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Res. 07851-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/03/2024
OutcomeResultado
The appeal is partially granted only regarding the lack of solid waste management by the Municipality of Puntarenas, ordering corrective actions; the remaining claims are dismissed.Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en cuanto a la falta de gestión de desechos sólidos por la Municipalidad de Puntarenas, ordenando medidas correctivas; se desestiman las demás pretensiones.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by residents of Isla Caballo, an island community in the Gulf of Nicoya, Puntarenas. The petitioners claim a lack of or deficiencies in several basic public services: drinking water, electricity, internet, public maritime transport (cabotage), and solid waste collection. The Chamber examines each claim in light of the actions and omissions of the respondent entities: the Costa Rican Electricity Institute (ICE), the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), the Municipality of Puntarenas, the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), the Regulatory Authority for Public Services (ARESEP), the Superintendency of Telecommunications (SUTEL), and the Ministry of Health. The Chamber partially grants the appeal only with respect to the Municipality of Puntarenas' failure to provide solid waste collection, ordering immediate and progressive measures for its implementation. The remaining claims (electricity, internet, cabotage, drinking water, and sanitary sewerage) are dismissed, either because the service is shown to be provided (albeit limited), because efforts are underway, because no formal request was made to the competent authority, or because the situation was already resolved in a prior amparo (drinking water) and any non-compliance must be claimed in that proceeding. The Chamber emphasizes the administration's obligation to provide public services continuously, regularly, effectively, and efficiently, especially when the right to a healthy environment and health are at stake.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por habitantes de Isla Caballo, una comunidad insular en el Golfo de Nicoya, Puntarenas. Los recurrentes reclaman la falta o deficiencia de múltiples servicios públicos básicos: agua potable, electricidad, internet, transporte público marítimo (cabotaje) y recolección de residuos sólidos. En su análisis, la Sala examina cada pretensión a la luz de las acciones y omisiones de las entidades recurridas: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Puntarenas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y el Ministerio de Salud. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la omisión de la Municipalidad de Puntarenas de brindar el servicio de recolección de residuos sólidos, ordenando medidas inmediatas y progresivas para su implementación. Las demás pretensiones (electricidad, internet, cabotaje, agua potable y alcantarillado sanitario) se desestiman, ya sea porque se acredita que el servicio se presta (aunque sea limitado), porque existen gestiones en curso, porque no se ha formulado una solicitud formal ante la autoridad competente, o porque la situación ya fue resuelta en un amparo previo (agua potable) y su eventual incumplimiento debe reclamarse en esa vía. La Sala enfatiza la obligación de las administraciones de prestar servicios públicos de forma continua, regular, eficaz y eficiente, especialmente cuando está en juego el derecho a un ambiente sano y a la salud.
Key excerptExtracto clave
“VI.- REGARDING COLLECTION CENTERS. (...) The Constitutional Court finds that the Local Government's arguments are not acceptable, because despite full knowledge of the risks to the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment caused by the lack of an adequate way for the island's inhabitants to dispose of waste, it has failed to act. This Court has repeatedly referred to the constitutional principles governing the provision of public services and the fundamental right to their efficient provision, which implies that regardless of the type of service, they must be provided with high quality standards, which has as its necessary corollary the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, promptly, effectively, and efficiently. Furthermore, it must be stressed that the Municipalities of the country must look after the interests of the inhabitants of their jurisdiction; hence, in repeated rulings, this Court has indicated that such corporations have the obligation to eliminate any type of threat that endangers the rights to health and a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton, including the solid waste collection service (see in similar sense Rulings No. 2023-19610 at 9:30 a.m. on August 11, 2023, and No. 2019-005623 at 9:45 a.m. on March 29, 2019). “(...) III.- FUNDAMENTAL RIGHT TO THE PROPER FUNCTIONING OF PUBLIC SERVICES. Our Political Constitution implicitly enshrines the fundamental right of citizens to the proper and efficient functioning of public services, i.e., that they be provided with high quality standards, which has as its necessary corollary the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, promptly, effectively, and efficiently. This obligation derives from the systematic relationship of several constitutional provisions, such as Article 140(8), which imposes on the Executive Branch the duty to ‘Monitor the proper functioning of services and administrative dependencies,’ Article 139(4), in that it incorporates the concept of ‘proper functioning of the Government,’ and Article 191 in that it incorporates the principle of ‘efficiency of the administration.’"“VI.- SOBRE LOS CENTROS DE ACOPIO. (...) Al respecto, considera este Tribunal Constitucional que los argumentos realizados el Gobierno Local no son de recibo, debido a que pese a que tienen pleno conocimiento de los riesgos al derecho de disfrutar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ocasionados por la inexistencia de una manera adecuada para depositar los desechos por parte de los habitantes de la Isla. En reiteradas ocasiones, este Tribunal Constitucional se ha referido a los principios constitucionales que rigen la prestación de servicios públicos y el derecho fundamental a la prestación eficiente de éstos, que implica que independientemente del tipo de servicio, deben ser prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Además, es necesario destacar que las Municipalidades del país deben velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón, entre ellos el servicio de recolección de desechos sólidos (véase en similar sentido las Sentencias N° 2023-19610 de las 9:30 horas de 11 de agosto de 2023 y N° 2019-005623 de las 09:45 horas del 29 de marzo de 2019). “(...) III.- DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”."
Pull quotesCitas destacadas
"“las Municipalidades del país deben velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón, entre ellos el servicio de recolección de desechos sólidos”"
"“the Municipalities of the country must look after the interests of the inhabitants of their jurisdiction; hence, in repeated rulings, this Court has indicated that such corporations have the obligation to eliminate any type of threat that endangers the rights to health and a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton, including the solid waste collection service”"
Considerando VI
"“las Municipalidades del país deben velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón, entre ellos el servicio de recolección de desechos sólidos”"
Considerando VI
"“Nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente.”"
"“Our Political Constitution implicitly enshrines the fundamental right of citizens to the proper and efficient functioning of public services, i.e., that they be provided with high quality standards, which has as its necessary corollary the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, promptly, effectively, and efficiently.”"
Considerando III
"“Nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente.”"
Considerando III
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**IV.- REGARDING THE ELECTRICITY SERVICE.** The petitioner claims that people on Isla Caballo have solar panels without adequate maintenance, and they are denied access, arguing they are in arrears on the solidarity electricity payment. Consequently, he requests that the Instituto Costarricense de Electricidad be ordered to install electricity in all homes, businesses, and institutions on Isla Caballo, at the (power) capacity necessary to have at least a refrigerator, television, adequate lighting, rice cooker, and coffee maker.
This Constitutional Court, in a prior amparo (recurso de amparo) action, by Decision No. 2016-2788 of 9:30 a.m. on February 26, 2016, filed on behalf of the residents of Isla Caballo, regarding the electricity service, dismissed the action, in accordance with the following considerations:
"IV.- SPECIFIC CASE. From the set of proven facts and the study of the case file, this Chamber observes that since 1997, the Instituto Costarricense de Electricidad installed the basic electricity service on Isla Caballo, through 48 photovoltaic systems (SFV), as well as a water pumping system, which collapsed due to irrational use by the residents, coupled with the fact that there was not enough water to meet demand; however, the pipeline was broken, the modules that powered said pumping system disappeared, and the installations were dismantled. Subsequently, in the year 2000, the Instituto Costarricense de Electricidad conducted a visit for evaluation and maintenance of the photovoltaic systems by the UEN Servicio al Cliente, now called the Negocio de Distribución y Comercialización de Energía, and it was determined that 85% to 90% were destroyed or inoperative, and there were cases where all the equipment was destroyed, for reasons attributable to the same inhabitants of the island. For this reason, the Instituto Costarricense de Electricidad indicated to the residents of Isla Caballo that to resume the project, all users had to conform to the conditions of the Rural Electrification Program with Renewable Energy Sources (Programa de Electrificación Rural con Fuentes Renovables de Energía), as well as sign the photovoltaic system rental contract, committing to the care of the equipment, according to its capacity. Furthermore, the respondent institute indicates that there are currently 92 solar panels (a non-conventional electricity supply alternative) on Isla Caballo, and their implementation will continue, since to carry out a conventional electrification project, legal, budgetary, and environmental aspects must be resolved, without which the Instituto Costarricense de Electricidad is unable to design the work and obtain financing, because the island is subject to the regulations of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre). Likewise, they report that electricity service users on Isla Caballo must sign a rental contract and pay one thousand colones monthly to obtain the service. On the other hand, the respondents from the respondent institute report that the service users themselves make improper use of the photovoltaic systems, because they connect electrical appliances with consumption exceeding the equipment's capacity, which damages the accessories that make up the system; furthermore, they use the system's batteries to go out fishing at night, and by applying such high discharges, they similarly damage the equipment, which causes the system to be unable to recharge them again. From what is evident in the case file, it appears that currently, on Isla Caballo, there are 79 subscribers to the electricity service provided by the Instituto Costarricense de Electricidad, through the residential photovoltaic system. In addition to this, it is evident from the case file that to become a subscriber and obtain electricity service through the photovoltaic systems (SFV) on that island, the inhabitants of Isla Caballo must submit a written request and present a copy of their identity card (cédula de identidad). If this institute has immediate equipment availability, the client is informed that the respective procedures for SFV installation will proceed, they are explained about the use they may make of the equipment, and prior to installation, they must appear at the Electric Services Agency (Agencia de Servicios Eléctricos) to formalize the rental contract. Otherwise, if there is no immediate SFV availability, the request is included in a list of pending needs to be addressed when appropriate, according to the investment quota assigned for such programs in the Six-Year Investment Plan (Plan de Inversión Sexenal) projected by the institution for 2015-2020, which serves as support for ARESEP. In the same manner, it is noted that the latest photovoltaic systems that were installed have a capacity of 165 watts, and the photovoltaic system depends on the amount of solar radiation it receives in a day. The respondent explains that although only 79 clients (families), out of approximately 300 people inhabiting the island, have electricity service through SFV installation, these are the ones who have completed the application process and met the requirements for the respective installation. Similarly, it reports that they currently have 7 SFVs pending installation to meet the needs of 8 families, which they hope to address this year, according to the quota assigned in the Six-Year Investment Plan 2015-2020, where there is a quota for the installation of 30 SFVs. Now, regarding the inquiry made to the respondent institute about the actions taken together with the relevant bodies to develop a conventional electrification project on Isla Caballo, it was indicated that coordination with other bodies has been limited to following up on actions referred to by the municipal entity, regarding the area of its global competence on the island (possession, land use, regulatory plan, among others). Once the different environmental, regulatory, and other legal aspects are aligned, the development of a conventional electrification project would depend mainly on the economic resources of ICE, as well as on the financial contribution of different entities interested in the development of the island, with which coordination with other social and institutional actors could begin, an aspect of lesser difficulty to solve given its social impact and common interests. And although, as mentioned previously, in addition to the legal, budgetary, and environmental aspects that impede the development of a conventional project, there would be matters concerning bathymetry (bathymetry (batimetría), a study of the seabed profile) and the type of sedimentation in the area, to be able to determine the characteristics of the submarine conductor, given the high degree of contamination (reference experience with the conductor installed on Isla Chira), as well as other technical aspects to consider, such as the transport and handling of equipment and machinery (which would have the least environmental impact on the island and be appropriate for the environmental conditions in the Gulf), a matter that would be resolved based on the experience of the electrification project carried out in 1985 on Isla Chira and the repair of the submarine cable carried out in 2012.
Under this perspective, this Chamber observes that since 1997, the Instituto Costarricense de Electricidad has provided electricity service on Isla Caballo, through 92 solar panels or photovoltaic systems (SFV) (a non-conventional electricity supply alternative), to 79 families who have completed the procedures to obtain the service, without the service having been denied arbitrarily or abusively to the other inhabitants. Likewise, it is inferred that due to the island inhabitants' own actions, the photovoltaic system implemented by the respondent institute to provide electricity service has deteriorated due to the actions of some administered parties, since inspections carried out confirmed that the pipeline was broken, the modules that supplied electricity via the pumping system disappeared, and the installations were dismantled. Furthermore, in an inspection carried out in the year 2000 for evaluation and maintenance of the photovoltaic systems by the UEN Servicio al Cliente, it was determined that 85% to 90% were destroyed or inoperative, and there were cases where all the equipment was destroyed, similarly, for reasons attributable to the same inhabitants of the island. For this reason, the Instituto Costarricense de Electricidad indicated to the residents of Isla Caballo that to resume the project, all users had to conform to the conditions of the Rural Electrification Program with Renewable Energy Sources, as well as sign the photovoltaic system rental contract, committing to the care of the equipment, according to its capacity. By virtue of the foregoing, it is observed that the service users themselves make improper use of the photovoltaic systems, as according to the respondent authority of the Instituto Costarricense de Electricidad, they connect electrical appliances with consumption exceeding the equipment's capacity, which damages the accessories that make up the system; they use the system's batteries to go out fishing at night, and by applying such high discharges, the equipment is damaged, since applying that type of discharge means the system cannot recharge them again.
On the other hand, it must be stated that on repeated occasions, the Chamber has held that a delay in the installation of a public service is not illegitimate when there are technical reasons making such installation impossible, considering that this situation does not constitute an arbitrary or unjustified decision by the Administration. In this regard, it has been held: "(…) the lack of timely service provision due to the nonexistence of technical means to provide it (see folios 12 to 14) does not in itself harm the user's rights, nor does a mere delay in assignment as a result of administrative problems, as explained under oath by the respondent party. Denial of the service that must be provided would infringe upon those rights if it were arbitrary or unjustified, especially if it implies discrimination among users by favoring others with no basis whatsoever (…)". (see in similar sense decisions No. 368-96 of 11:24 a.m. on January 19, 1996, No. 2006-13832 of 3:25 p.m. on September 19, 2006, No. 2007-014848 of 1:24 p.m. on October 12, 2007, and No. 2012-012012 of 9:05 a.m. on August 31, 2012, among others). This being the case, and by virtue of the preceding precedents, it is demonstrated that this Court's criterion is indeed that when there is a technical impossibility to provide the requested service, no fundamental right of the administered parties is violated because the omission in service provision is due to the lack of technical elements necessary for its installation and not to arbitrary action by the Administration.
In the specific case, this Chamber infers that the Instituto Costarricense de Electricidad has not denied the petitioners' request for electricity service installation in the community of Isla Caballo, but rather that the technique being implemented is the solar panel or photovoltaic system electricity system, and not a conventional electricity service as requested by the petitioners, which previously requires the fulfillment of a series of technical aspects in which other institutions must intervene, such as the Municipality of Puntarenas (Municipalidad de Puntarenas), among others. This undoubtedly constitutes technical reasons that have been explained to this Chamber under oath and cannot be refuted by this Court. In any case, it is observed that said institute supplies electricity service through the photovoltaic electrical system, consisting of the installation of solar panels, which allow—at least solving the required service to some extent, even though the capacity and power are limited. Now, regarding the potable water service on Isla Caballo, the petitioners must abide by what was resolved in decision No. 2015014553 of 2:30 p.m. on September 22, 2015, where this Chamber heard the alleged problem.
V.- CONCLUSION. As a corollary to the foregoing, it is necessary to dismiss the action, as provided in the operative part of this decision.
VI.- Notwithstanding the foregoing, let the respondent authorities take note that to guarantee the effectiveness and efficiency of the electricity service on Isla Caballo, each of them, within the scope of their respective powers, must proceed to coordinate the necessary actions so that a solution is developed and subsequently implemented for electricity on Isla Caballo, coordinating actions for this purpose with other public or private organizations. The foregoing, according to what was stated under oath by the Director of the Central Pacific Region of the Instituto Costarricense de Electricidad, referring to the fact that the island is subject to the regulations of the Maritime-Terrestrial Zone, which falls under the Municipality of Puntarenas, such as possession, land use, regulatory plan, among others. Once the different environmental, regulatory, and other legal actions are aligned for the development of a conventional electrification project, which would depend mainly on the economic resources of ICE, as well as on the financial contribution of different entities interested in the development of the island, coordination with other social and institutional actors could begin, an aspect of lesser difficulty to solve given its social impact and common interests. As reported under oath, in addition to the legal, budgetary, and environmental aspects that impede the development of a conventional project, there would be matters concerning bathymetry (a study of the seabed profile) and the type of sedimentation in the area, to be able to determine the characteristics of the submarine conductor, given the high degree of contamination (reference experience with the conductor installed on Isla Chira), as well as other technical aspects to consider, such as the transport and handling of equipment and machinery (which would have the least environmental impact on the island and be appropriate for the environmental conditions in the Gulf), a matter that would be resolved based on the experience of the electrification project carried out in 1985 on Isla Chira and the repair of the submarine cable carried out in 2012. The above, if no other cause prevents it." Currently, the Electricity Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad reports that various maintenance reports have been made on the island, when users have reported them: June 28, 2018, for client [Name 014]; June 29, 2018, for Escuela La Isla; January 15, 2019, for client [Name 015]; January 23, 2019, for client [Name 016]; May 14, 2019, and February 4, 2020, requesting review and repair of photovoltaic systems provided by the Instituto Costarricense de Electricidad to the educational center of Playa Torres, Isla Caballo, and the teacher's house. Thus, through official letter 1200-045-2020 of March 2, 2020, the Instituto Costarricense de Electricidad responded to Ingrid María Enriquez Obando, director of the Playa Torres Educational Center, Isla Caballo, in response to official letter DREP-SCE05-EPT-001-2020, informing her that after the inspection carried out on site, and once the requirements are defined, it is necessary for them to send us an official letter signed by the President of the Education Board (Junta de Educación), indicating the location of the equipment and elements in the new installations; in addition, they were requested to transfer the panel in the name of Cindy Otárola Campos to the name of the School's Education Board. Now, it is explained that in accordance with what is stated in the solar panel lease contract, the Instituto Costarricense de Electricidad commits to performing maintenance and attending to breakdowns, provided that the client fulfills their obligation to keep their billing up to date, which has not occurred, since for the year 2018 delinquency represented ninety percent, and for the year 2019, ninety-four percent was recorded, meaning that in the year 2019, income was only received in the amount of seventeen thousand colones ([Value 002]). It is worth mentioning that many of the damages caused to the equipment and that cause breakdowns and deterioration thereof correspond to inadequate handling of the equipment by the clients, where equipment has been found connected that deteriorates the solar panel components.
According to the pending billing list issued by the Puntarenas Agency as of January 10, 2024, there are one hundred sixteen solar panel services installed on Isla Caballo, whose clients mostly have payment delinquency of up to ten months, with the monthly equipment rent costing one thousand, and despite the foregoing, the Instituto Costarricense de Electricidad continues to provide maintenance service according to the service schedules.
In light of the described scenario, we have from the statements contained in the filing brief that it is not apparent that the protected party has approached the respondent Institute to discuss any maintenance request that has not been addressed. By virtue of the foregoing, the proper course is that, if any such situation exists, they should approach—if they so choose and following the formalities established for that purpose—the competent authorities, to express their disagreement with the electricity service provided. In any case, from the arguments explained by the Electricity Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad, it is apparent that a technical solution is indeed provided to the people inhabiting the island; however, they themselves breach the contracts and manage the equipment rented to them in a negligent manner.
Now, regarding the study of other possible technical solutions on the island, it was reported that on January 10, 2024, an approximate cost update for the electrification of Isla Caballo was carried out by the Coordinator of the Barranca Development Area, establishing three possible options: 1.- Extending from Isla Venado to Isla Bejuco via submarine cable (1,850 km), the cost of the 1/0 Cu submarine conductor alone is ¢150,000/m, giving us ¢277,500,000.00 + Labor, bathymetric study (bathymetric study (estudio de batimetría), seabed profile), which could generate a higher cost for contingencies, then an aerial extension of 2.050 km single-phase using only AAAC 1/0 conductor, estimated at ¢45,050,800.00, then another span of submarine cable of 950m for a cost of ¢142,500,000.00 + (Labor, B.S., Contingencies) and 4.180 km of single-phase primary line alone and 2.590 km of primary with secondary for a cost of ¢91,859,680 + 118,001,436 = for an approximate total of ¢674,911,916.00 + transformers and (Labor, B.S., Contingencies), rounding to $1,400,000 (One million four hundred thousand dollars). 2.- Direct extension from Isla Venado to Isla Caballo, projection of 3.8 km of 1/0 submarine cable for a cost of ¢570,000,000 + (Labor, B.S., Contingencies) and then the aerial network described above of 4.180 km of single-phase primary line alone and 2.590 km of primary with secondary for a cost of ¢91,859,680 + 118,001,436, giving us a total of ¢779,861,116.00 + transformers and (Labor, B.S., Contingencies), rounding to $1,600,000 (One million six hundred thousand dollars). 3.- Feed with a direct route from the mainland, with an approximate installation of: 4.5 Km of submarine cable from the Playa Naranjo sector to Isla Caballo for a cost of ¢675,000,000 and the distribution on the island mentioned before, 4.180 km of single-phase primary line alone and 2.590 km of primary with secondary for a cost of ¢91,859,680 + 118,001,436, giving us a total of ¢884,861,116.00 + transformers and (Labor, B.S., Contingencies), rounding to $1,850,000 (One million eight hundred fifty thousand dollars). Due to the high cost of any of the three options indicated to bring electrification to Isla Caballo, the work is not in the short- or medium-term investment plans of the Instituto Costarricense de Electricidad; furthermore, to be able to design, considering the total cost of the electrical work, the declaration of public roads at the site would be required to define the location of the electrical work. In this regard, let the protected party note that on repeated occasions, the Chamber has held that a delay in the installation of a public service is not illegitimate when there are technical reasons making such installation impossible, considering that this situation does not constitute an arbitrary or unjustified decision by the Administration.
Thus, regarding the electricity service, it is appropriate to dismiss the action, as is hereby ordered.
**V.- REGARDING INTERNET ACCESS.** The petitioner argues that the Superintendencia de Telecomunicaciones and the Fondo Nacional de Telecomunicaciones, regarding internet for connected communities, indicate not having an adequate internet connection to have basic communication, access to information, access to entertainment, access to virtual education and training, and access to being able to do school assignments via the internet. Consequently, he requests that the Instituto Costarricense de Electricidad, the Superintendencia de Telecomunicaciones and the Fondo Nacional de Telecomunicaciones, the Consejo Presidencial Social, the Instituto Mixto de Ayuda Social, the Ministerio de la Presidencia, and the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos be ordered to provide and install internet from the national social or solidarity program at the expense of the Costa Rican State, to have internet at capacities and speeds necessary to hold videoconferences, connect to study platforms, and all the capacity necessary to connect and communicate with the outside world.
In this case, in the first place, it is indicated that there is no claim from the petitioner before the Superintendencia de Telecomunicaciones through which they would have been made aware of their needs regarding internet service. Now, according to the Telecommunications Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad, [Name 001], identity card No. [Value 001], does not have fixed telephony plans registered with the Instituto Costarricense de Electricidad in their name. They have a mobile service registered, with a kölbi plan, 12 GB 12 M data plan, with number 86861505, which is active, and a prepaid chip from 2018, with number 89411352, as well as one with a 4G K1 12 M plan, which are active and functioning normally. The rest of the people indicated in the filing brief do not have active mobile or fixed services registered with the Instituto Costarricense de Electricidad. Furthermore, the telephone numbers 86275266 and 87152042 indicated in the filing brief do not have associated records with the Instituto Costarricense de Electricidad.
Now, despite there being no request filed by the petitioners, solutions have been diligently sought. Indeed, the locality of Isla Caballo in the canton of Puntarenas was initially within the scope of contract 001-2017 of the Programa Comunidades Conectadas (Fonatel); which was awarded to the Instituto Costarricense de Electricidad; however, for reasons of impossibility duly demonstrated to the Trust (it was not feasible to implement the civil and electromechanical work and lack of services, among others), that locality was excluded from the mentioned contract. Now, given this detected problem, the Superintendencia de Telecomunicaciones is currently seeking a technical solution to be able to process the respective tender (according to the provisions of the General Public Procurement Law (Ley General de Contratación Pública)), to hire an operator that can meet the needs of the residents of Isla Caballo, a tender that must contemplate alternatives to overcome the technical difficulties involved in bringing telecommunications services to a community with the electricity supply limitations that provided grounds for the declaration of force majeure (caso fortuito) within contract No. 001-2017. Indeed, on January 22, 2024, the Banco de Costa Rica, in its capacity as Trustee Bank and which processes tenders financed with Fondo Nacional de Telecomunicaciones resources, sent the Superintendencia de Telecomunicaciones, via official letter FIDOP_2024_1_86 (UGEY-035-24 of January 12, 2024), a proposed schedule for the presentation of the profiling and the initial decision, which represent indispensable requirements to be able to process the respective tender. Therefore, once these inputs are available, it will be possible to determine the type of tender (major, minor, or reduced bidding), as well as the definitive schedule for the promotion and execution of the tender, which, in accordance with the General Public Procurement Law, the administration must promote to tender the corresponding services for Isla Caballo.
Thus, given that the Superintendencia de Telecomunicaciones is seeking solutions to execute a project to provide access to the community, it is appropriate to dismiss the action, as far as this point is concerned. However, let the President of the Council of the Superintendencia de Telecomunicaciones and the Director of the Fondo Nacional de Telecomunicaciones take note that to guarantee the effectiveness and efficiency of the electricity service on Isla Caballo, each of them, within the scope of their respective powers, must proceed to coordinate the necessary actions so that a solution for access to internet service on Isla Caballo is developed and subsequently implemented, coordinating actions for this purpose with other public or private organizations, as appropriate.
**VI.- REGARDING COLLECTION CENTERS.** The petitioner claims that the Municipality of Puntarenas refuses to install collection centers, collect solid waste, indicating it is too expensive. Consequently, users have opted to burn the waste, generating air pollution, soil contamination, and greenhouse gases. They assert that waste from toilets (urine and feces) is deposited in a septic tank that has contaminated the soils and groundwater, making them unhealthy. Consequently, he requests that the Municipality of Puntarenas be ordered to provide the solid waste collection service, in accordance with the Law on Solid Waste Management and Disposal (Ley de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos), to provide collection service on Isla Caballo, at least once a week, and that within six months the service be expanded to a frequency of two days per week; likewise, that recycling collection centers be installed.
It is ordered that the Ministry of Health and the Ministry of the Presidency provide excreta disposal systems that do not contaminate the soil and groundwater, such as incinerators or dry services; as well as provide the necessary training for their use and proper maintenance.
The complainant's grievance regarding collection centers has two facets, the first being the use of septic tanks (tanques sépticos). In this regard, the Vice Minister of Health and the Acting Director of the Peninsular Health Governing Area, both from the Ministry of Health, report that the use of septic tanks in the homes of the residents of Isla Caballo is in accordance with current health legislation, regarding permitted dimensions and materials, and other forms of wastewater treatment in the Regulation for the Approval of Wastewater Treatment Systems No. 39887-S-MINAE. Thus, there is no prohibition whatsoever on the use of septic tanks, which constitute ninety-five percent of the existing solutions on the Peninsula for the treatment of residential wastewater. Therefore, regarding this point, the appeal must be dismissed, given that the option of using septic tanks is in accordance with current health legislation, regarding permitted dimensions and materials, and other forms of wastewater treatment. However, if there is any particular irregular situation in which the legal requirements are not met in any infrastructure on the island, the appropriate course of action is to file the respective complaint, through the mechanisms established for such purposes.
The second facet refers to the solid waste collection service. Regarding this point, it is indeed the case that the Municipality of Puntarenas does not provide the aforementioned service. As for the justification for this omission, it is indicated that it is currently in a process of planning and defining the institutional actions that must be implemented to expand the provision of the solid waste collection service to the communities and districts of the canton. Within the planning by the Municipality, and taking into account the logistical limitations of providing the service on the island, it is projected to begin with the application of the principle of shared responsibility and active participation of the population, to educate and instruct the residents to carry out adequate integrated management of their solid waste and the utilization of organic waste through composting techniques, and the separation and classification of recoverable solid waste. For the purpose of concretizing said planning, they will proceed to resort to the formulation and approval of the next extraordinary budget to execute them. Thus, such actions are intended to mitigate, in the medium term, the environmental problem generated by the erroneous practices of the island's residents.
In this regard, this Constitutional Court considers that the arguments made by the Local Government are not acceptable, because despite having full knowledge of the risks to the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, caused by the lack of an adequate means for the inhabitants of the Island to deposit their waste, this Constitutional Court has repeatedly referred to the constitutional principles governing the provision of public services and the fundamental right to their efficient provision, which implies that regardless of the type of service, they must be provided with high quality standards, which has as a necessary corollary the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, expeditiously, effectively, and efficiently. Furthermore, it is necessary to emphasize that the Municipalities of the country must look after the interests of the inhabitants of their jurisdiction; hence, in repeated pronouncements, this Court has indicated that said corporations are obliged to eliminate any type of threat that puts at risk the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton, including the solid waste collection service (see in a similar sense Judgments No. 2023-19610 of 9:30 a.m. on August 11, 2023, and No. 2019-005623 of 9:45 a.m. on March 29, 2019).
Thus, with respect to this point, the appeal must be granted, according to the considerations that will be stated in the operative part of this judgment.
VII.- ON THE CABOTAGE OR PUBLIC TRANSPORT SERVICE. The complainant asserts that each inhabitant of Isla Caballo must travel on their own to seek services, food, and shopping to Puntarenas, Jicaral, and Playa Naranjo, aggravating environmental pollution due to the individual burning of fuels. Consequently, he requests that the Ministry of Transport and ARESEP be ordered to install a cabotage service from Puntarenas to Isla Caballo and with interconnection between the islands of Venado, Caballo, and Chira, with a frequency of at least once a day, round trip.
In this regard, there is no evidence that the complainant has filed any petition with the Ministry of Public Works and Transport, which, through the Maritime-Port Division, is responsible for establishing and concessing new routes for the cabotage service. Now, once the route concession is established, it is the Public Services Regulatory Authority that must approve the fare. However, as indicated by the Ministry of Public Works and Transport, on June 3, 2021, a permit application to perform a cabotage service on the Isla Venado-Isla Caballo-Muelle Plátanos Puntarenas route, signed by Alexis Rodríguez Castrillo, was received by the Navigation and Safety Directorate. After a series of actions, through official letter No. DVMP-DNS-2022-M20 of October 10, 2022, a request was made for a series of requirements to proceed with the precarious permit (permiso en precario), for which a period of ten business days was granted; however, the request was not addressed, and the proceeding was archived. Now, on August 1, 2023, the Ministry of Public Works and Transport issued a call via email, in the following terms: "This letter serves to invite you to the meeting next Thursday, August 3rd, at the INCOPESCA facilities in Barrio El Cocal, Puntarenas, at 9:00 a.m. The meeting will address important matters in decision-making for the awarding of the Cabotage Permit between Puntarenas and Isla de Chira and its branches." On August 3, 2023, the Maritime Port Directorate of the Ministry of Public Works and Transport held the meeting at the INCOPESCA facilities, in which the needs to establish routes between Isla de Chira, Costa de Pájaros, and Puntarenas were originally going to be discussed. At that meeting, some users appeared who also expressed interest in establishing a route benefiting Isla Caballo and Venado, to which this unit reported the general conditions for preliminarily authorizing a cabotage service under the figure of the Precarious Permit (Permiso en Precario); however, the directorate competent in the particular matter has reported that, to date, its files do not contain any formal, pending application to be addressed regarding the route of interest. Thus, in the absence of a formal application, the Ministry of Public Works and Transport, through the Maritime-Port Division, has not communicated to the Public Services Regulatory Authority the creation of a minor cabotage route between Puntarenas and Isla Caballo with interconnections in Isla Venado and Chira.
Finally, the General Regulator and President of the Board of Directors of the Public Services Regulatory Authority confirmed with respect to the minor cabotage routes between Golfito-Puerto Jiménez and vice versa, Puntarenas-Isla Chira and vice versa, and Isla Chira-Costa de Pájaros and vice versa, that they currently do not have an operator authorized by the Ministry of Public Works and Transport, and, furthermore, as of January 2023, there is no permit application pending resolution for said routes.
Consequently, if the complainant considers that the cabotage or public transport service route he seeks must be created, he must petition for its creation through the mechanisms established for such purposes, so that it may be resolved as legally appropriate.
VIII.- ON THE DRINKING WATER SERVICE. The complainant asserts that the respondent authorities do not provide them with a drinking water service, forcing them to use artisanal wells (pozos artesanales) that do not meet potability conditions. Consequently, he requests installing, within a period of less than twelve months, an aqueduct service with drinking water and a water meter service for each user in their home, land, business, or institution; that while the aqueduct is installed, drinking water with a potability certification be supplied by tanker truck at each beach where residents can fill their containers, in sufficient quantities and adequate quality to meet the needs of each home, business, or institution.
Regarding this issue, this Constitutional Court, through Judgment No. 2015-14553 of 2:30 p.m. on September 22, 2015, granted a prior amparo appeal also in favor of the inhabitants of Isla Caballo, in accordance with the following considerations:
"V.- SPECIFIC CASE. From the list of proven facts and the study of the case file, this Chamber observes that since April 17, 2013, the Municipality of Puntarenas, in extraordinary session No. 258, article 1, subsection e), agreed to request the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to carry out the technical and economic studies to provide drinking water to the community of Isla Caballo, since they do not have a drinking water supply, as the complainant himself alleges that since 1912 they have been supplied by water from wells, and they must travel outside the island to obtain drinking water. Likewise, it is clear from the case file that on December 12, 2013, by memorandum SUB-G-GSC-UEN-AP-1506-2013, the Institute of Aqueducts and Sewers recommended conducting a basic study in the summer of 2014 in the ASADA Montaña Grande, which is the aqueduct system closest to where the complainant resides, since from the canton of Puntarenas, there is a distance of approximately 15 kilometers, making it materially impossible to provide drinking water from that location. However, due to internal problems in the institution, said study could not be completed. Similarly, the Director and Cantonal Chief of the Central Pacific Region of Puntarenas, of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports that for the summer of 2016, the pertinent studies could be conducted, provided weather conditions permit, since in winter the drinking water flows rise considerably, reflecting a provisional result, whereas in summer, when water is truly scarce, it is possible to obtain an effective measurement of the flows. Likewise, it is observed that on August 3, 2015, a hearing was granted to the residents of Isla Caballo to be heard before the Municipal Council of the Municipality of Puntarenas, since the problem of drinking water supply and electrification has not been fully resolved, where a final agreement was reached, within which it was deemed urgent to declare an emergency on Isla Caballo, to supply them with drinking water and electric light services, as the residents indicated that the measures to supply them with drinking water have been temporary. For its part, in an inspection carried out on September 3, 2015, the Ministry of Health affirms that indeed the community of Isla Caballo does not have a drinking water supply, so the inhabitants use, as a means of consumption, water from artisanal wells for cleaning tasks and general uses, and for drinking water consumption, whether for beverages or food preparation, they require periodic travel to communities outside the island, such as: the municipal market of Puntarenas, Isla Venado, and Playa Naranjo. Similarly, they explain that in the summer season, the artisanal wells of Isla Caballo drop significantly, generating a scarcity of the liquid and a higher presence of salt in the water. On the other hand, the authorities of the Ministry of Health indicate that although the artisanal wells visited do not present latrines or septic tanks in their surroundings, nor permanent pig breeding sites, which reduces the probability of contamination, it is also observed that they lack disinfection systems and do not have recent analyses of water quality, so examinations must be carried out to determine the water quality, and issue the corresponding administrative acts, in accordance with the result of said examinations, in order to ensure the health of the inhabitants of said community. They also indicate that it was recommended to coordinate with the rural aqueducts office to analyze water quality and manage intervention to carry out projects for the supply of drinking water on Isla Caballo. Thus, this Chamber observes the problems the inhabitants of Isla Caballo have experienced with the drinking water supply, which evidently injures the right to health, since despite the respondents accepting the problem raised in the amparo, from the reports rendered under oath, no solution to such situation emerges. From this perspective, it is clear that despite the obligation of the State—understood in a broad sense—to take concrete measures to guarantee, without discrimination, access to drinking water, in the present matter it is not demonstrated that the respondent authorities have taken specific actions to include the community of Isla Caballo in a drinking water supply plan. This, undoubtedly, is harmful to their fundamental rights. Thus, and although it is deduced that at this time there is no infrastructure to supply the drinking water service, what is alleged by the complainant is not reasonable, in the understanding that since 1912, said community has been supplied with water from wells and that they must leave the island to obtain drinking water, without effective actions having been taken to date that seek to include the affected community within a project for the effective supply of drinking water. Consequently, the omission of the respondent authorities constitutes a violation of the complainant's fundamental rights (see in that same sense vote No. 2009017498 of 4:56 p.m. on November 17, 2009). In addition to the foregoing, it must be noted that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers must carry out the necessary efforts and pertinent actions to supply drinking water to the inhabitants of Isla Caballo, through tanker trucks or other mechanisms that permanently guarantee access to water while the situation raised in this appeal is resolved.- VI.- CONCLUSION. As a corollary to the foregoing, it is necessary to grant the appeal, as provided in the operative part of this judgment.- Consequently, the following was ordered:
"The appeal is granted. It is ordered that Leyder María Miranda Araya, in her capacity as Director and Cantonal Chief of the Central Pacific Region of Puntarenas, of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, Rafael Ángel Rodríguez Castro, in his capacity as Municipal Mayor, and Randall Chavaría Matarrita, in his capacity as President of the Municipal Council, both of the Municipality of Puntarenas, María Esther Anchía Angulo, in her capacity as Vice Minister of Health, and Adriana Torres Moreno, in her capacity as Director of the Peninsular Health Governing Area, both of the Ministry of Health, adopt IMMEDIATELY the corresponding provisions to include, WITHIN A PERIOD OF ONE YEAR, the community of Isla Caballo, in a drinking water supply project, if no other cause prevents it. Furthermore, it is ordered that the respondent authorities, within a period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, must carry out the pertinent studies to guarantee the quality of the water from the existing wells on the island. Likewise, it is ordered that Leyder María Miranda Araya, in her capacity as Director and Cantonal Chief of the Central Pacific Region of Puntarenas, of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds the position, carry out the necessary efforts and pertinent actions to supply drinking water to the inhabitants of Isla Caballo, through tanker trucks or other mechanisms that permanently guarantee access to water while the situation raised in this appeal is resolved. They are warned that based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on those who receive an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and fail to comply with or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of Puntarenas, and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment in the administrative contentious jurisdiction. Notify this resolution personally to the respondent authorities".- Regarding this point, since this Constitutional Court has already issued an order for such facts, the complainant must abide by what was resolved on that occasion. Thus, any possible non-compliance with that order must be alleged in the referenced case file 15-011802-0007-CO, Judgment No. 2015-14553 of 2:30 p.m. on September 22, 2015. (…)" It is ordered that the Ministry of Health and the Ministry of the Presidency provide excreta disposal systems that do not contaminate the soil and groundwater, such as incinerators or dry toilets; as well as provide the necessary training for their use and proper maintenance. It is ordered that the Ministry of Transportation and the Public Services Regulatory Authority install a cabotage service from Puntarenas to Isla Caballo and with interconnection among the islands of Venado, Caballo, and Chira, with a frequency of at least one round trip per day.
2.- By resolution issued at 12:07 on November 29, 2023, a prevention notice was given to the appellant.
3.- By resolution issued at 10:55 on January 8, 2024, the proceeding was granted leave and a hearing was granted to the General Manager and the Head of the Cantonal Unit of Puntarenas, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA); to the Mayor and the Council President, both of the Municipality of Puntarenas; to the Vice Minister of Health and the Director of the Peninsular Health Governing Area, both of the Ministry of Health; as well as to the Electricity and Telecommunications Managers, both of the Costa Rican Electricity Institute; the Minister of Public Works and Transportation (MOPT); and the General Regulator of the Public Services Regulatory Authority (ARESEP).
Resolution notified on January 8, 2024, to the General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, to the Telecommunications and Electricity Manager of the Costa Rican Electricity Institute, to the General Regulator of the Public Services Regulatory Authority, to the Vice Minister of Health of the Ministry of Health. On January 9, 2024, it was notified to the Mayor and the Council President, both of the Municipality of Puntarenas. In addition, on January 10, 2024, it was notified to the Head of the Cantonal Unit of Puntarenas of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, to the Minister of Public Works and Transportation. On January 12, 2024, the Acting Director of the Peninsular Health Governing Area of the Ministry of Health appeared to submit a report.
4.- Eric Alonso Bogantes Cabezas, in his capacity as General Regulator and President of the Board of Directors of the Public Services Regulatory Authority, reports the following regarding the alleged facts:
“First: In this fact, no reproach is made against ARESEP, as they are directed at the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (hereinafter ICAA).
It should be noted that the appellant refers to a prior constitutional amparo that, in their opinion, has been breached by the ICAA, in which resolution No. 2015014553 was issued at 14:30 on September 22, 2015 (Expediente 15-011802-0007-CO), as stated by the appellant in their brief of December 1, 2023, and in this regard, it should be reiterated that this Regulatory Authority was not a party to that proceeding, so it corresponds to facts completely unrelated to this Administration.
Finally, having consulted the database of the General Directorate of User Services of ARESEP (hereinafter DGAU), responsible for processing complaints and grievances filed before this Regulatory Authority regarding the provision of public services, it must be stated that there are no express complaints or grievances regarding the facts reported by the appellant concerning the lack of services on Isla Caballo.
Second: In this fact, no reproach is made against ARESEP, as they are directed against the Costa Rican Electricity Institute (hereinafter ICE) and the General Superintendency of Telecommunications (hereinafter SUTEL), these being the administrations that must address the alleged facts in their respective reports.
It should be noted with respect to SUTEL that said Superintendency is a maximally deconcentrated body of ARESEP with competencies exclusive from those of my represented entity, and with independent legal personality, for which reason it should have been brought into this proceeding for the purpose of rendering the respective report, as this Regulatory Authority is incompetent to address the internet service and the National Telecommunications Fund, in the terms developed in the appeal. The competencies of ARESEP and SUTEL will be elaborated upon further below.
Notwithstanding the foregoing, as stated in the previous fact, having consulted the database of the General Directorate of User Services of ARESEP, it must be stated that there are no express complaints or grievances regarding the facts reported by the appellant concerning the lack of services on Isla Caballo.
Third: In this fact, no reproach is made against ARESEP. They are directed against the Municipality of Puntarenas. Notwithstanding the foregoing, as stated in the previous facts, having consulted the DGAU database, it must be stated that there are no express complaints or grievances regarding the facts reported by the appellant concerning the lack of services on Isla Caballo.
Fourth: In this fact, no reproach is made against ARESEP. They are directed against the Municipality of Puntarenas, the Ministry of Health, and the Ministry of the Presidency.
As already stated in the previous facts, having consulted the DGAU database, it must be stated that there are no express complaints or grievances regarding the facts reported by the appellant concerning the lack of services on Isla Caballo.
Fifth: Regarding this fact, which is the only one in which specific questions are raised against ARESEP, it is rejected in the terms formulated by the appellant. The appellant claims that ARESEP and MOPT have not been interested in establishing a public maritime transport service at least to Puntarenas and among Islas Caballo, Venado, and Chira.
Regarding this fact, it is necessary to point out that to provide the public transport service by ferry or boat, the respective concession or permission granted by the Ministry of Public Works and Transportation (hereinafter MOPT), through the Maritime-Port Division, is required, and it is that entity that approves the operating conditions: schedules, number of units, route; based on the number of users. That information is sent to ARESEP for the calculation of passenger fares and inspections regarding the operation of the service.
Consequently, it is not ARESEP's competence to determine the need to establish and grant concessions for new cabotage routes, as its sole responsibility is the determination of fares, and ensuring compliance with standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision (Article 5 of Law No. 7593), once said provision has been authorized by MOPT. This aspect will be elaborated upon further below.
From reading the amparo appeal brief on which we are ruling, it is important to note that, except for the fifth fact, no reproach is made against ARESEP, a fact in which the non-existence of the cabotage service is indicated. Additionally, from reviewing the specific claims of the amparo appeal, it appears that ARESEP is only referenced in claim 4, this being done incorrectly, since as will be developed further below, the provision of telecommunications services is outside the competencies of this Regulatory Authority, and finally in claim 5, related to the cabotage service.
Under the foregoing situation, we proceed to develop the main aspects related to the competencies of this Regulatory Authority, relevant to this matter, and to support that the appeal be declared without merit against ARESEP.
A.- Regarding the Cabotage service.
In terms of the regulation of cabotage as a public service, and ARESEP's competencies with respect to it, the Law of the Public Services Regulatory Authority, Law No. 7593, establishes in its Article 5 (as pertinent) the following:
“Article 5.- Functions. In the public services defined in this article, the Regulatory Authority shall set prices and fares; in addition, it shall ensure compliance with quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision standards, pursuant to Article 25 of this law. The aforementioned public services are:
(…)
The authorization to provide the public service shall be granted by the entities cited below:
(…)
Subsection f): Ministry of Public Works and Transportation (…)” (Highlighting does not correspond to the original) In turn, the Law Creating MOPT, No. 3155, reformed by Law No. 4786, states in its Article 2:
“Article 2°.- The Ministry of Public Works and Transportation has the purpose of: (…)
In this regard, Article 2 of decree No. 40803-MOPT points out the specific functions of the Maritime-Port Division, those relevant to this matter being the following:
➢ Propose policies and strategies to the Minister through the Sectoral Secretariat that allow them to exercise governance in the Transport Sector, in the maritime-port area.
➢ Coordinate with the entities that make up the Transport Sector, in those aspects related to matters within its competence, in order to fulfill sectoral and institutional objectives.
➢ Evaluate the projects developed by the directorates that make up the Maritime-Port Division, in coordination with the established bodies or entities.
➢ Ensure compliance with institutional and sectoral policies, plans, and programs approved by the Ministry in the maritime-port area.
➢ Apply the guidelines issued by Institutional Planning in matters within its competence.
➢ Control compliance with policies for developing the maritime-port field in accordance with the country's interests, treaties, international conventions, bilateral agreements in force, or those signed for such purpose.
➢ Recommend to the Minister the transportation fares for cargo and vehicles on cabotage routes, as well as the granting of concessions and permits for the operation of cabotage service routes.
➢ Ensure that the Maritime-Port Registries are duly updated.
➢ Comply with current legislation and the rules and procedures established in matters within its competence, dictated by the competent entities, as well as ensure compliance within the dependencies that make up the Maritime-Port Division.
In addition to the above, the Office of the Attorney General of the Republic, through opinion C-047-1998, stated the following:
“(…)
Cabotage is considered the navigation "that vessels make between the ports of their nation without losing sight of the coast... Maritime traffic on the coasts of a specific country" (Diccionario Enciclopédico Quillet, t. II, México, Editorial Cumbre, 1967, p. 331).
This is how our legal system understands it, since the Law of the Cabotage Service of the Republic (No. 2220 of June 20, 1958) stipulates that cabotage traffic is that "carried out between two national ports, coastal or fluvial, on the same coast" (Art. 2).
Said traffic is declared a public service by that same Law (Art. 3), which also clarifies that the cabotage service is exercised by "all those duly authorized vessels engaged in the remunerated transport of persons in numbers greater than five or of cargo in quantities greater than two metric tons" (Art. 4).
Article 5 insists that, to operate the service on a regular and permanent basis, a "concession of line right from the Executive Branch" must be obtained. The concession establishes "the bases to which cabotage companies shall be subject to set fares and other conditions of the services," with the Ministry of Public Security being responsible for regulating those related to its fares (Art. 12) and generally acting as the oversight authority.
However, soon this power of regulation and control of the public cabotage service was transferred to MOPT. Indeed: subsection c) of Article 2 of the aforementioned Organic Law of MOPT (which was enacted after the Law of the Cabotage Service of the Republic was issued) includes within its competence to "Plan, build, improve, and maintain deep-water and cabotage ports, inland navigation channels and terminals, ferry systems, and similar. Regulate and control international, cabotage, and inland waterway maritime transport." And, in general terms, subsection f) adds that it is responsible for "Planning, regulating, controlling, and overseeing any other mode of transportation not mentioned in this article...".
(…)” (Highlighting does not correspond to the original).
That is to say, MOPT through the Maritime-Port Division is the department with the exclusive and exclusionary competence to activate or deactivate cabotage routes, assign the respective qualifying titles, and establish operational schemes, and this being the legal and technical reality, it should be noted that as of the date of this report, the creation of a minor cabotage route between Puntarenas and Isla Caballo with interconnections on Isla Venado and Chira has not been communicated to ARESEP by MOPT.
It should be added that if MOPT decides to establish that new route, it could not begin operating until ARESEP sets the respective fare according to Article 9 of Law No. 7593, which states the following:
“(…) Article 9.- Concession or permit To be a provider of the public services referred to in this law, the respective concession or permit from the public entity competent in the matter must be obtained, as provided in Article 5 of this law. Exempted from this obligation are public institutions and companies that, by legal mandate, provide any of these services. However, all providers shall be subject to this law and its regulations.
The Regulatory Authority shall continue to exercise the competence that Law No. 7200 and its reforms, of September 28, 1990, grant to the National Electricity Service.
No provider of a public service described in Article 5 of this Law may provide the service unless it has a fare or price previously set by the Regulatory Authority.
(…)” (Highlighting does not correspond to the original).
Thus, if MOPT, in the exercise of its competencies, authorizes the creation of that new cabotage route, that Ministry or the designated provider could request the fare setting from ARESEP, or ARESEP could proceed ex officio, as established by Article 30 of Law No. 7593, which regulates the matter of requests for setting or changing fares and prices, allowing the legislator that "providers of public services, legally constituted consumer organizations, and public entities and bodies with legal authority to do so, may submit requests for setting or changing fares." It is made evident, with what has been developed in the preceding paragraphs, that the Regulatory Authority cannot establish new cabotage routes to the extent that this corresponds to MOPT's own competence, nor can it establish fares for a non-existent route or one that does not have prior permission or concession from the granting entity.
It should be reiterated that in this matter, from the perspective of ARESEP's competencies, for the route requested by the appellant, it is not possible to set the corresponding fares precisely because this Regulatory Authority has not been informed that MOPT, through the Maritime-Port Division, has authorized the creation of that route or granted the qualifying title, which is why the power-duty to set fares and ensure quality and continuity in public services under ARESEP's charge, according to its constitutive law and special laws, is only applicable once a title exists that qualifies the private individual to become a permit holder or concession holder, with a previously established operational scheme that benefits users under a cost-of-service criterion.
In general, and according to ARESEP's records, in the area related to this appeal, there are only two minor cabotage routes authorized by MOPT: Puntarenas – Isla Chira and Isla Chira – Costa de Pájaros, whose current fares were established in resolutions RRG-8852-2008 and RRG-7789-2008, respectively. The fare detail for these routes is as follows:
| Lancha Puntarenas-Isla Chira | |
|---|---|
| Current operator: no operator authorized by MOPT | |
| Type Adults | 3800 colones |
| Type Minors | 350 colones |
| Resolution No. RRG8852-2008. | |
| Publication date Gazette 23-oct-08 Source: ET-079-2008 fare study file (Folios 366 to 378) |
| Lancha Isla Chira-Costa de Pájaros | |
|---|---|
| Current operator: no operator authorized by MOPT | |
| Type Adults | 2000 |
| Type Minors | 205 |
| Resolution No. RRG-7789-2008. Publication date Gazette 5-feb-08 | |
| Source: ET-125-2007 fare study file (Folios 87 to 93) |
For greater abundance, it is necessary to indicate what was stated by the Maritime-Port Division of MOPT, in official letter DVMP-DNS-2023-15 of January 16, 2023 (attached as documentary evidence) regarding the absence of an authorized provider for that service, in the following terms:
“(…) With respect to the minor cabotage routes between Golfito-Puerto Jiménez and vice versa, Puntarenas-Isla Chira and vice versa, and Isla Chira-Costa de Pájaros and vice versa, they currently do not have an operator authorized by this Ministry and, furthermore, there is at this moment no permit application pending resolution by this Directorate for said routes. (…)” (The highlighting is not from the original.)
Furthermore, it is reiterated that according to our records, there is currently no maritime transport as a public service authorized by MOPT between Puntarenas and Isla Caballo with connections to Isla Venado and Isla Chira, so it is insisted that the amparo appeal filed should not result in a ruling against the Regulatory Authority, since the power to grant permits or concessions rests with MOPT through the Maritime-Port Directorate, as was previously stated in the response to the fifth fact of this report.
By way of corollary, it is insisted, the Regulatory Authority does not have the competence to create cabotage routes or grant operating permits, as this is the exclusive competence of MOPT. Furthermore, ARESEP cannot set fares for a route that currently does not exist or that does not have a permit holder or concession holder, a title granted by the granting entity, including an entire operational scheme that must incorporate schedules, frequencies, itineraries, and conditions. As long as this does not happen, ARESEP cannot for any reason set fares or monitor the quality of the service, as it is not possible to activate its power-duty under this scenario.
In the terms indicated, it is respectfully requested that this constitutional amparo be declared without merit with respect to this Regulatory Authority.
B.- Regarding the Competencies of ARESEP and SUTEL in matters of telecommunications.
SUTEL as a body of maximum deconcentration.
As indicated in previous lines, SUTEL is a maximally deconcentrated body of ARESEP whose exclusive competencies were granted by law, so ARESEP is barred from addressing pure telecommunications matters, since, it is insisted, it was the legislator themselves who decided to grant that competence exclusively and exclusionarily to SUTEL.
Thus, SUTEL's maximum deconcentration with respect to ARESEP is limited to the following functions:
a-Regulating, applying, monitoring, and controlling the legal framework of telecommunications; b-Administering the National Telecommunications Fund; c-Contractual matters; d-Administering its resources and its budget; e-Signing the contracts and agreements it requires for the fulfillment of its functions.
The instrumental personality given to a deconcentrated entity, in this case SUTEL, has as its main purpose to provide it with efficiency and adaptability in the exercise of the specific powers that have been assigned to it, which must go hand in hand with the budget that has been allocated to it.
Based on the foregoing considerations, it is intended to duly establish the scope of what this representation understands as the maximum deconcentration operating in favor of SUTEL, and the competencies granted to ARESEP by Law No. 7593, in relation to administrative actions pertaining to SUTEL. Having made the preceding clarification, it must be indicated that Article 83 of the General Law of Public Administration, No. 6227 (LGAP), regulates the legal institute of maximum deconcentration.
As pertinent, said norm establishes:
“Article 83:
1. Every body other than the head shall be fully subordinate to the latter and to the immediate superior, unless deconcentration is effected by law or regulation.
2. Minimum deconcentration shall occur when the superior cannot:
3. Deconcentration shall be maximum when the inferior is also removed from orders, instructions, or circulars from the superior.
4. The impossibility of reviewing or substituting the conduct of the inferior shall presume the power to assume [avocar] the same, and vice versa.” In turn, Articles 99 and 100 of the LGAP, which complement Article 83 cited, regulate the directive relationship exercised by the central entity over the deconcentrated body, with regard to non-deconcentrated competencies, as follows:
These norms provide:
“Article 99: 1. There shall be a directive relationship when two active administration bodies have different competencies by reason of the matter and one of them can order the activity, but not the acts, of the other, imposing upon it the goals of the same and the types of means to be used to achieve them, within a relationship of trust incompatible with orders, instructions, or circulars.
2. Hierarchy shall imply the power of direction, but not the reverse.” ” “Article 100:
1. When a body has directive power over another, it may issue directives to it, monitor their compliance, and sanction with removal the head who fails to comply with them repeatedly and seriously, without justifying the non-observance.
2. The directing body shall not, as such, have hierarchical power over the directed body, and the latter shall in all cases have discretion to apply the directives according to the circumstances.
3. The directing body shall also have the power to coordinate the directed body with others, always within the limits previously indicated.” Based on Articles 83, 99, and 100 of the LGAP, previously transcribed, we can affirm that we are in the presence of maximum deconcentration of competencies (case of SUTEL), when regarding these, the central body (ARESEP) cannot legitimately, with respect to the deconcentrated body:
a.- avocarse [assume] its competencies, b.- review its conduct, c.- substitute its conduct, d- issue orders to it, e- issue circulars to it, or, f- give it instructions.
