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Res. 12481-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/05/2024
OutcomeResultado
The Chamber ordered the TAA to issue and notify a final decision on the pending environmental complaint within three months, held the State liable for costs and damages, and denied relief against MINAE and the Municipality of Heredia.La Sala ordenó al TAA resolver definitivamente y notificar en un máximo de tres meses la denuncia ambiental pendiente, condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, y declaró sin lugar el recurso contra el MINAE y la Municipalidad de Heredia.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted the amparo solely against the Environmental Administrative Tribunal (TAA) because of its unjustified delay in resolving consolidated complaints concerning earth filling, piping and constriction of a stream channel, and construction of a wall within the protected buffer of La Granada stream. Although the Chamber acknowledged that environmental proceedings may be complex and that difficulties had arisen in notifying the respondent, it found it unreasonable that more than nineteen years and four months had elapsed since the initial complaint without a final decision or even an approximate date for one. This lack of procedural action violated the right to prompt and effective administrative proceedings, protected by Article 41 of the Constitution and reinforced in environmental matters by the expeditious-proceedings principle in Article 110 of the Organic Environmental Law. The Chamber ordered the TAA to issue and notify a final decision within three months. It denied relief against MINAE and the Municipality of Heredia because no attributable act or omission was established.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo únicamente contra el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) por la demora injustificada en resolver varias denuncias acumuladas sobre rellenos, entubamiento y estrangulamiento del cauce, así como la construcción de un muro dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Aunque reconoció la complejidad que pueden revestir los procedimientos ambientales y las dificultades para notificar al denunciado, consideró irrazonable que hubieran transcurrido más de diecinueve años y cuatro meses desde la denuncia inicial sin resolución final ni siquiera una fecha aproximada para dictarla. Esa falta de impulso procesal vulneró el derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, protegido por el artículo 41 constitucional y desarrollado, para asuntos ambientales, por el principio de celeridad del artículo 110 de la Ley Orgánica del Ambiente. La Sala ordenó resolver definitivamente y notificar el expediente en un máximo de tres meses. Rechazó el recurso contra el MINAE y la Municipalidad de Heredia por no acreditarse acciones u omisiones atribuibles a ellos.
Key excerptExtracto clave
Based on this factual background, the right to prompt and effective justice is deemed to have been violated because, although the matter involves a degree of complexity, it is no less true that more than nineteen years and four months have elapsed since the complaint at issue was filed, and it has not been concluded. In addition, this Court understands that environmental cases may be complex and require extensive adversarial proceedings; however, it cannot be considered reasonable that a complaint first filed by the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area of the Ministry of Environment and Energy, followed by the Municipality of Heredia and even residents of the area—complaints that were subsequently consolidated—has still not resulted in the conclusion of the proceedings conducted by the respondent institution. It should be noted that, at present, there is not even an approximate timeframe for issuing the final decision on the complaint, which is contrary to constitutional law after more than nineteen years and four months had elapsed by the date the amparo was filed. Under these circumstances, this Chamber finds that an undue delay or unjustified postponement has occurred, violating the protected party's fundamental right to prompt and effective administrative proceedings, enshrined in Article 41 of the Constitution. Accordingly, because the proceedings at issue had still not been resolved by the respondent Environmental Administrative Tribunal when this amparo was filed, the appropriate course is to grant the petition, with the consequences stated in the operative portion of this judgment.Partiendo de este cuadro fáctico, se estima violentado el derecho a la justicia pronta y cumplida, por cuanto, si bien el asunto revierte un grado de complejidad, no menos cierto resulta que han transcurrido más diecinueve años y cuatro meses desde la interposición de la denuncia en cuestión, la cual no ha finalizado. Aunado a lo anterior, este Tribunal comprende que los casos ambientales pueden ser de naturaleza compleja y requerir de un contradictorio amplio; sin embargo, no puede estimarse razonable que una denuncia presentada primeramente por el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente y Energía, luego por la Municipalidad de Heredia e incluso por los vecinos de la zona, denuncias que fueron acumuladas posteriormente todavía no haya concluido el procedimiento seguido por la institución accionada. Nótese que, en la actualidad, no se tiene ni siquiera un periodo de tiempo aproximado para el dictado de la resolución final de la denuncia, aspecto que resulta contrario al Derecho de la Constitución, luego haber transcurrido a la fecha de interposición del recurso más de diecinueve años y cuatro meses. Bajo el escenario descrito, estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido de la parte amparada, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política. Así las cosas, en virtud de que a la fecha de interposición del presento recurso el proceso en cuestión todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Ambiental Administrativo recurrido, lo procedente es acoger el recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia
Pull quotesCitas destacadas
"El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales."
"Article 110 of the Organic Environmental Law enshrines the principle of expeditious processing in administrative proceedings concerning environmental complaints."
Considerando IV
"El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales."
Considerando IV
"Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida."
"The administration is required to provide a prompt and effective response."
Considerando IV, cita de la sentencia n.º 2016-2168
"Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida."
Considerando IV, cita de la sentencia n.º 2016-2168
"Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra el Tribunal Ambiental Administrativo."
"The amparo is granted solely against the Environmental Administrative Tribunal."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra el Tribunal Ambiental Administrativo."
Por tanto
"Se ordena a Adriana Bejarano Alfaro y a Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en sus respectivas condiciones de presidenta y jueza, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que en un plazo no mayor a TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente No. [Valor 002] y se notifique lo resuelto."
"Adriana Bejarano Alfaro and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, in their respective capacities as president and judge of the Environmental Administrative Tribunal, or whoever holds those offices, are ordered to issue a final decision on the environmental complaint processed under case No. [Valor 002] and notify that decision within no more than THREE MONTHS from notice of this judgment."
Por tanto
"Se ordena a Adriana Bejarano Alfaro y a Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en sus respectivas condiciones de presidenta y jueza, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que en un plazo no mayor a TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente No. [Valor 002] y se notifique lo resuelto."
Por tanto
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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty on diez de mayo de dos mil veinticuatro.
Findings
For the enforcement and service of this interim measure (medida cautelar), this Office (Despacho) designates Mr. [Nombre01 007], in his capacity as Head of the Heredia Subregional Office of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, as the responsible official, so that he may immediately proceed as established in the fifth recital (considerando quinto) of this decision. The effects of this interlocutory interim measure (medida cautelar interlocutoria) shall remain in force until this Office issues the final administrative act (acto final) in these ordinary administrative investigation proceedings (procedimiento ordinario administrativo de investigación) or rules otherwise. The legal representative of the company named [Nombre 003] is granted a period of three business days, beginning on the business day following service of this decision, to state whatever may be appropriate regarding the interim measure (medida cautelar) imposed by this decision.
