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Res. 32275-2023 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/12/2023
OutcomeResultado
The amparo was granted, ordering the Governing Health Area to evaluate the pollution, issue sanitary orders within one month, and coordinate with AyA within fifteen days to follow up on the sanitation project.Se declaró con lugar el recurso y se ordenó al Área Rectora de Salud evaluar la contaminación, emitir órdenes sanitarias en un mes y coordinar con el AyA en quince díaspara dar seguimiento al proyecto de saneamiento.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by the president of a community association in Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste, against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) and the Governing Health Area of Santa Cruz. The claimant argued that since 2018, repeated efforts had been made to resolve the lack of a sanitary sewer system in the community, resulting in continuous blackwater contamination that harms public health and the environment. Although some steps had been taken—inclusion of the project in the 2016-2045 Investment Plan, an international public tender, and completion of feasibility studies and final designs in 2022—the Chamber found that no definitive solution had been provided, and the authorities had known of the problem at least since 2018 without exercising effective oversight. It also noted a prior ruling (2020-015129) and a 2020 sanitary order that had not been complied with. The Court granted the amparo, holding that the fundamental rights to health and a healthy and ecologically balanced environment had been violated. It ordered the Governing Health Area to evaluate the contamination and issue sanitary orders within one month, and to establish coordination mechanisms with AyA within fifteen days to follow up on the sanitation project. Justice Salazar Alvarado issued a separate note reiterating his view that environmental matters with prior administrative intervention should ordinarily be handled by the contentious-administrative jurisdiction, but he joins the decision on the merits when other fundamental rights such as health and quality of life are at stake.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por el presidente de una asociación de Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Área Rectora de Salud de Santa Cruz. El recurrente alegó que desde 2018 se ha intentado coordinar con las autoridades para resolver la falta de alcantarillado sanitario en la comunidad, lo que genera contaminación por aguas negras que afecta la salud y el ambiente. Aunque se habían impulsado algunas acciones (inclusión del proyecto en el Plan de Inversiones 2016-2045, licitación internacional y culminación de estudios de factibilidad y diseños finales en 2022), la Sala constató que no se había brindado una solución definitiva y que las autoridades conocían del problema al menos desde 2018 sin ejercer una fiscalización efectiva. También se refirió a una sentencia previa (2020-015129) y a una orden sanitaria de 2020 que no habían sido cumplidas. El Tribunal declaró con lugar el recurso por vulneración de los derechos a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y ordenó al Área Rectora de Salud realizar una evaluación de la contaminación y emitir órdenes sanitarias en el plazo de un mes, así como establecer instancias de coordinación con el AyA en quince días para dar seguimiento al proyecto de saneamiento. El magistrado Salazar Alvarado consignó una nota separada en la que reitera su criterio de que, en asuntos ambientales con intervención administrativa previa, el conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, pero concurre en el fondo cuando están en juego otros derechos fundamentales como la salud y la calidad de vida.
Key excerptExtracto clave
Based on the foregoing, this Court finds that the respondent authorities have violated the fundamental rights to health and to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, since, although some measures have been taken with respect to the issue at hand, it is clear that they have not been sufficient to provide a definitive solution and thereby eradicate the pollution in question. Consequently, it is appropriate to grant the amparo, with the consequences set forth below. The amparo is granted. Warren Chavarría Venegas, in his capacity as Director of the Governing Health Area of Santa Cruz, Guanacaste, or whoever holds that position, is ordered to, within a maximum period of ONE MONTH from notification of this ruling, evaluate the situation regarding the pollution problems evidenced since 2018, issue the corresponding sanitary orders, and follow up on their fulfillment. Likewise, Alejandro Guillén Guardia and Eliecer Edgardo Robles Vargas, in their capacities as Executive President and Director of the Chorotega Region, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as well as Warren Chavarría Venegas, in his capacity as Director of the Governing Health Area of Santa Cruz, Guanacaste, or whoever holds those positions, are ordered to, within a maximum period of FIFTEEN DAYS from notification of this ruling, establish the necessary coordination bodies to follow up on the plan designed by AyA for the construction of a sanitation system for the community of Tamarindo; the Ministry of Health may issue the necessary instructions to AyA within its competence and follow up on the order, and AyA shall comply within the parameters established by the Ministry of Health.Bajo tal orden de consideraciones, este Tribunal estima que las autoridades recurridas han vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues, en este proceso, si bien se acreditó que se han tomado algunas medidas respecto a la problemática denunciada, lo cierto es que éstas no han sido suficientes para brindar una solución definitiva y, en ese sentido, erradicar la contaminación en cuestión. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Warren Chavarría Venegas, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, o a quien en su lugar ocupe tal cargo, que dentro del plazo máximo de UN MES –contado a partir de la notificación de esta sentencia–, se realice la evaluación de la situación en torno a los problemas de contaminación evidenciados desde el 2018, por lo que deberá emitir las órdenes sanitarias a quienes corresponda y se brinde seguimiento hasta su debido cumplimiento. Asimismo, se ordena a Alejandro Guillén Guardia y Eliecer Edgardo Robles Vargas, por su orden presidente ejecutivo y director de la región Chorotega, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como a Warren Chavarría Venegas, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que dentro del plazo máximo de QUINCE DÍAS –contado a partir de la notificación de esta sentencia–, se establezcan las instancias de coordinación necesarias para dar seguimiento al plan diseñado por el ICAA, Proyecto de construcción de sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo, para lo cual el Ministerio de Salud podrá girar las indicaciones necesarias al ICAA que se encuentren dentro de su ámbito de competencia, darle seguimiento a lo ordenado, y el ICAA deberá cumplir dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud al efecto.
Pull quotesCitas destacadas
"Las autoridades del instituto recurrido no informaron de actos concretos que se estén llevando en la actualidad con el fin de cumplir con lo que se encuentran pendiente. Asimismo, ha transcurrido un plazo desproporcionado para brindar una solución a la comunidad de Tamarindo."
"The officials of the respondent institute did not report any concrete actions currently being taken to fulfill the pending obligations. Moreover, an unreasonable amount of time has elapsed without providing a solution to the community of Tamarindo."
Considerando VI
"Las autoridades del instituto recurrido no informaron de actos concretos que se estén llevando en la actualidad con el fin de cumplir con lo que se encuentran pendiente. Asimismo, ha transcurrido un plazo desproporcionado para brindar una solución a la comunidad de Tamarindo."
Considerando VI
"No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
"Nevertheless, I do address the merits when other rights of those affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitution)."
Nota del magistrado Salazar Alvarado
"No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
Nota del magistrado Salazar Alvarado
"Las aguas negras provenientes de la comunidad de Tamarindo no tienen un tratamiento adecuado y no existe un alcantarillado sanitario. Evidentemente, hace que las referidas aguas -al no ser reconducidas a un sistema sanitario de recolección adecuado-, se desborden y produzcan la contaminación que aduce el recurrente."
"The blackwater from the community of Tamarindo does not receive adequate treatment, and there is no sanitary sewer. Obviously, this causes the water to overflow and produce the pollution alleged by the claimant, since it is not channeled into an adequate collection system."
