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Res. 02484-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 02/02/2024
OutcomeResultado
The Chamber ordered AyA to complete the aqueduct improvement project within twelve months, fund the works, and immediately guarantee water fit for human consumption through alternative means.La Sala ordenó al AyA ejecutar en doce meses el proyecto de mejora del acueducto, financiar las obras y garantizar de inmediato agua apta para consumo humano mediante medios alternativos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo concerning the recurring failure of the aqueduct serving El Socorro, San Rafael, and Santa María in the Brunka district of Buenos Aires, Puntarenas. Although technical testing indicated that the water was potable and free of fecal coliforms, AyA itself acknowledged that turbidity during the rainy season had forced the system out of operation since its inception. The Chamber found that the interim measures adopted had not definitively resolved the problem and that the resulting interruptions and impairment of the water supply violated the rights to life and health. It ordered the “Buenos Aires, Puntarenas Integrated Aqueduct Improvements” project to be completed within twelve months, with the necessary budget allocated. Until the improvements are completed, AyA must guarantee water fit for human consumption through alternative supply methods. The Chamber also ordered AyA to pay costs and compensation for the resulting damages.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo presentado por la afectación recurrente del acueducto que abastece a El Socorro, San Rafael y Santa María, en el distrito Brunka de Buenos Aires de Puntarenas. Aunque los análisis técnicos indicaban que el agua era potable y estaba libre de coliformes fecales, el propio AyA reconoció que, desde el origen del sistema, la turbiedad durante la época lluviosa obligaba a sacarlo de operación. La Sala consideró que las medidas paliativas adoptadas no habían resuelto definitivamente el problema y que la interrupción y afectación del líquido lesionaban los derechos a la vida y la salud. Ordenó ejecutar, dentro de doce meses, el proyecto “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas”, asignar el presupuesto necesario y, mientras concluyen las obras, garantizar agua apta para consumo humano mediante alternativas de abastecimiento. También condenó al AyA al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
Accordingly, this Chamber finds that the fundamental rights of the petitioner and the residents of the affected communities were violated. Although the respondent authority states that it adopted immediate interim measures to address the existing problem, the fact remains that the problem has not ceased, because the aqueduct is substantially affected whenever it rains, causing contamination of this vital resource—a situation which, as the respondent authority itself acknowledged, has existed since the system’s inception and has not yet been definitively remedied. VI.—Conclusion. Based on the foregoing, the appropriate course is to grant the amparo in protection of the life and health of the petitioner and the residents of the communities, requiring the immediate intervention of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to definitively resolve the existing problem. The petition is granted. Luis Alejandro Guillén Guardia, as executive president, and Guillermo Zúñiga Esquivel, as acting regional director of the Brunca Regional Office, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds those offices, are ordered: (a) within twelve months from notice of this judgment, to execute the remedial plan identified by the respondent authority in its report, called the “Buenos Aires, Puntarenas Integrated Aqueduct Improvements” Project. The respondents must also allocate the budget necessary to execute the works so that the problem raised in this proceeding is resolved within that period; and (b) to adopt immediate measures to ensure, through any necessary alternative means, that the affected populations can obtain water fit for human consumption while the indicated improvements are completed.Así las cosas, esta Sala logra comprobar la lesión a los derechos fundamentales del recurrente y de los vecinos de las comunidades afectadas. Esto en vista, de que si bien la autoridad recurrida indica que ha tomado medidas paliativas inmediatas para solventar la problemática existente, lo cierto del caso es que no ha cesado, pues el acueducto cada vez que llueve se ve afectado sensiblemente, y ello provoca contaminación al líquido vital, situación que como la misma autoridad recorrida reconoció, se da desde su orígenes, y hasta el momento no ha sido remediada de forma definitiva. VI.- Conclusión. De lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso amparo, en resguardo de la vida y la salud del amparado y de los vecinos de las comunidades, lo cual, obliga a la intervención inmediata del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para resolver definitivamente la problemática existente. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Alejandro Guillén Guardia, en su condición de presidente ejecutivo y a Guillermo Zúñiga Esquivel, en su condición de director regional a.i., sede Región Brunca, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen dichos cargos: a) que en el plazo de 12 meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se ejecute el plan remedial indicado por la autoridad recurrida en su informe, denominado Proyecto de “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas”. Asimismo, deberán los accionados implementar el presupuesto necesario para la ejecución de la obra, con la finalidad que en el plazo dispuesto se brinde una solución a la problemática planteada en este recurso; b) adoptar medidas inmediatas para garantizar, por los medios alternativos necesarios, que las poblaciones afectadas puedan abastecerse de agua apta para el consumo humano, en el lapso en que se concluyen las mejoras indicadas.
Pull quotesCitas destacadas
"No obstante, pese a lo anterior no consta que el problema de turbiedad en el líquido vital, en la época lluviosa, en el Sistema de Aguas de Santa Marta, el cual abastece a las comunidades de El Socorro, San Rafael y Santa María, todas del Distrito Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, hubiera sido resuelto de forma definitiva."
"Nevertheless, despite the foregoing, there is no evidence that the rainy-season turbidity problem affecting this vital resource in the Santa Marta Water System, which supplies the communities of El Socorro, San Rafael, and Santa María in the Brunka district of Buenos Aires, Puntarenas, had been definitively resolved."
Considerando
"No obstante, pese a lo anterior no consta que el problema de turbiedad en el líquido vital, en la época lluviosa, en el Sistema de Aguas de Santa Marta, el cual abastece a las comunidades de El Socorro, San Rafael y Santa María, todas del Distrito Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, hubiera sido resuelto de forma definitiva."
