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Res. 06259-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 08/03/2024
OutcomeResultado
The Chamber ordered the Municipality of Tibás and AyA to coordinate and complete, within twelve months, the contracts, works, and measures needed to stabilize the Rivera stream and protect La Gacela residents from landslides.La Sala ordenó a la Municipalidad de Tibás y al AyA coordinar y ejecutar, en un máximo de doce meses, las contrataciones, obras y medidas necesarias para estabilizar la quebrada Rivera y proteger de deslizamientos a los vecinos de La Gacela.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted an amparo filed by residents of La Gacela subdivision, who alleged years of governmental inaction in the face of landslide and erosion risks along the Rivera stream. The Chamber found constitutional intervention warranted because the administrative omission endangered residents and implicated other fundamental rights, even though ordinary disputes over public infrastructure generally belong before the administrative courts. Relief was granted only against the Municipality of Tibás and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; the petition was denied as to the remaining authorities. The Chamber ordered both institutions to coordinate all actions within their respective powers so that, within twelve months, they would initiate, award, and execute the contracts and works needed to stabilize the streambanks, build a tied-back retaining wall, and implement any additional measures required in risk areas. It also ordered them to pay costs and damages, with the amounts to be determined during administrative-court enforcement proceedings.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo presentado por vecinos de la Urbanización La Gacela, quienes denunciaron años de inactividad frente al riesgo de deslizamientos y erosión en la margen de la quebrada Rivera. Consideró procedente intervenir porque la omisión administrativa comprometía la seguridad de los habitantes y otros derechos fundamentales, aun cuando las controversias ordinarias sobre construcción de infraestructura suelen corresponder a la jurisdicción contencioso-administrativa. La condena se limitó a la Municipalidad de Tibás y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; el recurso fue rechazado respecto de las demás autoridades. Ordenó a ambas instituciones coordinar las actuaciones de su competencia para que, dentro de doce meses, promovieran, adjudicaran y ejecutaran las contrataciones y obras necesarias para estabilizar las márgenes, construir un muro de retención con tensores y adoptar cualquier otra medida requerida en las zonas de riesgo. También las condenó al pago de costas, daños y perjuicios, cuya liquidación corresponde a la ejecución contencioso-administrativa.
Key excerptExtracto clave
The petition is partially granted solely against the authorities of the Municipality of Tibás and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. David Meléndez Sánchez, Ana Gabriela Madrigal Garro, Luis Araya Padilla, Maureen Mora Alpízar, and Alejandro Alvarado Vega—in their respective capacities as Municipal Mayor, Director of Urban Management, Public Works Coordinator, Budget Officer, and President of the Municipal Council, all of the Municipality of Tibás—and Luis Alejandro Guillén Guardia, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds those offices, are ordered to perform the actions falling within their authority and establish the necessary actions and coordination within their respective areas of competence so that, within a maximum period of twelve months from notice of this judgment, the contracts and works deemed necessary are initiated, awarded, and executed, and the pertinent administrative measures and decisions are adopted, to complete the design-and-construction projects for stabilization of the banks of the Rivera stream and construction of a tied-back retaining wall, as well as any other work deemed necessary in risk areas to protect the residents of La Gacela subdivision from landslides and any other irregularity.Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en contra de las autoridades de la Municipalidad de Tibás y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se ordena a David Meléndez Sánchez, Ana Gabriela Madrigal Garro, Luis Araya Padilla y Maureen Mora Alpízar y Alejandro Alvarado Vega, por su orden Alcalde Municipal, Directora de Gestión Urbana, Coordinador de Obras Públicas, Encargada de Presupuesto y Presidente del Concejo Municipal, todos de la Municipalidad de Tibás y a Luis Alejandro Guillén Guardia, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen el cargo, que realicen las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y establezcan las acciones y coordinaciones necesarias dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, para que en el plazo máximo de doce meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, se promuevan, adjudiquen y ejecuten las contrataciones y obras que se estimen necesarias y se adopten las medidas y resoluciones administrativas pertinentes, para culminar con los proyectos de construcción de servicio de diseño y construcción para estabilización de márgenes de la quebrada Rivera y construcción de muro de retención de tensores, así como cualquier otra obra que se considere necesaria, en las zonas de riesgo para proteger de deslizamientos y cualquier irregularidad a los vecinos de Urbanización La Gacela.
Pull quotesCitas destacadas
"Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso."
"However, when that administrative omission results in a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do examine the merits because the situation constitutes an exception to my position on this subject, as occurs in this case."
Nota del magistrado Salazar Alvarado
"Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso."
Nota del magistrado Salazar Alvarado
"En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc."
"By contrast, the Administrative Procedure Code's provisions on enforcement (Article 155 et seq.) offer clear advantages, including the ability to require schedules, impose fines, determine responsibility, and supervise stages of compliance."
Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas
"En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc."
Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas
"Se condena a la Municipalidad de Tibás y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
"The Municipality of Tibás and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are ordered to pay the costs and damages caused by the facts underlying this ruling, with the amounts to be determined during enforcement proceedings before the administrative courts."
Por tanto
"Se condena a la Municipalidad de Tibás y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Document Review 1 Decision No. 2024006259 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine fifteen a.m. on March 8, 2024.
Petition for constitutional relief (recurso de amparo) filed by [Nombre01 001], [Valor 001], on their own behalf and on behalf of [Nombre01 002], [Valor 002], [Nombre01 003], [Valor 003], [Nombre01 004], [Valor 004], [Nombre01 005], [Valor 005], [Nombre01 006], [Nombre01 007], [Valor 006], [Nombre01 008], [Valor 007], [Nombre01 009], [Nombre01 010], [Valor 008], [Nombre01 011], [Valor 009], [Nombre01 012], [Valor 010], [Nombre01 013], [Valor 011], [Nombre01 014], [Valor 012], [Nombre 015], [Valor 013], [Nombre 016] and [Nombre 017], [Valor 014], against the MUNICIPALIDAD DE TIBÁS, the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, the COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, and the MINISTERIO DE SALUD.
Background:
(…) In this regard, official letter MT-AL-0314-2023 states the following: “As a matter of urgency, specify the current status of the bidding process (proceso licitatorio) entered into the SICOP system in August 2022, in order to move forward with the first stage aimed at constructing a lining system in the forest protection area (área de protección forestal) of the Rivera stream; Response: The bidding process entered into the SICOP system in August 2022 was declared unsuccessful due to a lack of bidders. When the construction companies that had at some point expressed interest in this bidding process were contacted by telephone, they were asked why they had not participated; both argued that construction costs had risen and that bringing machinery into the river channel (cauce del río) was very risky; consequently, because the channel-bed shaping work (trabajos de conformación del lecho) would have to be performed solely with labor and support equipment to move rocks, the working time, and therefore labor costs as well, would increase (…) That through Official Letter MT-AL-0119-2023, dated 10 de febrero de 2023, the Office of the Mayor responded to Official Letter N 001956-2023-DHR, dated 27 de febrero de 2023, from the Office of the Ombudsperson, citing Official Letter MT-DU-077-2023 dated 03 de marzo de 2023, the above-mentioned report by Architect Gabriela Garro (…) That through Official Letter MT-UP-034-2023, dated 11 de mayo de 2023, Ms.
Mauren Mora Alpízar, Budget Officer for the Municipalidad de Tibás, informed the Mayor as follows: “With regard to Urbanización la Gacela, I must state that through official letter MT-UP-030-2023, the Mayor’s Office was informed as follows: 1. Through the 2022 ordinary budget, the Dirección Urbana planned and budgeted [Valor 017].00 under target DU-06, with the following target description: Construct the gabion wall (muro de gaviones) in La Gacela and the gabion wall at the municipal works yard, Rivera stream (Anexo 1). 2. On 22 de marzo del 2022, the implementing unit (unidad ejecutora) submitted request for goods and services 3682 (Anexo 2), approved by this unit on 24 de marzo del 2022, for the corresponding processing through the Integrated Public Procurement System (Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP). 3. It is important to understand that the Technical Standards for Public-Sector Budgets (Normas Técnica de Presupuestos Públicos) provide: 2.2.3 Budgetary Principles: d) Annuality principle (Principio de anualidad).
