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Res. 09446-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 12/04/2024
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denies the amparo, holding that the preparatory technical report of SETENA was not accessible before the final decision under Art. 273.2 of the General Public Administration Act, and that the petitioners were able to challenge the environmental viability resolution.La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo, al considerar que el informe técnico preparatorio de SETENA no era accesible antes de la decisión final, conforme al artículo 273.2 de la Ley General de la Administración Pública, y que los recurrentes pudieron impugnar la resolución de viabilidad ambiental.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by members of the Comité Oromontano Pro Ambiente against SETENA, challenging the granting of environmental viability to the Parque Tecnología Ambiental Galagarza project (file D1-0635-2021-SETENA). Petitioners claim that the technical report DT-DEA-1227-2023, which served as the basis for the decision, was not made available to the parties before the final act was issued, and that the year-end collective vacation closure hindered their ability to appeal. SETENA argues that the report was a draft resolution for the Plenary Commission, not a final act, and that under Art. 273.2 of the General Public Administration Act it was not subject to prior disclosure; the final resolution fully incorporated its content and was timely appealed. Relying on its own precedents, the Chamber denies the amparo, holding that the technical report constitutes an internal draft not accessible to the public before the decision, and that the petitioners were able to challenge the final resolution. It clarifies that any nullity claims must be pursued through ordinary channels.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por miembros del Comité Oromontano Pro Ambiente contra SETENA, por la resolución que otorgó viabilidad ambiental al proyecto Parque Tecnología Ambiental Galagarza (expediente D1-0635-2021-SETENA). Los recurrentes alegan que el informe técnico DT-DEA-1227-2023, que fundamentó la decisión, no estuvo disponible para las partes antes de emitirse el acto final, y que el cierre por vacaciones colectivas de diciembre dificultó recurrir. SETENA sostiene que el informe era un proyecto de resolución preparatorio para la Comisión Plenaria, no un acto final, y que conforme al artículo 273.2 de la Ley General de la Administración Pública no debía divulgarse previamente; además, la resolución final incluyó íntegramente su contenido y fue impugnada en plazo. La Sala, apoyándose en precedentes propios, declara sin lugar el amparo, al considerar que el informe técnico en cuestión constituye un dictamen o proyecto de resolución no accesible al público antes de la decisión, y que los actores pudieron recurrir la resolución final. Se aclara que, de existir vicios de nulidad, deben acudir a las vías ordinarias.
Key excerptExtracto clave
Thus, it is not observed that in the sub lite the respondent authority incurred in any violation of an essential element of due process that could be declared by this Chamber, since the report that the petitioners claim was not timely disclosed was the recommendation report prepared by the Environmental Assessment Department for the Plenary Commission of SETENA to adopt the relevant decision, which was finally embodied in resolution No. 2031-2023-SETENA at 12:05 on December 20, 2023, which did indeed be challenged by the petitioners through the various appeals filed. So, it must be reiterated what this Chamber stated in the precedent cited supra, that 'this Constitutional Chamber has repeatedly recognized that Article 273, subsection 2, of the General Public Administration Act is based on the idea that internal documents on which the Administration relies to adopt a decision are not publicly accessible before that event occurs, because the Administration requires a certain freedom to form a full opinion before the final decision is issued (...)'. In any case, it is also noted that even before the filing of this action, the report in question had been incorporated into the record and was accessible to the parties, since the respondent authority, under oath, specified: 'once Resolution No. 02031-2023-SETENA at 12:05 on December 20, 2023 was issued, the technical report mentioned by the petitioners was included as appropriate, thus establishing that the file is complete, as required, and freely accessible as it is public', and additionally, as noted above, the petitioners had the opportunity to challenge the resolution they considered contrary to their interests.Así las cosas, no se observa que en el sub lite la autoridad accionada hubiese incurrido en algún quebranto a un elemento esencial del debido proceso, susceptible de ser declarado por esta Sala, pues el informe que acusan los recurrentes que no se puso oportunamente en su conocimiento era el informe de recomendación elaborado por el Departamento de Evaluación Ambiental para que la Comisión Plenaria de SETENA adoptara la decisión correspondiente, que fue finalmente plasmada en la resolución nro. 2031-2023-SETENA de las 12:05 horas de 20 de diciembre del 2023, la cual sí fue debidamente impugnada por los recurrentes a través de los distintos recursos de apelación formulados. Así, debe reiterarse lo indicado por esta Cámara en el precedente citado ut supra, en cuanto a que “esta Sala Constitucional, de forma reiterada, ha reconocido que el artículo 273, inciso 2, de la Ley General de la Administración Pública, parte de la idea de que los documentos internos a los que la Administración recurre para adoptar una decisión, no son de acceso público antes de que ese hecho se produzca, pues la Administración requiere de cierta libertad para formar un criterio de forma plena antes de que se dicte la decisión final (…)”. En todo caso, se observa también que antes de la interposición de este proceso ya el informe en cuestión había sido incorporado a la sumaria y era de acceso para las partes, pues la autoridad accionada, bajo la gravedad de juramento, precisó: “una vez que se emitió la resolución No. 02031-2023-SETENA de las 12 horas con 05 minutos del 20 de diciembre del 2023 se incluyó como corresponde el informe técnico mencionado por los recurrentes, con lo cual queda establecido que el expediente está completo, tal como corresponde, y de libre acceso en el tanto el mismo es público”, y además, como se apuntó supra, los accionantes tuvieron la posibilidad de impugnar la resolución que consideraron contraria a sus intereses.