The Office of the Attorney General of the Republic has analyzed the institute of administrative deconcentration broadly, so in at least two of those pronouncements we read the following:
“Deconcentration implies a distribution or transfer of competencies within the same legal entity, by which the inferior body receives a decision-making competence, exclusively and definitively, on a specific matter, so that it may exercise it as its own, on its own behalf and under its own responsibility (I refer, among others, to opinion C-033-2002 of January 28, 2002); a transfer that in any case occurs within the same organizational structure, and therefore, there is no creation of a new legal entity” (Legal Opinion O.J. 006-2002.); (Emphasis supplied) “In this order of ideas, we have come to affirm that ‘deconcentrating is functionally specializing certain bodies, without such competencies being organically separated from the original structure’ (Opinions C-159-96 of September 25, 1996, and C-010-99 of January 12, 1999; similarly, opinion C-004-93 of January 4, 1993). And the doctrine itself points out for this reason that ‘… deconcentration can be characterized as the interorganic downward transfer of the ownership and exercise of administrative competencies’ (LAVILLA, J.J. \"Enciclopedia Jurídica Básica\", Tomo II, Editorial Civitas, Madrid, 1995, p. 2429); or that it ‘involves the shift of competencies in favor of inferior bodies within the same incorporated organization’ (PARADA, R. \"Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común\", Marcial Pons, 1999, p. 108). However, the deconcentrated body continues to be part of the original central organization (See in this regard, opinion C-109-99 of June 1, 1999, as well as C042-2001 of February 20, 2001) (…)” (OJ-125-2008 of 11-14-2008).
Competence of SUTEL in telecommunications matters and administration of the National Telecommunications Fund.
According to current legislation, it is clear that SUTEL is a body of ARESEP, as established by both Articles 45 and 59, second paragraph of Law No. 7593 and its reforms, as well as Article 6, subsection 27 of the General Telecommunications Law, No. 8642.
Those indicated norms state, as relevant:
“Article 45.- Bodies of the Regulatory Authority The Regulatory Authority shall have the following bodies:
(…) c) Superintendency of Telecommunications (SUTEL) (…)” “Article 59.- Superintendency of Telecommunications (…)
SUTEL is a body of maximum deconcentration attached to the Public Services Regulatory Authority… (…)” Law 8642 “Article 6.- Definitions For the purposes of this Law, the following is defined:
(…)
(…)” (Highlighting does not correspond to the original) As indicated supra, the instrumental legal personality that SUTEL holds gives it autonomy to carry out the acts and contracts expressly indicated by law (understood as Law No. 7593 and Law No. 8642); necessary for the exercise of its competencies and the achievement of its purposes, so the instrumental legal personality gives a deconcentrated body the power to carry out certain legal acts conducive to the fulfillment of the purpose or public purposes expressly indicated in the law. In this sense, that deconcentration is not unlimited, but rather has its boundaries in the law itself.
To reinforce what is stated on this point, we respectfully refer to opinion C-126-2010 of June 17, 2010, from the Office of the Attorney General of the Republic, which, as relevant to us, concludes:
“(…)
Simply put, decentralization (desconcentración) means that ARESEP has been stripped of its comptroller, reviewing (except with regard to setting tariffs, fees, rates, and contributions), and command powers.” (Emphasis is ours.)
The cited opinion continues:
“(...)
Additionally, it cannot go unmentioned that the administration of the National Telecommunications Fund (Fondo Nacional de Telecomunicaciones) is a matter that also falls outside the scope of Aresep's jurisdiction, as provided in numeral 59 of Law No. 7593, in a chapter added with the entry into force of Law No. 8660 of August 8, 2008, which establishes the following:
“Article 59.- Telecommunications Superintendency (...)
Sutel is a body of maximum decentralization (órgano de desconcentración máxima) attached to the Public Services Regulatory Authority; it shall have its own instrumental legal personality to administer the National Telecommunications Fund, carry out contractual activity, administer its resources and its budget, as well as to enter into the contracts and agreements it requires for the fulfillment of its functions.
(...).” (Highlighting not part of the original) In accordance with the above-cited provision, Article 60, subsection b) of Law No. 7593 establishes:
“Article 60.- Fundamental Obligations of the Telecommunications Superintendency (Sutel) The fundamental obligations of Sutel are:
(...)
In this regard, in the amparo petition that supports this matter, the petitioner states in point 2, the following regarding public services related to Sutel:
“-Internet and especially the solidarity internet (internet solidario) of the Telecommunications Superintendency and the National Telecommunications Fund for connected communities, indicating they lack an adequate internet connection for basic communication, access to information, access to entertainment, access to virtual education and training, and access to being able to complete school tasks via the internet.” This argument must be understood in direct relation to claim number 4, which was framed in the following terms:
4. Order the Costa Rican Electricity Institute (Instituto Costarricense de Electricidad), the Telecommunications Superintendency and the National Telecommunications Fund, the Presidential Social Council (Consejo Presidencial Social), the Joint Social Assistance Institute (Instituto Mixto de Ayuda Social), the Ministry of the Presidency (Ministerio de la Presidencia), and the Public Services Regulatory Authority to provide and install internet service through the national social or solidarity program, at the expense of the Costa Rican State, so as to have internet with the necessary capacity and speeds for maintaining videoconferences, connecting to study platforms, and all the capacity needed to connect and communicate with the outside world.” (Highlighting is not from the original) As is evident from what has been developed in this section, the regulation of telecommunications, as well as the administration of the National Telecommunications Fund, are matters within the jurisdiction of Sutel, which holds the status of a body with maximum decentralization (desconcentración máxima) from Aresep, and enjoys instrumental legal personality. Consequently, in order to address fact two and claim four of this constitutional amparo, the respective report must be requested from Sutel, and not from this Regulatory Authority.
Under the above logic, Aresep is unaware of the reasons why Sutel was not included in this amparo proceeding, even though the petitioner expressly directed one of their claims against said decentralized body; however, it is considered important to cure the process by requesting the respective input from the competent body for this purpose.” In view of the considerations set forth, it requests that the petition be dismissed, since “…the administration and execution of the National Telecommunications Fund is a matter that falls solely and exclusively to Sutel and not to Aresep, which, by mandate of law, lacks jurisdiction to make any decision involving the administration and disposition of said Fund, and furthermore, as regards the issue of Cabotaje (Cabotage), the granting of concessions for that service is a matter that concerns exclusively MOPT through the División Marítimo Portuaria (Maritime Port Division). Therefore, it respectfully requests of this highest court:
1. That the amparo petition filed by [Name 001] be dismissed with respect to the Public Services Regulatory Authority, given that there are no omissions, legal arguments, or claims attributable to the regulatory entity, and that it be resolved without special condemnation for costs.
2. That in the event of a partial finding in favor of the petitioner for any eventual omissions that this Chamber may substantiate regarding the other co-respondents, the Public Services Regulatory Authority be exonerated from all responsibility as well as from the payment of any eventual procedural costs.”.
5.- Roberto Quirós Balma, in his capacity as Electricity Manager of the Costa Rican Electricity Institute, reports regarding the alleged facts, as follows:
“PRELIMINARY CONSIDERATIONS This proceeding originates in the case concerning the development of electric service number 2009-13-020, which was analyzed and dismissed by this Constitutional Chamber through amparo petition 15-014744-007-CO, filed by Mr. [Name 013] and others, where it was established that the electrification project for Isla Caballo would depend on the economic resources of ICE and other state entities, as well as on financial contributions from different entities interested in the island's development. Furthermore, it was determined that ICE has electrified the island through the installation of solar panels, which make it possible to at least meet the basic service required, even though capacity and power are limited. The facts to be detailed in the current report respond to actions carried out by ICE, subsequent to the resolution of amparo petition 15-014744-0007-CO.
FACTS FIRST: Since 2016, ICE has performed maintenance on the photovoltaic systems of Isla Caballo. This has been provided based on reports received and resource availability, for example:
1.- On June 28, 2018, a photovoltaic system maintenance report was generated, addressed by inspection at Isla Caballo, for customer [Name 014].
2.- On June 29, 2018, a photovoltaic system maintenance report was generated, addressed by inspection at La Isla, for the La Isla School (Escuela La Isla).
3.- On January 14, 2019, a report was generated for a damaged photovoltaic system breakdown for customer [Name 014].
4.- On January 15, 2019, a report was generated for a damaged photovoltaic system breakdown for customer [Name 015].
5.- On January 23, 2019, a report was generated for a damaged photovoltaic system breakdown for customer [Name 016].
An important aspect to consider regarding the attention to breakdowns in solar panels on Isla Caballo is that, as indicated in the solar panel lease contract, ICE commits to performing maintenance and addressing breakdowns, provided that the customer complies with their obligation to keep their billing current, which has not occurred, given that for the year 2018 the delinquency rate represented 90% and for the year 2019, 94% was recorded. That is, in the year 2019, income was received amounting to only [Value 002]. It is worth mentioning that many of the damages caused to the equipment, which result in breakdowns and their deterioration, correspond to inadequate handling of the equipment by the customers, where equipment connected has been found to damage solar panel components.
SECOND: On May 14, 2019, official communication DREP-SCE05-EPT00017 was received, issued by Ms. Ingrid María Enriquez Obando, director of the Playa Torres Education Center (Centro Educativo Playa Torres), Isla Caballo, and Mr. Ángel Antonio Rojas Rojas, president of the Playa Torres School Education Board (Junta de Educación Escuela Playa Torres), Isla Caballo, in which they request review and repair of photovoltaic systems provided by the Costa Rican Electricity Institute at said Education Center.
THIRD: Through official communication 1200-054-2019, dated May 23, 2019, the Administrative Management Control Department of the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes) was informed that our Institution schedules two trips per year to provide corrective and preventive maintenance to the solar panels of Isla Caballo and other islands, clarifying that said trips can occasionally be affected or limited due to tidal access, weather conditions, and are also organized to optimize material, human, and financial resources, as they generate high costs that the institution must incur.
FOURTH: On February 4, 2020, a new official communication DREP-SCE05-EPT-001-2020 was received, issued by Ms. Ingrid María Enriquez Obando, director of the Playa Torres Education Center, Isla Caballo, in which she requests maintenance, relocation, and a request for new solar panels for the new Education Center and teacher's house.
FIFTH: Through official communication 1200-045-2020, dated March 2, 2020, a response was provided to Ms. Ingrid María Enriquez Obando, director of the Playa Torres Education Center, Isla Caballo, in reply to official communication DREP-SCE05-EPT-001-2020, informing her that after the site inspection was performed, and once the requirements are defined, it is necessary for them to send us an official communication signed by the president of the Education Board, indicating the location of the equipment and elements in the new facilities. Furthermore, it requests that the panel in the name of Ms. Cindy Otarola Campos be transferred to the name of the School's Education Board.
SIXTH: On January 10, 2024, the Barranca Development Area Coordinator performed an approximate cost update for the electrification of Isla Caballo, establishing three possible options:
1.- Route from Isla Venado to Isla Bejuco via submarine cable (1.850km). The cost of the 1/0 Cu submarine conductor alone is ¢150,000/m, totaling ¢277,500,000.00 + Labor, bathymetry study (seabed profile), which could generate a higher cost for unforeseen events. Then, a 2.050km monophasic overhead line extension, with AAAC 1/0 conductor alone, estimated at ¢45,050,800.00. Then another submarine cable span of 950m for a cost of ¢142,500,000.00 + (Labor, Bathymetry Study, Unforeseen events) and 4.180km of monophasic primary line alone and 2.590km of primary with secondary line for a cost of ¢91,859,680 + 118,001,436 = for an approximate total of ¢674,911,916.00 + transformers and (Labor, Bathymetry Study, Unforeseen events), rounding to $1,400,000 (One million four hundred thousand dollars).
2.- Direct extension from Isla Venado to Isla Caballo, a projection of 3.8km of 1/0 submarine cable for a cost of ¢570,000,000.00 + (Labor, Bathymetry Study, Unforeseen events) and then the overhead network described above: 4.180km of monophasic primary line alone and 2.590km of primary with secondary line for a cost of ¢91,859,680 + 118,001,436, yielding a total of ¢779,861,116.00 + transformers and (Labor, Bathymetry Study, Unforeseen events), rounding to $1,600,000 (One million six hundred thousand dollars).
3.- Feed via a direct route from the mainland, with approximate installation of: 4.5kms of submarine cable from the Playa Naranjo sector to Isla Caballo for a cost of ¢675,000,000 and the distribution on the aforementioned island: 4.180km of monophasic primary line alone and 2.590km of primary with secondary line for a cost of ¢91,859,680 + 118,001,436, yielding a total of ¢884,861,116.00 + transformers and (Labor, Bathymetry Study, Unforeseen events), rounding to $1,850,000 (One million eight hundred fifty thousand dollars).
Due to the high cost of any of the three options indicated for bringing electrification to Isla Caballo, the project is not included in this Institute's short-term or medium-term investment plans. Furthermore, in order to develop a design considering the total cost of the electrical project, it would be necessary to have the formal declaration of public roads (calles públicas) at the site, which would allow us to define the location of the electrical infrastructure.
SEVENTH: According to the outstanding billing list issued by the Puntarenas Agency on 01/10/2024, there are currently 116 solar panel services installed on Isla Caballo, whose customers mostly have payment delinquency of up to 10 months, given that the monthly equipment lease cost is one thousand colones. Despite the foregoing, ICE continues to provide maintenance service according to the service schedules.
CASE ANALYSIS In light of the aforementioned facts, it is determined that ICE provides electric service to the entirety of Isla Caballo in Puntarenas, through a photovoltaic system that makes it possible to meet the basic service required, even though capacity and power are limited. Furthermore, it has provided system maintenance, despite the fact that it represents a practically ruinous condition for the institution, as delinquency in the area is extremely high and breakdowns are constant and caused by the customers themselves.
Regarding the installation of an electric distribution system via a submarine cable, it is determined that any of the options for its installation is highly costly, and therefore, it cannot be considered for short-term or medium-term investment, as it would affect a large number of projects in other areas with greater impact, violating the fundamental rights of other persons due to unequal treatment.
In light of the above, and based on technical studies, it is established that the request for expansion of the electric distribution network under administrative file 2009-13-020 falls outside ICE's short-term or medium-term budgetary and technical reach.” In view of the considerations set forth, it requests that the petition be dismissed, “… given that my client has not violated any constitutional right of the petitioners, as they have the corresponding electric service and maintenance has been provided for it.” 6.- Luis Diego Abarca Fernández, in his capacity as Telecommunications Manager of the Costa Rican Electricity Institute, reports regarding the alleged facts, as follows:
“II. Opening of the internet market: Before referring to what the petitioner indicates, I consider it important to state that, in accordance with Transitory Provision II of the General Telecommunications Law 8642 (LGT), which establishes that from the entry into force of this Law, operators and providers may effectively compete, among other things, to supply internet service directly to the customer. The provision of said service is not exclusive to ICE; rather, on the contrary, the customer may select other operators if they consider that this Institute's offer does not satisfy their interests.
However, ICE takes all necessary actions within its reach to satisfy the requirements of interested parties, but unfortunately, due to different circumstances, and even when the best effort is made, it is not possible to provide said service in some areas of the country, or its provision is limited to certain speeds.
In that same vein, let us consider what this Constitutional Chamber has indicated on this matter: (Res. 2017001636, 09:24 of February 3, two thousand seventeen).
“IV- Regarding internet service, it is necessary to point out what this Court has indicated on other occasions:
“(…) IV. On the merits.- (…) Now, unlike what was indicated regarding the public electric service, in this case we are dealing with a public service open to competition. That is, from the entry into force of the General Telecommunications Law No. 8642 of June 4, 2008, all telecommunications operators and providers have the possibility of competing to supply private network telecommunications services, Internet, and mobile wireless services directly to the customer, as well as all new services that arise by virtue of technological advancements. Thus, ICE is not the only entity that provides it. Therefore, in addition to the technical impossibility that ICE alleges in this case, which demonstrates that the denial has not been arbitrary, we find other possible operators to whom the petitioner could have turned to request the public internet service. (…) The foregoing, without prejudice to the petitioner's right to turn to request internet service from other operators, or to go to SUTEL if they consider that the application of the National Telecommunications Fund (Fonatel) is appropriate in their case, whose purpose is to bring telephone and internet service to areas and communities where service is not yet available, promoting universal access, universal service, and solidarity established in the General Telecommunications Law No. 8642” (see ruling No. 2016-014512 of 9:05 a.m. on October 7, 2016). (Highlighting is not from the original) (Highlighting is not from the original) As is evident from the above, ICE is not currently the sole entity responsible for providing internet service; therefore, any other operator with a presence in the area could provide the required services. Failing that, the interested parties, as this Constitutional Chamber rightly indicates, could turn to SUTEL if they consider that the application of the National Telecommunications Fund (Fonatel) is appropriate in their case, whose purpose is to bring telephone and internet service to areas and communities where service is not yet available, promoting universal access, universal service, and solidarity established in General Telecommunications Law 8642.
III.- Petitioner's Services: According to ICE's corporate systems, Mr. [Name 001], identity card number [Value 001], does not have fixed telephone plans registered with ICE in his name. However, he does register a mobile service: a kölbi data 12 GB 12 M plan with number 86861505, which is active, and a 2018 prepaid chip with number 89411352, as well as a 4G K1 12 M plan, all of which are active and functioning normally.
Regarding the rest of the persons indicated in the filing petition, I must mention that they do not register active mobile or fixed services with ICE, clarifying, moreover, that the telephone numbers 86275266 and 87152042 indicated in the filing petition do not have records associated with ICE.
It is important to mention that the locality of Isla Caballo in the Canton of Puntarenas was initially within the scope of procurement 001-2017 of the Connected Communities Program (Programa Comunidades Conectadas) (Fonatel); this was awarded to ICE. However, for reasons of impossibility duly demonstrated to the Trust (Fideicomiso), (it was not feasible to implement the civil and electromechanical work, lack of services, among others), that locality was excluded from the mentioned contract.
The above condition was reported to the Trust Administration in May 2020, with official communication 9010-491-2020, with a formal request for recognition of the exemption from liability for the mentioned force majeure event. This communication was responded to with document UGEY-231-23, dated March 10, 2023, which indicated that the exemption from liability was accepted, for which Addendum 1 was signed, formalizing the modification to the scope of contract 001-2017.
For the above reasons, at this time ICE has no project planned for the provision of service in that area. However, the community could request SUTEL-FONATEL to develop a possible solution to the problem.” In view of the considerations set forth, it requests that the petition be dismissed, “…given that my client has not violated any fundamental right of the petitioners; on the contrary, from the aforementioned information it can be inferred that ICE acted and continues to act diligently in addressing the procedures presented by its customers or potential customers.” 7.- Mario Alberto Urcuyo Solórzano, in the capacity of Vice Minister of Health (Viceministro de Salud), and Éric Javier Brenes Gómez, in the capacity of Acting Director of the Peninsular Health Governing Area (Área Rectora de Salud Peninsular), both from the Ministry of Health (Ministerio de Salud), report regarding the alleged facts, as follows:
“LEGAL REPORT As recorded in the Peninsular Health Governing Area's records, the problem of drinking water supply for the inhabitants of Isla Caballo dates back to the year 2015. Since that date, this unit has played a leading role in meetings, working sessions, training, and follow-up on the various agreements resulting from the foregoing, participating with other actors such as the Municipality of Puntarenas (Municipalidad de Puntarenas), Water and Sewers (Acueductos y Alcantarillados, AyA), the Costa Rican Electricity Institute (I.C.E.), the Telecommunications Superintendency (Superintendencia de Comunicaciones), the National Telecommunications Fund (Fondo Nacional de Telecomunicaciones), the Presidential Social Council, the Mixed Institute of Social Assistance (Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS), the Ministry of the Presidency, and the Public Services Regulatory Authority (ARESEP).
This Health Governing Area participated jointly with national authorities (Ombudsman's Office (Defensora de los Habitantes), Representative from DINADECO, INCOPESCA, U.N.A.), in an activity of the Interdisciplinary Coastal Program (Programa Interdisciplinario Costero), on October 3, 2019, to address various problems affecting the inhabitants of Isla Caballo.
Following up on the agreements from said inter-institutional meeting, information was requested from the Lepanto Municipal Council regarding a possible AyA project that aimed to bring water from the ASADA of Lepanto to Isla Caballo. The input provided by the AyA representation in October 2019 was sent electronically to the person in charge of the National University's Interdisciplinary Coastal Program on November 28, 2019.
By email dated March 31, 2020, in follow-up to the agreements of the National University's Interdisciplinary Coastal Program, the program coordinator, Ms. Silvia Rojas Herrera, raised her concern about the vulnerability of the inhabitants of Isla Caballo regarding the lack of continuous water for its inhabitants. This concern was addressed on April 1, 2020, jointly with the Vice President of the Republic at that time, Mr. Marvin Rodríguez, who would address this issue with the new mayor of Puntarenas, who would take office on May 1, 2020. Likewise, Ms. Rojas reported that Engineers Fernando Araya and Jorge Fallas, both AyA officials, have expressed their concern, as the delay, they indicate, has mainly been due to the lack of demarcation of public roads (calles públicas) and alignment of dwellings needed to design the pipeline route for the possible aqueduct project.
In the subsequent virtual meetings on Wednesdays, for addressing the pandemic, in coordination with the Vice President of the Republic, the matter was insisted upon and proposals were made for installing storage tanks to deliver water in larger quantities, since only one "pichinga" (small container) per family was being delivered, twice a week. However, AyA, through Ms. Ana Méndez Montero, as an executive specialist in ASADA strengthening, responded that it is not possible to install tanks on Isla Caballo because there is no dock for a large boat, and the infrastructure would need to be built to place said storage tanks.
In the monthly reports that this official has delivered to the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias) through the municipal offices of Lepanto, Paquera, and Cóbano, the issue of the water shortage for Isla Caballo remains pending, as can be seen in copies of the situation reports sent by email on June 26, 2020, and October 5, 2020 (visible on evidentiary folios No. 14, 16, 23, 24, 26, 28, and 36).
By email dated October 4, 2021, the undersigned Dr. Juan Gabriel Ledezma Acevedo requested support to address the needs of the population of Isla Caballo in the context of the Covid-19 pandemic, advising municipal authorities, AyA officials from ORAC in Puntarenas, and even the Office of the Vice President of the Republic. Likewise, help has been insistently requested from the Costa Rican Institute of Water Supply and Sewerage (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) to supply communities without water.
According to an email dated May 8, 2023, addressed to the Executive Presidency of AyA, the points discussed at the aforementioned meeting regarding Isla Caballo were reiterated, receiving a response from Ms. Adriana Cordero, Advisor to the Executive Presidency of AyA: “Isla Caballo is a more complex case, as the institution has a project and has the capacity to execute it; however, it is legally unfeasible because the area does not have a Zoning Plan (Plan Regulador) and therefore a public source, which is what is required, cannot be installed. For this case, we can review in a bit more depth jointly with the Municipality to try to find a solution that is feasible for both parties and benefits the population settled in the area...”.
In follow-up and insistently, on October 6, 2023, the undersigned again reminded AyA officials from ORAC Puntarenas by email, and in response to a request from the municipal vice-mayor, the following was reported:
“…Attached is a follow-up email on the points discussed at the Central Offices of the Executive Presidency of AyA, with an advisor to Mr. Executive President Alejandro Guillén.
For the purpose of resuming this Isla Caballo case, as it remained on paper.
And the President of the Republic offered to support the inhabitants of Isla Caballo with this process in the meetings on September 26 on Isla Venado and last week on September 28.
At your service…”.
Regarding environmental sanitation, the use of septic tanks (tanques sépticos) in the dwellings of the residents of Isla Caballo complies with current health legislation concerning permitted dimensions and materials, and other forms of wastewater treatment as per the Wastewater Treatment Systems Approval Regulation (Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales) No. 39887-S-MINAE.
Therefore, there is no prohibition whatsoever on the use of septic tanks, which constitute 95% of the existing solutions on the Peninsula for the treatment of residential wastewater.
Regarding solid waste collection, it is a municipal obligation to collect waste in all communities, through an efficient service, as the Constitutional Chamber has already ordered in prior judgments for the inhabitants of neighboring islands such as Isla Chira and Isla Venado.
It is for the foregoing reasons, esteemed Magistrates, that this Health representation considers that it has not been remiss in its actions and it has been demonstrated that this administrative authority has provided timely follow-up to the problem afflicting the petitioners regarding the existing issues on the island, as recorded in the administrative file maintained by this Peninsular Health Governing Area. Therefore, at the time of receiving this recurso de amparo, it is estimated that the recommendations issued by the Honorable Constitutional Chamber regarding the timely duties of this Ministry of Health have been addressed. Thus, it is deduced with complete clarity that, effectively and efficiently, this Health Governing Area has not violated any fundamental right of the amparo petitioners, and regarding the actions carried out, these have been undertaken in adherence to the principle of legality established in Article 11 of the Political Constitution and Article 11 of the General Law of Public Administration, and within the framework permitted by technical and legal regulation.
CONCLUSIONS The General Health Law, in its articles 1, 2, 3, 4, and 7, provides, among other things, that the health of the population is a public interest asset protected by the State, that it is an essential function of the State to safeguard the health of the population, and that this corresponds to the Executive Branch, through the Ministry of Health. This regulatory basis establishes that every inhabitant has the right to health services, in the manner determined by special laws and regulations, and the duty to provide for the preservation of their health and to contribute to the maintenance of the health of their family and community. Likewise, every individual or legal entity is subject to the mandates of the General Health Law, its regulations, and the general and specific, ordinary and emergency orders issued by health authorities in the exercise of their organic competencies, and has the right to be duly informed by the competent official about the mandatory regulations in force in health matters.
It is important to recall that Law No. 5395 (General Health Law) and other laws, regulations, and administrative provisions relating to health are matters of public order, and in the event of conflict, they prevail over any other provisions of equal formal validity, without prejudice to the powers conferred by law on autonomous institutions in the health sector. Thus, in accordance with the administrative file in question, in compliance with the provisions of Articles 11, 21, 50, and 129 of our Political Constitution and the powers conferred by the General Health Law, Law No. 5395, in its Articles 1, 2, 4, 7, 338, 340, 341, 349, 355, 357, and subsequent articles, we have proceeded in a timely and diligent manner, within the framework of the principle of legality, managing what is pertinent in the particular case, with the objective of protecting public health.
We must highlight the provisions of Articles 338, 340, 341, 349, 355, and 357 of the General Health Law, which state the following:
"(...) Article 338.- For all purposes of the application of this law and other health or sanitary laws and their regulations, the following shall be considered health authorities: the Minister of Public Health and the officials within their department in positions of General Directorate, Directorate or Headship of Medical or Technical Health Divisions or Departments or of geographic health areas, as well as those who by special laws have such status and powers…
Article 340.- The health authorities, within the powers conferred upon them by this law and its regulations and in accordance with the competence and jurisdiction assigned to them by the organic regulation of the Ministry, may issue resolutions ordering measures of a general or particular nature, as appropriate, for the better application and compliance.
Article 341.- They may likewise, within the aforementioned powers and jurisdictions, order and take the special measures authorized by this law to prevent risk or damage to the health of persons or to prevent such risk or damage from spreading or worsening, and to inhibit the continuation or recurrence of the infringement by individuals…
Article 349.- Officials of the Ministry who hold inspection positions and have been specially commissioned to verify infractions of this law or its regulations shall have the character of health authority, and they shall have public faith regarding complaints filed against individuals or legal entities for facts or acts involving an infraction of said provisions or that constitute a crime…
Article 355.- With a view to the effective protection of the health of the population and individuals, the competent health authorities may decree, by their own authority, measures whose purpose is to prevent the appearance of dangers and the worsening or spread of damage, or the continuation or recurrence of the perpetration of legal or regulatory infractions that threaten the health of persons…
Article 357.- The measures referred to in the preceding article may be ordered directly by the health authorities or may be imposed as accessories to the sanctions applied for the infraction, without prejudice to the civil or criminal liabilities of those responsible. (...)".
The Ministry of Health, as the governing body in this matter, has the legal power not only to define the policy, regulation, planning, and coordination of all public and private activities related to health, but also to supervise and provide timely follow-up, in guarantee and protection of the health of the population and citizens.
The fundamental right to health, its response, and effective practice is an issue that the Honorable Constitutional Chamber has addressed broadly and abundantly. Thus, in Resolution No. 007634 of May 6, 2008, it resolved, in the pertinent part:
"(...) FUNDAMENTAL RIGHT TO HEALTH. The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the other fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that article of the political charter, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by hospitals, clinics, and other health care units of the Caja Costarricense del Seguro Social can negatively impact the preservation of the health and life of their users, especially when they suffer from ailments or present a clinical picture that demands positive and effective services immediately. (...)".
From what has been set forth herein, Honorable Magistrates, it is determined that the actions of the authorities of the Ministry of Health are in full conformity with the current legal system, and no fundamental right has been violated as indicated by the petitioner herein. As it is the duty of the Ministry of Health to safeguard the fundamental rights to health and life, in accordance with Articles 21 and 50 of the Political Constitution, which are consistent in stating that "Human life is inviolable" and the State must procure "the greatest well-being for all inhabitants of the country," the Executive Branch is obligated to protect the population by adopting measures that defend them from any risk, threat, or danger. As a corollary to the foregoing, no violation of the fundamental rights claimed by the petitioner is observed, as the Ministry of Health has acted under the protection of the principle of legality and the precautionary principle, in a reasonable and justified manner, in pursuit of protecting the fundamental right to health and life, according to our competencies. As mentioned previously, this representation has no influence over the other actors involved in the definitive resolution of the problem of services not provided by the institutions petitioned here.
In accordance with what has been set forth herein, we consider that this Ministry has given due process and follow-up to address the issues raised by Mr. [Name 012], without any right of the petitioner herein or of those he represents having been violated by this Ministry, according to our competencies." In consideration of the arguments presented, they request that the recurso be declared without merit, since "...we have provided the due process and follow-up in addressing the complaint filed by Mr. [Name 012], according to our competencies." 7.- Andrea Madrigal Zamora, in her capacity as Acting Municipal Mayor of the Central Canton of Puntarenas, reports the following regarding the alleged facts:
"In the present recurso de amparo, the petitioner presents requests for compliance to several public institutions, including my represented party, the Municipality of Puntarenas, which specifically concerns the potable water service and the collection and final disposal of solid waste on Isla Caballo, to which reference will be made as follows; The petitioner indicates that despite a prior recurso de amparo ordering the ICAA to install an aqueduct on Isla Chira, what they receive are two twenty-liter carboys (pichingas) daily, which they state lack the necessary hygiene for handling, along with a series of inconveniences for transporting said carboys to their homes. It is alleged that the ICAA states it will install an aqueduct from Lepanto de Jicaral, but this project has not yet been carried out.
Regarding the foregoing, while it is true that, by the nature of this petition, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) is responsible for supplying drinking water to the inhabitants of the island, it is necessary to indicate that because it is insular land, it is regulated by the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre). In that sense, the Municipal Administration has exercised all necessary powers so that the residents of Isla Caballo have the land-use authorization (autorización de uso de suelo) so that the ICAA can provide them with drinking water service, with the caveat that only the inhabitants located in the public zone do not have said authorization, in accordance with Article 20 of Law 6043, which establishes, in the pertinent part, that: \"... the public zone cannot be subject to occupation under any title or in any case. No one may claim any right over it. It shall be dedicated to public use and especially to the free transit of persons. The entities and authorities indicated in Article 18 must issue and enforce the necessary provisions to guarantee the free and safe transit of persons and the public use of this zone. \".
Once the above is taken into account, a series of municipal agreements adopted by the Municipal Council of Puntarenas are set forth below, to contribute to a bill, as stated in official letter MP-SM-AC-0085-03-2023 dated March 20, 2023, from the Secretariat of the Municipal Council, which was addressed to Mr. Alejandro Guillén Guardia in his capacity as President of the ICAA, informing him of the agreement of Ordinary Session Number 249 held on March 16, 2023, Article 7, Subsection a), which is transcribed in the pertinent part: \"....Therefore, protected by the cited legal tools, as well as Constitutional Chamber judgment No. 014533 of September 22, 2015, which obligates the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers jointly with the Municipality of Puntarenas to supply drinking water to the inhabitants of Isla Caballo. It is recommended: 1. To endorse the bill presented by ICAA before the Legislative Assembly with the objective of creating a special law that authorizes the approval of land uses (usos de suelo) for the inhabitants of Isla Caballo for the purpose of providing drinking water to each inhabitant of the island. 2. To inform the authorities of the ICAA and the Municipal Mayor's Office of Puntarenas. Agreement that was approved with eight votes... \".
All corresponding authorities are duly notified of said municipal agreement.
Likewise, and in the same vein, is the agreement of Ordinary Session Number 270 held on June 15, 2023, Article 5, Subsection a), of the Municipal Council of Puntarenas, which complements and provides the legal certainty required for these purposes.
Regarding the petitioner's assertion that the Municipality of Puntarenas refuses to install collection centers and collect solid waste, this is categorically denied. My represented party has never refused to provide and recognize the need for a service of that nature. The reason my represented party has not been able to effectively carry out such functions is due to logistical and budgetary restrictions that have made it impossible to implement actions for adequate waste management in that location, the main limitation being the geographical location. This entails the need for some type of vessel, a means that the municipality does not have for the proper transfer of machinery and personnel necessary for its correct operation. And it is not just any vessel; it must have a series of specific characteristics to ensure adequate confinement of solid waste and containment of spills that could eventually be generated during transport to the mainland. This makes it impossible to contract this service from a private company, since there is no knowledge of the existence of vessels with those characteristics in the region.
However, the Municipality of Puntarenas is in a process of planning and defining the institutional actions that must be implemented to expand the provision of the solid waste collection service to the communities and districts of the canton.
Within the planning by the Municipality, taking into account the logistical limitations for providing the service on the island, as indicated above, it is projected to begin with the application of the principle of shared responsibility and active participation of the population, to educate and instruct residents on carrying out adequate integrated management of their solid waste and the utilization of organic waste through composting techniques, and the separation and classification of recoverable solid waste.
And to carry out said planning, we will proceed to seek the formulation and approval of the next extraordinary budget to execute them. In this way, such actions are intended to mitigate, in the medium term, the environmental problem generated by the erroneous practices of the island's inhabitants.
PETITION: That by reason of the indicated factual and legal considerations, and in view that my represented party has managed the corresponding actions within its competencies regarding the implementation of an aqueduct on Isla Caballo, and regarding the garbage collection service, it is a service that is in the process of being initiated within the administration's possibilities, despite not having the budget for its completion. For the arguments outlined, I respectfully request Your Authority to declare the present recurso de amparo without merit in all its aspects." 8.- Miguel Diaz Vega, in his capacity as President of the Municipal Council of the Municipality of Puntarenas, reports the following regarding the alleged facts:
"1.- Regarding the facts related by the Chamber concerning the Municipality of Puntarenas.
They state they have no drinking water on the Island, despite the existence of a judgment that protects the right to drinking water. They also complain about the non-collection of solid waste.
• Regarding the Management carried out by the Municipality Regarding drinking water, coordination has been ongoing with AYA for some time. A Municipal agreement was approved in Ordinary Session 249 held on March 16, 2023, in its Article (7), Subsection (a), where a bill presented by AYA before the Legislative Assembly was endorsed, with the objective of creating a Special Law authorizing the approval of land uses (usos de suelo) for the inhabitants of Isla Caballo for the purpose of providing drinking water to each inhabitant of the Island. Furthermore, this was communicated to the Management of AYA.
Later, in Session 270 held on June 15, 2023, in its Article 5, Subsection (a), the Legal Opinion of the Advisor to the Municipal Council of the Municipality of Puntarenas was approved, related to a series of agreements requested by AYA to continue with the water installation works on Isla Caballo.
Regarding the agreements approved by the council in favor of AYA to benefit the inhabitants of Isla Caballo for the water installation, the following was approved:
(...) 1. Authorization for the use of the strip of the Maritime-Terrestrial Zone (zona pública and restricted zone), starting from coordinate 393801.45 East and 1103812.07 North of the CRTM05 coordinate system, along a length of 6.6 KM (for the conduction and distribution pipeline) with a width of five meters (two and a half meters on each side of the pipeline line), in favor of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), as well as the other infrastructure works detailed in the technical engineering report “Construction of a potable water supply system for the community of Isla Caballo” by Eng. Tatiana Quirós Barrantes cited herein, which are required for the construction of the project for a term of 25 years, renewable for an equal period.-.
2.- The Municipality authorizes permanent connections, as provided in Article 68, Subsection (h). It is considered the best option and it adapts to what was requested by AYA. The approval of the agreement by the Council replaces the authorization required by AYA.
3.- Approval and authorization (25-year term) for the mayor's office to sign the cooperation agreement between the Municipality of Puntarenas and AYA-ASADA LEPANTO, detailing the responsibilities of the parties.
Regarding this agreement, it is an authorization for the mayor to sign an agreement between the Municipality of Puntarenas, AYA, and the ASADA of LEPANTO. This agreement establishes responsibilities between the parties. It is important to indicate from the outset that the Municipality does not assume future obligations or responsibilities related to the consumption of drinking water not paid for by the inhabitants of Isla Caballo. This clause related to obligations and responsibilities is important to be included in the agreement to be signed between the parties.
4.- Approval of the bill (which is attached) and it is presented jointly with the Municipal District Council of Lepanto before the Legislative Assembly.
Regarding the approval of this agreement, to reiterate that in Session 249 held on March 16, 2023, Article (7), Subsection (a), it was approved and endorsed by the Municipal Council. Therefore, the approval of the Special Law Bill is ratified and reiterated.
5.- Notify: Municipal Mayor's Office - Municipality of Puntarenas; Municipal District Council of Lepanto - AYA. Ms. María Gabriela Vallejos Astúa - General Management of AYA. (...)
As can be observed, the Municipality has collaborated with AYA to fulfill the objective of bringing drinking water to Isla Chira.
• Regarding the collection of solid waste.
According to the report from the Environmental Manager, Luis Guillermo Brenes Guadamuz, of the Municipality of Puntarenas, it states, in the relevant part:
"Recognizes that the Municipality does not provide service on Isla Caballo, and this local government has never had a refusal to the installation of collection and solid waste collection centers, but rather logistical and budgetary restrictions have existed that have made it impossible to implement actions for adequate waste management in that location. The main limitation being the geographical location, as the community is on insular land, which implies the need for some type of vessel to communicate with the island, and the Municipality has never had this type of transport equipment in accordance with current regulations on the matter. Likewise, the fact that solid waste must be transported by sea to achieve its final sanitary disposal at a duly authorized site further restricts the viability of providing the collection service, as not just any vessel could be used for this task; rather, it would need specific characteristics to ensure adequate confinement of solid waste and containment of spills that could eventually be generated during transport to the mainland. This makes it impossible to contract this service from a private company, as there is no knowledge of the existence of vessels with those characteristics in the region." (...)
Regarding the logistical limitations, it continues to state:
(...) To provide the service, it is projected to begin with the application of the principle of shared responsibility of the population, so that the inhabitants themselves carry out adequate integrated management of their solid waste, through composting techniques and the separation and classification of recoverable solid waste (plastic containers, glass, aluminum, paper, cardboard, etc.). And to carry out this type of action, budgetary availability is required, which is not available in the 2024 ordinary budget. Therefore, it is necessary to resort to the formulation and approval of an extraordinary budget to execute the planned projects. It concludes by saying that in the medium term, with logistical support and supervision from the Municipality, the aim is to mitigate the environmental problem generated by the poor practices of the inhabitants of Isla Caballo. (...)
The foregoing corresponds to the justification and the budgetary reasons that prevent assuming this type of responsibility in the short term; however, the Municipality remains willing to carry out the necessary actions in the medium term.
II.- Regarding the evidence 1.- The official communications of agreements approved by the Municipal Council are provided, along with their respective submission note to AYA.
2.- The report from the Environmental Manager of the Municipality of Puntarenas is provided.
III.- Regarding the claim.
Having demonstrated, on behalf of the Municipality of Puntarenas, the steps taken through agreements to bring water to Isla Caballo, and having authorized the signing of a cooperation agreement between the Municipality, AYA, and the ASADA of Lepanto for a term of 25 years, the objective of the agreement is for AYA to immediately install water on the ISLAND, while the Special Law is enacted to grant the land uses (usos de suelo) on Isla Caballo. The situation regarding solid waste is also justified, and it is projected to initiate solid waste collection management in the medium term. Therefore, the Constitutional Chamber is requested to release Mr. Miguel Diaz Vega, President of the Council of the Municipality of Puntarenas, from all responsibility." 9.- Roosevelt Alvarado Ramírez, in his capacity as Deputy General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports the following regarding the alleged facts:
"FIRST: Regarding the situation indicated by the petitioner, related to the installation of a potable water service through piping to the homes and his request to distribute water by tanker truck within the Island, a technical report is issued by Eng. José Ricardo Peralta Ballester, official of the UEN Project Administration GSD, No. GSD-UEN-AP-2024-00013 dated January 9, 2024, which refers to the current situation of the aqueduct installation on Isla Caballo, namely:
The Constitutional Chamber, through resolution No. 2015014553 of September 22, 2015, granted a recurso de amparo filed by a resident of Isla Caballo and condemned the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) and the Municipality of Puntarenas to include the community of Isla Caballo in a potable water supply project.
The aqueduct project for Isla Caballo is under the responsibility of the UEN Project Administration of the Deputy Management of Delegated Systems Management within AyA. It is important to clarify that AyA, over recent years, has kept the Constitutional Chamber informed about the progress of the project, as evidenced in the Annexes where the latest report dated July 5, 2023, sent by the Executive President of AyA, Eng. Luis Alejandro Guillén Guardia, under file # 15-011802-0007-CO, is attached, as well as the proof of referral of said report sent by the Executive Presidency of AyA.
The main actions carried out by AyA to comply with the mandate of the Constitutional Chamber (Sala IV) to build an aqueduct for Isla Caballo are detailed below.
1.- Background of Isla Caballo It is important to note that almost all inhabitants living on the island reside mainly in the areas surrounding the beach (inalienable zone), and very few possess concessions or permits over these lands from the Municipality of Puntarenas. Therefore, most inhabitants live on the island in precarious (precario) or illegal conditions. This situation, coupled with the fact that Isla Caballo lacks any regulatory plan (plan regulador), nor are there roads or a proposed future development plan, has complicated the project's progress.
Since 2018, there has been communication between the Deputy Management of Delegated Systems of AyA and the Municipality of Puntarenas, as the entity responsible for the administration of the island, for the purpose of constructing the aqueduct and defining the location of the works to be built within it. However, support was not obtained from the Mayor's Office of the Municipality of Puntarenas during the 2016-2020 administration for the project's execution. Therefore, it was not until November 2020 that a meeting was coordinated with the current Mayor of Puntarenas, Mr. Wilber Madriz, to address issues related to the aqueduct project for Isla Caballo; and from that date, coordination between the Municipality of Puntarenas and AyA improved.
However, in a report sent with official letter MP-AM-OF-2950-06-2021 dated June 17, 2021, the Municipality of Puntarenas states: "Taking into consideration the topography, conditions of use, and forest cover (cobertura forestal) existing on the Island, the Municipality of Puntarenas does not deem the development of a Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) on Isla Caballo appropriate." AyA has always considered that the comprehensive solution to the Island's problems is through the development of an updated and comprehensive regulatory plan. However, given the Municipality's refusal, another work path has been defined, which means that for the island's aqueduct project, the Municipality of Puntarenas must adopt a series of agreements for its definition and advancement.
2. Proposal for the Isla Caballo Aqueduct Project and Activities carried out by AyA.
Given that Isla Caballo lacks surface or underground sources that can be used to supply the island's inhabitants, a supply source outside the island and as close to it as possible was sought for the aqueduct project. Therefore, based on the technical studies carried out, it was proposed to integrate the Isla Caballo aqueduct system into the Lepanto aqueduct, which will be administered by the ASADA of Lepanto.
Once the above was determined, to define the source to be used for the aqueduct, an evaluation was carried out in the Lepanto area and a hydrogeological study to find the best area to construct the well in this sector. In addition, drilling and pumping test work for the well to be used for the island were carried out. The final report on the well drilling defines the well's production capacity, and the results of the physicochemical and microbiological tests performed verify that the water quality is excellent.
Therefore, the registration of said well was requested from the Water Directorate of MINAE; however, a resolution is still pending.
On the other hand, for the transmission pipeline that runs from Lepanto to the Island and must cross through the sea, possible points for the pipeline's exit toward the beach in the Lepanto sector were technically analyzed, from which the optimal point was defined from a technical and environmental standpoint. Consequently, coordination has been carried out with the Municipal District Council of Lepanto, as it is the administrator of said zone, to obtain the permits to cross through the maritime-terrestrial zone of Lepanto. Likewise, a topographic survey of the transmission line in the Lepanto sector was conducted, as well as a survey of the existing trails on Isla Caballo, along which it was defined that the pipeline will be installed due to the lack of a road development plan on the island. Additionally, the location of the storage tank to be built on the island was defined, for which authorization is required from the Municipality of Puntarenas, as the administrator of the island, for the construction of all works within the Island, since these are entirely within the Maritime-Terrestrial Zone.
Similarly, authorization was requested from SINAC for the proposed location of the works to be built on Isla Caballo, to which they indicated that there is no restriction or limitation for the installation of the pipeline and the construction of the tank on the island.
Furthermore, bathymetric and marine current velocity studies were contracted for the zone where the submarine pipeline will be located, running from the peninsula in the Lepanto sector to Isla Caballo, defining the layout line of the submarine pipeline.
Regarding the type of connection to be installed to supply drinking water to the future users of the aqueduct project for Isla Caballo, based on the Regulation for the Provision of AyA Services (Reglamento para la prestación de los servicios del AyA), Board of Directors Agreement No. 2020-442, and considering that the inhabitants are in an illegal condition, two possible options were defined: special connections in accordance with Article 71 or permanent connections in accordance with Article 68, both articles of the Regulation for the Provision of AyA Services. However, for either of the connection options, the Municipality of Puntarenas, as the authority possessing the legal competence for the administration of Isla Caballo, is required to sign an agreement and covenant with AyA accepting the installation of said connections.
3. Draft Bill (Proyecto de Ley) It is important to clarify that, in accordance with Article 9 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone No. 6043 (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre N° 6043), both a sector of Lepanto where pipeline installation is proposed is located within a strip of maritime-terrestrial zone, and all the works to be built within Isla Caballo are located within the maritime-terrestrial zone.
According to Article 22 of Law No. 6043, it is necessary to formalize the permit for the construction of said works in the Maritime-Terrestrial Zone with the respective land administrators. Therefore, for the Lepanto zone, it is necessary to process a Cooperation Agreement with the Lepanto District Municipal Council, and for the works on Isla Caballo, an Agreement with the Municipality of Puntarenas. However, given what is stated in Article 18 of Law No. 6043, for said Municipalities to grant a permit for a term exceeding 15 years, legislative approval is required.
Therefore, a draft of the bill was presented to both the Municipal District Council of Lepanto and the Municipality of Puntarenas to obtain their endorsement for presentation before the Legislative Assembly.
Since the month of October 2022, through official communication GG-2022-03960, AyA sent the draft of the Draft Bill to the Municipal Council of Puntarenas, and additionally, the need for authorization to use the zone where works will be built on the island was explained, as well as the need for authorization of the type of connection for supplying the island's inhabitants given their legal condition, and the need for approval of the Cooperation Agreement between the Municipality of Puntarenas, AyA, and the ASADA of Lepanto. However, it was not until March 15, 2023, that AyA obtained a hearing before the Municipal Council of Puntarenas, where the aqueduct project was presented and the approval of a series of agreements necessary for the project was requested, among which was the endorsement of the Draft Bill. By official communication MP-SM-AC-0085-03-2023 of March 20, 2023, the Municipal Council of the Municipality of the central canton of Puntarenas agreed:
“1. Endorse the draft bill presented by Acueductos y Alcantarillados before the Legislative Assembly with the objective of creating a Special Law that authorizes the approval of land uses for the inhabitants of Isla Caballo for the purpose of providing drinking water to each inhabitant of the island.
2. Inform the authorities of AyA and the Municipal Mayor's Office.” Furthermore, by official communication GG-2023-01142, the draft of the Draft Bill was sent to the Lepanto District Municipal Council, and on May 30, during a hearing, the aqueduct project was presented. By official communication SM-259-06-2023 dated June 1, 2023, approval was obtained from the Lepanto District Municipal Council for the proposal of the Draft Bill to be submitted to the Legislative Assembly.
Deputy Carlos Andrés Robles Obando presented the initiative of the Draft Bill before the Legislative Assembly under File No. 23.879; and according to what was indicated by Mr. Luis Ulate, chief of staff of Deputy Robles Obando, the project is currently in the commission for the province of Puntarenas. However, given that they are in a period of extraordinary sessions where the legislative agenda is defined by the Executive Branch, and the project is not within the call for files, it is necessary to wait for it to be summoned to advance the legislative process.
Additionally, Mr. Ulate indicated that the project was sent for consultation to both civil organizations and state institutions.
Through official communication AL-CE-23120-0312-2023 dated September 26, 2023, the Special Commission of Puntarenas of the Legislative Assembly consulted the Executive President of AyA, Alejandro Guillén Guardia, for his opinion on the Draft Bill File No. 23.879. Therefore, the Legal Directorate issued its opinion on October 9, 2023, under official communication PRE-J-2023-03862.
On the other hand, through official communication PRE-2023-01754 of December 13, 2023, the draft bill was sent to the Minister of the Presidency, Natalia Díaz Quintana, requesting that it be placed on legislative priority for its approval.
4. Connections to be installed for supplying the population As previously indicated, to determine the type of connection to be installed for the project, the Municipality of Puntarenas is required to sign an agreement and covenant with AyA accepting the installation of said connections.
Therefore, through official communication GG-2022-03960 dated October 10, 2022, it was requested that, through a municipal agreement, the type of connection to be installed for the island's inhabitants be authorized. And at the AyA hearing before the Municipal Council of Puntarenas on March 15, 2023, this was insisted upon as one of the necessary agreements for the project.
By official communication MP-SM-AC-0085-03-2023, the Municipal Council of the Municipality of the central canton of Puntarenas agreed to endorse the draft bill. However, as stated in the Ordinary Session of the Municipal Council of March 15, the Isla Caballo aqueduct project requires the approval of several agreements, which were not addressed in official communication MP-SM-AC-0085-03-2023. Therefore, by official communication GG-2023-01323 dated May 2, 2023, the General Management of AyA requested the approval of said required agreements.
In response to AyA's request, official communication MP-SM-AC-0204-06-2023 dated June 19, 2023, was received from the Municipal Council of Puntarenas with what was agreed upon in Ordinary Session No. 270 held on June 15, 2023. This official communication attaches the opinion of the Legal Advisory Office of the Municipal Council under official communication MP-CM-AL-OF-577-06-2023, detailing the operative part (por tanto) of the agreements taken, which are summarized below:
a. Authorization for the use of the strip of the maritime-terrestrial zone for the infrastructure works required for the construction of the Isla Caballo aqueduct for a term of 25 years, renewable for an equal period.
b. Authorization of permanent connections.
c. Approval and authorization to the Municipal Mayor's Office to sign a Cooperation Agreement between the Municipality of Puntarenas – AyA – ASADA of Lepanto.
d. Approval of the Draft Bill.
However, regarding point c mentioned above, in official communication MP-CM-Al-OF-577-06-2023, the Legal Advisory Office of the Municipal Council of the Municipality of Puntarenas recommends:
“IV. Therefore (Por Tanto).
(…)3. Approval and authorization (Term of 25 years) to the Mayor's Office to sign the cooperation agreement between the Municipality of Puntarenas and AYA ASADA LEPANTO, where the responsibilities of the parties will be detailed. Regarding this agreement, it is an authorization for the Mayor to sign an agreement between the Municipality of Puntarenas, AYA, and the ASADA DE LEPANTO; this agreement establishes responsibilities between the parties. It is important to indicate from now on that the Municipality does not assume obligations or responsibilities in the future related to the consumption of drinking water not paid for by the inhabitants of Isla Caballo. It is important that this clause related to obligations and responsibilities be incorporated into the agreement to be signed between the parties.” Given the above, the agreements taken by the Municipal Council of the Municipality of Puntarenas were forwarded to the Legal Directorate of AyA to verify if what was agreed upon complies with what is required for the project or if it was necessary to request any modification of any agreement for the legal viability of the project.
Based on the review by the Legal Directorate of AyA, on August 1, 2023, official communication GG-2023-02415 was sent to the Municipal Council and the Mayor's Office of the Municipality of Puntarenas, requesting clarification of the title to be granted to the inhabitants of Isla Caballo, given that the type of connection will depend on the title to be granted by the Municipality to the island's inhabitants.
Due to the lack of response from the Municipal Council and the Mayor's Office of Puntarenas to official communication GG-2023-02415, on October 5, 2023, through official communication GSD-UEN-AP-2023-01263, a response to the official communication sent by the General Management was requested.
Given that to date no response to the submitted request has been obtained, through official communication GSD-UEN-AP-2023-01606, the General Management of AyA is requested to follow up on the official communication and again request a response to the required clarification.
5. Design of the aqueduct for Isla Caballo For the design of the aqueduct, it is necessary to define the location of the lot where the tank will be built in the Lepanto sector, from which water will be conducted to the storage tank to be built on Isla Caballo, from where the water will be distributed to the inhabitants.
The lot where it is intended to build the storage tank in the Lepanto sector presents some difficulties, given that the topography is very rugged, which complicates the construction, operation, and maintenance of the storage tank for the Island in Lepanto. Faced with this situation, another possible location in Lepanto was assessed for the lot for the storage tank to be built, analyzing sectors in the zone that have the adequate elevation to convey water by gravity to the storage tank to be built on Isla Caballo. Therefore, another property was located; however, it has the condition that the property is mortgaged.
Consequently, in the month of November 2023, a meeting was held with the ASADA of Lepanto, where the conditions of the possible lands where the storage tank construction is proposed were presented. In this meeting, it was agreed that the legal situation of the proposed lands must be investigated, and a meeting will be requested with the members of the company owning the lands to present the proposals and define the most suitable option for the location of the storage tank, and to begin the process of formalizing the land. A meeting with the owners is pending.
Therefore, until the location and elevation of the storage tank lot are defined, it is not possible to perform the hydraulic design of the pumping and transmission line in the Lepanto sector, nor the electromechanical design of the required pumping.
On the other hand, as indicated previously in point 4, to determine the type of connection for the supply of water to the inhabitants, it is required that the Municipal Council and Mayor's Office of Puntarenas clarify the type of title to be granted to the residents of Isla Caballo; without this being defined, it is not possible to perform the hydraulic design of the Isla Caballo sector.
The definition of the above is required to establish whether permanent connections will be installed, requiring the hydraulic design of the entire distribution network layout up to each dwelling. Meanwhile, if it is determined that special connections will be installed, only the main line of the distribution network must be designed up to the main beaches where a master meter will be placed for the inhabitants to supply themselves from this pipeline. At the hydraulic design level, these connection options present differences in length, elevation, and pressures that prevent defining the required control systems and defining the necessary pipeline for the proper functioning of the distribution network.
That is to say, until we have the definition of the lot for the storage tank in Lepanto, on which AyA is working in coordination with the ASADA of Lepanto to resolve as soon as possible, and the definition of the type of connection to be installed on the island, according to what is agreed by the Municipal Council of Puntarenas, it is impossible to perform the hydraulic design, which delays the completion of studies and procedures required for the final design, environmental viability (viabilidad ambiental), and the terms of reference and financing for the contracting of the project.
6. Social Management From the beginning of the project, meetings have been held with the inhabitants of Isla Caballo, the ADI of Isla Caballo, inhabitants of Lepanto, and the ASADA of Lepanto to explain the project proposal, its scope, the steps that have been taken, and those pending execution, so they can support the process and, at the same time, stay informed.
7. Conclusions:
Since 2018, AyA has been working on the feasibility (viabilización) of the project through various steps taken to date, which are necessary and were outlined previously, and are summarized as follows:
Given the above, the comment indicated in the amparo appeal filed is not accepted: “…that AyA deceives the inhabitants by saying that an aqueduct will be installed from Lepanto de Jicaral; however, as of the day they come to the Court, no action has been executed……“, which is entirely false.
Finally, to complete the feasibility process of the project and its Design, it is essential to resolve the following activities, which depend not only on AyA:
1. Definition and formalization of the lot to build the storage tank in Lepanto. 2. Response from the Municipality of Puntarenas regarding the type of title to be granted to the inhabitants of the Island (a prompt response is expected, although it has been repeatedly insisted upon). 3. Approval of the draft bill that is currently in the Legislative Assembly.
Annexes In accordance with the extensive presentation made by Engineer Ricardo Peralta, regarding the previous studies for the drilling of the well, construction of the tank, and submarine pipeline to supply the population of Isla Caballo, the diligent manner in which the Institution has addressed the issue is evident, in full compliance with the resolution of the Constitutional Court (Sala Constitucional). However, for the realization of the project, inter-institutional cooperation is required, specifically from the Municipalities of Puntarenas and Lepanto, and additionally, the approval of the Draft Bill File No. 23.879, which is currently in the Legislative Assembly.
