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Res. 31756-2023 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/12/2023
OutcomeResultado
The Chamber annulled the public hearing on the Cahuita Coastal Regulatory Plan and ordered the Municipality of Talamanca to convene another within three months with the Indigenous community duly summoned, while denying relief against SETENA and INVU.La Sala anuló la audiencia pública del Plan Regulador Costero de Cahuita y ordenó a la Municipalidad de Talamanca convocar otra dentro de tres meses con participación debidamente convocada de la comunidad indígena, pero rechazó el amparo contra SETENA e INVU.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber held that the Municipality of Talamanca violated the rights of the Keköldi Indigenous people by holding the public hearing on the Cahuita District Coastal Regulatory Plan without formally convening their representatives. Although the Indigenous territory had been cartographically excluded from the regulated area, that formal boundary did not eliminate potential direct impacts: ethnic territory encompasses cultural, spiritual, economic, and environmental ties extending beyond registered boundaries, while the regulated coastal zones form a continuous territorial unit with it. Future implementation of the plan could positively or negatively affect the community’s social, economic, environmental, and cultural conditions, thereby triggering the consultation duty under ILO Convention No. 169. The Chamber annulled the August 4, 2023 hearing and ordered the municipality to schedule a new hearing within three months and duly summon the community. It denied relief against SETENA and INVU because responsibility for convening the consultation rested exclusively with the municipality.La Sala Constitucional resolvió que la Municipalidad de Talamanca vulneró los derechos del pueblo indígena de Keköldi al celebrar la audiencia pública del Plan Regulador Costero del distrito de Cahuita sin convocar formalmente a sus representantes. Aunque el territorio indígena fue excluido cartográficamente del área regulada, esa delimitación formal no eliminó la posible afectación directa: el territorio étnico comprende vínculos culturales, espirituales, económicos y ambientales que trascienden sus límites registrales, y las zonas costeras reguladas forman con él una unidad territorial continua. La futura aplicación del plan podía incidir positiva o negativamente en las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales de la comunidad, lo que activaba el deber de consulta conforme al Convenio 169 de la OIT. La Sala anuló la audiencia del 4 de agosto de 2023 y ordenó celebrar otra, dentro de tres meses, convocando debidamente a la comunidad. Rechazó el recurso respecto de SETENA e INVU porque la convocatoria correspondía exclusivamente a la municipalidad.
Key excerptExtracto clave
In this specific case, the different respondent authorities considered that the mandatory consultation of the inhabitants of Indigenous Territory Nombre14486 was satisfied by excluding their territory from the direct coverage of the coastal regulatory plan project at issue. Nevertheless, the evidence submitted by both the petitioning party and the respondents shows that, cartographically, the territory forms a unit with the coastline to be regulated and that several activities that would be subject to the regulatory plan are currently conducted in what would constitute Indigenous territory. It is therefore a merely formal device for avoiding consultation; materially, however, these are continuous adjacent areas, making the exclusion of the petitioner association from consultation unjustifiable under the international obligations assumed by our country in this field. Accordingly, this Constitutional Court considers that the Talamanca Municipal Council’s decision in Ordinary Session No. 161 of June 21, 2023, to convene a public hearing for August 4, 2023—which was held—without formally summoning the members of the [...], is contrary to Constitutional Law, namely ILO Convention No. 169, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the American Convention on Human Rights, because Indigenous peoples’ rights over their broader territory do not have the same scope as those they possess and exercise within the geographic territory. Consequently, the future effects of implementing the Coastal Regulatory Plan (IVA-PRC) for the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT) of Cahuita District, Talamanca, could have a potential positive or negative impact on the social, economic, environmental, or cultural conditions forming the basis of the social cohesion of the Keköldi Indigenous Territory; hence the need for public consultation pursuant to Article 7.3 of ILO Convention No. 169, under which governments must ensure, whenever appropriate, that studies are carried out in cooperation with the peoples concerned to assess the social, spiritual, cultural, and environmental impact that planned development activities may have upon them. The results of those studies must be regarded as fundamental criteria for implementing the activities concerned.En este caso concreto, las diferentes autoridades recurridas consideraron que la obligatoriedad de la consulta a los habitantes del territorio indígena Nombre14486 se subsanaba excluyendo su territorio de la cobertura directa del proyecto de plan regulador costero en cuestión. No obstante, de la prueba aportada, tanto por la parte activa como por los accionados, se constata que cartográficamente el territorio forma una unidad con la línea costera que se busca regular y que actualmente varias de las actividades que estarían sujetas al plan regulador se desarrollan en lo que sería territorio indígena. De manera que se trata de un recurso meramente formal para obviar la consulta, pero lo cierto es que materialmente se trata de zonas adyacentes continuas, por lo que la exclusión de la consulta de la asociación actora es injustificable en el marco de las obligaciones internacionales adquiridas por nuestro país en esta materia. Así las cosas, considera este Tribunal Constitucional que, el hecho que mediante la Sesión Ordinaria No. 161 de fecha 21 de junio de 2023, el Concejo Municipal de Talamanca, acordara convocar a audiencia pública para el día 04 de agosto de 2023 -misma que se realizó- sin citar formalmente, a los miembros de la [...], es contrario al Derecho de la Constitución, sea al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional sobre los Derechos, Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, toda vez que los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio amplio no tienen el mismo alcance que aquellos que poseen y ejercen en el territorio geográfico. Por consiguiente, los efectos futuros de la aplicación del Plan Regulador Costero (IVA-PRC) de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del Distrito de Cahuita, Talamanca, podría generar un potencial impacto positivo o negativo sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social del Territorio Indígena de Keköldi; de ahí, lo necesario de la consulta pública a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT, según el cual los “gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.
Pull quotesCitas destacadas
"En tal sentido, la afectación directa se da sin importar que sea positiva a negativa, pues es precisamente dicho aspecto el que deberá resolverse al consultar a los pueblos indígenas afectados."
"In this regard, a direct impact exists regardless of whether it is positive or negative, because that is precisely the matter to be resolved through consultation with the affected Indigenous peoples."
Considerando VI
"En tal sentido, la afectación directa se da sin importar que sea positiva a negativa, pues es precisamente dicho aspecto el que deberá resolverse al consultar a los pueblos indígenas afectados."
Considerando VI
"La dificultad de aplicación es solamente por la noción de territorio étnico, pues este va más allá de un espacio físico formalmente demarcado, como un resguardo, y se vincula a otros elementos culturales, ancestrales así como espirituales (artículo 14 Convenio 169 OIT)."
"The difficulty in applying the rule lies solely in the notion of ethnic territory, which extends beyond a formally demarcated physical space, such as a reservation, and is linked to cultural, ancestral, and spiritual elements (Article 14 of ILO Convention No. 169)."
Considerando VI
"La dificultad de aplicación es solamente por la noción de territorio étnico, pues este va más allá de un espacio físico formalmente demarcado, como un resguardo, y se vincula a otros elementos culturales, ancestrales así como espirituales (artículo 14 Convenio 169 OIT)."
Considerando VI
"El nexo puede expresarse con la presencia tradicional del pueblo, los lazos espirituales o ceremoniales, los asentamientos, los cultivos ocasionales, el uso de recursos naturales ligados a su costumbre y las formas tradicionales de subsistencia, por ejemplo la caza, la pesca, y la relación con las tierras."
"The connection may be expressed through the people’s traditional presence, spiritual or ceremonial ties, settlements, occasional cultivation, customary use of natural resources, and traditional forms of subsistence, such as hunting, fishing, and the relationship with the land."
Considerando VII
"El nexo puede expresarse con la presencia tradicional del pueblo, los lazos espirituales o ceremoniales, los asentamientos, los cultivos ocasionales, el uso de recursos naturales ligados a su costumbre y las formas tradicionales de subsistencia, por ejemplo la caza, la pesca, y la relación con las tierras."