Pull quotesCitas destacadas
"En esta línea el informe técnico mencionado no es un acto final, dado que es un acto administrativo preparatorio que emite el Departamento de Evaluación Ambiental con las apreciaciones técnicas necesarias para que la Comisión Plenaria valore, analice y emita, como ente decisor de la SETENA, el acto administrativo final..."
"In this sense, the mentioned technical report is not a final act, given that it is a preparatory administrative act issued by the Environmental Assessment Department with the necessary technical assessments for the Plenary Commission to evaluate, analyze and issue, as SETENA's decision-making body, the final administrative act..."
Informe de SETENA
"En esta línea el informe técnico mencionado no es un acto final, dado que es un acto administrativo preparatorio que emite el Departamento de Evaluación Ambiental con las apreciaciones técnicas necesarias para que la Comisión Plenaria valore, analice y emita, como ente decisor de la SETENA, el acto administrativo final..."
Informe de SETENA
"Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de estos antes de que hayan sido rendidos."
"Draft resolutions, as well as reports for advisory bodies and their opinions before they have been rendered, shall be presumed to be in this condition, unless proven otherwise."
Artículo 273 inciso 2) Ley General de la Administración Pública
"Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de estos antes de que hayan sido rendidos."
Artículo 273 inciso 2) Ley General de la Administración Pública
"Esta Sala Constitucional, de forma reiterada, ha reconocido que el artículo 273, inciso 2, de la Ley General de la Administración Pública, parte de la idea de que los documentos internos a los que la Administración recurre para adoptar una decisión, no son de acceso público antes de que ese hecho se produzca..."
"This Constitutional Chamber has repeatedly recognized that Article 273, subsection 2, of the General Public Administration Act is based on the idea that internal documents on which the Administration relies to adopt a decision are not publicly accessible before that event occurs..."
Considerando III
"Esta Sala Constitucional, de forma reiterada, ha reconocido que el artículo 273, inciso 2, de la Ley General de la Administración Pública, parte de la idea de que los documentos internos a los que la Administración recurre para adoptar una decisión, no son de acceso público antes de que ese hecho se produzca..."
Considerando III
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Type of matter: Amparo remedy CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on April twelfth, two thousand twenty-four.
Amparo remedy being processed in expediente no. 24-000375-0007-CO, filed by ARNOLDO GERARDO DEL CARMEN MATAMOROS SÁNCHEZ, identity card 0601080154, DAYANA ROJAS VENEGAS, identity card 0603910033, ESTHER CRISTINA MATAMOROS FLORES, identity card 0603450851, ISAIT JOSUÉ CORTES GONZÁLEZ, identity card 0604100017, PAMELA MARÍA UMAÑA MIRANDA, identity card 0603750519, SIRIA LORENA ALAN GAMBOA, identity card 0110550697, VERA CECILIA UGALDE ÁVILA, identity card 0601490573, in favor of COMITÉ OROMONTANO PRO AMBIENTE, against the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).