The budget shall apply during each fiscal year, which shall run from 1 de enero to 31 de diciembre. Accordingly, if the project is not executed within the budget period, the budget liquidation process (proceso de liquidación presupuestaria) must be carried out. It must be understood that, because the funds were not spent, they are reflected during the liquidation process in the earmarked surplus (superávit específico), Real Estate fund (fondo de Bienes Inmuebles). Nevertheless, the Dirección Urbana and the Departamento de Proyectos included the La Gacela project in the 2023 Annual Operating Plan (Plan Anual Operativo), in the amount of #[Valor 019]0.00 in the budget, which was approved through resolution I at Extraordinary Session No. 062, held on 22 de setiembre del 2022, as recorded on folio 028 of the minutes. In conclusion, the implementing unit included the project in the Annual Operating Plan, and it was included in the 2022 Ordinary Budget, approved in extraordinary minutes No. 034, held on 20 de setiembre del 2021, as recorded under the target of the Dirección Urbana.
This project was financed with Real Estate funds, as recorded in the sources and uses of funds (origen y aplicación de fondos) (Anexo 3—Section of the Sources and Uses of Funds), submitted and approved in extraordinary minutes No. 034, held on 20 de setiembre del 2021, concerning the 2022 Ordinary Budget... .” THIRTEENTH: That through Official Letter MT-PY-064-2023 dated 12 de mayo del 2023, Architect Luis Araya Padilla, Acting Public Works Coordinator, writing to the Municipal Mayor concerning the Second, Third, Fourth, and Sixth Facts of this amparo proceeding (Recurso de Amparo), stated: “SECOND FACT: as a result of the repeated landslides (deslizamientos), we requested that the Comisión Nacional de Emergencias conduct an analysis of the serious situation, and in 2011 Tánico Report DPM.INF-0930-2011, prepared by Geologist Alicia Campos Lobo, was issued, stating the following conclusion in section VII: ‘Based on the observations, it is indicated that the particular characteristics of the area, the normal dynamics of the Rivera stream, and the lack of a prudent distance between the residential structures and the slope (talud) have created a condition of high vulnerability for the families living in block D of Urbanización La Gacela.
Under these conditions, it may be determined that the land located within the protection or buffer area (área de protección o amortiguamiento) of the stream is not suitable for the presence of persons, especially land located in areas of severe fluvial erosion (erosión fluvial) and slope instability (inestabilidad de taludes), until the corresponding corrective works have been undertaken.’ The report is attached as evidence N04, together with a location diagram of La Gacela outlining the entirety of URBANIZACION Gacela, as well as the landslide risk zone, classified as very high (evidence N04.).” The second fact begins by stating “as a result of the repeated landslides,” without presenting evidence of any such occurrence, since the Comisión Nacional de Emergencia states that “Based on the observations (...) a condition of high vulnerability has been created for the families living in block D of Urbanización La Gacela.” It should be noted that the CNE does not state at any point that the entirety of Urbanización La Gacela is highly vulnerable.
The complainant and his legal counsel have submitted allegedly corrupt evidence to the Sala Constitucional through the manipulation of a public document, since the complaint clearly states at the end of the Second Fact: “The report is attached as Evidence NO 4, together with a location diagram of La Gacela outlining the entirety of URBANIZACION Gacela, as well as the landslide risk zone, classified as very high, evidence N04.),” as may be seen from the aerial photograph showing the location of Urbanización la Gacela, which the complainants are passing off as part of the CNE report. That diagram contains the coat of arms of the Municipalidad de Tibás and states in its footer, “Cartographic design: Alberto Duran, Dirección Urbana, Departamento de Geografía.” That 2011 document has been taken out of context and passed off as an official CNE document, and is therefore plainly spurious. Note the complainants’ bad faith in submitting a partial copy of the CNE report, which proceeds directly from the cover, page 1, to page 3; so that the Sala Constitucional may have the complete document, a complete copy of Official Technical Report DPM-INF-0939-2011 is attached hereto.
Page 2 does contain a small map identifying the “Evaluated sector,” which corresponds on the map to Urbanización La Gacela; and downstream, west of Dirección03, where Urbanización Santa Mónica is located, it notes “Potential threat of landslides, flooding caused by heavy rainfall, and urban sewerage problems.” This is a location where the municipality already constructed a gabion wall in 2020, but it is not the matter addressed by this amparo proceeding. The Sala may request the referenced document from the CNE to verify the foregoing; as a public official, the undersigned requests that the relevant records be certified and transmitted (testimoniar piezas) so that a complaint may be filed ex officio and proceedings brought against the complainants and their attorney for submitting altered public documents and attempting to obtain a benefit through this. The diagram submitted by the complainants, prepared by the Municipalidad de Tibás and authored by the municipal geographer, dates from 2011 and contains general information about the sector.
In noviembre de i019, the procedure began for contracting consulting services to design structural civil protection works for the slopes in Urbanización La Gacela, procedure 2019CD-0001770002800001, viewable on the SICOP government procurement website, which involved geological studies specific to the area. The preceding image is a screenshot of the SICOP website. The results of the consulting engagement were delivered in abril del 2020. A copy of official letter 20-N-068 from VIETO Y ASOCIADOS S.A. is attached, containing a summary of the deliverables, which resulted in a technical study specific to the area and therefore supersedes, on technical grounds, the document prepared by the municipal geographer in 2011. The document resulting from this consulting engagement consists of 458 pages, which are available to the Sala Constitucional, and an electronic file of the consulting report is being submitted.
Special mention must be made of the attached document MT-DU-021-2021, which provides a summary of the aforementioned consulting engagement and states the following with respect to geotechnical matters: “Technical conclusions. The results indicate that, from a geotechnical perspective, the land exhibits an acceptable condition of stability; however, during extraordinary flooding (crecidas extraordinarias), water levels could reach soil layers that are less resistant to the effects of hydraulic velocities, causing scour (socavación) that could progressively alter the geotechnical properties and geometric characteristics of the slopes. The effect of erosive velocities on the slopes could give rise to unstable ground conditions by triggering the typical mechanism of slope failure caused by scour.” The document from that consulting engagement was presented at a meeting with the community in 2020, while the former mayor, Mr.
Carlos Cascante, was still alive. The plans for the proposal were shown to the residents of block D of Urbanización La Gacela, and they had the opportunity to ask questions of the undersigned, Mayor Carlos Cascante, and Engineer Miguel Rojas Salas, who signed the consulting report. Accordingly, the complainant residents know the site’s actual conditions, and it is improper for them to manipulate documents from 2011 while knowing that recent, site-specific studies exist. “THIRD FACT: In view of the increase in landslides and municipal inaction, we again approached all the relevant authorities, and it is important to attach as evidence NO 5 an INVU report dated marzo de 2017 concerning precisely the absence of an INVU river setback line (alineamiento fluvial) along Dirección04 in Urbanización La Gacela, which states in its final paragraph that it must be recalled that INVU is not the entity responsible for defining or marking the granted setback line at the site; rather, the Municipality is the entity responsible for ensuring that setback lines or protection zones (zonas de protección) are respected when it supervises the construction permits (permisos de construcción) granted.
(...).” The third fact begins by stating, “In view of the increase in landslides (.. a),” a phrase used in the introduction to each of the “facts,” without presenting any evidence of such occurrences. The complainant manipulates the meaning of the text by asserting that “an INVU report dated marzo de 2017 concerning precisely the absence of an INVU river setback line along the Rivera stream in Urbanización La Gacela,” thereby suggesting to the Sala that the municipality requested the setback line from INVU because this requirement for the development’s construction permit did not exist. The wording and the underlining do not appear in the original. The fact is that INVU was responding to the attached inquiry MT-DU-095-2017 from Architect Marco Vinicio Ramírez Sáenz, Director Urbano of the Municipalidad de Tibás, submitted in marzo de 2017, which sought relevant updated information to confirm encroachments upon the protection zone (invasiones a la zona de protección).
For this “third fact,” moreover, the complainant combines a 2017 INVU report with a 2022 CNE report to support his arguments, thereby manipulating their conclusions. This Oficina de Obras Públicas acknowledges that Technical Report CNEUIAR-INF-0200-2022 was not forwarded to it; on page 2, under Study Objectives, that report states: “A.
