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Res. 01831-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/01/2024
OutcomeResultado
The Chamber ordered INCOPESCA to provide the requested shrimp-fishing project information within five business days, withholding only sensitive or confidential data.La Sala ordenó a INCOPESCA entregar en cinco días hábiles la información solicitada sobre el proyecto de pesca de camarón, protegiendo únicamente los datos sensibles o confidenciales.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo against INCOPESCA for refusing to disclose information concerning a research project on responsible deep-water shrimp fishing in Costa Rica’s Pacific Ocean. It held that the methodology, databases, and supporting material for an interim report constitute information of public interest because the project affects the environment and ecological balance and was financed with public funds. The agency could not require the requester to explain the purpose of the request, withhold the data because they were “raw” or still undergoing scientific interpretation, or deny disclosure because the material might be used as evidence in separate litigation. Nor did INCOPESCA establish an intellectual-property right capable of justifying the restriction. The Chamber reiterated that access is the rule and confidentiality is a qualified exception that must be construed narrowly. It ordered the agency to provide the requested information within five business days while protecting any sensitive or confidential personal data under Law 8968.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo contra INCOPESCA por negar información relacionada con el proyecto de investigación sobre pesca responsable de camarón de profundidad en el Pacífico costarricense. Determinó que la metodología, las bases de datos y los insumos de un informe de avance son información de interés público, pues el proyecto tiene impacto ambiental, está vinculado con el equilibrio ecológico y fue financiado con fondos públicos. La Administración no podía exigir que el solicitante explicara su interés, reservar los datos por encontrarse “en bruto” o pendientes de interpretación científica, ni negar su entrega porque pudieran utilizarse como prueba en otro proceso judicial. Tampoco demostró que existiera un derecho de propiedad intelectual que justificara la restricción. La Sala reiteró que el acceso es la regla y la reserva una excepción calificada y restrictiva. Ordenó entregar la información en cinco días hábiles, salvaguardando únicamente los datos sensibles o confidenciales conforme a la Ley 8968.
Key excerptExtracto clave
It is true that, as regulated by Article 273 of the General Public Administration Law, when information forms part of an administrative proceeding (ad intra), certain documents—particularly draft decisions and opinions not yet issued—are subject to restricted access. However, when a matter is clearly of public interest (ad extra), confidentiality must be applied restrictively. Here, the information concerns a research project involving a matter of public interest, as explained above, which imposes on the Administration a duty to conduct the project transparently. In such circumstances, the public has a right to scrutinize the Administration’s activities. The Executive President explains that the research project has no final results. Nevertheless, the information request clearly refers to an interim research report. According to the request, that report is already available in the administrative record. Consequently, there is no reason to keep confidential the data and methodology on which it is based. On the other hand, [Name 01] argues that the appellant has initiated judicial proceedings before the Contentious-Administrative Court against the development of the aforementioned research project (Case 23-002732-1027-CA); therefore, any request for related information is made solely to “seek evidence or obtain an atypical and unfair advantage against the Costa Rican State for his private and ideological purposes and arguments submitted in judicial proceedings.” In this regard, it must be clarified that because the information is of public interest, access to it is not contingent upon judicial proceedings. Since the information must be public, the possibility that the requester may use it as evidence in litigation is not a valid justification. In any event, merely asserting that the requester will gain an unfair advantage is insufficient. The Administration must explain why that particular type of information could confer an improper privilege or provide an opportunity to harm the State unlawfully. The right to information is associated with other fundamental values, such as openness and transparency in the exercise of public functions, the right to scrutinize the proper management of public funds and, in this particular case, the right to a healthy and ecologically balanced environment, all of which are clearly matters of collective interest.Es cierto que, conforme lo regula el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, cuando se trata de información dentro de un procedimiento administrativo (ad intra) hay ciertas piezas, en particular proyectos de resolución y dictámenes aún no rendidos, que son de acceso reservado. Sin embargo, cuando se trata de una materia de claro interés público (ad extra), la reserva debe aplicarse de manera restrictiva. En este caso, la información se refiere a un proyecto de investigación sobre una materia, como se expuso, de interés público, lo que impone a la Administración el deber de realizar el proyecto de manera transparente. Existe, en tal supuesto, un derecho público de fiscalización de lo que la Administración realiza. El Presidente Ejecutivo explica que el proyecto de investigación no cuenta con resultados finales. Sin embargo, en la solicitud de información se hace clara referencia a un informe de avance de la investigación. Este informe, según se indica en la petición, ya está visible en el expediente administrativo. Por consiguiente, no hay razón para mantener reservados los datos y metodología que le sirven de insumo. Por otro lado, Nombre01 alega que el recurrente, ha establecido procesos en la vía judicial en contra del desarrollo del citado proceso de investigación, ante el Tribunal Contencioso Administrativo (Expediente 23-002732-1027-CA); por lo que toda información solicitada al respecto se hace con el único fin de “buscar pruebas u obtener una ventaja atípica y desleal en contra del Estado costarricense para sus fines particulares e ideológicos y alegatos presentados en sede jurisdiccional”. Al respecto se debe aclarar que, por tratarse de información de interés público, el acceso no está supeditado a un proceso judicial. En tanto la información debe ser pública, no resulta una justificación válida que el solicitante pueda utilizarla como prueba en un proceso judicial. En todo caso, no basta con aseverar que obtendrá una ventaja desleal. Es necesario que la Administración justifique por qué precisamente ese tipo de información podría suponer un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente al Estado. El derecho a la información está asociado a otros valores fundamentales como la publicidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública, el derecho a fiscalizar el manejo adecuado de los fondos públicos y, en este caso particular, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, todos de claro interés colectivo.