Regarding the quality and/or potability of the water supplied to the population of Isla Caballo, Mr. Fernando Araya Araya, Director of the Central Pacific Region, states through certification GSP-RPC-2024-00030:
“This Regional Directorate certifies that the service provided to the inhabitants of Isla Caballo through the delivery of water in small containers (pichingas) complies with the corresponding safety and hygiene standards, both from the connection in Puntarenas Centro, the transfer on the vessel, to the delivery of these to the citizens. The use and handling given to the water delivered in the small containers by each of the inhabitants, and the custody of these during the time they are in their homes, it is not possible for the institution to guarantee that it complies with the control and sanitation regulations.
In addition, all containers are washed before filling by the company responsible for distribution. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has counterpart officials who ensure compliance with the cleanliness and hygiene of the process of distributing drinking water to the inhabitants in small containers. Whenever the receipt of any damaged or defective container is determined, it is replaced with another new one or one in good condition, guaranteeing the potability of the water provided for human consumption." In the same vein, a consultation was made about supplying the population by means of tanker trucks (camiones cisterna), to which, via email, Mr. Fernando Araya expressly indicates:
Wednesday, January 10, 2024: “The contracting must be continued until AyA builds the aqueduct.
Distributing water by means of a discharge tanker truck is not technically possible to address those problems on an island; furthermore, there is no port on Isla Caballo where a large boat can dock, there are only small boats (lanchas).
Regarding potability, we always work with strict control; the problem is mainly with the inhabitants. I will request that the colleagues from the Social project visit the island's inhabitants again to conduct educational campaigns on the proper use of the small containers and their handling." Images of the small water containers used to supply the inhabitants of Isla Caballo are attached.
SECOND: As this Honorable Court can verify, AyA has acted in accordance with the regulations that govern it, without arbitrary manipulation of the service provision or the exercise of its functions, carrying out duly founded and reasoned actions at all times as detailed above. Thus, it is evident that the Institute has proceeded in accordance with the law, without any of its acts having violated any constitutional right. On the contrary, from the arguments presented and the evidence provided, it can be concluded that AyA has indeed proceeded as it should.
PRAYER (PETITORIA) Based on the foregoing regarding the facts alleged through this Amparo Appeal, it is demonstrated that our actions have been correct in accordance with the regulations governing us. We request that the present Appeal be DECLARED WITHOUT MERIT (SIN LUGAR), that the file be ordered archived, and that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers be exonerated from all responsibility.” 10.- Luis Esteban Amador Jiménez reports, in his capacity as Minister of Public Works and Transport, regarding the accused facts, as follows:
“For its part, MOPT has participated in different actions on the specific topic:
1.- Summons via email dated August 1, 2023, which stated: “This is to invite you to the meeting next Thursday, August 3, at the Incopesca facilities in Barrio El Cocal in Puntarenas at 9:00 a.m. The purpose is to address important matters in decision-making regarding the award of the Cabotage Permit between Puntarenas and Isla de Chira and its branches.” 2.- List of attendees at the meeting.
3.- Certification of the administrative file and digitized file.
4.- Official communication DVMP-DNS-2024-20, dated January 12, 2024, signed by Mr. Nelson Miguel Soto Corrales, Director of Navigation and Safety, Maritime Port Division.
It is important to mention that, on the matter at hand, in previous years, specifically on June 3, 2021, the Directorate of Navigation and Safety received an application for a permit to provide a cabotage service on Isla Venado-Isla Caballo-Muelle Plátanos Puntarenas, signed by Mr. Alexis Rodríguez Castrillo. Therefore, after a series of actions, through official communication No. DVMP-DNS-2022-M20 of October 10, 2022, a request was made for a series of requirements to proceed with the precarious permit (permiso en precario), for which a period of 10 business days was granted. However, the request was not addressed, and the matter was archived.
Proactively, the Maritime Port Directorate promoted a meeting on August 3, 2023, in which the needs for establishing routes between Isla de Chira, Costa de Pájaros, and Puntarenas were originally to be discussed, which took place at the INCOPESCA facilities.
At said meeting, some users appeared who also expressed interest in establishing a route that would benefit Isla Caballo and Venado. To this, this office reported on the general conditions for achieving preliminary authorization of a cabotage service under the figure of the Precarious Permit. However, the competent directorate on the specific topic has reported that, to date, there is no record in its files of a formal application pending attention regarding the route of interest.
Finally, by virtue of this Directorate's interest in ensuring the provision of safe transport services for human life and the environment, the process will be initiated immediately to determine the basic conditions for providing an effective solution to the Islands of Venado and Caballo, so that a service can be implemented as soon as possible, in application of the Cabotage Law of the Republic No. 2220. PRAYER (PETITORIA): Under the protection of the reasons of fact and law set forth, this representation respectfully requests the Honorable Constitutional Court to review the foregoing and to declare the amparo appeal without merit.” 11.- Fernando Araya Araya reports, in his capacity as Director of the Central Pacific Region of the Deputy Management of Peripheral Systems Management of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, regarding the accused facts, as follows:
“FIRST: In relation to the situation indicated by the appellant, related to the installation of a drinking water service via piping to the dwellings and their request to distribute water by tanker truck within the Island, a technical report is issued, prepared by Engineer José Ricardo Peralta Ballester, an official of the UEN Project Administration GSD, No. GSD-UEN-AP-2024-00013 dated January 9, 2024, which refers to the current situation of the aqueduct installation on Isla Caballo, namely:
The Constitutional Court, through resolution No. 2015014553, of September 22, 2015, granted an amparo appeal filed by a resident of Isla Caballo, and orders the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) and the Municipality of Puntarenas to include the community of Isla Caballo in a drinking water supply project.
The aqueduct project for Isla Caballo is under the charge of the UEN Project Administration of the Deputy Management of Delegated Systems Management within AyA. It is important to clarify that AyA, in recent years, has kept the Constitutional Court informed about the progress of the project, as evidenced in the Annexes where the latest report dated July 5, 2023, sent by the Executive President of AyA, Engineer Luis Alejandro Guillén Guardia, under file # 15-011802-0007-CO, is attached, as well as the proof of transfer of said report sent by the Executive Presidency of AyA.
Below are detailed the main actions carried out by AyA to comply with the mandate of the Constitutional Court (Sala IV) to build an aqueduct for Isla Caballo.
1. Background of Isla Caballo It is important to note that almost all the inhabitants living on the island reside mainly in the areas surrounding the beach (inalienable zone), and very few possess concessions or permits for these lands from the Municipality of Puntarenas. Therefore, the majority of the inhabitants live on the island in a precarious condition or illegal condition. This situation, coupled with the fact that Isla Caballo has no regulatory plan (plan regulador), nor are there roads or a proposed future development plan, has complicated the progress of the project.
Since 2018, there has been communication between the Deputy Management of Delegated Systems of AyA and the Municipality of Puntarenas, as the entity responsible for the administration of the island, in order to build the aqueduct and define the location of the works to be built within it. However, no support was obtained from the Mayor's Office of the Municipality of Puntarenas during the administration of the 2016-2020 period for the execution of the project. Therefore, it was not until November 2020 that a meeting was coordinated with the current Mayor of Puntarenas, Mr. Wilber Madriz, to address issues related to the aqueduct project for Isla Caballo; and from this date, coordination between the Municipality of Puntarenas and AyA improved.
However, in a report sent with official communication MP-AM-OF-2950-06-2021 dated June 17, 2021, the Municipality of Puntarenas states: “Taking into consideration the topography, the use conditions, and forest cover (cobertura forestal) existing on the Island, the Municipality of Puntarenas does not see the preparation of a Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) on Isla Caballo as feasible.” AyA has always considered that the comprehensive solution to the Island's problems is through the elaboration of an updated and comprehensive Regulatory Plan. However, given the Municipality's refusal, another work route has been defined, which means that for the island's aqueduct project, the Municipality of Puntarenas must make a series of agreements for its definition and advancement.
2. Proposed Aqueduct Project for Isla Caballo and Activities carried out by AyA.
Given that Isla Caballo lacks surface or underground sources that can be used to supply the island's inhabitants, a supply source outside the island and as close to it as possible was sought for the aqueduct project. Therefore, based on the technical studies conducted, it was proposed to integrate the Isla Caballo aqueduct system into the Lepanto aqueduct, which will be administered by the ASADA of Lepanto.
Once the above was determined, to define the source to be used for the aqueduct, an evaluation was carried out in the Lepanto zone and a hydrogeological study to find the best area to build the well in this sector. Additionally, drilling and pumping tests were performed on the well to be used for the island. The final well drilling report defined the well's production capacity, and the results of the physicochemical and microbiological tests performed verify that the water quality is excellent.
Therefore, the registration of said well was requested before the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE; however, the resolution is still pending.
On the other hand, for the transmission pipeline that runs from Lepanto to the Island and must cross through the sea, possible points for the pipeline's exit toward the beach in the Lepanto sector were technically analyzed, from which the optimal point was defined from a technical and environmental standpoint. Therefore, coordination has been made with the Municipal Council of the Lepanto District (Concejo Municipal del Distrito Lepanto), as it is the administrator of said zone, to obtain the permits to cross through the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of Lepanto. Likewise, the topographic survey (levantamiento topográfico) of the transmission line in the Lepanto sector was carried out, and the survey of the existing trails on Isla Caballo, where it was defined that the pipeline will be installed given the lack of a road development plan on the island. The location of the storage tank (tanque de almacenamiento) to be built on the island was also defined, for which authorization is required from the Municipality of Puntarenas, as the administrator of the island, for the construction of all works within the Island, since these are entirely within the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre).
Likewise, authorization was requested from SINAC for the proposed location of the works to be built on Isla Caballo, to which they indicated that there is no restriction or limitation for the installation of the pipeline and the construction of the tank on the island.
In addition, studies of bathymetry (batimetría) and marine current velocities were contracted for the area where the submarine pipeline running from the peninsula in the Lepanto sector to Isla Caballo will be located, defining the layout line of the submarine pipeline.
Regarding the type of connection to be installed to supply drinking water to the future users of the aqueduct project for Isla Caballo, based on the Regulation for the Provision of AyA Services (Reglamento para la prestación de los servicios del AyA), Board of Directors agreement No. 2020-442, and the fact that the inhabitants are in an illegal condition, two possible options were defined: the special connections according to Article 71 or the permanent connections according to Article 68, both articles of the Regulation for the Provision of AyA Services. However, for either of the connection options, it is required that the Municipality of Puntarenas, as the authority that has the legal competence for the administration of Isla Caballo, sign an agreement and covenant (convenio) with AyA accepting the installation of said connections.
3. Bill (Proyecto de Ley) It is important to clarify that according to Article 9 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre) No. 6043, both a sector of Lepanto where it is proposed to install pipeline is located in a strip of maritime-terrestrial zone, and all the works to be built on Isla Caballo, are located within the maritime-terrestrial zone.
According to Article 22 of Law No. 6043, it is necessary to formalize the permit for the construction of said works in the Maritime-Terrestrial Zone with the respective land administrators. Therefore, for the Lepanto zone, it is necessary to process a Cooperation Agreement (Convenio de Cooperación) with the Municipal District Council of Lepanto, and for the works on Isla Caballo, an Agreement with the Municipality of Puntarenas. However, given what is stipulated in Article 18 of Law No. 6043, for said Municipalities to grant a permit for a term longer than 15 years, legislative approval is required.
Therefore, a draft of the Bill was presented to both the Municipal District Council of Lepanto and the Municipality of Puntarenas, to obtain their endorsement for it to be presented before the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa).
Since the month of October of the year 2022, through official letter GG-2022-03960, AyA sent the draft of the Bill to the Municipal Council of Puntarenas, and also the need for authorization of the use of the zone where works will be built on the island was explained, as well as the need for authorization of the type of connection for the supply of the island's inhabitants given their legal condition, and the need for approval of the Cooperation Agreement between the Municipality of Puntarenas, AyA, and the ASADA of Lepanto. However, it was not until March 15, 2023, that AyA obtained an audience before the Municipal Council of Puntarenas, where the aqueduct project was presented and the approval of a series of agreements necessary for the project was requested, among which was the endorsement of the Bill. By official letter MP-SM-AC-0085-03-2023 of March 20, 2023, the Municipal Council of the Municipality of the central canton of Puntarenas agreed:
“1. Endorse the bill presented by Acueductos y Alcantarillado before the Legislative Assembly with the objective of creating a Special Law that authorizes the approval of land uses for the inhabitants of Isla Caballo in order to provide drinking water to each inhabitant of the island.
2. Inform the authorities of AyA and the Municipal Mayor's Office (alcaldía Municipal).” In addition, by official letter GG-2023-01142, the draft of the Bill was sent to the Municipal District Council of Lepanto, and on May 30, in an audience, the aqueduct project was presented; by official letter SM-259-06-2023 dated June 1, 2023, the approval of the Bill proposal was obtained from the Municipal District Council of Lepanto to send to the Legislative Assembly.
Deputy Carlos Andrés Robles Obando presented the Bill initiative before the Legislative Assembly with File No. 23.879; and according to what was indicated by Mr. Luis Ulate, chief of staff of Deputy Robles Obando, the project is currently in the committee for the province of Puntarenas. However, given that they are in a period of extraordinary sessions where the legislative agenda is defined by the Executive Branch (Poder Ejecutivo), and the project is not within the file convocations, it is necessary to wait for it to be convened to advance the legislative process.
In addition, Mr. Ulate indicated that the project was sent for consultation to both civil organizations and state institutions.
By official letter AL-CE-23120-0312-2023 dated September 26, 2023, the Special Commission of Puntarenas of the Legislative Assembly consulted the Executive President of AyA, Alejandro Guillén Guardia, for his opinion on the Bill, File No. 23.879; therefore, the Legal Directorate (Dirección Jurídica) issued its opinion on October 9, 2023, with official letter PRE-J-2023-03862.
On the other hand, by official letter PRE-2023-01754 of December 13, 2023, the Bill was sent to the Minister of the Presidency, Natalia Díaz Quintana, and she was requested to place it on legislative priority for its approval.
4. Connections to be installed for the population's supply As previously indicated, to determine the type of connection to install for the project, the Municipality of Puntarenas must sign an agreement and covenant agreement with AyA accepting the installation of said connections.
Therefore, by official letter GG-2022-03960 dated October 10, 2022, it was requested that, by municipal agreement, the type of connection to be installed for the island's inhabitants be authorized. And in AyA's audience before the Municipal Council of Puntarenas on March 15, 2023, it was insisted upon as one of the necessary agreements for the project.
By official letter MP-SM-AC-0085-03-2023, the Municipal Council of the Municipality of the central canton of Puntarenas agreed to endorse the bill. However, as stated in the Ordinary Session of the Municipal Council of March 15, several agreements are required for the Isla Caballo aqueduct project that were not addressed in official letter MP-SM-AC-0085-03-2023. Therefore, by official letter GG-2023-01323 dated May 2, 2023, the General Management of AyA requested the approval of said required agreements.
In response to AyA's request, official letter MP-SM-AC-0204-06-2023 dated June 19, 2023, was received from the Municipal Council of Puntarenas with what was agreed upon in Ordinary Session No. 270 held on June 15, 2023. This official letter attaches the opinion of the Legal Advisory Office of the Municipal Council with official letter MP-CM-AL-OF-577-06-2023, which details the operative part (por tanto) of the agreements taken, which are summarized below:
a. Authorization for the use of the strip of the maritime-terrestrial zone, for the infrastructure works required for the construction of the Isla Caballo aqueduct for a term of 25 years, extendable for an equal period.
b. Authorization of the permanent connections.
c. Approval and authorization to the Mayor's Office to sign a Cooperation Agreement between the Municipality of Puntarenas – AyA – ASADA of Lepanto.
d. Approval of the Bill.
However, in point c mentioned above in official letter MP-CM-Al-OF-577-06-2023, the Legal Advisory Office of the Municipal Council of the Municipality of Puntarenas recommends:
“IV. Operative Part (Por Tanto).
(…)3. Approval and authorization (Term of 25 years) to the mayor's office to sign the cooperation agreement between the Municipality of Puntarenas and AYA ASADA LEPANTO, where the responsibilities of the parties will be detailed. Regarding this agreement, it is an authorization to the mayor to sign an agreement between the Municipality of Puntarenas, AYA, and the ASADA OF LEPANTO; this agreement establishes responsibilities between the parties. It is already important to indicate that the Municipality assumes no future obligations or responsibilities related to the consumption of drinking water not paid for by the inhabitants of Isla Caballo. This clause related to obligations and responsibilities is important to be reflected in the agreement to be signed between the parties.” Given the above, the agreements taken by the Municipal Council of the Municipality of Puntarenas were transferred to AyA's Legal Directorate, so that it could be verified whether what was agreed complies with what is required for the project or if it was necessary to request any modification of any agreement for the legal viability of the project.
Based on the review by AyA's Legal Directorate, on August 1, 2023, official letter GG-2023-02415 was sent to the Municipal Council and the Mayor's Office of the Municipality of Puntarenas, requesting clarification of the title to be granted to the inhabitants of Isla Caballo, given that the type of connection will depend on the title to be granted by the Municipality to the island's inhabitants.
In the absence of a response from the Municipal Council and the Mayor's Office of Puntarenas to official letter GG-2023-02415, on October 5, 2023, by official letter GSD-UEN-AP-2023-01263, a response was requested to the official letter sent by the General Management.
Given that to date no response has been obtained to the request made, by official letter GSD-UEN-AP-2023-01606, the General Management of AyA was requested to follow up on the official letter and again request a response to the clarification required.
5. Design of the aqueduct for Isla Caballo For the design of the aqueduct, it is necessary to define the location of the lot where the tank will be built in the Lepanto sector, from which the water will be conducted to the storage tank to be built on Isla Caballo, from where the water will be distributed to the inhabitants.
The lot where the storage tank is intended to be built in the Lepanto sector presents some drawbacks, given that the topography is very steep, which complicates the construction, operation, and maintenance of the storage tank for the Island in Lepanto. Faced with this situation, another possible location in Lepanto was evaluated for the lot for the storage tank to be built, analyzing sectors in the area that have the appropriate elevation to carry water by gravity to the storage tank to be built on Isla Caballo; therefore, another property was located; however, it has the condition that the farm is mortgaged.
Therefore, in the month of November 2023, a meeting was held with the ASADA of Lepanto, where the conditions of the possible lands where the storage tank is proposed to be built were presented; in this meeting, it was agreed that the legal situation of the proposed lands must be investigated, and a meeting will be requested with the members of the company owning the lands, to present the proposals and define the most suitable option for the location of the storage tank, and to begin the process of formalizing the land. The meeting with the owners is still pending.
Therefore, until the location and elevation of the storage tank lot are defined, it is not possible to perform the hydraulic design (diseño hidráulico) of the pumping line (línea de impulsión) and transmission line in the Lepanto sector, nor the electromechanical design of the required pumping.
On the other hand, as previously indicated in point 4, to determine the type of connection for the water supply to the inhabitants, the Municipal Council and Mayor's Office of Puntarenas must clarify the type of title to be granted to the residents of Isla Caballo; without this being defined, it is not possible to perform the hydraulic design of the Isla Caballo sector.
The definition of the above is required to establish whether permanent connections will be installed, requiring the hydraulic design of the entire layout of the distribution network to each dwelling; whereas if it is determined that special connections will be installed, only the main line of the distribution network must be designed to the main beaches where a bulk meter (macromedidor) will be placed so that the inhabitants can supply themselves from this pipeline. These connection options at the hydraulic design level present differences in length, elevation, and pressures, which prevents the definition of the required control systems and the determination of the necessary pipeline for the proper functioning of the distribution network.
That is, until the definition of the lot for the storage tank in Lepanto is available—for which AyA is working in coordination with the ASADA of Lepanto to resolve this as soon as possible—and the definition of the type of connection to be installed on the island, according to what the Municipal Council of Puntarenas agrees, it is impossible to carry out the hydraulic design, which delays the execution of studies and procedures required for the final design, environmental viability (viabilidad ambiental), and the terms of reference and financing for the contracting of the project.
6. Social Management From the beginning of the project, meetings have been held with the inhabitants of Isla Caballo, the ADI of Isla Caballo, inhabitants of Lepanto, and the ASADA of Lepanto to explain to them the project proposal, its scope, the steps that have been taken, and those that are pending execution so that they support the process and are simultaneously informed.
. Conclusions:
Since 2018, AyA has been working on making the project viable through the various efforts carried out to date and the necessary ones mentioned above, which are summarized as follows:
Given the above, the comment indicated in the amparo appeal filed is not accepted: ‘…that AyA deceives the inhabitants by saying that an aqueduct is going to be installed from Lepanto de Jicaral; however, as of the day they come to the Chamber, no action has been taken……’, which is totally false.
Finally, to complete the project viability and Design process, it is essential to resolve the following activities that do not depend solely on AyA:
1. Definition and formalization of the lot for building the storage tank in Lepanto.
2. Response from the Municipality of Puntarenas regarding the type of title to be granted to the inhabitants of the Island (a prompt response is expected, even though it has been repeatedly insisted upon).
3. Approval of the bill that is in the Legislative Assembly.
Annexes According to the extensive presentation made by Engineer Ricardo Peralta, regarding the previous studies for the well drilling, tank construction, and submarine pipeline to be able to supply the population of Isla Caballo, the diligent manner in which the Institution has addressed the issue is evident, in full compliance with the resolution of the Constitutional Chamber. However, for the realization of the project, inter-institutional cooperation is required, specifically from the Municipalities of Puntarenas and Lepanto, and additionally, the approval of the Bill File No. 23.879, which is in the Legislative Assembly, is needed.
Regarding the quality and/or potability of the water supplied to the population of Isla Caballo, the undersigned, as Director of the Central Pacific Region, through certification GSP-RPC-2024-00030, states:
“This Regional Directorate certifies that the service provided to the inhabitants of Isla Caballo through the delivery of water in jerrycans (pichingas) meets the corresponding safety and hygiene standards, both from the connection in Puntarenas Centro, and during transport on the vessel, up to delivery to the citizens. The use and handling given to the water delivered in the jerrycans by each of the inhabitants and the custody of these during the time they are in their dwelling houses makes it impossible for the institution to guarantee that it complies with control and sanitation regulations.
In addition, all containers are washed before filling by the company responsible for distribution. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has officials as counterparts who ensure compliance with cleanliness and hygiene during the process of distributing drinking water to the inhabitants in jerrycans. Whenever it is determined that any of the containers are received damaged or in poor condition, they are replaced with a new one or one in good condition, ensuring the potability of the water provided for human consumption.” In the same vein, I indicate that it is not possible to supply the population by means of tanker trucks (camiones cisterna):
Wednesday, January 10, 2024: “The contract must be continued until AyA builds the aqueduct.
Distributing water by means of a discharge tanker is not technically possible to address those problems on an island; in addition, there is no port on Isla Caballo where a large ship can dock; there are only small boats there.
Regarding potability, we always work with strict control; the problem is mainly with the inhabitants. I will request that the Social project colleagues visit the island's inhabitants again to conduct educational campaigns on the proper use of jerrycans and their handling.” Images are attached of the water jerrycans with which the inhabitants of Isla Caballo are supplied.
SECOND: As this Honorable Court can verify, AyA has acted in accordance with the regulations that govern it, without arbitrary manipulation of the provision of service or the exercise of its functions, carrying out duly substantiated and reasoned actions at all times, as detailed; it is thus evident that the Institute has proceeded in accordance with the law, without any of its acts having violated any constitutional right. On the contrary, from the arguments presented and the evidence provided, it can be concluded that AyA has indeed proceeded as it corresponds.
PETITION Based on the foregoing regarding the facts alleged through this Amparo Appeal, it is demonstrated that our actions have been correct in accordance with the regulations governing us. We request that this Appeal be DECLARED WITHOUT MERIT, that the file be ordered archived, and that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados be exempted from all liability.” 12.- By resolution of 2:32 p.m. on February 22, 2024, a hearing was granted to the Superintendente General de Telecomunicaciones and the Director of the Fondo Nacional de Telecomunicaciones, both of SUTEL.
13.- Cinthya Arias Leitón, in her capacity as President of the Council of the Superintendencia de Telecomunicaciones, and Adrián Mazón Villegas, in his capacity as Director of the Fondo Nacional de Telecomunicaciones, report, regarding the alleged facts, as follows:
“II. THE SUTEL REPORT 1. THE FILING OF CLAIMS BEFORE THIS SUPERINTENDENCY From a review of SUTEL's documentary records, it was confirmed that there are no claims filed in the name of the appellants. In this regard, it should be noted that the Constitutional Chamber, in similar matters, such as resolution No. 2020013527 of nine hours fifteen minutes on July 17, 2020, has been clear in indicating the claim management process by this Superintendency: "VII.- Regarding SUTEL's actions. Note that, to date, there is no claim in process with this institution by the appellant or the protected party against ICE (...). Based on the foregoing, it is not possible for the Chamber to accredit any action or omission that entails the violation of the fundamental rights of the promoting party. Therefore, the appeal is declared without merit." Which is consistent with resolution No. 2020014729 of nine hours fifteen minutes on August 7, 2020, issued by your Authority, in which it is concluded that: "Furthermore, note that in the report rendered under oath by SUTEL, it was recorded that such superintendency has not received any request from the amparo protected parties, through which their needs have been made known. In this regard, the protected party should note that it is not the role of this jurisdiction to act as a complaint or grievance processing body, so what is alleged by the appellants must be filed, first, before the competent administrative instances. Consequently, if the amparo party deems it appropriate, they may formulate their claims before the respondent authority itself, before the Superintendencia de Telecomunicaciones, or through the ordinary jurisdictional route, venues where they can broadly discuss the merits of the matter, as well as assert their claims." 2. THE UNIVERSAL ACCESS, UNIVERSAL SERVICE, AND SOLIDARITY SERVICES COVERED BY THE FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ADMINISTERED BY SUTEL The Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) is the regulatory body in telecommunications matters, created as an organ of maximum deconcentration attached to the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), in accordance with Article 59 of Law No. 7593. Among SUTEL's functions is the administration of the Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), created by the General Telecommunications Law, Law No. 8642, whose resources are intended to finance the fulfillment of the objectives of universal access (acceso universal), universal service (servicio universal), and solidarity (solidaridad), established in Article 32 of the same Law. In this sense, SUTEL is responsible for defining the projects and programs to be developed with FONATEL funds, based on the information received about needs for telecommunications services through initiatives submitted for its consideration, within the framework established in the National Telecommunications Development Plan (Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones) and in pursuit of the fundamental objectives of the Universal Access, Universal Service, and Solidarity Regime. As part of its planning work and when considering the initiatives submitted to FONATEL, SUTEL must carry out an assessment process that includes socioeconomic, technical, and market studies for the definition and formulation of the projects to be developed with FONATEL funds. As stipulated in Article 32 of the General Telecommunications Law, FONATEL's main objectives are to promote universal access, universal service, and solidarity in areas of the country where the cost of investments for the installation and maintenance of infrastructure makes the provision of these services not financially profitable, for the inhabitants of the country who do not have sufficient resources to access them, and for shelters for minors, older adults, persons with disabilities, indigenous populations, public schools and high schools, as well as public health centers. In this regard, the cited article states: “ARTICLE 32.- Objectives of universal access, universal service, and solidarity The fundamental objectives of the universal access, universal service, and solidarity regime are the following: a) Promote access to quality telecommunications services, in a timely, efficient manner, and at affordable and competitive prices, for the inhabitants of areas of the country where the cost of investments for the installation and maintenance of infrastructure makes the provision of these services not financially profitable. b) Promote access to quality telecommunications services, in a timely, efficient manner, and at affordable and competitive prices, for the inhabitants of the country who do not have sufficient resources to access them. c) Provide quality telecommunications services, in a timely, efficient manner, and at affordable and competitive prices, to institutions and persons with special social needs, such as shelters for minors, older adults, persons with disabilities, indigenous populations, public schools and high schools, as well as public health centers. d) Reduce the digital divide, guarantee greater equality of opportunities, as well as the enjoyment of the benefits of the information and knowledge society through the promotion of connectivity, the development of infrastructure, and the availability of access devices and broadband services.” It follows from the above that SUTEL's intervention through FONATEL cannot be given in an arbitrary manner, as the investment of the resources included in the Fund responds to special cases. Specifically, communities with particular socioeconomic conditions, special populations, as well as public schools and health centers, duly defined by Law, are the ones called to receive the benefits brought by the financing of projects through the Fund. Now, FONATEL projects are executed through a trust (fideicomiso), through which studies are carried out to determine the districts that will be the object of attention, and once those districts are selected, the process proceeds with the determination of the communities and Public Service Delivery Centers (Centros de Prestación de Servicios Públicos, CPSP) that will receive telecommunications services through the respective projects. 3. CONSIDERATIONS OF THE SPECIFIC CASE OF THE COMMUNITIES OF THE PROVINCE OF PUNTARENAS, ISLA CABALLO For the specific case, the appellants allege that, despite having requested internet service in the community of Isla Caballo in the Gulf of Nicoya, Puntarenas, to date it has not been possible. Now, as has been informed to the Constitutional Chamber on other occasions, through the Trust for the management of FONATEL projects and programs, several projects have been promoted, among which are those of the North Zone (Región Huetar Norte), the South Zone (Región Brunca), the Atlantic Zone, the Central Pacific and Chorotega Zones, and those of the Indigenous Territories.
The community of Isla Caballo is part of the district of Lepanto, province of Puntarenas; which was included in the Central Pacific Zone Project. In order to execute part of the Central Pacific Zone Project, the Trust for the management of FONATEL projects and programs promoted Tender No. 001-2016, the object of which is the "Contract to provide Voice Service Access and access, from a fixed location, to Internet service to all communities in the districts of Acapulco, Arancibia, Chira, Chomes, Cóbano, Guacimal, Lepanto, Manzanillo, Paquera, and Pitahaya in the canton of Puntarenas, La Unión in the canton of Montes de Oro, and San Jerónimo in the canton of Esparza, province of Puntarenas, and voice and internet services, from a fixed location, to the Public Service Delivery Centers located in those communities, with funding from the Fondo Nacional de Telecomunicaciones".
The publication of this tender took place on October 28, 2016. Clause 1.4.1 of the tender documents cited, related to the Delimitation of the Service Area, establishes that: "The services must be provided in all communities and Public Service Provision Centers (CPSP) located within them, belonging to the districts of Acapulco, Arancibia, Chira, Chomes, Cóbano, Guacimal, Lepanto, Manzanillo, Paquera, and Pitahaya of the Canton of Puntarenas, La Unión of the canton of Montes de Oro, and San Jerónimo of the canton of Esparza, Province of Puntarenas; which are listed below. The following table shows the towns referenced at the time of the tender, and the bidder must, on its own account, corroborate the existence, not only of the communities and CPSPs referenced in the table, but of all existing communities and CPSPs within the stipulated coverage area," which implies that the community of Isla Caballo de Lepanto is included within the scope of Tender No. 001-2016, through which they must be provided with "Voice Services and access, from a fixed location, to the Internet service." In "Table 1 Communities in the delimited Service Area," contained in the cited clause, the inclusion of the communities of the entire district of Lepanto, Puntarenas, where the cited island is located, can be observed. Of relevance, the aforementioned Table 1 indicates the following:
Table 1 Communities in the delimited Service Area # canton locality longitude latitude 272 Puntarenas Villa Bruselas -84.798000 10.088400 273 Puntarenas Villa Vieja -84.818400 10.058800 274 Puntarenas Isla Caballo -87.990000 9.992960 275 Puntarenas Playa Torres -84.970700 9.987050 The award of Public Tender No. 001-2016 fell in favor of the Instituto Costarricense de Electricidad, which later alleged the impossibility of deploying the services on the island due to the lack of electricity.
Contract No. 001-2017, through which the award of Tender No. 001-2016 was formalized, was signed between Banco Nacional, in its capacity as Trustee of the Trust for the management of FONATEL projects and programs, and the Instituto Costarricense de Electricidad, on January 23, 2018; a date from which its execution began.
The purpose of the cited contract is included in Clause 1, which indicates the following:
"1.2 The purpose of this contract is to provide access to Voice Services and access from a fixed location to the Internet service, to the communities of the cantons of Puntarenas, Montes de Oro, and Esparza, province of Puntarenas, with contributions from the Fondo Nacional de Telecomunicaciones, and the provision of these services from a fixed location to the Public Service Provision Centers (CPSP) located in the following districts: (1) Acapulco, (2) Arancibia, (3) Chira, (4) Chomes, (5) Cóbano, (6) Guacimal, (7) Lepanto, (8) Manzanillo, (9) Paquera, and (10) Pitahaya of the canton of Puntarenas, (11) La Unión of the canton of Montes de Oro, and (12) San Jerónimo of the canton of Esparza, all in accordance with the terms of reference and stipulations contained in the specifications or tender documents of Tender No. 001-2016…" Regarding the execution of the purpose of Tender 001-2016 and Contract 001-2017, it must be noted that, as ICE has stated in the brief cited in the resolution of February twenty-second, two thousand twenty-four, at the express request of ICE, through agreement 023-013-2023 taken in ordinary session 013-2023 of February 16, 2023, duly notified via official communication 01412-SUTEL-SCS-2023 of February 20, 2023 (attached as an annex to this document), after a detailed analysis of the case, the SUTEL Board resolved the following:
"(…) FIRST. To acknowledge receipt of official communication 01124-SUTEL-DGF-2023, dated February 10, 2023, through which the General Directorate of FONATEL presents to the Board the analysis carried out regarding the request for a declaration of "force majeure (caso fortuito)" for site "1764 (60101-03) Isla Caballo," pending delivery by the contractor Instituto Costarricense de Electricidad in the Pacífico Central Superior Project.
SECOND. To approve the declaration of exemption due to "force majeure (caso fortuito)" associated with the non-existence of an electricity supply on Isla Caballo for site "1764 (60101-03) Isla Caballo" of Contract No. 001-2017, called Pacífico Central Superior.
THIRD. To instruct the Trustee to coordinate with Management Unit No. 1 all necessary procedures to formalize the contractual reduction process, as indicated in the previous point and in accordance with the provisions of the Legal System regulating the matter.
FOURTH. To instruct the Trustee to undertake the corresponding steps with the Instituto Costarricense de Electricidad to allow the return to Fonatel of the CAPEX that had been disbursed to the operator related to the site for which the "force majeure (caso fortuito)" declaration was approved, according to the detail indicated in this official communication that was duly provided by the Management Unit.
FIFTH. To keep SUTEL informed about the events and procedures necessary to formalize the respective reduction.
SIXTH. To request Banco de Costa Rica and Management Unit No. 1 to propose to the General Directorate of Fonatel a contracting alternative to solve the lack of access to fixed and mobile telecommunications services for the inhabitants and CPSPs located on Isla Caballo, within a period of 20 business days.
SEVENTH. To notify this agreement to the Trustee Bank and the Management Unit." It must be highlighted that the force majeure (caso fortuito) situation derives from the non-existence of the electricity supply (which ICE itself would be responsible for providing) necessary to install and put into operation site "1764 (60101-03) Isla Caballo," through which telecommunications services would be provided to the residents of the island; which is in accordance with the provisions of Article 190 of the Ley General de la Administración Pública related to exemptions from liability for the Administration.
Notwithstanding the foregoing, the Administration is currently seeking a technical solution in order to be able to process the respective tender (according to the provisions of the Ley General de Contratación Pública), to hire an operator that can meet the needs of the residents of Isla Caballo, a procurement that must contemplate alternatives to overcome the technical difficulties that bringing telecommunications services to a community with the electricity supply limitations that grounded the declaration of force majeure (caso fortuito) within Contract No. 001-2017 represents.
It is necessary to clarify that, through official communication No. 22973 (DFOE-CIU-0573) of December 17, 2021, by means of which order DFOE-CIU-ORD-00004-2021 is issued, the Contraloría General de la República ordered SUTEL to terminate the Fonatel Trust with Banco Nacional de Costa Rica, which is why, in accordance with the provisions contained in the Ley General de Telecomunicaciones, a competitive procedure had to be carried out to select the new Trustee Bank.
Said competitive procedure was carried out, and its award fell in favor of Banco de Costa Rica, whose contract was approved by the Contraloría General de la República through official communication No. 23090 (DCA-3239) of December 21, 2022; which is why said Bank is currently the Trustee of the Fonatel Trust. In response to the search for solutions described in previous paragraphs, Banco de Costa Rica, in its capacity as Trustee Bank and which processes the procurements financed with Fonatel resources, sent to SUTEL on January 22, 2024, through official communication FIDOP_2024_1_86 (UGEY-035-24 of January 12, 2024), a proposed schedule for the presentation of the profiling (perfilamiento) and the initial decision, which represent indispensable requirements to be able to process the respective procurement, so that, once these inputs are available, it will be possible to determine the type of procurement (major, minor, or reduced bidding (licitación)), as well as the definitive schedule for the promotion and execution of the tender, which, in accordance with the Ley General de Contratación Pública, the administration must promote to competitively bid the corresponding services for Isla Caballo.
The cited schedule indicates the following:
Anexo 1. Schedule for serving the community of Isla Caballo.
Task % Complete Duration Start Finish Schedule Isla Caballo 0% 72 days 15/01/24 26/04/24 Analysis of required inputs and budget estimation 0% 28 days 15/01/24 21/02/2024 Request and response market study Market study report Preparation of the profiling Social analysis 0% 0% 0% 0% 20 days 5 days 14 days 1 day 15/01/24 15/02/24 22/02/24 22/02/24 14/02/24 21/2/24 12/03/24 22/02/24 Technical analysis Financial Analysis Preparation and submission of the profiling document Approval of profiling 0% 0% 0% 0% 3 days 2 days 8 days 7 days 23/02/24 28/02/2024 01/03/24 13/03/24 27/02/24 29/02/24 12/03/24 21/03/24 Notification of observations on the profiling 0% 3 days 13/03/24 15/03/24 Update and submission of updated profiling document 0% 3 days 18/03/24 20/03/24 Communication of profiling approval Elaboration of the initial decision Approval of the initial decision 0% 0% 0% 1 day 3 days 2 days 21/03/24 22/03/24 27/03/24 21/03/24 26/03/24 01/04/24 It is important to highlight that these competitive processes, once they can be promoted, have risks such as, for example, that no bids are submitted and, therefore, the bidding process must be declared void (licitación desierta), meaning a new tender would have to be executed, with the time implications that would have due to the complexity of the case and the area where the telecommunications services are intended to be provided.
In that sense, it should be reported that, in accordance with the provisions contained in the Fonatel Trust contract, the SUTEL Board is the body responsible for granting approval (in accordance with the amount of each procurement), to the profilings (perfilamientos) and the tender documents of the competitive processes through which the necessary procurements are carried out to execute the Fund's resources.
Based on the foregoing, it is also necessary to highlight that, to date, the SUTEL Board is disintegrated, having only one permanent member, so decision-making regarding the execution of procurement procedures processed through the Fonatel Trust (among which this tender would be found) would be affected by said collegiate body not having the necessary quorum to adopt agreements." In view of the considerations presented, they request that the appeal be declared without merit.
14.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and, WHEREAS (CONSIDERANDO):
I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant assures that the respondent authorities do not provide them with the following services: 1) Electrical energy - they have solar panels without adequate maintenance and are denied access arguing that they are in arrears in the solidarity payment for electricity. Consequently, it requests that the Instituto Costarricense de Electricidad be ordered to install electricity in all homes, businesses, and institutions of Isla Caballo, with the necessary capacity (power) to have at least one refrigerator, television, adequate lighting, rice cooker, and coffee maker, 2) Internet access, the Superintendencia de Telecomunicaciones and the Fondo Nacional de Telecomunicaciones, regarding internet for connected communities, indicates not having an adequate internet connection for basic communication, access to information, access to entertainment, access to education and virtual training, access to be able to do schoolwork via the internet. Consequently, it requests that the Instituto Costarricense de Electricidad, the Superintendencia de Telecomunicaciones and the Fondo Nacional de Telecomunicaciones, the Consejo Presidencial Social, the Instituto Mixto de Ayuda Social, the Ministerio de la Presidencia, and the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos be ordered to provide and install internet from the national social or solidarity program at the expense of the Costa Rican State, to have internet at capacities and speeds necessary to maintain videoconferences, connection to study platforms, and all the necessary capacity to connect and communicate with the outside world. 3) Collection centers. The Municipalidad de Puntarenas refuses to install collection centers, to collect solid waste stating it is very expensive. Consequently, the users have opted to carry out burns to destroy the waste, generating air and soil pollution and greenhouse gases. They assert that the waste from sanitary facilities (urine and feces) is deposited in a septic tank that has contaminated the soils and groundwater, making them unhealthy. Consequently, it requests that the Municipalidad de Puntarenas be ordered to provide the solid waste collection service, in accordance with the Ley de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos, to provide the collection service on Isla Caballo at least once a week and that within 6 months the service be extended to a frequency of 2 days per week; likewise, that waste recycling collection centers be installed. The Ministerio de Salud and Ministerio de la Presidencia be ordered to provide excreta disposal systems that do not contaminate the soil and groundwater, such as incinerators or dry services; as well as to provide the necessary training for their use and adequate maintenance. 4) Cabotage or public transport service. Each inhabitant must travel on their own to seek services, food, and purchases up to Puntarenas, Jicaral, and Playa Naranjo, aggravating environmental pollution due to the individual burning of fuels. Consequently, it requests that the Ministerio de Transportes and ARESEP be ordered to install a cabotage service from Puntarenas to Isla Caballo and with interconnection between the islands of Venado, Caballo, and Chira, with a frequency of at least once a day round trip. 5) Potable water: -despite a constitutional appeal (recurso de amparo) that so ordered-, therefore they must use artisanal wells that do not meet potability conditions. Consequently, it requests to install, within a period of less than twelve months, an aqueduct service with potable water and a water meter (hidrómetro) service for each user in their home, land, premises, or institution; that while the aqueduct is being installed, potable water with a potability certificate be supplied by tanker truck to each beach where residents can fill their containers, in sufficient quantities and adequate quality to satisfy the needs of each household, business, or institution.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the resolution of this appeal, the following relevant facts are deemed duly demonstrated:
It is not recorded in the database of the General Directorate of User Assistance of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, responsible for handling complaints and grievances regarding the provision of public services, that any complaint has been filed by the appellant regarding Isla Caballo (see in this regard the report rendered by the Regulador General and President of the Board of Directors of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos).
Regarding the electricity service.
On June 28, 2018, the Instituto Costarricense de Electricidad generates a photovoltaic system maintenance report addressed via inspection on Isla Caballo, for client [Name 014] (see in this regard the report rendered by the Electricity Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad). On June 29, 2018, the Instituto Costarricense de Electricidad generates a photovoltaic system maintenance report addressed via inspection on La Isla, for Escuela La Isla (see in this regard the report rendered by the Electricity Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad). On January 14, 2019, the Instituto Costarricense de Electricidad generates a breakdown report for a damaged photovoltaic system of client [Name 014] (see in this regard the report rendered by the Electricity Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad). On January 15, 2019, the Instituto Costarricense de Electricidad generates a breakdown report for a damaged photovoltaic system of client [Name 015] (see in this regard the report rendered by the Electricity Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad). On January 23, 2019, the Instituto Costarricense de Electricidad generates a breakdown report for a damaged photovoltaic system of client [Name 016] (see in this regard the report rendered by the Electricity Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad). According to what is indicated in the contract for the leasing of solar panels, the Instituto Costarricense de Electricidad undertakes to perform maintenance and address breakdowns, provided that the client complies with their obligation to keep their billing up to date, which has not occurred, since for the year 2018 the delinquency rate represented ninety percent and, for the year 2019, ninety-four percent was recorded, that is, in the year 2019 only income was received for an amount of seventeen thousand colones ([Value 002]). It is worth mentioning that many of the damages caused to the equipment and that cause the breakdowns and their deterioration correspond to inadequate manipulation of the equipment by the clients, where equipment has been found connected that deteriorates the components of the solar panels (see in this regard the report rendered by the Electricity Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad). On May 14, 2019, the Instituto Costarricense de Electricidad receives official communication No. DREP-SCE05-EPT00017, issued by Ingrid María Enriquez Obando, Director of the Centro Educativo Playa Torres, Isla Caballo, and Ángel Antonio Rojas Rojas, President of the Junta de Educación Escuela Playa Torres, Isla Caballo, in which they request review and repair of photovoltaic systems provided by the Instituto Costarricense de Electricidad at said Educational Center (see in this regard the report rendered by the Electricity Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad). Through official communication 1200-054-2019 of May 23, 2019, the Administrative Management Control Department of the Defensoría de los Habitantes is informed that the Instituto Costarricense de Electricidad schedules two field trips per year to provide corrective and preventive maintenance to the solar panels of Isla Caballo and other islands, clarifying that said field trips may be affected or limited on occasion, due to access affected by tides, weather conditions, and are also organized to optimize material, human, and financial resources, since they generate high costs that the institution must incur (see in this regard the report rendered by the Electricity Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad). On February 4, 2020, the Instituto Costarricense de Electricidad receives a new official communication DREP-SCE05-EPT-001-2020, issued by Ingrid María Enriquez Obando, Director of the Centro Educativo Playa Torres, Isla Caballo, in which she requests maintenance, relocation, and request for new solar panels for the new Educational Center and teacher's house (see in this regard the report rendered by the Electricity Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad). Through official communication 1200-045-2020 of March 2, 2020, the Instituto Costarricense de Electricidad responded to Ingrid María Enriquez Obando, director of the Centro Educativo Playa Torres, Isla Caballo, in response to official communication DREP-SCE05-EPT-001-2020, informing her that after the inspection carried out on site, and once they have defined the requirements, it is necessary for them to send an official communication signed by the President of the Junta de Educación, indicating the location of the equipment and elements in the new facilities, and they were also requested to transfer the panel in the name of Cindy Otárola Campos to the name of the Junta de Educación of the School (see in this regard the report rendered by the Electricity Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad). On January 10, 2024, an approximate cost update for the electrification of Isla Caballo was carried out by the Coordinator of the Barranca Development Area, establishing three possible options: 1.- Crossing from Isla Venado to Isla Bejuco subsea (1.850km), the cost of the 1/0 Cu submarine conductor alone is ¢150,000/m, which gives us ¢277,500,000.00 + Labor, bathymetry study (seabed profile), which could generate a greater unforeseen cost, then extension of 2.050km single-phase overhead with AAAC 1/0 conductor alone, is estimated at ¢45,050,800.00, then another span of submarine cable of 950m for a cost of ¢142,500,000.00 + (Labor, Bathymetry Study, Unforeseens) and 4.180km of single-phase primary line alone and 2.590km of primary with secondary for a cost of ¢91,859,680 + 118,001,436 = for an approximate total of ¢674,911,916.00 + transformers and (Labor, Bathymetry Study, Unforeseens) we round to $1,400,000 (One million four hundred thousand dollars). 2.- Direct extension from Isla Venado to Isla Caballo projection of 3.8km in 1/0 submarine cable for a cost of ¢570,000.00 + (Labor, Bathymetry Study, Unforeseens) and then the overhead network described above of 4.180km of single-phase primary line alone and 2.590km of primary with secondary for a cost of ¢91,859,680 + 118,001,436, which gives us a total of ¢779,861,116.00 + transformers and (Labor, Bathymetry Study, Unforeseens) we round to $1,600,000 (One million six hundred thousand dollars). 3.- Supply with a direct route from the mainland, with approximate installation of: 4.5Kms of submarine cable from the Playa Naranjo sector to Isla Caballo for a cost of ¢675,000,000 and distribution on the aforementioned island 4.180km of single-phase primary line alone and 2.590km of primary with secondary for a cost of ¢91,859,680 + 118,001,436, which gives us a total of ¢884,861,116.00 + transformers and (Labor, Bathymetry Study, Unforeseens) we round to $1,850,000 (One million eight hundred fifty thousand dollars). Due to the high cost of any of the three options indicated to bring electrification to Isla Caballo, the project is not in the short or medium-term investment plans of the Instituto Costarricense de Electricidad; furthermore, to be able to carry out a design considering the total cost of the electrical project, the declaration of public roads on the site would be required to allow defining the location of the electrical project (see in this regard the report rendered by the Electricity Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad). According to the pending billing list issued by the Puntarenas Agency as of January 10, 2024, there are one hundred sixteen solar panel services installed on Isla Caballo, whose clients mostly present payment delinquency of up to ten months, with the monthly equipment rental cost being one thousand and, despite the foregoing, the Instituto Costarricense de Electricidad continues, in accordance with the service schedules, providing the maintenance service (see in this regard the report rendered by the Electricity Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad).
Regarding internet access.
There is no claim from the appellant before the Superintendencia de Telecomunicaciones through which they have been made aware of their needs regarding the internet service (see in this regard the report rendered by the President of the Board of the Superintendencia de Telecomunicaciones and the Director of the Fondo Nacional de Telecomunicaciones). [Name 001], identity card No. [Value 001], does not have fixed telephony plans in their name registered with the Instituto Costarricense de Electricidad. They register a mobile service, with a kölbi data plan 12 GB 12 M with No. 86861505, which is active, and a prepaid chip 2018, with No. 89411352, as well as one with a 4G K1 12 M plan, which are active and functioning normally. The rest of the persons indicated in the filing brief do not register active mobile or fixed services with the Instituto Costarricense de Electricidad. Furthermore, the telephone numbers 86275266 and 87152042 indicated in the filing brief do not have records associated with the Instituto Costarricense de Electricidad (see in this regard the report rendered by the Telecommunications Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad). The locality of Isla Caballo in the canton of Puntarenas, initially, was within the scope of procurement 001-2017 of the Programa Comunidades Conectadas (Fonatel); which was awarded to the Instituto Costarricense de Electricidad; however, for reasons of impossibility duly demonstrated to the Trust, (it was not feasible to implement the civil and electromechanical works and lack of services among others) that locality was excluded from the mentioned contract. The previous condition was reported to the Trust Administration in May 2020, with official communication 9010-491-2020, with a formal request for recognition of the exemption from liability for the mentioned force majeure (caso fortuito), communication that was responded to with document UGEY-231-23, of March 10, 2023, and in which it was indicated that the exemption from liability was accepted, for which Addendum 1 was signed, formalizing the modification to the scope of contract 001-2017 (see in this regard the report rendered by the Telecommunications Manager of the Instituto Costarricense de Electricidad). The Superintendencia de Telecomunicaciones is currently seeking a technical solution in order to be able to process the respective tender (according to the provisions of the Ley General de Contratación Pública), to contract an operator that can meet the needs of the residents of Isla Caballo, a procurement that must contemplate alternatives to overcome the technical difficulties that bringing telecommunications services to a community with the electricity supply limitations that grounded the declaration of force majeure (caso fortuito) within Contract No. 001-2017 represents (see in this regard the report rendered by the President of the Board of the Superintendencia de Telecomunicaciones and the Director of the Fondo Nacional de Telecomunicaciones). On January 22, 2024, Banco de Costa Rica, in its capacity as Trustee Bank and which processes the procurements financed with resources from the Fondo Nacional de Telecomunicaciones, sent to the Superintendencia de Telecomunicaciones, through official communication FIDOP_2024_1_86 (UGEY-035-24 of January 12, 2024), a proposed schedule for the presentation of the profiling (perfilamiento) and the initial decision, which represent indispensable requirements to be able to process the respective procurement, so that, once these inputs are available, it will be possible to determine the type of procurement (major, minor, or reduced bidding (licitación)), as well as the definitive schedule for the promotion and execution of the tender, which, in accordance with the Ley General de Contratación Pública, the administration must promote to competitively bid the corresponding services for Isla Caballo.
The cited schedule indicates the following:
Task % Complete Duration Start Finish Isla Caballo Schedule 0% 72 days 15/01/24 26/04/24 Analysis of Required Inputs and Budgetary Estimation 0% 28 days 15/01/24 21/02/2024 Request for and Response to Market Study Market Study Report Preparation of the Profiling Social Analysis 0% 0% 0% 0% 20 days 5 days 14 days 1 day 15/01/24 15/02/24 22/02/24 22/02/24 14/02/24 21/2/24 12/03/24 22/02/24 Technical Analysis Financial Analysis Preparation and Submission of the Profiling Document Approval of Profiling 0% 0% 0% 0% 3 days 2 days 8 days 7 days 23/02/24 28/02/2024 01/03/24 13/03/24 27/02/24 29/02/24 12/03/24 21/03/24 Notification of Observations on the Profiling 0% 3 days 13/03/24 15/03/24 Updating and Submission of Updated Profiling Document 0% 3 days 18/03/24 20/03/24 Communication of Profiling Approval Preparation of the Initial Decision Approval of the Initial Decision 0% 0% 0% 1 day 3 days 2 days 21/03/24 22/03/24 27/03/24 21/03/24 26/03/24 01/04/24 Competitive bidding processes, once they can be initiated, carry risks such as, for example, that no bids are submitted and, therefore, the tender must be declared void, meaning a new competition would have to be executed, with the time implications that would entail given the complexity of the case and the area in which telecommunications services are intended to be provided.
Regarding collection centers.
The use of septic tanks in the homes of the residents of Isla Caballo is in accordance with current sanitary legislation, regarding permitted dimensions and materials, and other forms of wastewater treatment in the Regulations for the Approval of Wastewater Treatment Systems (Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales) N°39887-S-MINAE. As such, there is no prohibition whatsoever on the use of septic tanks, which constitute ninety-five percent of the existing solutions on the Peninsula for the treatment of residential wastewater (see in this regard the report issued by the Vice Minister of Health and the Acting Director of the Peninsular Health Area, both from the Ministry of Health).
The Municipality of Puntarenas does not provide solid waste collection services on Isla Caballo. It is currently in a process of planning and defining the institutional actions that must be implemented to expand the provision of solid waste collection services to the communities and districts of the canton. Within the Municipality's planning, and taking into account the logistical limitations for providing the service on the island, it is projected to begin with the application of the principle of shared responsibility and active participation of the population, to educate and instruct the residents to carry out proper integrated management of their solid waste and the utilization of organic waste through composting techniques, and the separation and classification of recoverable solid waste. To materialize said planning, steps will be taken to formulate and approve the next extraordinary budget for their execution. Thus, such actions are intended to mitigate, in the medium term, the environmental problem generated by the erroneous practices of the island's residents (see in this regard the report issued by the Mayoress of the central canton of Puntarenas).
Regarding the cabotage or public transportation service.
On June 3, 2021, the Navigation and Safety Directorate received a permit application to provide a cabotage service on the Isla Venado-Isla Caballo-Muelle Plátanos Puntarenas route, signed by Alexis Rodríguez Castrillo. Therefore, after a series of actions, through official letter N° DVMP-DNS-2022-M20 of October 10, 2022, a request was made for a series of requirements to proceed with the precarious permit, for which a period of ten business days was granted; however, the request was not addressed, and the proceeding was archived (see in this regard the report issued by the Minister of Public Works and Transport).
On August 1, 2023, the Ministry of Public Works and Transport issued a call via email, in the following terms: "This is to invite you to the meeting next Thursday, August 3, at the INCOPESCA facilities in the Barrio El Cocal of Puntarenas at 09:00 a.m. The meeting will be to discuss important matters for decision-making in the awarding of the Cabotage Permit between Puntarenas and Isla de Chira and its branches" (see in this regard the report issued by the Minister of Public Works and Transport).
On August 3, 2023, the Marine and Port Directorate of the Ministry of Public Works and Transport held the meeting in which the needs to establish routes between Isla de Chira, Costa de Pájaros, and Puntarenas were originally to be discussed, which took place at the INCOPESCA facilities. At that meeting, some users appeared who also expressed interest in establishing a route that would benefit Isla Caballo and Venado. In response, this office informed them of the general conditions for achieving preliminary authorization of a cabotage service under the figure of the Precarious Permit; however, the competent directorate on the particular matter has reported that, to date, its files contain no pending formal application to be addressed regarding the route of interest (see in this regard the report issued by the Minister of Public Works and Transport).
The Ministry of Public Works and Transport, through the Maritime-Port Division, has not communicated to the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) the creation of a minor cabotage route between Puntarenas and Isla Caballo with interconnections at Isla Venado and Chira (see in this regard the report issued by the Regulator General and Chairman of the Board of Directors of the Regulatory Authority for Public Services).
Regarding the minor cabotage routes between Golfito-Puerto Jiménez and vice versa, Puntarenas-Isla Chira and vice versa, and Isla Chira-Costa de Pájaros and vice versa, they currently do not have an operator authorized by the Ministry of Public Works and Transport and, furthermore, there is no pending permit application to be resolved for said routes as of January 2023 (see in this regard the report issued by the Regulator General and Chairman of the Board of Directors of the Regulatory Authority for Public Services).