Considerando VI
"Las aguas negras provenientes de la comunidad de Tamarindo no tienen un tratamiento adecuado y no existe un alcantarillado sanitario. Evidentemente, hace que las referidas aguas -al no ser reconducidas a un sistema sanitario de recolección adecuado-, se desborden y produzcan la contaminación que aduce el recurrente."
Considerando VI
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Sala Constitucional Date of Resolution: December 15, 2023 at 09:20 Type of matter: Recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with separate note Relevance Indicators Relevant judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Topic: SERVICIOS PÚBLICOS Subtopics:
ALCANTARILLADO.
032275-23. ALLEGES THAT THERE IS A SERIOUS PROBLEM WITH THE SANITARY SEWER SYSTEM IN Dirección2130 DUE TO THE GROWTH OF TOURISM, HOWEVER, THE AUTHORITIES DO NOTHING ABOUT IT. THE APPEAL IS GRANTED AND IT IS ORDERED THAT WITHIN ONE MONTH AN EVALUATION OF THE SITUATION REGARDING THE CONTAMINATION PROBLEMS EVIDENCED SINCE 2018 BE CARRIED OUT, FOR WHICH THEY MUST ISSUE SANITARY ORDERS TO THOSE RESPONSIBLE AND FOLLOW UP UNTIL THEIR DUE COMPLIANCE. A 15-DAY PERIOD IS ALSO GRANTED TO ESTABLISH THE NECESSARY COORDINATION INSTANCES TO FOLLOW UP ON THE PLAN DESIGNED BY THE ICAA, THE SANITATION SYSTEM CONSTRUCTION PROJECT FOR THE COMMUNITY OF TAMARINDO, FOR WHICH THE MINISTRY OF HEALTH MAY ISSUE THE NECESSARY INSTRUCTIONS TO THE ICAA TO FOLLOW UP ON WHAT IS ORDERED AND THE ICAA MUST COMPLY. RGS12/2023 "(…)the authorities of the respondent institute did not report on specific actions currently being carried out in order to comply with what is pending. Likewise, a disproportionate period has elapsed to provide a solution to the community of Tamarindo.
In consequence, the truth is that, it is fully accredited that, to date, such actions have not been sufficient. This is because the black water (aguas negras) coming from the community of Tamarindo does not have adequate treatment and there is no sanitary sewer system (alcantarillado sanitario). Evidently, this causes the referred waters –by not being redirected to an adequate sanitary collection system–, to overflow and produce the contamination (contaminación) alleged by the petitioner, which, even, in the reports by the respondent authorities is not ruled out. Likewise, the authorities of the Área Rectora de Salud de Santa Cruz must take into consideration that, by virtue of the matter under study, they are obliged to be attentive –through the respective inspection and surveillance tasks–, to the strict and permanent compliance with the measures by the residents of Tamarindo so that the black water (aguas negras) receives adequate treatment. The foregoing, considering that, since 2018 –as was accredited in the record (autos)–, they are aware of the problem under study, as well as the constant complaints from various residents to certain establishments in Tamarindo, and they have legal mechanisms to enforce the measures in this regard. Under such order of considerations, this Court deems that the respondent authorities have violated the fundamental rights to health and to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, because, in this proceeding, although it was accredited that some measures have been taken regarding the denounced problem, the truth is that these have not been sufficient to provide a definitive solution and, in that sense, eradicate the contamination (contaminación) in question. By virtue of the foregoing, it is imperative to grant the appeal filed, with the consequences that will be detailed in the operative part of this judgment.(…)" ... See more Related Judgments Content of Interest:
Type of content: Separate note Branch of Law: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Topic: SERVICIOS PÚBLICOS Subtopics:
ALCANTARILLADO.
032275-23. ALLEGES THAT THERE IS A SERIOUS PROBLEM WITH THE SANITARY SEWER SYSTEM IN Dirección2130 DUE TO THE GROWTH OF TOURISM, HOWEVER, THE AUTHORITIES DO NOTHING ABOUT IT. THE APPEAL IS GRANTED AND IT IS ORDERED THAT WITHIN ONE MONTH AN EVALUATION OF THE SITUATION REGARDING THE CONTAMINATION PROBLEMS EVIDENCED SINCE 2018 BE CARRIED OUT, FOR WHICH THEY MUST ISSUE SANITARY ORDERS TO THOSE RESPONSIBLE AND FOLLOW UP UNTIL THEIR DUE COMPLIANCE. A 15-DAY PERIOD IS ALSO GRANTED TO ESTABLISH THE NECESSARY COORDINATION INSTANCES TO FOLLOW UP ON THE PLAN DESIGNED BY THE ICAA, THE SANITATION SYSTEM CONSTRUCTION PROJECT FOR THE COMMUNITY OF TAMARINDO, FOR WHICH THE MINISTRY OF HEALTH MAY ISSUE THE NECESSARY INSTRUCTIONS TO THE ICAA TO FOLLOW UP ON WHAT IS ORDERED AND THE ICAA MUST COMPLY. RGS12/23 "(…)VII.- Note by Magistrate Salazar Alvarado. I consider that in environmental matters, if the Public Administration has already intervened, their knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (article 50, of the Political Constitution), as is the case here, where the apparent absence of a sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) in the community of Tamarindo is alleged, causing black water (aguas negras) contamination, which affects the right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified quality of life for the petitioner and the residents of the place.(…)" ... See more Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Topic: SERVICIOS PÚBLICOS Subtopics:
ALCANTARILLADO.
032275-23. ALLEGES THAT THERE IS A SERIOUS PROBLEM WITH THE SANITARY SEWER SYSTEM IN Dirección2130 DUE TO THE GROWTH OF TOURISM, HOWEVER, THE AUTHORITIES DO NOTHING ABOUT IT. THE APPEAL IS GRANTED AND IT IS ORDERED THAT WITHIN ONE MONTH AN EVALUATION OF THE SITUATION REGARDING THE CONTAMINATION PROBLEMS EVIDENCED SINCE 2018 BE CARRIED OUT, FOR WHICH THEY MUST ISSUE SANITARY ORDERS TO THOSE RESPONSIBLE AND FOLLOW UP UNTIL THEIR DUE COMPLIANCE. A 15-DAY PERIOD IS ALSO GRANTED TO ESTABLISH THE NECESSARY COORDINATION INSTANCES TO FOLLOW UP ON THE PLAN DESIGNED BY THE ICAA, THE SANITATION SYSTEM CONSTRUCTION PROJECT FOR THE COMMUNITY OF TAMARINDO, FOR WHICH THE MINISTRY OF HEALTH MAY ISSUE THE NECESSARY INSTRUCTIONS TO THE ICAA TO FOLLOW UP ON WHAT IS ORDERED AND THE ICAA MUST COMPLY. RGS12/23 "(…)The appeal is granted. It is ordered to Warren Chavarría Venegas, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, or whoever occupies such position in his stead, that within a maximum period of ONE MONTH –counted from the notification of this judgment–, an evaluation of the situation regarding the contamination (contaminación) problems evidenced since 2018 be carried out, for which he must issue sanitary orders (órdenes sanitarias) to those responsible and follow up until their due compliance. Likewise, it is ordered to Alejandro Guillén Guardia and Eliecer Edgardo Robles Vargas, in their order as executive president and director of the Chorotega region, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as to Warren Chavarría Venegas, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, or whoever occupies such positions in their stead, that within a maximum period of FIFTEEN DAYS –counted from the notification of this judgment–, the necessary coordination instances be established to follow up on the plan designed by the ICAA, the Sanitation System Construction Project for the community of Tamarindo, for which the Ministry of Health may issue the necessary instructions to the ICAA that fall within its scope of competence, to follow up on what is ordered, and the ICAA must comply within the parameters established by the Ministry of Health for this purpose. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in a recurso de amparo, and does not comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Notify.-" ... See more Res. No. 2023032275 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the fifteenth of December, two thousand twenty-three.
