← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 12481-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/05/2024
OutcomeResultado
The amparo is granted only against the Environmental Administrative Tribunal, ordering it to finally resolve the environmental complaint under file No. 286-04-03-TAA within three months; it is dismissed against MINAE and the Municipality of Heredia.Se declara con lugar el recurso únicamente contra el Tribunal Ambiental Administrativo, ordenando resolver definitivamente la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente No. 286-04-03-TAA en un plazo máximo de tres meses, y se desestima respecto al MINAE y la Municipalidad de Heredia.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo filed by a citizen against the Environmental Administrative Tribunal (TAA), the Municipality of Heredia, and MINAE, alleging unjustified delay in resolving an environmental complaint filed in 2004 regarding landfilling, piping, and construction of a wall within the protection area of La Granada creek. The works caused water stagnation, a mosquito breeding site, and dengue cases, affecting the health of neighbors and employees of an adjoining company. Despite multiple accumulated complaints and a precautionary measure issued in 2010, the administrative proceeding had not concluded after more than 19 years. The Chamber held that the TAA's inaction violated the right to a prompt and expedited administrative procedure, protected by Article 41 of the Constitution and Article 110 of the Organic Environmental Law. It granted the amparo only against the TAA, ordering the complaint to be resolved within three months, and dismissed it against MINAE and the Municipality of Heredia for lack of proven omission.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado por un ciudadano contra el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), la Municipalidad de Heredia y el MINAE, alegando retardo injustificado en la resolución de una denuncia ambiental presentada en 2004 por relleno de tierra, entubamiento y construcción de un muro en el área de protección de la quebrada La Granada. Las obras provocaron estancamiento de aguas, criadero de zancudos y casos de dengue, afectando la salud de vecinos y empleados de una empresa colindante. A pesar de múltiples denuncias acumuladas y una medida cautelar dictada en 2010, el procedimiento administrativo no había concluido tras más de 19 años. La Sala determinó que la inacción del TAA violó el derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, tutelado por el artículo 41 constitucional y el artículo 110 de la Ley Orgánica del Ambiente. Declaró con lugar el recurso únicamente contra el TAA, ordenando resolver la denuncia en un plazo máximo de tres meses, y desestimó el amparo respecto al MINAE y la Municipalidad de Heredia por no acreditarse omisiones de su parte.
Key excerptExtracto clave
Based on this factual scenario, the right to prompt justice is deemed violated, because, although the matter entails a degree of complexity, it is no less true that more than nineteen years and four months have passed since the filing of the complaint in question, which has not been concluded. This Chamber, through judgment No. 2016-2168 of 9:05 a.m. on February 12, 2016, stated the following: “In the Chamber's view, the lack of procedural impetus by the Environmental Administrative Tribunal has produced an undue delay or unjustified hold-up that has violated the fundamental right to a prompt and expedited administrative procedure. Article 110 of the Organic Environmental Law enshrines the principle of celerity in processing administrative procedures related to environmental complaints, expressly establishing the following: 'Ex officio, the Environmental Administrative Tribunal shall drive the procedure and processing of matters within its jurisdiction with the speed required by the affected situation. The ruling shall be issued within a term no longer than thirty days; in special cases, the term may be extended for up to thirty more days. The administration's obligation to provide a prompt and complete response is established.'” In addition to the foregoing, this Tribunal understands that environmental cases can be complex by nature and require an extensive adversarial process; however, it cannot be deemed reasonable that a complaint filed first by the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area of the Ministry of Environment and Energy, then by the Municipality of Heredia, and even by area residents—complaints that were subsequently consolidated—still has not concluded the proceeding conducted by the respondent institution. Note that, at present, there is not even an approximate timeframe for issuing the final decision on the complaint, which is contrary to Constitutional Law, given that more than nineteen years and four months had elapsed by the filing date of the appeal. Under the described scenario, this Chamber finds that there has indeed been an undue delay or unjustified hold-up that violates the fundamental right to a prompt and expedited administrative procedure of the protected party, enshrined in Article 41 of the Political Constitution.Partiendo de este cuadro fáctico, se estima violentado el derecho a la justicia pronta y cumplida, por cuanto, si bien el asunto revierte un grado de complejidad, no menos cierto resulta que han transcurrido más diecinueve años y cuatro meses desde la interposición de la denuncia en cuestión, la cual no ha finalizado. Esta Sala mediante sentencia No. 2016-2168 de las 9:05 horas de 12 de febrero de 2016, indicó lo siguiente: “En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”. Aunado a lo anterior, este Tribunal comprende que los casos ambientales pueden ser de naturaleza compleja y requerir de un contradictorio amplio; sin embargo, no puede estimarse razonable que una denuncia presentada primeramente por el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente y Energía, luego por la Municipalidad de Heredia e incluso por los vecinos de la zona, denuncias que fueron acumuladas posteriormente todavía no haya concluido el procedimiento seguido por la institución accionada. Nótese que, en la actualidad, no se tiene ni siquiera un periodo de tiempo aproximado para el dictado de la resolución final de la denuncia, aspecto que resulta contrario al Derecho de la Constitución, luego haber transcurrido a la fecha de interposición del recurso más de diecinueve años y cuatro meses. Bajo el escenario descrito, estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido de la parte amparada, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política.
Pull quotesCitas destacadas
"En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido."
"In the Chamber's view, the lack of procedural impetus on the part of the Environmental Administrative Tribunal has produced an undue delay or unjustified hold-up that has violated the fundamental right to a prompt and expedited administrative procedure."
Considerando IV
"En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido."
Considerando IV
"El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada."
"Article 110 of the Organic Environmental Law enshrines the principle of celerity in administrative procedures related to environmental complaints, expressly establishing: 'Ex officio, the Environmental Administrative Tribunal shall drive the procedure and processing of matters within its jurisdiction with the speed required by the affected situation.'"
Considerando IV
"El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada."
Considerando IV
"no puede estimarse razonable que una denuncia presentada primeramente por el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente y Energía, luego por la Municipalidad de Heredia e incluso por los vecinos de la zona, denuncias que fueron acumuladas posteriormente todavía no haya concluido el procedimiento seguido por la institución accionada."
"it cannot be deemed reasonable that a complaint first filed by the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area of MINAE, then by the Municipality of Heredia, and even by area residents—complaints that were subsequently consolidated—still has not concluded the proceeding conducted by the respondent institution."
Considerando IV
"no puede estimarse razonable que una denuncia presentada primeramente por el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente y Energía, luego por la Municipalidad de Heredia e incluso por los vecinos de la zona, denuncias que fueron acumuladas posteriormente todavía no haya concluido el procedimiento seguido por la institución accionada."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
Date of Resolution: May 10, 2024, at 09:20 a.m.
Type of case: Amparo action Judgment with Separate Note Relevance Indicators Relevant ruling Ruling with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Strategic Topics: Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
CONSTRUCTION.
