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Res. 29786-2023 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/11/2023
OutcomeResultado
The Chamber partially granted the amparo against the Municipality of Cartago, ordering it to carry out improvement works within three months to prevent the illegal settlement Los Diques from discharging wastewater and stormwater onto the petitioners’ pasture. Claims regarding sidewalk construction and access blockage were dismissed.La Sala declaró parcialmente con lugar el amparo contra la Municipalidad de Cartago, ordenándole ejecutar obras de mejora en tres meses para evitar que el asentamiento ilegal Los Diques vierta aguas residuales y pluviales en el pastizal de los recurrentes. Se rechazaron los reclamos sobre construcción de acera y bloqueo de entrada.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo filed by a resident and his elderly mother against the Municipality of Cartago and other authorities. The petitioners claimed that the illegal settlement Los Diques, located in the Los Diques National Reserve, discharges untreated wastewater and stormwater onto their property, causing health, environmental, and quality-of-life harms. They also demanded a sidewalk and alleged a blocked access. After reviewing reports and a site inspection, the Chamber found that the settlement lacks wastewater treatment and that runoff directly affects the petitioners’ pasture. It held that the Municipality violated fundamental rights by failing to exercise its urban and sanitary control duties, allowing the slum’s uncontrolled growth. The Court partially granted the amparo, ordering the Municipality to carry out improvement works within three months to stop the discharges. The sidewalk and blockage claims were dismissed for lack of merit. A separate opinion highlights the environmental dimension and the right to a healthy environment.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por un vecino y su madre, adulta mayor, contra la Municipalidad de Cartago y otras autoridades. Los recurrentes denunciaron que el asentamiento ilegal Los Diques, situado en la Reserva Nacional del mismo nombre, vierte aguas residuales y pluviales hacia su propiedad, causando problemas de salud, ambientales y de calidad de vida. También reclamaban la construcción de una acera y un supuesto bloqueo de acceso. Tras analizar los informes y una inspección ocular, la Sala constató que el asentamiento carece de sistemas de tratamiento de aguas residuales y que los vertidos afectan directamente el pastizal de los recurrentes. Determinó que la Municipalidad de Cartago vulneró los derechos fundamentales al no ejercer su deber de control urbanístico y sanitario, permitiendo la proliferación del tugurio. Declaró parcialmente con lugar el recurso, ordenando a la Municipalidad realizar obras de mejora en tres meses para evitar los vertidos. Rechazó los reclamos sobre la acera y el bloqueo por no ser materia de amparo o no estar probados. La nota separada del magistrado Salazar enfatiza la dimensión ambiental del caso y el derecho a un ambiente sano.
Key excerptExtracto clave
That the Los Diques settlement is illegal and the land does not meet conditions for installing wastewater disposal and treatment systems; That in the pasture area of the petitioner’s property, wastewater and stormwater from illegal settlements in the Los Diques sector are discharged; That it is not true that there is a blockage at the west entrance of property number 3045946-000. For its part, the municipal authorities claim that it is the responsibility of the Ministry of Public Works and Transport to maintain the dike; however, the underlying problem is not lack of maintenance but the disposal and treatment of wastewater from an illegal settlement that is growing daily. Therefore, that omission cannot now be justified—as the respondent mayor intends—by assigning all responsibility and competence to the Ministry of Public Works and Transport authorities, when it is clear that a problem arising from the irregular flow of water and the way some inhabitants have settled in the site under study (which, apparently, has been irregular) is also a matter that must be addressed by the country’s municipalities, as demonstrated by the health authorities in the inspection carried out. Thus, this constitutional body finds that the authorities of the Municipality of Cartago have violated the fundamental rights of the petitioners.Que el asentamiento en los Diques es ilegal y el terreno no reúne condiciones para la instalación de sistemas de disposición y tratamiento de aguas residuales; Que en el área de pastizal de la propiedad de la recurrente se depositan aguas residuales y pluviales provenientes de asentamientos ilegales del sector de los Diques; Que no es cierto que exista un bloqueo en la entrada oeste de la finca número 3045946-000. Por su parte las autoridades municipales afirman que es competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes darle mantenimiento al dique; sin embargo el problema de fondo no se trata de la falta de mantenimiento sino de la disposición y tratamiento de aguas residuales de un asentamiento ilegal que cada día es más poblado. De manera que dicha omisión no puede ser justificada ahora -tal y como pretende el alcalde recurrido-, atribuyéndole toda la responsabilidad y competencia a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuando es claro que un problema por el discurrir irregular de las aguas y la forma en que se han asentado algunos pobladores en el sitio bajo estudio (que, al parecer, ha sido irregular), es también un asunto que debe ser atendido por los municipios de este país, tal y como lo demostraron las autoridades sanitarias en la inspección realizada. Así las cosas, este órgano constitucional estima que las autoridades de la Municipalidad de Cartago han vulnerado los derechos fundamentales de los recurrentes.
Pull quotesCitas destacadas
"el problema de fondo no se trata de la falta de mantenimiento sino de la disposición y tratamiento de aguas residuales de un asentamiento ilegal que cada día es más poblado."
"the underlying problem is not lack of maintenance but the disposal and treatment of wastewater from an illegal settlement that is growing daily."
Considerando IV
"el problema de fondo no se trata de la falta de mantenimiento sino de la disposición y tratamiento de aguas residuales de un asentamiento ilegal que cada día es más poblado."