III.- FUNDAMENTAL RIGHT TO THE PROPER FUNCTIONING OF PUBLIC SERVICES. Our Political Constitution implicitly enshrines the fundamental right of administered persons to the proper and efficient functioning of public services, that is, that they be provided with high quality standards, which has as its necessary corollary the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, promptly, effectively, and efficiently. This latter obligation arises from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as Article 140, subsection 8, which imposes on the Executive Branch the duty to "Oversee the proper functioning of administrative services and agencies," Article 139, subsection 4), insofar as it incorporates the concept of "proper functioning of the Government," and Article 191 insofar as it incorporates the principle of "efficiency of the administration." Having said that, in this case, the database of the General Directorate of User Assistance of the Regulatory Authority for Public Services, responsible for processing complaints and grievances regarding the provision of public services, contains no complaint filed by the appellant concerning Isla Caballo. Consequently, regarding this point, the appeal filed is dismissed.
IV.- REGARDING THE ELECTRICITY SERVICE. The appellant asserts that people on Isla Caballo have solar panels without proper maintenance and are denied access, arguing they are delinquent in the solidarity payment for electricity. Consequently, he requests that the Costa Rican Institute of Electricity (ICE) be ordered to install electricity in all homes, businesses, and institutions on Isla Caballo, with the capacity (power) necessary to have at least one refrigerator, television, adequate lighting, rice cooker, and coffee maker.
This Constitutional Court, in a prior amparo appeal, by Judgment No. 2016-2788 of 9:30 a.m. on February 26, 2016, filed on behalf of the residents of Isla Caballo for the electricity service, declared the appeal unfounded, in accordance with the following considerations:
"IV.- SPECIFIC CASE. From the list of proven facts and the study of the case file, this Chamber observes that since 1997, the Costa Rican Institute of Electricity installed the basic electricity service on Isla Caballo through 48 photovoltaic systems (SFV), as well as a water pumping system, which collapsed due to irrational use by the residents, coupled with insufficient water to meet demand; however, the piping was broken, the modules that powered said pumping system disappeared, and the installations were dismantled. Subsequently, in the year 2000, the Costa Rican Institute of Electricity conducted a visit for evaluation and maintenance of the photovoltaic systems by the UEN Customer Service, now called the Energy Distribution and Commercialization Business, and it was determined that 85% to 90% of them were destroyed or inoperative, and there were cases where all the equipment was destroyed, for reasons attributable to the island's own inhabitants. For this reason, the Costa Rican Institute of Electricity indicated to the residents of Isla Caballo that to resume the project, all users had to join the conditions of the Rural Electrification Program with Renewable Energy Sources (Programa de Electrificación Rural con Fuentes Renovables de Energía), as well as sign the photovoltaic system rental contract committing to the care of the equipment according to its capacity. Furthermore, the respondent institute indicates that there are currently 92 solar panels (a non-conventional electricity supply alternative) on Isla Caballo, and their implementation will continue, because to carry out a conventional electrification project, legal, budgetary, and environmental aspects must be resolved, without which the Costa Rican Institute of Electricity is unable to design the work and obtain financing, since the island is subject to the regulations of the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre). Likewise, they report that users of the electricity service on Isla Caballo must sign a rental contract and pay one thousand colones per month to obtain service. On the other hand, the respondents from the sued institute report that the service users themselves make improper use of the photovoltaic systems, because they connect electrical appliances with consumption exceeding the equipment's capacity, which damages the accessories comprising the system. Additionally, they use the system's batteries for night fishing, and applying such high discharges also damages the equipment, resulting in the system being unable to recharge them. From what is evident in the case file, it can be deduced that currently, on Isla Caballo, there are 79 subscribers to the electricity service provided by the Costa Rican Institute of Electricity through the residential photovoltaic system. Added to this, it is clear from the file that to become a subscriber and obtain electricity service through the photovoltaic systems (SFV) on that island, the inhabitants of Isla Caballo must make a written request and present a copy of their identity card, and if this institute has immediate availability of equipment, the client is informed that the respective procedures for SFV installation will proceed. They are explained the permissible uses of the equipment, and prior to installation, they must appear at the Electric Services Agency to formalize the rental contract. Conversely, if there is no immediate SFV availability, the request is included in a pending needs list to be addressed when appropriate, according to the investment quota allocated for this type of program in the six-year Investment Plan projected by the institution for 2015-2020, which serves as support for ARESEP. In the same manner, it is noted that the latest photovoltaic systems installed have a capacity of 165 watts, and the photovoltaic system depends on the amount of solar radiation received in a day. The respondent explains that while only 79 clients (families), out of approximately 300 people living on the island, have electricity service through SFV installation, these are the ones who have completed the request process and met the requirements for the respective installation. It also reports that they currently have 7 SFVs pending installation to meet the needs of 8 families, which they expect to attend to this year, according to the quota assigned in the Six-Year Investment Plan 2015-2020, where there is a quota for installation of 30 SFVs. Now, regarding the inquiry made to the respondent institute about the actions taken together with the relevant bodies to develop a conventional electrification project on Isla Caballo, it was indicated that the management with other bodies has been limited to following up on actions referred to by the municipal entity, regarding its area of overall competence on the island (possession, land use, regulatory plan (plan regulador), among others). This is because once the various environmental, regulatory, and other legal aspects are aligned, the development of a conventional electrification project would depend mainly on the financial resources of ICE, as well as the financial contribution from different entities interested in the island's development. This would enable the start of coordination with other social and institutional actors, an aspect of lesser difficulty to resolve given its social impact and common interests. And while, as mentioned previously, in addition to the legal, budgetary, and environmental aspects preventing the development of a conventional project, there would be matters concerning bathymetry (study of the seabed profile) and the type of sedimentation in the area to determine the characteristics of the submarine conductor, given the high degree of contamination (reference experience with the conductor installed on Isla Chira). Other technical aspects for consideration would include transportation and handling of equipment and machinery (that have the least environmental impact on the island and are suitable for the environmental conditions in the Gulf), a matter that would be resolved based on the experience from the electrification project carried out in 1985 on Isla Chira and the repair of the submarine cable carried out in 2012.
Under this perspective, this Chamber observes that since 1997, the Costa Rican Institute of Electricity has provided electricity service on Isla Caballo through 92 solar panels or photovoltaic systems (SFV) (a non-conventional electricity supply alternative) to 79 families who have completed the procedures to obtain the service, without the service having been denied arbitrarily or abusively to the other inhabitants. It is also inferred that, due to the actions of the island's inhabitants themselves, the photovoltaic system implemented by the respondent institute to provide electricity service has deteriorated through the actions of some administered persons. This is because inspections confirmed that the piping was broken, the modules that powered the electricity through the pumping system disappeared, and the installations were dismantled. Furthermore, in an inspection conducted in the year 2000 for evaluation and maintenance of the photovoltaic systems by the UEN Customer Service, it was determined that 85% to 90% of them were destroyed or inoperative, and there were cases where all the equipment was destroyed, likewise for reasons attributable to the island's own inhabitants. For this reason, the Costa Rican Institute of Electricity indicated to the residents of Isla Caballo that to resume the project, all users had to join the conditions of the Rural Electrification Program with Renewable Energy Sources, as well as sign the photovoltaic system rental contract committing to the care of the equipment according to its capacity. By virtue of the foregoing, it is observed that the service users themselves make improper use of the photovoltaic systems. According to the respondent authority from the Costa Rican Institute of Electricity, they connect electrical appliances with consumption exceeding the equipment's capacity, which damages the accessories comprising the system. They use the system's batteries for night fishing, and applying such high discharges damages the equipment, as applying that type of discharge results in the system being unable to recharge them.
Furthermore, it must be stated that on repeated occasions, this Chamber has held that a delay in the installation of a public service is not illegitimate when there are intervening technical reasons that make said installation impossible, considering that this situation does not constitute an arbitrary or unjustified decision by the Administration. In this regard, it has been held: '(…) the failure to timely provide the service due to the lack of technical means to provide it (see folios 12 to 14) does not per se harm the user's rights, nor does the mere delay in assignment resulting from problems of an administrative nature, as explained under oath by the respondent party. What would infringe on those rights is the arbitrary or unjustified denial of the service that must be provided, especially if it implies discrimination among users by favoring others with the dispensed treatment without any basis whatsoever (…)'. (See to a similar effect rulings No. 368-96 of 11:24 a.m. on January 19, 1996, No. 2006-13832 of 3:25 p.m. on September 19, 2006, No. 2007-014848 of 1:24 p.m. on October 12, 2007, and No. 2012-012012 of 9:05 a.m. on August 31, 2012, among others). This being the case, and by virtue of the preceding precedents, it is evident that this Court's criterion is indeed that when there is a technical impossibility to provide the requested service, no fundamental right of the administered persons is violated, because the omission in providing the service is due to the lack of the technical elements necessary for its installation and not to arbitrary action by the Administration.
In the specific case, this Chamber concludes that the Costa Rican Institute of Electricity has not denied the appellants' request for the installation of electric service in the community of Isla Caballo. Rather, the technique being implemented is the electricity system via solar panels or photovoltaic systems, and not a conventional electric service as requested by the appellants. This previously requires the fulfillment of a series of technical aspects in which other institutions, such as the Municipality of Puntarenas, among others, must intervene. These are undoubtedly technical reasons that have been explained to this Chamber under the faith of oath and cannot be refuted by this Court. In any case, it is observed that said institute supplies electricity service via the photovoltaic electric system, consisting of the installation of solar panels, which allow –at least– for the provision of the required service, even though the capacity and power are limited. Now, regarding the potable water service on Isla Caballo, the appellants must abide by what was decided in judgment No. 2015014553 of 2:30 p.m. on September 22, 2015, where this Chamber heard the alleged problem.
V.- CONCLUSION. As a corollary of the foregoing, it is necessary to declare the appeal unfounded, as ordered in the operative part of this judgment.
VI.- Notwithstanding the foregoing, the respondent authorities take note that to guarantee the effectiveness and efficiency of the electricity service on Isla Caballo, they must, each within the scope of their powers, proceed to coordinate the necessary actions so that an electricity project on Isla Caballo is developed and subsequently put into execution. For this purpose, they must coordinate actions with other public or private organizations. The foregoing is based on what was stated under oath by the Director of the Central Pacific Region of the Costa Rican Institute of Electricity, referring to the fact that the island is subject to the regulations of the Maritime Terrestrial Zone, which falls under the Municipality of Puntarenas, including possession, land use, regulatory plan (plan regulador), among others. This is because once the different environmental, regulatory, and other legal actions are aligned for the development of a conventional electrification project, which would depend mainly on ICE's financial resources, as well as the financial contribution from different entities interested in the island's development, coordination could then begin with other social and institutional actors, an aspect of lesser difficulty to resolve given its social impact and common interests. For, as reported under oath, in addition to the legal, budgetary, and environmental aspects preventing the development of a conventional project, there would be matters concerning bathymetry (study of the seabed profile) and the type of sedimentation in the area, to determine the characteristics of the submarine conductor, given the high degree of contamination (reference experience with the conductor installed on Isla Chira). Other technical aspects for consideration would include transportation and handling of equipment and machinery (that have the least environmental impact on the island and are suitable for the environmental conditions in the Gulf), a matter that would be resolved based on the experience from the electrification project carried out in 1985 on Isla Chira and the repair of the submarine cable carried out in 2012. The foregoing applies if no other cause prevents it.” Currently, the Electricity Manager of the Costa Rican Institute of Electricity reports that various maintenance reports have been carried out on the island when reported by users: June 28, 2018, for client [Name 014]; June 29, 2018, for the La Isla School; January 15, 2019, for client [Name 015]; January 23, 2019, for client [Name 016]; on May 14, 2019, and February 4, 2020, a review and repair of photovoltaic systems provided by the Costa Rican Institute of Electricity were requested for the educational center of Playa Torres, Isla Caballo, and the teacher's house. Thus, through official letter 1200-045-2020 of March 2, 2020, the Costa Rican Institute of Electricity responded to Ingrid María Enriquez Obando, director of the Playa Torres Educational Center, Isla Caballo, in response to official letter DREP-SCE05-EPT-001-2020, informing her that after the inspection conducted at the site, and once the requirements are defined, it is necessary for them to send an official letter signed by the President of the Education Board (Junta de Educación), indicating the location of the equipment and elements in the new facilities. Additionally, it was requested that the panel under the name of Cindy Otárola Campos be transferred to the name of the School's Education Board. Now, it is explained that in accordance with what is stated in the contract for the leasing of solar panels, the Costa Rican Institute of Electricity commits to performing maintenance and attending to breakdowns, provided that the client complies with their obligation to keep their billing up to date, which has not occurred. In 2018, delinquency represented ninety percent, and in 2019, ninety-four percent was recorded, meaning that in 2019, income was only received in the amount of seventeen thousand colones ([Value 002]). It is worth mentioning that many of the damages caused to the equipment, causing breakdowns and deterioration thereof, correspond to improper handling of the equipment by the clients, where equipment connected has been found that deteriorates the components of the solar panels.
According to the pending billing list issued by the Puntarenas Agency as of January 10, 2024, there are one hundred and sixteen solar panel services installed on Isla Caballo, whose clients mostly show delinquency in payment for up to ten months, with the monthly equipment rental cost being one thousand. Despite the foregoing, the Costa Rican Institute of Electricity continues to provide maintenance service according to service schedules.
In light of the described scenario, from the statements contained in the filing brief, it is not evident that the protected party has approached the sued Institute to present any maintenance request that has not been attended to. By virtue of the foregoing, the proper course of action is that, if any such situation exists, he may, if he sees fit and following the established formalities to that effect, approach the competent authorities to express his dissatisfaction with the electricity service provided. In any case, from the arguments explained by the Electricity Manager of the Costa Rican Institute of Electricity, it is clear that a technical solution is indeed provided to the people living on the island. However, it is they themselves who breach the contracts and manage the equipment leased to them negligently.
Now, regarding the study of other possible technical solutions on the island, it was reported that on January 10, 2024, the Coordinator of the Barranca Development Area performed an approximate cost update for the electrification of Isla Caballo, establishing three possible options: 1.- Crossing from Isla Venado to Isla Bejuco via submarine cable (1.850 km), the cost of the 1/0 Cu submarine conductor alone is ¢150,000/m, giving us ¢277,500,000.00 + Labor, bathymetric study (seabed profile), which could generate a higher cost due to contingencies; then a 2.050 km extension of single-phase overhead line, just the AAAC 1/0 conductor, estimated at ¢45,050,800.00; then another span of submarine cable of 950 m for a cost of ¢142,500,000.00 + (Labor, Bathymetric Study, Contingencies); and 4.180 km of single-phase primary line alone and 2.590 km of primary with secondary for a cost of ¢91,859,680 + 118,001,436 = for an approximate total of ¢674,911,916.00 + transformers and (Labor, Bathymetric Study, Contingencies) rounded to $1,400,000 (One million four hundred thousand dollars). 2.- Direct extension from Isla Venado to Isla Caballo, projecting 3.8 km of 1/0 submarine cable for a cost of ¢570,000.00 + (Labor, Bathymetric Study, Contingencies), and then the overhead network described above: 4.180 km of single-phase primary line alone and 2.590 km of primary with secondary for a cost of ¢91,859,680 + 118,001,436, giving us a total of ¢779,861,116.00 + transformers and (Labor, Bathymetric Study, Contingencies) rounded to $1,600,000 (One million six hundred thousand dollars). 3.- Supply via a direct route from the mainland, with an approximate installation of: 4.5 km of submarine cable from the Playa Naranjo sector to Isla Caballo for a cost of ¢675,000,000 and the distribution on the island mentioned above: 4.180 km of single-phase primary line alone and 2.590 km of primary with secondary for a cost of ¢91,859,680 + 118,001,436, giving us a total of ¢884,861,116.00 + transformers and (Labor, Bathymetric Study, Contingencies) rounded to $1,850,000 (One million eight hundred thousand dollars). Due to the high cost of any of the three indicated options for bringing electrification to Isla Caballo, the work is not in the short- or medium-term investment plans of the Costa Rican Institute of Electricity. Furthermore, to carry out a design considering the total cost of the electrical work, the declaration of public streets on the site that allows defining the location of the electrical work would be required.
In this regard, the protected party should note that on repeated occasions, this Chamber has held that a delay in the installation of a public service is not illegitimate when technical reasons exist that make such installation impossible, considering that this situation does not constitute an arbitrary or unjustified decision by the Administration.
Thus, with respect to the electricity service, the appeal must be dismissed, as is hereby ordered.
V.- REGARDING INTERNET ACCESS. The appellant argues that the Superintendency of Telecommunications (Superintendencia de Telecomunicaciones) and the National Telecommunications Fund (Fondo Nacional de Telecomunicaciones), regarding internet for connected communities, indicate that they lack an adequate internet connection for basic communication, access to information, access to entertainment, access to virtual education and training, and access to perform schoolwork via the internet. Consequently, it requests that the Costa Rican Electricity Institute (Instituto Costarricense de Electricidad), the Superintendency of Telecommunications, the National Telecommunications Fund, the Presidential Social Council (Consejo Presidencial Social), the Joint Institute for Social Aid (Instituto Mixto de Ayuda Social), the Ministry of the Presidency (Ministerio de la Presidencia), and the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) be ordered to provide and install internet from the national social or solidarity program at the expense of the Costa Rican State, to have internet with the capacities and speeds necessary to maintain videoconferences, connect to study platforms, and all the capacity necessary to connect and communicate with the outside world.
In this case, first, it is noted that there is no claim from the appellant before the Superintendency of Telecommunications through which they have made their needs regarding internet service known. However, according to the report of the Telecommunications Manager of the Costa Rican Electricity Institute, [Name 001], identification number [Value 001], does not have fixed telephone plans registered in their name with the Costa Rican Electricity Institute. They have a mobile service, with a kölbi data plan 12 GB 12 M with the number 86861505, which is active and functioning normally, and a prepaid chip 2018, with the number 89411352, as well as one with a 4G K1 12 M plan, which are also active and functioning normally. The rest of the persons indicated in the filing document do not have active mobile or fixed services registered with the Costa Rican Electricity Institute. Furthermore, the telephone numbers 86275266 and 87152042 indicated in the filing document do not have associated records with the Costa Rican Electricity Institute.
However, despite the fact that no request has been filed by the appellants, technical solutions have been diligently sought. Indeed, the locality of Isla Caballo in the canton of Puntarenas was initially within the scope of contract 001-2017 of the Connected Communities Program (Programa Comunidades Conectadas) (Fonatel); this was awarded to the Costa Rican Electricity Institute, however, for reasons of impossibility duly demonstrated to the Trust (it was not feasible to implement the civil and electromechanical work, and there was a lack of services, among others), that locality was excluded from the mentioned contract. In light of this identified problem, the Superintendency of Telecommunications is currently seeking a technical solution in order to process the respective tender (in accordance with the provisions of the General Public Procurement Law, Ley General de Contratación Pública), to contract an operator that can meet the needs of the residents of Isla Caballo, a procurement that must contemplate alternatives to overcome the technical difficulties presented by bringing telecommunications services to a community with the electricity supply limitations that gave grounds for the declaration of force majeure (caso fortuito) within Contract No. 001-2017. Even on January 22, 2024, the Bank of Costa Rica, in its capacity as Trustee Bank and which processes procurements financed with resources from the National Telecommunications Fund, sent to the Superintendency of Telecommunications, via official letter FIDOP_2024_1_86 (UGEY-035-24 of January 12, 2024), a proposed schedule for the presentation of the profiling and the initial decision, which represent indispensable requirements to be able to process the respective procurement. Therefore, once these inputs are available, it will be possible to determine the type of procurement (major, minor, or reduced tender), as well as the definitive schedule for the promotion and execution of the tender, which, in accordance with the General Public Procurement Law, the administration must promote to tender the corresponding services for Isla Caballo.
Thus, given that the Superintendency of Telecommunications is seeking solutions to execute a project to provide access to the community, the appeal must be dismissed regarding this point. However, the Chairperson of the Board of the Superintendency of Telecommunications and the Director of the National Telecommunications Fund should take note that, to guarantee the effectiveness and efficiency of the electricity service in Isla Caballo, each must, within the scope of their competencies, proceed to coordinate the necessary actions so that a solution for access to internet service in Isla Caballo is developed and subsequently put into execution, for which they must coordinate actions with other public or private organizations, as appropriate.
VI.- REGARDING COLLECTION CENTERS (CENTROS DE ACOPIO). The appellant asserts that the Municipality of Puntarenas refuses to install collection centers and collect solid waste, stating it is too expensive. Consequently, residents have resorted to burning waste, generating air and soil contamination and greenhouse gases. They assert that waste from sanitary facilities (urine and feces) is deposited in a septic tank (tanque séptico) that has contaminated soils and groundwater, rendering them unhealthy. Consequently, it is requested that the Municipality of Puntarenas be ordered to provide the solid waste collection service, in accordance with the Law on Solid Waste Management and Disposal (Ley de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos), to provide collection service in Isla Caballo at least once a week, and that within six months the service be expanded to a frequency of two days per week; likewise, that waste recycling collection centers be installed. It is also requested that the Ministry of Health and the Ministry of the Presidency be ordered to provide excreta disposal systems that do not contaminate soil and groundwater, such as incinerators or dry services; as well as to provide the necessary training for their use and proper maintenance.
The appellant's complaint regarding collection centers has two aspects. The first is the use of septic tanks. In this regard, the Vice Minister of Health and the Acting Director of the Peninsula Health Governing Area (Área Rectora de Salud Peninsular), both from the Ministry of Health, report that the use of septic tanks in the homes of the inhabitants of Isla Caballo is in accordance with current health legislation regarding permitted dimensions and materials, and other forms of wastewater treatment in the Regulation for the Approval of Wastewater Treatment Systems No. 39887-S-MINAE (Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales N°39887-S-MINAE). Therefore, there is no prohibition whatsoever on the use of septic tanks, which constitute ninety-five percent of the existing solutions on the Peninsula for treating residential wastewater. Thus, regarding this point, the appeal must be dismissed, given that the option of using septic tanks is in accordance with current health legislation regarding permitted dimensions and materials, and other forms of wastewater treatment. However, if there is any particular irregular situation where the legal requirements are not met in any infrastructure on the island, the appropriate course of action is to file the respective complaint through the mechanisms provided for such purposes.
The second aspect concerns the solid waste collection service. Regarding this point, it is indeed the case that the Municipality of Puntarenas does not provide the referenced service. As justification for this omission, it is indicated that it is currently in a process of planning and defining institutional actions that must be implemented to expand the provision of the solid waste collection service to the communities and districts of the canton. Within the planning by the Municipality, and taking into account the logistical limitations of providing the service on the island, it is planned to begin with the application of the principle of shared responsibility and active participation of the population to educate and instruct residents to carry out proper integrated solid waste management and the utilization of organic waste through composting techniques, and the separation and classification of recoverable solid waste. To materialize this planning, it will proceed to formulate and approve the next extraordinary budget for its execution. Thus, these actions are intended to mitigate, in the medium term, the environmental problem generated by the erroneous practices of the island's inhabitants.
In this regard, this Constitutional Court considers that the arguments made by the Local Government are not acceptable, because despite being fully aware of the risks to the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment caused by the lack of an adequate way for the inhabitants of the Island to deposit waste. On repeated occasions, this Constitutional Court has referred to the constitutional principles governing the provision of public services and the fundamental right to their efficient provision, which implies that regardless of the type of service, they must be provided with high quality standards, which has as a necessary corollary the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, promptly, effectively, and efficiently. Furthermore, it is necessary to highlight that the Municipalities of the country must look after the interests of the inhabitants of their jurisdiction; hence, in repeated pronouncements, this Court has indicated that said corporations are under the obligation to eliminate any type of threat that puts at risk the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton, including the solid waste collection service (see in a similar sense Judgments No. 2023-19610 of 9:30 a.m. on August 11, 2023, and No. 2019-005623 of 9:45 a.m. on March 29, 2019).
Thus, with respect to this point, the appeal must be granted, according to the considerations that will be stated in the operative part of this judgment.
VII.- REGARDING THE CABOTAGE OR PUBLIC TRANSPORT SERVICE. The appellant asserts that each inhabitant of Isla Caballo must travel on their own to seek services, food, and purchases up to Puntarenas, Jicaral, and Playa Naranjo, worsening environmental contamination due to the individual burning of fuels. Consequently, it is requested that the Ministry of Transport and ARESEP be ordered to establish a cabotage service from Puntarenas to Isla Caballo and with interconnection between the islands Venado, Caballo, and Chira, with a frequency of at least once a day round trip.
In this regard, there is no evidence that the appellant has filed any request before the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), which, through its Maritime-Port Division, is in charge of establishing and granting concessions for new cabotage routes. However, once the route concession is established, it is the Regulatory Authority for Public Services that must approve the fare. Now, according to the Ministry of Public Works and Transport, on June 3, 2021, a request for a permit to operate a cabotage service on the route Isla Venado-Isla Caballo-Muelle Plátanos Puntarenas, signed by Alexis Rodríguez Castrillo, was received by the Directorate of Navigation and Safety. Therefore, after a series of actions, via official letter No. DVMP-DNS-2022-M20 of October 10, 2022, a request was made for a series of requirements to proceed with the precarious permit, for which a period of ten business days was granted; however, the request was not addressed, and the case was archived. Now, on August 1, 2023, the Ministry of Public Works and Transport issued a call via email in the following terms: "This is to invite you to the meeting next Thursday, August 3, at the INCOPESCA facilities in Barrio El Cocal, Puntarenas, at 9:00 a.m. It will be to discuss important matters in decision-making regarding the awarding of the Cabotage Permit between Puntarenas and Isla de Chira and its branches." On August 3, 2023, the Maritime Port Directorate of the Ministry of Public Works and Transport held the meeting where the needs for establishing routes between Isla de Chira, Costa de Pájaros, and Puntarenas were originally to be discussed, which took place at the INCOPESCA facilities. At that meeting, some users appeared who also expressed interest in establishing a route that would benefit Isla Caballo and Venado, to which this office reported the general conditions for preliminarily authorizing a cabotage service under the figure of the Precarious Permit. However, the directorate competent in this particular matter has reported that, to date, its files contain no pending formal request to be addressed regarding the route of interest. Thus, in the absence of a formal request, the Ministry of Public Works and Transport, through the Maritime-Port Division, has not notified the Regulatory Authority for Public Services of the creation of a minor cabotage route between Puntarenas and Isla Caballo with interconnections at Isla Venado and Chira.
Finally, the General Regulator and Chair of the Board of Directors of the Regulatory Authority for Public Services affirmed that, with respect to the minor cabotage routes between Golfito-Puerto Jiménez and vice versa, Puntarenas-Isla Chira and vice versa, and Isla Chira-Costa de Pájaros and vice versa, they currently have no operator authorized by the Ministry of Public Works and Transport, and furthermore, there is no pending permit application to be resolved for said routes as of January 2023.
Consequently, if the appellant considers that the cabotage or public transport service route sought must be created, they must request its creation through the mechanisms provided for such purposes, so that it may be resolved according to law.
VIII.- REGARDING THE POTABLE WATER SERVICE. The appellant asserts that the respondent authorities do not provide them with potable water service, forcing them to use artisanal wells that do not meet potability conditions. Consequently, they request the installation within a period of less than twelve months of an aqueduct service with potable water and a hydrometer service for each user at their house, land, business, or institution, and that while the aqueduct is being installed, certified potable water be supplied via tanker truck at each beach where residents can fill their containers, in sufficient quantities and adequate quality to meet the needs of each home, business, or institution.
Regarding this issue, this Constitutional Court, by Judgment No. 2015-14553 of 2:30 p.m. on September 22, 2015, granted a prior amparo appeal also in favor of the inhabitants of Isla Caballo, in accordance with the following considerations:
"V.- SPECIFIC CASE. From the list of proven facts and the study of the case file, this Chamber observes that since April 17, 2013, the Municipality of Puntarenas, in extraordinary session No. 258, article 1, subsection e), agreed to request that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) conduct the technical and economic studies to provide potable water to the community of Isla Caballo, since they lack a potable water supply, as the appellant himself alleges that since 1912 they have drawn water from wells and must travel outside the island to obtain potable water. Likewise, it is evident from the case file that on December 12, 2013, by memorandum SUB-G-GSC-UEN-AP-1506-2013, the Institute of Aqueducts and Sewers recommended conducting a basic study in the summer of 2014 at the ASADA Montaña Grande, which is the aqueduct system closest to the appellant's place of residence, since from the canton of Puntarenas, there is a distance of approximately 15 kilometers, making it materially impossible to supply potable water from that location. However, due to internal problems at the institution, this study could not be conducted. Similarly, the Director and Cantonal Head of the Central Pacific Region of Puntarenas of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers reports that for the summer of 2016, the pertinent studies could be conducted, provided weather conditions allowed, since in winter potable water flows rise considerably, reflecting a provisional result, whereas in summer, when water is actually lacking, an effective measurement of flows can be obtained. Furthermore, it is observed that on August 3, 2015, an audience was granted to the neighbors of Isla Caballo to be heard before the Municipal Council of the Municipality of Puntarenas, since the problem of potable water supply and electrification had not been fully resolved, where a final agreement was reached, within which it was deemed urgent to issue an emergency declaration for Isla Caballo to supply them with potable water and electric power services, as residents indicated that measures to supply them with potable water had been temporary. For its part, in an inspection conducted on September 3, 2015, the Ministry of Health affirmed that the community of Isla Caballo indeed lacks a potable water supply, so the inhabitants use, as a means of consumption, water from artisanal wells for cleaning and general use, and for potable water consumption, whether for drinks or food preparation, they require periodic travel to communities off the island, such as the municipal market of Puntarenas, Isla Venado, and Playa Naranjo. They also explain that in the summer season, the artisanal wells of Isla Caballo drop significantly, generating a scarcity of the liquid and a higher presence of salt in the water. Additionally, the Ministry of Health authorities indicate that although the visited artisanal wells do not have latrines or septic tanks in their surroundings, nor permanent pig breeding sites, which decreases the probability of contamination, it is also observed that they lack disinfection systems and have no recent water quality analyses, so tests must be conducted to determine water quality and issue the corresponding administrative acts, in accordance with the results of such tests, in order to ensure the health of the inhabitants of that community. They also indicate that coordination with the rural aqueducts office was recommended to conduct water quality analyses and manage intervention for the execution of projects for potable water supply in Isla Caballo. Given the circumstances, this Chamber observes the problems that the inhabitants of Isla Caballo have experienced with the potable water supply, which clearly infringes upon the right to health, because although the respondents accept the problems raised in the amparo, a solution to such situation does not emerge from the reports rendered under oath. From this perspective, it is noted that despite the State's obligation—understood in a broad sense—to take concrete measures to guarantee access to potable water without discrimination, in the present matter, it is not demonstrated that the respondent authorities have taken specific actions to include the community of Isla Caballo in a potable water supply plan. This, without a doubt, is detrimental to their fundamental rights. Given the circumstances, and although it is inferred that at this time there is no infrastructure to supply potable water, what is alleged by the appellant is not unreasonable, in the understanding that since 1912, said community has drawn water from wells and must leave the island to obtain potable water, without any effective actions having been taken to date to include the affected community within a project for an effective potable water supply. Consequently, the omission by the respondent authorities constitutes a violation of the appellant's fundamental rights (see in this same regard vote No. 2009017498 of 4:56 p.m. on November 17, 2009). In addition to the foregoing, it must be stated that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers must carry out the necessary steps and pertinent actions to supply potable water to the inhabitants of Isla Caballo, via tanker trucks or other mechanisms that permanently guarantee access to water while the situation raised in this appeal is resolved.- VI.- CONCLUSION. As a corollary to the foregoing, it is necessary to grant the appeal, as ordered in the operative part of this judgment.- Consequently, the following was ordered:
"The appeal is granted. Leyder María Miranda Araya, in her capacity as Director and Cantonal Head of the Central Pacific Region of Puntarenas of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; Rafael Ángel Rodríguez Castro, in his capacity as Municipal Mayor; and Randall Chavaría Matarrita, in his capacity as Chair of the Municipal Council, both of the Municipality of Puntarenas; María Esther Anchía Angulo, in her capacity as Vice Minister of Health; and Adriana Torres Moreno, in her capacity as Director of the Peninsula Health Governing Area, both of the Ministry of Health, are ordered to IMMEDIATELY adopt the corresponding provisions to include, WITHIN A PERIOD OF ONE YEAR, the community of Isla Caballo in a project for the supply of potable water, unless another cause prevents it. Furthermore, the respondent authorities are ordered, within a period of ONE MONTH from the notification of this judgment, to conduct the pertinent studies to guarantee the quality of the water from the existing wells on the island. Likewise, Leyder María Miranda Araya, in her capacity as Director and Cantonal Head of the Central Pacific Region of Puntarenas of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds the position, is ordered to carry out the necessary steps and pertinent actions to supply potable water to the inhabitants of Isla Caballo via tanker trucks or other mechanisms that permanently guarantee access to water while the situation raised in this appeal is resolved. They are warned that, based on the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fail to comply with it or fail to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of Puntarenas, and the State are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence in the administrative contentious jurisdiction. Notify this resolution personally to the respondent authorities"." Regarding this point, since this Constitutional Court has already issued an order for these facts, the appellant must abide by what was resolved on that occasion. Thus, any possible non-compliance with that order must be claimed in the referenced file 15-011802-0007-CO, Judgment No. 2015-14553 of 2:30 p.m. on September 22, 2015.
IX.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I believe that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as that omission constitutes a legality issue, discussion of which belongs to the ordinary jurisdiction, where the interested party can debate their disagreements with greater latitude. However, when that omissive administrative conduct leads to a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as happens in this case, where the appellant reproaches that the inhabitants of Isla Caballo lack infrastructure for the supply of potable water, electricity, solid waste management, and wastewater disposal.
Furthermore, in environmental matters, it is my criterion that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution belong to the contentious-administrative jurisdiction. Nevertheless, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as happens in this case, where the appellant argues that solid waste and wastewater management violates their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life.
X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic File before the Judiciary" ("Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial"), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE (POR TANTO):
The appeal is granted, solely, regarding the Municipality of Puntarenas, for the lack of management of solid waste produced by the inhabitants of Isla Caballo. Andrea Madrigal Zamora, in her capacity as Mayoress, and Miguel Diaz Vega, in his capacity as Chair of the Municipal Council, both of the Municipality of Puntarenas, or whoever exercises those positions in their stead, are ordered, jointly and in coordination, including with other competent institutions: 1) to IMMEDIATELY adopt the necessary provisional measures to mitigate contamination in Isla Caballo; 2) within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, to issue the pertinent provisions and take the necessary actions within the scope of their competencies to inform, promote, and educate the community of Isla Caballo on the correct integrated waste management; 3) within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, to issue the pertinent provisions within the scope of their competencies to guarantee the periodic and continuous provision of the waste collection service in Isla Caballo, specifying the definitive measures regarding timelines and regularity of the service provision, as well as the necessary tools or departments for its observance and effectiveness; and 4) within a period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment, they must provide a definitive solution to the environmental problem in Isla Caballo by applying the corresponding planning process for the correct management of the solid waste produced and the recycling process. The respondents are warned that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Municipality of Puntarenas is condemned to pay costs, damages, and losses, which shall be liquidated in the execution of sentence in the administrative contentious jurisdiction.
With regard to the use of septic tanks in the dwellings of the residents of Isla Caballo, the appeal filed is dismissed. With regard to the cabotage service or public transportation, the appeal filed must be dismissed. With regard to the electricity service, the appeal is declared without merit. Regarding the potable water service, the appellants must abide by what was resolved through Voto N° 2015014553 of 14:30 hours on September 22, 2015. Let the President of the Council of the Superintendencia de Telecomunicaciones and the Director of the Fondo Nacional de Telecomunicaciones take note of what is indicated in the final paragraph of Considerando V of this judgment. Judge Salazar Alvarado records a note.- Fernando Cruz C.
Presidente a.i Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Ingrid Hess H.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Jorge Isaac Solano A.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
SERVICIOS BASICOS.
007851-24. SERVICIOS PÚBLICOS. SE CUESTIONA LA FALTA DE ALGUNOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ISLA CABALLO. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ÚNICAMENTE, EN CUANTO LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, POR LA FALTA DE GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS PRODUCIDOS POR LOS HABITANTES DE ISLA CABALLO. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, QUE DE MANERA CONJUNTA Y COORDINADA INCLUSO CON OTRAS INSTITUCIONES COMPETENTES: 1) ADOPTEN DE FORMA INMEDIATA LAS MEDIDAS PROVISIONALES NECESARIAS PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN EN ISLA CABALLO; 2) QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES MESES, GIREN LAS DISPOSICIONES PERTINENTES Y TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA INFORMAR, FOMENTAR Y EDUCAR A LA COMUNIDAD DE ISLA CABALLO SOBRE LA CORRECTA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS; 3) QUE DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, GIREN LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA QUE SE GARANTICE LA PRESTACIÓN PERIÓDICA Y CONTINUA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN ISLA CABALLO, CONCRETANDO LAS MEDIDAS DEFINITIVAS EN CUANTO A PLAZOS Y REGULARIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO LAS HERRAMIENTAS O DEPARTAMENTOS NECESARIOS PARA SU OBSERVANCIA Y EFECTIVIDAD; Y 4) QUE DENTRO DEL PLAZO DE DOCE MESES, DEBERÁN BRINDAR UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA AMBIENTAL EN ISLA CABALLO APLICANDO EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PRODUCIDOS Y PROCESO DE RECICLAJE. VCG04/2024 “(…) IV.- SOBRE EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD. El recurrente asegura que las personas en Isla Caballo tienen paneles solares sin el adecuado mantenimiento y, se niegan a brindarles acceso, argumentando que están morosos en el pago solidario de electricidad. En consecuencia, solicita se ordene al Instituto Costarricense de Electricidad a instalar electricidad en todos los hogares, comercios e instituciones de Isla Caballo, en capacidad (potencia) necesaria para disponer de al menos un refrigerador, televisión, iluminación adecuada, olla arrocera y cafetera.
Este Tribunal Constitucional, en un recurso de amparo anterior, por Sentencia N° 2016-2788 de las 9:30 horas de 26 de febrero de 2016, presentado a favor de los vecinos de Isla Caballo, por el servicio de electricidad, declaró sin lugar el recurso, de conformidad con las siguientes consideraciones:
“IV.- CASO CONCRETO. Del elenco de hechos probados y del estudio de los autos, esta Sala observa que desde el año 1997 el Instituto Costarricense de Electricidad, instaló en Isla Caballo, el servicio básico de electricidad, por medio de 48 sistemas fotovoltaicos (SFV), así como, un equipo de bombeo de agua, que colapsó por el uso irracional de los vecinos, aunado a que no se contaba con suficiente agua para satisfacer la demanda; sin embargo, se quebró la tubería, y se desaparecieron los módulos que alimentaban de electricidad dicho equipo de bombeo, y se desmantelaron las instalaciones. Posteriormente, en el año 2000, el Instituto Costarricense de Electricidad realizó visita para evaluación y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos por parte de la UEN Servicio al Cliente, que hoy se denomina Negocio de Distribución y Comercialización de Energía, y se determinó que se encontraban destruidos o inoperantes en un 85% a 90%, y existían casos en que todo el equipo estaba destruido, por razones atribuibles a los mismos habitantes de la isla. Razón por la que, el Instituto Costarricense de Electricidad, indicó a los pobladores de Isla Caballo, que para poder retomar el proyecto, todos los usuarios debían incorporarse a las condiciones del Programa de Electrificación Rural con Fuentes Renovables de Energía, así como firmar el contrato de alquiler del sistema fotovoltaico comprometiéndose al cuido del equipo, conforme a su capacidad. De otra parte, el instituto accionado indica que actualmente existen 92 paneles solares (alternativa no convencional de suministro eléctrico) en Isla Caballo, y se continuara con su implementación, pues para llevar a cabo un proyecto de electrificación convencional, se requiere que se resuelvan aspectos legales, presupuestarios y ambientales, sin lo cual, el Instituto Costarricense de Electricidad se ve imposibilitado para el diseño de la obra y obtención de financiamiento, por cuanto la isla está sujeta a las regulaciones de la Zona Marítimo Terrestre. Asimismo, informan que los usuarios del servicio de electricidad en Isla Caballo deben firmar un contrato de alquiler y pagar mil colones mensuales, para la obtención del servicio. Por otra parte, los recurridos del instituto accionado, informan que los propios usuarios del servicio, hacen un uso indebido de los sistemas fotovoltaicos, debido a que conectan artefactos eléctricos con consumos mayores a la capacidad del equipo, lo que daña los accesorios que conforman el sistema, además, utilizan las baterías del sistema para salir a pescar en la noche, y al aplicarse descargas tan altas, de igual manera daña el equipo, lo que genera que el sistema no las pueda cargar nuevamente. De lo que consta en autos, se desprende que actualmente, en Isla Caballo, existen 79 abonados al servicio de electricidad que presta el Instituto Costarricense de Electricidad, por medio del sistema fotovoltaico residencial. Aunado a ello, de los autos se desprende que para ser abonado y obtener el servicio de electricidad por medio de los sistemas fotovoltaicos (SVF) en esa isla, los habitantes de Isla Caballo, tienen que realizar la solicitud por escrito y presentar copia de la cédula de identidad, y en caso que este instituto cuente con disponibilidad inmediata de equipos se le indica al cliente que se procederá con los trámites respectivos para instalación del SFV, se le explica sobre el uso que puede hacer del equipo y previo a la instalación debe apersonarse a la Agencia de Servicios Eléctricos para formalizar el contrato de alquiler, contrario a ello, en caso que no se tenga disponibilidad inmediata de SFV, la solicitud se incluye en lista de necesidades pendientes para atenderla cuando corresponda, según la cuota de inversión asignada para ese tipo de programas en el Plan de inversión sexenal proyectado por la institución 2015-2020, mismo que es de sustento para la ARESEP. De la misma manera, se aprecia que los últimos sistemas fotovoltaicos que se instalaron cuentan con una capacidad de 165 watts, y el sistema fotovoltaico depende de la cantidad de radiación solar que reciba en un día. Explica el recurrido, que si bien solo 79 clientes (familias), de aproximadamente 300 personas que habitan la isla, cuentan con el servicio de eléctrico mediante la instalación de SFV, son los que han realizado el trámite de solicitud y han cumplido con los requisitos para la instalación respectiva. Así como también, informa que actualmente tienen pendiente de instalación 7 SFV, para suplir la necesidad a 8 familias, lo cual, esperan atender en este año, esto según cuota asignada en el Plan de Inversión Sexenal 2015-2020, donde se tiene una cuota de para instalación de 30 SFV. Ahora bien, en cuanto a la consulta realizada al instituto recurrido, sobre las acciones que se han tomado junto con las instancias pertinentes para desarrollar un proyecto de electrificación convencional en Isla Caballo, se indicó que la gestión con otras instancias se ha circunscrito a dar seguimiento a las gestiones referidas por el ente municipal, en cuanto al área de su competencia global en la isla (posesión, uso del suelo, plan regulador, entre otros), pues una vez alineadas las diferentes acciones, ambientales, regulatorias y demás aspectos legales, el desarrollo de un proyecto de electrificación convencional, dependería principalmente de los recursos económicos del ICE, así como del aporte financiero de diferentes entidades interesadas en el desarrollo de la isla, con lo cual se podría iniciar la coordinación con otros actores sociales e institucionales, aspecto de menor dificultad de solución dado su impacto social e intereses comunes. Y si bien, como se mencionó anteriormente, aunado a los aspectos legales, presupuestarios y ambientales, que impiden el desarrollo de un proyecto convencional, sería lo concerniente a la batimetría (estudio de perfil del fondo marino) y el tipo de sedimentación en la zona, para poder determinar las características del conductor submarino, dado el alto grado de contaminación (referencia experiencia conductor instalado en Isla Chira), así como otros aspectos técnicos de consideración serían el transporte, manipulación de equipo y maquinaria (que sean de menor impacto ambiental en la isla y acordes a las condiciones ambientales en el Golfo), asunto que se resolvería basados en la experiencia del proyecto de electrificación llevado a cabo en el año 1985 en Isla Chira y la reparación del cable submarino llevada a cabo en el año 2012.
Bajo esta perspectiva, esta Sala observa que desde el año 1997, el Instituto Costarricense de Electricidad, brinda el servicio de electricidad en Isla Caballo, por medio de 92 paneles solares o sistemas fotovoltaicos (SFV) (alternativa no convencional de suministro eléctrico), a 79 familias que han realizado los trámites para la obtención del servicio, sin que el servicio haya sido negado de manera arbitraria o abusiva a los demás habitantes. Así como también, se colige que debido a la propia acción de los habitantes de la isla, el sistema fotovoltaico implementado por el instituto recurrido, para brindar el servicio de electricidad, se ha deteriorado por la propia acción de algunos administrados, pues en inspecciones realizadas se constató que se quebró la tubería, se desaparecieron los módulos que alimentaban la electricidad por medio del equipo de bombeo, y se desmantelaron las instalaciones. Además, en una inspección realizada en el año 2000, para evaluación y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos por parte de la UEN Servicio al Cliente, se determinó que se encontraban destruidos o inoperantes en un 85% a 90%, y existían casos en que todo el equipo estaba destruido, de igual manera, por razones atribuibles a los mismos habitantes de la isla. Razón por la que, el Instituto Costarricense de Electricidad, indicó a los pobladores de Isla Caballo, que para poder retomar el proyecto, todos los usuarios debían incorporarse a las condiciones del Programa de Electrificación Rural con Fuentes Renovables de Energía, así como firmar el contrato de alquiler del sistema fotovoltaico comprometiéndose al cuido del equipo, conforme a su capacidad. En virtud de lo anterior, se observa que los propios usuarios del servicio, hacen un uso indebido de los sistemas fotovoltaicos, pues según la autoridad recurrida del Instituto Costarricense de Electricidad, conectan artefactos eléctricos con consumos mayores a la capacidad del equipo, lo que daña los accesorios que conforman el sistema, utilizan las baterías del sistema para salir a pescar en la noche, y al aplicarse descargas tan altas, se daña el equipo, ya que al aplicarle ese tipo de descargas, genera que el sistema no las pueda cargar nuevamente.
De otra parte, debe indicarse que en reiteradas ocasiones, la Sala ha dispuesto que no resulta ilegítimo un retraso en la instalación de un servicio público cuando existen, de por medio, razones técnicas que imposibiliten dicha instalación, considerando que esa situación no se trata de una decisión arbitraria o injustificada de la Administración. De esta manera, en lo conducente se ha dispuesto: “(…) la falta de prestación oportuna del servicio por la inexistencia de medios técnicos para proveerla (ver folios 12 a 14) no lesiona por sí los derechos del usuario, ni tampoco lo hace el mero retardo en la asignación como resultado de problemas de naturaleza administrativa, según lo explica bajo juramento la parte recurrida. Sí infringiría esos derechos la negativa arbitraria o injustificada del servicio que debe prestarse, especialmente si implica discriminación entre usuarios favoreciendo con el trato dispensado a otros sin fundamento alguno (…)”. (ver en similar sentido los votos No. 368-96 de las 11:24 horas del 19 de enero de 1996, No. 2006-13832 de las 15:25 horas del 19 de septiembre del 2006, No. 2007-014848 de las 13:24 horas del 12 de octubre de 2007 y No. 2012-012012 de las 09:05 hora del 31 de agosto del 2012, entre otras). Así las cosas, y en virtud de los anteriores precedentes se pone en evidencia que efectivamente el criterio de este Tribunal es, que cuando existe imposibilidad técnica para brindar el servicio solicitado, no se viola derecho fundamental alguno de los administrados porque la omisión en la prestación del servicio obedece a la falta de elementos técnicos necesarios para su instalación y no a una actuación arbitraria de la Administración.
En el caso concreto, esta Sala colige que el Instituto Costarricense de Electricidad, no ha denegado la solicitud de los recurrentes para la instalación del servicio eléctrico en la comunidad de Isla Caballo, sino que la técnica que está implementada es el sistema de electricidad por paneles solares o sistema fotovoltaico, y no un servicio de electricidad convencional como es solicitado por los recurrentes, lo que, previamente requiere el cumplimiento de una serie de aspectos técnicos en los que deben intervenir otras instituciones como la Municipalidad de Puntarenas, entre otros, lo que sin duda alguna, son razones técnicas que han sido explicadas a esta Sala bajo la fe del juramento, y no pueden ser rebatidas por este Tribunal. En todo caso, se aprecia que dicho instituto suministra el servicio de electricidad mediante el sistema eléctrico fotovoltaico, consistente en la instalación de paneles solares, los que, permiten –al menos solventar el servicio requerido, a pesar que la capacidad y potencia es limitada. Ahora bien, respecto al servicio de agua potable en Isla Caballo, deberán estarse los recurrentes a lo resuelto en la sentencia No. 2015014553 de las 14:30 horas del 22 de setiembre de 2015, donde esta Sala conoció el problema alegado.
V.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso, como se dispone en la parte dispositiva de esta sentencia.
VI.- No obstante lo anterior, tomen nota las autoridades recurridas, que para garantizar la eficacia y eficiencia del servicio de electricidad en Isla Caballo, deberán cada uno dentro del ámbito de sus competencias, proceder a coordinar las acciones necesarias para que, se elabore y posteriormente se ponga en ejecución, electricidad en Isla Caballo, debiendo para ello coordinar acciones con otras organizaciones públicas o privadas. Lo anterior, según lo indicado bajo juramento por el Director de la Región Pacífico Central del Instituto Costarricense de Electricidad, referente a que la isla está sujeta a las regulaciones de la Zona Marítimo Terrestre, que compete a la Municipalidad de Puntarenas, como es la posesión, uso de suelo, plan regulador, entre otros, ya que una vez alineadas las diferentes acciones, ambientales, regulatorias y demás aspectos legales, para el desarrollo de un proyecto de electrificación convencional, que dependería principalmente de los recursos económicos del ICE, así como del aporte financiero de diferentes entidades interesadas en el desarrollo de la isla, con lo cual se podría iniciar la coordinación con otros actores sociales e institucionales, aspecto de menor dificultad de solución dado su impacto social e intereses comunes. Pues, como se informó bajo juramento, aunado a los aspectos legales, presupuestarios y ambientales, que impiden el desarrollo de un proyecto convencional, sería lo concerniente a la batimetría (estudio de perfil del fondo marino) y el tipo de sedimentación en la zona, para poder determinar las características del conductor submarino, dado el alto grado de contaminación (referencia experiencia conductor instalado en Isla Chira), así como otros aspectos técnicos de consideración serían el transporte, manipulación de equipo y maquinaria (que sean de menor impacto ambiental en la isla y acordes a las condiciones ambientales en el Golfo), asunto que se resolvería basados en la experiencia del proyecto de electrificación llevado a cabo en el año 1985 en Isla Chira y la reparación del cable submarino llevada a cabo en el año 2012. Lo anterior, si otra causa no lo impide”.
Actualmente, el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad, informa que se han realizado diversos reportes de mantenimiento en la isla, cuando así lo han reportado los usuarios: 28 de junio del 2018 para el cliente [Nombre 014], el 29 de junio del 2018 para la Escuela La Isla, el 15 de enero del 2019 para el cliente [Nombre 015], el 23 de enero del 2019, para la cliente [Nombre 016], el 14 de mayo del 2019 y 04 de febrero del 2020 se solicita revisión y reparación de sistemas fotovoltaicos brindados por el Instituto Costarricense de Electricidad al centro educativo de Playa Torres, Isla Caballo y casa de maestro. Así, mediante oficio 1200-045-2020 del 02 de marzo del 2020, el Instituto Costarricense de Electricidad brindó respuesta a Ingrid María Enriquez Obando, directora del Centro Educativo Playa Torres, Isla Caballo, en atención al oficio DREP-SCE05-EPT-001-2020, informándole que luego de la inspección realizada en el sitio, y una vez tengan definido los requerimientos, es necesario que nos envíen oficio firmado por el Presidente de la Junta de Educación, donde indique la ubicación de los equipos y elementos en las nuevas instalaciones, además se le solicitó que el panel a nombre de Cindy Otárola Campos, se traslade a nombre de la Junta de Educación de la Escuela. Ahora bien, se explica que conforme a lo indicado en el contrato para el arrendamiento de paneles solares, el Instituto Costarricense de Electricidad se compromete a realizar mantenimiento y atención de averías, siempre y cuando el cliente cumpla con su obligación de tener al día su facturación, lo que no ha ocurrido, ya que para el año 2018 la morosidad representó un noventa por ciento y, para el año 2019, se registró un noventa y cuatro por ciento, es decir en el año 2019 únicamente se tuvieron ingresos por un monto de diecisiete mil colones ([Valor 002]). Cabe mencionar que muchos de los daños ocasionados a los equipos y que causan las averías y el deterioro de estos, corresponden a una inadecuada manipulación de los equipos por parte de los clientes, donde se ha encontrado conectados equipos que deterioran los componentes de los paneles solares Conforme al listado de facturación de pendientes emitido por la Agencia de Puntarenas al 10 de enero de 2024, existen ciento dieciséis servicios de paneles solares instalados en la Isla Caballo, cuyos clientes en su mayoría presentan morosidad en el pago de hasta por diez meses, siendo el costo por el alquiler mensual del equipo de mil y, a pesar de lo anterior, el Instituto Costarricense de Electricidad sigue conforme a los cronogramas de atención brindado el servicio de mantenimiento.
A la luz del escenario descrito, tenemos de las manifestaciones contenidas en el escrito de interposición, que no se desprende que el tutelado haya acudido ante el Instituto accionado a fin de exponer alguna gestión de mantenimiento que no haya sido atendida. En virtud de lo anterior, lo propio es que, si existe alguna situación de tal naturaleza, acuda si a bien lo tiene y siguiendo las formalidades establecidas al efecto, ante las autoridades competentes, a fin de que exponer su disconformidad con servicio de electricidad brindado. En todo caso, de los argumentos explicados por el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad, se desprende que sí se les brinda a las personas que habitan la isla de una solución técnica, sin embargo, son ellos mismos quienes incumplen los contratos y gestionan de una forma negligente el equipo que se les alquila.
Ahora bien, en cuanto al estudio de otras posibles soluciones técnicas en la isla, se informó que el 10 de enero del 2024, se realiza por parte del Coordinador del Área Desarrollo Barranca una actualización aproximada de los costos para electrificación de Isla Caballo, estableciendo tres posibles opciones: 1.- Pasar de Isla Venado a Isla Bejuco en forma submarina (1.850km), el costo solo del conductor submarino 1/0 Cu es de ¢150.000/m, lo que nos da ¢277.500.000,00 + Mano de Obra, estudio de barimetría (perfil del lecho marino), que nos podrían generar un mayor costo de imprevistos, luego extensión de 2.050km aéreo monofásico solo con conductor AAAC 1/0, se estima en ¢45.050.800,00, luego otro vano de cable submarino de 950m para un costo de ¢142.500.000,00 + (M.O, E.B, Imprevistos) y 4.180km de línea primaria monofásica sola y 2.590km de primario con secundario para un costo de ¢91.859.680 + 118.001.436 = para un total aproximado de ¢674.911.916,00 + transformadores y (M.O, E.B, Imprevistos) redondeamos a $1 400 000 (Un millón cuatrocientos mil dólares). 2.- Extensión directa desde Isla Venado a Isla Caballo proyección de 3.8km en cable submarino 1/0 para un costo de ¢570.000,00 + (M.O, E.B, Imprevistos) y luego la red aérea antes descrita de 4.180km de línea primaria monofásica sola y 2.590km de primario con secundario para un costo de ¢91.859.680 + 118.001.436, lo que nos da un total de ¢779.861.116,00 + transformadores y (M.O, E.B, Imprevistos) redondeamos a $1 600 000 (Un millón seiscientos mil dólares). 3.- Alimentación con ruta directa desde el continente, con instalación aproximada de: 4,5Kms. de cable submarino del sector de Playa Naranjo hasta Isla Caballo para un costo de ¢675.000.000 y la distribución en la isla antes mencionada 4.180km de línea primaria monofásica sola y 2.590km de primario con secundario para un costo de ¢91.859.680 + 118.001.436, lo que nos da un total de ¢884.861.116,00 + transformadores y (M.O, E.B, Imprevistos) redondeamos a $1 850 000 (Un millón ochocientos mil dólares). Debido al alto costo de cualquiera de las tres opciones indicadas para llevar la electrificación a Isla Caballo, la obra no se encuentra en los planes de inversión a corto ni mediano plazo del Instituto Costarricense de Electricidad, además para poder realizar un diseño considerando el costo total de la obra eléctrica se requeriría la declaratoria de las calles públicas en el sitio que permita definir la ubicación de la obra eléctrica. Al respecto, advierta la parte tutelada que en reiteradas ocasiones, la Sala ha dispuesto que no resulta ilegítimo un retraso en la instalación de un servicio público cuando existen, de por medio, razones técnicas que imposibiliten dicha instalación, considerando que esa situación no se trata de una decisión arbitraria o injustificada de la Administración.
