← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 07186-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/03/2024
OutcomeResultado
The amparo is granted for violation of the rights to health and a healthy environment, ordering the municipality to ensure water service quality and continuity, with no costs or damages according to the majority, and a partial dissent.Se declara con lugar el recurso por violación a los derechos a la salud y a un ambiente sano, ordenando garantizar la calidad y continuidad del servicio de agua, sin condena en costas para la mayoría, con voto salvado parcial.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a resident of Nandayure against the municipality, alleging lack of drinking water disinfection since December 2023 and suspension of solid waste collection, endangering public health. The municipality acknowledges the problems and proves that, after health orders from the Ministry of Health, it took corrective measures: approved the purchase of chlorine and resumed tablet chlorination, and temporarily contracted a garbage truck, restoring service on February 23, 2024. However, the Chamber grants the amparo due to violation of the rights to health and a healthy environment, as solutions were partial or arose during the proceedings. It orders municipal authorities to ensure water service quality and continuity, and warns them of their legal duty to ensure waste collection. The majority exempts from costs and damages, with a partial dissent ordering such condemnation.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por un vecino del cantón de Nandayure contra la municipalidad, alegando la falta de desinfección del agua para consumo humano desde diciembre de 2023 y la suspensión del servicio de recolección de residuos sólidos, lo cual pone en riesgo la salud pública. La municipalidad reconoce los problemas y acredita que, tras la imposición de órdenes sanitarias por el Ministerio de Salud, tomó medidas correctivas: aprobó la compra de cloro y retomó la cloración con pastilla, y contrató temporalmente un camión recolector, reanudando el servicio el 23 de febrero de 2024. No obstante, la Sala declara con lugar el recurso por la vulneración de los derechos a la salud y a un ambiente sano, pues las soluciones fueron parciales o surgieron con ocasión del proceso. Se ordena a las autoridades municipales garantizar la calidad y continuidad del servicio de agua, y se les advierte sobre su deber legal de asegurar la recolección de residuos. La mayoría exime de condena en costas, daños y perjuicios, con voto salvado parcial que ordena dicha condena.
Key excerptExtracto clave
III.- ON THE SPECIFIC CASE. Regarding the alleged lack of drinking water service. In matters of drinking water supply, this Chamber's case law has primarily aimed at protecting the rights to life and health of natural persons. These rights imply the possibility of demanding certain services from the State, an area where it is obligated to provide some public services, especially those essential to maintaining favorable sanitary conditions for the preservation of life and health. Thus, ensuring the purity of the liquid for human consumption and continuity of supply constitute part of a proper and efficient service to the customer, and in turn guarantee their most basic fundamental rights. First, in this case, the petitioner complains that since December 14, 2023, the respondent municipality, as the entity responsible for the drinking water service in the canton of Nandayure, has not carried out the water chlorination process, which was reported by the mayor through an alert on his official social networks. He notes that at the time of filing this process, the problem has not been solved. From the reports given to this Chamber by the respondent municipal authorities, it is indeed confirmed that in September 2023, the municipal entity could not carry out the routine water disinfection actions in the canton due to problems with equipment maintenance management, purchase of materials, and other necessary supplies. This was warned to the population by the respondent Municipality in mid-December 2023. As a consequence, on February 6, 2024, the Nandayure Area Ministry of Health imposed a health order on the respondent municipality for the lack of disinfection of the drinking water service. In compliance with the Ministry of Health's order, on February 15, 2024, the same day the resolution admitting this process was notified, the respondent Municipality approved: a) the request to initiate an order for the purchase of 4 drums of 12% liquid sodium hypochlorite, b) the request for a start order for contracting maintenance and repair services for the aqueduct pumping system. Likewise, it resumed chlorination with tablets in a dry chamber; and on February 23, 2024, at 11:40 a.m., the health area ordered the closure of the health order. From the above, it is clear that it was on the occasion of this process that the measures indicated by the Ministry of Health were taken, which lifted the imposed health order and restored the water service. Therefore, the amparo is granted, without special condemnation for costs and damages, with the order that management problems be effectively corrected and the necessary measures be taken for water disinfection in the indicated area, as set forth in the operative part of this judgment.III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De la acusada falta de prestación del servicio de agua potable. En materia de suministro de agua potable, la jurisprudencia de esta Sala se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. En primer lugar, en el presente asunto, el accionante reclama que desde el 14 de diciembre de 2023, la municipalidad recurrida como encargada del servicio de agua para consumo humano del cantón de Nandayure, no ha realizado el proceso de cloración del agua, lo que fue informado por el alcalde mediante comunicado de alerta en sus redes sociales oficiales. Señala que a la fecha de interponer este proceso, el problema no ha sido solucionado. De los informes dados a esta Sala por las autoridades municipales recurridas, efectivamente se confirma que en setiembre del año 2023, el ente municipal no pudo realizar las acciones ordinarias de desinfección del agua en el cantón, por problemas de gestión de mantenimiento del equipo, compra de materiales y otros insumos necesarios. Lo anterior fue advertido a la población por parte de la Municipalidad recurrida a mediados de diciembre del 2023. Como consecuencia de lo anterior, el 06 de febrero de 2024, el Ministerio de Salud Área de Nandayure impuso a la municipalidad recurrida la orden sanitaria por la falta de desinfección del servicio de agua potable a la (ver informe y prueba). En cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio de Salud, el 15 de febrero del 2024, mismo día que se notifica la resolución que da curso a este proceso, la Municipalidad recurrida aprobó: a) la solicitud para iniciar una orden para la compra de 4 estañones de hipoclorito de sodio liquido al 12%, b) la solicitud de orden de inicio para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación del sistema de bombeo del acueducto Asimismo, retomó el clorado con pastilla en cámara seca; y el 23 de febrero del 2024, al ser las 11:40 a.m. el área de salud ordenó el cierre de la orden sanitaria. De lo expuesto, queda claro que es con ocasión de este proceso, que se tomaron las medidas indicadas por el Ministerio de Salud, que levantó la orden sanitaria impuesta y se restituyó el servicio de agua. Por ello, procede acoger el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con la orden de que, efectivamente, se corrijan los problemas de gestión y se tomen las medidas necesarias para la desinfección del agua en la zona indicada, en los términos que se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"En materia de suministro de agua potable, la jurisprudencia de esta Sala se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas."
"In matters of drinking water supply, this Chamber's case law has primarily aimed at protecting the rights to life and health of natural persons."
Considerando III
"En materia de suministro de agua potable, la jurisprudencia de esta Sala se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas."
Considerando III
"Se advierte a las autoridades municipales competentes su deber de garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839."
"The competent municipal authorities are warned of their duty to ensure that in their territory the waste collection service is provided in a selective, accessible, periodic, and efficient manner for all inhabitants, as provided in Article 8 of the Integral Waste Management Law, No. 8839."
Considerando III
"Se advierte a las autoridades municipales competentes su deber de garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839."
Considerando III
"La mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."
"The majority of the Chamber considers that, in the sub examine, pursuant to the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (…), the granting should be without special condemnation for costs and damages."
Considerando IV
"La mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: 15 March 2024 at 09:20 Type of matter: Amparo action Judgment with Dissenting Vote Relevance Indicators Relevant judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Strategic Themes: Economic, social, cultural, and environmental law Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL GUARANTEE Topic: PUBLIC SERVICES Subtopics:
BASIC SERVICES.