012481-24. ENVIRONMENT. THE LACK OF RESOLUTION TO THE COMPLAINT REGARDING THE CONSTRUCTION CARRIED OUT IN QUEBRADA GRANADA, IN HEREDIA, IS QUESTIONED. THE ACTION IS DECLARED WITH MERIT, SOLELY, AGAINST THE TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. IT IS ORDERED TO THE TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, THAT, WITHIN A PERIOD NO LONGER THAN THREE MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, THE ENVIRONMENTAL COMPLAINT PROCESSED UNDER EXPEDIENTE NO. 286-04-03-TAA BE DEFINITIVELY RESOLVED AND THE DECISION BE NOTIFIED. VCG05/2024 "(…) IV.- On the specific case. In the present matter, the petitioner claims that in 2004, a landfill and piping of thirty-seven meters in length within the riverbed, strangulation of the riverbed, and construction of a prefabricated tile wall within the protection area of the quebrada La Granada were reported. He adds that these works generated severe water stagnation and have affected the property registered in the Property Registry with plan No. H-1811311-2015, adjacent to the company [Name 003], which puts his health, that of his employees, and that of the complaining neighbors at risk, as it became a mosquito breeding ground, and according to the file of the Ministry of Health, a large number of dengue cases have been generated, and a violation of current legislation by locating the works within the protection area of the quebrada La Granada.
He refers that the complaint was filed before the Municipalidad de Heredia and the MINAE of Heredia, who assessed the site and, by means of inspection report No. CPI-001-2004 of August 12, 2004, verified the reported facts. Likewise, on February 23, 2004, the Municipalidad de Heredia, by means of official letter No. DIM-0289-2004, verified the reported facts on site and requested the intervention of the MINAE. For his part, Engineer [Name 005], by means of official letter No. OH-471 of September 3, 2004, in his capacity as an official of the MINAE of Heredia, filed a complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo. However, as of the date of filing the action, the judgment in the case has not been issued and, therefore, the problem continues. He claims that there has not been prompt and complete justice, as they have been waiting twenty years for the resolution of the case. For the foregoing reasons, he comes to the Sala in protection of his fundamental rights and requests that the action be declared with merit.
In this regard, after analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the respondent authorities, with timely warning of the consequences provided for in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, on September 3, 2004, [Name 005], in his capacity as an official of the Heredia office of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Ministerio de Ambiente y Energía, filed an environmental complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo against Mr. [Name 002], legal representative of the Company [Name 003] for the alleged impact on the protection area of the quebrada La Granada, and the complaint was assigned administrative file number [Value 002]. Subsequently, the Dirección Operativa of the Municipalidad de Heredia, on October 2, 2009, by official letter DOPR-0548-2009 signed by Teresita Granados Villalobos, coordinator of the Environmental Department, filed a formal environmental complaint against the company named [Name 003], for the alleged environmental impact of a lagoon resulting from earthworks (movimientos de tierra) and landfill within the protection zone of the quebrada La Granada.
Afterwards, on December 9, 2015, the person in charge of Fiscal and Urban Control of the Municipalidad de Heredia filed an environmental complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo under official letter No. CFU-5562015 of November 15, 2015, against Mr. [Name 002], identity card [Value 010]; in his capacity as president and unlimited general proxy of the Company [Name 003] S.A., legal ID [Value 007]. Likewise, on August 28, 2018, Mr. [Name 006], identity card [Value 009], and neighbors from Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, filed an environmental complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo against the Company [Name 003] S.A., legal ID [Value 007].
It should be added that, from the list of proven facts, it is observed that these complaints were accumulated to the file of the initial complaint dating from September 3, 2004, and there have been vicissitudes in notifying the accused, as well as multiple resolutions have been issued for a hearing to be held with this party and other involved parties; however, the procedure has not concluded nor has the final resolution been issued.
Based on this factual framework, the right to prompt and complete justice is deemed violated, since, although the matter has a degree of complexity, it is no less true that more than nineteen years and four months have elapsed since the filing of the complaint in question, which has not been finalized. This Sala, by means of judgment No. 2016-2168 of 9:05 a.m. on February 12, 2016, indicated the following:
"In the Sala's opinion, the lack of procedural impetus on the part of the Tribunal Ambiental Administrativo has produced an undue delay or unjustified postponement that has violated the fundamental right to a prompt and complete administrative procedure. Article 110 of the Ley Orgánica del Ambiente enshrines the principle of celerity in the processing of administrative procedures related to environmental complaints, by expressly establishing the following: \"Ex officio, the Tribunal Ambiental Administrativo must drive forward the procedure and processing of matters within its competence, with the speed required by the affected situation. The ruling must be issued within a term of no more than thirty days; in special cases, the period may be extended for up to thirty more days. The obligation of the administration to provide a prompt and complete response is established.\" In addition to the foregoing, this Court understands that environmental cases can be complex in nature and require a broad adversarial process; however, it cannot be considered reasonable that a complaint filed firstly by the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central of the Ministerio de Ambiente y Energía, then by the Municipalidad de Heredia, and even by the residents of the area—complaints that were subsequently accumulated—has not yet concluded the procedure followed by the respondent institution.
It is noted that, currently, there is not even an approximate time period for the issuance of the final resolution of the complaint, an aspect that is contrary to the Law of the Constitution, after more than nineteen years and four months having passed as of the date of filing the action. Under the described scenario, this Sala considers that an undue delay or unjustified postponement has indeed occurred, which violates the fundamental right to a prompt and complete administrative procedure of the protected party, enshrined in Article 41 of the Political Constitution.
This being the case, by virtue of the fact that as of the date of filing the present action, the process in question has not yet been resolved by the respondent Tribunal Ambiental Administrativo, it is appropriate to grant the action, with the consequences indicated in the operative part of this judgment.
V.On the other hand, although the Ministerio de Ambiente y Energía and the Municipalidad de Heredia are considered respondent parties in this amparo process, the truth is that no action or omission on their part in the case under study is accredited. Consequently, the action is dismissed with respect to said respondent parties. (…)"
... See more Related Judgments Content of Interest:
Type of content: Separate Note Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice Subtopics:
NOT APPLICABLE.
VI.Note of Magistrate Castillo Víquez regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Court's thesis that, when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, it is the Tribunals of the Contencioso-Administrativo jurisdiction that must hear the legal controversy, and not this Sala. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo action established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own jurisdiction.
Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Sala as exceptional cases, which are admissible to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the jurisdiction of the contencioso-administrativo, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
VCG05/2024 ... See more Content of Interest:
Type of content: Separate Note Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
CONSTRUCTION.
VII.Note of Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is also the undersigned's criterion that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the administrative contentious jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and contamination-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the petitioner claims that a landfill and piping of the riverbed, strangulation of the riverbed, and construction of a prefabricated tile wall within the protection area of the quebrada La Granada were reported, where severe water stagnation was generated, which endangers health because it became a mosquito breeding ground, and a large number of dengue cases have been generated, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life.
VCG05/2024 ... See more SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the tenth of May of two thousand twenty-four.
Amparo action filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, the MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, and the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
Whereas
Between folios 168-187 of the administrative file is the official letter RCNARSH-R-4837-2009 of December 3, 2009, received in this Office on January 12, 2010, signed by Dr. Mayela Víquez Guido, Director of the Área Rectora de Salud de Heredia. 29. Between folios 188-193 of the administrative file is the official letter DRRSDR-CN-AJ-019-2010 of January 19, 2009, received in this Office on January 21, 2010, signed by Dr. Karina Garita Montoya, Acting Director of the Central North Region. 30. Through Resolution No. 1615-09-TAA of 9:09 a.m. on December 11, 2009, it was agreed to request Ms. Teresita Granados Villalobos, Acting Coordinator of the Environmental Department of the Municipality of Heredia, to forward the reports issued by the Ministry of Health and the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, concerning the reported problem, for the purpose of analyzing what was established by said Ministries, given that the complaint mentions the fact but the respective reports are not attached.
