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Res. 07186-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/03/2024
OutcomeResultado
The amparo is granted for violation of the rights to health and a healthy environment, ordering the municipality to ensure water service quality and continuity, with no costs or damages according to the majority, and a partial dissent.Se declara con lugar el recurso por violación a los derechos a la salud y a un ambiente sano, ordenando garantizar la calidad y continuidad del servicio de agua, sin condena en costas para la mayoría, con voto salvado parcial.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a resident of Nandayure against the municipality, alleging lack of drinking water disinfection since December 2023 and suspension of solid waste collection, endangering public health. The municipality acknowledges the problems and proves that, after health orders from the Ministry of Health, it took corrective measures: approved the purchase of chlorine and resumed tablet chlorination, and temporarily contracted a garbage truck, restoring service on February 23, 2024. However, the Chamber grants the amparo due to violation of the rights to health and a healthy environment, as solutions were partial or arose during the proceedings. It orders municipal authorities to ensure water service quality and continuity, and warns them of their legal duty to ensure waste collection. The majority exempts from costs and damages, with a partial dissent ordering such condemnation.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por un vecino del cantón de Nandayure contra la municipalidad, alegando la falta de desinfección del agua para consumo humano desde diciembre de 2023 y la suspensión del servicio de recolección de residuos sólidos, lo cual pone en riesgo la salud pública. La municipalidad reconoce los problemas y acredita que, tras la imposición de órdenes sanitarias por el Ministerio de Salud, tomó medidas correctivas: aprobó la compra de cloro y retomó la cloración con pastilla, y contrató temporalmente un camión recolector, reanudando el servicio el 23 de febrero de 2024. No obstante, la Sala declara con lugar el recurso por la vulneración de los derechos a la salud y a un ambiente sano, pues las soluciones fueron parciales o surgieron con ocasión del proceso. Se ordena a las autoridades municipales garantizar la calidad y continuidad del servicio de agua, y se les advierte sobre su deber legal de asegurar la recolección de residuos. La mayoría exime de condena en costas, daños y perjuicios, con voto salvado parcial que ordena dicha condena.
Key excerptExtracto clave
III.- ON THE SPECIFIC CASE. Regarding the alleged lack of drinking water service. In matters of drinking water supply, this Chamber's case law has primarily aimed at protecting the rights to life and health of natural persons. These rights imply the possibility of demanding certain services from the State, an area where it is obligated to provide some public services, especially those essential to maintaining favorable sanitary conditions for the preservation of life and health. Thus, ensuring the purity of the liquid for human consumption and continuity of supply constitute part of a proper and efficient service to the customer, and in turn guarantee their most basic fundamental rights. First, in this case, the petitioner complains that since December 14, 2023, the respondent municipality, as the entity responsible for the drinking water service in the canton of Nandayure, has not carried out the water chlorination process, which was reported by the mayor through an alert on his official social networks. He notes that at the time of filing this process, the problem has not been solved. From the reports given to this Chamber by the respondent municipal authorities, it is indeed confirmed that in September 2023, the municipal entity could not carry out the routine water disinfection actions in the canton due to problems with equipment maintenance management, purchase of materials, and other necessary supplies. This was warned to the population by the respondent Municipality in mid-December 2023. As a consequence, on February 6, 2024, the Nandayure Area Ministry of Health imposed a health order on the respondent municipality for the lack of disinfection of the drinking water service. In compliance with the Ministry of Health's order, on February 15, 2024, the same day the resolution admitting this process was notified, the respondent Municipality approved: a) the request to initiate an order for the purchase of 4 drums of 12% liquid sodium hypochlorite, b) the request for a start order for contracting maintenance and repair services for the aqueduct pumping system. Likewise, it resumed chlorination with tablets in a dry chamber; and on February 23, 2024, at 11:40 a.m., the health area ordered the closure of the health order. From the above, it is clear that it was on the occasion of this process that the measures indicated by the Ministry of Health were taken, which lifted the imposed health order and restored the water service. Therefore, the amparo is granted, without special condemnation for costs and damages, with the order that management problems be effectively corrected and the necessary measures be taken for water disinfection in the indicated area, as set forth in the operative part of this judgment.III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De la acusada falta de prestación del servicio de agua potable. En materia de suministro de agua potable, la jurisprudencia de esta Sala se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. En primer lugar, en el presente asunto, el accionante reclama que desde el 14 de diciembre de 2023, la municipalidad recurrida como encargada del servicio de agua para consumo humano del cantón de Nandayure, no ha realizado el proceso de cloración del agua, lo que fue informado por el alcalde mediante comunicado de alerta en sus redes sociales oficiales. Señala que a la fecha de interponer este proceso, el problema no ha sido solucionado. De los informes dados a esta Sala por las autoridades municipales recurridas, efectivamente se confirma que en setiembre del año 2023, el ente municipal no pudo realizar las acciones ordinarias de desinfección del agua en el cantón, por problemas de gestión de mantenimiento del equipo, compra de materiales y otros insumos necesarios. Lo anterior fue advertido a la población por parte de la Municipalidad recurrida a mediados de diciembre del 2023. Como consecuencia de lo anterior, el 06 de febrero de 2024, el Ministerio de Salud Área de Nandayure impuso a la municipalidad recurrida la orden sanitaria por la falta de desinfección del servicio de agua potable a la (ver informe y prueba). En cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio de Salud, el 15 de febrero del 2024, mismo día que se notifica la resolución que da curso a este proceso, la Municipalidad recurrida aprobó: a) la solicitud para iniciar una orden para la compra de 4 estañones de hipoclorito de sodio liquido al 12%, b) la solicitud de orden de inicio para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación del sistema de bombeo del acueducto Asimismo, retomó el clorado con pastilla en cámara seca; y el 23 de febrero del 2024, al ser las 11:40 a.m. el área de salud ordenó el cierre de la orden sanitaria. De lo expuesto, queda claro que es con ocasión de este proceso, que se tomaron las medidas indicadas por el Ministerio de Salud, que levantó la orden sanitaria impuesta y se restituyó el servicio de agua. Por ello, procede acoger el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con la orden de que, efectivamente, se corrijan los problemas de gestión y se tomen las medidas necesarias para la desinfección del agua en la zona indicada, en los términos que se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"En materia de suministro de agua potable, la jurisprudencia de esta Sala se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas."
"In matters of drinking water supply, this Chamber's case law has primarily aimed at protecting the rights to life and health of natural persons."
Considerando III
"En materia de suministro de agua potable, la jurisprudencia de esta Sala se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas."
Considerando III
"Se advierte a las autoridades municipales competentes su deber de garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839."
"The competent municipal authorities are warned of their duty to ensure that in their territory the waste collection service is provided in a selective, accessible, periodic, and efficient manner for all inhabitants, as provided in Article 8 of the Integral Waste Management Law, No. 8839."
Considerando III
"Se advierte a las autoridades municipales competentes su deber de garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839."
Considerando III
"La mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."
"The majority of the Chamber considers that, in the sub examine, pursuant to the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (…), the granting should be without special condemnation for costs and damages."
Considerando IV
"La mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."
Considerando IV
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**Constitutional Chamber** **Resolution No. 07186 - 2024** **Date of Resolution:** 15 March 2024 at 09:20 **Expediente:** 24-003710-0007-CO **Drafted by:** Fernando Cruz Castro **Type of matter:** Amparo action **Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL **Judgment with Dissenting Vote** **Relevance Indicators** **Relevant judgment** **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Content of Interest:** **Strategic Themes:** Economic, social, cultural, and environmental law **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL GUARANTEE **Topic:** PUBLIC SERVICES **Subtopics:** BASIC SERVICES.
**Topic:** MUNICIPALITY **Subtopics:** COMPLAINT.
007186-24. PUBLIC SERVICES. MUNICIPALITY. RESIDENTS OF CARMONA AND SANTA RICA DE NANDAYURE, CLAIM THAT THE SOLID WASTE COLLECTION SERVICE AND REPORT PROBLEMS WITH WATER CHLORINATION. THE APPEAL IS GRANTED, AND THE PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY OF NANDAYURE IS ORDERED, WITHIN THE FRAMEWORK OF THEIR COMPETENCIES AND ACCORDING TO THE REPORT GIVEN TO THIS CHAMBER, TO TAKE THE NECESSARY MEASURES TO GUARANTEE AND ENSURE THE QUALITY AND CONTINUITY OF THE WATER SERVICE PROVISION TO THE RESIDENTS OF THE CANTON OF NANDAYURE. VCG04/2024 “(…) III.- ON THE SPECIFIC CASE. Regarding the alleged lack of provision of the potable water service. In matters of potable water supply, the jurisprudence of this Chamber has fundamentally been directed at protecting the right to life and health of natural persons. These rights imply the possibility of demanding certain services from the State, an area in which it is obliged to provide some public services, especially those that are essential for maintaining sanitary conditions favorable to the preservation of the life and health of individuals. Thus, guaranteeing the purity of the liquid for human consumption, as well as the continuity of its supply, form part of a due and efficient service to the subscriber, and in turn guarantee their most fundamental basic rights.
First, in the present matter, the claimant complains that since December 14, 2023, the respondent municipality, as the entity in charge of the water service for human consumption in the canton of Nandayure, has not carried out the water chlorination process, which was reported by the mayor via an alert communiqué on his official social networks. He states that as of the date of filing this proceeding, the problem has not been solved.
From the reports given to this Chamber by the respondent municipal authorities, it is confirmed that in September 2023, the municipal entity could not carry out the ordinary water disinfection actions in the canton, due to problems in the management of equipment maintenance, purchase of materials, and other necessary supplies. The foregoing was warned to the population by the respondent Municipality in mid-December 2023. As a consequence of the foregoing, on February 6, 2024, the Ministry of Health, Nandayure Area, imposed a sanitary order on the respondent municipality for the lack of disinfection of the potable water service (see report and evidence). In compliance with the order from the Ministry of Health, on February 15, 2024, the same day the resolution admitting this proceeding is notified, the respondent Municipality approved: a) the request to initiate an order for the purchase of 4 drums of liquid sodium hypochlorite at 12%, b) the request for a start order for the contracting of the maintenance and repair service for the aqueduct pumping system. Likewise, it resumed chlorination with tablets in a dry chamber; and on February 23, 2024, at 11:40 a.m., the health area ordered the closure of the sanitary order.
From the foregoing, it is clear that it is on the occasion of this proceeding that the measures indicated by the Ministry of Health were taken, which lifted the imposed sanitary order and restored the water service. Therefore, it is appropriate to grant the appeal, without special condemnation for costs and damages, with the order that, effectively, the management problems be corrected and the necessary measures be taken for the disinfection of the water in the indicated area, in the terms set forth in the operative part of this judgment.
Regarding the alleged lack of provision of the garbage collection service. In the present matter, the appellant party complains, on one hand, that the Municipality of Nandayure does not have a garbage collection truck, nor has it had a collection service contract for more than 4 years. They state that on Friday, February 9, 2024, waste was not collected and is accumulated on the streets and sidewalks of the canton.
After reviewing the reports rendered under the solemnity of oath, as well as the evidence provided, it appears that indeed in the Canton of Nandayure, suspensions in the garbage collection service and difficulties in providing an adequate service to the population have occurred. According to the Head of the Environmental Management Unit of the Municipality of Nandayure, there is an enormous need to have at least one collection truck, to avoid risk situations in environmental and public health matters, derived from inadequate management of municipal solid waste.
From the reports presented to this Chamber by the respondent authorities, it is evident that, to address the waste collection problem, the Ministry of Health imposed a sanitary order on the respondent Mayor's Office of Nandayure for the suspension of the solid waste collection service. It is in compliance with that order that the Municipal Council, in an ordinary session on February 6 and 13, 2024, agreed to request the Municipal Mayor's Office and Environmental Manager to proceed to take the corresponding measures, within the scope of their competence, to carry out, as soon as possible, a bidding process, in accordance with the General Law on Public Procurement and its Regulations, and temporarily contract the services of a solid waste collection truck that meets the requirements demanded by the Ministry of Health regarding the transfer, storage, and transport of leachate. In that sense, in ordinary session number 198 held on February 13, 2024, -that is, prior to the notification of the resolution admitting the present amparo appeal- the Municipal Council agreed to convene an extraordinary session for Thursday, February 15, 2024, to hear and resolve the urgent process for the temporary contracting of a solid waste collection truck.
From the foregoing, this Chamber considers that, although the respondent Municipality has adopted some acts aimed at complying with the sanitary order by the Municipal Council, said extraordinary session was convened before the respondent council had knowledge of the notification of the present amparo appeal. Therefore, on February 23, 2024, the respondent Municipality performs the necessary acts to resume the ordinary solid waste collection service in the communities affected by the lack of service provision in the Canton of Nandayure. Thus, the garbage is already being transferred to the Parque Tecnológico Ambiental of Santa Cruz, as the final disposal site approved by the Ministry of Health. It is also apparent that, upon the normalization of the service being verified by the health area of Nandayure, it proceeded to close and archive the sanitary orders No. MS-DRRSCH-DARSNA-OS-008 2024 and No. MS-DRRSCH-DARSNA-OS-009-2024, since what was requested was fulfilled.
In this regard, it is proven that although the respondent municipality describes the various steps it has taken regarding the management of the garbage collection problem, once notified of the filing of this proceeding, and therefore the sanitary order was lifted and archived, the fact prevails that there is still no certain solution to the garbage collection problem denounced by the residents of Nandayure, which, as was demonstrated, still persists, as there is not even a collection truck available. In that sense, note that in the attached report, the legal representative of the respondent local government stressed that the solution to the garbage collection problem, in response to the sanitary order issued by the health area, is temporary. Therefore, the competent municipal authorities are warned of their duty to guarantee that their territory is provided with a collection service for waste in a selective, accessible, periodic, and efficient manner for all inhabitants, pursuant to the provisions of Article 8 of the Law for Integrated Waste Management, No. 8839. (…)” ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 6. CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 052- Cessation of the challenged act on the occasion of the filing of the amparo. Withdrawal and extra-procedural satisfaction **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW “(…) IV.- ON THE CONDEMNATION FOR COSTS AND DAMAGES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine case, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable”), the grant must be without special condemnation for costs and damages, based on the following considerations. While there is express text in the law requiring the operative part of the ruling to state that the appeal is granted when, during the course of the amparo, the grievance is resolved, it is no less true that the same final paragraph states that the grant is ordered “solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” It is emphasized that the Law states “if applicable,” which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, when it states that: “any resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract the compensation for the damages caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, where appropriate, International or Community Law, and, further, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Constitutional Jurisdiction Law -cf. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite case preserves the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without condemnation for costs and damages. (…)” VCG04/2024 ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Dissenting vote **Branch of Law:** 6. CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 052- Cessation of the challenged act on the occasion of the filing of the amparo. Withdrawal and extra-procedural satisfaction **Subtopics:** NOT APPLICABLE.
VI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO, AND GARITA NAVARRO AND MAGISTRATE JARA VELASQUEZ SOLELY IN RELATION TO THE NON-CONDEMNATION FOR COSTS AND DAMAGES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.
While we agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, we separate from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being condemned to pay the costs and damages derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Constitutional Jurisdiction Law, in Article 52, provides that:
“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:
“...any resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract the compensation for the damages caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.” This latter norm establishes the general system regulating matters related to compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.
In the majority's criterion, the cited Article 51 regulates the assumptions in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for a condemnation for costs and damages arises. However, in the judgment of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right; and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it has knowledge of the amparo - an assumption contemplated in the referred Article 52 - by the imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the offender to compensate for the damages caused and pay the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not again incur in the actions that gave basis for the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Therefore, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it had knowledge of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those assumptions, the imperative need for a condemnation for costs and damages against the offender arises, whose basis is found in the principles of protection of the rights of individuals and in that the Administration must be held responsible for the damages it causes with its unconstitutional actions.
Thus, the fact that at the moment the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the condemnation for costs and damages, since such case forms an integral part of the general system of necessary condemnation on these points contained in the Constitutional Jurisdiction Law.
On the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the proceeding.” The legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scopes, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that provides, indubitably, for the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs and damages, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated there, the appeal shall be granted “solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the assumptions strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages suffered due to the injury to their constitutional rights.
In our criterion, such exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs and damages in the face of a violation of fundamental rights, such condemnation is always appropriate, even in the event that the respondent party issues a resolution, administrative or judicial, that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is indubitably and clearly established that in the specific case no damage capable of being compensated was caused. Only and solely in such assumptions could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic costs and damages derived from the challenged actions - the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction - the granting of this appeal must necessarily imply the condemnation for costs and damages, and we so declare.
As an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of costs and damages, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From that angle, the analysis carried out by this venue concentrates on such verification, however, it does not go into the weighing of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said condemnation (for damages and costs) operates, if applicable, we the undersigned do not believe that such examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceedings, to the extent that, it is within another ordinary proceeding, that it must be defined whether within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries, that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:
“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in hábeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.” It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation on these items, since that type of claim would not be appropriate within that type of cause, when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the inappropriateness of damages and/or costs, as well as when there is no express pronouncement regarding this particular point. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an express condemnation or pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, pursuant to the mentioned ordinal 52 of the LJC, the exemption from that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations based on which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the defendant entity's own action or by an external cause, the accused indolence or reproached disturbance may have come to cause damages. However, such a substantive question, regarding the effectiveness of the injuries, their quantification, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to an abstract condemnation that later constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages, since, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it does not fall to the protected person to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Then, whether these administrative conducts have produced injuries to them is an extreme that, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the analytical basis for this type of cause. Note that, in the assumption regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether or not there is an infraction, whereby, much less can it be defined whether based on what was denounced by the requester, there may or may not be situations of possible civil reparation. Thus, the exemption from condemnation referred to in that norm is of an exceptional, not a principle-based, order. Therefore, in those assumptions, the norm imposes the abstract condemnation, so that it is within another plenary proceeding that its applicability is analyzed. Otherwise, if that release from damages and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature, that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, for the purposes of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that, that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation while it was made to cease due to the causes alluded to in the norm under examination, generated damages, is a matter that, except for proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere occurrence of the factual assumption regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect regarding the majority's position, we express our vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the abstract condemnation for costs and damages.
