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Res. 31860-2023 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/12/2023
OutcomeResultado
The amparo was dismissed because SETENA responded to the information request within the legal deadline, thus satisfying the right of petition.Se declara sin lugar el amparo al constatar que SETENA respondió la solicitud de información dentro del plazo legal, satisfaciendo el derecho de petición.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed a writ of amparo filed against the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) for an alleged failure to respond to a request for information on wildlife crossings in a highway widening project. The petitioner had asked whether the works included approved wildlife crossings in the environmental feasibility license. SETENA reported that the request was answered via email within the statutory deadline and that the petitioner was also informed where to access the feasibility resolution. The Court found that the administration responded in a timely manner, thus no violation of the rights to petition and access to information under Articles 27 and 30 of the Constitution occurred. The amparo was dismissed, confirming that a timely response, even if not favorable, satisfies the fundamental right.La Sala Constitucional revisa un recurso de amparo presentado contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) por la supuesta falta de respuesta a una solicitud de información sobre pasos de fauna en un proyecto de ampliación vial. El recurrente había pedido conocer si las obras contaban con pasos de fauna aprobados en la viabilidad ambiental. SETENA informó que la solicitud fue respondida mediante oficio notificado al correo electrónico indicado, dentro del plazo legal, y que adicionalmente se le indicó dónde consultar la resolución de viabilidad. El tribunal constata que la administración atendió la petición en tiempo, por lo que no existe violación a los derechos de petición y acceso a la información consagrados en los artículos 27 y 30 constitucionales. Se declara sin lugar el amparo, confirmando que la respuesta oportuna, aunque no necesariamente favorable, satisface el derecho fundamental.
Key excerptExtracto clave
III.- ON THE MERITS. In the present case, the plaintiff claims to have filed a request for information on February 28, 2023, and alleges that, as of the date of filing his appeal, November 9, 2023, that request had not been resolved, an omission he considers a violation of Article 27 of the Political Constitution. Given the foregoing, it must be noted, first, that the right of petition, established in Article 27 of the Political Constitution, when understood broadly, refers to the power of every citizen to address in writing any public official or official entity in order to raise a matter of his or her interest. Second, Article 30 of the Political Constitution guarantees free access to administrative departments solely for the purpose of obtaining information on matters of public interest. This is, therefore, a mechanism designed to allow citizens to oversee the proper performance of the various public entities in the exercise of administrative functions. Thus, when Articles 27 and 30 of the Political Constitution are taken together, they guarantee the right of every person to address any public official or entity to obtain information on any matter, subject, or information of a public nature. Precisely, the public nature of the information is the central element that determines the right to access it. These guarantees are complemented by the right to obtain a prompt response, although this does not mean that the citizen has the right to always receive a response favorable to his or her interests. Secondly, however, the right of petition, when understood in a strict sense, applies only to pure and simple requests for information, in which case the response must normally be given within 10 working days following receipt of the request, as ordered by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law and other applicable regulations. Having defined this, in the sub judice, from the list of proven facts it is verified that SETENA responded to the request in a timely manner, within the legal deadline. Therefore, the present amparo must be dismissed.III.- SOBRE EL FONDO. En el presente caso, la parte recurrente alega haber presentado una solicitud de información el 28 de febrero de 2023 y acusa que, a la fecha de interposición de su recurso, el 9 de noviembre de 2023, esa petición no había sido resuelta, omisión que reputa violatoria del artículo 27 de la Constitución Política. Dado lo anterior, se impone indicar, en primer lugar, que el derecho de petición, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, cuando es entendido en sentido amplio, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. En segundo lugar, el ordinal 30 de la Constitución Política garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos, únicamente, con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Se trata, pues, de un mecanismo ideado para permitir a los administrados fiscalizar el correcto desempeño de los diversos entes públicos en el ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, cuando los artículos 27 y 30 de la Constitución Política son tomados en su conjunto, garantizan el derecho de toda persona de dirigirse ante cualquier funcionario público o entidad oficial para obtener información sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública. Precisamente, la naturaleza pública de la información es el elemento central que determina el derecho de acceder a ella. Estas garantías se complementan con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado tenga derecho a recibir siempre una contestación favorable a sus intereses. En segundo lugar, empero, el derecho de petición, cuando es entendido en sentido estricto, aplica, únicamente, cuando se trata de peticiones puras y simples de información, en cuyo caso normalmente la respuesta deberá darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. Una vez definido esto, en el sub judice, del elenco de hechos probados se constata que la SETENA contestó la solicitud formulada en tiempo, dentro del plazo de ley. Por lo tanto, se impone declarar sin lugar el presente amparo.
Pull quotesCitas destacadas
"el derecho de petición, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, cuando es entendido en sentido amplio, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés."
"the right of petition, established in Article 27 of the Political Constitution, when understood broadly, refers to the power of every citizen to address in writing any public official or official entity in order to raise a matter of his or her interest."
Considerando III
"el derecho de petición, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, cuando es entendido en sentido amplio, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés."
Considerando III
"cuando los artículos 27 y 30 de la Constitución Política son tomados en su conjunto, garantizan el derecho de toda persona de dirigirse ante cualquier funcionario público o entidad oficial para obtener información sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública. Precisamente, la naturaleza pública de la información es el elemento central que determina el derecho de acceder a ella."
