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Res. 25091-2023 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 06/10/2023
OutcomeResultado
The amparo action is denied; no fundamental rights violation was found and the ICAA is ordered to resolve the matter lawfully once the requirements are met.Se declara sin lugar el recurso de amparo; no se encontró violación a los derechos fundamentales y se ordena al ICAA resolver conforme a derecho cuando se cumplan los requisitos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denies the amparo action brought by the neighborhood association of Quintas La Ceiba Tierra Dorada against the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the Water and Sewer Institute (ICAA). The petitioners claimed that MINAE's Water Directorate ordered the closure and sealing of a well serving 100 families in Orotina without due process or prior consultation with other institutions, violating their right to potable water during the COVID-19 pandemic. The Chamber held that the well operated illegally, lacking the drilling permits and water concession required by Executive Decree 35884-MINAE. The closure order was properly notified only to the property owner (Ganadera La Ceiba S.A.) under the regulation, with no obligation to notify residents, as MINAE was not the service provider. Furthermore, the order was never executed, and the ICAA has not been negligent because the residents have not fulfilled the technical requirements for it to take over the aqueduct. The amparo is denied, with a reminder to the ICAA to resolve the matter legally once the property owners meet the requirements.La Sala Constitucional rechaza el recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Vecinos de Quintas La Ceiba Tierra Dorada contra el MINAE y el ICAA. Los recurrentes alegaban que la Dirección de Agua del MINAE ordenó el cierre y sellado de un pozo que abastecía a 100 familias en Orotina, sin debido proceso ni consulta a otras instituciones, violentando su derecho al agua potable durante la pandemia de COVID-19. La Sala concluye que el pozo operaba ilegalmente, sin los permisos de perforación ni concesión de agua exigidos por el Decreto Ejecutivo 35884-MINAE. La orden de cierre se notificó únicamente a la propietaria del inmueble (Ganadera La Ceiba S.A.), conforme al reglamento, sin obligación de notificar a los vecinos, ya que el MINAE no era el proveedor del servicio. Además, la orden nunca se ejecutó y el ICAA no ha incurrido en omisión, pues los vecinos no han cumplido los requisitos técnicos para que asuma el acueducto. Se declara sin lugar el amparo, con la advertencia al ICAA de resolver conforme a derecho una vez que los propietarios cumplan los requisitos exigidos.
Key excerptExtracto clave
In this matter, it has been demonstrated with utmost clarity that the owners of the properties located in the aforementioned residential complex have been supplied with water service —apparently as arranged by the developer Ganadera La Ceiba S.A.— through an illegally constructed well, meaning that permits were never processed or timely requested, and therefore it is not duly registered with MINAE's Water Directorate as required by the legal system (Executive Decree No. 35884-MINAE, Regulation for Subsoil Drilling for Exploration and Use of Groundwater); hence, its closure was sought. In parallel to the above, it must be clear in this case that MINAE's Water Directorate is not and does not act as the provider of potable water service in the residential complex under study. It has never entered into any relationship of that nature with any of the owners of the 100 properties referenced by the petitioner; in fact, it lacks any competence in this regard under our legal system. Consequently, it cannot be held to an obligation to notify each of these owners (as alleged beneficiaries of the water supply service) of the provisions of the cited order DA-UHTPCOSJ-2123-20. By virtue of the foregoing, since this Chamber finds no violation of the fundamental rights of the petitioner or the other owners of the Quintas Residenciales La Ceiba project, it is appropriate to dismiss this amparo action.En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua –al parecer presuntamente por así haber sido dispuesto por la citada empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.–, a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos y que, por ende, no se encuentra debidamente registrado ante la Dirección de Agua del MINAE, tal y como lo dispone el ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); de ahí que, se haya procurado su cierre. Paralelamente a lo anterior, debe tenerse claro en este asunto que la Dirección de Agua del MINAE no es o figura como el proveedor de servicio de agua potable en el complejo residencial bajo estudio. En ningún momento ha suscrito alguna especie de relación por ese concepto con ninguno de los propietarios de las 100 fincas a las que hace referencia el tutelado; de hecho, no tiene competencia alguna al respecto dotada por nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, no podría imputársele a esta dirección la obligación de notificarle a cada uno de estos propietarios (en presunta calidad de beneficiarios del servicio de suministro de agua), lo dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20. En mérito de lo expuesto, al no advertirse, en la especie, que las autoridades recurridas hayan cometido violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente y del resto de propietarios del proyecto Quintas Residenciales La Ceiba, lo que procede es desestimar el presente proceso de amparo.
Pull quotesCitas destacadas
"En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua... a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos y que, por ende, no se encuentra debidamente registrado ante la Dirección de Agua del MINAE."
"In this matter, it has been demonstrated with utmost clarity that the owners of the properties... have been supplied with water service through an illegally constructed well, meaning that permits were never processed or timely requested, and therefore it is not duly registered with MINAE's Water Directorate."
Considerando V.A
"En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua... a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos y que, por ende, no se encuentra debidamente registrado ante la Dirección de Agua del MINAE."
Considerando V.A
"La Dirección de Agua del MINAE no es o figura como el proveedor de servicio de agua potable en el complejo residencial bajo estudio. [...] no podría imputársele a esta dirección la obligación de notificarle a cada uno de estos propietarios [...] lo dispuesto en el citado oficio."
"MINAE's Water Directorate is not and does not act as the provider of potable water service in the residential complex under study. [...] it cannot be held to an obligation to notify each of these owners of the provisions of the cited order."
Considerando V.B
"La Dirección de Agua del MINAE no es o figura como el proveedor de servicio de agua potable en el complejo residencial bajo estudio. [...] no podría imputársele a esta dirección la obligación de notificarle a cada uno de estos propietarios [...] lo dispuesto en el citado oficio."
Considerando V.B
"Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro."
"It is thus understood that while there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the material possibility of supply."
Considerando V.D
"Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro."
Considerando V.D
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Date of Resolution: October 6, 2023 at 09:27 Type of matter: Amparo appeal Relevance Indicators Relevant ruling Ruling with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Strategic Themes: Economic, social, cultural, and environmental rights Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: PUBLIC SERVICES Subtopics:
DRINKING WATER.
Telf5743. PUBLIC SERVICES. THE CLOSURE OF A WELL IN A RESIDENTIAL DEVELOPMENT OF COUNTRY ESTATES IN OROTINA, WHICH SUPPLIES WATER TO THE NEIGHBORS, IS CHALLENGED FOR LACK OF DUE PROCESS. DECLARED WITHOUT MERIT, SINCE THE PERMITS WERE NOT IN ORDER; NONETHELESS, IT IS ADVISED THAT, ONCE THE REQUIREMENTS ARE MET, THE MATTER BE RESOLVED AS LEGALLY APPROPRIATE. VCG10/2023 “(…) V.- SPECIFIC CASE. The appellant comes before this Sala Constitucional and indicates that he serves as President of [...]. He states that 23 years ago the project called Quintas Residenciales La Ceiba was developed, which consists of country estates (quintas) of approximately 7,000 square meters each and has a total of 100 farms (fincas) registered as agricultural properties.
He indicates that the developer of that project was the company Ganadera La Ceiba S.A., which provided the buyers with cadastral plans that complied with the specifications for agricultural properties and with potable water service. He explains that, at the time of the sale of the properties, the developer guaranteed the provision of potable water service through an aqueduct belonging to the same company, for which each parcel had its respective meter. He points out that initially the service was provided privately by the same selling company (Ganadera La Ceiba S.A.), through a related company called SERINCON S.A., which was in charge of billing for the service. He states that SERICON S.A. has supplied the potable water service since 1997. Starting in 2017, the deposits for payment of the water supply have been made to another company called TYRICA S.A., also related to Ganadera La Ceiba S.A..
He explains that, at that time, they assumed everything was in order and that the service was legally provided. However, the appellant indicates that at one point there was an excessive increase in the charge for potable water service, so they made inquiries to the ICAA and ARESEP, as a result of which they learned that the water supply was not in legal compliance, because the well that supplied said liquid was not registered with MINAE. He narrates that, faced with this situation, they contacted the ICAA for it to take over the aqueduct, and despite efforts made with this institution since 2016, a concrete solution to the problem has not been achieved. He states that the greatest difficulty revolves around the level of works and conditions imposed by the ICAA for receiving the well and the facilities to provide the service, which must be paid for by the neighbors.
He adds that a neighbor filed a complaint with MINAE regarding the high cost of the potable water service, which led to the issuance of official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, which referenced the illegality of the cited well and ordered its closure within one month.
He argues that MINAE ordered the closure of that well abruptly, without granting a prior hearing to all the neighbors of the residential complex (since only the offending company was notified) and without carrying out a proper procedure, thus leaving everyone defenseless. He asserts that the referred neighbors learned of what happened from third parties.
He contends that they were also not given a prior hearing, nor were the authorities of the ICAA and ARESEP consulted, as a means of seeking a solution to the situation. All this, despite the fact that the national emergency for COVID-19 was in full force at the time of the closure, which, in his opinion, makes having potable water service essential.
He adds that even though the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the body that must carry out and promote planning, financing, and development, as well as resolve everything related to the supply of potable water in the country, the pertinent actions have not been taken to provide a solution to the 100 families that have been affected by the closure of the well and the suspension of water service in their homes. He states that the ICAA cannot remain on the sidelines of the necessary procedures to be carried out to provide the community with potable water supply, and therefore its assistance in this solution is necessary; assistance that should have been sought by MINAE itself before ordering the closure of the well.
On the other hand, he reiterates that the developer, when putting the farms up for sale, offered the provision of potable water service, a factor that influenced people's decision to purchase the properties. He indicates that the three aforementioned companies are the ones that have control over and administration of said well, as well as being in charge of hydrometer readings, issuing bills, and charging for the water service, which is why he believes it is necessary for them to participate in the procedure for transferring the aqueduct to the ICAA. In that same sense, he considers that they must coordinate with MINAE and the ICAA on the pertinent matters so that the requirements demanded for said institute to assume administration of the community's aqueduct are met.
He maintains, then, that in this case the right of access to potable water, as well as his rights to a defense and due process, were violated. Consequently, he requests that this amparo be granted and, among other aspects, that the order for closure of the well set forth in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, issued by the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua of MINAE, be annulled. Furthermore, that the ICAA be ordered to immediately intervene to guarantee the regular supply of potable water to the neighbors, carrying out the necessary procedures and works.
Having seen the foregoing, this Sala observes that the appellant files this amparo directed in the following senses: a) that through official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, from the Dirección de Agua of MINAE, the closure was ordered of the well that supplies the residential complex, where 100 families live, in clear violation of the right of access to potable water and despite the COVID-19 pandemic being in force; b) that said decision was taken without notifying or granting a prior hearing to the 100 families that own the mentioned country estates (quintas) and, therefore, without respecting due process; c) that prior to issuing the referred order, no consultation was made with the ICAA or ARESEP, in order to find a solution to the referred problem; d) that the authorities of the ICAA, despite the efforts made to them, have not provided a solution to the situation; and e) that the private entities involved in this matter must take responsibility and resolve the exposed problem.
Now then, having analyzed the grievances expressed by the appellant, the reports rendered under the solemnity of oath by the respondent authorities, as well as all the evidence submitted to the case file, this Constitutional Court does not consider that there is any merit whatsoever to grant this amparo and, concomitantly, the claims raised by the protected party. The foregoing, for the reasons that will be set forth below.
A. Regarding what is set forth in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 and the need to provide potable water during the COVID-19 pandemic. Firstly, it is necessary to point out that, in this particular case, this Sala does not observe, in any way, that the action challenged by the appellant, namely the closure and sealing of the well located on farm (finca) No. 377663-000 (owned by Ganadera La Ceiba S.A.) and which has supplied the project called Quintas Residenciales La Ceiba for several years, can be considered arbitrary or unfounded. In this matter, it has been demonstrated, with crystal clarity, that the owners of the farms (fincas) located in the cited residential complex have been supplied with water service –apparently presumably because it was so arranged by the cited developer company Ganadera La Ceiba S.A.– through a well built illegally, that is, one for which the respective permits were not processed or requested in a timely manner and which, therefore, is not duly registered with the Dirección de Agua of MINAE, as established by the legal system (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); hence, its closure was sought. Note that this last regulatory body, in its article 28, establishes the following:
“On the criteria for well closure. The Dirección de Agua of MINAET shall order the closure of a well under the following conditions:
The foregoing, therefore, clearly supports the action of the Dirección de Agua of MINAE, specifically, what is set forth in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, challenged by the petitioner, in his capacity as President of [...]. An official letter which, furthermore, it is worth noting, punctually indicates all the legal and factual grounds that justify the closure in question, among which are, mainly, as stated, the operation of the well illegally and its use for human consumption and not as a drinking trough for 20 head of cattle, as was indicated and requested years later, specifically in March 2020, when a petition was filed by the referred company to legalize the well, pursuant to the provisions of Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG of July 18, 2019, called Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas (last procedure processed under expediente No. [Value 003]).
This being so, it is evident that the owners of the farms (fincas) located in the cited residential complex have been supplied with water irregularly for several years and that the authorities of the Dirección de Agua of MINAE have only sought to regularize and bring that situation into legal compliance as established and required, in turn, by the legal system; hence, from that perspective, it could not be affirmed that the action of closure and sealing of the well in question violates the fundamental right of access to potable water. On the contrary, pursuant to the stipulations of said legal system, such action seeks to protect the water resource.
On the other hand, it must be taken into account that, although the questioned official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 ordered the closure and sealing of the well, the truth is that –as was also accredited–, this order was not executed at that time (that is, the year 2020) nor subsequently by the authorities of the Dirección de Agua of MINAE. Note that, initially, the Director de Aguas of MINAE, through resolution No. DA-1769-2020 of 08:17 hrs. on December 3, 2020 (issued within the referred procedure No. [Value 003]), ordered the suspension of said order until the action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) that had been filed against the provisions of the cited Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG (which allowed for the legalization of irregularly drilled wells) was resolved. Additionally, on that occasion, it was clarified that the registration of the requested well was subject to compliance with the provisions of said regulatory body (Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG) and that this application itself would be resolved when the Sala Constitucional ruled on said constitutionality process.
This last action, as was accredited, was resolved and dismissed by this constitutional jurisdiction through Judgment No. 2021-25386 of 13:10 hrs. on November 10, 2021, which, moreover, was notified in the month of March 2022 to all the parties. Later, the authorities of the Dirección de Agua of MINAE, specifically, in the month of July 2022, informed this Sala that, at that time, the application to legalize the well in question was still pending resolution, which would be done once the present amparo process was resolved. This situation, as was recently confirmed (that is, on September 29, 2023), is the one that persists and prevails to date. Furthermore, it was clarified that the well located in the cited project called Quintas Residenciales La Ceiba had not been sealed and that, therefore, the inhabitants of this site continue to use it to supply themselves with water. Consequently, based on the foregoing, it cannot be maintained that the appellant and the rest of the persons who own the referred country estates (quintas) have been left without potable water service, at least, during the years when the COVID-19 pandemic was most prevalent and, consequently, when the supply of this liquid was most necessary to safeguard the fundamental right to health.
