salud por culpa de la radiación que esta podría emitir o que pueda caer alguna estructura de la edificación dañando bienes materiales o vidas humanas ya que en la zona viven personas menores de edad y adultos de la tercera edad, situación que en el contrato entre la municipalidad y UFINET es omisa, señala únicamente que (UFINET) deberán hacerse cargo si algo malo pasa y la municipalidad quien es quien da los permisos se desliga de todo daño, no menciona ninguna póliza como requisito que salvaguarde de algún tipo de daño a la integridad de los habitantes cercanos o a sus viviendas, creando una incertidumbre, una indefensión y un enorme temor para quienes viven y transitan a diario en ese sitio. (prueba 1) HECHO 5: La Familia Araya Barrantes manifiesta su temor que la estructura oculte la vivienda y también temen genere una devaluación del valor, ya que, aunque ahora mismo es usado por los señores como alquiler, en ella constantemente viven familias y además es la casa de sus padres y aunque dicha posee un valor aún incalculable para ellos, se encuentra en venta en este momento, siendo esta una afectación directa a la economía y al legado que con tanto esfuerzo construyeron y sus padres. (prueba 4, foto 2) HECHO 6: Consideramos que la municipalidad no efectuó los estudios correspondientes y necesarios ya que no se percató de las posibles indefensiones y perjuicios en contra de quienes viven cerca o incluso quienes habitan la vivienda, además que en la zona hay una gran cantidad de lotes baldíos ideales para la construcción de su torre, lejos de viviendas y de contacto humano directo y mucho menos, en frente de una casa HECHO 7: Consideramos que como lo indica el Brochour de Torres de Telecomunicaciones y la Salud, (descrito en las pruebas) se estaría limitando la comunicación por medios tradicionales como lo es el uso de telefonía “normal” nos referimos a sin uso de internet, y muchas de las personas afectadas son adultos de la tercera edad, se estaría generando una indefensión y una clara violación a los derechos fundamentales de estos, ya que como lo describe el Brochour, se recomienda que si se vive cerca (en este caso en frente) se recomienda llamadas cortas o uso de dispositivos como airphones, dispositivos que no frecuentan personas de ese sector y de la tercera edad. (prueba 2) Consideramos que, así como sucedió con la Municipalidad de Barva de Heredia y la Municipalidad de Tibás, igualmente por construcciones de torres de Telecomunicaciones “encima” de las casas, dichas se vieron obligadas a modificar sus reglamentos para la colocación de dichas estructuras cerca de viviendas y de centros educativos, en Barva a una distancia mínima de 200 metros de casas de habitación, centros educativos y otros centros de reunión y en Tibás a una distancia mínima de 500 metros de centros educativos y al dueño de la torre se le exige una póliza de $3000.000 en caso de afectaciones a la salud o que la torre se cayera y provocara daños. Consideramos que como ocurrió en San Antonio de Belén de Heredia en un estudio que hizo el Ministerio de Hacienda por medio del Órgano de Normalización Técnica del 2001, que para efectos de cobro de impuestos los inmuebles iban a verse afectados por una devaluación de hasta el 50% del valor del terreno y la edificación en zonas de influencia de torres de telecomunicaciones y de líneas de alta tensión eléctrica, la devaluación se basa en el temor de la afectación a la salud humana y por el riesgo de una falla estructural, además por la pérdida de belleza escénica, entre otras cosas. Fuente: Estudio Titulado “Devaluación de terrenos en Belén por efecto del campo electromagnético” FUNDAMENTO LEGAL Consideramos que las acciones en conjunto de la Municipalidad de Pérez Zeledón y la empresa UFINET generan una violación directa a nuestros Derechos fundamentales, así como una violación al debido proceso ya que nunca fuimos notificados de la construcción de la edificación casi encima de nuestra casa. Artículos 21, 33 y 40 Derecho a la integridad física y moral, 22 Libertad de tránsito, 23 Inviolabilidad del Domicilio, 45 Derecho a la propiedad privada, 50 Derecho a un ambiente sano descritos en la Constitución Política de la República de Costa Rica. Artículo 2 y 10 de la Ley de notificaciones. Artículo 401 párrafo 2 de Reglamento de Construcciones del INVU para la Accesibilidad. PRETENSIONES UNO: Que sea acogido este recurso de amparo. DOS: Solicitamos se detenga y se reubique la edificación a una zona menos riesgosa para el público transeúnte y a nuestra familia e intereses personales violentados. TRES: Solicitamos se repare el daño estructural visual (el hueco) que quede producto de la paralización y movilización de las obras a otro sitio más apto. CUATRO: En caso que la edificación no pueda ser reubicada, solicitamos que la municipalidad despliegue mecanismos de garantía para la protección de los munícipes aledaños a la torre como pólizas o modificación a las condiciones del contrato garantizando derechos y seguridad a los munícipes quienes corren en riesgo con el levantamiento de dicha edificación y que actualmente no menciona en el contrato entre ellos y UFNET”.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente manifiesta que el 29 de abril de 2024 se apersonaron trabajadores al frente de la casa de la tutelada, quienes contaban con maquinaria y permisos municipales para la instalación de una torre de 24 metros, aunque ello no les fue notificado. Sostiene que esta construcción bloqueará la acera, la visibilidad de la casa e incluso obstruirá el tránsito vehicular y peatonal. Menciona que la parte amparada teme que esa torre sea utilizada por el hampa para ingresar a su casa, así como que afecte su salud, vista la radiación. Considera que se puede construir en otra zona. Agrega que se estaría limitando, además, la comunicación por medios tradicionales como la telefonía fija. Adiciona que el terreno también se devaluará. Solicita la intervención de la Sala para que se detenga la construcción y se realice en una zona menos riesgosa, o bien, se desplieguen pólizas de protección o modificación de condiciones del contrato a fin de garantizar la seguridad de los munícipes.