Recurso de amparo filed by [Nombre62 001], residency ID (cédula de residencia) No. [Valor 001], in his capacity as president of the [...], legal ID (cédula jurídica) No. [Valor 002], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) and the ÁREA RECTORA DE SALUD DE SANTA CRUZ, GUANACASTE.
Resultando:
1.- By a brief received through the Court's fax system on June 6, 2023, the petitioner filed a recurso de amparo against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Área Rectora de Salud de Santa Cruz. He states that he is the president of the [...]. He points out that since 2018 and 2019, coordination with the regional director of the Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado in Liberia took place to resolve the serious problem of the sanitary sewer system (sistema de alcantarillado sanitario) of Playa Nombre14426 in Santa Cruz de Guanacaste, since the growth of tourism required it to guarantee that the community is not contaminated by the effect of black water (aguas negras). He complains that more than 5 years have passed and there is no progress, and the situation of black water contamination continues in the community of Tamarindo. He affirms that currently there are direct discharges of residual water (aguas residuales) into the streams, rivers, and beaches, generating an unsustainable situation for public health and tourism in the area. He affirms that it is necessary to implement a sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) project in the city of Tamarindo, to treat the residual water (aguas residuales) produced in homes and businesses. He reiterates that the Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado has not implemented any solution to the denounced problem to date. In another brief, he adds that since 2018 he has been in verbal negotiation tables with the Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado to solve the problem. In fact, the last meeting held via the Microsoft Teams Platform was on August 30, 2021. He assures that all those meetings dealt with the problem of black water (aguas negras) sanitation. He adds that, within those negotiations, compliance was established with judgment no. 2020-015129 of the Sala Constitucional and with sanitary order (orden sanitaria) no. MS-RCH-ARS-SC-ERS-OS-0089- 2020 issued by the Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, of the Ministry of Health, which obliges the Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado to construct the sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) in Tamarindo, but that judgment has been disobeyed by the ICAA. He deems his fundamental rights violated. He requests the intervention of this Tribunal.
2.- By ruling of the Presidency at 10:57 hours on July 20, 2023, the proceeding was initiated and a report was requested from the Deputy Manager of Peripheral Systems Management and the cantonal chief of Liberia, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as from the director of the Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, regarding the facts alleged by the petitioner.
3.- By a brief received through the Court's Gestión en Línea on July 27, 2023, Alejandro Guillén Guardia and Eliecer Edgardo Robles Vargas, in their order as executive president and director of the Chorotega region, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, report under oath that the institute manages an investment plan in sanitation for the years 2016-2045, and also, the Sanitation System Construction Project for the community of Nombre14426 was registered in the Public Investment Project Bank (Banco de Proyectos de Inversión Pública) of the Ministry of Planning (MIDEPLAN) under No. Placa2076. They specify that in 2019, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados prepared a contract, through international public tendering (licitación pública internacional) No. 2019-LI- 000001-PRI, for the proposal of the solution to the sanitary projects of the 2016-2024 plan, which includes within the scope of the tender the proposal for the sanitation of Tamarindo, starting the studies at the end of 2020, and which was awarded to the Spanish consortium IDOM-INNCIVE. The scope of the project specifies the development stages, which are described as, stage I) Evaluation and diagnosis, stage II) Feasibility studies and prioritization of works, and stage III) Final designs of the works. They affirm that the contract concluded at the end of 2022, and by June 2023 the final designs were available. They maintain that the respondent institute needs to make investments in the acquisition of real estate, process the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of the project, and thus obtain financing to proceed with the corresponding execution. They add that the solution to the problem of Nombre14426 was proposed in two construction phases and for a scheduled design in 2047. They point out that the sanitation project for Nombre14426 and Langosta contemplates a coverage area: 27 Ha, total pipe length (networks): 22.28 Km, wastewater pumping stations (estaciones de bombeo de aguas residuales, EBARs): 14, wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR), and a discharge pipeline (línea de impulsión) for discharge into the Cañas River, 12 km. They request that the appeal be dismissed.
4.- By a brief received via email by the Court on August 3, 2023, Warren Chavarría Venegas, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, reports under oath that timely attention has been provided in response to various complaints made by other managed parties. He specifies that in response to resolution No. 2020015129, Exp: 20-010790- 0007 CO of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, and because the provision of potable water service and wastewater (aguas residuales) sanitation is the competence of Acueductos y Alcantarillados (AYA), it was recommended at that time to issue a sanitary order (orden sanitaria) to said institution to start the construction project for the sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) in the locality of Tamarindo, in order to correct the multiple complaints received due to the improper disposal of residual water (aguas residuales). He affirms that as a result of the mandate of the Sala Constitucional, the corresponding administrative act was prepared, in which the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was ordered to carry out the necessary works for the construction of the sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) in the locality of Tamarindo; this project was included in the National Investment Plan 2016-2045 and will benefit a population of more than 4600 people by the year 2030. He maintains that the project already has final designs for the respective execution, pending the management of investments in the acquisition of real estate, processing of the environmental feasibility (viabilidad ambiental), and obtaining financing for execution.
5.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Magistrate Araya García; and,
Considerando:
I.- Object of the appeal. The petitioner alleges that since 2018, coordination has been taking place with the respondent institute to resolve the problem of the sanitary sewer system (sistema de alcantarillado sanitario) of the community of Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste; however, 5 years have passed and there is no progress or solution to the denounced problem. He specifies that in the community of Nombre14426, black water (aguas negras) contamination continues.
II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:
III.- On the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment. The fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution), as well as through international regulations applicable to the domestic legal order. In this regard, in judgment number 5928-06 of 15:00 hours on May 2, 2006, this Tribunal deemed the following:
"(…) The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that ordinal of the political charter, since life is inconceivable if minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed to the human person. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy environment in perfect balance. This right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Tribunal has resorted to the use of the notion of "environmental quality" as a parameter, precisely, of the quality of life of individuals, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations –principle of sustainable development (…)".
Likewise, the second paragraph of article 50 of the Political Constitution derives the State's obligation to protect the environment. A norm that establishes for this purpose:
"(...) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimized to denounce acts that infringe upon this right and to claim reparation for the damage caused (…)".
Which corroborates that the various public authorities have the inescapable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment.
