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Res. 22890-2023 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 12/09/2023

Amparo denied against administrative eviction for tolerated occupationImprocedencia de amparo contra desalojo administrativo por ocupación por tolerancia

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OutcomeResultado

InadmissibleInadmisible

The amparo is declared inadmissible as manifestly unfounded because the claims were already resolved in previous cases and the Chamber lacks jurisdiction to review the eviction order.Se declara inadmisible el recurso de amparo por ser manifiestamente improcedente y porque los reclamos ya fueron resueltos en ocasiones anteriores, careciendo la Sala de competencia para revisar la orden de desalojo.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber declares inadmissible the amparo filed by occupants of a property owned by Corporación Faro Negro S.A., who sought to suspend an administrative eviction and have their possession rights recognized after 25 years of occupation. The Chamber reiterates that its jurisdiction over administrative evictions is limited to verifying minimal due process, specifically prior notification, and it cannot review the merits of the eviction order or replace the civil jurisdiction. It finds the appeal manifestly inadmissible because the claims were already heard and rejected in prior rulings (2019-011374, 2021-002989, 2021-002786), and any grievances must be pursued through ordinary judicial channels. Moreover, no violation of fundamental rights was demonstrated that would justify amparo against private parties.La Sala Constitucional declara inadmisible el recurso de amparo interpuesto por ocupantes de un inmueble propiedad de Corporación Faro Negro S.A., quienes reclamaban la suspensión de un desalojo administrativo y el reconocimiento de su derecho de posesión tras 25 años de ocupación. La Sala reitera que su competencia en materia de desalojos administrativos se limita a verificar un debido proceso mínimo, consistente en la notificación previa, sin que pueda revisar la procedencia de la orden de desalojo ni sustituir a la jurisdicción civil. Señala que el recurso es manifiestamente improcedente porque los reclamos ya fueron conocidos y rechazados en sentencias anteriores (2019-011374, 2021-002989, 2021-002786), y porque las disconformidades deben ventilarse en la vía ordinaria. Además, no se demostró una lesión a derechos fundamentales que habilite la vía de amparo contra sujetos de derecho privado.