Topic: MUNICIPALITY Subtopics:
COMPLAINT.
007186-24. PUBLIC SERVICES. MUNICIPALITY. RESIDENTS OF CARMONA AND SANTA RICA DE NANDAYURE, CLAIM THAT THE SOLID WASTE COLLECTION SERVICE AND REPORT PROBLEMS WITH WATER CHLORINATION. THE APPEAL IS GRANTED, AND THE PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY OF NANDAYURE IS ORDERED, WITHIN THE FRAMEWORK OF THEIR COMPETENCIES AND ACCORDING TO THE REPORT GIVEN TO THIS CHAMBER, TO TAKE THE NECESSARY MEASURES TO GUARANTEE AND ENSURE THE QUALITY AND CONTINUITY OF THE WATER SERVICE PROVISION TO THE RESIDENTS OF THE CANTON OF NANDAYURE. VCG04/2024 “(…) III.- ON THE SPECIFIC CASE. Regarding the alleged lack of provision of the potable water service. In matters of potable water supply, the jurisprudence of this Chamber has fundamentally been directed at protecting the right to life and health of natural persons. These rights imply the possibility of demanding certain services from the State, an area in which it is obliged to provide some public services, especially those that are essential for maintaining sanitary conditions favorable to the preservation of the life and health of individuals. Thus, guaranteeing the purity of the liquid for human consumption, as well as the continuity of its supply, form part of a due and efficient service to the subscriber, and in turn guarantee their most fundamental basic rights.
First, in the present matter, the claimant complains that since December 14, 2023, the respondent municipality, as the entity in charge of the water service for human consumption in the canton of Nandayure, has not carried out the water chlorination process, which was reported by the mayor via an alert communiqué on his official social networks. He states that as of the date of filing this proceeding, the problem has not been solved.
From the reports given to this Chamber by the respondent municipal authorities, it is confirmed that in September 2023, the municipal entity could not carry out the ordinary water disinfection actions in the canton, due to problems in the management of equipment maintenance, purchase of materials, and other necessary supplies. The foregoing was warned to the population by the respondent Municipality in mid-December 2023. As a consequence of the foregoing, on February 6, 2024, the Ministry of Health, Nandayure Area, imposed a sanitary order on the respondent municipality for the lack of disinfection of the potable water service (see report and evidence). In compliance with the order from the Ministry of Health, on February 15, 2024, the same day the resolution admitting this proceeding is notified, the respondent Municipality approved: a) the request to initiate an order for the purchase of 4 drums of liquid sodium hypochlorite at 12%, b) the request for a start order for the contracting of the maintenance and repair service for the aqueduct pumping system. Likewise, it resumed chlorination with tablets in a dry chamber; and on February 23, 2024, at 11:40 a.m., the health area ordered the closure of the sanitary order.
From the foregoing, it is clear that it is on the occasion of this proceeding that the measures indicated by the Ministry of Health were taken, which lifted the imposed sanitary order and restored the water service. Therefore, it is appropriate to grant the appeal, without special condemnation for costs and damages, with the order that, effectively, the management problems be corrected and the necessary measures be taken for the disinfection of the water in the indicated area, in the terms set forth in the operative part of this judgment.
Regarding the alleged lack of provision of the garbage collection service. In the present matter, the appellant party complains, on one hand, that the Municipality of Nandayure does not have a garbage collection truck, nor has it had a collection service contract for more than 4 years. They state that on Friday, February 9, 2024, waste was not collected and is accumulated on the streets and sidewalks of the canton.
After reviewing the reports rendered under the solemnity of oath, as well as the evidence provided, it appears that indeed in the Canton of Nandayure, suspensions in the garbage collection service and difficulties in providing an adequate service to the population have occurred. According to the Head of the Environmental Management Unit of the Municipality of Nandayure, there is an enormous need to have at least one collection truck, to avoid risk situations in environmental and public health matters, derived from inadequate management of municipal solid waste.
From the reports presented to this Chamber by the respondent authorities, it is evident that, to address the waste collection problem, the Ministry of Health imposed a sanitary order on the respondent Mayor's Office of Nandayure for the suspension of the solid waste collection service. It is in compliance with that order that the Municipal Council, in an ordinary session on February 6 and 13, 2024, agreed to request the Municipal Mayor's Office and Environmental Manager to proceed to take the corresponding measures, within the scope of their competence, to carry out, as soon as possible, a bidding process, in accordance with the General Law on Public Procurement and its Regulations, and temporarily contract the services of a solid waste collection truck that meets the requirements demanded by the Ministry of Health regarding the transfer, storage, and transport of leachate. In that sense, in ordinary session number 198 held on February 13, 2024, -that is, prior to the notification of the resolution admitting the present amparo appeal- the Municipal Council agreed to convene an extraordinary session for Thursday, February 15, 2024, to hear and resolve the urgent process for the temporary contracting of a solid waste collection truck.
From the foregoing, this Chamber considers that, although the respondent Municipality has adopted some acts aimed at complying with the sanitary order by the Municipal Council, said extraordinary session was convened before the respondent council had knowledge of the notification of the present amparo appeal. Therefore, on February 23, 2024, the respondent Municipality performs the necessary acts to resume the ordinary solid waste collection service in the communities affected by the lack of service provision in the Canton of Nandayure. Thus, the garbage is already being transferred to the Parque Tecnológico Ambiental of Santa Cruz, as the final disposal site approved by the Ministry of Health. It is also apparent that, upon the normalization of the service being verified by the health area of Nandayure, it proceeded to close and archive the sanitary orders No. MS-DRRSCH-DARSNA-OS-008 2024 and No. MS-DRRSCH-DARSNA-OS-009-2024, since what was requested was fulfilled.
In this regard, it is proven that although the respondent municipality describes the various steps it has taken regarding the management of the garbage collection problem, once notified of the filing of this proceeding, and therefore the sanitary order was lifted and archived, the fact prevails that there is still no certain solution to the garbage collection problem denounced by the residents of Nandayure, which, as was demonstrated, still persists, as there is not even a collection truck available. In that sense, note that in the attached report, the legal representative of the respondent local government stressed that the solution to the garbage collection problem, in response to the sanitary order issued by the health area, is temporary. Therefore, the competent municipal authorities are warned of their duty to guarantee that their territory is provided with a collection service for waste in a selective, accessible, periodic, and efficient manner for all inhabitants, pursuant to the provisions of Article 8 of the Law for Integrated Waste Management, No. 8839. (…)” ... See more Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 6. CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE Topic: 052- Cessation of the challenged act on the occasion of the filing of the amparo. Withdrawal and extra-procedural satisfaction Subtopics:
NOT APPLICABLE.
ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW “(…) IV.- ON THE CONDEMNATION FOR COSTS AND DAMAGES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine case, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable”), the grant must be without special condemnation for costs and damages, based on the following considerations. While there is express text in the law requiring the operative part of the ruling to state that the appeal is granted when, during the course of the amparo, the grievance is resolved, it is no less true that the same final paragraph states that the grant is ordered “solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” It is emphasized that the Law states “if applicable,” which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court.
In cases like this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, when it states that: “any resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract the compensation for the damages caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, where appropriate, International or Community Law, and, further, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Constitutional Jurisdiction Law -cf. article 14-.
