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Res. 25892-2023 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 13/10/2023

Health emergency in Tayní indigenous territory and omission of authoritiesEmergencia sanitaria en territorio indígena Tayní y omisión de autoridades

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The amparo is partially granted against the Ministry of Health, MOPT, Municipality of Limón, and CCSS, ordering them to take concrete measures to address the health emergency in the Tayní territory, and it is dismissed against CNE, CONAVI, and ICAA.Se declara parcialmente con lugar el amparo respecto del Ministerio de Salud, MOPT, Municipalidad de Limón y CCSS, ordenándoles adoptar medidas concretas para atender la emergencia sanitaria en el territorio Tayní, y se declara sin lugar respecto de la CNE, CONAVI e ICAA.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo action filed by residents of the Cabécar Indigenous Territory of Tayní, who allege that since 2015, Executive Decree 39298-S-MOPT declared a health emergency in the area due to deficiencies in drinking water supply and lack of road infrastructure to access health services, but seven years later the authorities have not implemented the necessary measures. The Chamber analyzes the obligations of each respondent entity and determines that the Ministry of Health, MOPT, Municipality of Limón, and CCSS failed to fulfill their duties, as despite some actions, they did not adopt concrete, timely, and suitable measures to resolve the issues. In contrast, the appeal against CNE, CONAVI, and ICAA is dismissed, considering they did not incur in serious omissions. The ruling partially grants the amparo and orders the Ministry of Health to coordinate technical assistance; MOPT and the Municipality of Limón to inventory and improve public roads within six months, and regarding bridges, MOPT to conduct a needs assessment to provide infrastructure; and CCSS to carry out a technical diagnosis to define efficient health service delivery options, all under warning of contempt. The State, CCSS, and Municipality of Limón are jointly ordered to pay costs, damages, and losses.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por residentes del territorio indígena Cabécar de Tayní, quienes denuncian que desde 2015 el Decreto Ejecutivo 39298-S-MOPT declaró la zona en emergencia sanitaria por deficiencias en agua potable y falta de infraestructura vial para acceder a servicios de salud, pero siete años después las autoridades no han ejecutado las medidas necesarias. La Sala analiza las obligaciones de cada entidad recurrida y determina que el Ministerio de Salud, el MOPT, la Municipalidad de Limón y la CCSS incumplieron sus deberes, pues a pesar de algunas gestiones no adoptaron acciones concretas, oportunas e idóneas para resolver la problemática. En contraste, se desestima el recurso contra la CNE, el CONAVI y el ICAA, al considerar que no incurrieron en omisiones graves. La sentencia declara parcialmente con lugar el amparo y ordena al Ministerio de Salud coordinar la asistencia técnica; al MOPT y la Municipalidad de Limón inventariar y mejorar los caminos públicos en seis meses y, en materia de puentes, al MOPT realizar un análisis de necesidades para dotar de infraestructura; y a la CCSS efectuar un diagnóstico técnico para definir opciones eficientes de prestación de servicios de salud, todo bajo apercibimiento de desobediencia. Se condena solidariamente al Estado, la CCSS y la Municipalidad de Limón al pago de costas, daños y perjuicios.

Key excerptExtracto clave

Upon reviewing the record, it is evident that the emergency decree acknowledges the leading role of the Ministry of Health in the field of public health, in accordance with the General Health Law. This is highlighted by Article 4 of the decree, which imposes the duty to obey provisions issued by that Ministry to effectively address the situation in the Tayní Territory and nearby communities due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption and lack of access to provide health services and the construction of their aqueduct. This implies the existence of a legal duty for that administrative unit to undertake the necessary actions to attend to this health emergency in a diligent and timely manner, as a complement to the actions imposed on MOPT and ICAA within their respective jurisdictions. In that regard, it is the opinion of this Chamber that although the Ministry adopted some measures and organized meetings and activities with the involved authorities, ultimately, it is not observed that these actions constitute concrete actions or forceful, timely, suitable, and necessary measures to definitively solve the problems that underpinned the health emergency declaration, namely, issues concerning deficiencies in drinking water supply and the absence of roads and bridges in the aforementioned communities.Del estudio de los autos se extrae que el decreto de declaratoria de emergencia, reconoce el papel rector que en el campo de la salud pública ostenta el Ministerio de Salud de conformidad con la Ley General de Salud. Esto se pone de manifiesto cuando el artículo 4 del decreto, impone el deber de obediencia de las disposiciones que dicte esa cartera ministerial para atender eficientemente la circunstancia que se presenta en el Territorio Tayní y comunidades cercanas por deficiencias en el suministro de agua apto para consumo humano y falta de acceso para brindar servicios de salud y la construcción de su acueducto. Esto supone la existencia de un deber jurídico de esa unidad administrativa de emprender las acciones necesarias atender de manera diligente y oportuna esa emergencia sanitaria, como complemento de las acciones que se imponen al MOPT y al ICAA dentro del marco de sus competencias. En ese sentido, es criterio de este cuerpo colegiado que si bien ese ministerio adoptó algunas medidas y gestionó algunas reuniones y actividades con las autoridades involucradas, en definitiva, no se observa que puedan configurar acciones concretas o medidas contundentes, oportunas, idóneas y necesarias para solucionar de manera definitiva la problemática que ha sustentado la declaratoria de emergencia sanitaria, sea, problemas relacionados con las deficiencias en el suministro de agua potable, y ausencia de caminos y puentes en las comunidades antes mencionadas.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En ese sentido, es criterio de este cuerpo colegiado que si bien ese ministerio adoptó algunas medidas y gestionó algunas reuniones y actividades con las autoridades involucradas, en definitiva, no se observa que puedan configurar acciones concretas o medidas contundentes, oportunas, idóneas y necesarias para solucionar de manera definitiva la problemática que ha sustentado la declaratoria de emergencia sanitaria."

    "In that regard, it is the opinion of this Chamber that although the Ministry adopted some measures and organized meetings and activities with the involved authorities, ultimately, it is not observed that these actions constitute concrete actions or forceful, timely, suitable, and necessary measures to definitively solve the problems that underpinned the health emergency declaration."

    Considerando V — Sobre lo actuado por el Ministerio de Salud

  • "En ese sentido, es criterio de este cuerpo colegiado que si bien ese ministerio adoptó algunas medidas y gestionó algunas reuniones y actividades con las autoridades involucradas, en definitiva, no se observa que puedan configurar acciones concretas o medidas contundentes, oportunas, idóneas y necesarias para solucionar de manera definitiva la problemática que ha sustentado la declaratoria de emergencia sanitaria."

    Considerando V — Sobre lo actuado por el Ministerio de Salud

  • "Lo anterior refleja un escenario complejo y complicado en términos de un acceso eficiente a los servicios de salud, tema que adquiere especial relevancia al estimar que esa problemática ha potenciado los índices de mortalidad infantil en la zona."

    "The foregoing reflects a complex and difficult scenario in terms of efficient access to health services, an issue that gains special significance when considering that this problem has exacerbated infant mortality rates in the area."

    Considerando VII — Sobre la CCSS

  • "Lo anterior refleja un escenario complejo y complicado en términos de un acceso eficiente a los servicios de salud, tema que adquiere especial relevancia al estimar que esa problemática ha potenciado los índices de mortalidad infantil en la zona."

    Considerando VII — Sobre la CCSS

  • "Las alegaciones de esa cartera ministerial pretenden esquivar esa responsabilidad mediante la supuesta asignación de competencia legal de atención de esas necesidades a CONAVI y a la Municipalidad de Limón."

    "The Ministry’s allegations attempt to evade this responsibility by supposedly assigning legal jurisdiction to address those needs to CONAVI and the Municipality of Limón."

    Considerando VIII — Sobre el MOPT

  • "Las alegaciones de esa cartera ministerial pretenden esquivar esa responsabilidad mediante la supuesta asignación de competencia legal de atención de esas necesidades a CONAVI y a la Municipalidad de Limón."

    Considerando VIII — Sobre el MOPT

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Date of Resolution: October 13, 2023 at 09:30 Type of matter: Amparo recourse Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Ruling with separate note Relevance Indicators Relevant ruling Ruling with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:

Strategic Themes: Economic, social, cultural and environmental rights, Indigenous Peoples Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: AMPARO AGAINST NORMS Subtopics:

DECREE.

Topic: MUNICIPALITY Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

Topic: EXECUTIVE BRANCH Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

Topic: MINORITIES Subtopics:

INDIGENOUS.

Telf5825. AMPARO AGAINST NORMS. MUNICIPALITY. EXECUTIVE BRANCH. MINORITIES. CABÉCAR INDIGENOUS TERRITORY OF TAYNÍ, WAS DECLARED A SANITARY EMERGENCY, THROUGH EXECUTIVE DECREE NO. 39298-S-MOPT AND, SEVEN YEARS LATER, THE MEASURES HAVE NOT BEEN EXECUTED. IT IS DECLARED PARTIALLY WITH MERITS, WITH RESPECT TO THE MINISTRY OF HEALTH, THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT, THE MUNICIPALITY OF LIMÓN AND THE COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND. CONSEQUENTLY, IT IS ORDERED: I) MINISTRY OF HEALTH: THAT COORDINATION INSTANCES BE IMMEDIATELY ESTABLISHED WITHIN THEIR RESPECTIVE AREAS OF COMPETENCE, TO PROVIDE TECHNICAL ASSISTANCE AND THE NECESSARY SUPPORT TO THE PUBLIC AUTHORITIES AND THE GENERAL POPULATION SO THAT THE INHABITANTS OF THE PROTECTED COMMUNITY ARE PROVIDED WITH THE BEST POSSIBLE PRIMARY HEALTH SERVICE. II) MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT AND MUNICIPALITY OF LIMÓN: THEY ARE ORDERED TO, IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLE OF COORDINATION, PROCEED TO CONDUCT AN INVENTORY AND DEFINITION OF THE PUBLIC ROADS TO BE INTERVENED UPON AND IMPROVED, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS. ONCE THAT PERIOD HAS EXPIRED, THOSE ADMINISTRATIONS, EACH WITHIN THE FRAMEWORK OF THEIR COMPETENCES, MUST ADOPT THE NECESSARY ACTIONS TO MATERIALIZE THE IMPROVEMENT OF THOSE PUBLIC ROADS, IN A MANNER THAT GUARANTEES THE RIGHT OF ACCESS AND MOVEMENT TO HEALTH CENTERS IN THE AFFECTED AREA. SUCH ACTIONS MUST BE INITIATED WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS FOLLOWING THE IDENTIFICATION OF THE ROADS AND THEIR LEGAL NATURE. LIKEWISE, REGARDING BRIDGES, THE MAXIMUM HEAD OF THE MOPT IS ORDERED TO ADOPT CONCRETE ACTIONS TO BE ABLE TO HAVE THE NECESSARY INFRASTRUCTURE, THROUGH A NEEDS ANALYSIS IN SPECIFIC AREAS, IN ORDER TO WEIGH THE TYPE OF CONSTRUCTION THAT ALLOWS FOR A SOLUTION TO THE PROBLEM ESTABLISHED AS A PRIORITY MATTER OF ATTENTION SINCE THE YEAR 2015. FOR THESE PURPOSES, AS THE MAXIMUM HIERARCHICAL INSTANCE, HE MUST COORDINATE WHAT IS PERTINENT WITH THE INTERNAL UNITS THAT HAVE COMPETENCES ASSOCIATED WITH THE MATTER AT HAND. SAID ACTIONS MUST BE ADOPTED WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF SIX MONTHS COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS RULING; III) COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND: PERFORM A TECHNICAL DIAGNOSIS THAT ALLOWS FOR THE ESTABLISHMENT OF EFFICIENT AND CONCRETE OPTIONS FOR THE PROVISION OF HEALTH SERVICES, CONSIDERING THE PARTICULARITIES OF THE INVOLVED COMMUNITIES, WITH A CHRONOGRAM FOR THE EXECUTION OF SAID ACTIONS. SAID INPUT MUST BE ISSUED WITHIN THE PERIOD OF SIX MONTHS FOLLOWING THE NOTIFICATION OF THIS RULING. VCG10/2023 “(…) III.- Declaration of Sanitary Emergency in Territory [Name 009]. In use of the powers conferred by articles 140 subsections 3) and 18) and 146 of the Political Constitution, the Executive Branch issued Decree No. 39298-S-MOPT, called “Declaration of Sanitary Emergency in Territory [Name 009] and nearby communities due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption and lack of access to provide health services and the construction of its aqueduct.” Said instrument orders the cited emergency declaration based on the deficiencies in the supply of potable water to those communities, estimating that it translates to or represents a potential danger in the proliferation of diseases that could affect the health of around 5,000 people, residents of that geographic space. Based on that weighing, in numeral 2 it declares of public and national interest the construction of the bridges over the Cerere (Cerere sector), La Estrella (Gavilán-Calveri sector), and Cohen (Bajo Cohen, Isla Cariari, and Isla Cariari-Cuchei sectors) rivers, under the responsibility of the Ministry of Works and Transport. The foregoing with the purpose of facilitating access to the affected communities so that their inhabitants are provided the best possible primary health service. This provision imposes a clear duty of action upon the MOPT regarding the construction of public works consisting of bridges over the indicated rivers as a mechanism to guarantee and facilitate access routes for the affected communities to health services (EBAIS). In canon 3 of the decree, the construction of the aqueducts for the supply of potable water in the territory [Name443 009], and the communities of Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista, and Isla Cariari is declared of public interest, an activity imposed on the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), with the aim of providing potable water for the affected communities under the best conditions of quality, quantity, and continuity. Then, precept 4 ibidem expresses a duty of obedience to the provisions issued by the Ministry of Health as guidelines or necessary actions to address the health situation occurring in that area. For its part, in mandate 5, it indicates the possibility that the dependencies of the Public Sector and the Private Sector, non-governmental organizations, and international organizations may contribute economic, material, and human resources for the solution of the problems related to deficiencies in the supply of potable water, and the absence of roads and bridges in the aforementioned communities. These needs for attention are determined based on a series of circumstances that are related in the recital part of the decree and that for clarity of the analysis of the present matter are expressed below. The proper understanding of the reasons that supported that sanitary emergency declaration is fundamental to define the set of actions and obligations that were imposed on various administrative units, as an indispensable antecedent element to weigh whether the omissions or indolence accused in this amparo recourse exist. On that particular, the recital part of the cited executive decree states in the relevant part:

“… VI.- That the authorities of the Ministry of Health and the Institute of Aqueducts and Sewers, through studies conducted in the territory [Name443 009], Valle de la Estrella, Limón, have detected that the only existing aqueduct only has the flow to supply the population of the community of Cerere, which is insufficient to meet the existing demand in the rest of the territory.

VII.- That the authorities of the Ministry of Public Works and Transport, through studies conducted in the territory [Name443 009], Valle de la Estrella, Limón, have verified that the absence of roads and bridges to reach those communities makes it difficult or impossible to provide primary health services to the inhabitants of that territory, which has caused infant mortality in those communities to be much higher than the national average.

VIII.- That due to the geographic conditions and the demographic growth that the territory [Name443 009], Valle de la Estrella, Province of Limón, has experienced, the supply of potable water suitable for human consumption is insufficient for the communities of Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista, and Isla Cariari.

IX.- That the deficiencies in the supply of potable water in said communities represent a potential danger in the proliferation of diseases that could affect the health of around 5,000 people.

X.- That it is the competence of this Ministry to address the mentioned situation, as it represents a risk situation for the health of the inhabitants of the territory [Name443 009], and the communities of Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista, and Isla Cariari.

XI.- That the right to health of individuals is a fundamental right of immediate application and its protection is mandatory by the State, an unavoidable duty.

XII.- That the legal norms establishing the competence of the Ministry of Health in health matters, enshrine implicit sovereign powers so that it can dictate all the legal measures that are necessary to confront and resolve states of sanitary emergency.

XIII.- That public authorities are obligated to apply the precautionary principle in sanitary matters in the sense that they must take the preventive measures that are necessary to avoid serious or irreparable harm to the health of the inhabitants.

XIV.- That technical and administrative agility must be provided to seek solutions to the problems that the [Name443 009], and the communities of Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista, and Isla Cariari have.

XV.- That the facts described above configure a state of emergency in health matters, which is why the declaration of sanitary emergency is necessary and opportune in order to seek solutions to the problems that the inhabitants of the previously mentioned communities have.” From what has been indicated, it is feasible to infer that the structuring of the emergency declaration under analysis imposes frameworks or axes of relevance for attention, namely: a) the construction of bridges over rivers, as means that allow or enable access facilities to health services, conduct that pertains to the MOPT; b) the construction of aqueducts that allow supplying those affected communities with the essential service of potable water, a duty of attention that is imposed on the ICAA; c) duty to comply with the orders and measures dictated by the Ministry of Health as the governing institution in matters of public health; and d) possibility of directing financial resources toward the attention of the needs associated with the axes of the declaration. Despite that, the present amparo recourse is filed against a series of administrative units, which is why it is necessary to analyze the legal competences of each of the appealed instances in light of the conducts imposed by the sanitary emergency declaration decree, as well as the legal duty of protection of public interests of a sectoral nature, according to each applicable legal regime, for the purpose of determining the existence of the omissive dysfunctions that are accused.

IV.- Regarding the actions of the National Emergency Commission. The appellant denounces that since 2015, the territory [Name443 009] was declared in a sanitary emergency by executive decree No. 39298-S-MOPT, signed by the president of the Republic, as well as the ministers of Health and of Public Works and Transport at that time. And despite that, the Emergency Commission declines to intervene in this matter and the measures aimed at solving the described problem have not yet been executed. On that particular, it should be noted that based on the competences conferred by numerals 13 and 14 of the National Emergency and Risk Prevention Law, No. 8488, to the CNE, they refer to the duty of attention to the national emergency declarations made in accordance with the provisions of that legal framework, in order to concretize a risk management policy that allows the proper attention to those declarations. In that sense, numeral 4 of that legislation names the state of emergency as the “Declaration of the Executive Branch, via executive decree, based on a state of need and urgency, caused by circumstances of war, internal commotion, and public calamity. This declaration allows managing, by way of exception, the actions and the allocation of necessary resources to attend the emergency, in accordance with Article 180 of the Political Constitution.” Additionally, the legal concept of “emergency” supposes a “State of crisis provoked by the disaster and based on the magnitude of the damages and losses. It is a state of need and urgency that obliges taking immediate actions with the purpose of saving lives and property, avoiding suffering, and attending to the needs of the affected. It can be managed in three progressive phases: response, rehabilitation, and reconstruction; it extends over time until the situation is definitively controlled.” In the present case, the emergency declaration decree is not issued within the parameters that Law No. 8488 regulates, but under the protection of the General Health Law, upon having detected insufficiencies that impact the health of the protected communities. This can be observed in recitals II and III of the cited decree as they state: “II.-That the health of the population is a good of public interest protected by the State, corresponding to the Executive Branch, through the Ministry of Health, the regulation, planning, and coordination of all public and private activities related to health. III.-That the governing competence of the Ministry of Health must lead to the articulation, strengthening, and modernization of policies, legislation, plans, programs, and projects, as well as the mobilization and synergy of social, institutional, and community forces that impact the determinants of health in the population.” In this way, it is clear that the CNE has no type of participation in the above-indicated sanitary emergency declaration, by virtue of the fact that its actions are not framed within the ordinary and extraordinary competences established in the National Emergency and Risk Prevention Law, No. 8488. Although that CNE could direct resources to procure the efficient attention of the works and services imposed on the MOPT and the ICAA, the truth of the matter is that the existence of a direct and concrete obligation imposed on that body attached to the Presidency of the Republic and that, therefore, can be considered as neglected, is not observed. Nor does the appellant present any allegation that allows for the deduction of a concrete duty that may have been neglected by that commission and in those terms, the claim lacks support regarding that party.

V.- Regarding the actions by the Ministry of Health. The appellant accuses that since 2015, the territory [Name443 009] was declared in a sanitary emergency by executive decree No. 39298-S-MOPT, signed by the president of the Republic, as well as the ministers of Health and of Public Works and Transport at that time. He adds that article 4 of the decree in question established: “(…) Article 4°- The public authorities and the general population are obligated to comply with the provisions that, of a general or particular nature, the health authorities dictate, until the current problem is resolved. (…)” and by virtue of the foregoing, the minister of Health was requested to dictate the corresponding provisions; however, no measure was issued in the terms of the cited numeral. He narrates that the highest authority of the Ministry of Health, in the last response provided through document DM-EE-68-2021 of February 2, 2021, stated: “(…) As can be observed, what is provided in the Executive Decree in mention, is a joint effort that involves the action of several institutions such as: AyA, MOPT, CCSS and the Municipality of Talamanca, and not solely and specifically the Ministry of Health (…). On the other hand, he alludes that article 2 of the mentioned Sanitary Emergency Decree provided: “(…) Article 2°-Declare of public and national interest the construction of bridges over the Cerere (Cerere sector), La Estrella (Gavilán-Calveri sector) and Cohen (Bajo Cohen, Isla Cariari, and Isla Cariari-Cuchei sectors) rivers, under the responsibility of the Ministry of Works and Transport, which shall have the objective of facilitating access to the affected communities so that its inhabitants are provided the best possible primary health service. (…)” (bold corresponds to the original, underline added by the appellant). He adds that numeral 5 of the decree in question stated: “(…) Dependencies of the Public Sector and the Private Sector, non-governmental organizations, and international organizations, within the respective legal framework, may contribute with economic, material, and human resources, to the extent of their possibilities, for the solution due to problems related to … absence of roads and bridges in the previously mentioned communities (…)”.

In this regard, the health authorities report that regarding the Tayni Territory Sanitary Emergency Declaration, we respectfully proceed to report the main actions developed by the Commission coordinated by this institution, to address the problem of the Tayni Cabécar Indigenous Community, located in Valle la Estrella, Central Canton of Limón: 1. Coordination for a visit with the Ombudsperson of the Republic, Montserrat Solano Carboni, was achieved on 04/03/2016, a tour was conducted in the localities of Gavilán, Jabuy, Bella Vista, and Boca Cohen. It was agreed that Mrs. Solano would request a meeting with the institutional heads related to said Decree for its operationalization. 2. Through a request made by the Tayni Indigenous Development Association to Dr. Fernando Llorca Castro, Minister of Health, with the purpose of operationalizing the Decree, it was agreed that from Health, the necessary directives would be issued so that the involved institutions execute their responsibilities. 3. Follow-up was achieved on the construction of the trail toward the locality of Alto Cohen by the MOPT and the Municipality of Limón, as well as the efforts for the maintenance of the road in an articulated manner with the MOPT, Municipality, and INDER. 4. Through the Ombudsperson's Office, high-ranking officials such as the Executive President of the ICAA would be summoned to a meeting to report on the actions developed within the framework of the Sanitary Emergency Declaration in the Tayni Indigenous Territory, due to the deficiencies in the supply of potable water. 5. A visit to the indigenous territory was achieved with Congressman Mr. Francklin Corella Vargas of the Citizen Action Party Legislative Fraction, PAC, making a tour through the localities of Gavilán, Jabuy, Bella Vista, and Boca Cohen, with the purpose of showing the needs of the communities such as the construction of an aqueduct for supply and projects in the area on the topic of bridges for access to communities of SURUY, CALBERIE, JURUY, and CUCHEI.

From the study of the case records, it is extracted that the emergency declaration decree recognizes the governing role that the Ministry of Health holds in the field of public health in accordance with the General Health Law. This is made manifest when article 4 of the decree imposes the duty of obedience to the provisions that this ministerial body dictates to efficiently address the circumstance occurring in the Territory [Name443 009] and nearby communities due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption and lack of access to provide health services and the construction of its aqueduct. This supposes the existence of a legal duty of that administrative unit to undertake the necessary actions to diligently and opportunely address that sanitary emergency, as a complement to the actions imposed on the MOPT and the ICAA within the framework of their competences. In this sense, it is the criterion of this collegiate body that although that ministry adopted some measures and managed some meetings and activities with the involved authorities, definitively, it is not observed that they can configure concrete actions or forceful, opportune, suitable, and necessary measures to definitively solve the problem that has sustained the sanitary emergency declaration, that is, problems related to the deficiencies in the supply of potable water, and absence of roads and bridges in the previously mentioned communities. Hence, for those purposes, the due exercise of the administrative powers conferred on the cited Ministry and the safeguarding of public interest make it necessary to order that unit, within a six-month period, in accordance with its legal competences, to carry out a comprehensive diagnosis of the current conditions that gave rise to the sanitary emergency declaration provided in executive decree No. 39298 and define a plan or strategy for the comprehensive approach to the sanitary conditions occurring in the Territory [Name443 009] and nearby communities due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption and lack of access to provide health services and the construction of its aqueduct.

VI.- Regarding the action of the Municipality of Limón. The appellant indicates that although the referenced executive decree of the year 2015 foresaw solutions, it is no less true that, as of the date of filing this recourse, the appealed authorities have not dictated the necessary provisions to address the emergency, the MOPT has not built the bridges indicated in the decree, and the Municipality of Limón refuses to build other bridges. In this regard, the sued mayor explains that the Municipality of Limón, despite its few economic resources, has built an access which is a bridge over the Río Cerere so that residents have access and communication with the rest of the canton (it began operating starting in 2023). This bridge, as a result of a flood and a rise in water level typical of climate change, was eroded in one of its bastions. The Municipality has incorporated in Budget Modification No. 2-2022, the corresponding resources, to attend to its rehabilitation in a medium term. The construction of the bridge in the community of Pandora was also carried out; with an investment close to 650 million colones; to connect the indigenous communities with the rest of the canton. A series of culvert crossings were also built to connect the different communities. In this territory, there are communities with very few residents and a small school, which must be provided with health care, access, and all the other rights to which the community is entitled, despite the small population that exists in each community. There are no large population centers. He mentions that said municipality does not have its own budgetary resources to build these bridges or pay for the required studies; given the large sums to be invested. On one occasion, the MOPT, with officials from the Government of the United States, with specialized personnel, carried out studies, but the area is very rugged and complicated, and the MOPT decided to place only two bailey bridge crossings, namely: a) From Besta-Llano Grande and b) From Besta towards the Indigenous Reserve; given the difficulty of access and the few possibilities of widening the bridges, as the distances are very long and deep. At some point, the Municipality, through the Technical Unit of Road Management, proposed the possibility of building a hammock bridge, but it is extremely dangerous for passersby, given the long distance of the same, more or less 500 to 600 meters, and there is no anchorage on one side to provide the necessary safety for the safe construction of the same in the zone in question, so the idea was discarded. Now, regarding the absence of roads and bridges located in Cabécar Tayní indigenous territories, in Valle La Estrella, this municipality knows that there is an indigenous territory roundtable, which is inter-institutional, where this matter and others pertaining to the zone are discussed. He adds that in this regard, it is reported that, in the year 2018, the Tayni Technical Roundtable established the search for resources to carry out the topographic and flow studies necessary for the design of other bridges with other institutions, but we have not been informed of the progress in this respect that the Tayni Commission has made. The Municipality has the obligation to distribute its budget among all its inhabitants and not only in the indigenous territory, even though their needs are recognized.

In accordance with numeral 169 of the Political Constitution and what is established by the Municipal Code, Law No. 7794, it corresponds to the municipalities to manage local interests. In matters of road and pedestrian infrastructure, the General Law of Public Roads, No. 5060, establishes separate competences for the management of public roads, depending on whether they are national or local roads. The former are the competence of the MOPT, while the attention of the cantonal road network corresponds to the local entities. In the present matter, it should be noted that the same numeral 2 of decree 39298 that orders the sanitary emergency, imposes the duty upon the MOPT to build the bridges over the Cerere (Cerere sector), La Estrella (Gavilán-Calveri sector), and Cohen (Bajo Cohen, Isla Cariari, and Isla Cariari-Cuchei sectors) rivers. Thus, it is said regulatory framework that directly defines that this benefit duty corresponds to the MOPT, despite which, it is undeniable that in accordance with what is prescribed by canon 5 of that referenced decree, the local entity could well adopt actions to collaborate and coordinate the construction of public bridge infrastructure with the purpose of facilitating the access of the people inhabiting the protected area to primary health services. In this sense, as has been indicated in the preceding paragraph, the construction of bridges and public roads was a duty assigned to the MOPT, to the point that the economic resources to address those needs were included within the Pre-investment Fund. Despite that, the Municipality of Limón built a bridge over the Río Cerere to provide residents with access to health services and personal needs. However, from the analysis of the various arguments formulated in this recourse and the statements of the sued administrative units, it is observed that there are disputes regarding whether the roads that must be addressed to procure access to health services are national or cantonal. On this particular, as has been indicated, the sanitary emergency declaration decree is clear in indicating that the duty of bridge and access construction pertains to the MOPT. However, in light of the constitutional and legal norms that establish, specify, delimit, and orient the competences of municipal entities, it is clear that they cannot disassociate themselves from the attention of local interests. In cases like the present where the sanitary emergency links powers of multiple administrative instances, it is necessary to observe the set of services required from each public instance. From that perspective, although the local entity has built a bridge over the Cecere river, the object of the amparo claims against that municipality the omission to build other bridges and to build public roads. In this sense, any divergence that may exist in terms of the typology of the road network to be addressed is not an aspect that can justify a disassociation from the attention of the matter. On the contrary, the duty of coordination that must prevail among the different involved public administrations makes it necessary for the local government to undertake channels of coordination with the authorities of the MOPT so that a survey and inventory of the public roads requiring immediate intervention is carried out, which implies the definition of whether those accesses belong to the national or cantonal road network and, based on that clarification, each instance, within the framework of their competences, proceed to execute the concrete actions that allow for the proper protection of the right of access to health centers. Hence, given the imprecision reported in the statements rendered under oath regarding the legal nature of that road network, the proper course is to order the local entity and the MOPT to, in accordance with the principle of coordination, proceed to conduct an inventory and definition of the public roads to be intervened upon and improved, within a period of six months.

Once that period has expired, those administrations, each within the scope of their competencies, must adopt the necessary actions to materialize the improvement of those public roads, so as to guarantee the right of access and movement to the health centers in the affected area. Such actions must be initiated within six months following the identification of the roads and their legal nature.

**VII.- Regarding the actions taken by the authorities of the Caja Costarricense de Seguro Social.** Concerning the actions of the authorities of the Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), the petitioner states that the executive decree that declared a sanitary emergency in the Tayní territory ordered the construction of works: roads, bridges, and aqueducts, with the purpose of “facilitating access to the affected communities so that their inhabitants are provided with the best possible primary health service.” Additionally, he indicates that the CCSS has still not built the Puesto de Visita Periódica in Alto Cohen, nor assigned personnel and other types of resources for that post. And he argues that, since 2010, the CCSS decided to erect new infrastructure for the EBAIS in Gavilán; however, despite progress having been made in the contracting process, after many unaddressed requests, the institution’s representatives have refused to inform and take the community into consideration in the design and other aspects of that contracting. He also accuses the CCSS authorities of knowing that the ambulance service for the Tayní territory is terrible, not only because of the great distance between the places where the vehicles that serve the entire Valle de la Estrella are kept, but also because even within the Tayní territory, the distances are enormous. He complains that despite Tayní being a community declared in a sanitary emergency, the CCSS has refused to provide it with an ambulance, as has been repeatedly requested. In relation to the petitioner's complaint, the Medical Directorate of the Valle de La Estrella Health Area has reported that, regarding the EBAIS for Alto Cohen, there is currently no land that meets the warranted technical conditions for its construction. However, the petitioner's statement that the institution does not assign personnel to that community is imprecise, given that the population of the Tayní territories has been provided medical care in various forms, such as: in the school setting, and through Gynecology and Pediatrics campaigns. In addition to this, the EBAIS assigned to that zone provide the following services, according to the report submitted by the Health Area authorities, from which the following is transcribed verbatim: The EBAIS of Nombre79055 currently has medical care 4 days a week, Monday, Wednesday, Thursday, and Friday. The EBAIS Nombre79055 will remain at headquarters on Mondays and Fridays of each week, while on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays they have a tour to Puestos de Visita Periódica, as indicated in a table. The Puesto de Visita Periódica in Boca Cohen, which has a building owned by the institution, has tours every week once a week, and in the month of September will be enabled twice a week again. In the case of the EBAIS Valle Las Rosas, on Tuesdays of each week it has a tour to the Puesto de Visita Periódica Cartagena. The rest of the days, for the moment, it remains at the Valle Las Rosas headquarters. The Puesto de Visita Periódica in Jabuy has been closed since 2019, given that it is being covered by an NGO (Four Corners) that provides medical services in the locality. They add that the medical director of the Valle La Estrella Health Area reported that the construction of Alcance 01 is pending the obtaining of the environmental viability (viabilidad ambiental) before SETENA. Subsequently, the procedure will continue with Alcance 2, which corresponds to the execution of the EBAIS. It is expected that the project can begin at the end of this period to be completed in the first semester of 2023. The Valle de la Estrella Health Area reported that the only communication received from representatives of the indigenous community corresponds to a libel received on September 3, 2021, signed by the president [Nombre443 009], in which he requested information regarding the construction of the EBAIS El Gavilán. Said communication was addressed by official letter No. 0405, signed by the medical director of the Valle La Estrella Health Area, on the same September 3 when it was received, and through which a response was given. Regarding ambulance transfers, it mentions that the pre-hospital transfers of users to emergency services are not the responsibility of the CCSS, but of the Benemérita Cruz Roja Costarricense, since the emergency call enters through the 911 system and not through a Caja telephone switchboard. Despite this, on each of the tours made to the Puestos de Visita Periódica, or to Alto Cohen, the medical personnel travel in an ambulance-type institutional vehicle, which is made available to the staff for any emergency transfer to the Clínica de la Fortuna for evaluation, management, or subsequent transfer to the Hospital Tony Facio Castro, should specialized care be warranted. Later they updated the information, indicating that the start order for Alcance 2 regarding the construction of the EBAIS was established for May 11, 2023. 2. That the delivery period for Alcance 2: Construction of EBAIS in Gavilán, Valle La Estrella is one hundred twenty (120) business days, therefore, the project delivery date is November 1, 2023. 3. That the procurement of Alcance 1 was delayed due to situations beyond the institution's control.