II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En relación con la instalación de torres de telecomunicaciones, esta Sala, en la sentencia N° 2019-020958 de las 9:30 horas del 29 de octubre de 2019, consideró lo siguiente:

“III.- SOBRE EL BINOMIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE E INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. En relación con torres de telecomunicaciones, ha dicho ya, reiteradamente, este Tribunal que no hay evidencia que pongan en peligro la salud de las personas o el medio ambiente. Por ejemplo, en la sentencia No. 2010-014449 de las 8:54 hrs. del 31 de agosto de 2010, se indicó:

“… en lo relativo al eventual impacto que podría tener la instalación y puesta en funcionamiento de tales torres en la salud de la población, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental coinciden en sus informes -que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que, según los estudios científicos que se han efectuado, tanto en el ámbito internacional como nacional, no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud…”.

Además, en la sentencia No. 2003-003419 de las 15:54 hrs. del 29 de abril del 2003, este Tribunal indicó:

“…En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la torre celular de Cerro Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud. . . " Posición que se reiteró en sentencias No. 2004-007890 de las 15:37 hrs. del 20 de julio del 2004 y No. 2006-014550 de las 10:35 hrs. del 29 de setiembre del 2006. Por lo que este Tribunal concluye, a la luz de los elementos de convicción aportados al proceso y a la información científica que existe a la fecha, que, en general, la instalación de la torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente. (Véase, en este sentido, la sentencia No. 2011-002545 de las 15:55 hrs. del primero de marzo del 2011). Aparte de que en el presente asunto, ha informado el alcalde de Tibás que la torre que objetan los recurrentes cuenta con todos los permisos de las Instituciones involucradas, así como con el permiso constructivo correspondiente. (Sentencia 2016007163 de 09:20 del 27 de mayo de 2016)

IV.SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA APROBACIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TELECOMUNICACIONES. Esta Sala ha dispuesto, entre otras, en la sentencia No. 2011-015763 de las 9:46 hrs. del 16 de noviembre de 2011, que en el otorgamiento de una licencia municipal de construcción de una torre o antena de telecomunicaciones o el otorgamiento de un certificado de uso de suelo de acuerdo con la zonificación existente, no implican una modificación o reforma del Plan Regulador o de la zonificación establecida en los reglamentos de desarrollo urbano que forman parte del primero, pues en virtud del carácter estratégico y primordial de las telecomunicaciones para el desarrollo social y económico, existe un declarado interés público nacional, situación que legitima a las corporaciones municipales para otorgar certificados de uso de suelo y, con fundamento en éstos y otros requisitos, licencias de construcción de infraestructura de telecomunicaciones, sin necesidad de modificar o reformar los Planes Reguladores y Reglamentos municipales previos que forman parte del primero. Así, se ha considerado que en la instalación de torres de antenas de telecomunicación no se requiere la realización de una audiencia pública previa en la que participen los ciudadanos de la comunidad. Además, en el presente asunto, ha indicado la autoridad recurrida que la finca, donde se ubica la torre, es comercial, según consta en los Registros Municipales, y cuenta con cuatro locales, razón por la cual no necesitan de firma de los vecinos para explotar una actividad comercial, pues el uso de suelo es comercial. A mayor abundamiento, la mayoría de este Tribunal enfatiza que la última jurisprudencia de esta Sala ha sido que todo lo relacionado con las audiencias públicas dispuestas en la normativa infraconstitucional, es un asunto que debe ser conocido en la jurisdicción contenciosa administrativa y no en la sede constitucional”.