Key excerptExtracto clave

III.- CASE-RELATED JURISPRUDENCE. On previous occasions, this Chamber has ruled on the eviction discussed herein and has stated, among other rulings, the following: "I.- In the present case, the petition filed by the plaintiff is a request for help, submitted with the aim that this Court intervene or intercede with the company Corporación El Faro Negro S.A. so that she is not evicted from the dwelling where she lives. However, from reading Hearing No. 2019-491-AJD of 11:52 a.m. on February 6, 2019, issued by the Ministry of Public Security, it is verified that she was granted a hearing regarding the tolerated occupation of property registration 689025-000, located in San José, Alajuelita. Given the foregoing, it is evident that what is requested does not fall within the scope of competence of this Jurisdiction, since it is not for the Chamber to intercede on her behalf before the defendant company, nor to determine, based on the facts and the legal regulations governing the matter, whether what is stated in the indicated resolution is true or not, much less to order that the protected party be allowed to remain on that land contra legem, that is, contrary to the law. On the other hand, the plaintiff's claim is directed against a private individual, that is, a subject of private law, so the provisions of Article 57 of the Constitutional Jurisdiction Law are applicable. It has been pointed out that with respect to such persons, compliance with all the requirements established in said article must be verified—as part of the formal procedural conditions—so that not only must a real and imminent risk of direct and palpable infringement of a fundamental right be determined, but also the demonstration of a power situation that allows the infringement to be maintained unilaterally, as well as the insufficiency and delay of ordinary jurisdictional remedies to reverse the abuse. In this case, from what is stated, it is evident that there is no power situation between the plaintiff and Corporación El Faro Negro S.A., since they are subjects acting in the sphere of their private autonomy, and for the resolution of which there exist jurisdictional and procedural mechanisms. In that sense, it must be kept in mind that amparo against subjects of private law is supplementary to the jurisdictional remedies which it replaces only when the latter are late or insufficient, which is not the case here. Finally, from what the plaintiff indicates, it is clear that the eviction is not sudden and the occupation has been by mere tolerance. Consequently, the petitioner may—if she sees fit—resort to the relevant legal channels, in order to file the petitions she deems appropriate so that what is legally correct is resolved. Consequently, the appeal is inadmissible." (see, among others, ruling 2021-002989 of 9:15 a.m. on February 12, 2021). -emphasis added-.III.- JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL CASO EN ESTUDIO. En anteriores ocasiones, esta Sala se ha pronunciado sobre el desalojo aquí discutido y ha indicado, entre otras sentencias, lo siguiente: "I.- En el presente caso, la gestión formulada por la accionante es una petición de ayuda, presentada con el afán de que este Tribunal intervenga o interponga sus buenos oficios ante la empresa Corporación El Faro Negro S.A., a fin de no la desaloje de la vivienda en la que habita. Sin embargo, de la lectura de la Audiencia No. 2019-491-AJD de las 11:52 horas del 6 de febrero de 2019, dictada por el Ministerio de Seguridad Pública, se constata que se le confirió audiencia en relación a la ocupación por tolerancia del inmueble matrícula 689025-000, ubicada en San José, Alajuelita. Dado lo anterior, es evidente que lo solicitado no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta Jurisdicción, puesto que no le compete a la Sala interceder a su favor ante la empresa accionada, ni tampoco entrar a determinar, con base en los hechos y la normativa legal que regula la materia, si lo establecido en la resolución indicada es cierto o no, y mucho menos ordenar que se le permita a la parte tutelada permanecer en ese terreno contra legem, sea en forma contraria al derecho. Por otra parte, el planteamiento de la recurrente se dirige contra una persona particular, es decir, un sujeto de derecho privado por lo que resulta aplicable lo dispuesto por la Ley de la Jurisdicción Constitucional en su artículo 57. Se ha señalado que en relación con tales personas se debe verificar -como parte de las condiciones procesales formales- el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el citado artículo, de modo que no solamente debe determinarse un riesgo real e inminente de afectación directa y palmaria de un derecho fundamental, sino además se impone la demostración de una situación de poder que permita mantener unilateralmente la afectación, así como además la insuficiencia y demora de los remedios jurisdiccionales ordinarios para revertir el abuso. En este caso, de lo narrado resulta evidente que no existe situación de poder entre la accionante y la Corporación El Faro Negro S.A., pues se trata de sujetos actuando en el ámbito de su autonomía privada, y para cuya resolución es que existen mecanismos jurisdiccionales y procesales. En tal sentido, debe tenerse presente que el amparo contra sujetos de derecho privado es supletorio de los remedios jurisdiccionales a los cuales sustituye solo cuando los últimos resulten tardíos o insuficientes, lo cual no sucede en este caso. Por último, de lo indicado por la recurrente, se constata que el desalojo no es intempestivo y la ocupación ha sido por mera tolerancia. En consecuencia, podrá la gestionante -si a bien lo tiene- acudir ante las vías de legalidad respectiva, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda. En consecuencia, el recurso es inadmisible". (véase, entre otros, el voto 2021-002989 de las 9:15 horas del 12 de febrero de 2021). -énfasis añadido-.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la competencia de este Tribunal Constitucional en materia de desalojos administrativos, que se concreta a verificar el cumplimiento de un debido proceso mínimo, consistente en una comunicación previa, siendo que esta Sala no tiene competencia para revisar un desalojo decretado, examinando si este es procedente o no."

    "the jurisdiction of this Constitutional Court in matters of administrative evictions, which is limited to verifying compliance with minimal due process, consisting of prior notification, since this Chamber has no jurisdiction to review a decreed eviction, examining whether it is proper or not."

    Considerando II

  • "la competencia de este Tribunal Constitucional en materia de desalojos administrativos, que se concreta a verificar el cumplimiento de un debido proceso mínimo, consistente en una comunicación previa, siendo que esta Sala no tiene competencia para revisar un desalojo decretado, examinando si este es procedente o no."

    Considerando II

  • "el amparo contra sujetos de derecho privado es supletorio de los remedios jurisdiccionales a los cuales sustituye solo cuando los últimos resulten tardíos o insuficientes, lo cual no sucede en este caso."

    "amparo against subjects of private law is supplementary to the jurisdictional remedies which it replaces only when the latter are late or insufficient, which is not the case here."

    Considerando III

  • "el amparo contra sujetos de derecho privado es supletorio de los remedios jurisdiccionales a los cuales sustituye solo cuando los últimos resulten tardíos o insuficientes, lo cual no sucede en este caso."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

PROCEEDING: AMPARO ACTION RESOLUTION Nº 2023022890 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifty minutes on the twelfth of September of two thousand twenty-three.

Amparo action filed by [Name 001], residence card [Value 001], [Name 002], residence card [Value 002], and [Name 003], identity card [Value 003], against the PODER JUDICIAL, FUERZA PÚBLICA, CORPORACIÓN FARO NEGRO S.A. and INVERSIONES MARVI S.A.

Resultando:

1.- By written submission received in the secretariat of the Chamber at 13:08 hours on September 4, 2023, the petitioners file an amparo action against the Poder Judicial, Fuerza Pública, Corporación el Faro Negro S.A and Inversiones Marvi S.A. They state that they represent 47 families (including 40 children and adolescents, 10 elderly persons, and 4 pregnant women). They indicate that for 25 years they have continuously occupied a land with no owner, hence they have a right of possession (derecho de posesión). They request the intervention of the Chamber to suspend the eviction (desalojo) scheduled by the Fuerza Pública, to investigate the territorial boundaries, to appoint an expert (perito), and to have their rights respected. They add that they are willing to be registered in a census and to benefit from a social-interest housing (vivienda de interés social) or to remain on the land and become owners.