Considerando IV
"un problema por el discurrir irregular de las aguas y la forma en que se han asentado algunos pobladores en el sitio bajo estudio (que, al parecer, ha sido irregular), es también un asunto que debe ser atendido por los municipios de este país."
"a problem arising from the irregular flow of water and the way some inhabitants have settled in the site under study (which, apparently, has been irregular) is also a matter that must be addressed by the country’s municipalities."
Considerando IV
"un problema por el discurrir irregular de las aguas y la forma en que se han asentado algunos pobladores en el sitio bajo estudio (que, al parecer, ha sido irregular), es también un asunto que debe ser atendido por los municipios de este país."
Considerando IV
"cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso."
"when other rights of persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as in this case."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"Se ordena a Mario Redondo Poveda en su condición de Alcalde y Juan Carlos Guzmán Víquez, Director de Urbanismo Municipal, ambos de la Municipalidad de Cartago o a quienes en su lugar ocupen los cargos girar las órdenes pertinentes y coordinar todo lo que sea necesario con las instituciones públicas que sean competentes para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se lleven a cabo todas aquellas obras de mejora para evitar que los vecinos del asentamiento ilegal Los Diques depositen las aguas residuales y pluviales en el área de pastizal donde habitan los recurrentes."
"It is ordered that Mario Redondo Poveda, as Mayor, and Juan Carlos Guzmán Víquez, Director of Municipal Urban Planning, both of the Municipality of Cartago, or whoever holds those positions, issue the pertinent orders and coordinate all that is necessary with the competent public institutions so that, within a maximum period of THREE MONTHS from notification of this ruling, all improvement works are carried out to prevent the residents of the Los Diques illegal settlement from depositing wastewater and stormwater in the pasture area where the petitioners live."
Por tanto
"Se ordena a Mario Redondo Poveda en su condición de Alcalde y Juan Carlos Guzmán Víquez, Director de Urbanismo Municipal, ambos de la Municipalidad de Cartago o a quienes en su lugar ocupen los cargos girar las órdenes pertinentes y coordinar todo lo que sea necesario con las instituciones públicas que sean competentes para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se lleven a cabo todas aquellas obras de mejora para evitar que los vecinos del asentamiento ilegal Los Diques depositen las aguas residuales y pluviales en el área de pastizal donde habitan los recurrentes."
Por tanto
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Date of Resolution: November 17, 2023, at 09:30 Case File (Expediente): 23-021047-0007-CO Type of Case: Amparo Appeal (Recurso de amparo) Judgment with Separate Note Relevance Indicators Relevant Judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Strategic Themes: Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights Type of Content: Majority Vote Branch of Law: 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL PROTECTION Topic: MUNICIPALITY Subtopics:
SEWER SYSTEM. INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
029786-23. MUNICIPALITY. THE APPEAL IS PARTIALLY GRANTED. THE MUNICIPALITY OF CARTAGO IS ORDERED TO, WITHIN A MAXIMUM OF THREE MONTHS, CARRY OUT ALL NECESSARY IMPROVEMENT WORKS TO PREVENT THE RESIDENTS OF THE ILLEGAL SETTLEMENT LOS DIQUES FROM DEPOSITING WASTEWATER AND STORMWATER IN THE PASTURE AREA WHERE THE APPELLANTS LIVE. VCG12/2023 “(…) IV.- ON THE SPECIFIC CASE: From the reports rendered by the respondent authorities, which are given under the solemnity of oath with the legal consequences that this entails, it is clear that by official letter LB-765-2015 dated December 4, 2015, the Municipality of Cartago ordered Nombre79854 to build the sidewalk on the south side of the property with farm number 3045946-000. It was proven that by official letter DVOP-DI-DC-PV-S-2019-3326 dated September 19, 2019, the Engineering Directorate of MOPT indicated to the appellant that “the property described in cadastral map N°C-299968-1996 (...) registered in the Public Property Registry under real folio number: 3045946-000- and 3084681-000 (...) is “PARTIALLY” affected by the protection zone of the DIQUE, according to Executive Decree: N°22834 M.O.P.T.V.A.H.
(...) Said affectation is a parallel line from vertices 10 to 11 displaced 25.00 meters inside the property. I do not omit to state that the road bordering the property to the South and East is under municipal jurisdiction, as established in Chapter I and concordant articles of the General Law of Public Roads. Therefore, any construction authorization on the aforementioned property will be at the discretion and responsibility of the local Municipality.” It was demonstrated that on October 11, 2023, the municipal authorities conducted an inspection and concluded: “Regarding point 1, a tour was taken to the eventual boundaries of the property, and the boundaries could not be determined; there are no physical limits that demarcate the property. Regarding the apparent blockage, it does not exist, since the property in question borders the foot of the dike; this is demonstrated registrally and cadastrally, materialized in cadastral map C-299965-1996, and the inserted registry report, in which the property under study does not border, nor does it maintain any type of access.” It was verified that the Los Diques settlement is illegal, so the land does not meet conditions for the installation of wastewater disposal and treatment systems - therefore, the Ministry of Health cannot issue sanitary orders to each family living in that area.