Por otra parte en la sentencia 2016005857 de las catorce horas treinta minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis, dispuso lo siguiente:

“II.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL.- En el presente caso, los recurrentes acusan -entre otros- que la instalación de una torre telefónica en el residencial donde habitan que no fue sometido a consulta de previo a su implantación. No obstante, la Sala se ha referido al problema de la participación ciudadana en los procedimientos para la instalación de torres de telecomunicaciones, en los siguientes términos:

"[...] Si bien es cierto esta Sala ha reconocido la existencia del derecho de participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este derecho debe ser comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para aquellos proyectos que por su índole especial y de gran trascendencia o afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad. Tratándose de un principio constitucional, resulta consecuente su adoptación también en otra normativa de índole legal, incluso abarcando mayores ámbitos a los que constitucionalmente se tutelen vía amparo, lo cual es acorde al ordenamiento jurídico, sin embargo la verificación de estas audiencias o comunicaciones, no corresponde ser verificada en todos los casos por esta jurisdicción, sino únicamente en aquéllos en que éstas resulten indispensables por su grado de afectación, como los casos considerados técnicamente de alto impacto ambiental, supuesto que no es al que nos enfrentamos en el presente caso, ya que se trata de una obra que se encuentra calificada como de 'bajo impacto ambiental potencial'. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental por resolución número 02031-2009-SETENA de las nueve horas del veintiséis de agosto de dos mil nueve, dispuso que la instalación de la torre de telecomunicaciones en este caso concreto, genera impactos ambientales negativos de baja significancia y mitigables por medio de medidas ambientales de implementación sencilla, lo cual se ha verificado en otros casos sometidos bajo consideración de este Tribunal:

'(...) los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud. Asimismo, la institución recurrida realizó los estudios de impacto ambiental en la zona donde se construiría dicha torre celular, reafirmando la seguridad del proyecto (informe visible a folios 20-30). (...)' (sentencia No. 2003-3419) No obstante lo anterior, por resolución número 0123-2010-SETENA de las ocho horas del veinte de enero de dos mil diez, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en todo caso solicitó a la empresa un 'Plan de Comunicación a las Comunidades', exigiendo el siguiente contenido mínimo:

'(…) Objetivo (Debe indicar en qué consistirá el proyecto y que implicaciones posee), Grupo meta (comunidades, debe ser indicado cuál es el AID y justificarse), Estrategia o mecanismo de divulgación a emplear en las comunidades ubicadas en el Área de Influencia Directa (AID) (incluir impactos) con el fin de informar sobre el proyecto a desarrollar, que incluya como mínimo los siguientes aspectos: período de divulgación, mensaje a transmitir (debe brindarse una descripción del proyecto explicando los impactos que generará), cronograma de actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación, formato de respuesta a las comunidades sobre inquietudes relacionadas con la divulgación del proyecto, destacar un cronograma de las actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación, costos de la divulgación (…)', lo cual fue aportado por la empresa. Posteriormente, y dentro del marco de fiscalización, por resolución número 2898-2010-SETENA de las nueve horas diez minutos del treinta de noviembre de dos mil diez, SETENA le solicitó a la empresa Costa Pacífico Operaciones Ltda. que presentara un informe del avance y aplicación del 'Plan de Comunicación a la Comunidad', por lo cual la empresa recurrida presentó el veintiuno de febrero de dos mil once el 'Informe de Resultados del Plan de Divulgación' ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sobre el cual incluso SETENA ha solicitado la corrección de algunas imprecisiones a nivel de nomenclatura de la empresa responsable. De manera que, no estima este Tribunal que se haya lesionado derecho fundamental alguno de la recurrente, pues como se indicó la verificación del cumplimiento de requisitos legales de la comunicación a la comunidad de un proyecto de esta índole, no corresponde ser dilucidada en esta jurisdicción y en todo caso, según quedó acreditado, la autoridad recurrida ha dado seguimiento al derecho legal reclamado por la amparada, la cual de considerar en todo caso, que no se ajusta a los parámetros legales, deberá acudir, si a bien lo tiene, a la vía contenciosa correspondiente. Así las cosas, procede declarar sin lugar el recurso." (Sentencia N° 2011-005516 de las doce horas y treinta y uno minutos del veintinueve de abril de dos mil once, véase en el mismo sentido la resolución Nº 2012-007661 de las nueve horas cinco minutos del ocho de junio de dos mil doce; el resaltado y subrayado no es del original).