Provide a preliminary risk assessment based on a visual estimate, conducted through research into the history of the area and review of the natural-hazard map.” And on page 3, section V, General Analysis of Hazard and Vulnerability, it states: “A. At the site, it was verified that all homes in Block D are located within the protection zone (zona de protección) of Quebrada Rivera.” The boldface does not appear in the original. This conclusion by the CNE is incorrect because, as indicated in the INVU report dated 20/03/2017, which bears no official-document number, the river’s protection zone is a 10 m. setback (alineamiento) measured from the edge of the channel. Therefore, the correct conclusion, as already stated by AYA and this Municipality in several survey reports, is that the homes at Dirección02 have encroached upon the river’s protection zone through additions made without a municipal building permit; however, it is incorrect to state that all the houses in Block D are within the river’s protection zone.
This observation will be communicated to the CNE so that it may verify the foregoing and take whatever measures it deems appropriate. “FOURTH FACT: MODIFICATION OF THE ROUTE OF THE SANITARY SEWER THAT COLLECTS WASTEWATER FROM CORONADO-MORAVIA AND TIBAS, CARRIED OUT IN 2021 WITH IDB FUNDS.” As evidence, a photographic montage plan of the site prepared by AYA is submitted; it neither indicates nor supports the assumption that the Municipality supplied fill materials or that the institutions agreed to reroute the sewage, investing an amount close to [Valor 018]. All of this is an assumption made by the complainant based on an AYA document of which we have no copy, and we did not coordinate the execution of the works; the proper course is to ask AYA about the actual reason for its works. The Municipality was aware of the works being carried out because AYA informs us of what it plans to do; the Municipality did not provide studies or materials for AYA’s project, nor did it agree with AYA to reroute the sewage.
“SIXTH FACT: Procurement process which, for various reasons, was not awarded and the funds for construction of the works disappeared (...).” As explained in official documents MT-PY-0132-2019 and MT-PY-175-2022, cited by the complainant himself, this office processed the competitive procurement for the works to be performed, but the procedure was declared unsuccessful. Notwithstanding the foregoing, the assertion that “the funds disappeared” is wholly malicious, although that is not a matter within the jurisdiction of this office and, of course, it is false. Finally, we address the process of issuing new bidding specifications (cartel de licitación) for the works required on the southern side of Urbanización La Gacela, adjacent to Quebrada Rivera. Because of the time that has elapsed since March 2020, when consulting services for the technical solution were performed, the cost of labor and materials has risen to such an extent that the definitive project solution, instead of being carried out in three stages, is now being considered for completion in four stages.
In addition, the amendments made to the Ley General de Contratación Publica establish the need to conduct a market study to substantiate the feasibility of the project to be put out to bid. This office has made numerous approaches to professionals and construction companies in an effort to complete the market study, and to date we have received only one bid. The emails exchanged with the companies are attached; their dates show that we have continuously pursued these market studies so that the works required by the La Gacela community may be put out to bid as soon as possible....” FOURTEENTH: Through Official Document MT-UT-0099-2023, dated 15 de mayo de 2023, Eng. Michael Morales, Director of the Unidad Técnica Vial of the Municipalidad de Tibás, submitted to Licda. Ruth Esquivel Chacón, Coordinadora de Servicios Jurídicos, a report detailing the steps taken by that Unit to address the Urbanización La Gacela matter, specifically to resolve the problem at the entrance to Urbanización La Gacela.
According to Engineer Madrigal, Mr. [Nombre01 019] was informed of these actions. It is important to note that the Municipalidad de Tibás Position Manual contains neither a position of “Head of the Engineering and Architecture Department” nor an engineering and architecture department as such, since those responsibilities are assumed by the Departamento de Dirección Urbana. Likewise, this Honorable Constitutional Chamber should be informed that, in the matter before us, the residents’ requests have been addressed and works have been carried out in Urbanización La Gacela since 2011. It was also shown in the amparo proceeding (Recurso de Amparo) filed by Mr. [Nombre01 001] in 2014, which was dismissed, that the affected portions of the properties do not fall within the scope of municipal jurisdiction because they are lands separated from the parent property that was designated for residential development.
The residents themselves also took actions that increased the risk of landslides by expanding their homes beyond the property line and into the protection zone, and by discharging wastewater and stormwater directly into the stream. To date, the residents have not remedied that situation, while actions continue to be taken to commence the necessary works on the southern side of Urbanización La Gacela, adjacent to Quebrada Rivera. Similarly, on 07 de marzo of this year, the Municipal Mayor’s Office responded to Mr. [Nombre01 001] regarding the letter dated 06 de diciembre de 2022 that he had submitted to the Secretaría Municipal, attaching the reports of the Directora Urbana and the Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Through those reports, he was provided with a response concerning the Public Procurement Procedures conducted through the SICOP Public Procurement Platform for the performance of the necessary works on the southern side of Urbanización La Gacela.
Both procedures were declared unsuccessful for reasons beyond the control of this Local Government, a fact known to Mr. [Nombre01 019], as stated by Architect Gabriela Madrigal in her Official Document MT-DU-056-2023, dated 24 de febrero del 2023, cited above. He was also informed that, because this is a multiyear project included in the PAOS, the amount of [Valor 019]. [Valor 018] is available for implementation in 2023. The foregoing is confirmed by Licda. Mauren Mora Alpízar, the official responsible for the Budget, who stated: “...the Dirección Urbana and the Departamento de Proyectos included the La Gacela Project in the 2023 Annual Operating Plan in the amount of ‘[Valor 021] in the Budget, which was approved through Agreement I at Extraordinary Session No. 062, held on 22 de setiembre del 2022, as recorded in official document 028 of the minutes....” Furthermore, regarding the current solution proposed by the Unidad Técnica Vial to address the subsidence at La Gacela’s only entrance, Engineer Michael Madrigal Morales reported that the studies commissioned by the Unidad Técnica Vial had already been delivered to that Unit, representing an investment of (#[Valor 020].
Based on these studies, the protective structure to be built must be a tieback retaining wall (muro de retención con tensores) as a preventive measure for the roadway. The studies found no subsidence or landslide affecting the roadway that would place the area at risk. What exists is a topographic difference in elevation along the roadway. The protective structure was scheduled to be built using the 2023 ordinary budget; however, due to budget cuts, it will have to be included in the 2023 extraordinary budget.” These reports were forwarded to Mr. [Nombre01 001]. As this Honorable Chamber may observe, the Municipality has taken the appropriate steps within its scope of authority to resolve a problem that, as the Constitutional Chamber correctly determined in the amparo proceeding filed by Mr. [Nombre01 001] in 2014, arose because the residents themselves, through their actions, endangered the stability of the land adjoining their homes and the stream.
This Municipality and its officials have not violated the Constitutional Rights of Mr. [Nombre01 001] or of the residents of Block D of Urbanización La Gacela because, as established by this report and the evidence submitted, both Mr. [Nombre01 019] and the residents have been informed of the steps being taken to commence those works. It is therefore clear that the entity I represent has not violated any right of the petitioners for amparo herein and that, subject to the principle of legality and budgetary legality, the Municipality must act in accordance with the law and therefore cannot bypass procurement or budgetary procedures at the petitioner’s request (...).”
• For the current year 2024, the Departamento de Mantenimiento Civil y Electromecánico already has bidding specifications (cartel) for the on-demand design and construction of gabion walls (muros de gaviones); the tender is N° 2023LY-000013- 0021400001 “ON-DEMAND DESIGN AND CONSTRUCTION SERVICE FOR STABILIZING RIVERBANKS IN THE GAM,” through which it intends to design and construct a protective structure to safeguard well 2- 60D. • To date, the Departamento de Mantenimiento de Colectores y Subcolectores and the Departamento de Mantenimiento Civil y Electromecánico have not received any requests from the Municipalidad de Tibás to assist it with bidding specifications No 2022LA-00002-0002800001 (…)”. It requests that the appeal (recurso) be dismissed.
Justice Delgado Faith drafts the opinion; and,
Whereas:
I.Preliminary Matter. Before analyzing the merits of the matter—in connection with the alleged violation of the right to prompt and proper proceedings—it must be clarified that, since judgment No. 2008-02545 issued at 8:55 hours on 22 de febrero de 2008, this Sala has referred to the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa), with certain exceptions, those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings, either to conclude an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—through a final administrative act or to hear the applicable administrative appeals. This case specifically presents an exception because it concerns a complaint regarding possible landslides near the residential development where the petitioner and the protected parties live, which could endanger their physical integrity and lives, and which allegedly has not been resolved within a reasonable period by the Municipalidad de Tibás and other institutions involved in the case. Having clarified this point, the Court proceeds to resolve the specific situation raised in this application for constitutional relief.