Pull quotesCitas destacadas
"En tutela del derecho consagrado en las normas citadas, esta Sala ha resuelto que la regla debe ser el acceso a la información y solamente en excepciones calificadas se justifica denegarla."
"In protecting the right recognized by the cited provisions, this Chamber has held that access to information must be the rule and that denial is justified only in qualified exceptional circumstances."
Considerando VI
"En tutela del derecho consagrado en las normas citadas, esta Sala ha resuelto que la regla debe ser el acceso a la información y solamente en excepciones calificadas se justifica denegarla."
Considerando VI
"El objeto del proyecto de investigación es una actividad que tiene impacto en el ambiente y el equilibrio ecológico, protegidos en el artículo 50 de la Constitución Política. En estas circunstancias, dado el interés público en general de conocer la información, no se puede supeditar el acceso a que el solicitante explique cuál es su interés en obtenerla."
"The research project concerns an activity that affects the environment and ecological balance, which are protected by Article 50 of the Constitution. Under these circumstances, given the general public interest in knowing the information, access cannot be conditioned on the requester explaining why they seek it."
Considerando VI
"El objeto del proyecto de investigación es una actividad que tiene impacto en el ambiente y el equilibrio ecológico, protegidos en el artículo 50 de la Constitución Política. En estas circunstancias, dado el interés público en general de conocer la información, no se puede supeditar el acceso a que el solicitante explique cuál es su interés en obtenerla."
Considerando VI
"Es improcedente establecer restricciones al derecho de acceso a información bajo el control de un ente público, amparándose a mecanismos como una alegada titularidad de un derecho de propiedad intelectual que, en todo caso, no se ha demostrado."
"It is improper to restrict the right of access to information controlled by a public entity by relying on mechanisms such as alleged ownership of an intellectual-property right that, in any event, has not been proven."
Considerando VII
"Es improcedente establecer restricciones al derecho de acceso a información bajo el control de un ente público, amparándose a mecanismos como una alegada titularidad de un derecho de propiedad intelectual que, en todo caso, no se ha demostrado."
Considerando VII
"Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Heiner Méndez Barrientos, Presidente Ejecutivo Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, o a quien ocupe ese cargo, que realice las gestiones necesarias para que, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se remita al recurrente la información solicitada en el oficio MV-IP-CR-60-2023, salvaguardando para tales efectos los datos sensibles o confidenciales, en caso de haberlos, de conformidad con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (ley número 8968)."
"The appeal is granted. Consequently, Heiner Méndez Barrientos, Executive President of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, or whoever holds that office, is ordered to take the necessary steps so that, within five business days of notice of this judgment, the information requested in letter MV-IP-CR-60-2023 is sent to the appellant, while safeguarding any sensitive or confidential data in accordance with the Law on the Protection of Persons regarding the Processing of Personal Data (Law No. 8968)."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Heiner Méndez Barrientos, Presidente Ejecutivo Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, o a quien ocupe ese cargo, que realice las gestiones necesarias para que, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se remita al recurrente la información solicitada en el oficio MV-IP-CR-60-2023, salvaguardando para tales efectos los datos sensibles o confidenciales, en caso de haberlos, de conformidad con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (ley número 8968)."
Por tanto
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Document Review SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine fifteen a.m. on veintiseis de enero de dos mil veinticuatro.
Appeal for constitutional protection (recurso de amparo) filed by [Nombre 001], identity card number [CED01], attorney-in-fact with full general powers (apoderado generalísimo) of [Nombre 002], legal entity identification number [CED02], against the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).
BACKGROUND:
“II—CURRENT RELEVANCE OF THE APPEAL The appeal filed by Mr. [Nombre 001], as regards its filing and effective applicability, must be DENIED, or alternatively DECLARED INADMISSIBLE, based on the following:
I—It is true that the petitioner sent his inquiry to the indicated email address, which was received, processed, and diligently addressed in the first instance by the institution I represent through official letter INCOPESCA-PE-1136-2023, sent by email to the petitioner’s address [...]. Pursuant to the provisions of Ley 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, sections 4 and 7, the petitioner was asked to duly inform the Executive Presidency of the PURPOSE of his petition.