Considerando
"La situación descrita configura una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analizara por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la parte recurrente."
"The situation described constitutes an exception to my general position on this subject; I therefore consider it necessary for this Constitutional Court to examine the merits in order to verify or reject the petitioner’s allegations."
Nota del magistrado Salazar Alvarado
"La situación descrita configura una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analizara por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la parte recurrente."
Nota del magistrado Salazar Alvarado
"En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc."
"By contrast, the enforcement provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code (Article 155 et seq.) offer clear advantages, including the ability to require schedules, impose fines, establish responsibility, and supervise stages of compliance."
Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas
"En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc."
Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas
Full documentDocumento completo
Document Review SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine fifteen a.m. on February 2, 2024.
Amparo proceeding (recurso de amparo) processed under expediente No. 23-027882-0007-CO, filed by [Nombre01 001], identity card [Valor CED01], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
Findings of Fact:
“(…) SECOND: Having analyzed the facts underlying the amparo proceeding filed by [Nombre01 001], each of them is addressed below in accordance with the technical reports issued by the responsible department. In this regard, according to the report signed by Engineer Jeffrey Quintero Aguilar, memorandum N°GSP-RB-OMSAP-2023-01133 dated November 21, 2023, concerning the first allegation, in which the petitioner states that ‘the residents of the communities of El Socorro, San Rafael and Santa María, all in the Brunka District of Buenos Aires de Puntarenas, have been consuming water allegedly contaminated by cattle feces for several years,’ this is untrue and is categorically denied, since the analyses conducted by the Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) on the Santa Marta System, which supplies the communities of El Socorro, San Rafael and Santa María, show that the water quality meets drinking-water standards (condiciones potables) and is free of fecal coliforms. A summary containing the most recent 2023 report delivered to the Región Brunca is presented below: (see report submitted). According to Table N°1, ‘Summary of Microbiological Quality,’ the Santa Marta System shows 100% negative results for fecal coliforms; therefore, the System meets Drinking-Water Quality standards.
As a result of the foregoing, it is evident that the water treated and supplied to the communities of El Socorro, San Rafael and Santa María, all in the Brunka District of Buenos Aires de Puntarenas, complies with the recommended or maximum permissible aesthetic, organoleptic, physical, chemical, biological and microbiological values established in the Reglamento de Calidad de Agua Potable.
THIRD: In response to the petitioner’s second allegation, it should be noted that the Institution has no reports indicating that the community of Santa Rosa experienced water-supply problems on the dates specified, according to a review of the OPEN system, in which responses to failures or emergencies involving water-supply systems (acueductos) are recorded.
Furthermore, the petitioner’s assertion that the water-distribution tanks serving the communities of El Socorro, San Rafael and Santa María are open to the elements is not accepted by the Institution; it appears to arise from the petitioner’s misunderstanding of how the system operates. This is apparent because the evidence submitted does not depict tanks intended for the direct distribution of this vital liquid, but rather: I) the first photograph depicts an inspection box (caja de registro), which contains a valve and is not a drinking-water storage tank used to distribute water to the population; therefore, any water present at this location is the result of rainwater seepage and is unrelated to the water stored and distributed to the communities; and II) the second photograph depicts a filtration unit (Unidad filtrante), which is a concrete structure that slowly filters the water through layers of sand of differing grain sizes. During this process, impurities come into contact with the surface of the particles in the filter medium and are retained; biological degradation processes also occur, reducing the retained matter to simpler forms. In other words, it is a space designed to trap sediment and allow only the water to flow through; the water then undergoes chlorination before being distributed to the water-supply systems and/or storage tanks.
FOURTH: The communities of El Socorro, San Rafael and Santa María, all in the Brunka District of Buenos Aires de Puntarenas, are the communities that have experienced supply problems because, as stated by the Buenos Aires Cantonal Chief, Ramón Francisco Monge Vargas, in memorandum N°GSP-RB-BA-2023-00360 dated November 20, 2023, ‘since its inception, this system has experienced problems with turbidity entering the water (organoleptic changes) during the rainy season, a limitation that requires the system to be placed immediately under “system out of operation” status. This is due to the absence of a treatment plant capable of removing suspended colloidal particles.’ FIFTH: According to memorandum N°GSP-RB-OMSAP-2023-01133 and the foregoing, as part of its efforts to address this problem, AyA is working on the improvements needed for the area’s water-supply system. Accordingly, the project ‘Improvements to the Integrated Water-Supply System of Buenos Aires, Puntarenas,’ project number BPIP (001985), is being undertaken and, according to the aforementioned memorandum, consists of:
‘Diverting 200 l/s of water from Río Cañas and treating 110 l/s to drinking-water standards, with the possibility of expanding capacity.
Installing a transmission pipeline (línea de conducción) to the existing 2500 m3 tank in Buenos Aires, diverting water to the Santa Marta systems.
Constructing 3 storage tanks for the Santa Marta system and improving the main distribution networks in central Buenos Aires.
The project components are as follows:
Water intake works and a 200 l/s grit chamber (desarenador) Raw-water conveyance pipeline (línea aducción): Grit Chamber - Drinking-Water Treatment Plant (approximately 4.8 km) Drinking-Water Treatment Plant with a capacity of 110 l/s, with the possibility of expansion, and a 5 l/s Pumping Station.
Pumped transmission pipeline (línea de impulsión): Pumping Station – Santa Marta Elevated Tank (approximately 1.8 km).