Resultando:
Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,
Considering:
The appellants state that through resolution no. 2031-2023-SETENA at 12:05 hours on December 20, 2023, issued in expediente no. D1-0635-2021-SETENA, the respondent authority decided to grant environmental feasibility (viabilidad ambiental) to the "Parque Tecnología Ambiental Galagarza" project. However, they explain that technical report no. DT-DEA-1227-2023, mentioned in the digital expediente, was not available to the parties appearing in the proceeding prior to the issuance of the aforementioned resolution. They allege that this situation left those opposing the environmental feasibility of the mentioned project defenseless, as they could not know the technical analysis that served as the basis for the adopted decision. Coupled with this, they explain that the customary closure for collective vacations in December 2023 prevented access to the cited report and significantly reduced the possibilities of appealing resolution no. 2031-2023-SETENA within the term granted by law (3 days after notification, that is, January 9, 2024).
They maintain that this is a final act authorized without the complete administrative expediente being available beforehand and without part of it - technical report - having been made known to the parties in the proceeding, a situation that entails the absolute nullity of the administrative act. They request that the remedy be granted and that resolution 2031-2023-SETENA be annulled.
Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:
In the sub lite, the appellants state that through resolution no. 2031-2023-SETENA at 12:05 hours on December 20, 2023, issued in expediente no. D1-0635-2021-SETENA, the respondent authority decided to grant environmental feasibility to the "Parque Tecnología Ambiental Galagarza" project. However, they explain that technical report no. DT-DEA-1227-2023, mentioned in the digital expediente, was not available to the parties appearing in the proceeding prior to the issuance of the aforementioned resolution. They allege that this situation left those opposing the environmental feasibility of the mentioned project defenseless, as they could not know the technical analysis that served as the basis for the adopted decision. Coupled with this, they explain that the customary closure for collective vacations in December 2023 prevented access to the cited report and significantly reduced the possibilities of appealing resolution no. 2031-2023-SETENA within the term granted by law (3 days after notification, that is, January 9, 2024).
They maintain that this is a final act authorized without the complete administrative expediente being available beforehand and without part of it - technical report - having been made known to the parties in the proceeding, a situation that entails the absolute nullity of the administrative act. They request that the remedy be granted and that resolution 2031-2023-SETENA be annulled.
From the study of the case file (autos), it is demonstrated that on December 11, 2023, the Department of Environmental Assessment of SETENA issued report no. INF-TEC-DT-DEA-1227-2023, titled "Analysis of the D1 Environmental Assessment Form, Environmental Impact Study (EsIA). Annex to the EsIA. Analysis of Information from the Public Hearing process. Recommendation of Environmental Feasibility". Through resolution no. 2031-2023-SETENA at 12:05 hours on December 20, 2023, relative to the "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza" project, the Plenary Commission of SETENA ordered: "(…) ENVIRONMENTAL FEASIBILITY (LICENSE) is granted to the project, leaving open the Environmental Management stage and on the understanding of complying with the fundamental Environmental Commitment Clause (…)". Said resolution was notified to the parties on December 21, 2023. By means of official letter no. SETENA-SG-133-2024 of January 13, 2024, the technical director and the head of the Department of Environmental Assessment of SETENA report: "once resolution No. 02031-2023-SETENA was issued at 12 hours and 05 minutes on December 20, 2023, the technical report mentioned by the appellants was included as appropriate, with which it is established that the expediente is complete, as appropriate, and freely accessible as long as it is public.
In fact, as it is a digital expediente, it is available to anyone who wishes to review it 24 hours a day, 7 days a week (…)". On January 8 and 9, 2024, the plaintiffs filed, within the legal term, appeal remedies against resolution no. 2031-2023-SETENA at 12:05 hours on December 20, 2023.
From this panorama, any situation that merits the intervention of this Chamber is a priori dismissed.
In this regard, the appellants accuse that report no. INF-TEC-DT-DEA-1227-2023 of December 11, 2023, was not made known to the interested parties in a timely manner, so that it was not known at the time of the issuance of resolution no. 2031-2023-SETENA at 12:05 hours on December 20, 2023, which granted environmental feasibility to the "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza" project, and they consider that this situation left them defenseless. However, the respondent authority explains that the report in question is a recommendation opinion or "draft resolution", which was submitted for the knowledge of the Plenary Commission for the issuance of the respective administrative act (resolution no. 2031-2023-SETENA at 12:05 hours on December 20, 2023). Thus, the respondents argue that, according to article 273 subsection 2) of the General Law of Public Administration, said report should not have been made known to the parties before the issuance of the referenced resolution, which in any case contains the transcription of the aforementioned report, and that it was duly contested by the appellants through the respective appeal remedies filed.
