Res. 10847-2024 Sala Constitucional — Right of petition regarding municipal inquiries about the Condominio Hacienda Garabito development project

OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The amparo is partially granted only as to the timely response to points 1, 2, 4, and 9 of the petitioner's request, without special award of costs, damages, or losses. The remainder is denied.Se declara parcialmente con lugar el recurso de amparo únicamente en relación con la atención oportuna de los puntos 1, 2, 4 y 9 de la gestión del recurrente, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. En lo demás, se declara sin lugar.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo filed by Eduardo Enrique Chinchilla Mora against the Municipality of Alajuela. The petitioner submitted a complaint and multiple queries regarding alleged irregularities in the permitting of the Condominio Hacienda Garabito development project. He argues that the municipality failed to respond fully or timely, violating his right of petition. The Chamber finds that only points 1, 2, 4, and 9 of his request constitute a genuine exercise of the right to access information, while the remainder are challenges or questions beyond the scope of amparo protection. It is established that the municipality responded belatedly after being notified of the appeal. Therefore, the appeal is partially granted regarding the timely response to those four points, without awarding costs, damages, or losses. The decision includes two partially dissenting votes ordering an award of damages and costs.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por Eduardo Enrique Chinchilla Mora contra la Municipalidad de Alajuela. El recurrente presentó una denuncia y múltiples consultas sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos del proyecto urbanístico Condominio Hacienda Garabito. Alega que la municipalidad no respondió de forma completa ni en tiempo sus solicitudes, vulnerando su derecho de petición. La Sala determina que únicamente los puntos 1, 2, 4 y 9 de su gestión constituyen verdadero ejercicio del derecho de acceso a la información, mientras que los restantes son interpelaciones o cuestionamientos que exceden el ámbito de protección del amparo. Se constata que la municipalidad respondió extemporáneamente después de notificado el recurso, por lo que se declara parcialmente con lugar respecto a la atención oportuna de esos cuatro puntos, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. La decisión cuenta con dos votos salvados parciales que ordenan condenatoria en daños y perjuicios y/o costas.

Key excerptExtracto clave

Regarding these fundamental rights, this Tribunal, in judgment No. 2021005055 of 9:15 a.m. on March 12, 2021, stated the following: “(…) it should be recalled that the right of access to public information has been defined by Costa Rican doctrine as the fundamental right of citizens to approach the Public Administration to obtain information on matters of public interest. Such request may be made orally or in writing and constitutes an essential guarantee in any Rule of Law State, as it is part of the democratization of public institutions (…) A broad concept of access to information has been developed in the jurisprudence of this Tribunal to protect the mechanisms ensuring such access, indicating that it '…consists of a bundle of powers vested in the person exercising it, such as: a) access to public departments, units, offices, and buildings; b) access to physical or automated archives, records, files, and documents—databases, records; c) the right of the administered to know stored personal or nominative data that affect them in some way; d) the right of the administered to rectify or delete such data if erroneous, incorrect, or false; e) the right to know the contents of physical or virtual documents and files; and f) the right to obtain, at their expense, certifications or copies thereof.' (…) However, these rights naturally have limits, so their exercise is not unrestricted. Clearly, the matters raised in points 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, and 12 are challenges or interpellations against the respondent authority regarding the local government's actions concerning Condominio Hacienda Garabito. Hence, the failure to issue a response on any of those points cannot, in itself, be directly linked to a potential violation of a fundamental right, as it is not covered by the right of petition and access to information as already indicated in this case, and as developed by Articles 27 and 30 of the Political Constitution, nor by Article 41 of the Constitution. Consequently, on these points, the amparo proceeding is inadmissible.En relación con estos derechos fundamentales, este Tribunal, en la sentencia No. 2021005055 de las 9:15 horas del 12 de marzo del 2021, indicó lo siguiente: “(…) debe recordarse que el derecho de acceso a la información pública ha sido definido por la doctrina costarricense como aquel derecho fundamental que tienen los ciudadanos de acudir a la Administración Pública para obtener información sobre asuntos de interés público. Dicha gestión puede ser realizada en forma oral o escrita y se constituye una garantía esencial en todo Estado de Derecho, pues forma parte de la democratización de las instituciones públicas (…) Un concepto amplio sobre el acceso a la información, ha sido desarrollado en la jurisprudencia de este Tribunal, en aras de que se tutelen los mecanismos para garantizar ese acceso, indicando que este “…se compone de un haz de facultades en cabeza de la persona que lo ejerce tales como las siguientes: a) acceso a los departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos; b) acceso a los archivos, registros, expedientes y documentos físicos o automatizados –bases de datos ficheros-; c) facultad del administrado de conocer los datos personales o nominativos almacenados que le afecten de alguna forma, d) facultad del administrado de rectificar o eliminar esos datos si son erróneos, incorrectos o falsos; e) derecho de conocer el contenido de los documentos y expedientes físicos o virtuales y f) derecho de obtener, a su costo, certificaciones o copias de los mismos”. (…) Ahora bien, estos derechos desde luego contienen límites por lo que su ejercicio no resulta irrestricto. Claramente, lo planteado por el en los puntos 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12, son cuestionamientos o interpelación contra la autoridad recurrida, en relación con las actuaciones del gobierno local en relación con el Condominio Hacienda Garabito. De ahí que la omisión en emitir una respuesta sobre cualquiera de esos puntos, en sí mismo, no puede relacionarse directamente con una eventual violación de un derecho fundamental al no encontrarse amparada en el derecho de petición y acceso a la información como en el sub lite ya se indicó y que desarrollan los artículos 27 y 30 de la Constitución Política; así como tampoco en el artículo 41 constitucional. En consecuencia, sobre estos puntos el proceso de amparo es improcedente.

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"En relación con estos derechos fundamentales, este Tribunal, en la sentencia No. 2021005055 de las 9:15 horas del 12 de marzo del 2021, indicó lo siguiente: “(…) debe recordarse que el derecho de acceso a la información pública ha sido definido por la doctrina costarricense como aquel derecho fundamental que tienen los ciudadanos de acudir a la Administración Pública para obtener información sobre asuntos de interés público. Dicha gestión puede ser realizada en forma oral o escrita y se constituye una garantía esencial en todo Estado de Derecho, pues forma parte de la democratización de las instituciones públicas”."

"Regarding these fundamental rights, this Tribunal, in judgment No. 2021005055 of 9:15 a.m. on March 12, 2021, stated: '(…) it should be recalled that the right of access to public information has been defined by Costa Rican doctrine as the fundamental right of citizens to approach the Public Administration to obtain information on matters of public interest. Such request may be made orally or in writing and constitutes an essential guarantee in any Rule of Law State, as it is part of the democratization of public institutions.'"

Considerando III

"En relación con estos derechos fundamentales, este Tribunal, en la sentencia No. 2021005055 de las 9:15 horas del 12 de marzo del 2021, indicó lo siguiente: “(…) debe recordarse que el derecho de acceso a la información pública ha sido definido por la doctrina costarricense como aquel derecho fundamental que tienen los ciudadanos de acudir a la Administración Pública para obtener información sobre asuntos de interés público. Dicha gestión puede ser realizada en forma oral o escrita y se constituye una garantía esencial en todo Estado de Derecho, pues forma parte de la democratización de las instituciones públicas”."

Considerando III

"Claramente, lo planteado por el en los puntos 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12, son cuestionamientos o interpelación contra la autoridad recurrida, en relación con las actuaciones del gobierno local ... De ahí que la omisión en emitir una respuesta sobre cualquiera de esos puntos, en sí mismo, no puede relacionarse directamente con una eventual violación de un derecho fundamental al no encontrarse amparada en el derecho de petición y acceso a la información."

"Clearly, the matters raised in points 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, and 12 are challenges or interpellations against the respondent authority concerning the local government's actions... Hence, the failure to issue a response on any of those points cannot, in itself, be directly linked to a potential violation of a fundamental right, as it is not covered by the right of petition and access to information."

Considerando III

"Claramente, lo planteado por el en los puntos 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12, son cuestionamientos o interpelación contra la autoridad recurrida, en relación con las actuaciones del gobierno local ... De ahí que la omisión en emitir una respuesta sobre cualquiera de esos puntos, en sí mismo, no puede relacionarse directamente con una eventual violación de un derecho fundamental al no encontrarse amparada en el derecho de petición y acceso a la información."

Considerando III

"Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, ... la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. ... la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo."

"Upon better consideration, the majority of the Chamber holds that, in this case, ... the grant must be without special award of costs, damages, or losses, based on the following considerations. ... the aggrieved party in this case retains the possibility to resort, if it deems fit, to a plenary proceeding to demonstrate that it has suffered some type of harm."

Considerando V

"Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, ... la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. ... la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo."

Considerando V

Full documentDocumento completo

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-sixth of April two thousand twenty-four.

An *amparo* appeal processed under case file number 23-024832-0007-CO, filed by EDUARDO ENRIQUE CHINCHILLA MORA, identity card number 06-0241-0250, against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA.

**WHEREAS:** 1.- Through a brief received by this Chamber at 12:52 hrs. on October 9, 2023, the petitioner files an *amparo* appeal and states that, on July 26, 2023, he initiated a procedure on the Service Platform of the Municipality of Alajuela, which was assigned receipt ticket No. 37764-2023, addressed to the mayor, consisting of a report and a series of queries and requests seeking an update on the actions taken, follow-up, steps, or procedures channeled regarding another report he filed concerning the approval of an urban development project in La Garita, Alajuela, plagued by serious irregularities in its processing and approval. He literally requested: "(…) Regarding the Condominio Hacienda Garabito project located in La Garita, Alajuela, of which you are aware of all the irregularities under which the construction 'permits' and others were acquired and granted, I respectfully request that within the legally established response period, you clarify for me the following questions and queries, the status of which I need to update, based on the report delivered by you to the Municipal Council for March 2, 2023, Official Letters No. MA-A-1246-2023 and MA-PSJ-0395-2023, in which you finally made it clear to said body, specifically as of that date, that you had done or managed absolutely nothing outside the municipal sphere (aside from the lack of management due to differences you were trying to resolve between your Legal Affairs and Infrastructure Planning and Construction departments), but also demonstrated that you have remained in the realm of intentions or 'planning' future actions to carry out something concrete and act upon all the irregularities present in the processing of this project; therefore, having clarified this, I respectfully request you please expand on the following so I have a clear picture of the progress or current status of the process and the entire project as such. Finally, I will conclude this procedure by making a brief comment regarding the entire case. For each query, Mr. Mayor, I deeply appreciate you backing up or documenting each response, should you have generated any action or issued any directive in this regard and it is recorded in some document; otherwise, I will assume you still have taken no action or I will assume silence as a response. 1. Aside from the delivered report, I ask you and request documentation on whether, finally as of today, this Municipality has pursued any action before any court of justice or public institution to report or participate, to take action on the matter reported, both regarding the entire case, as well as regarding the criminal complaint filed by the MOPT, for the case at hand. 2. Aside from the entire case, I primarily ask which were the latest actions taken on this matter, and that the respective documents be provided to me, in the interest of investigating the unlawful act I reported, in order to stop once and for all both the damage, such as the encroachment upon private properties by this urban development project, an act endorsed by the Municipality of Alajuela. I remind you that we have reached the third consecutive year of harm to and impairment of third-party real estate, under the deplorable municipal oversight. The matter reported is a matter 100% concerning the Municipality of Alajuela and which said municipality must address. 3. I respectfully request you inform me whether the Municipality of Alajuela, represented by you, has a clear understanding of the level of harm caused to the property owner neighbors of the area, to the current owners who have purchased and future ones who may purchase properties within said urban development project; harm endorsed by this municipality through your representation, which, regardless and despite having been timely alerted and questioned on multiple occasions about all the implicit irregularities in the case, continues to allow, to this day, the development and sale of dwelling houses or the placement of lots in said condominium. A condominium that likewise, to this day, does not have legality for its stormwater drainage, nor access permits. As you do not visualize it, I consider that a municipal procedure or permit granted through the alleged crime of ideological falsehood should have firstly sparked your full interest and automatically prompted the pertinent investigations and reports, but mainly should have rendered without effect, validity, and absolute nullity ALL the rest of the procedure while the shady dealings are resolved; however, in this case, most curiously, the Municipality of Alajuela has minimized the entire unlawful act, has not undertaken to stop, investigate, and revoke any permit whatsoever, to the clear detriment of third parties. 4. Given that documentation was sent to me indicating the closure of the Condominio Hacienda Garabito project, I request documentation of the respective official letters sent to the developer, in which they were notified of the project closure. 5. I need to know or confirm the current status of the Condominio Hacienda Garabito project, that is, whether it is today closed, suspended, or in effect, and with it any additional construction work being carried out. In case you have decided not to take or suspend actions regarding its stoppage and progress of works or closure, I request documentation of the official letters of the agreements or directives issued by the person responsible for said instructions, where I can review their considerations for this. In addition to then expressing to you the irresponsibility of the documents either sent or copied to me, as well as the official letters generated on the subject, including to the Municipal Council, which demonstrate empty talk, lack of seriousness, and some particular interest in further entangling the matter and allowing the unlawful act to proceed without any obstacle. The referred official letters are: MA-PPCI-0762-2022, MA-PPCI-0761-2022, MA-PPCI-0763-2022, MA-PPCI-0760-2022, MA-A1246-2023, MA-PSJ-0395-2023, which you can obtain internally. Furthermore ... I take advantage of this contact to refer to this last mentioned report, since, because it was not a document addressed to me and the interested parties (Municipal Council), and they likewise simply and irresponsibly aligned themselves with your interests by not paying attention to the matter, I must express my concern about your endorsement of a report with such poor quality, manipulated, and inaccurate drafting, tending to confuse and project an absolutely different reality from the facts that occurred regarding the *amparo* appeal, how things happened, and its resolution; however, I applaud the loyalty of your allies in the legal area, capable of manipulating information to make you look 'good,' even if only internally. I personally consider that this constitutes yet further absolute proof of your abuse of authority against an administered party. 6. I need to know if, despite all the irregularities reported for this project, construction permits for dwellings continue to be granted and endorsed in said project as of today; if so, I appreciate you informing me of the APC or OC identifier for all dwelling construction permits granted and currently being processed in this Condominium (with their status), but mainly those supporting the list I provide below, since I inform you in advance that, despite the processing of several of these construction permits being in a rejected, pending payment, under review, or pending study status, the constructions are PROGRESSING full steam ahead, at an advanced work stage, merely with their submission to the municipality. I ask you, Mr. Mayor, is this due to an agreement between the municipality and the developer? Or is it purely and frankly additional illegality by the developer, who have been so FAVORED by all the municipal negligence IMPLICIT in this case? I warn you regarding this query that, even the information provided by you or your departments to the Municipal Council, in which such information had been requested by a given date, Official Letter No. MA-A-0658-2023, was, as is typical, besides being MONTHS late in delivery, also incomplete. Therefore, I appreciate the information you can provide me being exact. There is no margin for error, given that you are the owners of the information. 7. Please provide documentation on whether you, as the highest authority, and as of today, or the Municipality of Alajuela as a whole, undertook any type of administrative action towards an investigation of the entire case, of the possible individuals involved within the Municipality of Alajuela and their actions, how all the events occurred, and the grounds those involved 'had' in all the irregular approval that occurred for this condominium project, or if, on the contrary, everything continues to be endorsed by you, despite everything that is known. 8. I need to know if any entity within this Municipality of Alajuela or yourself has carried out any revocation or ratification of the stormwater drainage permits previously granted for this urban development project, or if those granted irregularly at the time remain as 'valid.' Specifically, the permit granted in official letters MA-AAP-0246-2017 and MA-AAP-0869-2019. Likewise, on the understanding that it is a project that advanced thanks to irregularities and continues its development thanks to the neglect of the reports filed, with the favor of not acting to stop it. 9. In the event you continue issuing new construction permits, I request documentation of the official letters and directives issued by yourself or other officials or departments, authorizing the continuity of issuing them, to render null the official letters or reports cited above, specifically Official Letter No. MA-PPCI-0761-2022, which stated 'I instruct you that, upon notification of this official letter, the approval of construction permits requested for said urbanization be suspended, until another measure is taken, of which you will be informed by the undersigned' and thereby give the green light to the continuation of works in said urban development project. 10. Mr. Mayor, given that new construction permits have been processed despite documents sent to me indicating the closure of said project, I request you accept, through this act, a formal report of the illegal construction of several dwellings in said project, all in an advanced construction process and currently being erected in parallel for the subsidiary lots identified under the property numbers I detail below. At the same time, I subtly and respectfully comment, since the unlawful acts by this developer and others are too numerous, that I therefore consider you should not skimp on applying the law to the fullest extent this municipality can exercise against whomever necessary, because responsible action, far from an improper alliance that facilitates crime and promotes the corrupt objective of a developer, will contribute to your defense when this case reaches judicial courts. For now, I continue documenting the case, with ever more irregularities. It has been a slow and complicated process, mainly due to the lack of cooperation and municipal obstruction, shielded by the inept protection and neglect of the Municipal Council, but rest assured the process is advancing and will soon have development. Mr. Mayor, neglecting a case, mainly involving internal corruption, does not exempt or extinguish the case, much less from facing responsibilities when the time comes. I reiterate and report, based on public information, the construction of at least five dwelling houses at this time; which, upon consulting the APC project numbers, the procedures, and therefore the supposed construction permits to be issued by the Municipality of Alajuela, are found and show the following statuses, therefore, they are illegal constructions and outside the law. I do not consider it necessary to provide you with the documents, as your collaborators can access the pertinent systems, corroborate the information, and forward it to you immediately (...) 11. Once the report has been addressed, without delaying a response to this request in general, I respectfully request that the respective documents of the actions taken be provided to me, as well as any additional ones, and regarding the steps said Municipality will take to correct the violation of the law concerning all these illegal constructions; I reiterate, as I understand that said project was warned of the impossibility of continuing the construction work, unless said municipality is wavering with the documents that were channeled to me, for which it must likewise support, in this response or at the appropriate time, what the intended purpose was. 12. I ask you if the Municipality of Alajuela endorses, despite all the knowledge it has handled regarding irregularities in the processing of this project, all the environmental damage caused, which it has left with absolute indifference to correct and stop immediately, given that it is directly and primarily responsible for its origin insofar as the 'permits' granted, and that it has not chosen to take actions and stop any work in general. Therefore, I request you provide me with the technical studies that this municipality developed or relied upon at the time to 'grant' feasibility for stormwater discharge into the Quebrada Copeyal stream bed, given that it is the municipality itself that must pronounce on and/or measure the capacity of stream beds to cope with the contribution of flows, prior to granting a stormwater drainage permit, as clearly established by institutions such as SETENA and others. In these studies, it will be important to identify all the measurements this institution carried out to plan the hydrological growth of the area and the assessments that allowed it to grant the respective permits. On this subject, I anticipate clarifying, in case it is intended to indicate that the project had environmental viability in that regard, that SETENA precisely discharges the responsibility regarding the capacity of stream beds to receive waters, and therefore the granting of permits, onto the municipalities; in this case, you (...)”. He claims that, by email dated August 3, 2023, he received official letter No. MA-A-4706-2023, alluding to attaching a document that was not included; he further accuses that said official letter did not answer his original query. Consequently, by email dated August 28, 2023, he communicated regarding the absence of the supposedly attached document, as well as reminded them that he was still awaiting a complete response to procedure No. 37764-2023. He reiterates that his complaint concerns a case of municipal irregularities in the endorsement of an urban development project that causes damage to his property day after day; however, the respondent municipality avoids giving him clear, conclusive, or exact answers. He argues that, despite the Ministerio de Obras Públicas y Transportes having filed a criminal complaint for falsification and use of a public document, the Municipality of Alajuela has been unwilling to initiate any internal investigation. He details that on September 4, 2023, he went to the Comptroller of Services of the respondent local government and filed grievance No. 37585. He relates that by email dated September 13, 2023, the Municipality of Alajuela notified him of official letter No. MA-A-5710-2023, in which the head of the office, acting on behalf of the mayor, makes some false and inaccurate observations. He refutes that they had previously sent him official letters No. MA-PSJ-1963-2023, No. MA-A-5402-2023, No. MA-A-5013-2023, No. MA-PCFU-1549-2023, No. MA-AAP-4033-2023, and No. MA-AAP-0829-2022; furthermore, these are not concrete answers to his queries. He emphasizes that the requested documentation was not provided. He narrates that on September 19, 2023, he filed an additional request through the Service Platform of the Municipality of Alajuela addressed to the mayor, in which he recounts the 12 queries previously raised, since most of his queries were left unanswered; however, this procedure had not been addressed at the time he came to this Chamber in *amparo*. He accuses the falsehood of many of the documents attached in that dump of pseudo-responses offered by the mayor's office. He argues that the lack of a clear and exact response to his queries constitutes a strategy to shield the illegality of this case by the Municipality of Alajuela, where there was an irregular approval of a construction permit for an entire urban development project in which there exists a report before SETENA and the developer was required due to lack of respective environmental viability for the project, and a criminal complaint by the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. He accuses that the project in question deteriorates the environment through the impact on protected areas that are affected by abusive surface runoff (escorrentías), which, in addition to deteriorating said areas, also affect private real estate due to an illegal deposit of stormwater (aguas pluviales) from an abusive project that obtained all the construction permits; however, it does not have access permits from the MOPT, nor legally obtained stormwater drainage. He comments that he reported all the noted flaws to the respondent mayor before the sale of properties in the project began, since October 2021. Based on the foregoing, he requests the intervention of this Court.

2.- Through an order issued at 18:09 hrs. on October 13, 2023, the petitioner was cautioned to provide complete, legible copies, with the respective proof of receipt or email transmission, of the pure and simple information requests filed before the respondent authority, the lack of response to which is alleged in the brief initiating this process.

3.- Through an order issued at 17:15 hrs. on November 17, 2023, the caution was deemed fulfilled and this appeal was processed. The foregoing was notified to the respondent authorities on November 22, 2023.

4.- Through a brief filed on November 27, 2023, HUMBERTO SOTO HERRERA, in his capacity as Mayor of Alajuela, reports under oath that: "(…) Through official letter No. MA-AAP-5448-2023 dated November 23, 2023, signed by Eng. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of the Stormwater Sewer Activity, he stated that:

"With respect to the resolution issued at seventeen hours fifteen minutes on November seventeenth, two thousand twenty-three, by which the Constitutional Chamber requests that a report be provided regarding the *Amparo* Appeal filed by Eduardo Enrique Chinchilla Mora, identity card No. 6-0241-0250, processed under case file No. 23-024832-0007-CO, I wish to state:

1. That Mr. Chinchilla Mora has filed several procedures directed to this department at different times, addressed to or making inquiries about the status and situation of the Condominio Garabito project, located in the Garita district.

2. The queries raised by the petitioner, within this servant's field of action, have been duly answered, according to the report issued by this servant through official letter No. MA-AAP-0802-2022 of September 13, 2022, within the framework of a previous *Amparo* Appeal (case file No. 22-018516-0007-CO).

3. Likewise, the respective report was provided given the procedure carried out by Mr. Eduardo Enrique Chinchilla Mora before the Defensoría de los Habitantes de La República (case file No. 370627-2021RI, official letter No. 00108-2022-DHR), in which the nature of public watercourses (cauces públicos) was explained, specifically that they not only function as collectors of stormwater (aguas pluviales), but that it is these waters that 'feed' the rivers, streams, and other watercourses existing throughout the national territory.

Given the foregoing, I must point out that, from the activity that this servant coordinates, the inquiries made by the petitioner have been addressed, leaving aside any criteria regarding the situation or queries that might be made concerning competencies that fall upon other departments, such as approval and status of construction permits or inspections to assess constructions carried out in the canton." Subsequently, through official letter No. MA-PCFU-2165-2023 dated November 23, 2023, signed by Eng. Emerson Bone Moya, Coordinator of the Fiscal and Urban Control Process, he stated that:

"By this means, I refer to the official letter mentioned, in which you inform us of the *Amparo* Appeal filed by Mr. Eduardo Enrique Chinchilla Mora against the Municipality of Alajuela, where he sets forth the lack of response to his procedures and the resolution thereof by the Municipality. In this regard, I inform you:

• That through official letter No. MA-A-4691-2023, Municipal Mayor's Office, we received a complaint filed by Mr. Chinchilla Mora, which raises a myriad of complaints about different aspects of the Condominio Hacienda Garabito Project, of which those pertaining to the competence of this Process were addressed, and a response was provided to the Municipal Mayor's Office on the actions taken, through official letter No. MA-PCFU-1549-2023, wherein they proceeded to close the works that were being executed without a municipal license.

• That, through official letter No. MA-AAP-4487-2023, Eng. Lawrence Chacón Soto, coordinator of Stormwater Sewer, forwards procedure No. 41060-2023, filed by Mr. Chinchilla Mora; however, as the procedure raised is not within the scope of this Process, the procedure was returned, through official letter No. MA-PCFU-1816-2023, again to the coordinator of Stormwater Sewer for his attention.