VCG04/2024 ... See more **Text of the resolution** Res. No. 2024007186 **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on the fifteenth of March, two thousand twenty-four.
**Amparo action** processed in expediente no. 24-003710-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MUNICIPALITY OF NANDAYURE **Resultando:** 1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 12:59 p.m. on February 12, 2024, the appellant files an amparo action. They state that the respondent municipality is responsible for the water service for human consumption in the districts of Carmona and Santa Rita, and is responsible for the solid waste collection service for the entire canton; however, both services are presenting serious problems that endanger the public health of the inhabitants. They accuse that they are not disinfecting the water for human consumption, as corresponds according to health legislation, since they have not carried out the chlorination process since December 14, 2023, and the mayor reported this via an alert communiqué on his official social networks, according to the attached evidence. They claim that the water remained without chlorination during the months of December and January, and the Administration waited until after the municipal elections on February 4 to issue another communiqué on official social networks, on February 5, to inform that the water supplied by the municipal aqueduct continued without receiving chlorination, according to the attached evidence. Likewise, they allege that the respondent municipality does not have a garbage collection truck, nor has it had a collection service contract for more than 4 years, and they are using small wagons for collection. They clarify that there is no delinquency in solid waste for the communities supplied by the municipal aqueduct, since the item is paid on the same receipt as the water bill, therefore it is included in the water service invoice. Thus, there are no excuses for the waste collection problems that have been announced since November 7, 2023, through official letter AM AA 1513-2023. They maintain that after the elections, in which the official party candidate was not elected, it was announced that the waste collection service would be offered, through official letter No. AM AA 0119-2024 of February 5. They accuse that on Friday, February 9, waste was not collected and is accumulated on the streets and sidewalks of the canton. They state that in session 197 of the Council, broadcast live on February 6, 2024, with the mayor absent, the president of said body read the sanitary orders notified by the Ministry of Health to the mayor and the municipal president, in relation to the two cited problems. However, they were merely forwarded to the mayor, without taking responsibility for such omissions. They argue that according to correspondence read by the municipal president, it appears that the internal auditor of the municipality also does not account for his actions and raises the excuse that the mayor does not give him information to perform his work.
Based on the foregoing, he estimates that in the functioning of that municipality, none of the officials are working to resolve the problems, they blame each other and do not report the issues, failing in their duty and, in turn, affecting public health and providing terrible service to the inhabitants of the canton. For the reasons stated, he comes before the Chamber in protection of his fundamental rights. He requests that the appeal be granted.
2.- By means of a resolution at 1:14 p.m. on February 15, 2024, the proceeding was initiated and a report was requested from the mayor, the president of the Council, the director of the Municipal Aqueduct, and the internal auditor, all of the Municipality of Nandayure. The resolution was duly notified at 3:26 p.m. on February 15, 2024.
3.- Jorge Alfredo Pérez Villarreal reports, in his capacity as internal auditor of the Municipality of Nandayure. He explains: "this audit unit does not have the competence or authority to resolve the problem that has occurred regarding the suspension of the solid waste collection service and the maintenance and disinfection of the drinking water service. It is therefore appropriate to clarify the nature of the functions of the Internal Audit, for which I state the following: THE INTERNAL AUDITOR EXERCISES AN AUDIT FUNCTION. The internal control system assigns specific forms of control to the bodies that comprise it: the Active Administration and the Internal Audit. The internal audit can only exercise control that falls within the concept of auditing. The need to guarantee its functional independence implies a prohibition on exercising the administrative and control functions proper to the active administration. ON THE PROHIBITION FOR INTERNAL AUDITS TO EXERCISE ACTIVE ADMINISTRATION FUNCTIONS. With the enactment of Ley 8292, Ley General de Control Interno, a series of minimum criteria were established that must be observed by the Contraloría General de la República as well as by internal audits and the other entities and bodies subject to its oversight, that is, the Active Administration, regarding the establishment, functioning, maintenance, improvement, and evaluation of internal control systems. Thus, numeral 34 of the Ley General de Control Interno (LGCI) contains the prohibitions for the auditor and other officials of the internal audit, and it reads as follows: Article 34.-Prohibitions. The internal auditor, the deputy internal auditor, and the other officials of the internal audit shall have the following prohibitions: a) Performing functions and actions of active administration, except those necessary to fulfill their competence. b) Forming part of a directing body of an administrative procedure. c) Practicing liberal professions outside the position, except in strictly personal matters, in those of their spouse, their ascendants, descendants, and collateral relatives by consanguinity and affinity up to the third degree, or when the workday is not full-time, unless there is an impediment due to the existence of a direct or indirect interest of the entity or body itself. Teaching is excepted from this prohibition, provided it is outside the workday. d) Participating in political-electoral activities, except for casting a vote in national and municipal elections. e) Revealing information about the audits or special audit studies being carried out and about that which determines possible civil, administrative, or eventually criminal liability of the officials of the entities and bodies subject to this Law. For the prohibitions contemplated in this Law, they shall be paid sixty-five percent (65%) over the base salary. The auditor's control functions must be subsequent in nature and with technical criteria. They must not become involved in substantive administrative operations nor substitute the administration in the fulfillment of its functions. To guarantee independence of judgment and to demarcate those two areas of control (active administration/audit), the Ley General de Control Interno (article 34.a) establishes an express prohibition for the auditor from becoming involved in Active Administration functions. This also prevents placing them in a potential conflict of interest in the exercise of their oversight functions. In conclusion, the appellant seeks to assign a responsibility over which my person, as internal auditor, does not have the competence and authority to resolve and execute administrative actions; it is the exclusive competence of the active administration, in the representation of the Council, Mayor, or subordinate titular officials, to resolve and execute administrative actions to solve the problem that has occurred." He requests that the appeal be dismissed.
4.- Leandro Méndez Castillo reports in his capacity as Head of the Unidad de Gestión Ambiental of the Municipality of Nandayure. He states: "The Municipality of Nandayure is the organization responsible for providing the ordinary solid waste collection service adequately for all the inhabitants of the canton of Nandayure; this corresponds to Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839 of June 24, 2010, and its amendment, and municipalities are responsible for the comprehensive management (gestión integral) of the waste generated in their canton; therefore, it is within their authority to issue regulations and apply the measures necessary to achieve said management in their cantonal territory; likewise, in safeguarding municipal autonomy, this law authorizes municipal corporations to employ and develop alternative technologies that are less polluting for the environment and public health. In accordance with the provisions of the preceding paragraph, the Municipality of Nandayure is currently experiencing difficulties in matters of administrative contracting for the execution of the adjusted budget in the line item for the rental of the solid waste collection service. During the 2021 period, tender No. 2021LA-000001-0020450009 was initiated, PROJECT FOR THE CONTRACTING OF A COMPANY FOR THE RENTAL OF A COLLECTION VEHICLE, MODALITY ACCORDING TO DELIVERY ON DEMAND 2021. This tender, as previously mentioned in other documents, remains in an active state on the SICOP platform; on the platform itself, it is presented as: tender in evaluation status; upon consultation with this system's support center, they indicate that this means that the bidding terms are still eligible, awaiting its declaration by the Municipality, whether for award or, in contrast, the declaration of deserted or fruitless; therefore, this tender has not been resolved since November 2021, the start date, and up to the current date of October 10, 2023, said resolution has not been provided. It should be noted that only one bidding company called ALMORENTAL SOCIEDAD DE RESOPONSABILIDAD LIMITADA, legal ID number 3 102 776154, participated in this tender. That the Licitación Abreviada No. 2021-000001-UGAM has the legal, technical, and financial studies, as ratified on the SICOP platform, with the certifications and criteria issued by the respective professionals assigned to their positions: · Eng. Warren Cubillo Paniagua, Unidad de Gestión Ambiental: certifies on September 16, 2021, that it technically complies. · Lic. Marlen Moreno Vallejos, Departamento de Gestión Jurídica: certifies on November 30, 2021, that it legally complies. · Lic. Carmen Vega Rodríguez, Budget Department: Certifies on February 8, 2022, the existence of the budgetary content. Subsequently, it was decided through agreements of the Municipal Council that this tender must be declared deserted and fruitless, as it does not meet the criteria for award, especially since the budgetary content for the execution of this bidding process was not available: Thus reflected in agreements No. SCM.LC 01-85-2021, SCM.LC 03-75-2021, SCM.LM SCM.LC 19-94-2022. In this last agreement (SCM. LC 19-94-2022), the non-approval of the tender by the Municipal Council is ratified, before the Administration's petition to reconsider the agreement. Notwithstanding, the Contraloría General de la República, through official communication No. 08452 of June 9, 2021, authorizes the Municipality of Nandayure to directly contract the company MTS Multiservicios de Costa Rica S.A. under the delivery-on-demand modality for a maximum amount of ¢17,010,000.00. As a measure in the face of the situation facing the service, the administration drafted a framework collaboration agreement between the Municipality of Nandayure and the Municipality of San Ramón, which included the loan of a collection truck to meet the demand for the service; this agreement was not approved through agreement No. SCM.LC 10-138-2022, record No. 0012023-2024. Following the refusal of the agreement, the Municipal Council requested the Unidad de Gestión Ambiental to prepare a report on the current 2023 demand; in response, this unit has previously communicated, in various reports, official letters, and Council sessions, the current need that this service maintains for the execution of a new bidding process, to which this unit refers via official letter No. GA-09-2023, stating that the required demand was already previously sent through the documents: Propuesta Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Nandayure 2022-2027 (still unapproved), Technical Report No. MN-GA-IT-001-2022, No. GA-25-2022, No. GA-06-2023; likewise, what was requested is also sent before the council, alluding to the fact that to carry out a new bidding process, tender No. 2021LA-000001-0020450009 must first be finalized, given that resources are only available for one bidding process; one tender cannot be executed over another tender that has not been definitively resolved. Thus, as the periods elapsed from 2021 until the current 2023 period, the sole bidding company has expressed its interest in the tender and the progress of this process through various official communications. In turn, new 2023 bidding terms were drafted, approved by the Municipal Council based on the current need; however, as previously stated, the final resolution of tender No. 2021LA-000001-0020450009 has still not been issued, and therefore, it is not possible to allocate the resources of the adjusted budget (40,235,000.00 colones) to a new tender, without considering the award or the declaration of deserted and fruitless for the 2021 tender. The general budget for the gestión integral of solid waste of the Municipality of Nandayure is currently 71,858,144.9 colones (adjusted budget 2019), of which 40,235,000.00 colones are allocated for the collection and disposal service of waste; for disposal in the sanitary landfill, a fund of 21,494,849.53 colones is maintained, within which budgetary modifications have been executed for the purchase of fuel for the hauling and transportation of waste within the canton and to the sanitary landfill. From the line item Other Support Management Services 'Garbage', from the waste budget, a budgetary modification was executed to inject the amount of 10,000,000.00 colones into the fuels and lubricants line item, a budget that has been used to supply the service up to the present day through the collection modality using dump trucks; however, due to the effort this modality represents, the implementation of two dump trucks and at least two backhoes, one pick-up vehicle, must be contemplated to be able to execute the entirety of the collection routes; this reflects a greater demand for fuel given the number of machines in collection operations and transfer of waste to the Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz (final disposal site). From the modifications made for the purchase of fuel and lubricants, an amount of 639,000.00 colones is currently available; an insufficient balance for the execution of the two routes according to the established collection frequency. These limitations are directly reflected in the service management capacity, because it is not possible to include a greater number of contributors as the machinery's capacity is limited, and it also reflects inconsistencies in the quality of service provision regarding the environment and public health, as determined in the following section. CURRENT STATE AND CONSEQUENCES IN THE COLLECTION SERVICE: In consideration of the foregoing, it is of urgent nature to effectively address the demand of the population of the canton of Nandayure through a quality service, in favor of the well-being of the population as a constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment according to its article 50, mentioning that currently, with the state of service provision, it has not been possible to efficiently cover the current service coverage, nor has progress been historically seen in new collection routes (cantonal coverage) since the 2016 period. In article No. 7 of decree No. 36093-S, as part of municipal action, the gestión integral of ordinary solid waste is a priority due to the possible risks in public health matters, which is why the administration, using its own resources or through contracts with companies or individuals, can execute the service in the best way for the well-being of the inhabitants of its canton. In consideration of the foregoing, the service has deteriorated due to the complications represented by not having a suitable tool for waste collection like a specialized compactor truck for this work, and that as a result of the municipal bidding situation, collection has been carried out since November 2021 to the present day using municipal machinery in a palliative manner. The collection truck is an indispensable unit in any gestión integral system for waste; this tool has been designed exclusively for this activity in order to adjust to the technical and quality standards that this service requires in its operation, so that by compacting and confining solid waste inside, it provides the necessary storage space up to its total capacity; these characteristics facilitate and speed up the waste collection process. Previously, this unit has reported on the possible risks to public health and the environment entailed by the current situation of the service, presenting before the various corresponding instances; these situations were initially determined in report No. MN-GA-IT-001-2022. And currently, the points mentioned in that report have been reflected in the present; therefore, the problems in waste management from not having this collection truck tool, and with the passage of time, the negative situations are worsening, resulting in a public health problem. The following situations are currently developing: 1. Wear and tear and risks of physical injury and possible contamination by leachate to personnel during waste collection due to the throwing of garbage bags into the beds of dump trucks and backhoes. 2. Redeployment of personnel from other municipal areas and machinery to waste collection. 3. Mobility of machinery and greater fuel consumption for solid waste collection to meet current demand (see annexes). 4. Insufficient space in the beds of dump trucks for storage and transportation of waste, due to the volume from the disparity or null compaction of the machinery used (see annexes). 5. Waste exposed to the environment: generation of bad odors and unpleasant visual scenarios for the inhabitants (see annexes). 6. Presence of harmful fauna (vultures, dogs, flies) in population centers due to straying waste and lag in collection periods given the reduction in machinery assigned to collection (see annexes). 7. Discontent of the population, little credibility in the continuity and improvements of the service. 9. Increase in delinquency by contributors from receiving a deficient service. 10. Inadequate disposal of solid waste (burning, burial, creation of clandestine dumps), given the possible suspension of the service (see annexes). 11. Non-compliance with the legal framework of the service according to the provisions of Ley N°8839, Ley N°5395, Ley 7575, 7554, decreto ejecutivo N° 36093-S, Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos del Cantón de Nandayure. 12. Problems in public health and environment due to service inconveniences and the possibility of suspension for not having own resources and suitable tools for collection tasks. 14. Little progress in updating and extending collection routes, as well as differentiated collection services, due to limitations in the ordinary waste collection service. 15. Unsustainability of the collection system (demand exceeding service supply). 16. Intermittent suspension of the service and indefinite suspension (current situation). 17. Normative incongruity according to article No. 07 of Decreto Ejecutivo N°36093-S, regarding Municipal responsibilities for the Solid Waste Collection Service, as well as the duties of municipalities as decentralized state entities subject to the principle of legality and, therefore, to the entire block of legality constituted by the set of written and unwritten norms that are in force. SPECIFICATIONS: Wear and tear on employees and municipal machinery in solid waste collection. The municipality has 4 officials currently collaborating in the solid waste collection service in their role as collectors; due to the absence of the specialized compactor truck, these individuals have found themselves in a situation of greater potential risks to their health and physical integrity, as explained below: 1. Dump trucks are vehicles that, due to their characteristics, are not adapted to carry out said activity; collaborators must apply greater force to manage to lift the garbage bags (of different weights and sizes) to the top of the dump truck, risking bodily injury from excessive effort; it happens on occasion that, due to the difficulty of throwing the bags, they do not reach the bed of the dump truck and fall back onto the collectors' bodies, potentially causing injuries to the head, face, and other parts of the body; it is important to emphasize that the trajectory angle of the bags is greater than 80% when thrown, which increases the possible risks of injury; to avoid this, at the start of collection, the hydraulic bed of the dump truck is lowered to reduce the effort when throwing the bags, however, once a certain amount of waste accumulates, it is no longer possible to lower the bed. To reduce the collaborators' effort, on the Carmona-Santa Rita and San Pablo route, a backhoe is used which lowers its bucket to load the waste and raises it to deposit it in the dump trucks; however, on the coastal route, the backhoe is not transported due to its road travel; therefore, collaborators must throw the bags into the bed without help, and in such cases, risking their physical integrity. 2. Due to their organic components, the moisture retained in the garbage bags, and the high temperatures of the places where the service is currently offered (27 °C to 35 °C), the production of leachate is favored. When throwing the waste up to the dump truck, the collectors are exposed to the leachate accumulated inside the bags, which could splash onto their clothes, bodies, and even their faces when tears, perforations of the bags occur, or when these come open. 3. On collection routes, since dump trucks do not have a waste compression system, the volume exceeds their capacity, so the collection workers are forced to climb onto the beds of the dump trucks and stand on some waste to slightly reduce this volume, arrange certain bags in the beds, or place the tarps on the top of the vehicle; the backhoe is used as the storage capacity of the dump truck is exhausted, however, on the coastal sector route, its presence is not possible on all work shifts, therefore, the storage capacity of the dump trucks is lower, making the work more difficult. Public Health and Environment: Ordinary solid waste "garbage" is accumulated in the collection truck in its hermetic compaction chamber; therefore, it is not exposed to the environment, whereas during the collection process using dump trucks or another vehicle not adapted for this activity, the waste remains exposed to the environment, generating bad odors along the route, the possible fall of some bags that go astray during the collection route without the collectors perceiving it, insufficiency in collection capacity, and discontent among the population. Fauna gains representativeness in population centers: flies, vultures, dogs that are attracted by the odors of the waste, as it indicates a deficiency in the collection system; therefore, it is important to mention that the presence of vultures and flies in the streets and public spaces in the center of Carmona and neighboring communities is reflecting inadequate management, because it does not allow for agile and effective management, so the waste remains longer in the streets awaiting its collection and transportation, and when it is collected, it remains exposed on the top of the dump trucks; given that collection is carried out on Tuesdays and Fridays, the vultures (Coragyps atratus) are attracted and scattered along the main streets and buildings, being a reference indicator of the quality of service provision (see annexes). Mobility of machinery and personnel. During the 2023 period, the service has been carried out using 2 dump trucks, 1 pick-up vehicle, and two backhoes, on the routes of Carmona, Santa Rita, and San Pablo, while on the Playas route, which covers Playa San Miguel, Playa Costa de Oro, Playa Puerto Coyote, San Francisco, La Y Griega, and other neighboring communities, only the 2 dump trucks are used. In consideration of this, for these 10 months of 2023, a deterioration in service provision is evidenced due to the situations cited above, which have worsened in line with the wear and tear on personnel, as well as on the municipal equipment itself, like the dump trucks, where even for this reason, collection was carried out with a single dump truck for more than two months of this year. What could generally be collected in one day with a collection truck takes 3 days to execute with a dump truck; considering also that the nearest sanitary landfill is located in the Canton of Santa Cruz, approximately 56 km away. It is important to consider that the solid waste collection service has approximately 1,671 contributors, where the residential sector is the most populous, as observed in the following table; these 1,671 contributors correspond to housing units, which could represent an affected population of 6,684 people who use this service, considering the national average of residents per housing unit as expressed by INEC. The following table shows the current collection service contributors:
| --- | --- | --- | | Sector | Number of Contributors | Percentage | | Residential | 1541 | 92.22% | | Commercial | 114 | 6.82% | | Industrial | 16 | 0.96% | As observed in the previous table, the contributors currently using the service are generating an average of 100.5 tons, and this production maintains an increasing trend during this 2023 period. According to this data, service provision is strictly limited to the collection, hauling, and disposal capacity that this municipality currently has, affecting the quality and capacity of the service.