2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition submitted for its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected petition.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considerando:

I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioners state that they represent 47 families (including 40 children and adolescents, 10 elderly persons, and 4 pregnant women). They indicate that for 25 years they have continuously occupied a land with no owner, hence they have a right of possession (derecho de posesión). They request the intervention of the Chamber to suspend the eviction (desalojo) scheduled by the Fuerza Pública, to investigate the territorial boundaries, to appoint an expert (perito), and to have their rights respected. They add that they are willing to be registered in a census and to benefit from a social-interest housing (vivienda de interés social) or to remain on the land and become owners.

II.- ON THE SCOPE OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION IN MATTERS OF ADMINISTRATIVE EVICTIONS (DESALOJOS ADMINISTRATIVOS). In this regard, by judgment 2015-013459 of 9:05 hours on August 26, 2016, this Chamber stated:

“In relation to the subject matter under discussion in this action, the scope of the jurisdiction of this Constitutional Court in matters of administrative evictions (desalojos administrativos) must be recalled, which is limited to verifying compliance with a minimum due process, consisting of prior notice, given that this Chamber lacks jurisdiction to review a decreed eviction, examining whether it is appropriate or not. Thus, reiterated case law has established that the right to property is recognized as a fundamental right, and it is therefore the property owner's power to repel force by force, including with the assistance of the public force (fuerza pública). In this latter case, by petitioning the Ministerio de Seguridad Pública for the administrative eviction (desalojo administrativo) of its property, when it seeks to recover the use, enjoyment, and fruition of its property should it wish to terminate the tolerance of its occupation. A right that corresponds to it by virtue of the legitimate defense of its property. Once this Ministry, after carrying out the relevant verifications, grants the eviction petition and orders the occupants to vacate the property, that act is executory and enforceable. The only way to suspend the eviction is because it is so decided at the administrative level, or because, if the matter has continued in the judicial sphere, an ordinary judge issues the suspension of the eviction order as a precautionary measure. (See in this regard, resolution 2003-006359 of nine hours five minutes on the fourth of July of two thousand three). Likewise, the Chamber has stated on different occasions the following:

\"… that what is prescribed by Article 455 of the Código Procesal Civil, regarding evictions of occupants by mere tolerance, depends on the simple verification by the competent Ministry of the existence of suitable evidence that proves the promoter's ownership of the property it seeks to recover, without it being a fully adversarial proceeding with the intervention of both parties, since the procedure established in that article was not instituted by the legislator to discuss which of the interested parties has a better right to possess the property whose effective possession is sought to be recovered, but rather to repel the unjustified refusal of one who occupies the property by mere tolerance to vacate it; an eviction that, for this Chamber, is also appropriate even when the property in question does not appear registered in the name of the promoter of the administrative eviction proceedings (desahucio administrativo), but the latter provides a certified copy of the notarial deed through which they purchased the property (see in that sense Judgment No.7726-98 of ten hours fifty-seven minutes on the thirtieth of October of nineteen ninety-eight)…”.” III.- CASE LAW RELATED TO THE CASE AT HAND. On previous occasions, this Chamber has ruled on the eviction (desalojo) discussed here and has stated, among other judgments, the following:

“I.- In the present case, the petition filed by the claimant is a request for help, submitted with the desire that this Court intervene or interpose its good offices before the company Corporación El Faro Negro S.A., so that it does not evict her from the dwelling she inhabits. However, from a reading of Audiencia No. 2019-491-AJD of 11:52 hours on February 6, 2019, issued by the Ministerio de Seguridad Pública, it is verified that she was granted a hearing in relation to the occupancy by tolerance of the property registered under folio number 689025-000, located in San José, Alajuelita. Given the foregoing, it is evident that what is requested does not fall within the scope of jurisdiction of this Chamber, since it is not within the Chamber's competence to intercede on her behalf before the respondent company, nor to determine, based on the facts and the legal norms regulating the matter, whether what was established in the indicated resolution is true or not, much less to order that the protected party be allowed to remain on that land contra legem, that is, contrary to the law.