It is important to note that the works that were closed already have the respective construction permits.

I attach a copy of:

• Official Letter No. MA-A-4691-2023 • Official Letter No. MA-PCFU-1549-2023.

• Official Letter No. MA-PCFU-1816-2023.

• Closing minutes No. 250-2023, No. 251-2023, No. 252-2023, No. 253-2023, and No. 255-2023.

• Construction permits No. MA-ACC-2259-2022, MA-ACC-1912-2023, MA-ACC-1913-2023, MA-ACC-1914-2023, MA-ACC-1915-2023." Similarly, through official letter No. MA-PPCl-1046-2023, dated November 23, 2023, signed by Eng. Roy Delgado Alpízar, Director of the Infrastructure Planning and Construction Process, he stated the following:

"In response to what is indicated in official letter MA-PSJ-2666-2023 dated November 23, 2023, and received on the same date by this Process, we proceed to address the aspects that pertain to this Process raised and consulted by Mr. Eduardo Enrique Chinchilla Mora in his *Amparo* Appeal filed under case file No. 23-024832-0007-CO against the Municipality of Alajuela.

First of all, as background to the handling of Mr. Chinchilla's case regarding alleged damages caused by the construction of Condominio Hacienda Garabito, as recorded in the Administrative file kept by this Process, via email dated June 23, 2022, Mr. Eduardo Chinchilla requested access to review the file, APC file or physical file, of Condominio Hacienda Garabito.

In response to this request, the undersigned rendered a brief report, via email, on what was found once the information contained in the file was analyzed.

On June 26, 2022, again via email, Mr. Eduardo Chinchilla requested to coordinate the review of the Hacienda Garabito file, and he was informed that the requested information was available in the Central Archive.

Given that it was not possible to access the APC information for the Construction Permit of Condominio Hacienda Garabito, on July 11, 2022, through a copy backed up on 2 compact discs, the requested information was delivered to Mr. Chinchilla Mora; that same day, during the evening hours, Mr. Chinchilla reported having problems accessing one of the provided compact discs.

On September 2, 2022, through a resolution at 12 hours, 18 minutes, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice forwarded an *amparo* appeal filed by Mr. Eduardo Chinchilla Mora under case file 22-018516-0007-CO, alleging a supposed lack of response to his information request; consequently, this Process, through official letter No. MA-PPCl-0741-2022, provided the discharge regarding the requested information.

Through a resolution at 9 hours, 45 minutes on November 4, 2022, the Constitutional Chamber declared the appeal Partially With Merit, and the municipality was ordered to deliver 'the complete information and in an accessible format, all information related to the procedure filed by the petitioner on July 8, 2021'. To comply with said ruling, on November 24, 2022, using an electronic device provided by Mr. Chinchilla, this Process 'downloaded' all the information contained in the APC (CFIA) platform related to the Condominio Hacienda Garabito project.

Also, through official letter No. MA-PSJ-2117-2022, the Legal Services Process reported on a new judicial action filed by Mr. Chinchilla for an apparent disobedience by this municipality of the ruling issued by the Supreme Court; however, through official letter No. MA-PPCl-1070-2022, compliance with said ruling was reported, and therefore, in the resolution at 10 hours, 15 minutes on December 20, 2022, it was declared 'The action filed is dismissed.' Now, regarding procedure number 37764-2023, which motivated the request by the Constitutional Chamber, the following clarifications correspond to the points developed in the Petitioner's Pleading by Mr. Chinchilla, related to the actions of this department:

1. Through application 728772-APC on the platform of the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, the construction permit procedure for a Horizontal Residential Condominium (construction of 66 individualized primary subsidiary lots) was submitted. Having met all the requirements established in the application form, a resolution is granted through official letter No. MA-ACC-2851-2020, construction permit for Horizontal Residential Condominium La Hacienda (construction of 66 individualized primary subsidiary lots), APPROVED BASED ON THE AGREEMENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL, MA-SCM-609-2020, PURSUANT TO ARTICLE No. 2, CHAPTER 111, ORDINARY SESSION No. 15-2020 OF APRIL 14, 2020 (Construction of 66 Individualized Primary Subsidiary Lots), which is valid and remains in force to date.

2. Regarding the provision of drinking water for the Condominium, it has resolution CO-0017-2019 from MINAE granting a concession through well registration RG-982 used for self-supply of the condominium (400 people).

3. It has approved Environmental Viability under Resolution No. 2909-2019-SETENA at 07 hours 45 minutes on September 5, 2019, administrative file No. D1-19841-2017-SETENA for a period of FIVE YEARS. In said document, in article three, paragraph 1 of the *Considerando*, it is indicated that 'The project submitted to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process ... comprises the construction or operation of a residential condominium.' In paragraph 4 of the same article, the observations for the hydrological study indicate that 'The flow contributed by the project is less than 1.93% and drains towards the Quebrada Copeyal.' In article five, it is indicated that '... the environmental assessment instrument initial Environmental Assessment document and the Sworn Declaration of Environmental Commitments were submitted, according to the Manual of Technical Instruments ... it has been analyzed and it has been determined that they comply, therefore what is appropriate in the present case is to approve the environmental impact assessment instrument: Sworn Declaration of Environmental Commitments and the environmental impact matrices submitted in Document D1, and grant environmental viability (viabilidad ambiental).' 4. It has Approval for Stormwater Drainage (Visto Bueno para Desfogue de aguas pluviales) for Condominio Hacienda Garabito, through resolution MA-AAP-0869-2019. It is important to mention that the stormwater sewer system for the mentioned urban development is completely built, divided into 2 sectors within the property, each with an independent retention system.

This division was carried out to take advantage of the topography of the land, with one system existing in the eastern sector and another in the western sector, as was proposed by the developer at the time the application for the stormwater discharge approval was submitted. The first system observed is located in the western sector and discharges its waters toward National Route No. 136, after passing through the water retention system. The second system is located in the eastern sector and discharges its waters toward the stream located on the western boundary of the parent property where the project was developed.

5. There is an official communication MINAE DA- UHTPCOSJ-0813-2022 from the San José Regional Office, of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit of the MINAE Water Directorate, dated May 6, 2022, issuing the corresponding expert opinion for the application processed under file number 6528-2021.

In the "Legal Basis" section it is stated that: "This criterion is issued in accordance with the function assigned to the Water Directorate ... and concerns the on-site and office verification of the existence or not of a natural body and its seasonality ... " In the "Technical Basis" section, the activities carried out during the field visit are detailed, as well as those performed in the "office," and it determines that it is a source with a "NATURAL DEPRESSION," "UNNAMED," with a criterion of "WATER BODY THAT DOES NOT CORRESPOND TO THE PUBLIC DOMAIN" and is "TRIBUTARY OF: COPEYAL STREAM." In the "JUSTIFICATION" section it is stated that: "... IT WAS DETERMINED THAT IT IS A NATURAL DEPRESSION THAT FUNCTIONS PRIMARILY AS A STORMWATER RUNOFF COLLECTOR, AT THE TIME OF THE INSPECTION THERE WAS NO FLOW IN IT, THEREFORE, EVEN THOUGH THE DRAG MARK IS EVIDENT, IT IS A NATURAL COLLECTOR." Finally, a note is observed at the end which reads: "A WALK WAS CONDUCTED IN THE FIELD VERIFYING THAT IT EXTENDS ALONG THE ENTIRE BOUNDARY WITH THE PROPERTY WHERE AN URBAN DEVELOPMENT IS BEING CARRIED OUT, TO THEN FALL INTO THE COPEYAL STREAM. FROM THE PROJECT THERE ARE SEVERAL DISCHARGE OUTFALLS COMING FROM THE HACIENDA GARABITO CONDOMINIUM, THEY ARE DIVERTED TOWARD THE NATURAL DEPRESSION UNDER STUDY, VERIFIABLE BY WALKING ALONG THE BOUNDARY OF THE LAND ON ITS EAST SIDE ..." 6. In response to the communication via official communication MOPT DVOP-DI-DV-PV-2022-2169 regarding a judicial complaint related to the project's stormwater drainage that discharges its waters toward RN # 136 (under the administration of the MOPT), prior to a water retention system, which states that "... due to alleged irregularities, the decision was made to file a complaint before the Judicial Venue of San José, under file number 22-000-466-0619-PE, since the official communication DVOP-DI-DV-PV2016-2181 provided by the Municipality does not match the official communication in the file of the databases held by this Department," this office issued official communication No. MA-PPCl-0760-2022 requesting the initiation of the corresponding judicial action by this institution to safeguard the municipal actions; furthermore, as a preventive measure, it is requested to suspend the approval of construction permits (permisos de construcción) for the Hacienda Garabito Condominium, via official communication No. MA-PPCl-0761-2022. Likewise, via official communication No. MA-PPCl-0762-2023, this office requests the Fiscal and Urban Control Process to proceed with the closure of the condominium.

7. For its part, on July 18 of this year, Eng. Lawrence Chacón Soto, coordinator of the Storm Sewer Activity, issued official communication MA-AAP-3724-2023 in response to file number 36115-2023 addressed to Inmuebles y Residencias Santa Cecilia Pacoti, stating that: "... the stormwater discharge approval for the property with cadastral map No. A-1750894-2014, which is located in the Garita district, is feasible provided it contains an adequate water management plan and complies with all established regulations, but this approval requires compliance with everything requested in the Stormwater Discharge Approval Form." Furthermore, it clarifies that, "...as stated by Eng. Mariela Sancho Salas, Coordinator of Road Openings for the Ministry of Public Works and Transport in her official communication No. DVOP-DI-DV-PV-2022-2601, the alleged irregularity previously presented in the approval of this same project must be verified by the Prosecutor's Office and it must determine whether an illegal act occurred or not, without this being considered a limitation so that procedures generated from this date onward can be carried out correctly and in accordance with the corresponding legal and technical guidelines." 8. For its part, this office, via official communication MA-PPCl-0695-2023 addressed to Arch. Adrián Lee Bolaños, interim coordinator of the Construction Control Activity of this Municipality, states that: "... considering what was indicated by Eng. Chacón Soto via official communication No. MA-AAP-3724-2023, 'the alleged irregularity previously presented in the approval of this same project must be verified by the prosecutor's office and it must determine whether an illegal act occurred or not'." As things stand and as indicated via official communication No. MA-PPCl-0290-2023, you are instructed to "proceed to hear any new application for a construction permit in Hacienda Garabito, to resolve according to law, verifying the technical requirements (...) " according to institutional regulations.

9. In response to what is indicated in official communication MA-AAP-3724-2023 and as a complement to official communication No. MA-PPCl-0695-2023, this Directorate of Planning and Infrastructure Construction resolves to issue official communication No. MA-PPCl-0700-2023 dated August 9, 2023, in which it is indicated to Arch. Adrián Lee Bolaños: "... regarding the processing of stormwater drainage and consequently construction permits, specifically applied to the case of the Hacienda Garabito Condominium located in the district of La Garita, property with map 2-005042M-000, you must take into consideration that there is a discharge feasibility document issued by the coordinator of the Storm Sewer Activity (MA-AAP-3724-2023), which enables the continuation of the processing, in accordance with established legal and technical guidelines.

This applies to file numbers APC 611631, 611039, 610932, 604000, 602145, 350438, as well as future similar filings located in this residential project." This enables the processing, from that date, of construction permits in that residential development, as well as their approval should they meet all the requirements established for the construction permit process, until a competent court issues a resolution regarding whether or not the reported facts constituted an illegal act.

10. According to on-site inspections documented in report INF: l-177-2023-DGP from the CFIA, Mr. Eduardo Chinchilla's property is located on the north side of the Hacienda Garabito project, adjacent to the Copeyal stream of which the natural stream for the project's discharge is a tributary and which, when overflowing, apparently affects the land where this citizen resides. Considering that, according to the Environmental Viability from SETENA based on the Hydrological Study conducted for the urban project of interest, Article 3, clause 4 of said resolution indicates in the observations for the hydrological study that "The flow contributed by the project is less than 1.93% and discharges into the Copeyal Stream," we do not see how such an insignificant contribution of flow from the project could affect Mr. Chinchilla's property, even less so if one considers that the stormwater design includes retention structures, as indicated in the Discharge Approval granted per official communication MA-AAP- 0869-2019. Nor does Mr. Chinchilla demonstrate through a hydrological study or similar, with reliable data based on historical measurements of flows and rainfall in the area, how the development of said project changed the conditions of his property from what they were before it, so it cannot be distinguished whether, prior to the construction of that condominium, his property already had flooding problems due to causes unrelated to the development of said project.

Figure 1. Location of Mr. Chinchilla's property in relation to the area's streams and the Hacienda Garabito Condominium urban project Source: report INF: I-177-2023-DGP from CFIA In short, the undersigned considers that the citizen Chinchilla Mora has limited himself to issuing value judgments, both regarding the criteria expressed by municipal officials and a possible impact that he fails to reliably demonstrate is due to a neighboring development, which while representing a problem to be solved, the real causes must be determined through scientific methods and procedures prepared by expert professional staff in the matter, not provided to date by Mr. Chinchilla." By virtue of the foregoing, through official communication No. MA-A-7361-202, the Mayor's Office carried out the respective tasks to respond to file number 37764-20233, in the following manner:

"In response to official communication No. MA-PSJ-2663-2023, by which you inform us about the recurso de amparo filed by Mr. Eduardo Chinchilla Mora, which is being processed under File No. 23- 024832-0007-CO, I inform you of the following:

Indeed, the appellant filed File No. 37764-2023 on July 26 of this year, in which he requests a series of clarifications regarding the information provided through official communications No. MA-A-1246-2023 and No. MA-PSJ-0395-2023, which constitute the reports issued by this Mayor's Office and the Legal Services Process regarding his complaint for apparent irregularities in the processing of permits for the Hacienda Garabito Condominium (folios 01 to 56 of the administrative file created for this recurso de amparo).

In order to address Mr. Chinchilla Mora's inquiries, this Mayor's Office issued official communication No. MA-A-4691- 2023 on August 1 of this year, through which the necessary information was requested from the officials: Licda. Johanna Barran/es León, Coordinator of the Legal Services Process, Eng. Roy Delgado Alpízar, Director of the Planning and Infrastructure Construction Process, Arch. Adrián Lee Bolaños, then interim Coordinator of the Construction Control Activity, Eng. Emerson Bone Moya, Coordinator of the Fiscal and Urban Control Process, Eng. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of the Storm Sewer Activity. Additionally, a reminder of the request was made via official communication No. MA-A-5756-2023 dated September 13 of this current year, addressed to Eng. Delgado Alpízar (folios 46 to 58). Copies of both documents were sent to the email address the appellant indicated for receiving notifications on August 7 and September 14, respectively (see folios 56 and 58).

In response, official communication No. MA-A-7341-2023 was prepared, dated November 24 of this current year, through which the referenced filing was addressed, as well as Filings No. 43454-2023, No. 43455- 2023 and the Service Comptroller's communication No. MA-PCS-46-2023, which relate to the same matter, which was notified to Mr. Chinchilla Mora at 2:33 p.m. on November 24, 2023, as evidenced in the respective proof of delivery (folios 59 to 87).

For this reason, it is evident that the information request made by Mr. Chinchilla Mora has been duly addressed by this Office.

Attached is the original file created for this recurso de amparo, which contains 87 folios." It should be noted that Mr. CHINCHILLA MORA has always been provided with all the information he has required, and the procedures filed before this Municipality since 2021 have been answered.

It is verified and observed that the right to petition emanating from Article 27 of the Political Constitution has always been respected, as it refers to the power every citizen possesses to address, in writing, any public official or official entity, in order to present a matter of interest to them; this guarantee is complemented by the right to obtain a prompt response. However, this does not mean a favorable response; in other words, what is guaranteed is the right to ask, and not the right to obtain what is asked for, as is the case with the appellant, even though the public official must resolve in strict compliance with the law, because the freedom of petition is based on another principle, namely, that the administration cannot restrict the right of the governed to address public bodies.

In the present matter, the appellant claims that he has not been provided a response to filing No. 37764-2023; however, the Mayor's Office proceeded to issue official communication No. MA-A-7341-2023, and the respective notification was made to the address indicated for such purposes ([email protected]) (SEE PROOF OF DELIVERY).

It is evident from the very evidence provided by the appellant that the multiple inquiries made through various filings are all along the same lines; however, they apparently have not been to the liking of the appellant since his procedures reveal that he is not satisfied with the answers and technical criteria provided by this Municipality. The appellant, in his opinion, believes it is not the answer he wants them to provide; however, this is not a matter of the administration's whims, as the corresponding information is provided based on the inputs available, and even his complaints have led to judicial proceedings.

The Mayor's Office, since November 23, 2022, through official communication No. MA-A-6092-2022, requested from municipal officials information about the alleged irregularities reported by Mr. CHINCHILLA MORA, and this communication was even sent with a copy to the Internal Audit of this Municipality. The foregoing was done pursuant to official communication No. MA-PSJ-2042-2022 issued by the Legal Services Process, as follows:

"Having seen Official Communication No. MA-PSJ-2042-2022, referred by the Legal Services Process (copy attached), related to alleged irregularities in the approval of the stormwater discharge approval and the construction permit granted to the 'Hacienda Garabito Urban Project,' La Garita District (from the local Sports Plaza, 2 Km towards Turrúcares), I REQUEST:

1)To Eng. Delgado Alpízar:

1.1) Conduct an on-site inspection and render a technical report on the current situation of the "Hacienda Garabito Condominium" project, specifically regarding the issue of stormwater discharge that has approval according to official communication No. MA-AAP- 246-2017. Communicate said report (results obtained, main findings, and conclusions) to Eng. Ana Mariela Sancho Salas, Coordinator of Road Openings of the Road Foresight Department of the Ministry of Public Works and Transport -and other entities deemed pertinent-; as well as to the Legal Services Process of our institution, for what will be indicated in point 2.

1.2) Safeguard the entirety of the original files for the "Hacienda Garabito Condominium" project and construction permits, as well as all the processing carried out before this Municipality and the approved municipal permits. Prepare the documents together with Eng. Lawrence Chacón Soto for purposes of processing with the Secretariat of the Municipal Council, a certified copy of all the original files and sending it to the Legal Services Process, so that said office has the necessary documentary evidence to refer the case to the Judicial Authorities, pursuant to point 2.

1.3) Regarding pending or new applications for a municipal construction permit for the "Hacienda Garabito Condominium" project, while the temporary absence of Arch. Marvin Alonso Barberena Ríos, Coordinator of the Construction Control Activity, persists, proceed to hear the procedure and resolve according to the applicable regulations, verifying the technical and legal requirements, and take into account that as of the date -and according to Official Communication No. DVOP-DI-DV-2022-2169 from Eng. Ana Mariela Sancho Salas, Coordinator of Road Openings, of the Road Foresight Department of the Ministry of Public Works and Transport-, to carry out works in the right-of-way for stormwater discharge to the existing system, they inform us that " (...) according to the databases reviewed, there is no record of the approval of said works by this department (...)". That is, they do not have the respective approval from the MOPT.

2)To Licda. Barrantes León:

Once Eng. Delgado Alpízar and Eng. Chacón Soto have fulfilled items 1 and 2 of the previous point, prepare the corresponding documents so that the Municipality of Alajuela places itself at the disposal of the Judicial Authorities, within the complaint filed by the Ministry of Public Works and Transport, as indicated in communication No. DVOP-DI-PV-2022-2169, File No. 22-000466-0619-PE, before the Judicial Venue of San José, considering the irregularities in communication No. DVOP-DI-DV-PV-2016-5181, for the alleged crimes of Forgery of a Public Document and Use of a False Document, in the processing of permits before said ministry and this corporation -respectively-, within the "Hacienda Garabito Condominium Project." 3) To Eng. Bone Moya:

Regarding the infrastructure constructions currently being carried out in the "Hacienda Garabito Condominium" that do not have a construction permit, proceed with the legal warnings and subsequent closure, in accordance with the regulations governing the matter and following due process. Maintain communication on the matter with Eng. Roy Delgado Alpízar, Coordinator of the Planning and Infrastructure Construction Process and the Legal Services Process.

A copy of these instructions is communicated to the Municipal Council and Internal Audit, regarding point 7 of the cited Legal Services communication." Subsequently, through a document presented before the Assistant Prosecutor's Office of the First Judicial Circuit of San José (Criminal Matters), on April 11, 2023, the Municipality placed itself at the disposal of said judicial authority, in order to collaborate with the criminal investigation within the complaint filed by the Ministry of Public Works and Transport, processed under file No. 22-000466-0619-PE (SEE ATTACHED EVIDENCE). Even on April 17, 2023, communication No. MA-PPCl-0289-2023 dated March 30, 2023, was attached, which was addressed to Eng. Ana Mariela Sancho Salas, Coordinator of Road Openings, Road Foresight Division of the MOPT.

By virtue of the foregoing, it is of utmost importance to mention that the Administration has fully complied with processing all procedures carried out before this Municipality, including that as a Municipality we placed ourselves at the disposal of the respective authorities in April of this current year, in order to collaborate as required.

It is demonstrated that the Municipality of Alajuela has been diligent and has carried out its own duties corresponding to its competence; however, the appellant files the recurso de amparo to cause confusion and thereby condemn the Municipality even though it is carrying out all pertinent procedures and executions within the deadlines and with the information held in custody by the corresponding departments.

Therefore, the procedures and responses provided by this Municipality are based on technical grounds, and not as the appellant wishes, and it is how it must be done, but the appellant's disagreement with the terms of the responses given by the respondent authority does not, in itself, have the virtue of causing impairment to the aforementioned guarantee. The appellant is not correct, therefore I request that the Recurso de Amparo be declared Without Merit." 5.- Through a document submitted on December 3, 2023, the claimant states the following: "(…) I express my personal analysis regarding the response provided by Mayor Humberto Soto Herrera on behalf of the Municipality of Alajuela and as the opposing party for better resolution, considering it extremely important to expose and contradict arguments and facts that I cannot comprehend how, under the warning that the answers provided are considered under oath and the consequences of falsehood or inaccuracy fall under penalties of perjury and false testimony with the consequences that this may bring, this municipal administration presents a report of the spurious level handled.

Initially, I consider it of utmost importance, even if it is not part of the substance of this amparo, before referring to the response provided by the municipal mayor, to make a brief comment as a quick synopsis of the level this case has escalated to so far and beyond the scope of this Court, with all its illegality.

Curious that this municipal administration, they themselves, in the eagerness to confuse, having sent and pronounced on the quantity of documentation of facts they refer to that do not form part of the response to my petitions, nor concrete evidence of having delivered a response, choose not to mention the level to which this case, which I classify as corruption, has escalated; it did not comment on anything regarding all the illegality of this case, which the Anti-Corruption Prosecutor's Office, the Fraud Department of the OIJ have under investigation and analysis in response to the criminal complaint filed by the Ministry of Public Works and Transport, for the crime of forgery and use of a public document. It does not refer to the investigation into the developer and 'professionals' reported and whose acts are currently being investigated by the CFIA, an institution to which this municipality has equally not wanted to deliver the information requested and required since last September. See Additional Evidence section to be considered. Curious to see how they provide environmental viability and a resolution from the Plenary Commission of SETENA, but ignore the 5-year monitoring period that is precisely intended to evaluate illegalities such as those present in this case that cause environmental damage. However, they say nothing about the fact that said environmental viability was sent for investigation by said Plenary Commission and is in the stage of complaint, analysis, and investigation before SETENA and with a request for revocation and appeal in subsidy before the Minister of Environment and Energy, for environmental damage. See Additional Evidence section to be considered. Curious that they downplay the fact that, despite all the illegality of which this municipality is a part, this mayor has chosen to deny an internal investigation of those responsible for the irregularities that exist within the municipal area (even though the urban project was approved with documentation defects by the municipality and with pending procedures or requirements). Curious how I had to resort to a recurso de amparo to know the current status of the project, whether closed or active, given that even in full knowledge of illegalities and abuse over private properties, they again irresponsibly issue an approval for a stormwater drainage obtained based on a crime. Additionally, even when it is evident, they focus on defending and covering up the municipal illegality, far from correcting it.

As a side note to the delivered document:

Additionally, before commenting on the case at hand, in order to demonstrate to this Court the dreadful agony of reviewing the pseudo 'responses' that this municipal administration is accustomed to delivering, this Court suffers in its own experience, I highlight and make note of the non-compliance and disrespect for what was requested, in terms of referring in a "...paginated, in strict chronological order of the documentation...", and in bold and underlined warned "... strictly related to the object of this resource...". A document which, far from heeding your request, is provided with absolute carelessness and irresponsibility in its conformation and structure, in a file of scanned images (even with numerous blank intermediate pages), that do not allow the efficient location of what is indicated or argued in any section, nor even a direct search for information, as they are images with outdated numbering due to blank pages, with documents that do not correspond at all to the case, for example MA-PCFU-1816-2023, 'evidence' documents without a responsible signature, or repeated documents. Documents sent and returned between two department heads, arguing among themselves that these matters do not correspond to them, exactly in communications No. MA-PCFU-1816 and MA-AAP-4487- 2023, but even worse, without being documents from this case.