Considerando VII
"Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la audiencia pública llevada a cabo el pasado 04 de agosto de 2023."
"The petition is partially granted. The public hearing held on August 4, 2023, is annulled."
Por tanto
"Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la audiencia pública llevada a cabo el pasado 04 de agosto de 2023."
Por tanto
Full documentDocumento completo
<span data-mce-type="bookmark" id="mce_1_start" data-mce-style="overflow:hidden;line-height:0px" style="overflow: hidden; line-height: 0px;"></span>Document Review SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty a.m. on December 7, 2023.
Writ of amparo (recurso de amparo) processed under expediente N° 23-016445-0007-CO, filed by [Nombre62 001], [Valor 001], [Nombre62 002], [Valor 002], [Nombre62 003], [Valor 003], [Nombre62 004], [Valor 004], [Nombre62 005], [Valor 005], [Nombre62 006], [Valor 006], [Nombre 007], [Valor 007], [Nombre62 008], [Valor 008], on behalf of [Nombre 009], against the MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA.
Findings of Fact:
Nombre14487 that, with respect to his request that an investigation be conducted regarding possible inconsistencies concerning the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) within the area covered by the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero), the corresponding inquiries will be conducted to determine the legally and technically appropriate course of action, and he will be informed of the result in due course. b. On 08 de febrero del 2023, official letter SETENA-DT-EAE-0019-2023 was issued, requesting that the Municipalidad de Talamanca provide detailed information on the boundaries of the Reserva indígena Këköldi and the boundaries of the Coastal Regulatory Plan in question. c. On 15 de febrero del 2023, official letters SETENA-DT-EAE-0021-2023 and SETENA-DT-EAE-0022-2023 were issued to the Municipalidad de Talamanca and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), respectively, granting them a response period of 10 days, as permitted under Article 264 of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública), to respond to the official letters requesting information. d. On 21 de febrero del 2023, official letter OF.A.M.TE0062-2023, issued by the Municipalidad de Talamanca in response to official letter SETENA-DT-EAE-0022-2023, was received by this Secretaría Técnica. e. On 17 de marzo del 2023, official letter SETENA-DT-EAE-0039-2023 was issued, requesting that Mr.
Nombre14488, Vice Minister of Environment and Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, provide information on the boundaries of the forest patches (parches boscosos) that must be added to the total area of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. f. On 27 de abril de 2023, the drafting of INF-TEC-DT-EAE-0005- 2023 was completed. This document will be discussed in detail below and constitutes the conclusion of the handling of AEL-008-2023. 5.3 Third request: Petition: Response: a. On 17 de marzo del 2023, official letter SETENA-DT-EAE-0040-2023 was issued, informing Mr. Nombre14488, Vice Minister of Environment and Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, that, with respect to the response requested in official letter AEL-009-2023 signed by Mr. Nombre14487, in which he requests that an exhaustive investigation be conducted into the alleged violation of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) in Refugio Gandoca Manzanillo and the maritime-terrestrial zone of Talamanca, the corresponding investigation is underway and, once it has concluded, he will be notified of the decision. b. On 27 de abril de 2023, the drafting of INF-TEC-DT-EAE-0005- 2023 was completed.
This document will be discussed in detail below and constitutes the conclusion of the handling of AEL-008-2023 and, consequently, of AEL-009-2023, which was forwarded by MINAE through official letter DVM-021-2023. 5.4 Fourth request: Petition: On 13 de febrero del 2023, official letter AEL-0019-2023 was received by this Secretaría Técnica, issued by Mr. Nombre14487 (who signed in his dual capacity as President of the Asociación de Desarrollo para la Ecología, legal entity identification number CED11547, and as a citizen), in which he requests “…that, in accordance with the law, it be certified that all wetlands (humedales) located in the maritime-terrestrial zone of the canton of Talamanca and included in the document entitled ‘Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítima Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca’ of Junio de 2021 were assessed within the Coastal Regulatory Plan.” Response: On 28 de febrero del 2023, official letter SETENA-SG-0177-2023 was issued in response to official letter AL-0019-2023, clarifying to Mr.
Nombre14489 that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental does not have jurisdiction (competencia) to issue certifications such as the one requested and that the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) is responsible for preparing the studies and would therefore be the institution able to respond to him. He was also informed that the review conducted by the department of Evaluación Ambiental Estratégica is based on the methodology set forth in Decreto Ejecutivo N°32967-MINAE Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA), regarding the biological-environment variables in item 5.9.3 and Anexo I. Those studies pertain to expediente EAE-0002-2020, Incorporación de la Variable Ambiental en el Plan Regulador Costero (IVA-PRC) de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del Distrito de Cahuita, Talamanca. 5.5 Fifth request: Petition: On 13 de febrero del 2023, official letter AEL-0020- 2023, issued by Mr.
Nombre14487, was received by this Secretaría Técnica, in which he requested formal appearance (apersonamiento) in the case file at issue. Response: On 15 de febrero del 2023, official letter SETENA-SG-0137-2023 was issued, informing Mr. Nombre14487 that he was deemed to have formally appeared in the case file at issue. 5.6 Sixth request: Petition: On 22 de febrero del 2023, official letter MLV-002-2023 was received by this Secretaría Técnica, referring to “Ref.: Request for an investigation into the background of the Coastal Regulatory Plan of the Municipalidad de Talamanca and recusal (recusación) of Eng. José Guillermo Masís of SINAC-ACLAC, Geographer Francisco Domínguez B., Coordinator PNE-ACLAC, and M.Sc. Nombre14488, current Vice Minister of Environment and Energy.” Response: a. On 23 de febrero del 2023, official letter SETENA-DT-EAE-0030-2023 was issued, requesting information from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación on the boundaries of the Reserva Indígena Këköldi. b. On 08 de marzo del 2023, official letter SETENA-SG-0218-2023 was issued, informing Mr.
Nombre14489 that the substance of his request falls within the jurisdiction of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) and that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental therefore lacks jurisdiction to decide the matter requested. 5.7 Seventh request: Petition: On 02 de marzo del 2023, official letter AEL-0030-2023 was received by this Secretaría, issued by Mr. Nombre14487 (who signed in his dual capacity as President of the Asociación de Desarrollo para la Ecología, legal entity identification number CED11547, and as a citizen), in which he requested that approval of the Coastal Regulatory Plan of the Municipalidad de Talamanca be revoked and that the actions taken by Licda. Hilda Carvajal Bonilla, head of the department of Urbanismo, be declared null and void. Response: On 08 de marzo del 2023, official letter SETENA-SG-0219-2023 was issued, informing Mr. Nombre14489 that this Secretaría Técnica would not address the merits of his petitions because they fall outside its jurisdiction. 5.8 Eighth request: Petition: On 09 de marzo del 2023, official letter AEL-0037-2023 was received by this Secretaría Técnica, issued by Mr.
Nombre14487 (who signed in his dual capacity as President of the Asociación de Desarrollo para la Ecología, legal entity identification number CED11547, and as a citizen). That official letter is addressed to the Concejo Nacional de Área de Conservación (CONAC) and was added to the case file. Response: Because the official letter was received as a copy, since it is addressed to CONAC, it was merely added to expediente EAE-0002-2020. 5.9 Conclusion of the requested investigation: On 27 de abril de 2023, the drafting of INF-TEC-DT-EAE-0005-2023 was completed. It recommends that the Comisión Plenaria de la SETENA exclude territory belonging to the Reserva Indígena de Këköldi from the environmental feasibility approval (viabilidad ambiental) previously granted to the proposed regulatory plan for the maritime-terrestrial zone of the district of Cahuita, canton of Talamanca, province of Limón, which was granted on 11 de enero del 2023 through Resolution No. 025-2023-SETENA.