IV.- About the principle of coordination in environmental matters. This Tribunal has recognized that one of the guiding principles of the administrative organization is the coordination that must exist between all public entities and bodies when exercising their competencies and providing the services that the legal system has assigned to them. Thus, this Chamber, in judgment number 3404-2005 of 18:29 hours on March 29, 2005, provided, on this matter, the following:
"(…) according to the principle of coordination, the State is obliged to ensure that its entities adopt and implement all those measures required to organize and harmonize their actions so that the administrative management is as expeditious and effective as possible for the benefit of the citizen. Regarding internal relations within an Administration, this principle refers to the various responsibilities that in the processing of a matter, from its initial proposal to the final decision, correspond to different departments, whether or not subject to a vertical hierarchical relationship among themselves but, in any case, belonging to a single public legal entity. In such a situation, the various internal dependencies of an entity, responsible for initiating and deciding certain sub-stages for the processing of the matters presented before it, must coordinate with each other in order to ensure an agile and effective administrative procedure for the benefit of the citizen. If a delay in any of such sub-stages causes a general delay in the entire procedure relating to an administrative claim, regardless of the particular responsibility incumbent upon the body or department directly involved in the delay incurred, the truth is that the entity as such is equally responsible for it (…)".
Such administrative coordination acquires particular relevance in the case of environmental contamination (contaminación) problems, since it allows the different public entities and bodies to join efforts so that the fundamental right of every person to a healthy and ecologically balanced environment can be protected in a timely and effective manner.
V.- On the collection, treatment, and final disposal of black water (aguas negras).- To effectively comply with the protection of a healthy and ecologically balanced environment, the State, understood in a broad sense, has the duty to provide the necessary measures so that communities in the country receive timely and effective treatment of black water (aguas negras). In this sense, this Constitutional Court has held the view that both the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health are responsible—within their respective areas of competence—for ensuring the proper collection, treatment, and final disposal of such waters. Thus, in the specific case of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, its own Constitutive Law—Ley No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments—provides the following:
"Article 1.- With the purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, carrying out and promoting the planning, financing, and development, and of resolving everything related to the supply of potable water and collection and disposal of black water (aguas negras) and liquid industrial waste, as well as the normative aspect of storm drainage systems (sistemas de alcantarillado pluvial) in urban areas, for the entire national territory, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is created as an autonomous institution of the State." Therefore, this institution is responsible, pursuant to the provisions of article 2 of that same normative body "(…) Directing and supervising everything concerning providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection and disposal of black water (aguas negras) and liquid industrial waste, and storm water in urban areas (…)". Likewise, the General Health Law (Ley General de Salud) —Ley No. 5395 of October 30, 1973—provides, in its article 2, that the Executive Branch, through the Ministry of Health, is responsible for defining the national health policy, planning and coordinating all public and private activities related to health, as well as executing those activities that correspond to it by law. Similarly, article 341 of the referred law establishes, within the powers of the Ministry of Health, that of ordering and taking the special measures enabled by that regulation to avoid risk or damage to the health of people or prevent them from spreading or worsening, and to inhibit the continuation or recurrence of the infraction by individuals. Regarding the specific topic, the General Health Law (Ley General de Salud), in its Book 1, Title 3, Chapter 3, "On the obligations and restrictions for the sanitary disposal of excreta and wastewater (aguas servidas)", provides —as pertinent—, the following:
"Article 285.- Excreta, black water (aguas negras), wastewater (aguas servidas), and storm water must be eliminated adequately and sanitarily in order to avoid the contamination (contaminación) of the soil and natural water sources for human use and consumption, the formation of breeding grounds for vectors and diseases, and the contamination (contaminación) of the air through conditions that threaten its purity or quality." (The emphasis is not part of the original).
"Article 287.- Every person, natural or legal, owner of dwellings or establishments or buildings in which people carry out their activities, shall be responsible for ensuring that such properties have a system for the disposal of excreta and black water (aguas negras) and wastewater (aguas servidas) approved by the Ministry, and the users of dwellings, establishments, or buildings shall be obliged to maintain said system in good operating condition." "Article 288.- Every owner is obliged to connect the system for the elimination of excreta, black water (aguas negras) and wastewater (aguas servidas) on their property to the sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) in places where this is in operation, except in cases of exception that the pertinent regulations recognize as applicable." Likewise, from said norm, the obligation of the Ministry of Health authorities to ensure the application and control of compliance with the provisions of that law and its regulations is inferred, without prejudice to the powers and obligations that special laws grant and impose on other public bodies or entities within their respective fields of action (article 337). The different functions and obligations that the legal system imposes on the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Ministry of Health, in matters of collection, treatment, and final disposal of black water (aguas negras) are thus corroborated. Functions and obligations that, moreover —and as was already mentioned in the previous considerando—, must be exercised in a coordinated manner, to ensure administrative effectiveness and efficiency.
VI.- Specific case. In the present matter, the claimant alleges that since 2018, coordination has been taking place with the respondent institute to resolve the problem of the sanitary sewer system (sistema de alcantarillado sanitario) of the community of Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste; however, 5 years have passed and there is no progress or solution to the denounced problem. He specifies that in the community of Nombre14426, black water (aguas negras) contamination continues.
On this matter, this Constitutional Court, in accordance with facts contained in the record (autos), as well as from the reports rendered by the respondent authorities —which are given under oath with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—, finds that the petitioner's allegation is well-founded.
The foregoing, given that, although it has been verified that the cited respondent authorities (Ministry of Health and Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) have carried out –prior to the notification of this amparo– a series of actions aimed at seeking a solution to the problem reported by [Nombre62 001], there is no definitive solution.
In 2020, an amparo action was filed by Mr. [Nombre62 002], in which the pollution of waters and public domain channels in the city of Tamarindo was reported, covering issues of residual water, sewage, stormwater, foul odors, and also leachate discharges. The Constitutional Chamber, by judgment No. 2020015129 of 9:15 a.m. on August 14, 2020, ordered:
V.- ON THE MERITS. …In accordance with the considerations set forth, the Chamber finds it proven that five months after the complaint was filed, the respondent authority has not provided a definitive solution to the reported problems, nor has it kept the petitioner informed of the status of his complaints. This Court understands that some environmental problems require coordination among various state entities; however, this does not prevent the Ministry of Health, within the scope of its powers and in response to citizens' complaints, from issuing the necessary orders and coordinating the appropriate entities in order to provide solutions. Under this reasoning, this Chamber considers that, in this case, the petitioner's right to prompt administrative justice and the right to a healthy and ecologically balanced environment have been violated, and therefore the amparo must be granted, with the considerations that will be stated in the operative part of this judgment… THEREFORE: The amparo is partially granted, solely, against the Ministry of Health. Warren Chavarría Venegas, in his capacity as Director of the Rector Health Area of the Ministry of Health in Santa Cruz, or whoever holds that position in his stead, is ordered to issue the necessary orders and take the pertinent measures within the scope of his powers, so that within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the environmental complaint filed by the petitioner is resolved definitively. Furthermore, while his complaint is being resolved, the petitioner must be kept informed of the progress of the proceedings. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not fulfill it or cause it to be fulfilled, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Regarding the Municipalidad de Santa Cruz and the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) of Santa Cruz -Carrillo- Guanacaste, the amparo is dismissed. Judge Hernández López files a note. Judge Salazar Alvarado files a note.” Due to the foregoing, on August 27, 2020, the Rector Health Area-Santa Cruz issued sanitary order No. MS-RCH-ARS-SC-ERS-OS-0089-2020, to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, with an expiration date of February 11, 2021. It ordered: “1. Carry out the necessary works so that, within the period granted by the Constitutional Chamber in Resolution No. 2020015129, the Sanitary Sewer System is built in the locality of Playa Tamarindo. 2. Submit and implement in writing, within the established period, to the Rector Health Area of Santa Cruz, the schedule of activities to be developed in each of the project stages.” However, no evidence was provided that the order had been complied with and that concrete actions had subsequently been taken to guarantee a healthy and ecologically balanced environment for the community of Tamarindo.