Over a heap of papers of that nature, is how I have had to look for answers to my inquiries, in previous dumps of information channeled, without any order or congruence to my inquiries, much less content.

As a side note to the delivered response:

Clearly, this case focuses on the lack of response to my specific recent procedures and petitions and their violation of the legally established deadline for being addressed. (Filings No. 0037764-2023 of 07/26/2023 and No. 0046754-2023 of 10/19/2023).

Specifically, read on page 7, the third and penultimate paragraphs of the response delivered by the municipal administration to this amparo request, the following: (...)

Simply, these two paragraphs are sufficient to consider it demonstrated and proven, the violation of the right to petition and response, protected under Law 9097, the Law regulating the right to petition. The dates of delivery of the 'response', and even to whom it was responded, are demonstrated. As of today, it is through the response report for this recurso de amparo that I can access, 4 months after my petition, the responses that this municipal administration is delivering. Response offered, under pressure before a recurso de amparo and to the wrong recipient (once again), whether knowingly, out of strategy, or due to human 'error'.

As of today, this mayor is delivering and demonstrating, with the official communication referenced on page 7, third and penultimate paragraphs, communication No. MA-A-7341-2023 dated November 24, 2023, for the first time stating that this is in response to my second petition (completely ignoring filing No. 0043454). Additionally, in an unheard-of manner, they have the absurdity to indicate: 'For this reason, it is evident that the information request made by Mr. Chinchilla Mora has been duly addressed by this Office,' when precisely, they provided proof of having sent it to another destination four months later. What a way to prove to the Constitutional Chamber, by their own doing, the non-compliance with responding to my petitions, through a document that is also abusively untimely (requested on September 19; 'responded' on November 24, four months later), forced due to a recurso de amparo and sent to another person. As if the magnitude of the violation of response deadlines were not enough, they demonstrate in this submission, the handling given to my petitions, delivering a response to the wrong recipient, and this is mediocrely and without hesitation provided as evidence before this Court. I make use of your own note '(SEE PROOF OF DELIVERY') and I ask this Court to confirm once more, through inquiry (last page of the report or total document responding to the resource), to whom the new above-cited communication was notified, and with that, in turn, the handling that has been repeatedly given by this municipality to the supposed responses sent.

It is not acceptable to justify the neglect of past procedures by recycling pseudo responses, with which the municipal administration forms a new communication (No. MA-A-7341-2023) in an untimely manner and on which it intends to sustain today how, under these parameters, they have the audacity to point out, 'For this reason, it is evident that the information request made by Mr. Chinchilla has been duly addressed by this Office,' when before this Court it is clearly obvious that the cited communication arises and is being presented due to and within the time granted to respond as required in the amparo, two days after having been notified of the violation of the right to petition. But also, they demonstrate in this document, now yes, referring to the majority of inquiries made and specifically to the petitions raised by me, the same ones that, in the document dump I previously announced in the filing document, they NEVER commented on, and in said document dump, communications were also not incorporated that now, in this response, are appearing.

I respectfully ask this Court not to lose sight of the non-compliance with response deadlines, since clearly each filing has its management date and the Municipality of Alajuela does not provide evident proof of a response to me, but rather internal municipal procedures, others, some channeled erroneously to another recipient, and we reach four months for a final response, which is equally based in some cases on personal opinions and not on technical or documented responses." Likewise, the Municipality of Alajuela acts with disregard and disrespect, and demonstrates the time it takes to deliver, even without it being effective, a “response” to a user, in a clear and absolute violation of the provisions of Law 9097, the Law Regulating the Right of Petition.

I could leave this statement here and it would be sufficient for this Court, based on my submission and evidence, but additionally, in the very response provided by the Municipality of Alajuela, to consider my amparo petition as demonstrated and supported; however, I detail the matter and it is at the discretion of this Court to continue reading my analysis, which I consider important because I even provide—should you see fit to receive it—new evidence related to this case regarding the investigation being conducted in different institutions; and I provide another example of the violation of the right of petition, which this municipality commonly engages in, where other individuals are clearly awaiting a response from the Municipality of Alajuela to the request for information in this case. But also, given that they themselves bring it back to the matter, I refer to the case of the Defensoría de los Habitantes.

It is clear and evidenced by the response provided by the municipal administration that my right of petition and response was violated, by failing to provide any proof of delivering a response to my requests, and when they simulated doing so, it was through a dump of documents with information that, when interpreted, did not answer even a single point, and another only partially, out of the total of twelve inquiries presented; this was likewise under a violation of deadlines, when they insinuated they had responded, given that procedure No. 0037764-2023, requested on 26 July 2023, was “supposedly answered” only on 13 September 2023 (50 days later), and the second procedure No. 0043454, although I warned of the lack of response channeled since 19 September 2023, was left completely unattended, until the date of the response to this amparo petition (2 months later (exactly 63 days in addition to the first elapsed period)). This municipal administration has not provided, and moreover could not have, any proof demonstrating that they responded to my petitions within the deadline, in a timely manner, much less with substantive content at the time, as established by the legal system; and this has been demonstrated by the very response offered by them, which ratifies the arguments I provided in the filing submission.

It is worth highlighting, contrary to what this mayor claims when he says my action is intended to cause confusion and have the municipality condemned, that if the simulated reply delivered on 13 September had contained answers to the inquiries, the violation of the deadline could have been overlooked; however, the absolute mockery and irresponsibility with which they toy with and abuse the citizen is what forces me to enforce my fundamental rights, as they neither responded consistently, nor did they take any interest in the second procedure, where I again appealed for a response due to the insufficiency of what was previously provided. But additionally, I have been able to demonstrate through evidence that the Municipality of Alajuela violates the right of petition and response of citizens, regardless, in some cases, of the level of authority or institution making the request.

By using the very response provided by the respondent, they are not only being exposed but also delivering responses in this act; however, they cannot prove having done so previously, in a response addressed to me. Proof of this is that they also fail to provide concrete evidence of having channeled direct documents with specific answers to my inquiries to my official email address. Note how some of the alleged evidence provided of sending documentation is to email addresses that are erroneous compared to the officially established one. But also note how now, indeed, a series of documents appears, which were NOT previously sent in the prior “dump” and document spillage they sent me at the time under official communication MA-A-05710-2023.

It is demonstrated, for example, with the delivery and use of official communication No. MA-AAP-5448-2023, that any vague and incoherent response is a functional response and is considered valid for these people and for the municipal administration. It is unacceptable to refer, in a response, to reports or inquiries from a case unrelated to the one at hand, simply because it was also processed by me, for example, referring to the matter of the Defensoría de los Habitantes (even so, I will refer to it further on, as it was another vivid example of violation of the right of petition, but that time, against the Defensoría de los Habitantes, demonstrating in matters of providing responses, the level of impunity that this municipality and administration dares to trample upon). See the Additional Evidence to be Considered section. Nor can it be argued that the inquiries I raised in the procedures at issue were already answered through the response they offered in a previous amparo appeal, processed a year ago, for any person may generate as many procedures as they deem pertinent and relevant to a case, in order to follow up on it, without any restriction.

I respectfully request that this Court review the official communications on which this mayor primarily bases and supports the response to this amparo appeal and to my petitions (I reiterate, obligated) in his new official communication No. MA-A-7341-2023, and that they be contrasted against those contained in the disorganized and incongruent repository, official communication MA-A-5710-2023, with which he supposedly previously pronounced on my first procedure at issue. This will confirm the lack of response to my petitions regarding the content and consistency of the inquiries raised, because although the new official communications that now appear were processed among municipal departments in past months, they were NEVER sent, neither individually nor together with the entire “dump of papers” sent to me, which I had to review and which contained no answers to my inquiries, unlike those now provided. Thus, the lack of substantive content regarding the support for my inquiries can be understood and verified.

From the outset, in the filing submission, under section 4 of the appeal's facts, I already highlighted the strategy used by the Municipality of Alajuela to distract from offering clear and convincing answers to inquiries, as the primary interest may be to cover up irregular acts. In this way, I do not rule out that the mediocre manipulation of “offering” supposed responses to an incorrect email address is yet another distraction strategy, which they will make evident and will hide behind the error, only if they are pressured by the corresponding authority; otherwise, they mock and abuse the citizen at their convenience. Ridiculously, they are using the same strategy before this Court; only in this way is such unprofessional action understandable. Finally, if it is not a strategy, it is under this irresponsibility that I have been subjected to the lack of a reply, and they fail to deliver responses or answer procedures, although it is equally likely that any response would have lacked substantive content.

Now, they are demonstrating to this Court that it is only when obligated to deliver a response, and without understanding how on the one hand they deny having failed to deliver a response, or rather, just as they say they have always respected my right of petition, they simultaneously come to deliver a report, official communication No. MA-A-7341-2023, dated 24 November 2023, TWO DAYS AFTER BEING APPEALED UNDER AN AMPARO PETITION. But not only that, they also demonstrate what I have alleged: that I have NOT been notified, for as of today I have not received in my official email address any document with said response or numbering; I have come to know of it only through this response delivered to this appeal. But I reiterate, I have not been notified as they make it appear, BUT ADDITIONALLY, please let this Court take note of the level of quality, seriousness, carelessness, and attention provided, in that the supposed notification they made of the cited official communication—which is incredibly provided to the Constitutional Chamber as evidence—was sent to an incorrect email address (incidentally, to a municipal official himself, Eduardo Méndez [email protected]) and not to me as they make it appear. This is a situation I verify upon reviewing the attached annex. But even so, had they made a correct notification, it is a document originating from a response to an amparo appeal, NEVER a response within time and in a timely manner, as established by law.

On another occasion, this mayor already had the opportunity to confuse the Constitutional Chamber and free the Municipality of Alajuela from the irresponsibility of not responding consistently to my requests. However, this Court now has sufficient material to determine whether the proceedings presented were resolved within the deadline and with substantive content. It has become habitual for him to resort to the argument and repeated refrain that just because the responses, or supposed actions, are not to my liking does not mean no response was given. What I have demonstrated is that the abusive strategy used consists of wearing out the user by distracting them with responses offered that tend to support the inquiries raised with emptiness or evasions.

In the response to this amparo petition, this mayor did not present any proof of having answered my inquiries. However, it WAS absolutely demonstrated that it is through this response and in this act that they are providing and delivering to me the basic answers requested to the majority of the generated inquiries. This in itself constitutes proof of the violation of my fundamental right of petition and response. The amparo appeal processed here is NOT to deliver the response that was never offered (obviously, that is a result), but rather, so that they could demonstrate they were not violating a citizen's rights and that they had delivered and complied with the user's requests under the law—a case which is clearly proven not to have been so, due to the lack of proof demonstrating it.

Having had the opportunity to prove the response to my petition and response procedures, this mayor's office has opted, now, using their own words, to confuse, by delivering an extensive bundle of documents and arguments that indeed relate to the substance of ALL the illegality of the case at hand, but do not constitute supporting evidence to demonstrate clearly and tacitly having delivered a response to my petitions, whether in time, timely manner, or substantive content. Rather, the very response provided demonstrates the absolute violation of the response deadlines and its absence, as well as the complete lack of consistency between what was consulted and what was answered previously.

This mayor and those who concoct the inept responses he offers demonstrate that the issue here is NOT that my multiple proceedings follow a single line, but rather that the line followed by the Municipality of Alajuela to offer a pseudo-response is flawed and loaded with ineptitudes, which leave the citizen at a disadvantage, leaving them without a response and forced to appeal “n” number of times to obtain attention, even if only to later digest the useless arguments with which they intend to cover up the multiple irregularities occurring within that municipality and how some permits are fraudulently obtained, all of this achieved through the lack of response when inquiries are made about it.

Responses to citizens' inquiries should not be generated under pressure and obligation from a Court; a public institution should not comply with the legal system only under the obligation to respond to an amparo appeal. This is demonstrated in this amparo response offered, which shows that, were it not for judicial intervention, the procedure would remain in limbo and unanswered to this day.

An amparo appeal is not only filed to obtain the undelivered responses to petitions, but also so that the corresponding responsibilities may be established, especially when dealing with an institution that employs the strategy of not responding to requests, regardless of the authority level involved, as I have been able to document in this counter-response.

I provided, at the time, documentary evidence through copies of the respective documents and procedure slips, which recorded the date of the request and the date of the supposed “response,” demonstrating to this Court the initial breach of the deadline. But finally, by reiterating the request in a new procedure where I warned of the lack of response, three parts of the breach of the right of petition and prompt response are now verified, namely: the response deadlines, the content of the response itself, but additionally, the complete absence of response was verified, by leaving the second procedure (No. 0043454-2023) ignored, which in turn complained of the breach of the first (No. 0037764-2023).

Additionally, it is important to note that, contrary to what the persons responding here intend to imply, a citizen may file inquiries and requests for explanations as many times as they deem necessary, particularly if their requests have not been resolved, or as is the basis and substance of this case, there is sufficient material regarding irregularities and matters under investigation. Therefore, it is unacceptable that these persons attempt to CONFUSE, arguing that they have addressed my inquiries on repeated occasions, since they should have demonstrated this when they had the opportunity and responsibly provided the corresponding evidence. Conversely, I have provided, both in the previous amparo case (processed for another offense) and for this one, the responses lacking substance that have been offered to me time and again, the lack of a complete response, and primarily, the violation of response deadlines.

Given what has been demonstrated, I respectfully request again that this Court declare this amparo appeal well-founded, once the lack of response in form, deadline, and content has been demonstrated—proof provided, moreover, by the respondent itself.” 6.- By submission filed on 10 April 2024, the appellant states the following: “(…) By constantly reviewing the online consultation system, I have been able to observe a process that is abandoned and lacking in movement towards a resolution.

Having provided compelling evidence and given that the very response offered by the respondent confirmed all the irregularities, it was considered that this case might receive a very timely resolution; however, it is concerning to see that we have reached six months of proceedings and no movement is in sight, in which case a final resolution will take even longer.

I choose to submit a request for information or consultation regarding the handling of this case file, as the substance of this appeal involves obtaining answers that are necessary for progress in a contentious criminal case to be filed before the corresponding courts. This, among other things, should have begun with the discharge of responsibility by the mayor responsible for the underlying unlawful acts. However, although we are clear that responsibility falls on the very institution that said official represents, it would have been timely to present and initiate proceedings against him before he leaves office next May first.

I explain the above in general terms. I am very clear that legal analysis beyond the scope of the facts raised within the appeal itself does not fall to this Court, nor is this Court subject to resolving based on the needs of third parties. However, uncertainty has been generated for the case and it is noticeable, due to the lack of progress in the resolution as such.

I hope not to bother you with this request; however, I consider it necessary that a general status of the situation regarding this matter be provided.” 7.- In the substantiation of this process, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

I.- SUBJECT OF THE APPEAL. The appellant files an amparo appeal and states that on 26 July 2023, he initiated a process on the Service Platform of the Municipality of Alajuela, submitting a complaint and a series of inquiries to the mayor regarding irregularities in the approval of an urban development project in La Garita de Alajuela. This project, called Condominio Hacienda Garabito, was flagged for alleged irregular acquisitions and granting of construction permits and other aspects. The appellant demands documented answers to his questions about the municipal actions taken regarding these irregularities and prior complaints. Furthermore, he accuses the municipality of failing to initiate necessary internal investigations and of continuously allowing the project's development despite the environmental damage and harm to private property caused. The lack of specific responses and the issuance of presumably false official communications by the mayor's office led the appellant to file an additional request in September 2023, in which he reiterates the inquiries from his previous filing; therefore, he requests the intervention of this Court.

II.- PROVEN FACTS. Important for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, according to the provisions of the initial order:

On 26 July 2023, the appellant initiated a procedure on the Service Platform of the Municipality of Alajuela, which was assigned receipt slip No. 37764-2023, addressed to the mayor. It consisted of a complaint and a series of inquiries and requests for an update on the actions, follow-up, procedures, or steps channeled regarding another complaint he had filed concerning the approval of an urban development project in La Garita de Alajuela, which had serious irregularities in its processing and approval. He textually requested: “(...) Regarding the Condominio Hacienda Garabito project located in La Garita de Alajuela, of which you are fully aware of all the irregularities under which the construction and other 'permits' were acquired and granted, I respectfully request, within the response period established by law, that you clarify the following questions and inquiries. These I need to update their status, based on the report you delivered to the Concejo Municipal for the session of 2 March 2023, Official Communications No. MA-A-1246-2023 and MA-PSJ-0395-2023. In this report, you finally made it clear to that body, specifically as of that date, that you had absolutely nothing done or managed outside the municipal sphere (aside from nothing having been managed, due to differences they were trying to resolve between your Legal Affairs and Planning and Construction of Infrastructure departments). But you also showed that you remained with intentions or 'planning' future actions, to achieve something and act regarding all the irregularities present in the processing of this project. Therefore, in light of this, I respectfully request that you please expand on the following so I may clearly understand the progress or current status of the management and the entire project as such. Finally, I will conclude this procedure by making a brief comment regarding the entire case. For each inquiry, Mr. Mayor, I deeply appreciate you supporting or documenting each response, in the event that any action has been generated or any directive issued in this regard and it is recorded in some document; otherwise, I will assume that you continue without any action or I will take silence as a response. 1. Aside from that delivered report, I ask you and request that you document for me if, as of today, this Municipality has filed any action with a court of justice or public institution to denounce or become a party, to take action on the denounced matter, regarding both the entire case and the criminal complaint filed by MOPT, in the present case. 2. Aside from the entire case, I primarily ask you what the latest actions taken regarding this matter were, and please provide me with the respective documents, in an effort to investigate the unlawful act I have denounced, in order to finally halt both the damage and the invasion of private properties by this urban development project, an act endorsed by the Municipality of Alajuela. I remind you that we are reaching the third consecutive year of damage and detriment to private real estate, under contemptible municipal oversight. What has been denounced is an issue that falls 100% on the Municipality of Alajuela and which this municipality must assume. 3. I respectfully request that you inform me if the Municipality of Alajuela, represented by you, is clear on the level of injury caused to the neighboring property owners in the area, to the current owners who have purchased and future owners who will purchase properties within this urban development project; injury endorsed by this municipality through your representation, which, without caring and after having been timely alerted and questioned on multiple occasions about all the irregularities implicit in the case, continues to allow, to this day, the development and sale of residential houses or the placement of land lots in said condominium. A condominium that, likewise to this day, lacks legality for its stormwater drainage and access permits. Even though you do not see it, I consider that a municipal procedure or permit granted through the alleged crime of ideological falsehood should have, in the first instance, awakened your full interest and automatically prompted the pertinent investigations and complaints. But primarily, it should have rendered without effect, validity, and absolute nullity, ALL the rest of the procedure while the opaque matters are resolved. However, in this case, very curiously, the Municipality of Alajuela has minimized all the unlawful acts, has not taken care to stop, investigate, and revoke any permit, to the clear detriment of third parties. 4. Given that documentation indicating the closure of the Condominio Hacienda Garabito project was sent to me, please document for me the respective official communications issued to the developer, notifying them of the project's closure. 5. I require knowing or confirming the current status of the Condominio Hacienda Garabito project; that is, whether it is currently closed, suspended, or ongoing, and with it, any additional construction work being developed. In the event of having considered not taking or suspending actions regarding its halt and the progress of works or closure, please document for me the official communications of the agreements or directives issued by the person responsible for such instructions, where I can review their considerations for this. In addition to then expressing the irresponsibility of the documents, both those sent or copied to me and the official communications generated regarding the matter, including those to the Concejo Municipal, which demonstrate charlatanism, lack of seriousness, and some particular interest in entangling the matter more deeply and allowing the unlawful act to proceed without any obstacle. The referred official communications are: MA-PPCI-0762-2022, MA-PPCI-0761-2022, MA-PPCI-0763-2022, MA-PPCI-0760-2022, MA-A1246-2023, MA-PSJ-0395-2023, which you can obtain internally. Additionally ... I use this contact to refer to the last indicated report, since, as it is not a document addressed to me and the interested parties (Concejo Municipal), who likewise simply and irresponsibly aligned with their interests in not paying attention to the matter, I must express my concern for your endorsement of a report with such low, manipulated, and inaccurate wording, tending to confuse and portray a reality absolutely different from the events that occurred regarding the amparo appeal, how things happened, and its resolution. However, I applaud the loyalty of your allies in the legal area, capable of manipulating information to make you look 'good,' even if only internally. I personally consider that this constitutes yet another absolute proof of your abuse of authority over an administered person. 6. I require knowing if, aside from all the irregularities denounced for this project, construction permits for homes in this project continue to be granted and endorsed as of today. If so, I appreciate you informing me of the APC or OC identifier for all home construction permits granted and currently under process in this Condominium (with their status), but primarily those that support the list I provide further below. I inform you from now on that, despite the procedures for several of these construction permits being in rejected, pending payment, under review, or pending study status, the constructions are ADVANCING at full speed, at an advanced stage on site, merely upon their submission to the municipality. I ask you, Mr. Mayor, does this obey an agreement between the municipality and the developer? Or is it pure and outright additional illegality by the developer, who has been so FAVORED by all the municipal negligence that is IMPLICIT in this case? I caution you for this inquiry that even information delivered by you or your departments to the Concejo Municipal, which had been requested for a given date, Official Communication No. MA-A-0658-2023, was, as is typical, apart from being delivered MONTHS late, also incomplete. Therefore, I appreciate that the information you can provide me is accurate. There is no margin for error, given that you are the owners of the information. 7. Please document for me whether you, as the highest-ranking official, or the Municipality of Alajuela as an entity, have carried out any type of administrative action as of today towards an investigation of the entire case, of the possible individuals involved within the Municipality of Alajuela and their actions, of how all the events occurred, and the grounds that the involved parties 'had' for all the irregular approval that occurred for this condominium project. Or if, on the contrary, everything continues to be endorsed by you, despite everything known. 8. I require knowing if any body within this Municipality of Alajuela, or yourself, has carried out any revocation or ratification of the stormwater drainage permits previously granted for this urban development project, or if those irregularly granted at the time remain 'valid.' Specifically, the permit granted in official communications MA-AAP-0246-2017 and MA-AAP-0869-2019. This is also under the understanding that it is a project that advanced thanks to irregularities and that continues its development thanks to the neglect of the complaints that have been filed, with the favor of not acting towards its halt. 9. In the event that new construction permits continue to be issued, please document for me the official communications and directives issued by you or other officials or departments authorizing the continuity of their issuance, in order to nullify the above-cited official communications or reports, specifically Official Communication No. MA-PPCI-0761-2022, which stated: 'I instruct you that, upon notification of this communication, the approval of construction permits requested for that urbanization be suspended, until another measure is taken, of which you will be informed by the undersigned.' And in this way, to give the green light for the continuity of works in this urban development project. 10. Mr. Mayor, given that new construction permits have been processed despite documents sent to me indicating the closure of this project, I request that you accept, in this act, a formal complaint regarding the illegal construction of several houses in this project, all in an advanced construction process and currently being built simultaneously for the subsidiaries defined under the property numbers I detail below. At the same time, I comment subtly and respectfully that, since there are so many unlawful acts by this developer and others, I therefore consider that you should not hesitate to apply the law to the fullest extent that this municipality can exercise against whoever is responsible. A responsible action, far from an improper alliance that facilitates crime and promotes a developer's corrupt objective, will contribute to your defense when this case reaches judicial courts. For now, I continue documenting the case with more irregularities each time. It has been a slow and complicated process, mainly due to the little cooperation and the obstacle posed by the municipality, protected by the inept shielding and neglect of the Concejo Municipal. But rest assured, the process is advancing and will soon see development. Mr. Mayor, ignoring a case, especially one of internal corruption, does not exempt or extinguish the case, much less from facing the responsibilities when the time comes.