On the merits, the following is determined: 5.9.1 With respect to the petition referred to in items 5.1 First request (Official Letter AEL-004- 2023) and 5.2. Second request (official letter AEL-008-2023), through official letter SETENA-DT-0019-2023 the Municipalidad de Talamanca was requested to submit to this Secretaría detailed information, including cartographic information, on the boundaries of the Reserva Indígena Këköldi and the boundaries of the Coastal Regulatory Plan in question. In response to the request, official letter OF.A.M. T-E-0062-2023 was received, in which the Municipalidad de Talamanca states: “…in this regard, I hereby inform you that, following a review of the ruling issued by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia through resolution 004507-F-S1-2019 at ten o’clock on doce de diciembre del 2019, based on expediente 10-000273-1028-CA, it was held that property 10056-000 (sic 19056-000) forms part of the reserva indígena de Këköldi and must be registered in accordance with the Ley Indígena and its regulations in the Name62 thereof.
Based on the foregoing and this office’s review, property recorded under real-property folio 19056-000 (which currently and as of today is registered in the Name62 of ASOC. DES INTEG RES INDIG TALAMANCA) is located in district Dirección1813 PROVINCIA DE LIMON; it lists no adjoining properties to the north, south, east, or west; it refers to ‘see volume’; it does not specify a survey plan; and it does not list the owner’s legal entity identification number. Accordingly, for the purpose of carrying out any procedure or modification relating to real-property folio 19056-000, the corresponding registration must be completed, the respective survey plan submitted, and the location amended, as indicated in the judgment at issue. (Boldface is not in the original text) However, through a review before other related bodies and agencies, such as the Registro Público, we were able to determine the following from the relevant information (image inserted). 5.9.2 With respect to the same petition referred to in items 5.1 First request (Official Letter AEL-004-2023) and 5.2.
Second request (official letter AEL-008-2023), SINAC was also requested, through official letters SETENA-DT-0020-2023, SETENA-DT-0030-2023, and SETENA-DT-0039-2023, to provide information on the boundaries of the Reserva Indígena Këköldi and the boundaries of the forest patches that must be added to the total area of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, and which must consequently be excluded from the Coastal Regulatory Plan of Cahuita, Talamanca. As of the date of that technical report (INF-TEC-DT-EAE-0005-2023 del 27 de abril de 2023), and as of the date of this technical report prepared as input for responding to the amparo appeal (Recurso de Amparo) in expediente 23-016445-0007-CO, no response to the requests has been received. 5.9.3 As part of the results of the investigation conducted, this Secretaría Técnica is aware that, in Resolution 004507- F-S1-2019, issued at ten hours and zero minutes on doce de diciembre de dos mil diecinueve, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia states in its POR TANTO: “It is hereby declared that property 19.056- 000 forms part of the Reserva Indígena de Këköldi and must be registered in accordance with the Ley Indígena and its Reglamento in the Name62 of the [Nombre 009] de la Reserva Indígena Bribrí de Këköldi.” In this regard, the following image prepared by SINAC was received.
It shows, in orange, that property 19056-000 forms part of the Reserva Indígena de Këköldi, as stated in Resolution 004507-F-S1-2019 of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia; and, in the coastal zone marked by the purple box, it can be seen that it overlaps with the study area of expediente SETENA EAE-02-2020, which pertains to the incorporation of the environmental variable into the proposed regulatory plan for the maritime-terrestrial zone of the district of Cahuita, canton of Talamanca, province of Limón. (image inserted).
5.9.4 Whereas, in light of the findings explained above concerning a property that forms part of the Reserva Indígena Këköldi, the appropriate course of action is to exclude that area from the environmental viability license (Viabilidad Licencia Ambiental) granted in the case file at issue, because it is classified as an Indigenous Reserve, in accordance with Convention 169 of the International Labour Organization (ILO), ratified by Costa Rica; the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples; international human-rights case law issued by the Inter-American Court of Human Rights (IACHR); domestic constitutional case law; the Ley Indígena; and the relevant Executive Decrees. These authorities clearly establish that, when territories inhabited by Indigenous populations are involved and those populations are in some way affected by governmental or legislative decisions, their participation is required for purposes of making the final decisions; they further establish the obligation of Nations to provide the technical resources necessary to conduct an appropriate study of the situation.
This is because the close connection of Indigenous peoples to their lands and their communal tradition concerning collective ownership thereof are essential to guaranteeing their survival. The foregoing is intended to respect the decisions concerning their territory that arise from the community and its representatives through the customs and self-determination of this Indigenous people, a matter that has been extensively addressed by the Sala Constitucional (Voto No. 2011-000281 de las 9 horas 36 minutos del 14 de enero de 2011). 6 Modification of the environmental viability granted: On 10 de mayo de 2023, through Resolution No. 0683-2023-SETENA, the following was ordered in the First Por Tanto: “FIRST: Having conducted the investigation into the boundaries of the Reserva Indígena de Këköldi, as indicated in Resolution 004507-F-S1-2019 of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, and having set forth the observations recorded in this technical opinion INF-TEC-DT-DEAE-0005-2023, it is concluded that, with respect to this expediente, Resolution Nº 025-2023-SETENA is hereby modified by excluding from that Environmental Viability (License) the area of property Placa2092- that overlaps with the study area of expediente EAE-0002-2020-SETENA Plan Regulador Costero (IVA-PRC) for the Zona Marítimo Terrestre (ZMT) of Distrito de Cahuita, Talamanca, because that area is not under municipal administration and therefore cannot form part of the Plan Regulador.
The remainder of Resolution Nº 025-2023-SETENA shall remain unchanged.” In its recitals, this resolution refers to the substantive elements identified in items 5.9.1 through 5.9.4 of section II of this report. As stated in item 5.9.2 of section II of this report and in CONSIDERANDO SEXTO of Resolution Nº 0683-2023-SETENA, once SINAC determines the boundaries of the forest patches (parches boscosos) that must be added to the total area of Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, they must be excluded from the proposed regulatory plan (plan regulador) for the Maritime-Terrestrial Zone (zona marítimo terrestre) of distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, provincia de Limón. Accordingly, the DEAE of SETENA will conduct the corresponding analysis and prepare the technical report for submission to the Comisión Plenaria for action within its authority. With regard to official letter OF.A.M.T-E-0062-2023, it was indeed received by SETENA on the date indicated by the appellant and constitutes the response to official letter SETENA-DT-EAE-0022-2023, which was sent to Municipalidad de Talamanca on 15 de febrero de 2023.
Both official letters form part of the documentation generated during the investigative process conducted by this Secretariat in response to the investigation requests submitted by Mr. Nombre14487 in official letters AEL-004-2023, AEL-008-2023, AEL-009- 2023 and MLV-002-2023. That investigation culminated in the issuance of INF-TEC-DT-EAE-0005- 2023, which recommends that the Comisión Plenaria of SETENA exclude the territory of Reserva Indígena de Këköldi from the environmental viability previously granted to the proposed regulatory plan for the Maritime-Terrestrial Zone of distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, provincia de Limón, which was granted on 11 de enero del 2023 through Resolution No. 025-2023-SETENA. Regarding the foregoing, and as stated in the text of the appeal in question, the proposed regulatory plan initially included both areas within Territorio Indígena de Këköldi and areas adjacent thereto, and environmental viability was initially granted on that basis (through Resolution No. 025-2023-SETENA del 11 de enero del 2023).