B. Regarding the presumed violation of the right to a defense and due process. In this matter, it has been accredited and verified that the well in question is located on a property owned by the company called Ganadera La Ceiba S.A., which was confirmed in an inspection carried out by the authorities of the Dirección de Agua of MINAE in September 2020, and not on a property actually in the name of the protected party Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorada or in the name of any other neighbor in particular. Hence, it is fully justified that the authorities of the Dirección de Agua, on November 4, 2020, notified the referred official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 precisely to the owner or representative of the property where the well was built and operates, since it is this party who –pursuant to the provisions of the already cited Decreto Ejecutivo 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas– was required to proceed with the respective closure and sealing. Note that, on this matter, this last decree establishes in its article 38 the following:
“On the closure of wells. It is the responsibility of the Dirección de Agua of MINAET to indicate the closure and sealing of wells. The costs and expenses of this procedure shall be covered by the owner of the property where the well is located; and subsidiarily by the drilling company that carried out the drilling and the geologist responsible for it, when their involvement in the development of the well is proven. The sealing must be carried out with a metal cap, using waterproof and hermetic material to ensure the non-entry of possible contaminants, and pouring a concrete slab over the drilling site, a notarized record of which must be drawn up, all as set forth in the resolution of the Dirección.” (The underlining is not part of the original).
Parallel to the foregoing, it must be clear in this matter that the Dirección de Agua of MINAE is not, nor does it act as, the provider of potable water service in the residential complex under study. It has never entered into any type of relationship under that concept with any of the owners of the 100 farms (fincas) referred to by the protected party; in fact, it has no competence whatsoever in this regard granted by our legal system. Consequently, the obligation to notify each one of these owners (in their presumed capacity as beneficiaries of the water supply service) of what is set forth in the cited official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 could not be imputed to this directorate. It is evident that the Dirección de Agua limited itself to bringing the use of the well into legal compliance and, from that perspective, its task was limited to notifying the owner of the property where it was located of the closure and sealing order in question, just as was effectively done. Thus, in this case, it is not feasible to affirm that the owners of the cited properties that make up the cited residential complex had their rights to a defense and due process violated.
In any case, it is important to highlight that the appellant himself, in the brief filing this amparo, affirmed that the owners of the properties located in the cited residential complex learned of the closure order in question through other means. Even in the list of evidence provided by the petitioner, there appear some official letters dated November 17, 2020, where it is accredited that a representative of the company Ganadera La Ceiba S.A. notified some owners of the country estates (quintas) of the sealing order set forth in the cited official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020. This being so, it is clear that the owners of the cited properties, prior to the filing of this amparo, did have knowledge of the order for closure of the well that supplied them with water, which, consequently, allowed them to exercise, at that time, the actions they deemed pertinent in order to regularize the situation under study.
In fact, it is important to note that in this matter, it has been fully verified –as the appellant himself has related in the brief filing this process– that the neighbors of the mentioned residential complex had already known, for many years (at least since 2013), of the irregular situation in which they found themselves regarding the provision of water service (given that the well was operating illegally), to the point that, in the years 2016 and 2018, they sought help from the authorities of the ICAA to take over the aqueduct operating on the site. Consequently, it is clear that the closure order issued in September 2020 by the Dirección de Agua could not be considered untimely and arbitrary, according to the terms expressed and alleged before this Court, since it was to be expected that the authorities of MINAE would, sooner or later, act in that manner, following, as has been repeatedly stated, the provisions of our legal system (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE).
C. Concerning the presumed obligation to coordinate previously with ARESEP and the ICAA. Following what was indicated in the previous section, this Sala is of the opinion that the Dirección de Agua of MINAE, pursuant, in turn, to the provisions of the already cited Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE, fulfilled its specific obligation to notify the closure of the well to the owner of the property where it is located, without it being denoted or imposed in that same regulatory body, the obligation to carry out the action claimed by the appellant party, namely, to coordinate prior to the closure of the well with other institutions (in this case with ARESEP and with the ICAA), in order to find a solution to the water supply problem in the residential complex. The petitioner suggests, at bottom, through this argument, that MINAE should indefinitely suspend compliance with the provisions of the cited regulations (and perpetuate the use and operation of an illegally built well), until one of those two institutions, mainly the ICAA, totally resolved the situation in which the neighbors of the cited residential complex found themselves and currently find themselves, for reasons, apparently, unrelated to public administration, which, however, is not plausible in the opinion of this constitutional body, since the duty of this ministry was to oversee the closure of the well and nothing else. This is because, as has been stated, the Dirección de Agua of MINAE has not intervened, at any time, as a provider of potable water service to the properties under study.
In any case, as has also already been stated, in this matter it is recorded that since at least the year 2016, that is, four years before the official letter in question No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 was issued, the ICAA was aware of the case under study –as it was brought to its attention by members of [...]–, without a solution having been achieved at that time. Furthermore, it was accredited that two years later, that is, in September 2018, the appellant presented a formal request to the Junta Directiva of the ICAA for that institution to administer the potable water supply in the referred housing project, which, however, could not be carried out due to the failure of the interested parties to comply with the requirements established for that purpose. Therefore, in this matter, it has been reliably verified that although MINAE, when issuing the administrative act under study, did not carry out that prior coordination sought by the appellant (which, as stated, is in any case not imposed on it by the legal system), the truth is that by then the ICAA knew of the problem under study and had already issued an opinion on how the situation could be resolved (a topic that will be addressed in detail in the following section).
D. Regarding the supposed omission of the ICAA in resolving the situation related to the supply of potable water in the residential complex. Contrary to what was argued by the appellant, this Constitutional Court does not consider that any arbitrary action or omission on the part of the ICAA authorities can be imputed or attributed in this matter, one that has violated the fundamental rights of the inhabitants of Quintas Residenciales La Ceiba. It should be observed that, in this matter, as already anticipated, it is recorded that the interested parties (neighbors of said residential complex) have approached this institution on two occasions and that, although it has not taken over the aqueduct and, consequently, the potable water supply in said residential complex, this is due to an important reason, which is that the former have not complied with a series of requirements and technical aspects that were notified and made known to them several years ago.
Specifically, it was determined that, in the year 2016, some members of [...] met with two engineers from the ICAA to propose that they take over the residential complex's aqueduct. On this occasion, as was also accredited, said officials requested the fulfillment of several requirements for this purpose (e.g., detailed information from the pumping test, the amount of water the well yielded, water quality analysis, the plan of the farm where the well is located and possible easement (servidumbre), etc.). Likewise, it was verified that, some time later, in September 2018, the appellant presented a formal request before the Junta Directiva of the ICAA for that institution to administer the potable water supply in the referred housing project. Said request was transferred by the Junta Directiva of the ICAA to the Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados of the ICAA, as a result of which report No. GSP-RPC-2018-00586 dated October 16, 2018, was issued, called Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, signed by an official of the Región Pacífico Central of the ICAA and in which it was indicated that, to accede to the petitioner's request, a series of requirements had to be met, among them, the following:
“(…) 1. Approval (Visado) of the segregation of the farm (finca), in accordance with the provisions of article 36 of the Ley de Planificación Urbana and articles 11.2.1 and 50, 51, 52, 53, 54, and 55 of the Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, these last five articles regarding agricultural parceling; as an exceptionality, requiring for this the approval (visado) of the INVU. All the foregoing so that the provision of the service is legally, environmentally, and technically feasible.
2. The service to be supplied must be adequate in terms of quality, quantity, and continuity, so the infrastructure must allow for this, as well as a remainder for the vegetative growth of the area.
3. The internal roads of the project must be public roads or agricultural easements (servidumbres agrícolas), with the former needing to be registered as such within the cantonal road network of Orotina, while the latter must be registered as access and aqueduct easements in favor of AyA, allowing free circulation through them, as well as the possibility of installing infrastructure.
4. The existing distribution network must be evaluated regarding its characteristics such as diameter, material, specification, installation, and any other element that must be considered for its possible acceptance, or failing that, which must be replaced. These pipes must comply with the Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial.
5. As established by the request, the required infrastructure must be complete, including the fully equipped well with the necessary protection, the protection areas established by the hydrogeological study, a 72-hour pumping test, which is necessary to perform, and all the information available and to be obtained from it. Likewise, it must include the disinfection system, impulsion pipes, storage tank, and distribution network.
6. All infrastructure to be built and/or existing must be approved by AyA, in accordance with the established regulations.
7. Define the characteristics of the development, that is, if it is for tourism, residential, agricultural, or other use.
8. The aspects of the installation of micro-metering (hydrometers) or their supply must be defined by the interested parties (…)”.
All these requirements, according to what was reported by the authorities of the ICAA and, even, as acknowledged by the appellant himself in the brief filing this amparo, could not be complied with, and consequently, said institute could not take over the aqueduct and supply the potable water service, as was sought.
In this way, it is easily inferred that the authorities of the ICAA have not refused, at any time, in an unfounded or arbitrary manner, to provide the service under study, in the terms in which the protected party makes it seem or presents it before this constitutional jurisdiction. What happens in this matter is that the ICAA, prior to carrying out the action sought, requires that a series of requirements be met in compliance with what is stipulated in the legal system, without it being possible for this particular case, to make an illegal exception, and provide the service in the project called Quintas Residenciales La Ceiba, as it would seem the appellant wants. Note that this Sala, on repeated occasions, has indicated that the provision of potable water supply service can be validly denied when the stipulated requirements have not been met. Thus, in Voto No. 2009-9936 of 14:08 hrs. on June 19, 2009, the following was indicated:
“(…) Thus, this character of a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the administration can validly establish general requirements that must necessarily be met by each applicant to assess their particular request, thus recognizing the possibility of limiting the granting of new water connections (pajas de agua) with the purpose of ensuring the continuity of the provision of the public utility service of potable water supply to the current users and homes that receive said service –see rulings numbers 2007-17475, of eleven hours and five minutes of November thirtieth, two thousand seven, and 2008-11390, of eleven hours and twenty-nine minutes of July twenty-second, two thousand eight-. In this sense, in ruling number 2006-1898, of nine hours and fifty-three minutes of February seventeenth, two thousand six –reiterated, among others, by ruling number 2007-13310, of ten hours and fifty-seven minutes of September fourteenth, two thousand seven– the Sala established that:
“The appellant alleges (…) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with potable water service, arguing that it is a slum (precario) and that its inhabitants do not have a segregation plan establishing that they are owners of the properties.
In this regard, it is accredited in the case file, based on the report rendered under oath by the appealed authority, that there is an impossibility to install domiciliary potable water services in the community where the appellant lives for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the failure to submit applications complying with legal requirements by the interested parties (...). This Chamber, in judgment No. 2004-12185 of 13:31 hours on October 29, 2004, in a case similar to the present one, indicated that it was not possible to compel the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to circumvent the provisions of its Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes or the Ley General de Agua Potable. Hence, as long as the protected party does not meet the conditions and requirements demanded therein, even though potable water service must be within reach of every person because it is an essential service, it cannot be provided to him on a regular basis.
Given the existence of those two objective reasons for which it is not possible to supply regular potable water service to the claimant: his failure to fulfill the requirements for connecting a new service, starting with the submission of the application and the existence of adequate infrastructure in the area, there is no reason whatsoever to understand that the denial of the regular service provision by the appealed Instituto is due to the fact that the protected party and his neighbors do not hold property titles (títulos de propiedad) over the real estate they possess. To the above, it must be added that based on Article 33 of the referenced Reglamento, the lack of a property title does not appear to be an obstacle to requesting the connection of a new potable water service, as long as the requirements indicated in that regulation are met. In any case, it is also accredited that even though regular potable water service has not been supplied, the appellant and the other neighbors have a public source (fuente pública) that the Instituto installed so they can supply themselves for their basic needs.
Hence, this Court considers that it has been the very omission of the appellant and the residents of the locality, who do not prove having submitted the applications for the installation of a new potable water service in the community where they live, which has prevented their situation from being assessed for the purpose of determining whether, by complying, above all, with the requirements of Article 33 of the Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, the infrastructure limitations can be overcome in their case and they can be provided with regular potable water service." It is understood, then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to the fulfillment of the requirements established for its granting and to the material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the potable water service, a situation which determines that the administration has no obligation to provide the potable water service if there are technical reasons that advise against it or make it impossible, and it must adequately inform the petitioner of the reasons why his request cannot be addressed (...)".
For its part, in Judgment No. 2018-7781 of 09:15 hrs. on May 18, 2018, this Chamber stated:
"(...) III.- ON THE DENIAL OF POTABLE WATER SERVICE. This Chamber has considered that, although there is a fundamental right to potable water, its exercise is not indiscriminate, in such a way that there is an obligation on the entities that provide that service to provide it under any condition and opportunity. Specifically, this Chamber has recognized that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the municipalities, or the associations administering aqueducts and sewerage (asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados), may deny the availability of potable water if there are technical reasons that so justify it. In judgment number 2009-003825 of 16:49 hours on March 10, 2009, reiterated in judgment No. 2016-005382 of 9:05 hours on April 22, 2016, this Chamber resolved the following:
"It is understood, then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to the fulfillment of the requirements established for its granting and to the material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the potable water service, a situation which determines that the administration has no obligation to provide the potable water service if there are technical reasons that advise against it or make it impossible, and it must adequately inform the petitioner of the reasons why his request cannot be addressed (...)".
Concomitantly, it is necessary to bring forward what was reported on the matter and under oath by the Deputy Manager of Peripheral Systems of the ICAA, namely, the following:
"(...) all the information required by the AyA, set forth in the technical report, are essential requirements to concretize the administration of the aqueduct (acueducto) by the AyA, therefore the Institution has shown its willingness to solve the supply needs of the community, as long as the requested information is provided, the improvements determined by the institutional technical area are carried out, and the condition of access to the properties and their respective registrations is defined, all of the above in accordance with what is established in the regulatory body, which governs the conditions to which the Instituto obligates itself with the user and the necessary requirements for the provision of the service, are found in the Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, in Article 7 (...)" (The underlining is not part of the original).
Furthermore, this authority maintained that:
"(...) if the appellant provides the information requested in the report prepared by the Dirección de Operación y Mantenimiento since October 2018, to determine the current conditions of the system, accesses and subsequently carry out the improvements indicated by the institutional technical area, the aqueduct can be assumed and the current conditions of the water resource (recurso hídrico) of the residents of Quinta La Ceiba can be resolved (...)". (The underlining is not part of the original).
Thus, in this matter, it is considered accredited that the ICAA authorities have not left the residents of the aforementioned residential complex helpless, given that they have proposed to them a project to assume the aqueduct and provide them with potable water service for several years, and that, if this has not materialized, it has been because the latter have not complied with the requirements demanded and brought to their knowledge.