Below, the following table is presented with the monthly and annual production averages of the service.
| --- | --- | | Month | Total Collected in 2023 (tons) | | January | 36.09 | | February | 43.73 | | March | 51.88 | | April | 46.19 | | May | 56.59 | | June | 48.31 | | July | 47.89 | | August | 54.17 | | September | 54.89 | | October | 58.21 | | **Total** | **497.95** | | **Average** | **49.80** | | --- | --- | | Year | Total Collected (tons) | | 2019 | 619.2 | | 2020 | 534.89 | | 2021 | 682.61 | | 2022 | 801.14 | | 2023 (as of Oct) | 497.95 | During this 2023 period, the service maintains 49% cantonal coverage, with no possibility of extending to other communities, as demand is exceeding the collection and hauling capacity. This situation, as mentioned throughout this report, has been prolonged for approximately 3 years; the longer the appropriate equipment for the proper execution of the routes continues to be prolonged, the greater the repercussions previously defined will be. Finally, this Unit once again highlights the enormous need to have at least one collection truck in order to provide adequate service to the population of the canton of Nandayure, thus preventing situations regarding environmental and public health matters derived from inadequate management of municipal solid waste; furthermore, it must be mentioned that after the efforts made to keep the service afloat, the continuity and quality of the service are becoming unsustainable under the current conditions.
Precedent: On repeated occasions, the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia de Costa Rica has stated that both the right to health and to a healthy environment constitute fundamental rights enshrined in Article No. 50 of the Constitución Política. The State, its institutions, and the Municipalities are obligated to take the necessary measures to protect the environment and avoid degrees of contamination that endanger the health of the administered, and therefore, it is a duty of the Municipalities derived from the conjunction of articles 50 and 169 of the Constitución Política to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment, corresponding to the administration of local interests and services. It is important to take into account that in accordance with subsection c) of numeral 2 of the Ley Orgánica del Ambiente, the State must ensure the rational use of environmental elements in order to protect and improve the quality of life of the inhabitants of the national territory; likewise, it is obligated to promote economically and environmentally sustainable development, understood as development that satisfies basic human needs without compromising the options of future generations. In this way, municipalities are obligated to promote sustainable development models at the local level. Because it is considered a matter directly related to public and environmental health, the provision of the solid waste collection service cannot be subject to conditioning factors like those set forth above, which put the well-being of the population and their direct environment at risk, given the impossibility of executing collection tasks efficiently and with the necessary instruments that facilitate and guarantee a quality service based on the principles of legality, precautionary principle, and singular inderogability of the general health law and regulation No. 36093-S on the matter of gestión integral of solid waste." He requests that the appeal be dismissed.
4.- Giovanni Jiménez Gómez reports, in his capacity as Mayor of the Municipality of Nandayure. He expresses that: "(...) FIRST. In this regard, first of all, I must report that during the 2021 period, the contracting process for a solid waste collection truck No. 2021LA-000001-0020450009 was processed, PROJECT FOR THE CONTRACTING OF A COMPANY FOR THE RENTAL OF A COLLECTION VEHICLE, MODALITY ACCORDING TO DELIVERY ON DEMAND 2021. This tender, as previously mentioned in other documents, remains in an active state on the SICOP platform; on the platform itself, it is presented as: tender in evaluation status; upon consultation with this system's support center, they indicate that this means that the bidding terms are still eligible, awaiting its declaration by the Municipality, whether for award or, in contrast, the declaration of deserted or fruitless; thus, this tender has not been resolved as of today, February 23, 2024. It should be noted that only one bidding company called ALMORENTAL SOCIEDAD DE RESOPONSABILIDAD LIMITADA, legal ID number 3 102 776154, participated in this tender. SECOND. That the Licitación Abreviada No. 2021-000001-UGAM has the legal, technical, and financial studies, as ratified on the SICOP platform, with the certifications and criteria issued by the respective professionals assigned to their positions: • Eng. Warren Cubillo Paniagua, Unidad de Gestión Ambiental: certifies on September 16, 2021, that it technically complies. Lic. Marlen Moreno Vallejos, Departamento de Gestión Jurídica: certifies on November 30, 2021, that it legally complies. • Lic. Carmen Vega Rodríguez, Budget Department: Certifies on February 8, 2022, the existence of the budgetary content. THIRD. subsequently through agreements of the Municipal Council that this tender must be declared deserted and fruitless, as it does not meet the criteria for award, especially since the budgetary content for the execution of this bidding process was not available: Thus reflected in agreements No. SCM.LC 01-85-2021, SCM.LC 03-75-2021, SCM.LM SCM.LC 19-94-2022.
It is worth highlighting that for purposes of the former administrative contracting law, its current reform had not been established (thus this process had the inputs required for its award). FOURTH. That this administration has been compelled to maintain the service by collection using wagons in a palliative manner while the Municipal Council provides a resolution on the aforementioned tender (see Official Letter No. AM-AA-0162-2024, TABLE 1). FIFTH. That, given the non-resolution of this contracting process, since said declaration was not issued, it has not been possible to re-establish a new process, because this would incur in a double tender with an adjusted budget; therefore, given the refusal to issue the declaration, a request was made for budget modifications for the purchase of tires, oils, and lubricants for the wagons that were providing the service, but these were not approved by the council members. SIXTH. Thus, as time passed, the situations regarding Integrated Waste Management became complex given the limitations in opening up the purchase of inputs to provide continuity to the service using the institution's wagons and given the refusal to resolve process No. 2021LA-000001-0020450009 (see technical report No. MN-GA-IT-10-2023). SEVENTH. That, after lacking the resources to give said continuity to the service, a point of collapse was reached in which this administration was forced to halt collection indefinitely until the corresponding agreements were made by the council for the approval of the mentioned resources to continue with the collection in the wagon modality and the resolution of the tender in question. EIGHTH. However, the Nandayure Health Governing Area was notified of the indefinite suspension of the service (said office was already aware of the problems that had been brewing for approximately 2 years). NINTH. Following the notification to the Nandayure Health Governing Area and the communication to the population of what had occurred, the Health Governing Area issued Sanitary Order No. MS-DRRSCH-DARS-ERS-OS-2024-011, in which it proceeded to request a remedial plan for the continuity of the service (See case file No. 0062024001600008, folios 2 through 11). TENTH. That, in consideration of the sanitary order cited in the preceding paragraph, the remedial plan was delivered through Official Letter No. AM-AA-0162-2024, received on February 9, 2024, by the Nandayure Health DARS, in which it is indicated that the administration will proceed through an Emergency contracting for the rental of a Waste Collection Truck based on Article 66 of the Public Procurement Law (see case file No. 0062024001600008, folios No. 00000 12 through 00000 21). ELEVENTH. That on Thursday, February 22, 2024, the public procurement was finalized, through process No. 0062024001600008, in which it was decided to award to Mr. JULIO CESAR RODRIGUEZ VIQUEZ, identification number 5-0249-065; such that, after the actions taken, it was possible to re-establish the service on Friday, February 23, 2024 (see case file No. 0062024001600008, folio No. 00000 86). TWELFTH. That the exceptional public procurement process for the Santa Cruz Environmental Technology Park Landfill Site (Relleno Sanitario Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz) is being executed, under tender No. 00622024001600003; however, this must still be subjected to the due process of award, which is why it has not been finalized; nonetheless, this authorized operator was requested to receive the waste generated in the canton of Nandayure temporarily while the process is successfully finalized (see Official Letter No. DAM-DGA-PTA-102-2024). Therefore, this administration reports in a timely manner on the re-establishment of the ordinary solid waste collection service on February 23, 2024, and until May 23, 2024; likewise, in parallel, once the final act of tender No. 2021LA-000001-0020450009 is declared, a new public procurement process for the solid waste collection service for one year, extendable to 3 years, can be initiated, with the objective of providing quality and continuity of service to the residents of the canton of Nandayure. And that through Official Letter No. MS-DRRSCH-DARSNA-034-2024, the closure and archiving of sanitary orders MS-DRRSCH-DARSN-ERS-OS-008-2024 and MS-DRRSCH-DARS-ERSOS-2024-011 was issued for having complied with what was requested in the aforementioned orders. It is requested that the appeal be declared without merit.
5.- Juan Miguel Alvarado Alvarado reports, in his capacity as President of the Municipal Council of Nandayure. He explains: "The collegial body I represent has acted diligently and responsibly, considering that on February 6 of this year, the Ministry of Health, Nandayure Area, imposed sanitary orders on us, due to the suspension of the solid waste collection service announced and decreed unilaterally by the Mayor of Nandayure and due to the disinfection of the drinking water service offered by the Municipality of Nandayure, all within the scope of its powers and competencies set forth in Article 13 of the Municipal Code. Below, I detail all the actions undertaken in recent weeks: a) In ordinary session number 197 held on February 6, 2024, sanitary order number MS-DRRSCH-DARS-ERS-OS-2024-010 was made known, and the following agreement was adopted in accordance with subsection 24 of Article IV, which reads as follows: Considering what was stated by the Nandayure Health Governing Area and that it is a purely administrative matter, this Council agrees: To forward a copy of the documentation to the municipal administration for its knowledge and to proceed to resolve the issue. Said agreement was notified to the Mayor's Office on February 8 of this year. b) In ordinary session number 197 held on February 6, 2024, sanitary order number MS-DRRSCH-DARSN-ERS-OS-009-2024 was made known, and the following agreement was adopted in accordance with subsection 23 of Article IV, which reads as follows: Considering what was stated by the Nandayure Health Governing Area and that it is a purely administrative matter, this Council agrees: To forward a copy of the documentation to the municipal administration for its knowledge and to proceed to resolve the issue. Said agreement was notified to the Mayor's Office on February 8 of this year. c) In ordinary session number 198 held on February 13, 2024, in subsection 1 of Article X, the following was agreed: The Municipal Mayor's Office and the Environmental Manager are requested to proceed IMMEDIATELY, executing the administrative actions within the scope of their competence to carry out, as soon as possible, an EMERGENCY bidding process as indicated in numeral 66 of the General Public Procurement Law (LGCP) and its Regulations, to TEMPORARILY contract the services of a solid waste collection truck, complying with the requirements mandated by the Ministry of Health regarding the transfer, storage, and transport of leachate. Said agreement was notified to the Mayor's Office and the Environmental Manager on February 14 of this year. d) In ordinary session number 198 held on February 13, 2024, in subsection 3 of Article X, the following was agreed: To convene an extraordinary session for Thursday, February 15, 2024, with a start time of 4:00 p.m. and until 6:00 p.m. in the Session Hall of the Municipal Council of Nandayure, with the following agenda: 1. Knowledge and resolution of the emergency process for the temporary contracting of a solid waste collection truck. 2. Knowledge and resolution of the emergency contracting for the maintenance and repair of the well system of the municipal aqueduct. 3. Knowledge and resolution of the purchase process for liquid chlorine for the disinfection of water from the municipal aqueduct. 4. Committee Opinions. 5. Motions. e) In extraordinary session number 91 held on February 15, 2024, in subsection 3 of Article 1, the following was agreed: To accept the recommendation provided by the Environmental Manager Leandro Méndez Castillo in his administrative resolution number 001-GA-2024 and to take into account the award to Mr. Rodríguez Vega for being the only one who showed interest in providing the service for the indicated period. f) In extraordinary session number 91 held on February 15, 2024, in subsection 1 of Article III, the following was agreed: To approve the start order request for the Purchase of 4 drums of 12% liquid sodium hypochlorite, reduced bidding. g) In extraordinary session number 91 held on February 15, 2024, in subsection 2 of Article III, the following was agreed: To approve the start order request for the PURCHASE OF 4 DOSING PUMPS FOR LIQUID SODIUM HYPOCHLORITE FOR THE MUNICIPAL AQUEDUCT DEPARTMENT. h) In extraordinary session number 91 held on February 15, 2024, in subsection 1 of Article II, the following was agreed: To approve the start order request for the Contracting of the maintenance and repair service for the pumping system of the municipal aqueduct. i) In ordinary session number 199 held on February 20, 2024, in subsection 34 of Article IV, the following was agreed: To approve, with dispensation of committee processing, the award recommendation issued by Mr. Ignacio Escobar Brais, head of municipal procurement, for special procedure number 2024XE-000001-0020450009, as follows: JULIO CESAR RODRÍGUEZ VÍQUEZ, ID 5-249-651. ITEM 1: RENTAL OF SOLID WASTE COLLECTION TRUCK FOR THE CANTON OF NANDAYURE. EMERGENCY CONTRACTING, for the economic amount of ¢70,000.00 (seventy thousand colones and 00/100), per ton. j) In the same session indicated above, number 199 held on February 20, 2024, in subsection 1 of Article X, the following was agreed: The contents of administrative resolution number 001-GA-2024 issued by the official Eng. Leandro Méndez Castillo, of the Environmental Management Unit of the Municipality of Nandayure, are approved and endorsed. The contents of the AWARD RECOMMENDATION issued by Ignacio Escobar Bray, Head of Procurement, are approved. To award the emergency process for the contracting of the service of a solid waste collection truck for the Canton of Nandayure, for a temporary period of 3 to 4 months, to the SME individual JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ VEGA with identification number 5-0249-0651, for the sum of 70 thousand colones per ton collected, in the districts of Carmona, San Pablo, Bejuco, and Santa Rita. The Council Secretary, Mrs. Rebeca Chaves Duarte, or whoever holds her position, is authorized to carry out all administrative actions in the SICOP system to fulfill this agreement. The institutional provider, Mr. Ignacio Escobar Brais, is requested to continue with all administrative actions within the scope of his powers so that the start order for this procedure is given as soon as possible, in pursuit of safeguarding public health and the public interest of the Canton. k) In conclusion, the appellant seeks to assign a responsibility for which my person as President or the Municipal Council as a representative body does not have the competence and authority to resolve said problem; it is the exclusive competence of the municipal administration, represented by the Mayor or the officials responsible for the municipal aqueduct and environmental management departments, to resolve and execute the administrative actions to solve the problem that occurred. As has also been observed, we in the Council have been swift in making the decisions that fall within our purview under the principle of inter-administrative coordination, approving the initial orders and final acts of the public procurement processes that were managed by the municipal administration to solve the problem that occurred and is known in the case file, in accordance with the legal system. l) Likewise, the status of the public procurement processes is reported hereby, through certificate number PM 0009-2024, issued by the municipal provider Mr. Ignacio Escobar Bray, which states the following: That case file 2024PX-000003-0020450009 CONTRACTING FOR THE TREATMENT AND FINAL DISPOSAL OF ORDINARY AND NON-TRADITIONAL SOLID WASTE GENERATED IN THE CANTON OF NANDAYURE is being processed on the SICOP platform and is in the Evaluation status. The Award Request was sent to the Municipal Council of Nandayure for its respective approval. That case file 2024XE-000001-0020450009 RENTAL OF SOLID WASTE COLLECTION TRUCK FOR THE CANTON OF NANDAYURE, EMERGENCY CONTRACTING, is in the status of Contract Notified, awarded to Mr. JULIO CESAR RODRÍGUEZ VÍQUEZ, ID 5-249-651. Today, Friday, February 23, the Collection service was resumed. That case file 2024LD-000004-0020450009 PURCHASE OF FOUR DOSING PUMPS FOR LIQUID SODIUM HYPOCHLORITE FOR THE MUNICIPAL AQUEDUCT DEPARTMENT is being processed on the SICOP platform and is in the Receipt of Bids stage, for February 26, 2024, at 9:00 a.m. That case file 2024LD-000003-0020450009 PURCHASE OF FOUR DRUMS OF 12% LIQUID SODIUM HYPOCHLORITE is being processed on the SICOP platform and is in the Receipt of Bids stage, for February 26, 2024, at 8:00 a.m. That case file 2024PX-000001-0020450009 CONTRACTING OF MAINTENANCE AND REPAIR SERVICE FOR THE PUMPING SYSTEM OF THE MUNICIPAL AQUEDUCT was declared Void/Unsuccessful on February 19, 2024. m) Likewise, a certificate issued by Eng. Leandro Méndez Castillo of the Environmental Management Unit of the Municipality of Nandayure is attached, which states the following: In accordance with Article 66 of the General Public Procurement Law number 9986 and its Regulations, contract No. 0672024000300003 was executed on the SICOP platform, which was successfully finalized upon contracting the services for the Rental of a Collection Truck, for a period of 3 months. Therefore, on February 23, 2024, the ordinary solid waste collection service was resumed, such that the collected waste is being transported to the Santa Cruz Environmental Technology Park, as the final disposal site approved by the Ministry of Health. SECOND: The Municipal Council and its President are unable to execute administrative actions to resolve what is alleged in this amparo appeal, in accordance with their powers and competencies. ➢ REGARDING THE MAYOR - MUNICIPAL COUNCIL RELATIONSHIP To establish the responsibilities that pertain to us in this amparo, it becomes relevant to determine the relationship that arises between the collegial body (Council) and the Mayor. For such purpose, it is appropriate to refer to the provisions of ordinals 169 of the Constitution and 12 of the Code that governs the matter, which literally state: ARTICLE 169.- The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government, formed by a deliberative body, composed of municipal council members popularly elected, and an executive official to be designated by law. ARTICLE 12.