The sanitary emergency situation seeks to provide options for access to health services and means for the proper supply of drinking water to the Territory [Nombre443 009] and nearby communities. These measures revolve around the right to health, to which every person must have access as a derivation of what is established by canon 21 of the Constitución Política. At its core, the criticisms formulated against the CCSS allude to a deficient provision of that service. The report from that public authority points out a series of actions intended to demonstrate proper attention to the needs of the residents of the aforementioned indigenous territory. However, in the judgment of this Chamber, the options provided do not allow for the conclusion of a proper protection of the right of access to health and of an efficient provision of those services. Note that although some concrete actions are alluded to, it is clear that this is a problematic situation that has been present since before 2015 and that to date, it still does not have a proper solution. Indeed, the care provided in the Tayní zone is insufficient, as the CCSS report only reflects campaigns in gynecology and pediatrics and care in the school setting. The CCSS alludes to the fact that health services are provided based on the existence of other EBAIS in nearby sectors. However, this service offering does not consider the remoteness or distance of those options from the Tayní zone. An example of this is the distance between Tayní and the Ebais of Gavilán, a health center in which care is provided only two days a week since the staff must go to the Puestos de Visita Periódica on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Note that the petitioner points out this detail when mentioning: “… between Nombre79055 and Kunabli there are more than 15 kilometers of distance that are covered in one hour, by vehicle, and more than 5 hours on foot. He details that this territory is crossed by 6 large rivers, of which 3 are very fast-flowing (Estrella, Cuen, and Cerere), there are also others, like the Jabuy, that are impossible to cross when it rains… only the people of Boca Cohen, Jabuy, and Nombre79055 have possibilities of visiting health care centers when the rains intensify.” The foregoing reflects a complex and complicated scenario in terms of efficient access to health services, a topic that acquires special relevance when considering that this problematic situation has increased infant mortality rates in the zone, as shown in the report issued by the CNE when it stated: “The authorities of the MOPT,…have verified that the absence of roads and bridges to reach those communities makes the supply of primary health services difficult or impossible for the inhabitants of that territory, which has caused infant mortality in those communities to be much higher than the national average.” Thus, in order to protect the right to health of the persons residing in the Taymí zone, it is appropriate to order the CCSS to carry out a technical diagnostic that allows the establishment of efficient and concrete options for the provision of health services, considering the particularities of the communities involved, with a schedule for the execution of said actions. This input must be issued within six months following the notification of this judgment.

**VIII.- Regarding the actions taken by the authorities of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes.** - The petitioner points out that the Estrella River divides Tayní into 2 parts; to the south are Nombre79055 and Cerere, which are the only 2 places through which communication with non-indigenous lands is not possible without having to cross the river, and to the north are the communities of Cochey, Calveri, Volcancito, and Isla Cariei, in which there are about 700 inhabitants. He states that for those to be able to go to any primary health care center, be it the Clínica de Pandora or the Hospital Dr. Tony Facio Castro, as well as to high schools, grocery stores, shops, or to travel to San José, they must cross said river. He expresses that through Nombre79055 one can reach the non-indigenous sector, because there is a road that allows access to the bridge that is in Vesta (a non-indigenous community). He adds that in the rainy season, the communities of Jabuy, Boca Cohen, Bajo Cohen, Isla Cohen, Alto Cohen, Arrocero, Nimarí, Kunabli, Moi, Bella Vista, and Alto Jabuy are left incommunicado, as it is impossible to cross the Cohen and Jabuy rivers. He argues that only the people of Boca Cohen, Jabuy, and Nombre79055 have the possibility of visiting health care centers when the rains intensify. He cites that the other bridges have not been built, due to the express refusal of the MOPT. That whenever the Minister of Obras Públicas y Transportes or his subordinates have been asked for the construction of those bridges, they excuse themselves by indicating, among other things, that a bridge has already been built over the Estrella River, between Nombre79055 and Vesta, and another over the Suruy in Casa Amarilla; however, both structures are outside the indigenous territory and neither corresponds to those that the indicated decree ordered built. Now, the Minister of Obras Públicas y Transportes, in relation to the petitioner's complaint, mentions that in accordance with existing regulations and in adherence to the principle of legality, that ministry, and in the case of construction of public roads or bridges, can only act as a collaborator in aspects of technical assistance and support to the Municipalities. Under this competency framework and considering the limits of action sought by the principle of legality regarding the actions of public authorities, they indicate that in accordance with the competencies granted by Law, they are instructed to, to the extent of their legal and material possibilities, proceed in the shortest time possible to carry out the necessary coordination, to provide technical assistance, and the necessary support to the municipality of Limón, for the immediate attention of the transit routes and the bridges that are required and can be built in the zone. With respect to the División de Obras Públicas of that ministry, Official Letter No. DM-2022-3859 of August 18, 2022, was addressed to them, in which they were ordered: “… in accordance with the competencies granted by Law, you are instructed to, to the extent of your legal and material possibilities, proceed in the shortest time possible to carry out the necessary coordination, to provide technical assistance and the necessary support to the municipality of Limón, for the immediate attention of the transit routes and the bridges that are required and can be built in the zone…”. In response to what was ordered, a copy of official letter No. DVOP-DR8-2022-77 of August 22, 2022, was received in that office, signed by engineer Mónica Viviana González Miranda, acting as director of Regionales VIII and IX of the División de Obras Públicas, and through which she indicates to the Mayor of the Municipalidad de Limón the following: “…within the competency framework that involves us, precise instructions are being directed to Conavi and to the División de Obras Públicas so that, to the extent of their legal and material possibilities, they proceed in the shortest time possible to carry out the necessary coordination, to provide technical assistance and the necessary support to the municipality of Limón, for the immediate attention of the public land roads and the bridges that are required and can be built in the zone...” Furthermore, it indicates that since the roads and bridges of said territory are located in the cantonal road network (red vial cantonal), it is permitted to state the following: as of the effective date of Ley 9329 Ley Especial para la Transferencia de competencias, atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal, this regional directorate is limited in its attention to said network. However, in the year 2020, official letter No. DV0P-DR8-2020-193 dated September 16, 2020, was processed, regarding the intervention of the roads and bridges in the Tayní Territory. Your represented party is again informed of all the support from this regional directorate, for the processing of requests for materials and, if required, technical assistance. It should be noted that there is the greatest willingness to collaborate with materials that are available in the warehouse. In relation to what has been stated, it is established that although the function of the MOPT authorities is not to adopt concrete measures or directly initiate construction or repair work, it is clear that they do have a mission to coordinate, provide technical assistance, and the necessary support to the municipality of Limón and other entities for the immediate attention of the transit routes and the bridges that are required and can be built in the zone. From the evidence provided to the case file, this Court verifies that although the ministry in question adopted some measures and processed some meetings and activities with the involved authorities, the truth is that no forceful and concrete measures are discerned, through which significant steps or actions could be accredited to resolve the problematic situation that led to the issuance of Decreto No. 39298-S-MOPT due to problems related to deficiencies in the supply of drinking water, and the absence of roads and bridges in the previously mentioned communities. On this particular matter, it is necessary to highlight that the same alluded-to decree imposes a direct obligation on the MOPT regarding addressing the deficiencies in the roads and bridges that damage and affect the right of access to health services in the zone in question. The allegations of that ministerial portfolio attempt to evade that responsibility through the supposed assignment of legal competence for addressing those needs to CONAVI and the Municipalidad de Limón. However, regarding the roads, it has already been indicated that what is due is to order the local entity and the MOPT so that, in accordance with the principle of coordination, they proceed to carry out an inventory and definition of the public roads to intervene in and improve, within a period of six months. Once that period has expired, those administrations, each within the scope of their competencies, must adopt the necessary actions to materialize the improvement of those public roads, so as to guarantee the right of access and movement to the health centers in the affected area. Such actions must be initiated within six months following the identification of the roads and their legal nature. Similarly, regarding bridges, it is necessary for the hierarchy of the MOPT to adopt concrete actions to be able to have the necessary infrastructure, through a needs analysis in specific zones, for the purpose of weighing the type of construction that allows providing a solution to the problematic situation established as priority attention since 2015. For these purposes, as the highest hierarchical instance, it must coordinate what is pertinent with the internal units that have competencies associated with the topic at hand. Consequently, regarding this point, the appeal must be granted with the consequences stated in the operative part.

**IX.- Regarding the actions taken by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.-** The petitioner accuses that the territory [Nombre443 009] was declared in a sanitary emergency by executive decree No. 39298-S-MOPT, and as of the date of filing this appeal, the respondent authorities have not issued the necessary provisions to address the emergency; in that sense, and regarding the ICAA, he indicates that it has only built two small aqueducts that provide drinking water to the communities of Cerere, Calveri, and Cuchei. He relates that the ICAA has spent 6 years doing studies, designs, consultations, and other bureaucratic procedures. However, he argues that still, none of the communities of Arrocera, Alto Cohen, Moi, Bella Vista, Jabuy, Boca Cohen and Gavilán, Namardi have drinking water. In this regard, the respondent authorities of this institute indicate that indeed, this institution has required several years to carry out all the necessary studies for the construction of the aqueduct; however, these are now completed and work is being done in the pre-execution stage of the project. It notes that the Nombre79055 project has been under execution since March 2023, and that the integrated aqueduct of Nombre79055 will supply the following communities: Arrocera, Alto Cohen, Moi, Bella Vista, Jabuy, Boca Cohen, Nombre79055, and Namardí. It is mentioned that the activities that have been carried out are: purchase and transport of material, storage, building of warehouses, workbenches, hiring of personnel, installation of pipes, construction of access road to the springs (nacientes), cleaning of the spring site, transfer of materials and tools to work sites, and start of construction of the intake (captación). Likewise, it is indicated that the completion of the construction of the project “Construcción Sistema Integrado de Nombre79055 Valle la Estrella, Limón” is scheduled for April 2026.

Based on these actions, this Chamber verifies that the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados have acted prior to the intervention of this Court in taking concrete measures to provide drinking water to the affected communities under the best conditions of quality, quantity, and continuity, in the terms indicated in the report rendered under oath. Despite this, the ICAA should take note of its duty to maintain constant vigilance over the proper provision of drinking water service to the Taymí sector and its communities. Precisely, this is one of the primary axes that were defined in decree No. 39298-S-MOPT and that directly and undeniably impact the problematic situation surrounding the health conditions that led to that sanitary emergency, which is why it is necessary to maintain constant vigilance over the service provision terms of this vital liquid. Consequently, the appeal is resolved to be dismissed regarding this point.

**IX.- Regarding the actions of CONAVI.** In the specific case, the petitioner does not challenge any specific omission or situation with that council; however, it was named as a respondent and a report was requested from it, and upon appearing, its representative affirms that the construction of the bridges in that zone is the responsibility of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes or the municipality of Limón, but not of CONAVI. For the foregoing reasons, with respect to this authority, no omission is verified, and regarding this, the appeal is dismissed.

**X.- Conclusion.-** The petitioner accuses that since 2015, the territory [Nombre443 009] was declared in a sanitary emergency by executive decree No. 39298-S-MOPT, signed by the president of the Republic, as well as the Ministers of Salud and of Obras Públicas y Transportes at that time. He states that although the alluded-to executive decree provided for solutions, it is no less true that, as of the date of filing this appeal, the respondent authorities have not issued the necessary provisions to address the emergency, the MOPT has not built the bridges indicated in the decree, the ICAA has not built aqueducts, the Municipalidad de Limón refuses to build other bridges, the CCSS has not established the health centers, has not assigned human or other resources to serve the population of the Tayní territory, and the Comisión de Emergencias declines to intervene in this matter.

From the study of the evidence, it is clear that the authorities of the ICAA, the CNE, and CONAVI have not incurred in omissions of conduct or obligations that the applicable legal regime imposes on them, so no serious omission could be attributed to them, and therefore with respect to them the appeal is declared without merit. Now, regarding the MOPT, the Municipalidad de Limón, the CCSS, and the Ministerio de Salud, authorities responsible for the sanitary emergency pointed out in Decreto No. 39298-S-MOPT, the appeal is granted, because although they have adopted some measures, it is not observed that they have proposed concrete actions with budget planning, defined lines of work within specific deadlines or work schedules.

Finally, it is necessary to indicate to the petitioner that if he considers that there is any disobedience by the respondent authorities regarding previous judgments issued by this Chamber, he must file the relevant proceeding in relation to the case file in question. Consequently, it is appropriate to partially grant the appeal, with the consequences stated in the operative part. (…)” ... See more Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

**XI.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO.** As a matter of principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater breadth, their disagreements. However, when from that omissive administrative conduct a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction is derived, or groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, where the petitioning party accuses problems related to deficiencies in the supply of drinking water, and absence of roads and bridges, which implies a risk to the integrity of the community protected in the territory [Nombre443 009].

VCG10/2023 ... See more  Res. Nº PHO8001 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on the thirteenth of October of two thousand twenty-three.

Recurso de amparo filed by [Nombre317 001], identity card [Valor CED165], on behalf of [Nombre317 002], [Nombre 003], identity card [Valor CED185], [Nombre317 004], identity card [CED162 ], [Nombre317 005], identity card [CED252 ], [Nombre317 006], identity card [CED163 ], [Nombre317 007], identity card [CED164 ], [Nombre317 008], identity card [CED2249 ] and [Nombre317 009], against the MINISTERIO DE SALUD, the MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT), the CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS), INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA); and the COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE).

HOLDING:

1.- By document added to the Online Management System of this Office on July 10, 2022, the petitioner files a recurso de amparo and states the following: that in the Tayní indigenous territory approximately 5,000 people of the Cabécar people live and there are 19 communities, each with a school and a soccer field, besides, 2 have a high school, namely: Boca Cuen and Alto Cuen. He mentions that in the towns of Gavilán, Boca Cuen, and Jabuy there are primary health care centers. He notes that between Gavilán and Kunabli there are more than 15 kilometers of distance that are covered in one hour, by vehicle, and more than 5 hours on foot. He details that this territory is crossed by 6 large rivers, of which 3 are very fast-flowing (Estrella, Cuen, and Cerere), there are also others, like the Jabuy, that are impossible to cross when it rains, which happens often; additionally, there are many streams that become rivers in times of rain. He explains that within the Tayní territory there is not a single bridge that allows crossing from one side to the other of the mentioned rivers, with the exception of the bridge over the Cerere River, located on the territorial boundary, which allows passage between the indigenous and non-indigenous area; however, it is currently out of service. He points out that the Estrella River divides Tayní into 2 parts; to the south are Gavilán and Cerere, which are the only 2 places through which communication with non-indigenous lands is not possible without having to cross the river, and to the north are the communities of Cochey, Calveri, Volcancito, and Isla Cariei, in which there are about 700 inhabitants. He states that for those to be able to go to any primary health care center, be it the Clínica de Pandora or the Hospital Dr. Tony Facio Castro, as well as to high schools, grocery stores, shops, or to travel to San José, they must cross said river. He expresses that through Gavilán one can reach the non-indigenous sector, because there is a road that allows access to the bridge that is in Vesta (a non-indigenous community). He adds that the inhabitants of the northern sector usually walk to Cochey and from there cross the Estrella River, walking or swimming, to reach Gavilán and from there to Cerere, where the other bridge is that connects with non-indigenous lands, a journey covering 7 kilometers along a gravel road in terrible condition. He adds that in the rainy season, the communities of Jabuy, Boca Cohen, Bajo Cohen, Isla Cohen, Alto Cohen, Arrocero, Nimarí, Kunabli, Moi, Bella Vista, and Alto Jabuy are left incommunicado, as it is impossible to cross the Cohen and Jabuy rivers. He argues that only the people of Boca Cohen, Jabuy, and Gavilán have the possibility of visiting health care centers when the rains intensify. He states that since 2015, the territory [Nombre317 009] was declared in a sanitary emergency by executive decree No. 39298-S-MOPT, signed by the president of the Republic, as well as the ministers of Salud and of Obras Públicas y Transportes at that time. He adds that article 4 of the decree in question established: “(…) Article 4°- Public authorities and the general population are obliged to comply with the provisions, whether of a general or particular nature, dictated by the health authorities, until the current problematic situation is resolved. (…)” and by virtue of the above, the Minister of Salud was requested to dictate the corresponding provisions; however, no measure was issued in the terms of the cited article. He narrates that the head of the Ministerio de Salud, in the last response provided through document DM-EE-68-2021 of February 2, 2021, stated: “(…) As can be observed, what is provided in the Executive Decree in question is a joint task that involves the action of several institutions such as: AyA, MOPT, CCSS, and the Municipalidad de Talamanca, and not uniquely and specifically the Ministerio de Salud (…). On the other hand, he alludes that article 2 of the aforementioned Sanitary Emergency Decree provided: “(…) Article 2°- The construction of the bridges over the Cerere (Cerere sector), La Estrella (Gavilán Calveri sector), and Cohen (Bajo Cohen, Isla Cariari, and Isla Cariari-Cuchei sectors) rivers is declared of public and national interest, under the responsibility the Ministerio de Obras y Transportes, which will have the objective of facilitating access to the affected communities so that their inhabitants are provided with the best possible primary health service. (…)”. In this regard, he explains that the bridge over the Cerere River was built by the Municipalidad de Limón; however, it is currently out of service due to serious structural damage. He cites that the other bridges have not been built, due to the express refusal of the MOPT. That whenever the Minister of Obras Públicas y Transportes or his subordinates have been asked for the construction of those bridges, they excuse themselves by indicating, among other things, that a bridge has already been built over the Estrella River, between Gavilán and Vesta, and another over the Suruy in Casa Amarilla; however, both structures are outside the indigenous territory and neither corresponds to those that the indicated decree ordered built.

It reveals that, on March 26, 2021, CONAVI considered: that the construction of those bridges is outside the scope of this Huetar Atlántica Regional Directorate of the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI” (Official Letter DRHA-64-21-0139) and on September 16, 2020, the director of Regional Directorate VIII of the MOPT, after commenting on the works carried out in the area, concluded that “this Regional Directorate can only collaborate in the contribution of material to the Municipality of Limón” (Official Letter DVOP-DR8-2020-193). It notes that articles 1 and 3 of the cited sanitary emergency decree established: “(…) Article 1°- Declare a sanitary emergency in the [Name 009] territory, and the communities of Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista and Isla Cariari, due to deficiencies in the drinking water supply which represents a potential danger in the proliferation of diseases that could affect the health of around 5,000 people. (…)

Article 3°-Declare of public and national interest the construction of aqueducts for the drinking water supply in the [Name 009] territory, and the communities of Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista and Isla Cariari, under the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which shall have the objective of providing drinking water to the affected communities under the best conditions of quality, quantity, and continuity. (…)”. In that sense, it accuses that the ICAA has only built two small aqueducts that supply drinking water to the communities of Cerere, Calveri, and Cuchei. It indicates that in 2011, the Constitutional Chamber ordered the ICAA to build an aqueduct in Boca Cohen (Res. No. 2011012648), then, in 2014 it granted 6 months to conclude the studies that would allow the construction of a well to supply drinking water to the community of Gavilán (Res. No. PHO8002), subsequently, in 2020, another 3 months were granted, in order to conclude studies for the construction of an aqueduct to supply drinking water to the communities of Arrocera, Alto Cohen, Moi, Bella Vista, Jabuy, Boca Cohen and Gavilán, Namardi (Res. No. 2020008580). It outlines that the ICAA has spent 6 years conducting studies, designs, consultations, and other bureaucratic procedures that seem to never end, and more than 2 years have already passed since the Constitutional Chamber granted it 3 months to conclude those studies. It adds that numeral 5 of the decree in question indicated: “(…) The agencies of the Public Sector and the Private Sector, non-governmental organizations, and international organizations, within their respective legal framework, may contribute economic, material, and human resources, to the extent of their possibilities, for the solution due to problems related to … the absence of roads and bridges in the aforementioned communities (…)”. It adds that the Constitutional Chamber, through judgment No. PHO8003 at 09:20 hours on November 27, 2015, resolved: “(…) It is ordered to Néstor Mattis William in his capacity as Mayor of the Municipality of Limón and to Ramón Retana Cerdas in his capacity as President of the Municipal Council of Limón, or to whoever holds those positions in their place, that, within the scope of their competencies, they immediately carry out the pertinent actions so that within a period of 12 MONTHS counted from the notification of this judgment, their intervention is finalized, for the construction of the bridges over the Jabuy River and the Bölökli de Gavilán, Mököboli, Jamali, Bölökli de Jabuy, Kuagri, Cachari, and Namaldí streams (…)”. Despite the above, it claims that only the bridge over the Bölökli de Gavilán stream has been built and there are no bridges over the Jabuy River or over any of the other streams. It argues that through this remedy it intends, with respect to the Municipality of Limón, that the order for the construction of the cited bridges be reiterated. Regarding the Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), it states that the executive decree that declared the Tayní territory in a sanitary emergency ordered the construction of works: roads, bridges, and aqueducts, with the objective of “facilitating access to the affected communities so that their inhabitants are provided the best possible primary health service”. It notes that in a report rendered before the Constitutional Chamber in file No. 15-016932-0007-CO, the administrative manager of the CCSS indicated: “(…) the actions and omissions that threaten and violate the right to health were generated by the non-construction of the road between Jabui-Alto Cohen …; and rather, the CCSS has been equally affected by the lack of infrastructure that allows vehicular transit… those communities are in a condition of geographical isolation due to large rivers, and the only alternative to receive medical care is at the so-called periodic visit posts …like Jabuy or Gavilán… the Inter-institutional Commission prioritized the construction of a periodic visit post in the community of Alto Cohen, … but it could not be achieved due to the impossibility of vehicular access (…)”. It maintains that the road between Jabui-Alto Cohen is now passable and the problem of bridges in Alto Jabuy and nearby places, built by INDER, has been solved; however, the CCSS still has not built the Periodic Visit Post of Alto Cohen, nor has it assigned personnel and other types of resources for that post. It alleges that, since 2010, the CCSS arranged to erect new infrastructure for the EBAIS of Gavilán; however, despite progress in the contracting process, after many unaddressed actions, the institution’s representatives have refused to inform and take the community into consideration in the design and other aspects of that contracting, in open violation of the provisions of subsection 2 of article 25 of Convention No. 169 of the ILO. It details that the CCSS authorities are aware that the ambulance service for the Tayní territory is terrible, not only because of the great distance between the places where the vehicles that serve the entire Valle de la Estrella are kept, but also because even within the Tayní territory, the distances are enormous. Regarding the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, it affirms that the community representative asked that institution for information about the Tayní sanitary emergency, about its participation in the solution of the problems that the executive decree in question itself recognizes. It adds that through official letter CNE-PRE-UAL-OF-0054-2020 of July 13, 2020, the respondent commission refuses to intervene in the matter, stating: “(…) the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) does not have a preponderant role in this sanitary emergency declaration made by the Ministers of Health and Public Works and Transport under Executive Decree No. 39298-S-MOPT of May 25, 2015, by virtue of the fact that its actions are framed within the ordinary and extraordinary competencies established in the National Emergency and Risk Prevention Law, No. 8488. It reiterates that through executive decree No. 39298-S-MOPT of 2015, it was recognized that the indigenous people Tayní do not have the necessary aqueducts to supply all communities, which represents a potential danger in the proliferation of diseases that could affect the health of around 5,000 people. It states that in that indigenous territory there are not enough roads and bridges, which hinders the provision of primary health services, a situation that has caused infant mortality in those communities to be higher than the national average. It reveals that as a result of all the above, it was considered opportune to issue a sanitary emergency declaration, in order to seek solutions to the problems faced by the inhabitants of the affected communities. It declares that although solutions were foreseen in the aforementioned executive decree, it is no less true that, as of the date of filing this remedy, the Ministry of Health refuses to issue the necessary provisions to address the emergency, the MOPT has not built the bridges indicated in the decree, the ICAA has not built aqueducts, the Municipality of Limón refuses to build other bridges, the CCSS has not established health centers nor has it assigned human or other resources to attend to the population of the Tayní territory, and the Emergency Commission declines to intervene in this matter. It mentions that 7 years have passed since the indicated decree was issued and the measures aimed at solving the described problems have not yet been executed. It considers that what has been described violates the fundamental rights of its represented parties and of the rest of the [Name 009] Tayní. It requests that the remedy be granted.

2.- Alejandro José Picado Eduarte, in his capacity as representative of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, reports under oath that once the petitioners’ argument has been reviewed and analyzed and in light of our principle of legality, established in Law No. 8488 “National Emergency and Risk Prevention Law,” he indicates that the CNE has no type of participation in the sanitary emergency declaration mentioned above, whose direct actors are the Ministry of Health and Public Works and Transport under Executive Decree No. 39298-S-MOPT of May 25, 2015, by virtue of the fact that its actions are not framed within the ordinary and extraordinary competencies established in the National Emergency and Risk Prevention Law, No. 8488. The Sanitary Emergency Declaration in the [Name 009] Territory and nearby communities due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption and lack of access to provide health services and the construction of its Aqueduct, which was carried out through Executive Decree No. 39298-S-MOPT of May 25, 2015, based on the General Health Law, and considering, among other things: That the authorities of the Ministry of Health and the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, through studies carried out in the [Name 009] territory, Valle de la Estrella, Limón, have detected that the only existing aqueduct only has flow capacity to supply the population of the community of Cerere, which is insufficient to meet the existing demand in the rest of the territory. That the authorities of the Ministry of Public Works and Transport, through studies carried out in the [Name 009] territory, Valle de la Estrella, Limón, have verified that the absence of roads and bridges to reach those communities makes it difficult or impossible to provide primary health services to the inhabitants of that territory, which has caused infant mortality in those communities to be much higher than the national average. In this sense, the decree itself establishes that given that the governing competence of the Ministry of Health must lead to the articulation, strengthening, and modernization of policies, legislation, plans, programs, and projects, as well as the mobilization and synergy of social, institutional, and community forces that impact the determinants of health in the population; it is the competence of that Ministry to address the mentioned situation, since it represents a risk situation for the health of the inhabitants of the [Name 009] territory. The legal norms establish the competence of the Ministry of Health in health matters and enshrine the implicit sovereign powers so that it can dictate all the legal measures that are necessary to confront and resolve sanitary emergency states; and that in the decree in question, the construction of the bridges over the Cerere (Cerere sector), La Estrella (Gavilán-Calveri sector), and Cohen (Bajo Cohen, Isla Cariari, and Isla Cariari-Cuchei sectors) rivers is established to be under the responsibility of the Ministry of Public Works and Transport, and the construction of the aqueducts for the drinking water supply in the [Name 009] territory, and the communities of Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista, and Isla Cariari, are under the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. The CNE, adhering to our principle of legality, can only take action when the conditions and requirements for carrying out works covered by national emergency declarations are met, and not those of a sanitary nature, such as the one at hand, which is why we have no involvement whatsoever in what is indicated in the emergency decree mentioned above and we have not violated the fundamental protections of the petitioners, nor actions to be carried out that may have been entrusted to us, given that what was resolved from the origin of this entire matter has been categorical in terms of exonerating us from all types of responsibility.

3.- Gustavo Picado Chacón, in his capacity as Financial Manager, according to the Board of Directors agreement of the Caja Costarricense de Seguro Social, reports under oath that regarding the facts subject to this amparo and that concern the CCSS, it is important to indicate that no action, omission, or unfounded material action by the Financial Management under my charge can be inferred that violated the fundamental rights claimed by the petitioner. However, considering that regarding the CCSS, reference is made to the provision of health centers (infrastructure and human resources), among others, in the Cabécar Tayní territory, these are aspects within the scope of competence of the Medical Management of the institution. In that sense, by means of an email sent on the 12th of August of the current year, that office communicated to the Judicial Management Area of the Legal Directorate the matters concerning this remedy, with the purpose of having it manage the transfer of the aforementioned judicial resolution to the Medical Management of the CCSS, for its attention and processing before this Chamber. Thus, based on what has been outlined, this Management has not violated any fundamental right of those protected herein, so it is appropriate to dismiss the amparo remedy filed.

4.- Mauricio Batalla Otárola, in his capacity as Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, reports under oath that the construction of the bridges in that area is the responsibility of the Ministry of Public Works and Transport or the municipality of Limón, but not of CONAVI. Based on the foregoing, he requests that the remedy be dismissed.

5.- Joselyn María Chacón Madrigal, in her capacity as Minister of Health, and Alexander Salas López, in his capacity as Director of the Regional Directorate of Health Stewardship Huetar Caribe, report under oath that the solution and attention to the problem alleged in this amparo remedy does not correspond to the Ministry of Health, as it is a matter within the competence of the Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), Municipality of Limón, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and CONAVI, due to the subject matter concerning road infrastructure, necessary to reach the health care centers of the C.C.S.S.

6.- Luis Esteban Amador Jiménez, in his capacity as Minister of Public Works and Transport, reports under oath that he cannot act by himself in maintenance, conservation, or construction works on national or cantonal routes, since, on one hand, it is the responsibility of Conavi to attend to those requirements on national routes and, on the other hand, it is the responsibility of the municipalities to act on cantonal routes. Indeed, in accordance with existing regulations and in adherence to the “principle of legality,” the MOPT, in the case of construction of public roads or bridges, can only act as a collaborator in aspects of technical assistance and support to the Municipalities. Thus, in the case at hand, if the residents of the interested communities require the construction of bridges and improvement of roads, they must go directly to CONAVI or the Municipality of Limón, depending on whether that work is to be carried out on a national or cantonal road, but this ministry could not directly attend to that requirement, for a strictly legal order matter, as we have seen. Since we cannot intervene in the solution of the problem raised, it is clear and notorious that we have not been able to violate, in any way, the fundamental rights of the petitioners, as there is a legal limitation to intervene directly in the denounced situation, and for this reason, the Remedy we are responding to must be declared improper, regarding my represented entity. Now, within the competence framework that involves us, precise instructions are being directed to CONAVI and the Public Works Division so that, to the extent of their legal and material possibilities, they proceed as soon as possible to carry out the coordination, provide technical assistance and the necessary support to the municipality of Limón, for the immediate attention of the public land roads and bridges that are required and can be built in the area.

7.- Luis Fernando Campos Montes, in his capacity as Administrative Manager and Unlimited General Attorney-in-Fact of the Caja Costarricense de Seguro Social, reports under oath that he has no personal knowledge of the described facts. However, because this amparo remedy is related to an alleged medical neglect of periodic visit centers of the institution and lack of infrastructure construction to attend to the health of indigenous populations—competencies that are exclusive to the Medical Management and the Infrastructure and Technologies Management—it was transferred on August 16, 2012.

8.- Néstor Mattis Williams, in his capacity as Municipal Mayor, reports under oath that the central canton of Limón has in its jurisdiction the Valle La Estrella District, which in turn contains the Indigenous Reserve. That reserve harbors a rugged and harsh territory due to its steep mountains. It also has special regulations as it is governed by the international framework of autonomous indigenous territories. It is complicated to invest in said area because there are many limitations such as protection zones. It is relatively true that the only access the residents have is access via the La Estrella River. The Municipality of Limón, despite its limited economic resources, has built an access point which is a bridge over the Cerere River so that residents have access and communication with the rest of the canton. That bridge, as a result of a flood and a swell caused by climate change, was eroded in one of its bastions. The Municipality has incorporated in Budgetary Modification No. 2-2022, the corresponding resources, to attend to its rehabilitation in the medium term. The construction of the bridge was also carried out in the community of Pandora, with an investment close to 650 million colones, to connect the indigenous communities with the rest of the canton. A series of culvert crossings were also built to connect the different communities. In this territory, there are communities with very few residents and a small school, to which attention must be provided in health, access, and all other rights that the community has, despite the small population that exists in each community. There are no large population centers. He mentions that said municipality does not have its own budgetary resources to build these bridges or pay for the required studies, given the substantial sums to be invested. On one occasion, the MOPT, with officials from the United States government and specialized personnel, conducted studies, but the area is very rugged and complicated, and the MOPT made the decision to place only two bailey bridge crossings, namely: a) Dirección2452 and b) From Besta towards the Indigenous Reserve, given the difficulty of access and the limited possibilities of widening the bridges, as the distances are very long and deep. At some point, the Municipality, through the Technical Unit of Road Management, proposed the possibility of building a suspension bridge, but it is extremely dangerous for passersby, given its long distance, more or less 500 to 600 meters, and there is no anchorage on one side to provide the necessary safety for its safe construction, in the area that is being insisted upon, so the idea was discarded. Now, as regards the absence of roads and bridges located in Cabécar Tayní indigenous territories, in Valle La Estrella, this municipality knows that there is an indigenous territory working group, which is inter-institutional, where this and other matters pertaining to the area are discussed. He adds that in this regard, it is reported that in 2018, the Tayní Technical Working Group established the search for resources to carry out the topographic and flow studies necessary for the design of other bridges with other institutions, but we have not been informed of the progress in this regard made by the Tayní Commission. The Municipality has the obligation to distribute its budget among all its inhabitants and not only in the indigenous territory, even though its needs are recognized.

9.- According to certification, reviewed at nine forty-six hours on August 29, 2022, in the Costa Rican Judicial Office Management System for received document control and this file, it did not appear that from August 17 to August 26, 2022, the President of the Council of the Municipality of Limón had submitted any brief or document, in order to render the report requested in the resolution issued at seven fifty-seven hours on August twelve, two thousand twenty-two.

10.- Joselyn Chacón Madrigal, in her capacity as Minister of Health, and Alexander Salas López, in his capacity as Director of the Regional Directorate of Health Stewardship Huetar Caribe, report under oath that the attention and solution of the problem alleged in this remedy does not correspond to the Ministry of Health, as it is related to road infrastructure (MOPT and Municipality of Limón), necessary to have access to the health services of the Caja Costarricense de Seguro Social. However, that ministry has managed and followed up before said authorities on the actions to be taken to solve the presented problem.

11.- By resolution issued at sixteen twenty-six hours on January 18 of the current year, the parties indicated in the amparo remedy were considered as expanded and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was given a hearing.