Así, en cuanto al servicio de electricidad, corresponde desestimar el recurso, como en efecto se dispone.
V.- SOBRE EL ACCESO A INTERNET. El recurrente argumenta que la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, en cuanto al internet para comunidades conectadas, indica no disponer de una adecuada conexión a internet para tener comunicación básica, acceso a la información, acceso al entretenimiento, acceso a la educación y formación virtual, acceso a poder realizar tareas escolares mediante internet. En consecuencia, solicita se ordene a Instituto Costarricense de Electricidad, a la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, al Consejo Presidencial Social, al Instituto Mixto de Ayuda Social, al Ministerio de la Presidencia y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, proveer e instalar internet del programa nacional social o solidario con cargo del Estado Costarricense, para disponer de internet en capacidades y velocidades necesarias para mantener videoconferencias, conexión a plataformas de estudio y toda la capacidad necesaria para conectarse y comunicarse con el exterior.
En este caso, en primer lugar, se indica que no existe reclamo de la parte recurrente ante la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante la cual se le haya puesto en conocimiento sobre sus necesidades respecto al servicio de internet. Ahora bien, según informa el Gerente de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad, [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 001], no tiene registrados con el Instituto Costarricense de Electricidad, planes de telefonía fija a su nombre. Registra un servicio móvil, con un plan kölbi datos 12 GB 12 M con el N° 86861505, el cual, se encuentra y un chip prepago 2018, con el N° 89411352, así como uno con, un plan 4G K1 12 M, los cuales, se encuentran activos y funcionando normalmente. El resto de las personas que se indican en el escrito de interposición, no registran servicios móviles ni fijos activos con el Instituto Costarricense de Electricidad. Además, los números telefónicos 86275266 y 87152042 que se indican en el escrito de interposición no cuentan con registros asociados con el Instituto Costarricense de Electricidad.
Ahora bien, pese a que no existe una gestión planteada por los recurrentes, de forma diligente se ha intentado buscar soluciones técnicas. Incluso, la localidad de Isla Caballo del cantón de Puntarenas, en un inicio, se encontraba dentro del alcance de la contratación 001-2017 del Programa Comunidades Conectadas (Fonatel); mismo que fue adjudicada al Instituto Costarricense de Electricidad, sin embargo, por razones de imposibilidad debidamente demostrada al Fideicomiso, (no era factible implementar la obra civil y electromecánica y falta de servicios entre otros) esa localidad fue excluida del contrato mencionado. Ahora bien, ante ese problema detectado, la Superintendencia de Telecomunicaciones se encuentra en la actualidad buscando una solución técnica con el fin de poder tramitar el respectivo concurso (según lo dispuesto en la Ley General de Contratación Pública), para contratar a un operador que pueda atender las necesidades de los vecinos de Isla Caballo, contratación que debe contemplar alternativas para superar las dificultades técnicas que representa llevar los servicios de telecomunicaciones a una comunidad con las limitaciones de suministro de electricidad que dieron fundamento a la declaratoria de caso fortuito dentro del contrato N°001-2017. Incluso, el 22 de enero de 2024, el Banco de Costa Rica, en su calidad de Banco Fiduciario y quien tramita las contrataciones financiadas con recursos de Fondo Nacional de Telecomunicaciones, remitió a la Superintendencia de Telecomunicaciones, mediante el oficio FIDOP_2024_1_86 (UGEY-035-24 del 12 de enero de 2024), una propuesta de cronograma para la presentación del perfilamiento y la decisión inicial, que representan requisitos indispensables para poder tramitar la contratación respectiva, por lo que, una vez que se cuente con dichos insumos se podrá determinar cuál es el tipo de contratación (licitación mayor, menor o reducida), así como el cronograma definitivo para la promoción y ejecución del concurso, que en atención a la Ley General de Contratación Pública deberá promover la administración para concursar los servicios correspondientes para la Isla Caballo.
Así, dado que la Superintendencia de Telecomunicaciones se encuentra buscando soluciones para ejecutar un proyecto para brindar acceso a la comunidad, corresponde desestimar el recurso, en cuanto a este extremo se refiere. Sin embargo, tomen nota la Presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Director del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que para garantizar la eficacia y eficiencia del servicio de electricidad en Isla Caballo, que deberán cada uno dentro del ámbito de sus competencias, proceder a coordinar las acciones necesarias para que, se elabore y posteriormente se ponga en ejecución, una solución para el acceso al servicio de internet en Isla Caballo, debiendo para ello coordinar acciones con otras organizaciones públicas o privadas, según corresponda.
VI.- SOBRE LOS CENTROS DE ACOPIO. El recurrente asegura que la Municipalidad de Puntarenas se niega a instalar centros de acopio, recoger los desechos sólidos indicando que es muy caro. En consecuencia, los usuarios han optado por realizar quemas para destruir los desechos, generando contaminación del aire, suelo y gases de efecto invernadero. Aseveran que los desechos provenientes de los sanitarios (orines y heces) son depositados en un tanque séptico que ha contaminado los suelos y las aguas subterráneas haciéndolos insalubres. En consecuencia, solicita se ordene a la Municipalidad de Puntarenas a brindar el servicio de recolección de desechos sólidos, de acuerdo con la Ley de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos, a brindar el servicio de recolección en Isla Caballo, al menos una vez por semana y que en seis meses el servicio se amplíe a una frecuencia de dos días por semana; asimismo, que se instalen centros de acopio de reciclaje de desechos. Se ordene al Ministerio de Salud y Ministerio de la Presidencia a proveer de sistemas de eliminación de excretas que no contaminen el suelo y agua subterránea como incineradores o servicios secos; así como, brindar la capacitación necesaria para su uso, mantenimientos adecuados.
La queja del recurrente respecto a centros de acopio tiene dos aristas, la primera, el uso de tanques sépticos. Al respecto, informa el Viceministro de Salud y el Director a.i. del Área Rectora de Salud Peninsular, ambos del Ministerio de Salud, que el uso de tanques sépticos en las viviendas de los pobladores de Isla Caballo, está acorde a la legislación sanitaria vigente, en lo referente a las dimensiones y materiales permitidas, y otras formas de tratamiento de aguas residuales en Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales N°39887-S-MINAE. De manera tal que no existe prohibición alguna para el uso de tanques sépticos, los cuales son el noventa y cinco por ciento de las soluciones existentes en La Península para el tratamiento de aguas residuales de las viviendas. Así, en cuanto a este extremo, corresponde desestimar el recurso, dado que la opción de uso de tanques sépticos está acorde a la legislación sanitaria vigente, en lo referente a las dimensiones y materiales permitidas, y otras formas de tratamiento de aguas residuales. Ahora bien, si existe alguna situación irregular particular en la que no se cumplan los requerimientos de ley en alguna infraestructura en la isla, lo que corresponde es que presente la denuncia respectiva, por los mecanismos dispuestos para tales efectos.
La segunda arista, se refiere al servicio de recolección de residuos sólidos. En cuanto a este extremo, tenemos que efectivamente, la Municipalidad de Puntarenas no brinda el referido servicio. En cuanto a la justificación para esa omisión, se indica que actualmente se encuentra en un proceso de planificación y definición de las acciones institucionales que se deben implementar para ampliar la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos a las comunidades y distritos del cantón. Dentro del planeamiento por parte de la Municipalidad y, tomando en cuenta las limitaciones logísticas para brindar el servicio en la isla, se proyecta iniciar con la aplicación del principio de responsabilidad compartida y participación activa de la población, para educar e instruir a los pobladores a realizar una adecuada gestión integral de sus residuos sólidos y aprovechamiento de los residuos orgánicos por medio de técnicas de compostaje, y la separación y clasificación de los residuos sólidos valorizables. para efectos de concretar dicha planificación se procederá a acudir a la formulación y aprobación del próximo presupuesto extraordinario para ejecutarlos. De manera que con tales acciones se pretende mitigar a mediano plazo el problema ambiental generado por las erróneas prácticas de los pobladores de la isla.
Al respecto, considera este Tribunal Constitucional que los argumentos realizados el Gobierno Local no son de recibo, debido a que pese a que tienen pleno conocimiento de los riesgos al derecho de disfrutar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ocasionados por la inexistencia de una manera adecuada para depositar los desechos por parte de los habitantes de la Isla. En reiteradas ocasiones, este Tribunal Constitucional se ha referido a los principios constitucionales que rigen la prestación de servicios públicos y el derecho fundamental a la prestación eficiente de éstos, que implica que independientemente del tipo de servicio, deben ser prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Además, es necesario destacar que las Municipalidades del país deben velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón, entre ellos el servicio de recolección de desechos sólidos (véase en similar sentido las Sentencias N° 2023-19610 de las 9:30 horas de 11 de agosto de 2023 y N° 2019-005623 de las 09:45 horas del 29 de marzo de 2019).
Así, con respecto a este extremo, corresponde estimar el recurso, según las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.
VII.- SOBRE EL SERVICIO DE CABOTAJE O TRANSPORTE PÚBLICO. El recurrente asegura que cada habitante de Isla Caballo debe desplazarse por su cuenta a buscar servicios, alimentación y compras hasta Puntarenas, Jicaral y Playa Naranjo, agravando la contaminación ambiental por la quema de combustibles de forma individual. En consecuencia, solicita se ordene al Ministerio de Transportes y ARESEP a instalar un servicio de cabotaje desde Puntarenas hasta Isla Caballo y con interconexión entre las islas Venado, Caballo y Chira, con una frecuencia de al menos una vez al día de ida y regreso.
Al respecto, no consta que el recurrente haya presentado alguna gestión ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quien a través de la División Marítimo-Portuaria, es quien se encarga de establecer y concesionar nuevas rutas para el servicio de cabotaje. Ahora bien, una vez establida la concesión de ruta, es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, quien debe aprobar tarifa. Ahora bien, según indica el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 3 de junio de 2021, se recibió en la Dirección de Navegación y Seguridad una solicitud de permiso para realizar un servicio de cabotaje en la isla venado-isla caballo-muelle plátanos Puntarenas, suscrita por Alexis Rodríguez Castrillo, por lo que luego de una serie de acciones, mediante oficio N° DVMP-DNS-2022-M20 del 10 octubre 2022, se realizó la solicitud de una serie de requisitos para proceder con el permiso en precario para lo cual se le brindó el plazo de diez días hábiles, sin embargo, no se atendió la solicitud y se procedió con el archivo de la gestión. Ahora bien, el 1 de agosto de 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, realizó una convocatoria mediante correo electrónico, en los siguientes términos: “Sirva la presente para invitarlos a la reunión el próximo día jueves 3 de agosto en las instalaciones del Incopesca en el Barrio El Cocal de Puntarenas a las 09:00 a.m. La misma será para tratar asuntos importantes en la toma de decisiones en la adjudicación del Permiso de cabotaje entre Puntarenas e Isla de Chira y sus ramales” El 3 de agosto de 2023, la Dirección Marino Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, realizó la reunión en la cual se discutirían originalmente las necesidades para establecer rutas entre la Isla de Chira, Costa de Pájaros y Puntarenas, misma que se desarrolló en las instalaciones del INCOPESCA. En esa reunión, se presentaron algunos usuarios que manifestaron interés también en el establecimiento de una ruta que favoreciera a Isla Caballo y Venado, a lo que esta dependencia, informó de las condiciones generales para lograr autorizar preliminarmente un servicio de cabotaje bajo la figura del Permiso en Precario, sin embargo, la dirección competente en el tema particular, ha informado que a la fecha no consta en sus archivos que exista una solicitud formal pendiente de atender respecto a la ruta de interés. Así, ante la inexistencia de una solicitud formal, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a través de la División Marítimo-Portuaria, no ha comunicado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la creación de una ruta de cabotaje menor entre Puntarenas e Isla Caballo con interconexiones en Isla Venado y Chira.
Finalmente, el Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, aseguró con respecto a las respecto a las rutas de cabotaje menor entre Golfito-Puerto Jiménez y viceversa, Puntarenas-Isla Chira y viceversa e Isla Chira- Costa de Pájaros y viceversa, actualmente no cuentan con un operador autorizado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y, además, no existe ninguna solicitud de permiso pendiente de resolver por para dichas rutas a enero de 2023.
En consecuencia, si el recurrente considera que debe crearse la ruta de servicio cabotaje o transporte público que pretende, debe gestionar su creación por los mecanismos dispuestos para tales efectos, para que se resuelva como en derecho corresponda.
VIII.- SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. El recurrente asegura que las autoridades recurridas no les proporcionan el servicio de agua potable, por lo que deben hacer uso de pozos artesanales que no reúnen condiciones de potabilidad. En consecuencia, solicita instalar en el plazo menor a doce meses un servicio de acueducto con agua potable y servicio de hidrómetro a cada usuario en su casa, terreno, local o institución, que mientras se instala el acueducto, se supla agua potable con certificación de potabilidad en cisterna en cada playa donde los vecinos puedan llenar sus contenedores, en cantidades suficientes y calidad adecuada para satisfacer las necesidades de cada hogar, comercio o institución En cuanto a este tema, este Tribunal Constitucional por Sentencia N° 2015-14553 de las 14:30 horas de 22 de setiembre de 2015, declaró con lugar un recurso de amparo anterior también a favor de los habitantes de Isla Caballo, de conformidad con las siguientes consideraciones:
“V.- CASO CONCRETO. Del elenco de hechos probados y del estudio de los autos, esta Sala observa que desde el 17 de abril de 2013, la Municipalidad de Puntarenas, en la sesión extraordinaria No. 258, artículo 1 inciso e), acordó solicitarle al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que se realizaran los estudios técnicos y económicos para brindársele agua potable a la comunidad de Isla Caballo, ya que no cuentan con suministro de agua potable, pues el propio recurrente alega que desde el año 1912 se abastecen de agua de pozos, y tienen que trasladarse fuera de la isla para conseguir agua potable. Así como también, de los autos se desprende que el 12 de diciembre de 2013 por memorando SUB-G-GSC-UEN-AP-1506-2013, Acueductos y Alcantarillados, recomendó efectuar un estudio básico en el verano del año 2014 en la ASADA Montaña Grande, que es el sistema de acueducto más cercano al lugar donde reside el recurrente, ya que desde el cantón de Puntarenas, existe una distancia de aproximadamente 15 kilómetros, lo que hace materialmente imposible dotar el agua potable desde ese lugar. Sin embargo, por problemas internos en la institución, no se logró hacer dicho estudio. De igual forma, la Directora y Jefe Cantonal de la Región Pacífico Central de Puntarenas, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, informa que para el verano del año 2016, se podrían hacer los estudios pertinentes, siempre y cuando las condiciones del tiempo lo permitan, ya que en invierno los caudales de agua potable suben considerablemente, reflejando un resultado provisional, pues en verano cuando realmente falta el agua, es donde se permite tener una medida efectiva de los caudales. Asimismo, se observa que el 3 de agosto de 2015, se otorgó audiencia a los vecinos de Isla Caballo, para ser escuchados ante el Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas, ya que el problema del suministro de agua potable y electrificación, no ha sido resuelto en su totalidad, donde se tomó un último acuerdo, dentro del cual, se estimó urgente realizar la declaratoria de emergencia en Isla Caballo, para abastecerlos del servicio de agua potable y luz eléctrica, ya que los vecinos indicaron que las medidas para abastecerlos de agua potable han sido temporales. Por su parte, en inspección realizada el 3 de setiembre de 2015, el Ministerio de Salud, afirma que efectivamente la comunidad de Isla Caballo, no cuenta con suministro de agua potable, por lo que los habitantes utilizan, como medio de consumo, el agua proveniente de pozos artesanales, para labores de limpieza y usos generales, y que para el consumo de agua potable, sea para bebidas o preparación de alimentos, requieren el traslado periódico hacia comunidades externas de la isla, como lo son: el mercado municipal de Puntarenas, Isla Venado y Playa Naranjo. De igual manera, explican que en época de verano, los pozos artesanales de Isla Caballo, descienden significativamente, generando escasez del líquido y mayor presencia de sal en el agua. De otra parte, indican las autoridades del Ministerio de Salud, que si bien los pozos artesanales visitados, no presentan en sus alrededores letrinas o tanques sépticos, ni permanencia de criaderos de cerdos, lo que disminuye la probabilidad de contaminación, también se observa que carecen de sistemas de desinfección, y no cuentan con análisis recientes de la calidad del agua, por lo que se deben realizar exámenes para determinar la calidad del agua, y girar los actos administrativos correspondientes, de conformidad con el resultado de dichos exámenes, en pro de asegurar la salud de los habitantes de dicha comunidad. Así como también, indican que se recomendó realizar coordinaciones con la oficina de acueductos rurales, para realizar análisis de la calidad del agua, y gestionar la intervención para la realización de proyectos, para el suministro de agua potable en Isla Caballo. Así las cosas, esta Sala observa la problemática que han vivido los habitantes de Isla Caballo, con el suministro de agua potable, lo cual, evidentemente lesiona el derecho a la salud, pues a pesar que los recurridos aceptan la problemática planteada en el amparo, de los informes rendidos bajo juramento, no se desprende una solución a tal situación. Bajo esta óptica, se aprecia que pese a la obligación del Estado -entendido en sentido amplio- de tomar medidas concretas en aras de garantizar sin discriminación el acceso al agua potable, en el presente asunto no se logra demostrar que las autoridades accionadas, hayan tomado acciones específicas en aras de incluir a la comunidad de Isla Caballo, en un plan de suministro de agua potable. Lo que, sin duda alguna, resulta lesivo de sus derechos fundamentales. Así las cosas, y si bien se colige que en este momento no existe infraestructura para suplir el servicio de agua potable, no es razonable lo alegado por el recurrente, en el entendido que desde el año 1912, dicha comunidad se abastece con agua de pozos y que deben salir de la isla a conseguir agua potable, sin que a la fecha, se hayan tomado acciones efectivas que procuren incluir a la comunidad afectada, dentro de un proyecto para el suministro efectivo de agua potable. En consecuencia, la omisión de las autoridades recurridas constituye una violación a los derechos fundamentales del recurrente (ver en ese mismo sentido el voto No. 2009017498 de las 16:56 horas del 17 de noviembre de 2009). Aunado a lo anterior, debe indicarse que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, deberá realizar las gestiones necesarias y las actuaciones pertinentes, para abastecer de agua potable a los habitantes de Isla Caballo, mediante cisternas u otros mecanismos que garanticen permanentemente el acceso al agua mientras se resuelve la situación planteada en el presente recurso.- VI.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone acoger el recurso, como se dispone en la parte dispositiva de esta sentencia.- En consecuencia, se ordenó lo que se indica a continuación:
“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Leyder María Miranda Araya, en su condición de Directora y Jefe Cantonal de la Región Pacífico Central de Puntarenas, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a Rafael Ángel Rodríguez Castro, en su calidad de Alcalde Municipal, y a Randall Chavaría Matarrita, en su condición de Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Puntarenas, a María Esther Anchía Angulo, en su calidad de Viceministro de Salud, y a Adriana Torres Moreno, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud Peninsular, ambas del Ministerio de Salud, que adopten EN FORMA INMEDIATA las previsiones correspondientes para incluir, EN EL PLAZO DE UN AÑO, a la comunidad de Isla Caballo, en un proyecto de suministro de agua potable, si otra causa no lo impide. Además, se ordena a las autoridades recurridas, que en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, deberán realizar los estudios pertinentes para garantizar la calidad del agua de los pozos existentes en la isla. Asimismo, se ordena a Leyder María Miranda Araya, en su condición de Directora y Jefe Cantonal de la Región Pacífico Central de Puntarenas, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe el cargo, realizar las gestiones necesarias y las actuaciones pertinentes, para abastecer de agua potable a los habitantes de Isla Caballo, mediante cisternas u otros mecanismos que garanticen permanentemente el acceso al agua mientras se resuelve la situación planteada en el presente recurso. Se les advierte que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a la Municipalidad de Puntarenas y al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a las autoridades recurridas, en forma personal”.- En cuanto a este extremo, siendo que ya este Tribunal Constitucional, dictó una orden por tales hechos, deberá el recurrente estarse a lo resuelto en aquella oportunidad. Así, el posible incumplimiento a esa orden, deberá acusarse en el referido expediente 15-011802-0007-CO, Sentencia N° 2015-14553 de las 14:30 horas de 22 de setiembre de 2015. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Eficiencia y eficacia de los servicios públicos Subtemas:
NO APLICA.
PRINCIPIO EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
“(…) III.- DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”.
Ahora bien, en este caso, no consta en la base de datos de la Dirección General de Atención al Usuario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, encargada de tramitar denuncias y quejas referentes a la prestación de servicios públicos, alguna presentada por el recurrente en cuanto a Isla Caballo. En consecuencia, en cuanto a este extremo, se desestima el recurso planteado. (…)” VCG04/2024 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
SERVICIOS BASICOS.
IX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente, reprocha que los pobladores de Isla Caballo no cuentan con infraestructura para el suministro de agua potable, electricidad, gestión de residuos sólidos y de desecho de aguas residuales.
Además, en asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente, argumenta que la gestión de residuos sólidos y de desecho de aguas residuales vulnera su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
VCG04/2024 ... Ver más Res. Nº 2024007851 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintidos de marzo de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 23-029495- 0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 001], a favor de [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Nombre 008], [Nombre 009]., [Nombre 010], [Nombre 011]., contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, el MINISTERIO DE SALUD, EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), el MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) y la AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP).
RESULTANDO:
1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 26 de noviembre de 2023, el recurrente interpone recurso de amparo a favor de [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Nombre 008], [Nombre 009]., [Nombre 010], [Nombre 011]. Manifiesta, que la Isla Caballo en Golfo de Nicoya en Puntarenas, cuenta con aproximadamente trescientos pobladores, los cuales se han organizado para reclamar los derechos que las instituciones recurridas les ha denegado negligentemente. Exponen que el 24 de noviembre de 2023 en actividad de taller ambiental organizado por la Universidad Estatal a Distancia (Sede Jicaral de Puntarenas), los pobladores de la Isla Caballo alegaron que el Estado y sus instituciones son negligentes en atender sus necesidades para disponer de una vida sana y digna ya que sus ingresos son generados por la pesca artesanal, la cual no les genera riquezas suficientes para comprar y disponer de todos los servicios básicos que disfruta el resto del país. Acusan que tiene derecho a recibir, disponer y hacer uso en igualdad de condiciones a todos los habitantes de Agua Potable en cantidades y calidades suficientes para una vida digna y sana. Indican que a pesar de que existe un recurso de amparo previo que ordena al A y A instalar un acueducto en Isla Caballo, lo único que reciben es dos pichingas de veinte litros diarios, que no garantizan la potabilidad ya que la empresa que hace la distribución no mantiene, lava e higieniza las pichingas, dado que llegan sucias incluso con lana o algas y, hasta monedas dentro. Alegan que el agua tiene mal sabor ya que se envasa en una toma pública en el estero de Puntarenas, en condiciones insalubres, que cuando la manguera se cae al estero se ensucia y solo es lavada con agua contaminada del mismo estero y continua el llenado de resto de pichingas. Adicionalmente, deben acarrear dichos envases desde la playa donde los entregan hasta las casas en las laderas, lo cual conlleva un alto desgaste físico y de tiempo por las largas distancias. Acusa que dicha situación resulta inaceptable para el país incluido en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Explica que el Ministerio de Salud por su parte, giró una orden sanitaria para que no usen los pozos artesanales que existen en la isla por estar contaminados con materia fecal y otros contaminantes (en verano el agua se torna amarga por la infiltración de sales marinas). No obstante, a pesar de la restricción se debe usar esa agua de pozo que extraen manualmente con baldes, para lavar ropa, utensilios de cocina, limpiar la casa, baños y mascotas. Señala que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, engaña a los habitantes diciendo que va a instalar un acueducto desde Lepanto de Jicaral; empero, al día que acuden a la Sala, no se ha ejecutado acción alguna, mientras las personas continúan sufriendo las consecuencias en su salud, bienestar y desarrollo. Expresan que también tienen derecho a recibir, disponer y hacer uso en igualdad de condiciones que todos los habitantes del servicio eléctrico, para mantener alimentos en buenas condiciones, iluminación pública, educación, información y seguridad. Comentan que en algún momento el Instituto Costarricense de Electricidad instaló paneles solares en algunos hogares, pero sin brindarles mantenimiento y los acusa de estar morosos en el pago de acceso solidario a la electricidad por paneles solares, negándoles instalar y mantener la electricidad en el cien por ciento de hogares. Arguyen que la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, en cuanto al internet para comunidades conectadas, indica no disponer de una adecuada conexión a internet para tener comunicación básica, acceso a la información, acceso al entretenimiento, acceso a la educación y formación virtual, acceso a poder realizar tareas escolares mediante internet. Por su parte, la Municipalidad de Puntarenas se niega a instalar centros de acopio, recoger los desechos sólidos indicando que es muy caro. Ante tal negativa, los usuarios han optado por realizar quemas para destruir los desechos, generando contaminación del aire, suelo y gases de efecto invernadero. Aseveran que los desechos provenientes de los sanitarios (orines y heces) son depositados en un tanque séptico que ha contaminado los suelos y las aguas subterráneas haciéndolos insalubres. Por tal motivo, han solicitado al Ministerio de Salud, la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de la Presidencia, proveer un sistema de eliminación de excretas alternativos que no contamine el suelo ni las aguas subterráneas. Reprochan que en la isla tampoco existe servicio de cabotaje o transporte público, debiendo cada habitante desplazarse por su cuenta a buscar servicios, alimentación y compras hasta Puntarenas, Jicaral y Playa Naranjo, agravando la contaminación ambiental por la quema de combustibles de forma individual, pudiendo tener un servicio diario para transporte colectivo, que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no se han interesado en establecer. Por todo lo anterior, solicitan que se declare con lugar el recurso ordenando al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) instalar en el plazo menor a doce meses un servicio de acueducto con agua potable en Isla Caballo y servicio de hidrómetro a cada usuario en su casa, terreno, local o institución, que mientras se instala el acueducto, se supla agua potable con certificación de potabilidad en cisterna en cada playa donde los vecinos puedan llenar sus contenedores, en cantidades suficientes y calidad adecuada para satisfacer las necesidades de cada hogar, comercio o institución. Se ordene al Instituto Costarricense de Electricidad a instalar electricidad en todos los hogares, comercios e instituciones de Isla Caballo, en capacidad (potencia) necesaria para disponer de al menos un refrigerador, televisión, iluminación adecuada, olla arrocera y cafetera. Se ordene a Instituto Costarricense de Electricidad, a la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, al Consejo Presidencial Social, al Instituto Mixto de Ayuda Social, al Ministerio de la Presidencia y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, proveer e instalar internet del programa nacional social o solidario con cargo del Estado Costarricense, para disponer de internet en capacidades y velocidades necesarias para mantener videoconferencias, conexión a plataformas de estudio y toda la capacidad necesaria para conectarse y comunicarse con el exterior. Se ordene a la Municipalidad de Puntarenas a brindar el servicio de recolección de desechos sólidos, de acuerdo con la Ley de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos, a brindar el servicio de recolección en Isla Caballo, al menos una vez por semana y que en seis meses el servicio se amplie a una frecuencia de dos días por semana; asimismo, que se instalen centros de acopio de reciclaje de desechos. Se ordene al Ministerio de Salud y Ministerio de la Presidencia a proveer de sistemas de eliminación de excretas que no contaminen el suelo y agua subterránea como incineradores o servicios secos; así como, brindar la capacitación necesaria para su uso, mantenimientos adecuados. Se ordene al Ministerio de Transportes y Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos a instalar un servicio de cabotaje desde Puntarenas hasta Isla Caballo y con interconexión entre las islas Venado, Caballo y Chira, con una frecuencia de al menos una vez al día de ida y regreso.
2.- Por resolución de las 12:07 horas de 29 de noviembre de 2023, se realizó una prevención al recurrente.
3.- Por resolución de las 10:55 horas de 8 de enero de 2024, se le dio curso al proceso y se le concedió audiencia al Gerente General y al Jefe de la Unidad Cantonal de Puntarenas, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA); al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Puntarenas; al Viceministro de Salud y Director del Área Rectora de Salud Peninsular, ambos del Ministerio de Salud; así como, a los Gerentes de Electricidad y Telecomunicaciones, ambos del Instituto Costarricense de Electricidad; el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y, el Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
Resolución notificada el 8 de enero de 2024, al Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al Gerente Telecomunicaciones y de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad, al Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, al Viceministro de Salud del Ministerio de Salud. El 9 de enero de 2024, se le notificó al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Puntarenas. Además, el 10 de enero de 2024, se le notificó al Jefe de la Unidad Cantonal de Puntarenas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al Ministro de Obras Públicas y Transportes. El 12 de enero de 2024, se apersonó a rendir informe el Director a.i. del Área Rectora de Salud Peninsular del Ministerio de Salud.
4.- Informa Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:
“Primero: En este hecho no se hace reproche alguno contra la Aresep, siendo que los mismos van dirigidos al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (en adelante ICAA).
Cabe indicar que la recurrente hace referencia a un amparo constitucional previo que a su criterio ha sido incumplido por el ICAA, en el que se dictó la resolución N° 2015014553 de las 14:30 horas del 22 de setiembre de 2015 (Expediente 15-011802-0007-CO), según lo expuesto por el recurrente en su escrito del 1 de diciembre de 2023, y en este sentido, cabe reiterar que esta Autoridad Reguladora no formó parte de dicho proceso, por lo que corresponde a hechos completamente ajenos a esta Administración.
Por último, una vez consultada la base de datos de la Dirección General de Atención al Usuario de la Aresep (en adelante DGAU), encargada de tramitar las denuncias y quejas interpuestas ante esta Autoridad Reguladora referentes a la prestación de servicios públicos, se debe indicar que no existen quejas o denuncias expresamente respecto a los hechos denunciados por el recurrente, en cuanto a la falta de servicios en la Isla Caballo.
Segundo: En este hecho no se hace reproche alguno contra la Aresep, ya que los mismos van dirigidos contra el Instituto Costarricense de Electricidad (En adelante ICE) y la Superintendencia General de Telecomunicaciones (en adelante SUTEL), siendo estas administraciones las que deben referirse a los hechos acusados en sus respectivos informes.
Cabe indicar en lo que respecta a la SUTEL, que dicha Superintendencia es un órgano desconcentrado en grado máximo de Aresep con competencias excluyentes a las de mi representada, y con personalidad jurídica independiente, por lo que debió ser traída a este proceso con la finalidad de rendir el respectivo informe, siendo que esta Autoridad Reguladora resulta incompetente para referirse al servicio de internet y al Fondo Nacional de Telecomunicaciones, en los términos desarrollados en el recurso. Sobre las competencias de Aresep y Sutel se ampliará más adelante.
Sin perjuicio de lo anterior, tal y como se indicó en el hecho previo, una vez consultada la base de datos de la Dirección General de Atención al Usuario de la Aresep, se debe indicar que no existen quejas o denuncias expresamente respecto a los hechos denunciados por el recurrente, en cuanto a la falta de servicios en la Isla Caballo.
Tercero: En este hecho no se hace reproche alguno contra la Aresep. Los mismos van dirigidos en contra de la Municipalidad de Puntarenas. Sin perjuicio de lo anterior, tal y como se indicó en los hechos previos, una vez consultada la base de datos de la DGAU, se debe indicar que no existen quejas o denuncias expresamente respecto a los hechos denunciados por el recurrente, en cuanto a la falta de servicios en la Isla Caballo.
Cuarto: En este hecho no se hace reproche alguno contra la Aresep. Los mismos van dirigidos en contra de la Municipalidad de Puntarenas, Ministerio de Salud y Ministerio de la Presidencia.
Como ya se indicó en los hechos previos, una vez consultada la base de datos de la DGAU, se debe indicar que no existen quejas o denuncias expresamente respecto a los hechos denunciados por el recurrente, en cuanto a la falta de servicios en la Isla Caballo.
Quinto: En cuanto a este hecho, que es el único en el que se realizan cuestionamientos concretos contra la Aresep, el mismo se rechaza en los términos formulados por el recurrente. El recurrente acusa que la Aresep y el MOPT no se han interesado en que se establezca un servicio público de transporte marítimo al menos hasta Puntarenas y entre Islas Caballo, Venado y Chira.
En cuanto a este hecho es preciso señalar que para brindar el servicio de transporte público en ferry o lancha, se requiere de la concesión o permiso que otorgue el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (en adelante MOPT), a través de la División Marítima Portuaria, y es esa entidad quien aprueba las condiciones operativas: horarios, cantidad de unidades, recorrido; con base en el número de usuarios. Esa información la remite a la Aresep para el cálculo de la tarifa de pasajeros e inspecciones sobre la operación del servicio.
En consecuencia de lo anterior, no es competencia de la Aresep determinar la necesidad de establecer y concesionar nuevas rutas para el servicio de cabotaje, ya que únicamente le compete la determinación de las tarifas, y velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación optima (Artículo 5, de la Ley N° 7593), una vez que dicha prestación ha sido autorizada por el MOPT. Sobre este aspecto se ampliará más adelante.
De la lectura del escrito de recurso de amparo sobre el cual nos pronunciamos, es importante hacer ver que, a excepción del hecho quinto, no se hace reproche alguno en contra de la Aresep, hecho en el que se indica la inexistencia del servicio de cabotaje. Adicionalmente, de la revisión de las pretensiones concretas del recurso de amparo, se desprende que únicamente se hace referencia a la Aresep en la pretensión 4, lo anterior de forma incorrecta, ya que como se desarrollará más adelante la prestación de los servicios de telecomunicaciones es ajena a las competencias de esta Autoridad Reguladora, y por último en la pretensión 5, relacionada al servicio de cabotaje.
Bajo la situación anterior, se procede a desarrollar los principales aspectos relacionados a las competencias de esta Autoridad Reguladora, de relevancia para el presente asunto, y para sustentar que se declare sin lugar el recurso en contra de la Aresep.
A.- Sobre el servicio de Cabotaje.
En cuanto a la regulación del cabotaje como un servicio público, y las competencias de la Aresep con respecto a éste, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N° 7593, establece en su artículo 5 (en lo que interesa) lo siguiente:
“Artículo 5.- Funciones En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados son:
(…)
La autorización para prestar el servicio público será otorgada por los entes citados a continuación:
(…)
Inciso f): Ministerio de Obras Públicas y Transporte (…)” (Resaltado no corresponde al original) Por su parte, la Ley de Creación del MOPT, N° 3155, reformada mediante la Ley N° 4786, en su artículo 2 indica:
“Artículo 2°.- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene por objeto: (…)
En este sentido, el artículo 2 del decreto N° 40803-MOPT, apunta las funciones específicas de la División Marítimo - Portuaria, siendo las que interesan en este asunto, las siguientes:
➢ Proponer políticas y estrategias al Ministro a través de la Secretaría Sectorial que le permitan ejercer la rectoría en el Sector Transporte, en el ámbito marítimo-portuario.
➢ Coordinar con los entes que conforman el Sector Transporte, en aquellos aspectos relacionados con materia de su competencia, a fin de cumplir los objetivos sectoriales e institucionales.
➢ Evaluar los proyectos que desarrollen las direcciones que conforman la División Marítimo-Portuaria, en coordinación con los órganos o entes establecidos ➢ Velar por el cumplimiento de las políticas, planes y programas institucionales y sectoriales, que en el ámbito marítimo-portuario apruebe el Ministerio.
➢ Aplicar los lineamientos que en materia de su competencia emita Planificación Institucional.
➢ Controlar el cumplimiento de las políticas para desarrollar el campo marítimo portuario en concordancia con los intereses del país, tratados, convenios internacionales, acuerdos bilaterales vigentes o los que para tal efecto se suscriban.
➢ Recomendar al Ministro las tarifas de transporte de carga y vehículos en las rutas de cabotaje, así como el otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación de rutas de servicios de cabotaje.
➢ Velar que los Registros Marítimos Portuarios se encuentren debidamente actualizados.
➢ Cumplir con la legislación vigente y con las normas y procedimientos establecidos en materia de su competencia, dictadas por los entes competentes, así como velar por el cumplimiento en las dependencias que conforman la División Marítimo-Portuaria.
En complemento a lo anterior, la Procuraduría General de la República, mediante el dictamen C-047-1998, señaló lo siguiente:
“(…)
Se considera como cabotaje la navegación "que hacen los buques entre los puertos de su nación sin perder de vista la costa... Tráfico marítimo en las costas de un país determinado" (Diccionario Enciclopédico Quillet, t. II, México, Editorial Cumbre, 1967, pág. 331).
Así lo entiende nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que la Ley de Servicio de Cabotaje de la República (N.º 2220 del 20 de junio de 1958) estipula que el tráfico de cabotaje es el "efectuado entre dos puertos nacionales, costaneros o fluviales, de un mismo litoral" (art. 2º).
Dicho tráfico es declarado como servicio público por esa misma Ley (art. 3º), la cual también se encarga de aclarar que el servicio de cabotaje lo ejercen "todas aquellas embarcaciones debidamente autorizadas que se dediquen al transporte remunerado de personas en número mayor de inco o al de carga en cantidad mayor de dos toneladas métricas" (art. 4º).
El artículo 5º insiste en que, para explotar el servicio en forma regular y permanente, se debe contar con una "concesión de derecho de línea del Poder Ejecutivo". En la concesión se fijan "las bases a que se sujetarán las empresas de cabotaje para establecer las tarifas y demás condiciones de los servicios", correspondiéndole al Ministerio de Seguridad Pública normar los relativos a sus tarifas (art. 12) y en general actuar como autoridad fiscalizadora.
No obstante, pronto dicha potestad de regulación y control del servicio público de cabotaje fue trasladada al MOPT. Efectivamente: el inciso c) del artículo 2º de la supracitada Ley Orgánica del MOPT (que fuera promulgada con posterioridad al dictado de la Ley de Servicio de Cabotaje de la República) incluye dentro de la competencia de éste el "Planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de altura y cabotaje, las vías y terminales de navegación interior, los sistemas de transbordadores y similares. Regular y controlar el transporte marítimo internacional, de cabotaje y por vías de navegación interior". Y, en términos generales, agrega el inciso f) que le corresponde "Planificar, regular, controlar y vigilar cualquier otra modalidad de transporte no mencionada en este artículo...".
(…)” (Resaltado no corresponde al original).
Es decir, el MOPT a través de la División Marítimo-Portuaria es la dependencia con la competencia exclusiva y excluyente de activar o inactivar rutas de cabotaje, asignar los respectivos títulos habilitantes y establecer los esquemas operativos, y siendo esta la realidad legal y técnica, cabe destacar que a la fecha de este informe la creación de una ruta de cabotaje menor entre Puntarenas e Isla Caballo con interconexiones en Isla Venado y Chira no ha sido comunicada a la Aresep por parte del MOPT.
Cabe agregar, que si el MOPT decide establecer esa nueva ruta, la misma no podría entrar a operar hasta que la Aresep le establezca la respectiva tarifa según el artículo 9 de le Ley N° 7593 que señala lo siguiente:
“(…) Artículo 9.- Concesión o permiso Para ser prestador de los servicios públicos, a que se refiere esta ley, deberá obtenerse la respectiva concesión o el permiso del ente público competente en la materia, según lo dispuesto en el artículo 5 de esta ley. Se exceptúan de esta obligación las instituciones y empresas públicas que, por mandato legal, prestan cualquiera de estos servicios. Sin embargo, todos los prestadores estarán sometidos a esta ley y sus reglamentos.
La Autoridad Reguladora continuará ejerciendo la competencia que la Ley No. 7200 y sus reformas, del 28 de setiembre de 1990, le otorgan al Servicio Nacional de Electricidad.
Ningún prestador de un servicio público de los descritos en el artículo 5 de esta Ley, podrá prestar el servicio, si no cuenta con una tarifa o un precio previamente fijado por la Autoridad Reguladora.
(…)” (Resaltado no corresponde al original).
De tal suerte que si el MOPT, en el ejercicio de sus competencias, autoriza la creación de esa nueva ruta de cabotaje, ese Ministerio o el prestador designado, podría solicitar la fijación tarifaria a la Aresep, o bien la Aresep podría proceder de oficio, según lo establece el artículo 30 de la Ley N° 7593 que regula lo referente a la solicitud de fijación o cambios de tarifas y precios, permitiendo el legislador que “los prestadores de servicios públicos, las organizaciones de consumidores legalmente constituidas y los entes y órganos públicos con atribución legal para ello, podrán presentar solicitudes de fijación o cambios de tarifas.”.
Se deja en evidencia, con lo desarrollado en los párrafos anteriores que la Autoridad Reguladora no puede establecer nuevas rutas de cabotaje en el tanto en que esto corresponde a una competencia propia del MOPT, y tampoco puede establecer las tarifas para una ruta inexistente o que no tenga previamente permiso o concesión por parte del ente concedente.
Cabe reiterar que en el presente asunto, desde la perspectiva de las competencias de la Aresep, para la ruta solicitada por el recurrente no es posible fijar las tarifas correspondientes precisamente porque se le ha comunicado a esta Autoridad Reguladora, que el MOPT por medio de la División Marítimo Portuaria haya autorizado la creación de esa ruta ni otorgado el título habilitante, motivo por el cual el poder-deber de fijar tarifas y velar por la calidad y continuidad en los servicios públicos a cargo de la Aresep, según su ley constitutiva y leyes especiales, solo es aplicable a partir de la existencia de un título que habilite al particular a convertirse en permisionario o concesionario, con un esquema operativa previamente establecido que beneficie a los usuarios bajo un criterio del servicio al costo.
De forma general, y de acuerdo con los registros de la Aresep, en la zona relacionada a este recurso, únicamente existen dos rutas de cabotaje menor autorizadas por el MOPT: Puntarenas – Isla Chira e Isla Chira – Costa de Pájaros, cuyas tarifas vigentes fueron establecidas en las resoluciones RRG-8852-2008 y RRG-7789-2008, respectivamente. El detalle tarifario de estas rutas es el siguiente:
Lancha Puntarenas-Isla Chira Operador actual: sin operador autorizado por el MOPT Tipo Adultos 3800 colones Tipo Menores 350 colones Resolución N° RRG8852-2008.
Fecha de publicación Gaceta 23-oct-08 Fuente. Expediente estudio tarifario ET-079-2008 (Folios 366 a 378) Lancha Isla Chira-Costa de Pájaros Operador actual: sin operador autorizado por el MOPT Tipo adultos 2000 Tipo menores 205 Resolución N° RRG-7789-2008. Fecha de publicación Gaceta 5-feb-08 Fuente. Expediente estudio tarifario ET-125-2007 (Folios 87 a 93) A mayor abundamiento, es preciso señalar lo indicado por la División Marítimo-Portuaria del MOPT, en el oficio DVMP-DNS-2023-15 del 16 de enero de 2023 (se adjunta como prueba documental) en cuanto a la ausencia de un prestador autorizado para ese servicio, lo anterior en los siguientes términos:
“(…) Con respecto a las rutas de cabotaje menor entre Golfito-Puerto Jiménez y viceversa, Puntarenas-Isla Chira y viceversa e Isla Chira- Costa de Pájaros y viceversa, actualmente no cuentan con un operador autorizado por este Ministerio y, además, no existe en estos momentos ninguna solicitud de permiso pendiente de resolver por esta Dirección para dichas rutas. (…)” (Lo resaltado no es del original.)
Además se reitera que según nuestros registros no existe transporte marítimo por servicio público autorizado actualmente por el MOPT entre Puntarenas e Isla Caballo con conexiones a Isla Venado e Isla Chira, por lo que se insiste que el recurso de amparo interpuesto no debe alcanzar una condenatoria para la Autoridad Reguladora, pues el resorte de otorgar permisos o concesiones resulta ser del MOPT por medio de la Dirección MarítimoPortuaria, tal y como se adelantó en la contestación del hecho quinto de este informe.
A modo de corolario, se insiste, la Autoridad Reguladora no tiene la competencia de crear rutas de cabotaje ni brindar los permisos de operación, toda vez que ello es competencia exclusiva del MOPT. Además, la Aresep no puede fijar tarifas a una ruta que actualmente no existe o que no tiene un permisionario o concesionario, título que otorga el ente concedente, incluyendo todo un esquema operativo que debe incorporar, horarios, frecuencias, itinerarios, y condiciones. Mientras esto no suceda, la Aresep no puede por ningún motivo establecer tarifas o vigilar la calidad del servicio pues no es posible activar bajo este escenario su poder-deber.
En los términos indicados se solicita respetuosamente que se declare sin lugar el presente amparo constitucional en lo que respecta a esta Autoridad Reguladora.
B.- Sobre las Competencias de Aresep y Sutel, en materia de telecomunicaciones.
Sutel como órgano de desconcentración máxima.
Tal y como se indicó en líneas precedentes, la Sutel, es un órgano desconcentrado en grado máximo de la Aresep cuyas competencias exclusivas fueron dadas por ley, de modo que está vedado para la Aresep entrar a conocer la materia pura de telecomunicaciones toda vez que, se insiste fue el propio legislador quien decidió otorgar esa competencia de manera exclusiva y excluyente a Sutel.
Así, la desconcentración máxima de la Sutel, respecto a la Aresep se circunscribe a las siguientes funciones:
a-Regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones; b-Administrar el fondo nacional de telecomunicaciones; c-Contractuales; d-Administrar sus recursos y su presupuesto; e-Suscribir los contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
La personalidad instrumental dada a un ente desconcentrado, en este caso a la Sutel, tiene como finalidad principal, dotarle de eficiencia y adaptabilidad a ese órgano en el ejercicio de las potestades específicas que le han sido asignadas, las cuales deben ir de la mano con el presupuesto que le ha sido asignado.
Sobre la base de las consideraciones antes dichas, se pretende dejar debidamente establecidos los alcances de lo que entiende esta representación, es la desconcentración máxima que opera a favor de la Sutel, y la competencias otorgadas a la Aresep por la Ley N° 7593, en relación a conductas administrativas propias de la Sutel. Realizada la aclaración anterior, debe indicarse que el artículo 83 de la Ley de la General de la Administración Pública, N° 6227 (LGAP), regula el instituto jurídico de la desconcentración máxima.
En lo que interesa, dicha norma, establece:
“Artículo 83:
1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste y al superior jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley o por reglamento.
2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda:
3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté substraído además, a órdenes, instrucciones o circulares del superior.
4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior hará presumir la potestad de avocar la misma y a la inversa.” Por su parte, en los artículos 99 y 100 de la LGAP, que complementan el 83 de cita, se regula del siguiente modo, la relación de dirección que ejerce el ente central sobre el órgano desconcentrado, en lo que concierne a las competencias no desconcentradas.
Disponen, esas normas:
“Artículo 99: 1. Habrá relación de dirección cuando dos órganos de administración activa tengan diversa competencia por razón de la materia y uno de ellos pueda ordenar la actividad, pero no los actos, del otro, imponiéndole las metas de la misma y los tipos de medios que habrá de emplear para realizarlas, dentro de una relación de confianza incompatible con órdenes, instrucciones o circulares.
2. La jerarquía implicará la potestad de dirección, pero no a la inversa.” “ Artículo 100:
1. Cuando un órgano tenga potestad de dirección sobre otro podrá impartirle directrices, vigilar su cumplimiento y sancionar con la remoción al titular que falte a las mismas en forma reiterada y grave, sin justificar la inobservancia.
2. El órgano director no tendrá como tal potestad jerárquica sobre el dirigido, y éste tendrá en todo caso discrecionalidad para aplicar las directrices de acuerdo con las circunstancias.
3. El órgano director tendrá también potestad para coordinar al dirigido con otros, siempre dentro de los límites antes indicados.” Con fundamento en los artículos 83, 99 y 100 de la LGAP, antes transcritos, podemos afirmar que estamos en presencia de la desconcentración máxima de competencias (caso de la Sutel), cuando sobre éstas, el órgano central (Aresep), no pueda legítimamente, respecto del órgano desconcentrado:
a.- avocar sus competencias, b.- revisar su conducta, c.- sustituir su conducta, d- girarle órdenes, e- girarle circulares o, f- darle instrucciones.
La Procuraduría General de la República ha analizado el instituto de la desconcentración administrativa de manera amplia, de modo que en al menos dos de esos pronunciamientos leemos lo siguiente:
“La desconcentración implica una distribución o transferencia de competencias dentro de una misma persona jurídica, por la cual el órgano inferior recibe una competencia de decisión, en forma exclusiva y definitiva, sobre determinada materia, para que la ejerza como propia, en nombre suyo y bajo su propia responsabilidad (remito, entre otros, al dictamen C-033-2002 de 28 de enero del 2002); transferencia que en todo caso se produce dentro de una misma estructura organizativa, y por ende, no existe creación de una nueva persona jurídica” (Opinión Jurídica O.J. 006-2002.); (El énfasis es suplido) “En este orden de ideas, hemos llegado a afirmar que ‘desconcentrar es especializar funcionalmente determinados órganos, sin que se desliguen orgánicamente tales competencias de la estructura originaria’ (Dictámenes C-159-96 de 25 de septiembre de 1996 y C-010-99 de 12 de enero de 1999; en sentido similar el dictamen C-004-93 de 4 de enero de 1993). Y la propia doctrina señala por ello que ‘... la desconcentración puede caracterizarse como la transferencia interorgánica en sentido descendente de la titularidad y el ejercicio de las competencias administrativas’ (LAVILLA, J.J. "Enciclopedia Jurídica Básica", Tomo II, Editorial Civitas, Madrid, 1995, p. 2429); o bien que ella ‘comporta el trasvase de las competencias a favor de órganos inferiores de una misma organización personificada’ (PARADA, R. "Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común", Marcial Pons, 1999, p. 108). Empero, el órgano desconcentrado continúa siendo parte de la organización central originaria (Véanse al respecto, el dictamen C-109-99 de 1º de junio de 1999, así como el C042-2001 de 20 de febrero del 2001) (…)” (OJ-125-2008 del 14-11 2008).
Competencia de Sutel en materia de telecomunicaciones y administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.
De acuerdo con la legislación vigente, es claro que la Sutel es un órgano de la Aresep, así lo establecen tanto los artículos 45 y 59, párrafo segundo de la Ley N° 7593 y sus reformas, así como el artículo 6°, inciso 27 de la Ley General de Telecomunicaciones, N° 8642.
Dicen esas normas señaladas, en lo conducente:
“Artículo 45.- Órganos de la Autoridad Reguladora La Autoridad Reguladora tendrá los siguientes órganos:
(…) c) Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) (…)” “Artículo 59.- Superintendencia de Telecomunicaciones (…)
La Sutel es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos… (…)” Ley 8642 “Artículo 6.- Definiciones Para los efectos de esta Ley se define lo siguiente:
(…)
(…)” (Resaltado no corresponde al original) Como se indicó supra, la personalidad jurídica instrumental que ostenta la Sutel, le confiere autonomía para realizar los actos y contratos, expresamente señalados por la ley (entiéndase Ley N° 7593 y la Ley N° 8642); necesarios para el ejercicio de sus competencias y el logro de sus fines, por lo que, la personalidad jurídica instrumental le confiere a un órgano desconcentrado, la potestad de realizar ciertos actos jurídicos, conducentes al cumplimiento del fin o de los fines públicos expresamente indicados en la ley. En ese sentido, esa desconcentración no es ilimitada, sino que, tiene sus fronteras en la ley misma.
Para reforzar lo dicho en este punto, remitimos respetuosamente, al dictamen C-126-2010 del 17 de junio de 2010 de la Procuraduría General de la República, que en lo que nos interesa concluye:
“(…)
Continúa indicando el citado dictamen:
“(…)
4)Se sigue de lo anterior que corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones la aplicación del ordenamiento de las telecomunicaciones, lo que conlleva, al menos, el ejercicio de la supervisión, vigilancia en el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas que lo integran y en su caso, la potestad sancionatoria sobre los agentes del mercado de telecomunicaciones, así como la imposición de obligaciones a los operadores de redes y proveedores de servicios y la protección de los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones . Competencias que debe ejercer dentro del marco jurídico y de los planes y políticas que regulan y orientan el sector.” (El énfasis es suplido) En los términos indicados, es más que evidente que la Sutel en su condición de órgano desconcentrado es quien ostenta las competencias para regular el servicio público de las telecomunicaciones, entre las que se incluye el servicio de internet, sobre el que gira el presente asunto.
Adicionalmente, no puede dejar de indicarse que la administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones es un asunto que también se escapa del ámbito competencial de la Aresep, tal y como se dispone en el numeral 59 de la Ley N° 7593 en capítulo adicionado con la entrada en vigor de la Ley N°8660 del 8 de agosto de 2008 y que establece lo siguiente:
“Artículo 59.- Superintendencia de Telecomunicaciones (…)
La Sutel es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; tendrá personalidad jurídica instrumental propia, para administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, realizar la actividad contractual, administrar sus recursos y su presupuesto, así como para suscribir los contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
(…).” (Resaltado no corresponde al original) En concordancia con la norma supra citada, el artículo 60 inciso b) de la Ley N° 7593, establece:
“Articulo 60.- Obligaciones fundamentales de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) Son obligaciones fundamentales de la Sutel:
(…)
En este sentido, en el escrito de amparo que sustenta este asunto, quien recurre manifiesta en el punto 2, lo siguiente en cuanto a los servicios públicos relacionados a Sutel:
“-Internet y especialmente de internet solidario de la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones de comunidades conectadas, indican no disponer de una adecuada conexión a internet para tener comunicación básica, acceso a la información, acceso al entretenimiento, acceso a la educación y formación virtual, acceso a poder realizar tareas escolares mediante internet.” Dicho argumento, debe entenderse en relación directa con la pretensión número 4, la cual fue fijada en los siguientes términos:
4. Se ordene a Instituto Costarricense de Electricidad, a la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, al Consejo Presidencial Social, al Instituto Mixto de Ayuda Social, al Ministerio de la Presidencia y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, proveer e instalar internet del programa nacional social o solidario con cargo del Estado Costarricense, para disponer de internet en capacidades y velocidades necesarias para mantener videoconferencias, conexión a plataformas de estudio y toda la capacidad necesaria para conectarse y comunicarse con el exterior.” (Resaltado no es del original) Tal y como se desprende de lo desarrollado en el presente apartado, la regulación de las telecomunicaciones, así como la administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, son materias cuya competencia corresponden a la Sutel, la cual ostenta una condición de órgano con desconcentración máxima de la Aresep, y goza de personalidad jurídica instrumental, en consecuencia de lo anterior, para hacer referencia al hecho segundo y a la pretensión cuarta de este amparo constitucional, se debe requerir el respectivo informe a la Sutel, y no a esta Autoridad Reguladora.
Bajo la lógica anterior, desconoce la Aresep las razones por las cuales no se dio curso a la Sutel en este recurso de amparo, aún y cuando el recurrente de forma expresa dirigió una de sus pretensiones contra dicho órgano desconcentrado, sin embargo, se considera importante el saneamiento del proceso solicitando el respectivo insumo al órgano competente para ello”.
En atención a las consideraciones expuestas, solicita se declare sin lugar el recurso, ya que “…la administración y ejecución del Fondo Nacional de Telecomunicaciones es un asunto que compete única y exclusivamente a Sutel y no a la Aresep, quien por imperio de Ley carece de competencias para tomar cualquier decisión que implique la administración y disposición de dicho Fondo, y por otro lado, que en lo que respecta al tema de Cabotaje el otorgamiento de concesiones de ese servicio es un asunto que atañe de manera exclusiva al MOPT por medio de la División Marítimo Portuaria, se solicita respetuosamente a este máximo tribunal:
1. Se declare sin lugar el recurso de amparo planteado por [Nombre 001] respecto de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, toda vez que no existen omisiones, argumentos de derecho, ni pretensiones achacables al ente regulador, y resolverlo sin especial condenatoria en costas.
2. Que en caso de darse una declaratoria parcial del amparo a favor de la recurrente por las eventuales omisiones que llegue a acreditar esta Sala respecto de los otros co accionados, se exonere a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de toda responsabilidad así como del pago de las eventuales costas procesales.”.