- The municipal government shall be composed of a deliberative body called the Council and composed of the council members determined by law, in addition, by a mayor and their respective substitute, all popularly elected. From the transcribed norms, it emerges with absolute clarity that the local government is called upon to exercise the direction and supervision of local interests and the services that hold such status. In addition to the above, it follows that the municipal governance is made up of two organs – Municipal Council and Mayor. Regarding these legal figures, their relationship, and competencies, the Office of the Attorney General (PGR) as a technical advisory body has held: “… Now then, this special relationship between the Council and the Mayor is subsumed within the characteristics proper to the municipal regime which, as this Office has indicated, is ‘…a representation on a scale of the national government…’, therefore, grounded in the principles of representative, alternative, and responsible democracy, as well as in the separation of functions. In the municipal government ‘… there exists a deliberative body of popular election (Council), which has very important competencies, and an executive organ (Mayor), also of popular election, who is responsible for the executive function within the Municipal Government. Thus, the municipal government is composed of two organs different from each other: the Council and the Mayor. The first is deliberative, plural, where all the political forces of the community that, following the electoral system provided for in the Political Constitution and the Electoral Code, managed to obtain a seat in that organ are represented. The second is unipersonal, executive, and with exclusive dedication. From this perspective, although the Mayor is not part of the Council, they are an essential element of the Municipal Government’ (C-114-2002 of May 9, 2002). The functions of the organs that make up the municipal government are clearly detailed in the Municipal Code. The Council is responsible, among other things, for setting the development policies and priorities of the municipality in accordance with the government program registered by the municipal mayor for the period for which they were elected, agreeing on budgets and approving contributions, fees, and prices for municipal services, proposing municipal tax projects to the Legislative Assembly, issuing regulations for the provision of municipal services, appointing and removing the auditor or accountant and the secretary of the Council, and communicating to the Supreme Electoral Tribunal the absences that justify the automatic removal from office of a council member or municipal mayor (Article 13). For its part, the Mayor is responsible for exercising the functions inherent to the condition of general administrator and head of municipal offices, overseeing the organization, functioning, coordination, and faithful compliance with municipal agreements, laws, and regulations in general, sanctioning and promulgating resolutions and agreements approved by the Municipal Council and exercising the right of veto, rendering accounts to the residents of the canton, through a work report before the Municipal Council, appointing, promoting, and removing personnel of the municipality, as well as granting them leaves and imposing sanctions, and holding the legal representation of the municipality, among others (Article 17 of the Municipal Code). As the Constitutional Chamber has stated, the Municipal Council and the Mayor are two differentiated organs, with defined functions and relations between them (judgment No. 5445-99 of July 14, 1999). This differentiation of functions has a constitutional basis insofar as Article 169 of the Constitution establishes that ‘The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government, formed by a deliberative body, composed of municipal council members popularly elected, and an executive official to be designated by law.’ There exists, therefore, a clear division of functions between the Council and the Mayor, based on the system of checks and balances inherent to the democratic system enshrined in the Constitution. Regarding the Municipal Mayor, the Office of the Attorney General has already indicated that they are the unipersonal head of the Municipality ‘…without it being possible to speak of a relationship of hierarchical subordination with respect to the members of the Municipal Council…’. In this regard, it has been indicated: ‘…it bears remembering that Article 17 of the Municipal Code attributes to them (the Mayor) the condition of “general administrator and head of the municipal offices,” and to administer is nothing other than to exercise activities of active Administration. It also attributes decision-making functions to them, such as sanctioning or vetoing municipal agreements, authorizing the expenses of the municipality. Moreover, the Municipal Code assigns functions in personnel matters to the Mayor, including the power to appoint, grant permits, and sanction. As well as clearly executive functions: the execution of municipal agreements and the supervision of the development of municipal policy and the correct execution of municipal budgets, among others.’ (C-048-2004 of February 2, 2004)…” [1] From what has been said, it is clear that the Mayor-Council relationship is not one of subordination, but rather one of imperative inter-administrative collaboration that is indispensable for fulfilling the purpose assigned by the Political Constitution to the local government –administration of local interests and services-. In this sense, national jurisprudence has pronounced, stating: “…the Mayor is not hierarchically inferior to the Council; they are organs with coordinated but not subjected competencies that ultimately must complement each other for the efficient and agile functioning of the municipalities. Their duty to ensure due compliance with municipal agreements does not presuppose hierarchical subjection to the Council. It consists of a task inherent to their managerial and executive competencies, for the good organization and functioning of local services…” [2] In view of the above, the Municipal Council of Nandayure and its President do not have the competence and authority to order, for example, the person responsible or in charge of the municipal aqueduct to carry out the continuous disinfection of the water stored and distributed for human consumption, or to demand that the environmental manager initiate the contracting procedure for a solid waste collection truck, as this would be contrary to the legal system, entering into a co-administration that is absolutely prohibited; these tasks are purely administrative. Again, in conclusion, the appellant seeks to assign a responsibility for which my person as President or the Municipal Council as a representative body does not have the competence and authority to resolve said problem; it is the exclusive competence of the municipal administration, represented by the Mayor or the officials responsible for the municipal aqueduct and environmental management departments, to resolve and execute the administrative actions to solve the problem that occurred.” It is requested that the appeal be declared without merit.
6.- Amalia Vega Rodríguez reports in her capacity as Administrator of the Municipal Aqueduct of Nandayure. She explains: “The water for human consumption from the municipal aqueduct is disinfected by means of liquid chlorine, which is injected at the outlet of each well (4 wells). As of September 2023, this department could not carry out the ordinary day-to-day actions because the management of equipment maintenance, purchase of materials, and other inputs were not being performed despite being aware of the problem that was to come. In mid-December 2023, the population was warned that the water was not undergoing the corresponding chlorination process, in order to protect their health. On February 15 of this year, in order to comply with the provisions of the law, this department resumed chlorination with tablets in a dry chamber, with the closure of the sanitary order being received on February 23 of this year at 11:40 a.m. We continue working in order to provide a quality, sufficient, and continuous service to all users. - Official Letter AC.M- 024-2023, addressed to the Municipal Mayor’s Office, explaining the problems in the wells. - Official Letter AC.M- 034-2023, addressed to the Municipal Mayor’s Office, explaining the urgent requirements. - Official Letter AC.M-035-2023, addressed to the Municipal COUNCIL, indicating urgent actions to be taken. - Official Letter AC.M- 036-2023, addressed to the Municipal Emergency Commission, reporting on the situation in the municipal aqueduct. - Official Letter AC.M- 003-2024, addressed to the Municipal Mayor’s Office, urgent needs of the aqueduct. - Official Letter AC.M- 004-2024, addressed to the Health Governing Area, information about chlorine. - Official Letter AC.M- 09-2024, addressed to the Municipal Mayor’s Office, Remedial plan for sanitary order No. MS-DRRSCH-DARS-ERS-OS-008-2024. - Official Letter AC.M- 010-2024, addressed to the Health Governing Area and Municipal Mayor’s Office, actions carried out to date. - Closure of Sanitary Order No. MS-DRRSCH-DARS-ERS-OS-008-2024.” It is requested that the appeal be declared without merit.
7.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Rendered by Judge Cruz Castro; and,
Considering:
I.- SUBJECT OF THE APPEAL. The petitioner states that the respondent municipality is in charge of the water service for human consumption for the districts of Carmona and Santa Rita, as well as the solid waste collection service for the entire canton. However, both services are presenting serious problems that endanger the public health of the inhabitants. Regarding water, it has not been given the chlorination process since December 14, 2023, which was reported by the mayor through an alert communication on his official social networks. In relation to the waste collection service, the municipality does not have a collection truck. He alleges that on Friday, February 9, 2024, waste was not collected and is accumulating on the streets and sidewalks of the canton. He points out that in session 197 of the Council, broadcast live on February 6, 2024, with the mayor absent, the president of said body read the sanitary orders notified by the Ministry of Health to the mayor and the municipal president regarding the two cited problems. He alleges that to date the respondent authorities have done nothing to provide a solution to the described problems. He requests the intervention of this Court.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent authority failed to refer to them, as provided in the initial order:
Regarding the claim for the lack of disinfection of water in the canton of Nandayure:
Chlorination with tablets in a dry chamber was resumed (see report).
Regarding the garbage collection service provided by the Municipality of Nandayure:
III.- ON THE SPECIFIC CASE. Regarding the alleged failure to provide potable water service. In matters of potable water supply, the jurisprudence of this Chamber has been fundamentally directed at protecting the right to life and health of natural persons. These rights imply the possibility of demanding certain services from the State, an area in which it is obligated to provide some public services, especially those that are essential for maintaining sanitary conditions favorable to the preservation of life and health of persons. In this way, guaranteeing the purity of the liquid for human consumption, as well as the continuity of its supply, forms part of a due and efficient service to the subscriber, and in turn guarantees their most basic fundamental rights.
In the first place, in the present matter, the claimant alleges that since December 14, 2023, the respondent municipality, as the entity responsible for the water service for human consumption in the canton of Nandayure, has not carried out the water chlorination process, which was reported by the mayor through an alert communication on his official social networks. He points out that, as of the date of filing this proceeding, the problem has not been resolved.
From the reports given to this Chamber by the respondent municipal authorities, it is effectively confirmed that in September 2023, the municipal entity was unable to carry out the ordinary water disinfection actions in the canton due to management problems related to equipment maintenance, the purchase of materials, and other necessary inputs. The foregoing was warned to the population by the respondent Municipality in mid-December 2023. As a consequence of the foregoing, on February 6, 2024, the Ministry of Health, Nandayure Area, imposed a sanitary order on the respondent municipality for the lack of disinfection of the potable water service (see report and evidence). In compliance with the order issued by the Ministry of Health, on February 15, 2024, the same day the resolution granting leave to this proceeding was notified, the respondent Municipality approved: a) the request to initiate an order for the purchase of 4 drums of 12% liquid sodium hypochlorite, b) the start order request for contracting the maintenance and repair service of the aqueduct's pumping system. Likewise, it resumed chlorination with tablets in a dry chamber; and on February 23, 2024, at 11:40 a.m., the health area ordered the closure of the sanitary order.
From the foregoing, it is clear that it is on the occasion of this proceeding that the measures indicated by the Ministry of Health were taken, which lifted the imposed sanitary order and restored the water service. Therefore, it is appropriate to grant the appeal, without special award of costs and damages, with the order that management problems be effectively corrected and the necessary measures be taken for water disinfection in the indicated zone, in the terms stated in the operative part of this judgment.
Regarding the alleged failure to provide garbage collection service. In the present matter, the appellant party claims, on the one hand, that the Municipality of Nandayure does not have a garbage collection truck, nor a collection service contract for more than 4 years. They point out that on Friday, February 9, 2024, waste was not collected and it is accumulated on the streets and sidewalks of the canton.
After reviewing the reports rendered under the solemnity of oath, as well as the evidence provided, it follows that, indeed, in the Canton of Nandayure there have been suspensions in the garbage collection service and difficulties in providing an adequate service to the population. According to the Head of the Environmental Management Unit of the Municipality of Nandayure, there is an enormous need to have at least one collection truck, which would allow avoiding risk situations in environmental and public health matters derived from inadequate management of municipal solid waste.
From the reports submitted to this Chamber by the respondent authorities, it appears that, to address the waste collection problem, the Ministry of Health imposed a sanitary order on the respondent Mayor's Office of Nandayure for the suspension of the solid waste collection service. It is in compliance with that order that the Municipal Council, in an ordinary session on February 6 and 13, 2024, agreed to ask the Municipal Mayor's Office and Environmental Manager to proceed to take the corresponding measures, within the scope of their competence, to carry out, as soon as possible, a bidding process, in accordance with the General Public Procurement Law and its Regulations, and to temporarily contract the services of a solid waste collection truck that meets the requirements demanded by the Ministry of Health regarding the transfer, storage, and transport of leachate. In that sense, in ordinary session number 198 held on February 13, 2024 —that is, prior to the notification of the resolution that granted leave to the present amparo appeal— the Municipal Council agreed to convene an extraordinary session for Thursday, February 15, 2024, to hear and resolve the urgent process for the temporary contracting of a solid waste collection truck.
From the foregoing, this Chamber considers that, although the respondent Municipality has adopted some actions aimed at complying with the sanitary order issued by the Municipal Council, said extraordinary session was convened before the respondent council had knowledge of the notification of this amparo appeal, so on February 23, 2024, the respondent Municipality carried out the necessary actions to resume the ordinary solid waste collection service in the communities affected by the lack of service provision in the Canton of Nandayure. In such a way that the garbage is now being transferred to the Santa Cruz Environmental Technology Park, as the final disposal site approved by the Ministry of Health. Furthermore, it appears that once the normalization of the service was verified by the Nandayure health area, it proceeded to close and archive sanitary orders No. MS-DRRSCH-DARSNA-OS-008 2024 and No. MS-DRRSCH-DARSNA-OS-009-2024, because compliance was made with the request.
In this regard, it is proven that although the respondent municipality describes the various steps it has taken regarding the management of the garbage collection problem, once notified of the filing of this proceeding, and therefore the sanitary order was lifted and archived, the fact prevails that there is still no definitive solution to the garbage collection problem reported by the residents of Nandayure, which, as has been demonstrated, still persists, since there is not even a collection truck. In that sense, it should be noted that in the attached report, the official of the respondent local government emphasized that the solution to the garbage collection problem, in response to the sanitary order issued by the health area, is temporary. Therefore, the competent municipal authorities are warned of their duty to guarantee that the waste collection service is provided in their territory in a selective, accessible, periodic, and efficient manner for all inhabitants, as provided in Article 8 of the Law for Integrated Waste Management, No. 8839.
IV.- ON THE AWARD OF COSTS AND DAMAGES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable"), the granting must be without special award of costs and damages, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to state that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same final paragraph states that the granting is issued "solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable." It is emphasized that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an evaluation, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: "any resolution that grants the appeal shall condemn in abstracto to the compensation of the damages caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment," where the possibility of assessing whether or not the matter of compensation and costs is applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law, and, additionally, in their order, the General Law of Public Administration and the Contentious Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the criterion of the majority to resolve this appeal without award of costs and damages.
VI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO, AND GARITA NAVARRO, AND MAGISTRATE JARA VELASQUEZ, ONLY IN RELATION TO THE NON-IMPOSITION OF COSTS AND DAMAGES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.
While we agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, we dissent from the majority criterion to the extent that it exempts the respondent party from being condemned to pay the costs and damages arising from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:
"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable." Furthermore, Article 51 ibidem establishes that:
"...any resolution that grants the appeal shall condemn in abstracto to the compensation of the damages caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." This last norm establishes the general system that regulates what is related to the issue of compensation and the payment of costs, which the majority terms the "natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…".
In the opinion of the majority, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs and damages arises. However, in the judgment of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to some fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo —a case contemplated in the referred Article 52— by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the condemnation of the infringer to the compensation of the damages caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition to the party that has suffered a violation of their fundamental rights of the right to effective judicial protection concerning the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself once it became aware of the processing of the amparo, with restoration to the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these cases, the pressing need arises for an award of costs and damages against the infringer, the basis of which is found in the principles of protection of the rights of persons and in that the Administration must be held responsible for the damages it causes with its unconstitutional actions.