II—By an email received at the email address ...01. on 11 de diciembre de 2023, official letter MV-lP-CR-63-2023 was received from the petitioner, in which he acknowledged receipt of official letter INCOPESCA-PE-1136-2023 sent by the institution I represent and merely reiterated the provisions of Article 3 of Ley 9097, without further explaining the PURPOSE underlying his petition.
Merits of the Request and Purpose of the Appeal 1—First, regarding the reason or purpose for submitting the petitioner’s request, the requested material consists of ‘raw’ information constituting preliminary data from the research project entitled ‘NEW ALTERNATIVES FOR RESPONSIBLE DEEP-WATER SHRIMP FISHING IN THE COSTA RICAN PACIFIC OCEAN, 2023- 2024.’ This information is still being consolidated and is therefore undergoing the corresponding scientific analysis and interpretation.
2—Likewise, because, as stated, this information remains under analysis and has not yet been processed by the institution I represent, it cannot be disclosed, since, as noted, it constitutes ‘raw’ study information. Moreover, it is evident that the petitioner has instituted judicial proceedings opposing the conduct of this research process before the Tribunal Contencioso Administrativo, Expediente 23-002732-1027-CA. Accordingly, any information requested in this regard is sought solely to uncover evidence or obtain an unusual and unfair advantage against the Costa Rican State for his particular and ideological purposes and for the arguments presented in judicial proceedings.
3—The institution I represent has no objection to or condition on providing any information related to the aforementioned research project, provided that the final results are available and that the information is not disclosed only partially, given the distortion or research bias that this could entail. Furthermore, the rights to and results of the process are the intellectual property of INCOPESCA, and granting the request could lead to the production of results using the resources invested by INCOPESCA, which would be disclosed before the results have been processed. In the case of this appeal, this is precisely what the institution I represent responsibly seeks to prevent in the interest of legal certainty (seguridad jurídica) and to safeguard the paramount interests of the State.”
Justice Cruz Castro authors the opinion; and,
Considering:
The petitioner alleged that, on 20 de octubre del 2023, [Nombre 002] sent the Executive Presidency of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura a request for information concerning the research project entitled “New Alternatives for Responsible Deep-Water Shrimp Fishing in the Costa Rican Pacific Ocean.” He alleges that, despite having followed up, he has not received the requested information.
II.Preliminary issue. In the order admitting this appeal for constitutional protection, the respondent authority was asked to indicate whether the email address to which the petitioner sent the request was designated as an official communication channel of its institution. Because it did not do so, the email address is deemed to be such a channel pursuant to Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
The following facts relevant to the decision in this matter are deemed duly proven:
Excel-format database containing the data used to generate the progress report, including the data associated with: o Trip form (technician, observer code, observer trip number, trip code, vessel name, registration, license, home port, net type, fishing-gear observations, port of departure, departure date, suspension date, reason for suspension, restart date, port arrival date, landing port, trip observations). o Trawl form (trip code, target catch, date, trawl number, trawl code, depth (minimum and maximum), area, fishing ground, start time, end time, speed, sea-surface temperature (temperatura superficial del mar, TSM), starting and ending coordinates, total accompanying fauna catch (fauna de acompañamiento, FACA) (kg), shrimp by species (kg), total shrimp (kg), discards (kg), commercial catch (kg)). o Catch form (trawl code, common name, scientific name, weight, number). o Biometric measurement form (trawl code, group, common name, scientific name, total length (longitud total, LT), carapace total length (longitud cefalotorácica total, LCT), standard length (longitud estándar, LE), body height (altura del cuerpo, AD), carapace width (ancho del caparazón, AC), mantle length (longitud del manto, LM), sex, maturity, offspring/eggs, observations). (...)” (submitted report and attached copy).
“Dear Sir:
It is my pleasure to greet you and to refer to official letter MV-IP-CR-60-2023, dated 19 de octubre de los presentes, through which you submitted a request for information concerning the research project ‘New Alternatives for Responsible Deep-Water Shrimp Fishing in the Costa Rican Pacific Ocean.’ In order to address your petitions, pursuant to Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley No 9097, Articles 4 and 7, please submit the purpose thereof to this Office.” (submitted report and attached copy).
The following fact relevant to deciding this proceeding is deemed unproven: Sole fact.- That the respondent authority had sent [Nombre 002] the requested information.
V.Specific case. Based on the reports submitted under oath and subject to the consequences, including criminal consequences, prescribed by Article 44 of the Law governing this Jurisdiction, as well as the documentation submitted, it is established that, indeed, on 20 de octubre de 2023, [Nombre 002] sent by email to the Executive Presidency of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura a request for information concerning the research project entitled “New Alternatives for Responsible Deep-Water Shrimp Fishing in the Costa Rican Pacific Ocean.” Moreover, it is abundantly clear that Nombre01 did not agree to provide the requested information.