(folios 194-195). 31. On February 8, 2010, official letter DOPR-0082-2010 of February 5, 2010, from the Operations Directorate of the Municipality of Heredia, was received, indicating visits conducted jointly with officials from the Ministry of Health and MINAE. (folios 196-244). 32. Visible at folios 97 to 102 of the administrative file is official letter TAADT-021 from the Technical Department of the Administrative Environmental Tribunal. 33. Through Resolution No. 284-10-TAA of nine fifty-seven a.m. on March 9, 2010, this Office agreed: First: To order the legal representative of the company named [Name 003] to comply with the interim measure ordered in the fifth whereas clause of this resolution. For the execution and service of this interim measure, this Office designates Mr. [Name 007], in his capacity as Head of the Heredia Subregional Office of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, as the responsible party, to immediately proceed with what is established in the fifth whereas clause of this resolution.
The effects of this interlocutory interim measure shall persist until this Office proceeds to issue the final act in this ordinary administrative investigation proceeding or rules otherwise. The legal representative of the company named [Name 003] is granted a period of three business days, which shall begin to run the business day following service of this resolution, to state what is appropriate regarding the interim measure imposed by this resolution. Likewise, it is made known that failure to comply with this interim measure in all its aspects could lead to the crime of disobedience to authority, as provided for and punishable by imprisonment under Article 307 of the Criminal Code. Second: To request Mr. José Manuel Ulate Avendaño, in his capacity as Mayor of the Municipality of Heredia, or whoever holds his position, to submit the report requested in the sixth whereas clause of this resolution within a period of ten calendar days, which shall begin to run the business day following service of this resolution.
Third: To request Ms. Karina Garita Montoya, in her capacity as Director of the Central North Region of the Ministry of Health, or whoever holds her position, to submit the report requested in the seventh whereas clause of this resolution within a period of ten calendar days, which shall begin to run the business day following service of this resolution. Fourth: To request Ms. Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or whoever holds her position, to submit the report requested in the eighth whereas clause of this resolution within a period of ten calendar days, which shall begin to run the business day following service of this resolution. Fifth: To request Mr. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Dirección de Aguas of MINAE, or whoever holds his position, to submit the report requested in the ninth whereas clause of this resolution within a period of ten calendar days.
(folios 251 to 258). 34. At folio 258 of the administrative file is official letter No. 226-10-TAA, addressed to Engineer Freddy Valerio Seguro, indicating that he must proceed to serve notice of this resolution on the Company [Name 003]. 35. On April 8, 2010, official letter No. AMH-0460-2010, signed by M.B.A. José Manuel Ulate Avendaño, in his capacity as Mayor of the Municipality of Heredia, was received, informing this Tribunal that said company [Name 003] does not have the corresponding Municipal permit to carry out water pipe-laying works (entubamiento de agua). (folios 264 to 266). 36. On April 9, 2010, official letter No. SRC-OH-329, signed by Engineer Freddy Valerio, in his capacity as Head of the Heredia Office, was received, indicating to this Tribunal that it has not been possible to serve notice of the Interim Measure resolution on the representatives of [Name 003]. (See folios 267-278). 37.
On May 3, 2010, official letter No. DRRS-DR-CN-803-2010, signed by Dr. Karina Garita Montoya, in her capacity as Regional Director of the Ministry of Health, was received, providing the result of the assessment of the discharge into the lagoon formed in the Quebrada La Granada. (folios 281-282). 38. On May 11, 2010, official letter No. SG-ASA-0492-2010-SETENA, signed by M.Sc. Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, was received, informing that the Company [Name 003] does not have Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) nor is it in process. (folio 284). 39. On June 9, 2010, official letter No. DA-1466-10, signed by Mr. Douglas Alvarado Rojas, an official of the Dirección de Agua, was received, submitting a report and indicating: The works carried out by [Name 003] are located in the first section, described above, and involved earthworks (movimientos de tierra) for the formation of terraces and filling of the watercourse, and the construction of a wall.
Regarding the pipe-laying, because permits are lacking, the available capacity, return period of the design, and other parameters necessary to evacuate its hydraulic capacity and the possibility of causing blockage and impoundment, which could eventually cause damage to third parties, are unknown. (folios 285-286). 40. On April 7, 2011, official letter No. AMH-0428-2011, signed by M.B.A. José Manuel Ulate Avendaño, Mayor of the Municipality of Heredia, addressed to Dr. Mayela Víquez Guido of the Dirección Área Rectora de la Salud de Heredia, with a copy to the Environmental Tribunal, was received. (folios 287-294). 41. On November 16, 2018, official letter No. ACC-OH-1324-2018, signed by Mr. Carlos Carballo Sánchez, from the Protection and Control Office of SINAC-Heredia, was received. (folio 295). 42. On November 22, 2018, official letter No. DIP-GA-187-2018, signed by Lic. Roger Araya Guerrero, Environmental Manager of the Municipality of Heredia, was received.
(folio 296). 43. Through Resolution No. 145-19-TAA at 10:30 a.m. on January 29, 2019, it was resolved to consolidate "...administrative file number [Value 014] into file number [Value 015], the latter prevailing; therefore, from now on, the investigation of the case shall be conducted solely within administrative file number [Value 015]..." (folios 297-303). 44. On December 9, 2015, Architect Alejandro Chaves Di Luca, head of Fiscal and Urban Control of the Municipality of Heredia, filed an environmental complaint before the Administrative Environmental Tribunal under official letter CFU-5562015 of November 15, 2015, against Mr. [Name 002], identification number [Value 005], in his capacity as president and unlimited general agent of the Company [Name 003] S.A., corporate ID [Value 007]. (folios 317-320). 45. Through Resolution No. 162-16-TAA at 7:15 a.m. on February 22, 2016, it was resolved to request technical criteria from various administrative units.
(folios 322-324). 46. On April 26, 2016, official letter No. OH-453-2016 of April 21, 2016, signed by Mr. Carlos Carballo Sánchez, from the Protection and Control Office of SINAC-Heredia, was received. (folios 333-334). 47. On May 30, 2016, official letter No. SG-DEA-1370-2016 of May 12 of the same year, signed by Lic. Marco Arroyo, Secretary General of SETENA, in response to Resolution No. 162-16-TAA, was received. (folios 335-336). 48. On August 23, 2016, official letter No. DA-UHTPCOSJ-2110-2016 of August 10, 2016, signed by Engineer Ignacio Campos Rodríguez of the Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central, in response to Resolution No. 162-16-TAA, was received. (folios 337-339). 49. On August 28, 2018, Mr. [Name 006], identification number [Value 009], and neighbors of Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, filed an environmental complaint before the Administrative Environmental Tribunal against the Company [Name 003] S.A., corporate ID [Value 007].
(folios 340-350). 50. Through Resolution No. 237-19-TAA at 8:20 a.m. on February 15, 2019, it was resolved to consolidate "...administrative file number [Value 016] into file number [Value 002], the latter prevailing; therefore, from now on, the investigation of the case shall be conducted solely within administrative file number [Value 002] ...". (folios 351-358). 51. At folio 371 of the administrative file, there is a certification of the legal status of the corporation [Name 003] S.A., corporate ID [Value 017]. 52. Through Resolution No. 487-2019-TAA at 10:30 a.m. on March 27, 2019, folios 372 and 373, it was resolved to "SUSPEND the oral and public hearing scheduled for 8:30 a.m. on March 29, 2019...". 53. Through resolution number 829-2019-TAA at 2:00 p.m. on May 28, 2019, visible at folios 392 to 399, the absolute nullity of Resolution No. 1429-04-TAA of 10:00 a.m. on December 14, 2004 (folios 39-40 Volume I) is declared, and consequently resolutions No. 1377-2017-TAA of 11:00 a.m. on November 3, 2017 (folios 68-72); No. 82-2018-TAA of 10:30 a.m. on February 12, 2018 (folios 93-95 Volume I), No. 331-2018-TAA of 10:00 a.m. on April 26, 2018 (folios 102-103 Volume I), and No. 1044-2018-TAA of 9:00 a.m. on October 2, 2018 (folios 111-112 Volume I); returning this file to the investigation phase prior to the formal opening of the administrative proceeding. 54.