12.- Pilar Dall’anese Alvarez, in her capacity as Sub-Manager of Delegated Systems Management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath that they have built, to date, aqueducts for the communities of Cerere, Calveri, and Cuchei. She adds that the Construction Directorate of the UEN Project Administration of AyA began in 2022 all the preliminary processes to start the construction of the Integrated Project, such as: worksite recognition, site location, material purchase processing, and transfer of purchased construction materials for safekeeping. 90% of the purchased materials have been delivered to the project. The start of construction for the Integrated Gavilán Project is scheduled for the month of April 2023, once the day labor contracting process is finalized, which will begin in February 2023. Likewise, the conclusion of the construction of the project “Construction Integrated System of Gavilán Valle la Estrella, Limón” is estimated for April 2026. As part of the current actions by the institution, a meeting was established with the ADI for January 26 of the current year; said meeting aims to revisit the topic of requirements for the contracting of occasional day laborers who will be working on the project, as well as the initiation of the consultation process for forming an ASADA for the administration and operation of the drinking water supply system. The foregoing, in compliance with what was agreed at the meeting on November 9, 2022, where ADI members Sediel Morales, [Name 005], and Jose Morales participated. Regarding the communities of Isla Cohen, Surui, Cunabli, Nimarí, Isla Cariari, they are not contemplated in the integrated Gavilán project, because they were not defined within the resolution of the amparo remedy, and they are not located within the coverage area of this project. Furthermore, the water availability from the sources defined for the project does not allow the inclusion of more communities. As stated, AYA has indeed required several years to carry out all the necessary studies for the construction of the aqueduct; however, to date, they are already concluded, and work is underway in the pre-execution stage of the project. Thus, the Institution has followed up on the matter to this day, with the start of construction of the Integrated Gavilán Project scheduled for the month of April 2023, once the day labor contracting process is finalized, which will begin in February 2023. The conclusion of the construction of the project “Construction Integrated System of Gavilán Valle la Estrella, Limón” is estimated for April 2026. As stated, they mention that in addition to the meeting with the ADI scheduled for January 26 of the current year, which aims to revisit the topic of requirements for the contracting of occasional day laborers who will be working on the project, it is known that a project of this type requires carrying out the respective consultation in accordance with the provisions of Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries of the ILO, as well as the “General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples,” Executive Decree No. 40932-MPMJP, published in Supplement No. 70, of the Official Gazette La Gaceta No. 59 of April 5, 2018, and the “Regulation of Associations for the Administration of Communal Aqueduct and Sewer Systems,” Executive Decree No. 42582-S-MINAE, published in the Official Digital Gazette La Gaceta No. 223, Supplement No. 233, of Friday, September 4, 2020, articles 69 and 70. In said meeting, matters related to the initiation of the consultation process for forming an ASADA for the administration and operation of the drinking water supply system will also be discussed, in compliance with what was agreed at the meeting on November 9, 2022, where ADI members Sediel Morales, [Name 005], and Jose Morales participated. Thus, the refusal to provide the service in said communities has not been the result of a negligent or arbitrary decision by AyA, but rather the impossibility that has presented itself to date and which has been followed up on as described, so that the necessary steps have been taken to be able to provide the service.

13.- Álvaro Roberto Ramos Chaves, in his capacity as Executive President, and Randall Alan Álvarez Juárez, Medical Manager of the Caja Costarricense de Seguro Social, report under oath that the petitioner has recourse to the constitutional jurisdiction in search of comprehensive solutions for a community that, while protected by the Political Constitution and international agreements subscribed to by the Costa Rican State, the truth of the matter is that it faces challenges requiring an approach, analysis, and complex solutions that cannot be solved via amparo. The Medical Directorate of the Valle de La Estrella Health Area has reported that regarding the EBAIS for Alto Cohen, there is currently no land that meets the technical conditions merited for its construction. Notwithstanding the above, the petitioner’s statement that the institution does not assign personnel to that community is imprecise, given that medical attention has been provided to the population of the Tayní territories in various ways, such as: in the school environment, Gynecology and Pediatrics campaigns, in addition. Added to this, the EBAIS assigned to said area provide the following care, according to the report sent by the Health Area authorities, from which the following is literally transcribed: The Gavilán EBAIS currently has medical attention 4 days a week, Monday, Wednesday, Thursday, and Friday. The Gavilán EBAIS will remain at Headquarters on Mondays and Fridays of each week, while on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays, they have field visits to Periodic Visit Posts as indicated in the previous table. The Boca Cohen Periodic Visit Post, which has a building owned by the Institution, is visited on field trips every week once a week; in the month of September, it will be enabled for twice a week again. In the case of Valle Las Rosas EBAIS, on Tuesdays of each week, it has field visits to the Cartagena Periodic Visit Post. The rest of the days, for now, it remains at the Valle Las Rosas Headquarters. The Jabuy Periodic Visit Post has been closed since 2019 given that it is being covered by an NGO (Four Corners) that provides medical services in the locality. They also add that Dr. reports Enrique Valverde Aguilar, Medical Director of the Valle La Estrella Health Area, states that the construction of El Alcance 01 corresponds to obtaining environmental viability (viabilidad ambiental) before the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA); the project is currently in the review stage by said entity and the assigned case file number (número de expediente) is D1 0495-2022. After obtaining said viability, Alcance 2 will proceed, which corresponds to the execution of the EBAIS. It is expected that the project can begin at the end of this period to conclude in the first half of 2023. Therefore, the project is currently before the National Environmental Technical Secretariat, which must grant the environmental viability approval for its construction; once that stage is completed (which is beyond the institution's control), it is anticipated that construction can begin at the end of this year and conclude in the first half of 2023. He mentions that although the appellant alleges in his appeal that: after many unaddressed efforts, the CCSS officials refuse to provide information, the truth of the matter is that the supposed notes that have not been addressed by the institution are not attached to the appeal, nor is it indicated when or where they were submitted, therefore it constitutes a subjective and generic statement by the appellant, lacking supporting evidence. In that order of ideas, the Valle de la Estrella Health Area reports that the only note received from representatives of the indigenous community corresponds to a document received on September 3, 2021, signed by Mr. Sediel Morales Ruiz, President [Name317 009], in which he requested information regarding the construction of the El Gavilan EBAIS. Said note was addressed through official letter No. 0405, signed by Dr. Enrique Valverde Aguilar, Medical Director of the Valle La Estrella Health Area, on the same September 3 it was received, and through which a response was provided. Regarding ambulance transfers, he mentions that pre-hospital transfers of users to emergency services are not the responsibility of the Caja Costarricense de Seguro Social, but rather of the Benemérita Cruz Roja Costarricense, since the emergency call enters through the 911 system and not through a CCSS telephone exchange. Despite this, it is reported that on each of the tours made to the Periodic Visit Posts, or to Alto Cohen, the medical staff travels in an institutional ambulance-type vehicle, which is available to the staff for any emergency transfer to the La Fortuna Clinic for assessment, management, or subsequent transfer to the Tony Facio Castro Hospital, should specialized care be required. He considers that the institution he represents has not violated any rights of the protected parties.

14.- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, in her capacity as Executive President of the Caja Costarricense de Seguro Social, reports under oath that she reiterates the legal report that had already been rendered by said institution.

15.- By resolution issued at two forty-five in the afternoon on July thirteenth of the current year, a report was requested as evidence for better resolution from the Comisión Nacional de Emergencias, Consejo Nacional de Vialidad, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Municipalidad de Limón, Caja Costarricense de Seguro Social, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

16.- Alejandro José Picado Duarte, in his capacity as President of the Comisión Nacional de Emergencias, responds to the hearing granted and states that it is clear that in the specific case, this is not a scenario of national emergency, nor of an undeclared emergency, situations in which the legal system empowers them to carry out interventions.

17.- Rafael Barboza Topping, in his capacity as Deputy Manager of Delegated Systems Management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, responds to the hearing granted and states that the Gavilán project has been under execution since March 2023. The activities that have been carried out are: purchase and hauling of material, storage, construction of warehouses, workbenches, hiring of personnel, pipe installation, construction of an access road to the springs (nacientes), cleaning of the spring site, transfer of materials and tools to the work sites, and commencement of the intake construction. The progress percentage to date is 4%. There has been no variation in the water availability from the sources defined for the Gavilán project that would allow the inclusion of more communities. However, a new source (naciente) has been found in the community of Nimari, and its potential is being analyzed to establish the possibility of using it as a reinforcement for the Gavilán project and thereby include this community (Nimari).

18.- Luis Esteban Amador Jiménez, in his capacity as Minister of Obras Públicas y Transportes, reports under oath that indeed, in accordance with existing regulations and adhering to the principle of legality, the MOPT, in the case of construction of public roads or bridges, can only act as a collaborator in aspects of technical assistance and support to the Municipalities. Under that competency framework and considering the limits of action sought by the principle of legality regarding the actions of public authorities, they indicate that in accordance with the powers granted by Law, they are instructed to, to the extent of their legal and material possibilities, coordinate as soon as possible, provide technical assistance, and the necessary support to the Municipalidad de Limón, for the immediate attention of the transit roads and bridges that are required and can be built in the area. He mentions that as has been pointed out, the actions of the Consejo Nacional de Vialidad, as a body with maximum deconcentration and functional and administrative independence, are not directly the purview of that ministerial portfolio; therefore, they must adhere to what the executive director of that Council reports in this case, as they do not have access to the internal actions of that institution. Regarding the Division of Public Works of that ministry, Official Letter No. DM-2022-3859 dated August 18, 2022, was directed to them, in which they were ordered: “… in accordance with the powers granted by Law, you are instructed to, to the extent of your legal and material possibilities, coordinate as soon as possible, provide technical assistance, and the necessary support to the Municipalidad de Limón, for the immediate attention of the transit roads and bridges that are required and can be built in the area…”. In response to what was ordered, a copy of official letter No. DVOP-DR8-2022-77 dated August 22, 2022, was received at that office, signed by engineer Mónica Viviana González Miranda, acting as director of Regionals VIII and IX of the Division of Public Works, and through which she indicates the following to the Mayor of the Municipalidad de Limón: “…within the competency framework that involves us, precise instructions are being directed to Conavi and the Division of Public Works so that, to the extent of their legal and material possibilities, they coordinate as soon as possible, provide technical assistance, and the necessary support to the Municipalidad de Limón, for the immediate attention of the public land roads and bridges that are required and can be built in the area...” Furthermore, he indicates that since the roads and bridges of said territory are located on the cantonal road network (Red Vial Cantonal), he is permitted to indicate the following: 1. As of the entry into force of Law 9329 Special Law for the Transfer of Competencies, full and exclusive attention to the Cantonal Road Network, this regional directorate is limited in attending to said network. However, in 2020, official letter No. DV0P-DR8- 2020-193 dated September 16, 2020, regarding the intervention of roads and bridges in the Tayni Territory was processed. All support from this regional directorate is once again indicated to your represented party, for the processing of material requests and, if required, technical assistance. It should be noted that there is the utmost willingness to collaborate with materials that are available in the warehouse. With the foregoing, it is clear that the action of that ministry, in this case, has been limited by the competencies that the legislation grants to the institution, but also that, within the framework of collaboration and technical assistance, the offers that have been made to the Municipalidad de Limón have not registered a response to date. He requests that the appeal be dismissed.

19.- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, in her capacity as Executive President, and Marino Ramírez Carranza, Manager, both officials of the Caja Costarricense de Seguro Social, respond to the hearing granted, stating that regarding the progress of the work, the Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica reports the following: the start order for Alcance 2 regarding the construction of the EBAIS was established for May 11 of the current year. 2. That the delivery deadline for Alcance 2: Construction of the Gavilán EBAIS, Valle La Estrella is 120 business days; therefore, the project delivery date is November 1, 2023. 3. That obtaining alcance 1 was delayed due to situations beyond the institution's control. Therefore, it will cause an impact on alcance 2. That there have been delays in the construction of said building due to water supply problems, for which coordination was carried out at the regional level with the Municipality and the Standard Fruit Company for collaboration in said matter to avoid further delays in the project. As things stand, the institution has been carrying out all pertinent and necessary steps in order to give continuity to the work, and whose delivery date has not yet occurred; therefore, it is not considered a violation of the fundamental rights of the appellant, as is evidenced.

20.- Name10969, acting in her capacity as Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, responds to the hearing granted, stating that through official letter DIE-EX07-2022-781 dated August 17, 2021, this Executive Directorate had reported, based on technical report DRHA-64-21-0139 issued by the Huetar Atlántica Directorate of the CONAVI Road and Bridge Conservation Management (Gerencia de Conservación de Vías y Puentes), as well as in accordance with technical report DRHA-126-2022-0427 dated August 16, 2022, the following: “…Therefore, as can be seen, the villages of the Cabecar Tayni indigenous territory are outside the scopes established in the Law regarding the competencies for the Road and Bridge Conservation Management…”. In line with the foregoing, through technical report DRHA-126-2023-0338 dated July 17, 2023, the CONAVI Road and Bridge Conservation Management indicates the following: “…Therefore, as can be seen, the villages of the Cabécar Tayní indigenous territory are outside the scope of the rights-of-way of national routes under CONAVI's jurisdiction and of the scopes established in the law for their attention by the Road and Bridge Conservation Management…”.

21.- Mary Munive Angermüller, Vice President of the Republic and Minister of Salud, reports under oath that together with governmental institutions (AYA, SENASA, Fuerza Pública, ICE, CCSS, among others) in 2011, they formed the TJÄI Interinstitutional Commission (Comisión Interinstitucional TJÄI), whose purpose was to coordinate actions between the Community Development Association and Public and Private Institutions aimed at improving the health, social, environmental, and economic conditions of said community, strictly adhering to the needs referred by the community representatives, who participated actively in it. That in response to official letter HC-ARS-L-02714-2016, signed by Dr. Guiselle Lucas Bolívar regarding the executive summary of Decreto Ejecutivo 39298-MOPT declaring a Sanitary Emergency in the TAYNI indigenous territory, it states the following. “…A cordial greeting. In response to official letter DR-HC-0931-2016, signed by you, regarding the Declaration of Sanitary Emergency for the Tayni Territory, we respectfully proceed to report the main actions developed by the Commission coordinated by this institution, to address the problems of the Tayni Cabécar Indigenous Community, located in Valle la Estrella, Central Canton of Limón: 1. Coordination for a visit with the Ombudsperson of the Republic, Montserrat Solano Carboni, was achieved on 03/04/2016; a tour was conducted of the localities of Gavilán, Jabuy, Bella Vista, and Boca Cohen. It was agreed that Ms. Solano would request a meeting with the institutional heads related to said Decree for its operationalization. 2. Through a request made by the Tayni Indigenous Development Association to Dr. Fernado Llorca Castro, Minister of Salud, in order to operationalize the Decree, it was agreed that from the health sector, the necessary directives would be issued so that the involved institutions execute their responsibilities. 3. Follow-up was achieved on the construction of the trail towards the locality of Alto Cohen by the MOPT and the Municipalidad de Limón, as well as the efforts for the maintenance of the road in an articulated manner with the MOPT, Municipality, and INDER. 4. Through the Office of the Ombudsperson of the Republic, high-ranking officials such as the Executive President of ICAA will be convened to a meeting to report on the actions developed within the framework of the Declaration of Sanitary Emergency in the Tayni Indigenous Territory, due to deficiencies in the potable water supply. 5. A visit to the indigenous territory was achieved with Congressman Mr. Francklin Corella Vargas of the Citizen Action Legislative Fraction PAC, conducting a tour of the localities of Gavilán, Jabuy, Bella Vista, and Boca Cohen, in order to show the needs of the communities such as the construction of an aqueduct for supply and projects in the area on the issue of bridges for access to the communities of SURUY, CALBERIE, JURUY, AND CUCHEI…”. Additionally, it is indicated that said Commission could not assume or displace the functions delegated by law to each institution. It should be noted that as a formal means of communication, a WhatsApp Chat was established among the participating institutions and representatives of the Development Association and community members. On May 13, 2020, upon receiving the note without official letter number dated May 11, 2020, signed by Mr. Morales Ruíz, regarding the Request for Information from the TJÄI Interinstitutional Commission, received in Customer Service on May 13, 2020, she proceeded to forward it via WhatsApp, so that it would be known to all members of said chat, indicating that on the part of that Ministry, matters within its purview would be addressed. She indicates that based on the reading of the document presented by the appellant, it can be clearly inferred that the solution to the problems alleged in his writing does not correspond solely to the Ministerio de Salud for attention, as it is a matter of competence by reason of the subject matter, to be addressed and resolved by the Caja Costarricense del Seguro Social, the Municipalidad de Limón, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. However, as coordinator of the Commission in question, she has proceeded to request the heads of said institutions to address and resolve such deficiencies presented by the indigenous community. Through official letter MS-DRRSHC-ARSL-03243-2020, signed by her, addressed to Mr. Morales Ruíz, the applicant is once again informed about the actions being developed by that governing body, with the aim of addressing the request, an official letter that was sent via email on June 8 of that year, to the email addresses ...585 and ...1166 which were provided by Mr. Morales Ruíz. And through official letter MS-DRRSHC-ARSL-03530-2020, signed by her, she made it known to Mr. Morales Ruíz, as President of the Tjäi Community Development Association, that due to the COVID-19 situation at the national and global level and the multiple responsibilities of that official, she could not continue coordinating the formed Interinstitutional Commission and that they would await the appointment [Name317] of the new coordinator so as to continue participating and developing actions that are possible within our scope of competence. Through official letter MS-DRRSHC-ARSL-03739-2020, signed by her, a formal transfer of the report on actions developed by the Commission is made while assuming its coordination. Based on all the foregoing and with the evidence provided, she aims to demonstrate that the appellant is incorrect in stating that no response has been provided to his concerns, since through official letters MS-DRRSHC-03242-2020, MS-DRRSHC-ARSL-03244-2020, MS-DRRSHC-ARSL-03245-2020, MS-DRRSHC-ARSL-03246-2020, MS-DRRSHC-ARSL-03246-2020, MS-DRRSHC-ARSL-03529-2020, MS-DRRSHC-ARSL-03530-2020, MS-DRRSHC-ARSL-03652-2020, MS-DRRSHC-ARSL-03679-2020, and MS-DRRSHC-ARSL-03739-2020, notified via email to the addresses provided by Mr. Morales Ruíz, a response was provided to his claim made before this Health Governing Area Directorate (Dirección de Área Rectora de Salud). That in attention to what is related to the case, pertinent notifications are made to the Institutions for the improvement of the case at hand, signed by Dr. Guiselle Lucas Bolívar in her capacity as Director of the Health Governing Area of Limón, stating the following. Official letter MS-DRRSHC-ARSL 05253-2022, sent to Engineer Mónica González Miranda, Regional Director of the Ministerio de Obras Públicas y Transporte, signed by the Director of the Governing Area, Dr. Guiselle Lucas Bolívar, states the following. She reiterates the willingness to collaborate on the part of this Regional Directorate, with the required materials and those available in our institution's warehouse. She considers that the governing body she represents proceeds to inform Ms. Diana Smith Parks, in her capacity as Manager of Rural Aqueducts of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, regarding the follow-up of the actions taken, which was notified under official letter MS-DRRSHC-ARSL-4058-2023, signed by Dr. Aura Baltodano Madrigal in her capacity as Acting Director of the Health Governing Area of Limón, sent via email to said Institution. Even though matters related to road infrastructure (MOPT and Municipalidad de Limón) to access the Health services of the Caja Costarricense del Seguro Social do not correspond to the Ministerio de Salud, that Ministry has carried out all legal procedures protected by the Ley General de Salud and its regulations and has issued numerous official letters and communications to the authorities that do have direct competence on the matter, so that they manage and carry out the necessary works to solve the presented problem.

22.- Néstor Mattis Williams, in his capacity as Mayor of Limón, responds to the hearing granted, stating that the issue of roads and bridges corresponds to a matter whose competence belongs to the MOPT, since the project was included in the Pre-investment Fund with the necessary budget resources to invest in one of those bridges. However, and despite the Directorate of Bridges of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes agreeing and providing a typology for the construction of said bridge, it was subsequently annulled because it did not conform to the required needs or dimensions, given that the bridge intended to be built is over four hundred to five hundred meters. Regarding the issue of the Cerere River, it has been fully operational since approximately May of this year.

23.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

CONSIDERING:

I.- Object of the appeal. The appellant alleges that since 2015, the territory [Name317 009] was declared a sanitary emergency by Decreto Ejecutivo No. 39298-S-MOPT, signed by the President of the Republic, as well as the Ministers of Salud and of Obras Públicas y Transportes at that time. He states that although the aforementioned Decreto Ejecutivo provided for solutions, it is no less true that, as of the date this appeal was filed, the respondent authorities have not issued the necessary provisions to address the emergency, the MOPT has not built the bridges indicated in the decree, the ICAA has not built aqueducts, the Municipalidad de Limón refuses to build other bridges, the CCSS has not established health centers nor allocated human or other resources to serve the population of the Tayní territory, and the Comisión de Emergencias declines to intervene in this matter. He mentions that 7 years have passed since the indicated decree was issued and the measures aimed at solving the described problem have not yet been executed. He considers that what is described violates the fundamental rights of his represented parties and the rest of the [Name317 009] Tayní.

II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated: a) that approximately 5,000 people of the Cabécar people live in the Tayní indigenous territory and there are 19 communities, each with a school and a soccer field; additionally, 2 have a high school, namely: Boca Cuen and Alto Cuen (report rendered under oath); b) in 2015, through Decreto Ejecutivo No. 39298-S-MOPT, it was ordered: "Declaration of Sanitary Emergency in Territory [Name317 009] and nearby communities due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption and lack of access to provide health services and the construction of their aqueduct" (report rendered under oath); c) the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has built, to date, aqueducts for the communities of Cerere, Calveri, and Cuchei; the Construction Directorate of the AyA Project Administration UEN began in 2022 all the prior processes to initiate the construction of the Integrated Project, such as: reconnaissance of the work site, location of sites, processing of the purchase of materials, transfer of purchased construction materials for their safeguarding. 90% of the purchased materials have been delivered to the project. The start of the construction of the Integrated Gavilán Project is scheduled for April 2023, once the day-labor contracting process, which began in February 2023, is finalized; the completion of the construction of the project "Construction of the Gavilán Integrated System, Valle la Estrella, Limón" is estimated for April 2026 (report rendered under oath); d) in relation to the EBAIS for Alto Cohen, there is currently no land that meets the technical conditions required for its construction; however, the population of the Tayní territories has been provided with medical care in various forms, such as: in the school setting, Gynecology and Pediatrics campaigns, as well. In addition to this, the EBAIS assigned to said zone provide the following services, according to the report submitted by the Health Area authorities, from which the following is literally transcribed: the Gavilán EBAIS currently has medical care 4 days a week, Monday, Wednesday, Thursday, and Friday. The Gavilán EBAIS will remain at Headquarters on Mondays and Fridays of each week, while on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays they have tours to Periodic Visit Posts as indicated in the above table. The Boca Cohen Periodic Visit Post, which has a building owned by the Institution, has tours every week once a week; in September, it will be enabled for twice a week again. In the case of the Valle Las Rosas EBAIS, on Tuesdays of each week, it has a tour to the Cartagena Periodic Visit Post. The rest of the days, for the moment, it remains at the Valle Las Rosas headquarters. The Jabuy Periodic Visit Post has been closed since 2019 since it is being covered by an NGO (Four Corners) that provides medical services in the locality (report rendered under oath); e) the Municipalidad de Limón built an access point to the protected community, which is a bridge over the Cerere River so that residents have access and communication with the rest of the canton; it is currently operational (report rendered under oath).

III.- Declaration of Sanitary Emergency in Territory [Name 009]. In use of the powers conferred by articles 140 subsections 3) and 18) and 146 of the Political Constitution, the Executive Branch issued Decree No. 39298-S-MOPT, called "Declaration of Sanitary Emergency in Territory [Name 009] and nearby communities due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption and lack of access to provide health services and the construction of their aqueduct". This instrument orders the cited declaration of emergency based on the deficiencies in the supply of potable water to those communities, considering that it translates into or represents a potential danger in the proliferation of diseases that could affect the health of around 5,000 people, residents of that geographical area. Based on that assessment, in numeral 2, it declares of public and national interest the construction of bridges over the Cerere (Cerere sector), La Estrella (Gavilán-Calveri sector), and Cohen (Bajo Cohen, Isla Cariari, and Isla Cariari-Cuchei sectors) rivers, under the responsibility of the Ministry of Obras y Transportes. The purpose of this is to facilitate access to the affected communities so that their inhabitants can be provided with the best possible primary health service. This provision imposes a clear duty of action on the MOPT regarding the construction of public works consisting of bridges over the indicated rivers as a mechanism to guarantee and facilitate access routes to health services (EBAIS) for the affected communities. In canon 3 of the decree, the construction of aqueducts for the supply of potable water in the territory [Name317 009], and the communities of Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista, and Isla Cariari is declared of public interest, an activity imposed on the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), with the purpose of providing potable water for the affected communities under the best conditions of quality, quantity, and continuity. Then, precept 4 ibidem expresses a duty of obedience to the provisions issued by the Ministerio de Salud as guidelines or necessary actions to address the sanitary situation occurring in that area. For its part, mandate 5 indicates the possibility that Public Sector and Private Sector agencies, non-governmental organizations, and international organizations may contribute economic, material, and human resources for the solution of the problems related to deficiencies in the potable water supply and the absence of roads and bridges in the aforementioned communities. These needs for attention are determined based on a series of circumstances that are recounted in the considerative part of the decree and which, for clarity of the analysis of this present matter, are expressed below. A proper understanding of the reasons that supported that declaration of sanitary emergency is fundamental to define the set of actions and obligations that were imposed on various administrative units, as an indispensable antecedent element to assess whether the omissions or indolences accused in this amparo appeal exist.

In this regard, the recitals section of the cited executive decree states, in relevant part:

“… VI.- That the authorities of the Ministry of Health and the Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto de Acueductos y Alcantarillados), through studies carried out in the territory [Nombre 009], Valle de la Estrella, Limón, have detected that the only existing aqueduct has sufficient flow only to supply the population of the community of Cerere, which is insufficient to meet the existing demand in the rest of the territory.

VII.- That the authorities of the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), through studies carried out in the territory [Nombre 009], Valle de la Estrella, Limón, have verified that the absence of roads and bridges to reach those communities makes the provision of primary health services to the inhabitants of that territory difficult or impossible, which has caused infant mortality in those communities to be much higher than the national average.

VIII.- That due to the geographic conditions and the demographic growth experienced by the territory [Nombre 009], Valle de la Estrella, Province of Limón, the supply of potable water suitable for human consumption is insufficient for the communities of Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista, and Isla Cariari.

IX.- That the deficiencies in the supply of potable water in said communities represent a potential danger in the proliferation of diseases that could affect the health of approximately 5,000 people.

X.- That it is the competence of this Ministry to address the aforementioned situation, since it represents a risk situation for the health of the inhabitants of the territory [Nombre317 009], and the communities of Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista, and Isla Cariari.

XI.- That the right to health of individuals is a fundamental right of immediate application and its protection is obligatory on the part of the State, an unavoidable duty.

XII.- That the legal norms establishing the competence of the Ministry of Health in health matters enshrine implicit sovereign powers so that it may issue all legal measures that are necessary to confront and resolve states of sanitary emergency.

XIII.- That public authorities are obliged to apply the precautionary principle in sanitary matters, in the sense that they must take the preventive measures that are necessary to avoid serious or irreparable damage to the health of the inhabitants.

XIV.- That technical and administrative agility must be provided to seek solutions to the problems facing the [Nombre317 009], and the communities of Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista, and Isla Cariari.

XV.- That the previously described facts constitute an emergency situation in health matters, which is why the declaration of a sanitary emergency is necessary and timely in order to seek solutions to the problems facing the inhabitants of the aforementioned communities.” From the foregoing, it is feasible to infer that the structuring of the emergency declaration under analysis imposes frameworks or axes of relevance for attention, namely: a) the construction of bridges over rivers, as means to allow or enable access to health services, a task concerning the MOPT; b) the construction of aqueducts to supply those affected communities with the essential service of potable water, a duty of attention imposed upon the ICAA; c) the duty to comply with the orders and measures issued by the Ministry of Health as the governing institution in public health matters; and d) the possibility of directing financial resources toward meeting the needs associated with the axes of the declaration. Despite this, this amparo action is filed against a series of administrative units, which is why it is necessary to analyze the legal competencies of each of the respondent entities in light of the duties imposed by the decree declaring the sanitary emergency, as well as the legal duty to protect public interests of a sectoral nature, according to each applicable legal regime, in order to determine the existence of the alleged omission-based dysfunctions.

IV.- Regarding the actions of the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias). The petitioner alleges that since 2015, the territory [Nombre317 009] was declared in a sanitary emergency through executive decree N° 39298-S-MOPT, signed by the President of the Republic, as well as the Ministers of Health and of Public Works and Transport at that time. And despite this, the Emergency Commission declines to intervene in this matter and the measures aimed at resolving the described problem have not yet been executed. On this particular point, it is worth highlighting that the competencies conferred by numerals 13 and 14 of the National Law on Emergencies and Risk Prevention, No. 8488, to the CNE refer to the duty of attention regarding national emergency declarations made in accordance with what is provided for in that legal framework, in order to implement a risk management policy that allows for the due attention of those declarations. In that sense, numeral 4 of that legislation defines the state of emergency as the “Declaration of the Executive Branch, via executive decree, based on a state of necessity and urgency, caused by circumstances of war, internal commotion, and public calamity. This declaration allows for, by way of exception, the management of actions and the allocation of resources necessary to attend to the emergency, in accordance with article 180 of the Political Constitution.” Additionally, the legal concept of “emergency” implies a “State of crisis provoked by a disaster and based on the magnitude of damages and losses. It is a state of necessity and urgency that obliges immediate actions to be taken in order to save lives and property, avoid suffering, and attend to the needs of those affected. It can be managed in three progressive phases: response, rehabilitation, and reconstruction; it extends over time until the situation is definitively controlled.” In this case, the emergency declaration decree was not issued within the parameters regulated by Law No. 8488, but rather under the protection of the General Health Law (Ley General de Salud), having detected insufficiencies that impact the health of the protected communities. This can be observed in recitals II and III of the cited decree, as they state: “II.- That the health of the population is a public interest good protected by the State, with the Executive Branch, through the Ministry of Health, being responsible for the standardization, planning, and coordination of all public and private activities related to health. III.- That the governing competence of the Ministry of Health must lead to the articulation, strengthening, and modernization of policies, legislation, plans, programs, and projects, as well as the mobilization and synergy of social, institutional, and community forces that impact the determinants of health in the population.” Thus, it is clear that the CNE has no participation whatsoever in the aforementioned sanitary emergency declaration, by virtue of the fact that its actions are not framed within the ordinary and extraordinary competencies established in the National Law on Emergencies and Risk Prevention, No. 8488. Although the CNE could direct resources to ensure the efficient attention of the works and services imposed upon the MOPT and the ICAA, the fact of the matter is that no direct and concrete obligation imposed upon that body attached to the Presidency of the Republic is observed, which therefore could be considered neglected. Nor does the petitioner present any allegation allowing a concrete duty that has been neglected by that commission to be inferred, and in those terms, the claim lacks basis as to that party.

V.- Regarding the actions of the Ministry of Health. The petitioner claims that since 2015, the territory [Nombre317 009] was declared in a sanitary emergency through executive decree N° 39298-S-MOPT, signed by the President of the Republic, as well as the Ministers of Health and of Public Works and Transport at that time. He adds that Article 4 of the decree in question established: “(…) Article 4°- Public authorities and the general population are obliged to comply with the provisions, whether general or particular, issued by the health authorities, until the current problem is resolved. (…)” and by virtue of the foregoing, the Minister of Health was requested to issue the corresponding provisions; however, no measure was issued under the terms of the cited numeral. He recounts that the head of the Ministry of Health, in the last response provided through document DM-EE-68-2021 of February 2, 2021, stated: “(…) As can be observed, what is provided in the aforementioned Executive Decree is a joint effort involving the action of several institutions such as: AyA, MOPT, CCSS, and the Municipality of Talamanca, and not solely and specifically the Ministry of Health (…). Furthermore, he alludes that Article 2 of the mentioned Sanitary Emergency Decree provided: “(…) Article 2°- The construction of bridges over the Cerere (Cerere sector), La Estrella (Gavilán-Calveri sector), and Cohen (Bajo Cohen, Isla Cariari, and Isla Cariari-Cuchei sectors) rivers is declared of public and national interest, to be carried out by the Ministry of Public Works and Transport, with the objective of facilitating access to the affected communities so that their inhabitants may be provided the best possible primary health service. (…)” (bold text corresponds to the original, underline added by the petitioner). He adds that numeral 5 of the decree in question stated: “(…) Public Sector and Private Sector dependencies, non-governmental organizations, and international organizations, within the respective legal framework, may contribute economic, material, and human resources, to the extent of their possibilities, for the solution to problems related to … the absence of roads and bridges in the aforementioned communities (…)”.

In this regard, the health authorities report that concerning the Tayni Territory Sanitary Emergency Declaration, they respectfully proceed to report the main actions carried out by the Commission coordinated by this institution to address the problem of the Tayní Cabécar Indigenous Community, located in Valle la Estrella, Central Canton of Limón: 1. Coordination was achieved for a visit with the Ombudsperson of the Republic, Montserrat Solano Carboni, on 03/04/2016; a tour was conducted in the localities of Gavilán, Jabuy, Bella Vista, and Boca Cohen. It was agreed that Ms. Solano would request a meeting with the institutional heads related to said Decree for its operationalization. 2. Through a request made by the Tayni Indigenous Development Association to Dr. Fernando Llorca Castro, Minister of Health, in order to operationalize the Decree, it was agreed that the Ministry of Health would issue the necessary directives for the involved institutions to execute their responsibilities. 3. Follow-up was achieved on the construction of the trail towards the locality of Alto Cohen by the MOPT and the Municipality of Limón, as well as efforts for the maintenance of the road in an articulated manner with the MOPT, Municipality, and INDER. 4. Through the Ombudsperson’s Office of the Republic, high-ranking officials such as the Executive President of the ICAA will be convened to a meeting to report on the actions carried out within the framework of the Sanitary Emergency Declaration in the Tayni Indigenous Territory, due to deficiencies in the supply of potable water. 5. A visit to the indigenous territory was achieved with Congressman Lic. Francklin Corella Vargas of the Legislative Fraction Citizens’ Action Party (Partido Acción Ciudadana), PAC, conducting a tour of the localities of Gavilán, Jabuy, Bella Vista, and Boca Cohen, in order to show the needs of the communities, such as the construction of an aqueduct for supply and projects in the area regarding bridges for access to the communities of SURUY, CALBERIE, JURUY, and CUCHEI.