Initially, on 8 de diciembre del 2023, the respondent authority sent the petitioner official letter number INCOPESCA-PE-1136-2023, which stated as follows:
Dear Sir:
It is my pleasure to greet you and to refer to official letter MV-lP-CR-60-2023, dated 19 de octubre de los presentes, through which you submitted a request for information concerning the research project ‘New Alternatives for Responsible Deep-Water Shrimp Fishing in the Costa Rican Pacific Ocean.’ In order to address your petitions, pursuant to Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley No 9097, Articles 4 and 7, please submit the purpose thereof to this Office.” It justified its decision not to provide the information on the ground that the requester had not clarified the purpose of his petition.
Subsequently, when submitting his report to this Chamber, the Executive President added to the foregoing justification that the requested information was “raw”; that is, it consisted of preliminary data from the identified project. He emphasized that the information was still being consolidated and therefore remained subject to the corresponding scientific analysis and interpretation. He further added that the petitioner had instituted judicial proceedings opposing the conduct of the cited research process before the Tribunal Contencioso Administrativo (Expediente 23-002732-1027-CA); therefore, any information requested in that regard was sought solely to “uncover evidence or obtain an unusual and unfair advantage against the Costa Rican State for his particular and ideological purposes and for the arguments presented in judicial proceedings.” He also stated that the rights to and results of the process are the intellectual property of INCOPESCA.
Finally, he confirmed his willingness to provide the information related to the research project once the final results are available.
VI.With regard to the violation of the right of petition (derecho de petición), it must be noted that Article 27 of the Political Constitution enshrines the public subjective right (derecho subjetivo público) of every person, whether natural or legal, to approach any public body or entity to petition concerning a matter of interest to that person, which the Administration must answer promptly, reasonably, consistently, effectively, and within a short period. The right of petition may be exercised both individually and collectively and, moreover, does not require a legitimate or subjective interest (interés legítimo o subjetivo), since it derives from the State’s own obligations toward persons subject to the Administration (administrados). In this regard, the case law (jurisprudencia) of this Constitutional Chamber has clearly established that, when a person subject to the Administration submits a request for information to a public agency, that agency must at all times comply with the time limits established for responding, in accordance with Article 27 of the Political Constitution, read in conjunction with Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional). Furthermore, Article 30 of the Political Constitution provides as follows:
“ARTICLE 30.- Free access to administrative departments is guaranteed for the purpose of obtaining information on matters of public interest.
State secrets are excepted.” In protecting the right enshrined in the cited provisions, this Chamber has held that access to information must be the rule and that denying it is justified only in narrowly defined exceptional circumstances.
In this specific case, Nombre01 justifies the denial (as stated above) on several grounds.
First, it states that the appellant (recurrente) did not clarify the purpose of the request. In this regard, it must be observed that the information requested is of public interest. The purpose of the research project is an activity that affects the environment and ecological balance, which are protected under Article 50 of the Political Constitution. Under these circumstances, given the general public interest in knowing the information, access cannot be made conditional on the requester explaining his interest in obtaining it.
Second, the President of Nombre01 alleges that the information is “raw”; that is, it consists of preliminary data from the research project concerning which information is requested. He explains that the information “is undergoing consolidation and therefore is still in the process of the corresponding scientific analyses required for its interpretation.” Regarding this argument, reference must be made to the following distinction, which this Chamber has repeatedly drawn for several years, including in judgment number 2003-02120 at 13:30 on 14 de marzo del 2023:
“TYPOLOGY OF THE RIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION. A clear distinction may be drawn between the right of access to administrative information (a) ad extra—outside—and (b) ad intra—within—an administrative proceeding (procedimiento administrativo). The former is granted to any person or interested person subject to the Administration seeking access to specific administrative information—uti universi—and the latter only to interested parties in a concrete and specific administrative proceeding—uti singuli. This right is regulated by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), in Chapter Six, entitled ‘Access to the case file and its component documents,’ Title Three of Book Two, Articles 272 to 274. Article 30 of the Constitution.” It is true that, as regulated by Article 273 of the General Law of Public Administration, when information forms part of an administrative proceeding (ad intra), certain documents, particularly draft decisions and opinions not yet issued, are subject to restricted access (acceso reservado).
However, when the subject is clearly a matter of public interest (ad extra), confidentiality (reserva) must be applied restrictively. In this case, the information concerns a research project on a subject that, as explained, is of public interest, which imposes upon the Administration the duty to conduct the project transparently. In such circumstances, the public has a right to oversee the Administration’s activities. The Executive President explains that the research project does not yet have final results. However, the information request clearly refers to a research progress report. According to the petition, this report is already visible in the administrative case file (expediente administrativo). Consequently, there is no reason to keep confidential the data and methodology used as its inputs.
Furthermore, Nombre01 alleges that the appellant has instituted judicial proceedings against the development of the aforementioned research process before the Tribunal Contencioso Administrativo (Expediente 23-002732-1027-CA); therefore, any information requested in this regard is sought solely for the purpose of “finding evidence or obtaining an atypical and unfair advantage against the Costa Rican State in furtherance of his private and ideological aims and the arguments submitted in judicial proceedings.” In this regard, it must be clarified that, because the information is of public interest, access is not contingent upon judicial proceedings. Insofar as the information must be public, the possibility that the requester may use it as evidence in judicial proceedings is not a valid justification. In any event, merely asserting that he will obtain an unfair advantage is insufficient. The Administration must explain why that specific type of information could confer an improper privilege or provide an opportunity to cause unlawful harm to the State.