On the other hand, the petitioner's claim is directed against a private person, that is, a private law subject, making applicable the provisions of the Ley de la Jurisdicción Constitucional in its Article 57. It has been noted that with respect to such persons, compliance with all the requirements established in said article must be verified—as part of the formal procedural conditions—so that not only must a real and imminent risk of direct and palpable violation of a fundamental right be determined, but also the demonstration of a situation of power that allows the violation to be maintained unilaterally, as well as the insufficiency and delay of ordinary jurisdictional remedies to reverse the abuse. In this case, from what has been narrated it is evident that there is no situation of power between the claimant and Corporación El Faro Negro S.A., as they are subjects acting within the scope of their private autonomy, and for the resolution of which jurisdictional and procedural mechanisms exist. In this regard, it must be borne in mind that an amparo against private law subjects is supplementary to the jurisdictional remedies which it only substitutes when the latter prove to be tardy or insufficient, which is not the case here. Finally, from what the petitioner indicated, it is verified that the eviction (desalojo) is not untimely and the occupation has been by mere tolerance. Consequently, the petitioner may—if she deems it appropriate—resort to the appropriate legal channels, to raise there the petitions she deems pertinent so that what is appropriate in law may be resolved. Consequently, the action is inadmissible.” (see, among others, vote 2021-002989 of 9:15 hours on February 12, 2021). -emphasis added-.

Also, in judgment 2021-002786 of 9:15 hours on February 12, 2021, the following was resolved:

“II.- ON THE SPECIFIC CASE. Having reviewed the evidence provided, it is appropriate to clarify that, on January 1, 2021, the Ministerio de Seguridad Pública notified an eviction proceeding (proceso de desalojo) being processed by mere tolerance, filed by Corporación El Faro Negro S.A (represented by the respondent person), and in which the affected parties were granted a period of 3 business days to exercise their defense. Thus, it is observed that what was notified is not the execution of the eviction (desalojo), but rather the communication about the existence of that proceeding, so that the interested party may provide the evidence they deem pertinent and thereby guarantee due process. Moreover, from the warning given to the petitioner by this Chamber, it can be deduced that the execution of such eviction has not yet been notified.

Now, considering the petitioner's claim with this amparo, in that she be helped to be relocated to another place, it is highlighted that this Court should not act as a mediator before a specific natural or legal person—whether public or private law—to intercede for a third party so that they are granted what they seek. Therefore, it is not up to this Court to intercede so that the petitioner be granted aid to reside in another place. These matters must be raised before the competent legality instances.

Thus, upon not observing any possible violation of a fundamental right that would allow the admission of this matter, it is rejected outright.” -emphasis added-.

Furthermore, there is judgment 2019-011374 of 9:30 hours on June 21, 2019, in which the following was resolved:

“III.- SPECIFIC CASE. The petitioners file the present amparo proceeding and allege that the authorities of the Ministerio de Seguridad Pública, in the month of June of the current year, notified them that they had to vacate the property they occupy, despite not having been previously notified in that regard. Consequently, they consider that their rights to defense and due process have been violated to their detriment.

Having reviewed the case file, this Chamber found it proven that an eviction order (orden de desalojo) was indeed issued (pursuant to resolution No. 2019-621-DV of 14:00 hrs. on March 26, 2019), against Adrián Méndez and other occupants of the property where, in turn, the protected parties currently reside.

Likewise, it is on record that by virtue of said order, the authorities of the Delegación Policial of Alajuelita—after prior coordination with the authorities of PANI, CONAPAM, and CONADPIS—, on May 29, 2019, went to the site under study in order to proceed with the eviction (desalojo) in question. However, it is also proven—according to the reports rendered under oath and the evidence provided to the case file—that on that same May 29, 2019, the authorities of the Delegación Policial of Alajuelita ordered that the return of possession of the property be left without effect, because upon arriving at the site they realized that the circumstances originally described in resolution No. 2019-621-DV were different from those found. Specifically, it was verified that there was not only one construction on the property, but rather that more than seventy formal and informal dwellings had been installed there, and therefore, a different procedure was required, the presence of a greater number of police officers was necessary, the appearance of other involved institutions was required, as well as the use of special machinery to proceed with the respective dismantling. Likewise, that decision was influenced by the fact that the respondent police authorities did not know whether all the occupants found at the location had indeed been duly notified of resolution No. 2019-621-DV. A situation that was subsequently confirmed, when the following was expressly recorded in official communication No. MSP-DM-DVURFP-DGFP-SGFP-DRPSJ-SRS-D10-0245-UO-2019: “(…) In the aforementioned case file and resolution, it is not mentioned anywhere that it is a group of more than sixty dwellings, both informal and formal, that is, more than one invader in separate structures, therefore, they should have notified each and every one and not only Mr. Adrián Méndez, who was notified by the notary public, Licenciado José Alberto Delgado Bolaños as recorded in resolution 2019-72 and not by officers of the Delegación Policial of Alajuelita (…)”.

Likewise, it is on record that by virtue of the described situation, on June 3, 2019, the authorities of the Delegación Policial of Alajuelita ordered that a census be conducted on the property in question, through which they determined the number of houses built, the number of people living there, as well as the presence of a population in a state of vulnerability. All this was carried out, as reported, with the objective of guaranteeing the rights of the protected parties who inhabit the site.