From the study of the case file, it is extracted that the emergency declaration decree recognizes the governing role that the Ministry of Health holds in the field of public health in accordance with the General Health Law. This is evidenced when Article 4 of the decree imposes the duty of obedience to the provisions issued by that ministerial portfolio to efficiently attend to the circumstance occurring in the Territory [Nombre317 009] and nearby communities due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption and lack of access to provide health services and the construction of its aqueduct. This presupposes the existence of a legal duty of that administrative unit to undertake the necessary actions to diligently and timely attend to that sanitary emergency, as a complement to the actions imposed upon the MOPT and the ICAA within the framework of their competencies. In that sense, it is the criterion of this Collegiate Body that although that ministry adopted some measures and managed some meetings and activities with the involved authorities, definitively, it is not observed that they can constitute concrete actions or forceful, timely, suitable, and necessary measures to definitively resolve the problem that has underpinned the sanitary emergency declaration, that is, problems related to deficiencies in the supply of potable water, and absence of roads and bridges in the aforementioned communities. Hence, to this end, the proper exercise of the administrative powers conferred upon the cited Ministry and the safeguarding of the public interest require ordering that unit, within a six-month period, in accordance with its legal competencies, to conduct a comprehensive diagnosis of the current conditions that gave rise to the sanitary emergency declaration provided in executive decree No. 39298 and to define a plan or strategy for the comprehensive approach to the sanitary conditions present in the Territory [Nombre317 009] and nearby communities due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption and lack of access to provide health services and the construction of its aqueduct.

VI.- Regarding the actions of the Municipality of Limón. The petitioner indicates that although the aforementioned executive decree of 2015 provided for solutions, it is no less true that, as of the date of filing this action, the respondent authorities have not issued the necessary provisions to attend to the emergency, the MOPT has not built the bridges indicated by the decree, and the Municipality of Limón refuses to build other bridges. In this regard, the respondent mayor explains that the Municipality of Limón, despite its scarce economic resources, has built an access point that is a bridge over the Cerere River so that the residents have access and communication with the rest of the canton (it became operational starting in 2023). This bridge, as a result of a flood and a freshet typical of climate change, was eroded at one of its bastions. The Municipality has incorporated in Budgetary Modification No. 2-2022, the corresponding resources to address its rehabilitation in the medium term. The construction of the bridge in the community of Pandora was also carried out, with an investment of around 650 million colones, to connect the indigenous communities with the rest of the canton. A series of culverts were also built to connect the different communities. In this territory, there are communities with very few residents and a small school, which must be provided with health care, access, and all other rights to which the community is entitled, despite the small population that exists in each community. There are no large population centers. He mentions that said municipality does not have its own budgetary resources to build these bridges or pay for the required studies, given the large sums to be invested. On one occasion, the MOPT, with officials from the United States Government and specialized personnel, conducted studies, but the area is very rugged and complicated, and the MOPT decided to place only two bailey bridge spans, namely: a) Dirección2452 and b) From Besta towards the Indigenous Reserve, given the difficult access and limited possibilities for widening the bridges, as the distances are very long and deep. At one point, the Municipality, through the Technical Unit for Road Management, proposed the possibility of building a suspension bridge, but it is extremely dangerous for passersby, given its long span, approximately 500 to 600 meters, and there is no anchorage on one side to provide the necessary safety for its safe construction in the area being insisted upon, so the idea was discarded. Now, regarding the absence of roads and bridges located in the Cabécar Tayní indigenous territories in Valle La Estrella, this municipality is aware that there is an indigenous territory roundtable, which is inter-institutional, where this matter and others pertaining to the area are discussed. He adds that in this regard, it is reported that in 2018, the Tayni Technical Roundtable established the search for resources to conduct the topographic and flow studies necessary for the design of other bridges with other institutions, but we have not been informed of the progress made by the Tayni Commission in that respect. The Municipality has the obligation to distribute its budget among all its inhabitants and not only in the indigenous territory, although their needs are recognized.

In accordance with numeral 169 of the Political Constitution and what is stipulated in the Municipal Code, Law No. 7794, the management of local interests corresponds to the municipalities. In matters of road and pedestrian infrastructure, the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), No. 5060, establishes separate competencies for the management of public roads, depending on whether they are national or local roads. The former are the competence of the MOPT, while the attention of the cantonal road network corresponds to local entities. In the present matter, it should be noted that numeral 2 of decree 39298 itself, which provides for the sanitary emergency, imposes the duty on the MOPT to construct the bridges over the Cerere (Cerere sector), La Estrella (Gavilán-Calveri sector), and Cohen (Bajo Cohen, Isla Cariari, and Isla Cariari-Cuchei sectors) rivers. Thus, it is that normative framework that directly defines that this service duty corresponds to the MOPT, despite which, it is undeniable that in accordance with what is mandated by canon 5 of that alluded decree, the local entity could well adopt actions to collaborate and coordinate the construction of public bridge infrastructure for the purpose of facilitating access by the inhabitants of the protected area to primary health services. In that sense, as indicated in the preceding paragraph, the construction of public bridges and roads was a duty assigned to the MOPT, to the point that the economic resources to address those needs were included within the Pre-investment Fund (Fondo de Pre-inversión). Despite this, the Municipality of Limón built a bridge over the Dirección2453 to provide residents access to health services and personal needs. However, from the analysis of the various allegations made in this appeal and the statements of the respondent administrative units, it is observed that there are differences as to whether the roads that must be attended to in order to provide access to health services are national or cantonal. On this particular, as has been indicated, the decree declaring the sanitary emergency is clear in stating that the duty to construct bridges and accesses concerns the MOPT. However, in light of the constitutional and legal norms that establish, specify, delimit, and guide the competencies of municipal entities, it is clear that they cannot disassociate themselves from attending to local interests. In cases such as the present one, where the sanitary emergency links powers of multiple administrative instances, it is necessary to observe the set of services required from each public instance. From that standpoint, although the local entity has built a bridge over the Cerere River, the subject of the amparo action claims that the municipality omitted to build other bridges and public roads. In that sense, whatever divergence there may be in terms of the typology of the road network to be attended to is not an aspect that can justify a disassociation from attending to the matter. On the contrary, the duty of coordination that must prevail among the different involved public administrations requires that the town council undertake coordination channels with the MOPT authorities so that a survey and inventory of the public roads requiring immediate intervention is conducted, which implies defining whether those accesses belong to the national or cantonal road network, and based on that clarification, each instance, within the framework of its competencies, proceed to execute the concrete actions that allow for the due protection of the right of access to health centers. Hence, given the imprecision reported in the statements rendered under oath regarding the legal nature of that road network, the proper course is to order the local entity and the MOPT, in accordance with the principle of coordination, to proceed to conduct an inventory and definition of the public roads to be intervened and improved, within a six-month period. Once that period has expired, those administrations, each within the framework of its competencies, must adopt the necessary actions to materialize the improvement of those public roads, in such a way that the right of access and movement to the health centers in the affected area is guaranteed. Such actions must be initiated within a period of six months following the identification of the roads and their legal nature.

VII.- Regarding the actions of the authorities of the Costa Rican Social Security Fund. Concerning the actions of the authorities of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS), the petitioner states that the executive decree that declared the Tayní territory in a sanitary emergency ordered the construction of works: roads, bridges, and aqueducts, in order to “facilitate access to the affected communities so that their inhabitants may be provided the best possible primary health service.” Additionally, he indicates that the CCSS has not yet built the Periodic Visit Post for Alto Cohen, nor assigned personnel and other resources for that post. He argues that since 2010, the CCSS arranged to erect new infrastructure for the EBAIS (Basic Comprehensive Health Care Team) of Gavilán; however, despite progress in the contracting process, after many unattended efforts, the institution’s representatives have refused to report and take the community into consideration in the design and other aspects of that contracting. He also claims that the CCSS authorities are aware that the ambulance service for the Tayní territory is terrible, not only because of the great distance between the places where the vehicles serving the entire Valle de la Estrella are stored, but also because within the Tayní territory itself, the distances are enormous. He complains that despite Tayní being a community declared in a sanitary emergency, the CCSS has refused to provide it with an ambulance, as has been repeatedly requested. In relation to the petitioner’s claim, the Medical Directorate of the Valle de La Estrella Health Area has reported that, with respect to the EBAIS for Alto Cohen, there is currently no land that meets the required technical conditions for its construction. However, the petitioner’s assertion that the institution does not assign personnel to that community is imprecise, as the population of the Tayní territories has been provided medical attention in various forms, such as: within the school setting, Gynecology and Pediatrics campaigns. In addition, the EBAIS assigned to that area provide the following care, according to the report submitted by the Health Area authorities, from which the following is literally transcribed: The Gavilán EBAIS currently has medical attention 4 days a week, Monday, Wednesday, Thursday, and Friday. The Gavilán EBAIS will remain at its base on Mondays and Fridays of each week, while on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays it has outreach visits to Periodic Visit Posts, as indicated in a table. The Periodic Visit Post of Boca Cohen, which has a building owned by the institution, has outreach visits every week once a week; in the month of September, it will be re-enabled for two visits a week. In the case of the Valle Las Rosas EBAIS, on Tuesdays of each week it has an outreach visit to the Cartagena Periodic Visit Post. The rest of the days, for now it remains at the Valle Las Rosas base. The Periodic Visit Post of Jabuy has been closed since 2019, given that it is being covered by an NGO (Four Corners) that provides medical services in the locality. They add that the medical director of the Valle La Estrella Health Area reported that the construction of Scope 01 is pending the obtaining of environmental viability (viabilidad ambiental) before SETENA. Subsequently, Scope 2 will proceed, which corresponds to the execution of the EBAIS. It is expected that the project can start at the end of this period to conclude in the first half of 2023. The Valle de la Estrella Health Area reported that the only note received from representatives of the indigenous community corresponds to a document received on September 3, 2021, signed by the president [Nombre317 009], in which he requested information regarding the construction of the El Gavilán EBAIS. Said note was addressed through official letter no. 0405, signed by the medical director of the Valle La Estrella Health Area, on the same September 3rd it was received, and through which a response was given. Regarding ambulance transfers, it mentions that prehospital transfers of users to emergency services are not the competence of the CCSS, but rather of the Benemérita Costa Rican Red Cross (Benemérita Cruz Roja Costarricense), since the emergency call enters through the 911 system and not through a CCSS switchboard. Despite this, on each of the outreach visits made to the Periodic Visit Posts, or to Alto Cohen, the medical staff travels in an institutional ambulance-type vehicle, which is available to the staff for any emergency transfer to the La Fortuna Clinic for evaluation, management, or subsequent transfer to the Tony Facio Castro Hospital, should specialized care be warranted. They later updated the information, indicating that the start order for Scope 2 regarding the construction of the EBAIS was set for May 11, 2023. 2. That the delivery period for Scope 2: Construction of the Gavilán EBAIS, Valle La Estrella is one hundred twenty (120) business days, therefore, the project delivery date is November 1, 2023. 3. That the obtaining of Scope 1 was delayed due to situations beyond the institution’s control.

The sanitary emergency situation seeks to provide options for access to health services and means for the proper supply of potable water to the Territory [Nombre317 009] and nearby communities. These measures revolve around the right to health, to which every person must have access as a derivation of what is established by canon 21 of the Political Constitution. At its core, the criticisms lodged against the CCSS allude to a deficient provision of that service. The report from that public authority indicates a series of actions intended to demonstrate due attention to the needs of the residents of the mentioned indigenous territory. However, in the judgment of this Chamber, the options provided do not allow for the inference of due protection of the right of access to health and of an efficient provision of those services. Note that although reference is made to some concrete actions, it is clear that this is a problem that has existed since before 2015 and that to date, still lacks a proper solution. Indeed, the care provided in the Tayní area is insufficient, as the CCSS report only reflects gynecology and pediatrics campaigns and care in the school setting. The CCSS alludes that health services are provided based on the existence of other EBAIS in nearby sectors. However, that service offering does not consider the remoteness or distance of those options relative to the Tayní area.

An example of this is the distance between Tayní and the Ebais of Gavilán, a health center where care is provided only two days a week because staff must travel to the Periodic Visit Posts on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Note that the petitioner points out this detail when stating: “… between Gavilán and Kunabli there are more than 15 kilometers of distance that are covered in one hour by vehicle, and more than 5 hours on foot. He details that this territory is crossed by 6 large rivers, of which 3 are very mighty (Estrella, Cuen, and Cerere), and there are also others, such as the Jabuy, which are impossible to cross when it rains… only the people of Boca Cohen, Jabuy, and Gavilán have the possibility of visiting healthcare centers when the rains intensify.” The foregoing reflects a complex and complicated scenario in terms of efficient access to health services, an issue that takes on special relevance when considering that this problem has exacerbated infant mortality rates in the area, as revealed by the report issued by CNE when it stated: “The authorities of MOPT,… have verified that the absence of roads and bridges to reach those communities makes it difficult or impossible to provide primary health services to the inhabitants of that territory, which has caused infant mortality in those communities to be much higher than the national average.” In light of this, in order to protect the right to health of the residents of the Taymí area, it is proper to order CCSS to carry out a technical diagnosis that allows for the establishment of efficient and concrete options for providing health services, considering the particularities of the communities involved, with a timeline for the execution of said actions. Said input must be issued within a period of six months following notification of this ruling.

VIII.- Regarding the actions taken by the authorities of the Ministry of Public Works and Transport. - The petitioner notes that the Estrella River divides Tayní into 2 parts; to the south are Gavilán and Cerere, which are the only 2 places through which communication with non-indigenous lands is not possible without having to cross the river, and to the north are the communities of Cochey, Calveri, Volcancito, and Isla Cariei, which have approximately 700 inhabitants. He states that for these people to go to any primary health care center, whether the Pandora Clinic or the Dr. Tony Facio Castro Hospital, as well as to high schools, grocery stores, shops, or to travel to San José, they must cross said river. He expresses that through Gavilán one can reach the non-indigenous sector, because there is a street that allows access to the bridge located in Vesta (a non-indigenous community). He adds that during the rainy season, the communities of Jabuy, Boca Cohen, Bajo Cohen, Isla Cohen, Alto Cohen, Arrocero, Nimarí, Kunabli, Moi, Bella Vista, and Alto Jabuy are cut off, as it is impossible to cross the Cohen and Jabuy rivers. He argues that only the people of Boca Cohen, Jabuy, and Gavilán have the possibility of visiting healthcare centers when the rains intensify. He mentions that the other bridges have not been built, due to the explicit refusal of MOPT. That every time the Minister of Public Works and Transport or his subordinates have been asked to build these bridges, they excuse themselves by indicating, among other things, that a bridge has already been built over the Estrella River, between Gavilán and Vesta, and another over the Suruy in Casa Amarilla; however, both structures are outside the indigenous territory and neither corresponds to those ordered to be built by the indicated decree. Now, the Minister of Public Works and Transport, in relation to the petitioner's claim, mentions that in accordance with existing regulations and adhering to the principle of legality, this ministry, and in the case of the construction of public roads or bridges, can only act as a collaborator in aspects of technical assistance and support to the Municipalities. Under this competency framework and, considering the limits of action pursued by the principle of legality regarding the actions of public authorities, they indicate that in accordance with the powers granted by Law, instruction is given so that, to the extent of their legal and material possibilities, they proceed as soon as possible to carry out the coordination, provide technical assistance, and the necessary support to the municipality of Limón, for the immediate attention of the transit routes and bridges that are required and can be built in the area. With respect to the Public Works Division of that ministry, Official Letter No. DM-2022-3859 of August 18, 2022, was addressed to them, where they were ordered: “… in accordance with the powers granted by Law, you are instructed so that, to the extent of your legal and material possibilities, you proceed as soon as possible to carry out the coordination, provide technical assistance, and the necessary support to the municipality of Limón, for the immediate attention of the transit routes and bridges that are required and can be built in the area…”. As a response to what was ordered, a copy of official letter No. DVOP-DR8-2022-77 of August 22, 2022, was received in that office, signed by engineer Mónica Viviana González Miranda, acting as director of Regional Offices VIII and IX of the Public Works Division, and through which she indicates to the Mayor of the Municipality of Limón, the following: “…within the competency framework that involves us, precise instructions are being sent to Conavi and the Public Works Division so that, to the extent of their legal and material possibilities, they proceed as soon as possible to carry out the coordination, provide technical assistance, and the necessary support to the municipality of Limón, for the immediate attention of the public land roads and bridges that are required and can be built in the area..." In addition, she indicates that since the roads and bridges of said territory are located on the cantonal road network, it is permitted to indicate the following: as of the effective date of Law 9329 Special Law for the Transfer of Competencies, Full and Exclusive Attention of the Cantonal Road Network, this regional directorate is limited in attending to said network. However, in 2020, official letter No. DV0P-DR8-2020-193 dated September 16, 2020, was processed, regarding the intervention of roads and bridges in the Tayní Territory. All support from this regional directorate is reiterated to your represented entity, for the processing of material requests and, if required, technical assistance. It should be noted that there is the utmost willingness to collaborate with materials that are available in the warehouse. In relation to what has been indicated, it is understood that although the function of the MOPT authorities is not to address concrete measures or directly begin construction or repair works, it is clear that they do have a mission to coordinate, provide technical assistance, and the necessary support to the municipality of Limón and other entities for the immediate attention of the transit routes and bridges that are required and can be built in the area. From the evidence provided to the case file, this Court certifies that while the ministry in question has adopted some measures and managed some meetings and activities with the involved authorities, the truth is that no strong and concrete measures are derived, through which important steps or actions could be certified to resolve the problem that led to the issuance of Decree No. 39298-S-MOPT due to problems related to deficiencies in the supply of drinking water, and the absence of roads and bridges in the aforementioned communities. On this point, it is necessary to highlight that the same referred-to decree imposes a direct obligation on MOPT regarding the attention of deficiencies in roads and bridges that injure and affect the right of access to health services in the area in question. The allegations of that ministerial portfolio attempt to evade that responsibility through the supposed assignment of legal competence for attending to those needs to CONAVI and the Municipality of Limón. However, regarding the roads, it has already been indicated that what is proper is to order the local entity and MOPT so that, in accordance with the principle of coordination, they proceed to carry out an inventory and definition of the public roads to intervene and improve, within a period of six months. Once that period has expired, these administrations must, each within the framework of their competencies, adopt the necessary actions to materialize the improvement of those public roads, in such a way as to guarantee the right of access and movement to the health centers in the affected area. Such actions must be initiated within a period of six months following the identification of the roads and their legal nature. Similarly, regarding bridges, it is necessary for the hierarchy of MOPT to adopt concrete actions to be able to have the necessary infrastructure, through an analysis of needs in specific areas, in order to weigh the type of construction that allows for a solution to the problem established as a priority since 2015. For these purposes, as the highest hierarchical authority, it must coordinate what is pertinent with the internal units that have competencies associated with the matter at hand. Consequently, regarding this aspect, the appeal must be granted with the consequences that will be stated in the operative part.

IX.- Regarding the actions taken by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers.- The petitioner accuses that the territory [Nombre317 009] was declared a health emergency through executive decree No. 39298-S-MOPT, and as of the filing date of this appeal, the respondent authorities have not issued the necessary provisions to attend to the emergency. In that sense and with respect to ICAA, indicates that it has only built two small aqueducts that supply drinking water to the communities of Cerere, Calveri, and Cuchei. He outlines that ICAA has spent 6 years conducting studies, designs, consultations, and other bureaucratic procedures. However, he argues that none of the communities of Arrocera, Alto Cohen, Moi, Bella Vista, Jabuy, Boca Cohen, Gavilán, Namardi yet have drinking water. In this regard, the respondent authorities of this institute indicate that indeed this institution has required several years to carry out all the necessary studies for the construction of the aqueduct; however, these have already been completed and work is underway in the pre-execution stage of the project. He notes that the Gavilán project has been in execution since the month of March 2023, and that the integrated aqueduct of Gavilán will supply the following communities: Arrocera, Alto Cohen, Moi, Bella Vista, Jabuy, Boca Cohen, Gavilán, and Namardí. It is mentioned that the activities that have been carried out are: purchase and transport of material, storage, construction of warehouses, workbenches, hiring of personnel, installation of pipes, construction of access road to the springs (nacientes), cleaning of the spring (nacientes) site, transfer of materials and tools to the work sites, and start of construction of the intake. Likewise, it is indicated that the conclusion of the construction of the project “Construction of the Integrated System of Gavilán Valle la Estrella, Limón” is scheduled for April 2026.

Based on these actions, this Chamber certifies that the authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers have acted prior to the intervention of this Court in taking concrete measures to provide drinking water to the affected communities in the best conditions of quality, quantity, and continuity, under the terms indicated in the report rendered under oath. Despite this, ICAA should take note of its duty to maintain constant vigilance over the proper provision of drinking water service to the Taymí sector and its communities. Precisely, this is one of the primary axes that were defined in decree No. 39298-S-MOPT and that directly and undeniably impact the problems surrounding the health conditions that led to that health emergency, so it is necessary to maintain constant vigilance over the service provision terms of the supply of this vital liquid. Consequently, the appeal is decided to be dismissed regarding this aspect.

IX.- Regarding the actions of CONAVI. In the specific case, the petitioner does not challenge any omission or specific situation with that council; however, it was named as a respondent and a report was requested, and upon appearing, its representative affirms that the construction of the bridges in that area is the responsibility of the Ministry of Public Works and Transport or the municipality of Limón, but not of CONAVI. For the foregoing, regarding this authority, no omission is certified, and the appeal is dismissed in this regard.

X.- Conclusion.- The petitioner accuses that since 2015, the territory [Nombre317 009] was declared a health emergency through executive decree No. 39298-S-MOPT, signed by the President of the Republic, as well as the Ministers of Health and Public Works and Transport of that time. He states that although the aforementioned executive decree provided for solutions, it is no less true that, as of the filing date of this appeal, the respondent authorities have not issued the necessary provisions to attend to the emergency, MOPT has not built the bridges indicated in the decree, ICAA has not built aqueducts, the Municipality of Limón refuses to build other bridges, CCSS has not established health centers nor assigned human or other resources to serve the population of the Tayní territory, and the Emergency Commission declines to intervene in this matter.

From the study of the evidence, it is clear that the authorities of ICAA, CNE, and CONAVI have not incurred in omissions of conduct or obligations that the applicable legal regime imposes on them, so no serious omission could be reproached to them; therefore, regarding them, the appeal is declared without merit. Now, regarding MOPT, the Municipality of Limón, CCSS, and the Ministry of Health, authorities responsible for the health emergency noted in Decree No. 39298-S-MOPT, the appeal is granted, because although they have adopted some measures, it is not observed that they have proposed concrete actions with budgetary planning, defined lines of work with deadlines or work schedules.

Finally, it is necessary to indicate to the petitioner that if he believes there is any disobedience by the respondent authorities regarding previous rulings issued by this Chamber, he must file the motion regarding the file in question. Consequently, the proper course is to partially grant the appeal, with the consequences that will be stated in the operative part.

XI.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, because that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater scope, their disagreements. However, when from that omitted administrative conduct a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction is derived, or groups considered vulnerable are affected, I do agree to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as is the case here, where the petitioner alleges problems related to deficiencies in the supply of drinking water, and the absence of roads and bridges, which implies a risk to the integrity of the protected community in the territory [Nombre317 009].

XII.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any document in paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic File before the Judiciary" ("Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial"), approved by the Plenary Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The appeal is declared partially granted with respect to the Ministry of Health, the Ministry of Public Works and Transport, the Municipality of Limón, and the Costa Rican Social Security Fund. Consequently, it is ordered: i) Ministry of Health: to Mary Munive Angermüller, in her capacity as Minister of Health, or to whoever holds that position, to immediately establish the coordination instances within their respective spheres of competence, to provide technical assistance and the necessary support to the public authorities and the general population so that the inhabitants of the protected community are provided with the best possible primary health service. ii) Ministry of Public Works and Transport and Municipality of Limón: to Luis Esteban Amador Jiménez, in his capacity as Minister of Public Works and Transport, and to Néstor Mattis Williams, in his capacity as Municipal Mayor of the central canton of Limón, or whoever holds these positions, they are ordered that, in accordance with the principle of coordination, they proceed to carry out an inventory and definition of the public roads to intervene and improve, within a period of six months. Once that period has expired, these administrations must, each within the framework of their competencies, adopt the necessary actions to materialize the improvement of those public roads, in such a way as to guarantee the right of access and movement to the health centers in the affected area. Such actions must be initiated within a period of six months following the identification of the roads and their legal nature. Similarly, regarding bridges, the highest authority of MOPT is ordered to adopt concrete actions to be able to have the necessary infrastructure, through an analysis of needs in specific areas, in order to weigh the type of construction that allows for a solution to the problem established as a priority since 2015. For these purposes, as the highest hierarchical authority, it must coordinate what is pertinent with the internal units that have competencies associated with the matter at hand. Said actions must be adopted within a maximum period of six months computed from the notification of this ruling; iii) Costa Rican Social Security Fund: Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Social Security Fund, and Luis Fernando Campos Montes, in his capacity as Administrative Manager and Unlimited General Power of Attorney Without Sum Limit, both of the Costa Rican Social Security Fund, or whoever exercises these positions in their stead, are ordered to carry out a technical diagnosis that allows for the establishment of efficient and concrete options for providing health services, considering the particularities of the communities involved, with a timeline for the execution of said actions. Said input must be issued within a period of six months following notification of this ruling. The foregoing, under the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("Ley de la Jurisdicción Constitucional"), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the offense is not more severely penalized. The State, the Costa Rican Social Security Fund, and the Municipality of Limón are jointly and severally ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative proceeding. In all other respects, the appeal is declared without merit. ICAA takes note of its duty to maintain constant vigilance over the proper provision of drinking water service to the Taymí sector and its communities. In all other respects, the appeal is declared without merit. Magistrate Salazar Alvarado adds a note.

Nombre290 V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Aracelly Pacheco S.

Jose Roberto Garita N.

Digitally Signed Document -- Verification Code --  Telephones: Telf11 / (). Fax: Telf12 / Telf13. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección40, Dirección41, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters concerning vulnerable groups: Dirección42, San José, Dirección43, Dirección44, streets 19 and 21, Dirección45 Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judiciary. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales,Pueblos Indígenas Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMPARO CONTRA NORMA Subtemas:

DECRETO.

Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

Tema: MINORÍAS Subtemas:

INDIGENAS.

Telf5825. AMPARO CONTRA NORMA. MUNICIPALIDAD. PODER EJECUTIVO. MINORÍAS. TERRITORIO INDÍGENA CABÉCAR DE TAYNÍ, FUE DECLARADO DE EMERGENCIA SANITARIA, MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. 39298-S-MOPT Y, SIETE AÑOS DESPUÉS, NO SE HAN EJECUTADO LAS MEDIDAS. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RESPECTO, RESPETO DEL MINISTERIO DE SALUD, EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN Y LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. EN CONSECUENCIA, SE ORDENA: I) MINISTERIO DE SALUD: QUE DE INMEDIATO SE ESTABLEZCAN LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA, PARA DAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y EL APOYO NECESARIO A LAS AUTORIDADES PÚBLICAS Y LA POBLACIÓN EN GENERAL PARA QUE SE LE BRINDE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD AMPARADA, EL MEJOR SERVICIO POSIBLE DE SALUD PRIMARIA. II) MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y MUNICIPALIDAD DE LIMÓN: SE LES ORDENA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN, PROCEDAN A REALIZAR UN INVENTARIADO Y DEFINICIÓN DE LOS CAMINOS PÚBLICOS A INTERVENIR Y MEJORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE SEIS MESES. FENECIDO ESE PLAZO, DEBERÁN ESAS ADMINISTRACIONES, CADA UNA DENTRO DEL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, ADOPTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MATERIALIZAR EL MEJORAMIENTO DE ESAS VÍAS PÚBLICAS, DE MANERA QUE SE GARANTICE EL DERECHO DE ACCESO Y DESPLAZAMIENTO HACIA LOS CENTROS DE SALUD EN LA ZONA AFECTADA. TALES ACCIONES DEBERÁN SER INICIADAS DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES POSTERIORES A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMINOS Y SU NATURALEZA JURÍDICA. DE IGUAL MANERA, EN MATERIA DE PUENTES, SE ORDENA AL JERARCA MÁXIMO DEL MOPT QUE ADOPTE ACCIONES CONCRETAS PARA PODER CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, MEDIANTE UN ANÁLISIS DE NECESIDADES EN ZONAS CONCRETAS, A EFECTOS DE PONDERAR EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PERMITA DAR UNA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA ESTABLECIDA COMO DE ATENCIÓN PRIORITARIA DESDE EL AÑO 2015. PARA TALES EFECTOS, COMO MÁXIMA INSTANCIA JERÁRQUICA, DEBERÁ COORDINAR LO PERTINENTE CON LAS UNIDADES INTERNAS QUE TENGAN COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA TEMÁTICA DE MARRAS. DICHAS ACCIONES DEBERÁN ADOPTARSE DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES COMPUTADOS A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DEL PRESENTE FALLO; III) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO TÉCNICO QUE PERMITA ESTABLECER OPCIONES EFICIENTES Y CONCRETAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, CONSIDERANDO LAS PARTICULARIDADES DE LAS COMUNIDADES INVOLUCRADAS, CON UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE DICHAS ACCIONES. DICHO INSUMO DEBERÁ EMITIRSE DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES POSTERIORES A LA COMUNICACIÓN DEL PRESENTE FALLO. VCG10/2023 “(…) III.- Declaratoria de Emergencia Sanitaria en Territorio [Nombre 009]. En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, el Poder Ejecutivo, emitió el Decreto N° 39298-S-MOPT, denominado “Declaratoria de Emergencia Sanitaria en Territorio [Nombre 009] y comunidades cercanas por deficiencias en el suministro de agua apto para consumo humano y falta de acceso para brindar servicios de salud y la construcción de sus acueducto”. Dicho instrumento dispone la citada declaratoria de emergencia a partir de las deficiencias en el suministro de agua potable a esas comunidades, estimando que se traduce o representa un peligro potencial en la proliferación de enfermedades que podrían afectar la salud de alrededor de 5.000 personas, residentes de ese espacio geográfico. A partir de esa ponderación, en el numeral 2 declara de interés público y nacional la construcción de los puentes sobre los ríos Cerere (sector Cerere), La Estrella (sector Gavilán-Calveri) y Cohen (sectores Bajo Cohen, Isla Cariari e Isla Cariari-Cuchei), a cargo del Ministerio de Obras y Transportes. Lo anterior con la finalidad de facilitar el acceso a las comunidades afectadas para que se brinde a sus habitantes el mejor servicio posible de salud primaria. Esta disposición impone un claro deber de actuación del MOPT en cuanto a la construcción de obra pública consistente en puentes sobre los ríos indicados como mecanismo para garantizar y facilitar vías de acceso a las comunidades afectadas a los servicios de salud (EBAIS). En el canon 3 del decreto, se declara de interés público la construcción de los acueductos para el suministro de agua potable en el territorio [Nombre443 009], y las comunidades de Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista e Isla Cariari, actividad que impone al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), con el objeto de proveer agua potable para las comunidades afectadas en las mejores condiciones de calidad, cantidad y continuidad. Luego, el precepto 4 ibidem expresa un deber de obediencia a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud como pautas o acciones necesarias para atender la situación sanitaria que se presenta en esa zona. Por su parte, en el mandato 5, señala la posibilidad de que las dependencias del Sector Público y del Sector Privado, las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, puedan contribuir con recursos económicos, materiales y humanos para la solución de la problemática relacionada a las deficiencias en el suministro de agua potable, y ausencia de caminos y puentes en las comunidades antes mencionadas. Estas necesidades de atención se determinan a partir de una serie de circunstancias que se relatan en la parte considerativa del decreto y que para claridad del análisis del presente asunto de seguido se expresa. La debida comprensión de las razones que sustentaron esa declaratoria de emergencia sanitaria resulta fundamental para definir el conjunto de acciones y obligaciones que fueron impuestas a diversas unidades administrativas, como elemento antecedente indispensable para ponderar si existen las omisiones o indolencias acusadas en este recurso de amparo. Sobre ese particular, en la parte considerativa del citado decreto ejecutivo se expresa en lo relevante:

“… VI.- Que las autoridades del Ministerio de Salud y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, mediante estudios realizados en el territorio [Nombre443 009], Valle de la Estrella, Limón, han detectado que el único acueducto que existe solo tiene caudal para abastecer la población de la comunidad de Cerere, lo cual resulta insuficiente para atender la demanda existente en el resto del territorio.

VII.- Que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante estudios realizados en el territorio [Nombre443 009], Valle de la Estrella, Limón, han comprobado que la ausencia de caminos y puentes para llegar a esas comunidades hacen difícil o imposible el suministro de los servicios primarios de salud de los habitantes de ese territorio, lo que ha causado que la mortalidad infantil en esas comunidades sea muy superior al promedio nacional.

VIII.- Que debido a las condiciones geográficas y al crecimiento demográfico que ha experimentado el territorio [Nombre443 009], Valle de la Estrella, Provincia de Limón, resulta insuficiente el suministro de agua potable apta para consumo humano, para las comunidades de Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista e Isla Cariari.

IX.- Que las deficiencias en el suministro de agua potable en dichas comunidades, representan un peligro potencial en la proliferación de enfermedades que podrían afectar la salud de alrededor de 5.000 personas.

X.- Que es competencia de este Ministerio, abordar la situación mencionada, ya que representa una situación de riesgo para la salud de los habitantes el territorio [Nombre443 009], y las comunidades de Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista e Isla Cariari.

XI.- Que el derecho a la salud de las personas es un derecho fundamental de aplicación inmediata y su tutela obligada por parte del Estado, un deber ineludible.

XII.- Que las normas legales que establecen la competencia del Ministerio de Salud en materia de salud, consagran potestades de imperio implícitas para que aquel pueda dictar todas las medidas legales que fueren necesarias para enfrentar y resolver los estados de emergencia sanitarios.

XIII.- Que las autoridades públicas están obligadas a aplicar el principio precautorio en materia sanitaria en el sentido de que deben tomar las medidas preventivas que fueren necesarias para evitar daños graves o irreparables a la salud de los habitantes.

XIV.- Que se debe brindar agilidad técnica y administrativa para buscar soluciones a la problemática que tienen los [Nombre443 009], y las comunidades de Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista e Isla Cariari.