VII.Finally, the Executive President states that the rights and the outcome of the process are the intellectual property (propiedad intelectual) of INCOPESCA. In this regard, it must first be noted that the President does not state that any filing or registration actually exists. It must also be noted that the information requested by the appellant is of clear and unequivocal public interest and is the product of a project financed with public funds. This case does not concern the protection of third-party intellectual property rights. It is improper to restrict the right of access to information controlled by a public entity by invoking mechanisms such as alleged ownership of an intellectual property right that, in any event, has not been demonstrated.
The right to information (derecho a la información) is associated with other fundamental values, such as openness and transparency in the performance of public functions, the right to oversee the proper management of public funds, and, in this particular case, the right to a healthy and ecologically balanced environment, all of which are plainly matters of collective interest.
In short, for the reasons stated, the appeal must be granted.
I must note that, since judgment no. 2019-2355 at 9:30 on 12 de febrero de 2019, my position regarding amparo appeals (recursos de amparo) filed on behalf of a legal person has been as follows:
“…in Advisory Opinion 22-16 of 26 de febrero de 2016, the Inter-American Court of Human Rights stated that, although some States recognize a right of petition for legal persons subject to special conditions, such as trade unions, political parties, or representatives of Indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact remains that ‘Article 1.2 of the American Convention enshrines rights only in favor of natural persons; consequently, legal persons are not holders of the rights enshrined in that treaty.’ Furthermore, in the same advisory opinion, the Inter-American Court held that, in certain specific contexts, natural persons may exercise their rights through legal persons (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Nombre02 et al. v. Venezuela); however, for this to be entitled to protection within the inter-American system, ‘the exercise of the right through a legal person must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal person through which the violation occurred, since a mere connection between the two persons is insufficient to conclude that the rights of natural persons, rather than those of legal persons, are in fact being protected.
Indeed, more than the natural person’s mere participation in the activities of the legal person must be proven, such that such participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.’ (emphasis added) (OC. 22/16).” Now, although the appeal at issue was filed on behalf of a legal person, it is no less true that, in the case under consideration (sub iudice), the complaint concerns the failure to respond to a submission made in connection with the research project entitled “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense.” In light of the foregoing, it should be noted that this Court has recognized vicarious standing (legitimación vicaria) in environmental matters, as reflected in judgment no. 2018-018870 at 9:40 on 13 de noviembre de 2018: “(…) in environmental matters, such as those at issue in this appeal, the Chamber has indeed accepted vicarious standing, in accordance with Article 105 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), which recognizes a citizen action (acción popular) by stating: ‘Every person has standing in administrative or judicial proceedings to defend and protect biodiversity’ (see judgments No. 2018-1185 and 2018-1794).
Consequently, the submission is admitted and the merits of the claim shall be examined.” In view of the foregoing, because this case involves vicarious standing, I consider it appropriate to hear the appeal filed on behalf of the protected legal person.
The appellant is hereby advised that, if any paper document was submitted, as well as any objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device or produced using new technologies, such materials must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session number 27-11 of 22 de agosto del 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 de enero del 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session number 43-12 held on 3 de mayo del 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The application is granted. Consequently, Heiner Méndez Barrientos, Executive President of Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, or whoever holds that office, is ordered to take the necessary steps so that, within five business days counted from notification of this judgment, the information requested in official letter (oficio) MV-IP-CR-60-2023 is provided to the petitioner, safeguarding for such purposes any sensitive or confidential data, if applicable, in accordance with the Law on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Their Personal Data (Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales) (ley número 8968). It is hereby noted that, pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), anyone who receives an order issued in an amparo proceeding (recurso de amparo) that must be complied with or enforced and fails to comply with or enforce it shall be punished by imprisonment for three months to two years, or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the acts underlying this ruling, which shall be quantified in judgment-enforcement proceedings (ejecución de sentencia) before the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción de lo contencioso administrativo). Justice Rueda Leal files a separate note.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
CASE FILE N° 23-028591-0007-CO Telephone numbers: Telf01/ ALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf02 / Telf03. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church). Filing office for matters involving vulnerable groups: Dirección03, San José, Distrito Catedral, Dirección04, streets 19 and 21, Dirección05
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiseis de enero de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad número [CED01], apoderado generalísimo de la [Nombre 002], cédula jurídica número [CED02], contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).