Transmission pipeline: Drinking-Water Treatment Plant – Existing 2500 m3 Storage Tank (approximately 17.9 km) 50 m³ break-pressure tank (tanque quiebra gradiente) Guadalajara Storage Tank #1, ground-supported concrete (capacity 75 m³); Guadalajara Storage Tank #2, ground-supported concrete (capacity 50 m3); Santa María elevated storage tank (capacity 50 m³) Main distribution networks (approximately 8.8 km) The Project has an estimated cost of $10.761,115 and is currently in the Final Design phase, which is 98% complete and scheduled for completion on December 15, 2023, after which the Financing process will begin. With respect to the Land, the following properties have been acquired:
Drinking-Water Treatment Plant and Pumping Station.
Break-pressure tank.
Santa María Storage Tank.
Guadalajara Storage Tank.
The intake and Grit Chamber site (Plan: P-202545-000) is currently being acquired through judicial proceedings.
Regarding environmental feasibility (viabilidad ambiental), it was granted for the project through expediente 685-2022-SETENA on April 27, 2022. (…)
In relation to the preceding plan, the population of ‘San Rafael de Brunka’ is among the communities benefiting within the scope of the Integrated Water-Supply System Project of Buenos Aires.
Improvement measures for the community of San Rafael by the Operations and Maintenance Department.
Measures implemented in 2023:
The capacity of the previous storage tank was increased from 7 m³ to 15m³.
Measures planned for the 2024 period:
Relocation of two additional 7m³ metal tanks to increase storage capacity in San Rafael and Guadalajara, with the aim of meeting demand for longer periods in the event of interruptions caused by high turbidity.
Installation of an automatic closing and opening system on the raw-water conveyance pipeline is being considered to control the entry of high turbidity into the storage tanks, in accordance with existing environmental conditions.
Installation of a flow meter (caudalímetro) is proposed to maintain records of inflows and interruptions.’ Additionally, as stated in Memorandum GSP-RB-BA-2023- 00360, ‘as a recent mitigation measure, two 15m3 tanks were installed, one in Guadalajara and the other in San Rafael, which reduced the adverse impact on drinking-water availability and even improved the existing dynamic pressure in these communities’ distribution networks; this latter factor also required us to install two air-release valves to ensure standardized service in the sector at the higher elevation and to eliminate the adverse effects caused by air in the line that directly supplies the petitioner’s place of residence.’” It should be emphasized that, at the cantonal level, whenever water shortages have occurred as a result of network maintenance, leaks, acts of God, or force majeure, the communities have been served by means of a tanker truck, pursuant to Article 58 of the Reglamento de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes AR-PSAYA -2013 and its amendment AR-PSAYA-2015, issued by Aresep; that truck is used in cases of service interruption for affected users.
Article 58.- Alternative water-supply services.
Alternative water-supply services may consist of tanker trucks, temporary pipelines, or other means, provided that they guarantee that the water distributed meets potable-water quality standards and ensure a minimum subsistence allotment for the population affected by the interruption.
Based on the foregoing, and knowing that AyA must adhere to the general principles of science and technology in systems located within its service area, this Honorable Court must be informed that the institution has guaranteed service to the extent technically feasible, provided that all requirements established for such purposes are met. As can be seen, the situations described by the appellant are not the result of an arbitrary or capricious decision by the Institution; rather, it is clear that AyA is working on the pertinent improvements to prevent the problems that users in the area have been experiencing. However, there have been technical impediments that are being corrected through the implementation of immediate mitigation measures, such as the installation of two 15 m3 tanks and two air-release valves to ensure the standardization of services in the sector. In addition, work is under way on a permanent solution to the problem affecting the communities of El Socorro, San Rafael, and Santa María through implementation of the “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas” project.
The foregoing is supported by the Sala Constitucional, which has reiterated in its case law the recognition of the so-called fundamental right to water, while clarifying that this right does not entail unrestricted access to water services, since technical impediments may arise, as has occurred in the present case (…).
SIXTH: In addition to the foregoing, it should be noted that AyA must comply with existing regulatory provisions, as stated in Article 11 of the Political Constitution of Costa Rica: “Public officials are mere custodians of authority. They are required to perform the duties imposed upon them by law and may not assume powers not granted therein. They must take an oath to observe and comply with this Constitution and the laws.” Accordingly, AyA must adhere to the existing guidelines in order to guarantee service to the extent feasible, following the procedures and requirements established for each of the services it provides and complying with the technical aspects and the water-related and hydraulic conditions necessary for the provision of a service. In accordance with the aforementioned principle of legality (principio de legalidad), it is important to note that the appellants have not been denied access to potable water; rather, the technical and legal analysis conducted determined that regular water-distribution service through the aqueduct had to be temporarily suspended, with emergency service being provided by tanker truck, because the applicable requirements previously established in the Reglamento de Prestación de Servicios del AyA for providing service under the required conditions of quality, quantity, and continuity were not met (...)”.
Justice Hess Herrera drafted the opinion; and,
Considering:
I.Subject matter of the appeal. The appellant considers that his fundamental rights have been violated because, in the communities of El Socorro, San Rafael, and Santa María, in the district of Brunka, Buenos Aires, Puntarenas, where he owns property, the water consumed is contaminated by cattle excrement. He further states that on October 21 he went to the community of Santa Rosa because several residents informed him that they had been without potable water for two days, given that whenever it rains heavily, the official from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados shuts off the service supplied to the aforementioned communities; they may even go up to two days without water, and the tanks are uncovered. He therefore explains that he spoke with residents of the communities and with the person responsible for maintaining the supply tanks, who told him that the problem was that the members of the board of directors of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados had done nothing to resolve the matter, citing a lack of financial resources. He adds that over the years, requests have been submitted, but they have not led to a solution to the problem described.