XV.- Que los hechos anteriormente descritos, configuran una situación de emergencia en materia de salud, razón por la cual se hace necesario y oportuno la declaratoria de la emergencia sanitaria a fin buscar soluciones a la problemática que tienen los habitantes de las comunidades anteriormente mencionadas.” De lo indicado es factible inferir que la estructuración de la declaratoria de emergencia objeto de análisis, impone marcos o ejes de relevancia de atención, a saber: a) la construcción de puentes sobre ríos, como medios que permitan o posibiliten facilidades de acceso a los servicios de salud, conducta que atañe al MOPT; b) la construcción de acueductos que permitan abastecer a esas comunidades afectadas, del servicio esencial de agua potable, deber de atención que se impone al ICAA; c) deber de cumplimiento de las órdenes y medidas dictadas por el Ministerio de Salud como institución rectora en materia de salud pública; y d) posibilidad de direccionamiento de recursos financieros hacia la atención de las necesidades asociadas a los ejes de la declaratoria. Pese a ello, el presente recurso de amparo se formula en contra de una serie de unidades administrativas, razón por lo cual, se hace necesario analizar las competencias legales de cada una de las instancias recurridas a la luz de las conductas que impone el decreto de declaratoria de emergencia sanitaria, así como del deber legal de tutela de intereses públicos de orden sectorial, según cada régimen jurídica aplicable, a efectos de determinar la existencia de las disfunciones omisivas que se acusan.

IV.- Sobre las actuaciones de la Comisión Nacional de Emergencias. El recurrente denuncia que desde el 2015, el territorio [Nombre443 009] fue declarado en emergencia sanitaria mediante decreto ejecutivo N° 39298-S-MOPT, suscrito por el presidente de la República, así como los ministros de Salud y de Obras Públicas y Transportes de aquel entonces. Y pese a ello, la Comisión de Emergencias declina a intervenir en ese asunto y aún no se han ejecutado las medidas tendientes a solventar la problemática descrita. Sobre ese particular, cabe destacar que de las competencias que confiere los numerales 13 y 14 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, No. 8488, a la CNE, se refieren al deber de atención de las declaratorias de emergencia nacional que se realicen de conformidad con lo previsto en ese marco legal, en orden a concretar una política de gestión de riesgo que permita la atención debida de esas declaratorias. En ese sentido, el numeral 4 de esa legislación denomina el estado de emergencia como la “Declaración del Poder Ejecutivo, vía decreto ejecutivo, con fundamento en un estado de necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias de guerra, conmoción interna y calamidad pública. Esta declaratoria permite gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la asignación de los recursos necesarios para atender la emergencia, de conformidad con el artículo 180 de la Constitución Política.” Adicionalmente, el concepto legal de “emergencia” supone un “Estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños y las pérdidas. Es un estado de necesidad y urgencia que obliga a tomar acciones inmediatas con el fin de salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los afectados. Puede ser manejada en tres fases progresivas: respuesta, rehabilitación y reconstrucción; se extiende en el tiempo hasta que se logre controlar definitivamente la situación.” En la especie, el decreto de declaratoria de emergencia, no se emite dentro de los presupuestos que regula la Ley No. 8488, sino al amparo de la Ley General de Salud, al haber detectado insuficiencias que impactan en la salud de las comunidades tuteladas. Así se puede observar en los considerandos II y III del citado decreto en cuanto señalan: “II.-Que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, correspondiéndole al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a la salud. III.-Que la competencia rectora del Ministerio de Salud debe conducir a la articulación, fortalecimiento y modernización de las políticas, la legislación, los planes, programas y proyectos, así como a la movilización y sinergia de las fuerzas sociales, institucionales y comunitarias que impactan los determinantes de la salud en la población.” De esa manera, resulta claro que la CNE no tiene ningún tipo de participación en la declaratoria de emergencia sanitaria arriba señalada, en virtud de que sus acciones no se enmarcan en las competencias ordinarias y extraordinarias establecidas en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, N°8488. Si bien esa CNE podría direccionar recursos para procurar la eficiente atención de las obras y servicios que se imponen al MOPT y al ICAA, lo cierto del caso es que no se observa la existencia de obligación directa y concreta que se imponga a ese órgano persona adscrito a la Presidencia de la República y que por ende, pueda tenerse por desatendida. Tampoco el recurrente presenta alegación alguna que permita desprender un deber concreto que haya sido descuidado por esa comisión y en esos términos, el reclamo carece de sustento en cuanto a esa parte.

V.- Sobre lo actuado por el Ministerio de Salud. El recurrente acusa que desde el 2015, el territorio [Nombre443 009] fue declarado en emergencia sanitaria mediante decreto ejecutivo N° 39298-S-MOPT, suscrito por el presidente de la República, así como los ministros de Salud y de Obras Públicas y Transportes de aquel entonces. Añade que el artículo 4 del decreto en cuestión estableció: “(…) Artículo 4°- Las autoridades públicas y la población en general quedan en la obligación de cumplir las disposiciones que, de carácter general o particular, dicten las autoridades de salud, hasta que se resuelva la problemática actual. (…)” y en virtud de lo anterior se le solicitó al ministro de Salud que dictara las disposiciones correspondientes; sin embargo, no fue emitida ninguna medida en los términos del numeral citado. Narra que el jerarca del Ministerio de Salud, en la última respuesta que brindó por medio del documento DM-EE-68-2021 del 02 de febrero del 2021, señaló: “(…) Como puede observarse, lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo en mención, es una labor conjunta que involucra la actuación de varias instituciones como son: AyA, MOPT, CCSS y la Municipalidad de Talamanca, y no única y específicamente al Ministerio de Salud (…). Por otra parte, alude que el artículo 2 del Decreto de Emergencia Sanitaria mencionado dispuso: “(…) Artículo 2°-Declárese de interés público y nacional la construcción de los puentes sobre los ríos Cerere (sector Cerere), La Estrella (sector GavilánCalveri) y Cohen (sectores Bajo Cohen, Isla Cariari e Isla Cariari-Cuchei), a cargo del Ministerio de Obras y Transportes, que tendrá como objetivo facilitar el acceso a las comunidades afectadas para que se le brinde a sus habitantes el mejor servicio posible de salud primaria. (…)” (negrita corresponde al original, subrayado agregado por el recurrente). Adiciona que el numeral 5 del decreto en cuestión señaló: “(…) Las dependencias del Sector Público y del Sector Privado, las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, dentro del marco legal respectivo, podrán contribuir con recursos económicos, materiales y humanos, en la medida de sus posibilidades, para la solución debido a problemas relacionados con … ausencia de caminos y puentes en las comunidades antes mencionadas (…)”.

Al respecto, las autoridades de salud informan que referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Territorio Tayni, de manera respetuosa se procede a informar las principales acciones desarrolladas por la Comisión coordinada por esta institución, para abordar la problemática de la Comunidad Indígena Tayni cabécar, ubicada en Valle la Estrella, Cantón Central de Limón: 1. Se logra la coordinación para visita con la Defensora de los Habitantes de la Republica la Montserrat Solano Carboni, el día 04/03/2016, se realizó un recorrido en las localidades de Gavilán, Jabuy, Bella Vista, y Boca Cohen. Se acuerda que la Sra. Solano, solicitara una reunión con los jerarcas institucionales relacionados con dicho Decreto para su operativización. 2. Mediante solicitud realizada por la Asociación de Desarrollo Indígena Tayni con el Dr. Fernando Llorca Castro Ministro de Salud con el fin de lograr operativizar el Decreto, se acordó que desde Salud, se gire directrices necesarias para que las instituciones involucradas ejecuten sus responsabilidades. 3. Se logra el seguimiento de la construcción de la trocha hacia la localidad de Alto Cohen por parte del MOPT y la Municipalidad de Limón, así como también, las gestiones para el mantenimiento del camino de forma articulada con el MOPT, Municipalidad e INDER. 4. A través de la Defensoría de los Habitantes de la Republica se convocará a altos jerarcas como Presidenta Ejecutiva del ICAA a reunión para informar sobre las acciones sobre las acciones desarrolladas en el marco de la Declaratoria de Emergencias Sanitaria en Territorio Indígena Tayni, debido a las deficiencias en el suministro de agua potable. 5. Se logra la visita al territorio indígena con el diputado el Lic. Francklin Corella Vargas de la Fracción Legislativa Acción Ciudadana PAC realizando un recorrido por las localidades de Gavilán, Jabuy, Bella Vista y Boca Cohen, con el fin de mostrar las necesidades de las comunidades como la construcción de un acueducto para abastecimiento y proyectos en la zona en el tema de puentes para acceso a comunidades de SURUY, CALBERIE, JURUY Y CUCHEI.

Del estudio de los autos se extrae que el decreto de declaratoria de emergencia, reconoce el papel rector que en el campo de la salud pública ostenta el Ministerio de Salud de conformidad con la Ley General de Salud. Esto se pone de manifiesto cuando el artículo 4 del decreto, impone el deber de obediencia de las disposiciones que dicte esa cartera ministerial para atender eficientemente la circunstancia que se presenta en el Territorio [Nombre443 009] y comunidades cercanas por deficiencias en el suministro de agua apto para consumo humano y falta de acceso para brindar servicios de salud y la construcción de su acueducto. Esto supone la existencia de un deber jurídico de esa unidad administrativa de emprender las acciones necesarias atender de manera diligente y oportuna esa emergencia sanitaria, como complemento de las acciones que se imponen al MOPT y al ICAA dentro del marco de sus competencias. En ese sentido, es criterio de este cuerpo colegiado que si bien ese ministerio adoptó algunas medidas y gestionó algunas reuniones y actividades con las autoridades involucradas, en definitiva, no se observa que puedan configurar acciones concretas o medidas contundentes, oportunas, idóneas y necesarias para solucionar de manera definitiva la problemática que ha sustentado la declaratoria de emergencia sanitaria, sea, problemas relacionados con las deficiencias en el suministro de agua potable, y ausencia de caminos y puentes en las comunidades antes mencionadas. De ahí que para tales efectos, el ejercicio debido de las potestades administrativas conferidas al citado Ministerio y el resguardo del interés público imponen ordenar a esa unidad que dentro del plazo de seis meses, conforme a sus competencias legales, realice un diagnóstico integral de las condiciones actuales que dieron sustento a la declaratoria de emergencia sanitaria dispuesta en el decreto ejecutivo No. 39298 y defina un plan o estrategia de abordaje integral de las condiciones sanitarias que se presentan en el Territorio [Nombre443 009] y comunidades cercanas por deficiencias en el suministro de agua apto para consumo humano y falta de acceso para brindar servicios de salud y la construcción de sus acueducto.

VI.- En cuanto a la actuación de la Municipalidad de Limón. El recurrente indica que si bien en el decreto ejecutivo aludido del año 2015, se previeron soluciones, no menos cierto es que, a la fecha de interposición de este recurso, las autoridades recurridas, no han dictado las disposiciones necesarias para atender la emergencia, el MOPT no ha construido los puentes que indica el decreto y la Municipalidad de Limón se niega a construir otros puentes. Al respecto, el alcalde accionado explica que La Municipalidad de Limón a pesar de sus pocos recursos económicos, ha construido un acceso que es un puente sobre el Río Cerere para que los vecinos tengan acceso y comunicación con el resto del cantón (funcionó a partir de 2023). Este puente, producto de una inundación y una llena propia del cambio climático, fue erosionado en uno de sus bastiones. La Municipalidad ha incorporado en la Modificación Presupuestaria N.º. 2-2022, los recursos correspondientes, para atender la habilitación del mismo en un mediano plazo. También se realizó la construcción del puente en la comunidad de Pandora; con una inversión cercana a los 650 millones de colones; para comunicar las comunidades indígenas con el resto del cantón. También se construyeron una serie de pasos de alcantarilla para comunicar las diferentes comunidades. En este territorio existen comunidades con muy pocos vecinos y una pequeña escuela, a los cuales debe proporcionárseles atención en salud, en acceso y todos los demás derechos a los que tiene la comunidad, a pesar de la poca población que existe en cada comunidad. No hay grandes centros de población. Menciona que dicha municipalidad no cuenta con recursos presupuestarios propios para construir estos puentes o pagar los estudios requeridos; dada las cuantiosas sumas a invertir. En alguna oportunidad el MOPT con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, con personal especializado realizaron estudios, pero la zona es muy agreste y complicada, y el MOPT tomó la decisión de colocar solo dos pasos de puente beilly, a saber: a) De Besta-Llano Grande y b) De Besta hacia la Reserva Indígena; dado lo difícil del acceso y las pocas posibilidades de anchar los puentes, pues las distancias son muy largas y profundas. En algún momento la Municipalidad, a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial, se propuso la posibilidad de construir un puente de hamaca, pero resulta sumamente peligroso para los transeúntes, dada la larga distancia del mismo, más o menos 500 a 600 metros y no existe anclaje de un lado, para poder brindar la seguridad necesaria, para la construcción segura del mismo, en la zona que se insiste, por lo que la idea se desechó. Ahora bien, en lo que se refiere a la ausencia de caminos y puentes ubicados en territorios indígenas Cabécar Tayní, en Valle La Estrella, este municipio conoce que existe una mesa de territorio indígena, que es interinstitucional, adonde se discute este asunto y otros atinentes a la zona. Agrega que al respecto se informa que, en el año 2018, la Mesa Técnica Tayni, estableció la búsqueda de recursos para realizar los estudios topográficos y de caudal necesario para el diseño de otros puentes con otras instituciones, pero no hemos sido informados del avance al respecto que ha realizado la Comisión Tayni. La Municipalidad tiene la obligación de distribuir su presupuesto, entre todos sus habitantes y no solo en el territorio indígena, a pesar de que se reconocen sus necesidades.

De conformidad con el numeral 169 de la Constitución Política y lo estatuido por el Código Municipal, Ley No. 7794, corresponde a las municipalidades la gestión de los intereses locales. En cuestiones de infraestructura vial y peatonal, la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 establece competencias separadas para la gestión de las vías públicas, según se trate de caminos nacionales o locales. Los primeros son competencia del MOPT, en tanto que la atención de la red vial cantonal corresponde a los entes locales. En el presente asunto, cabe destacar que el mismo numeral 2 del decreto 39298 que dispone la emergencia sanitaria, impone el deber del MOPT de construir los puentes sobre los ríos Cerere (sector Cerere), La Estrella (sector Gavilán-Calveri) y Cohen (sectores Bajo Cohen, Isla Cariari e Isla Cariari-Cuchei). De ese modo, es dicho marco normativo el que define de manera directa que ese deber prestacional corresponde al MOPT, pese a lo cual, es innegable que de conformidad con lo preceptuado por el canon 5 de ese decreto aludido, bien podría el ente local adoptar acciones para colaborar y coordinar el levantamiento de infraestructura pública de puentes con el objeto de facilitar el acceso de las personas habitantes de la zona tutelada a los servicios primarios de salud. En ese sentido, tal y como se ha indicado en el párrafo precedente, la construcción de puentes y caminos públicos fue un deber asignado al MOPT, al punto que los recursos económicos para atender esas necesidades, fueron incluidos dentro del Fondo de Pre-inversión. Pese a ello, la Municipalidad de Limón construyó un puente sobre el Río Cerere para dar acceso a los vecinos a los servicios de salud y necesidades personales. Sin embargo, del análisis de los diversos alegatos formulados en este recurso y de las manifestaciones de las unidades administrativas accionadas, se observa que existen diferendos en cuanto a si los caminos que deben ser atendidos para procurar el acceso a los servicios de salud son nacionales o cantonales. Sobre particular, como se ha indicado, el decreto de declaratoria de emergencia sanitaria es claro en señalar que el deber de construcción de puentes y de accesos atañe al MOPT. Empero, a la luz de las normas constitucionales y legales que estatuyen, precisan, delimitan y orientan las competencias de los entes municipales, es claro que no pueden desvincularse de la atención de los intereses locales. En casos como el presente en que la emergencia sanitaria vincula potestades de múltiples instancias administrativas, es menester observar el conjunto de prestaciones que se requieren a cada instancia pública. Desde ese plano, si bien el ente local ha construido un puente sobre el río Cecere, el objeto de amparo reclama a ese municipio la omisión de construir otros puentes y de construir caminos públicos. En ese sentido, la divergencia que se pueda tener en términos de la tipología de la red vial a atender no es un aspecto que pueda justificar una desvinculación con la atención del asunto. Por el contrario, el deber de coordinación que debe imperar entre las distintas administraciones públicas involucradas, impone que el ayuntamiento emprenda las vías de coordinación con las autoridades del MOPT a efectos de que se realice un levantamiento e inventariado de las vías públicas que requiere de inmediata intervención, lo que implica la definición de si esos accesos pertenecen a la red vial nacional o cantonal y a partir de esa aclaración, cada instancia, dentro del marco de sus competencias, proceder a ejecutar las acciones concretas que permitan la tutela debida del derecho de acceso a los centros de salud. De ahí que ante la imprecisión que relatan los informes rendidos bajo fe de juramento en cuanto a la naturaleza jurídica de esa red vial, lo debido es ordenar al ente local y al MOPT para que, de conformidad con el principio de coordinación, procedan a realizar un inventariado y definición de los caminos públicos a intervenir y mejorar, dentro de un plazo de seis meses. Fenecido ese plazo, deberán esas administraciones, cada una dentro del marco de sus competencias, adoptar las acciones necesarias para materializar el mejoramiento de esas vías públicas, de manera que se garantice el derecho de acceso y desplazamiento hacia los centros de salud en la zona afectada. Tales acciones deberán ser iniciadas dentro del plazo de seis meses posteriores a la identificación de los caminos y su naturaleza jurídica.

VII.- Respecto de los actuado por parte de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. En lo concerniente a la actuación de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el recurrente expone que el decreto ejecutivo que declaró en emergencia sanitaria al territorio Tayní, ordenó la construcción de obras: caminos, puentes y acueductos, con el objeto de “facilitar el acceso a las comunidades afectadas para que se le brinde a sus habitantes el mejor servicio posible de salud primaria”. Adicionalmente indica que la CCSS aún no construye el Puesto de Visita Periódica de Alto Cohen, ni asigna personal y otro tipo de recursos para ese puesto. Y aduce que, desde el 2010, la CCSS dispuso erigir una nueva infraestructura para el EBAIS de Gavilán; sin embargo, pese a que se ha avanzado en la contratación, después de muchas gestiones no atendidas, los personeros de la institución se han negado a informar y tomar en consideración a la comunidad en el diseño y demás aspectos de esa contratación. También, acusa que las autoridades de la CCSS les consta que el servicio de ambulancia para el territorio Tayní es pésimo, no solo por la gran distancia existente entre los lugares donde se guarda los vehículos que dan servicio a todo el Valle de la Estrella, sino porque aún dentro del territorio Tayní las distancias son enormes. Reclama que a pesar de que Tayní es una comunidad declarada en emergencia sanitaria, la CCSS se ha negado a dotarla de una ambulancia, como ha sido solicitado reiteradamente. En relación con el reclamo del recurrente, La Dirección Médica del Área de Salud Valle de La Estrella ha informado que, en relación con el EBAIS para Alto Cohen, actualmente no se cuenta con un terreno que reúna las condiciones técnicas ameritadas para su construcción. No obstante, es imprecisa la manifestación del recurrente al señalar que la institución no asigna personal para esa comunidad, por cuanto a la población de territorios Tayní se les ha brindado atención médica en diversas formas, tales como: en el ámbito del escenario escolar, campañas de Ginecología y Pediatría. Sumado a ello, los EBAIS adscritos a dicha zona brindan las siguientes atenciones, según el informe remitido por las autoridades del Área de Salud, del cual se transcribe literalmente lo siguiente: El EBAIS de Nombre79055 actualmente cuenta con atención médica 4 días a la semana, lunes, miércoles, jueves y viernes. El EBAIS Nombre79055 permanecerá en sede los lunes y viernes de cada semana, mientras que los martes, miércoles y jueves tienen gira a Puestos de Visita Periódica, según se indica en una tabla. El Puesto de Visita periódica de Boca Cohen, el cual cuenta con una edificación propiedad de la institución y se encuentra con giras todas las semanas 1 vez por semana, en el mes de setiembre se habilitará a dos veces por semana nuevamente. En el caso de EBAIS Valle Las Rosas, los martes de cada semana tiene gira a Puesto de Visita Periódica Cartagena. El resto de los días, de momento se mantiene en sede Valle Las Rosas, El Puesto de Visita Periódica de Jabuy se encuentra cerrado desde el 2019, dado que está siendo cubierto por una ONG (Four Corners) que brinda servicios médicos en la localidad. Agregan que el director médico del Área de Salud Valle La Estrella, informó que la construcción del El Alcance 01 está pendiente de la obtención de la viabilidad ambiental ante SETENA. Posteriormente se procederá con el Alcance 2, el cual corresponde a la ejecución del EBAIS. Se espera que el proyecto pueda iniciar a finales de este período para concluir en el primer semestre del 2023. El Área de Salud Valle de la Estrella reportó que la única nota recibida por parte de representantes de la comunidad indígena, corresponde a un líbelo recibido el 03 de setiembre del 2021, suscrito por el presidente [Nombre443 009], en el cual solicitaba información respecto a la construcción del EBAIS El Gavilán. Dicha nota fue atendida por oficio nro. 0405, rubricado por el director médico del Área de Salud Valle La Estrella, el mismo 03 de setiembre en que fue recibida, y por medio del cual se contestó. En cuanto a los traslados en ambulancia, menciona que los traslados prehospitalarios de usuarios a los servicios de urgencia no son competencia de la CCSS, sino de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, toda vez que la llamada de emergencia ingresa por el sistema 911 y no a una central telefónica de la Caja. Pese a ello, en cada una de las giras realizadas a los Puestos de Visita Periódica, o a Alto Cohen, el personal médico se traslada en un vehículo institucional tipo ambulancia, el cual queda a disposición del personal para cualquier traslado de emergencia a la Clínica de la Fortuna para su valoración, manejo o su posterior traslado al Hospital Tony Facio Castro, en caso de ameritarse atención especializada. Luego actualizaron la información, indicando que la orden de inicio del Alcance 2 referente a la construcción del EBAIS quedó establecida para el 11 de mayo de 2023. 2. Que el plazo de entrega del Alcance 2: Construcción EBAIS de Gavilán, Valle La Estrella es de ciento veinte (120) días hábiles, por lo tanto, la fecha de entrega del proyecto es el 1 de noviembre de 2023. 3. Que la obtención del alcance 1 se retrasó por situaciones ajenas a la institución.

La situación de emergencia sanitaria procura brindar opciones de acceso a los servicios de salud y medios para el suministro debido de agua potable al Territorio [Nombre443 009] y comunidades cercanas. Estas medidas gravitan en torno al derecho a la salud, al que debe tener acceso toda persona como derivación de lo fijado por el canon 21 de la Constitución Política. En lo medular, los reproches formulados en contra de la CCSS aluden a una prestación deficiente de ese servicio. El informe de esa autoridad pública señala una serie de acciones que pretenden evidenciar una atención debida de las necesidades de los residentes del mencionado territorio indígena. Sin embargo, a juicio de esta Sala, las opciones que se brindan no permiten colegir sobre una tutela debida del derecho de acceso a la salud y de una prestación eficiente de esos servicios. Nótese que si bien se alude a algunas acciones concretas, es claro que se trata de una problemática que se presenta desde antes del año 2015 y que a la fecha, sigue sin tener una solución debida. En efecto, la atención brindada en la zona Tayní es suficiente por cuanto el informe de la CCSS solamente refleja campañas en ginecología y pediatría y atención en el escenario escolar. La CCSS alude a que los servicios de salud se prestan a partir de la existencia de otros EBAIS en sectores próximos. Sin embargo, esa oferta de servicios no considera la lejanía o distanciamiento de esas opciones respecto de la zona Tayní. Un ejemplo de ellos es el distanciamiento entre Tayní y el Ebais de Gavilán, centro de salud en el cual, la atención se brinda solamente dos días a la semana ya que el personal debe ir a los Puestos de Visita Periódica martes, miércoles y jueves. Nótese que el recurrente apunta este detalle al mencionar: “… entre Nombre79055 y Kunabli hay más de 15 kilómetros de distancia que se recorren en una hora, en vehículo, y más de 5 horas a pie. Detalla que ese territorio está atravesado por 6 ríos grandes, de los cuales 3 son muy caudalosos (Estrella, Cuen, y Cerere), también hay otros, como el Jabuy, que son imposibles de atravesar cuando llueve… solamente las personas de Boca Cohen, Jabuy y Nombre79055 tienen posibilidades de visitar centros de atención sanitaria cuando arrecian las lluvias.”. Lo anterior refleja un escenario complejo y complicado en términos de un acceso eficiente a los servicios de salud, tema que adquiere especial relevancia al estimar que esa problemática ha potenciado los índices de mortalidad infantil en la zona, tal y como pone de manifiesto el informe rendido por la CNE en cuanto expuso: “Las autoridades del MOPT,…han comprobado que la ausencia de caminos y puentes para llegar a esas comunidades hacen difícil o imposible el suministro de los servicios primarios de salud de los habitantes de ese territorio, lo que ha causado que la mortalidad infantil en esas comunidades sea muy superior al promedio nacional.” Así las cosas, a efectos de tutelar el derecho a la salud de las personas residentes de la zona Taymí, lo debido es ordenar a la CCSS realizar un diagnóstico técnico que permita establecer opciones eficientes y concretas de prestación de servicios de salud, considerando las particularidades de las comunidades involucradas, con un cronograma de ejecución de dichas acciones. Dicho insumo deberá emitirse dentro del plazo de seis meses posteriores a la comunicación del presente fallo.

VIII.- Respecto a lo actuado por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. - El recurrente apunta que el río Estrella divide Tayní en 2 partes, al sur están Nombre79055 y Cerere, que son los únicos 2 lugares por lo que no es posible la comunicación con las tierras no indígenas sin tener que atravesar el río, y al norte están las comunidades de Cochey, Calveri, Volcancito e Isla Cariei, en las cuales hay cerca de 700 habitantes. Enuncia que para que esas puedan ir a cualquier centro de asistencia primaria de salud, sea la Clínica de Pandora o el Hospital Dr. Tony Facio Castro, así como a los colegios, comercios de abarrotes, tiendas o viajar a San José, deben pasar por dicho río. Expresa que por Nombre79055 se puede llegar al sector no indígena, porque hay una calle que permite el acceso al puente que está en Vesta (comunidad no indígena). Añade que en época de lluvia quedan incomunicadas las comunidades de Jabuy, Boca Cohen, Bajo Cohen, Isla Cohen, Alto Cohen, Arrocero, Nimarí, Kunabli, Moi, Bella Vista y Alto Jabuy, pues es imposible atravesar los ríos Cohen y Jabuy. Aduce que solamente las personas de Boca Cohen, Jabuy y Nombre79055 tienen posibilidades de visitar centros de atención sanitaria cuando arrecian las lluvias. Cita que los demás puentes no se han construido, por negativa expresa del MOPT. Que cada vez que se le ha pedido al ministro de Obras Públicas y Transportes o a sus subalternos la construcción de esos puentes, ellos se excusan indicando, entre otras cosas, que ya se edificó un puente sobre el río Estrella, entre Nombre79055 y Vesta, y otro sobre el Suruy en Casa Amarilla; empero, ambas estructuras están fuera del territorio indígena y ninguno corresponde a los que ordenó construir el decreto señalado. Ahora, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, en relación con el reclamo del recurrente, menciona que conforme con la normativa existente y en apego al principio de legalidad, ese ministerio, y en el caso de construcción de vías públicas o puentes, solo puede actuar como colaborador en aspectos de asistencia técnica y apoyo a los Municipios. Bajo ese marco competencial y, considerando los límites de actuación que procura el principio de legalidad en cuanto a las actuaciones de las autoridades públicas, indican que conforme con las competencias otorgadas por Ley, se le instruye para que, en la medida de sus posibilidades legales y materiales, acudan en el menor tiempo posible a realizar las coordinaciones, a dar la asistencia técnica y el apoyo necesario a la municipalidad de Limón, para la atención inmediata de las vías de tránsito y los puentes que se requieran y se puedan construir en la zona. En lo que respecta a la División de Obras Publicas de ese ministerio, se le dirigió el Oficio N° DM-2022-3859 del 18 de agosto de 2022, en donde se les ordenó: “… conforme con las competencias otorgadas por Ley, se le instruye para que, en la medida de sus posibilidades legales y materiales, acudan en el menor tiempo posible a realizar las coordinaciones, a darla asistencia técnica y el apoyo necesario a la municipalidad de Limón, para la atención inmediata de las vías de tránsito y los puentes que se requieran y se puedan construir en la zona…”. Como respuesta a lo ordenado, se recibió en ese despacho, copia del oficio N° DVOP-DR8-2022-77 del 22 de agosto de 2022, suscrito por la ingeniera Mónica Viviana González Miranda, actuando como directora de las Regionales VIII y IX de la División de Obras Públicas y mediante la cual le indica al Alcalde Municipalidad de Limón, lo siguiente: “…en el marco competencial que nos involucra, se está dirigiendo instrucciones precisas al Conavi y a la División de Obras Públicas para que, en la medida de sus posibilidades legales y materiales, acudan en el menor tiempo posible a realizar las coordinaciones, a dar la asistencia técnica y el apoyo necesario a la municipalidad de Limón, para la atención inmediata de las vías públicas terrestres y los puentes que se requieran y se puedan construir en la zona..." Además indica que al estar los caminos y puentes de dicho territorio ubicados en la red vial cantonal, se permite indicarle lo siguiente: a partir de la vigencia de la Ley 9329 Ley Especial para la Transferencia de competencias, atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal, esta dirección regional, se ve limitada en la atención de dicha red. Sin embargo, en el año 2020, se gestiona el oficio No. DV0P-DR8- 2020-193 de fecha 16 de setiembre 2020, referente a la intervención de los caminos y puentes en el Territorio Tayní. Se indica nuevamente a su representada, todo el apoyo por parte de esta dirección regional, para el trámite de solicitudes de materiales y de ser requerido, la asistencia técnica. Cabe señalar que se tiene la mayor disposición de colaborar con materiales que se encuentren disponibles en bodega. En relación con lo indicado se tiene que si bien, la función de las autoridades del MOPT, no es abordar medidas concretas o iniciar labores de construcción o reparación directamente, está claro que si tienen una misión para coordinar, brindar asistencia técnica y el apoyo necesario a la municipalidad de Limón y otras entidades para la atención inmediata de las vías de tránsito y los puentes que se requieran y se puedan construir en la zona. De la prueba aportada a los autos este Tribunal acredita que si bien el ministerio que nos ocupa adoptó algunas medidas y gestionó algunas reuniones y actividades con las autoridades involucradas, lo cierto es que no se extraen medidas contundentes y concretas, por medios de las cuales se pudiera acreditar pasos o acciones importantes para resolver la problemática que llevó al dictado del Decreto No. 39298-S-MOPT debido a problemas relacionados con las deficiencias en el suministro de agua potable, y ausencia de caminos y puentes en las comunidades antes mencionadas. Sobre este particular, es menester destacar que el mismo decreto aludido impone una obligación directa al MOPT respecto de la atención de las deficiencias en los caminos y puentes que lesionan y afectan el derecho de acceso a los servicios de salud en la zona en cuestión. Las alegaciones de esa cartera ministerial pretenden esquivar esa responsabilidad mediante la supuesta asignación de competencia legal de atención de esas necesidades a CONAVI y a la Municipalidad de Limón. Sin embargo, en cuanto a los caminos, ya se ha indicado que lo debido es ordenar al ente local y al MOPT para que, de conformidad con el principio de coordinación, procedan a realizar un inventariado y definición de los caminos públicos a intervenir y mejorar, dentro de un plazo de seis meses. Fenecido ese plazo, deberán esas administraciones, cada una dentro del marco de sus competencias, adoptar las acciones necesarias para materializar el mejoramiento de esas vías públicas, de manera que se garantice el derecho de acceso y desplazamiento hacia los centros de salud en la zona afectada. Tales acciones deberán ser iniciadas dentro del plazo de seis meses posteriores a la identificación de los caminos y su naturaleza jurídica. De igual manera, en materia de puentes, es necesario que la jerarquía del MOPT adopte acciones concretas para poder contar con la infraestructura necesaria, mediante un análisis de necesidades en zonas concretas, a efectos de ponderar el tipo de construcción que permita dar una solución a la problemática establecida como de atención prioritaria desde el año 2015. Para tales efectos, como máxima instancia jerárquica, deberá coordinar lo pertinente con las unidades internas que tengan competencias asociadas a la temática de marras. En consecuencia, en cuanto a este extremo el recurso debe acogerse con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva.

IX.- En cuanto a lo actuado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.- El recurrente acusa que el territorio [Nombre443 009] fue declarado en emergencia sanitaria mediante decreto ejecutivo N° 39298-S-MOPT, y a la fecha de interposición de este recurso, las autoridades recurridas, no han dictado las disposiciones necesarias para atender la emergencia, en ese sentido y en lo que respecto al ICAA, indica que solamente ha construido dos pequeños acueductos que dotan de agua potable a las comunidades de Cerere, Calveri y Cuchei. Reseña que el ICAA lleva 6 años haciendo estudios, diseños, consultas y otros trámites burocráticos. Sin embargo, arguye que aún ninguna de las comunidades de Arrocera, Alto Cohen, Moi, Bella Vista, Jabuy, Boca Cohen y Gavilán, Namardi cuentan con agua potable. Al respecto, las autoridades recurridas de este instituto indican que efectivamente esa institución ha requerido varios años para realizar todos los estudios necesarios para la construcción del acueducto sin embargo los mismos ya están concluidos y se trabaja en la etapa de pre-ejecución del proyecto. Acota que el proyecto de Nombre79055 se encuentra en ejecución desde el mes de marzo del 2023, y que el acueducto integrado de Nombre79055 va a abastecer las siguientes comunidades: Arrocera, Alto Cohen, Moi, Bella Vista, Jabuy, Boca Cohen, Nombre79055 y Namardí. Se menciona que las actividades que se han desarrollado son: compra y acarreo de material, almacenaje, confección de bodegas, bancos de trabajo, contratación de personal, instalación de tubería, confección de camino de acceso a las nacientes, limpieza sitio de nacientes, traslado de materiales y herramientas a los sitios de trabajo e inicio de construcción de la captación. Asimismo, se indica que la conclusión de la construcción del proyecto “Construcción Sistema Integrado de Nombre79055 Valle la Estrella, Limón” está programado para abril 2026.