For its part, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados managed, within the sanitation investment plan 2016-2045, the Project for the construction of a sanitation system for the community of Tamarindo. The project was registered in the Public Investment Projects Bank of the Ministry of Planning, under No. Placa2076. In 2019, international public tender No. 2019-LI-000001-PRI was published. In 2022, the contracting concluded, resulting in stage I) Evaluation and diagnosis, stage II) Feasibility studies and prioritization of works; stage III) Final designs of the work, for the sanitation of Tamarindo. Currently, the investments in the acquisition of real estate, processing the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of the project, and obtaining financing to proceed with the execution of the sanitation for the community of Tamarindo are pending from ICAA. However, the authorities of the respondent institute did not report on concrete acts currently being carried out to comply with what is pending. Furthermore, a disproportionate period has elapsed to provide a solution to the community of Tamarindo.
Consequently, the fact is that it is fully proven that, to date, such actions have not been sufficient. This is because the sewage (aguas negras) coming from the community of Nombre14426 does not have adequate treatment and there is no sanitary sewer system. Evidently, this causes said waters –not being channeled into an adequate sanitary collection system– to overflow and produce the pollution alleged by the petitioner, which is not even ruled out in the reports by the respondent authorities. Likewise, the authorities of the Rector Health Area of Santa Cruz must take into consideration that, by virtue of the matter under study, they are obligated to be vigilant –through the respective inspection and monitoring tasks– of the strict and permanent compliance with the measures by the residents of Nombre14426 so that adequate treatment is given to the sewage. The foregoing, considering that, since 2018 –as was proven in the case file–, they have known of the problem under study, as well as of the constant complaints from various residents against certain establishments in Nombre14426, and they have legal mechanisms to enforce measures in this regard. In light of these considerations, this Court finds that the respondent authorities have violated the fundamental rights to health and to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, since, in this proceeding, although it was proven that some measures have been taken regarding the reported problem, the fact is that these have not been sufficient to provide a definitive solution and, in that sense, to eradicate the pollution in question. By virtue of the foregoing, the amparo filed must be granted, with the consequences that will be detailed in the operative part of this judgment.
VII.- Note from Judge Salazar Alvarado. I consider that in environmental matters, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the apparent absence of a sanitary sewer system in the community of Tamarindo is alleged, causing pollution from sewage, which affects the right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life for the petitioner and the local residents.
VIII.- Documentation provided to the case file. The parties are advised that if they have provided any documents in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The amparo is granted. Warren Chavarría Venegas, in his capacity as director of the Rector Health Area of Santa Cruz, Guanacaste, or whoever holds that position in his stead, is ordered that within a maximum period of ONE MONTH –counted from the notification of this judgment–, an evaluation of the situation regarding the pollution problems evidenced since 2018 be carried out, for which he must issue the sanitary orders to the appropriate parties and provide follow-up until their due compliance. Likewise, Alejandro Guillén Guardia and Eliecer Edgardo Robles Vargas, in their capacity as executive president and director of the Chorotega region, respectively, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as Warren Chavarría Venegas, in his capacity as director of the Rector Health Area of Santa Cruz, Guanacaste, or whoever holds those positions in their stead, are ordered that within a maximum period of FIFTEEN DAYS –counted from the notification of this judgment–, the necessary coordination bodies be established to follow up on the plan designed by ICAA, the Project for the construction of a sanitation system for the community of Tamarindo, for which the Ministry of Health may issue the necessary instructions to ICAA that fall within its scope of competence, follow up on what was ordered, and ICAA must comply within the parameters established by the Ministry of Health for this purpose. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not fulfill it or cause it to be fulfilled, provided the offense is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Judge Salazar Alvarado records a note. Notify.- Nombre152 C. Acting Presiding Judge Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Nombre6376 B.
Nombre5272 A.
Alexandra Alvarado P.
Digitally Signed Document -- Verification code -- Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of matters from vulnerable groups: Dirección14 , San José, Dirección15 , Dirección16 , calles 19 y 21, Dirección17 Classification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
ALCANTARILLADO.
032275-23. ACUSA QUE EXISTE UN GRAVE PROBLEMA CON EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN Dirección2130 DEBIDO AL CRECIMIENTO DEL TURISMO, SIN EMBARGO, LAS AUTORIDADES NO HACEN NADA AL RESPECTO. SE DECLARA CON LUGAR Y SE ORDENA QUE EN EL PLAZO DE UN MES SE REALICE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN EN TORNO A LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN EVIDENCIADOS DESDE EL 2018, POR LO QUE DEBERÁN EMITIR LAS ÓRDENES SANITARIAS A QUIENES CORRESPONDAN Y SE BRINDE SEGUIMIENTO HASTA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO. TAMBIÉN SE OTORGA EL PLAZO DE 15 DIAS PARA QUE ESTABLEZCAN LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DISEÑADO POR EL ICAA, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE TAMARINDO, PARA LO CUAL EL MINISTERIO DE SALUD PODRÁ GIRAR LAS INDICACIONES NECESARIAS AL ICAA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LO ORDENADO Y EL ICAA DEBERÁ CUMPLIR. RGS12/2023 “(…)las autoridades del instituto recurrido no informaron de actos concretos que se estén llevando en la actualidad con el fin de cumplir con lo que se encuentran pendiente. Asimismo, ha transcurrido un plazo desproporcionado para brindar una solución a la comunidad de Tamarindo.
En consecuencia, lo cierto es que, se encuentra, plenamente, acreditado que, a la fecha, tales actuaciones no han sido suficientes. Esto, ya que, las aguas negras provenientes de la comunidad de Tamarindo no tienen un tratamiento adecuado y no existe un alcantarillado sanitario. Evidentemente, hace que las referidas aguas -al no ser reconducidas a un sistema sanitario de recolección adecuado-, se desborden y produzcan la contaminación que aduce el recurrente, la cual, incluso, en los informes por las autoridades recurridas no se descarta. Asimismo, deben de tomar en consideración las autoridades del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, que, en virtud de la materia bajo estudio, se encuentran en la obligación de estar pendientes –a través de las respectivas labores de fiscalización y vigilancia-, del cumplimiento estricto y permanente de las medidas de parte de los vecinos de Tamarindo para que haga un tratamiento adecuado a las aguas negras. Lo anterior, habida cuenta que, desde el 2018 -tal y como se acreditó en autos-, conocen del problema bajo estudio, así como de las constantes denuncias de distintos vecinos a ciertos establecimientos en Tamarindo y cuentan con mecanismos legales para hacer efectivas las medidas al respecto. Bajo tal orden de consideraciones, este Tribunal estima que las autoridades recurridas han vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues, en este proceso, si bien se acreditó que se han tomado algunas medidas respecto a la problemática denunciada, lo cierto es que éstas no han sido suficientes para brindar una solución definitiva y, en ese sentido, erradicar la contaminación en cuestión. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia.(…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
ALCANTARILLADO.