Now then, regarding the sub iudice, it is of interest to bring up what was resolved by this Chamber in judgment no. 2020019623 at 9:20 hours on October 9, 2020:
"I.- In view of the claim of the appellant, it is made known to them that this Constitutional Chamber has repeatedly recognized that article 273, subsection 2, of the General Law of Public Administration, is based on the idea that the internal documents that the Administration uses to adopt a decision are not of public access before that event occurs, because the Administration requires certain freedom to fully form a criterion before the final decision is issued. Therefore, in judgment No. 2019-4206 at 9:30 hours on March 8, 2019, this Court declared the following:
\"In this case, the appellant is dissatisfied with the action of the respondent authority of [not] providing the physical expediente in order to know, verify, check, personally, if it is true that there was or existed some type of resolution (unsigned), as he was verbally informed. However, by express provision of article 273, subsection 2) of the General Law of Public Administration, the parties do not have access to draft resolutions. So, the refusal itself is not arbitrary, insofar as that unsigned resolution, being nothing more than a draft, was legally (and is) inaccessible. On the other hand, from the report rendered under oath —warned of the consequences, including criminal ones, that article 44 of the Law governing this jurisdiction indicates—, this Chamber has it as demonstrated that the appellant requested the expediente of the protected party on January 18, 2017, and the administrative resolution granting legal permanence to the protected party was resolved and notified on January 19, 2017, at 10:45 hours; that is, barely three hours after the present remedy was filed and 4 days before being notified about the admissibility of the same and prior to the notification of the initial processing order of this amparo. By reason of the foregoing, it is appropriate to dismiss the remedy, as is indeed done\".
To the above can be added the provisions in judgment No. 2014007095 at 09:30 hours on May 23, 2014, namely:
\"Under oath, the Head of the Department of Administrative Evictions of the Ministry of Public Security denied that the petitioner had been prevented from accessing expediente No.4416-13 in which he appears as a defendant. In that sense, he explained that on May 6, 2014, the petitioner appeared at that instance and requested that the draft resolution prepared on the occasion of the challenge filed against resolution No. 149-14, by which the eviction promoted by (…) regarding the property registered in the Property Registry, real folio registration No.(…) of the Partido de Alajuela, located in La Garita, had been granted, be handed over to him (report folio 2 in the SCGDJ). He argued that, as it was a draft resolution in the process of review and signatures, it was not provided to the interested party. Based on this statement rendered under oath, it is ruled out that access to the entire file was requested but, only, to the questioned draft resolution.
Now, it does not constitute an arbitrary or illegitimate action the fact that he was not allowed to access the draft resolution in question because it is not a final administrative act. Certainly, article 272 subsection 1 of the General Law of Public Administration establishes that the parties and their representatives and any attorney, have the right at any phase of the procedure to examine, read, and copy any piece of the expediente, as well as to request certification of the same; however, pursuant to article 273, subsection 2 ibidem, draft resolutions are excepted, as well as reports for consultative bodies and the opinions of these before they have been rendered. In a subsequent motion, the appellant refuted the terms of the rendered report, maintaining that he did request the complete expediente and that the draft resolution could well have been extracted so that the interested party could review the file; however, in the report, it was asserted that ‘he at no time requested the expediente, because if he had done so, it would have been immediately provided to him, as is always done’ (report in the SCGDJ).
In this way, based on what was reported under oath and in the absence of evidentiary elements to support the appellant's affirmation, this Chamber does not have the complained injury as demonstrated and, to that extent, dismisses the amparo remedy for violation of the right protected in article 30 of the Constitution…\" In the sub lite, from the reading of official letter INDER-GG-DRT-RDCE-0TGR- 2014 -2020 of June 12, 2020, visible on page 5 of the electronic file of this amparo, it is inferred that the respondent Authority clearly indicated to the petitioner the following:
\"...that the official letters through which recommendations are issued to the Board of Directors cannot be disclosed prior to the knowledge and resolution by that collegiate body, as is the case of official letter INDER-GG-DRT-RDCE-OTGR-0191-2020. It will be that body that opportunely resolves and decides whether to send it or not to you.\" Given the foregoing, the cited precedents are applicable to the case under study, so the remedy is inadmissible and is so declared.".