Thus, the fact that, at the time of hearing and resolving the amparo favorably, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not nullify the applicability of the award of costs and damages, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in those respects, contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.
Moreover, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or pronounced on the merits of the claim, has verified the violation that the protected party has suffered in their fundamental rights, by virtue of the restoration to the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an "abnormal termination of the proceeding." The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that granted leave to the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that indisputably orders the revocation, stopping, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation in costs and damages, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated there, the appeal shall be granted "solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable." As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages suffered from the injury to their constitutional rights.
In our view, such an exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation in costs and damages upon a violation of fundamental rights, that condemnation is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is indisputably and clearly established that in the specific case no compensable harm whatsoever was caused. Only and solely in such circumstances could the respondent Administration be exempted from payment of those items. As in this case, there is no element whatsoever that refutes the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages arising from the challenged actions —whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction—, the granting of this appeal must necessarily entail the award of costs and damages, and we so declare.
As an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings is not primarily aimed at analyzing the existence or absence of damages, but rather the existence or absence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of persons. From this perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on such verification, but does not enter into the weighing of whether those issues have generated patrimonial injuries in the strictly economic sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, states that such condemnation (in damages and costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that this examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) have constituted the adequate cause for patrimonial injuries that are legally compensable. As a reference, numerals 179 to 184 of the Contentious Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the determination of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:
"ARTICLE 179.- It corresponds to the Contentious-Administrative Court to execute the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensations." It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding a condemnation in abstracto in those respects, since such claims would not be applicable in that type of case when the judgment issued within the amparo proceeding expressly establishes the inapplicability of damages and/or costs, or when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, under the terms of the mentioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial condemnation requires, in each case, the proof of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception that, as such, requires a qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, in the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that prior to that cessation by the respondent entity's own action or by a third party, the accused indolence or reproached disturbance may have come to cause damages. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and with respect to which, in order as regulated by the aforementioned mandate 52, are characteristic of a condemnation in abstracto that later constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages because, it is insisted, this is not its primary object or ratio. Thus, the protected person is not responsible for claiming or demonstrating damages, since what they seek is the safeguarding of their fundamental rights.
Furthermore, if those administrative actions have caused harm, that is an issue that, as a matter of principle and save for exceptional cases, does not form part of the analytical basis for this type of case. Note that, in the situation governed by that provision, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, the Chamber does not proceed to assess whether or not there is a violation, and therefore, it can even less be determined whether, based on what the petitioner reported, there may or may not be situations giving rise to potential civil remedy. Thus, the dispensation from an award of costs referred to in that rule is exceptional in nature, not a matter of principle.
Therefore, in such situations, the rule imposes an award in the abstract, so that its appropriateness is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered harm in their financial sphere would be placed at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and ignoring the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 of the same body of law. Moreover, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that a measure was adopted to cause the cessation of actions that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. In other words, for the purpose of obtaining the protection of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the censured disturbance occurred. It is insisted: whether the persistence of the threat or the deterioration of their situation, insofar as it was caused to cease by the grounds cited in the rule under examination, generated damages and losses is a matter that, barring proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, must in no way be denied, as a starting point, by the mere realization of the factual scenario regulated in the aforementioned ordinal 52 of the LJC. Consequently, with the utmost respect always for the majority position, we state our vote and reiterate that granting this recourse must necessarily entail an abstract award of costs, damages, and losses.
VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the court office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The recourse is granted, without a special award of costs, damages, and losses. It is ordered that Leandro Méndez Castillo in his capacity as Head of the Environmental Management Unit, Giovanni Jiménez Gómez, in his condition as Mayor, and Juan Miguel Alvarado Alvarado, in his condition as President of the Municipal Council, all of the Municipalidad de Nandayure, or whoever holds those positions, within the framework of their competencies, and according to the report given to this Chamber, take the necessary measures to guarantee and ensure the quality and continuity of the water service provision to the residents of the canton of Nandayure. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on whoever receives an order that they must comply with or enforce, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. In addition, the respondent authorities of the Municipalidad de Nandayure should take note of what is indicated in the last paragraph of Considerando III of this judgment. Judges Salazar Alvarado, Garita Navarro, and Judge Jara Velásquez partially dissent and order an award of damages, losses, and costs.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Ingrid Hess H.
Alejandro Delgado F.
Rosibel Jara V.
Jose Roberto Garita N.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
SERVICIOS BASICOS.
Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
QUEJA.
007186-24. SERVICIOS PÚBLICOS. MUNICIPALIDAD. VECINOS DE CARMONA Y SANTA RICA DE NANDAYURE, ACUSAN QUE, EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y REPORTAN PROBLEMAS CON LA CLORACIÓN DEL AGUA. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO Y, SE ORDENA AL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL TODOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE, QUE, DENTRO DEL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, Y SEGÚN EL INFORME DADO A ESTA SALA, TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR Y ASEGURAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA, A LOS VECINOS DEL CANTÓN DE NANDAYURE. VCG04/2024 “(…) III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De la acusada falta de prestación del servicio de agua potable. En materia de suministro de agua potable, la jurisprudencia de esta Sala se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales.
En primer lugar, en el presente asunto, el accionante reclama que desde el 14 de diciembre de 2023, la municipalidad recurrida como encargada del servicio de agua para consumo humano del cantón de Nandayure, no ha realizado el proceso de cloración del agua, lo que fue informado por el alcalde mediante comunicado de alerta en sus redes sociales oficiales. Señala que a la fecha de interponer este proceso, el problema no ha sido solucionado.
De los informes dados a esta Sala por las autoridades municipales recurridas, efectivamente se confirma que en setiembre del año 2023, el ente municipal no pudo realizar las acciones ordinarias de desinfección del agua en el cantón, por problemas de gestión de mantenimiento del equipo, compra de materiales y otros insumos necesarios. Lo anterior fue advertido a la población por parte de la Municipalidad recurrida a mediados de diciembre del 2023. Como consecuencia de lo anterior, el 06 de febrero de 2024, el Ministerio de Salud Área de Nandayure impuso a la municipalidad recurrida la orden sanitaria por la falta de desinfección del servicio de agua potable a la (ver informe y prueba). En cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio de Salud, el 15 de febrero del 2024, mismo día que se notifica la resolución que da curso a este proceso, la Municipalidad recurrida aprobó: a) la solicitud para iniciar una orden para la compra de 4 estañones de hipoclorito de sodio liquido al 12%, b) la solicitud de orden de inicio para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación del sistema de bombeo del acueducto Asimismo, retomó el clorado con pastilla en cámara seca; y el 23 de febrero del 2024, al ser las 11:40 a.m. el área de salud ordenó el cierre de la orden sanitaria.
De lo expuesto, queda claro que es con ocasión de este proceso, que se tomaron las medidas indicadas por el Ministerio de Salud, que levantó la orden sanitaria impuesta y se restituyó el servicio de agua. Por ello, procede acoger el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con la orden de que, efectivamente, se corrijan los problemas de gestión y se tomen las medidas necesarias para la desinfección del agua en la zona indicada, en los términos que se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.
De la acusada falta de prestación del servicio de recolección de basura. En el presente asunto la parte recurrente reclama por un lado que la Municipalidad de Nandayure no cuenta con un camión recolector de basura, ni con un contrato de servicio de recolección desde hace más de 4 años. Señalan que el viernes 9 de febrero de 2024, no se recogieron los residuos y están acumulados por las calles y aceras del cantón.
Luego de revisados los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento, así como la prueba aportada, se desprende que efectivamente en el Cantón de Nandayure se han presentado suspensiones en el servicio de recolección de basura y dificultades para brindar un adecuado servicio a la población. Según el Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nandayure existe una enorme necesidad de contar con al menos un camión recolector, que permita evitar situaciones de riesgo en materia ambiental y de salud pública, derivadas de un inadecuado manejo de los residuos sólidos municipales.
De los informes presentados a esta Sala por parte de las autoridades recurridas, se tiene que, para atender el problema de recolección de desechos, el Ministerio de Salud impuso a la Alcaldía de Nandayure recurrida, una orden sanitaria por la suspensión del servicio de recolección de residuos sólidos. Es en cumplimiento de esa orden que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria de los días 06 y 13 de febrero del 2024, acordó pedir a la Alcaldía Municipal y Gestor Ambiental que procedan a tomar las medidas correspondientes, dentro del ámbito de su competencia para realizar a la mayor brevedad posible, un proceso licitatorio, conforme a la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento, y contratar temporalmente los servicios de un camión recolector de desechos sólidos, que reúna los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud en cuanto al traslado, almacenaje y transporte de lixiviados. En ese sentido, en la sesión ordinaria número 198 celebrada el día 13 de febrero de 2024, -es decir anterior a la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo- el Concejo Municipal acordó convocar a una sesión extraordinaria para el día jueves 15 de febrero de 2024, para conocer y resolver el proceso de urgencia para la contratación temporal de un camión recolector de residuos sólidos.
De lo expuesto, esta Sala considera que, si bien la Municipalidad recurrida ha adoptado algunos actos encaminados para dar cumplimiento a la orden sanitaria por parte del Concejo Municipal, dicha sesión extraordinaria fue convocada anterior a que el concejo recurrido tuviese conocimiento de la notificación del presente recurso de amparo, por lo que en fecha 23 de febrero de 2024, que la Municipalidad recurrida realiza los actos necesarios para reanudar el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios, en las comunidades afectadas por la falta de prestación del servicio en el Cantón de Nandayure. De tal forma que ya la basura está siendo trasladada hasta el Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, como sitio de disposición final aprobado por el Ministerio de Salud. Se tiene además que, al ser constatada por el área de salud de Nandayure la normalización del servicio, esta procedió a realizar el cierre y archivo de las ordenes sanitarias N° MS-DRRSCH-DARSNA-OS-008 2024 y N° MS-DRRSCH-DARSNA-OS-009-2024, pues se cumplió con lo solicitado.
Al respecto, se acredita que si bien la municipalidad recurrida describe las diferentes gestiones que ha realizado sobre el manejo del problema de recolección de basura, una vez comunicado de la interposición de este proceso, y por ello se levantó y archivó la orden sanitaria, impera el hecho que no existe todavía una solución con certeza del problema de recolección de basura denunciado por los vecinos de Nandayure, el cual conforme quedó demostrado todavía persiste, pues no se cuenta siquiera con un camión recolector. En ese sentido, adviértase que en el informe adjunto, el personero del gobierno local recurrido subrayó que la solución al problema de recolección de basura, en atención a la orden sanitaria emitida por el área de salud, es temporal. Por ello, se advierte a las autoridades municipales competentes su deber de garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839. (…)” ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 052- Cese de acto impugnado con ocasión a la presentación del amparo. Desistimiento y satisfacción extra procesal Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL “(…) IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. (…)” VCG04/2024 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 052- Cese de acto impugnado con ocasión a la presentación del amparo. Desistimiento y satisfacción extra procesal Subtemas:
NO APLICA.
VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO, y GARITA NAVARRO Y LA MAGISTRADA JARA VELASQUEZ ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.
Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una "terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.
VCG04/2024 ... Ver más Res. Nº 2024007186 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de marzo de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 24-003710-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:59 horas del 12 de febrero de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo. Señala que la municipalidad recurrida es la encargada del servicio de agua para consumo humano de los distritos Carmona y Santa Rita, y es la encargada del servicio de recolección de residuos sólidos de todo el cantón; sin embargo, ambos servicios están presentando problemas graves que ponen en riesgo la salud pública de los habitantes. Acusa que no están desinfectando el agua para consumo humano, como corresponde según la legislación sanitaria, pues no le han dado el proceso de cloración desde el 14 de diciembre de 2023, y así lo informó el alcalde mediante comunicado de alerta en sus redes sociales oficiales, según prueba que se adjunta. Reclama que el agua permaneció sin cloración los meses de diciembre y enero, y la Administración se esperó hasta que pasaran las elecciones municipales del 4 de febrero, para emitir otro comunicado en redes sociales oficiales, en fecha 05 de febrero, para informar que el agua abastecida por el acueducto municipal seguía sin recibir cloración del agua, según prueba adjunta. Asimismo, alega que la municipalidad accionada no cuenta con un camión recolector de basura, ni con un contrato de servicio de recolección desde hace más de 4 años, y están usando vagonetas para la recolección. Aclara que no existe morosidad en residuos sólidos para las comunidades abastecidas por acueducto municipal, puesto que el rubro se paga en el mismo recibo que se paga el recibo de agua, por lo que va incluido en la factura del servicio de agua. De manera, que no hay excusas para que existan problemas de recolección de residuos, como se ha anunciado desde el 7 noviembre de 2023, mediante oficio AM AA 1513-2023. Sostiene que después de las elecciones, en que no quedó electo el candidato del partido oficial, se anunció que se ofrecería el servicio de recolección de residuos, a través del oficio No. AM AA 0119-2024 del 5 de febrero. Acusa que el viernes 9 de febrero, no se recogieron los residuos y están acumulados por las calles y aceras del cantón. Señala que en sesión 197 del Concejo, transmitida en vivo el 6 de febrero de 2024, con el alcalde ausente, el presidente de dicho órgano leyó las órdenes sanitarias notificadas por el Ministerio de Salud, al alcalde y al presidente municipal, en relación con los dos problemas citados. Sin embargo, únicamente las remitió al alcalde, sin hacerse responsable de tales omisiones. Aduce que según correspondencia leída el presidente municipal, se desprende que el auditor interno de la municipalidad, tampoco rinde cuentas y opone como excusa que el alcalde no le da información para realizar su trabajo. Con base en lo anterior, estima que el funcionamiento de esa municipalidad, ninguno de los funcionarios trabaja en resolver los problemas, se responsabilizan entre sí y no denuncian las problemáticas, incumpliendo su deber y a su vez, afectando la salud pública y dando un pésimo servicio a los habitantes del cantón. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.
2.-Mediante resolución de las 13:14 horas del 15 de febrero de 2024 se dio curso al proceso y se solicitó informe al alcalde, el presidente del Concejo, el director del Acueducto Municipal y el auditor interno, todos de la Municipalidad de Nandayure. La resolución fue debidamente notificada a las 15:26 horas del 15 de febrero de 2024.
3.-Informa Jorge Alfredo Pérez Villarreal, en su condición de auditor interno de la Municipalidad de Nandayure. Explica: “esta unidad de auditoría no tiene la competencia ni facultad, para resolver la problemática acaecida en cuanto a la suspensión del servicio de recolección de desechos sólidos y el mantenimiento y desinfección del servicio de agua potable. Conviene entonces, aclarar la naturaleza de las funciones de la Auditoría Interna, para cual manifiesto lo siguiente EL AUDITOR INTERNO EJERCE FUNCION DE AUDITORIA El sistema de control interno asigna formas de control específicas a los órganos que lo integran: la Administración Activa y la Auditoría Interna. La auditoría interna solo puede ejercer el control que se enmarque en el concepto de auditoría. La necesidad de garantizar su independencia funcional implica una prohibición de ejercer las funciones administrativas y de control propias de la administración activa. SOBRE LA PROHIBICIÓN PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE EJERCER FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN ACTIVA. Con la promulgación de la Ley N° 8292, Ley General de Control Interno, se establecieron una serie de criterios mínimos que deben ser observados tanto por la Contraloría General de la República como por las auditorías internas y los demás entes y órganos sujetos a su fiscalización, es decir, la Administración activa, en cuanto al establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de los sistemas de control interno. Es así que el numeral 34 de la Ley General de Control Interno (LGCI) contiene las prohibiciones para el auditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, reza así: Artículo 34.-Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones: a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para cumplir su competencia. b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo. c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente personales, en los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad y afinidad hasta tercer grado, o bien, cuando la jornada no sea de tiempo completo, excepto que exista impedimento por la existencia de un interés directo o indirecto del propio ente u órgano. De esta prohibición se exceptúa la docencia, siempre que sea fuera de la jornada laboral. d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las elecciones nacionales y municipales. e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley. Por las prohibiciones contempladas en esta Ley se les pagará un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base. Las funciones de control del auditor deben ser de carácter posterior y con criterios técnicos. No debe involucrarse en operaciones administrativas de carácter sustantivo ni sustituir a la administración en el cumplimiento de sus funciones. Para garantizar la independencia de criterio y para deslindar esos dos ámbitos de control (administración activa/auditoría), es que la Ley General de Control Interno (artículo 34.a) establece una prohibición expresa para el auditor de involucrarse en funciones de Administración activa. Ello también evita colocarlo en un eventual conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. En conclusión, el recurrente pretende endilgar una responsabilidad sobre la cual mi persona como auditor interno, no tengo la competencia y facultad para resolver y ejecutar las acciones administrativas; es competencia exclusiva de la administración activa en la representación del Concejo, Alcalde o funcionarios titulares subordinados, resolver y ejecutar las actuaciones administrativas para solventar la problemática acaecida.”. Pide se declare sin lugar el recurso.