For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite case preserves the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without condemnation for costs and damages. (…)” VCG04/2024 ... See more Content of Interest:
Type of content: Dissenting vote Branch of Law: 6. CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE Topic: 052- Cessation of the challenged act on the occasion of the filing of the amparo. Withdrawal and extra-procedural satisfaction Subtopics:
NOT APPLICABLE.
VI.PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO, AND GARITA NAVARRO AND MAGISTRATE JARA VELASQUEZ SOLELY IN RELATION TO THE NON-CONDEMNATION FOR COSTS AND DAMAGES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.
While we agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, we separate from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being condemned to pay the costs and damages derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Constitutional Jurisdiction Law, in Article 52, provides that:
“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:
“...any resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract the compensation for the damages caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.” This latter norm establishes the general system regulating matters related to compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.
In the majority's criterion, the cited Article 51 regulates the assumptions in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for a condemnation for costs and damages arises. However, in the judgment of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right; and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it has knowledge of the amparo - an assumption contemplated in the referred Article 52 - by the imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the offender to compensate for the damages caused and pay the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not again incur in the actions that gave basis for the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction.
Therefore, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it had knowledge of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those assumptions, the imperative need for a condemnation for costs and damages against the offender arises, whose basis is found in the principles of protection of the rights of individuals and in that the Administration must be held responsible for the damages it causes with its unconstitutional actions.
Thus, the fact that at the moment the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the condemnation for costs and damages, since such case forms an integral part of the general system of necessary condemnation on these points contained in the Constitutional Jurisdiction Law.
On the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the proceeding.” The legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scopes, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that provides, indubitably, for the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights.
Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs and damages, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated there, the appeal shall be granted “solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the assumptions strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages suffered due to the injury to their constitutional rights.
In our criterion, such exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs and damages in the face of a violation of fundamental rights, such condemnation is always appropriate, even in the event that the respondent party issues a resolution, administrative or judicial, that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is indubitably and clearly established that in the specific case no damage capable of being compensated was caused. Only and solely in such assumptions could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic costs and damages derived from the challenged actions - the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction - the granting of this appeal must necessarily imply the condemnation for costs and damages, and we so declare.
As an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of costs and damages, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From that angle, the analysis carried out by this venue concentrates on such verification, however, it does not go into the weighing of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said condemnation (for damages and costs) operates, if applicable, we the undersigned do not believe that such examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceedings, to the extent that, it is within another ordinary proceeding, that it must be defined whether within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries, that are legally compensable.
By way of reference, numerals 179 to 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:
“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in hábeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.” It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation on these items, since that type of claim would not be appropriate within that type of cause, when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the inappropriateness of damages and/or costs, as well as when there is no express pronouncement regarding this particular point. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an express condemnation or pronouncement by this Constitutional Chamber.
In that order, in our judgment, pursuant to the mentioned ordinal 52 of the LJC, the exemption from that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations based on which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the defendant entity's own action or by an external cause, the accused indolence or reproached disturbance may have come to cause damages. However, such a substantive question, regarding the effectiveness of the injuries, their quantification, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to an abstract condemnation that later constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction.
The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages, since, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it does not fall to the protected person to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Then, whether these administrative conducts have produced injuries to them is an extreme that, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the analytical basis for this type of cause. Note that, in the assumption regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether or not there is an infraction, whereby, much less can it be defined whether based on what was denounced by the requester, there may or may not be situations of possible civil reparation.
Thus, the exemption from condemnation referred to in that norm is of an exceptional, not a principle-based, order. Therefore, in those assumptions, the norm imposes the abstract condemnation, so that it is within another plenary proceeding that its applicability is analyzed. Otherwise, if that release from damages and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature, that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person.
That is, for the purposes of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that, that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation while it was made to cease due to the causes alluded to in the norm under examination, generated damages, is a matter that, except for proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere occurrence of the factual assumption regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect regarding the majority's position, we express our vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the abstract condemnation for costs and damages.
VCG04/2024 ... See more CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fifteenth of March, two thousand twenty-four.
Amparo action processed in expediente no. 24-003710-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MUNICIPALITY OF NANDAYURE
Resultando:
Based on the foregoing, he estimates that in the functioning of that municipality, none of the officials are working to resolve the problems, they blame each other and do not report the issues, failing in their duty and, in turn, affecting public health and providing terrible service to the inhabitants of the canton. For the reasons stated, he comes before the Chamber in protection of his fundamental rights. He requests that the appeal be granted.
| --- | --- | --- | | Sector | Number of Contributors | Percentage | | Residential | 1541 | 92.22% | | Commercial | 114 | 6.82% | | Industrial | 16 | 0.96% | As observed in the previous table, the contributors currently using the service are generating an average of 100.5 tons, and this production maintains an increasing trend during this 2023 period. According to this data, service provision is strictly limited to the collection, hauling, and disposal capacity that this municipality currently has, affecting the quality and capacity of the service.
Below, the following table is presented with the monthly and annual production averages of the service.
| --- | --- | | Month | Total Collected in 2023 (tons) | | January | 36.09 | | February | 43.73 | | March | 51.88 | | April | 46.19 | | May | 56.59 | | June | 48.31 | | July | 47.89 | | August | 54.17 | | September | 54.89 | | October | 58.21 | | Total | 497.95 | | Average | 49.80 | | --- | --- | | Year | Total Collected (tons) | | 2019 | 619.2 | | 2020 | 534.89 | | 2021 | 682.61 | | 2022 | 801.14 | | 2023 (as of Oct) | 497.95 | During this 2023 period, the service maintains 49% cantonal coverage, with no possibility of extending to other communities, as demand is exceeding the collection and hauling capacity. This situation, as mentioned throughout this report, has been prolonged for approximately 3 years; the longer the appropriate equipment for the proper execution of the routes continues to be prolonged, the greater the repercussions previously defined will be. Finally, this Unit once again highlights the enormous need to have at least one collection truck in order to provide adequate service to the population of the canton of Nandayure, thus preventing situations regarding environmental and public health matters derived from inadequate management of municipal solid waste; furthermore, it must be mentioned that after the efforts made to keep the service afloat, the continuity and quality of the service are becoming unsustainable under the current conditions.
Precedent: On repeated occasions, the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia de Costa Rica has stated that both the right to health and to a healthy environment constitute fundamental rights enshrined in Article No. 50 of the Constitución Política. The State, its institutions, and the Municipalities are obligated to take the necessary measures to protect the environment and avoid degrees of contamination that endanger the health of the administered, and therefore, it is a duty of the Municipalities derived from the conjunction of articles 50 and 169 of the Constitución Política to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment, corresponding to the administration of local interests and services. It is important to take into account that in accordance with subsection c) of numeral 2 of the Ley Orgánica del Ambiente, the State must ensure the rational use of environmental elements in order to protect and improve the quality of life of the inhabitants of the national territory; likewise, it is obligated to promote economically and environmentally sustainable development, understood as development that satisfies basic human needs without compromising the options of future generations.
In this way, municipalities are obligated to promote sustainable development models at the local level. Because it is considered a matter directly related to public and environmental health, the provision of the solid waste collection service cannot be subject to conditioning factors like those set forth above, which put the well-being of the population and their direct environment at risk, given the impossibility of executing collection tasks efficiently and with the necessary instruments that facilitate and guarantee a quality service based on the principles of legality, precautionary principle, and singular inderogability of the general health law and regulation No. 36093-S on the matter of gestión integral of solid waste." He requests that the appeal be dismissed.