Now, taking into consideration the aspects explained supra, this Constitutional Court does not find merit to grant the present proceeding. Specifically, for the following reasons: a) by virtue of the fact that the challenged eviction order was left without effect on May 29, 2019, at the very moment the respondents became aware that there were a series of inconsistencies that violated the rights of the protected parties, among them, the possible failure to notify them of the resolution ordering said action; b) given that the decision to suspend the eviction (desalojo) was issued on May 29, 2019, days even before the filing of this amparo proceeding (which occurred on June 6, 2019), and c) because in June 2019 the respondents did not proceed to execute the eviction as alleged, but rather to conduct a census on the aforementioned property, in safeguard of the rights of the interested parties and as a preliminary step to analyze and determine the manner in which the matter under study will be processed in the future.

Under this scenario, given that the challenged situation was remedied without the intervention of this Chamber being necessary, the appropriate course is to dismiss the present amparo proceeding for lacking current interest.

IV.- NOTE. Despite what was stated in the preceding considerando, it is necessary to remind the respondent authorities of the importance and obligation of guaranteeing to the protected parties, in their capacity as occupants of the cited property, their rights to defense and due process during the processing of the aforementioned eviction proceeding (procedimiento de desalojo). As part of such guarantees, of course, is the notification to the interested parties of the administrative act ordering the eviction (desalojo).” IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the present matter, the petitioners file this amparo generally to express their disagreement with the eviction (desalojo) promoted by Faro Negro S.A., insofar as, in their view, they have a right of possession (derecho de posesión) over the property, or, alternatively, that they be granted a social-interest housing unit (vivienda de interés social), claims that on previous occasions have already been heard by this court.

However, the supra-cited considerations (which are likewise related to the eviction (desalojo) that is the subject of this amparo) are also applicable to the sub lite, as this Court finds no reasons to vary the opinion rendered in that judgment, nor grounds that would lead it to assess the situation raised differently.

In addition to the above, it should be noted that the Chamber lacks jurisdiction to review the appropriateness or not of the contested eviction (desalojo), which, from the brief claims made by the petitioners, appears to also be under consideration in the judicial sphere. In this regard, on repeated occasions, this Chamber has explained that it is not for it to substitute the civil jurisdiction or act as a higher instance in the matter, since that would imply interfering in the area of competence specific to said jurisdiction, which is constitutionally reserved to the corresponding judges, in accordance with the provisions of Article 153 of the Constitución Política.

Likewise, it should be pointed out that it cannot be inferred from the case file that, in the administrative or judicial sphere, any type of suspension of the eviction (desalojo) has been ordered and that, despite this, the execution of the act is still being attempted (note that the evidence provided includes an official communication dated June 7, 2019, whereby the suspension of the eviction was communicated based on amparo action 19-0009781-0007-CO, which was declared without merit by judgment 2019-011374 of 9:30 hours on June 21, 2019, as cited in the previous considerando).

Consequently, any disagreements the protected party has with the eviction (desalojo) must be resolved in the ordinary channels. Ergo, the action is declared inadmissible.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any documents on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI .

Por tanto:

The action is rejected outright.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Roberto Garita N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *OTBAAC819L061* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Iglesia del Perpetuo Socorro). Receipt of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente  PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2023022890 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del doce de setiembre de dos mil veintitres .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de residencia [Valor 001], [Nombre 002], cédula de residencia [Valor 002], y [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003], contra el PODER JUDICIAL, FUERZA PÚBLICA, CORPORACIÓN FARO NEGRO S.A. e INVERSIONES MARVI S.A.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la secretaría de la Sala a las 13:08 horas del 4 de setiembre de 2023, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Poder Judicial, Fuerza Pública, Corporación el Faro Negro S.A e Inversiones Marvi S.A. Indican que representan a 47 familias (entre ellas 40 niños y adolescentes, 10 personas de la tercera edad y 4 mujeres embarazadas). Señalan que hace 25 años ocupan de manera consecutiva un terreno sin dueño, de ahí que tienen derecho de posesión. Solicitan la intervención de la Sala a fin de que se suspenda el desalojo programado por la Fuerza Pública, se indaguen los límites territoriales, se nombre un perito y se respeten sus derechos. Adicionan que están dispuestos a ser censados y beneficiados con una vivienda de interés social o a quedarse en el terreno y ser propietarios.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes indican que representan a 47 familias (entre ellas 40 niños y adolescentes, 10 personas de la tercera edad y 4 mujeres embarazadas). Señalan que hace 25 años ocupan de manera consecutiva un terreno sin dueño, de ahí que tienen derecho de posesión. Solicitan la intervención de la Sala a fin de que se suspenda el desalojo programado por la Fuerza Pública, se indaguen los límites territoriales, se nombre un perito y se respeten sus derechos. Adicionan que están dispuestos a ser censados y beneficiados con una vivienda de interés social o a quedarse en el terreno y ser propietarios.