I reiterate and denounce, based on public information, the construction of at least five dwelling houses at this time, which, upon consulting the APC project numbers, the procedures, and therefore the supposed construction permits to be issued by the Municipality of Alajuela, are found and show the following statuses; therefore, they are illegal constructions outside the law. I do not consider it necessary to provide you with the documents, as your collaborators can access the pertinent systems, corroborate the information, and forward it to you immediately (...) 11. Once the complaint has been addressed, without the response to this request as a whole having to be delayed, I respectfully request that I be provided with the respective documents of the actions taken and any additional ones, as well as the proceedings that said Municipality will carry out to correct the violation of the law in the context of all these illegal constructions, I reiterate because I understand that said project was warned of the impossibility of continuing the construction of works, unless said municipality is vacillating with the documents that were channeled to me, for which it must equally provide support in this response or in due course as to what the intended purpose was. 12. I ask you whether the Municipality of Alajuela endorses, despite all the knowledge it has handled regarding irregularities in the processing of this project, all the environmental damage caused, which it has left with absolute indifference to correct and stop immediately, given that it is directly and primarily responsible for its origin to the extent of the “permits” granted and has not chosen to take actions and stop any works in general. For the foregoing, I request that you provide me with the technical studies that this municipality developed or had at the time to “grant” viability for stormwater discharge onto the Quebrada Copeyal watercourse, given that it is the municipality itself that must rule on and/or measure the capacity of the watercourses to handle the contribution of flows, prior to granting a stormwater discharge permit, as clearly established by institutions such as SETENA and others. In said studies, it will be important to identify all the measurements that this institution carried out to plan the hydrological growth of the area and the assessments that allowed it to grant the respective permits. On this matter, I take the liberty of clarifying in advance, in case it is intended to indicate that the project had environmental viability in this regard, that precisely SETENA discharges the responsibility concerning the capacity of watercourses to receive water and therefore the granting of permits, onto the municipalities, in this case, you (...)”. (the highlighting is added, see evidence provided to the case file).

By means of official communication Nº MA-A-4691-2023 of August 1, 2023, the respondent authority requested the necessary information from the officials: Licda. Johanna Barrantes León, Coordinator of the Legal Services Process, Ing. Roy Delgado Alpízar, Director of the Infrastructure Planning and Construction Process, Arq. Adrián Lee Bolaños, then Acting Coordinator of the Construction Control Activity, Ing. Emerson Bone Moya, Coordinator of the Fiscal and Urban Control Process, and Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of the Storm Drainage Activity. Additionally, a reminder of the request was sent by means of official communication Nº MA-A-5756-2023 dated September 13 of the current year, addressed to Ing. Delgado Alpízar. A copy of both documents was sent to the email address indicated by the claimant for receiving notifications on August 7 and September 14, respectively (see report rendered by the respondent authority).

On September 19, 2023, the claimant filed an additional request with the Alajuela Municipality Service Platform addressed to the mayor, in which he recounts the 12 inquiries previously raised, given that he believes most of his inquiries were left unanswered (see evidence added to the case file).

By means of official communication N° MA-PCFU-1549-2023, the respondent municipality carried out the closure of works that were being executed without a municipal license. The works that were closed currently have a municipal permit (see report rendered by the respondent authority).

By means of official communication Nº MA-A-7341-2023 of November 24, 2023, the respondent authority addressed the claimant's petition, as well as Procedures N° 43454-2023, N° 43455-2023, and the official communication from the Services Comptroller N° MA-PCS-46-2023, which are related to the same matter, which was notified to Mr. Chinchilla Mora at 14:33 hours on November 24, 2023. In said document, the respondent authority replied:

"Receive a cordial greeting. In response to your note submitted to the Integrated Customer Service System on July 26 of this year (Procedure N° 37764-2023) related to the project Condominio Hacienda Garabito, located in La Garita, I inform you:

In said procedure, you request a series of clarifications regarding the information provided through official communications N° MA-A-1246-2023 and N° MA-PSJ-0395-2023, which constitute the reports issued by this Mayor's Office and the Legal Services Process regarding your complaint of apparent irregularities in the processing of permits for the Condominio Hacienda Garabito.

In order to address your inquiries, this Mayor's Office issued official communication N° MA-A-4691-2023 dated August 1 of this year, through which the necessary information was requested from the officials: Licda. Johanna Barrantes León, Coordinator of the Legal Services Process, Ing. Roy Delgado Alpízar, Director of the Infrastructure Planning and Construction Process, Arq. Adrián Le Bolaños, then Acting Coordinator of the Construction Control Activity, Ing. Emerson Bone Moya, Coordinator of the Fiscal and Urban Control Process, and Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of the Storm Drainage Activity. Additionally, a reminder of the request was sent through official communication N° MA-A-5756-2023 dated September 13 of the current year, addressed to Ing. Delgado Alpizar.

A copy of both documents was sent to the email address you indicated for receiving notifications on August 7 and September 14, respectively.

In response, we have received the attached official communications in which the requested information and the actions taken to address your complaint are provided:

Official communication N° MA-PSJ-2497-2023 signed by Licda. Johanna Barrantes León, Coordinator of the Legal Services Process, and Lic. Juan Carlos Campos Monge, Attorney of said unit, in which it is reported that the Municipality of Alajuela appeared and made itself available to the Adjacent Prosecutor's Office of the First Judicial Circuit of San José (Criminal Matters), as part of Case File N° 22-000466-0619-PE, and a copy of page 1 of the document filed on April 13, 2023, and a copy of the documents mentioned in said official communication are provided.

Additionally, matters related to points 1, 2, and 5 of Procedure N° 37764-2023 are reported.

Official communication N° MA-PPCI-0865-2023 signed by Ing. Roy Delgado Alpízar, Director of the Infrastructure Planning and Construction Process, which refers to point 3, specifically the lack of proof and technical arguments to declare a lesivity in the terms of your proposal.

Official communications N° MA-ACC-1988-2023 issued by Arq. Adrián Lee Bolaños, then Acting Coordinator of the Construction Control Activity, and the supporting documents, as well as official communication N° MA-PCFU-1549-2023, signed by Ing. Emerson Bone Moya, Coordinator of the Fiscal and Urban Control Process. In the first of these, it is indicated that the Condominio Hacienda Garabito project is current and the construction permits continue to be reviewed in light of official communications N° MA-PPCI-0700-2023, N° MA-PPCI-0695-2023, and N° MA-AAP-3724-2023, copies of which are attached; and in the case of Ing. Bone Moya, a copy of the closure minutes for 5 dwellings that were found in gray work and—at the time of the inspection—did not have the respective permits is provided. On this point, it is clarified that the procedures registered before the Federated College of Engineers and Architects must be consulted directly with that entity.

This responds to points 4, 5, 6, 8, 9, 10, and 11.

Now, it should be noted that in relation to the properties and the minutes referred to in official communication N° MA-PCFU-1549-2023, official communications N° MA-SOIP-503-2023 and N° MA-SOIP-496-2023 from the Public Investment Works Subprocess are also attached, in which it is clarified that said lands are not municipal public areas in nature, but rather private common areas; therefore, our institution has no direct interference in the matter of eventual invasion thereof, but only at the level of closure of works due to lack of permits.

Regarding carrying out internal administrative actions within our institution to determine possible individuals involved in the situation—as you indicate in point 7—, it is appropriate to clarify that considering that the alleged irregularities occurred before the MOPT, no further internal action will be taken, because the allegedly involved officials do not belong to our institution. However, we reiterate our consent and availability to collaborate in whatever the judicial instance deems appropriate; therefore, what was indicated in Official Communication N° MA-PSJ-2491-2023 from Legal Services is reiterated, in that the Municipality of Alajuela appeared and made itself available to the Adjacent Prosecutor's Office of the First Judicial Circuit of San José for whatever is required for purposes of the judicial investigation.

Official communication N° MA-AAP-4033-2023 dated August 12, 2023, signed by Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of the Storm Drainage Activity, which refers to points 8 and 12.

In these same terms, I hereby answer your Procedure N° 43454-2023, N° 43455-2023, and the official communication from the Services Comptroller N° MA-PCS-46-2023" (see evidence and report rendered by the respondent authority).

III.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court dismisses the injury to the fundamental rights of the protected party. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, on July 26, 2023, the claimant initiated a procedure on the Alajuela Municipality Service Platform with ticket No. 37764-2023, addressed to the mayor, filing a complaint and a series of inquiries about an urban development project in La Garita de Alajuela, called Condominio Hacienda Garabito. The claimant also questioned possible irregularities under which construction permits and other aspects of the project were granted, requesting updates and clarifications on actions taken or planned regarding alleged irregularities. The interested party requested documentation on any legal action or administrative measure undertaken by the municipality in relation to the project and its multiple shortcomings, as well as on the impacts of this development on neighboring property owners and the environment. Likewise, it was verified that the respondent local government, throughout the following months, responded to the citizen's inquiries through various official communications, requesting information from different officials and issuing compliance reminders. In addition, closures of works without adequate permits were notified and information was provided about the status of permits and actions related to the claimant's complaints. However, the claimant questions the exhaustiveness and truthfulness of the responses provided by the municipality, as well as concerns about the continuity of certain practices and permits within the project in question. In this regard, it was accredited that, indeed, the claimant party initiated a petition before the respondent local government on July 26, 2023, related to questions and requests about the Condominio Hacienda Garabito. In that sense, it was likewise possible to accredit that, through official communication Nº MA-A-7341-2023 of November 24, 2023, the respondent authority addressed the claimant's petition, as well as Procedures N° 43454-2023, N° 43455-2023, and the official communication from the Services Comptroller N° MA-PCS-46-2023, which are related to the same matter, which was notified to Mr. Chinchilla Mora at 14:33 hours on November 24, 2023. Said response was made by the respondent authority after the notification of the order initiating this process, and by that date, a disproportionate period had already elapsed without the respondent authority having offered any valid reason to justify such omission. Additionally, the documents provided by the claimant regarding the lack of attention to some of the issues subject to his petition are assessed. In this sense, this Court must warn that the petition formulated by the claimant is only actionable in relation to points 1, 2, 4, and 9, in which a request for information is truly accredited. However, in relation to the other points of the claimant's petition, it must be indicated that it constitutes an interpellation and not a request for information, which exceeds the protective scope of the amparo process, specifically, the rights to information and petition.

In relation to these fundamental rights, this Court, in judgment No. 2021005055 of 9:15 a.m. on March 12, 2021, indicated the following: “(…) it must be remembered that the right of access to public information has been defined by Costa Rican doctrine as that fundamental right of citizens to go to the Public Administration to obtain information on matters of public interest. Said petition can be made orally or in writing and constitutes an essential guarantee in any Rule of Law State, as it forms part of the democratization of public institutions (CÓRDOBA ORTEGA, Jorge, El Libre Acceso a los Departamentos Administrativos y el Secreto de Estado, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 1996, p. 19). It is known that public authorities receive, retain, generate, and use enormous amounts of information in the course of their activities. Practice has shown that careful examination is needed to determine under what circumstances information can be provided while respecting the constitutional principles of maximum publicity or disclosure, as well as the protection of personal and confidential data. The principle of maximum disclosure has been recognized by the Inter-American Court of Human Rights as a guiding principle of the right to seek, receive, and impart information, expressed in Article 13 of the American Convention. Thus, the Inter-American Court has established in its jurisprudence that, “in a democratic society it is essential that state authorities are governed by the principle of maximum disclosure” (IACHR Case, Claude Reyes et al. Merits, Reparations and Costs. Judgment of September 19, 2006. Series C No. 151. Para. 92). A broad concept on access to information has been developed in the jurisprudence of this Court, in order to protect the mechanisms to guarantee that access, indicating that this right “…is composed of a bundle of faculties held by the person exercising it, such as the following: a) access to departments, units, offices, and public buildings; b) access to archives, records, files, and physical or automated documents –databases, files–; c) the right of the individual to know the stored personal or nominative data that affect him/her in some way; d) the right of the individual to rectify or eliminate that data if it is erroneous, incorrect, or false; e) the right to know the content of physical or virtual documents and files; and f) the right to obtain, at his/her cost, certifications or copies thereof.” Likewise, it was indicated that “…administrative secrecy or confidentiality is an exception that is justified, solely, under qualified circumstances when constitutionally relevant values and assets are protected through it” (judgment No. 2008-4460 of 5:14 p.m. on March 25, 2008). Starting from the recognition of the principle of maximum disclosure, it must be understood that, as a general rule, public information must be accessible, on the understanding that a restricted system of exceptions exists.” Now, these rights of course contain limits, so their exercise is not unrestricted. Clearly, what is raised by the claimant in points 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, and 12 are questions or an interpellation against the respondent authority, in relation to the actions of the local government regarding the Condominio Hacienda Garabito. Hence, the omission in issuing a response on any of those points, in itself, cannot be directly related to a possible violation of a fundamental right, as it is not protected under the right of petition and access to information as already indicated in the sub lite case and as developed in Articles 27 and 30 of the Political Constitution; nor under Article 41 of the Constitution. Consequently, on these points, the amparo process is inadmissible. By way of further detail, the following is observed in point 3: “(…) inform me if the Municipality of Alajuela, represented in your person, is clear on the level of lesivity generated towards the neighboring property owners in the area, the current owners who have acquired and future owners who acquire properties within said urban development project; lesivity endorsed by this municipality with its representation”; in point 5, the following is detailed: “(…) including the Municipal Council, which demonstrate charlatanism, lack of seriousness, and some particular interest in further entangling the matter and letting the illicit act advance without any obstacle … I applaud the loyalty of your allies in the legal area, capable of manipulating information to make you look “good”, even if internally. Personally, I consider that this constitutes one more absolute proof of your abuse of authority over an administered party”; in point 6, the following: “(…) I ask you, Mr. Mayor, does this obey an agreement between the municipality and the developer? Or is it pure and outright additional illegality by the developer, who have seen themselves so FAVORED by all the municipal negligence that is IMPLICIT in this case?”; in point 7, the following: “(…) whether you, as the highest authority, carried out, up to this day, or the Municipality of Alajuela as a whole, any type of administrative action in favor of an investigation of the entire case, of the possible individuals involved within the Municipality of Alajuela and their actions, of how all the facts occurred and the grounds that the involved parties “had”, in all the irregular approval that was given for this condominium project”; in point 8, the following: “(…) the stormwater discharge permits previously granted for this urban development project, or are those irregularly granted at the time maintained as “valid””; in point 10, the following: “(…) I comment to you subtly and respectfully, since the illicit acts by this developer and others are too many, therefore I consider you should not skimp on applying the law to the full extent that said municipality can exercise against whoever it must, because responsible action, far from an undue alliance that facilitates crime and promotes a developer's corrupt objective, will contribute to your defense, when this case reaches judicial stages.”; in section 11, the following: “(…) of the proceedings that said Municipality will carry out to correct the violation of the law in the context of all these illegal constructions”; and, in point 12, the following: “(…) I ask you whether the Municipality of Alajuela endorses, despite all the knowledge it has handled regarding irregularities in the processing of this project, all the environmental damage caused, which it has left with absolute indifference to correct and stop immediately”. As can be seen from the foregoing, the partially transcribed points correspond to accusations, questions, assessments, interrogations, or confessional proof, which do not constitute the exercise of the fundamental rights protected in Articles 27 and 30 of the Constitution; on the contrary, they would be arguments appropriate to be concretized within the framework of a judicial process or administrative procedure. Therefore, the intended protection demanded by the claimant through the constitutional amparo action in relation to these points is not viable.

IV.- In summary, after analyzing the documents, it was determined that only certain points of the petition formulated by the claimant involve the right of access to information, being admissible in this case. In contrast, other points, which include accusations and questions beyond the simple access to information, exceed the scope of protection of this right and are, therefore, inadmissible in the amparo process. Consequently, given that it was on the occasion of this process that the respondent authorities carried out the necessary actions in order to safeguard the fundamental rights of the claimant, the amparo action must be declared admissible, and, in application of the provisions of Article 52 of the Law on Constitutional Jurisdiction, the admission is granted without special condemnation for costs, damages, and losses in accordance with what is indicated in the following recitals and the operative part of this judgment.

V.- ON THE CONDITION FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW ON CONSTITUTIONAL JURISDICTION. On the condemnation for costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Law on Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine case, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law on Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be declared admissible solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable”), the admission must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the action is declared admissible, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same final paragraph states that the admission is ordered “solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable”. It is emphasized that the Law states “if they are applicable”, which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an effect on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law on Constitutional Jurisdiction, which provides that: “every resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”, where the possibility of assessing whether compensation and costs are applicable or not is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, where appropriate, International or Community Law and, in addition, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious Administrative Procedure Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law on Constitutional Jurisdiction -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious Administrative Procedure Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite case preserves the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this action without condemnation for costs, damages, and losses.

VI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.

While I agree with the rest of the Chamber in declaring the action admissible, I separate from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from condemnation for the payment of costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Law on Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:

“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be declared admissible solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable”.

On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:

“...every resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”.

This latter norm establishes the general system that regulates what relates to the topic of compensation and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the majority’s criterion, Article 51, cited, regulates the scenarios in which the Chamber has verified the grievance; and, as a consequence, the need for a condemnation for costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court finds an injury to a fundamental right and, therefore, declares the action admissible, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo —a scenario contemplated in Article 52, referred to—, by the mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the violator to compensate for the damages and losses caused and to pay the costs of the action. This rule is nothing more than the acknowledgment, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not again incur the actions that gave rise to the admission of the action, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction.

Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to examine the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the offender, the basis of which lies in the principles of protection of the rights of individuals and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional conduct.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary award of these items contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

On the other hand, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not reviewed or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of the protected party's fundamental rights, by virtue of the restitution in the enjoyment of those rights that the Administration has granted in their favor; a situation which, as the majority of the Chamber affirms, implies an "abnormal termination of the proceeding." The legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and 2) that there is an administrative or judicial resolution that indisputably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and losses, despite the granting of the recurso, by providing that, in the cases regulated therein, the recurso shall be granted "solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate." As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the rule, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.

In my opinion, such exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, that award is always appropriate, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, ceases, or suspends the challenged action, unless it is shown in an indubitable and clear manner that in the specific case no damage whatsoever capable of being compensated was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from paying those items. As in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption that damages and economic losses arose for the protected party derived from the challenged actions—the specific determination of which does not fall to this jurisdiction—the granting of this recurso must necessarily entail the award of costs, damages, and losses, and we so declare.

As an additional reason, it is worth highlighting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary purpose the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From that perspective, the analysis carried out in this venue concentrates on said verification; however, it does not enter into the weighing of whether those matters have generated or not injuries in the purely pecuniary sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said award (in damages, losses, and costs) operates, if appropriate, we the undersigned do not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, insofar as it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the recurso de amparo, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private legal subject, when applicable) have constituted the adequate cause of pecuniary injuries that are legally compensable. By way of reference, provisions 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from awards handed down in these proceedings. In light of canon 179 thereof, that proceeding has the following purpose:

"ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo shall be responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in hábeas corpus and amparo proceedings against public-law subjects, solely with regard to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications." It is clear that this proceeding is directed toward the analysis of the necessary precedent issued by this Chamber regarding an award in the abstract for those items, as such types of claims would not be appropriate within those types of cases when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the inappropriateness of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding in the contencioso-administrativo venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, pursuant to the aforementioned ordinal 52 of the LJC, the exemption from that pecuniary award requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of pecuniary injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception which, as such, requires qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is handed down that revokes, ceases, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that prior to that cessation, due to the respondent entity's own cause or that of another, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such substantive question, regarding the effectiveness of the injuries, their quantification, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, in accordance with what is regulated by the aforementioned mandate 52, are characteristic of an award in the abstract that later forms the basis of analysis in the Jurisdicción Contencioso Administrativa. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, as, it is insisted, that is not their purpose or primary ratio. Thus, it is not incumbent upon the protected person to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Afterwards, whether those administrative conducts have caused them injuries is an extreme which, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the analytical basis of this type of case. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not carry out a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether or not there is an infraction, whereby much less can it be defined whether, from what was denounced by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. Thus, the exemption from award referred to in that rule is of an exceptional nature, not a rule. Therefore, in those scenarios, the rule imposes the award in the abstract, so that it is within another plenary proceeding that its appropriateness is analyzed. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the claimed party, may have suffered injuries to their pecuniary sphere would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 thereof. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation while it was caused to cease due to the causes alluded to in the rule under examination generated damages and losses, is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere realization of the factual scenario regulated in the aforementioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with always due respect for the majority position, I express my vote and reiterate that the granting of this recurso must necessarily entail the award in the abstract of costs, damages, and losses.

VII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE DISPOSITIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, the recurso shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate." My interpretation of that rule is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are appropriate" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: costs.

Certainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the recurso de amparo is not of an indemnificatory nature but rather restitutive; however, Article 51 of the LJC states: "Every resolution that grants the recurso shall award in the abstract the indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the recurso, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, the award in the abstract of these is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, thereby potentially violating Article 41 of the CP. If, despite the issuance of the award in the abstract, the damages and losses have not been caused, the judge in the ordinary proceeding will so declare, since only that judge is responsible for taking as proven the actual existence and magnitude thereof.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the face of the existence of a recurso de amparo. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The recurso is declared PARTIALLY GRANTED, with no special award of costs, damages, and losses, solely in relation to the timely attention to the request made by the petitioner regarding items 1, 2, 4, and 9; as for the rest, the recurso is declared without merit. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents from the vote and orders the award of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the award of damages and losses, but not the award of costs. Notifíquese.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C. Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A. Anamari Garro V.