5.- Informa Roberto Quirós Balma, en su condición de Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:
“CONSIDERACIONES PREVIAS El presente recurso se origina en el caso de desarrollo del servicio eléctrico número 2009-13-020, el cuál fue analizado y declarado sin lugar por la Sala Constitucional mediante el recurso de amparo 15-014744-007-CO, interpuesto por el señor [Nombre 013] y otros, donde se estableció que el proyecto de electrificación de Isla Caballo, dependería de los recursos económicos del ICE y otros entes estatales, así como del aporte financiero de diferentes entidades interesadas en el desarrollo de la isla. Además, se determinó que el ICE tiene electrificada la isla mediante la instalación de paneles solares, los que, permiten al menos solventar el servicio básico requerido, a pesar de que la capacidad y potencia es limitada. Los hechos que se desollaran en el actual informe responden a las actuaciones llevadas a cabo por el ICE, posteriores a la resolución del recurso de amparo 15-014744-0007-CO.
HECHOS PRIMERO: Desde el año 2016 el ICE ha realizado el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos de la Isla Caballo, este se ha brindado según reportes recibidos y la disponibilidad de recursos, por ejemplo:
1.- El 28 de junio del 2018 se realiza reporte de mantenimiento de sistema fotovoltaico atendido mediante inspección en Isla Caballo, para el cliente [Nombre 014].
2.- El 29 de junio del 2018 se realiza reporte de mantenimiento de sistema fotovoltaico atendido mediante inspección en La Isla, para la Escuela La Isla.
3.- El 14 de enero del 2019 se realiza reporte de avería de sistema fotovoltaico dañado del cliente [Nombre 014].
4.- El 15 de enero del 2019 se realiza reporte de avería de sistema fotovoltaico dañado del cliente [Nombre 015].
5.- El 23 de enero del 2019 se realiza reporte de avería de sistema fotovoltaico dañado de la cliente [Nombre 016].
Un aspecto importante a considerar con respecto a la atención de averías en paneles solares en Isla Caballo, es que conforme a lo indicado en el contrato para el arrendamiento de paneles solares, el ICE se compromete a realizar mantenimiento y atención de averías, siempre y cuando el cliente cumpla con su obligación de tener al día su facturación, lo que no ha ocurrido, ya que para el año 2018 la morosidad representó un 90% y para el año 2019 se registró un 94%, es decir en el año 2019 únicamente se tuvieron ingresos por un monto de [Valor 002]. Cabe mencionar que muchos de los daños ocasionados a los equipos y que causan las averías y el deterioro de estos, corresponden a una inadecuada manipulación de los equipos por parte de los clientes, donde se ha encontrado conectados equipos que deterioran los componentes de los paneles solares.
SEGUNDO: El día 14 de mayo del 2019, se recibe oficio DREP-SCE05-EPT00017, emitido por la señora Ingrid María Enriquez Obando, directora del Centro Educativo Playa Torres, Isla Caballo y el señor Ángel Antonio Rojas Rojas, presidente de la Junta de Educación Escuela Playa Torres, Isla Caballo, en el cual solicitan revisión y reparación de sistemas fotovoltaicos brindados por el Instituto Costarricense de Electricidad en dicho Centro Educativo.
TERCERO: Mediante oficio 1200-054-2019, con fecha 23 de mayo del 2019, se informa al departamento de Control de Gestión Administrativa de la Defensoría de los Habitantes, que nuestra Institución programa dos giras al año para brindar mantenimiento correctivo y preventivo a los paneles solares de Isla Caballo y demás islas, aclarando que dichas giras se pueden ver afectadas o limitadas en ocasiones, debido al acceso por mareas, condiciones de tiempo y además se organizan para optimizar los recursos materiales, humanos y financieros, ya que las mismas generan altos costos en que debe incurrir la institución.
CUARTO: El 04 de febrero del 2020, se recibe nuevo oficio DREP-SCE05-EPT-001-2020, emitido por la señora Ingrid María Enriquez Obando, directora del Centro Educativo Playa Torres, Isla Caballo, en el cual solicita mantenimiento, traslado y solicitud de nuevos paneles solares para el nuevo Centro Educativo y casa de maestro.
QUINTO: Mediante oficio 1200-045-2020, con fecha 02 de marzo del 2020, se le brinda respuesta a la señora Ingrid María Enriquez Obando, directora del Centro Educativo Playa Torres, Isla Caballo, en atención al oficio DREP-SCE05-EPT-001-2020, informándole que luego de la inspección realizada en el sitio, y una vez tengan definido los requerimientos, es necesario que nos envíen oficio firmado por el presidente de la Junta de Educación, donde indique la ubicación de los equipos y elementos en las nuevas instalaciones, además se le solicita que el panel a nombre de la señora Cindy Otarola Campos, se traslade a nombre de la Junta de Educación de la Escuela.
SEXTO: El día 10 de enero del 2024, se realiza por parte del Coordinador del Área Desarrollo Barranca una actualización aproximada de los costos para electrificación de Isla Caballo, estableciendo tres posibles opciones:
1.- Pasar de Isla Venado a Isla Bejuco en forma submarina (1.850km), el costo solo del conductor submarino 1/0 Cu es de ¢150.000/m, lo que nos da ¢277.500.000,00 + Mano de Obra, estudio de barimetría (perfil del lecho marino), que nos podrían generar un mayor costo de imprevistos, luego extensión de 2.050km aéreo monofásico solo con conductor AAAC 1/0, se estima en ¢45.050.800,00, luego otro vano de cable submarino de 950m para un costo de ¢142.500.000,00 + (M.O, E.B, Imprevistos) y 4.180km de línea primaria monofásica sola y 2.590km de primario con secundario para un costo de ¢91.859.680 + 118.001.436 = para un total aproximado de ¢674.911.916,00 + transformadores y (M.O, E.B, Imprevistos) redondeamos a $1 400 000 (Un millón cuatrocientos mil dólares).
2.- Extensión directa desde Isla Venado a Isla Caballo proyección de 3.8km en cable submarino 1/0 para un costo de ¢570.000,00 + (M.O, E.B, Imprevistos) y luego la red aérea antes descrita de 4.180km de línea primaria monofásica sola y 2.590km de primario con secundario para un costo de ¢91.859.680 + 118.001.436, lo que nos da un total de ¢779.861.116,00 + transformadores y (M.O, E.B, Imprevistos) redondeamos a $1 600 000 (Un millón seiscientos mil dólares).
3.- Alimentación con ruta directa desde el continente, con instalación aproximada de: 4,5Kms. de cable submarino del sector de Playa Naranjo hasta Isla Caballo para un costo de ¢675.000.000 y la distribución en la isla antes mencionada 4.180km de línea primaria monofásica sola y 2.590km de primario con secundario para un costo de ¢91.859.680 + 118.001.436, lo que nos da un total de ¢884.861.116,00 + transformadores y (M.O, E.B, Imprevistos) redondeamos a $1 850 000 (Un millón ochocientos mil dólares).
Debido al alto costo de cualquiera de las tres opciones indicadas para llevar la electrificación a Isla Caballo, la obra no se encuentra en los planes de inversión a corto ni mediano plazo de este Instituto, además para poder realizar un diseño considerando el costo total de la obra eléctrica se requeriría la declaratoria de las calles públicas en el sitio que nos permitan definir la ubicación de la obra eléctrica.
SÉTIMO: Conforme al listado de facturación de pendientes emitido por la Agencia de Puntarenas el día 10/01/2024, actualmente existen 116 servicios de paneles solares instalados en la Isla Caballo, cuyos clientes en su mayoría presentan morosidad en el pago de hasta por 10 meses, siendo el costo por el alquiler mensual del equipo de mil y a pesar de lo anterior el ICE sigue conforme a los cronogramas de atención brindado el servicio de mantenimiento.
ANÁLISIS DEL CASO A la luz de los hechos supra mencionados se determina que el ICE brinda el servicio de electricidad a la totalidad de Isla Caballo en Puntarenas, mediante un sistema fotovoltaico, que permite solventar el servicio básico requerido, a pesar de que la capacidad y potencia es limitada. Además, ha brindado el mantenimiento del sistema, a pesar de que presenta una condición prácticamente ruinosa para la institución, ya que la morosidad en la zona es extremadamente alta y las averías son constantes y producidas por los mismos clientes.
En cuanto a la colocación de un sistema de distribución eléctrica mediante un cable submarino, se determina que cualquiera de las opciones para su instalación es altamente costoso, por lo que no puede ser considerado para una inversión a corto ni mediano plazo, ya que se afectaría gran cantidad de proyectos en otras áreas con mayor incidencia, violentando derechos fundamentales de otras personas debido a un trato desigualitario.
A la luz de lo anterior y con fundamento en los estudios técnicos, se establece que la solicitud de ampliación de red de distribución eléctrica del expediente administrativo 2009-13-020, se encuentra fuera de los alcances presupuestarios y técnicos del ICE a corto o mediano plazo”.
En atención a las consideraciones expuestas, solicita se declare sin lugar el recurso, “… toda vez que mi representada no ha lesionado derecho constitucional alguno de los recurrentes, ya que los mismos cuenta con el servicio eléctrico correspondiente y se le ha brindado mantenimiento a este”.
6.- Informa Luis Diego Abarca Fernández, en su condición de Gerente de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:
“II. Apertura del mercado de internet: De previo a referirme a lo indicado por el recurrente, considero importante indicar, que conforme al Transitorio II de la Ley General de Telecomunicaciones 8642 (LGT), mismo que establece que a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, los operadores y proveedores podrán competir efectivamente, entre otros, para suministrar directamente al cliente el servicio de Internet, la prestación de dicho servicio no es exclusiva del ICE, sino que por el contrario, el cliente puede seleccionar a otros operadores, en caso que considere que la oferta de este Instituto no satisface sus intereses.
No obstante, el ICE realiza todas las acciones necesarias que están a su alcance para poder satisfacer los requerimientos de los interesados, pero lamentablemente, por diferentes circunstancias, y aun cuando se hace el mejor esfuerzo, no se logra prestar dicho servicio en algunas zonas del país o su prestación se limita a ciertas velocidades.
En ese mismo orden de ideas, veamos lo que ha indicado esa Sala Constitucional en punto a este tema: (Res. 2017001636, 09:24 del 3 de febrero de dos mil diecisiete).
“IV- En cuanto al servicio de internet, es preciso señalar lo que este Tribunal ha indicado en otras ocasiones:
“(…) IV. Sobre el fondo.- (…) Ahora bien, a diferencia de lo indicado con el servicio público de electricidad, en este caso nos encontramos con un servicio público abierto a la competencia, es decir, a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones No.8642 del 4 de junio del 2008, todos los operadores y proveedores de telecomunicaciones tienen la posibilidad de competir para suministrar directamente al cliente, los servicios de telecomunicaciones de redes privadas, Internet y servicios inalámbricos móviles, así como todos los nuevos servicios que surjan, en virtud de los adelantos tecnológicos. Así que el ICE no es el único ente que lo brinda. Por lo tanto, además de la imposibilidad técnica que aduce el ICE en este caso, lo cual evidencia que la denegatoria no ha sido arbitraria, nos encontramos con otros posibles operadores a los cuales el recurrente ha podido acudir a solicitar el servicio público de internet. (…) Lo anterior, sin perjuicio del derecho del recurrente de acudir a solicitar el servicio de internet a otros operadores, o bien, de acudir a la SUTEL si considera que en su caso procede la aplicación de Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), que tiene como propósito llevar telefonía e internet a zonas y comunidades donde aún no hay servicio, promoviendo acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642” (ver sentencia N° 2016-014512 de las 9:05 horas del 7 de octubre de 2016). (El destacado no es del original) (El destacado no es del original) Como se desprende de lo anterior, en la actualidad el ICE no es el único responsable de proveer el servicio de internet, por lo que, cualquier otro operador con presencia en la zona, podría prestar los servicios requeridos, o en su defecto, los interesados como bien lo indica esa Sala Constitucional, podrían acudir a la SUTEL si considera que en su caso procede la aplicación de Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), que tiene como propósito llevar telefonía e internet a zonas y comunidades donde aún no hay servicio, promoviendo acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones 8642.
III.- Servicios del recurrente: Según los sistemas corporativos del ICE, el señor [Nombre 001], cédula de identidad número [Valor 001], no tiene registrados con el ICE, planes de telefonía fija a su nombre. No obstante, si registra un servicio móvil; con un plan kölbi datos 12 GB 12 M con el número 86861505, el cual, se encuentra y un chip prepago 2018, con el número 89411352, así como uno con, un plan 4G K1 12 M, los cuales, se encuentran activos y funcionando normalmente.
Con respecto al resto de personas que se indican en el escrito de interposición, debo mencionar, que no registran servicios móviles ni fijos activos con el ICE, aclarando, además, que los números telefónicos 86275266 y 87152042 que se indican en el escrito de interposición no cuentan con registros asociados con el ICE.
Importante mencionar, que la localidad de Isla Caballo del Cantón de Puntarenas, en un inicio, se encontraba dentro del alcance de la contratación 001-2017 del Programa Comunidades Conectadas (Fonatel); mismo que fue adjudicada al ICE, sin embargo, por razones de imposibilidad debidamente demostrada al Fideicomiso, (no era factible implementar la obra civil y electromecánica y falta de servicios entre otros) esa localidad fue excluida del contrato mencionado.
La condición anterior, fue reportada a la Administración del Fideicomiso en mayo de 2020, con oficio 9010-491-2020, con solicitud formal de reconocimiento de la eximente de responsabilidad por el caso fortuito mencionado, oficio que fue respondido con el documento UGEY-231-23, del 10 de marzo 2023, y en el que se indicaba que se aceptó el eximente de responsabilidad, para lo cual, se suscribió la Adenda 1 con la que se formaliza la modificación al alcance del contrato 001-2017.
Por las razones anteriores, en este momento el ICE no tiene programada obra alguna para la provisión del servicio en esa zona, más sin embargo, la comunidad podría solicitar a la SUTEL-FONATEL, la realización de una posible solución al problema”.
En atención a las consideraciones expuestas, solicita se declare sin lugar el recurso, “…toda vez que mi representado no ha lesionado derecho fundamental alguno de los recurrentes, por el contrario, de la información antes mencionada se puede desprender que, el ICE actuó y actúa diligentemente para la atención de las gestiones presentadas por sus clientes o posible clientes”.
7.- Informan Mario Alberto Urcuyo Solórzano, en condición de Viceministro de Salud y Éric Javier Brenes Gómez, en condición de Director a.i. del Área Rectora de Salud Peninsular, ambos del Ministerio de Salud, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:
“INFORME DE LEY Según consta en los registros del Área Rectora de Salud Peninsular, la problemática de suministro de agua potable, para los habitantes de Isla Caballo, data del año 2015. Donde a partir de esa fecha, esta dependencia ha sido protagonista en reuniones, sesiones de trabajo, capacitaciones y seguimiento a los diferentes acuerdos que han resultado de lo anteriormente expuesto, participando con otros actores como Municipalidad de Puntarenas, Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E.), Superintendencia de Comunicaciones, Fondo Nacional de Telecomunicaciones, Consejo Presidencial Social, Instituyo Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de la Presidencia y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP).
Esta Área Rectora de Salud, participó en conjunto con autoridades nacionales (Defensora de los Habitantes, Representante de DINADECO, INCOPESCA, U.N.A.), en una actividad del Programa Interdisciplinario Costero, el día 03 de octubre de 2019, para abordar diversas problemáticas de los habitantes de la Isla Caballo.
En seguimiento a los acuerdos de dicho encuentro interinstitucional, se solicitó información al Concejo Municipal de Lepanto respecto a un posible proyecto del AyA que pretendía llevar agua de la ASADA de Lepanto a Isla Caballo. El insumo aportado por la representación del AyA, en octubre de 2019, fue remitida vía electrónico a la encargada del Programa Interdisciplinario Costero de Universidad Nacional, en fecha 28 de noviembre de 2019.
Mediante correo electrónico de 31 de marzo de 2020, en seguimiento a los acuerdos del Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional, la encargada del programa, Sra. Silvia Rojas Herrera, planteó su preocupación por la vulnerabilidad de los habitantes de la Isla Caballo, en relación con la falta de agua de forma continua para sus habitantes. Dicha inquietud se trató el 01 de abril de 2020, en conjunto con el vicepresidente de la República de aquél momento, Sr. Marvin Rodríguez, quien abordaría este tema con el nuevo alcalde de Puntarenas, quien iniciaría funciones el 01 de mayo 2020. Asimismo, informa la Sra. Rojas que los Ingenieros Fernando Araya y Jorge Fallas, ambos funcionarios del AyA, han mostrado su preocupación, ya que el atraso, indican que, ha sido principalmente la falta de demarcación de las calles públicas y alineamiento de viviendas para diseñar el sitio de paso de las tuberías del posible proyecto de acueducto.
En las siguientes reuniones virtuales de los días miércoles, para la atención de la pandemia, en coordinación con el vicepresidente de la república, se insistió en el asunto y se plantearon propuestas con la instalación de tanques de almacenamiento para entregar agua en mayor cantidad, ya que sólo se entregaba una pichinga por familia, dos veces por semana. Sin embargo, el AyA, a través de la señora Ana Méndez Montero, como ejecutivo especialista en fortalecimiento de ASADAS, respondió que no es posible instalar tanques en la Isla Caballo, porque no existe un atracadero para barco grande, y se debería construir la infraestructura para colocar dichos tanques de almacenamiento.
Que en los informes mensuales que este servidor ha entregado a la Comisión Nacional de Emergencias a través de las intendencias municipales de Lepanto, Paquera y Cóbano. El tema de la carencia de agua para la Isla Caballo sigue pendiente, tal y como se puede apreciar en copia de los informes de situación remitidos por correo electrónico en fecha 26 de junio de 2020 y 05 de octubre de 2020 (visible a folio de prueba, N°14, 16, 23, 24, 26, 28 y 36).
Mediante correo electrónico de fecha 04 de octubre de 2021, el suscrito Dr. Juan Gabriel Ledezma Acevedo, solicitó apoyo para atender las necesidades de la población de Isla Caballo en el contexto de la pandemia por Covid-19. Indicando a las autoridades municipales, funcionarios del AyA de ORAC en Puntarenas y hasta a Vicepresidencia de la República. Asimismo, de manera insistente se ha solicitado ayuda al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para abastecer comunidades sin agua.
Según correo electrónico de fecha 08 de mayo de 2023, dirigido a la Presidencia Ejecutiva del AyA, se le recordó los puntos tratados en la reunión citada anteriormente, sobre Isla Caballo, obteniendo como respuesta de la Sra. Adriana Cordero, Asesora de la Presidencia Ejecutiva del AyA, “Isla Caballo es un caso más complejo, ya que la institución cuenta con un proyecto y tiene la disponibilidad para ejecutarlo, sin embargo es inviable legalmente debido a que la zona no cuenta con Plan Regulador y por tanto no puede ponerse una fuente pública que es lo que se requiere. Para este caso podemos revisar un poco más en profundidad en conjunto con la Municipalidad, para tratar de encontrar una solución que sea factible para ambas partes y beneficie a la población establecida en la zona...”.
En seguimiento e insistentemente en fecha 06 octubre de 2023, el suscrito de nuevo les recordó mediante correo electrónico a funcionarios de AyA de ORAC Puntarenas, y en respuesta a solicitud de vicealcaldesa municipal se informó lo siguiente:
“…Adjunto correo de seguimiento a los puntos tratados en Oficinas Centrales de Presidencia Ejecutiva de A y A, con asesora del señor Presidente Ejecutivo Alejandro Guillén.
Para efectos de retomar este caso de Isla Caballo, ya que se quedó en el papel.
Y el presidente de la República ofreció apoyar a los habitantes de la isla Caballo con esta gestión en las reuniones del 26 de setiembre en Isla Venado la semana pasada el 28 de setiembre.
Quedo a las órdenes…”.
Con respecto al saneamiento ambiental, el uso de tanques sépticos en las viviendas de los pobladores de Isla Caballo, está acorde a la legislación sanitaria vigente, en lo referente a las dimensiones y materiales permitidas, y otras formas de tratamiento de aguas residuales en Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales N°39887-S-MINAE. De manera tal que no existe prohibición alguna para el uso de tanques sépticos, los cuales son el 95% de las soluciones existentes en La Península para el tratamiento de aguas residuales de las viviendas.
En lo que respecta a la recolección de residuos sólidos, es obligación municipal, la recolección de los residuos en todas las comunidades, mediante un servicio eficiente, como ya lo ha dispuesto la Sala Constitucional en sentencias previas para los habitantes de Islas vecinas como Isla Chira e Isla Venado.
Es por lo anteriormente expresado señores Magistrados, que esta representación de Salud considera que no ha sido omisa en su actuar y se ha demostrado que esta autoridad administrativa le ha dado el seguimiento oportuno al problema que aquejan los recurrentes en cuanto a la problemática existente en la isla, como consta en el expediente administrativo que resguarda esta Área Rectora de Salud Peninsular, por lo que al momento de la recepción del presente recurso de amparo, se estima que se han abordado las recomendaciones emitidas por la Honorable Sala Constitucional en cuanto a las labores oportunas de este Ministerio de Salud. Así las cosas, se desprende con total claridad que de manera efectiva y eficiente esta Área Rectora de Salud no ha violentado ningún derecho fundamental de los amparados, y en cuanto a las actuaciones realizadas, las mismas se han venido dando en apego al principio de legalidad instituido en el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y dentro del marco que por regulación técnica y legal procede.
CONCLUSIONES La Ley General de Salud, en sus numerales 1, 2, 3, 4, 7 dispone, entre otras cosas, que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, que es función esencial del Estado velar por la salud de la población y corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud. Dicha base normativa, establece que todo habitante tiene derecho a las prestaciones de salud, en la forma que las leyes y reglamentos especiales determinen y el deber de proveer a la conservación de su salud y de concurrir al mantenimiento de la de su familia y la de la comunidad. Asimismo, toda persona, natural o jurídica, queda sujeta a los mandatos de la Ley General de Salud, de sus reglamentos y de las órdenes generales y particulares, ordinarias y de emergencia, que las autoridades de salud dicten en el ejercicio de sus competencias orgánicas y tiene derecho a ser informada debidamente por el funcionario competente sobre las normas obligatorias vigentes en materias de salud.
Es importante recordar que, la Ley N°5395 (Ley General de Salud) y demás leyes, reglamentos y disposiciones administrativas relativas a la salud, son de orden público y en caso de conflicto prevalecen sobre cualesquiera otras disposiciones de igual validez formal, sin perjuicio de las atribuciones que la ley confiere a las instituciones autónomas del sector salud. Así las cosas, de conformidad con el expediente administrativo de marras, en cumplimiento con lo establecido en los artículos; 11, 21, 50 y 129 de nuestra Constitución Política y a las atribuciones conferidas por la Ley General de Salud, Ley N°5395 en sus artículos 1, 2, 4, 7, 338, 340, 341, 349, 355, 357 y subsiguientes, se ha procedido de forma oportuna y diligente, dentro del marco del principio de legalidad, gestionando lo pertinente en el caso particular, con el objetivo de proteger la salud pública.
Debemos resaltar lo dispuesto en los numerales 338, 340, 341, 349, 355 y 357 de la Ley General de Salud, los cuales consignan lo siguiente:
“(…) Artículo 338.- Para todos los efectos de la aplicación de esta ley y de otras leyes pertinentes a salud o sanitarias y sus reglamentos, se considerarán autoridades de salud: el Ministro de Salubridad Pública y los funcionarios de su dependencia en posiciones de Dirección General, de Dirección o Jefatura de Divisiones o Departamentos Médicos o Técnicos de Salud o de área geográfica de salud, así como aquellos que por leyes especiales tengan tal calidad y atribuciones…
Artículo 340.- Las autoridades y salud dentro de las atribuciones que les confiere esta ley y su reglamentación y de acuerdo con la competencia y jurisdicción que les asigne el reglamento orgánico del Ministerio podrán dictar resoluciones ordenando medidas de carácter general o particular, según corresponda, para la mejor aplicación y cumplimiento.
Artículo 341.- Podrán, asimismo, dentro de las atribuciones y jurisdicciones mencionadas, ordenar y tomar las medidas especiales que habilita esta ley para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares…
Artículo 349.- Tendrán carácter de autoridad de salud los funcionarios del Ministerio que desempeñen cargos de inspección que hayan sido especialmente comisionados para la comprobación de infracciones a esta ley o a sus reglamentos, tendrán fe pública en cuanto a las denuncias que se formulen contra personas físicas o jurídicas por hechos o actos que involucren infracción a tales disposiciones o que constituyen delito…
Artículo 355.- Teniendo en vista una efectiva protección de la salud de la población y los individuos, las autoridades de salud competentes podrán decretar por propia autoridad medidas cuya finalidad tiendan a evitar la aparición de peligros y la agravación o difusión del daño, o la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las personas…
Artículo 357.- Las medidas a que se refiere el artículo anterior podrán ser ordenadas directamente por las autoridades de salud o podrán sobrevenir como accesorias de las sanciones que se apliquen por la infracción y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales de los responsables. (…)”.
El Ministerio de Salud, como ente rector en la materia, tiene la potestad legal no sólo de definir la política, la regulación, la planificación y la coordinación de todas las actividades públicas y privadas relacionadas con la salud, sino de fiscalizar, dar seguimiento oportuno, en garantía y protección de la salud de la población y de los ciudadanos.
El derecho fundamental a la salud, su respuesta y práctica efectiva es un tema que la Honorable Sala Constitucional ha tratado en forma amplia y abundante. Así en la Resolución Nº 007634 del 06 de mayo de 2008, resolvió en lo conducente:
“(…) DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir, negativamente, en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios, sobre todo cuando éstos sufren de padecimientos o presentan un cuadro clínico que demanda prestaciones positivas y efectivas de forma inmediata. (…)”.
De lo hasta aquí expuesto, Señores (as) Magistrados (as), se determina que la actuación de las autoridades del Ministerio de Salud se encuentra en todo conforme al ordenamiento jurídico vigente, no se trasgrede derecho fundamental alguno como lo indica el aquí recurrente. Siendo que, es deber del Ministerio de Salud, velar por los derechos fundamentales a la salud y a la vida, de conformidad con los ordinales 21 y 50 de la Constitución Política, los cuales, son contestes al señalar que “La vida humana es inviolable” y el Estado debe procurar “el mayor bienestar a todos los habitantes del país”, el Poder Ejecutivo está obligado a proteger a la población mediante la adopción de medidas que les defienda de todo riesgo, amenaza o peligro. Como corolario de lo anterior, no se observa, se haya incurrido en una infracción a los derechos fundamentales que reclama la parte recurrente, pues el Ministerio de Salud ha actuado amparado al principio de legalidad y el principio precautorio, de forma razonable y justificada en procura de proteger el derecho fundamental de la salud y la vida, según nuestras competencias, siendo que como se mencionó anteriormente, esta representación no tiene injerencia sobre los otros actores involucrados en la resolución definitiva a la problemática de los servicios no brindados, por las instituciones aquí recurridas.
De conformidad con lo aquí expuesto, consideramos que este Ministerio ha dado el debido trámite y seguimiento, para la atención de lo planteado por el señor [Nombre 012], sin haber violentado derecho alguno al aquí recurrente, ni a sus representados, por parte de esta Cartera Ministerial, de acuerdo a nuestras competencias”.
En atención a las consideraciones expuestas, solicitan se declare sin lugar el recurso, ya que “…hemos brindado el trámite y seguimiento debidos en la atención de lo denunciado por el señor [Nombre 012], según nuestras competencias”.
7.- Informa Andrea Madrigal Zamora, en su condición de Alcaldesa Municipal a.i. del Cantón Central de Puntarenas, en cuanto a las hechos acusados, lo siguiente:
“En el presente recurso de amparo el recurrente presenta peticiones de cumplimiento a varias instituciones públicas entre ellas mi representada la Municipalidad de Puntarenas, la cual versa puntualmente sobre el servicio de agua potable y la recolección y disposición final de residuos sólidos en isla Caballo, a lo que se hará referencia de la siguiente manera; Indica el recurrente que a pesar de que existe un recurso de amparo previo ordenando al ICAA instalar un acueducto en isla Chira, lo que reciben son dos pichingas de veinte litros diarios, las cuales señalan no se cuenta con la higiene pertinente para la manipulación de dichas pichingas y así una serie de inconvenientes para el traslado de dichas pichingas hasta sus viviendas. Se acusa de que el ICAA manifiesta que se va a instalar un acueducto desde Lepanto de Jicaral, empero aún no se ha realizado dicho proyecto.
De lo anterior si bien es cierto por la naturaleza de esta petición le corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el suministro de agua potable a los habitantes de la isla, es menester indicar que por tratarse de un terreno insular, se regula por la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre y en ese sentido la Administración Municipal ha ejercido todas las potestades necesarias para que los pobladores de isla Caballo cuenten con la autorización de uso de suelo para que así el ICAA les suministre el servicio de agua potable, haciendo la salvedad que únicamente los habitantes ubicados en la zona pública, no cuentan con dicha autorización de conformidad con el artículo 20 de la Ley 6043 el cual establece en lo conducente que; "... la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas. Las entidades y autoridades que indica el artículo 18 deberán dictar y hacer cumplir las disposiciones necesarias para garantizar el libre y seguro tránsito de las personas y el uso público de esta zona. ".
Una vez tomado en cuenta lo supra dicho se expone a continuación una serie de acuerdos municipales adoptados en el Concejo Municipal de Puntarenas para efectos de coadyuvar con un proyecto de Ley, como lo expone el oficio MP-SM-AC-0085-03-2023 de fecha 20 de marzo de 2023 de la Secretaría del Concejo Municipal, el cual fue dirigido al señor Alejandro Guillén Guardia en su condición de Presidente del ICAA, poniendo de su conocimiento el acuerdo de la Sesión Ordinaria Número 249 celebrada el 16 de marzo de 2023, Artículo 7, Inciso a), el cual se transcribe en lo conducente; "....Por tanto amparado a las herramientas jurídicas citadas, así como la sentencia de la Sala Constitucional N014533 del 22 de setiembre de 2015 que obliga al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados conjuntamente con la Municipalidad de Puntarenas el abastecimiento de agua potable a los habitantes de isla Caballo. Se recomienda: 1. Avalar el proyecto de ley presentado por ICAA ante la Asamblea Legislativa con el objetivo de crear una ley especial que autorice la aprobación de usos de suelo a los habitantes de isla Caballo con la finalidad de proveer de agua potable a cada habitante de la isla. 2. Informar a las autoridades del ICAA y a la Alcaldía Municipal de Puntarenas. Acuerdo que fuera aprobado con ocho votos... ".
A saber todas las autoridades correspondientes se encuentran debidamente notificadas de dicho acuerdo municipal.
Asimismo y en igual sentido se encuentra el acuerdo de la Sesión Ordinaria Número 270 celebrada el día 15 de junio de 2023, artículo 5, inciso a), del Concejo Municipal de Puntarenas, el cual viene a complementar y brindar la seguridad jurídica requerida para dichos efectos.
En relación a la aseveración del recurrente al indicar que la Municipalidad de Puntarenas, se niega a instalar centros de acopio y recoger los desechos sólidos, esto se niega de manera categórica, mi representada nunca se ha negado a brindar y reconocer la necesidad de un servicio de esa naturaleza, el motivo por el cual mi representada no ha podido de manera efectiva llevar a cabo dichas funciones se debe a restricciones logísticas y presupuestarias que han imposibilitado implementar acciones para un adecuado manejo de los residuos en dicho lugar, siendo la principal limitante la ubicación geográfica, lo cual conlleva a la necesidad de contar con algún tipo de embarcación medio que la municipalidad no cuenta para el debido traslado de la maquinaria y con el personal necesario para su correcta operación. Y es que no se trata de cualquier embarcación, sino que la misma debe contar con una serie de características específicas para asegurar el confinamiento adecuado de los residuos sólidos y la contención de derrames que eventualmente se podrían generar durante el acarreo hacia tierra firme, lo que imposibilita realizar una contratación de este servicio a una empresa privada, puesto que no se tiene conocimiento sobre la existencia de embarcaciones con esas características en la región.
No obstante la Municipalidad de Puntarenas se encuentra en un proceso de planificación y definición de las acciones institucionales que se deben implementar para ampliar la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos a las comunidades y distritos del cantón.
Dentro del planeamiento por parte de la Municipalidad tomando en cuenta las limitaciones logísticas para brindar el servicio en la isla, que fueron indicadas anteriormente, se proyecta iniciar con la aplicación del principio de responsabilidad compartida y participación activa de la población, para educar e instruir a los pobladores a realizar una adecuada gestión integral de sus residuos sólidos y aprovechamiento de los residuos orgánicos por medio de técnicas de compostaje, y la separación y clasificación de los residuos sólidos valorizables.
Y que para efectos de concretar dicha planificación se procederá a acudir a la formulación y aprobación del próximo presupuesto extraordinario para ejecutarlos. De manera que con tales acciones se pretende mitigar a mediano plazo el problema ambiental generado por las erróneas prácticas de los pobladores de la isla.
PETITORIA: Que en razón de las consideraciones de hecho y de derecho indicadas, y en vista de mí representada ha gestionado las acciones correspondientes dentro de sus competencias en relación a la implementación de un acueducto en isla Caballo. Y en relación al servicio de recolección de basura, es un servicio que se encuentra en procedimiento de iniciar con dicho servicio dentro de las posibilidades de la administración, a pesar de no contar con el presupuesto para su concreción, por los argumentos esbozados, solicito a su Autoridad con el debido respeto, declarar sin lugar en todos sus extremos el presente recurso de amparo”.
8.- Informa Miguel Diaz Vega, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:
“1.- Sobre los hechos relatados por la Sala con relación a la Municipalidad de Puntarenas.
Manifiestan no tener agua potable en la Isla, a pesar de que existe una sentencia que ampara el derecho al agua potable, adema s se queja por la no recolección de los desechos sólidos.
• Sobre la Gestión realizada para parte de la Municipalidad Con relación al agua potable se viene coordinando con el AYA desde hace tiempo, se aprobó un acuerdo Municipal en la sesión Ordinaria 249 celebrada el día 16 de marzo 2023 en su artículo (7) inciso (a). Donde se les Avalo un proyecto de Ley presentado por el AYA ante la Asamblea Legislativa con el objetivo de crear una Ley Especial que autorice la aprobación de usos de suelo a los habitantes de la Isla Caballo con la finalidad de proveer de agua Potable a cada habitante de la Isla, adema s se les comunico al Gerencia del AYA.
Luego en la sesión 270 celebrada el 15 de junio del 2023 en su artículo 5 inciso (a) se aprobó el criterio Jurídico del Asesor del Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas , relacionado con una serie de acuerdos que solicitaba el AYA para continuar con las obras de instalación del agua en Caballo.
Sobre los acuerdos aprobados por el concejo en favor del AYA para beneficiar a los pobladores de Isla Caballo, para la instalación del agua. Se aprobó :
(…) 1. Autor Autorización para el uso de la franja de la Zona marítima terrestre ( zona pública y restringida). A partir de la coordenada 393801.45. este y 1103812.07 norte del sistema de coordenadas CRTM05, a lo largo de una longitud de 6.6 KM. ( Para la tubería de conducción y distribución) con un ancho de cinco metros ( dos metros y medio a cada lado de la línea de tubería) A favor del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como las demás obras de infraestructura detalladas en el informe técnico de ingeniería. “Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Isla Caballo” Ing. Tatiana Quirós Barrantes aquí citado, las cuales son requeridas para la construcción del proyecto por un plazo de 25 años prorrogable a un periodo igual.-.
2.- Por parte de la Municipalidad se autoriza conexiones permanentes, conforme lo dispone el artículo 68 inciso (h). Se considera que es la mejor opción y la misma se adapta a lo solicitado por el AYA. Siendo que la aprobación del acuerdo por parte del Concejo viene a sustituir la autorización que exige el AYA.
3.- Aprobación y autorización ( Plazo de 25 años) a la alcaldía para que suscriba el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Puntarenas y el AYA ASADA LEPANTO, donde se detallaran las responsabilidades de las partes.
Sobre este acuerdo es una autorización al señor alcalde a firmar convenio entre la municipalidad de Puntarenas. AYA y la ASADA DE LEPANTO, en este acuerdo se establece responsabilidades entre las partes. Desde ya es importante indicar que la Municipalidad no asume obligaciones ni responsabilidades en el futuro relacionados con el consumo de agua potable, no pagadas por los habitantes de la isla Caballo. Esta cláusula relacionada con obligaciones y responsabilidades es importante se plasme en el convenio a firmar entre las partes.
4.- Aprobación del proyecto de ley( El cual se Adjunta) y se presenta de forma conjunta con el Concejo Municipal Distrito de Lepanto ante la Asamblea Legislativa.
Sobre la aprobación de este acuerdo, reiterar que en la sesión 249 celebrada el día 16 de marzo 2023 articulo (7) inciso (a) fue aprobado y avalado por parte del Concejo municipal, Por lo anterior, se ratifica y se reitera la aprobación del Proyecto de Ley de Ley Especial.
5.- Notifíquese: Alcaldía Municipal- Municipalidad de Puntarenas; Concejo Municipal Distrito de Lepanto- AYA. Seora: María Gabriela Vallejos Astúa- Gerencia general del AYA. (…)
Como puede observarse por parte de la Municipalidad ha colaborado con el AYA para cumplir con el objetivo de hacer llegar el agua potable a la Isla Chira.
• Con relación a la recolección de los desechos sólidos.
Según el informe del Gestor Ambiental: Luis Guillermo Brenes Guadamuz de la Municipalidad de Puntarenas- En lo que interesa dice:
“ Reconoce que la Municipalidad no da el servicio en Isla Caballo, y por parte de este gobierno local nunca ha habido negativa a la instalación de centros de acopio y recolección de residuos sólidos , sino más bien han existido restricciones logísticas y presupuestarias que han imposibilitado implementar acciones para un adecuado manejo de los residuos de ese lugar, siendo la principal limitante la ubicación geográfica, en razón que la comunidad corresponde a un terreno insular, lo cual implica la necesidad de algún tipo de embarcación para comunicarse con la isla, y la Municipalidad nunca ha contado con este tipo de equipo de transporte conforme a la normativa vigente en la materia de igual manera, el hecho de que se deba transportar residuos sólidos vía marítima para poder realizar su disposición final de forma sanitaria en un sitio debidamente autorizado para tal fin, restringe a un más la viabilidad de brindar el servicio de recolección , ya que no sería cualquier embarcación que podría ser utilizada para esta tarea, si no que la misma debería contar con características específicas para asegurar el confinamiento adecuado de los residuos sólidos y la contención de derrames que eventualmente se podría generar durante el acarreo hacia tierra firme, lo imposibilita realizar una contratación de este servicio a una empresa privada, puesto que no se tiene conocimiento sobre la existencia de embarcaciones con esas características en la región. “ (…)
Sigue diciendo con relación a las limitaciones logísticas.
(…) Para brindar el servicio, se proyecta iniciar con la aplicación del principio de responsabilidad compartida de la población, para que sean los mismos habitantes del lugar los que realicen una adecuada gestión integral de sus residuos sólidos, por medio de técnicas compostable y la separación y clasificación de los residuos sólidos valorizables. ( Envases plásticos, vidrio, aluminio, papel y cartón etc. ) Y para realizar este tipo de acciones se requiere de disponibilidad presupuestaria por el cual no se cuenta en el presupuesto ordinario 2024., por lo que sede de recurrir a la formulación y aprobación de presupuesto extraordinaria para ejecutar los proyectos planteados. Concluye diciendo en el mediano plazo, con el apoyo logístico y supervisión de la Municipalidad, se pretende mitigar a mediano plazo el problema ambiental generado por las malas prácticas de los habitantes de la Isla Caballo. (…)
Lo anterior corresponde a la justificación y las razones presupuestarias que impide en el corto plazo asumir este tipo de responsabilidad, no obstante la Municipalidad se mantiene anuente a realizar las acciones necesario en el mediano plazo.
II.- Sobre la prueba 1.- Se aporta los oficios de acuerdos aprobados por el Concejo Municipal con su respectivo nota de envió a la AYA 2.- Se aporta el informe del Gestor Ambiental de la Municipalidad de Puntarenas.
III.- Sobre la pretensión.
Habiendo demostrado por parte de la Municipalidad de Puntarenas las gestiones realizadas mediante acuerdos para poder llevar el agua a Isla Caballo, adema se autorizó suscribir un convenio de cooperación entre la Municipalidad, AYA- y la ASADA de Lepanto por un plazo de 25 años, el objetivo del convenio es, que de forma inmediata el AYA instable el agua en la ISLA, mientras sale la Ley Especial para otorgar los de los usos de suelo en Isla Caballo. También se justifica lo relacionado con los desechos sólidos, y se proyecta en el mediano plazo iniciar las gestiones de recolección de los residuos sólidos. Por lo anterior se pide a la Sala Constitucional, liberar de toda responsabilidad al sr. Miguel Diaz Vega Presidente del Concejo de la Municipalidad de Puntarenas”.
9.- Informa Roosevelt Alvarado Ramírez, en su condición de Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:
“PRIMERO: Con relación a la situación indicada por el recurrente, relacionada con la instalación de un servicio de agua potable por medio de cañería hasta las viviendas y de su petición de repartir agua por medio de camión cisterna dentro de la Isla, se emite informe técnico efectuado por el Ing. José Ricardo Peralta Ballester funcionario de la UEN Administración de Proyectos GSD, N°GSD-UEN-AP-2024-00013 de fecha 09 de enero del 2024, el cual hace referencia a la situación actual de la instalación del acueducto en la Isla Caballo a saber:
La Sala Constitucional, mediante resolución No. 2015014553, del 22 de setiembre del 2015, declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por un vecino de Isla Caballo, y condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y a la Municipalidad de Puntarenas a incluir a la comunidad de Isla Caballo en un proyecto de suministro de agua potable.
El proyecto del acueducto para Isla Caballo está a cargo de la UEN Administración de Proyectos de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados dentro del AyA. Es importante aclarar, que el AyA durante los últimos años mantiene informada a la Sala Constitucional sobre el avance del proyecto, tal como se evidencia en los Anexos donde se adjunta el último informe con fecha del 05 de julio del 2023, remitido por el Presidente Ejecutivo del AyA el Ing. Luis Alejandro Guillén Guardia, bajo el expediente # 15-011802-0007-CO, así como el comprobante del traslado de dicho informe remitido por Presidencia Ejecutiva del AyA.
A continuación, se detalla las acciones principales realizadas por el AyA para cumplir con el mandato de la Sala IV de construir un acueducto para Isla Caballo.
1.- Antecedentes de la Isla Caballo Es importante señalar que casi todos los pobladores que habitan la isla viven principalmente en las zonas aledañas a la playa (zona inalienable), y son muy pocos los que poseen concesiones o permisos sobre estos terrenos de parte de la Municipalidad de Puntarenas, por lo que la mayoría de los pobladores habitan la isla en condición de precario o condición ilegal. Está situación, aunado a que Isla Caballo no posee ningún plan regulador, ni existen caminos o un plan de desarrollo futuro propuesto, ha complicado el avance del proyecto.
Desde el año 2018 se ha tenido comunicación entre la Subgerencia de Sistemas Delegados del AyA con la Municipalidad de Puntarenas, como responsable de la administración de la isla, con el fin de poder construir el acueducto, la definición y ubicación de las obras a construir dentro de la misma. Sin embargo, no se obtuvo apoyo de parte de la Alcaldía de la Municipalidad de Puntarenas durante la administración del periodo 2016-2020 para la ejecución del proyecto. Por lo que, hasta el mes de noviembre del año 2020, se logra coordinar una reunión con el actual Alcalde de Puntarenas el Sr. Wilber Madriz, para tratar los temas referentes al proyecto del acueducto para Isla Caballo; Y desde esta fecha mejoró la coordinación entre la Municipalidad de Puntarenas y el AyA.
No obstante, en informe remitido con oficio MP-AM-OF-2950-06-2021 con fecha del 17 de junio del 2021 la Municipalidad de Puntarenas señala: “Tomando en consideración la topografía, las condiciones de uso y cobertura forestal, existentes en la Isla, la Municipalidad de Puntarenas no ve procedente la elaboración de un Plan Regulador Costero en Isla Caballo”. El AyA siempre ha considerado que la solución integral de los problemas de la Isla es a través de elaboración de un plan Regulador actualizado e integral sin embargo ante la negativa de la Municipalidad se ha definido otra ruta trabajo que implica que para el proyecto del acueducto de la isla se requiera que la Municipalidad de Puntarenas tome una serie de acuerdos para la definición y avance de este.
2. Propuesta de proyecto Acueducto para Isla Caballo y Actividades realizadas por el AyA.
Dado que Isla Caballo carece de fuentes superficiales o subterráneas que se puedan aprovechar para abastecer a los pobladores de la isla, para el proyecto del acueducto se buscó una fuente de abastecimiento fuera de la isla y lo más cercana a ella; por lo que con base en los estudios técnicos realizados se propuso integrar el sistema del acueducto de Isla Caballo al acueducto de Lepanto el cual será administrado por la ASADA de Lepanto.
Una vez determinado lo anterior, para definir la fuente a utilizar para el acueducto se realizó una evaluación en la zona de Lepanto y un estudio hidrogeológico para encontrar la mejor zona para construir el pozo en este sector. Además, se realizaron los trabajos de perforación y la prueba de bombeo del pozo que se utilizará para la isla; con el informe final de la perforación del pozo se define la capacidad de producción del pozo, y de los resultados de las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas realizadas, se verifica que la calidad del agua es de excelente calidad. Por lo que se solicitó la inscripción de dicho pozo ante la Dirección de Agua del MINAE, sin embargo, se está a la espera de la resolución.
Por otro lado, para la tubería de conducción que va desde Lepanto hasta la Isla y que debe cruzar por el mar, se analizó técnicamente posibles puntos para la salida de la tubería hacia la playa en el sector de Lepanto, de donde se definió el punto óptimo desde el punto de vista técnico y ambiental, por lo que se ha coordinado con el Concejo Municipal del Distrito Lepanto al ser el administrador de dicha zona, para obtener los permisos para cruzar a través de la zona marítimo terrestre de Lepanto. Así mismo, se realizó el levantamiento topográfico de la línea de conducción en el sector de Lepanto, y el levantamiento de los senderos existentes en Isla Caballo, por donde se definió se instalará la tubería ante la falta de un plan de desarrollo de caminos en la isla, así como también se definió la ubicación del tanque de almacenamiento a construir en la isla, para lo cual se requiere la autorización de parte de la Municipalidad de Puntarenas, como administrador de la isla para la construcción de todas las obras dentro del Isla, por cuanto estas están en su totalidad dentro de la Zona Marítimo Terrestre.
Así mismo se solicitó ante el SINAC la autorización para la ubicación propuesta de las obras a construir en Isla Caballo, a lo que nos indican que no hay ninguna restricción o limitación para la instalación de la tubería y la construcción del tanque en la isla.
Además, se contrataron estudios de batimetría y de velocidades de corrientes marinas, en la zona donde se ubicará la tubería submarina que va desde la península en el sector de Lepanto hasta Isla Caballo, definiendo la línea del trazado de la tubería submarina.
En lo que respecta al tipo de conexión a instalar para suplir con agua potable a los futuros usuarios del proyecto del acueducto para Isla Caballo, con base al Reglamento para la prestación de los servicios del AyA, acuerdo de Junta Directiva No. 2020-442, y que los habitantes se encuentran en condición ilegal, se definieron dos posibles opciones las conexiones especiales de acuerdo con el artículo 71 o las conexiones permanentes de acuerdo al artículo 68, ambos artículos del Reglamento para la prestación de los servicios del AyA. Sin embargo, para cualquiera de las opciones de conexión se requiere que la Municipalidad de Puntarenas, como autoridad que posee la competencia legal de la administración de Isla Caballo, firme un acuerdo y convenio con el AyA donde se acepte la instalación de dichas conexiones.
3. Proyecto de Ley Es importante aclarar que de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre N° 6043, tanto en un sector de Lepanto donde se propone instalar tubería se ubica en una franja de zona marítimo terrestre, así como todas las obras a construir dentro de Isla Caballo, se ubican dentro de la zona marítimo terrestre.
Según Artículo 22 de la Ley N° 6043, se requiere formalizar el permiso para la construcción de dichas obras en Zona Marítimo Terrestre con los respectivos administradores de los terrenos, por lo que para la zona de Lepanto es necesario tramitar un convenio de Cooperación con el Concejo Municipal Distrito de Lepanto, y para las obras de Isla Caballo un Convenio con la Municipalidad de Puntarenas. No obstante, dado lo señalado en el Artículo 18 de la Ley N° 6043, para que dichas Municipalidades otorguen un permiso por un plazo mayor a 15 años se requiere contar con la aprobación legislativa.
Por lo que se presentó un borrador del proyecto de Ley tanto al Concejo Municipal Distrito de Lepanto, como a la Municipalidad de Puntarenas, para obtener su aval para que sea presentado ante la Asamblea Legislativa.
Desde el mes de octubre del año 2022 mediante oficio GG-2022-03960 el AyA remite el borrador del Proyecto de Ley al Concejo Municipal de Puntarenas, y además se expuso la necesidad de la autorización del uso de la zona donde se construirán obras en la isla, así como la necesidad de la autorización del tipo de conexión para el abastecimiento de los pobladores de la isla dada la condición legal de los mismos, y la necesidad de la aprobación para el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Puntarenas, AyA y la ASADA de Lepanto. Sin embargo, hasta el 15 de marzo de 2023 el AyA obtuvo audiencia ante el Concejo Municipal de Puntarenas, donde se presentó el proyecto del acueducto y se solicitó la aprobación de una serie de acuerdos necesarios para el proyecto, entre los que se encontraba el aval del proyecto de Ley. Con oficio MP-SM-AC- 0085-03-2023 del 20 de marzo del 2023 el Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón central de Puntarenas acordaron:
“1. Avalar el proyecto de ley presentado por Acueductos y Alcantarillado ante la Asamblea Legislativa con el objetivo de crear una Ley Especial que autorice la aprobación de usos de suelo a los habitantes de la Isla Caballo con la finalidad de proveer de agua potable a cada habitante de la isla.
2. Informar a las autoridades del AyA y a la alcaldía Municipal.” Además, con oficio GG-2023-01142 se remite el borrador del Proyecto de Ley al Concejo Municipal Distrito de Lepanto, y el 30 se mayo en audiencia se presenta el proyecto del acueducto; mediante oficio SM-259-06-2023 con fecha del 01 de junio de 2023 se obtiene la aprobación de parte del Concejo Municipal Distrito de Lepanto de la propuesta del Proyecto de Ley para remitir a la Asamblea Legislativa.
El Diputado Carlos Andrés Robles Obando, presentó la iniciativa del Proyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa con el Expediente N° 23.879; y de acuerdo con lo indicado por el Sr. Luis Ulate, jefe del despacho del Diputado Robles Obando, el proyecto actualmente se encuentra en la comisión de la provincia de Puntarenas, sin embargo, dado que se encuentran en periodo de sesiones extraordinarias donde la agenda legislativa la define el Poder Ejecutivo, y el proyecto no se encuentra dentro de las convocatorias de expedientes, se requiere esperar a que el mismo sea convocado para avanzar el trámite legislativo.
Además, el señor Ulate indicó que el proyecto fue enviado a consulta tanto a organizaciones civiles, como a instituciones estales.
Mediante oficio AL-CE-23120-0312-2023 con fecha del 26 de setiembre del 2023, la Comisión Especial de Puntarenas de la Asamblea Legislativa, le consultó al Presidente Ejecutivo del AyA, Alejandro Guillén Guardia, el criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N° 23.879; por lo que la Dirección Jurídica el 9 de octubre del 2023 emite el criterio con oficio PRE-J-2023-03862.
Por otro lado, mediante oficio PRE-2023-01754 del 13 de diciembre del 2023, se remite a la Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, el proyecto de ley y se le solicita colocarlo en prioridad legislativa para su aprobación.
4. Conexiones a instalar para el abastecimiento de la población Tal como se indicó anteriormente, para determinar el tipo de conexión a instalar para el proyecto, se requiere que la Municipalidad de Puntarenas, firme un acuerdo y convenio con el AyA donde se acepte la instalación de dichas conexiones.
Por lo que mediante oficio GG-2022-03960 con fecha del 10 de octubre del año 2022, se solicitó que mediante acuerdo municipal se autorizará el tipo de conexión a instalar para los pobladores de la isla. Y en la audiencia del AyA ante el Concejo Municipal de Puntarenas, del 15 de marzo de 2023 se insistió como uno de acuerdos necesarios para el proyecto.
Con oficio MP-SM-AC-0085-03-2023 el Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón central de Puntarenas acordó avalar el proyecto de ley, no obstante, tal como se expuso en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 15 de marzo, para el proyecto del acueducto de Isla Caballo se requiere la aprobación de varios acuerdos, que no se tomaron en el oficio MP-SM-AC-0085-03-2023. Por lo que con oficio GG-2023-01323 con fecha del 02 de mayo del 2023 la Gerencia General del AyA solicitó la aprobación de dichos acuerdos requeridos.
En respuesta a la solicitud del AyA, se recibe el oficio MP-SM-AC-0204-06-2023 con fecha del 19 de junio de 2023 del Concejo Municipal de Puntarenas con lo acordado en la Sesión Ordinaria N°270 celebrada el pasado 15 de junio de 2023. En este oficio se adjunta el criterio de la Asesoría Legal del Concejo Municipal con oficio MP-CM-AL-OF- 577-06-2023, donde se detalla el por tanto de los acuerdos tomados, los cuales se resumen a continuación:
a. Autorización para el uso de la franja de la zona marítimo terrestre, para las obras de infraestructura requeridas para la construcción del acueducto de Isla Caballo por un plazo de 25 años prorrogable a un periodo igual.
b. Autorización de las conexiones permanentes.
c. Aprobación y autorización a la Alcaldía para que firme un Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Puntarenas – AyA – ASADA de Lepanto.
d. Aprobación de proyecto de Ley.
No obstante, en el punto c señalado anteriormente en el oficio MP-CM-Al-OF-577-06-2023, la Asesoría Legal del Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas recomienda:
“IV. Por Tanto.
(…)3. Aprobación y autorización (Plazo de 25 años) a la alcaldía para que suscriba el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Puntarenas y el AYA ASADA LEPANTO, donde se detallaran las responsabilidades de las partes. Sobre este acuerdo es una autorización al señor alcalde a firmar convenio entre la municipalidad de Puntarenas, AYA y la ASADA DE LEPANTO, en este acuerdo se establece responsabilidades entre las partes. Desde ya es importante indicar que la Municipalidad no asume obligaciones ni responsabilidades en el futuro relacionados con el consumo de agua potable, no pagadas por los habitantes de la Isla Caballo. Esta cláusula relacionada con obligaciones y responsabilidades es importante se plasme en el convenio a firmar entre las partes” Dado lo anterior, se trasladó a la Dirección Jurídica del AyA los acuerdos tomados por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas, para que se verifique si lo acordado cumple con lo requerido para el proyecto o si era necesario solicitar alguna modificación de algún acuerdo para la viabilidad legal del proyecto.
Con base en la revisión de la Dirección Jurídica del AyA, el pasado 1 de agosto del 2023 se remitió al Concejo Municipal y a la Alcaldía de la Municipalidad de Puntarenas, el oficio GG-2023-02415 donde se solicita la aclaración del título a otorgar a los pobladores de Isla Caballo, dado que el tipo de conexión dependerá del título a otorgar por parte de la Municipalidad a los habitantes de la isla.
Ante la falta de respuesta de parte del Concejo Municipal y la Alcaldía de Puntarenas del oficio GG-2023-02415, el 5 de octubre del 2023 mediante oficio GSD-UEN-AP-2023-01263 se solicita respuesta al oficio remitido por la Gerencia General.
Dado que a la fecha no se ha obtenido respuesta a la solicitud planteada, mediante oficio GSD-UEN-AP-2023-01606 se le solicita a la Gerencia General del AyA darle seguimiento al oficio y solicitar nuevamente respuesta a la aclaración requerida.
5. Diseño del acueducto para Isla Caballo Para el diseño del acueducto es necesario definir la ubicación del lote donde se construirá el tanque en el sector de Lepanto, desde el cual se conducirá el agua hasta el tanque de almacenamiento a construir en Isla Caballo, desde donde se distribuirá el agua a los pobladores.