Through resolution number 830-2019-TAA at 2:35 p.m. on May 28, 2019, visible at folios 411 to 415, the formal opening of an ordinary administrative proceeding is declared and charges are imputed to the company [Name 003] Sociedad Anónima, corporate ID No. [Value 017], represented by Mr. [Name 004], identification number [Value 005], in his capacity as President with judicial and extrajudicial representation (folio 371 Volume II); and to the latter, for potential joint and several liability pursuant to Art. 101 of the Ley Orgánica del Ambiente, who is the registered owner of the real property Finca Matrícula No. 157180-000 of the Province of Heredia, registered in the National Registry of Costa Rica on May 24, 2005 (folio 318), cadastral map No. H-948705-2004, located in District: San Francisco, Canton: Heredia, Province: Heredia; and consequently, charges are imputed to Mr. [Name 004], identification number [Value 005], in his personal capacity, for potential joint and several liability pursuant to Art. 101 of the Ley Orgánica del Ambiente; all of them by virtue of the complaints initiated through:
Drafted by Judge Alvarado Paniagua; and,
Considering:
I.Object of the action. The petitioner alleges that in 2004, a land fill and pipe-laying (entubamiento) of thirty-seven meters in length within the riverbed (cauce del río), strangulation of the watercourse, and construction of a prefabricated concrete wall within the protection area of the Quebrada La Granada were reported. He adds that these works generated a severe stagnation of water and have affected the property registered in the Property Registry with map No. H-1811311-2015, adjacent to the company [Name 003], which endangers his health, that of his employees, and that of the complaining neighbors, as it became a breeding ground for mosquitoes, and according to the Ministry of Health file, a large number of dengue cases have been generated, and a violation of current legislation by situating the works within the protection area of the Quebrada La Granada. He states that the complaint was filed with the Municipality of Heredia and MINAE of Heredia, which assessed the site and, through inspection report No. CPI-001-2004 of August 12, 2004, verified the reported facts.
Likewise, on February 23, 2004, the Municipality of Heredia, through official letter No. DIM-0289-2004, verified the reported facts on-site and requested MINAE's intervention. Furthermore, Engineer [Name 005], through official letter No. OH-471 of September 3, 2004, in his capacity as a MINAE official from Heredia, filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal. However, as of the date of filing this action, the judgment in the case has not been issued, and, therefore, the problem continues. He claims that there has been no prompt and complete justice, as they have been waiting for twenty years for the resolution of the case. Based on the foregoing, he petitions this Chamber in protection of his fundamental rights and requests that the action be declared with merit.
II.Preliminary matter. Before analyzing the merits of the matter – regarding the alleged violation of the right to a prompt and complete proceeding – it must be clarified that, based on judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the public administration has met the deadlines established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or by the sectoral laws relating to special administrative procedures, both for resolving an administrative procedure by final act – whether initiated ex officio or by party instance – and for hearing the pertinent administrative appeals.
Precisely, in this case, an exceptional circumstance arises, as it concerns a delay in the resolution of an environmental complaint processed by the Administrative Environmental Tribunal, and this Chamber has continued to admit matters where an alleged violation of the environment is at stake for its assessment. With that point clarified, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
III.Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
aa) By resolution No. 237-19-TAA of February 15, 2019, it was resolved to consolidate administrative file No. [Value 015] into file number [Value 002], with the latter prevailing (see report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital file).
bb) By resolution No. 487-2019-TAA of March 27, 2019, the oral and public hearing scheduled for March 29, 2019, was suspended (see report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital file).
dd) By administrative resolution No. 830-2019-TAA of May 28, 2019, the opening of the ordinary administrative proceeding was formally declared, imputing charges to: [Name 003] Sociedad Anónima, legal identification No. [Value 017], represented by [Name 004], identification number [Value 010] in his capacity as president with judicial and extrajudicial representation, and in his personal capacity for potential strict joint and several liability, by virtue of the complaints filed: 1) official communication No. OH-471 of September 3, 2004, signed by [Name 005], identification number [Value 013], in his capacity as an official of the Heredia office of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area; 2) official communication No. DOPR-548-2009 of October 1, 2009, by Teresita Granados Villalobos, environmental coordinator of the Operational Directorate of the Municipality of Heredia; 3) official communication No. CFU-556-2015 of November 15, 2015, by Alejandro Chaves Di Luca, person in charge of Fiscal and Urban Control of the Municipality of Heredia; and 4) Mr. [Name 006], identification number [Value 009] and neighbors from Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa. Summoning all parties to an oral and public hearing for August 30, 2019 (see report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital file).
ee) The hearing of August 30, 2019, was suspended (see report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital file).
ff) By resolution No. 193-2024-TAA of February 21, 2024, the holding of an oral and public hearing was rescheduled for 8:30 a.m. on April 26, 2024 (see report of the respondent authority of the Administrative Environmental Tribunal, added to the digital file).
IV.Regarding the specific case. In the present matter, the petitioner claims that in 2004, a fill of earth and piping of thirty-seven meters in length within the river channel, strangulation of the channel, and construction of a prefabricated tile wall within the protection area of the La Granada stream were reported. He adds that said works generated severe water stagnation and have affected the property registered in the Property Registry with plan No. H-1811311-2015, adjacent to the company [Name 003], which endangers his health, that of his employees, and that of the complaining neighbors, as it became a breeding ground for mosquitoes, and according to the Ministry of Health file, a large number of dengue cases have been generated, along with a violation of current legislation by locating the works within the protection area of the La Granada stream. He states that the complaint was filed before the Municipality of Heredia and MINAE of Heredia, who assessed the site and, by inspection record No. CPI-001-2004 of August 12, 2004, verified the reported facts.
Likewise, on February 23, 2004, the Municipality of Heredia, by official communication No. DIM-0289-2004, verified the reported facts on-site and requested the intervention of MINAE. For his part, Engineer [Name 005], by official communication No. OH-471 of September 3, 2004, in his capacity as a MINAE official from Heredia, filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal. However, as of the date of filing the appeal, it has not issued the judgment of the case, and therefore, the problem continues. He complains that there has not been prompt and complete justice, as they have been waiting for twenty years for the resolution of the case. For the foregoing reasons, he appeals to the Chamber in protection of his fundamental rights and requests that the appeal be granted.
In this regard, after analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the respondent authorities, with timely warning of the consequences provided in article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, on September 3, 2004, [Name 005], in his capacity as an official of the Heredia office of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area, Ministry of Environment and Energy, filed an environmental complaint before the Administrative Environmental Tribunal against Mr. [Name 002], legal representative of the Company [Name 003], for the alleged impact on the protection area of the La Granada stream, and the complaint was assigned administrative file number [Value 002]. Subsequently, the Operational Directorate of the Municipality of Heredia also, on October 2, 2009, by official communication DOPR-0548-2009 signed by Teresita Granados Villalobos, coordinator of the Environmental Department, filed a formal environmental complaint against the company named [Name 003], for the alleged environmental impact of a lagoon resulting from earthworks and fill within the protection zone of the La Granada stream.