Thus, it is not observed that in the sub lite the respondent authority incurred in any breach of an essential element of due process, susceptible to being declared by this Chamber, because the report that the appellants accuse was not made timely known to them was the recommendation report prepared by the Department of Environmental Assessment for the Plenary Commission of SETENA to adopt the corresponding decision, which was finally reflected in resolution no. 2031-2023-SETENA at 12:05 hours on December 20, 2023, which was indeed duly contested by the appellants through the various appeal remedies filed. Thus, what was indicated by this Chamber in the precedent cited ut supra must be reiterated, in that "this Constitutional Chamber has repeatedly recognized that article 273, subsection 2, of the General Law of Public Administration, is based on the idea that the internal documents that the Administration uses to adopt a decision are not of public access before that event occurs, because the Administration requires certain freedom to fully form a criterion before the final decision is issued (…)".
In any case, it is also observed that before the filing of this process, the report in question had already been incorporated into the summary file (sumaria) and was accessible to the parties, because the respondent authority, under the gravity of oath, specified: "once resolution No. 02031-2023-SETENA was issued at 12 hours and 05 minutes on December 20, 2023, the technical report mentioned by the appellants was included as appropriate, with which it is established that the expediente is complete, as appropriate, and freely accessible as long as it is public", and furthermore, as noted supra, the plaintiffs had the possibility of contesting the resolution they considered contrary to their interests.
Thus, prima facie, any grievance of constitutional relevance that could be declared in this summary amparo process is dismissed. Therefore, if the plaintiffs consider that resolution no. 2031-2023-SETENA at 12:05 hours on December 20, 2023, contains some nullity defect, they must go to the competent ordinary instances to raise the corresponding arguments.
Ergo, the remedy is declared without merit.
I must warn that since judgment no. 2019-2355 at 9:30 on February 12, 2019, my position has been the following in relation to amparo remedies when these have been filed in favor of a legal entity (persona jurídica):
"…in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right to petition to legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that "Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty". On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as happened in the case of Granier et al. against Venezuela); however, in order for this to be protectable before the inter-American system, "the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection by the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, because a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are effectively being protected and not those of legal entities.
Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities of the legal entity, so that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated." (OC. 22/16)".
Thus, it is in the sub iudice I warn that, due to its legal nature, there is an essential relationship between the natural person and the protected legal entity because it relates to an environmental matter.
In light of the foregoing, I deem it appropriate to hear the recourse filed on behalf of the protected legal entity.
The parties are advised that if any paper document was provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The recourse is dismissed. Judge Rueda Leal records a separate note.
Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Ileana Sánchez N.
CASE FILE N° 24-000375-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del doce de abril de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 24-000375-0007-CO, interpuesto por ARNOLDO GERARDO DEL CARMEN MATAMOROS SÁNCHEZ, cédula de identidad 0601080154, DAYANA ROJAS VENEGAS, cédula de identidad 0603910033, ESTHER CRISTINA MATAMOROS FLORES, cédula de identidad 0603450851, ISAIT JOSUÉ CORTES GONZÁLEZ, cédula de identidad 0604100017, PAMELA MARÍA UMAÑA MIRANDA, cédula de identidad 0603750519, SIRIA LORENA ALAN GAMBOA, cédula de identidad 0110550697, VERA CECILIA UGALDE ÁVILA, cédula de identidad 0601490573, a favor de COMITÉ OROMONTANO PRO AMBIENTE, contra la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
Los recurrentes manifiestan que mediante la resolución nro. 2031-2023-SETENA de las 12:05 horas de 20 de diciembre de 2023, dictada en el expediente nro. D1-0635-2021-SETENA, la autoridad recurrida dispuso otorgar la viabilidad ambiental al proyecto “Parque Tecnología Ambiental Galagarza”. Sin embargo, exponen que el informe técnico nro. DT-DEA-1227-2023, mencionado en el expediente digital, no se encontraba a disposición de las partes apersonadas al procedimiento previo al dictado de la resolución supra referida. Alegan que tal situación dejó en indefensión a las personas que adversaban la viabilidad ambiental del proyecto mencionado, pues no pudieron conocer el análisis técnico que dio fundamento a la decisión adoptada. Aunado a ello, exponen que el cierre acostumbrado por vacaciones colectivas de diciembre de 2023 impidió el acceso al informe citado y redujo sensiblemente las posibilidades de recurrir la resolución nro. 2031-2023-SETENA en el plazo otorgado por ley (3 días después de la notificación, sea el 9 de enero de 2024).