The representative is also advised that failure to comply fully with this interim measure could constitute the offense of disobedience to authority, punishable by imprisonment under Article 307 of the Criminal Code. Second: Request that Mr. José Manuel Ulate Avendaño, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Heredia, or whoever holds that office, submit the report requested in the sixth recital (considerando sexto) of this decision within ten calendar days, beginning on the business day following service of this decision. Third: Request that Ms. Karina Garita Montoya, in her capacity as Director of the Región Central Norte del Ministerio de Salud, or whoever holds that office, submit the report requested in the seventh recital (considerando sétimo) of this decision within ten calendar days, beginning on the business day following service of this decision. Fourth: Request that Ms.
Sonia Espinoza Valverde, in her capacity as Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or whoever holds that office, submit the report requested in the eighth recital (considerando octavo) of this decision within ten calendar days, beginning on the business day following service of this decision. Fifth: Request that Mr. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Dirección de Aguas del MINAE, or whoever holds that office, submit the report requested in the ninth recital (considerando noveno) of this decision within ten calendar days. (folios 251 to 258). 34. That folio 258 of the administrative record (expediente administrativo) contains official letter N° 226-10-TAA, addressed to Eng. Freddy Valerio Seguro, informing him that he must proceed to serve this decision on the Company [Nombre 003]. 35. That on 08 de abril del 2010, official letter N° AMH-0460-2010, signed by MBA José Manuel Ulate Avendaño in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Heredia, was received, informing this Tribunal that the company [Nombre 003] does not have the corresponding municipal permit to carry out water-piping works.
(folios 264 to 266). 36. That on 09 de abril del 2010, official letter No. SRC-OH-329, signed by Eng. Freddy Valerio in his capacity as Head of the Oficina de Heredia, was received, in which he proceeds to inform this Tribunal that it has not been possible to serve the gentlemen of [Nombre01 003] with the resolution concerning the precautionary measure (Medida Cautelar). (See folios 267-278). 37. That on 03 de mayo del año 2010, official letter No.DRRS-DR-CN-803-2010 was received, signed by Dr. Karina Garita Montoya in her capacity as Regional Director of the Ministerio de Salud, in which she provides the results of the assessment of the discharge (vertido) into the lagoon formed in Quebrada La Granada. (folios 281-282). 38. That on 11 de mayo del 2010, official letter No. SG-ASA-0492-2010-SETENA was received, signed by MSc. Sonia Espinoza Valverde in her capacity as Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in which she reports that Empresa [Nombre01 003] does not have environmental approval (Viabilidad Ambiental), nor is an application pending.
(folio 284) 39. That on 09 de junio del 2010, official letter No. DA-1466-10 was received, signed by Dirección de Agua official Mr. Douglas Alvarado Rojas, in which he submits a report and states: The work performed by [Nombre01 003] is located in the first section described above and involved earthworks (movimientos de tierra) to form terraces, fill the watercourse (cauce), and construct a wall. As for the piping (entubamiento), because there are no permits, its slope capacity, design return period, and other parameters necessary to assess its hydraulic capacity and the possibility of causing a blockage and impoundment are unknown, which could eventually cause harm to third parties. (folios 285-286) 40. That on 07 de abril del 2011, official letter N° AMH-0428-2011 was received, signed by MBA José Manuel Ulate Avendaño, Mayor of the Municipalidad de Heredia, addressed to Dr. Mayela Víquez Guido of the Dirección Área Rectora de la Salud de Heredia, with a copy to the Tribunal Ambiental.
(folios 287-294). 41. That on 16 de noviembre del 2018, official letter N° ACC-OH-1324-2018 was received, signed by Mr. Carlos Carballo Sánchez of the Oficina de Protección y Control SINAC-Heredia. (folio 295) 42. That on 22 de noviembre del 2018, official letter N° DIP-GA-187-2018 was received, signed by Lic. Roger Araya Guerrero, Environmental Manager of the Municipalidad de Heredia. (folio 296) 43. That through Resolution N° 145-19-TAA issued at 10 hours and 30 minutes on 29 de enero del 2019, it ordered the consolidation (acumulación) of “administrative case file number [Valor 014] into case file number [Valor 015], with the latter prevailing; therefore, from this point forward, the investigation of the case shall be conducted solely within administrative case file number [Valor 015]...” (folios 297-303) 44. That on 09 de diciembre del 2015, Architect Alejandro Chaves Di Luca, head of Fiscal and Urban Control for the Municipalidad de Heredia, filed an environmental complaint (denuncia de carácter ambiental) with the Tribunal Ambiental Administrativo through official letter CFU-5562015 dated 15 de noviembre 2015 against Mr. [Nombre01 002], identity card [Valor CED07], in his capacity as president and general attorney-in-fact without limitation as to amount (apoderado generalísimo sin límite de suma) of Empresa [Nombre 003] S.A., corporate identification number [Valor CED08].
(folios 317-320) 45. That through Resolution N° 162-16-TAA issued at 07 hours and 15 minutes on 22 de febrero del 2016, it ordered that a technical opinion (criterio técnico) be requested from various administrative offices. (folio 322-324) 46. That on 26 de abril del 2016, official letter N° OH-453-2016 dated 21 de abril 2016 was received, signed by Mr. Carlos Carballo Sánchez of the Oficina de Protección y Control SINAC-Heredia. (folios 333-334) 47. That on 30 de mayo del 2016, official letter N° SG-DEA-1370-2016 dated 12 de mayo del mismo año was received, signed by Lic. Marco Arroyo, Secretary General of SETENA, in response to Resolution N°162-16-TAA. (folios 335-336) 48. That on 23 agosto del 2016, official letter N° DA-UHTPCOSJ-2110-2016 dated 10 de agosto 2016 was received, signed by Engineer Ignacio Campos Rodríguez of the Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central, in response to Resolution N° 162-16-TAA.
(folios 337-339) 49. That on 28 de agosto del 2018, Mr. [Nombre01 006], identity card [CED02], and residents of Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, filed an environmental complaint with the Tribunal Ambiental Administrativo against Empresa [Nombre 003] S.A., corporate identification number [Valor CED08]. (folios 340-350) 50. That through Resolution N° 237-19-TAA issued at 08 hours 20 minutes on 15 de febrero del 2019, it ordered the consolidation of “administrative case file number [Valor 016] into case file number [Valor 002], with the latter prevailing; therefore, from this point forward, the investigation of the case shall be conducted solely within administrative case file number [Valor 002] ...”. (folios 351-358) 51. That folio 371 of the administrative case file contains a certification of legal representation (personería jurídica) for the corporation [Nombre 003] S.A., corporate identification number [Valor CED06]. 52.