II.Subject Matter of the Application. The petitioner alleges that both he and the protected parties are residents of Urbanización La Gacela in Llorente de Tibás and that, when they acquired their properties, the Municipalidad de Tibás approved the preliminary project (anteproyecto) for Urbanización La Gacela, subject to compliance with certain recommendations contained in the report of municipal architect Javier Chan Won. One of the requirements was to resolve the problem of possible landslides both in the area along the northern side of the residential development and along its southern boundary with quebrada Rivera. He states that all of them built with municipal permits, unaware of the danger caused by the creek because, during the rainy season, it washes away and erodes the hillside. Because of this circumstance, he asserts that, beginning in 2011, they filed complaints and submissions with the municipality seeking a solution to the situation endangering the residents.
He further asserts that, at the Concejo Municipal session of 12 de febrero de 2019, the municipality’s omission was acknowledged and the matter was referred to the administration for resolution. Nevertheless, he complains that, as of the date on which he filed this application, the complaint had not been resolved, nor had he been informed how the respondent municipality intended to address it, which he considers a violation of their fundamental rights.
D. To the Ministerio de Salud and the corresponding Municipalidad: Assess the impact on the area caused by the unregulated disposal of solid and liquid waste into quebrada Rivera so that the appropriate corrective measures may be taken. E. To the corresponding Municipalidad and community members: Implement an appropriate system for controlling, collecting, and draining stormwater at the residential and urban-infrastructure levels; promote soil conservation; ensure the rapid and efficient drainage of hillsides; and reduce the effects of erosion caused by surface runoff. These works must be supervised by a professional affiliated with the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. F. To those responsible for the affected properties: Contact the Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica to assess the possibility of conducting a hydrological study (estudio hidrológico) of quebrada Rivera to determine the hydraulic characteristics of the channel and delineate the areas of flooding and severe erosion affecting the area.
Nombre02. To those responsible for the assessed property: Obtain the services of a forestry engineer to determine whether it is necessary to prune branches, remove trees, or plant any type of vegetation that would promote soil conservation in the most vulnerable areas and reduce the risk of further landslides. H. To the representatives of the assessed property: Complete the necessary procedures before MINAET to implement the corresponding stabilization works on the right bank of quebrada Rivera. These works must be supervised by a professional affiliated with the Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, in accordance with the standards established by the Código Sísmico, Código de Cimentaciones, Reglamento de Construcciones, and other legislation in force; must have the endorsement of a geotechnical laboratory; and must be designed on the basis of the parameters established by such technical studies as the professional in charge deems necessary.
I. To the corresponding Municipalidad: Include in its Plan Regulador a section addressing the maintenance of the canton’s creeks and rivers, with particular consideration given to the channel of quebrada Rivera. This must be processed in accordance with the procedures established by the competent authorities (…)” (see the report submitted by the respondent authority and the evidence filed in the case record).
To date, UE PAPS has limited resources to conduct soil studies corresponding to Component I of PAPS (Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José). Nevertheless, UE PAPS will analyze the feasibility of conducting the required geotechnical studies (estudios geotécnicos) near well 2-60D and the corresponding stability analysis (análisis de estabilidad). Coordinate with DI. 4. UE PAPS’s on-demand contract does NOT apply to requests for retaining-structure designs (diseños de estructuras de contención). 5. The construction plans (planos constructivos) for International Public Tender No. 2016LI000008-PRI, ‘Construction of the Sanitary Sewer Collector System for the Northern Sector, Rivera and Torres Basins, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José. Quebrada Jesús, Quebrada Manzana and Diversions,’ made no reference to the existing gabion wall (muro de gaviones), nor did they show any details thereof.
During execution of the work, specifically microtunneling well (pozo de microtuneleo) 2-60 D, the existence of the gabion wall became known; however, UE PAPS detected no anomaly in the ground that evidenced any vulnerability or deficiency in the wall, and the conditions of the ground and the gabion wall remained stable before and after the work was performed. These works were built at the end of 2018; during the rainy season, no threat from the river resulting from flooding or overflowing was observed. The foregoing, regarding the condition of the gabion wall and the surrounding ground, could be confirmed by DRyT officials, who supervised work to restore conventional wells in Urbanización la Gacela; in particular, well 2-62, which was covered by several meters of fill (relleno) from the park, was restored during the same period in which the microtunneling work was performed” (see the report submitted by the respondent authority and evidence included in the case file (expediente)).
This situation has been explained repeatedly to Mr. [Nombre01 019] and Mr. [Nombre01 018], as they both continually ask the same question. 2. He demands that the funds be reserved for next year. Mr. [Nombre01 019] cannot demand that the Administration take a particular course of action in its management, because there are technical procedures and actions of which Mr. [Nombre01 019] is unaware. Nevertheless, in order to provide a response, he is informed that, on the basis of a substantiated technical determination, this Administration decided that, given the Project’s scale, it was necessary and feasible to plan it in stages, since it is a multi-year Project included in the PAOS. Accordingly, the amount allocated for implementation in 2023 is [Valor 017]. 3. What is the current solution proposed by the Junta Vial to address the subsidence at the sole entrance to La Gacela? As you are aware, the undersigned does not manage the PAO or the actions of the Unidad Técnica Vial; therefore, this Directorate cannot answer this question” (see the report submitted by the respondent authority and evidence included in the case file).
When the construction companies that had previously expressed interest in this tender were contacted by telephone, they were asked why they had not participated; both stated that construction costs had increased and that bringing machinery into the river channel was very risky, such that having to perform the work to shape the streambed (conformación del lecho) using only manual labor and support equipment to move rocks increased the working time and, consequently, labor costs as well (…)” (see the report submitted by the respondent authority and evidence included in the case file).
The studies did not reveal any subsidence or landslide (deslizamiento) on the roadway that would place the area at risk. What exists is a topographic difference in elevation (desnivel topográfico) along the roadway. It had been planned to undertake the protection work using the 2023 ordinary budget; however, due to budget cuts, it will have to be included in the 2023 extraordinary budget (…)” (see the report submitted by the respondent authority and evidence included in the case file).
The budget shall cover each fiscal year, which shall run from 1 de enero al 31 de diciembre. Accordingly, because the project was not executed within the budget period, the budget liquidation process (liquidación presupuestaria) must be carried out. It must be understood that, because the funds were not expended, they are reflected in the liquidation process as a specific surplus (superávit específico) in the Real Property fund. Nevertheless, the Dirección Urbana and the Departamento de Proyectos included the La Gacela project in the 2023 Annual Operating Plan (Plan Anual Operativo), in the amount of #[Valor 019]0.00 in the budget, which was approved by resolution I at Extraordinary Session No. 062, held on 22 de setiembre del 2022, as recorded on folio 028 of the minutes. In conclusion, the implementing unit included the project in the Annual Operating Plan, and the project was included in the 2022 Ordinary Budget, approved in Extraordinary Minutes No. 034, held on 20 de setiembre del 2021, as reflected in the target of the Dirección Urbana.
This project was financed with funds from Real Property, as shown in the source and application of funds (Anexo 3- Segment of the Source and Application of Funds), submitted and approved in Extraordinary Minutes No. 034, held on 20 de setiembre del 2021, concerning the 2022 Ordinary Budget (…)” (see the report submitted by the respondent authority and the evidence entered into the case file).
IV.Unproven fact. The following fact is not deemed duly established: Sole fact.- That the authorities of the Ministerio de Salud received any complaint or request for an opinion concerning Urbanización La Gacela and the facts at issue in this action.
V.The specific case. In the case at bar (sub lite), the petitioner alleges that both he and the protected parties (amparados) are residents of Urbanización La Gacela in Llorente de Tibás and that, when they acquired their properties, the Municipalidad de Tibás approved the preliminary development plan for Urbanización La Gacela, subject to compliance with certain recommendations contained in the report of the municipal architect, Javier Chan Won. One of the requirements was that the problem of potential landslides be addressed both in the area along the northern side of the development and along the southern boundary adjoining quebrada Rivera. He states that all of them built with municipal permits, without being aware of the danger posed by the stream, since during the rainy season it washes away and erodes the slope. In view of this circumstance, he asserts that, beginning in the year 2011, they filed complaints and made representations before the municipality seeking a solution to the situation endangering the residents.