E. Regarding the appellant's claim that the companies related to the residential complex assume their responsibility in this case. Finally, it is necessary to point out to the appellant that the claim aimed at having the companies involved in this matter (mainly, the developer company Ganadera La Ceiba S.A.) take responsibility for assuming the situation under study and provide a solution regarding the provision of potable water service in the aforementioned residential complex, must be brought, if he sees fit, before the ordinary legal channels created specifically for that purpose. Note that it falls outside the scope of competence of this Constitutional Court, as it is a matter of mere and pure legality, to analyze the merits of the case under study, specifically, the agreements reached between the owners of the properties that form part of the cited residential complex and the developer company Ganadera La Ceiba S.A. (or with any other private law subject), at the time of purchasing the quintas and all those specific aspects properly related to the provision of water service at the site and, concomitantly, to determine whether this company or another must or must not assume any type of responsibility in the situation and case presented here.
It is not materially or reasonably possible to enter into a complicated and slow evidentiary system to elucidate the aforementioned aspects indicated by the protected party. Therefore, as already stated, this particular grievance must be brought before the respective ordinary legal channels, since it clearly exceeds the summary nature of the amparo remedy (recurso de amparo), as well as the competence of this Court granted by the Ley de la Jurisdicción Constitucional and the Political Constitution itself.
* By virtue of the foregoing, since it is not observed, in the present case, that the appealed authorities have committed any violation of the fundamental rights of the appellant and the rest of the owners of the Quintas Residenciales La Ceiba project, the appropriate course is to dismiss this amparo proceeding.
VI.Now then, despite what was stated supra, it is necessary to indicate to the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that, when the owners of the properties that make up the Quintas Residenciales La Ceiba project comply with all the technical and legal requirements that have been demanded of them, what corresponds in law be resolved; provided that another cause unrelated to that examined in the sub lite does not prevent it. (...)"
... See more Other References: REFERS TO ACTION 19-017936-0007-CO Related Judgments Content of Interest:
Content type: Majority vote Branch of Law: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Topic: 033- Active standing Subtopics:
NOT APPLICABLE.
ARTICLE 33 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
"(...) I.- ON THE REQUEST FOR ACTIVE JOINDER. By brief filed on December 4, 2020, Wendy Simpson Roberts, in her capacity as president with powers of generalísimo attorney-in-fact without limit of sum of Ganadera La Ceiba S.A., requested that said company be considered as an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this proceeding. She affirms that the action of the MINAE set forth in official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020 violates the right of access to potable water of the families living in the Quintas La Ceiba residential complex. Likewise, she states that the decision set forth therein was taken without granting a prior hearing. Consequently, she requests that the remedy be granted and that the closure order issued through official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020, issued by the officials of the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua of the MINAE, be annulled. Furthermore, that the ICAA be ordered to guarantee the neighbors a regular supply of potable water.
On this matter, numeral 34, paragraph 3, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, stipulates that whoever possesses a legitimate interest in the proceeding may intervene, whether in an active or passive role, as a coadjuvant. Consequently, by virtue of the provisions in the procedural rule indicated supra and what was stated by the aforementioned intervenor, the referenced joinder is admissible. (...)" VCG10/2023 ... See more Res. No. PHO7951 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty-seven minutes on October sixth, two thousand twenty-three.
Amparo remedy filed by [Name317 001], identity card [CED168 ], on behalf of [...], legal identification [Value CED185], against EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) and EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA).
WHEREAS:
These signatures must be duly authenticated by a notary public. … Article 28.—Criteria for the closure of wells. The Water Directorate of MINAET shall order the closure of a well under the following conditions: a) When, as a result of drilling and exploration, the well is dry or the use of the water is not viable, which must be reported by the drilling company or permit holder to the Water Directorate of MINAET. b) When drilling is carried out without the proper permit. c) When drilling is carried out in contravention of the provisions of the permit, this Regulation, or current laws. d) Expiration of the concession as provided in article 27 of the Water Law No. 276 of August 26, 1942. e) When the application is archived without further processing, due to non-compliance with the requirements or what was requested by the administration to process the concession. Closure shall proceed in accordance with the provisions of article 39. …
Article 38.—Well closure. It is the responsibility of the Water Directorate of MINAET to order the closure and sealing of wells. The costs and expenses of this procedure shall be covered by the owner of the property where the well is located; and subsidiarily by the drilling company that carried out the drilling and the geologist responsible for it, when their involvement in the development of the well is proven. The sealing must be carried out with a metal cap, using waterproof and hermetic material to ensure the non-entry of potential contaminants, and by pouring a concrete slab over the drilling site, with a notarial certificate being executed to record this, all in accordance with the provisions of the Directorate’s resolution.” (the bold text does not appear in the original) Regarding the section called Annex “Chronological Relation of Facts,” reiterate that the facts indicated by the appellant concern the illegal provision of potable water service by an unauthorized operator.
Furthermore, in image 25, first paragraph, it refers to the fact that the improvements to the system were to be assumed by SERINCON SRL., which must also carry out the transfers in favor of the Institute, among which was the well that supplied the urban development. In that same image 25, third paragraph, regarding being assumed by the AyA, it is important to highlight that the officials Jorge Ramírez Rodríguez and Giovanni García Flores belong to the Sub-Management of Communal Systems Management, hence our participation would be to analyze the possibility of establishing an ASADA in the sector; in this regard, Mr. Ramírez Rodríguez indicated that it is impossible, given that the AyA systems as an operator pass right in front of the property; in this regard, Board of Directors Agreement No. 2014-05861 does not permit the establishment of new operators within a radius of less than 2 kilometers of other operators, whether ASADAs or the Institute itself.
In this regard, said agreement states: “For new requests for the formation of communal aqueducts, the Sub-Management of Communal Systems Management must verify the existence of another operator within a two-kilometer radius of the community requesting to form the new water supply system. In the event that an operator exists within the indicated radius and has stated in writing that it does not have the capacity to take on the new aqueduct or community to be supplied, the AyA must conduct a technical study to determine the current situation of the ASADA in light of that demand and alternative solutions, within a maximum period of three months.” Reiterate that from the evidence provided by the appellant, it is clear that the AyA has already issued its recommendations for taking over the system, so the establishment of an ASADA in the area is not possible. In said section, with respect to everything else, what was previously stated is reiterated: the Institute has acted lawfully and issued the corresponding recommendations, with no pending response from this Sub-Management of Communal Systems Management found to date.
Furthermore, the matter of sealing wells is not the competence of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, so the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy does not need to coordinate with the AyA for that proceeding. LEGAL GROUNDS (…) Here, on the contrary, it has been shown that the AyA has already issued its recommendations regarding the necessary improvements to take over the system, and what is pending is compliance by those responsible for the urban development, Quintas la Ceiba de Tierra Dorada. In this regard, see the technical report called “Quintas la Ceiba de Tierra Dorada,” No. GSP-RPC-2018-00586, dated October 16, 2018, submitted by the appellant as evidence No. 16, visible from image 94 to 96 of his filing and evidence documents found in the digital file of this Constitutional Court, with said report concluding: “Conclusions. The AyA remains awaiting the definition of what was noted in the previous development regarding the required information, so that the possibility of the Institution being able to take over the administration of the potable water supply system of the Quintas La Ceiba Tierra Dorada project can be clearly defined, according to the express will of its residents.” (the bold text is ours) Regarding the material impossibility of granting new services.
(…) It is important to note that, due to the time elapsed since Report No. GSP-RPC-2018-00586 of October 16, 2018, was issued, the recommendations issued therein must be updated, subject to prior assessment by the AyA to take over operation of the system that supplies the Quintas La Ceiba Tierra Dorada urban development, at the expense of the applicants, both the assessments and the necessary improvements. Regarding the material or legal impossibility of providing a service not violating fundamental rights, the Constitutional Chamber has ruled on repeated occasions (resolutions number 2009-011529 and number 2010-013690) (…) Regarding matters of mere legality. We consider that the present matter corresponds to those denominated by the jurisprudence of the Constitutional Chamber as “of mere legality,” given that on repeated occasions the appellant has been informed of the improvements that the system requires for the Institute to directly take over the Quintas La Ceiba Tierra Dorada development, of which the appellant is a resident and owner of a parcel.
In addition, Mr. [Name317 001]’s disagreement is regarding the well sealing procedure, a procedure that falls solely and exclusively under the jurisdiction of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy. In this sense, the Constitutional Chamber in its wisdom has indicated that there are procedures that are not within the purview of constitutional jurisdiction2 ; that is, those cases that deal with matters of mere legality and not constitutionality, which must be ventilated in the corresponding ordinary channel (…) As is clear from the Regulation for the Provision of AyA Services, Board of Directors Agreement No. 2019-461, published in the Official Gazette La Gaceta No. 242, Alcance No. 285, of December 19, 2019, it is not possible to issue certificates of service availability when there is no technical feasibility, it would be detrimental to the quality of the service being provided, and there is no infrastructure; conditions that, according to Report No. GSP-RPC-2018-00586 of June 14, 2018 (which must be updated by the interested parties), must be resolved prior to interconnection with the systems operated by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (…)”.
On the other hand, clarify whether another resolution has been issued regarding the well in question, subsequent to the one indicated (…)".
Drafted by Judge Araya García; and,
CONSIDERING:
By written submission filed on December 4, 2020, Wendy Simpson Roberts, in her capacity as president with the powers of a general unrestricted attorney-in-fact (apoderado generalísimo sin límite de suma) of Ganadera La Ceiba S.A., requested that said company be admitted as an active coadjuvant in this proceeding. She affirms that MINAE's action set forth in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020, violates the right of access to potable water of the families living in the Quintas La Ceiba residential complex. Likewise, she states that the decision set forth therein was made without granting a prior hearing. Consequently, she requests that the appeal be granted and that the closure order issued through official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020, issued by the officials of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit (UH) of MINAE's Water Directorate, be annulled. Furthermore, that the ICAA be ordered to guarantee the regular supply of potable water to the residents.
On this matter, numeral 34, paragraph 3, of the Constitutional Jurisdiction Law stipulates that anyone who possesses a legitimate interest in the proceeding may intervene, whether in an active or passive capacity, as a coadjuvant. Consequently, by virtue of the provisions of the aforementioned procedural rule and what was stated by the said intervener, the referred joinder is admissible.
The petitioner –in his capacity as President of [...]–, states that through official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, MINAE's Water Directorate, in clear violation of the right of access to potable water, ordered the closure of the well that supplies the residential project called Quintas Residenciales La Ceiba, having verified that it operated outside the law. He alleges that this was ordered without notifying or granting a prior hearing to the interested parties (more than 100 property-owning families), as the cited document was only communicated to the developing and infringing company (Ganadera La Ceiba S.A.). Furthermore, he alleges that prior consultation was not made with the ICAA or ARESEP, as a means to seek an alternative solution for the residents. He adds that, for their part, the authorities of the ICAA, despite the steps taken with them, have not provided a solution to the situation faced by the property owners of said residential complex. Likewise, he argues that the company that sold the properties (and the others related to the actual supply and billing of water) must take responsibility for resolving the situation under study.
The following are considered accredited as relevant for resolving this amparo appeal:
"(…) BACKGROUND. [...], represented by Dr. [Nombre317 001] (…) requests that AyA manage the supply of potable water for said project called Quintas La Ceiba Tierra Dorada (…) consisting of agricultural parcels. INTRODUCTION. The aforementioned Project was developed over 20 years ago, currently consisting of more than 75 lots, some fronting a public street and the vast majority fronting an agricultural easement (servidumbre agrícola). The water service was managed and supplied by the company that sold the land, Ganadera La Ceiba S.A., through a private supply network, which currently operates with some limitations, especially legal and billing-related. Said company, together with the residents, has agreed to donate the necessary infrastructure to AyA, including land, an equipped well according to what the institution establishes, a tank or tanks, so that the institution can take charge of managing the potable water supply system.
OBJECTIVE. To carry out the necessary studies by AyA, based on the information provided by the residents' association, as well as the works it carries out, to determine the possibility of achieving the transfer of the project's water supply system, so that its management is assumed, and therefore, the supply of potable water in the area. Topic Development: ANALYSIS. To achieve what was proposed by the residents' association, the project must comply with the following aspects: 1. Approval (Visado) of the segregation of the property, in accordance with the provisions of article 36 of the Urban Planning Law and articles 11.2.1 and 50, 51, 52, 53, 54, and 55 of the Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, these last five articles regarding agricultural parceling; as an exceptionality, requiring for this the approval (visado) of INVU. All of the foregoing so that the provision of the service is legally, environmentally, and technically feasible. 2.
The service to be supplied must be adequate in terms of quality, quantity, and continuity, which must be allowed by the infrastructure, as well as a remainder for the vegetative growth of the area. 3. The internal roads of the project must be public streets or agricultural easements, the former must be registered as such within the cantonal road network of Orotina, while the latter as rights of way (servidumbres de paso) and aqueduct easements in favor of AyA, allowing free circulation on them, as well as the possibility of installing infrastructure. 4. The existing distribution network must be evaluated regarding its characteristics such as diameter, material, schedule, installation, and any other element that must be considered for its possible acceptance, or failing that, which must be replaced. These pipes must comply with the Technical Standard for the Design and Construction of Potable Water Supply, Sanitation, and Storm Drainage Systems. 5.
As established in the application, the required infrastructure must be complete, including the fully equipped well with the necessary protection, the protection areas established by the hydrogeological study, a 72-hour pumping test, which is necessary to perform, and all available and obtainable information from it. Likewise, it must include the disinfection system, rising main pipes, storage tank, and distribution network. 6. All infrastructure to be built and/or existing must be approved by AyA, according to the established regulations. 7. Define the characteristics of the development, that is, whether it is tourist, residential, agricultural, or other type. 8. The aspects of the installation of micro-metering (water meters) or their supply must be defined by the interested parties. CONCLUSIONS. AyA is awaiting the definition of what was indicated in the previous development regarding the required information so that the possibility of the institution being able to assume the management of the potable water supply system for the project Quintas la Ceiba Tierra Dorad can be clearly defined, according to the express will of its residents (…)" (see evidence).
"(…) So that it may be made known to the members of the Board of Directors, I attach the report prepared by the Central Pacific region related to the request from the residents of the Asociación Quintas La Ceiba Tierra Dorada, in the sense that AyA assume management of the system. Therefore, the appropriate course is for this report to be made known to the residents and for them to be informed that they must coordinate with the Central Pacific region so that they comply with all the requirements noted in the report so that it is feasible for AyA to assume management. They must be told that engineers Germán Araya and Leonardo Moya will be responsible for coordinating with them everything related to this matter (…)" (see evidence).
"(…) As part of the follow-up to the referenced agreement, attached you will find the report presented by the Sub-Management for Peripheral Systems Management, memorandum SG-GSD-2018-00616, acknowledged at the ordinary session of the Board of Directors No. 2019-08, held on February 19, 2019. As can be deduced from the attached technical study, prior to assuming the aqueduct, the requirements established in the technical report must be met. Any additional information can be coordinated with the Central Pacific Region (…)" (see evidence).