That through Resolution N° 487-2019-TAA issued at 10 hours and 30 minutes on 27 de marzo del 2019, folios 372 and 373, it ordered: “SUSPEND the oral and public hearing (audiencia oral y pública) scheduled for 8 hours 30 minutes on 29 de marzo del 2019...”. 53. That through resolution number 829-2019-TAA issued at 14 hours on 28 de mayo del 2019, appearing at folios 392 to 399, Resolution N° 1429-04-TAA issued at 10 hours on 14 de diciembre 2004 (folios 39-40 Volume I) was declared absolutely null and void (nulidad absoluta), and consequently so were resolutions N° 1377-2017-TAA issued at 11 hours on 03 de noviembre del 2017 (folios 68-72); N° 82-2018-TAA issued at 10 hours and 30 minutes on 12 de febrero 2018 (folios 93-95 Volume I), N° 331-2018-TAA issued at 10 hours on 26 de abril 2018 (folios 102-103 Volume I), and N° 1044-2018-TAA issued at 09 hours on 02 de octubre del 2018 (folios 111-112 Volume l); returning this case file to the investigation stage preceding the formal commencement of the administrative proceeding (procedimiento administrativo). 54.
That through resolution number 830-2019-TAA issued at 14 hours 35 minutes on 28 de mayo del 2019, appearing at folios 411 to 415, the formal commencement of an ordinary administrative proceeding (proceso ordinario administrativo) was declared, and Empresa [Nombre 003] Sociedad Anónima, corporate identification number CED09° [Valor 017], represented by Mr. [Nombre01 004], identity card CED09° [Valor 005], in his capacity as President with judicial and extrajudicial representation (folio 371 Volume I1), was charged; the latter was also charged based on potential joint and several liability (responsabilidad solidaria) pursuant to Art. 101 of the Ley Orgánica del Ambiente. The company is the registered owner (propietaria registral) of the real property identified as Finca Matrícula de la Provincia de Heredia, recorded in the Registro Nacional de Costa Rica on 24 de mayo 2005 (folio 318), cadastral plan (plano de catastro) N° H-948705-2004, located in District: San Francisco, Canton: Heredia, Province: Heredia; and consequently, Mr. [mbre01 0 004], identity card N° [Valor 005], was charged in his personal capacity based on potential joint and several liability pursuant to Art. 101 of the Ley Orgánica del Ambiente; all of the foregoing by virtue of the complaint initiated through:
SUBSTANTIVE CONSIDERATIONS For these purposes, and having reviewed the description of the administrative case file, this Tribunal states that through resolution 193-2024-TAA issued at 12 hours 10 minutes on 21 de febrero del 2024, the oral and public hearing was rescheduled for 08 hours 30 minutes on 26 de abril del 2024 and, as of the date of this report, service of notice remains in progress because some notices must be served personally and by fax (with the number of attempts required by law), in order to safeguard due process (debido proceso) and the rights of the parties. For a better understanding of the administrative case file and its progression over time, it should be clarified to the Honorable Sala Constitucional that resolution N°1067-04 dated 19 de octubre de 2004 (folio 25-26) formally commenced the Ordinary Administrative Proceeding, through which Mr. [mbre01 0 004], identity card [CED03], was notified in his personal capacity, and not, as the appellant states, in “his capacity as legal representative of Empresa [mbre01 0 003],” to appear at an oral and private hearing (comparecencia oral y privada) on 14 de diciembre 2004.
It was through the issuance of administrative resolution N° 1428-04-TAA dated 14 de diciembre del 2004 (folios 34 and 35) that suspension of the hearing was ordered. Upon issuance of resolution N° 536-05-TAA dated 25 de abril del 2005, the hearing was rescheduled for 09 de junio del 2005 (folio 51-52), but because the proof of service (constancia de notificación) appearing at folio 53 states that it was not possible to serve notice upon the respondent (denunciado), this Office proceeded to issue resolution 769-05-TAA dated 26 de mayo 2005 (folio 56-58) to suspend the scheduled hearing. Subsequently, through resolution number 770-05-TAA issued at 13 hours and 52 minutes on 26 de mayo del 2005, at folios 60 and 61 of the administrative case file, this Tribunal ordered that the interested parties in the matter be summoned to an oral and private hearing to be held on 12 de julio del año 2005 at 13:30 hours at the offices of the Tribunal Ambiental Administrativo.
Resolution number 1377-2017 issued at 11 hours on 03 de noviembre del 2017, at folios 68 72 of the administrative case file, pertains to the commencement of the ordinary administrative proceeding. Resolution number 82-2018 issued at 10 hours and 30 minutes on 12 de febrero del 2018, at folios 93 to 95 of the administrative case file, pertains to the correction of the clerical error (error material) in Resolution N° 1377-2017, and resolution number 331-2018 issued at 10 hours on 26 de abril del 2018, at folios 102 103 of the administrative case file, pertains to the rescheduling of the oral and public hearing for 05 de octubre 2018. Resolution number 1044-2018 issued at 09 hours on 02 de octubre del 2018, at folios 111 to 112 of the administrative case file, pertains to the rescheduling of the oral and public hearing for 29 de marzo 2019. Subsequently, through Resolution N° 237-19-TAA issued at 08 hours and 20 minutes on 15 de febrero del 2019, it ordered the consolidation of “administrative case file number 373-09-01TAA into case file number [Valor 002], with the latter prevailing; therefore, from this point forward, the investigation of the case shall be conducted solely within administrative case file number [Valor 002] ...”.
(folios 351-358) Once again, through resolution number 487-2019-TAA issued at 10 hours and 30 minutes on 27 de marzo del 2019, folios 372 and 373, it ordered: “SUSPEND the oral and public hearing scheduled for 8 hours 30 minutes on 29 de marzo del 2019...”.
In view of the foregoing, by resolution number 829-2019-TAA issued at 14 hours on 28 de mayo del 2019, appearing at pages 392 to 399, Resolution N° 142904-TAA issued at 10 hours on 14 de diciembre 2004 (pages 39-40 Volume I) was declared absolutely null and void (nulidad absoluta), and consequently so were resolutions N° 1377-2017-TAA issued at 11 hours on 03 de noviembre del 2017 (pages 6872); N° 82-2018-TAA issued at 10 hours and 30 minutes on 12 de febrero 2018 (pages 93-95 Volume I), N° 331-2018-TAA issued at 10 hours on 26 de abril 2018 (pages 102-103 Volume I), and N° 1044-2018-TAA issued at 09 hours on 02 de octubre del 2018 (pages 111-112 Volume I); returning these proceedings to the investigative stage preceding the formal commencement of the administrative proceeding (procedimiento administrativo). Subsequently, by administrative resolution N° 830-2019-TAA issued at 14 hours and 35 minutes on 28 de mayo de 2019, appearing at pages 411 to 415 of the administrative record, this Tribunal formally ordered the commencement of the ordinary administrative proceeding (proceso ordinario administrativo), bringing charges against: [mbre01 0 003] Sociedad Anónima, corporate identification number D09° ° [Valor 017], represented by Mr. [mbre01 0 004], identity card number D09° ° [Valor 005], in his capacity as President with authority to represent the company in and out of court (page 371 Volume II), as well as in his personal capacity based on potential joint and several liability (responsabilidad solidaria), and summoning him to an oral and public hearing (audiencia oral y pública) at 08 hours 30 minutes on 30 de agosto del 2019.