It is worth highlighting that for purposes of the former administrative contracting law, its current reform had not been established (thus this process had the inputs required for its award). FOURTH. That this administration has been compelled to maintain the service by collection using wagons in a palliative manner while the Municipal Council provides a resolution on the aforementioned tender (see Official Letter No. AM-AA-0162-2024, TABLE 1). FIFTH. That, given the non-resolution of this contracting process, since said declaration was not issued, it has not been possible to re-establish a new process, because this would incur in a double tender with an adjusted budget; therefore, given the refusal to issue the declaration, a request was made for budget modifications for the purchase of tires, oils, and lubricants for the wagons that were providing the service, but these were not approved by the council members.
SIXTH. Thus, as time passed, the situations regarding Integrated Waste Management became complex given the limitations in opening up the purchase of inputs to provide continuity to the service using the institution's wagons and given the refusal to resolve process No. 2021LA-000001-0020450009 (see technical report No. MN-GA-IT-10-2023). SEVENTH. That, after lacking the resources to give said continuity to the service, a point of collapse was reached in which this administration was forced to halt collection indefinitely until the corresponding agreements were made by the council for the approval of the mentioned resources to continue with the collection in the wagon modality and the resolution of the tender in question. EIGHTH. However, the Nandayure Health Governing Area was notified of the indefinite suspension of the service (said office was already aware of the problems that had been brewing for approximately 2 years).
NINTH. Following the notification to the Nandayure Health Governing Area and the communication to the population of what had occurred, the Health Governing Area issued Sanitary Order No. MS-DRRSCH-DARS-ERS-OS-2024-011, in which it proceeded to request a remedial plan for the continuity of the service (See case file No. 0062024001600008, folios 2 through 11). TENTH. That, in consideration of the sanitary order cited in the preceding paragraph, the remedial plan was delivered through Official Letter No. AM-AA-0162-2024, received on February 9, 2024, by the Nandayure Health DARS, in which it is indicated that the administration will proceed through an Emergency contracting for the rental of a Waste Collection Truck based on Article 66 of the Public Procurement Law (see case file No. 0062024001600008, folios No. 00000 12 through 00000 21). ELEVENTH. That on Thursday, February 22, 2024, the public procurement was finalized, through process No. 0062024001600008, in which it was decided to award to Mr.
JULIO CESAR RODRIGUEZ VIQUEZ, identification number 5-0249-065; such that, after the actions taken, it was possible to re-establish the service on Friday, February 23, 2024 (see case file No. 0062024001600008, folio No. 00000 86). TWELFTH. That the exceptional public procurement process for the Santa Cruz Environmental Technology Park Landfill Site (Relleno Sanitario Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz) is being executed, under tender No. 00622024001600003; however, this must still be subjected to the due process of award, which is why it has not been finalized; nonetheless, this authorized operator was requested to receive the waste generated in the canton of Nandayure temporarily while the process is successfully finalized (see Official Letter No. DAM-DGA-PTA-102-2024). Therefore, this administration reports in a timely manner on the re-establishment of the ordinary solid waste collection service on February 23, 2024, and until May 23, 2024; likewise, in parallel, once the final act of tender No. 2021LA-000001-0020450009 is declared, a new public procurement process for the solid waste collection service for one year, extendable to 3 years, can be initiated, with the objective of providing quality and continuity of service to the residents of the canton of Nandayure.
And that through Official Letter No. MS-DRRSCH-DARSNA-034-2024, the closure and archiving of sanitary orders MS-DRRSCH-DARSN-ERS-OS-008-2024 and MS-DRRSCH-DARS-ERSOS-2024-011 was issued for having complied with what was requested in the aforementioned orders. It is requested that the appeal be declared without merit.
Rendered by Judge Cruz Castro; and,
Considering:
The petitioner states that the respondent municipality is in charge of the water service for human consumption for the districts of Carmona and Santa Rita, as well as the solid waste collection service for the entire canton. However, both services are presenting serious problems that endanger the public health of the inhabitants. Regarding water, it has not been given the chlorination process since December 14, 2023, which was reported by the mayor through an alert communication on his official social networks. In relation to the waste collection service, the municipality does not have a collection truck. He alleges that on Friday, February 9, 2024, waste was not collected and is accumulating on the streets and sidewalks of the canton. He points out that in session 197 of the Council, broadcast live on February 6, 2024, with the mayor absent, the president of said body read the sanitary orders notified by the Ministry of Health to the mayor and the municipal president regarding the two cited problems. He alleges that to date the respondent authorities have done nothing to provide a solution to the described problems. He requests the intervention of this Court.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent authority failed to refer to them, as provided in the initial order:
Regarding the claim for the lack of disinfection of water in the canton of Nandayure:
Chlorination with tablets in a dry chamber was resumed (see report).
Regarding the garbage collection service provided by the Municipality of Nandayure:
The content of the AWARD RECOMMENDATION issued by Ignacio Escobar Bray, Head of Procurement, is approved. To award the urgent process for contracting the service of a solid waste collection truck for the Canton of Nandayure, for a temporary period of 3 to 4 months, to the individual SME JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ VEGA with ID number 5-0249-0651, for the sum of 70,000 colones per ton collected, in the districts of Carmona, San Pablo, Bejuco, and Santa Rita. The Council Secretary, Ms. Rebeca Chaves Duarte, or whoever holds her position, is authorized to carry out all administrative actions in the SICOP system to comply with this agreement. The institutional provider, Mr. Ignacio Escobar Brais, is requested to continue with all administrative actions within the scope of his powers so that the start order for this procedure is issued as soon as possible, in pursuit of safeguarding public health and the public interest of the Canton." u) On February 23, 2024, the ordinary solid waste collection service was resumed in the Canton of Nandayure, such that the collected waste is being transferred to the Santa Cruz Environmental Technology Park, as the final disposal site approved by the Ministry of Health (see report).
Regarding the alleged failure to provide potable water service. In matters of potable water supply, the jurisprudence of this Chamber has been fundamentally directed at protecting the right to life and health of natural persons. These rights imply the possibility of demanding certain services from the State, an area in which it is obligated to provide some public services, especially those that are essential for maintaining sanitary conditions favorable to the preservation of life and health of persons. In this way, guaranteeing the purity of the liquid for human consumption, as well as the continuity of its supply, forms part of a due and efficient service to the subscriber, and in turn guarantees their most basic fundamental rights.
In the first place, in the present matter, the claimant alleges that since December 14, 2023, the respondent municipality, as the entity responsible for the water service for human consumption in the canton of Nandayure, has not carried out the water chlorination process, which was reported by the mayor through an alert communication on his official social networks. He points out that, as of the date of filing this proceeding, the problem has not been resolved.
From the reports given to this Chamber by the respondent municipal authorities, it is effectively confirmed that in September 2023, the municipal entity was unable to carry out the ordinary water disinfection actions in the canton due to management problems related to equipment maintenance, the purchase of materials, and other necessary inputs. The foregoing was warned to the population by the respondent Municipality in mid-December 2023. As a consequence of the foregoing, on February 6, 2024, the Ministry of Health, Nandayure Area, imposed a sanitary order on the respondent municipality for the lack of disinfection of the potable water service (see report and evidence). In compliance with the order issued by the Ministry of Health, on February 15, 2024, the same day the resolution granting leave to this proceeding was notified, the respondent Municipality approved: a) the request to initiate an order for the purchase of 4 drums of 12% liquid sodium hypochlorite, b) the start order request for contracting the maintenance and repair service of the aqueduct's pumping system. Likewise, it resumed chlorination with tablets in a dry chamber; and on February 23, 2024, at 11:40 a.m., the health area ordered the closure of the sanitary order.