"(…) Conclusions 1- The area presents a residential development in quintas. 2- The well in case file 20209PA is in the process of the amnesty for unnumbered wells and does not have a granted water use concession. 3- The well water is used illegally. 4- The well is used for public (population) supply of at least 65 properties, despite having been requested for use as a watering trough. 5- There are no concessions in the name of Tyrica S.A. 6- The company Tyrica S.A. charges the owners of the quintas for the water service. Recommendations: 1- Proceed with the complaint before the Prosecution Office (Fiscalía) for the crime of water usurpation (usurpación del agua). 2- Inform ARESE of the illegal billing for the public service. 3- Issue the order for well sealing, due to inconsistencies in the case file and irregularities in use (…)" (see report and evidence).
That nearly all the properties on the streets known as Dirección2419, Dirección2417, and el Higuerón have meters and that the billing for the water service is handled by the private company TYRICA S.A. That it was noted that the well is for population use different from what was requested and that there was profit from the sale of the service. Consequently, in accordance with the provisions of Executive Decree No. 35884-MINAE (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas), the closure and sealing of the well was ordered. Additionally, the submission of various documentation concerning the well closure was requested within thirty days, and it was indicated that no type of use of the well could be made, without obtaining the concession for water use (aprovechamiento del agua) (see evidence).
"(…) CONSIDERING CLAUSES FIRST: That in accordance with the Water Law No. 276 of August 26, 1942, the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications is responsible for disposing and resolving on its domain, use (aprovechamiento), utilization, governance, and surveillance. SECOND: That Executive Decree 35669-MINAET published in Gazette 3 of January 6, 2010, modified by decree 36437-MINAET of January 24, 2011, delegates to the Water Directorate of MINAET, the competence to admit, process, and resolve applications for subsoil drilling for the exploration and exploitation of groundwater and to assign the respective well number. THIRD: That the Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decree No. 35884-MINAET, regulates everything related to subsoil drilling for the purpose of groundwater exploration and use (aprovechamiento).
FOURTH: That by report DA-UHTPCOSJ-2123-2020, dated September 28, 2020, signed by José Ricardo Hidalgo Sánchez and engineer Marilyn Mora Vega, coordinator of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit, it is considered proven that the well found on property real estate folio 377663-000, at Dirección2418, in the name of GANADERA LA CEIBA S.A., legal ID CED5632, was drilled without having the corresponding permits from the Ministry of Environment and Energy and that it is currently being used for human consumption (population) to supply the Quintas La Ceiba residential project, with supply to populations being a use that constitutes a public service and is the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados or its legally delegated entities, for which reason the cited official letter ordered its sealing, as established by Executive Decree 35884-MINAET. FIFTH: That the Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decree No. 35884-MINAET, in article 28, subsection b), indicates the following: "Article 28. - Of the criteria for well closure.
The Water Directorate of MINAET shall order the closure of a well under the following conditions: b) When drilling is carried out without the required permit." SIXTH: That likewise the Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decree No. 35884-MINAET, indicates in article 38 regarding the closure of wells and those responsible, which states the following: "Article 38. - Of well closure. It corresponds to the Water Directorate of MINAET to order the closure and sealing of wells. The costs and expenses of this procedure shall be covered by the owner of the property where the well is located; and subsidiarily, the drilling company that performed the drilling and the geologist responsible for it, when their involvement in the development of the well is verified. The sealing must be done with a metal cap, using waterproof and airtight material to ensure that no potential contaminants enter, and pouring a concrete slab over the drilling site, for which a notarial act must be executed stating such, all in accordance with what the Directorate's resolution provides." (The underlining and highlighting do not correspond to the original).
SEVENTH: It is clear that the cited well did not have the corresponding permits, which is why it falls within the premises of the invoked regulations, and the sealing order was issued in adherence to them. EIGHTH: That on March 20, 2020, the application for registration of wells drilled without permission and enabling of a groundwater concession was filed, under the protection of Executive Decree 41851-MP-MINAE-MAG, by GANADERA LA CEIBA S.A., a process that is suspended due to the unconstitutionality action, case file 19-017936-0007-CO, for which reason said application cannot be resolved until such time as that highest court resolves the matter. NINTH: It is pertinent to note that the source corresponding to a well drilled for groundwater extraction and use (aprovechamiento) is on a property owned by GANADERA LA CEIBA S. Nombre312. and that this company processed the well registration under the recent amnesty process in accordance with Decree 41851-MP-MINAE-MAG, but this cannot be heard on the merits due to the unconstitutionality action cited above.
Although this company, as the owner of the property, processed the legalization of the unnumbered well under case file 20209-P, the entity using the water is [...], legal ID [Valor CED185]. Likewise, it is recorded in case file [Valor 003], as stated in official letters JD-2019-00063 of February 22, 2019, to assume the aqueduct through coordination with the Central Pacific Region of A y A.
THEREFORE THE WATER DIRECTOR RESOLVES THE SEALING ORDER for the drilled well issued by official letter DA-UHTPCOSJ-2123-2020, dated September 28, 2020, IS HEREBY SUSPENDED until the unconstitutionality action, Constitutional Court case file number 19-017936-0007-CO, is resolved. To appear ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, legal ID [Valor CED185]. Likewise, it is recorded in case file [Valor 003], as stated in official letters JD-2019-00063 of February 22, 2019, to assume the aqueduct through coordination with the Central Pacific Region of A y A. The well registration shall be conditional upon the study of case file 20209 PA determining that the technical and legal terms stipulated in Decree 41851-MP-MINAE-MAG have been fulfilled, and will be heard on the merits once the Constitutional Court resolves the constitutionality action against this decree. Depending on this outcome, A y A must request the respective procedure before the Water Directorate.
Against this resolution, the ordinary remedies of revocation and appeal shall be available, within the three business days following notification of this resolution, in accordance with articles 343, 346, and 347 of the General Public Administration Law, both before this Office. Notify AYA, Ms. Yamileth Astorga Espeleta, Executive President, and Licda. Cecilia Martínez, Sub-Manager for Community Systems Management, and the Tárcoles - Central Pacific Hydrological Unit (…)" (see evidence).
19-017936-0007-CO.
Regarding this proceeding –by virtue of which the processing of the application filed in March 2020 to register the well under study was suspended–, the following is noted:
“(…) By unanimous vote, the action is dismissed with respect to the alleged express authorization to not go to SETENA to evaluate irregular wells, the claim of risk of salinization or contamination by saline intrusion, and the argued rampant ineffectiveness of environmental law. By majority vote, the unconstitutionality action is dismissed with respect to articles 1, 2, and 3 of Executive Decree 41851-MP-MINAE-MAG, Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, provided that it is interpreted that said articles do not modify the criminal offenses contemplated in articles 226 and 227 of the Penal Code; thus, it will be up to the competent criminal judge to determine criminal liability. Magistrate Rueda Leal gives different reasons regarding the aforementioned grievance. By majority vote, the action is dismissed with respect to the alleged lack of a comprehensive water balance (balance hídrico integral) and the authorization to alter the vital cycles of biodiversity without studies, the lack of protection, mitigation, or damage prevention measures, and the right to citizen participation.
Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal partially dissent and grant the action for violation of the right to citizen participation. Magistrate Cruz Castro and Magistrate Picado Brenes partially dissent and grant the action for violation of the principle of legal reserve (reserva de ley) and the lack of protection, mitigation, or damage prevention measures. Magistrate Cruz Castro partially dissents and grants the action for the alleged lack of a comprehensive water balance (balance hídrico integral) and the authorization to alter the vital cycles of biodiversity without studies. Magistrate Cruz Castro and Magistrate Garro Vargas file separate notes. Magistrates Castillo Víquez and Rueda Leal file a joint note. By unanimous vote, the supporting briefs filed are rejected. Let it be notified (…)” (see case file No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).
The petitioner comes before this Sala Constitucional and states that he serves as President of [...]. He explains that 23 years ago the project called Quintas Residenciales La Ceiba was developed, which is composed of quintas of approximately 7,000 square meters each and has a total of 100 farms registered as agricultural properties (predios agrícolas).
He states that the developer of that project was the company Ganadera La Ceiba S.A., which delivered to the buyers the cadastral plans that met the specifications for agricultural properties (predios agrícolas) and with potable water service. He explains that, at the time of the sale of the properties, the developer guaranteed the provision of potable water service through an aqueduct belonging to the same company, for which each parcel had its respective meter. He points out that initially the service was provided privately by the same selling company (Ganadera La Ceiba S.A.), through a related company called SERINCON S.A., which was responsible for collecting the service fees. He relates that SERICON S.A. has supplied the potable water service since 1997. Starting in 2017, the payment deposits for the water supply are made to another company called TYRICA S.A., also related to Ganadera La Ceiba S.A.
He explains that, at that time, they presumed that everything was in order and that the service was provided legally. However, the petitioner states that at one point there was an excessive increase in the charge for potable water service, so they made inquiries to the ICAA and ARESEP, as a result of which they learned that the water supply was not legal, because the well that supplied said water was not registered with MINAE. He recounts that, faced with such a situation, they contacted the ICAA to take over the aqueduct and, despite efforts made since 2016 with this institution, a concrete solution to the problem has not been achieved. He explains that the greatest difficulty revolves around the level of works and conditions imposed by the ICAA to receive the well and the facilities to provide the service, which must be paid for by the residents.
He adds that a neighbor filed a complaint with MINAE regarding the high cost of potable water service, which led to the issuance of official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, which referred to the illegality of the cited well and ordered its closure within one month.
He accuses that MINAE ordered the closure of that well abruptly, without granting a prior hearing to all the residents of the residential complex (since only the offending company was notified) and without conducting a due process (debido procedimiento), thus leaving everyone defenseless. He maintains that the referred residents learned of the occurrence through third parties.
He alleges that, neither were they granted a prior hearing nor were the authorities of the ICAA and ARESEP consulted, as a means to seek a solution to the situation. All this, despite the fact that, at the time of the closure, the national emergency due to COVID-19 was in full force, for which, in his view, it is essential to have potable water service.
He adds that even though the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the body that must carry out and promote planning, financing, and development, as well as resolve everything related to the supply of potable water in the country, the pertinent actions have not been taken to provide a solution to the 100 families that have been affected by the closure of the well and the suspension of water service in their homes. He explains that the ICAA cannot remain on the sidelines of the necessary steps to be taken to provide potable water supply to the community, and therefore its participation in this solution is necessary; participation that should have been sought by MINAE itself before ordering the closure of the well.
On another note, he reiterates that the developer, when putting the farms up for sale, offered the provision of potable water service, a factor that influenced people’s decision to purchase the properties. He indicates that the three aforementioned companies are the ones that have power over and administration of said well, as well as being responsible for reading the water meters, establishing the bills, and charging for the water service; therefore, he considers it necessary for them to participate in the procedure to transfer the aqueduct to the ICAA. In that same sense, he considers, they must coordinate with MINAE and the ICAA what is pertinent so that the requirements demanded are met for said institute to assume the administration of the community’s aqueduct.
He maintains, then, that in this case the right of access to potable water was violated, as well as their rights to a defense and to due process (debido proceso). Consequently, he requests that this amparo be granted and, among other aspects, that the well closure order issued in official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, issued by the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua of MINAE, be annulled. Furthermore, that the ICAA be ordered to immediately intervene to guarantee the residents the regular supply of potable water, carrying out the necessary steps and works.
In view of the foregoing, this Sala observes that the petitioner files this amparo directed in the following senses: a) that through official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, from the Dirección de Agua of MINAE, the closure was ordered of the well that supplies the residential complex, where 100 families live, in clear violation of the right of access to potable water and despite the ongoing COVID-19 pandemic; b) that said decision was made without notifying or granting a prior hearing to the 100 families owning the aforementioned quintas and, therefore, without respecting due process (debido proceso); c) that prior to issuing the referred order, no consultation was made to the ICAA or ARESEP, in order to seek a solution to the referred problem; d) that the authorities of the ICAA, despite the steps that have been taken with them, have not provided a solution to the situation; and e) that the private parties involved in this matter must be held responsible and solve the described problem.
Now, having analyzed the grievances set forth by the petitioner, the reports rendered under the solemnity of oath by the respondent authorities, as well as all the evidence added to the record, this Constitutional Court does not consider that there is any merit whatsoever to grant this amparo and, concomitantly, the claims raised by the protected party. The foregoing, for the reasons that will be set forth below.
A. Regarding the provisions of official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 and the need to provide potable water during the COVID-19 pandemic. In the first place, it is necessary to point out that, in the present case, this Sala does not observe, in any way, that the action claimed by the petitioner, namely the closure and sealing of the well located on farm No. 377663-000 (property of Ganadera La Ceiba S.A.) and which has supplied the project called Quintas Residenciales La Ceiba for several years, can be considered arbitrary or unfounded. In this matter it has been demonstrated, with clear clarity, that the owners of the farms located in the cited residential complex have been supplied with water service –apparently presumably because it was so arranged by the cited developer company Ganadera La Ceiba S.A.–, through a well built illegally, that is, for which the respective permits were neither processed nor timely requested and which, therefore, is not duly registered with the Dirección de Agua of MINAE, as provided by the legal system (Executive Decree No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); hence, its closure has been sought. Note that this latter regulatory body, in its article 28, establishes the following:
“Criteria for the closure of wells. The Dirección de Agua of MINAET will order the closure of a well under the following conditions:
The foregoing, then, clearly supports the action of the Dirección de Agua of MINAE, specifically, the provisions of official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, challenged by the petitioner, in his capacity as President of [...]. An official letter (oficio) which, it should be noted, punctually indicates all the legal and factual grounds that support the closure in question, among which figure, mainly, as stated, the illegal operation of the well and its use for human consumption and not as a watering trough for 20 head of cattle, as was indicated and requested years later, specifically in March 2020, when a filing was submitted by the referred company to legalize the well, pursuant to the provisions of Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG of July 18, 2019, called Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas (the latter procedure processed under case file No. [Valor 003]).
This being the case, it is evident that the owners of the farms located in the cited residential complex have been provided with water irregularly for several years and that the authorities of the Dirección de Agua of MINAE have only proceeded to regularize and set right that situation as established and required, in turn, by the legal system; hence, from that perspective, it could not be asserted that the action of closing and sealing the well in question violates the fundamental right of access to potable water. On the contrary, pursuant to the stipulations of said legal system, such action seeks to protect the water resource.
On another note, it must be taken into account that, although through the questioned official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 the closure and sealing of the well was ordered, the truth is that –as was also proven–, this order was not executed at that time (that is, in 2020) or subsequently by the authorities of the Dirección de Agua of MINAE. Note that, initially, the Director of Water of MINAE, through resolution No. DA-1769-2020 of 8:17 a.m. on December 3, 2020 (issued within the referred proceeding No. [Valor 003]), ordered the suspension of said order until the unconstitutionality action that had been filed against the provisions of the cited Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG (which allowed legalizing irregularly drilled wells) was resolved. Additionally, on that occasion, it was clarified that the registration of the requested well was subject to compliance with the provisions of said regulatory body (Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG) and that this specific application would be resolved when the Sala Constitucional ruled on said constitutionality proceeding.