Furthermore, the Minutes of the Oral and Public Hearing held on 30 de agosto del 2019 appear at pages 452 to 454 a of the administrative record; at that hearing, a stay was ordered, as shown at page 453 of the record, stating that “(...) Mr. [mbre01 0 004], identity card number [Valor 005], in his personal capacity, has not been duly served, as shown at pages 427, 444| 447 (...)”; the record contains no date on which the hearing was rescheduled. Accordingly, this Office proceeds to issue the aforementioned resolution number 193-2024-TAA at 12 hours 10 minutes on 21 de febrero 2024. In light of the foregoing, the Honorable Constitutional Chamber is informed that this Tribunal is serving resolution number 193-2024-TAA on all parties to and interested persons in the proceeding and, consequently, is awaiting the valid holding of the Oral and Public Hearing on 26 de abril del 2024; thereafter, the appropriate final resolution will be issued in accordance with law.
(…) RELIEF REQUESTED Based on the foregoing factual and legal grounds, the petition is deemed addressed and the requested report duly submitted; consequently, it is requested that the constitutional protection petition (recurso de amparo) filed by Mr. [mbre01 0 001], identity card number [CED04], being processed under case number 24-02386-0007-CO, administrative case number [Valor 002], be denied, with no special award of costs (costas).”
Magistrada Alvarado Paniagua writes the opinion; and,
Considering:
I.Subject matter of the proceeding. The petitioner alleges that, in 2004, a complaint was filed regarding an earthen fill (relleno de tierra), the installation of piping along thirty-seven meters within the riverbed, the constriction of the watercourse, and the construction of a prefabricated tile wall within the protection zone of Quebrada La Granada. He adds that those works caused severe water stagnation and affected the property recorded in the Registro de la Propiedad under survey plan No. H-1811311-2015, adjoining the company [Nombre01 003]. This places his health, the health of his employees, and that of the neighboring complainants at risk, because the area became a mosquito breeding ground and, according to the Ministerio de Salud case file, a large number of dengue cases have occurred. The works’ location within the protection zone of Quebrada La Granada also violates the legislation in force.
He states that the complaint was filed with the Municipalidad de Heredia and MINAE de Heredia, which assessed the site and, through inspection report No. CPI-001-2004 of August 12, 2004, verified the reported facts. Likewise, on February 23, 2004, the Municipalidad de Heredia, through official letter No. DIM-0289-2004, verified the reported facts at the site and requested MINAE’s intervention. For his part, Ingeniero [Nombre01 005], through official letter No. OH-471 of September 03, 2004, in his capacity as an official of MINAE de Heredia, filed a complaint with the Tribunal Ambiental Administrativo. However, as of the date this proceeding was filed, no decision had been issued in the case and, consequently, the problem persists. He complains that there has been no prompt and effective justice (justicia pronta y cumplida), as they have been waiting twenty years for the case to be resolved. Based on the foregoing, he applies to the Sala for protection of his fundamental rights and requests that the proceeding be granted.
II.Preliminary matter. Before examining the merits—concerning the alleged violation of the right to prompt and effective proceedings (procedimiento pronto y cumplido)—it must be clarified that, beginning with judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred to the administrative-litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa)—with certain exceptions—matters involving disputes over whether the public administration has complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings, both for issuing a final administrative act resolving administrative proceedings initiated on the authority’s own initiative or at the request of a party and for deciding the applicable administrative appeals. This case falls precisely within an exception because it concerns a delay in resolving an environmental complaint handled by the Tribunal Ambiental Administrativo, and this Sala has continued to admit for review matters involving the alleged violation of the environment. Having clarified this point, the Court proceeds to decide the specific matter raised in this amparo proceeding.
III.Proven facts. The following facts are considered duly established and relevant to the resolution of this matter, either because they have been substantiated or because the respondent failed to address them as required by the initial order:
aa) By Resolution No. 237-19-TAA dated 15 de febrero de 2019, it was ordered that administrative case file No. [Valor 015] be consolidated into case file number [Valor 002], with the latter prevailing (see the report of the respondent authority, the Tribunal Ambiental Administrativo, included in the digital case file).
bb) By Resolution No. 487-2019-TAA dated 27 de marzo de 2019, the oral and public hearing scheduled for 29 de marzo de 2019 was suspended (see the report of the respondent authority, the Tribunal Ambiental Administrativo, included in the digital case file).
dd) By administrative decision No. 830-2019-TAA of 28 de mayo de 2019, the ordinary administrative proceeding (proceso ordinario administrativo) was formally initiated, bringing charges against: [Nombre 003] Sociedad Anónima, legal entity identification number No. [Valor 017], represented by [Nombre01 004], identity card [Valor 010], in his capacity as president with judicial and extrajudicial representation, and in his personal capacity for potential joint and several liability (responsabilidad solidaria), by virtue of the complaints filed:
ee) The hearing of 30 de agosto de 2019 was suspended (see the report of the respondent authority, the Tribunal Ambiental Administrativo, added to the digital case file).
ff) By decision No. 193-2024-TAA of 21 de febrero de 2024, the oral and public hearing was rescheduled for 08 horas 30 minutos on 26 de abril del 2024 (see the report of the respondent authority, the Tribunal Ambiental Administrativo, added to the digital case file).
IV.The specific case. In the present matter, the petitioner alleges that in 2004 a complaint was filed concerning an earth fill and thirty-seven-meter-long pipe installed within the riverbed, the constriction of the channel, and the construction of a prefabricated tile wall within the protection area (área de protección) of the quebrada La Granada. He adds that these works caused severe water stagnation and affected the property recorded in the Registro de la Propiedad under survey plan No.H-1811311-2015, adjoining the company [Nombre01 003], thereby endangering his health, that of his employees, and that of the complaining neighbors, because it became a mosquito breeding ground; furthermore, according to the Ministerio de Salud case file, a large number of dengue cases have occurred, and the legislation in force has been violated because the works are located within the protection area of the quebrada La Granada.