"when Articles 27 and 30 of the Political Constitution are taken together, they guarantee the right of every person to address any public official or entity to obtain information on any matter, subject, or information of a public nature. Precisely, the public nature of the information is the central element that determines the right to access it."
Considerando III
"cuando los artículos 27 y 30 de la Constitución Política son tomados en su conjunto, garantizan el derecho de toda persona de dirigirse ante cualquier funcionario público o entidad oficial para obtener información sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública. Precisamente, la naturaleza pública de la información es el elemento central que determina el derecho de acceder a ella."
Considerando III
"Estas garantías se complementan con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado tenga derecho a recibir siempre una contestación favorable a sus intereses."
"These guarantees are complemented by the right to obtain a prompt response, although this does not mean that the citizen has the right to always receive a response favorable to his or her interests."
Considerando III
"Estas garantías se complementan con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado tenga derecho a recibir siempre una contestación favorable a sus intereses."
Considerando III
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and thirty minutes on December seventh, two thousand twenty-three.
Amparo action processed in case file number 23-027824-0007-CO, filed by [Name440], identity card [CED5781], against the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, SETENA).-
Whereas:
Drafted by Magistrate Picado Brenes; and,
Considering:
The petitioner alleges that, on February 28, 2023, through the SETENA portal, he requested information of his interest, but as of the date of filing the action, he had not received any type of response, nor had he been given access to the required information. He considers this to be a violation of Articles 27 and 30 of the Constitution.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:
In the present case, the petitioner claims to have submitted a request for information on February 28, 2023, and asserts that, as of the date of filing his action, November 9, 2023, that request had not been resolved, an omission he considers a violation of Article 27 of the Political Constitution. Given the foregoing, it is necessary to state, first, that the right to petition, established in Article 27 of the Political Constitution, when understood in a broad sense, refers to the power every citizen possesses to address any public official or official entity in writing in order to present a matter of their interest. Second, Article 30 of the Political Constitution guarantees free access to administrative departments, solely for purposes of information on matters of public interest. It is, therefore, a mechanism designed to allow citizens to oversee the correct performance of the various public entities in the exercise of the administrative function.
Therefore, when Articles 27 and 30 of the Political Constitution are taken together, they guarantee the right of every person to address any public official or official entity to obtain information on any subject, matter, or information of a public nature. Precisely, the public nature of the information is the central element that determines the right to access it. These guarantees are complemented by the right to obtain a prompt response, although the latter does not mean that the administered party has the right to always receive a response favorable to their interests. However, second, the right to petition, when understood in a strict sense, applies only when it concerns pure and simple requests for information, in which case the response must normally be given within the 10 business days following receipt of the request, as ordered by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law and other regulations governing the matter.
Having defined this, in the sub judice, from the set of proven facts, it is verified that SETENA responded to the request made in time, within the legal deadline. Therefore, it is necessary to dismiss this amparo action.
The parties are warned that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within this period will be destroyed, as provided for in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The action is DISMISSED.
[Name9290] . Acting Presiding Judge Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
[Name6376] B.
Aracelly Pacheco S.
Alexandra Alvarado P.
*SJTVSTZ2JI061* CASE FILE No. 23-027824-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: ([Address12], [Address13], 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: [Address14], San José, [Address15], [Address16], calles 19 y 21, [Address17]
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de diciembre de dos mil veintitres .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 23-027824-0007-CO, interpuesto por Nombre440 , cédula de identidad CED5781, contra la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).-
Resultando:
Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,
Considerando:
El recurrente alega que, el 28 de febrero de 2023, por medio del portal de SETENA, solicitó información de su interés, pero a la fecha de interposición del recurso, no había recibido ningún tipo de respuesta, ni se le había dado acceso a la información requerida. Estima que lo anterior es violatorio de los artículos 27 y 30 constitucionales.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
En el presente caso, la parte recurrente alega haber presentado una solicitud de información el 28 de febrero de 2023 y acusa que, a la fecha de interposición de su recurso, el 9 de noviembre de 2023, esa petición no había sido resuelta, omisión que reputa violatoria del artículo 27 de la Constitución Política. Dado lo anterior, se impone indicar, en primer lugar, que el derecho de petición, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, cuando es entendido en sentido amplio, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. En segundo lugar, el ordinal 30 de la Constitución Política garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos, únicamente, con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Se trata, pues, de un mecanismo ideado para permitir a los administrados fiscalizar el correcto desempeño de los diversos entes públicos en el ejercicio de la función administrativa.
Por lo tanto, cuando los artículos 27 y 30 de la Constitución Política son tomados en su conjunto, garantizan el derecho de toda persona de dirigirse ante cualquier funcionario público o entidad oficial para obtener información sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública. Precisamente, la naturaleza pública de la información es el elemento central que determina el derecho de acceder a ella. Estas garantías se complementan con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado tenga derecho a recibir siempre una contestación favorable a sus intereses. En segundo lugar, empero, el derecho de petición, cuando es entendido en sentido estricto, aplica, únicamente, cuando se trata de peticiones puras y simples de información, en cuyo caso normalmente la respuesta deberá darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia.
Una vez definido esto, en el sub judice, del elenco de hechos probados se constata que la SETENA contestó la solicitud formulada en tiempo, dentro del plazo de ley. Por lo tanto, se impone declarar sin lugar el presente amparo.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara SIN LUGAR el recurso.
Nombre9290 .
Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Nombre6376 B.
Aracelly Pacheco S.
Alexandra Alvarado P.
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