It must be clarified, however, that after the investigation was conducted, the matter was corrected through Resolution No. 0683-2023-SETENA del 10 de mayo de 2023, which established the following in its First Por Tanto: “FIRST: Having conducted the investigation into the boundaries of the Reserva Indígena de Këköldi, as indicated in Resolution 004507-F-S1-2019 of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, and having set forth the observations recorded in this technical opinion INF-TEC-DT-DEAE-0005-2023, it is concluded that, with respect to this expediente, Resolution Nº 025-2023-SETENA is hereby modified by excluding from that Environmental Viability (License) the area of property 19.056- 000 that overlaps with the study area of expediente EAE-0002-2020-SETENA Plan Regulador Costero (IVA-PRC) for the Zona Marítimo Terrestre (ZMT) of Distrito de Cahuita, Talamanca, because that area is not under municipal administration and therefore cannot form part of the Plan Regulador.
The remainder of Resolution Nº 025-2023-SETENA shall remain unchanged.” III: Conclusions With respect to the appellants’ argument transcribed above, it must be clarified that the environmental viability currently held by the proposed regulatory plan for the Maritime-Terrestrial Zone of distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, provincia de Limón, processed under expediente EAE-02-2022, entirely excluded the territory of Reserva Indígena de Këköldi.” They request that the appeal be denied.
Justice Hess Herrera authors the opinion; and,
Whereas:
The petitioners complain that the Municipalidad de Talamanca has never contacted the [...]) to coordinate and implement the prior, free, and informed consultation process regarding the proposed Coastal Regulatory Plan for the Distrito de Cahuita in the Cantón de Talamanca. They add that, at ordinary session No. 161 dated 21 de junio de 2023, the Concejo Municipal de Talamanca agreed to convene a public hearing for 04 de agosto de 2023, at Dirección1811.
In this specific case, the active supporting intervenor José Ulises Uva Ríos, in his capacity as president and general attorney-in-fact with authority to represent the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDIGENA CABECAR DE TALAMANCA in judicial and extrajudicial matters, states as follows: “… Acting to protect our constitutional rights and those of all Costa Ricans, we hereby file this active supporting intervention in support of the petitioners in the constitutional protection action being processed under case number 23-016445-0007-CO, because we have a legitimate and direct interest in its outcome as members of the communities affected by decisions made along the coast regarding development and land-use planning processes, as established and authorized by Article 34 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. We request that this honorable Court grant in full the constitutional protection action filed against Yahaira Mora Blanco, in her capacity as President of the Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca, and Rugeli Morales Rodríguez, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Talamanca, for violating our rights …”.
In prior judgments, this Court has stated that supporting intervention (coadyuvancia) is a form of aligned intervention that occurs when a person participates in proceedings by joining the claims of one of the principal parties. Consequently, a person with a direct interest in the outcome of the action has standing to act as a supporting intervenor; however, because that person is not a principal party, the supporting intervenor will not be directly affected by the judgment—that is, the judgment’s effect cannot apply to that person directly and immediately, nor is that person affected by the judgment’s res judicata effect—although, in constitutional protection matters, that person may benefit from the effect of the ruling because the case law and precedents of the constitutional jurisdiction have erga omnes effect (Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). Accordingly, pursuant to the aforementioned procedural rule and in light of the intervenor’s statements, the supporting intervention at issue is admissible.
For purposes of deciding this matter, the following facts are deemed duly established, either because they have been proven or because the respondent (recurrido) failed to address them as ordered in the initial ruling:
The fundamental right to prior consultation (consulta previa) is grounded in the protection of Indigenous and tribal peoples and the elimination of the historical exclusion they have endured. It establishes a governance model in which participation is an indispensable prerequisite for safeguarding the communities’ other rights and interests, including cultural integrity, self-determination, territory, and the use of natural resources, among others; it is therefore non-waivable and entails obligations for both the State and private parties. This right requires Indigenous and tribal communities to be consulted regarding any decision that directly affects them, so that they may express their views on the manner in which and the reasons upon which a particular measure is based or was adopted, since it clearly affects or will affect their lives. The right to prior consultation is also incorporated through the constitutional corpus (bloque de constitucionalidad) by several international human-rights instruments, most notably Convention 169 of the International Labour Organization—hereinafter ILO Convention 169 (Convenio 169 OIT)—the International Covenant on Civil and Political Rights—hereinafter ICCPR (PIDCP)—the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights—hereinafter ICESCR (PIDESC)—and the American Convention on Human Rights—hereinafter ACHR (CADH).
These instruments are binding for the resolution of disputes and also provide a framework for action to ensure consultation by States with Indigenous peoples, as a principle of public international law. In addition, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted by Resolución 61/295, and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, together with General Recommendation Nº 23 of 1997 concerning the rights of Indigenous peoples, help define the scope and content of the fundamental right to prior consultation. Specifically, ILO Convention 169 provides that the principles of participation and consultation are fundamental. Article 6 establishes the State’s general duty to consult Indigenous and tribal peoples who may be directly affected by the adoption of administrative or legislative measures. It provides that prior consultation must be conducted using pertinent and appropriate mechanisms and procedures to reach an agreement with the community’s representative authorities, while Article 7.3 requires States to enable studies to be conducted in cooperation with the peoples concerned in order to assess the social, spiritual, cultural, and environmental impacts that may result from the activities undertaken.
The ICCPR and the ICESCR, for their part, share an article concerning peoples’ right to self-determination, under which they determine their economic, social, and cultural development and may freely dispose of their wealth and natural resources. This right has been consistently interpreted in international jurisprudence, particularly through the work of the Human Rights Committee and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, the authoritative interpreters of these treaties, as rules applicable to Indigenous peoples. This does not imply that these peoples may attain political independence from the States of which they form part (external self-determination), but rather that they have the right to make decisions concerning their economic, social, and cultural development and to dispose of the wealth and natural resources within their territories in accordance with their customs and practices, subject to constitutional limits and respect for the territorial integrity of States (internal self-determination).
This entails, among other things, the duty of States to properly demarcate and protect the territories of these peoples and to consult them regarding measures that directly affect them. The ACHR contains no express article on prior consultation; nevertheless, based on the principles of the indivisibility and interdependence of human rights, the Inter-American Court of Human Rights—hereinafter the I/A Court H.R. (Corte IDH)—held in Sarayaku v. Ecuador that States’ obligation to consult Indigenous or tribal peoples is a principle of public international law. The I/A Court H.R. has stated that such consultations with Indigenous and tribal communities are directly related to Article 1.1, which establishes the general obligation to guarantee the free and full exercise of the rights recognized in the Convention. It has also noted that community consultation and participation safeguard other rights, such as those relating to territory, the environment, and cultural integrity, thereby allowing it to link consultation to Article 23 of the ACHR.
In the case under review, the appellants contend that the Municipalidad de Talamanca has never contacted the [...] to coordinate and implement the process of prior, free, and informed consultation regarding the coastal regulatory plan for the district of Cahuita, canton of Talamanca, because at Sesión Ordinaria No. 161 dated 21 de junio de 2023, the Concejo Municipal de Talamanca merely resolved to call a public hearing for 04 de agosto de 2023 at the Hone Creek soccer field, without making any specific reference to the circumstances of the Indigenous people in question.
The established facts show that the coastal regulatory plan for the district of Cahuita, canton of Talamanca, was developed by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) under a cooperation agreement with the Municipalidad de Talamanca. That agreement was executed in 2017 and defined the areas that would be subject to the regulatory plan pursuant to Ley de la Zona Marítima Terrestre Nº 6043 of 1977, excluding the Natural Heritage of the State and Protected Wilderness Areas; informational workshops were held in the communities of Cahuita, Manzanillo, and Puerto Viejo on 10, 11 and 12 de julio del 2018, respectively. It has been established that the cited coastal regulatory plan covers areas adjacent to the Territorio Indígena de Keköldi. It has also been established that on 11 de enero de 2023, through Resolución No. 025-2023-SETENA, the initial regulatory-plan proposal covered both areas within the aforementioned Indigenous territory and adjacent areas, and environmental approval was initially granted on that basis.