It was verified that the human settlement called Dique has been supplied with public water for humanitarian reasons for approximately 15 years. It was proven that the illegal slum settlement in Los Diques is growing disproportionately and disorderly. It was confirmed that one of the dwellings has a discharge of soapy water, and that three of the dwellings lack gutters and downspouts capable of channeling water to a suitable point for drainage. On the other hand, it was not possible to prove that the Municipality of Cartago authorized the installation of any potable water storage infrastructure bordering the appellant's property, nor that there is a blockage at the west entrance of farm number 3045946-000. Based on the above, it is possible to conclude the following:
V.Regarding the construction of the sidewalk, it is necessary to warn that this Chamber is not a controller of the legality of the Administration's actions or resolutions, so it is not its responsibility to review whether the required claim is appropriate, or whether it conforms to current legal regulations, a task proper to the ordinary administrative or jurisdictional channels. The appropriateness or not of the works that it deems the Municipality of Cartago must carry out is a matter that should not be discussed in this Jurisdiction, as it is outside its scope of competence. By virtue of the foregoing, the appellant must present his arguments before the respondent Municipality itself through the appeals that are applicable in accordance with the provisions of the Municipal Code, or failing that, through the corresponding jurisdictional channel. For the foregoing, the amparo appeal is inadmissible on this point.
VI.Finally, regarding the alleged blockage at the west entrance of farm number Telf6035, the existence of said obstruction could not be verified in the inspection carried out.
Thus, the granting of this amparo appeal is appropriate only against the Municipality of Cartago in the terms indicated in the operative part of this judgment. Regarding the construction of the sidewalk and the alleged blockage at the west entrance of the farm, the appeal is dismissed. Regarding the Ministry of Public Works and Transport and the Ministry of Health, the appeal is dismissed. (...)” ... See more Content of Interest:
Type of Content: Separate Note Branch of Law: 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL PROTECTION Topic: MUNICIPALITY Subtopics:
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
In environmental matters, it is the undersigned's opinion that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do examine the merits of the case when other rights of the people affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the appellant accuses that his property fence was torn down by invaders to begin illegal constructions, and that the exit corresponding to them on the west side of the farm was blocked. He points out that since 2018, he has repeatedly requested the intervention of the Department of Urbanism and the Mayor's Office, both of the Municipality of Cartago, who have acted with total tolerance and ineffectiveness regarding the facts, arguing that it is not their competence but that of the Ministry of Public Works and Transport.
He argues that the described situation causes him and his mother - an 84-year-old elderly person protected here - terrible psychological, moral, and economic problems - by receiving black water, stormwater, tons of garbage on his property, insults, thrown objects, damage and mistreatment of his animals, as well as to the property, robberies, and invasion by unknown persons. The foregoing, violates the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified standard of living.
VCG12/2023 ... See more SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and thirty minutes on November seventeenth, two thousand and twenty-three.
Amparo appeal filed by [Name 001], identity card number [CED62], on behalf of [Name 002], identity card number [CED104], against the MUNICIPALITY OF CARTAGO and the MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT.
Considering (Resultando):
Based on the above, and given that the amparo appeal is directed at denouncing the existence of works and situations that reflect a lack of maintenance of the dike, it is requested now to dismiss this amparo appeal. Secondly, Mr. [Name 001] registrally does not possess registered assets in his name, as demonstrated registrally:
Thus, the appellants cannot argue that they have acted with total tolerance and ineffectiveness, as they do not have registered assets in their name that are harmed. Notwithstanding the above, and for the facts being denounced, which are precisely oriented towards alleging a breach of their constitutional rights, in this case, regarding a property that is not in their ownership and inequalities regarding other owners; as it is reiterated that they are not owners of property affected by the denounced facts. Regarding the aspect that the dwellers of that sector illegally receive (…) and potable water through a 10,000-liter tank, the Director of the Municipal Aqueduct Axis states via email dated September 6, 2023, that: “Hello Don Nombre6449. In this regard, I can inform you that in this aqueduct area there is no record that the installation of any potable water storage infrastructure has been authorized on the boundary with the property of the person who filed the amparo appeal.
On the other hand, you are also informed that this sector, where there is a human settlement called dique, has been supplied with public water for humanitarian reasons for approximately 15 years.” Furthermore, by Resolution No. 01739 – 2012 at 09:05 on February 10, 2012, judicial case file 12-000685-0007-CO, this honorable Chamber resolved: “III.- On the merits. Regarding access to potable water as a fundamental right, among others, by Judgment #2007-998 at 11:15 on January 26, 2007, the Chamber specified its implications, as follows: The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: (…).”Article 11. Right to a healthy environment 1. Every person has the right to live in a healthy environment and to have basic public services”.
(...). From this, it cannot be interpreted that this fundamental right to public services has no concrete enforceability; on the contrary, when the State must reasonably provide them, the right holders can demand it, and public administrations or, where appropriate, private parties providing them in their place, cannot hide behind alleged lack of resources, which has been the secular public excuse to justify non-compliance with their duties. Our Political Constitution implicitly recognizes the fundamental right of citizens to the good and efficient functioning of public services, that is, that they be provided with high-quality standards, which has as a necessary corollary the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, expeditiously, effectively, and efficiently. IV.- Likewise, it has accepted that in human settlements that do not meet the minimum legal habitability conditions, public potable water sources may be installed, without the fundamental right indicated giving rise to an obligation to install individual services for the inhabitants of the place, precisely due to the lack of minimum urban planning conditions.” In view of the above, the amparo appeal being attempted is reckless and disproportionate, firstly because constitutional jurisprudence exists regarding who is responsible for the maintenance works of the Rio Reventado dikes, as well as regarding the provision of public services, which is equally protected as a constitutional right.