He further asserts that, at a session of the Concejo Municipal held on 12 de febrero de 2019, the municipality’s omission was acknowledged and the matter was referred to the administration for resolution. Nevertheless, he complains that, as of the date on which he filed this action, the complaint had not been resolved, nor had he been informed how the respondent municipality would proceed to address it, which he considers a violation of their fundamental rights.
In this regard, this Chamber finds that, in the specific case, the respondent municipality has indeed been aware of the problem in question since the year 2011. However, based on various studies that have been conducted, it has been determined that responsibility for the potential landslides does not rest exclusively with the municipality; rather, in the words of the Alcalde Municipal, it was also established that: “The residents of Dirección02, where the home of the petitioner herein is located, (3D), have encroached upon the protective zone of the stream with structures that even extend beyond the property line, discharging sewage and stormwater directly into the stream. This creates a high risk due to water saturation and erosion of the slope. They are responsible for failing to comply with the permits issued by the Municipalidad, having undertaken construction without permits in complete disregard of urban-planning regulations, which has caused the land adjoining their properties and belonging to the developer to be washed away. They have also failed to respect the stream’s protective zone, thereby placing their own homes at risk, and must proceed with the demolition of the unauthorized structures in order to respect the protective zone of the Quebrada” (emphasis not in the original).
Now, it is no less true that, notwithstanding the findings made by the municipality, that municipal entity has been fully aware of the existence of a problem in the area since 2011, to the extent that, through technical report No. DPM-INF-0939-2011 of January 2012, the Comisión Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos made a series of recommendations to the Municipalidad de Tibás concerning Urbanización La Gacela. As relevant here, it recommended: “(…) VIII. Recommendations. A. To the corresponding Municipality: Refrain from issuing building permits (permisos de construcción) in the protection areas (áreas de protección) of rivers, streams, and drainage ditches that drain the canton, as well as in fill areas, on steep slopes, or in areas vulnerable to natural hazards. B. To the corresponding Municipality: In its land-use planning (ordenamiento territorial), analyze the potential uses of land exposed to natural or anthropogenic hazards and consider prohibiting residential use.
C. To the corresponding Municipality: Inspect the distance between residential buildings and the banks of streams and rivers flowing through the canton, so that corrective measures may be applied in accordance with the provisions of the Ley Forestal. D. To the Ministerio de Salud and the corresponding Municipality: Assess the impact on the area caused by the unregulated disposal of solid and liquid waste into the quebrada Rivera, so that the corresponding corrective measures may be taken. E. To the corresponding Municipality and members of the community: Implement an adequate system for controlling, collecting, and draining stormwater at the residential and urban-infrastructure levels; promote soil conservation and the rapid and efficient drainage of slopes; and reduce the effects of erosive processes caused by surface runoff. These works must be supervised by a professional who is a member of the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.
F. To those responsible for the affected properties: Contact the Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica to assess the possibility of conducting a hydrological study of the quebrada Rivera to determine the hydraulic characteristics of the channel and delineate the flood and severe-erosion zones affecting the area. G. To those responsible for the assessed property: Engage the services of a forestry engineer to determine whether it is necessary to prune, cut, or plant any type of vegetation that promotes soil conservation in the most vulnerable areas, in order to reduce the risk of further landslides. H. To the representatives of the assessed property: Complete the necessary procedures before MINAET to implement the corresponding stabilization works on the right bank of the quebrada Rivera. These works must be supervised by a professional who is a member of the Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, in accordance with the standards established by the Código Sísmico, Código de Cimentaciones, Reglamento de Construcciones, and other legislation in force; must have the approval of a geotechnical laboratory; and must be designed on the basis of the parameters established in such technical studies as the professional in charge deems necessary.
I. To the corresponding Municipality: Include in its Plan Regulador a section on the maintenance of the canton’s streams and rivers, with particular consideration given to the channel of the quebrada Rivera. This must be processed in accordance with the procedures established by the competent authorities (…)”; for that reason, the matter has been widely known at the level of the Concejo Municipal and the Administración Municipal.
In this regard, it is important to clarify that not only have the municipal authorities been aware of the situation reported in this amparo proceeding (recurso de amparo), but the ICAA authorities have also been duly informed and have participated in site inspections. Those authorities conducted inspections at Urbanización La Gacela during which they did, indeed, rule out wastewater discharges in Urbanización La Gacela originating from the institutional sanitary sewer infrastructure; nevertheless, they also observed a risk at the slope by manhole 2-60D and proposed the construction of a gabion wall as the solution.
It should be noted that both the municipal authorities and the ICAA authorities agree that the way to resolve the problems affecting the residents of Urbanización La Gacela and placing their safety at risk because of possible landslides in the area is for both institutions to conduct procurement procedures (licitaciones): in the case of the Municipality, so that a construction company may carry out a project consisting of four separate phases to build a protective structure for the Quebrada Rivera in Urbanización La Gacela; and in the case of the ICAA, for the design and construction of works to stabilize the banks of the stream. However, in the municipality’s case, every procurement procedure attempted for this purpose has been unsuccessful, preventing commencement of the works required to address the situation. In the ICAA’s case, it was established that, although it had known since 2022 that these works had to be undertaken, the corresponding tender specifications (cartel de licitación) were not approved until December 2023. Moreover, as of the filing date of this amparo proceeding, the authorities were awaiting execution of the contract and issuance of the formal notice to proceed for the implementation phase during this year, 2024, without the ICAA authorities specifying an exact date for commencement of the corresponding works.
In accordance with the foregoing, the record does not yet show the existence of a concrete project capable of resolving the complaint submitted by the protected party, nor does it clearly indicate when the works will be carried out. In the municipality’s case, there was not even an ongoing procurement procedure as of the date on which the reports in this proceeding were submitted; and in the ICAA’s case, the tender specifications were approved only in December 2023, with no certainty as to when the works will be performed. It should be noted that, despite the Municipalidad de Tibás and the ICAA having full knowledge of the situation and despite their professionals’ findings, as of the filing date of this amparo proceeding—and although they have fully understood the problem for several years—no definitive administrative act (acto administrativo) already in the implementation phase has been issued to resolve the complaint as required by law, based on the identified findings and the manner in which they must be addressed. Furthermore, although the local government of Tibás has attempted to conduct procurement procedures, has studies specifying how it must act to address the problem, and has informed the appellant of these actions, it remains unclear when any of the competent authorities will resolve the problem.
Consequently, this Chamber finds that the time elapsed in resolving the complaint submitted by the protected party is disproportionate, since more than ten years have passed since the first representations made to the authorities of the Municipalidad de Tibás and more than two years have passed since the intervention of the ICAA was requested, without the situation having been resolved to date; moreover, the reported harm remains ongoing. On this understanding, this Chamber considers that the amparo proceeding must be partially granted, subject to the considerations set forth in the operative part (parte dispositiva) of this judgment, and solely against the authorities of the Municipalidad de Tibás and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
V.Finally, the amparo proceeding against the authorities of the Ministerio de Salud and the Comisión Nacional de Emergencias is dismissed, because it was established that no complaint or request for intervention concerning the problem raised in this proceeding has been submitted to the Ministerio de Salud and that, apart from the recommendations requested from the Comisión Nacional de Emergencias in 2012, no further intervention by that authority has been requested; accordingly, those authorities have no involvement in the complaint that is the subject of this proceeding.
I have supported this Court’s position that, when a party seeking judicial relief alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings (sede administrativa), jurisdiction over the legal dispute lies with the Administrative Litigation Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo), rather than with this Chamber. However, the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, established that this right is subject to judicial protection through the amparo proceeding provided for in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in conjunction with Article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in cases in which petitioners consider that the Administration’s material actions, administrative acts, or response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not mean that this Court must modify its line of precedent, since, pursuant to Article 7 of its Law, this Court has exclusive authority to define its own jurisdiction.
Therefore, except for those constitutional-law disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional circumstances and that may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional proceeding for amparo relief, all other cases—and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 at 8:55 hours on 22 February 2008)—fall within the jurisdiction of the judges of the administrative-litigation jurisdiction. All of this is consistent with Article 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución) (values, principles, and rules), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and purposive interpretation of the legal system.