Subsequently, on 10 de mayo de 2023, through resolución No. 0683-2023-SETENA, the following was resolved: “FIRST: After conducting the investigation into the boundaries of the Reserva Indígena de Nombre14486, as stated in Resolución 004507-F-S1-2019 of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, and after setting forth the findings recorded in this technical opinion INF-TEC-DT-DEAE-0005-2023, it is concluded that, with respect to this expediente, Resolución Nº 025-2023-SETENA is amended by excluding from said Environmental Approval (License) the area of property 19.056- 000 that overlaps with the study area of expediente EAE-0002-2020-SETENA Plan Regulador Costero (IVA-PRC) of the Zona Marítimo Terrestre (ZMT) of the Distrito de Cahuita, Talamanca, because that area is not under municipal administration and therefore cannot form part of the regulatory plan. The remainder of Resolución Nº 025-2023-SETENA shall remain unchanged.” Likewise, on 21 de junio de 2023, the Concejo Municipal de Talamanca, pursuant to Sesión Ordinaria No. 161 dated 21 de junio de 2023, called a public hearing for 04 de agosto de 2023 (the date on which the event was held) to inform the communities about the regulatory plan for the Zona Marítimo Terrestre in the district of Cahuita, canton of Talamanca; however, the appellants, members of the [...]”, were not invited to that hearing.
VI.Regarding this matter, it should be noted that the purpose of consultation or a public hearing is to make a genuine effort to reach an agreement with Indigenous communities concerning measures that directly affect them (that is, policies, regulations, plans, programs, etc.). It has likewise been established that the principle of good faith must guide the parties’ conduct, as an essential condition for mutual understanding and trust and, therefore, for the effectiveness of the consultation, and that consultations must ensure the active and effective participation of the peoples concerned. On this issue, the case law has explained that active participation cannot consist merely of notifying the peoples concerned or holding informational meetings. For that participation to be effective, the peoples’ views must have an impact on the decision adopted by the relevant authorities. In other words, consultation constitutes a process of intercultural dialogue among equals, on the understanding that neither do Indigenous peoples have a right of veto allowing them to block State decisions, nor does the State have a right to impose arbitrarily any decision upon Indigenous peoples; rather, there is an exchange of reasons between cultures possessing equal dignity and constitutional value.
This does not mean that, as a factual matter, Indigenous peoples have power equal to that of private parties or the State in this consultation process, since they are usually at a disadvantage because of the discrimination to which they have been subjected. The State therefore has a duty to adopt the compensatory measures necessary to strengthen the position of these peoples in such consultation processes, so that this intercultural dialogue among equals can operate effectively.
Ergo, the consultation must be flexible so that it can be adapted to the needs of each matter, and this requirement cannot be disregarded merely by invoking the general interest, since the diversity of Indigenous peoples must be taken into account. Furthermore, the consultation must be informed; it therefore cannot be treated as a mere formality, but must constitute a genuine effort by the State to understand the perspectives of the affected peoples and effectively reach an agreement. Respect for ethnic and cultural diversity is therefore imperative and will make it possible to find mechanisms that satisfy both parties.
With respect to this same issue, through Voto Nº 2000-10075 issued at 15:15 on 10 de noviembre de 2000, this Chamber responded to a request for clarification of decision N°2000-8019, further elaborating on the scope of Article 15 of Convention 169 by stating that, although this instrument does not specify the precise time at which consultation with the communities must take place, it must be construed as an obligation to conduct such consultation through their representative institutions whenever actions are contemplated that may directly affect them: “How is that provision to be understood? Should it mean that, if the Ministry of Environment and Energy intended to grant authorization to one or more companies to conduct exploration, it was necessary to wait until the entire proceeding had concluded or, worse still, until the successful bidder had already begun the exploration work, before initiating mechanisms for consultation with the communities?
As appears at folio trescientos ochenta y uno, the petitioner acknowledges that activities are already being carried out in block número doce (offshore block), which is not Indigenous territory, but this means that acts of implementation are taking place as a result of the government procurement process, irrespective of whether they relate to Indigenous territories. (…) In any event, the scope that the Chamber attributes to Article 15 of ILO Convention N°169, based on its own precedents, makes it possible to reiterate here that a consultation procedure ‘appropriate to the circumstances’ must be followed, as that provision also emphasizes, so that the public interest legitimately held by State authorities in carrying out oil exploration or exploitation is reconciled with the interests of the Indigenous communities that may be affected by it, depending on the blocks awarded and to that extent…”.
Therefore, it is clear that legitimately fulfilling the right of Indigenous communities to participate effectively requires the consultation to take place before acts of implementation and in the forms best suited to the specific case.
Accordingly, the key prerequisite for triggering the duty of prior consultation (consulta previa) is that a particular measure may directly affect an ethnic people. For economy of language, the concept of “direct effect (afectación directa)” is commonly used. Although this is an indeterminate concept, that does not mean it is devoid of content, since it has been defined by ILO Convention 169, domestic legislation, and the case law of the Inter-American Court of Human Rights.
In this particular case, the representative authorities of the Municipalidad de Talamanca contend in their report that: “…the effect alleged by the petitioner does not exist, since we reiterate our position that, because the Keköldi Indigenous territory is not involved, there is no need to make contact with the development association to coordinate actions, inasmuch as the area included in the regulatory plan (plan regulador) does not form part of that territory. It should also be made clear that the areas bordering the territory are governed by the Ley de Zona Marítima Terrestre or, alternatively, by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), under their designation as a protected wilderness area or State Natural Heritage…”. (the emphasis and underlining do not appear in the original).
In the opinion of this Constitutional Court, certain criteria exist for identifying a direct effect on communities from administrative measures concerning them. Accordingly, a direct effect may be understood as any measure that alters the status of a person or community, either because it imposes restrictions or burdens upon them or, conversely, grants them benefits. In this regard, a direct effect exists regardless of whether it is positive or negative, since that is precisely the issue that must be resolved through consultation with the affected Indigenous peoples. To reiterate, prior consultation is required if a general measure affects ethnic peoples with particular intensity or in a differentiated manner; for this purpose, it must be understood that the territory of the Reserva Indígena de Nombre14486 is linked to the concept of direct effect and, consequently, to the application of prior consultation. There is neither doubt nor dispute concerning the rule specified. The only difficulty in its application concerns the notion of ethnic territory, since this extends beyond a formally demarcated physical space, such as an Indigenous reserve (resguardo), and is linked to other cultural, ancestral, and spiritual elements (Article 14 of ILO Convention 169).
VII.In view of the foregoing, it is clear that the relationship of Indigenous peoples with their territory must be analyzed in each particular case and according to the following criteria: i) the characteristics of the community and the circumstances in which it finds itself; and ii) the possibility that the group maintains its connection with the land. This connection may be expressed through the people’s traditional presence, spiritual or ceremonial ties, settlements, occasional cultivation, use of natural resources associated with their customs, and traditional forms of subsistence, such as hunting and fishing, as well as their relationship with the land.
In multiple decisions, the Inter-American Court of Human Rights cautioned that, with respect to Indigenous peoples, the physical concept of property under classical civil law must be transcended. For example, in the cases of the communities Mayagna (Sumo) Nombre14490 v. Nicaragua, Yakye Axa v. Paraguay, Sawhoyamaxa v. Paraguay, Xákmok Kásek v. Paraguay, Nombre14491 v. Su[1]ethos for future generations. Thus, “the traditional territory of the [Indigenous or tribal society encompasses] villages, hunting and fishing areas, burial sites, sources of medicinal plants, and places of significance in its history.” It was also stated that property rights encompass the use and enjoyment of natural resources within their territories.