RESULTANDO:
“II-DE LA PERTINENCIA ACTUAL DEL RECURSO De la interposición y efectiva operatividad del recurso presentado por el señor [Nombre 001] debe ser declarado SIN LUGAR, o en su defecto INADMISIBLE, lo cual fundamentamos en lo siguiente:
I-Resulta correcto que el recurrente remitiera su consulta vía correo electrónico indicado, el cual fue recibido, procesado y atendido diligentemente por mi representada en primera instancia mediante oficio INCOPESCA-PE-1136-2023 remitido vía correo electrónico a la dirección de recurrente [...], por medio del cual atendiendo a lo preceptuado en la Ley 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, numerales 4 y 7, se le solicitó al recurrente manifestara debidamente a la Presidencia Ejecutiva el OBJETO de su petición.
II-Que mediante correo recibido la dirección electrónica; ...01. en fecha 11 de diciembre de 2023, se recibe por parte del recurrente oficio MV-lP-CR-63-2023, mediante el cual acusa recibo del oficio INCOPESCA-PE-1136-2023 enviado por mi representada, limitándose a reiterar los preceptos del artículo 3 de la Ley 9097; sin ahondar en el OBJETO de motivación de su petición.
Del fondo de lo solicitado y el objeto del recurso 1-En primer término en relación con el motivo u objeto de la interposición de la solicitud del recurrente, tenemos que la misma obedece a información que se encuentra en "bruto", constituyendo datos preliminares del Proyecto de Investigación del Estudio denominado "NUEVAS ALTERNATIVAS PARA LA PESCA RESPONSABLE DE CAMARÓN DE PROFUNDIDAD EN EL OCÉANO PACÍFICO COSTARRICENSE, 2023- 2024", resulta información que se encuentra en proceso de consolidación y por tanto aún en medio de los análisis de su interpretación científica correspondiente.
2-De la misma manera, siendo como se ha indicado, información en proceso de análisis, sin procesar por parte de mi representada, no es factible compartir la misma, dado que como se ha reseñado constituye información del estudio en "bruto"; además que resulta evidente que el recurrente ha establecido procesos en la vía judicial en contra del desarrollo de este proceso de investigación, ante el Tribunal Contencioso Administrativo Expediente 23-002732-1027-CA; por lo que cualquier información solicitada al respecto, se hace con el único fin de buscar pruebas u obtener una ventaja atípica y desleal en contra del Estado costarricense para sus fines particulares e ideológicos y alegatos presentados en sede jurisdiccional.
3-Por parte de mi representada, no existe problema, ni condicionamiento alguno para hacer entrega de cualquier información relacionada con el Proyecto de Investigación supra indicado, en el tanto y cuanto se cuente con los resultados finales de la misma y no de manera parcial, por la desviación o sesgo investigativo que ello pudiera significar y acarrear, amén de que los derechos y resultado del proceso son propiedad intelectual del INCOPESCA, y acceder a lo peticionado generaría posibles procesos de resultados utilizando los recursos invertidos por el INCOPESCA, los cuales saldrían a la luz antes que los resultados se procesen; y en el caso de la presente acción recursiva, es precisamente lo que responsablemente mi representada pretende evitar por seguridad jurídica y en resguardo a los intereses superiores del Estado”.
Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,
Considerando:
El recurrente alegó que, el 20 de octubre del 2023, [Nombre 002] remitió a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura una solicitud de información relativa al proyecto de investigación denominado “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense”. Alega que, pese a haber insistido, no ha recibido la información solicitada.
II.Cuestión preliminar. En la resolución que da curso a este amparo se le solicitó a la autoridad recurrida indicar si el correo electrónico al cual la parte recurrente remitió la gestión, está previsto como mecanismo oficial de comunicación de su institución. Dado que no lo hizo, se considera que sí lo es, en virtud del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Documento con descripción de la metodología con la cual se estimó el porcentaje total de camarón por lance a partir del pesado de camarones con cola (sin cabeza), en función de la cual se habrían basado las conclusiones del informe de avance de la investigación (visible a folios 935~949 del expediente administrativo) 3. Base de datos en formato Excel de los datos utilizados para generar el informe de avance, que incluya los datos asociados a: o Formato de viaje (técnico, clave observador # de viaje de observador clave de viaje, nombre de embarcación, matrícula, licencia, puerto base, tipo de red, observaciones de artes de pesca, puerto de salida, fecha de salida, fecha de suspensión, motivo de suspensión, fecha de reinicio, fecha de llegada a puerto, puerto de desembarque, observaciones de viaje). o Formato de lance (clave de viaje, pesca objetivo, fecha, # de lance, clave de lance, profundidad (mínima y máxima), zona, caladero, hora inicial, hora final, velocidad, TSM, coordenadas iniciales y finales, FACA total (kg), camarón por especie (kg), camarón total (kg), descarte (kg), comercial (kg)). o Formato de capturas (clave de lance, Nombre común, nombre científico, peso, número). o Formato de biometrías (Clave de lance, Grupo, Nombre común, nombre científico, LT, LCT, LE, AD, AC, LM, Sexo, Madurez, Crías/huevos, observaciones. (...)” (informe rendido y copia aportada).
“Estimado señor:
Con el agrado de saludarle, me permito hacer referencia al oficio MV-IP-CR-60-2023, con fecha del 19 de octubre de los presentes, mediante el cual remite solicitud de información del proyecto de investigación "Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundad en el Océano Pacífico costarricense".