Finally, regarding invasions of private property, the Commune is not competent to settle boundary disputes, so your Judicial Authority is respectfully requested to outright reject the appeal being attempted as reckless and disproportionate.” He requests that the appeal be dismissed.
As can be seen from the documentation provided to the Institution's Directorate of Legal Advisory, the Department of Road Traffic Safety responded in a timely manner on Wednesday, September 6 of the current year (a copy of the email is attached). However, in the case at hand, we must highlight that, even if the lands occupied by third parties belonged to the Ministry of Public Works and Transport, the competent entity to verify invasions of the right-of-way would be the Department of Road Inspection and Demolitions (...). However, after reviewing the complaint filed by Mrs. [Name 002], there is no evidence of an invasion of the right-of-way; rather, she states before the Constitutional Chamber that there are illegal constructions in the Los Diques National Reserve located in the Province of Cartago. Due to the above, it is clear and notorious that we have not been able to violate, in any way, the fundamental rights of the appellant, this because construction permits and everything related to health inspections, black water, garbage, pollution, and animal mistreatment - is not the responsibility of the Ministry of Public Works and Transport to address -, on the contrary, said problem is the responsibility of the Municipal entity, which, since becoming aware of the alleged invasions of the canton, as well as the irregularities occurring today with the constructions denounced by Mrs. [Name 002], said municipality should have acted according to its powers, given the existence of a Biological Corridor or National Reserve.” He requests that the appeal be dismissed.
The property (pasture) was visited; it adjoins some dwellings located on the public street called Dirección1229 with a width of 18 meters, and on the edge of the Los Diques National Reserve. Because it is an illegal settlement, ranch-type dwellings are observed, with direct discharge of wastewater and stormwater onto the affected property, specifically in the pasture area where there is no constructed dwelling. 2. The settlement in Los Diques is illegal and the land does not meet the conditions for the installation of wastewater disposal and treatment systems; therefore, the Ministry of Health cannot issue orders to each family residing in this area to solve this problem. 3. It is important to note that this illegal slum settlement in Los Diques is increasing disproportionately and in a disorderly manner, because the local government, as administrator of land use, has not exercised oversight and measures to prevent such situations. 4.
In relation to what has been argued in the preceding points, where the construction of dwellings without the proper municipal permits in that settlement on a public street and an edge of the reserve is evident, it is important to invoke Article 6 of the Construction Law regarding construction permits: “…Without prejudice to the exception for public buildings established in the Construction Law, Law No. 833 and its amendments or the regulations that replace it, the permit or license for construction of any type of work must be processed by a responsible professional, in accordance with the guidelines established in these Regulations and the current municipal regulations. The municipality shall establish the validity of said permit or license. Prior to issuing and granting the construction permit, the municipality must verify that the work to be carried out conforms to the terms of the land-use certificate.
The municipality must verify that buildings and projects are not located in zones vulnerable to natural hazards or disaster risk. Exempted from the construction license or permit requirement are those minor works, as established in the Construction Law No. 833 and its amendments or the regulations that replace it." 5. Determining is the provision in Article 1 of the Construction Law, according to which: “Article 1.- The Municipalities of the Republic are responsible for ensuring that cities and other populations meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public thoroughfares and in the buildings and constructions erected on their lands, without prejudice to the powers that laws grant in these matters to other administrative bodies.” On the other hand, Article 87 of the same law establishes that: “Article 87. The Municipality shall exercise oversight over the works executed in its jurisdiction, as well as over the use being made of them.
Municipal inspectors are its agents, whose mission is to monitor observance of the precepts of these Regulations.” Lastly, Article 60 of the Organic Law of the Environment provides that: “Article 60.- Prevention and control of pollution. To prevent and control environmental pollution, the State, the municipalities, and other public institutions shall give priority, among others, to the establishment and operation of adequate services in fundamental areas for environmental health, such as: (…) b) The sanitary disposal of excreta, sewage, and stormwater.” He requests that the appeal (recurso) be dismissed.
Drafted by Judge Cruz Castro; and,
Considering:
The appellant (recurrente) claims that the fence of his property was torn down by invaders to begin illegal constructions, and that they also blocked the exit corresponding to them on the west side of the farm. He points out that since 2018, he has requested, on multiple occasions, the intervention of the Department of Urbanism and the Mayor’s Office, both of the Municipality of Cartago, who have acted with total tolerance and inaction regarding the facts, claiming that it is not their competence but that of the Ministry of Public Works and Transport. He argues that what has been described causes him and his mother —an older adult person of 84 years protected herein— terrible psychological, moral, and economic problems —by receiving blackwater, stormwater, tons of garbage on their property, insults, throwing of objects, damage to and mistreatment of their animals, as well as to the property, robberies, and invasion by unknown persons. On the other hand, he states that regarding the requirement and obligation to build sidewalks at the dwellings, he alleges that he was notified on December 4, 2015, to build the sidewalk, which was appraised and valued at 1,241,876.09 colones; however, the adjoining neighbor was not notified except through his own insistence —seeking equity— and, moreover, they charged him a lesser amount.
Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the appealed authority (autoridad recurrida) has omitted to refer to them, as provided in the initial order:
The following facts are not deemed proven:
From the reports rendered by the appealed authorities, which are given under the solemnity of oath with the legal consequences that this entails, it follows that by official letter LB-765-2015 dated December 4, 2015, the Municipality of Cartago ordered Nombre9363 to construct the sidewalk on the south side of the property with farm number 3045946-000. It was accredited that by official letter DVOP-DI-DC-PV-S-2019-3326 dated September 19, 2019, the Engineering Directorate of the MOPT indicated to the appellant that “the property described in the cadastral plan No. C-299968-1996 (…) registered in the Public Registry of Property under real folio number: 3045946-000- and Placa1113 (…) is “PARTIALLY” affected by the DIQUE protection zone, according to Executive Decree No. 22834 M.O.P.T.V.A.H. (…) Said affectation is a parallel line from vertices 10 to 11 displaced 25.00 meters inside the property.