In this specific case, the various respondent authorities considered that the obligation to consult the inhabitants of the Nombre14486 Indigenous territory could be satisfied by excluding their territory from the direct coverage of the coastal regulatory plan project at issue. Nevertheless, the evidence submitted by both the petitioner and the respondents shows that, cartographically, the territory forms a single unit with the coastline sought to be regulated and that several of the activities that would be subject to the regulatory plan are currently carried out in what would constitute Indigenous territory. Thus, this is merely a formal device for avoiding consultation, while the fact remains that these are materially continuous adjacent areas; the exclusion of the petitioner association from the consultation is therefore unjustifiable within the framework of the international obligations assumed by our country in this area.
Accordingly, this Constitutional Court considers that the fact that, during Ordinary Session No. 161 dated 21 de junio de 2023, the Concejo Municipal de Talamanca agreed to convene a public hearing for 04 de agosto de 2023—which was held—without formally summoning the members of the [...], is contrary to Constitutional Law, namely ILO Convention 169, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the American Convention on Human Rights, since the rights of Indigenous peoples over their broader territory do not have the same scope as those they possess and exercise within the geographical territory. Consequently, the future effects of implementing the Coastal Regulatory Plan (IVA-PRC) for the Zona Marítimo Terrestre (ZMT) of the Distrito de Cahuita, Talamanca, could potentially have a positive or negative impact on the social, economic, environmental, or cultural conditions forming the basis of the social cohesion of the Territorio Indígena de Keköldi; hence the need for public consultation pursuant to Article 7.3 of ILO Convention 169, under which “governments shall ensure that, whenever appropriate, studies are carried out in cooperation with the peoples concerned to assess the social, spiritual, cultural, and environmental impact that planned development activities may have upon those peoples. The results of these studies shall be regarded as fundamental criteria for implementing the aforementioned activities.”
In view of the foregoing, the application for amparo relief (recurso de amparo) must be granted solely with respect to the Municipalidad de Talamanca; consequently, the public hearing held on 04 de agosto de 2023 is annulled. Finally, with respect to SETENA and INVU, the application is denied, since the decision whether to hold the consultation falls exclusively to the Municipality.
The parties are advised that, if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, these must be retrieved from the Court within a maximum period of thirty business days, counted from notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within that period shall be destroyed, pursuant to the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary” (“Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”), approved by the Full Court at Session N° 27-11, of 22 de agosto del 2011, article XXVI, and published in Judicial Bulletin N° 19, of 26 de enero del 2012, as well as the resolution approved by the Superior Council of the Judiciary at Session N° 43-12, held on 3 de mayo del 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The amparo petition (recurso) is partially granted. The public hearing held on 04 de agosto de 2023 is annulled. Rugeli Morales Rodríguez and Yahaira Mora Blanco, respectively mayor and president of the Municipal Council, both of the Municipalidad de Talamanca, or whoever holds those offices in their stead, are ordered to issue such directives as fall within the scope of their authority and to make the necessary arrangements so that, within a maximum period of THREE MONTHS from notification of this judgment, a new public hearing is scheduled for the project concerning the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) of the Distrito de Cahuita of the Cantón de Talamanca, and the members of the [...] are given due advance notice.” The foregoing is ordered with the warning that, pursuant to article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), any person who receives an order issued in an amparo proceeding (recurso de amparo), which that person is required to comply with or enforce, and fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years, or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
The Municipalidad de Talamanca is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts underlying this ruling, which shall be assessed in judgment-enforcement proceedings before the contentious-administrative jurisdiction (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). As to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), the petition is denied. Let notice be given.- Nombre9290 .
Acting President Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Nombre6376 B.
Aracelly Pacheco S.
Alexandra Alvarado P.
CASE FILE N° 23-016445-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. south of the Perpetuo Socorro church). Filing office for matters involving vulnerable groups: Dirección14 , San José, Dirección15 , Dirección16 , streets 19 and 21, Dirección17
<span data-mce-type="bookmark" id="mce_1_start" data-mce-style="overflow:hidden;line-height:0px" style="overflow: hidden; line-height: 0px;"></span>Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de diciembre de dos mil veintitres .
Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 23-016445-0007-CO, interpuesto por [Nombre62 001], [Valor 001], [Nombre62 002], [Valor 002], [Nombre62 003], [Valor 003], [Nombre62 004], [Valor 004], [Nombre62 005], [Valor 005], [Nombre62 006], [Valor 006], [Nombre 007], [Valor 007], [Nombre62 008], [Valor 008], a favor de [Nombre 009], contra la MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando:
Los recurrentes reclaman que la Municipalidad de Talamanca en ningún momento ha contactado a la [...]) para coordinar e implementar el proceso de consulta previa, libre e informada de la propuesta de Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca. Agregan que en sesión ordinaria No. 161 de fecha 21 de junio de 2023 del Concejo Municipal de Talamanca, se acordó convocar a audiencia pública para el día 04 de agosto de 2023, en la Dirección1811 .
En el caso concreto, el coadyuvante activo José Ulises Uva Ríos, en su condición de presidente y apoderado general con la representación judicial y extrajudicial de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDIGENA CABECAR DE TALAMANCA, señala lo siguiente: “… Actuando a favor de la tutela de nuestros derechos constitucionales y los de todos los costarricenses, procedemos a interponer la presente coayudvancia a favor de las recurrentes, del recurso de amparo que se tramita bajo el expediente número 23-016445-0007-CO, lo anterior por contar con un interés legítimo y directo en el resultado del mismo por ser parte de las comunidades afectadas por las decisiones tomadas en la costa de cara a los procesos de desarrollo y planificación territorial, según lo establece y autoriza el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Solicitamos a este honorable Tribunal que acoja en su totalidad el recurso de amparo que se presentó en contra de la señora Yahaira Mora Blanco, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca; y el señor Rugeli Morales Rodríguez, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Talamanca, por violar nuestros derechos …”.
En sentencias anteriores, este Tribunal ha indicado que la coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso, pero al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de esta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter de erga omnes que tiene la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por el interviniente, resulta admisible la referida coadyuvancia.
De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho, sea porque así ha sido acreditado o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ello según lo prevenido en el auto inicial:
El derecho fundamental a la consulta previa se funda en la defensa de los pueblos indígenas y tribales y en la eliminación de las exclusiones históricas que han padecido. Establece un modelo de gobernanza, en el que la participación es un presupuesto indispensable para garantizar los demás derechos e intereses de las comunidades, como ocurre con la integridad cultural, la libre determinación, el territorio y el uso de los recursos naturales etc., por lo cual tiene un carácter irrenunciable e implica obligaciones tanto al Estado como a los particulares. Este derecho implica que las comunidades indígenas y tribales deban ser consultadas sobre cualquier decisión que las afecte directamente, de manera que puedan manifestar su opinión sobre la forma y las razones en las que se cimienta o en las que se fundó una determinada medida, pues esta incide o incidirá claramente en sus vidas. Asimismo, el derecho a la consulta previa se incorpora vía bloque de constitucionalidad, a través de varios instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, dentro de los cuales se destacan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –en adelante Convenio 169 OIT–, el Pacto Internacional sobre los Derechos, Civiles y Políticos –en adelante PIDCP–, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales –en adelante PIDESC-, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos –en adelante CADH–.
Dichos instrumentos son vinculantes para la definición de las controversias y además marco de acción para garantizar la consulta de los Estados con los pueblos indígenas, como un principio de derecho internacional público. Adicionalmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Resolución 61/295 y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial junto con la Recomendación General Nº 23 de 1997 relativa a los derechos de los pueblos indígenas, permiten darle alcance al contenido del derecho fundamental a la consulta previa. Específicamente, el Convenio 169 OIT prescribe que los principios de participación y consulta son fundamentales. En su artículo 6º, se establece el deber general del Estado de consultar a los pueblos indígenas y tribales que sean susceptibles de verse afectados directamente por la expedición de medidas administrativas o legislativas.