Sostienen que se está ante un acto final autorizado sin que previamente se contara con el expediente administrativo completo y sin que parte de este - informe técnico- hubiera sido puesto en conocimiento de las partes del procedimiento, situación que acarrea la nulidad absoluta del acto administrativo. Solicitan que se declare con lugar el recurso y se anule la resolución 2031-2023-SETENA.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
En el sub lite, los recurrentes manifiestan que mediante la resolución nro. 2031-2023-SETENA de las 12:05 horas de 20 de diciembre de 2023, dictada en el expediente nro. D1-0635-2021-SETENA, la autoridad recurrida dispuso otorgar la viabilidad ambiental al proyecto “Parque Tecnología Ambiental Galagarza”. Sin embargo, exponen que el informe técnico nro. DT-DEA-1227-2023, mencionado en el expediente digital, no se encontraba a disposición de las partes apersonadas al procedimiento previo al dictado de la resolución supra referida. Alegan que tal situación dejó en indefensión a las personas que adversaban la viabilidad ambiental del proyecto mencionado, pues no pudieron conocer el análisis técnico que dio fundamento a la decisión adoptada. Aunado a ello, exponen que el cierre acostumbrado por vacaciones colectivas de diciembre de 2023 impidió el acceso al informe citado y redujo sensiblemente las posibilidades de recurrir la resolución nro. 2031-2023-SETENA en el plazo otorgado por ley (3 días después de la notificación, sea el 9 de enero de 2024).
Sostienen que se está ante un acto final autorizado sin que previamente se contara con el expediente administrativo completo y sin que parte de este - informe técnico- hubiera sido puesto en conocimiento de las partes del procedimiento, situación que acarrea la nulidad absoluta del acto administrativo. Solicitan que se declare con lugar el recurso y se anule la resolución 2031-2023-SETENA.
Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que el 11 de diciembre de 2023, el Departamento de Evaluación Ambiental de SETENA emitió el informe nro. INF-TEC-DT-DEA-1227-2023, titulado “Análisis del Formulario de Evaluación Ambiental D1, Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Anexo al EsIA. Análisis de Información del proceso de Audiencia Pública. Recomendación de la Viabilidad Ambiental”. Mediante la resolución nro. 2031-2023-SETENA de las 12:05 horas de 20 de diciembre de 2023, relativa al proyecto “Parque de Tecnología Ambiental Galagarza”, la Comisión Plenaria de SETENA dispuso: “(…) se le otorga la VIABILIDAD (LICENCIA) AMBIENTAL al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental y en el entendido de cumplir con la Cláusula de Compromiso Ambiental fundamental (…)”. Tal resolución fue notificada a las partes el 21 de diciembre de 2023. Por medio del oficio nro. SETENA-SG-133-2024 de 13 de enero de 2024, el director técnico y la jefa del Departamento de Evaluación Ambiental de SETENA informan: “una vez que se emitió la resolución No. 02031-2023-SETENA de las 12 horas con 05 minutos del 20 de diciembre del 2023 se incluyó como corresponde el informe técnico mencionado por los recurrentes, con lo cual queda establecido que el expediente está completo, tal como corresponde, y de libre acceso en el tanto el mismo es público.
De hecho, al ser un expediente digital el mismo se encuentra a disposición de quien lo quiera revisar las 24 horas de los 7 días de la semana (…)”. El 8 y 9 de enero de 2024, los accionantes interpusieron dentro del término de ley recursos de apelación en contra de la resolución nro. 2031-2023-SETENA de las 12:05 horas de 20 de diciembre de 2023.
Desde este panorama, a priori se descarta alguna situación que amerite la intervención de esta Sala.