4.- Informa Leandro Méndez Castillo en su calidad de Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental Municipalidad de Nandayure. Expone: “La Municipalidad de Nandayure es la organización encargada de brindar el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios de forma adecuada para todos los habitantes del cantón de Nandayure, esto, corresponde la Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839 de 24 de junio del 2010 y su reforma, las municipalidades son las responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón, por lo que es potestad de éstas dictar los reglamentos y aplicar las medidas que sean necesarias para alcanzar dicha gestión en su territorio cantonal; asimismo, en resguardo de la autonomía municipal, esta ley deja autorizada a las corporaciones municipales para emplear y desarrollar tecnologías alternativas que resulten menos contaminantes para el ambiente y salud pública. Acorde a lo dispuesto en el párrafo anterior, la Municipalidad de Nandayure actualmente se encuentra con dificultades en materia de contratación administrativa para la ejecución del presupuesto ajustado en el rubro de alquiler del servicio de recolección de residuos sólidos. Durante el periodo 2021, se dio inicio con el concurso N°2021LA-000001- 0020450009, PROYECTO CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL ALQUILER DE UN VEHICULO RECOLECTOR, MODALIDAD SEGÚN ENTREGA DEMANDA 2021. Este concurso como anteriormente en otros documentos se ha mencionado, se encuentra en estado vigente en la plataforma SICOP, en la misma plataforma se presenta como: concurso en estado de evaluación, en consulta al centro de atención de este sistema, indican que esto hace referencia a que este cartel licitatorio aún se encuentra elegible, a la espera de su declaratoria por parte de la Municipalidad, ya sea adjudicación o en contraposición la declaratoria de desierto o infructuoso; así pues, este concurso no ha sido resuelto desde noviembre 2021 fecha de inicio y que hasta la fecha actual 10 de octubre del 2023 no ha se ha brindado dicha resolución. Cabe resaltar que en este concurso únicamente participó una empresa oferente denominada: ALMORENTAL SOCIEDAD DE RESOPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica N°3 102 776154. Que la Licitación Abreviada N°2021-000001-UGAM, cuenta con los estudios legales, técnicos y financieros así ratificado en plataforma SICOP, con las certificaciones y criterios emitidos por los respectivos profesionales destacados en su puesto: · Ing. Warren Cubillo Paniagua. Unidad de Gestión Ambiental: certifica: el 16 de setiembre del 2021, cumple técnicamente. · Lic. Marlen Moreno Vallejos. Departamento de Gestión Jurídica: certifica el 30 de noviembre del 2021, cumple jurídicamente. · Lic. Carmen Vega Rodríguez, Departamento Presupuesto: Certifica el día 08 de febrero del 2022, existencia del contenido presupuestario. Así se dispone posteriormente mediante acuerdos del Consejo Municipal que este concurso debe ser declarado desierto e infructuoso, ya que no cuenta con los criterios para adjudicación, en especial que no se contó con el contenido presupuestario para la ejecución de esta licitación: Así reflejados en los acuerdos N°SCM.LC 01-85-2021, SCM.LC 03-75-2021, SCM.LM SCM.LC 19-94-2022. En este último acuerdo (SCM. LC 19-94-2022), se ratifica la inaprobación, del concurso por parte del Consejo Municipal, ante la petitoria de la Administración de reconsiderar el acuerdo. No obstante, la Contraloría General de la República mediante oficio N°08452 del 9 de junio de 2021, autoriza a la Municipalidad de Nandayure a contratar de forma directa a la empresa MTS Multiservicios de Costa Rica S.A. bajo la modalidad de entrega según demanda hasta por un monto máximo de ¢ 17 010 000.00. Como una medida ante la situación que enfrenta el servicio la administración elabora un convenio marco de colaboración entre la Municipalidad de Nandayure y la Municipalidad de San Ramón en el cual se incluye el préstamo de un camión recolector para satisfacer la demanda del servicio; este convenio fue inaprobado mediante acuerdo N°SCM.LC 10-138-2022, acta N°0012023-2024. Posterior a la negativa del convenio, se solicita por parte del Consejo Municipal a la Unidad de Gestión Ambiental, la elaboración de un informe sobre la demanda actual 2023, a lo que esta dependencia con anterioridad ya ha comunicado en diferentes informes, oficios y sesiones de Consejo la necesidad actual que mantiene este servicio, para la ejecución de un nuevo concurso de licitación, a lo que esta unidad hace referencia mediante el oficio N°GA-09-2023 que ya se ha enviado con anterioridad la demanda requerida, mediante los documentos: Propuesta Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Nandayure 2022-2027 (aún sin aprobación), Informe técnico N° MN-GA-IT-001-2022, N°GA-25- 2022, N°GA-06-2023, de igual forma también se envía ante el consejo lo solicitado, haciendo alusión en que para efectuar un nuevo proceso de licitación primero debe concretarse el concurso N° 2021LA-000001-0020450009, a raíz de que únicamente se cuenta con los recursos para un proceso de licitación, no puede ejecutarse un concurso sobre otro concurso que no ha sido definido de forma definitiva. Así transcurriendo los periodos desde 2021 hasta el actual periodo 2023, la única empresa oferente, ha manifestado mediante diferentes oficios su interés sobre el concurso y el avance de este proceso. A su vez, se elaboró un nuevo cartel de licitación 2023, aprobado por el Consejo Municipal con base en la necesidad actual, sin embargo, como se expresó con anterioridad aún no se da la resolución final del concurso N°2021LA-000001- 0020450009, por lo que, no es posible direccionar los recursos del presupuesto ajustado (40 235 000,00 colones), en un nuevo concurso, sin considerar la adjudicación o declaración de desierto e infructuosa del concurso 2021. El presupuesto general para la gestión integral de residuos sólidos de la Municipalidad de Nandayure actualmente es de 71 858 144.9 colones (presupuesto ajustado 2019), de los cuales se destinan de 40 235 000,00; colones para servicio de recolección y disposición de residuos, para disposición en relleno sanitario se mantiene un fondo de 21 494849,53 colones, dentro de los cuales se han ejecutado modificaciones presupuestarias para compra combustible para el acarreo y transporte de residuos a lo interno del cantón y hasta el relleno sanitario. Del rubro de Otros servicios de Gestión de Apoyo “Basura”, del presupuesto para residuos, se ejecutó la modificación presupuestaria para inyectar al rubro de combustibles y lubricantes el monto de 10 000 000.00 colones, presupuesto que se ha utilizado para abastecer el servicio hasta la actualidad mediante la modalidad de recolección en vagonetas; sin embargo, debido al esfuerzo que representa esta modalidad se debe contemplar la implementación de dos vagonetas y al menos dos back hoe, un vehículo pick-up para lograr ejecutar la completitud de las rutas de recolección; por lo que esto refleja mayor demanda de combustible ante el número de máquinas en operaciones de recolección y traslado de los residuos hasta el Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz (lugar de disposición final). De las modificaciones realizadas para compra de combustible y lubricantes se cuenta actualmente con un monto de 639 000.00 colones; saldo insuficiente para la ejecución de las dos rutas acorde a la frecuencia de recolección establecida. Estas limitantes se reflejan directamente en la capacidad de gestión del servicio, debido a que no es posible la inclusión de un número mayor de contribuyentes pues la capacidad de la maquinaria se ve limitada, así también refleja inconsistencias en la calidad de la prestación del servicio en materia de ambiente y salud pública como se determinan en el siguiente apartado. ESTADO ACTUAL Y CONSECUENCIAS EN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN: En consideración de lo anterior, es de carácter urgente atender de forma eficaz la demanda de la población del cantón de Nandayure, mediante un servicio de calidad, en pro del bienestar de la población como derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado según su numeral 50, haciendo mención que actualmente con el estado en la prestación del servicio no ha sido posible atender la cobertura actual del servicio de forma eficiente así como tampoco históricamente se ha visto un avance en nuevas rutas de recolección (cobertura cantonal), desde el periodo 2016. En el artículo N°7 del decreto N° 36093-S, como parte del accionar municipal, la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, son una prioridad mediante los posibles riesgos en materia de salud pública, por lo que la administración mediante sus recursos o mediante contratos con empresas o particulares puede ejecutar el servicio de la mejor manera para el bienestar de los habitantes de su cantón. En consideración de lo anterior, el servicio se ha visto deteriorado debido a las complicaciones que representa no contar con una herramienta acorde para la recolección de residuos como un camión compactador especializado para esta labor, y que a raíz de la situación licitaría municipal, la recolección se ha estado ejecutando desde el mes de noviembre del 2021 hasta la actualidad, mediante maquinaria municipal de forma paliativa. El camión recolector es una unidad indispensable en cualquier sistema de gestión integral de residuos, esta herramienta ha sido diseñada exclusivamente para esta actividad y así ajustarse a las normas técnicas y de calidad que requiere este servicio en su operación, de tal forma que al compactar y confinar en su interior los residuos sólidos concede el espacio para almacenaje que va requiriendo hasta su total capacidad, estas características facilitan y agilizan el proceso de recolección de residuos. Con anterioridad esta unidad ha informado sobre los posibles riesgos ante la salud pública y el medio ambiente que conlleva la situación actual del servicio, presentando ante las diferentes instancias correspondientes, estas situaciones inicialmente se determinaron en el informe N° MN-GA-IT-001-2022. Y que actualmente los puntos mencionados en ese informe se han visto reflejados en la actualidad, por lo que los problemas en manejo de residuos al no contar con esta herramienta de camión recolector y con el paso del tiempo se están agravando las situaciones negativas, dando como resultado un problema de salud pública. Actualmente se están desarrollando las siguientes situaciones: 1. Desgaste y riesgos ante lesiones físicas y posible contaminación por lixiviados del personal en recolección de residuos por lanzamiento de bolsas de basura a bateas de vagoneta y back hoe. 2. Desplazamiento de personal de otras áreas municipales y maquinaria hacia recolección de residuos. 3. Movilidad de maquinaria y mayor consumo de combustible, hacia recolección de residuos sólidos, para atender demanda actual (ver anexos). 4. Espacio insuficiente en las bateas de las vagonetas para almacenaje y transporte de residuos, debido al volumen por la disparidad o nula compactación de maquinaria utilizada (ver anexos). 5. Residuos expuestos al ambiente: generación de malos olores y escenarios visuales desagradables para los habitantes (ver anexos). 6. Presencia de fauna nociva (Zopilotes, perros, moscas) en centros poblacionales por extravío de residuos y rezago en los periodos de recolección ante reducción en maquinaria destinada a la recolección (ver anexos). 7. Disgusto de la población, poca credibilidad en la continuidad y mejoras del servicio. 9. Aumento en la morosidad por parte de los contribuyentes al obtener un servicio deficiente. 10. Inadecuada disposición de residuos sólidos (Quema, entierro, creación de vertederos clandestinos), ante la posible suspensión del servicio (ver anexos). 11. Incumplimiento marco legal del servicio acorde a las disposiciones de la ley N°8839, Ley N°5395, Ley 7575, 7554, decreto ejecutivo N° 36093-S, Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos del Cantón de Nandayure 12. Problemas en salud pública y ambiente ante inconvenientes del servicio y la posibilidad de suspensión por no contar con recursos propios y herramientas idóneas para labores de recolección. 14. Poco avance en actualización y extensión de rutas de recolección, así como servicios de recolección diferenciada, por limitantes en el servicio de recolección de residuos ordinarios. 15. Insostenibilidad del sistema de recolección (demanda superior a oferta de servicio). 16. Suspensión intermitente del servicio y suspensión indefinida (situación actual). 17. Incongruencia normativa según el artículo N°07 del Decreto Ejecutivo N°36093- S, de las responsabilidades Municipales sobre el Servicio de Recolección de residuos sólidos, así como también de los deberes de las municipalidades como entes estatales descentralizados están sujetas al principio de legalidad y, por tanto, al entero bloque de legalidad constituido por el conjunto de normas escritas y no escritas que se encuentren vigentes. ESPECIFICACIONES: Desgaste de empleados y maquinaria municipal en recolección de residuos sólidos. La municipalidad cuenta con 4 funcionarios colaborando actualmente en el servicio de recolección de residuos sólidos en su función de recolectores, debido a la ausencia del camión compactador especializado, estas personas, se ha visto en la situación de tener mayores riesgos potenciales para su salud y su integridad física, se explica a continuación: 1. Las vagonetas son vehículos que por sus características no están adaptadas para ejecutar dicha actividad, los colaboradores deben aplicar mayor fuerza para lograr llegar las bolsas de basura (de diferentes pesos y tamaños), hasta la parte superior de la vagoneta, arriesgándose a padecer de lesiones corporales por un exceso en los esfuerzos, sucede que en ocasiones, debido a la dificultad de lanzar las bolsas estas no llegan a la batea de la vagoneta y se devuelven hacia el cuerpo de los recolectores pudiéndole ocasionar lesiones en cabeza, rostro y otras partes del cuerpo, es importante recalcar que el ángulo de trayecto de las bolsas es superior al 80% al ser lanzadas, lo que incrementa los posibles riesgos por lesiones; para evitar esto al inicio de la recolección se baja la batea hidráulica de la vagoneta para reducir el esfuerzo al lanzar las bolsas sin embargo una vez se acumule cierta cantidad de residuos ya no es posible bajar la batea. Para reducir el esfuerzo de los colaboradores, en la ruta de Carmona-Santa Rita y San Pablo se utiliza un back hoe que baja la pala para cargar los residuos y la eleva hasta depositarlos en las vagonetas, sin embargo, en la ruta costera por el rodaje del back hoe no se traslada; por tanto, los colaboradores deben lanzar las bolas hasta la batea sin ayuda y en tal caso arriesgando su integridad física. 2. Por sus componentes orgánicos, la humedad retenida en las bolsas de basura y las altas temperaturas de los lugares donde se ofrece actualmente el servicio (27 °C a los 35 °C), hace que favorezca la producción de lixiviados. Los recolectores al lanzar hasta la vagoneta los residuos, se ven expuestos a que los lixiviados acumulados en el interior de las bolsas, lo que podría precipitarse hacia sus ropas, cuerpos, incluso hacia sus rostros cuando ocurren desgarres, perforaciones de las bolsas o estas vienen abiertas. 3. En las rutas de recolección las vagonetas al no contar con un sistema de compresión de los residuos, hace que el volumen supere su capacidad, por lo que los compañeros de recolección se ven en la obligación de subirse a las bateas de las vagonetas y pararse sobre algunos residuos para disminuir un poco este volumen, acomodar ciertas bolsas en las bateas, o colocar las lonas en la parte superior del vehículo, el back hoe es utilizado conforme se agote la capacidad de la vagoneta de almacenaje, sin embargo en la ruta del sector costero no es posible su presencia en todas las jornadas de trabajo, por ende la capacidad de almacenaje de las vagonetas es menor dificultando las labores. Salud Pública y Ambiente: Los residuos sólidos ordinarios “basura” son acumulados en el camión recolector en su cámara hermética de compactación, por tanto, no quedan expuestos al ambiente, mientras que durante el proceso de recolección mediante vagonetas, u otro vehículo no adaptado para esta actividad, los residuos quedan expuestos al ambiente, generando malos olores en el transcurso de las rutas, la posible caída de algunas bolsas que se extravían durante la ruta de recolección, sin que los recolectores lo perciban, insuficiencia en la capacidad de recolección, disconformidad de la población. La fauna toma representatividad en centros poblacionales: moscas, zopilotes, perros que son atraídos por los olores de los residuos, pues determina una carencia en el sistema de recolección, por tanto, es importante mencionar que la presencia de los zopilotes y moscas en las calles y espacios públicos en el centro de Carmona y comunidades vecinas está reflejando un manejo inadecuado, debido a que no permite un manejo ágil y eficaz, así que los residuos permanecen mayor tiempo en las calles en espera de su recolección y transporte y cuando son recolectados estos quedan expuestos en la parte superior de las vagonetas; dado que la recolección es ejecutada los días martes y viernes, los zopilotes (Coragyps atratus), son atraídos y se dispersan por las principales calles y edificaciones, siendo un indicador referente de la calidad de la prestación del servicio (ver anexos). Movilidad de maquinaria y personal. Durante el periodo 2023 se ha estado efectuando el servicio utilizando 2 vagonetas, 1 vehículo pick up y dos back hoe, en las rutas de Carmona, Santa Rita y San Pablo, mientras que en la ruta de las Playas que abarca Playa San Miguel, Playa Costa de Oro, Playa Puerto Coyote, San Francisco, La Y Griega y demás comunidades vecinas, unicamente se utilizan las 2 vagonetas. En consideración de esto, para estos 10 meses del año 2023, se evidencia un deterioro, en la prestación del servicio, por las situaciones anteriormente citadas, que se han visto agravadas y conforme el desgaste del personal, así como del mismo equipo municipal como las vagonetas, donde inclusive por esta misma causante, se ejecutó la recolección por más de dos meses del presente año con una sola vagoneta. Lo que se generalmente se podría recolectar en un día con un camión recolector, con una vagoneta se tarda 3 días en ejecución; considerando a su vez que el relleno sanitario más cercano se encuentra en el Cantón de Santa Cruz aproximadamente a 56 km de distancia. Es importante considerar que, el servicio de recolección de residuos sólidos cuenta con aproximadamente 1671 contribuyentes, donde el sector residencial es el de mayor población, como se observa en la siguiente tabla, estos 1671 contribuyentes corresponden a unidades habitacionales, por lo que podría representarse una población afectada de 6684 personas que hacen uso de este servicio, así en consideración del promedio nacional de residentes por unidad habitacional, expresado por el INEC. En la siguiente tabla se muestran los contribuyentes del servicio de recolección actualmente:
Como se observó en la tabla anterior, los contribuyentes que actualmente hacen uso del servicio están generando en promedio 100.5 toneladas y esta producción mantiene una tendencia de aumento durante este periodo 2023, conforme a estos datos, la prestación del servicio se ve estrictamente limitada a la capacidad de recolección, acarreo y disposición con que esta municipalidad cuenta actualmente, viéndose afectada la calidad y capacidad del servicio.