From the foregoing, it is clear that it is on the occasion of this proceeding that the measures indicated by the Ministry of Health were taken, which lifted the imposed sanitary order and restored the water service. Therefore, it is appropriate to grant the appeal, without special award of costs and damages, with the order that management problems be effectively corrected and the necessary measures be taken for water disinfection in the indicated zone, in the terms stated in the operative part of this judgment.
Regarding the alleged failure to provide garbage collection service. In the present matter, the appellant party claims, on the one hand, that the Municipality of Nandayure does not have a garbage collection truck, nor a collection service contract for more than 4 years. They point out that on Friday, February 9, 2024, waste was not collected and it is accumulated on the streets and sidewalks of the canton.
After reviewing the reports rendered under the solemnity of oath, as well as the evidence provided, it follows that, indeed, in the Canton of Nandayure there have been suspensions in the garbage collection service and difficulties in providing an adequate service to the population. According to the Head of the Environmental Management Unit of the Municipality of Nandayure, there is an enormous need to have at least one collection truck, which would allow avoiding risk situations in environmental and public health matters derived from inadequate management of municipal solid waste.
From the reports submitted to this Chamber by the respondent authorities, it appears that, to address the waste collection problem, the Ministry of Health imposed a sanitary order on the respondent Mayor's Office of Nandayure for the suspension of the solid waste collection service. It is in compliance with that order that the Municipal Council, in an ordinary session on February 6 and 13, 2024, agreed to ask the Municipal Mayor's Office and Environmental Manager to proceed to take the corresponding measures, within the scope of their competence, to carry out, as soon as possible, a bidding process, in accordance with the General Public Procurement Law and its Regulations, and to temporarily contract the services of a solid waste collection truck that meets the requirements demanded by the Ministry of Health regarding the transfer, storage, and transport of leachate. In that sense, in ordinary session number 198 held on February 13, 2024 —that is, prior to the notification of the resolution that granted leave to the present amparo appeal— the Municipal Council agreed to convene an extraordinary session for Thursday, February 15, 2024, to hear and resolve the urgent process for the temporary contracting of a solid waste collection truck.
From the foregoing, this Chamber considers that, although the respondent Municipality has adopted some actions aimed at complying with the sanitary order issued by the Municipal Council, said extraordinary session was convened before the respondent council had knowledge of the notification of this amparo appeal, so on February 23, 2024, the respondent Municipality carried out the necessary actions to resume the ordinary solid waste collection service in the communities affected by the lack of service provision in the Canton of Nandayure. In such a way that the garbage is now being transferred to the Santa Cruz Environmental Technology Park, as the final disposal site approved by the Ministry of Health. Furthermore, it appears that once the normalization of the service was verified by the Nandayure health area, it proceeded to close and archive sanitary orders No. MS-DRRSCH-DARSNA-OS-008 2024 and No. MS-DRRSCH-DARSNA-OS-009-2024, because compliance was made with the request.
In this regard, it is proven that although the respondent municipality describes the various steps it has taken regarding the management of the garbage collection problem, once notified of the filing of this proceeding, and therefore the sanitary order was lifted and archived, the fact prevails that there is still no definitive solution to the garbage collection problem reported by the residents of Nandayure, which, as has been demonstrated, still persists, since there is not even a collection truck. In that sense, it should be noted that in the attached report, the official of the respondent local government emphasized that the solution to the garbage collection problem, in response to the sanitary order issued by the health area, is temporary. Therefore, the competent municipal authorities are warned of their duty to guarantee that the waste collection service is provided in their territory in a selective, accessible, periodic, and efficient manner for all inhabitants, as provided in Article 8 of the Law for Integrated Waste Management, No. 8839.
Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable"), the granting must be without special award of costs and damages, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to state that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same final paragraph states that the granting is issued "solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable." It is emphasized that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an evaluation, appreciation, or weighing by the Court.
In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: "any resolution that grants the appeal shall condemn in abstracto to the compensation of the damages caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment," where the possibility of assessing whether or not the matter of compensation and costs is applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law, and, additionally, in their order, the General Law of Public Administration and the Contentious Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf.
Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the criterion of the majority to resolve this appeal without award of costs and damages.
VI.PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO, AND GARITA NAVARRO, AND MAGISTRATE JARA VELASQUEZ, ONLY IN RELATION TO THE NON-IMPOSITION OF COSTS AND DAMAGES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.
While we agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, we dissent from the majority criterion to the extent that it exempts the respondent party from being condemned to pay the costs and damages arising from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:
"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable." Furthermore, Article 51 ibidem establishes that:
"...any resolution that grants the appeal shall condemn in abstracto to the compensation of the damages caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." This last norm establishes the general system that regulates what is related to the issue of compensation and the payment of costs, which the majority terms the "natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…".
In the opinion of the majority, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs and damages arises. However, in the judgment of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to some fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo —a case contemplated in the referred Article 52— by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the condemnation of the infringer to the compensation of the damages caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition to the party that has suffered a violation of their fundamental rights of the right to effective judicial protection concerning the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction.
Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself once it became aware of the processing of the amparo, with restoration to the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these cases, the pressing need arises for an award of costs and damages against the infringer, the basis of which is found in the principles of protection of the rights of persons and in that the Administration must be held responsible for the damages it causes with its unconstitutional actions.
Thus, the fact that, at the time of hearing and resolving the amparo favorably, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not nullify the applicability of the award of costs and damages, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in those respects, contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.
Moreover, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or pronounced on the merits of the claim, has verified the violation that the protected party has suffered in their fundamental rights, by virtue of the restoration to the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an "abnormal termination of the proceeding." The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that granted leave to the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that indisputably orders the revocation, stopping, or suspension of the challenged action violating fundamental rights.
Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation in costs and damages, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated there, the appeal shall be granted "solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable." As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages suffered from the injury to their constitutional rights.
In our view, such an exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation in costs and damages upon a violation of fundamental rights, that condemnation is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is indisputably and clearly established that in the specific case no compensable harm whatsoever was caused. Only and solely in such circumstances could the respondent Administration be exempted from payment of those items. As in this case, there is no element whatsoever that refutes the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages arising from the challenged actions —whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction—, the granting of this appeal must necessarily entail the award of costs and damages, and we so declare.
As an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings is not primarily aimed at analyzing the existence or absence of damages, but rather the existence or absence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of persons. From this perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on such verification, but does not enter into the weighing of whether those issues have generated patrimonial injuries in the strictly economic sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, states that such condemnation (in damages and costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that this examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) have constituted the adequate cause for patrimonial injuries that are legally compensable.
As a reference, numerals 179 to 184 of the Contentious Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the determination of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:
"ARTICLE 179.- It corresponds to the Contentious-Administrative Court to execute the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensations." It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding a condemnation in abstracto in those respects, since such claims would not be applicable in that type of case when the judgment issued within the amparo proceeding expressly establishes the inapplicability of damages and/or costs, or when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber.