El lote donde se pretende construir el tanque de almacenamiento en el sector de Lepanto, presenta algunos inconvenientes, dado que la topografía es muy quebrada lo que complica la construcción, operación y mantenimiento del tanque de almacenamiento para la Isla en Lepanto. Ante tal situación se valoró otra posible ubicación en Lepanto para el lote para el tanque de almacenamiento a construir, analizando sectores en la zona que tengan la elevación adecuada para llevar el agua a gravedad hasta el tanque de almacenamiento a construir en Isla Caballo; por lo que se ubicó otra propiedad, sin embargo, presenta la condición de que la finca se encuentra hipotecada.
Por lo que en el mes de noviembre del año 2023 se realizó una reunión con la ASADA de Lepanto, donde se le presentaron las condiciones de los posibles terrenos donde se propone construir el tanque de almacenamiento; en esta reunión se acordó que se debe indagar sobre la situación legal de los terrenos propuestos, y se solicitará una reunión con los miembros de la sociedad propietaria de los terrenos, para presentar las propuestas y definir la opción más adecuada para la ubicación del tanque de almacenamiento, e iniciar con el proceso de la formalización del terreno. Se está a la espera de la reunión con los propietarios.
Por lo que hasta no tener definida la ubicación y elevación del lote del tanque de almacenamiento, no es posible realizar el diseño hidráulico de la línea de impulsión y conducción en el sector de Lepanto, ni el diseño electromecánico del bombeo requerido.
Por otro lado, tal como se ha indicado anteriormente en el punto 4, para determinar el tipo de conexión para el abastecimiento de agua a los pobladores, se requiere que el Concejo Municipal y Alcaldía de Puntarenas, aclaren el tipo de título a otorgar a los vecinos de Isla Caballo; sin tener esto definido no es posible realizar el diseño hidráulico del sector de Isla Caballo.
La definición de lo anterior se requiere para establecer si se van a instalar conexiones permanentes y se requiere el diseño hidráulico de todo el trazado de la red de distribución hasta cada vivienda; mientras que si se determina que se van a instalar conexiones especiales, se debe diseñar solamente la línea principal de la red de distribución hasta las principales playas donde se colocará un macromedidor para que los pobladores se abastezcan desde esta tubería. Estas opciones de conexiones a nivel de diseño hidráulico presentan diferencias de longitud, elevación y presiones, que impide que se pueden definir los sistemas de control requeridos y la definición de la tubería necesaria para el adecuado funcionamiento de la red de distribución.
Es decir, hasta no contar con la definición del lote para el tanque de almacenamiento en Lepanto, en cual el AyA trabaja en coordinación con la ASADA de Lepanto para resolver esto lo antes posible y la definición del tipo de conexión a instalar en la isla, según lo que acuerde el Concejo Municipal de Puntarenas, es imposible realizar el diseño hidráulico, lo que retrasa la realización de estudios y trámites requeridos para el diseño final, viabilidad ambiental, y los términos de referencia y financiamiento para la contratación del proyecto.
6. Gestión Social Desde un inicio del proyecto se han realizado reuniones con los pobladores de la Isla Caballo, ADI de Isla Caballo, pobladores de Lepanto y ASADA de Lepanto para explicarles la propuesta del proyecto, el alcance, las gestiones que se han realizado y las que están pendientes de ejecutar para que apoyen en la gestión y a la vez están informados.
7. Conclusiones:
Desde el año 2018 el AyA viene trabajando en la viabilizarían del proyecto a través de las diferentes gestiones realizadas a la fecha y necesarias que se señalaron anteriormente y que se resumen en las siguientes:
Dado lo anterior no se acepta el comentario indicado en el recurso de amparo presentado: “…que el AyA, engaña a los habitantes diciendo que se va a instalar un acueducto desde Lepanto de Jicaral; empero, al día que acuden a la Sala, no se ha ejecutado acción alguna……“, el cual es totalmente falso.
Finalmente, para poder completar el proceso de viabilización del proyecto y Diseño es indispensable que se pueda resolver las siguientes actividades que no solamente dependen del AyA:
1. Definición y formalización del lote para construir el tanque de almacenamiento en Lepanto.
2. Respuesta de parte de la Municipalidad de Puntarenas sobre el tipo título a otorgar a los pobladores de la Isla (se espera una pronta respuesta, aunque se ha insistido de forma repetida).
3. Aprobación del proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa.
Anexos De acuerdo con la amplia exposición realizada por el Ing. Ricardo Peralta, en cuanto a los estudios previos tanto para la perforación del pozo, construcción del tanque y tubería submarina para poder abastecer a la población de Isla Caballo, se logra evidenciar la manera diligente en que la Institución ha abordado el tema, en completo acatamiento a la resolución de la Sala Constitucional, no obstante, para la concreción del proyecto se requiere de la cooperación interinstitucional, específicamente las Municipalidades de Puntarenas y Lepanto, adicionalmente la aprobación del Proyecto de Ley Expediente N°23.879, mismo que se encuentra en la Asamblea Legislativa.
En cuanto a la calidad y/o potabilidad del agua de la cual se abastece a la población de Isla Caballo, el Lic. Fernando Araya Araya, Director de la Región Pacífico Central, mediante certificación GSP-RPC-2024-00030 manifiesta:
“Esta Dirección Regional certifica que el servicio brindado a los pobladores de Isla Caballo mediante entrega de agua en pichingas cuenta con las normas de seguridad e higiene que corresponde, tanto desde la conexión en Puntarenas Centro, como el trasiego en la embarcación, hasta la entrega de estas a los ciudadanos. El uso y manipulación que se dé al agua entregada en las pichingas por cada uno de los pobladores y la custodia de estas durante el tiempo que se encuentre en sus casas de habitación no es posible para la institución garantizar que cumpla con las normativas de control y saneamiento.
Además, todos los recipientes antes de su llenado son lavadas por parte de la empresa encargada de la distribución. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados cuenta como funcionarios como contraparte que velan por el cumplimiento del aseo e higiene del proceso de distribución del agua potable a los pobladores en pichingas. Cada vez que se determina la recepción de alguno de los recipientes dañados o en mal estado, se procede a realizar la sustitución de este por otro nuevo o en buen estado, donde se garantice la potabilidad del agua que se brinda para el consumo humano.” En el mismo sentido, se realiza la consulta de abastecer a la población por medio de camiones cisterna, a lo cual por medio de correo electrónico el Lic. Fernando Araya indica expresamente:
Miércoles 10 de enero de 2024: “La contratación debe darse continuidad hasta que AyA construya el acueducto.
Repartir agua por medio de cisterna de descarga no es posible técnicamente atender esos problemas en una isla, además no existe puerto en la Isla Caballo donde pueda atracar un barco grande, ahí son solo lanchas.
En cuanto a la potabilidad siembre se trabaja con el estricto control, el problema es principalmente en los pobladores, voy a solicitar que nuevamente los compañeros del proyecto Social visite nuevamente a los pobladores de la isla para hacer campañas educativas de un uso adecuado de loas pichingas, la manipulación de las mismas”.
Se adjuntan imágenes de las pichingas de agua con las cuales se abastece a los habitantes de Isla Caballo.
SEGUNDO: Como puede constatarlo este Honorable Tribunal, el AyA ha actuado conforme a la normativa que lo regula, sin manipulación antojadiza de la prestación del servicio, ni del ejercicio de sus funciones, llevando a cabo en todo momento actuaciones debidamente fundamentadas y razonadas como se detalló; se evidencia así que el Instituto ha procedido conforme a derecho, sin que ninguno de sus actos haya violentado ningún derecho constitucional, por el contrario, de los argumentos expuestos y la prueba aportada se puede concluir que efectivamente el AyA ha procedido según le corresponde.
PETITORIA Por lo antes expuesto sobre los hechos alegados mediante este Recurso de Amparo, queda demostrado que nuestras actuaciones han sido las correctas de conformidad con la normativa que nos rige, solicitamos se DECLARE SIN LUGAR el presente Recurso, se ordene archivar el expediente y se exima de toda responsabilidad al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”.
10.- Informa Luis Esteban Amador Jiménez, en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:
“Por su parte el MOPT ha participado en diferentes acciones sobre el tema particular 1.- Convocatoria mediante correo electrónico de fecha 1 agosto 2023, que indicó: “Sirva la presente para invitarlos a la reunión el próximo día jueves 3 de agosto en las instalaciones del Incopesca en el Barrio El Cocal de Puntarenas a las 09:00 a.m. La misma será para tratar asuntos importantes en la toma de decisiones en la adjudicación del Permiso de cabotaje entre Puntarenas e Isla de Chira y sus ramales.” 2.- Lista de asistentes a la reunión.
3.- Certificación de expediente administrativo y expediente digitalizado.
4.- Oficio DVMP-DNS-2024-20,dell2 enero 2024, suscrito por el Lic. Nelson Miguel Soto Corrales, Director de Navegaci6n y Seguridad, División Marítimo Portuaria.
Es importante mencionar que, sobre el tema de marras, en años anteriores específicamente el 03 de junio 2021, se recibió en la Dirección de Navegación y Seguridad una solicitud de permiso para realizar un servicio de cabotaje en la isla venado-isla caballo-muelle plátanos Puntarenas, suscrita por el señor Alexis Rodríguez Castrillo, por lo que luego de una serie de acciones, mediante oficio N° DVMP-DNS-2022-M20 del 10 octubre 2022, se realizó la solicitud de una serie de requisitos para proceder con el permiso en precario para lo cual se le brindó el plazo de 10 días hábiles, sin embargo, no se atendió la solicitud y se procedió con el archivo de la gestión.
De forma proactiva la Dirección Marítimo Portuaria promovió una reunión el pasado 03 de agosto de 2023, en la cual se discutirían originalmente las necesidades para establecer rutas entre la Isla de Chira, Costa de Pájaros y Puntarenas, misma que se desarrolló en las instalaciones del INCOPESCA.
En dicha reunión se presentaron algunos usuarios que manifestaron interés también en el establecimiento de una ruta que favoreciera a Isla Caballo y Venado, a lo que esta dependencia, informó de las condiciones generales para lograr autorizar preliminarmente un servicio de cabotaje bajo la figura del Permiso en Precario, sin embargo, la dirección competente en el tema particular, ha informado que a la fecha no consta en sus archivos que exista una solicitud formal pendiente de atender respecto a la ruta de interés.
Finalmente, en virtud del interés de esa Dirección en procurar la prestación de servicios de transporte seguros para la vida humana y el medio ambiente, se procederá inmediatamente a iniciar el proceso para determinar las condiciones básicas para brindar una solución efectiva a las Islas de Venado y Caballo, de forma que se logre implantar a la mayor brevedad un servicio, en aplicación de la Ley de Cabotaje de la Republica N°2220. PETITORIA: Al amparo de las razones de hecho y de derecho expuestas, esta representación solicita con todo respeto a la Honorable Sala Constitucional, una revisión de lo antes expuesto y declarar sin lugar el recurso de amparo”.
11.- Informa Fernando Araya Araya, en su condición de Director de la Región Pacífico Central de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:
“PRIMERO: Con relación a la situación indicada por el recurrente, relacionada con la instalación de un servicio de agua potable por medio de cañería hasta las viviendas y de su petición de repartir agua por medio de camión cisterna dentro de la Isla, se emite informe técnico efectuado por el Ing. José Ricardo Peralta Ballester funcionario de la UEN Administración de Proyectos GSD, N°GSD-UEN-AP-2024-00013 de fecha 09 de enero del 2024, el cual hace referencia a la situación actual de la instalación del acueducto en la Isla Caballo a saber:
La Sala Constitucional, mediante resolución No. 2015014553, del 22 de setiembre del 2015, declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por un vecino de Isla Caballo, y condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y a la Municipalidad de Puntarenas a incluir a la comunidad de Isla Caballo en un proyecto de suministro de agua potable.
El proyecto del acueducto para Isla Caballo está a cargo de la UEN Administración de Proyectos de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados dentro del AyA. Es importante aclarar, que el AyA durante los últimos años mantiene informada a la Sala Constitucional sobre el avance del proyecto, tal como se evidencia en los Anexos donde se adjunta el último informe con fecha del 05 de julio del 2023, remitido por el Presidente Ejecutivo del AyA el Ing. Luis Alejandro Guillén Guardia, bajo el expediente # 15-011802-0007-CO, así como el comprobante del traslado de dicho informe remitido por Presidencia Ejecutiva del AyA.
A continuación, se detalla las acciones principales realizadas por el AyA para cumplir con el mandato de la Sala IV de construir un acueducto para Isla Caballo.
1. Antecedentes de la Isla Caballo Es importante señalar que casi todos los pobladores que habitan la isla viven principalmente en las zonas aledañas a la playa (zona inalienable), y son muy pocos los que poseen concesiones o permisos sobre estos terrenos de parte de la Municipalidad de Puntarenas, por lo que la mayoría de los pobladores habitan la isla en condición de precario o condición ilegal. Está situación, aunado a que Isla Caballo no posee ningún plan regulador, ni existen caminos o un plan de desarrollo futuro propuesto, ha complicado el avance del proyecto.
Desde el año 2018 se ha tenido comunicación entre la Subgerencia de Sistemas Delegados del AyA con la Municipalidad de Puntarenas, como responsable de la administración de la isla, con el fin de poder construir el acueducto, la definición y ubicación de las obras a construir dentro de la misma. Sin embargo, no se obtuvo apoyo de parte de la Alcaldía de la Municipalidad de Puntarenas durante la administración del periodo 2016-2020 para la ejecución del proyecto. Por lo que, hasta el mes de noviembre del año 2020, se logra coordinar una reunión con el actual Alcalde de Puntarenas el Sr. Wilber Madriz, para tratar los temas referentes al proyecto del acueducto para Isla Caballo; Y desde esta fecha mejoró la coordinación entre la Municipalidad de Puntarenas y el AyA.
No obstante, en informe remitido con oficio MP-AM-OF-2950-06-2021 con fecha del 17 de junio del 2021 la Municipalidad de Puntarenas señala: “Tomando en consideración la topografía, las condiciones de uso y cobertura forestal, existentes en la Isla, la Municipalidad de Puntarenas no ve procedente la elaboración de un Plan Regulador Costero en Isla Caballo”. El AyA siempre ha considerado que la solución integral de los problemas de la Isla es a través de elaboración de un plan Regulador actualizado e integral sin embargo ante la negativa de la Municipalidad se ha definido otra ruta trabajo que implica que para el proyecto del acueducto de la isla se requiera que la Municipalidad de Puntarenas tome una serie de acuerdos para la definición y avance de este.
2. Propuesta de proyecto Acueducto para Isla Caballo y Actividades realizadas por el AyA.
Dado que Isla Caballo carece de fuentes superficiales o subterráneas que se puedan aprovechar para abastecer a los pobladores de la isla, para el proyecto del acueducto se buscó una fuente de abastecimiento fuera de la isla y lo más cercana a ella; por lo que con base en los estudios técnicos realizados se propuso integrar el sistema del acueducto de Isla Caballo al acueducto de Lepanto el cual será administrado por la ASADA de Lepanto.
Una vez determinado lo anterior, para definir la fuente a utilizar para el acueducto se realizó una evaluación en la zona de Lepanto y un estudio hidrogeológico para encontrar la mejor zona para construir el pozo en este sector. Además, se realizaron los trabajos de perforación y la prueba de bombeo del pozo que se utilizará para la isla; con el informe final de la perforación del pozo se define la capacidad de producción del pozo, y de los resultados de las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas realizadas, se verifica que la calidad del agua es de excelente calidad. Por lo que se solicitó la inscripción de dicho pozo ante la Dirección de Agua del MINAE, sin embargo, se está a la espera de la resolución.
Por otro lado, para la tubería de conducción que va desde Lepanto hasta la Isla y que debe cruzar por el mar, se analizó técnicamente posibles puntos para la salida de la tubería hacia la playa en el sector de Lepanto, de donde se definió el punto óptimo desde el punto de vista técnico y ambiental, por lo que se ha coordinado con el Concejo Municipal del Distrito Lepanto al ser el administrador de dicha zona, para obtener los permisos para cruzar a través de la zona marítimo terrestre de Lepanto. Así mismo, se realizó el levantamiento topográfico de la línea de conducción en el sector de Lepanto, y el levantamiento de los senderos existentes en Isla Caballo, por donde se definió se instalará la tubería ante la falta de un plan de desarrollo de caminos en la isla, así como también se definió la ubicación del tanque de almacenamiento a construir en la isla, para lo cual se requiere la autorización de parte de la Municipalidad de Puntarenas, como administrador de la isla para la construcción de todas las obras dentro del Isla, por cuanto estas están en su totalidad dentro de la Zona Marítimo Terrestre.
Así mismo se solicitó ante el SINAC la autorización para la ubicación propuesta de las obras a construir en Isla Caballo, a lo que nos indican que no hay ninguna restricción o limitación para la instalación de la tubería y la construcción del tanque en la isla.
Además, se contrataron estudios de batimetría y de velocidades de corrientes marinas, en la zona donde se ubicará la tubería submarina que va desde la península en el sector de Lepanto hasta Isla Caballo, definiendo la línea del trazado de la tubería submarina.
En lo que respecta al tipo de conexión a instalar para suplir con agua potable a los futuros usuarios del proyecto del acueducto para Isla Caballo, con base al Reglamento para la prestación de los servicios del AyA, acuerdo de Junta Directiva No. 2020-442, y que los habitantes se encuentran en condición ilegal, se definieron dos posibles opciones las conexiones especiales de acuerdo con el artículo 71 o las conexiones permanentes de acuerdo al artículo 68, ambos artículos del Reglamento para la prestación de los servicios del AyA. Sin embargo, para cualquiera de las opciones de conexión se requiere que la Municipalidad de Puntarenas, como autoridad que posee la competencia legal de la administración de Isla Caballo, firme un acuerdo y convenio con el AyA donde se acepte la instalación de dichas conexiones.
3. Proyecto de Ley Es importante aclarar que de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre N° 6043, tanto en un sector de Lepanto donde se propone instalar tubería se ubica en una franja de zona marítimo terrestre, así como todas las obras a construir dentro de Isla Caballo, se ubican dentro de la zona marítimo terrestre.
Según Artículo 22 de la Ley N° 6043, se requiere formalizar el permiso para la construcción de dichas obras en Zona Marítimo Terrestre con los respectivos administradores de los terrenos, por lo que para la zona de Lepanto es necesario tramitar un convenio de Cooperación con el Concejo Municipal Distrito de Lepanto, y para las obras de Isla Caballo un Convenio con la Municipalidad de Puntarenas. No obstante, dado lo señalado en el Artículo 18 de la Ley N° 6043, para que dichas Municipalidades otorguen un permiso por un plazo mayor a 15 años se requiere contar con la aprobación legislativa.
Por lo que se presentó un borrador del proyecto de Ley tanto al Concejo Municipal Distrito de Lepanto, como a la Municipalidad de Puntarenas, para obtener su aval para que sea presentado ante la Asamblea Legislativa.
Desde el mes de octubre del año 2022 mediante oficio GG-2022-03960 el AyA remite el borrador del Proyecto de Ley al Concejo Municipal de Puntarenas, y además se expuso la necesidad de la autorización del uso de la zona donde se construirán obras en la isla, así como la necesidad de la autorización del tipo de conexión para el abastecimiento de los pobladores de la isla dada la condición legal de los mismos, y la necesidad de la aprobación para el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Puntarenas, AyA y la ASADA de Lepanto. Sin embargo, hasta el 15 de marzo de 2023 el AyA obtuvo audiencia ante el Concejo Municipal de Puntarenas, donde se presentó el proyecto del acueducto y se solicitó la aprobación de una serie de acuerdos necesarios para el proyecto, entre los que se encontraba el aval del proyecto de Ley. Con oficio MP-SM-AC- 0085-03-2023 del 20 de marzo del 2023 el Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón central de Puntarenas acordaron:
“1. Avalar el proyecto de ley presentado por Acueductos y Alcantarillado ante la Asamblea Legislativa con el objetivo de crear una Ley Especial que autorice la aprobación de usos de suelo a los habitantes de la Isla Caballo con la finalidad de proveer de agua potable a cada habitante de la isla.
2. Informar a las autoridades del AyA y a la alcaldía Municipal.” Además, con oficio GG-2023-01142 se remite el borrador del Proyecto de Ley al Concejo Municipal Distrito de Lepanto, y el 30 se mayo en audiencia se presenta el proyecto del acueducto; mediante oficio SM-259-06-2023 con fecha del 01 de junio de 2023 se obtiene la aprobación de parte del Concejo Municipal Distrito de Lepanto de la propuesta del Proyecto de Ley para remitir a la Asamblea Legislativa.
El Diputado Carlos Andrés Robles Obando, presentó la iniciativa del Proyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa con el Expediente N° 23.879; y de acuerdo con lo indicado por el Sr. Luis Ulate, jefe del despacho del Diputado Robles Obando, el proyecto actualmente se encuentra en la comisión de la provincia de Puntarenas, sin embargo, dado que se encuentran en periodo de sesiones extraordinarias donde la agenda legislativa la define el Poder Ejecutivo, y el proyecto no se encuentra dentro de las convocatorias de expedientes, se requiere esperar a que el mismo sea convocado para avanzar el trámite legislativo.
Además, el señor Ulate indicó que el proyecto fue enviado a consulta tanto a organizaciones civiles, como a instituciones estales.
Mediante oficio AL-CE-23120-0312-2023 con fecha del 26 de setiembre del 2023, la Comisión Especial de Puntarenas de la Asamblea Legislativa, le consultó al Presidente Ejecutivo del AyA, Alejandro Guillén Guardia, el criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N° 23.879; por lo que la Dirección Jurídica el 9 de octubre del 2023 emite el criterio con oficio PRE-J-2023-03862.
Por otro lado, mediante oficio PRE-2023-01754 del 13 de diciembre del 2023, se remite a la Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, el proyecto de ley y se le solicita colocarlo en prioridad legislativa para su aprobación.
4. Conexiones a instalar para el abastecimiento de la población Tal como se indicó anteriormente, para determinar el tipo de conexión a instalar para el proyecto, se requiere que la Municipalidad de Puntarenas, firme un acuerdo y convenio con el AyA donde se acepte la instalación de dichas conexiones.
Por lo que mediante oficio GG-2022-03960 con fecha del 10 de octubre del año 2022, se solicitó que mediante acuerdo municipal se autorizará el tipo de conexión a instalar para los pobladores de la isla. Y en la audiencia del AyA ante el Concejo Municipal de Puntarenas, del 15 de marzo de 2023 se insistió como uno de acuerdos necesarios para el proyecto.
Con oficio MP-SM-AC-0085-03-2023 el Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón central de Puntarenas acordó avalar el proyecto de ley, no obstante, tal como se expuso en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 15 de marzo, para el proyecto del acueducto de Isla Caballo se requiere la aprobación de varios acuerdos, que no se tomaron en el oficio MP-SM-AC-0085-03-2023. Por lo que con oficio GG-2023-01323 con fecha del 02 de mayo del 2023 la Gerencia General del AyA solicitó la aprobación de dichos acuerdos requeridos.
En respuesta a la solicitud del AyA, se recibe el oficio MP-SM-AC-0204-06-2023 con fecha del 19 de junio de 2023 del Concejo Municipal de Puntarenas con lo acordado en la Sesión Ordinaria N°270 celebrada el pasado 15 de junio de 2023. En este oficio se adjunta el criterio de la Asesoría Legal del Concejo Municipal con oficio MP-CM-AL-OF- 577-06-2023, donde se detalla el por tanto de los acuerdos tomados, los cuales se resumen a continuación:
a. Autorización para el uso de la franja de la zona marítimo terrestre, para las obras de infraestructura requeridas para la construcción del acueducto de Isla Caballo por un plazo de 25 años prorrogable a un periodo igual.
b. Autorización de las conexiones permanentes.
c. Aprobación y autorización a la Alcaldía para que firme un Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Puntarenas – AyA – ASADA de Lepanto.
d. Aprobación de proyecto de Ley.
No obstante, en el punto c señalado anteriormente en el oficio MP-CM-Al-OF-577-06-2023, la Asesoría Legal del Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas recomienda:
“IV. Por Tanto.
(…)3. Aprobación y autorización (Plazo de 25 años) a la alcaldía para que suscriba el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Puntarenas y el AYA ASADA LEPANTO, donde se detallaran las responsabilidades de las partes. Sobre este acuerdo es una autorización al señor alcalde a firmar convenio entre la municipalidad de Puntarenas, AYA y la ASADA DE LEPANTO, en este acuerdo se establece responsabilidades entre las partes. Desde ya es importante indicar que la Municipalidad no asume obligaciones ni responsabilidades en el futuro relacionados con el consumo de agua potable, no pagadas por los habitantes de la Isla Caballo. Esta cláusula relacionada con obligaciones y responsabilidades es importante se plasme en el convenio a firmar entre las partes” Dado lo anterior, se trasladó a la Dirección Jurídica del AyA los acuerdos tomados por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas, para que se verifique si lo acordado cumple con lo requerido para el proyecto o si era necesario solicitar alguna modificación de algún acuerdo para la viabilidad legal del proyecto.
Con base en la revisión de la Dirección Jurídica del AyA, el pasado 1 de agosto del 2023 se remitió al Concejo Municipal y a la Alcaldía de la Municipalidad de Puntarenas, el oficio GG-2023-02415 donde se solicita la aclaración del título a otorgar a los pobladores de Isla Caballo, dado que el tipo de conexión dependerá del título a otorgar por parte de la Municipalidad a los habitantes de la isla.
Ante la falta de respuesta de parte del Concejo Municipal y la Alcaldía de Puntarenas del oficio GG-2023-02415, el 5 de octubre del 2023 mediante oficio GSD-UEN-AP-2023-01263 se solicita respuesta al oficio remitido por la Gerencia General.
Dado que a la fecha no se ha obtenido respuesta a la solicitud planteada, mediante oficio GSD-UEN-AP-2023-01606 se le solicita a la Gerencia General del AyA darle seguimiento al oficio y solicitar nuevamente respuesta a la aclaración requerida.
5. Diseño del acueducto para Isla Caballo Para el diseño del acueducto es necesario definir la ubicación del lote donde se construirá el tanque en el sector de Lepanto, desde el cual se conducirá el agua hasta el tanque de almacenamiento a construir en Isla Caballo, desde donde se distribuirá el agua a los pobladores.
El lote donde se pretende construir el tanque de almacenamiento en el sector de Lepanto, presenta algunos inconvenientes, dado que la topografía es muy quebrada lo que complica la construcción, operación y mantenimiento del tanque de almacenamiento para la Isla en Lepanto. Ante tal situación se valoró otra posible ubicación en Lepanto para el lote para el tanque de almacenamiento a construir, analizando sectores en la zona que tengan la elevación adecuada para llevar el agua a gravedad hasta el tanque de almacenamiento a construir en Isla Caballo; por lo que se ubicó otra propiedad, sin embargo, presenta la condición de que la finca se encuentra hipotecada.
Por lo que en el mes de noviembre del año 2023 se realizó una reunión con la ASADA de Lepanto, donde se le presentaron las condiciones de los posibles terrenos donde se propone construir el tanque de almacenamiento; en esta reunión se acordó que se debe indagar sobre la situación legal de los terrenos propuestos, y se solicitará una reunión con los miembros de la sociedad propietaria de los terrenos, para presentar las propuestas y definir la opción más adecuada para la ubicación del tanque de almacenamiento, e iniciar con el proceso de la formalización del terreno. Se está a la espera de la reunión con los propietarios.
Por lo que hasta no tener definida la ubicación y elevación del lote del tanque de almacenamiento, no es posible realizar el diseño hidráulico de la línea de impulsión y conducción en el sector de Lepanto, ni el diseño electromecánico del bombeo requerido.
Por otro lado, tal como se ha indicado anteriormente en el punto 4, para determinar el tipo de conexión para el abastecimiento de agua a los pobladores, se requiere que el Concejo Municipal y Alcaldía de Puntarenas, aclaren el tipo de título a otorgar a los vecinos de Isla Caballo; sin tener esto definido no es posible realizar el diseño hidráulico del sector de Isla Caballo.
La definición de lo anterior se requiere para establecer si se van a instalar conexiones permanentes y se requiere el diseño hidráulico de todo el trazado de la red de distribución hasta cada vivienda; mientras que si se determina que se van a instalar conexiones especiales, se debe diseñar solamente la línea principal de la red de distribución hasta las principales playas donde se colocará un macromedidor para que los pobladores se abastezcan desde esta tubería. Estas opciones de conexiones a nivel de diseño hidráulico presentan diferencias de longitud, elevación y presiones, que impide que se pueden definir los sistemas de control requeridos y la definición de la tubería necesaria para el adecuado funcionamiento de la red de distribución.
Es decir, hasta no contar con la definición del lote para el tanque de almacenamiento en Lepanto, en cual el AyA trabaja en coordinación con la ASADA de Lepanto para resolver esto lo antes posible y la definición del tipo de conexión a instalar en la isla, según lo que acuerde el Concejo Municipal de Puntarenas, es imposible realizar el diseño hidráulico, lo que retrasa la realización de estudios y trámites requeridos para el diseño final, viabilidad ambiental, y los términos de referencia y financiamiento para la contratación del proyecto.
6. Gestión Social Desde un inicio del proyecto se han realizado reuniones con los pobladores de la Isla Caballo, ADI de Isla Caballo, pobladores de Lepanto y ASADA de Lepanto para explicarles la propuesta del proyecto, el alcance, las gestiones que se han realizado y las que están pendientes de ejecutar para que apoyen en la gestión y a la vez están informados.
. Conclusiones:
Desde el año 2018 el AyA viene trabajando en la viabilizarían del proyecto a través de las diferentes gestiones realizadas a la fecha y necesarias que se señalaron anteriormente y que se resumen en las siguientes:
Dado lo anterior no se acepta el comentario indicado en el recurso de amparo presentado: “…que el AyA, engaña a los habitantes diciendo que se va a instalar un acueducto desde Lepanto de Jicaral; empero, al día que acuden a la Sala, no se ha ejecutado acción alguna……“, el cual es totalmente falso.
Finalmente, para poder completar el proceso de viabilización del proyecto y Diseño es indispensable que se pueda resolver las siguientes actividades que no solamente dependen del AyA:
1. Definición y formalización del lote para construir el tanque de almacenamiento en Lepanto.
2. Respuesta de parte de la Municipalidad de Puntarenas sobre el tipo título a otorgar a los pobladores de la Isla (se espera una pronta respuesta, aunque se ha insistido de forma repetida).
3. Aprobación del proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa.
Anexos De acuerdo con la amplia exposición realizada por el Ing. Ricardo Peralta, en cuanto a los estudios previos tanto para la perforación del pozo, construcción del tanque y tubería submarina para poder abastecer a la población de Isla Caballo, se logra evidenciar la manera diligente en que la Institución ha abordado el tema, en completo acatamiento a la resolución de la Sala Constitucional, no obstante, para la concreción del proyecto se requiere de la cooperación interinstitucional, específicamente las Municipalidades de Puntarenas y Lepanto, adicionalmente la aprobación del Proyecto de Ley Expediente N°23.879, mismo que se encuentra en la Asamblea Legislativa.
En cuanto a la calidad y/o potabilidad del agua de la cual se abastece a la población de Isla Caballo, el suscrito como Director de la Región Pacífico Central, mediante certificación GSP-RPC-2024-00030 manifiesto:
“Esta Dirección Regional certifica que el servicio brindado a los pobladores de Isla Caballo mediante entrega de agua en pichingas cuenta con las normas de seguridad e higiene que corresponde, tanto desde la conexión en Puntarenas Centro, como el trasiego en la embarcación, hasta la entrega de estas a los ciudadanos. El uso y manipulación que se dé al agua entregada en las pichingas por cada uno de los pobladores y la custodia de estas durante el tiempo que se encuentre en sus casas de habitación no es posible para la institución garantizar que cumpla con las normativas de control y saneamiento.
Además, todos los recipientes antes de su llenado son lavadas por parte de la empresa encargada de la distribución. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados cuenta como funcionarios como contraparte que velan por el cumplimiento del aseo e higiene del proceso de distribución del agua potable a los pobladores en pichingas. Cada vez que se determina la recepción de alguno de los recipientes dañados o en mal estado, se procede a realizar la sustitución de este por otro nuevo o en buen estado, donde se garantice la potabilidad del agua que se brinda para el consumo humano.” En el mismo sentido, indico que no es posible abastecer a la población por medio de camiones cisterna:
Miércoles 10 de enero de 2024: “La contratación debe darse continuidad hasta que AyA construya el acueducto.
Repartir agua por medio de cisterna de descarga no es posible técnicamente atender esos problemas en una isla, además no existe puerto en la Isla Caballo donde pueda atracar un barco grande, ahí son solo lanchas.
En cuanto a la potabilidad siembre se trabaja con el estricto control, el problema es principalmente en los pobladores, voy a solicitar que nuevamente los compañeros del proyecto Social visite nuevamente a los pobladores de la isla para hacer campañas educativas de un uso adecuado de loas pichingas, la manipulación de las mismas”.
Se adjuntan imágenes de las pichingas de agua con las cuales se abastece a los habitantes de Isla Caballo.
SEGUNDO: Como puede constatarlo este Honorable Tribunal, el AyA ha actuado conforme a la normativa que lo regula, sin manipulación antojadiza de la prestación del servicio, ni del ejercicio de sus funciones, llevando a cabo en todo momento actuaciones debidamente fundamentadas y razonadas como se detalló; se evidencia así que el Instituto ha procedido conforme a derecho, sin que ninguno de sus actos haya violentado ningún derecho constitucional, por el contrario, de los argumentos expuestos y la prueba aportada se puede concluir que efectivamente el AyA ha procedido según le corresponde.
PETITORIA Por lo antes expuesto sobre los hechos alegados mediante este Recurso de Amparo, queda demostrado que nuestras actuaciones han sido las correctas de conformidad con la normativa que nos rige, solicitamos se DECLARE SIN LUGAR el presente Recurso, se ordene archivar el expediente y se exima de toda responsabilidad al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”.
12.- Por resolución de loas 14:32 horas de 22 de febrero de 2024, se le concedió audiencia al Superintendente General de Telecomunicaciones y al Director del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, ambos de la SUTEL.
13.- Informan Cinthya Arias Leitón, en su condición de Presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones y Adrián Mazón Villegas, en su condición de Director del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:
“II. DEL INFORME DE LA SUTEL 1. DE LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ANTE ESTA SUPERINTENDENCIA De la revisión de los registros documentales de la SUTEL, se constató que no hay reclamos presentados a nombre de los recurrentes. En este sentido, se debe destacar que, la Sala Constitucional en asuntos similares, como en la resolución Nº2020013527 de las nueve horas quince minutos del 17 de julio de 2020 ha sido clara en señalar el proceso de gestión de reclamaciones por parte de esta Superintendencia: “VII.- Atinente a las actuaciones de la SUTEL. Adviértase que, a la fecha no consta en esta institución algún reclamo en trámite por parte del recurrente o el tutelado contra el ICE (…). A partir de lo anterior, no es posible para la Sala acreditar alguna actuación u omisión que conlleve la vulneración de los derechos fundamentales de la parte promovente. Ergo, se declara sin lugar el recurso.” Lo cual resulta concordante con la resolución Nº2020014729 de las nueve horas quince minutos del 7 de agosto de 2020 emitida por su Autoridad, en la cual se concluye que: “Además, nótese que en el informe rendido bajo juramento por la SUTEL se consignó que tal superintendencia no ha recibido alguna gestión por parte de los amparados, mediante la cual se le haya puesto en conocimiento sobre sus necesidades. Al respecto, advierta la parte tutelada que no le corresponde a esta jurisdicción funcionar como una instancia tramitadora de quejas o denuncias, por lo que lo acusado por los recurrentes debe ser interpuesto, primeramente, ante las instancias administrativas competentes. En consecuencia, si a bien lo tiene la parte amparada, puede formular sus reclamos ante la propia autoridad recurrida, ante la Superintendencia de Telecomunicaciones o en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto, así como hacer valer sus pretensiones.” 2. DE LOS SERVICIOS DE ACCESO UNIVERSAL, SERVICIO UNIVERSAL Y SOLIDARIDAD CUBIERTOS POR EL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ADMINISTRADO POR LA SUTEL La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) es el órgano regulador en materia de telecomunicaciones, creado como un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), de conformidad con el artículo 59 de la Ley N° 7593. Dentro de las funciones de la SUTEL, se encuentra la de administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), creado por la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N°8642, cuyos recursos están destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, establecidos en el artículo 32 de la misma Ley. En este sentido, le corresponde a la SUTEL, definir los proyectos y programas por desarrollar con cargo a FONATEL, con base en la información que reciba sobre necesidades de servicios de telecomunicaciones mediante las iniciativas presentadas a su consideración, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y en procura de los objetivos fundamentales del Régimen de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad. La SUTEL debe, como parte de su trabajo de planificación y al considerar las iniciativas presentadas a FONATEL, realizar un proceso de valoración que incluye estudios socioeconómicos, técnicos y de mercado, para la definición y formulación de los proyectos que se desarrollen con cargo a FONATEL. Tal y como lo dispone el artículo 32 de la Ley General de Telecomunicaciones, FONATEL tiene como objetivos principales promover el acceso universal, servicio universal y solidaridad, en zonas del país donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable, a los habitantes del país que no tengan recursos suficientes para acceder a ellos y para albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos, así como centros de salud públicos. Al respecto indica el artículo citado: “ARTÍCULO 32.- Objetivos del acceso universal, servicio universal y solidaridad Los objetivos fundamentales del régimen de acceso universal, servicio universal y solidaridad son los siguientes: a) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes de las zonas del país donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable. b) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes del país que no tengan recursos suficientes para acceder a ellos. c) Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a las instituciones y personas con necesidades sociales especiales, tales como albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos, así como centros de salud públicos. d) Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha.” Se desprende de lo indicado, que la intervención de la SUTEL por medio de Fonatel, no puede darse de forma antojadiza, ya que la inversión de los recursos incluidos en el Fondo responde a casos especiales. Específicamente, las comunidades con condiciones socioeconómicas particulares, las poblaciones especiales, así como las escuelas y centros de salud públicos, debidamente definidos por la Ley, son las llamadas a recibir los beneficios que trae el financiamiento de proyectos por medio del Fondo. Ahora bien, los proyectos de Fonatel se ejecutan por medio de un fideicomiso, a través del cual se realizan los estudios para la determinación de los distritos que serán objeto de atención y una vez seleccionados esos distritos, se procede con la determinación de las comunidades y Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP), que recibirán los servicios de telecomunicaciones por medio de los proyectos respectivos. 3. CONSIDERACIONES DEL CASO CONCRETO DE LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS, ISLA CABALLO Para el caso concreto, los recurrentes alegan que, pese a que han solicitado el servicio de internet en la comunidad de Isla Caballo del Golfo de Nicoya, Puntarenas, hasta la fecha no ha sido posible. Ahora bien, tal y como se le ha informado a la Sala Constitucional en otras ocasiones, mediante el Fideicomiso de gestión de los proyectos y programas de Fonatel, se han promovido varios proyectos, dentro de los cuales se encuentran los de la Zona Norte (Región Huetar Norte), los de la Zona Sur (Región Brunca), los de la Zona Atlántica, los de la Zona Pacífico Central y Chorotega y los de los Territorios Indígenas.
La comunidad de Isla Caballo forma parte del distrito de Lepanto, provincia de Puntarenas; la cual fue incluida en el Proyecto de la Zona Pacífico Central. Con el fin de ejecutar parte del Proyecto de la Zona Pacífico Central, el Fideicomiso de gestión de los proyectos y programas de FONATEL, promovió el Concurso N° 001-2016 cuyo objeto es la “Contratación para proveer Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, desde una ubicación fija, al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos Acapulco, Arancibia, Chira, Chomes, Cóbano, Guacimal, Lepanto, Manzanillo, Paquera y Pitahaya del cantón de Puntarenas, La Unión del cantón de Montes de Oro y San Jerónimo del cantón de Esparza, provincia de Puntarenas y los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones”. La publicación de este concurso se llevó a cabo el 28 de octubre de 2016. La cláusula 1.4.1. del cartel del concurso citado, relacionada con la Delimitación del Área de Servicio, establece que: “Los servicios se deberán proveer en todas las comunidades y CPSP que en ellas se encuentran, pertenecientes a los distritos de Acapulco, Arancibia, Chira, Chomes, Cóbano, Guacimal, Lepanto, Manzanillo, Paquera y Pitahaya del Cantón de Puntarenas, La Unión del cantón de Montes de Oro y San Jerónimo del cantón de Esparza, Provincia de Puntarenas; que se citan seguidamente. La siguiente tabla muestra los poblados referenciados al momento del concurso, y el oferente por su propia cuenta debe corroborar la existencia, no solo de las comunidades y CPSP referenciadas en la tabla, sino de todas las comunidades y CPSP existentes dentro del área de cobertura estipulada”, lo cual implica que la comunidad de Isla Caballo de Lepanto; está incluida dentro del alcance del concurso N° 001-2016, mediante el cual se les debe proveer de los “Servicios de Voz y el acceso, desde una ubicación fija, al servicio de Internet”. En la “Tabla 1 Comunidades en el área delimitada de Servicio”, contenida en la cláusula citada, se puede observar la inclusión de las comunidades de todo el distrito de Lepanto, Puntarenas, donde se encuentra incluida la isla citada. En lo que interesa, la tabla 1 referida anteriormente indica lo siguiente:
Tabla 1 Comunidades en el área delimitada de Servicio # cantón localidad longitud latitud 272 Puntarenas Villa Bruselas -84.798000 10.088400 273 Puntarenas Villa Vieja -84.818400 10.058800 274 Puntarenas Isla Caballo -87.990000 9.992960 275 Puntarenas Playa Torres -84.970700 9.987050 La adjudicación del Concurso Público N° 001-2016, recayó a favor del Instituto Costarricense de Electricidad, quien posteriormente alegó la imposibilidad de desplegar los servicios en la isla, debido a la falta de electricidad.
El contrato N° 001-2017, mediante el cual se formalizó la adjudicación del concurso N° 001- 2016, fue suscrito entre el Banco Nacional en su condición de Fiduciario del Fideicomiso de gestión de los proyectos y programas de FONATEL y el Instituto Costarricense de Electricidad, el 23 de enero de 2018; fecha a partir de la cual dio inicio su ejecución.
El objeto del contrato citado se incluye en la Cláusula 1, en la que se indica lo siguiente:
“1.2 El objeto de este contrato es proveer el acceso a los Servicios de Voz y el acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet, a las comunidades de los cantones de Puntarenas, Montes de Oro y Esparza provincia de Puntarenas, con aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, y la provisión de estos servicios desde una ubicación fija a los Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP) ubicados en los siguientes distritos: (1) Acapulco, (2) Arancibia, (3) Chira, (4) Chomes,(5) Cóbano, (6) Guacimal, (7) Lepanto, (8) Manzanillo, (9) Paquera y (10) Pitahaya del cantón de Puntarenas, (11) La Unión del cantón de Montes de Oro y (12) San Jerónimo del cantón de Esparza, todo de conformidad con los términos de referencia y estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones o cartel del Concurso No. 001-2016…” En atención a la ejecución del objeto del concurso 001-2016 y del contrato 001-2017, se debe indicar que, tal y como lo ha manifestado el ICE en el escrito citado en la resolución del veintidós de febrero del dos mil veinticuatro, ante solicitud expresa del ICE, mediante el acuerdo 023-013-2023 tomado en la sesión ordinaria 013-2023 del 16 de febrero de 2023, debidamente notificado mediante el oficio 01412-SUTEL-SCS-2023 del 20 de febrero de 2023 (que se adjunta como anexo al presente documento), después de un análisis detallado del caso, el Consejo de la SUTEL resolvió lo siguiente:
“(…) PRIMERO. Dar por recibido el oficio 01124-SUTEL-DGF-2023, de fecha 10 de febrero del 2023, mediante el cual la Dirección General de FONATEL presenta al Consejo el análisis realizado sobre la solicitud de declaratoria de “caso fortuito” para el sitio “1764 (60101-03) Isla Caballo”, pendiente de entrega por el contratista Instituto Costarricense de Electricidad en el Proyecto Pacífico Central Superior.
SEGUNDO. Otorgar el visto bueno a la declaratoria de eximente por “caso fortuito” asociado a inexistencia de suministro eléctrico en Isla Caballo al sitio “1764 (60101-03) Isla Caballo” del contrato N°001-2017, denominado Pacífico Central Superior.
TERCERO. Instruir al Fiduciario para que coordine con la Unidad de Gestión No. 1 todos los trámites necesarios para formalizar el proceso de disminución contractual, según lo indicado en el punto anterior y en atención a lo establecido en el Ordenamiento Jurídico que regula la materia.
CUARTO. Instruir al Fiduciario para que haga las gestiones correspondientes con el Instituto Costarricense de Electricidad, que permitan la devolución a Fonatel del CAPEX que se había girado al operador relacionado con el sitio para el que se aprobó la declaratoria de “caso fortuito”, según el detalle indicado en el presente oficio que fue debidamente aportado por la Unidad de Gestión.
QUINTO. Mantener informada a SUTEL sobre los eventos y trámites necesarios para formalizar la disminución respectiva.
SEXTO. Solicitar al Banco de Costa Rica y a la Unidad de Gestión No. 1 que proponga a la Dirección General de Fonatel una alternativa de contratación que permita solventar la falta de acceso a servicios de telecomunicaciones fijos y móviles para los habitantes y CPSP ubicados en Isla Caballo, en el plazo de 20 días hábiles.
SÉPTIMO. Notificar el presente acuerdo al Banco Fiduciario y a la Unidad de Gestión.” Se debe resaltar que, la situación de caso fortuito se deriva de la inexistencia del suministro eléctrico (que correspondería al propio ICE proporcionarlo) necesario para poder instalar y poner en funcionamiento el sitio “1764 (60101-03) Isla Caballo”, mediante el cual se estarían brindando los servicios de telecomunicaciones a los vecinos de la isla; lo que se encuentra acorde con lo establecido en el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública relacionado con los eximentes de responsabilidad de la Administración.
No obstante lo anterior, la Administración se encuentra en la actualidad buscando una solución técnica con el fin de poder tramitar el respectivo concurso (según lo dispuesto en la Ley General de Contratación Pública), para contratar a un operador que pueda atender las necesidades de los vecinos de Isla Caballo, contratación que debe contemplar alternativas para superar las dificultades técnicas que representa llevar los servicios de telecomunicaciones a una comunidad con las limitaciones de suministro de electricidad que dieron fundamento a la declaratoria de caso fortuito dentro del contrato N°001-2017.
Es necesario aclarar que, mediante el oficio N° 22973 (DFOE-CIU-0573) del 17 de diciembre de 2021 por medio del cual se emite la orden DFOE-CIU-ORD-00004-2021, la Contraloría General de la República le ordenó a la SUTEL, dar por finalizado el Fideicomiso de Fonatel con el Banco Nacional de Costa Rica, motivo por el cual, en atención a las disposiciones contenidas en la Ley General de Telecomunicaciones, se tuvo que llevar a cabo un procedimiento concursal para elegir al nuevo Banco Fiduciario.
Dicho procedimiento concursal se llevó a cabo, y su adjudicación recayó a favor del Banco de Costa Rica, cuyo contrato fue refrendado por la Contraloría General de la República mediante el oficio N°23090 (DCA-3239) del 21 de diciembre de 2022; motivo por el cual en la actualidad es dicho Banco el Fiduciario del Fideicomiso de Fonatel. En atención a la búsqueda de soluciones expuestas en párrafos anteriores, el Banco de Costa rica en su calidad de Banco Fiduciario y quien tramita las contrataciones financiadas con recursos de Fonatel, remitió a la SUTEL el pasado 22 de enero de 2024, mediante el oficio FIDOP_2024_1_86 (UGEY-035-24 del 12 de enero de 2024), una propuesta de cronograma para la presentación del perfilamiento y la decisión inicial, que representan requisitos indispensables para poder tramitar la contratación respectiva, por lo que, una vez que se cuente con dichos insumos se podrá determinar cuál es el tipo de contratación (licitación mayor, menor o reducida), así como el cronograma definitivo para la promoción y ejecución del concurso, que en atención a la Ley General de Contratación Pública deberá promover la administración para concursar los servicios correspondientes para la Isla Caballo.
El cronograma citado, indica lo siguiente:
Anexo 1. Cronograma para atención de la comunidad de Isla Caballo.
Tarea % Completado Duración Inicio Fin Cronograma Isla Caballo 0% 72 días 15/01/24 26/04/24 Análisis de insumos requeridos y estimación presupuestaria 0% 28 días 15/01/24 21/02/2024 Solicitud y respuesta de estudio de mercado Informe estudio de mercado Elaboración del perfilamiento Análisis social 0% 0% 0% 0% 20 días 5 días 14 días 1 día 15/01/24 15/02/24 22/02/24 22/02/24 14/02/24 21/2/24 12/03/24 22/02/24 Análisis técnico Análisis Financiero Elaboración y remisión del documento de perfilamiento Aprobación de perfilamiento 0% 0% 0% 0% 3 días 2 días 8 días 7 días 23/02/24 28/02/2024 01/03/24 13/03/24 27/02/24 29/02/24 12/03/24 21/03/24 Notificación de Observaciones del perfilamiento 0% 3 días 13/03/24 15/03/24 Actualización y remisión de documento de perfilamiento actualizado 0% 3 días 18/03/24 20/03/24 Comunicación aprobación perfilamiento Elaboración de la decisión inicial Aprobación de la decisión inicial 0% 0% 0% 1 día 3 días 2 días 21/03/24 22/03/24 27/03/24 21/03/24 26/03/24 01/04/24 Es importante resaltar, que estos procesos concursales una vez que se puedan promover, tienen riesgos como, por ejemplo, que no se presenten ofertas y, por lo tanto, haya que declarar la licitación desierta por lo que, se tendría que ejecutar un nuevo concurso, con las implicaciones en tiempo que eso tendría por la complejidad del caso y la zona en la que se pretende brindar los servicios de telecomunicaciones.
En ese sentido se debe informar que, en atención a las disposiciones contenidas en el contrato del Fideicomiso de Fonatel, el Consejo de la SUTEL es el órgano encargado de otorgar el visto bueno (en atención a la cuantía de cada contratación), a los perfilamientos y a los carteles de los procesos concursales por medio de los cuales se llevan a cabo las contrataciones necesarias para ejecutar los recursos del Fondo.
En atención a lo indicado, también es necesario resaltar, que a la fecha el Consejo de la SUTEL se encuentra desintegrado al contar únicamente con un miembro permanente, por lo que la toma de decisiones en cuanto a la ejecución de los procedimientos de contratación que, se tramitan a través del Fideicomiso de Fonatel (entre las que se encontraría este concurso), se estarían viendo afectadas por no contar dicho órgano colegiado con el quórum necesario para poder tomar acuerdos”.
En atención a las consideraciones expuestas, solicitan se declare sin lugar el recurso.
14.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente asegura que las autoridades recurridas no les proporcionan los siguientes servicios: 1) Energía eléctrica -tienen paneles solares sin el adecuado mantenimiento y, se niegan a brindarles acceso argumentando que están morosos en el pago solidario de electricidad. En consecuencia, solicita se ordene al Instituto Costarricense de Electricidad a instalar electricidad en todos los hogares, comercios e instituciones de Isla Caballo, en capacidad (potencia) necesaria para disponer de al menos un refrigerador, televisión, iluminación adecuada, olla arrocera y cafetera, 2) Acceso a Internet, la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, en cuanto al internet para comunidades conectadas, indica no disponer de una adecuada conexión a internet para tener comunicación básica, acceso a la información, acceso al entretenimiento, acceso a la educación y formación virtual, acceso a poder realizar tareas escolares mediante internet. En consecuencia, solicita se ordene a Instituto Costarricense de Electricidad, a la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, al Consejo Presidencial Social, al Instituto Mixto de Ayuda Social, al Ministerio de la Presidencia y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, proveer e instalar internet del programa nacional social o solidario con cargo del Estado Costarricense, para disponer de internet en capacidades y velocidades necesarias para mantener videoconferencias, conexión a plataformas de estudio y toda la capacidad necesaria para conectarse y comunicarse con el exterior. 3) Centros de acopio. La Municipalidad de Puntarenas se niega a instalar centros de acopio, recoger los desechos sólidos indicando que es muy caro. En consecuencia, los usuarios han optado por realizar quemas para destruir los desechos, generando contaminación del aire, suelo y gases de efecto invernadero. Aseveran que los desechos provenientes de los sanitarios (orines y heces) son depositados en un tanque séptico que ha contaminado los suelos y las aguas subterráneas haciéndolos insalubres. En consecuencia, solicita se ordene a la Municipalidad de Puntarenas a brindar el servicio de recolección de desechos sólidos, de acuerdo con la Ley de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos, a brindar el servicio de recolección en Isla Caballo, al menos una vez por semana y que en 6 meses el servicio se amplie a una frecuencia de 2 días por semana; asimismo, que se instalen centros de acopio de reciclaje de desechos. Se ordene al Ministerio de Salud y Ministerio de la Presidencia a proveer de sistemas de eliminación de excretas que no contaminen el suelo y agua subterránea como incineradores o servicios secos; así como, brindar la capacitación necesaria para su uso, mantenimientos adecuados. 4) Servicio de cabotaje o transporte público. Debiendo cada habitante desplazarse por su cuenta a buscar servicios, alimentación y compras hasta Puntarenas, Jicaral y Playa Naranjo, agravando la contaminación ambiental por la quema de combustibles de forma individual. En consecuencia, solicita se ordene al Ministerio de Transportes y ARESEP a instalar un servicio de cabotaje desde Puntarenas hasta Isla Caballo y con interconexión entre las islas Venado, Caballo y Chira, con una frecuencia de al menos una vez al día de ida y regreso. 5) Agua potable: -pese a recurso de amparo que así lo ordenó-, por lo que deben hacer uso de pozos artesanales que no reúnen condiciones de potabilidad. En consecuencia, solicita instalar en el plazo menor a doce meses un servicio de acueducto con agua potable y servicio de hidrómetro a cada usuario en su casa, terreno, local o institución, que mientras se instala el acueducto, se supla agua potable con certificación de potabilidad en cisterna en cada playa donde los vecinos puedan llenar sus contenedores, en cantidades suficientes y calidad adecuada para satisfacer las necesidades de cada hogar, comercio o institución.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
No consta en la base de datos de la Dirección General de Atención al Usuario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, encargada de tramitar denuncias y quejas referentes a la prestación de servicios públicos, alguna presentada por el recurrente en cuanto a Isla Caballo (véase al respecto el informe rendido por el Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos).
Sobre el servicio de electricidad.