I do not omit to state that the road adjoining to the South and East of the property is of municipal competence, as established in Chapter I and concordant articles of the General Law of Public Roads. Therefore, any construction authorization on the aforementioned property will be at the discretion and responsibility of the local Municipality.” It was demonstrated that on October 11, 2023, the municipal authorities conducted an inspection and concluded: “Regarding point 1, a tour was made to the eventual boundaries of the property, the boundaries could not be determined, there are no physical limits delimiting the property. Regarding the apparent blockage, it does not exist, since the farm in question adjoins the foot of the dike, this is demonstrated registry-wise and cadastrally materialized in the cadastre plan C-299965-1996, and the inserted registry report, where the farm under study does not adjoin, nor maintains any type of access.” It was verified that the Los Diques settlement is illegal, so the land does not meet conditions for the installation of wastewater disposal and treatment systems —therefore, the Ministry of Health cannot issue orders to each family residing in that area—.
It was verified that the human settlement called Dique has been supplied with public water of a humanitarian nature for approximately 15 years. It was proven that the illegal slum settlement in Los Diques is increasing disproportionately and in a disorderly manner. It was verified that one of the dwellings has a discharge of soapy water and that three of the dwellings do not have gutters and downspouts capable of channeling the water to a suitable point for their drainage. On the other hand, it was not possible to accredit that the Municipality of Cartago authorized the installation of any drinking water storage infrastructure on the boundary with the appellant’s property, nor that there is a blockage at the west entrance of farm number Placa1114. Based on the foregoing, it is possible to conclude the following:
V.Regarding the construction of the sidewalk, it must be warned that this Chamber is not a comptroller of the legality of the Administration's actions or resolutions, and therefore it is not within its competence to review whether the requested claim is appropriate, or whether it conforms or not to current legal regulations, a task proper to the ordinary, administrative, or jurisdictional route. The appropriateness or not of the works that the Municipality of Cartago considers it must carry out is a matter that should not be discussed in this Jurisdiction, as it is outside the scope of its competence. By virtue of the foregoing, the appellant must raise his arguments before the appealed Municipality itself through the remedies that are applicable in accordance with the provisions of the Municipal Code, or failing that, in the corresponding jurisdictional route. For the reasons stated, the amparo is inadmissible regarding this extreme.
VI.Finally, regarding the alleged blockage at the west entrance of farm number Placa1114, it was not possible to verify in the inspection carried out that such obstruction exists.
In view of the circumstances, the granting of this amparo proceeds only against the Municipality of Cartago on the terms indicated in the operative part of this judgment. Regarding the construction of the sidewalk and the alleged blockage of the west entrance of the farm, the appeal (recurso) is dismissed. Regarding the Ministry of Public Works and Transport and the Ministry of Health, the appeal is dismissed.
In environmental matters, it is the undersigned’s opinion that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution corresponds to the administrative contentious jurisdiction. Nevertheless, I do enter to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of contamination (Article 50 of the Political Constitution), as happens in this case, in which the appellant alleges that the fence of his property was torn down by invaders to begin illegal constructions, and that they also blocked the exit corresponding to them on the west side of the farm. He points out that since 2018, he has requested, on multiple occasions, the intervention of the Department of Urbanism and the Mayor’s Office, both of the Municipality of Cartago, who have acted with total tolerance and inaction regarding the facts, claiming that it is not their competence but that of the Ministry of Public Works and Transport.
He argues that what has been described causes him and his mother —an older adult person of 84 years protected herein— terrible psychological, moral, and economic problems —by receiving blackwater, stormwater, tons of garbage on their property, insults, throwing of objects, damage to and mistreatment of their animals, as well as to the property, robberies, and invasion by unknown persons. The foregoing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulations on the Electronic Dossier before the Judicial Branch", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The appeal is partially granted. It is ordered that Mario Redondo Poveda, in his capacity as Mayor, and Juan Carlos Guzmán Víquez, Director of Municipal Urbanism, both of the Municipality of Cartago, or whoever holds their positions, issue the pertinent orders and coordinate whatever is necessary with the competent public institutions so that, within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, all necessary improvement works be carried out to prevent the residents of the illegal settlement Los Diques from depositing wastewater and stormwater in the pasture area where the appellants reside. The foregoing is handed down with the warning that, in accordance with Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on whoever receives an order from this Chamber that must be complied with or enforced and fails to observe it, provided that the offense is not more severely punished.
The Municipality of Cartago is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the administrative contentious judgment. Regarding the Ministry of Public Works and Transport and the Ministry of Health, the appeal is dismissed. Judge Salazar Alvarado adds a note. Notify.