SOLE FACT: That the problem of turbidity in the vital water supply during the rainy season in the Sistema de Aguas de Santa Marta, which supplies the communities of El Socorro, San Rafael, and Santa María, all located in Distrito Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, has been permanently resolved.
IV.Regarding the fundamental right to potable water. The Sala Constitucional has recognized in its case law that the rights to life and health are fundamental rights whose enjoyment requires access to potable water. For human beings to enjoy health, they must be guaranteed a set of minimum conditions necessary to attain an adequate and harmonious psychological, physical, and environmental balance, as well as to prevent the emergence of dysfunctions that impair their full growth and development. One of those conditions is precisely the supply of water suitable for human consumption. Accordingly, this Chamber has concluded that the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución) encompasses a fundamental right to the supply of potable water. Thus, in Judgment N° 2003-04654, issued at 15:44 on May 27, 2003, this Chamber ruled:
“(...) The Chamber recognizes, as part of the Law of the Constitution, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international human-rights instruments applicable in Costa Rica. Thus, it is expressly set forth in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); it is also articulated in the Cairo International Conference on Population and Development (principle 2) and declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. Within our Inter-American Human Rights System, the country is particularly bound in this area by Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (‘Protocol of San Salvador’ of 1988), which provides: µ Article 11. Right to a Healthy Environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. Moreover, the UN Committee on Economic, Cultural and Social Rights recently reiterated that access to water is a human right which, in addition to being indispensable for leading a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights.
VI.The foregoing regulatory framework gives rise to a series of fundamental rights linked to the State’s obligation to provide basic public services, which means, on the one hand, that persons may not be unlawfully deprived of them; however, as in the case of drinking water, it cannot be maintained that any individual holds an enforceable right requiring the State to provide the public drinking-water service immediately and wherever that individual may be. Rather, as provided in the Protocol of San Salvador itself, rights of this kind require States to adopt measures, as stipulated in the first article of that Protocol: “...The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through cooperation among States, especially economic and technical cooperation, to the maximum extent of their available resources and taking into account their degree of development, for the purpose of progressively achieving, in accordance with domestic legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol.”
Consistent with the foregoing, article 264 of the Ley General de Salud provides: “Water is a public-utility asset, and its use for human consumption shall take priority over any other use.” Article 266 further states: “The country’s water-supply systems shall meet the structural and operational requirements established by the standards and technical specifications issued by the Executive Branch, in consultation with the Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado.” Finally, article 267 establishes: “Every water-supply system intended for the population’s use and consumption shall provide drinking water continuously, in sufficient quantity to meet people’s needs, and with the pressure necessary to permit the proper operation of the sanitary fixtures in use” (see judgment number 2011-005457 at 11:32 on 29 de abril de 2011).
V.The specific case. In the case under review, it is essential to take into consideration that the health of the population is a matter of public interest protected by the State and that any water-supply system intended for the population’s use and consumption must provide clean, wholesome water continuously and in sufficient quantity to meet people’s needs. From an analysis of the sworn report submitted by the representative of the respondent authority and the evidence provided, it follows that, according to the Cantonal Chief of Buenos Aires de Puntarenas, Ramón Francisco Monge Vargas, in memorandum N°GSP-RB-BA-2023-00360, dated 20 de noviembre de 2023, the communities of El Socorro, San Rafael, and Santa María, all in Distrito Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, have experienced problems since their inception with turbidity entering their water during the rainy season, a situation that requires the system to be placed immediately in “out-of-service” status.
Likewise, pursuant to technical memorandum N°GSP-RB-OMSAP-2023-01133, dated 21 de noviembre de 2023 and signed by Engineer Jeffrey Quintero Aguilar, it was determined that the Sistema de aguas de Santa Marta, which supplies the communities of El Socorro, San Rafael, and Santa María, all in Distrito Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, provides potable water free of fecal coliforms. Furthermore, it was noted that the OPEN system, which records the handling of breakdowns or emergencies involving aqueducts (acueductos), contained no reports indicating that the community of Santa Rosa had experienced water-supply problems during the dates identified by the petitioner. In addition, the open-air tanks in the aforementioned communities are not tanks intended for the direct distribution of water, since they are an inspection chamber (caja de registro) and a filtration unit (Unidad filtrante). It is important to emphasize that, according to the previously cited memoranda (N°GSP-RB-OMSAP-2023-01133 and N°GSP-RB-BA-2023-00360), as part of its work to address the existing problem in the area, the respondent authority is carrying out necessary improvements to the aqueduct through a series of immediate interim measures and is developing a permanent measure through the project entitled “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas.” That project was in the final design phase, which was scheduled for completion on 15 de diciembre de 2023, after which financing would proceed.
Nevertheless, despite the foregoing, there is no evidence that the problem of turbidity in the water during the rainy season in the Sistema de Aguas de Santa Marta, which supplies the communities of El Socorro, San Rafael, and Santa María, all in Distrito Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, has been permanently resolved.
Accordingly, this Chamber finds that the fundamental rights of the petitioner and the residents of the affected communities have been violated. Although the respondent authority states that it has adopted immediate interim measures to address the existing problem, the fact remains that the problem has not ceased, because every time it rains, the aqueduct is significantly affected, resulting in contamination of the water. As the respondent authority itself acknowledged, this situation has existed since the system’s inception and, to date, has not been permanently remedied.