He states that the complaint was filed with the Municipalidad de Heredia and MINAE in Heredia, which assessed the site and, through inspection report (acta de inspección) No. CPI-001-2004 of 12 de agosto de 2004, verified the reported facts. Likewise, on 23 de febrero de 2004, the Municipalidad de Heredia, through official letter No. DIM-0289-2004, verified the reported facts at the site and requested MINAE’s intervention. For his part, Engineer [Nombre01 005], through official letter No. OH-471 of 03 de setiembre de 2004, in his capacity as an official of MINAE in Heredia, filed a complaint with the Tribunal Ambiental Administrativo. However, as of the date on which the petition was filed, it had not issued a decision in the case and, therefore, the problem persists. He claims that there has been no prompt and effective justice (justicia pronta y cumplida), because they have been waiting twenty years for the case to be decided. In view of the foregoing, he applies to the Chamber for protection of his fundamental rights and requests that the petition be granted.
In this regard, after analyzing the evidence submitted and the reports rendered under oath by the respondent authorities, which were duly warned of the consequences established in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, on 03 de setiembre de 2004, [Nombre01 005], in his capacity as an official of the Heredia office of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Ministerio de Ambiente y Energía, filed an environmental complaint (denuncia de carácter ambiental) with the Tribunal Ambiental Administrativo against Mr. [Nombre01 002], legal representative of Empresa [Nombre 003], for the alleged impact on the protection area of quebrada La Granada, and the complaint was assigned administrative case file number [Valor 002]. Subsequently, on 02 de octubre de 2009, through official letter DOPR-0548-2009 signed by Teresita Granados Villalobos, coordinator of the Departamento Ambiental, the Dirección Operativa de la Municipalidad de Heredia also formally filed an environmental complaint against the company named [Nombre 003] for the alleged environmental impact on a lagoon resulting from earthworks (movimientos de tierra) and filling within the protection zone (zona de protección) of quebrada La Granada.
Thereafter, on 09 de diciembre de 2015, the head of Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia filed an environmental complaint with the Tribunal Ambiental Administrativo under official letter No. CFU-5562015 of 15 de noviembre de 2015 against Mr. [Nombre01 002], identity card [CED03], in his capacity as president and general attorney-in-fact with unlimited authority (apoderado generalísimo sin límite de suma) of Empresa [Nombre 003] S.A., legal entity identification number [Valor CED08]. Likewise, on 28 de agosto de 2018, Mr. [Nombre01 006], identity card [CED02], and residents of Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, filed an environmental complaint with the Tribunal Ambiental Administrativo against Empresa [Nombre 003] S.A., legal entity identification number [Valor CED08].
It should be added that the statement of proven facts shows that these complaints were consolidated into the case file of the initial complaint dating from 03 de setiembre de 2004, that difficulties arose in serving notice on the respondent, and that multiple decisions were issued so that a hearing could be held with that party and the other persons involved; however, the proceeding has not concluded, nor has a final decision been issued.
Based on this factual record, the right to prompt and effective justice is deemed to have been violated because, although the matter involves a degree of complexity, it is no less true that more than nineteen years and four months have elapsed since the complaint at issue was filed, and it has not been concluded. In judgment No. 2016-2168 at 9:05 horas on 12 de febrero de 2016, this Chamber stated as follows:
“In the Chamber’s view, the failure of the Tribunal Ambiental Administrativo to move the proceeding forward has caused undue delay (dilación indebida) or unjustified delay (retardo injustificado), violating the fundamental right to a prompt and effective administrative proceeding (procedimiento administrativo pronto y cumplido). Article 110 of the Ley Orgánica del Ambiente enshrines the principle of expeditiousness (principio de celeridad) in processing administrative proceedings related to environmental complaints by expressly providing as follows: ‘On its own initiative, the Tribunal Ambiental Administrativo shall move forward the proceeding and the processing of matters within its jurisdiction with the speed required by the affected situation. The decision shall be issued within no more than thirty days; in special cases, the period may be extended by up to an additional thirty days. The Administration’s obligation to provide a prompt and effective response is hereby established.’” In addition to the foregoing, this Court understands that environmental cases may be complex in nature and may require extensive adversarial proceedings (contradictorio amplio); however, it cannot be considered reasonable that the proceeding pursued by the respondent institution has still not concluded in connection with a complaint initially filed by the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente y Energía, subsequently by the Municipalidad de Heredia, and even by the residents of the area, which complaints were later consolidated.
It should be noted that there is currently not even an approximate timeframe for issuance of the final decision on the complaint, a circumstance contrary to the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución), given that, as of the date the petition was filed, more than nineteen years and four months had elapsed. Under the circumstances described, this Chamber finds that there has indeed been an undue or unjustified delay violating the protected party’s fundamental right to a prompt and effective administrative proceeding, enshrined in Article 41 of the Constitución Política.
Accordingly, because, as of the date the present petition was filed, the proceeding at issue had still not been decided by the respondent Tribunal Ambiental Administrativo, the appropriate course is to grant the petition, with the consequences set forth in the operative portion (parte dispositiva) of this judgment.
V.Furthermore, although the Ministerio de Ambiente y Energía and the Municipalidad de Heredia are named as respondent parties in the present amparo proceeding (proceso de amparo), no action or omission on their part has been established in the case under review. Consequently, the petition is dismissed with respect to those respondent parties.
VI.Note by Justice Castillo Víquez regarding prompt and effective administrative justice. I have supported this Court’s position that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the legal dispute must be heard by the Contentious-Administrative Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo), rather than by this Chamber. Nevertheless, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is eligible for judicial protection through the amparo petition (recurso de amparo) provided for in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, administrative acts, or response are affecting his or her fundamental rights.
In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to modify its line of precedent (línea jurisprudencial), since, pursuant to section 7 of its Law, it has exclusive authority to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional-law disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional circumstances and that may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional proceeding for the guarantee of amparo (proceso constitucional de garantía del amparo), in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 at 8:55 horas on 22 de febrero de 2008), jurisdiction lies with the judges of the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción de lo contencioso-administrativo). All of this is consistent with Article 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
VII.Note by Justice Salazar Alvarado. In environmental matters, it is also the undersigned’s view that, where the Public Administration has already intervened, jurisdiction to hear and decide the matter lies with the administrative litigation courts (jurisdicción contenciosa administrativa). Nevertheless, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy, pollution-free environment (Article 50 of the Constitución Política), as in this case, in which the petitioner alleges that an earth fill, the piping of the river channel, the constriction of the channel, and the construction of a prefabricated tile wall within the protection area (área de protección) of the La Granada stream were reported, resulting in severe water stagnation that poses a health risk because it became a mosquito breeding ground and has caused a large number of dengue cases, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified standard of quality of life.
VIII.Documentation submitted to the case file (expediente). The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device or produced using new technologies, they must retrieve them from the court office within a maximum period of thirty business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within that period shall be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Sesión No. 27-11, del 22 de agosto del 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial No. 19, del 26 de enero del 2012, as well as pursuant to the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in Sesión No. 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, Article LXXXI.