Ingrid Hess H. Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL  Res. Nº 2024010847 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiseis de abril de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 23-024832-0007-CO interpuesto por EDUARDO ENRIQUE CHINCHILLA MORA, cédula de identidad número 06-0241-0250, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 12:52 hrs. del 09 de octubre de 2023, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, el 26 de julio de 2023, incoó trámite en la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Alajuela al que le asignaron la boleta de recibido No. 37764- 2023, dirigido al alcalde, que consistía en una denuncia y serie de consultas y solicitudes a fin de que le actualizaran de las gestiones, seguimiento, acciones o trámites canalizados respecto de otra denuncia que interpuso por la aprobación de un proyecto urbanístico en La Garita de Alajuela, con serias irregularidades en su trámite y aprobación. Solicitó textualmente: “(...) Respecto del proyecto Condominio Hacienda Garabito ubicado en La Garita de Alajuela, del cual su persona es conocedor de todas las irregularidades bajo las cuales fueron adquiridos y otorgados los “permisos” de construcción y otros, y pido respetuosamente en el plazo de respuesta establecido por ley, me aclare usted las siguientes interrogantes y consultas, mismas que requiero actualizar su estado, a partir del informe entregado por su persona ante el Concejo Municipal para el día 2 de marzo del 2023, Oficios No MA-A-1246-2023 y MA-PSJ-0395-2023, en el cual finalmente le dejó ver usted claramente a dicho órgano, en concreto a esa fecha, no haber hecho o gestionado absolutamente nada fuera del ámbito municipal (aparte de lo nada gestionado, debido a diferencias que estaban tratando de resolver entre sus dependencias de Asuntos Jurídicos y Planeamiento y Construcción de Infraestructura), pero también evidenció haberse quedado su persona en intensiones o “planeando” hacer a futuro, para concretar algo y actuar al respecto de todas las irregularidades presentes en la tramitología de este proyecto; por lo aclarado solicito respetuosamente por favor se me amplie lo siguiente para tener claro cuál es el avance o estado actual de la gestión y todo el proyecto como tal. Finalmente terminaré este trámite haciéndole un corto comentario al respecto de todo el caso. Para cada consulta señor alcalde, le agradezco profundamente me respalde o documente cada respuesta, en caso de haber generado alguna acción o generada alguna directriz al respecto y así conste en algún documento, caso contrario asumiré que sigue su persona sin gestión alguna o asumiré el silencio como respuesta. 1. Al margen de dicho informe entregado, le consulto y solicito me documente si finalmente al día de hoy, gestionó esta Municipalidad ante algún tribunal de justicia o institución pública, acción alguna para denunciar o formar parte, para tomar cartas en el asunto denunciado, tanto de todo el caso, así como al respecto de la denuncia penal interpuesta por el MOPT, para el caso de marras. 2. Al margen de todo el caso, le consulto principalmente cuáles fueron y se me aporte los documentos respectivos, de las últimas gestiones realizadas al respecto de este asunto, con el afán de investigar el ilícito denunciado por mi persona, en pro de detener de una vez por todas, tanto el daño como lo es la invasión a fincas privadas por parte de este proyecto urbanístico, acto avalado por la Municipalidad de Alajuela. Le recuerdo que alcanzamos el tercer año consecutivo de perjuicio y menoscabo de bienes inmuebles ajenos, bajo el menesteroso ojo municipal. Lo denunciado es un tema que atañe 100% a la Municipalidad de Alajuela y que debe asumir dicho municipio. 3. Solicito respetuosamente me informe si la Municipalidad de Alajuela, representada en su persona, tiene claro el nivel de lesividad generado a las personas propietarios vecinos de la zona, a los actuales dueños que han adquirido y futuros que adquieran inmuebles dentro de dicho proyecto urbanístico; lesividad avalada por este municipio con su representación, misma que sin importarle y luego de haber sido a tiempo alertados y cuestionados en múltiples ocasiones de todas las irregularidades implícitas en el caso, continúa permitiendo al día de hoy, el desarrollo y venta de casas de habitación o la colocación de terrenos en dicho condominio. Condominio que de igual forma al día de hoy, no cuenta con legalidad para la evacuación de sus pluviales, ni permisos de acceso. Siendo que usted no lo visualiza, considero que, un trámite o permiso municipal otorgado mediante el presunto delito de falsedad ideológica, debió en primera instancia despertar todo su interés y automáticamente haberse solicitado las investigaciones y denuncias pertinentes, pero principalmente haber dejado sin efecto, validez y absoluta nulidad, TODO el resto del trámite mientras se resuelve lo oscuro, pero en este caso, muy curiosamente la Municipalidad de Alajuela ha minimizado todo el ilícito, no se ha ocupado en detener, investigar y revocar permiso alguno, en claro perjuicio de terceros. 4. Siendo que a mi persona fue enviada documentación indicando la clausura del proyecto Condominio Hacienda Garabito, se me documente los respectivos oficios emitidos al desarrollador, en el cual le notificaron de la clausura del proyecto. 5. Requiero conocer o ratificar cuál es el estado actual del proyecto Condominio Hacienda Garabito, es decir, si se encuentra al día de hoy clausurado, suspendido o vigente y con ello cualquier obra de construcción adicional que se esté desarrollando. En caso de haber considerado no tomar o suspender acciones al respecto de su detención y avance de obras o clausura, me documente los oficios de los acuerdos o directrices emitidos por el responsable de dichas instrucciones, donde pueda revisar sus consideraciones para ello. Además de externarle entonces la irresponsabilidad, de los documentos tanto enviados o copiados a mi persona, así como los oficios generados al margen del tema, inclusive al Concejo Municipal, mismos que demuestran charlatanería, falta de seriedad y algún interés en particular por enredar más profundamente el tema y dejar que el ilícito avance sin traba alguna. Los oficios referidos son: MA-PPCI-0762-2022, MA-PPCI-0761- 2022, MA-PPCI-0763-2022, MA-PPCI-0760-2022, MA-A1246-2023, MA-PSJ- 0395-2023, mismos que puede conseguir internamente. Al margen ... Aprovecho este contacto para referirme al respecto de este último informe indicado, ya que por no ser un documento dirigido a mi persona y los interesados (Concejo Municipal) de igual forma simple e irresponsablemente, tan solo se alinearon con sus intereses en no prestarle atención al tema, debo externarle mi preocupación por su refrendo a un informe con tan baja, manipulada e inexacta redacción, tendiente a confundir y hacer ver una realidad absolutamente diferente a los hechos sucedidos en cuanto al recurso de amparo, cómo se dieron las cosas y su resolución, más sin embargo, le aplaudo la lealtad de sus aliados en el área jurídica, capaces de manipular la información para hacerlo quedar “bien”, aunque sea internamente. Personalmente considero que, constituye ello en una prueba absoluta más, de su abuso de autoridad sobre un administrado. 6. Requiero conocer si al margen de todas las irregularidades denunciadas para este proyecto, al día de hoy se continúan otorgando y avalando permisos de construcción de viviendas en dicho proyecto, siendo así, le agradezco me informe el identificador APC o OC de todos permisos de construcción de viviendas otorgados y en trámite actual en este Condominio (con su estado), pero principalmente los que respaldan la lista que le aporto más adelante, por cuanto desde ya le voy informando a pesar de estar los trámites de varios de estos permisos de construcción, en estado rechazado, pendiente de pago, en revisión, o pendientes de estudio, las construcciones están AVANZANDO viento en popa, etapa en obra avanzada, tan solo con su presentación ante la municipalidad. ¿Le consulto señor alcalde, obedece esto a un acuerdo entre la municipalidad y el desarrollador? ¿O es pura y franca ilegalidad adicional del desarrollador, quienes se han visto tan FAVORECIDOS con toda la negligencia municipal que hay en IMPLICITA en este caso? Le prevengo para esta consulta que, inclusive una información entregada por su persona o sus dependencias ante el Concejo Municipal en la que se le había solicitado dicha información a una fecha dada, Oficio No MA-A-0658-2023 fue como es típico aparte de MESES tardíos de entrega, además incompleta también. Por lo anterior, le agradezco sea exacta la información que me pueda brindar. No hay margen para errar, siendo que ustedes son dueños de la información. 7. Por favor me documente si realizó usted como máximo jerarca y hasta el día de hoy, o la Municipalidad de Alajuela como conglomerado, algún tipo de gestión administrativa en pro de una investigación de todo el caso, de los posibles involucrados dentro de la Municipalidad de Alajuela y sus actuaciones, de cómo sucedieron todos los hechos y los fundamentos que “tuvieron” los involucrados, en toda la aprobación irregular que se dio para este proyecto de condominio, o si por el contrario todo sigue siendo avalado por su persona, muy a pesar de todo lo conocido. 8. Requiero conocer si se ha realizado por parte de algún ente dentro de esta Municipalidad de Alajuela o su persona, alguna revocatoria o ratificación de los permisos de desfogue pluvial otorgados anteriormente para este proyecto urbanístico o se mantienen como “válidos” los otorgados irregularmente en su momento. Específicamente el permiso otorgado en los oficios MA-AAP-0246-2017 y MA-AAP-0869-2019. De igual forma bajo el entendido que es un proyecto que avanzó gracias a irregularidades y que continúa su desarrollo gracias a la desatención de las denuncias que se han presentado, con el favor de no actuar en pro de su detención. 9. En caso de continuar emitiendo nuevos permisos de construcción, me documente los oficios y directrices emitidos por su persona u otros personeros o dependencias, que autorizan la continuidad de emisión de los mismos, para generar nulidad a los oficios o informes supra citados, específicamente Oficio No MA-PPCI-0761-2022, que indicaba “le instruyo que, a partir de la notificación de este oficio, se suspenda la aprobación de permisos de construcción solicitados para dicha urbanización, hasta tanto se tome otra medida la cual será informado por el suscrito” y de esta forma dar luz verde a la continuidad de obras en dicho proyecto urbanístico. 10. Señor alcalde, siendo que se han procesado nuevos permisos de construcción en trámite a pesar de que en documentos enviados a mi persona se me indicó la clausura de dicho proyecto, le solicito tome usted en este acto, denuncia formal de la construcción ilegal de varias viviendas en dicho proyecto, todas en proceso constructivo avanzado y levantado actual en paralelo para las filiales definidas bajo los números de finca que le detallo a continuación. A la vez le comento sutil y respetuosamente ya que son demasiados los ilícitos por parte de este desarrollador y otros, por tanto considero no debe escatimar usted en la aplicación de la ley en todo el alcance que pueda ejercer dicho municipio contra quien deba, pues una actuación responsable lejos de una alianza indebida que facilite el delito y promueva el objetivo corrupto de un desarrollador, le contribuirá en defensa, cuando este caso llegue a estrados judiciales. Por lo pronto yo continúo documentando el caso con más irregularidades cada vez. Ha sido un proceso lento y complicado, principalmente por la poca colaboración y obstáculo municipal, amparado por la inepta protección y descuido del Concejo Municipal, pero cuente con que el proceso avanza y pronto tendrá desarrollo. Señor alcalde, el desatender un caso principalmente de corrupción interna, no exime o extingue el caso, ni mucho menos de afrontar las responsabilidades en el momento que corresponda. Le reitero y denuncio según información pública, la construcción de al menos cinco casas de habitación en estos momentos, mismas que haciendo consulta de los números de proyecto APC, los trámites y por tanto los supuestos permisos de construcción a emitir por parte de la Municipalidad de Alajuela, se encuentran y muestran los siguientes estados, por tanto, son construcciones ilegales y al margen de la ley. No considero necesario aportarle los documentos, pues sus colaboradores pueden tener acceso a los sistemas pertinentes, corroborar la información y trasladársela inmediatamente (...) 11. Una vez atendida la denuncia, sin que se deba detener respuesta a esta solicitud en general, solicito respetuosamente se me aporten los documentos respectivos de las gestiones realizadas y cualquier adicional, así como de las diligencias que llevará a cabo dicha Municipalidad para corregir la violación de la ley al margen de todas estas construcciones ilegales, reitero por cuanto tengo entendido que dicho proyecto, fue advertido de la imposibilidad de continuidad del levantado de obras, salvo que dicho municipio, esté vacilando con los documentos que me fueron canalizados, para lo cual deberá igualmente sustentar en esta respuesta o en su momento, cuál fue el fin pretendido. 12. Le consulto si avala la Municipalidad de Alajuela, muy a pesar de todo el conocimiento que ha manejado de irregularidades en la tramitología de este proyecto, todo el daño ambiental provocado, al cual ha dejado con absoluta indiferencia en corregir y detener inmediatamente, siendo que es responsable directa y primaria de su origen en la medida de los “permisos” otorgados y que no ha optado por tomar acciones y detener ninguna obra en general. Por lo anterior, le solicito me aporte los estudios técnicos que desarrolló o con los que contó este municipio en su momento para “otorgar” viabilidad de depósito de pluviales sobre el cauce de Quebrada Copeyal, por cuanto es la propia municipalidad la que debe pronunciarse y/o medir la capacidad de los cauces para hacer frente a la aportación de caudales, previo a otorgar un permiso de desfogue pluvial, así claramente establecido por instituciones como SETENA y otros. En dichos estudios será importante identificar todas las mediciones que llevó a cabo esta institución para planear el crecimiento hídrico de la zona y las valoraciones que le permitieron otorgar los permisos respectivos. Para este tema, me adelanto en aclararle por aquello que se pretenda indicar que el proyecto contó con viabilidad ambiental al respecto, que justamente SETENA descarga la responsabilidad acerca de la capacidad de los cauces para recibir aguas y por tanto el otorgamiento de permisos, sobre las municipalidades, en este caso, ustedes (...)”. Aduce que, por correo electrónico de 3 de agosto de 2023, recibió el oficio No. MA-A-4706-2023, aludiendo adjuntar un documento que no fue anexado; además acusa que dicho oficio no respondió su consulta original. De manera que, por correo electrónico de 28 de agosto de 2023, comunicó respecto de la ausencia del documento supuestamente anexado, así como recordó que continuaba a la espera de la respuesta completa del trámite No. 37764-2023. Reitera que su denuncia versa en un caso de por irregularidades municipales en el aval de un proyecto urbanístico que causa daños a su patrimonio día con día; no obstante, el municipio accionado evita darle respuestas claras, contundentes o exactas. Arguye que, a pesar de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes interpuso denuncia penal por falsificación y uso de documento público, la Municipalidad de Alajuela no ha querido iniciar ninguna investigación interna. Detalla que el 4 de setiembre de 2023, acudió a la Contraloría de Servicios del gobierno local accionado e incoó la inconformidad No. 37585. Relata que por correo electrónico de 13 de setiembre de 2023, la Municipalidad de Alajuela le notificó el oficio No. MA-A-5710-2023 en que el jefe del despacho, actuando en nombre del alcalde, hace unas observaciones falsas e inexactas. Refuta que le hubiesen enviado anteriormente los oficios No. MA-PSJ-1963-2023, No. MA-A- 5402-2023, No. MA-A-5013-2023, No. MA-PCFU-1549-2023, No. MA-AAP- 4033-2023 y No. MA-AAP-0829-2022; además no son respuestas concretas a sus consultas. Resalta que la documentación requerida no fue atendida. Narra que el 19 de setiembre de 2023, presentó una solicitud adicional ante la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Alajuela dirigida al alcalde, en que recuenta las 12 consultas planteadas anteriormente, en virtud de que la mayoría de sus consultas fueron dejadas sin respuesta; sin embargo, esta gestión no había sido atendida en el momento en que acudió en amparo. Acusa la falsedad de múltiples de los documentos anexados en ese vaciado de pseudo respuestas ofrecidas por la alcaldía. Arguye que la falta de respuesta clara y exacta a sus consultas, constituye una estrategia de resguardo de la ilegalidad de este caso por parte de la Municipalidad de Alajuela, en donde hubo una aprobación irregular de un permiso de construcción de todo un proyecto urbanístico en que existe una denuncia ante SETENA y requerido el desarrollador por falta a respectiva viabilidad ambiental del proyecto y denuncia penal por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Acusa que el proyecto en cuestión deteriora el medio ambiente por la afectación de zonas protegidas que se ven afectadas por escorrentías abusivas, que además de deteriorar dichas zonas, también se afectan bienes inmuebles privados por un depósito ilegal de aguas pluviales de un proyecto abusivo que obtuvo todos los permisos de construcción; sin embargo, no cuenta con permisos de acceso por parte del MOPT, ni desfogue de aguas pluviales legalmente obtenido. Comenta que su persona denunció todas las falencias apuntadas ante el alcalde recurrido, previo a que iniciara la venta de inmuebles en el proyecto, desde octubre de 2021. Por lo expuesto, solicita la intervención de este Tribunal.

2.- Mediante auto de las 18:09 hrs. del 13 de octubre de 2023 se previno a la parte recurrente para que aportara copias completas, legibles y con los respectivos comprobantes de recibido o remisión de correo electrónico de las gestiones de información pura y simple presentadas ante la autoridad accionada y cuya falta de respuesta alega en el memorial de interposición de este proceso.

3.- Mediante auto de las 17:15 hrs. del 17 de noviembre de 2023 se tuvo por cumplida la prevención y se cursó el presente recurso. Lo anterior, se notificó a las autoridades recurridas el 22 de noviembre de 2023.

4.- Por escrito presentado el 27 de noviembre de 2023, informa bajo juramento HUMBERTO SOTO HERRERA, en condición de Alcalde de Alajuela que: “(…) Mediante el oficio Nº MA-AAP-5448-2023 de fecha 23 de noviembre de 2023, suscrito por el Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador de la Actividad de Alcantarillado Pluvial, mencionó que:

"Con respecto a la resolución de las diecisiete horas quince minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, mediante la cual la Sala Constitucional solicita brinda informe respecto al Recurso de Amparo interpuesto por Eduardo Enrique Chinchilla Mora, cédula de identidad N° 6-0241-0250, tramitado bajo el expediente N° 23-024832-0007-CO, me permito indicar:

1. Que, el señor Chinchilla Mora ha presentado varias gestiones dirigidas a esta dependencia en distintas épocas, dirigidas o realizando consulta sobre el estado y situación del proyecto Condominio Garabito, ubicado en el distrito Garita.

2. Las consultas gestionadas por el recurrente, dentro del campo de acción de este servidor, han sido debidamente respondidas, según informe emitido por este servidor mediante oficio Nº MA-AAP-0802- 2022 del 13 de septiembre de 2022, en el marco de anterior Recurso de Amparo (expediente Nº 22-018516- 0007-CO).

3. Así mismo, se brindó el respectivo informe dada la gestión realizada por el señor Eduardo Enrique Chinchilla Mora ante la Defensoría de los Habitantes de La República (expediente Nº 370627- 2021RI, oficio N° 00108-2022-DHR), en el cual se explicaba la naturaleza de los cauces públicos, mismos que no solo funcionan como colectores de /as aguas pluviales, sino que son estas aguas las que "alimentan" los ríos, quebradas y otros cauces que existen a lo largo y ancho del territorio nacional.

Dado lo anterior, debo señalar que desde la actividad que este servidor coordina, se han atendido las consultas formuladas por el recurrente, quedando al margen de cualquier criterio la situación o consultas que pudieran llevarse a cabo respecto a competencias que recaen sobre otras dependencias, tales como aprobación y estado de permisos de construcción o inspecciones para valorar las construcciones que se realicen en el cantón".

Posteriormente, mediante el oficio Nº MA-PCFU-2165-2023 de fecha 23 de noviembre de 2023, suscrito por el Ing. Emerson Bone Moya, Coordinador del Proceso de Control Fiscal y Urbano, el mismo indicó que:

"Por este medio me refiero al oficio en mención, donde hace de nuestro conocimiento el Recurso de Amparo interpuesto por el Sr. Eduardo Enrique Chinchilla Mora, contra la Municipalidad de Alajuela, donde expone la falta de respuesta a sus gestiones y solución de estas por parte de la Municipalidad, al respecto le informo:

• Que mediante el oficio Nº MA-A-4691-2023, Alcaldía Municipal, nos remite denuncia planteada por el Sr. Chinchilla Mora, el cual plantea un sin número de quejas sobre diferentes puntos del Proyecto Condominio Hacienda Garabito, de las cuales se atendió lo que es competencia de este Proceso y se le brindo respuesta a Alcaldía Municipal de las acciones realizadas, mediante el oficio N° MA-PCFU-1549- 2023, donde se procedieron a la clausura de las obras que se ejecutaban sin licencia municipal.

• Que, mediante el oficio N°MA-AAP-4487-2023, el Ing. Lawrence Chacón Soto, coordinador de Alcantarillado Pluvial, remite tramite N° 41060-2023, presentado por el Sr. Chinchilla Mora, sin embargo, por no ser soporte de este Proceso la gestión planteada, se devolvió el trámite mediante el oficio N° MA-PCFU-1816-2023, de nuevo al coordinador de Alcantarillado Pluvial para su atención.

Es importante indicar que las obras que fueron clausuradas ya cuentan con los respectivos permisos de construcción.

Adjunto copia:

• Oficio N° MA-A-4691-2023 • Oficio N° MA-PCFU-1549-2023.

• Oficio N° MA-PCFU-1816-2023.

• Actas de clausura N° 250-2023, N°251-2023, N°252-2023, N°253-2023 y N°255- 2023.

• Permisos de construcción N° MA-ACC-2259-2022, MA-ACC-1912-2023, MA-ACC-1913-2023, MA ACC-1914-2023, MA-ACC-1915 -2023".

De igual forma, mediante el oficio N° MA-PPCl-1046-2023, de fecha 23 de noviembre de 2023, suscrito por el Ing. Roy Delgado Alpízar, Director del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, plasmó lo siguiente:

"En atención a lo indicado en el oficio MA-PSJ-2666-2023 de fecha 23 de noviembre de 2023 y recibido en misma fecha por este Proceso, se procede a atender los aspectos que tienen que ver con este Proceso expuestos y consultados por el señor Eduardo Enrique Chinchilla Mora en su Recurso de Amparo interpuesto bajo el expediente Nº 23-024832-0007-CO contra la Municipalidad de Alajuela.

Antes que nada, como antecedentes a la atención del caso del señor Chinchilla sobre supuestos daños causados por la construcción del Condominio Hacienda Garabito, según consta en el expediente Administrativo custodiado por este Proceso, mediante el correo electrónico fechado el 23 de junio 2022, el Sr. Eduardo Chichilla solicitó acceso para poder revisar el expediente, APC o físico del Condominio Hacienda Garabito.

Ante esta solicitud el suscrito rindió un breve informe, vía correo electrónico sobre lo encontrado una vez analizada la información contenida en el expediente.

Para el día 26 de junio del 2022, nuevamente vía correo electrónico, el señor Eduardo Chinchilla solicita coordinar la revisión del expediente de Hacienda Garabito por lo que se le indica que la información requerida encuentra disponible en el Archivo Central.

Siendo que no es posible acceder a la información APC del Permiso de Construcción de Condominio Hacienda Garabito, el 11 de julio del 2022, mediante copia respaldada en 2 discos compactos, se le entrega al Sr. Chichilla Mora la información solicitada, ese mismo día, en horas de la noche, el Sr. Chinchilla informa que tiene problemas para poder acceder a uno de los discos compactos brindados.

Para el 02 de setiembre del 2022, mediante resolución de las 12 horas, 18 minutos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia remitió recurso de amparo interpuesto por el Sr. Eduardo Chinchilla Mora; bajo el expediente 22-018516-0007-CO, señalando la supuesta falta de atención a su solicitud de información por lo que este Proceso mediante oficio NºMA-PPCl-0741-2022 brindó el descargo de la información solicitada.

Mediante resolución de las 9 horas, 45min del 04 de noviembre 2022, la Sala Constitucional declaró Parcialmente con Lugar el recurso interpuesto, por lo que se le ordenó a la municipalidad entregar "la información completa y en formato accesible, toda la información relativa a la gestión planteada por el recurrente el 08 de julio 2021".

Para el cumplimiento de dicha sentencia el 24 de noviembre del 2022, mediante dispositivo electrónico aportado por el señor Chinchilla, este Proceso "descargó" toda la información contenido en la plataforma APC (CFIA) relacionada al proyecto Condominio Hacienda Garabito.

Así mismo, mediante oficio NºMA-PSJ-2117-2022, el Proceso Servicios Jurídicos informa sobre una nueva gestión judicial planteada por el Sr. Chinchilla por una aparente desobediencia por parte de esta municipalidad hacia la sentencia dictada por la corte suprema, sin embargo, mediante oficio N'MA PPCl-1070-2022, se informó el acatamiento de dicha sentencia por lo que, en la resolución de las 10 horas, 15 minutos del 20 de diciembre del 2022 se declaró "No ha lugar a la gestión formulada".

Ahora bien, con respecto al trámite número 37764-2023 y que motivó lo solicitado por la Sala Constitucional, las siguientes aclaraciones corresponden los puntos que se desarrollan en la Petitoria del señor Chinchilla, relativos al actuar de esta dependencia:

1. Mediante solicitud 728772-APC plataforma del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ingresa la gestión de permiso de construcción para Condominio Horizontal Residencial (construcción de 66 finca filiales primarias individualizadas). Al haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el formulario de solicitud, se otorga resolución mediante oficio N' MA ACC-2851-2020, permiso de construcción para Condominio Horizontal Residencial La Hacienda (construcción de 66 fincas filiales primarias individualizadas), SE APRUEBA CON BASE AL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL, MA-SCM-609-2020, SEGÚN ARTICULO Nº2, CAPITULO 111, SESION ORDINARIA Nº15-2020 DEL 14 DE ABRIL DEL 2020 (Construcción de 66 Fincas Filiales Primarias Individualizadas), el cual es válido y se encuentra vigente a la fecha.

2. Con respecto al suministro de agua potable del Condominio, el mismo cuenta con resolución C0- 0017-2019 del MINAE donde otorga concesión mediante pozo registro RG-982 utilizado para autoabastecimiento del condominio (400 personas).

3. Cuenta con Viabilidad Ambiental aprobada bajo Resolución Nº 2909-2019-SETENA de las 07 horas 45 minutos del 05 de septiembre del 2019, expediente administrativo NO. D1-19841-2017-SETENA por un periodo de CINCO AÑOS. En dicho documento, en el artículo tercero, inciso 1 del Considerando se indica que "El proyecto sometido al proceso de evaluación de impacto "... comprende la construcción u operación de un condominio residencial." En el inciso 4 del mismo artículo se indica en las observaciones para el estudio hidrológico que "El caudal aportado por el proyecto es menor al 1.93% y desfoga hacia la Quebrada Copeya/." En el artículo quinto se indica que "... se presentó el instrumento de evaluación ambiental documento de Evaluación Ambiental inicial y la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, de acuerdo al Manual de Instrumentos Técnicos ... se ha analizado y se ha determinado que los mismos cumplen. por lo que lo procedente en el presente caso es aprobar el instrumento de evaluación de impacto ambiental: Declaración Jurada de Compromisos Ambientales v las matrices de impacto ambiental.

presentados en el Documento D1 v otorgar la viabilidad ambiental." 4. Cuenta con Visto Bueno para Desfogue de aguas pluviales del Condominio Hacienda Garabito, mediante resolución MA-AAP-0869-2019. Resulta de importancia mencionar que el alcantarillado pluvial del desarrollo urbanístico en mención se encuentra totalmente construido, dividiéndose en 2 sectores dentro de la propiedad, cada uno de ellos con un sistema de retención independiente. Esta división se realizó para aprovechar la topografía del terreno, existiendo un sistema en el sector este y otro en el sector oeste, tal y como fue propuesto por el desarrollador al momento en que se presentó la solicitud para el visto bueno de descarga de aguas pluviales. El primer sistema observado se encuentra en el sector oeste y descarga sus aguas hacia la Ruta Nacional Nº 136, previo paso por el sistema de retención de aguas. El segundo sistema se encuentra en el sector este y descarga sus aguas hacia la quebrada que se ubica en la colindancia oeste de la finca madre donde se desarrolló el proyecto.

5. Cuenta con oficio MINAE DA- UHTPCOSJ-0813-2022 Oficina Regional San José, de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE, con fecha 6 de mayo de 2022, emite el dictamen correspondiente a la solicitud con trámite 6528-2021.

En el apartado de "Fundamento legal" se indica que "El presente criterio se emite de conformidad con la función asignada a la Dirección de Agua ... y trata de la verificación en sitio y gabinete de la existencia o no de un cuerpo natural y su estacionalidad ... " En el apartado de "Fundamento técnico" se detallan las actividades realizadas durante la visita al campo, así como las realizadas en el "gabinete" y determina que es una fuente con "DEPRESION NATURAL", "SIN NOMBRE", con un criterio de "CUERPO DE AGUA QUE NO CORRESPONDE AL DOMINIO PÚBLICO" y es "AFLUENTE DE: QUEBRADA COPEYAL".