In that order, in our judgment, under the terms of the mentioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial condemnation requires, in each case, the proof of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception that, as such, requires a qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, in the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that prior to that cessation by the respondent entity's own action or by a third party, the accused indolence or reproached disturbance may have come to cause damages. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and with respect to which, in order as regulated by the aforementioned mandate 52, are characteristic of a condemnation in abstracto that later constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction.
The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages because, it is insisted, this is not its primary object or ratio. Thus, the protected person is not responsible for claiming or demonstrating damages, since what they seek is the safeguarding of their fundamental rights.
Furthermore, if those administrative actions have caused harm, that is an issue that, as a matter of principle and save for exceptional cases, does not form part of the analytical basis for this type of case. Note that, in the situation governed by that provision, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, the Chamber does not proceed to assess whether or not there is a violation, and therefore, it can even less be determined whether, based on what the petitioner reported, there may or may not be situations giving rise to potential civil remedy. Thus, the dispensation from an award of costs referred to in that rule is exceptional in nature, not a matter of principle.
Therefore, in such situations, the rule imposes an award in the abstract, so that its appropriateness is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered harm in their financial sphere would be placed at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and ignoring the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 of the same body of law. Moreover, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that a measure was adopted to cause the cessation of actions that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. In other words, for the purpose of obtaining the protection of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the censured disturbance occurred.
It is insisted: whether the persistence of the threat or the deterioration of their situation, insofar as it was caused to cease by the grounds cited in the rule under examination, generated damages and losses is a matter that, barring proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, must in no way be denied, as a starting point, by the mere realization of the factual scenario regulated in the aforementioned ordinal 52 of the LJC. Consequently, with the utmost respect always for the majority position, we state our vote and reiterate that granting this recourse must necessarily entail an abstract award of costs, damages, and losses.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the court office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The recourse is granted, without a special award of costs, damages, and losses. It is ordered that Leandro Méndez Castillo in his capacity as Head of the Environmental Management Unit, Giovanni Jiménez Gómez, in his condition as Mayor, and Juan Miguel Alvarado Alvarado, in his condition as President of the Municipal Council, all of the Municipalidad de Nandayure, or whoever holds those positions, within the framework of their competencies, and according to the report given to this Chamber, take the necessary measures to guarantee and ensure the quality and continuity of the water service provision to the residents of the canton of Nandayure. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on whoever receives an order that they must comply with or enforce, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. In addition, the respondent authorities of the Municipalidad de Nandayure should take note of what is indicated in the last paragraph of Considerando III of this judgment. Judges Salazar Alvarado, Garita Navarro, and Judge Jara Velásquez partially dissent and order an award of damages, losses, and costs.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Ingrid Hess H.
Alejandro Delgado F.
Rosibel Jara V.
Jose Roberto Garita N.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Sentencia con Voto Salvado Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
SERVICIOS BASICOS.
Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
QUEJA.
007186-24. SERVICIOS PÚBLICOS. MUNICIPALIDAD. VECINOS DE CARMONA Y SANTA RICA DE NANDAYURE, ACUSAN QUE, EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y REPORTAN PROBLEMAS CON LA CLORACIÓN DEL AGUA. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO Y, SE ORDENA AL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL TODOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE, QUE, DENTRO DEL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, Y SEGÚN EL INFORME DADO A ESTA SALA, TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR Y ASEGURAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA, A LOS VECINOS DEL CANTÓN DE NANDAYURE. VCG04/2024 “(…) III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De la acusada falta de prestación del servicio de agua potable. En materia de suministro de agua potable, la jurisprudencia de esta Sala se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas.
De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales.
En primer lugar, en el presente asunto, el accionante reclama que desde el 14 de diciembre de 2023, la municipalidad recurrida como encargada del servicio de agua para consumo humano del cantón de Nandayure, no ha realizado el proceso de cloración del agua, lo que fue informado por el alcalde mediante comunicado de alerta en sus redes sociales oficiales. Señala que a la fecha de interponer este proceso, el problema no ha sido solucionado.
De los informes dados a esta Sala por las autoridades municipales recurridas, efectivamente se confirma que en setiembre del año 2023, el ente municipal no pudo realizar las acciones ordinarias de desinfección del agua en el cantón, por problemas de gestión de mantenimiento del equipo, compra de materiales y otros insumos necesarios. Lo anterior fue advertido a la población por parte de la Municipalidad recurrida a mediados de diciembre del 2023. Como consecuencia de lo anterior, el 06 de febrero de 2024, el Ministerio de Salud Área de Nandayure impuso a la municipalidad recurrida la orden sanitaria por la falta de desinfección del servicio de agua potable a la (ver informe y prueba). En cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio de Salud, el 15 de febrero del 2024, mismo día que se notifica la resolución que da curso a este proceso, la Municipalidad recurrida aprobó: a) la solicitud para iniciar una orden para la compra de 4 estañones de hipoclorito de sodio liquido al 12%, b) la solicitud de orden de inicio para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación del sistema de bombeo del acueducto Asimismo, retomó el clorado con pastilla en cámara seca; y el 23 de febrero del 2024, al ser las 11:40 a.m. el área de salud ordenó el cierre de la orden sanitaria.
De lo expuesto, queda claro que es con ocasión de este proceso, que se tomaron las medidas indicadas por el Ministerio de Salud, que levantó la orden sanitaria impuesta y se restituyó el servicio de agua. Por ello, procede acoger el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con la orden de que, efectivamente, se corrijan los problemas de gestión y se tomen las medidas necesarias para la desinfección del agua en la zona indicada, en los términos que se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.
De la acusada falta de prestación del servicio de recolección de basura. En el presente asunto la parte recurrente reclama por un lado que la Municipalidad de Nandayure no cuenta con un camión recolector de basura, ni con un contrato de servicio de recolección desde hace más de 4 años. Señalan que el viernes 9 de febrero de 2024, no se recogieron los residuos y están acumulados por las calles y aceras del cantón.
Luego de revisados los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento, así como la prueba aportada, se desprende que efectivamente en el Cantón de Nandayure se han presentado suspensiones en el servicio de recolección de basura y dificultades para brindar un adecuado servicio a la población. Según el Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nandayure existe una enorme necesidad de contar con al menos un camión recolector, que permita evitar situaciones de riesgo en materia ambiental y de salud pública, derivadas de un inadecuado manejo de los residuos sólidos municipales.
De los informes presentados a esta Sala por parte de las autoridades recurridas, se tiene que, para atender el problema de recolección de desechos, el Ministerio de Salud impuso a la Alcaldía de Nandayure recurrida, una orden sanitaria por la suspensión del servicio de recolección de residuos sólidos. Es en cumplimiento de esa orden que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria de los días 06 y 13 de febrero del 2024, acordó pedir a la Alcaldía Municipal y Gestor Ambiental que procedan a tomar las medidas correspondientes, dentro del ámbito de su competencia para realizar a la mayor brevedad posible, un proceso licitatorio, conforme a la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento, y contratar temporalmente los servicios de un camión recolector de desechos sólidos, que reúna los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud en cuanto al traslado, almacenaje y transporte de lixiviados. En ese sentido, en la sesión ordinaria número 198 celebrada el día 13 de febrero de 2024, -es decir anterior a la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo- el Concejo Municipal acordó convocar a una sesión extraordinaria para el día jueves 15 de febrero de 2024, para conocer y resolver el proceso de urgencia para la contratación temporal de un camión recolector de residuos sólidos.