As a matter of principle, I consider that cases related to inaction by the Public Administration (inactividad de la Administración Pública) in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed because such omission constitutes a matter of legality (legalidad), the adjudication of which falls within the ordinary jurisdiction (jurisdicción ordinaria), before which the interested person may more fully litigate their objections. However, when such administrative omission results in a violation of other fundamental rights (derechos fundamentales) protected in this constitutional jurisdiction (jurisdicción constitucional), or affects groups considered vulnerable, I do consider the merits of the matter (fondo del asunto), because this situation constitutes an exception to my position on this issue, as occurs in this case, in which it is alleged that the Municipalidad de Tibás, ICAA, CNE, and Ministerio de Salud have not constructed a series of works to address the problem of possible landslides both in the area along the northern side of Urbanización La Gacela in Llorente de Tibás, which borders quebrada Rivera, and thus prevent any landslide or risk to residents of the area.
The petitioner states that he has reported the foregoing to the respondent authorities; however, they have not provided him with a solution. The situation described constitutes an exception to my general position on this issue; therefore, I consider it necessary for this Constitutional Court to examine the merits in order to verify or reject the petitioner’s allegations.
VIII.Partial dissenting opinion (voto salvado parcial) by Justice Garro Vargas regarding the operative part (parte dispositiva) of this judgment. Although I agree with the majority of the Chamber that the amparo action (recurso) should be partially granted, I disagree as to where the enforcement phase (fase de ejecución) of the matter should be assigned, because the rules governing this constitutional jurisdiction do not provide adequate mechanisms for monitoring compliance with a judgment involving highly complex technical matters, such as the solicitation, award, and performance of the contracts and works deemed necessary and the adoption of the relevant administrative measures and decisions, in order to complete the design-and-construction service projects for stabilization of the banks of quebrada Rivera and construction of a tieback retaining wall, as well as any other work deemed necessary in the risk areas to protect the residents of Urbanización La Gacela from landslides and any other irregularity.
In contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo concerning enforcement (article 155 et seq.) offer clear advantages, such as the ability to request schedules, impose fines, establish liability, oversee stages of compliance, and so forth. Therefore, pursuant to article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I consider that the enforcement phase should be conducted before the Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment-enforcement rules (reglas de ejecución de sentencia) of said Code.
IX.Documentation submitted to the case file (expediente). The party is hereby advised that, if it submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, they must be retrieved from the court clerk’s office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within that period shall be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session No. 27-11 of 22 de agosto de 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 de enero de 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session No. 43-12 held on 3 de mayo de 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The action is partially granted, solely against the authorities of the Municipalidad de Tibás and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. David Meléndez Sánchez, Ana Gabriela Madrigal Garro, Luis Araya Padilla, Maureen Mora Alpízar, and Alejandro Alvarado Vega, respectively Municipal Mayor, Director of Urban Management, Public Works Coordinator, Budget Officer, and President of the Concejo Municipal, all of the Municipalidad de Tibás, and Luis Alejandro Guillén Guardia, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds those offices, are ordered to carry out the actions falling within the scope of their authority and establish the necessary actions and coordination within their respective areas of authority so that, within a maximum period of twelve months from notification of this judgment, the contracts and works deemed necessary are solicited, awarded, and performed and the relevant administrative measures and decisions are adopted in order to complete the design-and-construction service projects for stabilization of the banks of quebrada Rivera and construction of a tieback retaining wall, as well as any other work deemed necessary in the risk areas to protect the residents of Urbanización La Gacela from landslides and any other irregularity.
The respondents are warned that failure to comply with the aforementioned order shall constitute the offense of disobedience and that, pursuant to article 71 of the Law governing this jurisdiction, any person who receives an order issued in an amparo action that they are required to comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Municipalidad de Tibás and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be quantified during enforcement of the judgment before the contentious-administrative jurisdiction (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). In all other respects, the action is denied.
Justice Castillo Víquez files a note. Justice Salazar Alvarado files a note. Justice Garro Vargas dissents regarding enforcement of this judgment and, pursuant to article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, directs that it be conducted before the Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the enforcement rules established in articles 155 et seq. of the Código Procesal Contencioso Administrativo. She further orders that a copy of the judgment be transmitted so that proceedings to enforce this ruling may be initiated. Let notice be given.- Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Alejandro Delgado F.
Jorge Isaac Solano A.
Telephone numbers: Telf02/ ALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf03 / Telf04. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección10, 100 mts.Sur of the iglesia del Perpetuo Socorro). Intake of matters involving vulnerable groups: Dirección11, San José, Distrito Catedral, Dirección12, calles 19 y 21, Dirección13
Revisión del Documento 1 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del ocho de marzo de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre01 001], [Valor 001], a su favor y a favor de [Nombre01 002], [Valor 002], [Nombre01 003], [Valor 003], [Nombre01 004], [Valor 004], [Nombre01 005], [Valor 005], [Nombre01 006], [Nombre01 007], [Valor 006], [Nombre01 008], [Valor 007], [Nombre01 009], [Nombre01 010], [Valor 008], [Nombre01 011], [Valor 009], [Nombre01 012], [Valor 010], [Nombre01 013], [Valor 011], [Nombre01 014], [Valor 012], [Nombre 015], [Valor 013], [Nombre 016] y [Nombre 017], [Valor 014], contra la MUNICIPALIDAD DE TIBÁS, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS y el MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
Redacta el Magistrado Delgado Faith; y,
Considerando:
I.Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia por posibles deslizamientos cerca de la urbanización donde habitan el recurrente y los amparados, lo que podría poner en peligro su integridad física y su vida, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte por parte de la Municipalidad de Tibás y otras instituciones involucradas en el caso. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.Objeto del recurso. Alega el recurrente que, tanto él como los amparados son vecinos de Urbanización La Gacela en Llorente de Tibás y que cuando adquirieron sus propiedades, la Municipalidad de Tibás autorizó el anteproyecto de la Urbanización La Gacela, condicionado al cumplimiento de ciertas recomendaciones del informe del arquitecto municipal, Javier Chan Won. Uno de los requisitos era que se resolviera el problema de posibles deslizamientos tanto en el sector al costado norte de la urbanización como en la colindancia del costado sur con la quebrada Rivera. Indica que, todos ellos construyeron con permiso municipal, sin saber del peligro que ocasiona la quebrada, pues, en época de lluvia lava y erosiona la ladera. En virtud de esta circunstancia, asegura que desde el año 2011 iniciaron con denuncias y gestiones ante el municipio, con el fin de que se solucione la situación que tiene en peligro a los vecinos. Incluso, asegura que, en sesión del Concejo Municipal del 12 de febrero de 2019 se reconoció la omisión municipal y se trasladó a la administración para solucionar la problemática. No obstante, reclama que, a la fecha en que presenta este recurso, la denuncia no ha sido resuelta ni se le ha indicado cómo procederá la municipalidad recurrida para atenderla, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
D. Al Ministerio de Salud y la Municipalidad correspondiente valorar el impacto en la zona debido al depósito no regulado de desechos sólidos y líquidos dentro de la quebrada Rivera, para que sean tomadas las medidas correctivas correspondientes. E. A la Municipalidad correspondiente y miembros de la comunidad poner en funcionamiento un sistema adecuado para el control, la recolección y el drenaje de aguas pluviales a nivel habitacional y de infraestructura urbanística, promover la conservación de los suelos, así como un rápido y eficiente desagüe de las laderas; y disminuir los efectos de los procesos erosivos por escorrentía superficial. Estas obras deben ser supervisadas por un profesional agremiado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. F. A los responsables de las propiedades afectadas contactar al Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica para valorar la posibilidad de realizar un estudio hidrológico de la quebrada Rivera para determinar las características hidráulicas del cauce, y delimitar las zonas de inundación y erosión severa que afectan la zona.
Nombre02. A los responsables de la propiedad evaluada consultar los servicios de un ingeniero forestal para determinar si es necesario desramar, cortar y sembrar algún tipo de planta que promueva la conservación del suelo en las zonas más vulnerables para disminuir el riesgo de que sucedan más desprendimientos de tierra. H. A los representares de la propiedad evaluada realizar los trámites necesarios ante el MINAET para implementar las correspondientes obras de estabilización de la margen derecha de la quebrada Rivera. Estas obras deben ser supervisadas por un profesional agremiado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con base en las normas establecidas por el Código Sísmico, Código de Cimentaciones, Reglamento de Construcciones y otra legislación vigente, contar con el aval de un laboratorio de geotecnia y diseñarse con base en los parámetros emitidos por los estudios técnicos que el profesional a cargo considere necesarios.
I. A la Municipalidad correspondiente incluir en su Plan Regulador un apartado para el mantenimiento de las quebradas y ríos del cantón, especialmente, considerar el cauce de la quebrada Rivera. Esto tramitado de acuerdo a los procedimientos establecidos por las instancias competentes (…)” (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).