Later, on December 9, 2015, the person in charge of Fiscal and Urban Control of the Municipality of Heredia filed an environmental complaint before the Administrative Environmental Tribunal under official communication No. CFU-5562015 of November 15, 2015, against Mr. [Name 002], identification number [Value 010]; in his capacity as president and unlimited general attorney-in-fact of the Company [Name 003] S.A., legal identification number [Value 007]. Likewise, on August 28, 2018, Mr. [Name 006], identification number [Value 009], and neighbors from Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, filed an environmental complaint before the Administrative Environmental Tribunal against the Company [Name 003] S.A., legal identification number [Value 007].
It should be added that, from the relationship of proven facts, it is observed that these complaints were consolidated into the file of the initial complaint dating from September 3, 2004, and that vicissitudes have arisen in notifying the accused, as well as multiple resolutions having been issued for a hearing to be held with this party and others involved; however, the procedure has not concluded nor has the final resolution been issued.
Based on this factual scenario, the right to prompt and complete justice is deemed violated, inasmuch as, although the matter presents a degree of complexity, it is no less true that more than nineteen years and four months have elapsed since the filing of the complaint in question, which has not concluded. This Chamber, in judgment No. 2016-2168 of 9:05 a.m. on February 12, 2016, indicated the following:
“In the Chamber's opinion, the lack of procedural impetus by the Administrative Environmental Tribunal has produced an undue delay or unjustified retardation that has violated the fundamental right to a prompt and complete administrative procedure. Article 110 of the Ley Orgánica del Ambiente enshrines the principle of celerity in the processing of administrative procedures related to environmental complaints, by expressly establishing the following: \"Ex officio, the Administrative Environmental Tribunal must drive the procedure and processing of matters within its competence, with the speed required by the affected situation. The ruling must be issued within a term no greater than thirty days; in special cases, the period may be extended for up to thirty more days. The obligation of the administration to provide a prompt and complete response is established.\" In addition to the foregoing, this Tribunal understands that environmental cases can be complex in nature and require a broad contradictory process; however, it cannot be considered reasonable that a complaint initially filed by the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area of the Ministry of Environment and Energy, then by the Municipality of Heredia, and even by neighbors of the area—complaints that were subsequently consolidated—has still not concluded the procedure followed by the respondent institution.
Note that, currently, there is not even an approximate period for the issuance of the final resolution of the complaint, an aspect that is contrary to Constitutional Law, after more than nineteen years and four months having elapsed as of the date of filing the appeal. Under the described scenario, this Chamber deems that an undue delay or unjustified retardation has indeed occurred, which violates the protected party's fundamental right to a prompt and complete administrative procedure, enshrined in article 41 of the Constitución Política.
Thus, by virtue of the fact that, as of the date of filing this appeal, the proceeding in question has still not been resolved by the respondent Administrative Environmental Tribunal, it is appropriate to grant the appeal, with the consequences indicated in the operative part of this judgment.
V.On the other hand, although the Ministry of Environment and Energy and the Municipality of Heredia are respondent parties in this amparo proceeding, the truth is that no action or omission on their part in the case under study is proven. Consequently, the appeal is dismissed with respect to said respondent parties.
VI.Note from Justice Castillo Víquez regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Tribunal's thesis that when a citizen alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, it is the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber, that must hear the legal controversy. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, since, based on numeral 7 of its Law, it has the exclusive authority to define its own competence.
Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional circumstances, which may proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo process, in other cases, and for the reasons this Tribunal has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.
VII.Note from Justice Salazar Alvarado. In environmental matters, it is also the undersigned's opinion that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do enter into the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Constitución Política), as is the case here, in which the petitioner alleges that a fill of earth and piping of the river channel, strangulation of the channel, and construction of a prefabricated tile wall within the protection area of the La Granada stream were reported, where severe water stagnation was generated, which endangers health because it became a breeding ground for mosquitoes, and a large number of dengue cases have been generated, violating the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
VIII.Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, informatic, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto
The appeal is granted, solely, against the Administrative Environmental Tribunal. Adriana Bejarano Alfaro and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, in their respective capacities as president and judge, both of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered that, within a period no greater than THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the environmental complaint processed under file No. [Value 002] be definitively resolved and the resolution be notified. The respondents, or whoever occupies their position, are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or enforce it, provided the offense is not more severely punished.
The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. With respect to the Ministry of Environment and Energy and the Municipality of Heredia, the appeal is dismissed. Justice Castillo Víquez makes a note. Justice Salazar Alvarado makes a note. Let it be notified.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H.
Alejandro Delgado F. Alexandra Alvarado P.
Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 14:43:04.
Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
CONSTRUCCION.
012481-24. AMBIENTE. SE CUESTIONA LA FALTA DE RESOLUCIÓN A LA DENUNCIA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN QUE SE HIZO EN QUEBRADA GRANADA, EN HEREDIA. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ÚNICAMENTE, CONTRA EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. SE ORDENA AL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, QUE, EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE RESUELVA DE FORMA DEFINITIVA LA DENUNCIA AMBIENTAL TRAMITADA BAJO EL EXPEDIENTE NO. 286-04-03-TAA Y SE NOTIFIQUE LO RESUELTO. VCG05/2024 “(…) IV.- Sobre el caso concreto. El presente asunto el recurrente reclama que en el 2004 se denunció un relleno de tierra y entubamiento de treinta y siete metros de largo dentro del cauce del río, estrangulamiento del cauce y construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Agrega que dichas obras generaron un severo estancamiento de aguas y ha afectado la propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad con el plano No.H-1811311-2015, colindante con la empresa [Nombre 003], lo cual pone en riesgo su salud, la de sus empleados y la de los vecinos denunciantes, pues se convirtió en un criadero de zancudos, y de acuerdo al expediente del Ministerio de Salud, se ha generado gran cantidad de casos de dengue y una violación de la legislación vigente al ubicarse las obras dentro del área de protección de la quebrada La Granada.
Refiere que se planteó la denuncia ante la Municipalidad de Heredia y el MINAE de Heredia, quienes valoraron el sitio y mediante acta de inspección No. CPI-001-2004 del 12 de agosto de 2004, verificaron los hechos denunciados. Asimismo, el 23 de febrero de 2004, la Municipalidad de Heredia mediante el oficio No. DIM-0289-2004, verificó en el sitio los hechos denunciados y solicitó la intervención del MINAE. Por su parte, el Ingeniero [Nombre 005], mediante el oficio No. OH-471 del 03 de setiembre de 2004, en su condición de funcionario del MINAE de Heredia, presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, no ha dictado la sentencia del caso y, por ende, la problemática continúa. Reclama que no ha existido justicia pronta y cumplida, pues han estado esperando por veinte años la resolución del caso. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.