032275-23. ACUSA QUE EXISTE UN GRAVE PROBLEMA CON EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN Dirección2130 DEBIDO AL CRECIMIENTO DEL TURISMO, SIN EMBARGO, LAS AUTORIDADES NO HACEN NADA AL RESPECTO. SE DECLARA CON LUGAR Y SE ORDENA QUE EN EL PLAZO DE UN MES SE REALICE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN EN TORNO A LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN EVIDENCIADOS DESDE EL 2018, POR LO QUE DEBERÁN EMITIR LAS ÓRDENES SANITARIAS A QUIENES CORRESPONDAN Y SE BRINDE SEGUIMIENTO HASTA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO. TAMBIÉN SE OTORGA EL PLAZO DE 15 DIAS PARA QUE ESTABLEZCAN LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DISEÑADO POR EL ICAA, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE TAMARINDO, PARA LO CUAL EL MINISTERIO DE SALUD PODRÁ GIRAR LAS INDICACIONES NECESARIAS AL ICAA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LO ORDENADO Y EL ICAA DEBERÁ CUMPLIR. RGS12/2023 “(…)VII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la aparente ausencia de alcantarillado sanitario en la comunidad de Tamarindo, ocasionando la contaminación con aguas negras, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida de la parte recurrente y los vecinos del lugar.(…)” ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
ALCANTARILLADO.
032275-23. ACUSA QUE EXISTE UN GRAVE PROBLEMA CON EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN Dirección2130 DEBIDO AL CRECIMIENTO DEL TURISMO, SIN EMBARGO, LAS AUTORIDADES NO HACEN NADA AL RESPECTO. SE DECLARA CON LUGAR Y SE ORDENA QUE EN EL PLAZO DE UN MES SE REALICE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN EN TORNO A LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN EVIDENCIADOS DESDE EL 2018, POR LO QUE DEBERÁN EMITIR LAS ÓRDENES SANITARIAS A QUIENES CORRESPONDAN Y SE BRINDE SEGUIMIENTO HASTA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO. TAMBIÉN SE OTORGA EL PLAZO DE 15 DIAS PARA QUE ESTABLEZCAN LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DISEÑADO POR EL ICAA, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE TAMARINDO, PARA LO CUAL EL MINISTERIO DE SALUD PODRÁ GIRAR LAS INDICACIONES NECESARIAS AL ICAA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LO ORDENADO Y EL ICAA DEBERÁ CUMPLIR. RGS12/2023 “(…)Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Warren Chavarría Venegas, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, o a quien en su lugar ocupe tal cargo, que dentro del plazo máximo de UN MES –contado a partir de la notificación de esta sentencia–, se realice la evaluación de la situación en torno a los problemas de contaminación evidenciados desde el 2018, por lo que deberá emitir las órdenes sanitarias a quienes corresponda y se brinde seguimiento hasta su debido cumplimiento. Asimismo, se ordena a Alejandro Guillén Guardia y Eliecer Edgardo Robles Vargas, por su orden presidente ejecutivo y director de la región Chorotega, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como a Warren Chavarría Venegas, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que dentro del plazo máximo de QUINCE DÍAS –contado a partir de la notificación de esta sentencia–, se establezcan las instancias de coordinación necesarias para dar seguimiento al plan diseñado por el ICAA, Proyecto de construcción de sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo, para lo cual el Ministerio de Salud podrá girar las indicaciones necesarias al ICAA que se encuentren dentro de su ámbito de competencia, darle seguimiento a lo ordenado, y el ICAA deberá cumplir dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud al efecto. Se les advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.-” ... Ver más Res. Nº 2023032275 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de diciembre de dos mil veintitres .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre62 001], cédula de residencia No. [Valor 001], en su condición de presidente de la [...], cédula jurídica No. [Valor 002], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) y el ÁREA RECTORA DE SALUD DE SANTA CRUZ, GUANACASTE.
Resultando:
1.- Por escrito recibido mediante el sistema de fax de la Sala el 6 de junio de 2023, el recurrente interpuso recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Área Rectora de Salud de Santa Cruz. Manifiesta que es presidente de la [...]. Señala que desde el 2018 y 2019 se coordinó con el director regional del Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado de Liberia para resolver el grave problema del sistema de alcantarillado sanitario de Playa Nombre14426 de Santa Cruz de Guanacaste, ya que, el crecimiento del turismo lo requería para garantizar que la comunidad no se contamine por el efecto de las aguas negras. Reclama que han transcurrido más de 5 años y no hay avance y la situación de contaminación por aguas negras continúa en la comunidad de Tamarindo. Afirma que actualmente existen descargas directas de aguas residuales en las quebradas, ríos y playas, generando una situación insostenible para la salud pública y el turismo de la zona. Afirma que es necesario que se implemente un proyecto de alcantarillado sanitario en la ciudad de Tamarindo, para tratar las aguas residuales que se producen en las viviendas y comercios. Reitera que el Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado no ha implementado a la fecha ninguna solución al problema denunciado. En otro escrito, agrega que desde el 2018 ha estado en mesas de negociaciones verbales con el Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado para solucionar el problema. Inclusive, la última reunión realizada por medio de Plataforma Microsoft Team fue realizada el 30 de agosto de 2021. Asegura que todas esas reuniones versaban sobre el problema de saneamiento de las aguas negras. Añade que, dentro de esas negociaciones, se estableció el cumplimiento de la sentencia no. 2020-015129 de la Sala Constitucional y de la orden sanitaria no. MS-RCH-ARS-SC-ERS-OS-0089- 2020 emitida por el Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, del Ministerio de Salud, en donde se obliga al Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado a la construcción del alcantarillado sanitario en Tamarindo, pero esa sentencia ha sido desobedecida por parte del ICAA. Estima lesionados sus derechos fundamentales. Solicita la intervención de este Tribunal.
2.- Mediante resolución de Presidencia de las 10:57 horas del 20 de julio de 2023, se dio curso al proceso y se solicitó informe al subgerente Gestión de Sistemas Periféricos y jefe cantonal de Liberia, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillas, así como al director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, sobre los hechos alegados por el recurrente.