II.- SOBRE LOS ALCANCES DE LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DESALOJOS ADMINISTRATIVOS. Al respecto, mediante sentencia 2015-013459 de las 9:05 horas del 26 de agosto de 2016, esta Sala indicó:

“En relación con el tema objeto de discusión en este recurso, debe recordarse los alcances de la competencia de este Tribunal Constitucional en materia de desalojos administrativos, que se concreta a verificar el cumplimiento de un debido proceso mínimo, consistente en una comunicación previa, siendo que esta Sala no tiene competencia para revisar un desalojo decretado, examinando si este es procedente o no. Así, reiterada jurisprudencia ha establecido que el derecho de propiedad es reconocido como un derecho fundamental, siendo entonces potestad del propietario repeler la fuerza por la fuerza, incluso con el auxilio de la fuerza pública. En este último caso, gestionando ante el Ministerio de Seguridad Pública el desalojo administrativo de su propiedad, cuando pretenda recuperar el uso, goce y disfrute de su propiedad en caso de querer terminar con la tolerancia de la ocupación de ésta. Derecho que le corresponde en virtud de la legítima defensa de su propiedad. Una vez que este Ministerio, después de realizar las comprobaciones del caso, acoge la solicitud de desalojo y ordena a los ocupantes hacer abandono del inmueble, ese acto es ejecutivo y ejecutable. La única forma de suspender el desalojo es porque así se decida en sede administrativa, o porque, en caso de que el asunto haya continuado en sede judicial, un juez ordinario dicte como medida cautelar la suspensión de la orden de desalojo. (Ver al respecto, resolución 2003-006359 de las nueve horas cinco minutos del cuatro de julio de dos mil tres). De igual forma, la Sala ha manifestado en diferentes ocasiones lo siguiente:

"… que lo preceptuado por el artículo 455 del Código Procesal Civil, respecto a desalojos de ocupantes por pura tolerancia, depende de la simple constatación por parte del Ministerio competente, de la existencia de prueba idónea que acredite la titularidad del promovente de las diligencias sobre la heredad que pretende recobrar, sin que se trate de un procedimiento plenamente contradictorio con la intervención ambas partes, pues el procedimiento establecido en ese artículo no fue instaurado por el legislador para discutir sobre cuál de los interesados tiene mejor derecho a poseer el inmueble cuya posesión efectiva se pretende recobrar, sino, para repeler la negativa injustificada de aquél que ocupa la propiedad por mera tolerancia a desalojarlo; desalojo que para la Sala, también es procedente aún cuando registralmente la propiedad en cuestión, no aparezca inscrita a nombre del promovente de las diligencias de desahucio administrativo, pero éste aporte copia certificada de la escritura notarial por medio de la cual compró el inmueble (ver en ese sentido Sentencia No.7726-98 de las diez horas cincuenta y siete minutos del treinta de octubre de mil novecientos noventa y ocho)…”.

III.- JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL CASO EN ESTUDIO. En anteriores ocasiones, esta Sala se ha pronunciado sobre el desalojo aquí discutido y ha indicado, entre otras sentencias, lo siguiente:

“I.- En el presente caso, la gestión formulada por la accionante es una petición de ayuda, presentada con el afán de que este Tribunal intervenga o interponga sus buenos oficios ante la empresa Corporación El Faro Negro S.A., a fin de no la desaloje de la vivienda en la que habita. Sin embargo, de la lectura de la Audiencia No. 2019-491-AJD de las 11:52 horas del 6 de febrero de 2019, dictada por el Ministerio de Seguridad Pública, se constata que se le confirió audiencia en relación a la ocupación por tolerancia del inmueble matrícula 689025-000, ubicada en San José, Alajuelita. Dado lo anterior, es evidente que lo solicitado no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta Jurisdicción, puesto que no le compete a la Sala interceder a su favor ante la empresa accionada, ni tampoco entrar a determinar, con base en los hechos y la normativa legal que regula la materia, si lo establecido en la resolución indicada es cierto o no, y mucho menos ordenar que se le permita a la parte tutelada permanecer en ese terreno contra legem, sea en forma contraria al derecho.