This last action, as demonstrated, was resolved and dismissed by this constitutional jurisdiction through Judgment No. 2021-25386 of 1:10 p.m. on November 10, 2021, which, moreover, was notified in the month of March 2022 to all parties. Later, the authorities of the Dirección de Agua of MINAE, specifically, in the month of July 2022, informed this Sala that, at that time, the application to legalize the well in question was still pending resolution, which would be done once this amparo proceeding was resolved. This situation, as recently confirmed (i.e., on September 29, 2023), is the one that persists and prevails to date. Furthermore, it was clarified that the well located in the cited project called Quintas Residenciales La Ceiba had not been sealed and that, therefore, the inhabitants of this site continue to use it to obtain water. Consequently, based on the foregoing, it could not be maintained that the petitioner and the rest of the persons owning the referred quintas have been left without potable water service, at least, during the years in which the COVID-19 pandemic was most in effect and, therefore, when the supply of this water became most necessary in safeguarding the fundamental right to health.
B. Regarding the alleged violation of the right to a defense and to due process (debido proceso). In this matter it has been proven and verified that the well in question is located on a property owned by the company called Ganadera La Ceiba S.A., which was confirmed in an inspection carried out by the authorities of the Dirección de Agua of MINAE in September 2020, and not on a property belonging specifically to the protected party Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorada or to any other particular resident. Hence, it is fully justified that the authorities of the Dirección de Agua, on November 4, 2020, notified the referred official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 precisely to the owner or representative of the property where the well was built and operates, since it is this party who –pursuant to the provisions of the already cited Executive Decree 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas– had to proceed with the respective closure and sealing. Note that, on this point, this latter decree provides in its article 38 as follows:
“Closure of wells. It is the responsibility of the Dirección de Agua of MINAET to indicate the closure and sealing of wells. The costs and expenses of this procedure shall be covered by the owner of the property where the well is located; and subsidiarily by the drilling company that carried out the drilling and the geologist responsible for it, when their involvement in the development of the well is proven. The sealing must be done with a metal cap, using impermeable and hermetic material to ensure that no possible contaminants enter, and by pouring a concrete slab over the drilling site, and a notarial act recording this must be drawn up, all in accordance with the provisions of the resolution of the Dirección.” (The underlining is not part of the original).
Parallel to the foregoing, it must be clear in this matter that the Dirección de Agua of MINAE is not and does not act as the provider of potable water service in the residential complex under study. At no time has it entered into any kind of relationship under that concept with any of the owners of the 100 farms referred to by the protected party; in fact, it has no competence whatsoever in this regard granted by our legal system. Consequently, the obligation to notify each of these owners (in their alleged capacity as beneficiaries of the water supply service) of the provisions of the cited official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 could not be imputed to this directorate. It is evident that the Dirección de Agua limited itself to setting right the use of the well and, from that perspective, its task was limited to notifying the owner of the property where it was located of the closure and sealing order in question, just as was effectively done. This being the case, in this matter, it is not feasible to assert that the owners of the cited properties that make up the cited residential complex had their rights to a defense and to due process (debido proceso) violated.
In any event, it is important to highlight that the petitioner himself, in the brief filing this amparo, stated that the owners of the properties located in the cited residential complex learned of the closure order in question through other means. Even, in the list of evidence provided by the petitioner, there are some official letters dated November 17, 2020, where it is proven that a representative of the company Ganadera La Ceiba S.A. notified some owners of the quintas of the sealing order set forth in the cited official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020. This being so, it is clear that the owners of the cited properties, prior to the filing of this amparo, did have knowledge of the closure order for the well that supplied them with water, which, consequently, allowed them to exercise, at that time, the actions they deemed pertinent in order to regularize the situation under study.
In fact, it is important to note that in this matter it has been fully verified –as the petitioner himself has related in the brief filing this proceeding– that the residents of the mentioned residential complex already knew, for many years prior (at least since 2013), of the irregular situation in which they found themselves regarding the provision of water service (given that the well operated illegally), to the point that, in 2016 and 2018, they sought help from the authorities of the ICAA to take over the aqueduct that operates on the site. Consequently, it is clear that the closure order issued in September 2020 by the Dirección de Agua could not be considered abrupt and arbitrary, according to the terms set forth and alleged before this Court, since it was to be expected that the authorities of MINAE would, sooner or later, act in that manner, following, as has been stated repeatedly, the provisions of our legal system (Executive Decree No. 35884-MINAE).
C. Regarding the alleged obligation to coordinate previously with ARESEP and the ICAA. Following what was indicated in the previous section, this Sala is of the view that the Dirección de Agua of MINAE, pursuant, in turn, to the provisions of the already cited Executive Decree No. 35884-MINAE, fulfilled its specific obligation to notify the closure of the well to the owner of the property where it is located, without it being indicated or imposed in that same regulatory body that there is an obligation to carry out the action that the petitioner demands, namely, that of coordinating prior to the closure of the well with other institutions (in this case with ARESEP and with the ICAA), in order to find a solution to the water supply problem in the residential complex. What the petitioner essentially suggests, through this argument, is that MINAE should indefinitely suspend compliance with the provisions of the cited regulations (and perpetuate the use and operation of an illegally built well), until one of those two institutions, principally the ICAA, completely resolved the situation in which the residents of the cited residential complex found themselves and currently find themselves, for reasons, apparently, unrelated to the public administration, which, however, is not plausible in the view of this constitutional body, since the duty of this ministry was to ensure the closure of the well and nothing else. This, because as has been said, the Dirección de Agua of MINAE has not intervened, at any time, as the provider of potable water service to the properties under study.
In any event, as was also already stated, the record in this matter shows that since at least 2016, that is, four years before the official letter (oficio) in question No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 was issued, the ICAA was aware of the case under study –as it was brought to its attention by members of [...]–, without, at that time, a solution having been achieved. Furthermore, it was proven that two years later, that is, in September 2018, the petitioner submitted a formal request to the Board of Directors of the ICAA for that institution to administer the potable water supply in the referred housing project, which, however, could not be carried out due to the failure of the interested parties to meet the requirements established for that purpose. Therefore, in this matter it has been reliably verified that although MINAE, when issuing the administrative act under study, did not carry out that prior coordination sought by the petitioner (which, as stated, in any event is not imposed on it by the legal system), the truth is that by that time the ICAA was aware of the problem under study and had already issued a criterion on how the situation could be resolved (a topic that will be taken up again in detail in the following section).
D. Regarding the alleged omission of the ICAA to resolve the situation related to the potable water supply in the residential complex. Contrary to what is accused by the petitioner, this Constitutional Court does not consider that the authorities of the ICAA can be charged with or attributed any arbitrary action or omission on their part in this matter, which has violated the fundamental rights of the inhabitants of Quintas Residenciales La Ceiba. It should be observed that, in this matter, as already anticipated, the record shows that the interested parties (residents of said residential complex) have gone to this institution on two occasions and that, although it has not taken over the aqueduct and, consequently, the supply of potable water in said residential complex, this is due to an important reason, which is that the former have not fulfilled a series of requirements and technical aspects that were notified to them and brought to their attention several years ago.
Specifically, it was determined that, in 2016, some members of [...] met with two engineers from the ICAA to propose that they take over the aqueduct of the residential complex. On this occasion, as was also proven, said officials requested the fulfillment of several requirements for that purpose (e.g., detailed information from the pumping test, the amount of water the well produced, water quality analysis, the plan of the farm where the well is located and possible easement (servidumbre), etc.). Likewise, it was verified that, some time later, in September 2018, the petitioner submitted to the Board of Directors of the ICAA a formal request for that institution to administer the potable water supply in the referred housing project. Said request was referred by the Board of Directors of the ICAA to the Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados of the ICAA, as a result of which report No. GSP-RPC-2018-00586 dated October 16, 2018, was issued, called Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, signed by an official of the Región Pacífico Central of the ICAA and in which it was indicated that, to grant the petitioner's claim, a series of requirements had to be met, among them, the following:
“(…) 1. Approval of the segregation of the farm, in accordance with the provisions of article 36 of the Ley de Planificación Urbana and articles 11.2.1 and 50, 51, 52, 53, 54, and 55 of the Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, these last five articles regarding agricultural parceling (parcelamiento agrícola); as an exceptionality, requiring for this the approval of the INVU. All the foregoing so that the provision of the service is legal, environmentally, and technically feasible.
2. The service to be supplied must be adequate in terms of quality, quantity, and continuity, for which the infrastructure must allow it, as well as a surplus for vegetative growth of the area.
3. The internal roads of the project must be public roads or agricultural easements (servidumbres agrícolas), the former must be registered as such within the cantonal road network of Orotina, while the latter as right-of-way and aqueduct easements (servidumbres de paso y acueducto) in favor of AyA, which allow free circulation through them, as well as the possibility of installing infrastructure.
4. The existing distribution network must be evaluated regarding its characteristics such as diameter, material, schedule, installation, and any other element that must be considered for its possible acceptance, or failing that, which must be replaced. These pipes must comply with the Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial.
5. As established in the request, the required infrastructure must be complete, including the well fully equipped and with the necessary protection, the protection areas established by the hydrogeological study, a 72-hour pumping test, which must be carried out, and all available information and that to be obtained from it. Likewise, it must include the disinfection system, impulsion pipes, storage tank, and distribution network.
6. All infrastructure to be built and/or existing must be approved by AyA, in accordance with established regulations.
7. Define the characteristics of the development, that is, whether it is for tourism, residential, agricultural, or other use.
8. The aspects of the installation of micro-metering (water meters) or their supply must be defined by the interested parties (…)”.
All these requirements, as reported by the authorities of the ICAA and, even, as recognized by the petitioner himself in the brief filing this amparo, had not been able to be met, and therefore, consequently, said institute had not been able to take over the aqueduct and supply the potable water service, as intended.
Thus, it is easily inferred that the authorities of the ICAA have not refused, at any time, in an unfounded or arbitrary manner to provide the service under study, in the terms in which the protected party presents or sets it forth before this constitutional jurisdiction.
What occurs in this matter is that ICAA, prior to carrying out the intended action, requires that a series of requirements be fulfilled in compliance with the stipulations of the legal system, without it being possible, in this particular case, to make an illegal exception and provide the service in the project called Quintas Residenciales La Ceiba, as the claimant apparently desires. It should be noted that this Chamber, on repeated occasions, has indicated that the provision of drinking water supply service may be validly denied when the requirements stipulated for that purpose have not been met. Thus, in Voto No. 2009-9936 of 14:08 hrs. of 19 June 2009, the following was stated:
“(…) Thus, this character of a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the administration can validly establish general requirements that must be met by each applicant in order to evaluate their particular request, and therefore the possibility of limiting the granting of new water connections (pajas de agua) is recognized for the purpose of ensuring the continuity of the provision of the public service of drinking water supply to current users and domiciles that receive said service – see judgments numbers 2007-17475, of eleven hours five minutes of thirty November two thousand seven, and 2008-11390, of eleven hours twenty-nine minutes of twenty-two July two thousand eight-. In this regard, in judgment number 2006-1898, of nine hours fifty-three minutes of seventeen February two thousand six – reiterated, among others, by judgment number 2007-13310, of ten hours fifty-seven minutes of fourteen September two thousand seven- the Chamber established that:
“The claimant alleges (…) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with drinking water service, arguing that it is a precarious settlement (precario) and that its inhabitants do not have a segregation plan (plano de segregación) establishing that they are the owners of the properties. In this regard, it is accredited in the record, based on the report rendered under oath by the respondent authority, that there is an impossibility to install domiciliary drinking water services in the community where the claimant lives for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the failure to submit applications that meet legal requirements by the interested parties (...). This Chamber, in judgment No. 2004-12185 of 13:31 hours of 29 October 2004, in a case similar to the present one, indicated that it was not possible to compel the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to circumvent the provisions of its Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes or the Ley General de Agua Potable.
Hence, as long as the protected party does not meet the conditions and requirements demanded therein, even though drinking water service must be within reach of every person because it is an essential service, it cannot be provided to them on a regular basis. Given the existence of those two objective reasons why it is not possible to supply regular drinking water service to the claimant: their failure to meet the requirements for connecting a new service, beginning with the submission of the application and the existence of adequate infrastructure in the area, there is no reason whatsoever to understand that the denial of the provision of regular service by the respondent Institute is due to the fact that the protected party and their neighbors do not have title deeds to the properties they possess. To the foregoing it should be added that based on Article 33 of the referenced Regulation, the lack of a title deed does not appear to be an obstacle to requesting the connection of a new drinking water service, as long as the requirements indicated by that norm are met.
In any case, it is also accredited that even though regular drinking water service has not been supplied, the claimant and other neighbors have a public source (fuente pública) that the Institute installed so they can supply themselves for their basic needs. Hence, this Court considers that it has been the very omission of the claimant and the neighbors of the locality, who do not prove having submitted the applications for the installation of a new drinking water service in the community where they live, that has prevented their situation from being evaluated in order to determine if, by meeting, above all, the requirements of Article 33 of the Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, the infrastructure limitations can be overcome in their case and they can be provided with regular drinking water service.” It is understood then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the drinking water service, a situation which determines that the administration lacks the obligation to provide drinking water service if there are technical reasons that advise against it or make it impossible, and it must adequately inform the petitioner of the reasons why their request cannot be attended to (…)”.
For its part, in Judgment No. 2018-7781 of 09:15 hrs. of 18 May 2018, this Chamber stated:
“(…) III.- ON THE DENIAL OF DRINKING WATER SERVICE. This Chamber has considered that, although a fundamental right to drinking water exists, its exercise is not indiscriminate, such that there is an obligation on the part of the entities that provide this service to provide it under any condition and at any opportunity. Specifically, this Chamber has recognized that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, municipalities, or associations that administer aqueducts and sewers, may deny the availability of drinking water if there are technical reasons that so justify it. In judgment number 2009-003825 of 16:49 hours of 10 March 2009, reiterated in judgment No. 2016-005382 of 9:05 hours of 22 April 2016, this Chamber resolved the following:
“(...) It is understood then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the drinking water service, a situation which determines that the administration lacks the obligation to provide drinking water service if there are technical reasons that advise against it or make it impossible, and it must adequately inform the petitioner of the reasons why their request cannot be attended to (…)”.
Concomitantly, it is necessary to bring up what was reported on this matter and under oath by the Subgerente de Sistemas Periféricos of ICAA, namely, the following:
“(…) all the information required by AyA, set forth in the technical report, are essential requirements to materialize the administration of the aqueduct (acueducto) by AyA, therefore the Institution has shown its willingness to solve the supply needs of the community, as long as the requested information is provided, the improvements determined by the institutional technical area are made, and the condition of access to the properties and their respective registrations is defined, all of the foregoing in accordance with the provisions of the normative body, governing the conditions to which the Institute binds itself with the user and the necessary requirements for the provision of the service, which are found in the Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, in Article 7 (…)” (The underlining is not part of the original).
Furthermore, this authority maintained that:
“(…) if the claimant provides the information requested in the report made by the Dirección de Operación y Mantenimiento since October 2018, to determine the current conditions of the system, accesses and subsequently make the improvements indicated by the institutional technical area, the aqueduct can be taken over and the current conditions of the water resource (recurso hídrico) of the residents of Quinta La Ceiba can be solved (…)”. (The underlining is not part of the original).