Dispone que la consulta previa debe adelantarse con herramientas y procedimientos pertinentes y adecuados para llegar a un acuerdo con las autoridades representativas de la comunidad y el artículo 7.3 prevé que los Estados posibiliten la realización de estudios en cooperación con los pueblos interesados para evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente, que puedan recaer ante las actividades que se desarrollen. Por su parte, el PIDCP y el PIDESC tienen un artículo común que se refiere al derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, que implica que estos determinan su desarrollo económico, social y cultural, y pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Este derecho ha sido interpretado en forma pacífica por la jurisprudencia internacional, en especial gracias a la labor del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que son los intérpretes autorizados de estos tratados, como normas aplicables a los pueblos indígenas, sin que esto implique la posibilidad de independencia política de estos pueblos frente a los Estados de los cuales hacen parte (autodeterminación externa) pero si un derecho a tomar decisiones relativas a su desarrollo económico, social y cultural y a disponer de sus riquezas y recursos naturales en sus territorios, conforme a sus usos y costumbres, dentro de los límites constitucionales y el respeto a la integridad territorial de los Estados (autodeterminación interna).
Esto apareja, entre otros, el deber de los Estados de demarcar y proteger adecuadamente los territorios de estos pueblos y consultarlos en relación con las medidas que los impactan directamente. En la CADH no hay un artículo expreso de la consulta previa; sin embargo, con sustento en los mandatos de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en adelante Corte IDH-, en el caso Sarayaku vs Ecuador, advirtió que la obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas o tribales es un principio de derecho internacional público. La Corte IDH ha indicado que estas consultas con las comunidades indígenas y tribales tiene una relación directa con el artículo 1.1, que establece la obligación general de garantizar el libre pleno ejercicio de los derechos conocidos en la Convención. También ha advertido que la consulta y participación de las comunidades garantizan los demás derechos, por ejemplo, territorio, ambiente e integridad cultural, y esto le ha permitido ligar la consulta con el artículo 23 de la CADH.
En el caso bajo estudio, los recurrentes reclaman que, la Municipalidad de Talamanca en ningún momento ha contactado a la [...] para coordinar e implementar el proceso de consulta previa, libre e informada del Plan Regulador Costero del distrito de Cahuita del cantón de Talamanca, pues en sesión ordinaria No. 161 de fecha 21 de junio de 2023 el Concejo Municipal de Talamanca, lo que acordó fue convocar a audiencia pública para el día 04 de agosto de 2023, en la plaza de fútbol de Hone Creek, sin ninguna referencia específica, a la situación del pueblo indígena en cuestión.
Ahora bien del elenco de hechos probados, se comprueba que, el Plan Regulador Costero del distrito Cahuita del cantón de Talamanca lo desarrolló el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) bajo convenio de cooperación con la Municipalidad de Talamanca. Dicho convenio fue suscrito en el año 2017, en donde se definieron las áreas que serían sujetas al Plan Regulador en aplicación de la Ley de la Zona Marítima Terrestre Nº 6043 del año 1977, exceptuando el Patrimonio Natural del Estado y las Áreas Silvestres Protegidas, realizando talleres informativos en las comunidades de Cahuita, Manzanillo y Puerto Viejo en las fechas 10, 11 y 12 de julio del 2018, respectivamente. Se verifica que el citado Plan Regulador Costero contempla áreas adyacentes del territorio indígena de Keköldi. Se corrobora que el 11 de enero de 2023, mediante Resolución No. 025-2023-SETENA, inicialmente la propuesta del plan regulador contemplaba tanto áreas dentro del territorio indígena mencionado, como áreas adyacentes, y así se otorgó viabilidad ambiental inicialmente.
Posteriormente, el 10 de mayo de 2023, mediante resolución No. 0683-2023-SETENA se acordó: “PRIMERO: Realizada la investigación sobre los límites de la Reserva Indígena de Nombre14486 y según como lo señala la Resolución 004507-F-S1-2019 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y luego de expuestos los señalamientos que se anotan en el presente dictamen técnico INF-TEC-DT-DEAE-0005-2023, se concluye que, en relación a este expediente, se modifica la Resolución Nº 025-2023-SETENA, excluyendo de dicha Viabilidad (Licencia) Ambiental el área del inmueble 19.056- 000 que se traslapa con el área de estudio del expediente EAE-0002-2020-SETENA Plan Regulador Costero (IVA-PRC) de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del Distrito de Cahuita, Talamanca, ya que dicha área no es parte de la administración municipal y por ende no puede ser parte del Plan Regulador. Quedando incólume el resto de la Resolución Nº 025-2023-SETENA.”.
Asimismo, el 21 de junio de 2023, el Concejo Municipal de Talamanca, según Sesión Ordinaria No. 161 de fecha 21 de junio de 2023 convocó a audiencia pública para el día 04 de agosto de 2023 (fecha en la que se llevó a cabo dicho evento), para informar a las comunidades del Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre del distrito de Cahuita del cantón de Talamanca; sin embargo, los recurrentes, miembros de la [...]”, no fueron convocados a dicha audiencia.
VI.Sobre el particular, cabe indicar que, el objetivo de la consulta o audiencia pública, es intentar lograr genuinamente, un acuerdo con las comunidades indígenas sobre medidas que las afecten directamente (esto es, normas políticas, planes, programas, etc.). Asimismo se ha decantado que el principio de buena fe debe guiar la actuación de las partes, condición imprescindible para su entendimiento y confianza y por lo tanto para la eficacia de la consulta y que por medio de las consultas se debe asegurar una participación activa y efectiva de los pueblos interesados. Sobre este tópico la jurisprudencia ha explicado que el significado de la participación activa es que no pueda admitirse como tal a la simple notificación a los pueblos interesados o a la celebración de reuniones informativas. Que esa participación sea efectiva significa que el punto de vista de los pueblos debe tener incidencia en la decisión que adopten las autoridades concernidas.
Es decir, que la consulta constituye un proceso de diálogo intercultural entre iguales, en el entendido de que, ni los pueblos indígenas tienen un derecho de veto que les permita bloquear decisiones estatales, ni el Estado tiene un derecho a la imposición sobre los pueblos indígenas para imponerles caprichosamente cualquier decisión, sino que opera un intercambio de razones entre culturas que tiene igual dignidad y valor constitucional. Esto no significa que, desde el punto de vista fáctico, los pueblos indígenas tienen un igual poder a los particulares o al Estado en este proceso de consulta, pues usualmente se encuentran en una situación de desventaja frente a ellos por la discriminación a que han sido sometidos. Por eso el Estado tiene el deber de tomar las medidas compensatorias necesarias para reforzar la posición de estos pueblos en estos procesos de consulta para que, efectivamente opere ese diálogo intercultural entre iguales.
Ergo, la consulta debe ser flexible de manera que se adapte a las necesidades de cada asunto, sin que esto se pueda desconocer con la simple alusión del interés general, pues debe atenderse a la diversidad de los pueblos indígenas. Además, la consulta debe ser informada, por lo cual no puede tratarse de un asunto de mero trámite formal sino de un esfuerzo genuino del Estado por conocer las perspectivas de los pueblos afectados y para efectivamente lograr un acuerdo. Es entonces imperativo respetar la diversidad étnica y cultural, lo que permitirá encontrar mecanismos de satisfacción para ambas partes.