En la sección "JUSTIFICACION" se indica que "... SE DETERMINÓ QUE SE TRATA DE UNA DEPRESIÓN NATURAL QUE FUNCIONA COMO COLECTOR DE AGUAS DE ESCORRENTÍA PRINCIPALMENTE, EN EL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN NO HABÍA FLUJO EN LA MISMA POR TANTO AUNQUE LA HUELLA DE ARRASTRE ES EVIDENTE, ES UN COLECTOR NATURAL." Finalmente, se observa una nota al final en la que se lee: "SE REALIZÓ CAMINATA EN EL CAMPO VERIFICANDO QUE SE EXTIENDE EN TODA LA COLINDANCIA CON LA PROPIEDAD DONDE SE ESTÁ REALIZANDO UN DESARROLLO URBANÍSTICO, PARA CAER LUEGO EN LA QUEBRADA COPEYAL. DEL PROYECTO HAY VARIOS CABEZALES DE DESFOGUE QUE PROVIENEN DEL CONDOMINIO HACIENDA GARABITO, ESTÁN DESVIADOS HACIA LA DEPRESIÓN NATURAL EN ESTUDIO, VERIFICABLE CON UN RECORRIDO EN LA COLINDANCIA DEL TERRENO POR SU LADO ESTE ..." 6. Ante la comunicación mediante oficio MOPT DVOP-DI-DV-PV-2022-2169 sobre una denuncia judicial relativa al desfogue pluvial del proyecto que descarga sus aguas hacia la RN # 136 (en administración del MOPT), previo a un sistema de retención de aguas, en la que indica que "... por presuntas irregularidades, se tomó la decisión de presentar una denuncia ante la Sede Judicial de San José, con el expediente 22-000-466-0619-PE, pues el oficio DVOP-DI-DV-PV2016-2181 facilitado por la Municipalidad, no coincide con el oficio en el expediente de las bases de datos que posee este Departamento", esta dependencia emitió el oficio N' MA-PPCl-0760-2022 solicitando iniciar el acto judicial que corresponda por parte de esta institución a fin de resguardar el actuar municipal; además de manera preventiva se solicita suspender la aprobación de permisos de construcción para el Condominio Hacienda Garabito, mediante oficio Nº MA-PPCl-0761-2022. Asimismo, mediante oficio Nº MA-PPCl-0762-2023 esta dependencia solicita al Proceso Control Fiscal y Urbano proceder con la clausura del condominio.

7. Por su parte, el 18 de julio del presente año el Ing. Lawrence Chacón Soto, coordinador de la Actividad Alcantarillado Pluvial emite el oficio MA-AAP-3724-2023 en atención al trámite 36115- 2023 dirigido a Inmuebles y Residencias Santa Cecilia Pacoti, mediante el cual indica que "... el visto bueno de descarga pluvial para la propiedad con plano catastrado Nº A-1750894-2014, la cual se ubica en el distrito Garita, es factible siempre que contenga un adecuado plan de manejo de aguas y cumplan con todas las regulaciones establecidas, pero se requiere para esta aprobación cumplir con todo lo que se solicita en la Boleta para Visto Bueno de Descargas Pluviales." Además, aclara que, "...tal y como lo señala la Ing. Mariela Sancho Salas, Coordinadora de Roturas de Vías del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en su oficio N' DVOP-DI-DV-PV-2022-2601, la presunta irregularidad presentada anteriormente en la aprobación de este mismo proyecto, deberá ser comprobada por parte de la Fiscalía y determinar esta, si hubo algún acto ilícito o no, sin que esto pueda considerarse como una limitan/e para que los trámites generados a partir de esta fecha puedan ser llevados a cabo de manera correcta y de acuerdo con los lineamientos legales y técnicos como corresponde." 8. Por su parte esta dependencia mediante oficio MA-PPCl-0695-2023 dirigido al Arq. Adrián Lee Bolaños, coordinador a.i. de la Actividad Control Constructivo de esta Municipalidad, le indica que "...considerando lo indicado por el Ing. Chacón Soto mediante oficio NºMA-AAP-3724-2023, "la presunta irregularidad presentada anteriormente en la aprobación de este mismo proyecto deberá ser comprobada por parte de la fiscalía y determinar esta, si hubo algún acto ilícito o no".

Así las cosas y tal como se indicó mediante oficio NºMA-PPCl-0290-2023, se le instruye para que "proceda a conocer cualquier nueva solicitud de permiso de construcción en Hacienda Garabito, a resolver conforme a derecho, verificando los requisitos técnicos(...) "según la normativa institucional." 9. Ante lo indicado en el oficio MA-AAP-3724-2023 y en complemento del oficio Nº MA-PPCl-0695- 2023, esta Dirección de Planeamiento y Construcción de Infraestructura resuelve emitir el oficio Nº MA-PPCl-0700-2023 del 09 de agosto del 2023, en el que se le indica al Arq. Adrián Lee Bolaños: ".. .relativo al trámite de desfogues pluviales y consecuentemente de permisos de construcción, específicamente aplicado al caso del Condominio Hacienda Garabito ubicado en el distrito de la Garita, finca con plano 2-005042M-000 debe tomar en consideración que se cuenta con un documento de factibilidad de desfogue emitido por el coordinador de la Actividad Alcantarillado Pluvial (MA-AAP-3724-2023), en el cual posibilita la continuidad de la tramitación, de acuerdo a los lineamientos legales y técnicos establecidos.

Esto aplica para los trámites APC 611631, 611039, 610932, 604000, 602145, 350438, así como futuros trámites similares ubicados en este proyecto residencial." Esto posibilita la tramitación a partir de esa fecha de los permisos de construcción en ese desarrollo residencial, así como su aprobación en el caso de que cumplan con la totalidad de requisitos establecidos para el trámite de permisos de construcción, hasta tanto un tribunal competente emita alguna resolución con respecto a si los hechos denunciados constituyeron o no un acto ilícito.

10. Según inspecciones realizadas en sitio y plasmadas en el informe INF: l-177-2023-DGP del CFIA, la propiedad del señor Eduardo Chinchilla se ubica al lado norte del proyecto Hacienda Garabito, colindante con la quebrada Copeyal de la que es afluente la quebrada natural de desfogue del proyecto y que, al desbordarse al parecer afecta el terreno donde habita este ciudadano. Considerando que, según Viabilidad Ambiental de SETENA basada en el Estudio Hidrológico realizado para el proyecto urbanístico de interés, en el artículo 3, inciso 4 de dicha resolución se indica en las observaciones para el estudio hidrológico que "El caudal aportado por el proyecto es menor al 1.93% y desfoga hacía la Quebrada Copeyal. ", no vemos como un aporte tan insignificante de caudal aportado por el proyecto pueda afectar la propiedad del señor Chinchilla, mucho menos si se considera que el diseño pluvial considera estructuras de retención, tal como se indica en el Visto Bueno de Desfogue otorgado según oficio MA-AAP- 0869-2019. Tampoco demuestra el señor Chinchilla mediante un estudio hidrológico o similar, con datos fehacientes basados en mediciones históricas de caudales y lluvias en la zona, cómo el desarrollo de dicho proyecto vino a cambiar las condiciones de su propiedad con que contaba antes de este, por lo que no se puede distinguir si de previo a la construcción de ese condominio ya contaba con problemas de inundación debido a causas ajenas al desarrollo de dicho proyecto.

Figura 1. Ubicación de la propiedad del señor Chinchilla con respecto a las quebradas de la zona y el proyecto urbanístico Condominio Hacienda Garabito Fuente: informe INF: I-177-2023-DGP del CFIA En definitiva, considera el suscrito que el ciudadano Chinchilla Mora se ha limitado a emitir juicios de valor, tanto de los criterios vertidos por funcionarios municipales como de una posible afectación que no llega a demostrar de manera fehaciente debido a un desarrollo vecino, que si bien representa un problema a resolver, se deben determinar las causas reales mediante métodos científicos y procedimientos elaborados por personal profesional experto en la materia, no aportados a la fecha por el señor Chinchilla".

En virtud de lo anterior, mediante el oficio Nº MA-A-7361-202, la Alcaldía realizó las labores respectivas, para dar respuesta al trámite Nº 37764-20233, de la siguiente manera:

"En atención al oficio Nº MA-PSJ-2663-2023, mediante el cual nos informa acerca del recurso de amparo interpuesto por el Sr. Eduardo Chinchilla Mora, el cual se tramita en el Expediente Nº 23- 024832-0007-CO, le informo lo siguiente:

Efectivamente, el recurrente presentó el Trámite Nº 37764-2023 con fecha 26 de julio del presente año, en el cual solicita una serie de aclaraciones con respecto a la información proporcionada mediante los oficios N° MA-A-1246-2023 y N° MA-PSJ-0395-2023, los cuales constituyen los informes emitidos por esta Alcaldía y el Proceso de Servicios Jurídicos con respecto a su denuncia por aparentes irregularidades en la tramitación de permisos del Condominio Hacienda Garabito (folio 01 a 56 del expediente administrativo conformado con ocasión del presente recurso de amparo).

Con el fin de atender las consultas del Sr. Chinchilla Mora, esta Alcaldía emitió el oficio Nº MA-A-4691- 2023 con fecha 01 de agosto del presente año, mediante el cual se solicitó la información necesaria a los funcionarios: Licda. Johanna Barran/es León, Coordinadora del Proceso de Servicios Jurídicos, Ing. Roy Delgado Alpízar, Director del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, Arq. Adrián Lee Bolaños, entonces Coordinador a.i. de la Actividad de Control Constructivo, Ing. Emerson Bone Moya, Coordinador del Proceso de Control Fiscal y Urbano, el Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador Actividad de Alcantarillado Pluvial. Adicionalmente, se realizó un recordatorio de la solicitud por medio del oficio Nº MA-A-5756-2023 con fecha 13 de setiembre del año en curso, dirigido al Ing. Delgado Alpízar (folio 46 a 58). De ambos documentos se remitió copia al correo electrónico que el recurrente señaló para recibir notificaciones en fechas 07 de agosto y 14 de setiembre, respectivamente (ver folios 56 y 58).

Como respuesta se confeccionó el oficio Nº MA-A-7341-2023 con fecha 24 de noviembre en curso, mediante el cual se atendió el trámite de referencia, así como los Trámites N° 43454-2023, N° 43455- 2023 y el oficio de la Contraloría de Servicios N° MA-PCS-46-2023, que se relacionan con el mismo tema, el cual fue notificado al Sr. Chinchilla Mora a las 14:33 horas del 24 de noviembre de 2023, según consta en el respectivo comprobante de envío (folios 59 a 87).

Por tal razón, se evidencia que la solicitud de información planteada por el Sr. Chinchilla Mora ha sido atendida debidamente por este Despacho.

Adjunto el expediente original conformado con ocasión del presente recurso de amparo, el cual contiene 87 folios".

Conviene indicar que, al señor CHINCHILLA MORA, siempre se le ha brindado toda la información que ha requerido y se han contestado las gestiones interpuestas ante este Municipio desde el año 2021.

Se comprueba y se visualiza que, siempre se ha respetado el derecho de petición que emana del artículo 27 de la Constitución Política, por cuanto se hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse, por escrito, a cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés; esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta. pero esto último no significa una contestación favorable; en otras palabras, lo que se garantiza es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, como es el caso del recurrente, aun cuando, el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede coartarse por la administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos.

En el presente asunto, el recurrente reclama que no se le ha brindado respuesta al trámite Nº 37764-2023, sin embargo, la Alcaldía procedió a emitir el oficio Nº MA-A-7341-2023 y se procedió a realizar la notificación respectiva al medio señalado para tales efectos ([email protected]) (VER COMPROBANTE DE ENVÍO).

Se desprende de la misma prueba aportada por el recurrente que, las múltiples inquietudes realizadas por medio de varios trámites van todas, en la misma línea; sin embargo, al parecer, no han sido del agrado del recurrente puesto que deja ver en sus gestiones, que no se encuentra conforme con las respuestas y criterios técnicos dados por esta Municipalidad. El recurrente, a su parecer considera que no es la respuesta que quiere que le brinden, no obstante, no es un tema antojadizo de la administración, por cuanto se le brinda la información correspondiente con base en los insumos que se tengan, incluso sus denuncias han repercutido en instancia judiciales.

La Alcaldía desde el 23 de noviembre de 2022, mediante el oficio Nº MA-A-6092-2022, solicitó a funcionarios municipales, información sobre las supuestas irregularidades denunciadas por el señor CHINCHILLA MORA, incluso dicho oficio fue remitido con copia a la Auditoria Interna de esta Municipalidad, lo anterior se realizó en razón del oficio Nº MA-PSJ-2042-2022 emitido por el Proceso de Servicios Jurídicos, de la siguiente forma:

"Visto el Oficio N° MA-PSJ-2042-2022, remitido por el Proceso de Servicios Jurídicos (copia adjunta), relacionado con supuestas irregularidades en la aprobación del visto bueno para descarga de aguas pluviales y el permiso de construcción otorgado al "Proyecto Urbanístico Hacienda Garabito", Distrito La Garita (de la Plaza de Deportes de la localidad, 2 Km hacia Turrúcares), les SOLICITO:

1)Al Ing. Delgado Alpízar:

1.1) Realizar inspección en el sitio y rendir informe técnico acerca de la situación actual del proyecto "Condominio Hacienda Garabito", específicamente en cuanto al tema de descarga de aguas pluviales y que cuenta con aprobación según el oficio N° MA-AAP- 246-2017. Comunicar dicho informe (resultados obtenidos, principales hallazgos y conclusiones) a la Ing. Ana Mariela Sancho Salas, Coordinadora de Roturas de Vías del Departamento de Previsión Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte -y demás instancias que así considere pertinente-; así como al Proceso de Servicios Jurídicos de nuestra institución, para lo que se indicará en el punto 2.

1.2) Custodiar la totalidad de los expedientes originales del proyecto "Condominio Hacienda Garabito" y permisos de construcción, así como toda la tramitología realizada ante esta Municipalidad y los permisos municipales aprobados. Preparar los documentos en conjunto con el Ing. Lawrence Chacón Soto a efectos gestionar ante la Secretaría del Concejo Municipal, una copia certificada de todos los expedientes originales y remitirla al Proceso de Servicios Jurídicos, a fin de que dicha dependencia cuente con la prueba documental necesaria para remitir el caso ante las Autoridades Judiciales, conforme al punto 2.

1.3) En lo que respecta a las solicitudes de licencia municipal de construcción pendientes o nuevas del proyecto "Condominio Hacienda Garabito", mientras persista la ausencia temporal del Arq. Marvin Alonso Barberena Ríos, Coordinador de la Actividad de Control Constructivo, proceda a conocer la gestión y resolver conforme a la normativa aplicable, verificando los requisitos técnicos y legales, y tomar en cuenta que para la fecha -y según el Oficio Nº DVOP-DI-DV-2022-2169 de la Ing. Ana Mariela Sancho Salas, Coordinadora de Roturas de Vías, del Departamento de Previsión Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte-, para realizar trabajos en derecho de vía de desfogue pluvial al sistema existente, nos ponen en conocimiento que "(.. .) según las bases de datos revisadas, no se tiene registro de la aprobación de dichas obras por parte de este departamento (...)". Es decir. no cuentan con la respectiva aprobación por parte del MOPT.

2)A la Licda. Barrantes León:

Una vez que el Ing. Delgado Alpízar y el Ing. Chacón Soto hayan cumplido con los ítems 1 y 2 del punto anterior, preparar los escritos correspondientes para que la Municipalidad de Alajuela se ponga a disposición de las Autoridades Judiciales, dentro de la denuncia promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según lo indicado en el oficio N° DVOP-DI-PV-2022-2169, Expediente N° 22-000466-0619-PE, ante la Sede Judicial de San José, considerando las irregularidades en el oficio N° DVOP-DI-DV-PV-2016-5181, por los presuntos delitos de Falsificación de Documento Público y Uso de Documento Falso, en la tramitología de los permisos ante dicho ministerio y esta corporación -respectivamente-, dentro del "Proyecto Condominio Hacienda Garabito".

3)Al Ing. Bone Moya:

Con respecto a las construcciones de infraestructura que se estén realizando en la actualidad en el "Condominio Hacienda Garabito" y que no cuentan con licencia de construcción, proceder con los apercibimientos de ley y posterior clausura, de conformidad con la normativa que rige la materia y siguiendo del debido proceso. Mantener comunicación al respecto con el Ing. Roy Delgado Alpízar, Coordinador del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura y el Proceso de Servicios Jurídicos.

Mediante copia de las presentes instrucciones se comunica al Concejo Municipal y la Auditoria Interna, con respecto al punto 7 del citado oficio de Servicios Jurídicos".

Posteriormente, mediante escrito presentado ante la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José (Materia Penal), en fecha 11 de abril de 2023, la Municipalidad se puso a disposición de dicha autoridad judicial, con el fin de colaborar con la investigación penal dentro la denuncia interpuesta por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que se tramita bajo el expediente N° 22-000466-0619-PE (VER PRUEBA ADJUNTA). Incluso en fecha 17 de abril del 2023, se adjuntó el oficio Nº MA-PPCl-0289-2023 del 30 de marzo de 2023, mismo que fue dirigido a la Ing. Ana Mariela Sancho Salas, Coordinadora de Roturas de Vías Previsión Vial del MOPT.

En virtud de lo anterior, es de suma importancia mencionar que la Administración, ha cumplido a cabalidad con la tramitación de todas las gestiones realizadas ante este Municipio, incluso que como Municipalidad nos pusimos a disposición de las autoridades respectivas desde el mes de abril del año en curso, a efectos de colaborar en lo que corresponda.

Queda demostrado que la Municipalidad de Alajuela, ha sido diligente y ha realizado las labores propias atinentes a su competencia, sin embargo, el recurrente interpone el recurso de amparo para causar confusión y con ello que se condene a la Municipalidad aun cuando ésta, está realizando todas las gestiones y ejecuciones pertinentes en los plazos y con la información que se tiene en custodia de los departamentos correspondientes.

Por lo que, las gestiones y respuestas brindadas por esta Municipalidad, se dan con base en fundamentos técnicos, y no como el recurrente lo desea y es como debe de hacerse, pero el desacuerdo del recurrente con los términos de las respuestas dadas por la autoridad recurrida no tiene, por sí mismo, la virtud de causar menoscabo a la garantía mencionada, no lleva razón el recurrente, por lo que solicito, que el Recurso de Amparo sea declarado Sin Lugar.” 5.- Por escrito presentado el 03 de diciembre de 2023, la parte accionante señala lo siguiente: “(…) manifiesto análisis personal al respecto de la respuesta entregada por el alcalde Humberto Soto Herrera en representación de la Municipalidad de Alajuela y como contraparte para mejor resolver, siendo que considero sumamente importante exponer y contradecir argumentos y hechos que no termino de asimilar cómo bajo la prevención de que las respuestas brindadas son consideradas bajo juramento y las consecuencias de la falsedad o inexactitud caen en penas de perjurio y falso testimonio con las consecuencias que ello pueda traer, esta administración municipal presenta un informe del espurio nivel manejado.

Inicialmente considero de suma importancia, aunque no forme parte del fondo de este amparo, previo a referirme a la respuesta entregada por el alcalde municipal, hacer un breve comentario a forma de sinopsis rápida del nivel escalado por ahora y fuera del alcance de este Tribunal, para este caso, con toda su ilegalidad.

Curioso que esta administración municipal, ellos sí, en el afán de confundir, habiendo enviado y haberse pronunciado con la cantidad de documentación de hechos a los que se refieren y que no forman parte de respuesta a mis petitorias, ni tampoco evidencia concreta de haber entregado respuesta, opten por no mencionar el nivel al que ha escalado este caso que catálogo de corrupción; no se pronunció en nada de toda la ilegalidad de este caso, mismo que tiene en investigación y en análisis de temas, a la Fiscalía Anticorrupción, al Departamento de Fraudes del OIJ en atención de la demanda penal interpuesta por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por el delito de falsificación y uso de documento público, no se refiere a la investigación al desarrollador y “profesionales” denunciados e investigados sus actos, actualmente por el CFIA, institución a la cual este municipio no ha querido de igual forma entregar la información solicitada y requerida desde setiembre pasado. Ver sección Prueba adicional para ser considerada. Curioso ver como aportan una viabilidad ambiental y una resolución de la Comisión Plenaria de SETENA, pero ignoran el periodo de seguimiento de 5 años que es justamente para evaluar ilegalidades como las presentes en este caso que traen daño ambiental, pero no se refieren en nada a que dicha viabilidad ambiental, fue enviada a investigación por parte de dicha Comisión Plenaria y está en etapa de denuncia, análisis e investigación ante SETENA y con solicitud de revocatoria y apelación en subsidio ante el ministro de Ambiente y Energía, por daño ambiental. Ver sección Prueba adicional para ser considerada. Curioso que le restan importancia al hecho de pese a toda la ilegalidad de la que forma parte este municipio, haya optado este alcalde con negar una investigación interna de los responsables por las irregularidades que existen desde el área municipal (aun cuando el proyecto urbanístico fue aprobado con vicios de documentación por parte de la municipalidad y con trámites o requisitos pendientes). Curioso como debí acudir en recurso de amparo para conocer cuál es el estado actual del proyecto, si clausurado o vigente, dado que inclusive en pleno conocimiento de ilegalidades y abuso sobre fincas privadas, vuelven a emitir irresponsablemente un aval sobre un desfogue pluvial obtenido sobre la base de delito. Adicionalmente aun siendo evidente y se enfocan en defender y encubrir el ilícito municipal, lejos de corregirlo.

Al margen del documento entregado:

Adicionalmente previo a pronunciarme respecto del caso que nos ocupa, en función de evidenciar a este Tribunal, de la nefasta agonía de revisar las seudo “respuestas” que usa entregar esta administración municipal, sufre este Tribunal en experiencia propia, lo resalto y hago ver el incumplimiento e irrespeto de lo solicitado, en cuanto a referirse de forma “...foliada, en estricto orden cronológico de la documentación...”, y en negrita y subrayado advertido “... relacionados estrictamente con el objeto de este recurso...”. Un documento que, lejos de atender su solicitud, se aporta bajo absoluto descuido e irresponsabilidad de conformación y estructura, en un archivo de imágenes escaneadas (inclusive con numerosas hojas en blanco intermedias), que no permiten la ubicación eficiente de lo señalado o argumentado en algún apartado, ni siquiera hacer una búsqueda directa de información, por tratarse de imágenes y numeración desfasada por hojas en blanco, con documentos que no corresponden en nada al caso, por ejemplo MA-PCFU-1816-2023, documentos de “evidencia” sin firma de responsables, o documentos repetidos. Documentos enviados y devueltos entre dos jefaturas, argumentándose entre ellos, que esos temas no le corresponden, exactamente en los oficios No MA-PCFU-1816 y MA-AAP-4487- 2023, pero peor aún, sin ser documentos de este caso.

Sobre un bagaje de papeles de esa naturaleza, es que he debido buscar respuestas a mis consultas, en anteriores basureros de información canalizados, sin ningún orden ni congruencia a mis consultas, ni mucho menos contenido.

Al margen de la respuesta entregada:

Claramente se centra este caso en la falta de respuesta a mis trámites y petitorias recientes puntuales y su violación del plazo establecido por ley para ser atendidas. (Trámites No 0037764-2023 del 26/07/2023 y No 0046754-2023 del 19/10/2023).

Concretamente, léase en la página 7, párrafos tercero y penúltimo de la respuesta entregada por la administración municipal a esta solicitud de amparo, lo siguiente: (…)

Simplemente, suficientes estos dos párrafos para dar por demostrada y probada, la violación al derecho de petición y respuesta, amparado en ley 9097 Ley de regulación del derecho de petición. Queda demostrado, las fechas de entrega de “respuesta”, e inclusive a quién se le respondió. Al día de hoy, es, a través del informe de respuesta de este recurso de amparo, que puedo acceder 4 meses después, de mi petitoria, a las respuestas que está entregando esta administración municipal. Respuesta ofrecida, bajo presión ante recurso de amparo y a destinatario equivocado (una vez más), a saber, si es por estrategia o por “error” humano.

Al día de hoy está entregando y demostrando este alcalde, con el oficio referenciado en la página 7, párrafos tercero y penúltimo, oficio No MA-A-7341-2023 con fecha 24 noviembre del 2023, por primera vez referir que, éste es en respuesta a mi segunda petitoria (ignorada por completo trámite No 0043454), adicionalmente de forma inaudita, tienen el disparate de indicar: “Por tal razón, se evidencia que la solicitud de información planteada por el Sr. Chinchilla Mora ha sido atendida debidamente por este Despacho”, cuando justamente, aportaron la prueba de haberlo enviado a otro destino cuatro meses después. Vaya forma de probarle a la Sala Constitucional, por ellos mismos, el incumplimiento de respuesta a mis petitorias, mediante un documento además de abusivamente extemporáneo (solicitado en setiembre 19; “respondido” en noviembre 24, cuatro meses después), obligado ante un recurso de amparo y enviado a otra persona. No siendo suficiente, la magnitud de violación a los plazos de respuesta, evidencian en esta entrega, el manejo que se le ha dado a mis petitorias, entregando una respuesta a un destinatario equivocado y así mediocremente y sin reparo se aporta como prueba ante este Tribunal. Hago uso de su propia anotación “(VER COMPROBANTE DE ENVíO”) y le solicito a este Tribunal, confirme una vez más, mediante consulta (última página de informe o documento total de respuesta al recurso), a quién le fue notificado el nuevo oficio supra citado, y con ello a su vez el manejo que se ha dado reiteradamente, por este municipio a las supuestas respuestas enviadas.