Thus, in this matter it is established as proven that the authorities of ICAA have not left the neighbors of the said residential development unprotected, given that they have proposed a project to them to take over the aqueduct and provide them with drinking water service for several years, and that, if this has not materialized, it has been because the latter have not complied with the requirements demanded and brought to their knowledge.
E. Regarding the claimant's demand that the companies related to the residential complex assume their responsibility in this case. Finally, it is necessary to point out to the claimant that the demand aimed at having the companies involved in this matter (principally, the developer company Ganadera La Ceiba S.A.) take responsibility for the situation under study and provide a solution regarding the provision of drinking water service in the mentioned residential development, must be brought, if they see fit, before the ordinary legal channels created specifically for that purpose. It should be noted that it falls outside the scope of competence of this Constitutional Court, as it is a matter of mere and pure legality, to analyze the merits of the case under study, specifically, the agreements reached by the owners of the properties that form part of the cited residential development with the developer company Ganadera La Ceiba S.A. (or with any other private legal person), at the time of purchasing the lots (quintas) and all those specific aspects properly related to the provision of water service at the site and, concomitantly, to determine whether this company or another must assume some type of responsibility in the situation and case presented here.
It is not materially or reasonably possible to enter into a complicated and slow evidentiary system to elucidate the referenced aspects pointed out by the protected party. Therefore, as already stated, this particular grievance must be brought before the respective ordinary legal channels, as it clearly exceeds the summary nature of the recurso de amparo, as well as the competence of this Court granted by the Ley de la Jurisdicción Constitucional and the Political Constitution itself.
* By virtue of the foregoing, as it is not observed, in this case, that the respondent authorities have committed any violation of the fundamental rights of the claimant and the rest of the owners of the Quintas Residenciales La Ceiba project, the appropriate course is to dismiss this amparo proceeding.
VI.Now, despite what was said supra, it is necessary to indicate to the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that, at the moment the owners of the properties that make up the Quintas Residenciales La Ceiba project comply with all the technical and legal requirements that have been demanded of them, whatever is legally appropriate be resolved; provided that another cause unrelated to the one examined in this sub lite does not prevent it.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session number 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The recurso is dismissed. The authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados take note of the provisions in Considerando VI of this judgment.
Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
AGUA POTABLE.
Telf5743. SERVICIOS PÚBLICOS. SE CUESTIONA CIERRE DE POZO DE UN RESIDENCIAL DE QUINTAS EN OROTINA, QUE ABASTECE A LOS VECINOS DE AGUA, SIN DEBIDO PROCESO. SE DECLARA SIN LUGAR, POR CUANTO NO TENÍAN PERMISOS EN REGLA; NO OBSTANTE SE ADVIERTE, QUE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS, SE RESUELVA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA. VCG10/2023 “(…) V.- CASO CONCRETO. El recurrente acude a esta Sala Constitucional e indica que figura como Presidente de [...]. Expone que hace 23 años se desarrolló el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, el cual se compone de quintas de aproximadamente 7.000 metros cuadrados cada una y tiene un total de 100 fincas inscritas como predios agrícolas.
Indica que el desarrollador de ese proyecto era la empresa Ganadera La Ceiba S.A., la que entregó a los compradores los planos catastrados que cumplían con las especificaciones de los predios agrícolas y con el servicio de agua potable. Explica que, al momento de la venta de los inmuebles, el desarrollador garantizó la prestación del servicio de agua potable mediante un acueducto de la misma empresa, para lo cual cada parcela contaba con el respectivo medidor. Señala que inicialmente el servicio se brindaba de forma privada por la misma compañía vendedora (Ganadera La Ceiba S.A.), a través de una empresa relacionada llamada SERINCON S.A., que tuvo a su cargo el cobro del servicio. Refiere que SERICON S.A. desde el año 1997 ha suministrado el servicio de agua potable. A partir del año 2017, los depósitos de pago por el suministro de agua se realizan a otra empresa llamada TYRICA S.A., también relacionada con la Ganadera La Ceiba S.A..
Agrega que un vecino presentó una queja ante el MINAE por el alto costo del servicio de agua potable, la cual originó la emisión del oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 que hizo referencia a la ilegalidad del citado pozo y dispuso su cierre en el plazo de un mes.
Acusa que el MINAE dispuso el cierre de ese pozo de forma intempestiva, sin otorgar audiencia previa a todos los vecinos del residencial (pues solo se notificó a la empresa infractora) y sin realizar un debido procedimiento, quedando así todos en indefensión. Sostiene que los referidos vecinos se enteraron de lo ocurrido por terceras personas.
Alega que, tampoco, se les brindó audiencia previa o consultó a las autoridades del ICAA y de la ARESEP, como medio para buscar una solución a la situación. Todo esto, pese a que, al momento del cierre se encontraba en plena vigencia la emergencia nacional por COVID-19, por lo que, en su criterio, resulta esencial contar con el servicio de agua potable.
Añade que a pesar de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el órgano que debe realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo, así como resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable en el país, no se han tomado las acciones pertinentes para dar una solución a las 100 familias que se han visto afectadas con el cierre del pozo y la suspensión del servicio de agua en sus viviendas. Expone que el ICAA no puede quedar al margen de las gestiones necesarias a realizar para proveer el suministro de agua potable a la comunidad y por eso es necesario su concurso en esta solución; concurso que debió ser procurado por el mismo MINAE antes de ordenar el cierre del pozo.
De otra parte, reitera que el desarrollador, al poner en venta las fincas, ofreció la prestación del servicio de agua potable, factor que incidió para que las personas adquirieran las propiedades. Indica que las tres empresas supra citadas son las que tienen el poder y la administración de dicho pozo, así como tienen a su cargo la lectura de los hidrómetros, establecen las facturas y cobran por el servicio de agua, por lo que estima que es necesario que estas participen en el procedimiento de traslado del acueducto al ICAA. En ese mismo sentido, considera, tienen que coordinar con el MINAE y el ICAA lo pertinente para que se cumplan los requisitos exigidos para que dicho instituto asuma la administración del acueducto de la comunidad.
Sostiene, entonces, que en este caso se violentó el derecho de acceso al agua potable, así como sus derechos a la defensa y al debido proceso. Por consiguiente, solicita que este amparo se acogido y, entre otros aspectos, se anule la orden de cierre del pozo dispuesta en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 emitido por la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se ordene al ICAA su inmediata intervención para garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable, realizando las gestiones y obras que fueran necesarias.
Visto lo anterior, esta Sala observa que el accionante formula este amparo dirigido en los siguientes sentidos: a) que mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 de la Dirección de Agua del MINAE se ordenó el cierre del pozo que abastece el complejo residencial, donde habitan 100 familias, en claro quebranto al derecho de acceso al agua potable y pese a estar vigente la pandemia por COVID-19; b) que dicha decisión se tomó sin notificarse u otorgarse audiencia previa a las 100 familias propietarias de las mencionadas quintas y, por ende, sin respetarse el debido proceso; c) que de previo a emitirse la referida orden, no se realizó consulta al ICAA o a la ARESEP, con el fin de buscarse una solución a la referida problemática; d) que las autoridades del ICAA, pese a las gestiones que le han sido formuladas, no han brindado una solución a la situación y e) que las privadas involucradas en este asunto, deben hacerse responsables y solventar el problema expuesto.
Ahora bien, analizados los agravios expuestos por el recurrente, los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento por las autoridades recurridas, así como todas las pruebas allegadas a los autos, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para acoger este amparo y, concomitantemente, las pretensiones plantadas por el tutelado. Lo anterior, por los motivos que se expondrán a continuación.
A. Sobre lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 y la necesidad de proveerse de agua potable durante la pandemia por COVID-19. En primer término, resulta menester apuntar que, en la especie, esta Sala no observa, de ningún modo, que la actuación reclamada por el accionante, sea el cierre y sellado del pozo ubicado en la finca No. 377663-000 (propiedad de Ganadera La Ceiba S.A.) y que ha abastecido desde hace varios años al proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, se pueda tener como arbitraria o infundada. En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua –al parecer presuntamente por así haber sido dispuesto por la citada empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.–, a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos y que, por ende, no se encuentra debidamente registrado ante la Dirección de Agua del MINAE, tal y como lo dispone el ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); de ahí que, se haya procurado su cierre. Nótese que este último cuerpo normativo, en su artículo 28 establece lo siguiente:
“De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del MINAET ordenará el cierre de un pozo en las siguientes condiciones:
Lo anterior, sustenta entonces, claramente, la actuación de la Dirección de Agua del MINAE, concretamente, lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 impugnado por el promovente, en su condición de Presidente de [...]. Oficio que, además, cabe destacar, señala puntualmente todos los motivos de derecho y de hecho que fundamentan el cierre en cuestión, entre los que figuran, principalmente, como se dijo, el funcionamiento del pozo de manera ilegal y su uso para consumo humano y no como abrevadero para 20 reses, tal y como se señaló y solicitó años después, concretamente en marzo de 2020, al ser presentada una gestión por la referida sociedad para legalizar el pozo, a tenor de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG de 18 de julio de 2019 denominado Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas (procedimiento último tramitado conforme el expediente No. [Valor 003]).
Siendo así, es evidente que los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se han proveído de agua de forma irregular por varios años y que las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE, únicamente se ha abocado a regularizar y poner a derecho esa situación conforme lo establece y exige, a su vez el ordenamiento jurídico; de ahí que, bajo esa perspectiva, no podría afirmarse que la actuación de cierre y sellado del pozo en cuestión atente contra el derecho fundamental de acceso al agua potable. Por el contrario, a tenor de lo estipulado en dicho ordenamiento jurídico, tal actuación busca proteger el recurso hídrico.
De otra parte, debe tomarse en cuenta que, si bien a través del cuestionado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 se dispuso el cierre y sellado del pozo, lo cierto es que –tal y como también quedó acreditado–, esta orden no fue ejecutada en aquel momento (sea, el año 2020) ni subsiguientemente por las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE. Nótese que, en un primer momento, el Director de Aguas del MINAE, mediante resolución No. DA-1769-2020 de las 08:17 hrs. de 3 de diciembre de 2020 (emitida dentro del referido procedimiento No. [Valor 003]), dispuso la suspensión de dicha orden hasta tanto se resolviera la acción de inconstitucionalidad que se había presentado en contra de lo dispuesto en el citado Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG (que permitía legalizar pozos perforados de forma irregular). Adicionalmente, en esa oportunidad, se aclaró que la inscripción del pozo solicitado quedaba sujeta al cumplimento de lo dispuesto en dicho cuerpo normativo (Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG) y que esta solicitud propiamente sería resuelta al pronunciarse la Sala Constitucional sobre dicho proceso de constitucionalidad.
Esta última acción, según se acreditó, fue resuelta y desestimada por esta jurisdicción constitucional mediante la Sentencia No. 2021-25386 de las 13:10 hrs. de 10 de noviembre de 2021, la cual, además, fue notificada en el mes de marzo de 2022 a todas las partes. Luego, las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE, concretamente, en el mes de julio de 2022, informaron a esta Sala que, para entonces, la solicitud para legalizar el pozo en cuestión se encontraba aún pendiente de resolver, lo cual se haría hasta que se resolviera el presente proceso de amparo. Esta situación, según se confirmó recientemente (sea, el 29 de septiembre de 2023), es la que perdura e impera a la fecha. Además, se aclaró que el pozo ubicado en el citado proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba no había sido sellado y que, por ende, los habitantes de este sitio continúan utilizándolo para proveerse de agua.
En consecuencia, a partir de lo anterior, no podría sostenerse que el recurrente y el resto de personas propietarias de las quintas referidas, se hayan quedado desprovistas del servicio de agua potable, al menos, durante los años en que la pandemia por COVID-19 se encontró mayormente vigente y, por consiguiente, cuando más necesario se hizo el suministro de este líquido en resguardo del derecho fundamental a la salud.
B. En cuanto a la presunta violación al derecho a la defensa y al debido proceso. En este asunto se ha acreditado y verificado que el pozo en cuestión se halla en un inmueble propiedad de la empresa denominada Ganadera La Ceiba S.A., lo cual fue confirmado en una inspección realizada por las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE en septiembre del año 2020, y no en un inmueble a nombre propiamente de la amparada Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorada o bien a nombre de algún otro vecino en particular. De ahí que, resulte plenamente justificado que las autoridades de la Dirección de Agua, el 4 de noviembre de 2020, hayan notificado el referido oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 precisamente al dueño o representante del inmueble donde se construyó y opera el pozo , pues es este quien –a tenor de lo dispuesto en el ya citado Decreto Ejecutivo 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas-, debía proceder con el respectivo cierre y sellado. Nótese que, sobre el particular, este último decreto dispone en su artículo 38 lo siguiente:
“Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.” (El subrayado no forma parte del original).
Paralelamente a lo anterior, debe tenerse claro en este asunto que la Dirección de Agua del MINAE no es o figura como el proveedor de servicio de agua potable en el complejo residencial bajo estudio. En ningún momento ha suscrito alguna especie de relación por ese concepto con ninguno de los propietarios de las 100 fincas a las que hace referencia el tutelado; de hecho, no tiene competencia alguna al respecto dotada por nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, no podría imputársele a esta dirección la obligación de notificarle a cada uno de estos propietarios (en presunta calidad de beneficiarios del servicio de suministro de agua), lo dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20. Resulta evidente que la Dirección de Agua se limitó a poner a derecho el uso del pozo y, desde esa perspectiva, su labor se reducía a notificarle al propietario del inmueble donde este se hallaba, la orden de cierre y sellado en cuestión, tal y como así efectivamente se hizo. Así las cosas, en este caso, no es factible afirmar que a los dueños de los citados inmuebles que conforman el citado residencial, se les vulneraron sus derechos a la defensa y al debido proceso.
En todo caso, es importante destacar que el propio recurrente, en el escrito de interposición de este amparo, afirmó que los propietarios de los inmuebles ubicados en el citado complejo residencial se enteraron de la orden de cierre en cuestión por otros medios. Incluso, en el elenco de pruebas aportadas por el promovente, consta algunos oficios fechados 17 de noviembre de 2020, donde se acredita que un representante de la sociedad Ganadera La Ceiba S.A. les notificó a algunos dueños de las quintas la orden de sellado dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020. Siendo así, es claro que los propietarios de los citados inmuebles, de previo a la interposición de este amparo, sí tuvieron conocimiento de la orden de cierre del pozo que los abastecía de agua, lo que, en consecuencia, les permitió ejercer, en aquel momento, las acciones que estimaran pertinentes con el fin de regularizar la situación bajo estudio.
De hecho, es importante señalar que en este asunto ha quedado plenamente verificado –pues así lo ha relatado el propio recurrente en el escrito de interposición de este proceso–, que los vecinos del mencionado residencial ya conocían, desde muchos años atrás (al menos desde el año 2013), la situación irregular en la que se encontraban respecto a la prestación el servicio de agua (dado que el pozo funcionaba ilegalmente), al punto que, en los años 2016 y 2018, buscaron ayuda de las autoridades del ICAA para que asumieran el acueducto que opera en el sitio. Por consiguiente, es claro que la orden de cierre dispuesta en septiembre de 2020 por parte de la Dirección de Agua no podría considerarse como intempestiva y arbitraria, según los términos expuestos y alegados ante este Tribunal, pues era de esperarse que las autoridades del MINAE, tarde o temprano, actuaran de esa manera, siguiendo, como se ha dicho reiteradamente, lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE).