A lo que puede añadirse lo dicho en la resolución Nº 2013-003121 de las nueve horas veinte minutos del ocho de marzo de dos mil trece:

“[…] Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales del recurrente. En efecto, del estudio de los autos y del informe aportado bajo la solemnidad del juramento por la autoridad recurrida, la Sala tiene por acreditado que la Municipalidad de Moravia no modificó el Plan Regulador para otorgar el uso de suelo para la instalación de la torre de telecomunicaciones en el sitio indicado por el recurrente. Como bien aluden los accionados, la prestación del servicio de telecomunicaciones en todo el país, ha sido declarada por esta misma Sala, como un derecho fundamental, bajo esta tesitura, corresponde a los Gobiernos Locales, el otorgamiento de los permisos para el establecimiento del mobiliario urbano, que se ha de requerir para la prestación del servicio ese servicio. Es por lo anterior que, los gobiernos locales, contrario de verse inhibidos de dar dichos permisos, se ven compelidos a otorgarlos, claro está, de manera válida y legal, mediante el otorgamiento de certificados de uso y de permisos de construcción, previa verificación del cumplimiento de requisitos. Y es por ello mismo, que no resulta lesivo de los derechos fundamentales del recurrente, el hecho de que se otorgue un permiso de construcción para una torre de telecomunicaciones, independiente de la ubicación donde ésta se pretenda instalar, siempre y cuando, no se encuentre dentro de una zona legalmente restringida, como lo serían las áreas de protección, ya que, tal y como se informa bajo juramento, las telecomunicaciones no atienden a criterios de zonificación urbanística, si se cumple con la legislación vigente ”.

III.- SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES Y EL DERECHO A LA SALUD.- Los recurrentes acusan, asimismo, que la torre de telecomunicaciones cuestionada violenta su derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, el tema de de la instalación de torres de telecomunicaciones y telefonía celular, al ser de interés público, ya ha sido ampliamente tratado por esta Sala. De esta manera, en el pronunciamiento N° 2013-006649 de las diez horas veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil trece, la Sala dispuso lo siguiente:

“SOBRE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. Tratándose de la instalación de torres transmisoras de señal celular, la Sala Constitucional ha determinado que se trata de un tema de interés público que excede la esfera de lo local o cantonal que atañe a la órbita de lo nacional e incluso se proyecta al terreno del Derecho Internacional Público. Así, este Tribunal en la sentencia número 015763-2011 de las nueve horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de noviembre de dos mil once, indicó lo siguiente:

V.- IMPORTANCIA, INTERÉS PÚBLICO Y VOCACIÓN NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. A partir de un análisis sistemático del ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional vigente, es factible concluir que la infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional con, incluso, proyecciones en el terreno del Derecho Internacional Público al suponer su desarrollo el cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales asumidas previamente por el Estado costarricense. En primer término, como lo ha indicado este Tribunal Constitucional, el tema de las telecomunicaciones tiene gran relevancia constitucional, tanto que en el artículo 121, inciso 14), subinciso c), de la Constitución se indica que los ‘servicios inalámbricos’ o el espectro electromagnético forma parte del dominio público constitucional y concretamente es un bien propio de la Nación, siendo que no puede ser desafectado o salir del dominio del Estado. La Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 de 4 de junio de 2008 -en adelante LGT-, al enunciar los principios rectores en este sector, indica en su artículo 3°, inciso i), que debe haber una ‘optimización de los recursos escasos’, destacando que la utilización de las infraestructuras de telecomunicaciones debe ser ‘(«) objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios’. Precisamente, la optimización, utilización ponderada, expansión y mejora de la infraestructura y redes en materia de telecomunicaciones, obedece a los fines manifiestos de ese cuerpo normativo, tales como los de asegurar la aplicación de los principios de acceso universal, eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura y solidaridad en las telecomunicaciones (artículo 2° LGT). De otra parte, el artículo 32, inciso d), LGT establece con claridad meridiana que el objetivo del acceso y servicio universales y de la solidaridad, se logra, entre otros medios, a través del ‘desarrollo de la infraestructura’, dado que, sólo con una infraestructura robusta y plenamente desarrollada logra reducir la brecha digital, disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, la conectividad y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. Por su parte la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1993, en su artículo 74, modificado por la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660 de 8 de agosto de 2008, hizo una declaratoria de interés público de la infraestructura y las redes en telecomunicaciones al preceptuar lo siguiente: ‘Considérase una actividad de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos’. Tal declaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, por ley, que el tema de la infraestructura en la materia reviste un claro e inequívoco interés público o general que trasciende la esfera de lo local o regional a lo interno del país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional, al permitirle al Estado costarricense cumplir, de buena fe, una serie de obligaciones y compromisos asumidos en el contexto del Derecho Internacional Público. Cabe advertir que el interés público es definido por el artículo 113, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública de 1978 ‘como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados’, por su parte, el párrafo 2 del numeral citado de la LGAP de 1978 dispone, claramente, que ‘El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto’. Una consecuencia de lo anterior es que los intereses de cualquier ente público descentralizado costarricense, como podrían ser las municipalidades, no puede anteponerse al claro interés público de la infraestructura en telecomunicaciones así declarado, expresamente, por el legislador nacional a través de una ley que manifiesta la voluntad general (artículos 105 y 121, inciso 1°, de la Constitución), el que debe prevalecer sobre los intereses de carácter local, dado que, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos sustraerse de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional, de lo contrario se pervierte la autonomía territorial transformando a los municipios en micro estados, abstraídos de la dirección intersubjetiva o tutela que pueda ejercer el Estado, a través de los órganos constitucionales, mediante la emisión de leyes válidas y eficaces, la celebración de convenios y tratados internacionales por el Poder Ejecutivo y aprobados por la Asamblea Legislativa (artículos 7°, 121, inciso 4°, y 140, inciso 10°, de la Constitución Política). La declaratoria de interés público efectuada por el artículo 74 de la Ley de la ARESEP, tiene, a su vez, asidero constitucional suficiente y legítimo en el numeral 45, párrafo 1°, de la Constitución Política, al establecer el principio de la intangibilidad relativa del patrimonio, al admitir la figura de la expropiación ‘por interés público legalmente comprobado’. Una segunda consecuencia que se extrae de la declaratoria de interés público, es que el tema de construcción, ampliación o desarrollo y mejora de la infraestructura en materia de telecomunicaciones tiene una clara e inequívoca vocación nacional. De modo que es el Estado y sus órganos los que asumen la rectoría y dirección en la materia a la que deben someterse todos los entes públicos menores para lograr objetivos como el acceso y servicios universales, la reducción de la brecha digital por razones