VI.Conclusion. Based on the foregoing, the appropriate course is to grant the petition for amparo (recurso de amparo) in protection of the life and health of the protected petitioner and the residents of the communities, which requires the immediate intervention of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to resolve the existing problem permanently.
In environmental matters, it is also the undersigned’s view that, where the Public Administration has already intervened, jurisdiction to hear and decide the matter lies with the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa). Nevertheless, I do address the merits when other rights of persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Constitución Política), as occurs in this case. Here, the petitioner considers his fundamental rights to have been violated because, in the communities of El Socorro, San Rafael, and Santa María in distrito de Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, where he owns property, the water consumed is contaminated by cattle excrement. This situation was brought to the attention of the respondent authorities without a permanent solution having been obtained, thereby constituting a threat to the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified standard of quality of life. The situation described constitutes an exception to my general position on this subject; I therefore consider it necessary for this Constitutional Court to examine the merits of the matter in order to verify or reject the petitioner’s allegations.
VIII.Partial dissent by Justice Garro Vargas regarding the operative portion of this judgment. Although I agree with the majority of the Chamber that the petition should be granted, I disagree as to the forum in which the enforcement phase (fase de ejecución) of the matter should be conducted, because the regulations governing this constitutional jurisdiction do not provide adequate mechanisms for monitoring a judgment involving highly complex technical matters, such as the implementation of the remedial plan known as the “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas” project and the resolution of the problem raised in this petition. By contrast, the enforcement provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (article 155 et seq.) offer clear advantages, such as the ability to require schedules, impose fines, establish liability, oversee stages of compliance, and so forth. Therefore, pursuant to article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I consider that the enforcement phase should be conducted before the Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment-enforcement rules of that Code.
The petitioner is hereby advised that, if any paper document, object, or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device or produced through new technologies has been submitted, it must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period shall be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 de enero del 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The petition is granted. Luis Alejandro Guillén Guardia, in his capacity as Executive President, and Guillermo Zúñiga Esquivel, in his capacity as Acting Regional Director of the Región Brunca office, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds those positions, are ordered: a) within 12 months from notification of this judgment, to implement the remedial plan identified by the respondent authority in its report, entitled the “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas” Project. The respondents shall also provide the budget necessary to carry out the works so that, within the prescribed period, a solution is provided to the problem raised in this petition; b) to adopt immediate measures to ensure, through any necessary alternative means, that the affected populations have access to water fit for human consumption while the specified improvements are being completed.
The foregoing is ordered with the warning that, pursuant to article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an amparo proceeding that the person must comply with or cause to be complied with, and who fails to comply with it or cause compliance with it, shall be subject to imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty day-fines, provided that the offense is not punishable by a more severe penalty. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to pay the legal costs and the damages and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the contentious-administrative jurisdiction. Justice Salazar Alvarado files a note. Justice Garro Vargas dissents regarding enforcement of this judgment and, pursuant to article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it be conducted before the Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the enforcement rules established in articles 155 et seq. of the Código Procesal Contencioso Administrativo. She further orders that a copy of the judgment be forwarded to that body so that proceedings to enforce this ruling may commence. Let notice be given.- Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
CASE FILE N° 23-027882-0007-CO Telephone numbers: Telf01/ ALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf02 / Telf03. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts.South of the Perpetuo Socorro church). Filing office for matters involving vulnerable groups: Dirección03, San José, Distrito Catedral, Dirección04, streets 19 and 21, Dirección05
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dos de febrero de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 23-027882-0007-CO, interpuesto por [Nombre01 001], cédula de identidad [Valor CED01], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
Resultando:
“(…) SEGUNDO: Analizados los hechos que sirven de base en el recurso de amparo interpuesto por [Nombre01 001], se procede a dar respuesta a cada uno de ellos, de conformidad con los informes técnicos emitidos por el área responsable. Al respecto, según el informe suscrito por el Ingeniero Jeffrey Quintero Aguilar, memorando N°GSP-RB-OMSAP-2023-01133 de fecha 21 de noviembre de 2023, en referencia al hecho primero en el cual el recurrente manifiesta que “los vecinos de las comunidades de El Socorro, San Rafael, Santa María, todos del Distrito Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, tienen varios años de estar consumiendo agua supuestamente contaminada por excremento de ganado”, no es cierto y se rechaza totalmente, ya que los análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) al Sistema de Santa Marta, el cual abastece a las comunidades de El Socorro, San Rafael, Santa María, demuestran que la calidad del agua se encuentra en condiciones potables y libre de coliformes fecales. A continuación, se presenta un resumen que contiene el registro del último reporte 2023 entregado a la Región Brunca: (ver informe rendido). De acuerdo con la tabla N°1 “Resumen Calidad Microbiológica”, se observa que el Sistema de Santa Marta presenta 100% negatividad por coliformes fecales por lo tanto el Sistema se encuentra en una Calidad Potable.
Como resultado de lo anterior, es evidente que el agua tratada y destinada a las comunidades de El Socorro, San Rafael, Santa María, todos del Distrito Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, cumple con las disposiciones de valores recomendables o máximos admisibles estéticos, organolépticos, físicos, químicos, biológicos y microbiológicos, establecidos en el Reglamento de Calidad de Agua Potable.
TERCERO: En respuesta al hechos segundo manifestado por el recurrente, cabe indicar que no existen reportes dentro de la Institución que indiquen que la comunidad de Santa Rosa tuviera problemas de abastecimiento de agua durante las fechas indicadas, según revisión del sistema OPEN en el cual se registran la atención de las averías o situaciones de emergencia referentes a los acueductos.