No es de recibo para justificar la desatención de trámites pasados, el reciclado de seudo respuestas, con las que conforma la administración municipal un nuevo oficio (No MA-A-7341-2023) de forma extemporánea y sobre el que pretende sustentar al día de cómo bajo estos parámetros, tienen el atrevimiento de señalar, “Por tal razón, se evidencia que la solicitud de información planteada por el Sr. Chinchilla ha sido atendida debidamente por este Despacho”, cuando ante este Tribunal es claramente obvio que el citado oficio surge y está acudiendo debido y sobre el tiempo otorgado para responder requerido en amparo, dos días después de haber sido notificado de la violación al derecho de petición, pero también, evidencian en este documento, ahora sí, referirse a la mayoría de consultas realizadas y concretamente a las petitorias planteadas por mi persona, mismas que en el vaciado de documentos que anuncié previamente en el escrito de interposición, NUNCA, se pronunciaron al respecto y en dicho vaciado de documentos, tampoco se incorporaron oficios que ahora en esta respuesta, sí están apareciendo.

Solicito respetuosamente a este Tribunal, no pierda de atención el incumplimiento en plazos de respuesta, pues claramente cada trámite tiene la fecha de gestión y no aporta la Municipalidad de Alajuela, prueba evidente de respuesta a mi persona, más que gestiones internas municipales, otras, canalizadas algunas erróneamente a otro destinatario y alcanzamos cuatro meses para una respuesta final, que de igual forma se sustentan algunas sobre opiniones personales y no sobre respuestas técnicas ni documentadas . De igual forma juega e irrespeta la Municipalidad de Alajuela y evidencia los tiempos que se toma para entregar aun sin que sea efectiva, una “respuesta” a un usuario, en una clara y absoluta violación a lo establecido por la ley 9097 Ley de regulación del derecho de petición.

Podría dejar este manifiesto acá y sería suficiente para que este Tribunal basado en mi escrito y pruebas, pero adicionalmente en la misma respuesta entregada por la Municipalidad de Alajuela, considere por demostrada y respaldada mi solicitud de amparo, sin embargo, detallo el tema y queda a discreción de este Tribunal, continuar con la lectura de mi análisis, lo cual considero importante pues inclusive le aporto si a bien lo tiene recibirla, nueva prueba relacionada a este caso en cuanto a la investigación que se realiza en diferentes instituciones; y brindo otro ejemplo de la violación al derecho de petición, que es usual generar por parte de esta municipalidad, donde claramente se encuentran a la espera de respuesta por parte de la Municipalidad de Alajuela a la solicitud de información de este caso. Pero también dado que ellos mismos lo retrotraen a tema, me refiero al caso de la Defensoría de los Habitantes.

Queda claro y evidenciado con la respuesta entregada por la administración municipal, haberse violentado mi derecho de petición y respuesta, al no aportar prueba alguna de entrega de respuesta a mis gestiones y cuando así simuló hacerlo, fue bajo un vaciado de documentos con información que, al ser interpretada, no respondía tan solo a un punto; y otro a medias, de la totalidad de doce consultas presentadas; esto de igual forma bajo violación de plazos, cuándo insinuó responder, por cuanto el trámite No 0037764-2023 solicitado el 26 de julio del 2023, fue “supuestamente contestado” hasta el día 13 de setiembre del 2023 (50 días después), y el segundo trámite No 0043454 aunque advertí falta de respuesta canalizado desde el 19 de setiembre del 2023, dejado sin atender por completo, hasta la fecha de respuesta de esta solicitud de amparo (2 meses después (63 días exactos adicionales al primer plazo consumido)). No ha estimado, pero adicionalmente no pudo, esta administración municipal, aportar prueba alguna que demuestre haber respondido mis petitorias en plazo, oportunidad ni mucho menos con contenido en su momento, tal y como el ordenamiento jurídico lo establece; y ha quedado demostrado con la propia respuesta ofrecida por ellos, que ratifica los argumentos aportados por mi persona en escrito de interposición.

Vale resaltar, contrario a lo que manifiesta este alcalde cuando dice que mi acción es con el fin de causar confusión y que se condene a la municipalidad, que, si el simulacro de réplica entregado el 13 de setiembre, hubiese contenido respuesta a las consultas, la violación del plazo se hubiera podido pasar por alto, pero la absoluta burla e irresponsabilidad con la que juegan y abusan del ciudadano, es la que me obliga a hacer valer mis derechos fundamentales, por cuanto ni respondieron con congruencia, ni tampoco se interesaron en el segundo trámite, donde apelaba nuevamente por respuesta, dada la insuficiencia de lo aportado previo. Pero adicionalmente he podido demostrar mediante prueba, que la Municipalidad de Alajuela, violenta el derecho de petición y respuesta de los ciudadanos, sin importarle en algunos casos el nivel de autoridad o institución que le esté requiriendo.

Haciendo uso de la misma respuesta entregada por el recurrido, no solo están quedando en evidencia sino también entregando respuestas en este acto, pero no pueden demostrar haberlo hecho anteriormente, en respuesta dirigida a mi persona, y prueba de ello es que tampoco aportan concretamente pruebas de haber canalizado a mi correo electrónico oficial, documentos directos con respuestas concretas a mis consultas. Nótese como algunos de las supuestas pruebas aportadas de envío de documentación, es a correos electrónicos erróneos al establecido oficialmente. Pero también nótese como ahora sí, aparece una serie de documentos, anteriormente NO enviados en el anterior “basurero” y vaciado de documentos que me remitieron en su momento bajo el oficio MA-A-05710-2023.

Se demuestra por ejemplo con la entrega y uso del oficio No MA-AAP-5448-2023, que cualquier respuesta por vaga e incoherente, es respuesta funcional y dada por válida para estas personas y para la administración municipal. No es de recibo, referirse en respuesta, tomar informes o consultas de un caso ajeno al que nos ocupa tan solo por haber sido de igual forma tramitado por mi persona, al referir por ejemplo el tema de la Defensoría de los Habitantes (aun así, me voy a referir adelante, pues fue otro vivo ejemplo de violación al derecho de petición, pero esa vez, a la Defensoría de los Habitantes, demostrando en tema de brindar respuestas, el nivel de impunidad, al que se atreve pisotear esta municipalidad y administración). Ver sección Prueba adicional para ser considerada. Tampoco argumentar que las consultas planteadas por mi persona en los trámites que nos ocupa, ya fueron contestadas mediante la respuesta que ofrecieron en un recurso de amparo anterior, cursado hace un año atrás, pues cualquier persona puede generar la cantidad de trámites que considere pertinentes y atinentes a un caso, en función a dar seguimiento al mismo, sin restricción alguna.

Solicito respetuosamente a este Tribunal, sean revisados los oficios sobre los que principalmente basa y sustenta este alcalde respuesta a este recurso de amparo y a mis petitorias (reitero, de forma obligada) en su nuevo oficio el No MA-A-7341-2023 y sean contrastados contra los contenidos en el repositorio desordenado y sin congruencia Oficio MA-A-5710-2023, con el que supuestamente se pronunció en el pasado a mi primer trámite del que nos ocupa, y se podrá constatar la falta de respuesta a mis petitorias en cuanto a contenido y congruencia de las consultas planteadas, pues aunque los nuevos oficios que ahora aparecen, hayan sido gestionados entre dependencias municipales en meses pasados, NUNCA, fueron enviados, ni individual ni conjuntamente con todo el “basurero de papeles” enviado a mi persona, que debí revisar y no traían respuestas a mis consultas, como los ahora entregados. Entonces podrá entenderse y comprobarse la falta de contenido en función del sustento a mis consultas.

Desde un inicio en el escrito de interposición, bajo el aparto 4 de hechos del recurso, ya hice ver la estrategia utilizada por la Municipalidad de Alajuela, para distraer ofrecer respuestas claras y contundentes a consultas, siendo que el interés primordial puede obedecer a encubrir actos irregulares. De esta forma, no descarto que la manipulación tan mediocre de “ofrecer” supuestas respuestas a un correo electrónico equivocado, sea una estrategia más de distracción, que harán evidente y se escudarán en el error, sólo en caso de verse presionados por la autoridad correspondiente, caso contrario, vacilan y abusan del ciudadano a su conveniencia. Ridículamente están utilizando la misma estrategia ante este Tribunal, sólo así es entendible dicho accionar de tan bajo profesionalismo. Finalmente, no siendo estrategia, es bajo esta irresponsabilidad que he sido sometido a la falta de réplica y se quedan sin entregar respuestas o contestar trámites, aunque de igual forma, posiblemente hubiera sido sin mayor contenido.

Ahora se luce evidenciando a este Tribunal, que es solo hasta estar obligado a entregar respuesta y sin entender como por un lado niegan no haber entregado respuesta, o más bien, tal y como lo dicen haber respetado siempre mi derecho de petición, a la vez vienen a entregar un informe oficio No MA-A-7341- 2023, con fecha 24 de noviembre del 2023, DOS DIAS DESPUES DE HABER SIDO RECURRIDO BAJO SOLICITUD DE AMPARO, pero no solo eso, evidencian también lo que he alegado, que NO he sido notificado, pues al día de hoy no recibo en mi correo electrónico oficial, ningún documento con dicha respuesta ni numeración, el mismo lo he venido a conocer por medio de esta respuesta entregada a este recurso, pero reitero no me ha sido notificado tal y como lo hacen ver, PERO ADICIONALMENTE por favor tome nota este Tribunal el nivel de calidad, seriedad, descuido y atención brindada, que la supuesta notificación que realizan del citado oficio, y que increíblemente se le aporta a la Sala Constitucional como prueba, habiendo sido enviado a un correo incorrecto (de paso a un propio funcionario municipal Eduardo Méndez [email protected]) y no a mi persona tal y como lo hacen ver. Situación que constato al revisar el anexo aportado. Pero de igual forma, si hubiesen hecho una notificación correcta, es un documento originado a raíz de una respuesta de un recurso de amparo, NUNCA, una respuesta en tiempo y oportunidad, según lo establecido por ley.

Ya en otra oportunidad tuvo este alcalde la oportunidad de confundir a la Sala Constitucional y librar a la municipalidad de Alajuela de la irresponsabilidad de no responder con congruencia mis solicitudes, sin embargo, tiene este Tribunal en este caso, el material suficiente para dilucidar si las diligencias presentadas fueron resueltas en plazo y contenido. Ya se le hace habitual, acudir al argumento y muletilla de que no porque las respuestas o supuestas acciones, no sean de mi agrado, no significa que no se haya respondido, lo que he demostrado es que la estrategia abusiva que se utiliza, consiste en el desgaste del usuario mediante la distracción de las respuestas ofrecidas tendientes a sustentar con vacío o evasivas, las consultas planteadas.

No presentó este alcalde, prueba alguna de haber respondido mis consultas en la descarga a esta solicitud de amparo, pero SI quedó absolutamente demostrado, que es mediante esta respuesta y en este acto, que me están brindando y entregando las respuestas básicas solicitadas a la mayoría de las consultas generadas. Lo que constituye por sí misma la prueba de violación a mi derecho fundamental de petición y respuesta. El recurso de amparo aquí tramitado NO es para entregar la respuesta nunca ofrecida (obviamente se obtiene como resultado), sino, además, para que demostraran no estar violando los derechos de un ciudadano y haber entregado y cumplido con las solicitudes del usuario bajo lineamento de ley, caso que queda evidenciado no fue así, por la falta de prueba que así lo demuestre.

Habiendo tenido la oportunidad de demostrar la respuesta a mis trámites de petición y respuesta, esta alcaldía ha optado, ahora sí, haciendo uso de sus propias palabras, por confundir, entregando un extenso manojo de documentos y argumentos que efectivamente tienen que ver con el fondo de TODA la ilegalidad del caso que nos ocupa, pero no constituyen sustento de prueba para demostrar clara y tácitamente haber entregado respuesta a mis peticiones, ni en tiempo, ni oportunidad, ni contenido, sino que más bien la misma respuesta aportada, demuestra la absoluta violación de los plazos de respuesta y la ausencia de la misma, así como la nula congruencia de lo consultado versus lo contestado en el pasado.

Se luce este alcalde y quienes conforman las ineptas respuestas que ofrece, que el tema acá NO es que mis múltiples gestiones vayan en una misma línea, sino que, la línea que sigue la municipalidad de Alajuela para ofrecer una seudo respuesta, está viciada y cargada de ineptitudes, que dejan en desventaja al ciudadano, lo dejan sin respuesta y debiendo recurrir “n” cantidad de veces para lograr atención, aunque sea solo para luego digerir los argumentos inútiles con los que pretenden encubrir las múltiples irregularidades que suceden dentro de ese municipio y como se obtienen fraudulentamente algunos permisos, todo ello logrado por medio de la falta de respuesta, cuándo son consultados al respecto.

No es bajo presión y obligación por parte de un Tribunal, que deben generarse las respuestas a las consultas de los ciudadanos, no es bajo la obligatoriedad de respuesta de un recurso de amparo que debe cumplir con el ordenamiento jurídico una institución pública, lo cual queda demostrado en esta respuesta de amparo ofrecida, misma que denota, que, de no ser por intervención judicial, el trámite permanecería en el limbo y sin respuesta al día de hoy.

No solo se acude en recurso de amparo para obtener las respuestas no entregadas a las petitorias, sino también, para que sean sentadas las responsabilidades del caso, principalmente al tratarse de una institución que maneja la estrategia de no responder a las solicitudes indistintamente del nivel de autoridad del que se trate, tal y como lo he podido documentar en esta contra respuesta Aporté en su momento prueba documental mediante copia de los respectivos documentos y boletas de trámite, en los cuales quedó plasmado la fecha de solicitud y la fecha de supuesta “respuesta”, lo que evidenció a este Tribunal el primer incumplimiento en plazo, pero finalmente al reiterar la solicitud en un nuevo trámite donde advierto de la falta de respuesta, nuevamente se comprueba ahora tres partes del incumplimiento del derecho de petición y pronta respuesta, los cuales son: los plazos de respuesta, el contenido de la respuesta como tal, pero adicionalmente se comprobó ausencia de respuesta por completo, al dejar en ignorado, el segundo trámite (No 0043454-2023) que a su vez reclamaba el incumplimiento del primero (No 0037764-2023).

Adicionalmente es importante hacer ver que, diferente a lo que se pretende hacer entender por las personas aquí en respuesta, un ciudadano puede acudir en trámite de consulta y requerimiento de explicaciones las veces que considere necesarias, principalmente si sus requerimientos no han sido resueltos o como es el fundamento y fondo de este caso, existe material suficiente de irregularidades y temas de investigación. Por lo tanto, no es de recibo que estas personas pretendan CONFUNDIR, argumentando que se han referido en reiteradas ocasiones sobre mis consultas, por cuanto así lo debieron demostrar habiendo tenido la oportunidad, y haber responsablemente entregado las pruebas correspondientes. Caso contrario, yo si he aportado tanto en el caso de amparo anterior (tramitado por otro delito) y para este, con las respuestas sin contenido que se me han ofrecido una y otra vez, la falta de respuesta completa y principalmente la violación de plazos de respuesta.

Por lo demostrado, solicito nueva y respetuosamente a este Tribunal, declarar con lugar el presente recurso de amparo, una vez demostrada la falta de respuesta en forma, plazo y contenidos, prueba mostrada inclusive por el mismo recurrido.” 6.- Por escrito presentado el 10 de abril de 2024, la parte recurrente indica lo siguiente: “(…) Haciendo una constante revisión en el sistema de consulta en línea he podido evidenciar un proceso abandonado y falto de movimiento en procura de una resolución.

Habiendo aportado la prueba contundente y siendo que la misma respuesta ofrecida por el recurrido, confirmó toda la irregularidad, se consideraba podía ser un caso con una respuesta a obtenerse de forma muy oportuna, sin embargo, es de preocupación ver como alcanzamos seis meses de trámite y no se vislumbra movimiento alguno, en cuyo caso una respuesta definitiva se demorará aún más.

Opto por presentar solicitud de informe o consulta al respecto del manejo de este expediente, por cuanto el fondo de este recurso conlleva la obtención de respuestas para avance en un caso penal contencioso a presentarse ante los tribunales correspondientes, que entre otras cosas debía iniciar con el descargo de responsabilidad por parte del alcalde responsable por los ilícitos de fondo, sin embargo aunque tenemos claro que la responsabilidad recae sobre la institución misma que dicho funcionario representa, hubiese sido oportuno la presentación e inicio de proceso de éste, previo a dejar el ejercicio de su función el próximo primero de mayo.

Lo anterior lo explico a modo general, tengo muy claro que no corresponde a este Tribunal el análisis legal más allá del alcance de los hechos elevados dentro del recurso mismo o que tampoco está sujeto este Tribunal a resolver según necesidades de terceros, pero si se ha generado incertidumbre para el caso y es notaria, por falta de avance en resolución como tal.

Espero no importunar con esta solicitud, sin embargo, considero necesario se ofrezca un estado general de la situación que ocurre al respecto.” 7.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que el 26 de julio de 2023, inició un proceso en la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Alajuela, presentando una denuncia y una serie de consultas al alcalde sobre irregularidades en la aprobación de un proyecto urbanístico en La Garita de Alajuela. Este proyecto, denominado Condominio Hacienda Garabito, fue señalado por supuestas adquisiciones y otorgamientos irregulares de permisos de construcción y otros aspectos. El recurrente exige respuestas documentadas a sus preguntas sobre las acciones municipales tomadas respecto a estas irregularidades y denuncias previas. Además, acusa al municipio de no iniciar investigaciones internas necesarias y de permitir continuamente el desarrollo del proyecto a pesar de los daños ambientales y perjuicios a bienes privados causados. La falta de respuestas concretas y la emisión de oficios presumiblemente falsos por parte de la alcaldía llevaron al recurrente a presentar una solicitud adicional en septiembre de 2023, en la que reitera sobre lo consultado en su gestión anterior, por lo anterior solicita la intervención de este Tribunal.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