Partiendo de tales actuaciones, esta Sala acredita que las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarilladas han actuado de previo a la intervención de este Tribunal en la toma de medidas concretas para proveer agua potable para las comunidades afectadas en las mejores condiciones de calidad, cantidad y continuidad, en los términos indicados en el informe rendido bajo fe de juramento. Pese a ello, tome nota el ICAA de su deber de mantener una vigilancia constante sobre la prestación debida del servicio de agua potable al sector Taymí y sus comunidades. Justamente, se trata de uno de los ejes primarios que fueron definidos en el decreto No. 39298-S-MOPT y que impactan de manera directa e innegable en la problemática que rodea las condiciones de salud que llevaron a esa emergencia sanitaria, por lo que es menester mantener una vigilancia constante sobre los términos prestacionales del suministro de este líquido vital. En consecuencia, se resuelve desestimar el recurso en cuanto a este extremo.

IX.- En cuanto a las actuaciones del CONAVI. En el caso concreto, el recurrente, no impugna alguna omisión o situación concreta con ese consejo, sin embargo, fue recurrido y se le solicitó informe y al apersonarse su representante afirma que la construcción de los puentes, de esa zona están a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la municipalidad de Limón, pero no de CONAVI. Por lo expuesto, en cuanto a esta autoridad, no se acredita ninguna omisión y respecto de ello, se desestime el recurso.

X.- Conclusión.- El recurrente acusa que desde el 2015, el territorio [Nombre443 009] fue declarado en emergencia sanitaria mediante decreto ejecutivo N° 39298-S-MOPT, suscrito por el presidente de la República, así como los Ministros de salud y de Obras Públicas y Transportes de aquel entonces. Enuncia que si bien en el decreto ejecutivo aludido se previeron soluciones, no menos cierto es que, a la fecha de interposición de este recurso, las autoridades recurridas, no han dictado las disposiciones necesarias para atender la emergencia, el MOPT no ha construido los puentes que indica el decreto, el ICAA no ha edificado acueductos, la Municipalidad de Limón se niega a construir otros puentes, la CCSS no ha establecido los centros de salud no ha asignado recursos humanos o de otro tipo para atender a la población del territorio Tayní y la Comisión de Emergencias declina a intervenir en ese asunto.

Del estudio de la prueba consta que las autoridades del ICAA, la CNE y el CONAVI, no han incurrido en omisiones de conductas u obligaciones que el régimen jurídico aplicable les impone, por lo que no podría reprocharles alguna omisión grave, por ello respecto de ellos se declara se declara sin lugar. Ahora, en cuanto al MOPT, Municipalidad de Limón, la CCSS y el Ministerio de Salud, autoridades responsables de la emergencia sanitaria apuntada en el Decreto N° 39298-S-MOPT, se acoge el recurso, por cuanto si bien han adoptado algunas medidas, no se observa que hayan planteados acciones concretas con planeación presupuestaria, líneas de trabajo definidas en plazos o cronogramas de trabajo.

Finalmente es preciso indicar al recurrente, que si estima que existe alguna desobediencia de las autoridades recurridas respecto de sentencias anteriores dictadas por esta Sala, deberá plantear la gestión respecto al expediente en cuestión. En consecuencia, lo procedente es acoger parcialmente con lugar el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva. (…)” ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

XI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa problemas relacionados con las deficiencias en el suministro de agua potable, ausencia de caminos y puentes, lo cual implica un riesgo para la integridad de la comunidad amparada el territorio [Nombre443 009].

VCG10/2023 ... Ver más  Res. Nº PHO8001 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del trece de octubre de dos mil veintitres .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre317 001], cédula de identidad [Valor CED165], a favor de [Nombre317 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor CED185], [Nombre317 004], cédula de identidad [CED162 ], [Nombre317 005], cédula de identidad [CED252 ], [Nombre317 006], cédula de identidad [CED163 ], [Nombre317 007], cédula de identidad [CED164 ], [Nombre317 008], cédula de identidad [CED2249 ] y [Nombre317 009], contra el MINISTERIO DE SALUD, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT), el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS), INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA); y la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE).

RESULTANDO:

1.- Por escrito agregado al Sistema de Gestión en Línea de este Despacho, el 10 de julio del año 2022, el recurrente presenta recurso de amparo y manifiesta lo siguiente: que en el territorio indígena Tayní habitan aproximadamente 5.000 personas del pueblo cabécar y hay 19 comunidades, cada una con escuela y plaza de fútbol, además, 2 poseen colegio, a saber: Boca Cuen y Alto Cuen. Menciona que en los poblados de Gavilán, Boca Cuen y Jabuy hay centros de atención primaria de salud. Acota que entre Gavilán y Kunabli hay más de 15 kilómetros de distancia que se recorren en una hora, en vehículo, y más de 5 horas a pie. Detalla que ese territorio está atravesado por 6 ríos grandes, de los cuales 3 son muy caudalosos (Estrella, Cuen, y Cerere), también hay otros, como el Jabuy, que son imposibles de atravesar cuando llueve, lo cual ocurre a menudo, además, hay muchas quebradas que se convierten en ríos en tiempos de lluvia. Explica que dentro del territorio Tayní no existe ni un solo puente, que permita pasar de un lado al otro los ríos mencionados, a excepción del puente sobre el río Cerere, ubicado en el límite territorial, que permite el paso entre el área indígena y la no indígena; empero, actualmente, está fuera de funcionamiento. Apunta que el río Estrella divide Tayní en 2 partes, al sur están Gavilán y Cerere, que son los únicos 2 lugares por lo que no es posible la comunicación con las tierras no indígenas sin tener que atravesar el río, y al norte están las comunidades de Cochey, Calveri, Volcancito e Isla Cariei, en las cuales hay cerca de 700 habitantes. Enuncia que para que esas puedan ir a cualquier centro de asistencia primaria de salud, sea la Clínica de Pandora o el Hospital Dr. Tony Facio Castro, así como a los colegios, comercios de abarrotes, tiendas o viajar a San José, deben pasar por dicho río. Expresa que por Gavilán se puede llegar al sector no indígena, porque hay una calle que permite el acceso al puente que está en Vesta (comunidad no indígena). Añade que los habitantes del sector norte acostumbran caminar hasta Cochey y de ahí atravesar el río Estrella, caminando o nadando, para llegar a Gavilán y de ahí a Cerere, donde está el otro puente que comunica con tierras no indígenas, trayecto que abarca 7 kilómetros por un camino de lastre en pésimo estado. Añade que en época de lluvia quedan incomunicadas las comunidades de Jabuy, Boca Cohen, Bajo Cohen, Isla Cohen, Alto Cohen, Arrocero, Nimarí, Kunabli, Moi, Bella Vista y Alto Jabuy, pues es imposible atravesar los ríos Cohen y Jabuy. Aduce que solamente las personas de Boca Cohen, Jabuy y Gavilán tienen posibilidades de visitar centros de atención sanitaria cuando arrecian las lluvias. Manifiesta que, desde el 2015, el territorio [Nombre317 009] fue declarado en emergencia sanitaria mediante decreto ejecutivo N° 39298-S-MOPT, suscrito por el presidente de la República, así como los ministros de Salud y de Obras Públicas y Transportes de aquel entonces. Añade que el artículo 4 del decreto en cuestión estableció: “(…) Artículo 4°- Las autoridades públicas y la población en general quedan en la obligación de cumplir las disposiciones que, de carácter general o particular, dicten las autoridades de salud, hasta que se resuelva la problemática actual. (…)” y en virtud de lo anterior se le solicitó al ministro de Salud que dictara las disposiciones correspondientes; sin embargo, no fue emitida ninguna medida en los términos del numeral citado. Narra que el jerarca del Ministerio de Salud, en la última respuesta que brindó por medio del documento DM-EE-68-2021 del 02 de febrero del 2021, señaló: “(…) Como puede observarse, lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo en mención, es una labor conjunta que involucra la actuación de varias instituciones como son: AyA, MOPT, CCSS y la Municipalidad de Talamanca, y no única y específicamente al Ministerio de Salud (…). Por otra parte, alude que el artículo 2 del Decreto de Emergencia Sanitaria mencionado dispuso: “(…) Artículo 2°-Declárese de interés público y nacional la construcción de los puentes sobre los ríos Cerere (sector Cerere), La Estrella (sector Gavilán Calveri) y Cohen (sectores Bajo Cohen, Isla Cariari e Isla Cariari-Cuchei), a cargo del Ministerio de Obras y Transportes, que tendrá como objetivo facilitar el acceso a las comunidades afectadas para que se le brinde a sus habitantes el mejor servicio posible de salud primaria. (…)” . Al respecto, explica que el puente sobre el río Cerere lo construyó la Municipalidad de Limón; no obstante, actualmente está fuera de servicio debido a serios daños estructurales. Cita que los demás puentes no se han construido, por negativa expresa del MOPT. Que cada vez que se le ha pedido al ministro de Obras Públicas y Transportes o a sus subalternos la construcción de esos puentes, ellos se excusan indicando, entre otras cosas, que ya se edificó un puente sobre el río Estrella, entre Gavilán y Vesta, y otro sobre el Suruy en Casa Amarilla; empero, ambas estructuras están fuera del territorio indígena y ninguno corresponde a los que ordenó construir el decreto señalado. Revela que, el 26 de marzo de 2021, el CONAVI consideró: que la construcción de esos puentes se encuentra fuera del alcance de esta Dirección Regional Huetar Atlántica de la Gerencia de Conservación de Vías Y Puentes del CONAVI” (Oficio DRHA-64-21-0139) y el 16 de setiembre de 2020, la directora de la Dirección Regional VIII del MOPT, luego de comentar las obras realizadas en la zona, concluyó que “esta Dirección Regional únicamente puede colaborar en el aporte de material a la Municipalidad de Limón” (Oficio DVOP-DR8-2020-193). Acota que los artículos 1 y 3 del citado decreto de emergencia sanitaria establecieron: “(…) Artículo 1°- Declárese emergencia sanitaria en el territorio [Nombre 009], y las comunidades de Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista e Isla Cariari, debido a deficiencias en el suministro de agua potable lo cual representa un peligro potencial en la proliferación de enfermedades que podrían afectar la salud de alrededor de 5.000 personas. (…)

Artículo 3°-Declárese de interés público y nacional la construcción de los acueductos para el suministro de agua potable en el territorio [Nombre 009], y las comunidades de Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista e Isla Cariari, a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que tendrá como objetivo proveer agua potable para las comunidades afectadas en las mejores condiciones de calidad, cantidad y continuidad. (…)”. En ese sentido, acusa que el ICAA solamente ha construido dos pequeños acueductos que dotan de agua potable a las comunidades de Cerere, Calveri y Cuchei. Indica que en el 2011, la Sala Constitucional ordenó al ICAA construir un acueducto en Boca Cohen (Res. Nº 2011012648), luego, en el 2014 concedió 6 meses para concluir los estudios que permitieran construir un pozo para suministrar agua potable a la comunidad de Gavilán (Res. Nº PHO8002), posteriormente, en el 2020 se otorgaron 3 meses más, a fin de concluir estudios para la construcción de un acueducto que abasteciera de agua potable a las comunidades de Arrocera, Alto Cohen, Moi, Bella Vista, Jabuy, Boca Cohen y Gavilán, Namardi (Res. Nº 2020008580). Reseña que el ICAA lleva 6 años haciendo estudios, diseños, consultas y otros trámites burocráticos que parecen nunca acabar, incluso ya pasaron más de 2 años desde que la Sala Constitucional le concedió 3 meses para concluir esos estudios. Adiciona que el numeral 5 del decreto en cuestión señalo: “(…) Las dependencias del Sector Público y del Sector Privado, las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, dentro del marco legal respectivo, podrán contribuir con recursos económicos, materiales y humanos, en la medida de sus posibilidades, para la solución debido a problemas relacionados con … ausencia de caminos y puentes en las comunidades antes mencionadas (…)”. Agrega que la Sala Constitucional, mediante sentencia N° PHO8003 de las 09:20 horas del 27 de noviembre de 2015 resolvió: “(…) Se ordena a Néstor Mattis William en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Limón y a Ramón Retana Cerdas en su condición de Presidente del Concejo Municipal de Limón, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos que, en el ámbito de sus competencias realicen de inmediato las gestiones pertinentes para que en el plazo de 12 MESES contados a partir de la notificación de esta sentencia, finalice su intervención, para la construcción de los puentes sobre el río Jabuy y las quebradas Bölökli de Gavilán, Mököboli, Jamali, Bölökli de Jabuy, Kuagri, Cachari y Namaldí (…)”. A pesar de lo anterior, reclama que solamente se ha construido el puente sobre la quebrada Bölökli de Gavilán y no hay puentes sobre el río Jabuy ni sobre ninguna de las otras quebradas. Argumenta que a través de este recurso pretende, en cuanto a la Municipalidad de Limón, que se reitere la orden para la construcción de los puentes citados. En lo concerniente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), expone que el decreto ejecutivo que declaró en emergencia sanitaria al territorio Tayní, ordenó la construcción de obras: caminos, puentes y acueductos, con el objeto de “facilitar el acceso a las comunidades afectadas para que se le brinde a sus habitantes el mejor servicio posible de salud primaria”. Anota que en un informe rendido ante la Sala Constitucional en el expediente N° 15-016932-0007-CO, el gerente administrativo de la CCSS indicó: “(…) las acciones y omisiones que amenazan y violentan el derecho a la salud fueron generadas por la no construcción del camino entre Jabui-Alto Cohen …; y más bien la CCSS se ha visto igualmente afectada por la falta de infraestructura que permita el tránsito vehicular… esas comunidades se encuentran en condición de aislamiento geográfico por ríos caudalosos, y la única alternativa para recibir atención médica es en los denominados puestos de visita periódica …como Jabuy o Gavilán… la Comisión Interinstitucional priorizó la construcción de un puesto de visita periódica en la comunidad de Alto Cohen, … pero no se pudo concretar por la imposibilidad de acceso vehicular (…)” . Sostiene que el camino entre Jabui-Alto Cohen ya es transitable y se solucionó el problema de puentes en Alto Jabuy y lugares cercanos, construidos por el INDER; no obstante, la CCSS aún no construye el Puesto de Visita Periódica de Alto Cohen, ni asigna personal y otro tipo de recursos para ese puesto. Aduce que, desde el 2010, la CCSS dispuso erigir una nueva infraestructura para el EBAIS de Gavilán; sin embargo, pese a que se ha avanzado en la contratación, después de muchas gestiones no atendidas, los personeros de la institución se han negado a informar y tomar en consideración a la comunidad en el diseño y demás aspectos de esa contratación, en abierta violación a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 25 del Convenio N° 169 de la OIT. Detalla que a las autoridades de la CCSS les consta que el servicio de ambulancia para el territorio Tayní es pésimo, no solo por la gran distancia existente entre los lugares donde se guarda los vehículos que dan servicio a todo el Valle de la Estrella, sino porque aún dentro del territorio Tayní las distancias son enormes. En lo que atañe a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, afirma que el representante de la comunidad le pidió a esa institución información sobre la emergencia sanitaria de Tayní, sobre su participación en la solución de los problemas que reconoce el propio decreto ejecutivo en mención. Añade que mediante oficio CNE-PRE-UAL-OF-0054-2020 del 13 de julio del 2020, la comisión recurrida se niega a intervenir en el asunto, al indicar: “(…) la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) no tiene un rol preponderante en esta declaratoria de emergencia sanitaria que realizan los Ministros de Salud y de Obras Públicas y Transportes bajo Decreto Ejecutivo N°39298-S-MOPT del 25 de mayo del 2015, en virtud de que sus acciones se enmarcan en las competencias ordinarias y extraordinarias establecidas en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, N°8488. Reitera que mediante el decreto ejecutivo N° 39298-S- MOPT de 2015 se reconoció que el pueblo indígena Tayní no cuenta con acueductos necesarios para abastecer a todas las comunidades, lo cual representa un peligro potencial en la proliferación de enfermedades que podrían afectar la salud de alrededor de 5.000 personas. Expone que en ese territorio indígena no hay suficientes caminos y puentes, lo cual dificulta el suministro de los servicios primarios de salud, situación que ha causado que la mortalidad infantil en esas comunidades sea superior al promedio nacional. Revela que a raíz de todo lo anterior se consideró oportuno emitir una declaratoria de emergencia sanitaria, a fin buscar soluciones a la problemática que tienen los habitantes de las comunidades afectadas. Enuncia que si bien en el decreto ejecutivo aludido se previeron soluciones, no menos cierto es que, a la fecha de interposición de este recurso, el Ministerio de Salud se niega a dictar las disposiciones necesarias para atender la emergencia, el MOPT no ha construido los puentes que indica el decreto, el ICAA no ha edificado acueductos, la Municipalidad de Limón se niega a construir otros puentes, la CCSS no ha establecido los centros de salud ni ha asignado recursos humanos o de otro tipo para atender a la población del territorio Tayní y la Comisión de Emergencias declina a intervenir en ese asunto. Menciona que han trascurrido 7 años desde que se emitió el decreto señalado y aún no se han ejecutado las medidas tendientes a solventar la problemática descrita. Considera que lo descrito conculca los derechos fundamentales de sus representados y de los demás [Nombre317 009] Tayní. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Informa bajo juramento Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias que una vez revisado y analizado el alegato de los recurrentes y a la luz de nuestro principio de legalidad, dispuesto en la Ley No. 8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo” indica que la CNE, no tiene ningún tipo de participación en la declaratoria de emergencia sanitaria arriba señalada, cuyos actores directos son el Ministerio de Salud y de Obras Públicas y Transportes bajo Decreto Ejecutivo N°39298-S-MOPT del 25 de mayo del 2015, en virtud de que sus acciones no se enmarcan en las competencias ordinarias y extraordinarias establecidas en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, N°8488. La Declaratoria de Emergencia Sanitaria en Territorio [Nombre317 009] y comunidades cercanas por deficiencias en el suministro de agua apto para consumo humano y falta de acceso para brindar servicios de salud y la construcción de sus Acueducto que se realizó mediante Decreto Ejecutivo N°39298-S-MOPT del 25 de mayo del 2015, fundamentado en la Ley General de Salud, y considerando entre otras cosas: Que las autoridades del Ministerio de Salud y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, mediante estudios realizados en el territorio [Nombre317 009], Valle de la Estrella, Limón, han detectado que el único acueducto que existe solo tiene caudal para abastecer la población de la comunidad de Cerere, lo cual resulta insuficiente para atender la demanda existente en el resto del territorio. Que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante estudios realizados en el territorio [Nombre 009], Valle de la Estrella, Limón, han comprobado que la ausencia de caminos y puentes para llegar a esas comunidades hacen difícil o imposible el suministro de los servicios primarios de salud de los habitantes de ese territorio, lo que ha causado que la mortalidad infantil en esas comunidades sea muy superior al promedio nacional. En este sentido, el propio decreto establece que en vista de que la competencia rectora del Ministerio de Salud debe conducir a la articulación, fortalecimiento y modernización de las políticas, la legislación, los planes, programas y proyectos, así como a la movilización y sinergia de las fuerzas sociales, institucionales y comunitarias que impactan los determinantes de la salud en la población; es competencia de ese Ministerio, abordar la situación mencionada, ya que representa una situación de riesgo para la salud de los habitantes el territorio [Nombre317 009]. Las normas legales establecen la competencia del Ministerio de Salud en materia de salud, y le consagran las potestades de imperio implícitas para que pueda dictar todas las medidas legales que fueren necesarias para enfrentar y resolver los estados de emergencia sanitarios; y que en el decreto de marras, la construcción de los puentes sobre los ríos Cerere (sector Cerere), La Estrella (sector Gavilán-Calveri) y Cohen (sectores Bajo Cohen, Isla Cariari e Isla Cariari-Cuchei), se establece que estarán a cargo del Ministerio de Obras y Transportes, y la construcción de los acueductos para el suministro de agua potable en el territorio [Nombre317 009], y las comunidades de Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista e Isla Cariari, están a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados CNE apegada a nuestro principio de legalidad solo puede accionar, cuando se cumplen las condiciones y requisitos para la realización de trabajos amparados por declaratorias de Emergencia nacional y no de carácter sanitario, como la que nos ocupa, razón por la cual no tenemos injerencia alguna sobre lo indicado en el decreto de emergencia señalado líneas arriba y no hemos violentado tutelas fundamentales de los recurrentes, así como acciones de hacer que nos hayan sido encomendadas, toda vez que lo resuelto desde el origen de todo este asunto, ha sido categórico en cuanto a exonerarnos de todo tipo de responsabilidad. 3.- Informa bajo juramento Gustavo Picado Chacón, en su condición de Gerente Financiero, según acuerdo de Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que respecto a los hechos objeto de este amparo y que conciernen a la CCSS, es importante indicar que no se colige alguna acción, omisión o actuación material no fundada por parte de la Gerencia Financiera a mi cargo, que violentara los derechos fundamentales que reclama el recurrente. No obstante, considerando que en lo atinente a la CCSS se hace referencia respecto a la dotación de centros de salud (infraestructura y recurso humano), entre otros, en el territorio Cabécar Tayní, son aspectos del ámbito de competencia de la Gerencia Médica de la institución. En ese sentido, mediante correo electrónico enviado el 12 de agosto de los corrientes, ese despacho comunicó al Área de Gestión Judicial de la Dirección Jurídica lo concerniente a este recurso, con la finalidad de que gestionara el traslado de la resolución judicial aludida a la Gerencia Médica de la CCSS, para su atención y trámite ante esa Sala. Así las cosas, con base en lo esbozado, esta Gerencia no ha vulnerado derecho fundamental alguno a los aquí amparados, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de amparo incoado.

4.- Informa bajo juramento Mauricio Batalla Otárola, en su condición de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, que la construcción de los puentes de esa zona están a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o a la municipalidad de Limón, pero no de CONAVI. Por lo expuesto solicita se desestime el recurso.

5.- Informan bajo juramento Joselyn María Chacón Madrigal, en su condición de Ministra de Salud y Alexander Salas López, en su condición de Director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe, que la solución y atención de la problemática alegada en el presente recurso de amparo no corresponde al Ministerio de Salud, por cuanto resulta ser una problemática de competencia de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), Municipalidad de Limón, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y del CONAVI, debido a la materia que versa sobre infraestructura vial, necesaria para llegar a los centros de atención de salud de la C.C.S.S.

6.- Informa bajo juramento Luis Esteban Amador Jiménez, en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes, que no puede actuar por sí mismo en labores de mantenimiento, conservación o construcción de obras en las rutas nacionales o cantonales, ya que, por una parte, le compete al Conavi atender esos requerimientos en las rutas nacionales y, por otro lado, les corresponde a las municipalidades actuar en las rutas cantonales. En efecto, conforme con la normativa existente y en apego a "principio de legalidad", el MOPT, en el caso de construcción de vías públicas o puentes, solo puede actuar como colaborador en aspectos de asistencia técnica y apoyo a los Municipios. Así las cosas, en el caso que nos ocupa, si los vecinos de las comunidades interesadas requieren de la construcción de puentes y mejoramiento en los caminos, deben acudir directamente al CONAVI o a la Municipalidad de Limón, según se pretenda realizar esa obra en una vía nacional o cantonal, pero ese ministerio no podría atender de manera directa ese requerimiento, por un aspecto de orden estrictamente legal, como hemos visto. Al no poder intervenir en la solución de la problemática planteada, es claro y notorio que no hemos podido vulnerar, de modo alguno, los derechos fundamentales de los recurrentes por existir una limitación legal para intervenir directamente en la situación denunciada y por ello, el Recurso que atendemos debe ser declarado improcedente, en cuanto a mi representada se refiere. Ahora bien, en el marco competencial que nos involucra, se está dirigiendo instrucciones precisas al CONAVI y a la División de Obras Públicas para que, en la medida de sus posibilidades legales y materiales, acudan en el menor tiempo posible a realizar las coordinaciones, a dar la asistencia técnica y el apoyo necesario a la municipalidad de Limón, para la atención inmediata de las vías públicas terrestres y los puentes que se requieran y se puedan construir en la zona. 7.- Informa bajo juramento Luis Fernando Campos Montes, en su condición de Gerente Administrativo y Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la Caja Costarricense de Seguro Social, que no tiene conocimiento personal acerca de los hechos descritos. Sin embargo, en razón, de que el presente recurso de amparo, está relacionado con una supuesta desatención médica de Centros de visita periódica de la institución, y falta de construcción de infraestructura para atender la salud de poblaciones indígenas, competencias que son exclusivas de la Gerencia Médica y la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, se trasladó el 16 de agosto de 2012.

8.- Informa bajo juramento Néstor Mattis Williams en su condición de Alcalde Municipal que el cantón central de Limón tiene en su jurisdicción el Distrito Valle La Estrella; quien a su vez tiene la Reserva Indígena. Esa reserva alberga un territorio agreste y áspero por sus escarpadas montañas. Tiene a su vez regulaciones de carácter especial pues lo regula el marco internacional de territorios indígenas autónomos. Es complicado invertir en dicha zona porque existen muchas limitaciones como zonas de protección. Es relativamente cierto que el único acceso que tengan los vecinos, sea el acceso por el río La Estrella. La Municipalidad de Limón a pesar de sus pocos recursos económicos, ha construido un acceso que es un puente sobre el río Cerere para que los vecinos tengan acceso y comunicación con el resto del cantón. Ese puente, producto de una inundación y una llena propia del cambio climático, fue erosionado en uno de sus bastiones. La Municipalidad ha incorporado en la Modificación Presupuestaria N.º 2-2022, los recursos correspondientes, para atender la habilitación del mismo en un mediano plazo. También se realizó la construcción del puente en la comunidad de Pandora; con una inversión cercana a los 650 millones de colones; para comunicar las comunidades indígenas con el resto del cantón. También se construyeron una serie de pasos de alcantarilla para comunicar las diferentes comunidades. En este territorio existen comunidades con muy pocos vecinos y una pequeña escuela, a los cuales debe proporcionárseles atención en salud, en acceso y todos los demás derechos a los que tiene la comunidad, a pesar de la poca población que existe en cada comunidad. No hay grandes centros de población. Menciona que dicha municipalidad no cuenta con recursos presupuestarios propios para construir estos puentes o pagar los estudios requeridos; dada las cuantiosas sumas a invertir. En alguna oportunidad el MOPT con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, con personal especializado realizaron estudios, pero la zona es muy agreste y complicada, y el MOPT tomó la decisión de colocar solo dos pasos de puente beilly, a saber: a) Dirección2452 y b) De Besta hacia la Reserva Indígena; dado lo difícil del acceso y las pocas posibilidades de anchar los puentes, pues las distancias son muy largas y profundas. En algún momento la Municipalidad, a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial, se propuso la posibilidad de construir un puente de hamaca, pero resulta sumamente peligro para los transeúntes, dada la larga distancia del mismo, más o menos 500 a 600 metros y no existe anclaje de un lado, para poder brindar la seguridad necesaria, para la construcción segura del mismo, en la zona que se insiste, por lo que la idea se desechó. Ahora bien, en lo que se refiere a la ausencia de caminos y puentes ubicados en territorios indígenas Cabécar Tayní, en Valle La Estrella, ese municipio conoce que existe una mesa de territorio indígena, que es interinstitucional, adonde se discute asunto y otros atinentes a la zona. Agrega que al respecto se informa que, en el año 2018, la Mesa Técnica Tayní, estableció la búsqueda de recursos para realizar los estudios topográficos y de caudal necesario para el diseño de otros puentes con otras instituciones, pero no hemos sido informados del avance al respecto que ha realizado la Comisión Tayní. La Municipalidad tiene la obligación de distribuir su presupuesto, entre todos sus habitantes y no solo en el territorio indígena, a pesar de que se reconocen sus necesidades.

9.- Según constancia, revisado, a las nueve horas cuarenta y seis minutos del 29 de agosto de 2022, en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales el control de documentos recibidos y este expediente, no apareció que del 17 de agosto al 26 de agosto de 2022, el Presidente del Concejo de la Municipalidad de Limón, haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las siete horas cincuenta y siete minutos del doce de agosto de dos mil veintidós.

10.- Informan bajo juramento Joselyn Chacón Madrigal en su condición de Ministra de Salud y Alexander Salas López, en su condición de Director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe, que la atención y solución de la problemática alegada en el presente recurso, no corresponde al Ministerio de Salud, ya que tiene relación con infraestructura vial (MOPT y Municipalidad de Limón), necesaria para tener acceso a los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, ese ministerio ha gestionado y ha dado seguimiento ante dichas autoridades, sobre las acciones a tomar para solucionar la problemática presentada.

11.- Por resolución de las dieciséis horas veintiséis minutos del 18 de enero del año en curso, se tuvo por ampliados las partes consignadas en el recurso de amparo y se le dio audiencia al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

12.-Informa bajo juramento Pilar Dall´anese Alvarez, en su condición de Subgerente de Gestión de Sistemas Delegados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que han construido a la fecha, acueductos para las comunidades de Cerere, Calveri y Cuchei. Agrega que la Dirección de Construcción de la UEN Administración de Proyectos del AyA inició en el 2022, todos los procesos previos para iniciar la construcción del Proyecto Integrado, como lo son: reconocimiento de sitio de trabajo, ubicación de sitios, trámite de compra de los materiales, traslado de los materiales de construcción comprados para su resguardo. Se ha entregado en el proyecto un 90% de los materiales comprados. Se tiene programado iniciar la construcción del proyecto Integrado de Gavilán para el mes de abril del 2023, una vez que se finalice el proceso de contratación de jornales la cual se dará inicio en el mes de febrero 2023. Así mismo, se estima que la conclusión de la construcción del proyecto “Construcción Sistema Integrado de Gavilán Valle la Estrella, Limón” para abril 2026. Como parte de las acciones actuales por parte de la institución, se estableció una reunión con la ADI para el día 26 de enero del año en curso, dicha reunión tiene como objetivo volver a retomar el tema de requisitos para las contrataciones de los jornales ocasionales que estarán trabajando en el proyecto, así como el inicio del proceso de consulta para conformación de una ASADA para la administración y operación del sistema de abastecimiento de agua potable. Lo anterior, como cumplimiento a lo acordado en reunión del 09 de noviembre de 2022, donde participaron los miembros de la ADI Sediel Morales, [Nombre317 005] y Jose Morales. En cuanto a las comunidades Isla Cohen, Surui, Cunabli, Nimarí, Isla Cariari, las mismas no están contempladas en el proyecto integrado de Gavilán, por cuanto no fueron definidos dentro de la resolución del recurso de amparo, no se ubican dentro de la zona de cobertura de este proyecto. Además, la disponibilidad de agua de las fuentes definidas para el proyecto no permite la inclusión de más comunidades. Como se expuso, efectivamente el AYA ha requerido varios años para realizar todos los estudios necesarios para la construcción del acueducto sin embargo a la fecha los mismos ya están concluidos y se trabaja en la etapa de pre-ejecución del proyecto. De manera que la Institución ha dado seguimiento al tema hasta el día de hoy, teniendo programado iniciar la construcción del proyecto Integrado de Gavilán para el mes de abril del 2023, una vez que se finalice el proceso de contratación de jornales la cual se dará inicio en el mes de febrero 2023. Estimándose la conclusión de la construcción del proyecto “Construcción Sistema Integrado de Gavilán Valle la Estrella, Limón” para abril 2026. Como se expuso, mencionan que además de la reunión con la ADI establecida para el día 26 de enero del año en curso, que tiene como objetivo retomar el tema de requisitos para las contrataciones de los jornales ocasionales que estarán trabajando en el proyecto, es sabido que un proyecto de este tipo requiere llevar a cabo la consulta respectiva de conformidad con lo establecido en el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, así como el “Mecanismo General de Consulta a los Pueblos Indígenas”, Decreto Ejecutivo No. 40932-MPMJP, publicado en el Alcance No. 70, del Diario Oficial La Gaceta No. 59 del 05 de abril del 2018 y el “Reglamento de las Asociaciones Administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales”, Decreto Ejecutivo No. 42582-S-MINAE, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Digital No. 223, Alcance No. 233, del viernes 04 de setiembre del 2020, artículos 69 y 70. En dicha reunión también se conversará sobre lo relacionado con el inicio del proceso de consulta para conformación de una ASADA para la administración y operación del sistema de abastecimiento de agua potable, como cumplimiento a lo acordado en reunión del 09 de noviembre de 2022, donde participaron los miembros de la ADI Sediel Morales, [Nombre317 005] y Jose Morales. Así las cosas, la negativa de otorgar el servicio en dichas comunidades no ha sido parte de una decisión negligente o arbitraria por parte del AyA, sino a la imposibilidad que hasta el momento se ha presentado y a la que se le ha dado seguimiento conforme se ha descrito, de manera que se han estado realizando gestiones necesarias para poder brindar el servicio.