Además, sobre lo indicado por el recurrente de que los tanques de distribución de agua de las comunidades de El Socorro, San Rafael, Santa María, se encuentran a cielo abierto, no es de recibo para la institución, parece que obedece a una mala apreciación del recurrente sobre el funcionamiento del sistema, se denota lo indicado pues lo aportado como pruebas no son tanques destinados a la distribución directa del líquido vital, sino que son: I) la fotografía primera es una caja de registro, la cual contiene una válvula y no es un tanque de almacenamiento de agua potable para la distribución del agua a la población, por lo que de existir agua en este lugar es debido a las filtraciones por la lluvia y no tiene relación con el agua que se almacena y distribuye a las comunidades, y II) la segunda fotografía lo que muestra es una Unidad filtrante la cual es una estructura de concreto que realiza un proceso de filtración lenta del agua por medio de capas de arena de diferente granulometría.
Durante el proceso las impurezas entran en contacto con la superficie de las partículas del medio filtrante y son retenidas, desarrollándose adicionalmente procesos de degradación biológica que reducen a la materia retenida a formas más simples, en otras palabras, es un espacio que funciona para atrapar sedimentos y dejar fluir únicamente el agua, la cual pasara por un proceso de cloración previo a ser distribuida a los acueductos y/o a los tanques de almacenamiento.
CUARTO: Las comunidades de El Socorro, San Rafael, Santa María, todos del Distrito Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, son los que han presentado problemas de abastecimiento debido según indica el Jefe Cantonal de Buenos Aires, Ramón Francisco Monge Vargas, en memorando N°GSP-RB-BA-2023-00360, del 20 de noviembre de 2023, a que “este sistema desde sus orígenes ha enfrentado problemas con el ingreso de turbiedad presente en el líquido (Cambios organolépticos), en la época lluviosa, limitación que obliga a una condición inmediata de “sistema fuera de operación”; Lo anterior ante la no existencia de una Planta de tratamiento que permita la remoción de partículas coloidales suspendidas” QUINTO: De acuerdo con el memorando N°GSP-RB-OMSAP-2023-01133 y lo antes mencionado, como parte de las labores de atención a dicha problemática el AyA está trabajando en las mejoras necesarias para el acueducto de la zona, por lo que se esta realizando el El proyecto “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas” número de proyecto BPIP (001985), el cual consiste según el memorando antes citado en:
“Captar 200 l/s de agua del Río Cañas, pota Potabilizar 110 l/s con posibilidad de ampliar capacidad.
Realizar una línea de conducción hasta el tanque existente de 2500 m3 en Buenos Aires, derivando agua a los sistemas de Santa Marta.
Construcción de 3 tanques de almacenamiento para el sistema de Santa Marta y mejoras en las redes de distribución principales del casco central de Buenos Aires.
Los componentes del proyecto son los siguientes:
Obra de toma de agua y desarenador de 200 l/s Línea aducción: Desarenador - Planta Potabilizadora (aproximadamente 4.8 km) Planta Potabilizadora de 110 l/s, con posibilidad de ampliación y Estación de Bombeo de 5 l/s.
Línea de impulsión: Estación Bombeo – Tanque Elevado Santa Marta (aproximadamente 1.8 km).
Línea de conducción: Planta Potabilizadora – Tanque de Almacenamiento Existente de 2500 m3 (aproximadamente 17.9 km) Tanque quiebra gradiente de 50 m³ Tanque almacenamiento Guadalajara #1 concreto asentado (capacidad 75 m³) Tanque almacenamiento Guadalajara #2 concreto asentado (capacidad 50 m3) Tanque almacenamiento Santa María elevado (capacidad 50 m³) Redes distribución principales (aproximadamente 8.8 km) El Proyecto tiene un costo estimado de $10.761,115, actualmente se encuentra en la fase de (Diseño Final) con un avance del 98%, etapa que tiene programada la finalización 15 de diciembre del 2023, posterior a esto se iniciaría el proceso de Financiamiento. En relación con los Terrenos, se cuenta con las siguientes propiedades adquiridas:
Planta Potabilizadora y Estación de Bombeo.
Tanque quiebra gradiente.
Tanque de Almacenamiento Santa María.
Tanque de Almacenamiento Guadalajara.
Se encuentra en proceso de adquisición por vía judicial el sitio de toma y Desarenador (Plano: P-202545-000).
Referente a la viabilidad ambiental, para el proyecto fue resuelta por medio del expediente 685-2022-SETENA el 27 de abril del 2022. (…)
En relación con el esquema anterior la población de “San Rafael de Brunka” forma parte de las comunidades beneficiadas como parte del alcance del Proyecto Acueducto Integrado de Buenos Aires.
Acciones de mejora para la comunidad de San Rafael por parte del área de Operación y Mantenimiento.
Acciones realizadas en el 2023:
Se aumenta la capacidad del tanque anterior de almacenamiento de 7 m³ a 15m³.
Acciones planteadas a realizar en el periodo 2024:
Reubicación de dos tanques metálicos de 7m³ adicionales para aumentar el almacenamiento en San Rafael y en Guadalajara con el objetivo de suplir por más tiempo la demanda en caso de interrupciones por altas turbiedades.
Se analiza la colocación de un sistema automático para el cierre y apertura en la línea de aducción, para control de ingreso de altas turbiedades a los tanques de almacenamiento, de acuerdo con las condiciones del entorno existentes.