Por tanto
The application for amparo (recurso) is granted solely against the Tribunal Ambiental Administrativo. Adriana Bejarano Alfaro and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, in their respective capacities as president and judge, both of the Tribunal Ambiental Administrativo, or whoever may hold those positions in their stead, are ordered, within no more than THREE MONTHS from notification of this judgment, to issue a final decision on the environmental complaint processed under expediente No. [Valor 002] and to provide notification of that decision. The respondents, or whoever may hold their positions, are warned that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding (recurso de amparo) that must be complied with or enforced, and fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the administrative litigation courts. As to the Ministerio de Ambiente y Energía and the Municipalidad de Heredia, the application is denied. Justice Castillo Víquez files a note. Justice Salazar Alvarado files a note. Let notice be given.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H.
Alejandro Delgado F. Alexandra Alvarado P.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de mayo de dos mil veinticuatro.
Recurso de amparo promovido por [Nombre01 001], cédula de identidad [Valor CED05], contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
Resultando
se pronuncie de forma distinta. Se le otorga al representante legal de la empresa denominada [Nombre 003], el plazo de tres días hábiles, los cuales comenzarán a correr el día hábil siguiente de notificada la presente resolución, para que manifieste lo que corresponda en torno a la medida cautelar impuesta mediante la presente resolución. Asimismo, se le hace saber que el no acatar la presente medida cautelar en todos sus extremos, lo podría hacer incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad previsto y sancionado con pena de prisión por el artículo 307 del Código Penal. Segundo: Solicitar al señor José Manuel Ulate Avendaño, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Heredia, o a quien ocupe su cargo, que presente el informe solicitado en el considerando sexto de la presente resolución en un plazo de diez días naturales, los cuales comenzarán a correr el día hábil siguiente de notificada la presente resolución.
Tercero: Solicitar a la señora Karina Garita Montoya, en su condición de Directora de la Región Central Norte del Ministerio de Salud, o a quien ocupe su cargo, que presente el informe solicitado en el considerando sétimo de la presente resolución en un plazo de diez días naturales, los cuales comenzarán a correr el día hábil siguiente de notificada la presente resolución. Cuarto: Solicitar a la señora Sonia Espinoza Valverde, en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe su cargo, que presente el informe solicitado en el considerando octavo de la presente resolución en un plazo de diez días naturales, los cuales comenzarán a correr el día hábil siguiente de notificada la presente resolución. Quinto: Solicitar al señor José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Aguas del MINAE, o a quien ocupe su cargo, que presente el informe solicitado en el considerando noveno de la presente resolución en un plazo de diez días naturales.
(folios 251 a 258). 34. Que a folio 258 del expediente administrativo se tiene el oficio N° 226-10-TAA, dirigido al Ing. Freddy Valerio Seguro, en el cual se le indica que debe proceder a notificar la presente resolución a la Empresa [Nombre 003]. 35. Que en fecha 08 de abril del 2010 ingresa oficio N° AMH-0460-2010 suscrito por el MBA. José Manuel Ulate Avendaño, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Heredia, en el cual le informa a este Tribunal que dicha empresa [Nombre 003] no cuenta con el correspondiente permiso Municipal para realizar obras de entubamiento de agua. (folios 264 a 266). 36. Que el 09 de abril del 2010 ingresa el oficio No. SRC-OH-329 suscrito por el Ing. Freddy Valerio, en su condición de Jefe de la Oficina de Heredia, en donde procede a indicarle a este Tribunal que no ha sido posible notificarle a los señores de [Nombre01 003] la resolución de la Medida Cautelar.
(Ver folios 267-278). 37. Que en fecha 03 de mayo del año 2010 se recibe oficio No.DRRS-DR-CN-803-2010, suscrito por la Dra. Karina Garita Montoya, en su condición de Directora Regional del Ministerio de Salud, en el cual aporta el resultado de la valoración del vertido en la laguna formada en la Quebrada La Granada. (folios 281-282). 38. Que el 11 de mayo del 2010 ingresa el oficio No. SG-ASA-0492-2010-SETENA suscrito por la MSc. Sonia Espinoza Valverde en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la cual informa que la Empresa [Nombre01 003] No cuenta con Viabilidad Ambiental ni tampoco se encuentra en trámite. (folio 284) 39. Que en fecha 09 de junio del 2010 se recibe oficio No. DA-1466-10 suscrito por el funcionario de la Dirección de Agua señor Douglas Alvarado Rojas en el cual rinde informe e indica: Los trabajos realizados por [Nombre01 003] se ubican en el primer tramo, descrito supra e implicó movimientos de tierra para la conformación de terrazas y relleno del cauce y la construcción de una tapia.
En cuanto al entubamiento, por no contar con permisos, se desconoce la capacidad pendiente, período de retorno del diseño y otros parámetros necesarios para evacuar su capacidad hidráulica y la posibilidad de causar un taponamiento y represamiento, que podría eventualmente, causar daño a terceros. (folios 285-286) 40. Que en fecha 07 de abril del 2011 ingresa oficio N° AMH-0428-2011 suscrito por el MBA. José Manuel Ulate Avendaño, Alcalde de la Municipalidad de Heredia dirigido a la Dra. Mayela Víquez Guido de la Dirección Área Rectora de la Salud de Heredia, y con copia al Tribunal Ambiental. (folios 287-294). 41. Que en fecha 16 de noviembre del 2018 ingresa oficio N° ACC-OH-1324-2018 suscrito por el Sr. Carlos Carballo Sánchez, de la Oficina de Protección y Control SINAC-Heredia. (folio 295) 42. Que en fecha 22 de noviembre del 2018 ingresa oficio N° DIP-GA-187-2018 suscrito por el Lic. Roger Araya Guerrero, Gestor Ambiental de la Municipalidad de Heredia.
(folio 296) 43. Que mediante Resolución N° 145-19-TAA de las 10 horas y 30 minutos del 29 de enero del 2019, resuelve acumular ..el expediente administrativo número [Valor 014] dentro del expediente número [Valor 015], prevaleciendo éste último; por ello de ahora en adelante la investigación del caso se realizará únicamente dentro del expediente administrativo número [Valor 015]..." (folios 297-303) 44. Que el día 09 de diciembre del 2015, el Arq. Alejandro Chaves Di Luca, encargado de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo denuncia de carácter ambiental bajo el oficio CFU-5562015 del 15 de noviembre 2015 en contra del señor [Nombre01 002], cédula de identidad [Valor CED07]; en su condición de presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor CED08]. (folios 317-320) 45.