Al respecto, los recurrentes acusan que el informe nro. INF-TEC-DT-DEA-1227-2023 de 11 de diciembre de 2023 no fue puesto en conocimiento de las partes interesadas de manera oportuna, de modo que no se conocía para el momento del dictado de la resolución nro. 2031-2023-SETENA de las 12:05 horas de 20 de diciembre de 2023, que otorgó la viabilidad ambiental al proyecto “Parque de Tecnología Ambiental Galagarza”, y consideran que tal situación los dejó en indefensión. No obstante, la autoridad accionada explica que el informe en cuestión es un dictamen de recomendación o “proyecto de resolución”, que fue sometido a conocimiento de la Comisión Plenaria para el dictado del respectivo acto administrativo (resolución nro. 2031-2023-SETENA de las 12:05 horas de 20 de diciembre del 2023). De tal manera, argumentan los recurridos que, según el ordinal 273 incido 2) de la Ley General de la Administración Pública, dicho informe no debía ser puesto en conocimiento de las partes antes del dictado de la resolución referida, la cual en todo caso contiene la transcripción del informe aludido, y que fue debidamente impugnada por los recurrentes a través de los respectivos recursos de apelación formulados.
Ahora bien, atinente al sub iudice, interesa traer a colación lo resuelto por esta Sala en la sentencia nro. 2020019623 de las 9:20 horas de 9 de octubre de 2020:
“I.- Visto el reclamo de la parte recurrente, se le hace ver que esta Sala Constitucional, de forma reiterada, ha reconocido que el artículo 273, inciso 2, de la Ley General de la Administración Pública, parte de la idea de que los documentos internos a los que la Administración recurre para adoptar una decisión, no son de acceso público antes de que ese hecho se produzca, pues la Administración requiere de cierta libertad para formar un criterio de forma plena antes de que se dicte la decisión final. Por ello, en la sentencia N° 2019-4206 de las 9:30 horas del 8 de marzo de 2019, este Tribunal declaró lo siguiente:
"En este caso, el recurrente se muestra inconforme con la actuación de la autoridad recurrida de [no] facilitarle el expediente físico con el fin de saber, verificar, comprobar, en forma personal, si es verdad que había o existía algún tipo de resolución (sin firmar), según se le manifestó verbalmente. Sin embargo, por expresa disposición del artículo 273, inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, las partes no tienen acceso a los proyectos de resolución. De modo que la negativa en sí mismo, no es arbitraria, en la medida que esa resolución sin firmar por no ser más que un proyecto, legalmente era (y es) inaccesible. Por otra parte, del informe rendido bajo fe de juramento —apercibidos de las consecuencias incluso penales que señala el artículo 44 de la Ley que rige esta jurisdicción—, esta Sala tiene por demostrado que el recurrente solicitó el expediente de la amparada el 18 de enero de 2017, y la resolución administrativa que concede la permanencia legal a la amparada fue resuelta y notificada el 19 de enero de 2017, a las 10:45 horas; es decir, a escasas tres horas de interpuesto el presente recurso y 4 días antes de ser notificados sobre la admisibilidad del mismo y con anterioridad a la notificación del auto de curso del presente amparo. En razón de lo anterior, procede desestimar el recurso, como en efecto se hace".
A lo anterior puede añadírsele lo dispuesto en la sentencia N° 2014007095 de las 09:30 horas del 23 de mayo de 2014, a saber:
"Bajo juramento, el Jefe del Departamento de Desalojos Administrativos del Ministerio de Seguridad Pública negó que al tutelado se le hubiere impedido el acceso al expediente No.4416-13 en el que figura como demandado. En ese sentido, explicó que el 6 de mayo de 2014 el tutelado se presentó a esa instancia y solicitó que se le entregara el proyecto de resolución elaborado con motivo de la impugnación interpuesta en contra de la resolución No. 149-14, por la cual se había acogido el desalojo promovido por (…) respecto del inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad, matrícula folio real No.(…) del Partido de Alajuela, ubicado en La Garita (informe folio 2 en el SCGDJ). Adujo que, por tratarse de un proyecto de resolución en trámite de revisión y firmas, no se le suministró al interesado. Partiendo de esta manifestación rendida bajo juramento se descarta que se hubiere solicitado el acceso al legajo completo sino, únicamente, al proyecto de resolución cuestionado.