Al respecto, después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el 03 de setiembre de 2004, [Nombre 005], en su condición de funcionario de la oficina de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Ministerio de Ambiente y Energía, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo una denuncia de carácter ambiental, contra el señor [Nombre 002], representante legal de la Empresa [Nombre 003] por la supuesta afectación al área de protección de quebrada La Granada y a la denuncia le fue asignado el número de expediente administrativo [Valor 002]. Luego, también la Dirección Operativa de la Municipalidad de Heredia, el 02 de octubre de 2009 por oficio DOPR-0548-2009 de suscrito por Teresita Granados Villalobos, coordinadora del Departamento Ambiental, interpuso formal denuncia de carácter ambiental en contra de la empresa denominada [Nombre 003], por la supuesta afectación ambiental de una laguna producto de los movimientos de tierra y de relleno dentro de la zona de protección de quebrada La Granada.
Después, el 09 de diciembre de 2015, el encargado de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo una denuncia de carácter ambiental bajo el oficio No. CFU-5562015 del 15 de noviembre de 2015 en contra del señor [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 010]; en su condición de presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor 007]. Asimismo, que el 28 de agosto de 2018, el señor [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 009] y vecinos de Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, presentaron ante el Tribunal Ambiental Administrativo denuncia de carácter ambiental, en contra de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor 007].
Cabe agregar que, de la relación de hechos probados se observa que estas denuncias fueron acumuladas al expediente de la denuncia inicial que data del 03 de setiembre de 2004 y se han presentado vicisitudes para notificar al denunciado, así como se han dictado múltiples resoluciones para que se lleve a cabo una audiencia con esta parte y demás involucradas; sin embargo, el procedimiento no ha concluido ni se ha emitido la resolución final.
Partiendo de este cuadro fáctico, se estima violentado el derecho a la justicia pronta y cumplida, por cuanto, si bien el asunto revierte un grado de complejidad, no menos cierto resulta que han transcurrido más diecinueve años y cuatro meses desde la interposición de la denuncia en cuestión, la cual no ha finalizado. Esta Sala mediante sentencia No. 2016-2168 de las 9:05 horas de 12 de febrero de 2016, indicó lo siguiente:
“En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”.
Aunado a lo anterior, este Tribunal comprende que los casos ambientales pueden ser de naturaleza compleja y requerir de un contradictorio amplio; sin embargo, no puede estimarse razonable que una denuncia presentada primeramente por el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente y Energía, luego por la Municipalidad de Heredia e incluso por los vecinos de la zona, denuncias que fueron acumuladas posteriormente todavía no haya concluido el procedimiento seguido por la institución accionada. Nótese que, en la actualidad, no se tiene ni siquiera un periodo de tiempo aproximado para el dictado de la resolución final de la denuncia, aspecto que resulta contrario al Derecho de la Constitución, luego haber transcurrido a la fecha de interposición del recurso más de diecinueve años y cuatro meses. Bajo el escenario descrito, estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido de la parte amparada, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política.
Así las cosas, en virtud de que a la fecha de interposición del presento recurso el proceso en cuestión todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Ambiental Administrativo recurrido, lo procedente es acoger el recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia
V.Por otra parte, si bien en el presente proceso de amparo se tiene como partes recurridas al Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Heredia, lo cierto es que no se acredita acción u omisión por parte de estas en caso bajo estudio. En consecuencia, se desestima el recurso respecto a dichas partes accionadas. (…)”
... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas:
NO APLICA.
VI.Nota del Magistrado Castillo Víquez en cuanto la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VCG05/2024 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
CONSTRUCCION.
VII.Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que se denunció un relleno de tierra y entubamiento del cauce del río, estrangulamiento del cauce y construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada La Granada, donde se generó un severo estancamiento de aguas, lo cual pone en riesgo la salud pues se convirtió en un criadero de zancudos, y se ha generado gran cantidad de casos de dengue, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
VCG05/2024 ... Ver más SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de mayo de dos mil veinticuatro.
Recurso de amparo promovido por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
Resultando
se pronuncie de forma distinta. Se le otorga al representante legal de la empresa denominada [Nombre 003], el plazo de tres días hábiles, los cuales comenzarán a correr el día hábil siguiente de notificada la presente resolución, para que manifieste lo que corresponda en torno a la medida cautelar impuesta mediante la presente resolución. Asimismo, se le hace saber que el no acatar la presente medida cautelar en todos sus extremos, lo podría hacer incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad previsto y sancionado con pena de prisión por el artículo 307 del Código Penal. Segundo: Solicitar al señor José Manuel Ulate Avendaño, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Heredia, o a quien ocupe su cargo, que presente el informe solicitado en el considerando sexto de la presente resolución en un plazo de diez días naturales, los cuales comenzarán a correr el día hábil siguiente de notificada la presente resolución.
Tercero: Solicitar a la señora Karina Garita Montoya, en su condición de Directora de la Región Central Norte del Ministerio de Salud, o a quien ocupe su cargo, que presente el informe solicitado en el considerando sétimo de la presente resolución en un plazo de diez días naturales, los cuales comenzarán a correr el día hábil siguiente de notificada la presente resolución. Cuarto: Solicitar a la señora Sonia Espinoza Valverde, en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe su cargo, que presente el informe solicitado en el considerando octavo de la presente resolución en un plazo de diez días naturales, los cuales comenzarán a correr el día hábil siguiente de notificada la presente resolución. Quinto: Solicitar al señor José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Aguas del MINAE, o a quien ocupe su cargo, que presente el informe solicitado en el considerando noveno de la presente resolución en un plazo de diez días naturales.
(folios 251 a 258). 34. Que a folio 258 del expediente administrativo se tiene el oficio N° 226-10-TAA, dirigido al Ing. Freddy Valerio Seguro, en el cual se le indica que debe proceder a notificar la presente resolución a la Empresa [Nombre 003]. 35. Que en fecha 08 de abril del 2010 ingresa oficio N° AMH-0460-2010 suscrito por el MBA. José Manuel Ulate Avendaño, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Heredia, en el cual le informa a este Tribunal que dicha empresa [Nombre 003] no cuenta con el correspondiente permiso Municipal para realizar obras de entubamiento de agua. (folios 264 a 266). 36. Que el 09 de abril del 2010 ingresa el oficio No. SRC-OH-329 suscrito por el Ing. Freddy Valerio, en su condición de Jefe de la Oficina de Heredia, en donde procede a indicarle a este Tribunal que no ha sido posible notificarle a los señores de [Nombre 003] la resolución de la Medida Cautelar.
(Ver folios 267-278). 37. Que en fecha 03 de mayo del año 2010 se recibe oficio No.DRRS-DR-CN-803-2010, suscrito por la Dra. Karina Garita Montoya, en su condición de Directora Regional del Ministerio de Salud, en el cual aporta el resultado de la valoración del vertido en la laguna formada en la Quebrada La Granada. (folios 281-282). 38. Que el 11 de mayo del 2010 ingresa el oficio No. SG-ASA-0492-2010-SETENA suscrito por la MSc. Sonia Espinoza Valverde en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la cual informa que la Empresa [Nombre 003] No cuenta con Viabilidad Ambiental ni tampoco se encuentra en trámite. (folio 284) 39. Que en fecha 09 de junio del 2010 se recibe oficio No. DA-1466-10 suscrito por el funcionario de la Dirección de Agua señor Douglas Alvarado Rojas en el cual rinde informe e indica: Los trabajos realizados por [Nombre 003] se ubican en el primer tramo, descrito supra e implicó movimientos de tierra para la conformación de terrazas y relleno del cauce y la construcción de una tapia.