13.- Informan bajo juramento Álvaro Roberto Ramos Chaves, en su condición de Presidente Ejecutivo y Randall Alan Álvarez Juárez, Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, que el recurrente acude a la vía constitucional en busca de soluciones integrales para una comunidad que, si bien se encuentra amparada por la Constitución Política y convenios internacionales suscritos por el Estado costarricense, lo cierto del caso es que afronta desafíos que requieren un abordaje, análisis y soluciones complejas que no pueden ser solucionadas vía amparo. La Dirección Médica del Área de Salud Valle de La Estrella ha informado que en relación con el EBAIS para Alto Cohen, actualmente no se cuenta con un terreno que reúna las condiciones técnicas ameritadas para su construcción. No obstante lo anterior, es imprecisa la manifestación del recurrente al señalar que la institución no asigna personal para ese comunidad, por cuanto a la población de territorios Tayní se les ha brindado atención médica en diversas formas, tales como: en el ámbito del escenario escolar, campañas de Ginecología y Pediatría, además. Sumado a ello, los EBAIS adscritos a dicha zona brindan las siguientes atenciones, según el informe remitido por las autoridades del Área de Salud, del cual se transcribe literalmente lo siguiente: El EBAIS de Gavilán actualmente cuenta con atención medica 4 días a la semana, lunes, miércoles, jueves y viernes. El EBAIS Gavilán permanecerá en Sede los lunes y viernes de cada semana, mientras que los martes, miércoles y jueves tienen gira a Puestos de Visita Periódica según se indica en la tabla anterior. El Puesto de Visita periódica de Boca Cohen, el cual cuenta con una edificación propiedad de la Institución y se encuentra con giras todas las semanas 1 vez por semana, en el mes de setiembre se habilitará a dos veces por semana nuevamente. En el caso de EBAIS Valle Las Rosas, los martes de cada semana tiene gira a Puesto de Visita Periódica Cartagena. El resto de los días, de momento se mantiene en sede VAlle LAs Rosas El Puesto de Visita Periódica de Jabuy se encuentra cerrado desde el 2019 dado que está siendo cubierto por una ONG (Four Corners) que brinda servicios médicos en la localidad. Agregan también que Informa el Dr. Enrique Valverde Aguilar, Director Médico del Área de Salud Valle La Estrella, que la construcción del El Alcance 01 corresponde a la obtención de la viabilidad ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), actualmente el proyecto está en la etapa de revisión por parte de dicha entidad y el número de expediente asignado es el D1 0495-2022. Posterior a la obtención de dicha viabilidad se procederá con el Alcance 2 el cual corresponde a la ejecución del EBAIS. Se espera que el proyecto pueda iniciar a finales de este período para concluir en el primer semestre del 2023. Por lo tanto, el proyecto actualmente se encuentra en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, quien debe dar el aval de viabilidad ambiental para su construcción; una vez superada dicha etapa (ajena a la institución) se prevé que la construcción pueda iniciar a finales del presente año y concluir en el primer semestre del 2023. Menciona que Pese a que el recurrente alega en su recurso que: después de muchas gestiones no atendidas los personeros de la Caja se niegan a informar, lo cierto del caso es que no se adjuntan al recurso las supuestas notas que no han sido atendidas por la institución, tampoco se indica cuándo o dónde fueron presentadas, por lo que obedece a una manifestación subjetiva y genérica del recurrente, carente de prueba que la respalde. En ese orden de ideas, el Área de Salud Valle de la Estrella reporta que la única nota recibida por parte de representantes de la comunidad indígena, corresponde a un líbelo recibido el 03 de setiembre del 2021, suscrito por el Sr. Sediel Morales Ruiz, Presidente [Nombre317 009], en el cual solicitaba información respecto a la construcción del EBAIS El Gavilan. Dicha nota fue atendida por medio del oficio N° 0405, rubricado por el Dr. Enrique Valverde Aguilar, Director Médico del Área de Salud Valle La Estrella, el mismo 03 de setiembre en que fue recibida, y por medio del cual se contestó. En cuanto a los traslado en ambulancia, menciona que los traslados prehospitalarios de usuarios a los servicios de urgencia no son competencia de la Caja Costarricense de Seguro Social, sino de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, toda vez que la llamada de emergencia ingresa por el sistema 911 y no a una central telefónica de la Caja. Pese a ello, se informa que en cada una de las giras realizadas a los Puestos de Visita Periódica, o a Alto Cohen, el personal médico se traslada en un vehículo institucional tipo ambulancia, el cual queda a disposición del personal para cualquier traslado de emergencia a la Clínica de la Fortuna para su valoración, manejo o su posterior traslado al Hospital Tony Facio Castro, en caso de ameritarse atención especializada. Considera que la institución que representa no ha lesionado ningún derecho de los amparados.

14.- Informa bajo juramento Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, en su condición de Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que reitera el informe de ley que ya había sido rendido por dicha institución.

15.- Por resolución de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del trece de julio del año en curso, se solicitó como prueba para mejor resolver informe a la Comisión Nacional de Emergencias, Consejo Nacional de Vialidad, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Municipalidad de Limón, Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

16.- Atiende audiencia conferida Alejandro José Picado Duarte, en su condición de Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y manifiesta que es claro que en el caso concreto, no se está frente a un escenario de emergencia nacional, ni de emergencia no declarada, situaciones ante las cuales, el ordenamiento los faculta para realizar intervenciones.

17.-Atiende audiencia conferida Rafael Barboza Topping en su condición de Subgerente de Gestión de Sistemas Delegados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y manifiesta que el proyecto de Gavilán se encuentra en ejecución desde el mes de marzo del 2023. Las actividades que se han desarrollado son: compra y acarreo de material, almacenaje, confección de bodegas, bancos de trabajo, contratación de personal, instalación de tubería, confección de camino de acceso a las nacientes, limpieza sitio de nacientes, traslado de materiales y herramientas a los sitios de trabajo e inicio de construcción de la captación. El porcentaje de avance a la fecha es del 4%. No ha existido variación en la disponibilidad de agua de las fuentes definidas para el proyecto de Gavilán que permita la inclusión de más comunidades. Sin embargo, se ha encontrado una fuente nueva en la comunidad de Nimari, y se analiza su potencial para establecer la posibilidad de utilizarla como refuerzo al proyecto de Gavilán y con ello incluir esta comunidad (Nimari).

18.- Informa bajo juramento Luis Esteban Amador Jiménez, en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes que en efecto, conforme con la normativa existente y en apego al principio de legalidad, el MOPT, en el caso de construcción de vías públicas o puentes, solo puede actuar como colaborador en aspectos de asistencia técnica y apoyo a los Municipios. Bajo ese marco competencial y, considerando los límites de actuación que procura el principio de legalidad en cuanto a las actuaciones de las autoridades públicas, indican que conforme con las competencias otorgadas por Ley, se le instruye para que, en la medida de sus posibilidades legales y materiales, acudan en el menor tiempo posible a realizar las coordinaciones, a darla asistencia técnica y el apoyo necesario a la municipalidad de Limón, para la atención inmediata de las vías de tránsito y los puentes que se requieran y se puedan construir en la zona. Menciona que como se ha señalado, las actuaciones del Consejo Nacional de Vialidad, como órgano con desconcentración máxima e independencia funcional y administrativa, no son de resorte de esa cartera ministerial directamente, por lo que deben adherirse a lo que informe el director ejecutivo de ese Consejo en este caso, por no tener acceso al actuar interne de esa institución. En lo que respecta a la División de Obras Publicas de ese ministerio, se le dirigió el Oficio N° DM-2022-3859 del 18 de agosto de 2022, en donde se les ordenó: “… conforme con las competencias otorgadas por Ley, se le instruye para que, en la medida de sus posibilidades legales y materiales, acudan en el menor tiempo posible a realizar las coordinaciones, a darla asistencia técnica y el apoyo necesario a la municipalidad de Limón, para la atención inmediata de las vías de tránsito y los puentes que se requieran y se puedan construir en la zona…”. Como respuesta a lo ordenado, se recibió en ese despacho, copia del oficio N° DVOP-DR8-2022-77 del 22 de agosto de 2022, suscrito por la ingeniera Mónica Viviana González Miranda, actuando como directora de las Regionales VIII y IX de la División de Obras Públicas y mediante la cual le indica al Alcalde Municipalidad de Limón, lo siguiente: “…en el marco competencial que nos involucra, se está dirigiendo instrucciones precisas al Conavi y a la División de Obras Públicas para que, en la medida de sus posibilidades legales y materiales, acudan en el menor tiempo posible a realizar las coordinaciones, a dar la asistencia técnica y el apoyo necesario a la municipalidad de Limón, para la atención inmediata de las vías publicas terrestres y los puentes que se requieran y se puedan construir en la zona..." Además indica que al estar los caminos y puentes de dicho territorio ubicados en la red vial cantonal, se permite indicarle lo siguiente: 1. A partir de la vigencia de la Ley 9329 Ley Especial para la Transferencia de competencias, atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal, esta dirección regional, se ve limitada en la atención de dicha red. Sin embargo, en el año 2020, se gestiona el oficio No. DV0P-DR8- 2020-193 de fecha 16 de setiembre 2020, referente a la intervención de los caminos y puentes en el Territorio Tayni. Se indica nuevamente a su representada, todo el apoyo por parte de esta dirección regional, para el trámite de solicitudes de materiales y de ser requerido, la asistencia técnica. Cabe señalar, que se tiene la mayor disposición de colaborar con materiales que se encuentren disponibles en bodega. Con lo anterior, queda claro que la actuación de ese ministerio, en este caso, ha estado limitado por las competencias que la legislación otorga a la institución, pero también que, en el marco de colaboración y asistencia técnica, los ofrecimientos que se han dado a la Municipalidad de Limón, no registran respuesta a la fecha. Solicita se desestime el recurso.

19.- Atiende audiencia conferida Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, en su condición de Presidenta Ejecutiva y Marino Ramírez Carranza, Gerente, ambos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, que sobre el avance de la obra, a la Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica, se tiene lo siguiente: la orden de inicio del Alcance 2 referente a la construcción del EBAIS quedó establecida para el 11 de mayo del presente año. 2. Que el plazo de entrega del Alcance 2: Construcción EBAIS de Gavilán, Valle La Estrella es de 120 días hábiles, por lo tanto, la fecha de entrega del proyecto es el 1 de noviembre del 2023. 3. Que la obtención del alcance 1 se retrasó por situaciones ajenas a la institución. Por ende, causará un impacto en el alcance 2. Que se han dado retrasos en la construcción de dicha edificación por problemas de abastecimiento de agua, para lo cual se gestionó a nivel regional con la Municipalidad y la Standard Fruit Company para la colaboración en dicha materia para evitar mayores dilaciones en el proyecto. Así las cosas, la institución ha estado realizando todas las diligencias pertinentes y necesarias a fin de dar continuidad a la obra, y cuya fecha de entrega aún no ha acaecido, por lo cual, no se considera una lesión a los derechos fundamentales del recurrente, tal como queda evidenciado.

20.- Atiende audiencia conferida Nombre10969 , actuando en su condición de Directora Ejecutiva a.i del Consejo Nacional de Vialidad, que mediante oficio DIE-EX07-2022-781 del 17 de agosto de 2021, esta Dirección Ejecutiva había informado con base en el informe técnico DRHA-64-21-0139 emitido por la Dirección Huetar Atlántica de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, así como de conformidad con el informe técnico DRHA-126-2022-0427 del 16 de agosto de 2022, lo siguiente: “…Por lo tanto, como se puede apreciar, los poblados del territorio indígena Cabecar Tayni se encuentran fuera de los alcances establecidos en la Ley de las competencias para la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes…”. En línea con lo anterior, mediante informe técnico DRHA-126-2023-0338 de fecha 17 de julio de 2023, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, indica lo siguiente: “…Por lo tanto, como se puede apreciar, los poblados del territorio indígena cabécar Tayní se encuentran fuera del alcance de los derechos de vía de rutas nacionales competencia del CONAVI y de los alcances establecidos en la ley para su atención por parte de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes…”.

21.- Informa bajo juramento Mary Munive Angermüller, Vicepresidenta de la República y Ministra de Salud, que en conjunto con instituciones gubernamentales (AYA, SENASA, Fuerza Pública, ICE, CCSS, entre otras) en el año 2011, conforman la Comisión Interinstitucional TJÄI, cuya finalidad era coordinar acciones entre la Asociación de Desarrollo de la Comunidad con Instituciones Públicas y Privada dirigidas al mejoramiento de las condiciones de salud, social, ambientales, económicas de dicha comunidad, en estricto apegado a las necesidades referidas por los representantes de la comunidad, las cuales participaban de forma activa en esta. Que en atención a oficio HC-ARS-L-02714-2016, suscrito por la Dra. Guiselle Lucas Bolívar referente al resumen ejecutivo Decreto Ejecutivo 39298-MOPT declaratoria de Emergencia Sanitaria territorio indígena TAYNI, dicta, lo siguiente. “…Un cordial saludo. En atención al oficio DR-HC-0931-2016, suscrito por su persona, referente a Declaratoria de Emergencia Sanitaria Territorio Tayni, de manera respetuosa se procede a informar las principales acciones desarrolladas por la Comisión coordinada por este institución, para abordar la problemática de la Comunidad Indígena Tayni cabécar, ubicada en Valle la Estrella, Cantón Central de Limón: 1. Se logra la coordinación para visita con la Defensora de los Habitantes de la Republica la Montserrat Solano Carboni, el día 04/03/2016l, se realizó un recorrido en las localidades de Gavilán, Jabuy, Bella Vista, y Boca Cohen. Se acuerda que la Sra. Solano, solicitara una reunión con los jerarcas institucionales relacionados con dicho Decreto para su operativización. 2. Mediante solicitud realizada por la Asociación de Desarrollo Indígena Tayni con el Dr. Fernado Llorca Castro Ministro de Salud con el fin de lograr operativizar el Decreto, se acordó que desde salud, se gire directrices necesarias para que las instituciones involucradas ejecuten sus responsabilidades. 3. Se logra el seguimiento de la construcción de la trocha hacia la localidad de Alto Cohen por parte del MOPT y la Municipalidad de Limón, así como también, las gestiones para el mantenimiento del camino de forma articulada con el MOPT, Municipalidad e INDER. 4. A través de la señora de la Defensoría de los Habitantes de la Republica se convocará a altos jerarcas como Presidenta Ejecutiva del ICAA a reunión para informar sobre las acciones sobre las acciones desarrolladas en el marco de la Declaratoria de Emergencias Sanitaria en Territorio Indígena Tayni, debido a las deficiencias en el suministro de agua potable. 5. Se logra la visita al territorio indígena con el diputado el Lic. Francklin Corella Vargas de la Fracción Legislativa Acción Ciudadana PAC realizando un recorrido por las localidades de Gavilán, Jabuy, Bella Vista y Boca Cohen, con el fin de mostrar las necesidades de las comunidades como la construcción de un acueducto para abastecimiento y proyectos en la zona en el tema de puentes para acceso a comunidades de SURUY, CALBERIE, JURUY Y CUCHEI…”. Adicionalmente se indica que esa Comisión no podía asumir o desplazar las funciones propias delegadas por ley a cada institución, cabe indicar que como medio formal de comunicación se estableció un Chat en WhatsApp, entre las instituciones participantes y representantes de la Asociación de Desarrollo y miembros de la comunidad. En fecha 13 de mayo del año 2020, al recibirse la nota sin número de oficio de fecha 11 de mayo del año 2020, suscrita por el Sr. Morales Ruíz, referente a Solicitud de Información Comisión Interinstitucional TJÄI, recibida en Atención al Cliente, el día 13 de mayo del 2020, procedió a trasladar vía WhatsApp, para que sea de conocimiento de todos los miembros de dicho chat, indicando que por parte de ese Ministerio, se estará atendiendo los temas que competan. Indica que conforme la lectura del documento presentado por el recurrente se logra sustraer en forma clara, que la solución de la problemática alegada en su escrito no corresponde solamente al Ministerio de Salud su atención, por cuanto resulta ser una competencia en razón de la materia, de atender y resolver tanto a la Caja Costarricense del Seguro Social, la Municipalidad de Limón, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. No obstante, como coordinadora de la Comisión en marras, se ha procedido a solicitar a los responsables de dichas instituciones, atender y resolver tales carencias que presenta la comunidad indígena. Mediante el oficio MS-DRRSHC-ARSL-03243-2020, suscrita por su persona, dirigida al Sr. Morales Ruíz, nuevamente se le informa al solicitante sobre las acciones que se desarrollan por parte de ese ente rector, con el objetivo de atender la solicitud, oficio que fue remitido vía correo electrónico el día 08 de junio de ese año, a las direcciones electrónicas ...585 y ...1166 los cuales fueron suministrados por el Sr. Morales Ruíz. Y mediante el oficio MS-DRRSHC-ARSL-03530-2020, suscrito por su persona, hizo de conocimiento del Sr. Morales Ruíz, como Presidente de la Asociación de Desarrollo de la Comunidad Tjäi, que debido a la situación del COVID-19, a nivel nacional y mundial y a las múltiples responsabilidades de esa servidora, no podría continuar coordinando la Comisión Interinstitucional conformada y que se estará a la espera de que se Nombre317 el nuevo (a) coordinador (a) con la finalidad de continuar participando y desarrollando acciones que dentro de nuestro ámbito de competencia sea posible. Mediante el oficio MS-DRRSHC-ARSL-03739-2020, suscrito por su persona, se procede a realizar formal traslado de informe de acciones desarrolladas por parte de la Comisión mientras asumir la coordinación de la misma. Con fundamento en todo lo expuesto y con las pruebas que aporto, pretende demostrar que no lleva razón el recurrente, al indicar que no se le ha brindado respuesta alguna sobre sus inquietudes, por cuanto mediante los oficios MS-DRRSHC-03242-2020, MS-DRRSHC-ARSL-03244- 2020, MS-DRRSHC-ARSL-03245-2020, MS-DRRSHC-ARSL-03246-2020, MS-DRRSHC-ARSL-03246- 2020, MS-DRRSHC-ARSL-03529-2020, MS-DRRSHC-ARSL-03530- 2020, MS-DRRSHC-ARSL-03652- 2020, y MS-DRRSHC-ARSL-03679-2020, y MS-DRRSHC-ARSL-03739- 2020, notificados vía correo electrónico a las direcciones suministradas por el Sr. Morales Ruíz, se le brindó respuesta a su planteamiento realizado ante esta Dirección de Área Rectora de Salud. Que en atención a lo relacionado al caso se realiza notificaciones pertinentes a las Instituciones para el mejoramiento del caso que nos ocupa suscrito por la Dra. Guiselle Lucas Bolívar en su calidad de Directora Área Rectora de Salud de Limón dicta lo siguiente. El oficio MS-DRRSHC-ARSL 05253-2022, remitida a la Ingeniera Mónica González Miranda Directora Regional del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, suscrita por la Directora del Área Rectora la Dra. Guiselle Lucas Bolívar dicta lo siguiente. Reitera la anuencia de colaboración por parte de esta Dirección Regional, con los materiales requeridos y sé que se encuentren disponibles en bodega de nuestra institución. Considera que el ente rector que representa, procede a informarle a la Licenciada Diana Smith Parks en calidad de Gestión de Acueductos Rurales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados referente al seguimiento de los actos realizados misma fue notificado bajo el oficio MS-DRRSHC-ARSL-4058-2023, suscrita por la Dra. Aura Baltodano Madrigal en su calidad de Directora a.i del Área Rectora de Salud de Limón enviados vía correo Electrónico de dicha Institución. Pese a que no corresponde al Ministerio de Salud lo relacionado con la infraestructura vial (MOPT y Municipalidad de Limón) para tener acceso a los servicios de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, ese Ministerio ha realizado todos los procedimientos legales que los ampara la Ley General de Salud y sus normativas y ha emitido sendos oficios y comunicados a las autoridades que sí tienen competencia directa con el tema, para que gestionen y realicen las obras necesarias para dar solución a la problemática presentada.

22.- Atiende audiencia conferida Néstor Mattis Williams en calidad de Alcalde de Limón, que el tema de los caminos y puentes, corresponde a un tema cuya competencia es del MOPT, pues el proyecto fue incluido en el Fondo de Pre-inversión los recursos presupuestarios necesarios para invertir en uno de esos puentes. No obstante, y a pesar de estar de acuerdo la Dirección de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, proporcionó una tipología, para la construcción de dicho puente, que con posterioridad se dejó sin efecto, pues no se ajustaba a las necesidades ni dimensiones que se requieren, dado que el puente que se pretende construir es de más de cuatrocientos a quinientos metros. Respecto del tema del Río Cerere, se encuentra en pleno funcionamiento desde mayo del presente año aproximadamente.

23.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

CONSIDERANDO:

I.- Objeto del recurso. El recurrente acusa que desde el 2015, el territorio [Nombre317 009] fue declarado en emergencia sanitaria mediante decreto ejecutivo N° 39298-S-MOPT, suscrito por el presidente de la República, así como los ministros de Salud y de Obras Públicas y Transportes de aquel entonces. Enuncia que si bien en el decreto ejecutivo aludido se previeron soluciones, no menos cierto es que, a la fecha de interposición de este recurso, las autoridades recurridas, no han dictado las disposiciones necesarias para atender la emergencia, el MOPT no ha construido los puentes que indica el decreto, el ICAA no ha edificado acueductos, la Municipalidad de Limón se niega a construir otros puentes, la CCSS no ha establecido los centros de salud no ha asignado recursos humanos o de otro tipo para atender a la población del territorio Tayní y la Comisión de Emergencias declina a intervenir en ese asunto. Menciona que han trascurrido 7 años desde que se emitió el decreto señalado y aún no se han ejecutado las medidas tendientes a solventar la problemática descrita. Considera que lo descrito conculca los derechos fundamentales de sus representados y de los demás [Nombre317 009] Tayní.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) que en el territorio indígena Tayní habitan aproximadamente 5.000 personas del pueblo cabécar y hay 19 comunidades, cada una con escuela y plaza de fútbol, además, 2 poseen colegio, a saber: Boca Cuen y Alto Cuen (informe rendido bajo juramento); b) en el 2015, mediante decreto ejecutivo N° 39298-S-MOPT, se dispuso: “ Declaratoria de Emergencia Sanitaria en Territorio [Nombre317 009] y comunidades cercanas por deficiencias en el suministro de agua apto para consumo humano y falta de acceso para brindar servicios de salud y la construcción de sus acueducto” ( informe rendido bajo juramento); c) el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, han construido a la fecha, acueductos para las comunidades de Cerere, Calveri y Cuchei, la Dirección de Construcción de la UEN Administración de Proyectos del AyA inició en el 2022, todos los procesos previos para iniciar la construcción del Proyecto Integrado, como lo son: reconocimiento de sitio de trabajo, ubicación de sitios, trámite de compra de los materiales, traslado de los materiales de construcción comprados para su resguardo. Se ha entregado en el proyecto un 90% de los materiales comprados. Se tiene programado iniciar la construcción del proyecto Integrado de Gavilán para el mes de abril del 2023, una vez que se finalice el proceso de contratación de jornales la cual se inició en el mes de febrero 2023, se estima que la conclusión de la construcción del proyecto “Construcción Sistema Integrado de Gavilán Valle la Estrella, Limón” para abril 2026 (informe rendido bajo juramento); d) en relación con el EBAIS para Alto Cohen, actualmente no se cuenta con un terreno que reúna las condiciones técnicas ameritadas para su construcción, no obstante a la población de territorios Tayní se les ha brindado atención médica en diversas formas, tales como: en el ámbito del escenario escolar, campañas de Ginecología y Pediatría, además. Sumado a ello, los EBAIS adscritos a dicha zona brindan las siguientes atenciones, según el informe remitido por las autoridades del Área de Salud, del cual se transcribe literalmente lo siguiente: el EBAIS de Gavilán actualmente cuenta con atención medica 4 días a la semana, lunes, miércoles, jueves y viernes. El EBAIS Gavilán permanecerá en Sede los lunes y viernes de cada semana, mientras que los martes, miércoles y jueves tienen gira a Puestos de Visita Periódica según se indica en la tabla anterior. El Puesto de Visita periódica de Boca Cohen, el cual cuenta con una edificación propiedad de la Institución y se encuentra con giras todas las semanas 1 vez por semana, en el mes de setiembre se habilitará a dos veces por semana nuevamente. En el caso de EBAIS Valle Las Rosas, los martes de cada semana tiene gira a Puesto de Visita Periódica Cartagena. El resto de los días, de momento se mantiene en sede Valle Las Rosas El Puesto de Visita Periódica de Jabuy se encuentra cerrado desde el 2019 dado que está siendo cubierto por una ONG (Four Corners) que brinda servicios médicos en la localidad (informe rendido bajo juramento); e) la Municipalidad de Limón construyó un acceso a la comunidad amparada que es un puente sobre el Río Cerere para que los vecinos tengan acceso y comunicación con el resto del cantón, actualmente se encuentra en funcionamiento (informe rendido bajo juramento).

III.- Declaratoria de Emergencia Sanitaria en Territorio [Nombre 009]. En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, el Poder Ejecutivo, emitió el Decreto N° 39298-S-MOPT, denominado “Declaratoria de Emergencia Sanitaria en Territorio [Nombre 009] y comunidades cercanas por deficiencias en el suministro de agua apto para consumo humano y falta de acceso para brindar servicios de salud y la construcción de sus acueducto”. Dicho instrumento dispone la citada declaratoria de emergencia a partir de las deficiencias en el suministro de agua potable a esas comunidades, estimando que se traduce o representa un peligro potencial en la proliferación de enfermedades que podrían afectar la salud de alrededor de 5.000 personas, residentes de ese espacio geográfico. A partir de esa ponderación, en el numeral 2 declara de interés público y nacional la construcción de los puentes sobre los ríos Cerere (sector Cerere), La Estrella (sector Gavilán-Calveri) y Cohen (sectores Bajo Cohen, Isla Cariari e Isla Cariari-Cuchei), a cargo del Ministerio de Obras y Transportes. Lo anterior con la finalidad de facilitar el acceso a las comunidades afectadas para que se brinde a sus habitantes el mejor servicio posible de salud primaria. Esta disposición impone un claro deber de actuación del MOPT en cuanto a la construcción de obra pública consistente en puentes sobre los ríos indicados como mecanismo para garantizar y facilitar vías de acceso a las comunidades afectadas a los servicios de salud (EBAIS). En el canon 3 del decreto, se declara de interés público la construcción de los acueductos para el suministro de agua potable en el territorio [Nombre317 009], y las comunidades de Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista e Isla Cariari, actividad que impone al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), con el objeto de proveer agua potable para las comunidades afectadas en las mejores condiciones de calidad, cantidad y continuidad. Luego, el precepto 4 ibidem expresa un deber de obediencia a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud como pautas o acciones necesarias para atender la situación sanitaria que se presenta en esa zona. Por su parte, en el mandato 5, señala la posibilidad de que las dependencias del Sector Público y del Sector Privado, las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, puedan contribuir con recursos económicos, materiales y humanos para la solución de la problemática relacionada a las deficiencias en el suministro de agua potable, y ausencia de caminos y puentes en las comunidades antes mencionadas. Estas necesidades de atención se determinan a partir de una serie de circunstancias que se relatan en la parte considerativa del decreto y que para claridad del análisis del presente asunto de seguido se expresa. La debida comprensión de las razones que sustentaron esa declaratoria de emergencia sanitaria resulta fundamental para definir el conjunto de acciones y obligaciones que fueron impuestas a diversas unidades administrativas, como elemento antecedente indispensable para ponderar si existen las omisiones o indolencias acusadas en este recurso de amparo. Sobre ese particular, en la parte considerativa del citado decreto ejecutivo se expresa en lo relevante:

“… VI.- Que las autoridades del Ministerio de Salud y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, mediante estudios realizados en el territorio [Nombre 009], Valle de la Estrella, Limón, han detectado que el único acueducto que existe solo tiene caudal para abastecer la población de la comunidad de Cerere, lo cual resulta insuficiente para atender la demanda existente en el resto del territorio.

VII.- Que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante estudios realizados en el territorio [Nombre 009], Valle de la Estrella, Limón, han comprobado que la ausencia de caminos y puentes para llegar a esas comunidades hacen difícil o imposible el suministro de los servicios primarios de salud de los habitantes de ese territorio, lo que ha causado que la mortalidad infantil en esas comunidades sea muy superior al promedio nacional.

VIII.- Que debido a las condiciones geográficas y al crecimiento demográfico que ha experimentado el territorio [Nombre 009], Valle de la Estrella, Provincia de Limón, resulta insuficiente el suministro de agua potable apta para consumo humano, para las comunidades de Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista e Isla Cariari.

IX.- Que las deficiencias en el suministro de agua potable en dichas comunidades, representan un peligro potencial en la proliferación de enfermedades que podrían afectar la salud de alrededor de 5.000 personas.

X.- Que es competencia de este Ministerio, abordar la situación mencionada, ya que representa una situación de riesgo para la salud de los habitantes el territorio [Nombre317 009], y las comunidades de Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista e Isla Cariari.

XI.- Que el derecho a la salud de las personas es un derecho fundamental de aplicación inmediata y su tutela obligada por parte del Estado, un deber ineludible.

XII.- Que las normas legales que establecen la competencia del Ministerio de Salud en materia de salud, consagran potestades de imperio implícitas para que aquel pueda dictar todas las medidas legales que fueren necesarias para enfrentar y resolver los estados de emergencia sanitarios.

XIII.- Que las autoridades públicas están obligadas a aplicar el principio precautorio en materia sanitaria en el sentido de que deben tomar las medidas preventivas que fueren necesarias para evitar daños graves o irreparables a la salud de los habitantes.

XIV.- Que se debe brindar agilidad técnica y administrativa para buscar soluciones a la problemática que tienen los [Nombre317 009], y las comunidades de Cerere, Gavilán, Boca Cohen, Jabui, Moi, Alto Cohen, Calveri, Cuchei, Isla Cohen, Bajo Cohen, Surui, Arroceros, Cunabli, Nimarí, Bella Vista e Isla Cariari.

XV.- Que los hechos anteriormente descritos, configuran una situación de emergencia en materia de salud, razón por la cual se hace necesario y oportuno la declaratoria de la emergencia sanitaria a fin buscar soluciones a la problemática que tienen los habitantes de las comunidades anteriormente mencionadas.” De lo indicado es factible inferir que la estructuración de la declaratoria de emergencia objeto de análisis, impone marcos o ejes de relevancia de atención, a saber: a) la construcción de puentes sobre ríos, como medios que permitan o posibiliten facilidades de acceso a los servicios de salud, conducta que atañe al MOPT; b) la construcción de acueductos que permitan abastecer a esas comunidades afectadas, del servicio esencial de agua potable, deber de atención que se impone al ICAA; c) deber de cumplimiento de las órdenes y medidas dictadas por el Ministerio de Salud como institución rectora en materia de salud pública; y d) posibilidad de direccionamiento de recursos financieros hacia la atención de las necesidades asociadas a los ejes de la declaratoria. Pese a ello, el presente recurso de amparo se formula en contra de una serie de unidades administrativas, razón por lo cual, se hace necesario analizar las competencias legales de cada una de las instancias recurridas a la luz de las conductas que impone el decreto de declaratoria de emergencia sanitaria, así como del deber legal de tutela de intereses públicos de orden sectorial, según cada régimen jurídica aplicable, a efectos de determinar la existencia de las disfunciones omisivas que se acusan.

IV.- Sobre las actuaciones de la Comisión Nacional de Emergencias. El recurrente denuncia que desde el 2015, el territorio [Nombre317 009] fue declarado en emergencia sanitaria mediante decreto ejecutivo N° 39298-S-MOPT, suscrito por el presidente de la República, así como los ministros de Salud y de Obras Públicas y Transportes de aquel entonces. Y pese a ello, la Comisión de Emergencias declina a intervenir en ese asunto y aún no se han ejecutado las medidas tendientes a solventar la problemática descrita. Sobre ese particular, cabe destacar que de las competencias que confiere los numerales 13 y 14 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, No. 8488, a la CNE, se refieren al deber de atención de las declaratorias de emergencia nacional que se realicen de conformidad con lo previsto en ese marco legal, en orden a concretar una política de gestión de riesgo que permita la atención debida de esas declaratorias. En ese sentido, el numeral 4 de esa legislación denomina el estado de emergencia como la “Declaración del Poder Ejecutivo, vía decreto ejecutivo, con fundamento en un estado de necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias de guerra, conmoción interna y calamidad pública. Esta declaratoria permite gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la asignación de los recursos necesarios para atender la emergencia, de conformidad con el artículo 180 de la Constitución Política.” Adicionalmente, el concepto legal de “emergencia” supone un “Estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños y las pérdidas. Es un estado de necesidad y urgencia que obliga a tomar acciones inmediatas con el fin de salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los afectados. Puede ser manejada en tres fases progresivas: respuesta, rehabilitación y reconstrucción; se extiende en el tiempo hasta que se logre controlar definitivamente la situación.” En la especie, el decreto de declaratoria de emergencia, no se emite dentro de los presupuestos que regula la Ley No. 8488, sino al amparo de la Ley General de Salud, al haber detectado insuficiencias que impactan en la salud de las comunidades tuteladas. Así se puede observar en los considerandos II y III del citado decreto en cuanto señalan: “II.-Que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, correspondiéndole al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a la salud. III.-Que la competencia rectora del Ministerio de Salud debe conducir a la articulación, fortalecimiento y modernización de las políticas, la legislación, los planes, programas y proyectos, así como a la movilización y sinergia de las fuerzas sociales, institucionales y comunitarias que impactan los determinantes de la salud en la población.” De esa manera, resulta claro que la CNE no tiene ningún tipo de participación en la declaratoria de emergencia sanitaria arriba señalada, en virtud de que sus acciones no se enmarcan en las competencias ordinarias y extraordinarias establecidas en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, N°8488. Si bien esa CNE podría direccionar recursos para procurar la eficiente atención de las obras y servicios que se imponen al MOPT y al ICAA, lo cierto del caso es que no se observa la existencia de obligación directa y concreta que se imponga a ese órgano persona adscrito a la Presidencia de la República y que por ende, pueda tenerse por desatendida. Tampoco el recurrente presenta alegación alguna que permita desprender un deber concreto que haya sido descuidado por esa comisión y en esos términos, el reclamo carece de sustento en cuanto a esa parte.

V.- Sobre lo actuado por el Ministerio de Salud. El recurrente acusa que desde el 2015, el territorio [Nombre317 009] fue declarado en emergencia sanitaria mediante decreto ejecutivo N° 39298-S-MOPT, suscrito por el presidente de la República, así como los ministros de Salud y de Obras Públicas y Transportes de aquel entonces. Añade que el artículo 4 del decreto en cuestión estableció: “(…) Artículo 4°- Las autoridades públicas y la población en general quedan en la obligación de cumplir las disposiciones que, de carácter general o particular, dicten las autoridades de salud, hasta que se resuelva la problemática actual. (…)” y en virtud de lo anterior se le solicitó al ministro de Salud que dictara las disposiciones correspondientes; sin embargo, no fue emitida ninguna medida en los términos del numeral citado. Narra que el jerarca del Ministerio de Salud, en la última respuesta que brindó por medio del documento DM-EE-68-2021 del 02 de febrero del 2021, señaló: “(…) Como puede observarse, lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo en mención, es una labor conjunta que involucra la actuación de varias instituciones como son: AyA, MOPT, CCSS y la Municipalidad de Talamanca, y no única y específicamente al Ministerio de Salud (…). Por otra parte, alude que el artículo 2 del Decreto de Emergencia Sanitaria mencionado dispuso: “(…) Artículo 2°-Declárese de interés público y nacional la construcción de los puentes sobre los ríos Cerere (sector Cerere), La Estrella (sector GavilánCalveri) y Cohen (sectores Bajo Cohen, Isla Cariari e Isla Cariari-Cuchei), a cargo del Ministerio de Obras y Transportes, que tendrá como objetivo facilitar el acceso a las comunidades afectadas para que se le brinde a sus habitantes el mejor servicio posible de salud primaria. (…)” (negrita corresponde al original, subrayado agregado por el recurrente). Adiciona que el numeral 5 del decreto en cuestión señaló: “(…) Las dependencias del Sector Público y del Sector Privado, las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, dentro del marco legal respectivo, podrán contribuir con recursos económicos, materiales y humanos, en la medida de sus posibilidades, para la solución debido a problemas relacionados con … ausencia de caminos y puentes en las comunidades antes mencionadas (…)”.