Nombre137 V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
ALCANTARILLADO. INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
029786-23. MUNICIPALIDAD. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES, SE LLEVEN A CABO TODAS AQUELLAS OBRAS DE MEJORA PARA EVITAR QUE LOS VECINOS DEL ASENTAMIENTO ILEGAL LOS DIQUES DEPOSITEN LAS AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES EN EL ÁREA DE PASTIZAL DONDE HABITAN LOS RECURRENTES. VCG12/2023 “(…) IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: De los informes rendidos por las autoridades recurridas los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que mediante oficio LB-765-2015 de fecha 04 de diciembre del 2015 la Municipalidad de Cartago le ordenó a Nombre79854 la construcción de la acera al costado sur de la propiedad con el número de finca 3045946-000. Se acreditó que mediante oficio DVOP-DI-DC-PV-S-2019-3326 de fecha 19 de setiembre del 2019 la Dirección de Ingeniería del MOPT le indicó al recurrente que “la propiedad descrita en el plano catastrado N°C-299968-1996 (…) inscrita en el Registro Público de la Propiedad no número de folio real: 3045946-000- y 3084681-000 (…) se encuentra “PARCIALMENTE” afectada por la zona de protección al DIQUE, según el Decreto Ejecutivo: N°22834 M.O.P.T.V.A.H.
(…) Dicha afectación es una línea paralela de los vértices 10 al 11 desplazada 25.00 metros terreno adentro de la propiedad. No omito manifestar que la vía colindante al Sur y al Este de la propiedad, es de competencia municipal, conforme lo establece el Capítulo I y concordantes de la Ley General de Caminos Públicos. Por lo que cualquier autorización de construcción en la propiedad antes mencionada, quedará a criterio y responsabilidad de la Municipalidad del lugar”. Quedó demostrado que en fecha 11 de octubre de 2023 las autoridades municipales realizaron una inspección y concluyeron: “En cuanto al punto 1 se realiza recorrido hasta los eventuales linderos de la propiedad, no pudiendo determinarse linderos, no hay límites físicos que delimiten la propiedad. En cuanto al aparente bloqueo, no existe el mismo, ya que la finca de marras colinda con el pie del dique, ello, se demuestra registral y catastralmente materializado en el plano de catastro C-299965-1996, y el informe registral insertos, en donde la finca objeto de estudio no colinda, ni mantiene ningún tipo de acceso”.
Se comprobó que el asentamiento Los Diques es ilegal por lo que el terreno no reúne condiciones para la instalación de sistemas de disposición y tratamiento de aguas residuales -por tanto, el Ministerio de Salud no puede emitir ordenamientos a cada familia que habita en esa zona-. Se verificó que en el asentamiento humano denominado Dique se surten de paja publica de carácter humanitaria desde hace aproximadamente de 15 años. Se probó que el asentamiento ilegal de tugurios en Los Diques va en aumento de forma desproporcionada y desordenada. Se constató que una de las viviendas tiene salida de aguas jabonosas y que, tres de las viviendas no cuentan con canoas y bajantes que logren canalizar las aguas hacia un punto idóneo para el desfogue de las mismas. De otra parte no fue posible acreditar que la Municipalidad de Cartago haya autorizado la instalación de alguna infraestructura de almacenamiento de agua potable en la colindancia con la propiedad del recurrente como tampoco que exista un bloqueo en la entrada oeste de la finca número 3045946-000. Partiendo de lo anterior es posible concluir lo siguiente:
V.En cuanto a la construcción de la acera, se impone advertir que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no le compete revisar si la pretensión requerida es procedente, o si se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional. La procedencia o no de las obras que estima que debe realizar la Municipalidad de Cartago, es un asunto que no debe discutirse en esta Jurisdicción, ya que es ajeno al ámbito de su competencia. En virtud de lo expuesto, deberá el recurrente plantear sus alegatos ante la propia Municipalidad recurrida a través de los recursos que sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en el Código Municipal, o en su defecto, en la vía jurisdiccional correspondiente. Por lo expuesto, el amparo resulta inadmisible en cuanto a este extremo.
VI.Finalmente en cuanto al supuesto bloqueo en la entrada oeste de la finca número Telf6035 no se logró comprobar en la inspección realizada que exista dicha obstrucción.
Así las cosas procede la estimatoria de este amparo únicamente contra la Municipalidad de Cartago en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia. En cuanto a la construcción de la acera y el supuesto bloqueo de la entrada oeste de la finca se declara sin lugar el recurso. En cuanto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Salud se declara sin lugar el recurso. (…)” ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que el recurrente acusa que la cerca de su propiedad fue arrancada por invasores para iniciar con construcciones ilegales, así como le bloquearon la salida que les corresponde al lado oeste de la finca. Señala que desde 2018, ha solicitado en múltiples ocasiones, la intervención del Departamento de Urbanismo y de la Alcaldía, ambos de la Municipalidad de Cartago, quienes han actuado con total tolerancia e inoperancia de los hechos, alegando que no es su competencia sino del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Argumenta que lo descrito le genera a él y a su madre -persona adulta mayor de 84 años aquí amparada- terribles problemas psicológicos, morales y económicos -al recibir aguas negras, pluviales, basura por toneladas en su propiedad, insultos, lanzamiento de objetos, daños y maltratos a sus animales, así como a la propiedad, robos, invasión de personas desconocidas-. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
VCG12/2023 ... Ver más SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitres .
Recurso de amparo presentado por [Nombre 001], cédula de identidad número [CED62 ], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad número [CED104 ], contra la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO y el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES.