En lo conducente a este mismo tema, mediante el voto Nº 2000-10075 de las 15:15 horas del 10 de noviembre de 2000, esta Sala dio respuesta a una solicitud de aclaración de la resolución N°2000-8019, donde se profundizó en el alcance del artículo 15, del Convenio 169, al afirmar que si bien este instrumento no detalla cuál es el preciso momento para la realización de la consulta a las comunidades, se debe interpretar que ésta es una obligación que se deberá realizar por medio de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean acciones susceptibles de generarles una afectación directa: “¿Cómo entender esa norma en el sentido de que si el Ministerio de Ambiente y Energía se dirigía a conceder autorización a alguna (s) empresa (s) para realizar exploraciones, había que esperar a que todo el procedimiento hubiera terminado, o lo que es peor, a que ya la empresa adjudicataria hubiera iniciado los trabajos de exploración, para entonces poner en marcha mecanismos de consulta a las comunidades?
Según se ve a folio trescientos ochenta y uno, la gestionante admite que ya se están realizando actividades en el bloque número doce (bloque marino), que no es territorio indígena, pero eso significa que con motivo de la contratación administrativa hay actos de ejecución, independientemente de si corresponde a territorios indígenas o no. (…) De toda forma, el alcance que la Sala otorga al artículo 15 del Convenio N°169 de la OIT, basada en sus propios precedentes, permite reiterar aquí que debe cumplirse con un procedimiento de consulta "apropiada a las circunstancias", como también lo destaca esa norma, de modo que se conjugue el interés público que las autoridades del Estado legítimamente tienen en que se lleve a cabo una exploración o explotación petrolera, con el de las comunidades indígenas que puedan ser alcanzadas por ello, según los bloques que hayan sido adjudicados y en esa medida…”.
Por lo tanto, queda claro que la manera legítima para dar cumplimiento con el derecho de las comunidades indígenas de participar efectivamente, implica que la realización de la consulta debe darse en un momento previo a los actos de ejecución y en las formas más adecuadas al caso en concreto.
Así las cosas, el presupuesto clave para la activación del deber de consulta previa, es entonces que una determinada medida sea susceptible de afectar directamente a un pueblo étnico. Por economía de lenguaje suele hablarse del concepto de “afectación directa”, que si bien es un concepto indeterminado, no significa que carezca de contenido, pues ha sido delimitado por el Convenio 169 de la OIT, por la legislación interna, y por la jurisprudencia de la Corte IDH.
En este caso particular, arguyen las autoridades representativas de la Municipalidad de Talamanca en su informe, que: “… la afectación alegada por el recurrente no existe ya que reiteramos la posición de que al no involucrar territorio indígena Keköldi, no es necesario el contacto para coordinar acciones con la asociación de desarrollo por cuanto al área incluida en el plan regulador no formar de ese territorio, dejando claro además que las zonas que colindan con el territorio están regidas por la Ley de Zona Marítima Terrestre, o en su defecto por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) bajo su categorización de área silvestre protegida o Patrimonio Natural del Estado…”. (el realice y subrayado no es del original).
A criterio de este Tribunal Constitucional, existen ciertos criterios para identificar la afectación directa sobre las comunidades respecto de medidas administrativas que les conciernan. Así las cosas, se puede entender por afectación directa toda medida que altera el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios. En tal sentido, la afectación directa se da sin importar que sea positiva a negativa, pues es precisamente dicho aspecto el que deberá resolverse al consultar a los pueblos indígenas afectados. Se reitera, la consulta previa procede, si la medida general afecta con especial intensidad o de manera diferenciada a los pueblos étnicos, y para ello se debe entender que el territorio de la Reserva Indígena de Nombre14486 se encuentra vinculado al concepto de afectación directa y en consecuencia a la aplicación de la consulta previa. No existe duda, ni disputa sobre la regla precisada. La dificultad de aplicación es solamente por la noción de territorio étnico, pues este va más allá de un espacio físico formalmente demarcado, como un resguardo, y se vincula a otros elementos culturales, ancestrales así como espirituales (artículo 14 Convenio 169 OIT).
VII.En razón de lo anterior, es claro que la relación de los pueblos indígenas con el territorio debe analizarse en cada caso particular y dependiendo de los siguientes criterios: i) las características de la comunidad, así como de las circunstancias en que ésta se encuentra; y ii) la posibilidad de que el grupo mantenga el vínculo con la tierra. El nexo puede expresarse con la presencia tradicional del pueblo, los lazos espirituales o ceremoniales, los asentamientos, los cultivos ocasionales, el uso de recursos naturales ligados a su costumbre y las formas tradicionales de subsistencia, por ejemplo la caza, la pesca, y la relación con las tierras.
En múltiples decisiones, la Corte IDH advirtió que en relación con los pueblos indígenas debe superarse el concepto físico de propiedad del derecho civil clásico. Por ejemplo, en los casos de las comunidades Mayagna (Sumo) Nombre14490 vs. Nicaragua, Yakye Axa vs. Paraguay, Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Xákmok Kásek vs. Paraguay, Nombre14491 vs. Su[1]ethos para las generaciones futuras. Así “el territorio tradicional de la [sociedad indígena o tribal abarca] aldeas, zonas de caza, pesca, lugares de entierro, fuentes de plantas medicinales y puntos relevantes en su historia.”. También se indicó que dentro de los derechos de propiedad se comprende el uso y goce de los recursos naturales en sus territorios.
En este caso concreto, las diferentes autoridades recurridas consideraron que la obligatoriedad de la consulta a los habitantes del territorio indígena Nombre14486 se subsanaba excluyendo su territorio de la cobertura directa del proyecto de plan regulador costero en cuestión. No obstante, de la prueba aportada, tanto por la parte activa como por los accionados, se constata que cartográficamente el territorio forma una unidad con la línea costera que se busca regular y que actualmente varias de las actividades que estarían sujetas al plan regulador se desarrollan en lo que sería territorio indígena. De manera que se trata de un recurso meramente formal para obviar la consulta, pero lo cierto es que materialmente se trata de zonas adyacentes continuas, por lo que la exclusión de la consulta de la asociación actora es injustificable en el marco de las obligaciones internacionales adquiridas por nuestro país en esta materia.
Así las cosas, considera este Tribunal Constitucional que, el hecho que mediante la Sesión Ordinaria No. 161 de fecha 21 de junio de 2023, el Concejo Municipal de Talamanca, acordara convocar a audiencia pública para el día 04 de agosto de 2023 -misma que se realizó- sin citar formalmente, a los miembros de la [...], es contrario al Derecho de la Constitución, sea al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional sobre los Derechos, Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, toda vez que los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio amplio no tienen el mismo alcance que aquellos que poseen y ejercen en el territorio geográfico. Por consiguiente, los efectos futuros de la aplicación del Plan Regulador Costero (IVA-PRC) de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del Distrito de Cahuita, Talamanca, podría generar un potencial impacto positivo o negativo sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social del Territorio Indígena de Keköldi; de ahí, lo necesario de la consulta pública a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT, según el cual los “gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.
En atención a lo antes expuesto, corresponde declarar con lugar el recurso de amparo, únicamente en cuanto a la Municipalidad de Talamanca; y por ende se anula la audiencia pública llevada a cabo el pasado 04 de agosto de 2023. Finalmente, en cuanto al SETENA y al INVU, se declara sin lugar el recurso, pues la decisión sobre la celebración de la consulta atañe exclusivamente a la Municipalidad.
Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la audiencia pública llevada a cabo el pasado 04 de agosto de 2023. Se ordena a Rugeli Morales Rodríguez y Yahaira Mora Blanco, por su orden alcalde y presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Talamanca, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se programe una nueva audiencia pública para el proyecto del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca y se convoque con la debida antelación, a los miembros de la [...]”. Lo anterior, bajo la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, lo que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.- Nombre9290 .
Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Nombre6376 B.
Aracelly Pacheco S.
Alexandra Alvarado P.
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