Que mediante Resolución N° 162-16-TAA de las 07 horas y 15 minutos del 22 de febrero del 2016, resuelve solicitar criterio técnico a diversas dependencias administrativas. (folio 322-324) 46. Que en fecha 26 de abril del 2016 ingresa oficio N° OH-453-2016 del 21 de abril 2016 suscrito por el Sr. Carlos Carballo Sánchez, de la Oficina de Protección y Control SINAC-Heredia. (folios 333-334) 47. Que en fecha 30 de mayo del 2016 ingresa oficio N° SG-DEA-1370-2016 del 12 de mayo del mismo año, suscrito por el Lic. Marco Arroyo, Secretario General de SETENA, en respuesta a la Resolución N°162-16-TAA. (folios 335-336) 48. Que en fecha 23 agosto del 2016 ingresa oficio N° DA-UHTPCOSJ-2110-2016 del 10 de agosto 2016, suscrito por el Ing. Ignacio Campos Rodríguez de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central, en respuesta a la Resolución N° 162-16-TAA. (folios 337-339) 49. Que el día 28 de agosto del 2018, el señor [Nombre01 006], cédula de identidad [CED02] y vecinos de Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, presentaron ante el Tribunal Ambiental Administrativo denuncia de carácter ambiental, en contra de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor CED08].
(folios 340-350) 50. Que mediante Resolución N° 237-19-TAA de las 08 horas 20 minutos del 15 de febrero del 2019, resuelve acumular ....el expediente administrativo número [Valor 016] dentro del expediente número [Valor 002], prevaleciendo éste último; por ello de ahora en adelante la investigación del caso se realizará únicamente dentro del expediente administrativo número [Valor 002] ...". (folios 351-358) 51. Que consta a folio 371 del expediente administrativo certificación de personería jurídica de la sociedad [Nombre 003] S.A., cédula jurídica [Valor CED06]. 52. Que mediante Resolución N° 487-2019-TAA de las 10 horas y 30 minutos del 27 de marzo del 2019, folios 372 y 373, resuelve "SUSPENDER la audiencia oral y pública señalada para las 8 horas 30 minutos de 29 de marzo del 2019...". 53. Que mediante resolución número 829-2019-TAA de las 14 horas del 28 de mayo del 2019, visible a folios 392 a 399, se declara la nulidad absoluta de la Resolución N° 1429-04-TAA de las 10 horas del 14 de diciembre 2004 (folios 39-40 Tomo I), consecuentemente las resoluciones N° 1377-2017-TAA de las 11 horas del 03 de noviembre del 2017 (folios 68-72); N° 82-2018-TAA de las 10 horas y 30 minutos del 12 de febrero 2018 (folios 93-95 Tomo I), N° 331-2018-TAA de las 10 horas del 26 de abril 2018 (folios 102-103 Tomo I) y N° 1044-2018-TAA de las 09 horas del 02 de octubre del 2018 (folios 111-112 Tomo l); retrotrayendo el presente expediente a la fase de investigación previa a la apertura formal del procedimiento administrativo. 54.
Que mediante resolución número 830-2019-TAA de las 14 horas 35 minutos del 28 de mayo del 2019, visible a folios 411 a 415, se declara formalmente la apertura de un proceso ordinario administrativo y se imputa a la empresa [Nombre 003] Sociedad Anónima, cédula jurídica CED09° [Valor 017], representada por el Sr. [Nombre01 004], cédula de identidad CED09° [Valor 005] en su condición de Presidente con representación judicial ) extrajudicial (folio 371 Tomo I1); y a este último, por una eventual responsabilidad solidaria conforme al Art. 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, quien es la propietaria registral del bien inmueble Finca Matrícula de la Provincia de Heredia inscrita en el Registro Nacional de Costa Rica el 24 de mayo 2005 (folio 318) plano de catastro N° H-948705-2004, ubicada en el Distrito: San Francisco, Cantón: Heredia, Provincia: Heredia; y consecuentemente se imputa al Sr. [mbre01 0 004], cédula de identidad N° [Valor 005] en su condición personal por eventual responsabilidad solidaria conforme al Art. 101 de la Ley Orgánica del Ambiente; todos ellos en virtud de la denuncia incoada mediante:
Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. El recurrente alega que en el 2004 se denunció un relleno de tierra y entubamiento de treinta y siete metros de largo dentro del cauce del río, estrangulamiento del cauce y construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Agrega que dichas obras generaron un severo estancamiento de aguas y ha afectado la propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad con el plano No. H-1811311-2015, colindante con la empresa [Nombre01 003], lo cual pone en riesgo su salud, la de sus empleados y la de los vecinos denunciantes, pues se convirtió en un criadero de zancudos, y de acuerdo al expediente del Ministerio de Salud, se ha generado gran cantidad de casos de dengue y una violación de la legislación vigente al ubicarse las obras dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Refiere que se planteó la denuncia ante la Municipalidad de Heredia y el MINAE de Heredia, quienes valoraron el sitio y mediante acta de inspección No. CPI-001-2004 del 12 de agosto de 2004, verificaron los hechos denunciados.
Asimismo, el 23 de febrero de 2004, la Municipalidad de Heredia mediante el oficio No. DIM-0289-2004, verificó en el sitio los hechos denunciados y solicitó la intervención del MINAE. Por su parte, el Ingeniero [Nombre01 005], mediante el oficio No. OH-471 del 03 de setiembre de 2004, en su condición de funcionario del MINAE de Heredia, presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, no ha dictado la sentencia del caso y, por ende, la problemática continúa. Reclama que no ha existido justicia pronta y cumplida, pues han estado esperando por veinte años la resolución del caso. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.
II.De previo. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se trata de un retardo en resolución de una denuncia ambiental tramitada por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, siendo que esta Sala ha continuado admitiendo para valoración aquellos asuntos en los que está de por medio la presunta violación al medio ambiente. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
aa) Mediante resolución No. 237-19-TAA del 15 de febrero de 2019, se resolvió acumular el expediente administrativo No. [Valor 015] dentro del expediente número [Valor 002], prevaleciendo este último (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital).
bb) Mediante resolución No. 487-2019-TAA del 27 de marzo de 2019, se suspendió la audiencia oral y pública señalada para el 29 de marzo de 2019 (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital).
dd) Mediante resolución administrativa No. 830-2019-TAA del 28 de mayo de 2019, se declaró formalmente la apertura del proceso ordinario administrativo imputando cargos a: [Nombre 003] Sociedad Anónima, cédula jurídica No. [Valor 017], representada por [Nombre01 004], cédula de identidad [Valor 010] en su condición de presidente con representación judicial y extrajudicial, y en su condición personal por eventual responsabilidad solidaria, en virtud de las denuncias incoadas: 1) oficio No. OH-471 del 03 de setiembre 2004, suscrito por [Nombre01 005], cédula número [Valor 013], en su condición de funcionario de la oficina de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central; 2) oficio No. DOPR-548-2009 del 01 de octubre de 2009, por Teresita Granados Villalobos, coordinadora ambiental de la Dirección Operativa de la Municipalidad de Heredia; 3) oficio No. CFU-556-2015 del 15 de noviembre de 2015, por Alejandro Chaves Di Luca, encargado de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia y 4) el señor [Nombre01 006], cédula de identidad [Valor CED10] y vecinos de Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa. Citando a todas las partes a una audiencia oral y pública para el 30 de agosto de 2019 (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital).
ee) La audiencia del 30 de agosto de 2019 fue suspendida (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital).
ff) Mediante resolución No. 193-2024-TAA del 21 de febrero de 2024, se procedió a reprogramar la celebración de audiencia oral y pública para las 08 horas 30 minutos del 26 de abril del 2024 (véase informe de la autoridad recurrida del Tribunal Ambiental Administrativo, agregado al expediente digital).