A la fecha, la UE PAPS cuenta con recursos limitados para realizar estudios de suelos que corresponden al componente I del PAPS (Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José). Sin embargo, la UE PAPS analizará la factibilidad de realizar los estudios geotécnicos requeridos cerca del pozo 2-60D y el análisis de estabilidad correspondiente. Coordinar con DI. 4. La contratación por demanda de la UE PAPS, NO aplica para solicitar diseños de estructuras de contención. 5. Los planos constructivos de la Licitación Pública Internacional Nº. 2016LI000008-PRI “Construcción del Sistema de Colectores Sanitarios del Sector Norte, Cuencas Rivera y Torres, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José. Quebrada Jesús, Quebrada Manzana y Desvíos”, no hacían referencia al muro de gaviones existente, ni mostraba ningún detalle del mismo. Durante la ejecución de la obra, específicamente del pozo de microtuneleo 2-60 D, se conoció la existencia del muro de gaviones, sin embargo, la UE PAPS no detectó ninguna anomalía en el terreno que evidenciara alguna vulnerabilidad o deficiencia del muro, las condiciones del terreno y el muro de gaviones se mantuvieron estables antes y después de ejecutada la obra.
Estas obras se construyeron a finales del año 2018, durante la época lluviosa no se percibió ninguna amenaza del río producto de crecidas o desbordamientos. Lo anteriormente mencionado, con relación al estado del muro de gaviones y el terreno circundante, podría ser confirmado por funcionarios de DRyT, quienes tenían bajo su supervisión obras de recuperación de pozos convencionales en la Urbanización la Gacela, en particular se recuperó el pozo 2-62 que se encontraba cubierto por varios metros de relleno del parque, esto se dio en el mismo período en que se ejecutaron las obras de microtuneleo” (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).
Esta situación se le ha explicado una y otra vez al señor [Nombre01 019] y al señor [Nombre01 018] , ya que ambos consultan siempre lo mismo. 2. Exige que el dinero se reserve para el próximo año. Que el señor [Nombre01 019], no puede• exigirle a la administración un accionar en su gestión, pues existen procesos y gestiones de índole técnico que el señor [Nombre01 019] desconoce. Sin embargo, y con razón de brindar respuesta, se le informa que bajo un criterio técnico sustentado esta Administración decidió que por las dimensiones de Proyecto era necesario y posible estimarlo por etapas, ya que es un Proyecto plurianual estimado dentro de los PAOS. Por lo cual para la ejecución 2023 está el monto de [Valor 017]. 3 ¿Cuál es la solución actual dada por la Junta Vial, para solucionar el hundimiento de la única entrada de la Gacela? Como es de su conocimiento la suscrita no maneja el PAO ni gestiones de la Unidad Técnica Vial por lo cual esta pregunta no puede atendida por esta Dirección” (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).
El presupuesto durante cada ejercicio económico que irá del 1 de enero al 31 de diciembre. De acuerdo a lo anterior, al no ejecutar el proyecto dentro del periodo presupuestario, se debe de realizar el proceso de liquidación presupuestaria. Se debe comprender que, al no ejecutarse los recursos, en el proceso de la liquidación estos se reflejan en el superávit especifico, fondo de Bienes Inmuebles. Sin embargo, la Dirección Urbana y el Departamento de Proyectos incluyo dentro del Plan Anual Operativo 2023 el proyecto de la Gacela el monto de #[Valor 019]0.00 en el presupuesto el cual fue aprobado mediante el acuerdo I en su Sesión Extraordinaria No. 062, celebrada el 22 de setiembre del 2022, como consta en el folio 028 del acta. En conclusión, la unidad ejecutora incluyo dentro del Plan Anual Operativo el proyecto el cual se incluyó en el Presupuesto Ordinario 2022, aprobado en el acta extraordinario No. 034, celebrada el 20 de setiembre del 2021, como consta en la meta de la Dirección Urbana.
Este proyecto se financio con fondos de Bienes Inmuebles como consta origen y aplicación de fondos (Anexo 3- Segmento del Origen y aplicación de fondos), presentado y aprobado en el acta extraordinaria No. 034, celebrada el 20 de setiembre del 2021 del Presupuesto Ordinario 2022 (…)” (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).
IV.Hecho no probado. No se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho: Único.- Que las autoridades del Ministerio de Salud hayan recibido denuncia o solicitud de criterio alguno con relación a Urbanización La Gacela y los hechos objeto de este recurso.
V.Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte recurrente acusa que tanto él como los amparados son vecinos de Urbanización La Gacela en Llorente de Tibás y que cuando adquirieron sus propiedades, la Municipalidad de Tibás autorizó el anteproyecto de la Urbanización La Gacela, condicionado al cumplimiento de ciertas recomendaciones del informe del arquitecto municipal, Javier Chan Won. Uno de los requisitos era que se resolviera el problema de posibles deslizamientos tanto en el sector al costado norte de la urbanización como en la colindancia del costado sur con la quebrada Rivera. Indica que, todos ellos construyeron con permiso municipal, sin saber del peligro que ocasiona la quebrada, pues, en época de lluvia lava y erosiona la ladera. En virtud de esta circunstancia, asegura que desde el año 2011 iniciaron con denuncias y gestiones ante el municipio, con el fin de que se solucione la situación que tiene en peligro a los vecinos. Incluso, asegura que, en sesión del Concejo Municipal del 12 de febrero de 2019 se reconoció la omisión municipal y se trasladó a la administración para solucionar la problemática. No obstante, reclama que, a la fecha en que presenta este recurso, la denuncia no ha sido resuelta ni se le ha indicado cómo procederá la municipalidad recurrida para atenderla, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales.
Al respecto, esta Sala verifica que, en el caso concreto, efectivamente, el problema en cuestión es de conocimiento del municipio recurrido desde el año 2011; sin embargo, en virtud de diversos estudios que se han realizado, se ha determinado que la responsabilidad de los posibles deslizamientos no recae de manera exclusiva en contra del municipio, sino que, en palabras del Alcalde Municipal se comprobó también que: “Los vecinos del Dirección02 donde se encuentra la vivienda del aquí actor, (3D) han invadido la zona de protección de la quebrada con construcciones que incluso se salen de la línea de propiedad, descargando las aguas servidas y pluviales directamente a la quebrada, lo cual crea un alto riesgo por saturación de agua y erosión de la ladera, siendo ellos los responsables de irrespetar los permisos otorgados por la Municipalidad, realizando construcciones sin permisos en total desacato del ordenamiento urbanístico, lo cual ha provocado que el terreno colindante a sus propiedades y que pertenece al urbanizador se esté lavando, irrespetando también la zona de protección de la quebrada, poniendo ellos mismos en riesgo sus viviendas, debiendo proceder a la demolición de las obras sin permiso, con el fin de respetar la zona de protección de la Quebrada” (el énfasis no es del original).
Ahora bien, no menos cierto, es que, pese a los hallazgos encontrados por el municipio, ciertamente, dicha entidad municipal tiene pleno conocimiento de que existe una problemática en la zona desde el año 2011, al punto que, mediante el informe técnico No. DPM-INF-0939-2011 del mes de enero de 2012, la Comisión Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos realizó una serie de recomendaciones a la Municipalidad de Tibás, en torno a Urbanización La Gacela, en lo que interesa les recomendó: “(…) VIII. Recomendaciones. A. A la Municipalidad correspondiente No brindar permisos de construcción en las áreas de protección de ríos, quebradas y acequias que drenan el cantón, así como en áreas de rellenos, de fuertes pendientes o vulnerables a las amenazas naturales. B. A la Municipalidad correspondiente analizar en su gestión de ordenamiento territorial las opciones de uso para terrenos expuestos a amenazas de origen natural o antrópico y considerar la prohibición para uso habitacional.
C. A la Municipalidad correspondiente fiscalizar la distancia entre las construcciones habitacionales en las márgenes de quebradas y ríos que fluyen por el cantón para que se apliquen las medidas correctivas de conformidad con lo establecido en la Ley Forestal. D. Al Ministerio de Salud y la Municipalidad correspondiente valorar el impacto en la zona debido al depósito no regulado de desechos sólidos y líquidos dentro de la quebrada Rivera, para que sean tomadas las medidas correctivas correspondientes. E. A la Municipalidad correspondiente y miembros de la comunidad poner en funcionamiento un sistema adecuado para el control, la recolección y el drenaje de aguas pluviales a nivel habitacional y de infraestructura urbanística, promover la conservación de los suelos, así como un rápido y eficiente desagüe de las laderas; y disminuir los efectos de los procesos erosivos por escorrentía superficial.