Resultando:
Con base en lo anterior, y siendo que el amparo se orienta a denunciar la existencia de obras y situaciones que reflejan una falta de mantenimiento del dique, se solicita desde ya, declarar sin lugar este recurso de amparo. En segunda instancia el señor [Nombre 001] registralmente no posee bienes inscritos a su nombre, tal y como se demuestra registralmente:
Así las cosas, los recurrentes no pueden argumentar que se ha actuado con total tolerancia e inoperancia de los hechos, al no tener bienes inscritos a su nombre que se vean perjudicados. Sin perjuicio de lo anterior, y por los hechos que se denuncian, los cuales se orientan precisamente en alegar quebranto a sus derechos constitucionales, en este caso, respecto de una propiedad que no es de su titularidad a y desigualdades en lo que hace a otros propietarios; al no ser reitera propietarios de fundos que sean afectados por los hechos denunciados. Con relación al aspecto de que los moradores de ese sector reciben de manera ilegal (…) y agua potable por medio de un tanque de 10.000 litros, el Director del Eje del Acueducto Municipal manifiesta vía correo de fecha 06 de setiembre de 2023 que: “Buenas Don Nombre6449. Al respecto le puedo informar que en esta área de acueducto no consta que se haya autorizado la instalación de alguna infraestructura de almacenamiento de agua potable en la colindancia con la propiedad de la persona que interpuso el recurso de amparo, por otra parte, también se le informa que este sector en donde se tiene un asentamiento humano denominado dique se surten de paja publica de carácter humanitaria desde hace aproximadamente de 15 años.” A mayor abundamiento mediante Resolución Nº 01739 –2012 del 10 de febrero del 2012 a las 09:05, expediente judicial 12-000685-0007-CO está honorable Camara resolvió “III.- Sobre el fondo.
En lo que concierne al acceso al agua potable como derecho fundamental, entre otras, por sentencia #2007-998 de las 11:15 horas del 26 de enero del 2007, especificó la Sala sus implicaciones, como sigue: La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: (…)."Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. (...). De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos.
Nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. IV.- Asimismo, ha aceptado que en los asentamientos humanos que no cumplen las condiciones jurídicas mínimas de habitabilidad se instalen fuentes públicas de agua potable, sin que pueda derivarse del derecho fundamental señalado la obligación de instalar servicios individuales para los habitantes del lugar, debido, justamente, a la falta de condiciones urbanísticas mínimas”. Con vista en lo anterior, el recurso de amparo que se intenta es temerario y desproporcionado, en primera instancia porque existe jurisprudencia constitucional referente a quien le corresponde las obras de mantenimiento de los diques del Rio Reventado, así como, lo relativo a la dotación de servicios públicos que igualmente está tutelado como un derecho constitucional.
Por último, en lo que hace a invasiones a propiedad privada la Comuna no es competente para dirimir conflictos de linderos, por lo que se solicita a su Autoridad Judicial con el debido respeto rechazar de plano el recurso que se intenta por temerario y desproporcionado”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
Como se puede apreciar de la documentación aportada ante la Dirección de Asesoría Jurídica de la Institución, el Departamento de Previsión Vial, contestó en tiempo y forma, el día miércoles 06 de setiembre del año en curso.(se adjunta copia del correo electrónico). No obstante, en el caso que nos ocupa debemos destacar que, son los terrenos ocupados por terceros pertenecieran al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el ente competente para verificar las invasiones al derecho de vía sería el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones (…) Sin embargo, después de revisar la denuncia presentada por la señora [Nombre 002], no se evidencia que exista una invasión al derecho de vía, más bien señala ante la Sala Constitucional que existen construcciones ilegales en la Reserva Nacional Los Diques ubicado en la Provincia de Cartago. En razón de lo anterior, es claro y notorio que no hemos podido vulnerar, de modo alguno, los derechos fundamentales de la recurrente, esto por cuanto los permisos de construcción y todo lo referente a inspecciones de salubridad, aguas negras, basura, contaminación y maltrato animal -no corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes atender-, por el contrario, dicha problemática le compete al ente Municipal, el cual desde que tiene conocimiento de las presuntas invasiones del cantón, así como las irregularidades que al día de hoy se presentan con las construcciones denunciadas por la señora [Nombre 002], dicha municipalidad debía actuar conforme a sus competencias, esto al existir un Corredor Biológico o Reserva Nacional”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,
Considerando:
El recurrente alega que la cerca de su propiedad fue arrancada por invasores para iniciar con construcciones ilegales, así como le bloquearon la salida que les corresponde al lado oeste de la finca. Señala que desde 2018, ha solicitado en múltiples ocasiones, la intervención del Departamento de Urbanismo y de la Alcaldía, ambos de la Municipalidad de Cartago, quienes han actuado con total tolerancia e inoperancia de los hechos, alegando que no es su competencia sino del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Argumenta que lo descrito le genera a él y a su madre -persona adulta mayor de 84 años aquí amparada- terribles problemas psicológicos, morales y económicos -al recibir aguas negras, pluviales, basura por toneladas en su propiedad, insultos, lanzamiento de objetos, daños y maltratos a sus animales, así como a la propiedad, robos, invasión de personas desconocidas-. Por otra parte, refiere que respecto a la exigencia y obligatoriedad de construir aceras en las viviendas; acusa que fue notificado el 4 de diciembre de 2015, a fin de que construyera la acera, la cual fue tasada y valorada en 1.241.876,09 colones; sin embargo, el vecino colindante no fue notificado sino por su propia insistencia -buscando la equidad- y además le cobraron un monto menor.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
No se estiman como probados los siguientes hechos:
De los informes rendidos por las autoridades recurridas los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que mediante oficio LB-765-2015 de fecha 04 de diciembre del 2015 la Municipalidad de Cartago le ordenó a Nombre9363 la construcción de la acera al costado sur de la propiedad con el número de finca 3045946-000. Se acreditó que mediante oficio DVOP-DI-DC-PV-S-2019-3326 de fecha 19 de setiembre del 2019 la Dirección de Ingeniería del MOPT le indicó al recurrente que “la propiedad descrita en el plano catastrado N°C-299968-1996 (…) inscrita en el Registro Público de la Propiedad no número de folio real: 3045946-000- y Placa1113 (…) se encuentra “PARCIALMENTE” afectada por la zona de protección al DIQUE, según el Decreto Ejecutivo: N°22834 M.O.P.T.V.A.H. (…) Dicha afectación es una línea paralela de los vértices 10 al 11 desplazada 25.00 metros terreno adentro de la propiedad.