C. Tocante a la presunta obligación de coordinar previamente con la ARESEP y el ICAA. Siguiendo lo indicado en el apartado anterior, esta Sala es del criterio que la Dirección de Agua del MINAE, a tenor, a su vez, de lo dispuesto en el ya citado Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE, cumplió con su puntual obligación de notificar el cierre del pozo al dueño del inmueble donde este se encuentra, sin que se denote o se imponga en ese mismo cuerpo normativo, la obligación de llevar a cabo la actuación que reclama la parte accionante, sea la de coordinar de previo al cierre del pozo con otras instituciones (en este caso con la ARESEP y con el ICAA), con el fin de hallar una solución al problema de suministro de agua en el complejo residencial. El promovente lo que sugiere en el fondo, a través de este alegato, es que el MINAE debía suspender indefinidamente el cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa (y perpetuar el uso y funcionamiento de un pozo construido ilegalmente), hasta que alguna de esas dos instituciones, principalmente el ICAA, resolviera totalmente la situación en la que se encontraron y encuentran actualmente los vecinos del citado residencial, por motivos, al parecer, ajenos a la administración pública, lo cual sin embargo, no resulta plausible en criterio de este órgano constitucional, ya que el deber de este ministerio era velar por el cierre del pozo y no otro. Esto, pues como se ha dicho, la Dirección de Agua del MINAE no ha intervenido, en ningún momento, como prestador del servicio de agua potable en los inmuebles bajo estudio.
En todo caso, como ya también se dijo, en este asunto consta que desde al menos el año 2016, sea, cuatro años antes de emitido el oficio en cuestión No. DA-UHTPCOSJ-2123-20, el ICAA conocía del caso bajo estudio –pues así le fue puesto en conocimiento por miembros de [...]–, sin que, en ese momento, se haya logrado concretar una solución. Además, se acreditó que dos años más tarde, sea, en septiembre de 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA una solicitud formal para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional, lo cual, sin embargo, no se pudo realizar ante la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto de parte de los interesados. Por ende, en este asunto se ha verificado fehacientemente que si bien el MINAE al emitir el acto administrativo bajo estudio no realizó esa coordinación previa pretendida por el accionante (la cual, como se dijo, en todo caso no le es impuesta por el ordenamiento jurídico), lo cierto es que para entonces el ICAA conocía el problema bajo estudio y ya había emitido criterio sobre cómo se podría resolver la situación (tema último que se retomará con detenimiento en el siguiente apartado).
D. Sobre la supuesta omisión del ICAA en solventar la situación relacionada con el suministro de agua potable en el complejo residencial. Contrario a lo acusado por el recurrente, este Tribunal Constitucional no considera que a las autoridades del ICAA se les pueda imputar o atribución alguna actuación u omisión arbitraria de su parte en este asunto, que haya atentado en contra de los derechos fundamentales de los habitantes de Quintas Residenciales La Ceiba. Debe observarse que, en este asunto, como ya se adelantó, consta que los interesados (vecinos de dicho residencial), han acudido en dos ocasiones ante esta institución y que, si bien esta no ha asumido el acueducto y, consiguientemente, el suministro de agua potable en dicho complejo residencial, esto se debe a una importante razón, y es que los primeros no han cumplido una serie de requisitos y aspectos técnicos que les fueron notificados y puestos en conocimiento desde hace varios años.
En concreto, se determinó que, en el año 2016, algunos miembros de [...] se reunieron con dos ingenieros del ICAA para proponerles asumir el acueducto del complejo residencial. En esta ocasión, según se acreditó también, dichos funcionarios solicitaron el cumplimiento de varios requisitos para tal efecto (v.gr. información detallada de la prueba de bombeo, la cantidad de agua que daba el pozo, análisis de calidad de agua, el plano de la finca donde está el pozo y posible servidumbre, etc.). Asimismo, se verificó que, tiempo después, en septiembre del año 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA una solicitud formal para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional. Dicha solicitud fue trasladada por la Junta Directiva del ICAA a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados del ICAA, producto de lo cual se emitió el informe No. GSP-RPC-2018-00586 de fecha 16 de octubre de 2018, llamado Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, suscrito por un funcionario de la Región Pacífico Central del ICAA y en el cual se indicó que, para acceder a la pretensión del gestionante, se debían cumplir una serie de requisitos, entre estos, lo siguientes:
“(…) 1. Visado de la segregación de la finca, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y en los artículos 11.2.1 y 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, estos últimos cinco artículos en lo correspondiente a parcelamiento agrícola; como excepcionalidad, requiriendo para ello el visado del INVU. Todo lo anterior para que la prestación del servicio sea legal, ambiental y técnicamente factible.
2. El servicio a suministrar debe ser adecuado en cuanto a calidad, cantidad y continuidad, por lo que la infraestructura lo debe permitir, así como un remanente para crecimiento vegetativo de la zona.
3. Las calles internas del proyecto deben ser calles públicas o servidumbres agrícolas, debiendo estar inscritas las primeras como tales dentro de la red vial cantonal de Orotina, mientras las segundas como servidumbres de paso y acueducto a favor del AyA, que permitan la libre circulación por ellas, así como la posibilidad de instalación de infraestructura.
4. La red de distribución existente debe ser evaluada en cuanto a sus características como diámetro, material, cédula, instalación y cualquier otro elemento que debe ser considerado para su posible aceptación, o en su defecto, que deba ser sustituido. Estas tuberías deben cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial.
5. Tal y como lo establece la solicitud, la infraestructura requerida debe ser completa, incluyendo el pozo totalmente equipado y con la protección necesaria, las áreas de protección que establezca el estudio hidrogeológico, prueba de bombeo de 72 horas, lo cual es necesario realizar, y toda la información disponible y por obtener de él. Así mismo debe incluir el sistema de desinfección, tuberías de impulsión, tanque de almacenamiento y red de distribución.
6. Toda la infraestructura a construir y/o existente debe ser aprobada por el AyA, de acuerdo a la normativa establecida.
7. Definir las características del desarrollo, esto es, si es de tipo turístico, habitacional, agrícola u otro.
8. Los aspectos de la instalación de la micromedición (hidrómetros) o su suministro deberá ser definido por los interesados (…)”.
Todos estos requisitos, según se informó por parte de las autoridades del ICAA e, incluso, así lo reconoció el propio accionante en el escrito de interposición de este amparo, no habían podido ser cumplidos, por lo que, consecuentemente, dicho instituto no había podido tomar el acueducto y suministrar el servicio de agua potable, según lo pretendido.
De este modo, se colige fácilmente que las autoridades del ICAA no se han negado, en ningún momento, de forma infundada o arbitraria a prestar el servicio bajo estudio, según los términos en que lo hace ver o expone el tutelado ante esta jurisdicción constitucional. Lo que sucede en este asunto es que el ICAA, de previo a realizar la actuación pretendida, requiere que se cumplan una serie de requisitos en apego a lo estipulado en el ordenamiento jurídico, sin que sea posible para este caso en particular, realizar una ilegal excepción, y brindar el servicio en el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, tal y como pareciera así lo quiere el recurrente. Nótese que, esta Sala, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la prestación del servicio de suministro de agua potable se puede válidamente denegar cuando no se han cumplido los requisitos estipulados al efecto. Así, en el Voto No. 2009-9936 de las 14:08 hrs. de 19 de junio de 2009, se indicó lo siguiente:
“(…) De tal forma, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento, por lo que se reconoce la posibilidad de limitar el otorgamiento de nuevas pajas de agua con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación del servicio público de suministro de agua potable a los actuales usuarios y domicilios que reciben dicho servicio –ver sentencias números 2007-17475, de las once horas cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil siete, y 2008-11390, de las once horas veintinueve minutos del veintidós de julio de dos mil ocho-. En este sentido, en sentencia número 2006-1898, de las nueve horas cincuenta y tres minutos del diecisiete de febrero de dos mil seis –reiterada, entre otras, por sentencia número 2007-13310, de las diez horas cincuenta y siete minutos del catorce de setiembre de dos mil siete- estableció la Sala que:
“El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable.
De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. A lo anterior cabe agregar que con base en el artículo 33 del Reglamento referido, la falta de un título de propiedad no parece ser un obstáculo para solicitar la conexión de un servicio nuevo de agua potable, en tanto se cumplan los requerimientos que indica esa norma.
En todo caso, se encuentra acreditado también que aunque no se ha suministrado el servicio regular de agua potable, el recurrente y demás vecinos cuentan con fuente pública que el Instituto instaló para que puedan abastecerse, para sus necesidades básicas. De ahí que considere este Tribunal que ha sido la propia omisión del recurrente y de los vecinos de la localidad, quienes no acreditan haber presentado las solicitudes para la instalación de un servicio nuevo de agua potable en la comunidad donde habitan, la que ha impedido que se valore su situación a efectos de determinar si, cumpliendo, sobre todo los requerimientos del artículo 33 del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, las limitaciones de infraestructura pueden ser superadas en su caso y se les puede proveer de un servicio regular de agua potable.” Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.
Por su parte, en la Sentencia No. 2018-7781 de las 09:15 hrs. de 18 de mayo de 2018, esta Sala señaló:
“(…) III.- SOBRE LA DENEGATORIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. Esta Sala ha considerado que, si bien, existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, de forma que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad. En concreto, esta Sala ha reconocido que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas que así lo justifiquen. En sentencia número 2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009, reiterada en la sentencia No. 2016-005382 de las 9:05 horas de 22 de abril de 2016, esta Sala resolvió lo siguiente:
“(...) Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.
Concomitantemente, resulta menester traer a colación lo informado sobre el particular y bajo juramento por el Subgerente de Sistemas Periféricos del ICAA, sea, lo siguiente:
“(…) toda la información requerida por el AyA, plasmada en el informe técnico, son requerimientos esenciales para concretar la administración del acueducto por parte del AyA, por ende la Institución ha mostrado su anuencia en solventar las necesidades de abastecimiento de la comunidad, en el tanto se brinde la información solicitada, se realicen las mejoras que la parte técnica institucional determine y se defina la condición de acceso a los inmuebles y su respectivas inscripciones, todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en el cuerpo normativo, que rige las condiciones a las que se obliga el Instituto con el usuario y los requisitos necesarios para la prestación del servicio, se encuentran en el Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, en el Artículo 7 (…)” (El subrayado no forma parte del original).
Además, esta autoridad sostuvo que:
“(…) si el recurrente aporta la información solicitada en el informe realizado por la Dirección de Operación y Mantenimiento desde octubre del 2018, para determinar las condiciones actuales del sistema, accesos y posteriormente realizar las mejoras indicadas por el área técnica institucional, se puede asumir el acueducto y solucionar las condiciones actuales del recurso hídrico, de los pobladores de Quinta La Ceiba (…)”. (El subrayado no forma parte del original).
Así las cosas, en este asunto se tiene por acreditado que las autoridades del ICAA no han dejado desamparados a los vecinos del referido residencial, habida cuenta que les han propuesto un proyecto para asumir el acueducto y proveerles el servicio de agua potable desde hace varios años, siendo que, si esto no se ha concretado, ha sido porque los segundos no han cumplido con los requisitos exigidos y puestos en su conocimiento.
E. En cuanto a la pretensión del recurrente para que las empresas relacionadas con el complejo residencial asuman su responsabilidad en este caso. Finalmente, resulta menester señalarle al recurrente que la pretensión dirigida a que las empresas involucradas en este asunto (principalmente, la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.), se hagan responsables de asumir la situación bajo estudio y brinden una solución en cuanto a la provisión del servicio de agua potable en el mencionado residencial, deberá ser planteada, si a bien lo tiene, ante las vías ordinarias de legalidad creadas especialmente al efecto. Nótese que escapa del ámbito de competencias de este Tribunal Constitucional, por tratarse de un tema de mera y pura legalidad, analizar por el fondo el caso bajo estudio, específicamente, los acuerdos a los que llegaron los propietarios de los inmuebles que forman parte del citado residencial con la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A. (o con algún otro sujeto de derecho privado), al momento de comprar las quintas y todos aquellos puntuales aspectos relacionados propiamente con la prestación del servicio de agua en el sitio y, concomitantemente, determinar, si esta sociedad u otra deben asumir o no algún tipo de responsabilidad en la situación y caso acá expuesto.
No resulta material ni razonablemente posible entrar a un complicado y lento sistema probatorio para dilucidar los referidos aspectos señalados por la parte tutelada. Por ende, como ya se dijo, este agravio en particular debe ser planteado ante las respectivas vías ordinarias de legalidad, por cuanto claramente excede el carácter sumario del recurso de amparo, así como la competencia de este Tribunal otorgada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la propia Constitución Política.
* En mérito de lo expuesto, al no advertirse, en la especie, que las autoridades recurridas hayan cometido violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente y del resto de propietarios del proyecto Quintas Residenciales La Ceiba, lo que procede es desestimar el presente proceso de amparo.
VI.Ahora bien, pese a lo dicho supra, resulta menester indicarles a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que, en el momento que los propietarios de los inmuebles que conforman el proyecto Quintas Residenciales La Ceiba cumplan con todos los requisitos técnicos y legales que le han sido exigidos, se resuelva lo que en derecho corresponda; siempre que otra causa ajena a la examinada en el sub lite no lo impida. (…)”
... Ver más Otras Referencias: HACE REFERENCIA A LA ACCIÓN 19-017936-0007-CO Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 033- Legitimación activa Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL “(…) I.- SOBRE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA ACTIVA. Por escrito aportado el 4 de diciembre de 2020, Wendy Simpson Roberts, en su condición de presidenta con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Ganadera La Ceiba S.A., solicitó se tuviera a dicha sociedad como coadyuvante activa del presente proceso. Afirma que la actuación del MINAE consignada en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 de 28 de setiembre de 2020 violenta el derecho de acceso al agua potable de las familias que habitan en el complejo residencial Quintas La Ceiba. Asimismo, expone que la decisión ahí consignada se tomó sin otorgarse audiencia previa. En consecuencia, solicita que se declare con lugar el recurso y se anule la orden de cierre dispuesta mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 de 28 de setiembre de 2020, emitido por los funcionarios de la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se le ordene al ICAA garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable.
Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por la mencionada interviniente, resulta admisible la referida coadyuvancia. (…)” VCG10/2023 ... Ver más Res. Nº PHO7951 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veintisiete minutos del seis de octubre de dos mil veintitres .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre317 001], cédula de identidad [CED168 ], a favor de [...], cédula jurídica [Valor CED185], contra EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA).