de solidaridad, la interconexión y conectividad necesarias que le permitan a todos los costarricenses, independientemente de la localidad, distrito, cantón o región donde habiten, gozar de los beneficios y ventajas de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El legislador nacional, lejos de ‘localizar’ el tema de la infraestructura en telecomunicaciones lo nacionalizó expresa e inequívocamente. Reflejo de lo anterior, son la creación del ‘Sector Telecomunicaciones previsto por el artículo 38 de la citada Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, al disponer lo siguiente: Créase el Sector de Telecomunicaciones, dentro del marco de sectorización del Estado. Estará constituido por la Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, así como por las empresas públicas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones a tenor de esta norma el sector de las telecomunicaciones tiene un carácter transversal y, por ende, nacional, por cuanto, incluye a todo el universo de los entes públicos, incluidos, los descentralizados territorialmente como las municipalidades. Es así, como los ayuntamientos no pueden sustraerse de tal sector. El carácter nacional de las telecomunicaciones, en general, y, particularmente, de su infraestructura queda más patente al considerar el artículo 39 de la Ley citada, en cuanto establece que el rector del sector lo será el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al que le corresponde, en ejercicio de una función general de dirección intersubjetiva o tutela administrativa, entre otras, las siguientes: a) Formular las políticas para el uso y desarrollo de las telecomunicaciones; b) Coordinar («) la elaboración del Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones («)’; c) Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades públicas y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones’; e) Dictar el Plan nacional de telecomunicaciones, así como los reglamentos ejecutivos que correspondan; h) Coordinar las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones con otras políticas públicas destinadas a promover la sociedad de la información i) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza. Por último, el carácter evidentemente nacional de las telecomunicaciones y sus diversos componentes, queda de manifiesto, cuando el artículo 40 de la Ley precitada regula el ‘Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones’, el cual es definido en el párrafo 1° de ese numeral como («) el instrumento de planificación y orientación general del Sector y define las metas, los objetivos y las prioridades de éste. El legislador optó, entonces, por planificar a nivel nacional y no meramente local o regional el tema de las telecomunicaciones. De otra parte, la naturaleza nacional de las telecomunicaciones queda reforzada al crearse la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), a la que le corresponde una serie de competencias de inequívoca índole nacional, así, conforme a los artículos 59 y 60 de la Ley de Creación de la ARESEP, le corresponde («) regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones («) para todo lo cual actuará en concordancia con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables’. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014, por su parte, establece que ‘Para avanzar en el aprovechamiento de los beneficios de la Sociedad de Información y Conocimiento, el país debe hacer un esfuerzo importante de inversión en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de manera que permita contar con más y mejores servicios de telecomunicaciones para todos los sectores de la población. En este sentido, el desarrollo de la infraestructura en ese sector constituye una condición necesaria e indispensable a la que deberá brindarse una prioridad especial en cualquier proyecto país en materia de TIC («)’ y luego especifica que para lograr el desarrollo de la infraestructura nacional de telecomunicación deberá atender los siguientes lineamientos: a.1 Tomar las medidas necesarias para garantizar que el país cuente con una infraestructura moderna de telecomunicaciones, y al mismo tiempo asegurar la prestación de servicios de calidad y la generación de aplicaciones de valor agregado, permitiendo la convergencia, la interoperabilidad entre los sistemas, la incorporación de tecnologías de avanzada y la seguridad en las comunicaciones y a.6 Garantizar el desarrollo de una infraestructura que permita llevar los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del país, cumpliendo con los objetivos y metas de acceso universal, servicio universal y solidaridad («). Se trata, entonces, de un plan que, por disposición expresa de ley, vincula u obliga, entre otros, a los entes municipales y que les conmina a contar con una infraestructura de telecomunicaciones, robusta, moderna, óptima, adecuada y desarrollada para disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El logro de esta meta u objetivo, se verá, necesariamente, frustrado si cada corporación territorial, en un tema de clara vocación nacional, pretende establecer su propia orientación y requerimientos, por sobre la legislación nacional y los instrumentos del Derecho Internacional Público que obligan a todos los entes que conforman el Estado en sentido amplio... ” (El resaltado y subrayado no es del original).