El 28 de junio del 2018, el Instituto Costarricense de Electricidad realiza reporte de mantenimiento de sistema fotovoltaico atendido mediante inspección en Isla Caballo, para el cliente [Nombre 014] (véase al respecto el informe rendido por el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad). El 29 de junio del 2018, el Instituto Costarricense de Electricidad realiza reporte de mantenimiento de sistema fotovoltaico atendido mediante inspección en La Isla, para la Escuela La Isla (véase al respecto el informe rendido por el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad). El 14 de enero del 2019, el Instituto Costarricense de Electricidad realiza reporte de avería de sistema fotovoltaico dañado del cliente [Nombre 014] (véase al respecto el informe rendido por el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad). El 15 de enero del 2019, el Instituto Costarricense de Electricidad realiza reporte de avería de sistema fotovoltaico dañado del cliente [Nombre 015] (véase al respecto el informe rendido por el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad). El 23 de enero del 2019, el Instituto Costarricense de Electricidad realiza reporte de avería de sistema fotovoltaico dañado de la cliente [Nombre 016] (véase al respecto el informe rendido por el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad). Conforme a lo indicado en el contrato para el arrendamiento de paneles solares, el Instituto Costarricense de Electricidad se compromete a realizar mantenimiento y atención de averías, siempre y cuando el cliente cumpla con su obligación de tener al día su facturación, lo que no ha ocurrido, ya que para el año 2018 la morosidad representó un noventa por ciento y, para el año 2019, se registró un noventa y cuatro por ciento, es decir en el año 2019 únicamente se tuvieron ingresos por un monto de diecisiete mil colones ([Valor 002]). Cabe mencionar que muchos de los daños ocasionados a los equipos y que causan las averías y el deterioro de estos, corresponden a una inadecuada manipulación de los equipos por parte de los clientes, donde se ha encontrado conectados equipos que deterioran los componentes de los paneles solares (véase al respecto el informe rendido por el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad). El 14 de mayo del 2019, el Instituto Costarricense de Electricidad recibe oficio N° DREP-SCE05-EPT00017, emitido por Ingrid María Enriquez Obando, Directora del Centro Educativo Playa Torres, Isla Caballo y Ángel Antonio Rojas Rojas, Presidente de la Junta de Educación Escuela Playa Torres, Isla Caballo, en el cual solicitan revisión y reparación de sistemas fotovoltaicos brindados por el Instituto Costarricense de Electricidad en dicho Centro Educativo (véase al respecto el informe rendido por el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad). Mediante oficio 1200-054-2019 de 23 de mayo del 2019, se informa al Departamento de Control de Gestión Administrativa de la Defensoría de los Habitantes, que el Instituto Costarricense de Electricidad programa dos giras al año para brindar mantenimiento correctivo y preventivo a los paneles solares de Isla Caballo y demás islas, aclarando que dichas giras se pueden ver afectadas o limitadas en ocasiones, debido al acceso por mareas, condiciones de tiempo y además se organizan para optimizar los recursos materiales, humanos y financieros, ya que las mismas generan altos costos en que debe incurrir la institución (véase al respecto el informe rendido por el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad). El 04 de febrero del 2020, el Instituto Costarricense de Electricidad recibe nuevo oficio DREP-SCE05-EPT-001-2020, emitido por la Ingrid María Enriquez Obando, Directora del Centro Educativo Playa Torres, Isla Caballo, en el cual solicita mantenimiento, traslado y solicitud de nuevos paneles solares para el nuevo Centro Educativo y casa de maestro (véase al respecto el informe rendido por el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad). Mediante oficio 1200-045-2020 del 02 de marzo del 2020, el Instituto Costarricense de Electricidad brindó respuesta a Ingrid María Enriquez Obando, directora del Centro Educativo Playa Torres, Isla Caballo, en atención al oficio DREP-SCE05-EPT-001-2020, informándole que luego de la inspección realizada en el sitio, y una vez tengan definido los requerimientos, es necesario que nos envíen oficio firmado por el Presidente de la Junta de Educación, donde indique la ubicación de los equipos y elementos en las nuevas instalaciones, además se le solicitó que el panel a nombre de Cindy Otárola Campos, se traslade a nombre de la Junta de Educación de la Escuela (véase al respecto el informe rendido por el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad). El 10 de enero del 2024, se realiza por parte del Coordinador del Área Desarrollo Barranca una actualización aproximada de los costos para electrificación de Isla Caballo, estableciendo tres posibles opciones: 1.- Pasar de Isla Venado a Isla Bejuco en forma submarina (1.850km), el costo solo del conductor submarino 1/0 Cu es de ¢150.000/m, lo que nos da ¢277.500.000,00 + Mano de Obra, estudio de barimetría (perfil del lecho marino), que nos podrían generar un mayor costo de imprevistos, luego extensión de 2.050km aéreo monofásico solo con conductor AAAC 1/0, se estima en ¢45.050.800,00, luego otro vano de cable submarino de 950m para un costo de ¢142.500.000,00 + (M.O, E.B, Imprevistos) y 4.180km de línea primaria monofásica sola y 2.590km de primario con secundario para un costo de ¢91.859.680 + 118.001.436 = para un total aproximado de ¢674.911.916,00 + transformadores y (M.O, E.B, Imprevistos) redondeamos a $1 400 000 (Un millón cuatrocientos mil dólares). 2.- Extensión directa desde Isla Venado a Isla Caballo proyección de 3.8km en cable submarino 1/0 para un costo de ¢570.000,00 + (M.O, E.B, Imprevistos) y luego la red aérea antes descrita de 4.180km de línea primaria monofásica sola y 2.590km de primario con secundario para un costo de ¢91.859.680 + 118.001.436, lo que nos da un total de ¢779.861.116,00 + transformadores y (M.O, E.B, Imprevistos) redondeamos a $1 600 000 (Un millón seiscientos mil dólares). 3.- Alimentación con ruta directa desde el continente, con instalación aproximada de: 4,5Kms. de cable submarino del sector de Playa Naranjo hasta Isla Caballo para un costo de ¢675.000.000 y la distribución en la isla antes mencionada 4.180km de línea primaria monofásica sola y 2.590km de primario con secundario para un costo de ¢91.859.680 + 118.001.436, lo que nos da un total de ¢884.861.116,00 + transformadores y (M.O, E.B, Imprevistos) redondeamos a $1 850 000 (Un millón ochocientos mil dólares). Debido al alto costo de cualquiera de las tres opciones indicadas para llevar la electrificación a Isla Caballo, la obra no se encuentra en los planes de inversión a corto ni mediano plazo del Instituto Costarricense de Electricidad, además para poder realizar un diseño considerando el costo total de la obra eléctrica se requeriría la declaratoria de las calles públicas en el sitio que permita definir la ubicación de la obra eléctrica (véase al respecto el informe rendido por el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad). Conforme al listado de facturación de pendientes emitido por la Agencia de Puntarenas al 10 de enero de 2024, existen ciento dieciséis servicios de paneles solares instalados en la Isla Caballo, cuyos clientes en su mayoría presentan morosidad en el pago de hasta por diez meses, siendo el costo por el alquiler mensual del equipo de mil y, a pesar de lo anterior, el Instituto Costarricense de Electricidad sigue conforme a los cronogramas de atención brindado el servicio de mantenimiento (véase al respecto el informe rendido por el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad).
Sobre el acceso a internet.
No existe reclamo de la parte recurrente ante la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante la cual se le haya puesto en conocimiento sobre sus necesidades respecto al servicio de internet (véase al respecto el informe rendido por la Presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Director del Fondo Nacional de Telecomunicaciones). [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 001], no tiene registrados con el Instituto Costarricense de Electricidad, planes de telefonía fija a su nombre. Registra un servicio móvil, con un plan kölbi datos 12 GB 12 M con el N° 86861505, el cual, se encuentra y un chip prepago 2018, con el N° 89411352, así como uno con, un plan 4G K1 12 M, los cuales, se encuentran activos y funcionando normalmente. El resto de las personas que se indican en el escrito de interposición, no registran servicios móviles ni fijos activos con el Instituto Costarricense de Electricidad. Además, los números telefónicos 86275266 y 87152042 que se indican en el escrito de interposición no cuentan con registros asociados con el Instituto Costarricense de Electricidad (véase al respecto el informe rendido por el Gerente de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad). La localidad de Isla Caballo del cantón de Puntarenas, en un inicio, se encontraba dentro del alcance de la contratación 001-2017 del Programa Comunidades Conectadas (Fonatel); mismo que fue adjudicada al Instituto Costarricense de Electricidad, sin embargo, por razones de imposibilidad debidamente demostrada al Fideicomiso, (no era factible implementar la obra civil y electromecánica y falta de servicios entre otros) esa localidad fue excluida del contrato mencionado. La condición anterior, fue reportada a la Administración del Fideicomiso en mayo de 2020, con oficio 9010-491-2020, con solicitud formal de reconocimiento de la eximente de responsabilidad por el caso fortuito mencionado, oficio que fue respondido con el documento UGEY-231-23, del 10 de marzo 2023, y en el que se indicaba que se aceptó el eximente de responsabilidad, para lo cual, se suscribió la Adenda 1 con la que se formaliza la modificación al alcance del contrato 001-2017 (véase al respecto el informe rendido por el Gerente de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad). La Superintendencia de Telecomunicaciones se encuentra en la actualidad buscando una solución técnica con el fin de poder tramitar el respectivo concurso (según lo dispuesto en la Ley General de Contratación Pública), para contratar a un operador que pueda atender las necesidades de los vecinos de Isla Caballo, contratación que debe contemplar alternativas para superar las dificultades técnicas que representa llevar los servicios de telecomunicaciones a una comunidad con las limitaciones de suministro de electricidad que dieron fundamento a la declaratoria de caso fortuito dentro del contrato N°001-2017 (véase al respecto el informe rendido por la Presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Director del Fondo Nacional de Telecomunicaciones). El 22 de enero de 2024, el Banco de Costa Rica, en su calidad de Banco Fiduciario y quien tramita las contrataciones financiadas con recursos de Fondo Nacional de Telecomunicaciones, remitió a la Superintendencia de Telecomunicaciones, mediante el oficio FIDOP_2024_1_86 (UGEY-035-24 del 12 de enero de 2024), una propuesta de cronograma para la presentación del perfilamiento y la decisión inicial, que representan requisitos indispensables para poder tramitar la contratación respectiva, por lo que, una vez que se cuente con dichos insumos se podrá determinar cuál es el tipo de contratación (licitación mayor, menor o reducida), así como el cronograma definitivo para la promoción y ejecución del concurso, que en atención a la Ley General de Contratación Pública deberá promover la administración para concursar los servicios correspondientes para la Isla Caballo. El cronograma citado, indica lo siguiente:
Tarea % Completado Duración Inicio Fin Cronograma Isla Caballo 0% 72 días 15/01/24 26/04/24 Análisis de insumos requeridos y estimación presupuestaria 0% 28 días 15/01/24 21/02/2024 Solicitud y respuesta de estudio de mercado Informe estudio de mercado Elaboración del perfilamiento Análisis social 0% 0% 0% 0% 20 días 5 días 14 días 1 día 15/01/24 15/02/24 22/02/24 22/02/24 14/02/24 21/2/24 12/03/24 22/02/24 Análisis técnico Análisis Financiero Elaboración y remisión del documento de perfilamiento Aprobación de perfilamiento 0% 0% 0% 0% 3 días 2 días 8 días 7 días 23/02/24 28/02/2024 01/03/24 13/03/24 27/02/24 29/02/24 12/03/24 21/03/24 Notificación de Observaciones del perfilamiento 0% 3 días 13/03/24 15/03/24 Actualización y remisión de documento de perfilamiento actualizado 0% 3 días 18/03/24 20/03/24 Comunicación aprobación perfilamiento Elaboración de la decisión inicial Aprobación de la decisión inicial 0% 0% 0% 1 día 3 días 2 días 21/03/24 22/03/24 27/03/24 21/03/24 26/03/24 01/04/24 Los procesos concursales una vez que se puedan promover, tienen riesgos como, por ejemplo, que no se presenten ofertas y, por lo tanto, haya que declarar la licitación desierta por lo que, se tendría que ejecutar un nuevo concurso, con las implicaciones en tiempo que eso tendría por la complejidad del caso y la zona en la que se pretende brindar los servicios de telecomunicaciones.
Sobre los centros de acopio.
El uso de tanques sépticos en las viviendas de los pobladores de Isla Caballo, está acorde a la legislación sanitaria vigente, en lo referente a las dimensiones y materiales permitidas, y otras formas de tratamiento de aguas residuales en Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales N°39887-S-MINAE. De manera tal que no existe prohibición alguna para el uso de tanques sépticos, los cuales son el noventa y cinco por ciento de las soluciones existentes en La Península para el tratamiento de aguas residuales de las viviendas (véase al respecto el informe rendido por el Viceministro de Salud y el Director a.i. del Área Rectora de Salud Peninsular, ambos del Ministerio de Salud). La Municipalidad de Puntarenas no brinda el servicio de recolección de residuos sólidos en Isla Caballo. Actualmente, se encuentra en un proceso de planificación y definición de las acciones institucionales que se deben implementar para ampliar la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos a las comunidades y distritos del cantón. Dentro del planeamiento por parte de la Municipalidad y, tomando en cuenta las limitaciones logísticas para brindar el servicio en la isla, se proyecta iniciar con la aplicación del principio de responsabilidad compartida y participación activa de la población, para educar e instruir a los pobladores a realizar una adecuada gestión integral de sus residuos sólidos y aprovechamiento de los residuos orgánicos por medio de técnicas de compostaje, y la separación y clasificación de los residuos sólidos valorizables. para efectos de concretar dicha planificación se procederá a acudir a la formulación y aprobación del próximo presupuesto extraordinario para ejecutarlos. De manera que con tales acciones se pretende mitigar a mediano plazo el problema ambiental generado por las erróneas prácticas de los pobladores de la isla (véase al respecto el informe rendido por la Alcaldesa del cantón central de Puntarenas).
Sobre el servicio de cabotaje o transporte público.
El 3 de junio de 2021, se recibió en la Dirección de Navegación y Seguridad una solicitud de permiso para realizar un servicio de cabotaje en la isla venado-isla caballo-muelle plátanos Puntarenas, suscrita por Alexis Rodríguez Castrillo, por lo que luego de una serie de acciones, mediante oficio N° DVMP-DNS-2022-M20 del 10 octubre 2022, se realizó la solicitud de una serie de requisitos para proceder con el permiso en precario para lo cual se le brindó el plazo de diez días hábiles, sin embargo, no se atendió la solicitud y se procedió con el archivo de la gestión (véase al respecto el informe rendido por el Ministro de Obras Públicas y Transportes). El 1 de agosto de 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, realizó una convocatoria mediante correo electrónico, en los siguientes términos: “Sirva la presente para invitarlos a la reunión el próximo día jueves 3 de agosto en las instalaciones del Incopesca en el Barrio El Cocal de Puntarenas a las 09:00 a.m. La misma será para tratar asuntos importantes en la toma de decisiones en la adjudicación del Permiso de cabotaje entre Puntarenas e Isla de Chira y sus ramales” (véase al respecto el informe rendido por el Ministro de Obras Públicas y Transportes). El 3 de agosto de 2023, la Dirección Marino Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, realizó la reunión en la cual se discutirían originalmente las necesidades para establecer rutas entre la Isla de Chira, Costa de Pájaros y Puntarenas, misma que se desarrolló en las instalaciones del INCOPESCA. En esa reunión, se presentaron algunos usuarios que manifestaron interés también en el establecimiento de una ruta que favoreciera a Isla Caballo y Venado, a lo que esta dependencia, informó de las condiciones generales para lograr autorizar preliminarmente un servicio de cabotaje bajo la figura del Permiso en Precario, sin embargo, la dirección competente en el tema particular, ha informado que a la fecha no consta en sus archivos que exista una solicitud formal pendiente de atender respecto a la ruta de interés (véase al respecto el informe rendido por el Ministro de Obras Públicas y Transportes). El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a través de la División Marítimo-Portuaria, no ha comunicado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la creación de una ruta de cabotaje menor entre Puntarenas e Isla Caballo con interconexiones en Isla Venado y Chira (véase al respecto el informe rendido por el Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos). Con respecto a las respecto a las rutas de cabotaje menor entre Golfito-Puerto Jiménez y viceversa, Puntarenas-Isla Chira y viceversa e Isla Chira- Costa de Pájaros y viceversa, actualmente no cuentan con un operador autorizado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y, además, no existe ninguna solicitud de permiso pendiente de resolver por para dichas rutas a enero de 2023 (véase al respecto el informe rendido por el Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos).
III.- DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”.
Ahora bien, en este caso, no consta en la base de datos de la Dirección General de Atención al Usuario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, encargada de tramitar denuncias y quejas referentes a la prestación de servicios públicos, alguna presentada por el recurrente en cuanto a Isla Caballo. En consecuencia, en cuanto a este extremo, se desestima el recurso planteado.
IV.- SOBRE EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD. El recurrente asegura que las personas en Isla Caballo tienen paneles solares sin el adecuado mantenimiento y, se niegan a brindarles acceso, argumentando que están morosos en el pago solidario de electricidad. En consecuencia, solicita se ordene al Instituto Costarricense de Electricidad a instalar electricidad en todos los hogares, comercios e instituciones de Isla Caballo, en capacidad (potencia) necesaria para disponer de al menos un refrigerador, televisión, iluminación adecuada, olla arrocera y cafetera.
Este Tribunal Constitucional, en un recurso de amparo anterior, por Sentencia N° 2016-2788 de las 9:30 horas de 26 de febrero de 2016, presentado a favor de los vecinos de Isla Caballo, por el servicio de electricidad, declaró sin lugar el recurso, de conformidad con las siguientes consideraciones:
“IV.- CASO CONCRETO. Del elenco de hechos probados y del estudio de los autos, esta Sala observa que desde el año 1997 el Instituto Costarricense de Electricidad, instaló en Isla Caballo, el servicio básico de electricidad, por medio de 48 sistemas fotovoltaicos (SFV), así como, un equipo de bombeo de agua, que colapsó por el uso irracional de los vecinos, aunado a que no se contaba con suficiente agua para satisfacer la demanda; sin embargo, se quebró la tubería, y se desaparecieron los módulos que alimentaban de electricidad dicho equipo de bombeo, y se desmantelaron las instalaciones. Posteriormente, en el año 2000, el Instituto Costarricense de Electricidad realizó visita para evaluación y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos por parte de la UEN Servicio al Cliente, que hoy se denomina Negocio de Distribución y Comercialización de Energía, y se determinó que se encontraban destruidos o inoperantes en un 85% a 90%, y existían casos en que todo el equipo estaba destruido, por razones atribuibles a los mismos habitantes de la isla. Razón por la que, el Instituto Costarricense de Electricidad, indicó a los pobladores de Isla Caballo, que para poder retomar el proyecto, todos los usuarios debían incorporarse a las condiciones del Programa de Electrificación Rural con Fuentes Renovables de Energía, así como firmar el contrato de alquiler del sistema fotovoltaico comprometiéndose al cuido del equipo, conforme a su capacidad. De otra parte, el instituto accionado indica que actualmente existen 92 paneles solares (alternativa no convencional de suministro eléctrico) en Isla Caballo, y se continuara con su implementación, pues para llevar a cabo un proyecto de electrificación convencional, se requiere que se resuelvan aspectos legales, presupuestarios y ambientales, sin lo cual, el Instituto Costarricense de Electricidad se ve imposibilitado para el diseño de la obra y obtención de financiamiento, por cuanto la isla está sujeta a las regulaciones de la Zona Marítimo Terrestre. Asimismo, informan que los usuarios del servicio de electricidad en Isla Caballo deben firmar un contrato de alquiler y pagar mil colones mensuales, para la obtención del servicio. Por otra parte, los recurridos del instituto accionado, informan que los propios usuarios del servicio, hacen un uso indebido de los sistemas fotovoltaicos, debido a que conectan artefactos eléctricos con consumos mayores a la capacidad del equipo, lo que daña los accesorios que conforman el sistema, además, utilizan las baterías del sistema para salir a pescar en la noche, y al aplicarse descargas tan altas, de igual manera daña el equipo, lo que genera que el sistema no las pueda cargar nuevamente. De lo que consta en autos, se desprende que actualmente, en Isla Caballo, existen 79 abonados al servicio de electricidad que presta el Instituto Costarricense de Electricidad, por medio del sistema fotovoltaico residencial. Aunado a ello, de los autos se desprende que para ser abonado y obtener el servicio de electricidad por medio de los sistemas fotovoltaicos (SVF) en esa isla, los habitantes de Isla Caballo, tienen que realizar la solicitud por escrito y presentar copia de la cédula de identidad, y en caso que este instituto cuente con disponibilidad inmediata de equipos se le indica al cliente que se procederá con los trámites respectivos para instalación del SFV, se le explica sobre el uso que puede hacer del equipo y previo a la instalación debe apersonarse a la Agencia de Servicios Eléctricos para formalizar el contrato de alquiler, contrario a ello, en caso que no se tenga disponibilidad inmediata de SFV, la solicitud se incluye en lista de necesidades pendientes para atenderla cuando corresponda, según la cuota de inversión asignada para ese tipo de programas en el Plan de inversión sexenal proyectado por la institución 2015-2020, mismo que es de sustento para la ARESEP. De la misma manera, se aprecia que los últimos sistemas fotovoltaicos que se instalaron cuentan con una capacidad de 165 watts, y el sistema fotovoltaico depende de la cantidad de radiación solar que reciba en un día. Explica el recurrido, que si bien solo 79 clientes (familias), de aproximadamente 300 personas que habitan la isla, cuentan con el servicio de eléctrico mediante la instalación de SFV, son los que han realizado el trámite de solicitud y han cumplido con los requisitos para la instalación respectiva. Así como también, informa que actualmente tienen pendiente de instalación 7 SFV, para suplir la necesidad a 8 familias, lo cual, esperan atender en este año, esto según cuota asignada en el Plan de Inversión Sexenal 2015-2020, donde se tiene una cuota de para instalación de 30 SFV. Ahora bien, en cuanto a la consulta realizada al instituto recurrido, sobre las acciones que se han tomado junto con las instancias pertinentes para desarrollar un proyecto de electrificación convencional en Isla Caballo, se indicó que la gestión con otras instancias se ha circunscrito a dar seguimiento a las gestiones referidas por el ente municipal, en cuanto al área de su competencia global en la isla (posesión, uso del suelo, plan regulador, entre otros), pues una vez alineadas las diferentes acciones, ambientales, regulatorias y demás aspectos legales, el desarrollo de un proyecto de electrificación convencional, dependería principalmente de los recursos económicos del ICE, así como del aporte financiero de diferentes entidades interesadas en el desarrollo de la isla, con lo cual se podría iniciar la coordinación con otros actores sociales e institucionales, aspecto de menor dificultad de solución dado su impacto social e intereses comunes. Y si bien, como se mencionó anteriormente, aunado a los aspectos legales, presupuestarios y ambientales, que impiden el desarrollo de un proyecto convencional, sería lo concerniente a la batimetría (estudio de perfil del fondo marino) y el tipo de sedimentación en la zona, para poder determinar las características del conductor submarino, dado el alto grado de contaminación (referencia experiencia conductor instalado en Isla Chira), así como otros aspectos técnicos de consideración serían el transporte, manipulación de equipo y maquinaria (que sean de menor impacto ambiental en la isla y acordes a las condiciones ambientales en el Golfo), asunto que se resolvería basados en la experiencia del proyecto de electrificación llevado a cabo en el año 1985 en Isla Chira y la reparación del cable submarino llevada a cabo en el año 2012.
Bajo esta perspectiva, esta Sala observa que desde el año 1997, el Instituto Costarricense de Electricidad, brinda el servicio de electricidad en Isla Caballo, por medio de 92 paneles solares o sistemas fotovoltaicos (SFV) (alternativa no convencional de suministro eléctrico), a 79 familias que han realizado los trámites para la obtención del servicio, sin que el servicio haya sido negado de manera arbitraria o abusiva a los demás habitantes. Así como también, se colige que debido a la propia acción de los habitantes de la isla, el sistema fotovoltaico implementado por el instituto recurrido, para brindar el servicio de electricidad, se ha deteriorado por la propia acción de algunos administrados, pues en inspecciones realizadas se constató que se quebró la tubería, se desaparecieron los módulos que alimentaban la electricidad por medio del equipo de bombeo, y se desmantelaron las instalaciones. Además, en una inspección realizada en el año 2000, para evaluación y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos por parte de la UEN Servicio al Cliente, se determinó que se encontraban destruidos o inoperantes en un 85% a 90%, y existían casos en que todo el equipo estaba destruido, de igual manera, por razones atribuibles a los mismos habitantes de la isla. Razón por la que, el Instituto Costarricense de Electricidad, indicó a los pobladores de Isla Caballo, que para poder retomar el proyecto, todos los usuarios debían incorporarse a las condiciones del Programa de Electrificación Rural con Fuentes Renovables de Energía, así como firmar el contrato de alquiler del sistema fotovoltaico comprometiéndose al cuido del equipo, conforme a su capacidad. En virtud de lo anterior, se observa que los propios usuarios del servicio, hacen un uso indebido de los sistemas fotovoltaicos, pues según la autoridad recurrida del Instituto Costarricense de Electricidad, conectan artefactos eléctricos con consumos mayores a la capacidad del equipo, lo que daña los accesorios que conforman el sistema, utilizan las baterías del sistema para salir a pescar en la noche, y al aplicarse descargas tan altas, se daña el equipo, ya que al aplicarle ese tipo de descargas, genera que el sistema no las pueda cargar nuevamente.
De otra parte, debe indicarse que en reiteradas ocasiones, la Sala ha dispuesto que no resulta ilegítimo un retraso en la instalación de un servicio público cuando existen, de por medio, razones técnicas que imposibiliten dicha instalación, considerando que esa situación no se trata de una decisión arbitraria o injustificada de la Administración. De esta manera, en lo conducente se ha dispuesto: “(…) la falta de prestación oportuna del servicio por la inexistencia de medios técnicos para proveerla (ver folios 12 a 14) no lesiona por sí los derechos del usuario, ni tampoco lo hace el mero retardo en la asignación como resultado de problemas de naturaleza administrativa, según lo explica bajo juramento la parte recurrida. Sí infringiría esos derechos la negativa arbitraria o injustificada del servicio que debe prestarse, especialmente si implica discriminación entre usuarios favoreciendo con el trato dispensado a otros sin fundamento alguno (…)”. (ver en similar sentido los votos No. 368-96 de las 11:24 horas del 19 de enero de 1996, No. 2006-13832 de las 15:25 horas del 19 de septiembre del 2006, No. 2007-014848 de las 13:24 horas del 12 de octubre de 2007 y No. 2012-012012 de las 09:05 hora del 31 de agosto del 2012, entre otras). Así las cosas, y en virtud de los anteriores precedentes se pone en evidencia que efectivamente el criterio de este Tribunal es, que cuando existe imposibilidad técnica para brindar el servicio solicitado, no se viola derecho fundamental alguno de los administrados porque la omisión en la prestación del servicio obedece a la falta de elementos técnicos necesarios para su instalación y no a una actuación arbitraria de la Administración.
En el caso concreto, esta Sala colige que el Instituto Costarricense de Electricidad, no ha denegado la solicitud de los recurrentes para la instalación del servicio eléctrico en la comunidad de Isla Caballo, sino que la técnica que está implementada es el sistema de electricidad por paneles solares o sistema fotovoltaico, y no un servicio de electricidad convencional como es solicitado por los recurrentes, lo que, previamente requiere el cumplimiento de una serie de aspectos técnicos en los que deben intervenir otras instituciones como la Municipalidad de Puntarenas, entre otros, lo que sin duda alguna, son razones técnicas que han sido explicadas a esta Sala bajo la fe del juramento, y no pueden ser rebatidas por este Tribunal. En todo caso, se aprecia que dicho instituto suministra el servicio de electricidad mediante el sistema eléctrico fotovoltaico, consistente en la instalación de paneles solares, los que, permiten –al menos solventar el servicio requerido, a pesar que la capacidad y potencia es limitada. Ahora bien, respecto al servicio de agua potable en Isla Caballo, deberán estarse los recurrentes a lo resuelto en la sentencia No. 2015014553 de las 14:30 horas del 22 de setiembre de 2015, donde esta Sala conoció el problema alegado.
V.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso, como se dispone en la parte dispositiva de esta sentencia.
VI.- No obstante lo anterior, tomen nota las autoridades recurridas, que para garantizar la eficacia y eficiencia del servicio de electricidad en Isla Caballo, deberán cada uno dentro del ámbito de sus competencias, proceder a coordinar las acciones necesarias para que, se elabore y posteriormente se ponga en ejecución, electricidad en Isla Caballo, debiendo para ello coordinar acciones con otras organizaciones públicas o privadas. Lo anterior, según lo indicado bajo juramento por el Director de la Región Pacífico Central del Instituto Costarricense de Electricidad, referente a que la isla está sujeta a las regulaciones de la Zona Marítimo Terrestre, que compete a la Municipalidad de Puntarenas, como es la posesión, uso de suelo, plan regulador, entre otros, ya que una vez alineadas las diferentes acciones, ambientales, regulatorias y demás aspectos legales, para el desarrollo de un proyecto de electrificación convencional, que dependería principalmente de los recursos económicos del ICE, así como del aporte financiero de diferentes entidades interesadas en el desarrollo de la isla, con lo cual se podría iniciar la coordinación con otros actores sociales e institucionales, aspecto de menor dificultad de solución dado su impacto social e intereses comunes. Pues, como se informó bajo juramento, aunado a los aspectos legales, presupuestarios y ambientales, que impiden el desarrollo de un proyecto convencional, sería lo concerniente a la batimetría (estudio de perfil del fondo marino) y el tipo de sedimentación en la zona, para poder determinar las características del conductor submarino, dado el alto grado de contaminación (referencia experiencia conductor instalado en Isla Chira), así como otros aspectos técnicos de consideración serían el transporte, manipulación de equipo y maquinaria (que sean de menor impacto ambiental en la isla y acordes a las condiciones ambientales en el Golfo), asunto que se resolvería basados en la experiencia del proyecto de electrificación llevado a cabo en el año 1985 en Isla Chira y la reparación del cable submarino llevada a cabo en el año 2012. Lo anterior, si otra causa no lo impide”.
Actualmente, el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad, informa que se han realizado diversos reportes de mantenimiento en la isla, cuando así lo han reportado los usuarios: 28 de junio del 2018 para el cliente [Nombre 014], el 29 de junio del 2018 para la Escuela La Isla, el 15 de enero del 2019 para el cliente [Nombre 015], el 23 de enero del 2019, para la cliente [Nombre 016], el 14 de mayo del 2019 y 04 de febrero del 2020 se solicita revisión y reparación de sistemas fotovoltaicos brindados por el Instituto Costarricense de Electricidad al centro educativo de Playa Torres, Isla Caballo y casa de maestro. Así, mediante oficio 1200-045-2020 del 02 de marzo del 2020, el Instituto Costarricense de Electricidad brindó respuesta a Ingrid María Enriquez Obando, directora del Centro Educativo Playa Torres, Isla Caballo, en atención al oficio DREP-SCE05-EPT-001-2020, informándole que luego de la inspección realizada en el sitio, y una vez tengan definido los requerimientos, es necesario que nos envíen oficio firmado por el Presidente de la Junta de Educación, donde indique la ubicación de los equipos y elementos en las nuevas instalaciones, además se le solicitó que el panel a nombre de Cindy Otárola Campos, se traslade a nombre de la Junta de Educación de la Escuela. Ahora bien, se explica que conforme a lo indicado en el contrato para el arrendamiento de paneles solares, el Instituto Costarricense de Electricidad se compromete a realizar mantenimiento y atención de averías, siempre y cuando el cliente cumpla con su obligación de tener al día su facturación, lo que no ha ocurrido, ya que para el año 2018 la morosidad representó un noventa por ciento y, para el año 2019, se registró un noventa y cuatro por ciento, es decir en el año 2019 únicamente se tuvieron ingresos por un monto de diecisiete mil colones ([Valor 002]). Cabe mencionar que muchos de los daños ocasionados a los equipos y que causan las averías y el deterioro de estos, corresponden a una inadecuada manipulación de los equipos por parte de los clientes, donde se ha encontrado conectados equipos que deterioran los componentes de los paneles solares Conforme al listado de facturación de pendientes emitido por la Agencia de Puntarenas al 10 de enero de 2024, existen ciento dieciséis servicios de paneles solares instalados en la Isla Caballo, cuyos clientes en su mayoría presentan morosidad en el pago de hasta por diez meses, siendo el costo por el alquiler mensual del equipo de mil y, a pesar de lo anterior, el Instituto Costarricense de Electricidad sigue conforme a los cronogramas de atención brindado el servicio de mantenimiento.
A la luz del escenario descrito, tenemos de las manifestaciones contenidas en el escrito de interposición, que no se desprende que el tutelado haya acudido ante el Instituto accionado a fin de exponer alguna gestión de mantenimiento que no haya sido atendida. En virtud de lo anterior, lo propio es que, si existe alguna situación de tal naturaleza, acuda si a bien lo tiene y siguiendo las formalidades establecidas al efecto, ante las autoridades competentes, a fin de que exponer su disconformidad con servicio de electricidad brindado. En todo caso, de los argumentos explicados por el Gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad, se desprende que sí se les brinda a las personas que habitan la isla de una solución técnica, sin embargo, son ellos mismos quienes incumplen los contratos y gestionan de una forma negligente el equipo que se les alquila.
Ahora bien, en cuanto al estudio de otras posibles soluciones técnicas en la isla, se informó que el 10 de enero del 2024, se realiza por parte del Coordinador del Área Desarrollo Barranca una actualización aproximada de los costos para electrificación de Isla Caballo, estableciendo tres posibles opciones: 1.- Pasar de Isla Venado a Isla Bejuco en forma submarina (1.850km), el costo solo del conductor submarino 1/0 Cu es de ¢150.000/m, lo que nos da ¢277.500.000,00 + Mano de Obra, estudio de barimetría (perfil del lecho marino), que nos podrían generar un mayor costo de imprevistos, luego extensión de 2.050km aéreo monofásico solo con conductor AAAC 1/0, se estima en ¢45.050.800,00, luego otro vano de cable submarino de 950m para un costo de ¢142.500.000,00 + (M.O, E.B, Imprevistos) y 4.180km de línea primaria monofásica sola y 2.590km de primario con secundario para un costo de ¢91.859.680 + 118.001.436 = para un total aproximado de ¢674.911.916,00 + transformadores y (M.O, E.B, Imprevistos) redondeamos a $1 400 000 (Un millón cuatrocientos mil dólares). 2.- Extensión directa desde Isla Venado a Isla Caballo proyección de 3.8km en cable submarino 1/0 para un costo de ¢570.000,00 + (M.O, E.B, Imprevistos) y luego la red aérea antes descrita de 4.180km de línea primaria monofásica sola y 2.590km de primario con secundario para un costo de ¢91.859.680 + 118.001.436, lo que nos da un total de ¢779.861.116,00 + transformadores y (M.O, E.B, Imprevistos) redondeamos a $1 600 000 (Un millón seiscientos mil dólares). 3.- Alimentación con ruta directa desde el continente, con instalación aproximada de: 4,5Kms. de cable submarino del sector de Playa Naranjo hasta Isla Caballo para un costo de ¢675.000.000 y la distribución en la isla antes mencionada 4.180km de línea primaria monofásica sola y 2.590km de primario con secundario para un costo de ¢91.859.680 + 118.001.436, lo que nos da un total de ¢884.861.116,00 + transformadores y (M.O, E.B, Imprevistos) redondeamos a $1 850 000 (Un millón ochocientos mil dólares). Debido al alto costo de cualquiera de las tres opciones indicadas para llevar la electrificación a Isla Caballo, la obra no se encuentra en los planes de inversión a corto ni mediano plazo del Instituto Costarricense de Electricidad, además para poder realizar un diseño considerando el costo total de la obra eléctrica se requeriría la declaratoria de las calles públicas en el sitio que permita definir la ubicación de la obra eléctrica. Al respecto, advierta la parte tutelada que en reiteradas ocasiones, la Sala ha dispuesto que no resulta ilegítimo un retraso en la instalación de un servicio público cuando existen, de por medio, razones técnicas que imposibiliten dicha instalación, considerando que esa situación no se trata de una decisión arbitraria o injustificada de la Administración.
Así, en cuanto al servicio de electricidad, corresponde desestimar el recurso, como en efecto se dispone.
V.- SOBRE EL ACCESO A INTERNET. El recurrente argumenta que la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, en cuanto al internet para comunidades conectadas, indica no disponer de una adecuada conexión a internet para tener comunicación básica, acceso a la información, acceso al entretenimiento, acceso a la educación y formación virtual, acceso a poder realizar tareas escolares mediante internet. En consecuencia, solicita se ordene a Instituto Costarricense de Electricidad, a la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, al Consejo Presidencial Social, al Instituto Mixto de Ayuda Social, al Ministerio de la Presidencia y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, proveer e instalar internet del programa nacional social o solidario con cargo del Estado Costarricense, para disponer de internet en capacidades y velocidades necesarias para mantener videoconferencias, conexión a plataformas de estudio y toda la capacidad necesaria para conectarse y comunicarse con el exterior.
En este caso, en primer lugar, se indica que no existe reclamo de la parte recurrente ante la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante la cual se le haya puesto en conocimiento sobre sus necesidades respecto al servicio de internet. Ahora bien, según informa el Gerente de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad, [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 001], no tiene registrados con el Instituto Costarricense de Electricidad, planes de telefonía fija a su nombre. Registra un servicio móvil, con un plan kölbi datos 12 GB 12 M con el N° 86861505, el cual, se encuentra y un chip prepago 2018, con el N° 89411352, así como uno con, un plan 4G K1 12 M, los cuales, se encuentran activos y funcionando normalmente. El resto de las personas que se indican en el escrito de interposición, no registran servicios móviles ni fijos activos con el Instituto Costarricense de Electricidad. Además, los números telefónicos 86275266 y 87152042 que se indican en el escrito de interposición no cuentan con registros asociados con el Instituto Costarricense de Electricidad.
Ahora bien, pese a que no existe una gestión planteada por los recurrentes, de forma diligente se ha intentado buscar soluciones técnicas. Incluso, la localidad de Isla Caballo del cantón de Puntarenas, en un inicio, se encontraba dentro del alcance de la contratación 001-2017 del Programa Comunidades Conectadas (Fonatel); mismo que fue adjudicada al Instituto Costarricense de Electricidad, sin embargo, por razones de imposibilidad debidamente demostrada al Fideicomiso, (no era factible implementar la obra civil y electromecánica y falta de servicios entre otros) esa localidad fue excluida del contrato mencionado. Ahora bien, ante ese problema detectado, la Superintendencia de Telecomunicaciones se encuentra en la actualidad buscando una solución técnica con el fin de poder tramitar el respectivo concurso (según lo dispuesto en la Ley General de Contratación Pública), para contratar a un operador que pueda atender las necesidades de los vecinos de Isla Caballo, contratación que debe contemplar alternativas para superar las dificultades técnicas que representa llevar los servicios de telecomunicaciones a una comunidad con las limitaciones de suministro de electricidad que dieron fundamento a la declaratoria de caso fortuito dentro del contrato N°001-2017. Incluso, el 22 de enero de 2024, el Banco de Costa Rica, en su calidad de Banco Fiduciario y quien tramita las contrataciones financiadas con recursos de Fondo Nacional de Telecomunicaciones, remitió a la Superintendencia de Telecomunicaciones, mediante el oficio FIDOP_2024_1_86 (UGEY-035-24 del 12 de enero de 2024), una propuesta de cronograma para la presentación del perfilamiento y la decisión inicial, que representan requisitos indispensables para poder tramitar la contratación respectiva, por lo que, una vez que se cuente con dichos insumos se podrá determinar cuál es el tipo de contratación (licitación mayor, menor o reducida), así como el cronograma definitivo para la promoción y ejecución del concurso, que en atención a la Ley General de Contratación Pública deberá promover la administración para concursar los servicios correspondientes para la Isla Caballo.
Así, dado que la Superintendencia de Telecomunicaciones se encuentra buscando soluciones para ejecutar un proyecto para brindar acceso a la comunidad, corresponde desestimar el recurso, en cuanto a este extremo se refiere. Sin embargo, tomen nota la Presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Director del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que para garantizar la eficacia y eficiencia del servicio de electricidad en Isla Caballo, que deberán cada uno dentro del ámbito de sus competencias, proceder a coordinar las acciones necesarias para que, se elabore y posteriormente se ponga en ejecución, una solución para el acceso al servicio de internet en Isla Caballo, debiendo para ello coordinar acciones con otras organizaciones públicas o privadas, según corresponda.
VI.- SOBRE LOS CENTROS DE ACOPIO. El recurrente asegura que la Municipalidad de Puntarenas se niega a instalar centros de acopio, recoger los desechos sólidos indicando que es muy caro. En consecuencia, los usuarios han optado por realizar quemas para destruir los desechos, generando contaminación del aire, suelo y gases de efecto invernadero. Aseveran que los desechos provenientes de los sanitarios (orines y heces) son depositados en un tanque séptico que ha contaminado los suelos y las aguas subterráneas haciéndolos insalubres. En consecuencia, solicita se ordene a la Municipalidad de Puntarenas a brindar el servicio de recolección de desechos sólidos, de acuerdo con la Ley de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos, a brindar el servicio de recolección en Isla Caballo, al menos una vez por semana y que en seis meses el servicio se amplíe a una frecuencia de dos días por semana; asimismo, que se instalen centros de acopio de reciclaje de desechos. Se ordene al Ministerio de Salud y Ministerio de la Presidencia a proveer de sistemas de eliminación de excretas que no contaminen el suelo y agua subterránea como incineradores o servicios secos; así como, brindar la capacitación necesaria para su uso, mantenimientos adecuados.
La queja del recurrente respecto a centros de acopio tiene dos aristas, la primera, el uso de tanques sépticos. Al respecto, informa el Viceministro de Salud y el Director a.i. del Área Rectora de Salud Peninsular, ambos del Ministerio de Salud, que el uso de tanques sépticos en las viviendas de los pobladores de Isla Caballo, está acorde a la legislación sanitaria vigente, en lo referente a las dimensiones y materiales permitidas, y otras formas de tratamiento de aguas residuales en Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales N°39887-S-MINAE. De manera tal que no existe prohibición alguna para el uso de tanques sépticos, los cuales son el noventa y cinco por ciento de las soluciones existentes en La Península para el tratamiento de aguas residuales de las viviendas. Así, en cuanto a este extremo, corresponde desestimar el recurso, dado que la opción de uso de tanques sépticos está acorde a la legislación sanitaria vigente, en lo referente a las dimensiones y materiales permitidas, y otras formas de tratamiento de aguas residuales. Ahora bien, si existe alguna situación irregular particular en la que no se cumplan los requerimientos de ley en alguna infraestructura en la isla, lo que corresponde es que presente la denuncia respectiva, por los mecanismos dispuestos para tales efectos.
La segunda arista, se refiere al servicio de recolección de residuos sólidos. En cuanto a este extremo, tenemos que efectivamente, la Municipalidad de Puntarenas no brinda el referido servicio. En cuanto a la justificación para esa omisión, se indica que actualmente se encuentra en un proceso de planificación y definición de las acciones institucionales que se deben implementar para ampliar la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos a las comunidades y distritos del cantón. Dentro del planeamiento por parte de la Municipalidad y, tomando en cuenta las limitaciones logísticas para brindar el servicio en la isla, se proyecta iniciar con la aplicación del principio de responsabilidad compartida y participación activa de la población, para educar e instruir a los pobladores a realizar una adecuada gestión integral de sus residuos sólidos y aprovechamiento de los residuos orgánicos por medio de técnicas de compostaje, y la separación y clasificación de los residuos sólidos valorizables. para efectos de concretar dicha planificación se procederá a acudir a la formulación y aprobación del próximo presupuesto extraordinario para ejecutarlos. De manera que con tales acciones se pretende mitigar a mediano plazo el problema ambiental generado por las erróneas prácticas de los pobladores de la isla.
Al respecto, considera este Tribunal Constitucional que los argumentos realizados el Gobierno Local no son de recibo, debido a que pese a que tienen pleno conocimiento de los riesgos al derecho de disfrutar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ocasionados por la inexistencia de una manera adecuada para depositar los desechos por parte de los habitantes de la Isla. En reiteradas ocasiones, este Tribunal Constitucional se ha referido a los principios constitucionales que rigen la prestación de servicios públicos y el derecho fundamental a la prestación eficiente de éstos, que implica que independientemente del tipo de servicio, deben ser prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Además, es necesario destacar que las Municipalidades del país deben velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón, entre ellos el servicio de recolección de desechos sólidos (véase en similar sentido las Sentencias N° 2023-19610 de las 9:30 horas de 11 de agosto de 2023 y N° 2019-005623 de las 09:45 horas del 29 de marzo de 2019).
Así, con respecto a este extremo, corresponde estimar el recurso, según las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.
VII.- SOBRE EL SERVICIO DE CABOTAJE O TRANSPORTE PÚBLICO. El recurrente asegura que cada habitante de Isla Caballo debe desplazarse por su cuenta a buscar servicios, alimentación y compras hasta Puntarenas, Jicaral y Playa Naranjo, agravando la contaminación ambiental por la quema de combustibles de forma individual. En consecuencia, solicita se ordene al Ministerio de Transportes y ARESEP a instalar un servicio de cabotaje desde Puntarenas hasta Isla Caballo y con interconexión entre las islas Venado, Caballo y Chira, con una frecuencia de al menos una vez al día de ida y regreso.
Al respecto, no consta que el recurrente haya presentado alguna gestión ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quien a través de la División Marítimo-Portuaria, es quien se encarga de establecer y concesionar nuevas rutas para el servicio de cabotaje. Ahora bien, una vez establida la concesión de ruta, es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, quien debe aprobar tarifa. Ahora bien, según indica el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 3 de junio de 2021, se recibió en la Dirección de Navegación y Seguridad una solicitud de permiso para realizar un servicio de cabotaje en la isla venado-isla caballo-muelle plátanos Puntarenas, suscrita por Alexis Rodríguez Castrillo, por lo que luego de una serie de acciones, mediante oficio N° DVMP-DNS-2022-M20 del 10 octubre 2022, se realizó la solicitud de una serie de requisitos para proceder con el permiso en precario para lo cual se le brindó el plazo de diez días hábiles, sin embargo, no se atendió la solicitud y se procedió con el archivo de la gestión. Ahora bien, el 1 de agosto de 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, realizó una convocatoria mediante correo electrónico, en los siguientes términos: “Sirva la presente para invitarlos a la reunión el próximo día jueves 3 de agosto en las instalaciones del Incopesca en el Barrio El Cocal de Puntarenas a las 09:00 a.m. La misma será para tratar asuntos importantes en la toma de decisiones en la adjudicación del Permiso de cabotaje entre Puntarenas e Isla de Chira y sus ramales” El 3 de agosto de 2023, la Dirección Marino Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, realizó la reunión en la cual se discutirían originalmente las necesidades para establecer rutas entre la Isla de Chira, Costa de Pájaros y Puntarenas, misma que se desarrolló en las instalaciones del INCOPESCA. En esa reunión, se presentaron algunos usuarios que manifestaron interés también en el establecimiento de una ruta que favoreciera a Isla Caballo y Venado, a lo que esta dependencia, informó de las condiciones generales para lograr autorizar preliminarmente un servicio de cabotaje bajo la figura del Permiso en Precario, sin embargo, la dirección competente en el tema particular, ha informado que a la fecha no consta en sus archivos que exista una solicitud formal pendiente de atender respecto a la ruta de interés. Así, ante la inexistencia de una solicitud formal, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a través de la División Marítimo-Portuaria, no ha comunicado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la creación de una ruta de cabotaje menor entre Puntarenas e Isla Caballo con interconexiones en Isla Venado y Chira.
Finalmente, el Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, aseguró con respecto a las respecto a las rutas de cabotaje menor entre Golfito-Puerto Jiménez y viceversa, Puntarenas-Isla Chira y viceversa e Isla Chira- Costa de Pájaros y viceversa, actualmente no cuentan con un operador autorizado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y, además, no existe ninguna solicitud de permiso pendiente de resolver por para dichas rutas a enero de 2023.
En consecuencia, si el recurrente considera que debe crearse la ruta de servicio cabotaje o transporte público que pretende, debe gestionar su creación por los mecanismos dispuestos para tales efectos, para que se resuelva como en derecho corresponda.
VIII.- SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. El recurrente asegura que las autoridades recurridas no les proporcionan el servicio de agua potable, por lo que deben hacer uso de pozos artesanales que no reúnen condiciones de potabilidad. En consecuencia, solicita instalar en el plazo menor a doce meses un servicio de acueducto con agua potable y servicio de hidrómetro a cada usuario en su casa, terreno, local o institución, que mientras se instala el acueducto, se supla agua potable con certificación de potabilidad en cisterna en cada playa donde los vecinos puedan llenar sus contenedores, en cantidades suficientes y calidad adecuada para satisfacer las necesidades de cada hogar, comercio o institución En cuanto a este tema, este Tribunal Constitucional por Sentencia N° 2015-14553 de las 14:30 horas de 22 de setiembre de 2015, declaró con lugar un recurso de amparo anterior también a favor de los habitantes de Isla Caballo, de conformidad con las siguientes consideraciones:
“V.- CASO CONCRETO. Del elenco de hechos probados y del estudio de los autos, esta Sala observa que desde el 17 de abril de 2013, la Municipalidad de Puntarenas, en la sesión extraordinaria No. 258, artículo 1 inciso e), acordó solicitarle al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que se realizaran los estudios técnicos y económicos para brindársele agua potable a la comunidad de Isla Caballo, ya que no cuentan con suministro de agua potable, pues el propio recurrente alega que desde el año 1912 se abastecen de agua de pozos, y tienen que trasladarse fuera de la isla para conseguir agua potable. Así como también, de los autos se desprende que el 12 de diciembre de 2013 por memorando SUB-G-GSC-UEN-AP-1506-2013, Acueductos y Alcantarillados, recomendó efectuar un estudio básico en el verano del año 2014 en la ASADA Montaña Grande, que es el sistema de acueducto más cercano al lugar donde reside el recurrente, ya que desde el cantón de Puntarenas, existe una distancia de aproximadamente 15 kilómetros, lo que hace materialmente imposible dotar el agua potable desde ese lugar. Sin embargo, por problemas internos en la institución, no se logró hacer dicho estudio. De igual forma, la Directora y Jefe Cantonal de la Región Pacífico Central de Puntarenas, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, informa que para el verano del año 2016, se podrían hacer los estudios pertinentes, siempre y cuando las condiciones del tiempo lo permitan, ya que en invierno los caudales de agua potable suben considerablemente, reflejando un resultado provisional, pues en verano cuando realmente falta el agua, es donde se permite tener una medida efectiva de los caudales. Asimismo, se observa que el 3 de agosto de 2015, se otorgó audiencia a los vecinos de Isla Caballo, para ser escuchados ante el Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas, ya que el problema del suministro de agua potable y electrificación, no ha sido resuelto en su totalidad, donde se tomó un último acuerdo, dentro del cual, se estimó urgente realizar la declaratoria de emergencia en Isla Caballo, para abastecerlos del servicio de agua potable y luz eléctrica, ya que los vecinos indicaron que las medidas para abastecerlos de agua potable han sido temporales. Por su parte, en inspección realizada el 3 de setiembre de 2015, el Ministerio de Salud, afirma que efectivamente la comunidad de Isla Caballo, no cuenta con suministro de agua potable, por lo que los habitantes utilizan, como medio de consumo, el agua proveniente de pozos artesanales, para labores de limpieza y usos generales, y que para el consumo de agua potable, sea para bebidas o preparación de alimentos, requieren el traslado periódico hacia comunidades externas de la isla, como lo son: el mercado municipal de Puntarenas, Isla Venado y Playa Naranjo. De igual manera, explican que en época de verano, los pozos artesanales de Isla Caballo, descienden significativamente, generando escasez del líquido y mayor presencia de sal en el agua. De otra parte, indican las autoridades del Ministerio de Salud, que si bien los pozos artesanales visitados, no presentan en sus alrededores letrinas o tanques sépticos, ni permanencia de criaderos de cerdos, lo que disminuye la probabilidad de contaminación, también se observa que carecen de sistemas de desinfección, y no cuentan con análisis recientes de la calidad del agua, por lo que se deben realizar exámenes para determinar la calidad del agua, y girar los actos administrativos correspondientes, de conformidad con el resultado de dichos exámenes, en pro de asegurar la salud de los habitantes de dicha comunidad. Así como también, indican que se recomendó realizar coordinaciones con la oficina de acueductos rurales, para realizar análisis de la calidad del agua, y gestionar la intervención para la realización de proyectos, para el suministro de agua potable en Isla Caballo. Así las cosas, esta Sala observa la problemática que han vivido los habitantes de Isla Caballo, con el suministro de agua potable, lo cual, evidentemente lesiona el derecho a la salud, pues a pesar que los recurridos aceptan la problemática planteada en el amparo, de los informes rendidos bajo juramento, no se desprende una solución a tal situación. Bajo esta óptica, se aprecia que pese a la obligación del Estado -entendido en sentido amplio- de tomar medidas concretas en aras de garantizar sin discriminación el acceso al agua potable, en el presente asunto no se logra demostrar que las autoridades accionadas, hayan tomado acciones específicas en aras de incluir a la comunidad de Isla Caballo, en un plan de suministro de agua potable. Lo que, sin duda alguna, resulta lesivo de sus derechos fundamentales. Así las cosas, y si bien se colige que en este momento no existe infraestructura para suplir el servicio de agua potable, no es razonable lo alegado por el recurrente, en el entendido que desde el año 1912, dicha comunidad se abastece con agua de pozos y que deben salir de la isla a conseguir agua potable, sin que a la fecha, se hayan tomado acciones efectivas que procuren incluir a la comunidad afectada, dentro de un proyecto para el suministro efectivo de agua potable. En consecuencia, la omisión de las autoridades recurridas constituye una violación a los derechos fundamentales del recurrente (ver en ese mismo sentido el voto No. 2009017498 de las 16:56 horas del 17 de noviembre de 2009). Aunado a lo anterior, debe indicarse que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, deberá realizar las gestiones necesarias y las actuaciones pertinentes, para abastecer de agua potable a los habitantes de Isla Caballo, mediante cisternas u otros mecanismos que garanticen permanentemente el acceso al agua mientras se resuelve la situación planteada en el presente recurso.- VI.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone acoger el recurso, como se dispone en la parte dispositiva de esta sentencia.- En consecuencia, se ordenó lo que se indica a continuación:
“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Leyder María Miranda Araya, en su condición de Directora y Jefe Cantonal de la Región Pacífico Central de Puntarenas, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a Rafael Ángel Rodríguez Castro, en su calidad de Alcalde Municipal, y a Randall Chavaría Matarrita, en su condición de Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Puntarenas, a María Esther Anchía Angulo, en su calidad de Viceministro de Salud, y a Adriana Torres Moreno, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud Peninsular, ambas del Ministerio de Salud, que adopten EN FORMA INMEDIATA las previsiones correspondientes para incluir, EN EL PLAZO DE UN AÑO, a la comunidad de Isla Caballo, en un proyecto de suministro de agua potable, si otra causa no lo impide. Además, se ordena a las autoridades recurridas, que en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, deberán realizar los estudios pertinentes para garantizar la calidad del agua de los pozos existentes en la isla. Asimismo, se ordena a Leyder María Miranda Araya, en su condición de Directora y Jefe Cantonal de la Región Pacífico Central de Puntarenas, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe el cargo, realizar las gestiones necesarias y las actuaciones pertinentes, para abastecer de agua potable a los habitantes de Isla Caballo, mediante cisternas u otros mecanismos que garanticen permanentemente el acceso al agua mientras se resuelve la situación planteada en el presente recurso. Se les advierte que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a la Municipalidad de Puntarenas y al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a las autoridades recurridas, en forma personal”.- En cuanto a este extremo, siendo que ya este Tribunal Constitucional, dictó una orden por tales hechos, deberá el recurrente estarse a lo resuelto en aquella oportunidad. Así, el posible incumplimiento a esa orden, deberá acusarse en el referido expediente 15-011802-0007-CO, Sentencia N° 2015-14553 de las 14:30 horas de 22 de setiembre de 2015.
IX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente, reprocha que los pobladores de Isla Caballo no cuentan con infraestructura para el suministro de agua potable, electricidad, gestión de residuos sólidos y de desecho de aguas residuales.
Además, en asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente, argumenta que la gestión de residuos sólidos y de desecho de aguas residuales vulnera su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso, únicamente, en cuanto la Municipalidad de Puntarenas, por la falta de gestión de desechos sólidos producidos por los habitantes de Isla Caballo. Se ordena a Andrea Madrigal Zamora, en su condición de Alcaldesa y a Miguel Diaz Vega, en su condición de Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Puntarenas, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, que de manera conjunta y coordinada incluso con otras instituciones competentes: 1) adopten de forma INMEDIATA las medidas provisionales necesarias para mitigar la contaminación en Isla Caballo; 2) que dentro del plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, giren las disposiciones pertinentes y tomen las acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para informar, fomentar y educar a la comunidad de Isla Caballo sobre la correcta gestión integral de residuos; 3) que dentro del plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, giren las disposiciones pertinentes dentro del ámbito de sus competencias para que se garantice la prestación periódica y continua del servicio de recolección de residuos en Isla Caballo, concretando las medidas definitivas en cuanto a plazos y regularidad de la prestación del servicio, así como las herramientas o departamentos necesarios para su observancia y efectividad; y 4) que dentro del plazo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, deberán brindar una solución definitiva al problema ambiental en Isla Caballo aplicando el proceso de planificación correspondiente para la correcta gestión de los desechos sólidos producidos y proceso de reciclaje. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Puntarenas al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a uso de tanques sépticos en las viviendas de los pobladores de Isla Caballo, se desestima el recurso planteado. En cuanto al servicio cabotaje o transporte público, corresponde desestimar el recurso planteado. En cuanto al servicio de electricidad, se declara sin lugar el recurso. Respecto al servicio de agua potable, deberán estarse los recurrentes a lo resuelto mediante el Voto N° 2015014553 de las 14:30 horas del 22 de setiembre de 2015. Tomen nota la Presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Director del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, de lo indicado en el párrafo final del V considerando de esta sentencia. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota.- Fernando Cruz C.
Presidente a.i Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Ingrid Hess H.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Jorge Isaac Solano A.
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