En cuanto al entubamiento, por no contar con permisos, se desconoce la capacidad pendiente, período de retorno del diseño y otros parámetros necesarios para evacuar su capacidad hidráulica y la posibilidad de causar un taponamiento y represamiento, que podría eventualmente, causar daño a terceros. (folios 285-286) 40. Que en fecha 07 de abril del 2011 ingresa oficio N° AMH-0428-2011 suscrito por el MBA. José Manuel Ulate Avendaño, Alcalde de la Municipalidad de Heredia dirigido a la Dra. Mayela Víquez Guido de la Dirección Área Rectora de la Salud de Heredia, y con copia al Tribunal Ambiental. (folios 287-294). 41. Que en fecha 16 de noviembre del 2018 ingresa oficio N° ACC-OH-1324-2018 suscrito por el Sr. Carlos Carballo Sánchez, de la Oficina de Protección y Control SINAC-Heredia. (folio 295) 42. Que en fecha 22 de noviembre del 2018 ingresa oficio N° DIP-GA-187-2018 suscrito por el Lic. Roger Araya Guerrero, Gestor Ambiental de la Municipalidad de Heredia.
(folio 296) 43. Que mediante Resolución N° 145-19-TAA de las 10 horas y 30 minutos del 29 de enero del 2019, resuelve acumular ..el expediente administrativo número [Valor 014] dentro del expediente número [Valor 015], prevaleciendo éste último; por ello de ahora en adelante la investigación del caso se realizará únicamente dentro del expediente administrativo número [Valor 015]..." (folios 297-303) 44. Que el día 09 de diciembre del 2015, el Arq. Alejandro Chaves Di Luca, encargado de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo denuncia de carácter ambiental bajo el oficio CFU-5562015 del 15 de noviembre 2015 en contra del señor [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 005]; en su condición de presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor 007]. (folios 317-320) 45.
Que mediante Resolución N° 162-16-TAA de las 07 horas y 15 minutos del 22 de febrero del 2016, resuelve solicitar criterio técnico a diversas dependencias administrativas. (folio 322-324) 46. Que en fecha 26 de abril del 2016 ingresa oficio N° OH-453-2016 del 21 de abril 2016 suscrito por el Sr. Carlos Carballo Sánchez, de la Oficina de Protección y Control SINAC-Heredia. (folios 333-334) 47. Que en fecha 30 de mayo del 2016 ingresa oficio N° SG-DEA-1370-2016 del 12 de mayo del mismo año, suscrito por el Lic. Marco Arroyo, Secretario General de SETENA, en respuesta a la Resolución N°162-16-TAA. (folios 335-336) 48. Que en fecha 23 agosto del 2016 ingresa oficio N° DA-UHTPCOSJ-2110-2016 del 10 de agosto 2016, suscrito por el Ing. Ignacio Campos Rodríguez de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central, en respuesta a la Resolución N° 162-16-TAA. (folios 337-339) 49. Que el día 28 de agosto del 2018, el señor [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 009] y vecinos de Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, presentaron ante el Tribunal Ambiental Administrativo denuncia de carácter ambiental, en contra de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor 007].
(folios 340-350) 50. Que mediante Resolución N° 237-19-TAA de las 08 horas 20 minutos del 15 de febrero del 2019, resuelve acumular ....el expediente administrativo número [Valor 016] dentro del expediente número [Valor 002], prevaleciendo éste último; por ello de ahora en adelante la investigación del caso se realizará únicamente dentro del expediente administrativo número [Valor 002] ...". (folios 351-358) 51. Que consta a folio 371 del expediente administrativo certificación de personería jurídica de la sociedad [Nombre 003] S.A., cédula jurídica [Valor 017]. 52. Que mediante Resolución N° 487-2019-TAA de las 10 horas y 30 minutos del 27 de marzo del 2019, folios 372 y 373, resuelve "SUSPENDER la audiencia oral y pública señalada para las 8 horas 30 minutos de 29 de marzo del 2019...". 53. Que mediante resolución número 829-2019-TAA de las 14 horas del 28 de mayo del 2019, visible a folios 392 a 399, se declara la nulidad absoluta de la Resolución N° 1429-04-TAA de las 10 horas del 14 de diciembre 2004 (folios 39-40 Tomo I), consecuentemente las resoluciones N° 1377-2017-TAA de las 11 horas del 03 de noviembre del 2017 (folios 68-72); N° 82-2018-TAA de las 10 horas y 30 minutos del 12 de febrero 2018 (folios 93-95 Tomo I), N° 331-2018-TAA de las 10 horas del 26 de abril 2018 (folios 102-103 Tomo I) y N° 1044-2018-TAA de las 09 horas del 02 de octubre del 2018 (folios 111-112 Tomo l); retrotrayendo el presente expediente a la fase de investigación previa a la apertura formal del procedimiento administrativo. 54.
Que mediante resolución número 830-2019-TAA de las 14 horas 35 minutos del 28 de mayo del 2019, visible a folios 411 a 415, se declara formalmente la apertura de un proceso ordinario administrativo y se imputa a la empresa [Nombre 003] Sociedad Anónima, cédula jurídica N° [Valor 017], representada por el Sr. [Nombre 004], cédula de identidad N° [Valor 005] en su condición de Presidente con representación judicial ) extrajudicial (folio 371 Tomo I1); y a este último, por una eventual responsabilidad solidaria conforme al Art. 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, quien es la propietaria registral del bien inmueble Finca Matrícula N° 157180-000 de la Provincia de Heredia inscrita en el Registro Nacional de Costa Rica el 24 de mayo 2005 (folio 318) plano de catastro N° H-948705-2004, ubicada en el Distrito: San Francisco, Cantón: Heredia, Provincia: Heredia; y consecuentemente se imputa al Sr. [Nombre 004], cédula de identidad N° [Valor 005] en su condición personal por eventual responsabilidad solidaria conforme al Art. 101 de la Ley Orgánica del Ambiente; todos ellos en virtud de la denuncia incoada mediante:
Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. El recurrente alega que en el 2004 se denunció un relleno de tierra y entubamiento de treinta y siete metros de largo dentro del cauce del río, estrangulamiento del cauce y construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Agrega que dichas obras generaron un severo estancamiento de aguas y ha afectado la propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad con el plano No. H-1811311-2015, colindante con la empresa [Nombre 003], lo cual pone en riesgo su salud, la de sus empleados y la de los vecinos denunciantes, pues se convirtió en un criadero de zancudos, y de acuerdo al expediente del Ministerio de Salud, se ha generado gran cantidad de casos de dengue y una violación de la legislación vigente al ubicarse las obras dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Refiere que se planteó la denuncia ante la Municipalidad de Heredia y el MINAE de Heredia, quienes valoraron el sitio y mediante acta de inspección No. CPI-001-2004 del 12 de agosto de 2004, verificaron los hechos denunciados.
Asimismo, el 23 de febrero de 2004, la Municipalidad de Heredia mediante el oficio No. DIM-0289-2004, verificó en el sitio los hechos denunciados y solicitó la intervención del MINAE. Por su parte, el Ingeniero [Nombre 005], mediante el oficio No. OH-471 del 03 de setiembre de 2004, en su condición de funcionario del MINAE de Heredia, presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, no ha dictado la sentencia del caso y, por ende, la problemática continúa. Reclama que no ha existido justicia pronta y cumplida, pues han estado esperando por veinte años la resolución del caso. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.