A lo que se suma que, en la actualidad, simplemente no hay suficiente evidencia para estimar que las torres de telefonía celular representen un peligro para la salud pública. De esta manera, en sentencia Nº 2010-014449 de las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diez, se dijo:

“[…] en lo relativo al eventual impacto que podría tener la instalación y puesta en funcionamiento de tales torres en la salud de la población, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental coinciden en sus informes –que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que, según los estudios científicos que se han efectuado, tanto en el ámbito internacional como nacional, no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud. Esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones respecto a este tema, y en el caso específico de la sentencia número 2003-03419 de las 15:54 horas del 29 de abril del 2003, este Tribunal indicó:

‘(…) En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la torre celular de Cerro Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud...’ Posición que se reiteró en sentencias número 2004-07890 de las 15:37 horas del 20 de julio del 2004 y 2006-14550 de las 10:35 horas del 29 de setiembre del 2006. Por lo que este Tribunal concluye, a la luz de los elementos de convicción aportados al proceso y a la información científica que existe a la fecha, que, en general, la instalación de la torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente”.

IV.- SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA OBRA. Por último, visto que los recurrentes aseguran que no existe evidencia de el proyecto objetado cuente con los permisos de ley, debe indicarse que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no está llamada revisar si una torre de telecomunicaciones cumple o no los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, pues se trata de una labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional. De esta forma, al pronunciarse sobre un caso análogo, en sentencia N° 2012-006792 de las quince horas cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil doce, este Tribunal dispuso lo siguiente:

“En cuanto a lo alegado por los recurrentes en relación con el supuesto irrespeto de la autoridad recurrida en cuanto a la distancia que debe haber entre una torre de telefonía celular y otra, pues ambas estructuras se encuentran a menos de 250 metros de distancia. Cabe indicar que esta Sala no puede entrar a determinar si la Municipalidad de Alajuela ha cumplido o no con lo establecido en el Plan Regulador de la zona al momento de otorgar los permisos de construcción a la empresa Claro para levantar una torre de telefonía celular, pues ello constituye un asunto de legalidad que deberá ser alagado ante la propia corporación municipal recurrida a través de los recursos que la ley les prevé al efecto. Por lo que el recurso es inadmisible en este sentido”.

Por ello, deberán los recurrentes plantear su inconformidad o reclamo ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrán, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.

III.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub lite, con el respeto acostumbrado, difiero del criterio de la mayoría y estimo que lo procedente es continuar la tramitación del recurso. Al respecto, nótese que en la especie se reclama que, mediante el acuerdo n.° 037 tomado en la sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de San José el 19 de enero de 2021 se aprobó un permiso para que una empresa privada instale un poste de telecomunicación en San Francisco de Dos Ríos. Además, se acusa que al determinar la ubicación que tendrá esa torre no se tomó en consideración que al lado hay viviendas y que a 100 metros está ubicado otro poste de ese tipo. En consecuencia, se estiman vulnerados los derechos a la propiedad y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En virtud de lo anterior, estimo que en el sub iudice se requiere de mayores elementos de conocimiento para acreditar o descartar la vulneración de los derechos fundamentales reclamada. Por consiguiente, salvo el voto y ordeno continuar con la tramitación del recurso. ”.

Las consideraciones citadas son aplicables al sub lite, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en esa sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Así las cosas, si la parte recurrente se encuentra disconforme con la instalación aludida, ello constituye un asunto que no corresponde dilucidarse ante esta jurisdicción. Incluso, determinar si los motivos que sustentan el otorgamiento del permiso son procedentes o no, es un tema que debe discutirse en la vía administrativa o de legalidad ordinaria en razón de su competencia. Lo propio es que acuda, si a bien lo tiene y siguiendo las formalidades establecidas a los efectos, ante las autoridades competentes, a fin de pedir la intervención y valoración del caso en particular.

III.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub lite, los recurrentes reclaman que la Municipalidad de Pérez Zeledón otorgó los permisos para la construcción de una torre de telecomunicaciones frente a su casa de habitación. Aducen que tal construcción les genera una serie de perjuicios, pues bloquea la acera y la visibilidad de la casa, puede afectar su salud y es posible que la delincuencia la utilice para ingresar a su propiedad, entre otros. Estiman vulnerados los derechos a la propiedad y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Sobre el particular, la mayoría de la Sala cita la sentencia nro. 2019-020958 de las 9:30 horas del 29 de octubre de 2019, en la que salvé el voto en los siguientes términos:

III.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub lite, con el respeto acostumbrado, difiero del criterio de la mayoría y estimo que lo procedente es continuar la tramitación del recurso. Al respecto, nótese que en la especie se reclama que, mediante el acuerdo n.° 037 tomado en la sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de San José el 19 de enero de 2021 se aprobó un permiso para que una empresa privada instale un poste de telecomunicación en San Francisco de Dos Ríos. Además, se acusa que al determinar la ubicación que tendrá esa torre no se tomó en consideración que al lado hay viviendas y que a 100 metros está ubicado otro poste de ese tipo. En consecuencia, se estiman vulnerados los derechos a la propiedad y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En virtud de lo anterior, estimo que en el sub iudice se requiere de mayores elementos de conocimiento para acreditar o descartar la vulneración de los derechos fundamentales reclamada. Por consiguiente, salvo el voto y ordeno continuar con la tramitación del recurso. ”.

En consonancia con lo anterior, estimo que en el sub iudice se requiere de mayores elementos de conocimiento para acreditar o descartar la vulneración de los derechos fundamentales reclamada. Por consiguiente, salvo el voto y dispongo cursar el amparo.

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI .

Por tanto:

Se rechaza por el fondo el recurso. El magistrado Rueda Leal salva el voto y dispone cursar el amparo.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

Alexandra Alvarado P.

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos
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    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 9
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