De lo expuesto, esta Sala considera que, si bien la Municipalidad recurrida ha adoptado algunos actos encaminados para dar cumplimiento a la orden sanitaria por parte del Concejo Municipal, dicha sesión extraordinaria fue convocada anterior a que el concejo recurrido tuviese conocimiento de la notificación del presente recurso de amparo, por lo que en fecha 23 de febrero de 2024, que la Municipalidad recurrida realiza los actos necesarios para reanudar el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios, en las comunidades afectadas por la falta de prestación del servicio en el Cantón de Nandayure. De tal forma que ya la basura está siendo trasladada hasta el Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, como sitio de disposición final aprobado por el Ministerio de Salud. Se tiene además que, al ser constatada por el área de salud de Nandayure la normalización del servicio, esta procedió a realizar el cierre y archivo de las ordenes sanitarias N° MS-DRRSCH-DARSNA-OS-008 2024 y N° MS-DRRSCH-DARSNA-OS-009-2024, pues se cumplió con lo solicitado.
Al respecto, se acredita que si bien la municipalidad recurrida describe las diferentes gestiones que ha realizado sobre el manejo del problema de recolección de basura, una vez comunicado de la interposición de este proceso, y por ello se levantó y archivó la orden sanitaria, impera el hecho que no existe todavía una solución con certeza del problema de recolección de basura denunciado por los vecinos de Nandayure, el cual conforme quedó demostrado todavía persiste, pues no se cuenta siquiera con un camión recolector. En ese sentido, adviértase que en el informe adjunto, el personero del gobierno local recurrido subrayó que la solución al problema de recolección de basura, en atención a la orden sanitaria emitida por el área de salud, es temporal. Por ello, se advierte a las autoridades municipales competentes su deber de garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839. (…)” ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 052- Cese de acto impugnado con ocasión a la presentación del amparo. Desistimiento y satisfacción extra procesal Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL “(…) IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas.
Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. (…)” VCG04/2024 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 052- Cese de acto impugnado con ocasión a la presentación del amparo. Desistimiento y satisfacción extra procesal Subtemas:
NO APLICA.
VI.VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO, y GARITA NAVARRO Y LA MAGISTRADA JARA VELASQUEZ ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.
Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso.
Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una "terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables.
A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados.
Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria.
Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio.
Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada.
Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.
VCG04/2024 ... Ver más SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de marzo de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 24-003710-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE
Resultando:
Como se observó en la tabla anterior, los contribuyentes que actualmente hacen uso del servicio están generando en promedio 100.5 toneladas y esta producción mantiene una tendencia de aumento durante este periodo 2023, conforme a estos datos, la prestación del servicio se ve estrictamente limitada a la capacidad de recolección, acarreo y disposición con que esta municipalidad cuenta actualmente, viéndose afectada la calidad y capacidad del servicio.
A continuación, se presenta el siguiente cuadro con los promedios de producción mensuales y anuales del servicio.
Durante este periodo 2023, el servicio mantiene un 49% de cobertura cantonal, sin posibilidad a extenderse a otras comunidades, pues la demanda se encuentra sobrepasando la capacidad de recolección y acarreo. Esta situación como se ha mencionado a lo largo de este informe se ha prolongado por 3 años aproximadamente; conforme continue prolongándose el equipamiento adecuado para la ejecución de las rutas de forma adecuada mayores serán las repercusiones anteriormente definidas. Por último, esta Unidad vuelve a destacar la enorme necesidad de contar con al menos un camión recolector, para poder brindar un adecuado servicio a la población del cantón de Nandayure, así prevenir situaciones en materia ambiental y de salud pública, derivadas de un inadecuado manejo de los residuos sólidos municipales, así, se debe mencionar que tras los esfuerzos realizados para mantener a flote el servicio, mediante las actuales se torna insostenible la continuidad y calidad del servicio.
Precedente: En reiteradas ocasiones la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha manifestado que tanto, el derecho a la salud, como a un ambiente sano, constituyen derechos fundamentales consagrados en el artículo N° 50 de la Constitución Política. El Estado, sus instituciones y las Municipalidades se encuentran obligadas a tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y evitar grados de contaminación que pongan en peligro la salud de los administrados y por tanto, es un deber de la Municipalidades derivado de la conjugación de los artículos 50 y 169 de la Constitución Política garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, correspondiente a la administración de los intereses y servicios locales. Es importantes tomar en cuenta que de conformidad con el inciso c) del numeral 2 de la Ley Orgánica del Ambiente, el Estado, debe velar por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional, asimismo, se encuentra obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendiendo como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras.
De esta forma, las municipalidades están obligadas en promover modelos de desarrollo sostenible a nivel local. Por considerarse un tema directamente relacionado a salud pública y medio-ambiental, la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos, no puede estar sujeto a condicionamientos como los expuestos anteriormente, que pone en riesgo el bienestar de la población y de su entorno directo, ante la imposibilidad de ejecutar las labores de recolección de forma eficiente y con los instrumentos necesarios que faciliten y garanticen un servicio de calidad con base en los principios de legalidad, precautorio y inderogabilidad singular de la ley general de salud y reglamento N° 36093-S, en materia de gestión integral de residuos sólidos.” Pide se declare sin lugar el recurso.
Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,
Considerando:
El accionante expone que la municipalidad recurrida es la encargada del servicio de agua para consumo humano de los distritos Carmona y Santa Rita, así como también del servicio de recolección de residuos sólidos de todo el cantón. Sin embargo, ambos servicios están presentando problemas graves que ponen en riesgo la salud pública de los habitantes. En cuanto al agua, no se le ha dado el proceso de cloración desde el 14 de diciembre de 2023, lo que fue informado por el alcalde mediante comunicado de alerta en sus redes sociales oficiales. En relación con el servicio de recolección de residuos, la municipalidad no cuenta con camión recolector. Acusa que el viernes 9 de febrero de 2024, no se recogieron los residuos y están acumulados por las calles y aceras del cantón. Señala que en sesión 197 del Concejo, transmitida en vivo el 6 de febrero de 2024, con el alcalde ausente, el presidente de dicho órgano leyó las órdenes sanitarias notificadas por el Ministerio de Salud, al alcalde y al presidente municipal, en relación con los dos problemas citados. Acusa que a la fecha las autoridades recurridas no han hecho nada para dar una solución a los problemas descritos. Pide la intervención de este Tribunal.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
En cuanto al reclamo por la falta de desinfección del agua en el cantón de Nandayure:
Del servicio de recolección de basura prestado por la Municipalidad de Nandayure:
Se aprueba lo indicado en la RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN emitida por Ignacio Escobar Bray, Encargado de Proveeduría. Adjudicar el proceso de urgencia para la contratación del servicio de un camión recolector de residuos sólidos para el Cantón de Nandayure, por un periodo temporal de 3 a 4 meses, a la Pyme persona física JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ VEGA con cédula de identidad número 5-0249-0651, por la suma de 70 mil colones por tonelada recolectada, en los distritos de Carmona, San Pablo, Bejuco y Santa Rita. Se autoriza a la secretaria del Concejo Sra. Rebeca Chaves Duarte o a quien ocupe su cargo, realizar todas las acciones administrativas en el sistema Sicop para cumplir con este acuerdo. Se le solicita al proveedor institucional Sr. Ignacio Escobar Brais que prosiga con todas las acciones administrativas dentro del ámbito de sus facultades para que a la mayor brevedad se dé la orden de inicio de este procedimiento, en procura de salvaguardar la salud pública y el interés público del Cantón.” u) El 23 de febrero del 2024, se reanudó el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios, en el Cantón de Nandayure, de tal forma que los residuos recolectados están siendo trasladados hasta el Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, como sitio de disposición final aprobado por el Ministerio de Salud (ver informe).