Se plantea la colocación de un caudalímetro para tener registros de caudales de entrada e interrupciones.” Adicionalmente, según consta en Memorando GSP-RB-BA-2023- 00360, “como medida paliativa recientemente se instalaron dos tanques de 15m3 uno en Guadalajara y otro en San Rafael, que vinieron a disminuir la afectación en materia de disponibilidad del líquido potable, mejorando inclusive la presión dinámica existente en las redes de distribución de estas comunidades; este último aspecto nos obligó en igual a instalar dos válvulas liberadoras de aire, para garantizar la estandarización de los servicios en el sector con una cota de elevación superior y erradicando la afectación que se presentaba por la presencia de aire en el trayecto que abastece propiamente el sitio de residencia del recurrente.” Cabe resaltar que desde la cantonal, cuando han existido falta de abastecimiento de agua a consecuencia del mantenimiento de redes, fugas o bien, por caso fortuito o fuerza mayor, se ha atendido a las comunidades por medio de un camión cisterna, según lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes AR-PSAYA -2013 y su reforma AR-PSAYA-2015, emitido por la Aresep, camión que es utilizado en casos de interrupción de los servicios para aquellos usuarios afectados.
Artículo 58.- Servicios alternativos de suministro del servicio de acueducto.
Los servicios alternativos de suministro del servicio de acueducto podrán ser camiones cisterna, tuberías temporales u otro medio, siempre que éstos garanticen que el agua distribuida reúna la característica de calidad potable y asegure una dotación mínima de subsistencia a la población afectada por la i nterrupción.
Partiendo de lo expuesto anteriormente, y conociendo que AyA debe ajustarse a los principios generales de la ciencia y la técnica, en los sistemas que se encuentran dentro de su área de cobertura, es menester informar a este Honorable Tribunal que, la institución ha garantiza el servicio hasta donde técnicamente ha sido factible, siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requerimientos que se han establecido paraesos efectos, por lo que como puede constatarse, no es una decisión antojadiza ni arbitraria de la Institución las situaciones descritas por el recurrente, sino es claro que el AyA está trabajando en las mejoras pertinentes para evitar los problemas que vienen padeciendo los usuarios en la zona, sin embargo, han existido imposibilidades técnicas que se están corrigiendo implementando medidas paliativas inmediatas como lo fue la instalación de dos tanques de 15 m3 y la instalación de dos válvulas liberadoras de aire, para garantizar la estandarización de los servicios en el sector, además, trabajando en una medida definitiva al problema de las comunidades de El Socorro, San Rafael, Santa María, con la realización del proyecto “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas”.
Lo anterior es reforzado por la Sala Constitucional, que ha reiterado en su jurisprudencia el reconocimiento del denominado derecho fundamental del agua, pero aclarando que el mismo no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, toda vez que pueden presentarse imposibilidades de orden técnico, como ocurre en el presente caso (…).
SEXTO: Sumado a lo anterior, es menester mencionar que el AyA debe cumplir con la normativa Reglamentaria existente, tal como lo indica el artículo 11 de la constitución Política de Costa Rica: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes”, de este modo, AyA debe ajustarse a los lineamientos que existen para garantizar el servicio hasta donde le sea factible, siguiendo los tramites y requerimientos que se han establecido para cada uno de los servicios que brinda, sometiéndose a los aspectos técnicos y las condiciones hídricas e hidráulicas necesarias para la prestación de un servicio. De acuerdo con el principio de legalidad antes citado, es importante señalar que a los recurrentes no se les ha negado el acceso al agua potable, sino, que se determina bajo el análisis técnico y legal realizado que se ha debido suspender de forma temporal el servicio regular de distribución de agua por medio del acueducto, atendiendo en situaciones de emergencia por medio de camión cisterna, ya que los mismos no cumplen con los requisitos previamente establecidos en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA para brindar un servicio de acuerdo a las condiciones de calidad, cantidad y continuidad requeridas de efecto (...)”.
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. El recurrente estima vulnerados sus derechos fundamentales, en virtud de que en las comunidades El Socorro, San Rafael y Santa María del distrito de Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, donde tiene una propiedad, el agua que se consume está contaminada por excremento de ganado. Asimismo, indica que el 21 de octubre fue a la comunidad de Santa Rosa, pues varios vecinos le comunicaron que llevaban dos días sin recibir agua potable, en vista de que una vez que llueve fuertemente, el funcionario del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados procede a cortar el servicio que llega a las comunidades antes citadas, incluso que pueden pasar hasta dos días sin agua y los tanques están a cielo abierto. Por lo cual, expone que conversó con los vecinos de las comunidades y con la persona encargada de dar mantenimiento a los tanques de abastecimiento, mismo que le expuso que el problema es que los miembros de la junta directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no han hecho nada por resolver el asunto, aduciendo falta de recursos económicos. Agrega que través de los años se han planteado gestiones, mismas que no han conllevado a una solución del problema expuesto.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
UNICO: Que el problema de turbiedad en el líquido vital, en la época lluviosa, en el Sistema de Aguas de Santa Marta, el cual abastece a las comunidades de El Socorro, San Rafael y Santa María, todas del Distrito Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, haya sido resuelto de forma definitiva.
IV.Sobre el derecho fundamental al agua potable. La Sala Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a la vida y a la salud son derechos fundamentales cuyo goce exige el acceso al agua potable. Para que el ser humano disfrute de salud requiere que se le garanticen un conjunto de condiciones mínimas necesarias para alcanzar un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental, así como para impedir el surgimiento de disfunciones que alteren su pleno crecimiento y desarrollo. Una de esas condiciones es precisamente el suministro de agua apta para el consumo humano. Por lo que esta Sala ha concluido que, como parte del Derecho de la Constitución, existe un derecho fundamental al suministro de agua potable. Así, en Sentencia N° 2003-04654, de las 15:44 horas del 27 de mayo del 2003, esta Sala resolvió:
"(...) La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que: µ Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos.