Al respecto, las autoridades de salud informan que referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Territorio Tayni, de manera respetuosa se procede a informar las principales acciones desarrolladas por la Comisión coordinada por esta institución, para abordar la problemática de la Comunidad Indígena Tayni cabécar, ubicada en Valle la Estrella, Cantón Central de Limón: 1. Se logra la coordinación para visita con la Defensora de los Habitantes de la Republica la Montserrat Solano Carboni, el día 04/03/2016, se realizó un recorrido en las localidades de Gavilán, Jabuy, Bella Vista, y Boca Cohen. Se acuerda que la Sra. Solano, solicitara una reunión con los jerarcas institucionales relacionados con dicho Decreto para su operativización. 2. Mediante solicitud realizada por la Asociación de Desarrollo Indígena Tayni con el Dr. Fernando Llorca Castro Ministro de Salud con el fin de lograr operativizar el Decreto, se acordó que desde Salud, se gire directrices necesarias para que las instituciones involucradas ejecuten sus responsabilidades. 3. Se logra el seguimiento de la construcción de la trocha hacia la localidad de Alto Cohen por parte del MOPT y la Municipalidad de Limón, así como también, las gestiones para el mantenimiento del camino de forma articulada con el MOPT, Municipalidad e INDER. 4. A través de la Defensoría de los Habitantes de la Republica se convocará a altos jerarcas como Presidenta Ejecutiva del ICAA a reunión para informar sobre las acciones sobre las acciones desarrolladas en el marco de la Declaratoria de Emergencias Sanitaria en Territorio Indígena Tayni, debido a las deficiencias en el suministro de agua potable. 5. Se logra la visita al territorio indígena con el diputado el Lic. Francklin Corella Vargas de la Fracción Legislativa Acción Ciudadana PAC realizando un recorrido por las localidades de Gavilán, Jabuy, Bella Vista y Boca Cohen, con el fin de mostrar las necesidades de las comunidades como la construcción de un acueducto para abastecimiento y proyectos en la zona en el tema de puentes para acceso a comunidades de SURUY, CALBERIE, JURUY Y CUCHEI.

Del estudio de los autos se extrae que el decreto de declaratoria de emergencia, reconoce el papel rector que en el campo de la salud pública ostenta el Ministerio de Salud de conformidad con la Ley General de Salud. Esto se pone de manifiesto cuando el artículo 4 del decreto, impone el deber de obediencia de las disposiciones que dicte esa cartera ministerial para atender eficientemente la circunstancia que se presenta en el Territorio [Nombre317 009] y comunidades cercanas por deficiencias en el suministro de agua apto para consumo humano y falta de acceso para brindar servicios de salud y la construcción de su acueducto. Esto supone la existencia de un deber jurídico de esa unidad administrativa de emprender las acciones necesarias atender de manera diligente y oportuna esa emergencia sanitaria, como complemento de las acciones que se imponen al MOPT y al ICAA dentro del marco de sus competencias. En ese sentido, es criterio de este cuerpo colegiado que si bien ese ministerio adoptó algunas medidas y gestionó algunas reuniones y actividades con las autoridades involucradas, en definitiva, no se observa que puedan configurar acciones concretas o medidas contundentes, oportunas, idóneas y necesarias para solucionar de manera definitiva la problemática que ha sustentado la declaratoria de emergencia sanitaria, sea, problemas relacionados con las deficiencias en el suministro de agua potable, y ausencia de caminos y puentes en las comunidades antes mencionadas. De ahí que para tales efectos, el ejercicio debido de las potestades administrativas conferidas al citado Ministerio y el resguardo del interés público imponen ordenar a esa unidad que dentro del plazo de seis meses, conforme a sus competencias legales, realice un diagnóstico integral de las condiciones actuales que dieron sustento a la declaratoria de emergencia sanitaria dispuesta en el decreto ejecutivo No. 39298 y defina un plan o estrategia de abordaje integral de las condiciones sanitarias que se presentan en el Territorio [Nombre317 009] y comunidades cercanas por deficiencias en el suministro de agua apto para consumo humano y falta de acceso para brindar servicios de salud y la construcción de sus acueducto.

VI.- En cuanto a la actuación de la Municipalidad de Limón. El recurrente indica que si bien en el decreto ejecutivo aludido del año 2015, se previeron soluciones, no menos cierto es que, a la fecha de interposición de este recurso, las autoridades recurridas, no han dictado las disposiciones necesarias para atender la emergencia, el MOPT no ha construido los puentes que indica el decreto y la Municipalidad de Limón se niega a construir otros puentes. Al respecto, el alcalde accionado explica que La Municipalidad de Limón a pesar de sus pocos recursos económicos, ha construido un acceso que es un puente sobre el Río Cerere para que los vecinos tengan acceso y comunicación con el resto del cantón (funcionó a partir de 2023). Este puente, producto de una inundación y una llena propia del cambio climático, fue erosionado en uno de sus bastiones. La Municipalidad ha incorporado en la Modificación Presupuestaria N.º. 2-2022, los recursos correspondientes, para atender la habilitación del mismo en un mediano plazo. También se realizó la construcción del puente en la comunidad de Pandora; con una inversión cercana a los 650 millones de colones; para comunicar las comunidades indígenas con el resto del cantón. También se construyeron una serie de pasos de alcantarilla para comunicar las diferentes comunidades. En este territorio existen comunidades con muy pocos vecinos y una pequeña escuela, a los cuales debe proporcionárseles atención en salud, en acceso y todos los demás derechos a los que tiene la comunidad, a pesar de la poca población que existe en cada comunidad. No hay grandes centros de población. Menciona que dicha municipalidad no cuenta con recursos presupuestarios propios para construir estos puentes o pagar los estudios requeridos; dada las cuantiosas sumas a invertir. En alguna oportunidad el MOPT con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, con personal especializado realizaron estudios, pero la zona es muy agreste y complicada, y el MOPT tomó la decisión de colocar solo dos pasos de puente beilly, a saber: a) Dirección2452 y b) De Besta hacia la Reserva Indígena; dado lo difícil del acceso y las pocas posibilidades de anchar los puentes, pues las distancias son muy largas y profundas. En algún momento la Municipalidad, a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial, se propuso la posibilidad de construir un puente de hamaca, pero resulta sumamente peligroso para los transeúntes, dada la larga distancia del mismo, más o menos 500 a 600 metros y no existe anclaje de un lado, para poder brindar la seguridad necesaria, para la construcción segura del mismo, en la zona que se insiste, por lo que la idea se desechó. Ahora bien, en lo que se refiere a la ausencia de caminos y puentes ubicados en territorios indígenas Cabécar Tayní, en Valle La Estrella, este municipio conoce que existe una mesa de territorio indígena, que es interinstitucional, adonde se discute este asunto y otros atinentes a la zona. Agrega que al respecto se informa que, en el año 2018, la Mesa Técnica Tayni, estableció la búsqueda de recursos para realizar los estudios topográficos y de caudal necesario para el diseño de otros puentes con otras instituciones, pero no hemos sido informados del avance al respecto que ha realizado la Comisión Tayni. La Municipalidad tiene la obligación de distribuir su presupuesto, entre todos sus habitantes y no solo en el territorio indígena, a pesar de que se reconocen sus necesidades.

De conformidad con el numeral 169 de la Constitución Política y lo estatuido por el Código Municipal, Ley No. 7794, corresponde a las municipalidades la gestión de los intereses locales. En cuestiones de infraestructura vial y peatonal, la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 establece competencias separadas para la gestión de las vías públicas, según se trate de caminos nacionales o locales. Los primeros son competencia del MOPT, en tanto que la atención de la red vial cantonal corresponde a los entes locales. En el presente asunto, cabe destacar que el mismo numeral 2 del decreto 39298 que dispone la emergencia sanitaria, impone el deber del MOPT de construir los puentes sobre los ríos Cerere (sector Cerere), La Estrella (sector Gavilán-Calveri) y Cohen (sectores Bajo Cohen, Isla Cariari e Isla Cariari-Cuchei). De ese modo, es dicho marco normativo el que define de manera directa que ese deber prestacional corresponde al MOPT, pese a lo cual, es innegable que de conformidad con lo preceptuado por el canon 5 de ese decreto aludido, bien podría el ente local adoptar acciones para colaborar y coordinar el levantamiento de infraestructura pública de puentes con el objeto de facilitar el acceso de las personas habitantes de la zona tutelada a los servicios primarios de salud. En ese sentido, tal y como se ha indicado en el párrafo precedente, la construcción de puentes y caminos públicos fue un deber asignado al MOPT, al punto que los recursos económicos para atender esas necesidades, fueron incluidos dentro del Fondo de Pre-inversión. Pese a ello, la Municipalidad de Limón construyó un puente sobre el Dirección2453 para dar acceso a los vecinos a los servicios de salud y necesidades personales. Sin embargo, del análisis de los diversos alegatos formulados en este recurso y de las manifestaciones de las unidades administrativas accionadas, se observa que existen diferendos en cuanto a si los caminos que deben ser atendidos para procurar el acceso a los servicios de salud son nacionales o cantonales. Sobre particular, como se ha indicado, el decreto de declaratoria de emergencia sanitaria es claro en señalar que el deber de construcción de puentes y de accesos atañe al MOPT. Empero, a la luz de las normas constitucionales y legales que estatuyen, precisan, delimitan y orientan las competencias de los entes municipales, es claro que no pueden desvincularse de la atención de los intereses locales. En casos como el presente en que la emergencia sanitaria vincula potestades de múltiples instancias administrativas, es menester observar el conjunto de prestaciones que se requieren a cada instancia pública. Desde ese plano, si bien el ente local ha construido un puente sobre el río Cecere, el objeto de amparo reclama a ese municipio la omisión de construir otros puentes y de construir caminos públicos. En ese sentido, la divergencia que se pueda tener en términos de la tipología de la red vial a atender no es un aspecto que pueda justificar una desvinculación con la atención del asunto. Por el contrario, el deber de coordinación que debe imperar entre las distintas administraciones públicas involucradas, impone que el ayuntamiento emprenda las vías de coordinación con las autoridades del MOPT a efectos de que se realice un levantamiento e inventariado de las vías públicas que requiere de inmediata intervención, lo que implica la definición de si esos accesos pertenecen a la red vial nacional o cantonal y a partir de esa aclaración, cada instancia, dentro del marco de sus competencias, proceder a ejecutar las acciones concretas que permitan la tutela debida del derecho de acceso a los centros de salud. De ahí que ante la imprecisión que relatan los informes rendidos bajo fe de juramento en cuanto a la naturaleza jurídica de esa red vial, lo debido es ordenar al ente local y al MOPT para que, de conformidad con el principio de coordinación, procedan a realizar un inventariado y definición de los caminos públicos a intervenir y mejorar, dentro de un plazo de seis meses. Fenecido ese plazo, deberán esas administraciones, cada una dentro del marco de sus competencias, adoptar las acciones necesarias para materializar el mejoramiento de esas vías públicas, de manera que se garantice el derecho de acceso y desplazamiento hacia los centros de salud en la zona afectada. Tales acciones deberán ser iniciadas dentro del plazo de seis meses posteriores a la identificación de los caminos y su naturaleza jurídica.

VII.- Respecto de los actuado por parte de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. En lo concerniente a la actuación de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el recurrente expone que el decreto ejecutivo que declaró en emergencia sanitaria al territorio Tayní, ordenó la construcción de obras: caminos, puentes y acueductos, con el objeto de “facilitar el acceso a las comunidades afectadas para que se le brinde a sus habitantes el mejor servicio posible de salud primaria”. Adicionalmente indica que la CCSS aún no construye el Puesto de Visita Periódica de Alto Cohen, ni asigna personal y otro tipo de recursos para ese puesto. Y aduce que, desde el 2010, la CCSS dispuso erigir una nueva infraestructura para el EBAIS de Gavilán; sin embargo, pese a que se ha avanzado en la contratación, después de muchas gestiones no atendidas, los personeros de la institución se han negado a informar y tomar en consideración a la comunidad en el diseño y demás aspectos de esa contratación. También, acusa que las autoridades de la CCSS les consta que el servicio de ambulancia para el territorio Tayní es pésimo, no solo por la gran distancia existente entre los lugares donde se guarda los vehículos que dan servicio a todo el Valle de la Estrella, sino porque aún dentro del territorio Tayní las distancias son enormes. Reclama que a pesar de que Tayní es una comunidad declarada en emergencia sanitaria, la CCSS se ha negado a dotarla de una ambulancia, como ha sido solicitado reiteradamente. En relación con el reclamo del recurrente, La Dirección Médica del Área de Salud Valle de La Estrella ha informado que, en relación con el EBAIS para Alto Cohen, actualmente no se cuenta con un terreno que reúna las condiciones técnicas ameritadas para su construcción. No obstante, es imprecisa la manifestación del recurrente al señalar que la institución no asigna personal para esa comunidad, por cuanto a la población de territorios Tayní se les ha brindado atención médica en diversas formas, tales como: en el ámbito del escenario escolar, campañas de Ginecología y Pediatría. Sumado a ello, los EBAIS adscritos a dicha zona brindan las siguientes atenciones, según el informe remitido por las autoridades del Área de Salud, del cual se transcribe literalmente lo siguiente: El EBAIS de Gavilán actualmente cuenta con atención médica 4 días a la semana, lunes, miércoles, jueves y viernes. El EBAIS Gavilán permanecerá en sede los lunes y viernes de cada semana, mientras que los martes, miércoles y jueves tienen gira a Puestos de Visita Periódica, según se indica en una tabla. El Puesto de Visita periódica de Boca Cohen, el cual cuenta con una edificación propiedad de la institución y se encuentra con giras todas las semanas 1 vez por semana, en el mes de setiembre se habilitará a dos veces por semana nuevamente. En el caso de EBAIS Valle Las Rosas, los martes de cada semana tiene gira a Puesto de Visita Periódica Cartagena. El resto de los días, de momento se mantiene en sede Valle Las Rosas, El Puesto de Visita Periódica de Jabuy se encuentra cerrado desde el 2019, dado que está siendo cubierto por una ONG (Four Corners) que brinda servicios médicos en la localidad. Agregan que el director médico del Área de Salud Valle La Estrella, informó que la construcción del El Alcance 01 está pendiente de la obtención de la viabilidad ambiental ante SETENA. Posteriormente se procederá con el Alcance 2, el cual corresponde a la ejecución del EBAIS. Se espera que el proyecto pueda iniciar a finales de este período para concluir en el primer semestre del 2023. El Área de Salud Valle de la Estrella reportó que la única nota recibida por parte de representantes de la comunidad indígena, corresponde a un líbelo recibido el 03 de setiembre del 2021, suscrito por el presidente [Nombre317 009], en el cual solicitaba información respecto a la construcción del EBAIS El Gavilán. Dicha nota fue atendida por oficio nro. 0405, rubricado por el director médico del Área de Salud Valle La Estrella, el mismo 03 de setiembre en que fue recibida, y por medio del cual se contestó. En cuanto a los traslados en ambulancia, menciona que los traslados prehospitalarios de usuarios a los servicios de urgencia no son competencia de la CCSS, sino de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, toda vez que la llamada de emergencia ingresa por el sistema 911 y no a una central telefónica de la Caja. Pese a ello, en cada una de las giras realizadas a los Puestos de Visita Periódica, o a Alto Cohen, el personal médico se traslada en un vehículo institucional tipo ambulancia, el cual queda a disposición del personal para cualquier traslado de emergencia a la Clínica de la Fortuna para su valoración, manejo o su posterior traslado al Hospital Tony Facio Castro, en caso de ameritarse atención especializada. Luego actualizaron la información, indicando que la orden de inicio del Alcance 2 referente a la construcción del EBAIS quedó establecida para el 11 de mayo de 2023. 2. Que el plazo de entrega del Alcance 2: Construcción EBAIS de Gavilán, Valle La Estrella es de ciento veinte (120) días hábiles, por lo tanto, la fecha de entrega del proyecto es el 1 de noviembre de 2023. 3. Que la obtención del alcance 1 se retrasó por situaciones ajenas a la institución.

La situación de emergencia sanitaria procura brindar opciones de acceso a los servicios de salud y medios para el suministro debido de agua potable al Territorio [Nombre317 009] y comunidades cercanas. Estas medidas gravitan en torno al derecho a la salud, al que debe tener acceso toda persona como derivación de lo fijado por el canon 21 de la Constitución Política. En lo medular, los reproches formulados en contra de la CCSS aluden a una prestación deficiente de ese servicio. El informe de esa autoridad pública señala una serie de acciones que pretenden evidenciar una atención debida de las necesidades de los residentes del mencionado territorio indígena. Sin embargo, a juicio de esta Sala, las opciones que se brindan no permiten colegir sobre una tutela debida del derecho de acceso a la salud y de una prestación eficiente de esos servicios. Nótese que si bien se alude a algunas acciones concretas, es claro que se trata de una problemática que se presenta desde antes del año 2015 y que a la fecha, sigue sin tener una solución debida. En efecto, la atención brindada en la zona Tayní es suficiente por cuanto el informe de la CCSS solamente refleja campañas en ginecología y pediatría y atención en el escenario escolar. La CCSS alude a que los servicios de salud se prestan a partir de la existencia de otros EBAIS en sectores próximos. Sin embargo, esa oferta de servicios no considera la lejanía o distanciamiento de esas opciones respecto de la zona Tayní. Un ejemplo de ellos es el distanciamiento entre Tayní y el Ebais de Gavilán, centro de salud en el cual, la atención se brinda solamente dos días a la semana ya que el personal debe ir a los Puestos de Visita Periódica martes, miércoles y jueves. Nótese que el recurrente apunta este detalle al mencionar: “… entre Gavilán y Kunabli hay más de 15 kilómetros de distancia que se recorren en una hora, en vehículo, y más de 5 horas a pie. Detalla que ese territorio está atravesado por 6 ríos grandes, de los cuales 3 son muy caudalosos (Estrella, Cuen, y Cerere), también hay otros, como el Jabuy, que son imposibles de atravesar cuando llueve… solamente las personas de Boca Cohen, Jabuy y Gavilán tienen posibilidades de visitar centros de atención sanitaria cuando arrecian las lluvias.”. Lo anterior refleja un escenario complejo y complicado en términos de un acceso eficiente a los servicios de salud, tema que adquiere especial relevancia al estimar que esa problemática ha potenciado los índices de mortalidad infantil en la zona, tal y como pone de manifiesto el informe rendido por la CNE en cuanto expuso: “Las autoridades del MOPT,…han comprobado que la ausencia de caminos y puentes para llegar a esas comunidades hacen difícil o imposible el suministro de los servicios primarios de salud de los habitantes de ese territorio, lo que ha causado que la mortalidad infantil en esas comunidades sea muy superior al promedio nacional.” Así las cosas, a efectos de tutelar el derecho a la salud de las personas residentes de la zona Taymí, lo debido es ordenar a la CCSS realizar un diagnóstico técnico que permita establecer opciones eficientes y concretas de prestación de servicios de salud, considerando las particularidades de las comunidades involucradas, con un cronograma de ejecución de dichas acciones. Dicho insumo deberá emitirse dentro del plazo de seis meses posteriores a la comunicación del presente fallo.

VIII.- Respecto a lo actuado por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. - El recurrente apunta que el río Estrella divide Tayní en 2 partes, al sur están Gavilán y Cerere, que son los únicos 2 lugares por lo que no es posible la comunicación con las tierras no indígenas sin tener que atravesar el río, y al norte están las comunidades de Cochey, Calveri, Volcancito e Isla Cariei, en las cuales hay cerca de 700 habitantes. Enuncia que para que esas puedan ir a cualquier centro de asistencia primaria de salud, sea la Clínica de Pandora o el Hospital Dr. Tony Facio Castro, así como a los colegios, comercios de abarrotes, tiendas o viajar a San José, deben pasar por dicho río. Expresa que por Gavilán se puede llegar al sector no indígena, porque hay una calle que permite el acceso al puente que está en Vesta (comunidad no indígena). Añade que en época de lluvia quedan incomunicadas las comunidades de Jabuy, Boca Cohen, Bajo Cohen, Isla Cohen, Alto Cohen, Arrocero, Nimarí, Kunabli, Moi, Bella Vista y Alto Jabuy, pues es imposible atravesar los ríos Cohen y Jabuy. Aduce que solamente las personas de Boca Cohen, Jabuy y Gavilán tienen posibilidades de visitar centros de atención sanitaria cuando arrecian las lluvias. Cita que los demás puentes no se han construido, por negativa expresa del MOPT. Que cada vez que se le ha pedido al ministro de Obras Públicas y Transportes o a sus subalternos la construcción de esos puentes, ellos se excusan indicando, entre otras cosas, que ya se edificó un puente sobre el río Estrella, entre Gavilán y Vesta, y otro sobre el Suruy en Casa Amarilla; empero, ambas estructuras están fuera del territorio indígena y ninguno corresponde a los que ordenó construir el decreto señalado. Ahora, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, en relación con el reclamo del recurrente, menciona que conforme con la normativa existente y en apego al principio de legalidad, ese ministerio, y en el caso de construcción de vías públicas o puentes, solo puede actuar como colaborador en aspectos de asistencia técnica y apoyo a los Municipios. Bajo ese marco competencial y, considerando los límites de actuación que procura el principio de legalidad en cuanto a las actuaciones de las autoridades públicas, indican que conforme con las competencias otorgadas por Ley, se le instruye para que, en la medida de sus posibilidades legales y materiales, acudan en el menor tiempo posible a realizar las coordinaciones, a dar la asistencia técnica y el apoyo necesario a la municipalidad de Limón, para la atención inmediata de las vías de tránsito y los puentes que se requieran y se puedan construir en la zona. En lo que respecta a la División de Obras Publicas de ese ministerio, se le dirigió el Oficio N° DM-2022-3859 del 18 de agosto de 2022, en donde se les ordenó: “… conforme con las competencias otorgadas por Ley, se le instruye para que, en la medida de sus posibilidades legales y materiales, acudan en el menor tiempo posible a realizar las coordinaciones, a darla asistencia técnica y el apoyo necesario a la municipalidad de Limón, para la atención inmediata de las vías de tránsito y los puentes que se requieran y se puedan construir en la zona…”. Como respuesta a lo ordenado, se recibió en ese despacho, copia del oficio N° DVOP-DR8-2022-77 del 22 de agosto de 2022, suscrito por la ingeniera Mónica Viviana González Miranda, actuando como directora de las Regionales VIII y IX de la División de Obras Públicas y mediante la cual le indica al Alcalde Municipalidad de Limón, lo siguiente: “…en el marco competencial que nos involucra, se está dirigiendo instrucciones precisas al Conavi y a la División de Obras Públicas para que, en la medida de sus posibilidades legales y materiales, acudan en el menor tiempo posible a realizar las coordinaciones, a dar la asistencia técnica y el apoyo necesario a la municipalidad de Limón, para la atención inmediata de las vías públicas terrestres y los puentes que se requieran y se puedan construir en la zona..." Además indica que al estar los caminos y puentes de dicho territorio ubicados en la red vial cantonal, se permite indicarle lo siguiente: a partir de la vigencia de la Ley 9329 Ley Especial para la Transferencia de competencias, atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal, esta dirección regional, se ve limitada en la atención de dicha red. Sin embargo, en el año 2020, se gestiona el oficio No. DV0P-DR8- 2020-193 de fecha 16 de setiembre 2020, referente a la intervención de los caminos y puentes en el Territorio Tayní. Se indica nuevamente a su representada, todo el apoyo por parte de esta dirección regional, para el trámite de solicitudes de materiales y de ser requerido, la asistencia técnica. Cabe señalar que se tiene la mayor disposición de colaborar con materiales que se encuentren disponibles en bodega. En relación con lo indicado se tiene que si bien, la función de las autoridades del MOPT, no es abordar medidas concretas o iniciar labores de construcción o reparación directamente, está claro que si tienen una misión para coordinar, brindar asistencia técnica y el apoyo necesario a la municipalidad de Limón y otras entidades para la atención inmediata de las vías de tránsito y los puentes que se requieran y se puedan construir en la zona. De la prueba aportada a los autos este Tribunal acredita que si bien el ministerio que nos ocupa adoptó algunas medidas y gestionó algunas reuniones y actividades con las autoridades involucradas, lo cierto es que no se extraen medidas contundentes y concretas, por medios de las cuales se pudiera acreditar pasos o acciones importantes para resolver la problemática que llevó al dictado del Decreto No. 39298-S-MOPT debido a problemas relacionados con las deficiencias en el suministro de agua potable, y ausencia de caminos y puentes en las comunidades antes mencionadas. Sobre este particular, es menester destacar que el mismo decreto aludido impone una obligación directa al MOPT respecto de la atención de las deficiencias en los caminos y puentes que lesionan y afectan el derecho de acceso a los servicios de salud en la zona en cuestión. Las alegaciones de esa cartera ministerial pretenden esquivar esa responsabilidad mediante la supuesta asignación de competencia legal de atención de esas necesidades a CONAVI y a la Municipalidad de Limón. Sin embargo, en cuanto a los caminos, ya se ha indicado que lo debido es ordenar al ente local y al MOPT para que, de conformidad con el principio de coordinación, procedan a realizar un inventariado y definición de los caminos públicos a intervenir y mejorar, dentro de un plazo de seis meses. Fenecido ese plazo, deberán esas administraciones, cada una dentro del marco de sus competencias, adoptar las acciones necesarias para materializar el mejoramiento de esas vías públicas, de manera que se garantice el derecho de acceso y desplazamiento hacia los centros de salud en la zona afectada. Tales acciones deberán ser iniciadas dentro del plazo de seis meses posteriores a la identificación de los caminos y su naturaleza jurídica. De igual manera, en materia de puentes, es necesario que la jerarquía del MOPT adopte acciones concretas para poder contar con la infraestructura necesaria, mediante un análisis de necesidades en zonas concretas, a efectos de ponderar el tipo de construcción que permita dar una solución a la problemática establecida como de atención prioritaria desde el año 2015. Para tales efectos, como máxima instancia jerárquica, deberá coordinar lo pertinente con las unidades internas que tengan competencias asociadas a la temática de marras. En consecuencia, en cuanto a este extremo el recurso debe acogerse con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva.

IX.- En cuanto a lo actuado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.- El recurrente acusa que el territorio [Nombre317 009] fue declarado en emergencia sanitaria mediante decreto ejecutivo N° 39298-S-MOPT, y a la fecha de interposición de este recurso, las autoridades recurridas, no han dictado las disposiciones necesarias para atender la emergencia, en ese sentido y en lo que respecto al ICAA, indica que solamente ha construido dos pequeños acueductos que dotan de agua potable a las comunidades de Cerere, Calveri y Cuchei. Reseña que el ICAA lleva 6 años haciendo estudios, diseños, consultas y otros trámites burocráticos. Sin embargo, arguye que aún ninguna de las comunidades de Arrocera, Alto Cohen, Moi, Bella Vista, Jabuy, Boca Cohen y Gavilán, Namardi cuentan con agua potable. Al respecto, las autoridades recurridas de este instituto indican que efectivamente esa institución ha requerido varios años para realizar todos los estudios necesarios para la construcción del acueducto sin embargo los mismos ya están concluidos y se trabaja en la etapa de pre-ejecución del proyecto. Acota que el proyecto de Gavilán se encuentra en ejecución desde el mes de marzo del 2023, y que el acueducto integrado de Gavilán va a abastecer las siguientes comunidades: Arrocera, Alto Cohen, Moi, Bella Vista, Jabuy, Boca Cohen, Gavilán y Namardí. Se menciona que las actividades que se han desarrollado son: compra y acarreo de material, almacenaje, confección de bodegas, bancos de trabajo, contratación de personal, instalación de tubería, confección de camino de acceso a las nacientes, limpieza sitio de nacientes, traslado de materiales y herramientas a los sitios de trabajo e inicio de construcción de la captación. Asimismo, se indica que la conclusión de la construcción del proyecto “Construcción Sistema Integrado de Gavilán Valle la Estrella, Limón” está programado para abril 2026.

Partiendo de tales actuaciones, esta Sala acredita que las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarilladas han actuado de previo a la intervención de este Tribunal en la toma de medidas concretas para proveer agua potable para las comunidades afectadas en las mejores condiciones de calidad, cantidad y continuidad, en los términos indicados en el informe rendido bajo fe de juramento. Pese a ello, tome nota el ICAA de su deber de mantener una vigilancia constante sobre la prestación debida del servicio de agua potable al sector Taymí y sus comunidades. Justamente, se trata de uno de los ejes primarios que fueron definidos en el decreto No. 39298-S-MOPT y que impactan de manera directa e innegable en la problemática que rodea las condiciones de salud que llevaron a esa emergencia sanitaria, por lo que es menester mantener una vigilancia constante sobre los términos prestacionales del suministro de este líquido vital. En consecuencia, se resuelve desestimar el recurso en cuanto a este extremo.

IX.- En cuanto a las actuaciones del CONAVI. En el caso concreto, el recurrente, no impugna alguna omisión o situación concreta con ese consejo, sin embargo, fue recurrido y se le solicitó informe y al apersonarse su representante afirma que la construcción de los puentes, de esa zona están a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la municipalidad de Limón, pero no de CONAVI. Por lo expuesto, en cuanto a esta autoridad, no se acredita ninguna omisión y respecto de ello, se desestime el recurso.

X.- Conclusión.- El recurrente acusa que desde el 2015, el territorio [Nombre317 009] fue declarado en emergencia sanitaria mediante decreto ejecutivo N° 39298-S-MOPT, suscrito por el presidente de la República, así como los Ministros de salud y de Obras Públicas y Transportes de aquel entonces. Enuncia que si bien en el decreto ejecutivo aludido se previeron soluciones, no menos cierto es que, a la fecha de interposición de este recurso, las autoridades recurridas, no han dictado las disposiciones necesarias para atender la emergencia, el MOPT no ha construido los puentes que indica el decreto, el ICAA no ha edificado acueductos, la Municipalidad de Limón se niega a construir otros puentes, la CCSS no ha establecido los centros de salud no ha asignado recursos humanos o de otro tipo para atender a la población del territorio Tayní y la Comisión de Emergencias declina a intervenir en ese asunto.

Del estudio de la prueba consta que las autoridades del ICAA, la CNE y el CONAVI, no han incurrido en omisiones de conductas u obligaciones que el régimen jurídico aplicable les impone, por lo que no podría reprocharles alguna omisión grave, por ello respecto de ellos se declara se declara sin lugar. Ahora, en cuanto al MOPT, Municipalidad de Limón, la CCSS y el Ministerio de Salud, autoridades responsables de la emergencia sanitaria apuntada en el Decreto N° 39298-S-MOPT, se acoge el recurso, por cuanto si bien han adoptado algunas medidas, no se observa que hayan planteados acciones concretas con planeación presupuestaria, líneas de trabajo definidas en plazos o cronogramas de trabajo.

Finalmente es preciso indicar al recurrente, que si estima que existe alguna desobediencia de las autoridades recurridas respecto de sentencias anteriores dictadas por esta Sala, deberá plantear la gestión respecto al expediente en cuestión. En consecuencia, lo procedente es acoger parcialmente con lugar el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva.

XI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa problemas relacionados con las deficiencias en el suministro de agua potable, ausencia de caminos y puentes, lo cual implica un riesgo para la integridad de la comunidad amparada el territorio [Nombre317 009].

XII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el respecto, respeto del Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Municipalidad de Limón y la Caja Costarricense de Seguro Social. En consecuencia, se ordena: i) Ministerio de Salud: a Mary Munive Angermüller, en su condición de Ministra de Salud, o a quien ocupe dicho cargo, que de inmediato se establezcan las instancias de coordinación en sus respectivos ámbitos de competencia, para dar la asistencia técnica y el apoyo necesario a las autoridades públicas y la población en general para que se le brinde a los habitantes de la comunidad amparada, el mejor servicio posible de salud primaria. ii) Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Municipalidad de Limón: a Luis Esteban Amador Jiménez, en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes y a Néstor Mattis Williams en su condición de Alcalde Municipal del cantón central de Limón, o a quienes ocupen dicho cargos, que se les ordena que de conformidad con el principio de coordinación, procedan a realizar un inventariado y definición de los caminos públicos a intervenir y mejorar, dentro de un plazo de seis meses. Fenecido ese plazo, deberán esas administraciones, cada una dentro del marco de sus competencias, adoptar las acciones necesarias para materializar el mejoramiento de esas vías públicas, de manera que se garantice el derecho de acceso y desplazamiento hacia los centros de salud en la zona afectada. Tales acciones deberán ser iniciadas dentro del plazo de seis meses posteriores a la identificación de los caminos y su naturaleza jurídica. De igual manera, en materia de puentes, se ordena al jerarca máximo del MOPT que adopte acciones concretas para poder contar con la infraestructura necesaria, mediante un análisis de necesidades en zonas concretas, a efectos de ponderar el tipo de construcción que permita dar una solución a la problemática establecida como de atención prioritaria desde el año 2015. Para tales efectos, como máxima instancia jerárquica, deberá coordinar lo pertinente con las unidades internas que tengan competencias asociadas a la temática de marras. Dichas acciones deberán adoptarse dentro del plazo máximo de seis meses computados a partir de la comunicación del presente fallo; iii) Caja Costarricense de Seguro Social: se ordena a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, en su condición de Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y a Luis Fernando Campos Montes, en su condición de Gerente Administrativo y Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma, ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social o a quienes en su lugar ejerzan dichos cargos, realizar un diagnóstico técnico que permita establecer opciones eficientes y concretas de prestación de servicios de salud, considerando las particularidades de las comunidades involucradas, con un cronograma de ejecución de dichas acciones. Dicho insumo deberá emitirse dentro del plazo de seis meses posteriores a la comunicación del presente fallo. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a la Municipalidad de Limón, de manera solidaria, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Tome nota el ICAA de su deber de mantener una vigilancia constante sobre la prestación debida del servicio de agua potable al sector Taymí y sus comunidades. En lo demás se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.

Nombre290 V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Aracelly Pacheco S.

Jose Roberto Garita N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --  Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Indigenous Law 6172 — Inalienable Territories and ILO 169Ley Indígena 6172 — Territorios Inalienables y Convenio OIT 169
    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Decreto Ejecutivo 39298-S-MOPT Artículos 2, 3, 4
    • Ley General de Salud
    • Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo No. 8488 Artículo 4
    • Convenio 169 OIT Artículo 25 inciso 2

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