Estas obras deben ser supervisadas por un profesional agremiado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. F. A los responsables de las propiedades afectadas contactar al Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica para valorar la posibilidad de realizar un estudio hidrológico de la quebrada Rivera para determinar las características hidráulicas del cauce, y delimitar las zonas de inundación y erosión severa que afectan la zona. G. A los responsables de la propiedad evaluada consultar los servicios de un ingeniero forestal para determinar si es necesario desramar, cortar y sembrar algún tipo de planta que promueva la conservación del suelo en las zonas más vulnerables para disminuir el riesgo de que sucedan más desprendimientos de tierra. H. A los representares de la propiedad evaluada realizar los trámites necesarios ante el MINAET para implementar las correspondientes obras de estabilización de la margen derecha de la quebrada Rivera.
Estas obras deben ser supervisadas por un profesional agremiado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con base en las normas establecidas por el Código Sísmico, Código de Cimentaciones, Reglamento de Construcciones y otra legislación vigente, contar con el aval de un laboratorio de geotecnia y diseñarse con base en los parámetros emitidos por los estudios técnicos que el profesional a cargo considere necesarios. I. A la Municipalidad correspondiente incluir en su Plan Regulador un apartado para el mantenimiento de las quebradas y ríos del cantón, especialmente, considerar el cauce de la quebrada Rivera. Esto tramitado de acuerdo a los procedimientos establecidos por las instancias competentes (…)”, y por esa razón, el asunto ha sido conocido ampliamente a nivel del Concejo Municipal y de la Administración Municipal.
En este sentido, resulta importante aclarar que, no sólo las autoridades del municipio han tenido conocimiento de la situación denunciada en este recurso, sino que también ha sido debidamente informado y han formado parte de las inspecciones en el lugar, las autoridades del ICAA, quienes han realizado inspecciones en Urbanización La Gacela, en las cuales, ciertamente, se ha descartado que se presenten derrames de aguas residuales en la Urbanización La Gacela provenientes de la infraestructura de alcantarillado sanitario institucional, pero, no menos cierto, es que, se pudo observar que existe un riesgo en el talud del pozo 2-60D y que la solución que plantean es la construcción de un muro de gaviones.
Nótese que, tanto las autoridades municipales como las autoridades del ICAA coinciden en que la forma de solucionar los problemas que aquejan a los vecinos de Urbanización La Gacela y que ponen en riesgo su integridad por posibles deslizamientos en la zona, es mediante la realización de licitaciones en ambas instituciones, en el caso de la Municipalidad para que se pueda efectuar un proyecto por parte de una empresa constructora, el cual consiste en cuatro etapas diferentes para realizar una obra de protección para la Quebrada Rivera en Urbanización La Gacela y por parte del ICAA, para realizar diseño y construcción para estabilización de márgenes de la quebrada. Sin embargo, en el caso del municipio, todas las licitaciones que se han pretendido realizar para ello han resultado infructuosas, lo que ha impedido que se inicien las obras requeridas para atender la situación y en el caso del ICAA se evidenció que, pese a que desde el 2022 se tenía conocimiento de que debía realizarse esta obra, no fue sino hasta diciembre de 2023 que se aprobó el cartel de licitación respectiva, con el agravante que, para la fecha de presentación de este recurso, están a la espera de la firma del contrato y la orden de inicio formal para la fase de ejecución durante este año 2024, sin precisar las autoridades del ICAA una fecha exacta para que se inicien las obras respectivas.
De conformidad con lo expuesto, de los autos no se evidencia aún que exista un proyecto concreto para poder resolver la denuncia planteada por el tutelado ni tampoco se indica de manera clara cuándo será realizada la obra, por cuanto, en el caso de la municipalidad ni siquiera se cuenta con una licitación en trámite para la fecha en que fueron rendidos los informes en este recurso y en el caso del ICAA, el cartel fue aprobado apenas en diciembre de 2023, y no se tiene certeza de cuándo será ejecutado. Adviértase que, pese al conocimiento de la situación completa por parte de la Municipalidad de Tibás y del ICAA, y a los hallazgos encontrados por sus profesionales, a la fecha de presentación de este recurso, y pese a que desde hace varios años tienen pleno entendimiento de la problemática, no se ha emitido acto administrativo contundente y que se encuentre ya en fase de ejecución, para resolver como en derecho corresponda la denuncia planteada, con base a los hallazgos identificados y el abordaje que deba darse a los mismos. Además, si bien el gobierno local de Tibás ha realizado intentos de licitación y cuenta con los estudios que señalan la forma en que deben actuar para atender la problemática y se le ha comunicado estas acciones a la parte recurrente, no se tiene claridad sobre cuándo será resuelto el problema por parte de ninguna de las autoridades competentes.
En consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver la denuncia planteada por la parte tutelada es desproporcionado, por cuanto, ha transcurrido un plazo de, más de diez años, desde las primeras gestiones realizadas ante las autoridades de la Municipalidad de Tibás y de más dos años desde que se solicitó la intervención del ICAA, sin que a la fecha la situación haya sido resuelta, con el agravante que la afectación denunciada continúa vigente. Bajo esta inteligencia, considera esta Sala que el recurso debe ser declarado parcialmente con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia y únicamente, en contra de las autoridades de la Municipalidad de Tibás y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
V.Finalmente, en contra de las autoridades del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias, se declara sin lugar el recurso, pues, pudo comprobarse que no se ha presentado denuncia ni solicitud de intervención alguna ante el Ministerio de Salud sobre la problemática planteada en el recurso y aparte de las recomendaciones solicitadas en el 2012 a la Comisión Nacional de Emergencias, tampoco se ha solicitado intervención adicional de dicha autoridad, por lo que, no tienen injerencia en la denuncia objeto de este recurso.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en el que se reclama que la Municipalidad de Tibás, el ICAA, EL CNE y el Ministerio de Salud, no ha realizado la construcción de una serie de obras para atender la situación relacionada con el problema de posibles deslizamientos tanto en el sector al costado norte de la urbanización La Gacela en Llorente de Tibás, que colinda con la quebrada Rivera, y así evitar cualquier deslizamiento o riesgo para los vecinos de la zona.
El recurrente señala que ha denunciado lo anterior ante las autoridades recurridas; sin embargo, no le brindan una solución. La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analizara por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la parte recurrente.
VIII.Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar parcialmente con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como que se promuevan, adjudiquen y ejecuten las contrataciones y obras que se estimen necesarias y se adopten las medidas y resoluciones administrativas pertinentes, para culminar con los proyectos de construcción de servicio de diseño y construcción para estabilización de márgenes de la quebrada Rivera y construcción de muro de retención de tensores, así como cualquier otra obra que se considere necesaria, en las zonas de riesgo para proteger de deslizamientos y cualquier irregularidad a los vecinos de Urbanización La Gacela.
En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
IX.Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en contra de las autoridades de la Municipalidad de Tibás y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se ordena a David Meléndez Sánchez, Ana Gabriela Madrigal Garro, Luis Araya Padilla y Maureen Mora Alpízar y Alejandro Alvarado Vega, por su orden Alcalde Municipal, Directora de Gestión Urbana, Coordinador de Obras Públicas, Encargada de Presupuesto y Presidente del Concejo Municipal, todos de la Municipalidad de Tibás y a Luis Alejandro Guillén Guardia, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen el cargo, que realicen las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y establezcan las acciones y coordinaciones necesarias dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, para que en el plazo máximo de doce meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, se promuevan, adjudiquen y ejecuten las contrataciones y obras que se estimen necesarias y se adopten las medidas y resoluciones administrativas pertinentes, para culminar con los proyectos de construcción de servicio de diseño y construcción para estabilización de márgenes de la quebrada Rivera y construcción de muro de retención de tensores, así como cualquier otra obra que se considere necesaria, en las zonas de riesgo para proteger de deslizamientos y cualquier irregularidad a los vecinos de Urbanización La Gacela.
Se les advierte a los recurridos que, de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Tibás y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Alejandro Delgado F.
Jorge Isaac Solano A.
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