Por otra parte, el planteamiento de la recurrente se dirige contra una persona particular, es decir, un sujeto de derecho privado por lo que resulta aplicable lo dispuesto por la Ley de la Jurisdicción Constitucional en su artículo 57. Se ha señalado que en relación con tales personas se debe verificar -como parte de las condiciones procesales formales- el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el citado artículo, de modo que no solamente debe determinarse un riesgo real e inminente de afectación directa y palmaria de un derecho fundamental, sino además se impone la demostración de una situación de poder que permita mantener unilateralmente la afectación, así como además la insuficiencia y demora de los remedios jurisdiccionales ordinarios para revertir el abuso. En este caso, de lo narrado resulta evidente que no existe situación de poder entre la accionante y la Corporación El Faro Negro S.A., pues se trata de sujetos actuando en el ámbito de su autonomía privada, y para cuya resolución es que existen mecanismos jurisdiccionales y procesales. En tal sentido, debe tenerse presente que el amparo contra sujetos de derecho privado es supletorio de los remedios jurisdiccionales a los cuales sustituye solo cuando los últimos resulten tardíos o insuficientes, lo cual no sucede en este caso. Por último, de lo indicado por la recurrente, se constata que el desalojo no es intempestivo y la ocupación ha sido por mera tolerancia. En consecuencia, podrá la gestionante -si a bien lo tiene- acudir ante las vías de legalidad respectiva, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda. En consecuencia, el recurso es inadmisible”. (véase, entre otros, el voto 2021-002989 de las 9:15 horas del 12 de febrero de 2021). -énfasis añadido-.

También, en sentencia 2021-002786 de las 9:15 horas del 12 de febrero de 2021, se resolvió lo siguiente:

“II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Revisada la prueba aportada, conviene aclarar que, el 1 de enero de 2021, el Ministerio de Seguridad Pública notificó un proceso de desalojo que se está tramitando por mera tolerancia, planteado por Corporación El Faro Negro S.A (representada por la persona recurrida), y en el cual se concedió a las partes afectadas un plazo de 3 días hábiles para ejercer su defensa. Así las cosas, se observa que lo notificado no trata de la ejecución del desalojo, sino del comunicado sobre la existencia de ese proceso, a fin de que la parte interesada pueda aportar las pruebas que estime pertinentes y así garantizarse el debido proceso. Incluso, de la prevención efectuada a la recurrente por esta Sala, se colige que aún no se ha notificado sobre la ejecución de tal desalojo.

Ahora bien, vista la pretensión de la recurrente con este amparo, en cuanto a que se le ayude para ser reubicada en otro lugar, se destaca que este Tribunal no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea de derecho público o privado-, para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que ella pretende. De manera que no le corresponde interceder a fin de que a la recurrente se le conceda una ayuda para residir en otro sitio. Esos extremos deben ser planteados ante las instancias de legalidad competentes.

Así las cosas, al no observarse alguna posible lesión a un derecho fundamental que permita la admisión de este asunto, se rechaza de plano”. -énfasis añadido-.

Además, se encuentra la sentencia 2019-011374 de las 9:30 horas del 21 de junio de 2019, en la cual se resolvió lo siguiente:

“III.- CASO CONCRETO. Los recurrentes formulan el presente proceso de amparo y alegan que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, en el mes de junio del año en curso, les comunicaron que debían desalojar el inmueble que ocupan, pese a que previamente no habían sido notificados al respecto. Por consiguiente, estiman que se han quebrantado, en su perjuicio, los derechos a la defensa y al debido proceso.

Revisados los autos, esta Sala tuvo por demostrado que ciertamente se dictó una orden de desalojo (conforme resolución No. 2019-621-DV de las 14:00 hrs. de 26 de marzo de 2019), en contra de Adrián Méndez y demás ocupantes del inmueble donde, a su vez, habitan actualmente los tutelados.

Asimismo, consta que en virtud dicha orden las autoridades de la Delegación Policial de Alajuelita –previas coordinaciones realizadas con las autoridades del PANI, del CONAPAM y del CONADPIS–, el día 29 de mayo de 2019 se apersonaron al sitio bajo estudio con el fin de proceder con el desalojo en cuestión. No obstante, también se tiene por demostrado –según los informes rendidos bajo juramento y las pruebas aportadas a los autos–, que ese propio 29 de mayo de 2019, las autoridades de la Delegación Policial de Alajuelita dispusieron dejar sin efecto la puesta en posesión del bien, por cuanto al momento de apersonarse al sitio se percataron que las circunstancias originalmente descritas en la resolución No. 2019-621-DV eran distintas a las halladas. Específicamente, se comprobó que no existía solamente una construcción en el inmueble, sino que en este se habían instalado más de setenta viviendas formales e informales, por lo que, consecuentemente, se requería realizar un procedimiento distinto, se necesitaba la presencia de mayores efectivos policiales, se requería el apersonamiento de otras instituciones involucradas, así como el uso de maquinaria especial para proceder con el respectivo desmantelamiento. Igualmente, en dicha decisión medió el hecho que las autoridades policiales recurridas desconocían si realmente todos los ocupantes hallados en el lugar habían sido debidamente notificados de la resolución No. 2019-621-DV. Situación anterior que posteriormente se confirmó, al consignarse expresamente en el oficio No. MSP-DM-DVURFP-DGFP-SGFP-DRPSJ-SRS-D10-0245-UO-2019 lo siguiente: “(…) En el expediente y en la resolución supra citadas no se menciona en ninguna parte que es un conjunto de más de sesenta viviendas entre informales ni informales, o sea, más de un invasor en infraestructuras separadas, por tanto, debieron notificar a todos y cada uno y no solamente al señor Adrián Méndez, quien fue notificado por el notario público, Licenciado José Alberto Delgado Bolaños según se consigna en la resolución 2019-72 y no por funcionarios de la Delegación Policial de Alajuelita (…)”.