IV.Sobre el caso concreto. El presente asunto el recurrente reclama que en el 2004 se denunció un relleno de tierra y entubamiento de treinta y siete metros de largo dentro del cauce del río, estrangulamiento del cauce y construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Agrega que dichas obras generaron un severo estancamiento de aguas y ha afectado la propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad con el plano No.H-1811311-2015, colindante con la empresa [Nombre01 003], lo cual pone en riesgo su salud, la de sus empleados y la de los vecinos denunciantes, pues se convirtió en un criadero de zancudos, y de acuerdo al expediente del Ministerio de Salud, se ha generado gran cantidad de casos de dengue y una violación de la legislación vigente al ubicarse las obras dentro del área de protección de la quebrada La Granada. Refiere que se planteó la denuncia ante la Municipalidad de Heredia y el MINAE de Heredia, quienes valoraron el sitio y mediante acta de inspección No. CPI-001-2004 del 12 de agosto de 2004, verificaron los hechos denunciados.
Asimismo, el 23 de febrero de 2004, la Municipalidad de Heredia mediante el oficio No. DIM-0289-2004, verificó en el sitio los hechos denunciados y solicitó la intervención del MINAE. Por su parte, el Ingeniero [Nombre01 005], mediante el oficio No. OH-471 del 03 de setiembre de 2004, en su condición de funcionario del MINAE de Heredia, presentó denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, no ha dictado la sentencia del caso y, por ende, la problemática continúa. Reclama que no ha existido justicia pronta y cumplida, pues han estado esperando por veinte años la resolución del caso. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.
Al respecto, después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el 03 de setiembre de 2004, [Nombre01 005], en su condición de funcionario de la oficina de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Ministerio de Ambiente y Energía, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo una denuncia de carácter ambiental, contra el señor [Nombre01 002], representante legal de la Empresa [Nombre 003] por la supuesta afectación al área de protección de quebrada La Granada y a la denuncia le fue asignado el número de expediente administrativo [Valor 002]. Luego, también la Dirección Operativa de la Municipalidad de Heredia, el 02 de octubre de 2009 por oficio DOPR-0548-2009 de suscrito por Teresita Granados Villalobos, coordinadora del Departamento Ambiental, interpuso formal denuncia de carácter ambiental en contra de la empresa denominada [Nombre 003], por la supuesta afectación ambiental de una laguna producto de los movimientos de tierra y de relleno dentro de la zona de protección de quebrada La Granada.
Después, el 09 de diciembre de 2015, el encargado de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia, presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo una denuncia de carácter ambiental bajo el oficio No. CFU-5562015 del 15 de noviembre de 2015 en contra del señor [Nombre01 002], cédula de identidad [CED03]; en su condición de presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor CED08]. Asimismo, que el 28 de agosto de 2018, el señor [Nombre01 006], cédula de identidad [CED02] y vecinos de Heredia, Guarari, Nísperos Tres, La Milpa, presentaron ante el Tribunal Ambiental Administrativo denuncia de carácter ambiental, en contra de la Empresa [Nombre 003] S.A. cédula jurídica [Valor CED08].
Cabe agregar que, de la relación de hechos probados se observa que estas denuncias fueron acumuladas al expediente de la denuncia inicial que data del 03 de setiembre de 2004 y se han presentado vicisitudes para notificar al denunciado, así como se han dictado múltiples resoluciones para que se lleve a cabo una audiencia con esta parte y demás involucradas; sin embargo, el procedimiento no ha concluido ni se ha emitido la resolución final.
Partiendo de este cuadro fáctico, se estima violentado el derecho a la justicia pronta y cumplida, por cuanto, si bien el asunto revierte un grado de complejidad, no menos cierto resulta que han transcurrido más diecinueve años y cuatro meses desde la interposición de la denuncia en cuestión, la cual no ha finalizado. Esta Sala mediante sentencia No. 2016-2168 de las 9:05 horas de 12 de febrero de 2016, indicó lo siguiente:
“En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”.
Aunado a lo anterior, este Tribunal comprende que los casos ambientales pueden ser de naturaleza compleja y requerir de un contradictorio amplio; sin embargo, no puede estimarse razonable que una denuncia presentada primeramente por el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente y Energía, luego por la Municipalidad de Heredia e incluso por los vecinos de la zona, denuncias que fueron acumuladas posteriormente todavía no haya concluido el procedimiento seguido por la institución accionada. Nótese que, en la actualidad, no se tiene ni siquiera un periodo de tiempo aproximado para el dictado de la resolución final de la denuncia, aspecto que resulta contrario al Derecho de la Constitución, luego haber transcurrido a la fecha de interposición del recurso más de diecinueve años y cuatro meses. Bajo el escenario descrito, estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido de la parte amparada, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política.
Así las cosas, en virtud de que a la fecha de interposición del presento recurso el proceso en cuestión todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Ambiental Administrativo recurrido, lo procedente es acoger el recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia
V.Por otra parte, si bien en el presente proceso de amparo se tiene como partes recurridas al Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Heredia, lo cierto es que no se acredita acción u omisión por parte de estas en caso bajo estudio. En consecuencia, se desestima el recurso respecto a dichas partes accionadas.
VI.Nota del Magistrado Castillo Víquez en cuanto la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VII.Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que se denunció un relleno de tierra y entubamiento del cauce del río, estrangulamiento del cauce y construcción de un muro prefabricado de baldosas dentro del área de protección de la quebrada La Granada, donde se generó un severo estancamiento de aguas, lo cual pone en riesgo la salud pues se convirtió en un criadero de zancudos, y se ha generado gran cantidad de casos de dengue, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
VIII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto
Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra el Tribunal Ambiental Administrativo. Se ordena a Adriana Bejarano Alfaro y a Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en sus respectivas condiciones de presidenta y jueza, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que en un plazo no mayor a TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente No. [Valor 002] y se notifique lo resuelto. Se advierte a las recurridas, o a quienes ocupen su cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Heredia, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H.
Alejandro Delgado F. Alexandra Alvarado P.
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