No omito manifestar que la vía colindante al Sur y al Este de la propiedad, es de competencia municipal, conforme lo establece el Capítulo I y concordantes de la Ley General de Caminos Públicos. Por lo que cualquier autorización de construcción en la propiedad antes mencionada, quedará a criterio y responsabilidad de la Municipalidad del lugar”. Quedó demostrado que en fecha 11 de octubre de 2023 las autoridades municipales realizaron una inspección y concluyeron: “En cuanto al punto 1 se realiza recorrido hasta los eventuales linderos de la propiedad, no pudiendo determinarse linderos, no hay límites físicos que delimiten la propiedad. En cuanto al aparente bloqueo, no existe el mismo, ya que la finca de marras colinda con el pie del dique, ello, se demuestra registral y catastralmente materializado en el plano de catastro C-299965-1996, y el informe registral insertos, en donde la finca objeto de estudio no colinda, ni mantiene ningún tipo de acceso”.
Se comprobó que el asentamiento Los Diques es ilegal por lo que el terreno no reúne condiciones para la instalación de sistemas de disposición y tratamiento de aguas residuales -por tanto, el Ministerio de Salud no puede emitir ordenamientos a cada familia que habita en esa zona-. Se verificó que en el asentamiento humano denominado Dique se surten de paja publica de carácter humanitaria desde hace aproximadamente de 15 años. Se probó que el asentamiento ilegal de tugurios en Los Diques va en aumento de forma desproporcionada y desordenada. Se constató que una de las viviendas tiene salida de aguas jabonosas y que, tres de las viviendas no cuentan con canoas y bajantes que logren canalizar las aguas hacia un punto idóneo para el desfogue de las mismas. De otra parte no fue posible acreditar que la Municipalidad de Cartago haya autorizado la instalación de alguna infraestructura de almacenamiento de agua potable en la colindancia con la propiedad del recurrente como tampoco que exista un bloqueo en la entrada oeste de la finca número Placa1114. Partiendo de lo anterior es posible concluir lo siguiente:
V.En cuanto a la construcción de la acera, se impone advertir que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no le compete revisar si la pretensión requerida es procedente, o si se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional. La procedencia o no de las obras que estima que debe realizar la Municipalidad de Cartago, es un asunto que no debe discutirse en esta Jurisdicción, ya que es ajeno al ámbito de su competencia. En virtud de lo expuesto, deberá el recurrente plantear sus alegatos ante la propia Municipalidad recurrida a través de los recursos que sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en el Código Municipal, o en su defecto, en la vía jurisdiccional correspondiente. Por lo expuesto, el amparo resulta inadmisible en cuanto a este extremo.
VI.Finalmente en cuanto al supuesto bloqueo en la entrada oeste de la finca número Placa1114 no se logró comprobar en la inspección realizada que exista dicha obstrucción.
Así las cosas procede la estimatoria de este amparo únicamente contra la Municipalidad de Cartago en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia. En cuanto a la construcción de la acera y el supuesto bloqueo de la entrada oeste de la finca se declara sin lugar el recurso. En cuanto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Salud se declara sin lugar el recurso.
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que el recurrente acusa que la cerca de su propiedad fue arrancada por invasores para iniciar con construcciones ilegales, así como le bloquearon la salida que les corresponde al lado oeste de la finca. Señala que desde 2018, ha solicitado en múltiples ocasiones, la intervención del Departamento de Urbanismo y de la Alcaldía, ambos de la Municipalidad de Cartago, quienes han actuado con total tolerancia e inoperancia de los hechos, alegando que no es su competencia sino del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Argumenta que lo descrito le genera a él y a su madre -persona adulta mayor de 84 años aquí amparada- terribles problemas psicológicos, morales y económicos -al recibir aguas negras, pluviales, basura por toneladas en su propiedad, insultos, lanzamiento de objetos, daños y maltratos a sus animales, así como a la propiedad, robos, invasión de personas desconocidas-. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Mario Redondo Poveda en su condición de Alcalde y Juan Carlos Guzmán Víquez, Director de Urbanismo Municipal, ambos de la Municipalidad de Cartago o a quienes en su lugar ocupen los cargos girar las órdenes pertinentes y coordinar todo lo que sea necesario con las instituciones públicas que sean competentes para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se lleven a cabo todas aquellas obras de mejora para evitar que los vecinos del asentamiento ilegal Los Diques depositen las aguas residuales y pluviales en el área de pastizal donde habitan los recurrentes. Lo anterior se dicta con la advertencia que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta día multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Municipalidad de Cartago al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Salud se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Nombre137 V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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