Igualmente, consta que en virtud de la situación descrita, el día 3 de junio de 2019, las autoridades de la Delegación Policial de Alajuelita dispusieron realizar un censo en el inmueble en cuestión, a través del cual determinaron la cantidad de casas construidas, la cantidad de personas que viven en este, así como la presencia de población en estado de vulnerabilidad. Todo esto se llevó a cabo, según se informó, con el objetivo de garantizar los derechos de los amparados que habitan en el sitio.

Ahora bien, tomando en consideración los aspectos supra explicados, este Tribunal Constitucional no estima que, en la especie, exista mérito para acoger el presente proceso. Esto, específicamente, por los siguientes motivos: a) en virtud que la orden de desalojo reclamada se dejó sin efecto el 29 de mayo de 2019 en el mismo momento en que los recurridos se dieron cuenta que existían una serie de inconsistencias que violentaban los derechos de los tutelados, entre estas, la posible falta de notificación a estos de la resolución que dispuso dicha actuación; b) dado que la decisión de suspender el desalojo se emitió el 29 de mayo de 2019, días previos, incluso, a la formulación de este proceso de amparo (lo cual ocurrió hasta el día 6 de junio de 2019) y c) por cuanto en el mes de junio de 2019 los recurridos no procedieron a ejecutar el desalojo según se alegó, sino, más bien, a realizar un censo en el mencionado inmueble, en resguardo de los derechos de los interesados y como paso previo para analizar y determinar la forma en que se tramitará el asunto bajo estudio a futuro.

Bajo este panorama, al observarse que la situación reclamada se enmendó sin que fuera necesaria la intervención de esta Sala, lo que procede es desestimar el presente proceso de amparo por carecer de interés actual.

IV.- NOTA. Pese a lo dicho en el considerando anterior, resulta menester recordarle a las autoridades recurridas la importancia y obligación de garantizarle a los tutelados, en su condición de ocupantes del citado inmueble, sus derechos a la defensa y al debido proceso durante la tramitación del mencionado procedimiento de desalojo. Como parte de tales garantías, claro está, se encuentra la notificación a los interesados del acto administrativo que disponga el desalojo”.

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, los recurrentes acuden en amparo de manera general a exponer su disconformidad con el desalojo promovido por Faro Negro S.A, en tanto, a su parecer, tienen derecho de posesión sobre el inmueble, o bien, a que se les conceda una vivienda de interés social, reclamos que en anteriores ocasiones ya fueron conocidos por este tribunal.

Empero, las consideraciones supracitadas (que igualmente están relacionadas con el desalojo objeto de este amparo) también son aplicables al sub lite, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en esa sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada.

Aunado a lo anterior, nótese que la Sala no tiene competencia para revisar la procedencia o no del desalojo cuestionado, el cual, de los someros reclamos indicados por la parte recurrente, pareciera que también están siendo conocido ante la vía judicial. Al respecto, en reiteradas ocasiones, esta Sala ha explicado no le corresponde suplir a la jurisdicción civil o actuar como alzada en la materia, toda vez que eso implicaría incidir en el ámbito de competencia propio de dicha jurisdicción, el cual está constitucionalmente reservado a los jueces correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política.

Asimismo, conviene señalar que de los autos no se infiere que, en vía administrativa o judicial, se haya dictado algún tipo de suspensión del desalojo y que, pese a este, igualmente se pretenda ejecutar el acto (nótese que de la prueba aportada consta un oficio del 7 de junio de 2019, mediante el cual se comunicó la suspensión del desalojo a partir del recurso de amparo 19-0009781-0007-CO, el cual fue declarado sin lugar mediante sentencia 2019-011374 de las 9:30 horas del 21 de junio de 2019, según se citó en el considerando anterior).

En consecuencia, las disconformidades que tenga la parte tutelada con el desalojo, deben ser resueltas en la vía ordinaria. Ergo, se declara inadmisible el recurso.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI .

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Roberto Garita N.

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