3.- Por escrito recibido por Gestión en Línea de la Sala el 27 de julio de 2023, informan bajo juramento Alejandro Guillén Guardia y Eliecer Edgardo Robles Vargas, por su orden presidente ejecutivo y director de la región Chorotega, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que el instituto gestiona un plan de inversiones en saneamiento para los años 2016-2045, asimismo, el Proyecto de construcción de sistema de saneamiento para la comunidad de Nombre14426 se matriculó en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) bajo el No. Placa2076 . Precisan que en el 2019, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados confeccionó una contratación, mediante licitación pública internacional N° 2019-LI- 000001-PRI, para el planteamiento de la solución a los proyectos sanitarios del plan 2016-2024, dentro del alcance de la licitación se incluye la propuesta para el saneamiento de Tamarindo, iniciando los estudios a finales del 2020, y la cual fue adjudicada al consorcio español IDOM-INNCIVE, dentro de los alcances del proyecto se puntualizan las etapas de desarrollo, las cuales, se describen en, etapa I) Evaluación y diagnóstico, etapa II) Estudios de factibilidad y priorización de obras y etapa III) Diseños finales de las obras. Afirman que la contratación concluyó a finales del 2022 y para junio del 2023 se contaba con los diseños finales. Sostienen que el instituto recurrido requiere hacer las inversiones en la adquisición de bienes inmuebles, tramitar la viabilidad ambiental del proyecto y así obtener el financiamiento para proceder con la ejecución correspondiente. Agregan que la solución a la problemática de Nombre14426 se planteó en dos fases constructivas y para un diseño programado en el 2047. Señalan que el proyecto de saneamiento para Nombre14426 y Langosta contempla un área de cobertura: 27 Ha, longitud total de Tubería (redes): 22.28 Km, estaciones de bombeo de aguas residuales (EBARs): 14, planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y una línea de impulsión para vertido en el río Cañas 12 km. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.
4.- Por escrito recibido mediante correo electrónico de la Sala el 3 de agosto de 2023, informa bajo juramento Warren Chavarría Venegas, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, que se le ha brindado atención de manera oportuna ante diversas denuncias efectuadas por otros administrados. Precisa que en respuesta a la resolución N° 2020015129, Exp: 20-010790- 0007 CO de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por ser competencia de Acueductos y Alcantarillados (AYA) la prestación del servicio de agua potable y de saneamiento de aguas residuales, se recomendó para ese momento girar orden sanitaria a dicha institución para que iniciara con el proyecto de construcción del alcantarillado sanitario en la localidad de Tamarindo, con el fin de subsanar las múltiples denuncias que ingresan por la mala disposición de las aguas residuales. Afirma que a raíz del mandato de la Sala Constitucional se confeccionó el acto administrativo correspondiente, en el que se le ordenó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados realizar las obras necesarias para la construcción del alcantarillado sanitario en la localidad de Tamarindo, dicho proyecto se incluyó en el Plan Nacional de Inversiones 2016-2045 y beneficiará una población de más de 4600 personas para el año 2030. Sostiene que el proyecto ya cuenta con diseños finales para la respectiva ejecución, quedando pendiente gestionar las inversiones en la adquisición de bienes inmuebles, tramitación de la viabilidad ambiental y la obtención del financiamiento para la ejecución.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente acusa que desde el 2018 se ha coordinado con el instituto recurrido para resolver el problema del sistema de alcantarillado sanitario de la comunidad de Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste; sin embargo, han transcurrido 5 años y no hay avance ni solución a la problemática denunciada. Precisa que en la comunidad de Nombre14426 la contaminación de aguas negras continúa.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
III.- Sobre el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable al ordenamiento interno. En este sentido, en sentencia número 5928-06 de las 15:00 horas del 2 de mayo de 2006, este Tribunal estimó lo siguiente:
“(…) El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible (…)”.
Asimismo, del segundo párrafo del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto:
"(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (…)”.
Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
IV.- Acerca del principio de coordinación en materia ambiental. Este Tribunal ha reconocido que uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. Así, esta Sala, en sentencia número 3404-2005 de las 18:29 horas del 29 de marzo de 2005, dispuso, sobre el particular, lo siguiente:
“(…) según el principio de coordinación, el Estado está obligado a que sus entidades adopten e implementen todas aquellas medidas requeridas para organizar y armonizar sus actuaciones para que la gestión administrativa sea lo más célere y efectiva posible en beneficio del administrado. En lo que concierne a las relaciones internas dentro de una Administración, ese principio se refiere a las diversas responsabilidades que en la tramitación de un asunto, desde su planteamiento inicial hasta la decisión definitiva, corresponden a diferentes departamentos, sujetos o no a una relación vertical de jerarquía entre sí pero, en todo caso, pertenecientes a una única persona jurídica de derecho público. En tal situación, las diversas dependencias internas de una entidad, responsables de gestar y decidir determinadas sub-etapas para la tramitación de las gestiones ante ella presentadas, deben coordinar entre sí a efectos de procurar un procedimiento administrativo ágil y efectivo en provecho del ciudadano. Si por un atraso en alguna de tales sub-etapas se produce un retardo general de toda el procedimiento relativo a un reclamo administrativo, independientemente de la responsabilidad particular que le incumba al órgano o departamento involucrado directamente en la demora acaecida, lo cierto es que la entidad como tal resulta igualmente responsable de la misma (…)”.
Dicha coordinación administrativa adquiere particular relevancia en el caso de problemas de contaminación ambiental, ya que, ésta permite que los distintos entes y órganos públicos puedan conjuntar esfuerzos, para que, se pueda proteger, de forma oportuna y efectiva, el derecho fundamental de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
V.- Sobre la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras.- Para cumplir, efectivamente, con la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado, entendido en sentido amplio, está en el deber de disponer de las medidas necesarias para que en las comunidades del país se brinde tratamiento oportuno y efectivo a las aguas negras. En ese sentido, este Tribunal Constitucional ha sido del criterio que, tanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como al Ministerio de Salud, les corresponde -dentro de sus respectivos ámbitos de competencia-, velar por la debida recolección, tratamiento y disposición final de tales aguas. Así, en el caso específico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, su propia Ley Constitutiva -Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas-, dispone lo siguiente:
“Artículo 1.- Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.” Por lo que a dicha institución le corresponde, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de ese mismo cuerpo normativo (…) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (…)”. De igual forma, la Ley General de Salud -Ley No. 5395 de 30 de octubre de 1973-, dispone, en su artículo 2°, que le corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. De igual forma, el artículo 341 de la referida ley establece, dentro de las atribuciones del Ministerio de Salud, la de ordenar y tomar las medidas especiales que habilita esa normativa para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. En cuanto al tema específico, la Ley General de Salud, en su Libro 1, Título 3, Capítulo 3, “De las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas”, dispone -en lo conducente-, lo siguiente:
“Artículo 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.” (El destacado no forma parte del original).
“Artículo 287.- Toda persona, natural o jurídica, propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento.” “Artículo 288.- Todo propietario queda obligado a conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes.” Asimismo, de dicha normativa se colige la obligación de las autoridades del Ministerio de Salud de velar por la aplicación y el control del cumplimiento de las disposiciones de esa ley y de su reglamentación, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que leyes especiales otorguen e impongan a otros órganos o entes públicos dentro de sus respectivos campos de acción (artículo 337). Se corrobora, así, las distintas funciones y obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y al Ministerio de Salud, en materia de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. Funciones y obligaciones que, además -y como ya se adelantó en el considerando anterior-, se deben ejercer de forma coordinada, para asegurar así la eficacia y eficiencia administrativas.