Ahora bien, no constituye una actuación arbitraria o ilegítima el hecho que no se le permitiera acceder al proyecto de resolución en cuestión pues no se trata de un acto administrativo firme. Ciertamente, el artículo 272 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública establece que las partes y sus representantes y cualquier abogado, tienen derecho en cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así como a pedir certificación de la misma, no obstante, conforme el artículo 273, inciso 2 ibidem se exceptúan los proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de éstos antes que hayan sido rendidos. En un escrito posterior, el recurrente refutó los términos del informe rendido, sosteniendo que sí solicitó el expediente completo y que bien pudo haberse extraído el proyecto de resolución para que el interesado pudiera revisar el legajo; no obstante, en el informe se aseveró que ‘en ningún momento solicitó el expediente, pues de haberlo hecho se le hubiera facilitado inmediatamente, como siempre se hace’ (informe en el SCGDJ).
De este modo, partiendo de lo informado bajo juramento y ante la carencia de elementos probatorios para respaldar la afirmación del recurrente, esta Sala no tiene por demostrado el agravio acusado y, en esa medida, desestima el recurso de amparo por violación del derecho tutelado en el artículo 30 constitucional…" En el sub lite, de la lectura del oficio INDER-GG-DRT-RDCE-0TGR- 2014 -2020 del 12 de junio de 2020, visible en la página 5 del archivo electrónico de este amparo, se colige que la Autoridad recurrida le indicó claramente al petente, lo siguiente:
"...que los oficios por medio de los cuales se emiten recomendaciones a la Junta Directiva no pueden ser dados a conocer de previo al conocimiento y resolución por parte de ese órgano colegiado, como lo es el caso del oficio INDER-GG-DRT-RDCE-OTGR-0191-2020. Será ese órgano el que oportunamente resuelva y decida si lo envía o no a su persona".
Dado lo anterior, los precedentes citados son aplicables al caso en estudio, de modo que el recurso es improcedente y así se declara.”.
Así las cosas, no se observa que en el sub lite la autoridad accionada hubiese incurrido en algún quebranto a un elemento esencial del debido proceso, susceptible de ser declarado por esta Sala, pues el informe que acusan los recurrentes que no se puso oportunamente en su conocimiento era el informe de recomendación elaborado por el Departamento de Evaluación Ambiental para que la Comisión Plenaria de SETENA adoptara la decisión correspondiente, que fue finalmente plasmada en la resolución nro. 2031-2023-SETENA de las 12:05 horas de 20 de diciembre del 2023, la cual sí fue debidamente impugnada por los recurrentes a través de los distintos recursos de apelación formulados. Así, debe reiterarse lo indicado por esta Cámara en el precedente citado ut supra, en cuanto a que “esta Sala Constitucional, de forma reiterada, ha reconocido que el artículo 273, inciso 2, de la Ley General de la Administración Pública, parte de la idea de que los documentos internos a los que la Administración recurre para adoptar una decisión, no son de acceso público antes de que ese hecho se produzca, pues la Administración requiere de cierta libertad para formar un criterio de forma plena antes de que se dicte la decisión final (…)”.
En todo caso, se observa también que antes de la interposición de este proceso ya el informe en cuestión había sido incorporado a la sumaria y era de acceso para las partes, pues la autoridad accionada, bajo la gravedad de juramento, precisó: “una vez que se emitió la resolución No. 02031-2023-SETENA de las 12 horas con 05 minutos del 20 de diciembre del 2023 se incluyó como corresponde el informe técnico mencionado por los recurrentes, con lo cual queda establecido que el expediente está completo, tal como corresponde, y de libre acceso en el tanto el mismo es público”, y además, como se apuntó supra, los accionantes tuvieron la posibilidad de impugnar la resolución que consideraron contraria a sus intereses.
De tal manera, prima facie se descarta algún agravio de relevancia constitucional que pueda ser declarado en este proceso sumario de amparo. Por ello, si los accionantes consideran que la resolución nro. 2031-2023-SETENA de las 12:05 horas de 20 de diciembre del 2023 contiene algún vicio de nulidad, deberán acudir ante las instancias ordinarias competentes a plantear los alegatos que correspondan.
Ergo, se declara sin lugar el recurso.
Debo advertir que desde la sentencia nro. 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:
“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas.
En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (OC. 22/16)”.
Así las cosas, es el sub iudice advierto que, por su naturaleza jurídica, existe una relación esencial entre la persona natural y la persona jurídica amparada debido a que guarda relación con un tema ambiental. En virtud de ello, estimo pertinente conocer el recurso planteado a favor de la persona jurídica amparada.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal consigna nota.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Ileana Sánchez N.
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