En aras de atender sus solicitudes de petición, me permito de conformidad con la Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley No 9097, artículo 4 y 7, se remita a este Despacho el objeto de las mismas.” (informe rendido y copia aportada).
De importancia para resolver este proceso, se tiene por no demostrado el siguiente: Único.- Que la autoridad recurrida hubiera remitido a [Nombre 002] la información solicitada.
V.Caso concreto. De conformidad con los informes bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción, se comprueba que, en efecto, y la documentación aportada, se comprueba que, en efecto, el 20 de octubre de 2023, [Nombre 002] remitió vía correo electrónico dirigido a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura una gestión en la que solicita información, relativa al proyecto de investigación denominado “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense”. Por otra parte, es muy claro que Nombre01 no accedió a brindar la información solicitada.
En un primer momento, el 8 de diciembre del 2023, la autoridad recurrida remitió al recurrente el oficio número INCOPESCA-PE-1136-2023, en el que le indicó lo siguiente:
Estimado señor:
Con el agrado de saludarle, me permito hacer referencia al oficio MV-lP-CR-60-2023, con fecha del 19 de octubre de los presentes, mediante el cual remite solicitud de información del proyecto de investigación "Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundad en el Océano Pacífico costarricense".
En aras de atender sus solicitudes de petición, me permito de conformidad con la Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley No 9097, artículo 4 y 7, se remita a este Despacho el objeto de las mismas”.
Justificó su decisión de no dar la información en que el solicitante no aclaró el objeto de su petición.
En un segundo momento, al rendir el informe ante esta Sala, el Presidente Ejecutivo agrega a la anterior justificación, que la información solicitada se encuentra “en bruto”; es decir se trata de datos preliminares del proyecto indicado. Subraya que se trata de información que se encuentra en proceso de consolidación y, por tanto, aún está en medio de los análisis de su interpretación científica correspondiente. A lo anterior agrega, por otro lado, que el recurrente ha establecido procesos en la vía judicial en contra del desarrollo del citado proceso de investigación, ante el Tribunal Contencioso Administrativo (Expediente 23-002732-1027-CA); por lo que toda información solicitada al respecto se hace con el único fin de “buscar pruebas u obtener una ventaja atípica y desleal en contra del Estado costarricense para sus fines particulares e ideológicos y alegatos presentados en sede jurisdiccional”.
También menciona que los derechos y resultado del proceso son propiedad intelectual del INCOPESCA.
Finalmente, confirma la anuencia en entregar la información relacionada con el proyecto de investigación, en el tanto y cuanto se cuente con los resultados finales.
VI.En lo que atañe a la violación del derecho petición, debe indicarse que el artículo 27 de la Constitución Política consagra el derecho subjetivo público que tiene toda persona, tanto física como jurídica, de acudir a cualquier órgano o entidad pública a peticionar sobre un asunto de su interés, el cual deberá ser contestado por la Administración en forma oportuna, razonable, congruente, eficaz y en un plazo breve. El ejercicio del derecho de petición puede ser tanto individual como colectivo y, además, no requiere de intereses legítimos o subjetivos, dado que el mismo se deriva de las obligaciones propias que tiene el Estado frente al administrado. Dentro de este orden de ideas, la jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha establecido con claridad que, mediando una solicitud de información por parte de un administrado ante una dependencia pública, ésta debe respetar en todo momento los plazos establecidos para dar contestación, todo de conformidad con el numeral 27 de la Constitución Política, en relación con el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por otro lado, el artículo 30 de la Constitución Política dispone lo siguiente:
«ARTÍCULO 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público.
Quedan a salvo los secretos de Estado».
En tutela del derecho consagrado en las normas citadas, esta Sala ha resuelto que la regla debe ser el acceso a la información y solamente en excepciones calificadas se justifica denegarla.
En este caso concreto, Nombre01 justifica (como se expuso) la denegatoria en varias razones.
En primer término, indica que el recurrente no aclaró cuál es el objeto de la solicitud. Al respecto, se debe observar que la información solicitada es de interés público. El objeto del proyecto de investigación es una actividad que tiene impacto en el ambiente y el equilibrio ecológico, protegidos en el artículo 50 de la Constitución Política. En estas circunstancias, dado el interés público en general de conocer la información, no se puede supeditar el acceso a que el solicitante explique cuál es su interés en obtenerla.
En segundo término, el Presidente de Nombre01 alega que se trata de información “en bruto”; es decir se trata de datos preliminares del proyecto de investigación sobre el que se solicita información. Explica que la información “se encuentra en proceso de consolidación y por tanto aún en medio de los análisis de su interpretación científica correspondiente”.