A continuación, se presenta el siguiente cuadro con los promedios de producción mensuales y anuales del servicio.
Durante este periodo 2023, el servicio mantiene un 49% de cobertura cantonal, sin posibilidad a extenderse a otras comunidades, pues la demanda se encuentra sobrepasando la capacidad de recolección y acarreo. Esta situación como se ha mencionado a lo largo de este informe se ha prolongado por 3 años aproximadamente; conforme continue prolongándose el equipamiento adecuado para la ejecución de las rutas de forma adecuada mayores serán las repercusiones anteriormente definidas. Por último, esta Unidad vuelve a destacar la enorme necesidad de contar con al menos un camión recolector, para poder brindar un adecuado servicio a la población del cantón de Nandayure, así prevenir situaciones en materia ambiental y de salud pública, derivadas de un inadecuado manejo de los residuos sólidos municipales, así, se debe mencionar que tras los esfuerzos realizados para mantener a flote el servicio, mediante las actuales se torna insostenible la continuidad y calidad del servicio.
Precedente: En reiteradas ocasiones la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha manifestado que tanto, el derecho a la salud, como a un ambiente sano, constituyen derechos fundamentales consagrados en el artículo N° 50 de la Constitución Política. El Estado, sus instituciones y las Municipalidades se encuentran obligadas a tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y evitar grados de contaminación que pongan en peligro la salud de los administrados y por tanto, es un deber de la Municipalidades derivado de la conjugación de los artículos 50 y 169 de la Constitución Política garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, correspondiente a la administración de los intereses y servicios locales. Es importantes tomar en cuenta que de conformidad con el inciso c) del numeral 2 de la Ley Orgánica del Ambiente, el Estado, debe velar por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional, asimismo, se encuentra obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendiendo como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras. De esta forma, las municipalidades están obligadas en promover modelos de desarrollo sostenible a nivel local. Por considerarse un tema directamente relacionado a salud pública y medio-ambiental, la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos, no puede estar sujeto a condicionamientos como los expuestos anteriormente, que pone en riesgo el bienestar de la población y de su entorno directo, ante la imposibilidad de ejecutar las labores de recolección de forma eficiente y con los instrumentos necesarios que faciliten y garanticen un servicio de calidad con base en los principios de legalidad, precautorio y inderogabilidad singular de la ley general de salud y reglamento N° 36093-S, en materia de gestión integral de residuos sólidos.” Pide se declare sin lugar el recurso.
4.- Informa Giovanni Jiménez Gómez, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Nandayure. Expresa que: “(…) PRIMERO. En ese sentido, primero que todo, debo informar que durante el periodo 2021 se tramita el proceso de contratación de camión recolector de residuos sólidos N°2021LA-000001-0020450009, PROYECTO CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL ALQUILER DE UN VEHICULO RECOLECTOR, MODALIDAD SEGÚN ENTREGA DEMANDA 2021. Este concurso como anteriormente en otros documentos se ha mencionado, se encuentra en estado vigente en la plataforma SICOP, en la misma plataforma se presenta como: concurso en estado de evaluación, en consulta al centro de atención de este sistema, indican que esto hace referencia a que este cartel licitatorio aún se encuentra elegible, a la espera de su declaratoria por parte de la Municipalidad, ya sea adjudicación o en contraposición la declaratoria de desierto o infructuoso; así mediante, este concurso no ha sido resuelto al día de hoy 23 de febrero del 2024. Cabe resaltar que en este concurso únicamente participó una empresa oferente denominada: ALMORENTAL SOCIEDAD DE RESOPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica N°3 102 776154. SEGUNDO. Que la Licitación Abreviada N°2021-000001-UGAM, cuenta con los estudios legales, técnicos y financieros así ratificado en plataforma SICOP, con las certificaciones y criterios emitidos por los respectivos profesionales destacados en su puesto: • Ing. Warren Cubillo Paniagua. Unidad de Gestión Ambiental: certifica: el 16 de setiembre del 2021, cumple técnicamente. Lic. Marlen Moreno Vallejos. Departamento de Gestión Jurídica: certifica el 30 de noviembre del 2021, cumple jurídicamente. • Lic. Carmen Vega Rodríguez, Departamento Presupuesto: Certifica el día 08 de febrero del 2022, existencia del contenido presupuestario. TERCERO. posteriormente mediante acuerdos del Concejo Municipal que este concurso debe ser declarado desierto e infructuoso, ya que no cuenta con los criterios para adjudicación, en especial que no se contó con el contenido presupuestario para la ejecución de esta licitación: Así reflejados en los acuerdos N°SCM.LC 01-85-2021, SCM.LC 03-75-2021, SCM.LM SCM.LC 19-94- 2022. Cabe resaltar que para efectos de la ley de contratación administrativa no había establecido su reforma actual (por lo que este proceso contaba con los insumos requeridos para su adjudicación). CUARTO. Que esta administración se ha visto en la obligación de mantener el servicio mediante la recolección por vagonetas para sostener de forma paliativa mientras se brinda una resolución del concurso mencionado anteriormente por parte del Concejo Municipal (ver Oficio N° AM-AA-0162-2024, CUADRO 1). QUINTO. Que, ante la no resolución de este proceso de contratación, al no brindarse dicha declaratoria, no ha sido posible reestablecer un nuevo proceso, debido a que se incurriría en un doble concurso con un presupuesto ajustado, por tanto, ante la negativa de declaratoria, se procede a la solicitud de modificaciones presupuestarias para la compra llantas, aceites y lubricantes para las vagonetas que estaban brindando el servicio, pero estas no fueron aprobadas por los señores regidores. SEXTO. Así conforme el paso del tiempo, las situaciones en materia de Gestión Integral de Residuos se han tornado complejas ante las limitantes en la apertura para la compra de insumos para darle continuidad al servicio mediante las vagonetas de la institución y ante la negativa de resolución del proceso N° 2021LA-000001-0020450009 (ver informe técnico N° MN-GA-IT-10-2023). SETIMO. Que, tras no contar con los recursos para darle dicha continuidad al servicio, se llegó a un punto de colapso en el cual esta administración se vio obligada a detener la recolección de forma indefinida hasta no se tomarán los correspondientes acuerdos por parte del concejo para la aprobación de los recursos mencionados para continuar con la recolección en la modalidad por vagonetas y la resolución del concurso en cuestión. OCTAVO. No obstante, se da aviso al Área Rectora de Salud de Nandayure de la suspensión indefinida del servicio (dicha dependencia ya tenía conocimiento de las problemáticas que se habían venido gestando durante aproximadamente 2 años). NOVENO. Tras la notificación al Área Rectora de Salud de Nandayure y la comunicación a la población de lo acontecido, el Área Rectora de Salud emite la Orden Sanitaria N° MS-DRRSCH-DARS-ERS-OS-2024-011, en la que procede a la solicitud de un plan remedial para la continuidad del servicio (Ver expediente N°0062024001600008, folios 2 al 11). DECIMO. Que, en consideración a la orden sanitaria citada en el párrafo anterior, se hace entrega del plan remedial mediante el Oficio N° AM-AA-0162- 2024, recibido el día 09 de febrero del 2024, por la DARS de salud de Nandayure, en el cual se indica que la administración procederá mediante una contratación de Urgencia para el alquiler de Camión Recolector de Residuos con base en el artículo N°66 de la Ley de Contratación Pública (ver expediente N° 0062024001600008 folios N° 00000 12 al 00000 21). DECIMO PRIMERO. Que el jueves 22 de febrero del 2024, se finiquita la contratación pública, mediante el proceso N°0062024001600008, en el cual se define adjudicar al señor JULIO CESAR RODRIGUEZ VIQUEZ, cedula de identidad N°5-0249-065; de forma que, tras las gestiones realizadas se logra reestablecer el servicio el viernes 23 de febrero del 2024 (ver expediente N° 0062024001600008, folio N°00000 86). DECIMO SEGUNDO. Que se esta ejecutando el proceso de contratación pública por excepción del Relleno Sanitario Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, bajo el concurso N° 00622024001600003, sin embargo, este aún debe someterse al debido proceso de adjudicación, razón por la cual, no se ha finiquitado; no obstante, se solicitó a este Gestor autorizado la recepción de los residuos generados en el cantón de Nandayure de forma temporal mientras el proceso se finiquita de forma exitosa (ver Oficio N°DAM-DGA-PTA-102-2024). Por tanto, esta administración informa de manera oportuna sobre el restablecimiento del servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios el día 23 de febrero del 2024 y hasta el día 23 de mayo del 2024; así de forma paralela, una vez declarado el acto final del concurso N° 2021LA-000001-0020450009, se podrá dar inicio a un nuevo proceso de contratación pública del servicio de recolección de residuos sólidos por un año prorrogable a 3 años, con el objetivo de brindar un servicio de calidad y continuidad para los vecinos del cantón de Nandayure. Y que mediante Oficio N° MS-DRRSCH-DARSNA-034-2024 se da el cierre y archivo ordenes sanitarias MS-DRRSCH-DARSN-ERS-OS-008-2024 y MS-DRRSCH-DARS-ERSOS-2024-011 por haber cumplido con lo solicitado en las ordenes mencionadas anteriormente. Pide se declare sin lugar el recurso.
5.- Informa Juan Miguel Alvarado Alvarado, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de Nandayure. Explica que: “El cuerpo colegiado que represento, ha actuado de manera diligente y responsablemente, una vez que el día 06 de febrero de los corrientes el Ministerio de Salud Área de Nandayure nos impuso las órdenes sanitarias, debido a la suspensión del servicio de recolección de residuos sólidos anunciada y decretada de manera unilateral por el Alcalde de Nandayure y por la desinfección del servicio de agua potable, que ofrece la Municipalidad de Nandayure, todo dentro del ámbito de sus facultades y competencias dictadas en el artículo 13 del Código Municipal. A continuación, detallo todas las acciones emprendidas en las últimas semanas: a) En sesión ordinaria número 197 celebrada el 06 de febrero del 2024, se conoció la orden sanitaria número MS-DRRSCH-DARS-ERS-OS-2024-010, tomando el siguiente acuerdo de conformidad con el inciso 24 del artículo IV que dice así: Considerando lo manifestado por el Área Rectora de Salud de Nandayure y que es un tema meramente administrativo, este Concejo acuerda: Remitir copia de la documentación a la administración municipal para su conocimiento y proceda a resolver el tema. Dicho acuerdo se notificó a la Alcaldía el día 08 de febrero de los corrientes. b) En sesión ordinaria número 197 celebrada el 06 de febrero del 2024, se conoció la orden sanitaria número MS-DRRSCH-DARSN-ERS-OS-009-2024, tomando el siguiente acuerdo de conformidad con el inciso 23 del artículo IV que dice así: Considerando lo manifestado por el Área Rectora de Salud de Nandayure y que es un tema meramente administrativo, este Concejo acuerda: Remitir copia de la documentación a la administración municipal para su conocimiento y proceda a resolver el tema. Dicho acuerdo se notificó a la Alcaldía el día 08 de febrero de los corrientes. c) En sesión ordinaria número 198 celebrada el día 13 de febrero de 2024, en el inciso 1 del artículo X se acordó lo siguiente: Se solicita a la Alcaldía Municipal y Gestor Ambiental que procedan de INMEDIATO, ejecutando las acciones administrativas dentro del ámbito de su competencia para realizar a la mayor brevedad posible, un proceso licitatorio de URGENCIA como lo indica el numeral 66 de la LGCP y su Reglamento, para contratar TEMPORALMENTE los servicios de un camión recolector de desechos sólidos, cumpliendo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud en cuanto al traslado, almacenaje y transporte de lixiviados. Dicho acuerdo fue notificado a la Alcaldía y Gestor Ambiental el día 14 de febrero de los corrientes. d) En sesión ordinaria número 198 celebrada el día 13 de febrero de 2024, en el inciso 3 del artículo X se acordó lo siguiente Convocar a una sesión extraordinaria para el día jueves 15 de febrero de 2024 con hora de inicio 04:00pm y hasta las 06:00pm en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Nandayure, con el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución del proceso de urgencia para la contratación temporal de un camión recolector de residuos sólidos. 2. Conocimiento y resolución de la contratación de urgencia para el mantenimiento y reparación del sistema de pozos del acueducto municipal. 3. Conocimiento y resolución del proceso de compra de cloro líquido para desinfección del agua del acueducto municipal. 4. Dictámenes de Comisión 5. Mociones e) En sesión extraordinaria número 91 celebrada el día 15 de febrero de 2024, en el inciso 3 del artículo 1 se acordó lo siguiente: Acoger la recomendación brindada por el Gestor Ambiental Leandro Méndez Castillo en su resolución administrativa número 001-GA-2024 y que se tome en cuenta la adjudicación al señor Rodríguez Vega por ser el único que mostró interés en brindar el servicio en el periodo indicado. f) En sesión extraordinaria número 91 celebrada el día 15 de febrero de 2024, en el inciso 1 del artículo III se acordó lo siguiente: Aprobar la solicitud de orden de inicio para la Compra de 4 estañones de hipoclorito de sodio liquido al 12%, licitación reducida. g) En sesión extraordinaria número 91 celebrada el día 15 de febrero de 2024, en el inciso 2 del artículo III se acordó lo siguiente: Aprobar la solicitud de orden de inicio para la COMPRA DE 4 BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO PARA EL DEPARTAMENTO L ACUEDUCTO MUNICIPAL. h) En sesión extraordinaria número 91 celebrada el día 15 de febrero de 2024, en el inciso 1 del artículo II se acordó lo siguiente: Aprobar la solicitud de orden de inicio para LA Contratación del servicio de mantenimiento y reparación del sistema de bombeo del acueducto municipal. i) En sesión ordinaria número 199 celebrada el día 20 de febrero de 2024, en el inciso 34 del artículo IV, se acordó lo siguiente: Aprobar con dispensa de trámite de comisión la recomendación de adjudicación emitida por el señor Ignacio Escobar Brais encargado de proveeduría municipal, del procedimiento especial número 2024XE-000001- 0020450009, de la siguiente manera: JULIO CESAR RODRÍGUEZ VÍQUEZ Cédula 5-249-651. PARTIDA 1 ALQUILER DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL CANTÓN DE NANDAYURE. CONTRATACIÓN DE URGENCIA, por el monto económico de ¢70.000,00 (setenta mil colones con 00/100), por tonelada. j) En la misma sesión anteriormente indicada, número 199 celebrada el día 20 de febrero de 2024, en el inciso 1 del artículo X, se acordó lo siguiente: Se aprueba y respalda lo indicado en la resolución administrativa número 001-GA-2024 emitida por el funcionario Ing. Leandro Méndez Castillo, de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nandayure. Se aprueba lo indicado en la RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN emitida por Ignacio Escobar Bray, Encargado de Proveeduría. Adjudicar el proceso de urgencia para la contratación del servicio de un camión recolector de residuos sólidos para el Cantón de Nandayure, por un periodo temporal de 3 a 4 meses, a la Pyme persona física JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ VEGA con cédula de identidad número 5-0249-0651, por la suma de 70 mil colones por tonelada recolectada, en los distritos de Carmona, San Pablo, Bejuco y Santa Rita. Se autoriza a la secretaria del Concejo Sra. Rebeca Chaves Duarte o a quien ocupe su cargo, realizar todas las acciones administrativas en el sistema Sicop para cumplir con este acuerdo. Se le solicita al proveedor institucional Sr. Ignacio Escobar Brais que prosiga con todas las acciones administrativas dentro del ámbito de sus facultades para que a la mayor brevedad se dé la orden de inicio de este procedimiento, en procura de salvaguardar la salud pública y el interés público del Cantón. k) En conclusión, el recurrente, pretende endilgar una responsabilidad sobre la cual mi persona como Presidente o el Concejo Municipal como órgano representativo, no tenemos la competencia y facultad para resolver dicha problemática; es competencia exclusiva de la administración municipal en la representación del Alcalde o funcionarios responsables de los departamentos de acueducto municipal y gestión ambiental, resolver y ejecutar las acciones administrativas para solventar la problemática acaecida. Como se ha observado también, en el concejo hemos sido céleres tomando las decisiones que nos compete bajo el principio de coordinación interadministrativa, aprobando las ordenes iniciales y actos finales de los procesos de contratación pública, que se gestionaron por la administración municipal, para solventar la problemática acaecida y conocida en autos, de conformidad con el ordenamiento jurídico. l) De igual manera se informa por este medio el estado de los procesos de contratación pública, mediante constancia número PM 0009-2024, emitida por el proveedor municipal Sr. Ignacio Escobar Bray, donde consigna lo siguiente: Que el expediente 2024PX-000003-0020450009 CONTRATACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y NO TRADICIONALES GENERADOS EN EL CANTÓN DE NANDAYURE, se encuentra en trámite en la plataforma del SICOP, el mismo se encuentra en Estado de Evaluación. Se remitió Solicitud de Adjudicación al Concejo Municipal de Nandayure, para su respectiva aprobación. Que el expediente 2024XE-000001-0020450009 ALQUILER DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA EL CANTÓN DE NANDAYURE, CONTRATACIÓN DE URGENCIA, se encuentra estado de Contrato Notificado, adjudicado al señor JULIO CESAR RODRÍGUEZ VÍQUEZ, cédula 5-249-651. El día de hoy viernes 23 de febrero se reanudó el servicio de Recolección. Que el expediente 2024LD-000004-0020450009 COMPRA DE CUATRO BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO DE SODIO LÍQUIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO MUNICIPAL, se encuentra en trámite en la plataforma del SICOP, el mismo se encuentra en Recepción de Ofertas, para el día 26 de febrero de 2024 a las 9.00 horas. Que el expediente 2024LD-000003-0020450009 COMPRA DE CUATRO ESTAÑONES DE HIPOCLORITO DE SODIO LÍQUIDO AL 12%, se encuentra en trámite en la plataforma del SICOP, el mismo se encuentra en Recepción de Ofertas, para el día 26 de febrero de 2024 a las 8.00 horas. Que el expediente 2024PX-000001-0020450009 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL, el mismo se declaró Desierto/Infructuoso, el día 19 de febrero de 2024. m) De igual manera se adjunta constancia emitida por el Ing. Leandro Méndez Castillo Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nandayure que dice lo siguiente: De conformidad con el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública número 9986 y su Reglamento, se llevó a cabo el contrato N° 0672024000300003, en la plataforma SICOP, el cual fue finiquitado de forma exitosa al contratar los servicios de Alquiler de Camión Recolector, por un periodo de 3 meses. Por tanto, el día 23 de febrero del 2024, se reanudó el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios, de tal forma que los residuos recolectados están siendo trasladados hasta el Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, como sitio de disposición final aprobado por el Ministerio de Salud. SEGUNDO: El Concejo Municipal y su Presidente, están imposibilitados de ejecutar acciones administrativas para resolver lo acusado en el presente recurso de amparo, de conformidad con sus facultades y competencias. ➢ SOBRE LA RELACIÓN ALCALDE - CONCEJO MUNICIPAL Para sentar las responsabilidades que nos atañe en el presente amparo, deviene relevante determinar la relación que suscita entre el cuerpo colegiado (Concejo) y el Alcalde. Con tal finalidad, conviene remitirse a lo dispuesto por los ordinales 169 de la Carta Fundamental y 12 del Código que rige la materia, los cuales a la letra rezan: ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley. ARTÍCULO 12.