VI.- Caso concreto. En el presente asunto, el accionante alega que desde el 2018 se ha coordinado con el instituto recurrido para resolver el problema del sistema de alcantarillado sanitario de la comunidad de Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste; sin embargo, han transcurrido 5 años y no hay avance ni solución a la problemática denunciada. Precisa que en la comunidad de Nombre14426 la contaminación de aguas negras continúa.
Sobre el particular, este Tribunal Constitucional, de conformidad con hechos que constan en autos, así como de los informes rendidos por las autoridades recurridas -los cuales son dados bajo juramento con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, estima que lleva razón el recurrente en su alegato. Lo anterior, dado que, aún y cuando se tiene por constatado que las citadas autoridades recurridas (Ministerio de Salud y Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) han realizado –de previo a la notificación de este amparo-, una serie de acciones tendentes a buscar una solución al problema denunciado por [Nombre62 001], no hay una solución definitiva.
En el 2020, se interpuso un recurso de amparo por parte del señor [Nombre62 002], en el cual se denunció la contaminación de aguas y cauce de dominio público en la ciudad de Tamarindo, abarcando temas de aguas residuales, negras, pluviales, malos olores y además sobre descargas de lixiviados. La Sala Constitucional por sentencia No. 2020015129 de las 9:15 horas del 14 de agosto de 2020, dispuso:
V.- SOBRE EL FONDO. …De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala tiene por acreditado que luego de cinco meses desde que se presentó la denuncia, la autoridad recurrida no ha brindado una solución definitiva a los problemas denunciados, ni ha mantenido al recurrente al tanto del estado de sus denuncias. Comprende este Tribunal, que algunos problemas ambientales requieren coordinación entre diversas instancias estatales; sin embargo, ello no impide que el Ministerio de Salud, dentro del ámbito de sus competencias y en atención a las denuncias de los administrados, dicte las órdenes necesarias y coordine las instancias que corresponda a fin de brindar soluciones. Bajo esta inteligencia, esta Sala estima que en la especie, se han quebrantado el derecho a una justicia administrativa pronta y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del recurrente, por lo que el recurso debe ser declarado con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia… POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, contra el Ministerio de Salud. Se ordena a Warren Chavarría Venegas, en su condición de Director del Área Rectora del Ministerio de Salud en Santa Cruz, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que gire las órdenes necesarias y tomen las medidas pertinentes que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental interpuesta por el recurrente. Además, que mientras se resuelva su denuncia, se mantenga al recurrente informado del avance de las actuaciones. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Santa Cruz -Carrillo- Guanacaste, se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota”.
Debido a lo anterior, el 27 de agosto de 2020, el Área Rectora de Salud-Santa Cruz dictó la orden sanitaria No. MS-RCH-ARS-SC-ERS-OS-0089-2020, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con fecha de vencimiento 11 de febrero de 2021. Se ordenó: “1. Realizar las obras necesarias para que en el plazo otorgado por la Sala Constitucional en la Resolución No. 2020015129, se construya el Alcantarillado Sanitario en la localidad de Playa Tamarindo. 2. Presentar e implementar por escrito dentro del plazo establecido ante el Área Rectora de Salud de Santa Cruz, el cronograma de actividades por desarrollar en cada una de las etapas del proyecto”. Sin embargo, no se aportó prueba alguna que se haya cumplido con lo ordenado y posteriormente se haya dictado acciones concretas con el fin de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para la comunidad de Tamarindo.
Por su parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados gestionó en el plan de inversiones en saneamientos 2016-2045, el Proyecto de construcción de sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo. El proyecto se matriculó en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación, bajo el No. Placa2076 . En el 2019 se publicó la licitación pública internacional No. 2019-LI-000001-PRI. En el 2022 concluyó la contratación, dando como resultado la etapa I) Evaluación y diagnóstico, etapa II) Estudios de factibilidad y priorización de obras; etapa III) Diseños finales de la obra, para el saneamiento de Tamarindo. Actualmente, está pendiente por parte del ICAA las inversiones en la adquisición de bienes inmuebles, tramitar la viabilidad ambiental del proyecto y obtener el financiamiento para proceder con la ejecución del saneamiento para la comunidad de Tamarindo. No obstante, las autoridades del instituto recurrido no informaron de actos concretos que se estén llevando en la actualidad con el fin de cumplir con lo que se encuentran pendiente. Asimismo, ha transcurrido un plazo desproporcionado para brindar una solución a la comunidad de Tamarindo.
En consecuencia, lo cierto es que, se encuentra, plenamente, acreditado que, a la fecha, tales actuaciones no han sido suficientes. Esto, ya que, las aguas negras provenientes de la comunidad de Nombre14426 no tienen un tratamiento adecuado y no existe un alcantarillado sanitario. Evidentemente, hace que las referidas aguas -al no ser reconducidas a un sistema sanitario de recolección adecuado-, se desborden y produzcan la contaminación que aduce el recurrente, la cual, incluso, en los informes por las autoridades recurridas no se descarta. Asimismo, deben de tomar en consideración las autoridades del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, que, en virtud de la materia bajo estudio, se encuentran en la obligación de estar pendientes –a través de las respectivas labores de fiscalización y vigilancia-, del cumplimiento estricto y permanente de las medidas de parte de los vecinos de Nombre14426 para que haga un tratamiento adecuado a las aguas negras. Lo anterior, habida cuenta que, desde el 2018 -tal y como se acreditó en autos-, conocen del problema bajo estudio, así como de las constantes denuncias de distintos vecinos a ciertos establecimientos en Nombre14426 y cuentan con mecanismos legales para hacer efectivas las medidas al respecto. Bajo tal orden de consideraciones, este Tribunal estima que las autoridades recurridas han vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues, en este proceso, si bien se acreditó que se han tomado algunas medidas respecto a la problemática denunciada, lo cierto es que éstas no han sido suficientes para brindar una solución definitiva y, en ese sentido, erradicar la contaminación en cuestión. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia.
VII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la aparente ausencia de alcantarillado sanitario en la comunidad de Tamarindo, ocasionando la contaminación con aguas negras, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida de la parte recurrente y los vecinos del lugar.
VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Warren Chavarría Venegas, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, o a quien en su lugar ocupe tal cargo, que dentro del plazo máximo de UN MES –contado a partir de la notificación de esta sentencia–, se realice la evaluación de la situación en torno a los problemas de contaminación evidenciados desde el 2018, por lo que deberá emitir las órdenes sanitarias a quienes corresponda y se brinde seguimiento hasta su debido cumplimiento. Asimismo, se ordena a Alejandro Guillén Guardia y Eliecer Edgardo Robles Vargas, por su orden presidente ejecutivo y director de la región Chorotega, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como a Warren Chavarría Venegas, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que dentro del plazo máximo de QUINCE DÍAS –contado a partir de la notificación de esta sentencia–, se establezcan las instancias de coordinación necesarias para dar seguimiento al plan diseñado por el ICAA, Proyecto de construcción de sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo, para lo cual el Ministerio de Salud podrá girar las indicaciones necesarias al ICAA que se encuentren dentro de su ámbito de competencia, darle seguimiento a lo ordenado, y el ICAA deberá cumplir dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud al efecto. Se les advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.- Nombre152 C.
Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Nombre6376 B.
Nombre5272 A.
Alexandra Alvarado P.
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