Sobre este argumento, se debe traer a colación la siguiente distinción que, desde hacer varios años y de manera reiterada ha establecido esta Sala, entre otras, en sentencia número 2003-02120 de las 13:30 horas del 14 de marzo del 2023:
“TIPOLOGIA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. Se puede distinguir con claridad meridiana entre el derecho de acceso a la información administrativa (a) ad extra –fuera- y (b) ad intra –dentro- de un procedimiento administrativo. El primero se otorga a cualquier persona o administrado interesado en acceder una información administrativa determinada –uti universi- y el segundo, únicamente, a las partes interesadas en un procedimiento administrativo concreto y específico –uti singuli-. Este derecho se encuentra normado en la Ley General de la Administración Pública en su Capítulo Sexto intitulado "Del acceso al expediente y sus piezas", Título Tercero del Libro Segundo en los artículos 272 a 274. El numeral 30 de la Constitución”.
Es cierto que, conforme lo regula el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, cuando se trata de información dentro de un procedimiento administrativo (ad intra) hay ciertas piezas, en particular proyectos de resolución y dictámenes aún no rendidos, que son de acceso reservado. Sin embargo, cuando se trata de una materia de claro interés público (ad extra), la reserva debe aplicarse de manera restrictiva. En este caso, la información se refiere a un proyecto de investigación sobre una materia, como se expuso, de interés público, lo que impone a la Administración el deber de realizar el proyecto de manera transparente. Existe, en tal supuesto, un derecho público de fiscalización de lo que la Administración realiza. El Presidente Ejecutivo explica que el proyecto de investigación no cuenta con resultados finales. Sin embargo, en la solicitud de información se hace clara referencia a un informe de avance de la investigación. Este informe, según se indica en la petición, ya está visible en el expediente administrativo. Por consiguiente, no hay razón para mantener reservados los datos y metodología que le sirven de insumo.
Por otro lado, Nombre01 alega que el recurrente, ha establecido procesos en la vía judicial en contra del desarrollo del citado proceso de investigación, ante el Tribunal Contencioso Administrativo (Expediente 23-002732-1027-CA); por lo que toda información solicitada al respecto se hace con el único fin de “buscar pruebas u obtener una ventaja atípica y desleal en contra del Estado costarricense para sus fines particulares e ideológicos y alegatos presentados en sede jurisdiccional”. Al respecto se debe aclarar que, por tratarse de información de interés público, el acceso no está supeditado a un proceso judicial. En tanto la información debe ser pública, no resulta una justificación válida que el solicitante pueda utilizarla como prueba en un proceso judicial. En todo caso, no basta con aseverar que obtendrá una ventaja desleal. Es necesario que la Administración justifique por qué precisamente ese tipo de información podría suponer un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente al Estado.
VII.Finalmente, el Presidente Ejecutivo menciona que los derechos y el resultado del proceso son propiedad intelectual del INCOPESCA. Al respecto, se debe advertir, primeramente, que el Presidente no indica que, en efecto, exista alguna inscripción o registro. Por otro lado, también se debe advertir que la información solicitada por el recurrente reviste un claro e inequívoco interés público y es producto de un proyecto financiado con fondos públicos. No se trata aquí de la protección de derechos de propiedad intelectual de terceros. Es improcedente establecer restricciones al derecho de acceso a información bajo el control de un ente público, amparándose a mecanismos como una alegada titularidad de un derecho de propiedad intelectual que, en todo caso, no se ha demostrado.
El derecho a la información está asociado a otros valores fundamentales como la publicidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública, el derecho a fiscalizar el manejo adecuado de los fondos públicos y, en este caso particular, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, todos de claro interés colectivo.
En suma, de conformidad con las razones expuestas el recurso debe declararse con lugar.
Debo advertir que desde la sentencia nro. 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:
“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre02 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas.
En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.
Ahora, si bien el recurso de marras está planteado a favor de una persona jurídica, no menos cierto es que en el sub iudice se acusa la falta de atención a una gestión planteada en relación con el proyecto de investigación denominado “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense”. Visto lo anterior, conviene señalar que este Tribunal ha validado la legitimación vicaria en materia ambiental, tal como se aprecia en la sentencia n.° 2018-018870 de las 9:40 horas del 13 de noviembre de 2018: “(…) tratándose de materia ambiental, como la que es objeto en este recurso, la Sala sí ha aceptado la legitimación vicaria, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 105 de la Ley de Biodiversidad, que reconoce una acción popular al señalar: “Toda persona está legitimada en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad” (ver sentencias No. 2018-1185 y 2018-1794). Por consiguiente, se admite la gestión y se procede a conocer por el fondo lo reclamado”. En mérito de lo anterior, dado que se está frente a un supuesto de legitimación vicaria, considero pertinente conocer el recurso planteado a favor de la persona jurídica amparada.
Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Heiner Méndez Barrientos, Presidente Ejecutivo Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, o a quien ocupe ese cargo, que realice las gestiones necesarias para que, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se remita al recurrente la información solicitada en el oficio MV-IP-CR-60-2023, salvaguardando para tales efectos los datos sensibles o confidenciales, en caso de haberlos, de conformidad con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (ley número 8968). Se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Rueda Leal consigna nota.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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