-El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular. De las normas transcritas se desprende con absoluta claridad que el gobierno local es el llamado a ejercer la dirección y tutela de los intereses locales y de los servicios que detentan tal condición. Aunado a lo anterior, se sigue que, la regencia municipal está conformada por dos órganos – Concejo Municipal y Alcalde. Tocante estas figuras jurídicas, su relación y competencias, la PGR como órgano técnico asesor ha sostenido: “… Ahora bien, esta especial relación entre el Concejo y el Alcalde se subsume dentro de las características propias del régimen municipal que, tal y como esta Procuraduría lo ha indicado, es “…una representación a escala del gobierno nacional…”, por ende, fundamentado en los principios de democracia representativa, alternativa y responsable, así como en el de separación de funciones. En el gobierno municipal “… existe un cuerpo deliberativo de elección popular (Concejo), que tiene competencias muy importantes, y un órgano ejecutivo (Alcalde), también de elección popular, al que le competente la función ejecutiva dentro del Gobierno Municipal. Así las cosas, el gobierno municipal está compuesto por dos órganos diferentes entre sí: el Concejo y el Alcalde. El primero, es deliberativo, plural, donde están representadas todas las fuerzas políticas de la comunidad que, siguiendo el sistema electoral que prevé la Constitución Política y el Código Electoral, lograron obtener un puesto en ese órgano. El segundo, es unipersonal, ejecutivo y con dedicación exclusiva. Desde esta perspectiva, si bien el Alcalde no forma parte del Concejo, sí es un elemento esencial del Gobierno Municipal” (C-114-2002 de 9 de mayo de 2002). Las funciones de los órganos que integran el gobierno municipal se encuentran claramente detalladas en el Código Municipal. Al Concejo le compete, entre otras, la fijación de las políticas y prioridades de desarrollo del municipio conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido, acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios de los servicios municipales, proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de tributos municipales, dictar los reglamentos para la prestación de los servicios municipales, nombrar y remover al auditor o contador y al secretario del Concejo y comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones las faltas que justifiquen la remoción automática del cargo de regidor o alcalde municipal (artículo 13). Por su parte, al Alcalde le compete ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencia municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general, sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el Concejo Municipal y ejercer el derecho al veto, rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores ante el Concejo Municipal, nombrar, promover y remover al personal de la municipalidad, así como concederle licencias e imponerle sanciones y ostentar la representación legal de la municipalidad, entre otros (artículo 17 del Código Municipal). Tal y como lo ha manifestado la Sala Constitucional, el Concejo Municipal y el Alcalde son dos órganos diferenciados, con funciones y relaciones entre ellos definidas (sentencia N.° 5445-99 del 14 de julio de 1999). Esta diferenciación de funciones tiene base constitucional en tanto el artículo 169 de la Carta Fundamental establece que “La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado por un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”. Existe, por ende, una clara división de funciones entre el Concejo y el Alcalde, basada en el juego de pesos y contrapesos propio del sistema democrático consagrado en la Carta Fundamental Sobre el Alcalde Municipal ya la Procuraduría ha señalado que es el jerarca unipersonal de la Municipalidad “…sin que pueda hablarse de una relación de subordinación jerárquica respecto de los miembros del Concejo Municipal…”. Al respecto se ha indicado: “…cabe recordar que el artículo 17 del Código Municipal le atribuye (al Alcalde) la condición de "administrador general y jefe de las dependencias municipales" y administrar no es sino ejercer actividades de Administración activa. También le atribuye funciones de decisión como son el sancionar o vetar los acuerdos municipales, el autorizar los gastos de la municipalidad. Por demás, el Código Municipal asigna al Alcalde funciones en materia de personal, incluyendo el poder de nombrar, otorgar permisos y sancionar. Así como funcionales claramente ejecutivas: la ejecución de los acuerdos municipales y la vigilancia del desarrollo de la política municipal y la correcta ejecución de los presupuestos municipales, entre otras.” (C-048-2004 del 2 de febrero del 2004)…” [1] A partir de lo dicho, resalta palmario que la relación Alcalde-Concejo no es de subordinación, sino más bien de una imperiosa colaboración interadministrativa que resulta indispensable para el cumplimiento del fin endilgado por la Constitución Política al gobierno local –administración de los intereses y servicios locales-. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia patria, al sostener: “…el Alcalde no es inferior jerárquico del Concejo; son órganos con competencias coordinadas pero no sujetas que en definitiva deben complementarse para un funcionamiento eficiente y ágil de los ayuntamientos. Su deber de velar por el debido cumplimiento de los acuerdos municipales no presupone una sujeción jerárquica con el Concejo. Consiste en una tarea consustancial a sus competencias gerenciales y ejecutorias, para la buena organización y funcionamiento de los servicios locales…” [2] Visto lo anterior, el Concejo Municipal de Nandayure y su Presidente, no cuentan con la competencia y facultad, para ordenar por ejemplo a la responsable o encargada del acueducto municipal realizar la desinfección continua del agua almacenada y distribuida para el consumo humano, o exigirle al gestor ambiental que inicie el procedimiento de contratación de un camión recolector de residuos sólidos, pues resultaría contrario al ordenamiento jurídico, entrando a una coadministración que está absolutamente prohibida; las labores son meramente administrativas. Nuevamente, en conclusión, el recurrente, pretende endilgar una responsabilidad sobre la cual mi persona como Presidente o el Concejo Municipal como órgano representativo, no tenemos la competencia y facultad para resolver dicha problemática; es competencia exclusiva de la administración municipal en la representación del Alcalde o funcionarios responsables de los departamentos de acueducto municipal y gestión ambiental, resolver y ejecutar las acciones administrativas para solventar la problemática acaecida.” Pide se declare sin lugar el recurso.
6.- Informa Amalia Vega Rodríguez en su calidad de Administradora Acueducto Municipal de Nandayure. Explica: “El agua para consumo humano del acueducto municipal es desinfectada por medio de cloro liquido el cual es inyectado a la salida de cada pozo (4 pozos), a partir de setiembre del año 2023, este departamento no pudo realizar las acciones ordinarias del día a día por cuanto la gestión de mantenimiento del equipo, compra de materiales y otros insumos no se realizaban a pesar de conocer el problema que estaba por venir. A mediados de diciembre del 2023 se advierte a la población que el agua no está con el proceso de cloración correspondiente, a fin de proteger la salud. El 15 de febrero del presente año a fin de cumplir con lo establecido en la ley este departamento retoma el clorado con pastilla en cámara seca, siendo que el 23 de febrero del presente año al ser las 11:40am se recibe el cierre de la orden sanitaria. Se continúa trabajando a fin de brindar un servicio de calidad, cantidad y continuidad a todos los usuarios. - Oficio AC.M- 024-2023, dirigido a Alcaldía Municipal, explicando la problemática en los pozos. - Oficio AC.M- 034-2023, dirigido a Alcaldía Municipal, explicando los requerimientos urgentes. - Oficio AC.M-035-2023, dirigido al CONCEJO municipal, indicando acciones urgentes por hacer. - Oficio AC.M- 036-2023, dirigido a Comisión Municipal de Emergencias, informando sobre situación en el acueducto municipal. - Oficio AC.M- 003-2024, dirigido a Alcaldía Municipal, necesidades urgentes del acueducto. - Oficio AC.M- 004-2024, dirigido a Área Rectora de Salud, información sobre el cloro. - Oficio AC.M- 09-2024, dirigido a Alcaldía Municipal, Plan remedial para orden sanitaria N°MS-DRRSCH-DARS-ERS-OS-008-2024. - Oficio AC.M- 010-2024, dirigido a Área Rectora de Salud y Alcaldía Municipal, acciones realizadas a la fecha. - Cierre de Orden Sanitaria N°MS-DRRSCH-DARS-ERS-OS-008-2024.” Pide se declare sin lugar el recurso.
7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El accionante expone que la municipalidad recurrida es la encargada del servicio de agua para consumo humano de los distritos Carmona y Santa Rita, así como también del servicio de recolección de residuos sólidos de todo el cantón. Sin embargo, ambos servicios están presentando problemas graves que ponen en riesgo la salud pública de los habitantes. En cuanto al agua, no se le ha dado el proceso de cloración desde el 14 de diciembre de 2023, lo que fue informado por el alcalde mediante comunicado de alerta en sus redes sociales oficiales. En relación con el servicio de recolección de residuos, la municipalidad no cuenta con camión recolector. Acusa que el viernes 9 de febrero de 2024, no se recogieron los residuos y están acumulados por las calles y aceras del cantón. Señala que en sesión 197 del Concejo, transmitida en vivo el 6 de febrero de 2024, con el alcalde ausente, el presidente de dicho órgano leyó las órdenes sanitarias notificadas por el Ministerio de Salud, al alcalde y al presidente municipal, en relación con los dos problemas citados. Acusa que a la fecha las autoridades recurridas no han hecho nada para dar una solución a los problemas descritos. Pide la intervención de este Tribunal.
II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
En cuanto al reclamo por la falta de desinfección del agua en el cantón de Nandayure:
Del servicio de recolección de basura prestado por la Municipalidad de Nandayure:
En primer lugar, en el presente asunto, el accionante reclama que desde el 14 de diciembre de 2023, la municipalidad recurrida como encargada del servicio de agua para consumo humano del cantón de Nandayure, no ha realizado el proceso de cloración del agua, lo que fue informado por el alcalde mediante comunicado de alerta en sus redes sociales oficiales. Señala que a la fecha de interponer este proceso, el problema no ha sido solucionado.
De los informes dados a esta Sala por las autoridades municipales recurridas, efectivamente se confirma que en setiembre del año 2023, el ente municipal no pudo realizar las acciones ordinarias de desinfección del agua en el cantón, por problemas de gestión de mantenimiento del equipo, compra de materiales y otros insumos necesarios. Lo anterior fue advertido a la población por parte de la Municipalidad recurrida a mediados de diciembre del 2023. Como consecuencia de lo anterior, el 06 de febrero de 2024, el Ministerio de Salud Área de Nandayure impuso a la municipalidad recurrida la orden sanitaria por la falta de desinfección del servicio de agua potable a la (ver informe y prueba). En cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio de Salud, el 15 de febrero del 2024, mismo día que se notifica la resolución que da curso a este proceso, la Municipalidad recurrida aprobó: a) la solicitud para iniciar una orden para la compra de 4 estañones de hipoclorito de sodio liquido al 12%, b) la solicitud de orden de inicio para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación del sistema de bombeo del acueducto Asimismo, retomó el clorado con pastilla en cámara seca; y el 23 de febrero del 2024, al ser las 11:40 a.m. el área de salud ordenó el cierre de la orden sanitaria.
De lo expuesto, queda claro que es con ocasión de este proceso, que se tomaron las medidas indicadas por el Ministerio de Salud, que levantó la orden sanitaria impuesta y se restituyó el servicio de agua. Por ello, procede acoger el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con la orden de que, efectivamente, se corrijan los problemas de gestión y se tomen las medidas necesarias para la desinfección del agua en la zona indicada, en los términos que se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.
De la acusada falta de prestación del servicio de recolección de basura. En el presente asunto la parte recurrente reclama por un lado que la Municipalidad de Nandayure no cuenta con un camión recolector de basura, ni con un contrato de servicio de recolección desde hace más de 4 años. Señalan que el viernes 9 de febrero de 2024, no se recogieron los residuos y están acumulados por las calles y aceras del cantón.
Luego de revisados los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento, así como la prueba aportada, se desprende que efectivamente en el Cantón de Nandayure se han presentado suspensiones en el servicio de recolección de basura y dificultades para brindar un adecuado servicio a la población. Según el Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nandayure existe una enorme necesidad de contar con al menos un camión recolector, que permita evitar situaciones de riesgo en materia ambiental y de salud pública, derivadas de un inadecuado manejo de los residuos sólidos municipales.
De los informes presentados a esta Sala por parte de las autoridades recurridas, se tiene que, para atender el problema de recolección de desechos, el Ministerio de Salud impuso a la Alcaldía de Nandayure recurrida, una orden sanitaria por la suspensión del servicio de recolección de residuos sólidos. Es en cumplimiento de esa orden que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria de los días 06 y 13 de febrero del 2024, acordó pedir a la Alcaldía Municipal y Gestor Ambiental que procedan a tomar las medidas correspondientes, dentro del ámbito de su competencia para realizar a la mayor brevedad posible, un proceso licitatorio, conforme a la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento, y contratar temporalmente los servicios de un camión recolector de desechos sólidos, que reúna los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud en cuanto al traslado, almacenaje y transporte de lixiviados. En ese sentido, en la sesión ordinaria número 198 celebrada el día 13 de febrero de 2024, -es decir anterior a la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo- el Concejo Municipal acordó convocar a una sesión extraordinaria para el día jueves 15 de febrero de 2024, para conocer y resolver el proceso de urgencia para la contratación temporal de un camión recolector de residuos sólidos.
De lo expuesto, esta Sala considera que, si bien la Municipalidad recurrida ha adoptado algunos actos encaminados para dar cumplimiento a la orden sanitaria por parte del Concejo Municipal, dicha sesión extraordinaria fue convocada anterior a que el concejo recurrido tuviese conocimiento de la notificación del presente recurso de amparo, por lo que en fecha 23 de febrero de 2024, que la Municipalidad recurrida realiza los actos necesarios para reanudar el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios, en las comunidades afectadas por la falta de prestación del servicio en el Cantón de Nandayure. De tal forma que ya la basura está siendo trasladada hasta el Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, como sitio de disposición final aprobado por el Ministerio de Salud. Se tiene además que, al ser constatada por el área de salud de Nandayure la normalización del servicio, esta procedió a realizar el cierre y archivo de las ordenes sanitarias N° MS-DRRSCH-DARSNA-OS-008 2024 y N° MS-DRRSCH-DARSNA-OS-009-2024, pues se cumplió con lo solicitado.
Al respecto, se acredita que si bien la municipalidad recurrida describe las diferentes gestiones que ha realizado sobre el manejo del problema de recolección de basura, una vez comunicado de la interposición de este proceso, y por ello se levantó y archivó la orden sanitaria, impera el hecho que no existe todavía una solución con certeza del problema de recolección de basura denunciado por los vecinos de Nandayure, el cual conforme quedó demostrado todavía persiste, pues no se cuenta siquiera con un camión recolector. En ese sentido, adviértase que en el informe adjunto, el personero del gobierno local recurrido subrayó que la solución al problema de recolección de basura, en atención a la orden sanitaria emitida por el área de salud, es temporal. Por ello, se advierte a las autoridades municipales competentes su deber de garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839.
IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO, y GARITA NAVARRO Y LA MAGISTRADA JARA VELASQUEZ ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.
Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una "terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Leandro Méndez Castillo en su calidad de Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental, Giovanni Jiménez Gómez, en su condición de Alcalde y Juan Miguel Alvarado Alvarado, en su condición de Presidente del Concejo Municipal todos de la Municipalidad de Municipalidad de Nandayure o a quienes ocupen tales cargos que, dentro del marco de sus competencias, y según el informe dado a esta Sala, tomen las medidas necesarias para garantizar y asegurar la calidad y continuidad de la prestación del servicio de agua, a los vecinos del cantón de Nandayure. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Además, tomen nota las autoridades recurridas de la Municipalidad de Nandayure de lo indicado en el último párrafo del considerando III de esta sentencia. Los magistrados Salazar Alvarado, y Garita Navarro y la Magistrada Jara Velásquez salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños perjuicios y costas.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Ingrid Hess H.
Alejandro Delgado F.
Rosibel Jara V.
Jose Roberto Garita N.
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