VI.Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo: ...Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo"´.
En consonancia con lo anterior, el artículo 264, de la Ley General de Salud dispone: "El agua constituye un bien de utilidad pública y su utilización para el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso". Mientras que en el artículo 266, se agrega: "Los abastecimientos de agua del país deberán llenar los requisitos de estructura y funcionamiento fijados por las normas y especificaciones técnicas que el Poder Ejecutivo dicte, en consulta con el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado". Finalmente, en el artículo 267, se establece: "Todo sistema de abastecimiento de agua, destinada al uso y consumo de la población, deberá suministrar agua potable, en forma continua, en cantidad suficiente o para satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso" (ver sentencia número 2011-005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011).
V.Sobre el caso concreto. En el caso objeto de análisis, es primordial tomar en consideración que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado y que el sistema de abastecimiento de agua destinada al uso y consumo de la población, deberá ser limpio, saludable, en forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas. Ahora bien, del análisis del informe rendido bajo juramento por la representante de la autoridad recurrida y la prueba aportada, se extrae, que, según el Jefe Cantonal de Buenos Aires de Puntarenas, Ramón Francisco Monge Vargas, en el memorando N°GSP-RB-BA-2023-00360, del 20 de noviembre de 2023, las comunidades de El Socorro, San Rafael, Santa María, todas del Distrito Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, desde sus orígenes han enfrentado problemas con el ingreso de turbiedad en el líquido vital, en la época lluviosa, situación que los obliga a una condición inmediata de “sistema fuera de operación”.
Asimismo, de conformidad al memorando técnico N°GSP-RB-OMSAP-2023-01133, del 21 de noviembre de 2023, suscrito por el Ingeniero Jeffrey Quintero Aguilar, se determinó que el Sistema de aguas de Santa Marta, el cual abastece a las comunidades de El Socorro, San Rafael y Santa María, todas del Distrito Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, se encuentra en condiciones potables y libre de coliformes fecales. Por otro lado, se denotó que, en el sistema OPEN, en el cual se registra la atención de las averías o situaciones de emergencia referentes a los acueductos, no existen reportes que indiquen que la comunidad de Santa Rosa tuviera problemas de abastecimiento de agua durante las fechas indicadas por el recurrente. Además, los tanques que se encuentran a cielo abierto, en las comunidades indicadas, no son los tanques destinados a la distribución directa del líquido vital, en vista de que vienen siendo una caja de registro y una Unidad filtrante.
Es importante resaltar que, de acuerdo con los memorandos previamente mencionados (N°GSP-RB-OMSAP-2023-01133 y N°GSP-RB-BA-2023-00360), la autoridad recurrida como parte de las labores de atención a la problemática existente en la zona, trabaja en mejoras necesarias para el acueducto a través de una serie de medidas paliativas inmediatas y en la construcción de una medida definitiva mediante el proyecto denominado: “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas". Mismo que se encontraba en la fase final de diseño y que tenía programada la finalización de dicha etapa, el 15 de diciembre de 2023, para así continuar con el financiamiento. No obstante, pese a lo anterior no consta que el problema de turbiedad en el líquido vital, en la época lluviosa, en el Sistema de Aguas de Santa Marta, el cual abastece a las comunidades de El Socorro, San Rafael y Santa María, todas del Distrito Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, hubiera sido resuelto de forma definitiva.
Así las cosas, esta Sala logra comprobar la lesión a los derechos fundamentales del recurrente y de los vecinos de las comunidades afectadas. Esto en vista, de que si bien la autoridad recurrida indica que ha tomado medidas paliativas inmediatas para solventar la problemática existente, lo cierto del caso es que no ha cesado, pues el acueducto cada vez que llueve se ve afectado sensiblemente, y ello provoca contaminación al líquido vital, situación que como la misma autoridad recorrida reconoció, se da desde su orígenes, y hasta el momento no ha sido remediada de forma definitiva.
VI.Conclusión. De lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso amparo, en resguardo de la vida y la salud del amparado y de los vecinos de las comunidades, lo cual, obliga a la intervención inmediata del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para resolver definitivamente la problemática existente.
En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que el recurrente estima vulnerados sus derechos fundamentales, en virtud de que en las comunidades El Socorro, San Rafael y, Santa María del distrito de Brunka de Buenos Aires de Puntarenas, donde tiene una propiedad, el agua que se consume está contaminada por excremento de ganado, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades recurridas, sin haber obtenido una solución definitiva, lo cual constituye una amenzaza al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. La situación descrita configura una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analizara por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la parte recurrente.
VIII.Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como lo es la ejecución del plan remedial denominado proyecto de “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas” y la solución a la problemática planteada en este recurso. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Alejandro Guillén Guardia, en su condición de presidente ejecutivo y a Guillermo Zúñiga Esquivel, en su condición de director regional a.i., sede Región Brunca, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen dichos cargos: a) que en el plazo de 12 meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se ejecute el plan remedial indicado por la autoridad recurrida en su informe, denominado Proyecto de “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas”. Asimismo, deberán los accionados implementar el presupuesto necesario para la ejecución de la obra, con la finalidad que en el plazo dispuesto se brinde una solución a la problemática planteada en este recurso; b) adoptar medidas inmediatas para garantizar, por los medios alternativos necesarios, que las poblaciones afectadas puedan abastecerse de agua apta para el consumo humano, en el lapso en que se concluyen las mejoras indicadas.
Lo anterior bajo el apercibimiento que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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