De la acusada falta de prestación del servicio de agua potable. En materia de suministro de agua potable, la jurisprudencia de esta Sala se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales.
En primer lugar, en el presente asunto, el accionante reclama que desde el 14 de diciembre de 2023, la municipalidad recurrida como encargada del servicio de agua para consumo humano del cantón de Nandayure, no ha realizado el proceso de cloración del agua, lo que fue informado por el alcalde mediante comunicado de alerta en sus redes sociales oficiales. Señala que a la fecha de interponer este proceso, el problema no ha sido solucionado.
De los informes dados a esta Sala por las autoridades municipales recurridas, efectivamente se confirma que en setiembre del año 2023, el ente municipal no pudo realizar las acciones ordinarias de desinfección del agua en el cantón, por problemas de gestión de mantenimiento del equipo, compra de materiales y otros insumos necesarios. Lo anterior fue advertido a la población por parte de la Municipalidad recurrida a mediados de diciembre del 2023. Como consecuencia de lo anterior, el 06 de febrero de 2024, el Ministerio de Salud Área de Nandayure impuso a la municipalidad recurrida la orden sanitaria por la falta de desinfección del servicio de agua potable a la (ver informe y prueba). En cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio de Salud, el 15 de febrero del 2024, mismo día que se notifica la resolución que da curso a este proceso, la Municipalidad recurrida aprobó: a) la solicitud para iniciar una orden para la compra de 4 estañones de hipoclorito de sodio liquido al 12%, b) la solicitud de orden de inicio para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación del sistema de bombeo del acueducto Asimismo, retomó el clorado con pastilla en cámara seca; y el 23 de febrero del 2024, al ser las 11:40 a.m. el área de salud ordenó el cierre de la orden sanitaria.
De lo expuesto, queda claro que es con ocasión de este proceso, que se tomaron las medidas indicadas por el Ministerio de Salud, que levantó la orden sanitaria impuesta y se restituyó el servicio de agua. Por ello, procede acoger el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con la orden de que, efectivamente, se corrijan los problemas de gestión y se tomen las medidas necesarias para la desinfección del agua en la zona indicada, en los términos que se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.
De la acusada falta de prestación del servicio de recolección de basura. En el presente asunto la parte recurrente reclama por un lado que la Municipalidad de Nandayure no cuenta con un camión recolector de basura, ni con un contrato de servicio de recolección desde hace más de 4 años. Señalan que el viernes 9 de febrero de 2024, no se recogieron los residuos y están acumulados por las calles y aceras del cantón.
Luego de revisados los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento, así como la prueba aportada, se desprende que efectivamente en el Cantón de Nandayure se han presentado suspensiones en el servicio de recolección de basura y dificultades para brindar un adecuado servicio a la población. Según el Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nandayure existe una enorme necesidad de contar con al menos un camión recolector, que permita evitar situaciones de riesgo en materia ambiental y de salud pública, derivadas de un inadecuado manejo de los residuos sólidos municipales.
De los informes presentados a esta Sala por parte de las autoridades recurridas, se tiene que, para atender el problema de recolección de desechos, el Ministerio de Salud impuso a la Alcaldía de Nandayure recurrida, una orden sanitaria por la suspensión del servicio de recolección de residuos sólidos. Es en cumplimiento de esa orden que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria de los días 06 y 13 de febrero del 2024, acordó pedir a la Alcaldía Municipal y Gestor Ambiental que procedan a tomar las medidas correspondientes, dentro del ámbito de su competencia para realizar a la mayor brevedad posible, un proceso licitatorio, conforme a la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento, y contratar temporalmente los servicios de un camión recolector de desechos sólidos, que reúna los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud en cuanto al traslado, almacenaje y transporte de lixiviados. En ese sentido, en la sesión ordinaria número 198 celebrada el día 13 de febrero de 2024, -es decir anterior a la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo- el Concejo Municipal acordó convocar a una sesión extraordinaria para el día jueves 15 de febrero de 2024, para conocer y resolver el proceso de urgencia para la contratación temporal de un camión recolector de residuos sólidos.
De lo expuesto, esta Sala considera que, si bien la Municipalidad recurrida ha adoptado algunos actos encaminados para dar cumplimiento a la orden sanitaria por parte del Concejo Municipal, dicha sesión extraordinaria fue convocada anterior a que el concejo recurrido tuviese conocimiento de la notificación del presente recurso de amparo, por lo que en fecha 23 de febrero de 2024, que la Municipalidad recurrida realiza los actos necesarios para reanudar el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios, en las comunidades afectadas por la falta de prestación del servicio en el Cantón de Nandayure. De tal forma que ya la basura está siendo trasladada hasta el Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, como sitio de disposición final aprobado por el Ministerio de Salud. Se tiene además que, al ser constatada por el área de salud de Nandayure la normalización del servicio, esta procedió a realizar el cierre y archivo de las ordenes sanitarias N° MS-DRRSCH-DARSNA-OS-008 2024 y N° MS-DRRSCH-DARSNA-OS-009-2024, pues se cumplió con lo solicitado.
Al respecto, se acredita que si bien la municipalidad recurrida describe las diferentes gestiones que ha realizado sobre el manejo del problema de recolección de basura, una vez comunicado de la interposición de este proceso, y por ello se levantó y archivó la orden sanitaria, impera el hecho que no existe todavía una solución con certeza del problema de recolección de basura denunciado por los vecinos de Nandayure, el cual conforme quedó demostrado todavía persiste, pues no se cuenta siquiera con un camión recolector. En ese sentido, adviértase que en el informe adjunto, el personero del gobierno local recurrido subrayó que la solución al problema de recolección de basura, en atención a la orden sanitaria emitida por el área de salud, es temporal. Por ello, se advierte a las autoridades municipales competentes su deber de garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839.
IV.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas.
Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VI.VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO, y GARITA NAVARRO Y LA MAGISTRADA JARA VELASQUEZ ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.
Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso.
Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una "terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables.
A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados.
Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria.
Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio.
Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada.
Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Leandro Méndez Castillo en su calidad de Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental, Giovanni Jiménez Gómez, en su condición de Alcalde y Juan Miguel Alvarado Alvarado, en su condición de Presidente del Concejo Municipal todos de la Municipalidad de Municipalidad de Nandayure o a quienes ocupen tales cargos que, dentro del marco de sus competencias, y según el informe dado a esta Sala, tomen las medidas necesarias para garantizar y asegurar la calidad y continuidad de la prestación del servicio de agua, a los vecinos del cantón de Nandayure. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Además, tomen nota las autoridades recurridas de la Municipalidad de Nandayure de lo indicado en el último párrafo del considerando III de esta sentencia. Los magistrados Salazar Alvarado, y Garita Navarro y la Magistrada Jara Velásquez salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños perjuicios y costas.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Ingrid Hess H.
Alejandro Delgado F.
Rosibel Jara V.
Jose Roberto Garita N.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Document not found. Documento no encontrado.