El 26 de julio de 2023, el recurrente incoó trámite en la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Alajuela al que le asignaron la boleta de recibido No. 37764- 2023, dirigido al alcalde, que consistía en una denuncia y serie de consultas y solicitudes a fin de que le actualizaran de las gestiones, seguimiento, acciones o trámites canalizados respecto de otra denuncia que interpuso por la aprobación de un proyecto urbanístico en La Garita de Alajuela, con serias irregularidades en su trámite y aprobación. Solicitó textualmente: “(...) Respecto del proyecto Condominio Hacienda Garabito ubicado en La Garita de Alajuela, del cual su persona es conocedor de todas las irregularidades bajo las cuales fueron adquiridos y otorgados los “permisos” de construcción y otros, y pido respetuosamente en el plazo de respuesta establecido por ley, me aclare usted las siguientes interrogantes y consultas, mismas que requiero actualizar su estado, a partir del informe entregado por su persona ante el Concejo Municipal para el día 2 de marzo del 2023, Oficios No MA-A-1246-2023 y MA-PSJ-0395-2023, en el cual finalmente le dejó ver usted claramente a dicho órgano, en concreto a esa fecha, no haber hecho o gestionado absolutamente nada fuera del ámbito municipal (aparte de lo nada gestionado, debido a diferencias que estaban tratando de resolver entre sus dependencias de Asuntos Jurídicos y Planeamiento y Construcción de Infraestructura), pero también evidenció haberse quedado su persona en intensiones o “planeando” hacer a futuro, para concretar algo y actuar al respecto de todas las irregularidades presentes en la tramitología de este proyecto; por lo aclarado solicito respetuosamente por favor se me amplie lo siguiente para tener claro cuál es el avance o estado actual de la gestión y todo el proyecto como tal. Finalmente terminaré este trámite haciéndole un corto comentario al respecto de todo el caso. Para cada consulta señor alcalde, le agradezco profundamente me respalde o documente cada respuesta, en caso de haber generado alguna acción o generada alguna directriz al respecto y así conste en algún documento, caso contrario asumiré que sigue su persona sin gestión alguna o asumiré el silencio como respuesta. 1. Al margen de dicho informe entregado, le consulto y solicito me documente si finalmente al día de hoy, gestionó esta Municipalidad ante algún tribunal de justicia o institución pública, acción alguna para denunciar o formar parte, para tomar cartas en el asunto denunciado, tanto de todo el caso, así como al respecto de la denuncia penal interpuesta por el MOPT, para el caso de marras. 2. Al margen de todo el caso, le consulto principalmente cuáles fueron y se me aporte los documentos respectivos, de las últimas gestiones realizadas al respecto de este asunto, con el afán de investigar el ilícito denunciado por mi persona, en pro de detener de una vez por todas, tanto el daño como lo es la invasión a fincas privadas por parte de este proyecto urbanístico, acto avalado por la Municipalidad de Alajuela. Le recuerdo que alcanzamos el tercer año consecutivo de perjuicio y menoscabo de bienes inmuebles ajenos, bajo el menesteroso ojo municipal. Lo denunciado es un tema que atañe 100% a la Municipalidad de Alajuela y que debe asumir dicho municipio. 3. Solicito respetuosamente me informe si la Municipalidad de Alajuela, representada en su persona, tiene claro el nivel de lesividad generado a las personas propietarios vecinos de la zona, a los actuales dueños que han adquirido y futuros que adquieran inmuebles dentro de dicho proyecto urbanístico; lesividad avalada por este municipio con su representación, misma que sin importarle y luego de haber sido a tiempo alertados y cuestionados en múltiples ocasiones de todas las irregularidades implícitas en el caso, continúa permitiendo al día de hoy, el desarrollo y venta de casas de habitación o la colocación de terrenos en dicho condominio. Condominio que de igual forma al día de hoy, no cuenta con legalidad para la evacuación de sus pluviales, ni permisos de acceso. Siendo que usted no lo visualiza, considero que, un trámite o permiso municipal otorgado mediante el presunto delito de falsedad ideológica, debió en primera instancia despertar todo su interés y automáticamente haberse solicitado las investigaciones y denuncias pertinentes, pero principalmente haber dejado sin efecto, validez y absoluta nulidad, TODO el resto del trámite mientras se resuelve lo oscuro, pero en este caso, muy curiosamente la Municipalidad de Alajuela ha minimizado todo el ilícito, no se ha ocupado en detener, investigar y revocar permiso alguno, en claro perjuicio de terceros. 4. Siendo que a mi persona fue enviada documentación indicando la clausura del proyecto Condominio Hacienda Garabito, se me documente los respectivos oficios emitidos al desarrollador, en el cual le notificaron de la clausura del proyecto. 5. Requiero conocer o ratificar cuál es el estado actual del proyecto Condominio Hacienda Garabito, es decir, si se encuentra al día de hoy clausurado, suspendido o vigente y con ello cualquier obra de construcción adicional que se esté desarrollando. En caso de haber considerado no tomar o suspender acciones al respecto de su detención y avance de obras o clausura, me documente los oficios de los acuerdos o directrices emitidos por el responsable de dichas instrucciones, donde pueda revisar sus consideraciones para ello. Además de externarle entonces la irresponsabilidad, de los documentos tanto enviados o copiados a mi persona, así como los oficios generados al margen del tema, inclusive al Concejo Municipal, mismos que demuestran charlatanería, falta de seriedad y algún interés en particular por enredar más profundamente el tema y dejar que el ilícito avance sin traba alguna. Los oficios referidos son: MA-PPCI-0762-2022, MA-PPCI-0761- 2022, MA-PPCI-0763-2022, MA-PPCI-0760-2022, MA-A1246-2023, MA-PSJ- 0395-2023, mismos que puede conseguir internamente. Al margen ... Aprovecho este contacto para referirme al respecto de este último informe indicado, ya que por no ser un documento dirigido a mi persona y los interesados (Concejo Municipal) de igual forma simple e irresponsablemente, tan solo se alinearon con sus intereses en no prestarle atención al tema, debo externarle mi preocupación por su refrendo a un informe con tan baja, manipulada e inexacta redacción, tendiente a confundir y hacer ver una realidad absolutamente diferente a los hechos sucedidos en cuanto al recurso de amparo, cómo se dieron las cosas y su resolución, más sin embargo, le aplaudo la lealtad de sus aliados en el área jurídica, capaces de manipular la información para hacerlo quedar “bien”, aunque sea internamente. Personalmente considero que, constituye ello en una prueba absoluta más, de su abuso de autoridad sobre un administrado. 6. Requiero conocer si al margen de todas las irregularidades denunciadas para este proyecto, al día de hoy se continúan otorgando y avalando permisos de construcción de viviendas en dicho proyecto, siendo así, le agradezco me informe el identificador APC o OC de todos permisos de construcción de viviendas otorgados y en trámite actual en este Condominio (con su estado), pero principalmente los que respaldan la lista que le aporto más adelante, por cuanto desde ya le voy informando a pesar de estar los trámites de varios de estos permisos de construcción, en estado rechazado, pendiente de pago, en revisión, o pendientes de estudio, las construcciones están AVANZANDO viento en popa, etapa en obra avanzada, tan solo con su presentación ante la municipalidad. ¿Le consulto señor alcalde, obedece esto a un acuerdo entre la municipalidad y el desarrollador? ¿O es pura y franca ilegalidad adicional del desarrollador, quienes se han visto tan FAVORECIDOS con toda la negligencia municipal que hay en IMPLICITA en este caso? Le prevengo para esta consulta que, inclusive una información entregada por su persona o sus dependencias ante el Concejo Municipal en la que se le había solicitado dicha información a una fecha dada, Oficio No MA-A-0658-2023 fue como es típico aparte de MESES tardíos de entrega, además incompleta también. Por lo anterior, le agradezco sea exacta la información que me pueda brindar. No hay margen para errar, siendo que ustedes son dueños de la información. 7. Por favor me documente si realizó usted como máximo jerarca y hasta el día de hoy, o la Municipalidad de Alajuela como conglomerado, algún tipo de gestión administrativa en pro de una investigación de todo el caso, de los posibles involucrados dentro de la Municipalidad de Alajuela y sus actuaciones, de cómo sucedieron todos los hechos y los fundamentos que “tuvieron” los involucrados, en toda la aprobación irregular que se dio para este proyecto de condominio, o si por el contrario todo sigue siendo avalado por su persona, muy a pesar de todo lo conocido. 8. Requiero conocer si se ha realizado por parte de algún ente dentro de esta Municipalidad de Alajuela o su persona, alguna revocatoria o ratificación de los permisos de desfogue pluvial otorgados anteriormente para este proyecto urbanístico o se mantienen como “válidos” los otorgados irregularmente en su momento. Específicamente el permiso otorgado en los oficios MA-AAP-0246-2017 y MA-AAP-0869-2019. De igual forma bajo el entendido que es un proyecto que avanzó gracias a irregularidades y que continúa su desarrollo gracias a la desatención de las denuncias que se han presentado, con el favor de no actuar en pro de su detención. 9. En caso de continuar emitiendo nuevos permisos de construcción, me documente los oficios y directrices emitidos por su persona u otros personeros o dependencias, que autorizan la continuidad de emisión de los mismos, para generar nulidad a los oficios o informes supra citados, específicamente Oficio No MA-PPCI-0761-2022, que indicaba “le instruyo que, a partir de la notificación de este oficio, se suspenda la aprobación de permisos de construcción solicitados para dicha urbanización, hasta tanto se tome otra medida la cual será informado por el suscrito” y de esta forma dar luz verde a la continuidad de obras en dicho proyecto urbanístico. 10. Señor alcalde, siendo que se han procesado nuevos permisos de construcción en trámite a pesar de que en documentos enviados a mi persona se me indicó la clausura de dicho proyecto, le solicito tome usted en este acto, denuncia formal de la construcción ilegal de varias viviendas en dicho proyecto, todas en proceso constructivo avanzado y levantado actual en paralelo para las filiales definidas bajo los números de finca que le detallo a continuación. A la vez le comento sutil y respetuosamente ya que son demasiados los ilícitos por parte de este desarrollador y otros, por tanto considero no debe escatimar usted en la aplicación de la ley en todo el alcance que pueda ejercer dicho municipio contra quien deba, pues una actuación responsable lejos de una alianza indebida que facilite el delito y promueva el objetivo corrupto de un desarrollador, le contribuirá en defensa, cuando este caso llegue a estrados judiciales. Por lo pronto yo continúo documentando el caso con más irregularidades cada vez. Ha sido un proceso lento y complicado, principalmente por la poca colaboración y obstáculo municipal, amparado por la inepta protección y descuido del Concejo Municipal, pero cuente con que el proceso avanza y pronto tendrá desarrollo. Señor alcalde, el desatender un caso principalmente de corrupción interna, no exime o extingue el caso, ni mucho menos de afrontar las responsabilidades en el momento que corresponda. Le reitero y denuncio según información pública, la construcción de al menos cinco casas de habitación en estos momentos, mismas que haciendo consulta de los números de proyecto APC, los trámites y por tanto los supuestos permisos de construcción a emitir por parte de la Municipalidad de Alajuela, se encuentran y muestran los siguientes estados, por tanto, son construcciones ilegales y al margen de la ley. No considero necesario aportarle los documentos, pues sus colaboradores pueden tener acceso a los sistemas pertinentes, corroborar la información y trasladársela inmediatamente (...) 11. Una vez atendida la denuncia, sin que se deba detener respuesta a esta solicitud en general, solicito respetuosamente se me aporten los documentos respectivos de las gestiones realizadas y cualquier adicional, así como de las diligencias que llevará a cabo dicha Municipalidad para corregir la violación de la ley al margen de todas estas construcciones ilegales, reitero por cuanto tengo entendido que dicho proyecto, fue advertido de la imposibilidad de continuidad del levantado de obras, salvo que dicho municipio, esté vacilando con los documentos que me fueron canalizados, para lo cual deberá igualmente sustentar en esta respuesta o en su momento, cuál fue el fin pretendido. 12. Le consulto si avala la Municipalidad de Alajuela, muy a pesar de todo el conocimiento que ha manejado de irregularidades en la tramitología de este proyecto, todo el daño ambiental provocado, al cual ha dejado con absoluta indiferencia en corregir y detener inmediatamente, siendo que es responsable directa y primaria de su origen en la medida de los “permisos” otorgados y que no ha optado por tomar acciones y detener ninguna obra en general. Por lo anterior, le solicito me aporte los estudios técnicos que desarrolló o con los que contó este municipio en su momento para “otorgar” viabilidad de depósito de pluviales sobre el cauce de Quebrada Copeyal, por cuanto es la propia municipalidad la que debe pronunciarse y/o medir la capacidad de los cauces para hacer frente a la aportación de caudales, previo a otorgar un permiso de desfogue pluvial, así claramente establecido por instituciones como SETENA y otros. En dichos estudios será importante identificar todas las mediciones que llevó a cabo esta institución para planear el crecimiento hídrico de la zona y las valoraciones que le permitieron otorgar los permisos respectivos. Para este tema, me adelanto en aclararle por aquello que se pretenda indicar que el proyecto contó con viabilidad ambiental al respecto, que justamente SETENA descarga la responsabilidad acerca de la capacidad de los cauces para recibir aguas y por tanto el otorgamiento de permisos, sobre las municipalidades, en este caso, ustedes (...)”. (el resaltado se adiciona, ver prueba aportada a los autos). Mediante oficio Nº MA-A-4691- 2023 de 01 de agosto de 2023, la autoridad accionada solicitó la información necesaria a los funcionarios: Licda. Johanna Barrantes León, Coordinadora del Proceso de Servicios Jurídicos, Ing. Roy Delgado Alpízar, Director del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, Arq. Adrián Lee Bolaños, entonces Coordinador a.i. de la Actividad de Control Constructivo, Ing. Emerson Bone Moya, Coordinador del Proceso de Control Fiscal y Urbano, el Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador Actividad de Alcantarillado Pluvial. Adicionalmente, se realizó un recordatorio de la solicitud por medio del oficio Nº MA-A-5756-2023 con fecha 13 de setiembre del año en curso, dirigido al Ing. Delgado Alpízar. De ambos documentos se remitió copia al correo electrónico que el recurrente señaló para recibir notificaciones en fechas 07 de agosto y 14 de setiembre, respectivamente (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada). El 19 de septiembre de 2023, el recurrente presentó una solicitud adicional ante la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Alajuela dirigida al alcalde, en que recuenta las 12 consultas planteadas anteriormente, en virtud de que estima que la mayoría de sus consultas fueron dejadas sin respuesta (ver prueba agregada a los autos). Mediante oficio N° MA-PCFU-1549- 2023, municipalidad accionada realizó la clausura de las obras que se ejecutaban sin licencia municipal. Las obras que fueron clausuradas actualmente cuentan con permiso municipal (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada). Mediante oficio Nº MA-A-7341-2023 del 24 de noviembre de 2023, la autoridad accionada atendió la gestión del recurrente, así como los Trámites N° 43454-2023, N° 43455- 2023 y el oficio de la Contraloría de Servicios N° MA-PCS-46-2023, que se relacionan con el mismo tema, el cual fue notificado al Sr. Chinchilla Mora a las 14:33 horas del 24 de noviembre de 2023. En dicho escrito, la autoridad accionada contestó:

“Reciba un cordial saludo. En atención a su nota presentada en Sistema Integrado de Servicio al Cliente el 26 de julio del presente año (Trámite N° 37764-2023) relacionado con el proyecto Condominio Hacienda Garabito, ubicado en La Garita, le informo:

En dicho trámite Usted solicita una serie de aclaraciones con respecto aal información proporcionada mediante los oficios N° MA-A-1246-2023 y N° MA-PSJ-0395-2023, los cuales constituyen los informes emitidos por esta Alcaldía y el Proceso de Servicios Jurídicos con respecto a su denuncia por aparentes irregularidades en la tramitación de permisos del Condominio Hacienda Garabito.

Con el fin de atender sus consultas, esta Alcaldía emitió el oficio N° MA-A-4691-2023 con fecha 01 de agosto del presente año, mediante el cual es solicitó la información necesaria a los funcionarios: Licda. Johanna Barrantes León, Coordinadora del Proceso de Servicios Jurídicos, Ing. Roy Delgado Alpízar, Director del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, Arq. Adrián Le Bolaños, entonces Coordinador a.i. de la Actividad de Control Constructivo, Ing. Emerson Bone Moya, Coordinador del Proceso de Control Fiscal y Urbano, e Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador Actividad de Alcantarillado Pluvial. Adicionalmente, se realizó un recordatorio de la solicitud por medio del oficio N° MA-A-5756-2023 con fecha 31 de setiembre del año en curso, dirigido al Ing. Delgado Alpizar.

De ambos documentos se remitió copia al correo electrónico que Usted señaló para recibir notificaciones en fechas 07 de agosto y 14 de setiembre, respectivamente.

Como respuesta hemos recibido los oficios adjuntos en los cuales se proporciona la información solicitada y las acciones realizadas para atender su denuncia:

Oficio N° MA-PSJ-2497-2023 suscrito por la Licda. Johanna Barrantes León, Coordinadora del Proceso de Servicios Jurídicos y el Lic. Juan Carlos Campos Monge, Abogado de dicha dependencia, en el cual en el cual se informa que la Municipalidad de Alajuela se apersonó y es puso a disposición de la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José (Materia Penal), como parte del Exp. N° 22-000466-0619-PE y se aporta copia de la página 1 del escrito presentado el 13 de abril del 2023 y copia de los documentos mencionados en dicho oficio.

Adicionalmente, es informa lo relacionado con los puntos 1, 2y5del Trámite N° 37764- 2023.

Oficio N° MA-PPCI-0865-2023 suscrito por el Ing. Ing. Roy Delgado Alpízar, Director del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, en el cual se refiere al punto 3, específicamente a la falta de prueba y argumentos técnicos para declarar una lesividad en los términos de su planteamiento.

Oficios N° MA-ACC-1988-2023 emitido por el Arq. Adrián Lee Bolaños, entonces Coordinador a.i. de la Actividad de Control Constructivo y los documentos de respaldo, así como el oficio N° MA-PCFU-1549-2023, suscrito por el Ing. Emerson Bone Moya, Coordinador del Proceso de Control Fiscal y Urbano. En el primero de ellos se indica que el proyecto de Condominio Hacienda Garabito se encuentra vigente y se continúa revisando los permisos de construcción a la luz del oficio N° MA-PPCI-0700-2023, N° MA-PPCI-0695-2023 y N° MA-AAP-3724-2023, cuyas copias se adjuntan; y en el caso del Ing. Bone Moya se aporta copia de las actas de clausura de 5 viviendas que se encontraron en obra gris y-al momento de la inspección-, no contaban con los permisos respectivos. En este punto se aclara que los trámites inscritos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, deben ser consultados directamente ante dicha entidad.

Con esto es da respuesta a los puntos 4, 5, 6,8, 9, 10 y 1.

Ahora bien, conviene indicar que con relación a los inmuebles y las actas referidos en el oficio el oficio N° MA-PCFU-1549-2023, se adjuntan además el oficio N° MA-SOIP-503-2023 y N° MA-SOIP-496-2023 del Subproceso de Obras de Inversión Pública, en los cuales se aclara que dichos terrenos no tienen naturaleza de áreas públicas municipales, sino áreas comunes privadas; por lo que nuestra institución no tiene injerencia directa en el tema de eventual invasión de los mismos, sino únicamente a nivel de la clausura de las obras por carencia de permisos.

En cuanto a realizar acciones administrativas a lo interno de nuestra institución, para determinar posibles involucrados en la situación -según lo indica en el punto 7-, conviene aclarar que considerando que las presuntas irregularidades se dieron ante el MOPT, no se realizará ninguna acción interna más allá, porque los funcionarios presuntamente involucrados no pertenecen a nuestra institución. Sin embargo, reiteramos nuestra anuencia y disponibilidad a colaborar en lo que la instancia judicial considere; por lo que se reitera lo indicado en el Oficio N° MA-PSJ-2491-2023 de Servicios Jurídicos en cuanto a que la Municipalidad de Alajuela se apersonó yes puso a disposición de la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José para lo que se requiera a efectos de la investigación judicial.

Oficio N° MA-AAP-4033-2023 con fecha 12 de agosto del 2023, suscrito por el Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador Actividad de Alcantarillado Pluvial, en el cual es refiere a los puntos 8 y 12.

En estos mismos términos dejo contestado su Trámite N° 43454-2023, N° 43455-2023 y el oficio de la Contraloría de Servicios N° MA-PCS-46-2023” (ver prueba e informe rendido por parte de la autoridad accionada).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el 26 de julio de 2023, el recurrente inició un trámite en la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Alajuela con la boleta No. 37764-2023, dirigido al alcalde, presentando una denuncia y una serie de consultas sobre un proyecto urbanístico en La Garita de Alajuela, llamado Condominio Hacienda Garabito. El recurrente también cuestionó sobre posibles irregularidades bajo las cuales se otorgaron los permisos de construcción y otros aspectos del proyecto, solicitando actualizaciones y aclaraciones sobre acciones tomadas o planeadas respecto a presuntas irregularidades. El interesado requirió documentación sobre cualquier acción legal o gestión administrativa emprendida por la municipalidad en relación con el proyecto y sus múltiples falencias, así como sobre los impactos de este desarrollo en los propietarios vecinos y el entorno. Asimismo, se constató que el gobierno local accionado, a lo largo de los meses siguientes, respondió a las consultas del ciudadano mediante varios oficios, solicitando información a diferentes funcionarios y emitiendo recordatorios de cumplimiento. Además, se notificaron clausuras de obras sin permisos adecuados y se informó sobre el estado de permisos y acciones relacionadas con las denuncias del recurrente. Sin embargo, el recurrente cuestiona sobre la exhaustividad y veracidad de las respuestas proporcionadas por la municipalidad, así como preocupaciones sobre la continuidad de ciertas prácticas y permisos dentro del proyecto en cuestión. Sobre el particular, se tuvo por acreditado que, efectivamente, la parte recurrente incoó una gestión ante el gobierno local accionado el 26 de julio de 2023, relacionada con cuestionamientos y peticiones sobre el Condominio Hacienda Garabito. En ese sentido, de igual manera se logró acreditar que, mediante oficio Nº MA-A-7341-2023 del 24 de noviembre de 2023, la autoridad accionada atendió la gestión del recurrente, así como los Trámites N° 43454-2023, N° 43455- 2023 y el oficio de la Contraloría de Servicios N° MA-PCS-46-2023, que se relacionan con el mismo tema, el cual fue notificado al Sr. Chinchilla Mora a las 14:33 horas del 24 de noviembre de 2023. Dicha respuesta fue realizada por parte de la autoridad recurrida con posterioridad a la notificación del auto de curso de este proceso y para esa fecha, ya había transcurrido un plazo desproporcionado sin que la autoridad recurrida haya ofrecido alguna razón válida que justificara tal omisión. Adicionalmente, se valoran los escritos aportados por el recurrente en relación con la falta de atención de algunos de los temas objeto de su gestión. En ese sentido, este Tribunal debe advertir que, la gestión formulada por el recurrente únicamente es atendible en relación con los puntos 1, 2, 4 y 9, en lo que verdaderamente se acredita una gestión de información. No obstante, en relación con los demás puntos de la gestión del recurrente, se debe indicar que se trata de una interpelación y no de una gestión de información, lo que excede la órbita de tutela del proceso de amparo, específicamente, de los derechos de información y petición.

En relación con estos derechos fundamentales, este Tribunal, en la sentencia No. 2021005055 de las 9:15 horas del 12 de marzo del 2021, indicó lo siguiente: “(…) debe recordarse que el derecho de acceso a la información pública ha sido definido por la doctrina costarricense como aquel derecho fundamental que tienen los ciudadanos de acudir a la Administración Pública para obtener información sobre asuntos de interés público. Dicha gestión puede ser realizada en forma oral o escrita y se constituye una garantía esencial en todo Estado de Derecho, pues forma parte de la democratización de las instituciones públicas (CÓRDOBA ORTEGA, Jorge, El Libre Acceso a los Departamentos Administrativos y el Secreto de Estado, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 1996, p. 19). Es sabido que las autoridades públicas reciben, conservan, generan y utilizan enormes cantidades de información en el desarrollo de sus gestiones. La práctica ha demostrado que se necesita de un examen cuidadoso para determinar bajo cuáles circunstancias se puede entregar información respetando los principios constitucionales de máxima publicidad o divulgación, así como, la protección de datos personales y confidenciales. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, expresado en el artículo 13 de la Convención Americana. De esta manera, la Corte Interamericana ha establecido en la jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” (Caso de la CIDH, Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92). Un concepto amplio sobre el acceso a la información, ha sido desarrollado en la jurisprudencia de este Tribunal, en aras de que se tutelen los mecanismos para garantizar ese acceso, indicando que este “…se compone de un haz de facultades en cabeza de la persona que lo ejerce tales como las siguientes: a) acceso a los departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos; b) acceso a los archivos, registros, expedientes y documentos físicos o automatizados –bases de datos ficheros-; c) facultad del administrado de conocer los datos personales o nominativos almacenados que le afecten de alguna forma, d) facultad del administrado de rectificar o eliminar esos datos si son erróneos, incorrectos o falsos; e) derecho de conocer el contenido de los documentos y expedientes físicos o virtuales y f) derecho de obtener, a su costo, certificaciones o copias de los mismos”. Asimismo, se indicó que “…el secreto o la reserva administrativa son una excepción que se justifica, únicamente, bajo circunstancias calificadas cuando por su medio se tutelan valores y bienes constitucionalmente relevantes” (sentencia No. 2008-4460 de las 17:14 hrs. del 25 de marzo de 2008). Partiendo del reconocimiento del principio de máxima divulgación, debe entenderse que, como regla general, la información pública debe ser accesible, en el entendido de que existe un sistema restringido de excepciones.” Ahora bien, estos derechos desde luego contienen límites por lo que su ejercicio no resulta irrestricto. Claramente, lo planteado por el en los puntos 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12, son cuestionamientos o interpelación contra la autoridad recurrida, en relación con las actuaciones del gobierno local en relación con el Condominio Hacienda Garabito. De ahí que la omisión en emitir una respuesta sobre cualquiera de esos puntos, en sí mismo, no puede relacionarse directamente con una eventual violación de un derecho fundamental al no encontrarse amparada en el derecho de petición y acceso a la información como en el sub lite ya se indicó y que desarrollan los artículos 27 y 30 de la Constitución Política; así como tampoco en el artículo 41 constitucional. En consecuencia, sobre estos puntos el proceso de amparo es improcedente. A mayor abundamiento, se aprecia en el punto 3 lo siguiente: “(…) me informe si la Municipalidad de Alajuela, representada en su persona, tiene claro el nivel de lesividad generado a las personas propietarios vecinos de la zona, a los actuales dueños que han adquirido y futuros que adquieran inmuebles dentro de dicho proyecto urbanístico; lesividad avalada por este municipio con su representación”; en el punto 5, detalla lo siguiente: “(…) inclusive al Concejo Municipal, mismos que demuestran charlatanería, falta de seriedad y algún interés en particular por enredar más profundamente el tema y dejar que el ilícito avance sin traba alguna … le aplaudo la lealtad de sus aliados en el área jurídica, capaces de manipular la información para hacerlo quedar “bien”, aunque sea internamente. Personalmente considero que, constituye ello en una prueba absoluta más, de su abuso de autoridad sobre un administrado”; en el punto 6 lo siguiente: “(…) ¿Le consulto señor alcalde, obedece esto a un acuerdo entre la municipalidad y el desarrollador? ¿O es pura y franca ilegalidad adicional del desarrollador, quienes se han visto tan FAVORECIDOS con toda la negligencia municipal que hay en IMPLICITA en este caso?”; en el punto 7, lo siguiente: “(…) si realizó usted como máximo jerarca y hasta el día de hoy, o la Municipalidad de Alajuela como conglomerado, algún tipo de gestión administrativa en pro de una investigación de todo el caso, de los posibles involucrados dentro de la Municipalidad de Alajuela y sus actuaciones, de cómo sucedieron todos los hechos y los fundamentos que “tuvieron” los involucrados, en toda la aprobación irregular que se dio para este proyecto de condominio”; en el punto 8, lo siguiente: “(…) de los permisos de desfogue pluvial otorgados anteriormente para este proyecto urbanístico o se mantienen como “válidos” los otorgados irregularmente en su momento”; en el punto 10 lo siguiente: “(…) le comento sutil y respetuosamente ya que son demasiados los ilícitos por parte de este desarrollador y otros, por tanto considero no debe escatimar usted en la aplicación de la ley en todo el alcance que pueda ejercer dicho municipio contra quien deba, pues una actuación responsable lejos de una alianza indebida que facilite el delito y promueva el objetivo corrupto de un desarrollador, le contribuirá en defensa, cuando este caso llegue a estrados judiciales.”; en el apartado 11, lo siguiente: “(…) de las diligencias que llevará a cabo dicha Municipalidad para corregir la violación de la ley al margen de todas estas construcciones ilegales” y; en el punto 12, lo siguiente: “(…) Le consulto si avala la Municipalidad de Alajuela, muy a pesar de todo el conocimiento que ha manejado de irregularidades en la tramitología de este proyecto, todo el daño ambiental provocado, al cual ha dejado con absoluta indiferencia en corregir y detener inmediatamente”. Tal como se aprecia de lo anterior, los puntos parcialmente transcritos, corresponden a acusaciones, cuestionamientos, apreciaciones, interrogatorios o prueba confesional, que no suponen el ejercicio de los derechos fundamentales tutelados en los ordinales 27 y 30 constitucionales y de lo contrario, serían planteamientos propios de ser concretados en el marco de un proceso judicial o procedimiento administrativo, por ende, no es viable la pretendida tutela que exige el accionante a través de la demanda de amparo constitucional en relación con estos extremos.

IV.- En resumen, tras el análisis de los documentos se determinó que solo ciertos puntos de la gestión formulada por el recurrente involucran el derecho de acceso a la información, siendo procedentes en este caso. En contraste, otros de los puntos, que incluyen acusaciones y cuestionamientos más allá del simple acceso a la información, exceden el alcance de protección de este derecho y, por lo tanto, son improcedentes en el proceso de amparo. Consecuentemente, dado que fue con ocasión del presente proceso que las autoridades recurridas llevaron a cabo las actuaciones necesarias, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales del recurrente, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se da la estimatoria sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con lo indicado en los siguientes considerandos y la parte dispositiva de esta sentencia.

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente, en relación con la atención oportuna de la gestión planteada por la parte recurrente relativa de los puntos 1, 2, 4 y 9; en lo demás se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 

TopicsTemas

Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

Concept anchorsAnclajes conceptuales

Constitución Política Art. 27
Constitución Política Art. 30
Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 52
Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 51

Spanish key termsTérminos clave en español

Right of petition regarding municipal inquiries about the Condominio Hacienda Garabito development projectDerecho de petición frente a consultas municipales sobre proyecto urbanístico Condominio Hacienda Garabito

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