II.De previo. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se trata de un retardo en resolución de una denuncia ambiental tramitada por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, siendo que esta Sala ha continuado admitiendo para valoración aquellos asuntos en los que está de por medio la presunta violación al medio ambiente. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
aa) Mediante resolución No. 237-19-TAA del 15 de febrero de 2019, se resolvió acumular el expediente administrativo No. [Valor 015] dentro del expediente número [Valor 002], prevaleciendo este último (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital).
bb) Mediante resolución No. 487-2019-TAA del 27 de marzo de 2019, se suspendió la audiencia oral y pública señalada para el 29 de marzo de 2019 (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital).
dd) Mediante resolución administrativa No. 830-2019-TAA del 28 de mayo de 2019, se declaró formalmente la apertura del proceso ordinario administrativo imputando cargos a: [Nombre 003] Sociedad Anónima, cédula jurídica No. [Valor 017], representada por [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 010] en su condición de presidente con representación judicial y extrajudicial, y en su condición personal por eventual responsabilidad solidaria, en virtud de las denuncias incoadas: 1) oficio No. OH-471 del 03 de setiembre 2004, suscrito por [Nombre 005], cédula número [Valor 013], en su condición de funcionario de la oficina de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central; 2) oficio No. DOPR-548-2009 del 01 de octubre de 2009, por Teresita Granados Villalobos, coordinadora ambiental de la Dirección Operativa de la Municipalidad de Heredia; 3) oficio No. CFU-556-2015 del 15 de noviembre de 2015, por Alejandro Chaves Di Luca, encargado de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia y 4) el señor [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 009] y vecinos de Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa. Citando a todas las partes a una audiencia oral y pública para el 30 de agosto de 2019 (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital).
ee) La audiencia del 30 de agosto de 2019 fue suspendida (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital).
ff) Mediante resolución No. 193-2024-TAA del 21 de febrero de 2024, se procedió a reprogramar la celebración de audiencia oral y pública para las 08 horas 30 minutos del 26 de abril del 2024 (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital).
IV.Sobre el caso concreto. El presente asunto el recurrente reclama que en el 2004 se denunció un relleno de tierra y entubamiento de treinta y siete metros de largo dentro del cauce del río, estrangulamiento del cauce y construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Agrega que dichas obras generaron un severo estancamiento de aguas y ha afectado la propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad con el plano No.H-1811311-2015, colindante con la empresa [Nombre 003], lo cual pone en riesgo su salud, la de sus empleados y la de los vecinos denunciantes, pues se convirtió en un criadero de zancudos, y de acuerdo al expediente del Ministerio de Salud, se ha generado gran cantidad de casos de dengue y una violación de la legislación vigente al ubicarse las obras dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Refiere que se planteó la denuncia ante la Municipalidad de Heredia y el MINAE de Heredia, quienes valoraron el sitio y mediante acta de inspección No. CPI-001-2004 del 12 de agosto de 2004, verificaron los hechos denunciados.
Asimismo, el 23 de febrero de 2004, la Municipalidad de Heredia mediante el oficio No. DIM-0289-2004, verificó en el sitio los hechos denunciados y solicitó la intervención del MINAE. Por su parte, el Ingeniero [Nombre 005], mediante el oficio No. OH-471 del 03 de setiembre de 2004, en su condición de funcionario del MINAE de Heredia, presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, no ha dictado la sentencia del caso y, por ende, la problemática continúa. Reclama que no ha existido justicia pronta y cumplida, pues han estado esperando por veinte años la resolución del caso. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.
Al respecto, después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el 03 de setiembre de 2004, [Nombre 005], en su condición de funcionario de la oficina de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Ministerio de Ambiente y Energía, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo una denuncia de carácter ambiental, contra el señor [Nombre 002], representante legal de la Empresa [Nombre 003] por la supuesta afectación al área de protección de quebrada La Granada y a la denuncia le fue asignado el número de expediente administrativo [Valor 002]. Luego, también la Dirección Operativa de la Municipalidad de Heredia, el 02 de octubre de 2009 por oficio DOPR-0548-2009 de suscrito por Teresita Granados Villalobos, coordinadora del Departamento Ambiental, interpuso formal denuncia de carácter ambiental en contra de la empresa denominada [Nombre 003], por la supuesta afectación ambiental de una laguna producto de los movimientos de tierra y de relleno dentro de la zona de protección de quebrada La Granada.
Después, el 09 de diciembre de 2015, el encargado de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo una denuncia de carácter ambiental bajo el oficio No. CFU-5562015 del 15 de noviembre de 2015 en contra del señor [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 010]; en su condición de presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor 007]. Asimismo, que el 28 de agosto de 2018, el señor [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 009] y vecinos de Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, presentaron ante el Tribunal Ambiental Administrativo denuncia de carácter ambiental, en contra de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor 007].
Cabe agregar que, de la relación de hechos probados se observa que estas denuncias fueron acumuladas al expediente de la denuncia inicial que data del 03 de setiembre de 2004 y se han presentado vicisitudes para notificar al denunciado, así como se han dictado múltiples resoluciones para que se lleve a cabo una audiencia con esta parte y demás involucradas; sin embargo, el procedimiento no ha concluido ni se ha emitido la resolución final.
Partiendo de este cuadro fáctico, se estima violentado el derecho a la justicia pronta y cumplida, por cuanto, si bien el asunto revierte un grado de complejidad, no menos cierto resulta que han transcurrido más diecinueve años y cuatro meses desde la interposición de la denuncia en cuestión, la cual no ha finalizado. Esta Sala mediante sentencia No. 2016-2168 de las 9:05 horas de 12 de febrero de 2016, indicó lo siguiente:
“En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”.
Aunado a lo anterior, este Tribunal comprende que los casos ambientales pueden ser de naturaleza compleja y requerir de un contradictorio amplio; sin embargo, no puede estimarse razonable que una denuncia presentada primeramente por el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente y Energía, luego por la Municipalidad de Heredia e incluso por los vecinos de la zona, denuncias que fueron acumuladas posteriormente todavía no haya concluido el procedimiento seguido por la institución accionada. Nótese que, en la actualidad, no se tiene ni siquiera un periodo de tiempo aproximado para el dictado de la resolución final de la denuncia, aspecto que resulta contrario al Derecho de la Constitución, luego haber transcurrido a la fecha de interposición del recurso más de diecinueve años y cuatro meses. Bajo el escenario descrito, estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido de la parte amparada, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política.
Así las cosas, en virtud de que a la fecha de interposición del presento recurso el proceso en cuestión todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Ambiental Administrativo recurrido, lo procedente es acoger el recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia
V.Por otra parte, si bien en el presente proceso de amparo se tiene como partes recurridas al Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Heredia, lo cierto es que no se acredita acción u omisión por parte de estas en caso bajo estudio. En consecuencia, se desestima el recurso respecto a dichas partes accionadas.
VI.Nota del Magistrado Castillo Víquez en cuanto la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VII.Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que se denunció un relleno de tierra y entubamiento del cauce del río, estrangulamiento del cauce y construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada La Granada, donde se generó un severo estancamiento de aguas, lo cual pone en riesgo la salud pues se convirtió en un criadero de zancudos, y se ha generado gran cantidad de casos de dengue, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
VIII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto
Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra el Tribunal Ambiental Administrativo. Se ordena a Adriana Bejarano Alfaro y a Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en sus respectivas condiciones de presidenta y jueza, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que en un plazo no mayor a TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente No. [Valor 002] y se notifique lo resuelto. Se advierte a las recurridas, o a quienes ocupen su cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Heredia, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H.
Alejandro Delgado F. Alexandra Alvarado P.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Document not found. Documento no encontrado.