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
CONSIDERANDO:
Por escrito aportado el 4 de diciembre de 2020, Wendy Simpson Roberts, en su condición de presidenta con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Ganadera La Ceiba S.A., solicitó se tuviera a dicha sociedad como coadyuvante activa del presente proceso. Afirma que la actuación del MINAE consignada en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 de 28 de setiembre de 2020 violenta el derecho de acceso al agua potable de las familias que habitan en el complejo residencial Quintas La Ceiba. Asimismo, expone que la decisión ahí consignada se tomó sin otorgarse audiencia previa. En consecuencia, solicita que se declare con lugar el recurso y se anule la orden de cierre dispuesta mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 de 28 de setiembre de 2020, emitido por los funcionarios de la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se le ordene al ICAA garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable.
Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por la mencionada interviniente, resulta admisible la referida coadyuvancia.
El recurrente –en su condición de Presidente de [...]–, señala que mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020, la Dirección de Agua del MINAE, en claro quebranto al derecho de acceso al agua potable, dispuso el cierre del pozo que abastece el proyecto residencial llamado Quintas Residenciales La Ceiba, al haberse verificado que este operaba al margen de la ley. Acusa que lo anterior se ordenó sin notificarse u otorgarse audiencia previa a los interesados (más de 100 familias propietarias), pues el citado documento solamente se le comunicó a la empresa desarrollada e infractora (Ganadera La Ceiba S.A). Además, alega que no se le consultó previamente al ICAA o a la ARESEP, como medio para buscar una solución alternativa a los vecinos. Agrega que, por su parte, las autoridades del ICAA, pese a las gestiones que le han sido formuladas, no han brindado una solución a la situación que afrontan los propietarios de los inmuebles de dicho complejo residencial. Igualmente, sostiene que la empresa que vendió las fincas (y las otras relacionadas con el suministro y cobro propiamente del agua), deben hacerse responsables de solventar la situación bajo estudio.
De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:
“(…) ANTECEDENTES. [...], representados por el Dr. [Nombre317 001] (…) solicita al AyA la administración del suministro de agua potable de dicho proyecto denominado Quintas La Ceiba Tierra Dorada (…) consistente en parcelas agrícolas. INTRODUCCIÓN. El Proyecto mencionado se desarrolló hace más de 20 años, constando actualmente de más de 75 lotes, algunos con frente a calle pública y la gran mayoría con frente a servidumbre agrícola. El servicio de agua era administrado y suministrado por la sociedad que vendió los terrenos, Ganadera La Ceiba S.A. mediante una red de abastecimiento privada, misma que hoy funciona con algunos limitantes, especialmente legales y de cobro. Dicha sociedad ha acordado en conjunto con los vecinos el donar la infraestructura necesaria al AyA, Incluyendo terrenos, pozo equipado de acuerdo a lo que establezca la institución, tanque o tanques, para que esta se encargue de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable.
OBJETIVO. Realizar los estudios necesarios por parte del AyA, a partir de la información que suministre la asociación de vecinos, así como las obras que realice, para determinar la posibilidad de lograr el traspaso del sistema de abastecimiento de agua del proyecto, de modo se asuma su administración y por lo tanto, el suministro de agua potable en la zona. Desarrollo del tema: ANÁLISIS. Para el logro de lo planteado por la asociación de vecinos, el proyecto debe cumplir con los siguientes aspectos: 1. Visado de la segregación de la finca, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y en los artículos 11.2.1 y 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, estos últimos cinco artículos en lo correspondiente a parcelamiento agrícola; como excepcionalidad, requiriendo para ello el visado del INVU. Todo lo anterior para que la prestación del servicio sea legal, ambiental y técnicamente factible. 2.
El servicio a suministrar debe ser adecuado en cuanto a calidad, cantidad y continuidad, por lo que la infraestructura lo debe permitir, así como un remanente para crecimiento vegetativo de la zona. 3. Las calles internas del proyecto deben ser calles públicas o servidumbres agrícolas, debiendo estar inscritas las primeras como tales dentro de la red vial cantonal de Orotina, mientras las segundas como servidumbres de paso y acueducto a favor del AyA, que permitan la libre circulación por ellas, así como la posibilidad de instalación de infraestructura. 4. La red de distribución existente debe ser evaluada en cuanto a sus características como diámetro, material, cédula, instalación y cualquier otro elemento que debe ser considerado para su posible aceptación, o en su defecto, que deba ser sustituido. Estas tuberías deben cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial. 5.
Tal y como lo establece la solicitud, la infraestructura requerida debe ser completa, incluyendo el pozo totalmente equipado y con la protección necesaria, las áreas de protección que establezca el estudio hidrogeológico, prueba de bombeo de 72 horas, lo cual es necesario realizar, y toda la información disponible y por obtener de él. Así mismo debe incluir el sistema de desinfección, tuberías de impulsión, tanque de almacenamiento y red de distribución. 6. Toda la infraestructura a construir y/o existente debe ser aprobada por el AyA, de acuerdo a la normativa establecida. 7. Definir las características del desarrollo, esto es, si es de tipo turístico, habitacional, agrícola u otro. 8. Los aspectos de la instalación de la micromedición (hidrómetros) o su suministro deberá ser definido por los interesados. CONCLUSIONES. El AyA queda a la expectativa y espera de la definición de lo señalado en el desarrollo anterior en cuanto a la información requerida, de modo se pueda definir con claridad la posibilidad de que la institución pueda asumir la administración del sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Quintas la Ceiba Tierra Dorad, según voluntad expresa de sus vecinos (…)” (ver prueba).
“(…) A efecto que se de a conocer a los señores (as) miembros de la Junta Directiva, le adjunto el informe que preparó la región Pacífico Central relacionado con la solicitud de los vecinos de la Asociación Quintas La Ceiba Tierra Dorada, en el sentido de que AyA asuma la administración del sistema. Por lo tanto, lo que corresponde es que se les dé a conocer este informe a los vecinos y se les indiqué (sic) que deben coordinar con la región Pacífico Central a fin de que cumplan con todos los requisitos anotados en el informe para que sea factible que AyA asuma la administración. Se les debe indicar que los ingenieros, German Araya y Leonardo Moya, serán los encargados de coordinar con ellos todo lo relacionado con este asunto (…)” (ver prueba).
“(…) Como parte del seguimiento al acuerdo de referencia, adjunto encontrará informe presentado por la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, memorando SG-GSD-2018-00616, conocido en la sesión ordinaria de Junta Directiva N° 2019-08, celebrada en fecha 19 de febrero 2019. Según se desprende del estudio técnico adjunto, previo asumir el acueducto se debe cumplir con los requisitos establecidos en el informe técnico. Cualquier información adicional la pueden coordinar con la Región Pacífico Central (…)” (ver prueba).
“(…) Conclusiones 1- La zona presenta un desarrollo residencial en quintas. 2- El pozo del expediente 20209PA está en trámite de amnistía de pozos sin número y no cuenta con la concesión de aprovechamiento de agua otorgada. 3- El agua del pozo es utilizada ilegalmente.4- El pozo es utilizado para el abastecimiento público (poblacional) de al menos 65 propiedades, a pesar de haber sido solicitado para un uso de abrevadero. 5- No existen concesiones a Nombre317 de Tyrica S.A. 6- La sociedad Tyrica S.A, realiza cobros a los propietarios de las quintas por el servicio de agua. Recomendaciones: 1- Proceder con la denuncia ante la Fiscalía por el delito de usurpación del agua. 2- Informar a ARESE del cobro ilegal del servicio público. 3- Girar con la orden de sellado del pozo, debido a las inconsistencias del expediente e irregularidades el uso (…)” (ver informe y prueba).
Que en casi todas las propiedades de las calles conocidas como Dirección2419, Dirección2417 y el Higuerón cuentan con medidor y que el cobro del servicio de agua está a cargo de la empresa privada TYRICA S.A.. Que se denotaba que el pozo es para uso poblacional distinto al solicitado y que había lucro por venta del servicio. Por consiguiente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas) se dispuso el cierre y sellado del pozo. Adicionalmente, se solicitó la remisión de varia documentación tocante al cierre del pozo en el plazo de treinta días y se indicó que no se podía realizar ningún tipo de uso del pozo, sin obtener la concesión para el aprovechamiento del agua (ver prueba).
“(…) CONSIDERANDOS PRIMERO: Que de conformidad con la Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones le corresponde disponer y resolver sobre su dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia. SEGUNDO: Que el Decreto Ejecutivo 35669-MINAET publicado en la Gaceta 3 del 6 de enero de 2010, modificado mediante decreto 36437-MINAET del 24 de enero del 2011, delega a la Dirección de Aguas del MINAET, la competencia de admitir, tramitar y resolver sobre solicitudes de perforación del subsuelo para la exploración y explotación de aguas subterráneas y asignar el número de pozo respectivo. TERCERO: Que el Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET, regula todo lo referente a la perforación del subsuelo con fines de exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas.
CUARTO: Que mediante informe DA-UHTPCOSJ-2123-2020, del 28 de septiembre del 2020, suscrito por José Ricardo Hidalgo Sánchez y la ingeniera Marilyn Mora Vega, coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central, se tiene por probado que el pozo encontrado en finca folio real 377663-000, en el Dirección2418 , a Nombre317 de GANADERA LA CEIBA S.A., cédula jurídica CED5632, fue perforado sin contar con los permisos correspondientes por parte del Ministerio de Ambiente y Energía y que se encuentra en la actualidad siendo aprovechado, dándosele un uso de consumo humano (poblacional) esto para abastecer el proyecto residencial Quintas La Ceiba, siendo el abastecimiento a poblaciones, un uso que reviste servicio público y es competencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o sus entes delegados por ley, por lo que en el citado oficio se ordenó su sellado, como lo establece el Decreto Ejecutivo 35884-MINAET.
QUINTO: Que el Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET en el artículo 28 indica inciso b) indica lo siguiente: “Artículo 28. - De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del MINAET ordenará el cierre de un pozo en las siguientes condiciones: b) Cuando se realicen perforaciones sin el debido permiso. SEXTO: Que igualmente el Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET, indica en el artículo 38 lo referente al cierre de pozos y los responsables, el cual reza lo siguiente: “Artículo 38. - Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo.
El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.” (El subrayado y resaltado no corresponden al original). SÉTIMO: Que es claro que el pozo citado no contó con los permisos correspondientes, razón por la cual se enmarca dentro de los presupuestos de la normativa invocada, dictándose la orden de sellado en apego a esta. OCTAVO: Que en fecha 20 de marzo del 2020, se presentó la solicitud de registro de pozos realizados sin permiso y habilitación de concesión de aguas subterráneas, amparados en el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, por parte de GANADERA LA CEIBA S.A., proceso que se encuentra suspendido en razón de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente 19- 017936-0007-CO, por lo que no se puede resolver dicha solicitud hasta tanto ese máximo tribunal no resuelva lo correspondiente.
NOVENO: Interesa indicar que la fuente correspondiente a pozo perforado para extracción y aprovechamiento de aguas subterráneas está en finca propiedad de GANADERA LA CEIBA S. Nombre312. y que esta empresa gestiono la inscripción del pozo en el reciente proceso de amnistía de conformidad con el Decreto 41851-MP-MINAE-MAG, pero que no se puede entrar a conocer por el fondo en razón de la acción de inconstitucionalidad citada antes. Si bien esta empresa gestionó como propietaria del inmueble la legalización del pozo sin número en expediente 20209-P, quien utiliza el agua es [...], cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en los oficios JD-2019- 00063 del 22 de febrero de 2019, para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A.
POR TANTO El DIRECTOR DE AGUA RESUELVE SE SUSPENDE LA ORDEN DE SELLADO del pozo perforado dictada por oficio DA-UHTPCOSJ-2123-2020, del 28 de septiembre del 2020, hasta que se encuentre resuelta la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente de la Sala Constitucional número 19-017936-0007-CO. Apersonarse ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en los oficios JD-2019- 00063 del 22 de febrero de 2019, para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A. La inscripción del pozo estará condicionada a que en estudio del expediente 20209 PA se tenga por cumplido los términos técnicos y legales estipulado en el Decreto 41851-MP-MINAE-MAG y que se entrará a conocer conforme una vez que la Sala Constitucional resuelva a acción de constitucionalidad sobre este decreto.
Según este resultado, deberá el A y A solicitar el trámite respecto ante la Direccion de Agua. Contra esta resolución cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, de conformidad con los artículos 343,346 y 347 de la Ley General de la Administración Pública, ambos ante este Despacho. Notifíquese al AYA, señora Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva y Licda. Cecilia Martínez, Subgerente Gestión de Sistemas Comunales y a la Unidad Hidrológica Tárcoles - Pacífico Central (…)” (ver prueba).
19-017936-0007-CO. En lo que respecta a este proceso –en virtud del cual se suspendió la tramitación de la solicitud planteada en marzo de 2020 para registrar el pozo bajo estudio–, se tiene lo siguiente:
“(…) Por unanimidad se declara sin lugar la acción respecto de la supuesta autorización expresa para no acudir a SETENA para valorar pozos irregulares, el alegato de riesgo de salinización o contaminación por intrusión salina, y la argüida inefectividad galopante del derecho ambiental. Por mayoría se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad en cuanto a los artículos 1, 2 y 3 del decreto ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, siempre y cuando se interprete que dichos numerales no modifican los tipos penales contemplados en los artículos 226 y 227 del Código Penal; de este modo, le corresponderá al juez penal competente la determinación de la responsabilidad penal. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes acerca del agravio antedicho. Por mayoría se declara sin lugar el recurso, en cuanto a la alegada inexistencia de un balance hídrico integral y la autorización para alterar los ciclos vitales de la biodiversidad sin mediar estudios, la falta de medidas de protección, mitigación o prevención de daños, y el derecho a la participación ciudadana.
Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan parcialmente el voto y declaran con lugar la acción por violación al derecho a la participación ciudadana. El magistrado Cruz Castro y la magistrada Picado Brenes salvan parcialmente el voto y declaran con lugar la acción por violación al principio de reserva de ley y la falta de medidas de protección, mitigación o prevención de daños. El magistrado Cruz Castro salva parcialmente el voto y declara con lugar la acción por la alegada inexistencia de un balance hídrico integral y la autorización para alterar los ciclos vitales de la biodiversidad sin mediar estudios. El magistrado Cruz Castro y la magistrada Garro Vargas consignan notas separadas. Los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal consignan nota conjunta. Por unanimidad se rechazan las coadyuvancias presentadas. Notifíquese (…)” (ver expediente No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).
El recurrente acude a esta Sala Constitucional e indica que figura como Presidente de [...]. Expone que hace 23 años se desarrolló el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, el cual se compone de quintas de aproximadamente 7.000 metros cuadrados cada una y tiene un total de 100 fincas inscritas como predios agrícolas.
Indica que el desarrollador de ese proyecto era la empresa Ganadera La Ceiba S.A., la que entregó a los compradores los planos catastrados que cumplían con las especificaciones de los predios agrícolas y con el servicio de agua potable. Explica que, al momento de la venta de los inmuebles, el desarrollador garantizó la prestación del servicio de agua potable mediante un acueducto de la misma empresa, para lo cual cada parcela contaba con el respectivo medidor. Señala que inicialmente el servicio se brindaba de forma privada por la misma compañía vendedora (Ganadera La Ceiba S.A.), a través de una empresa relacionada llamada SERINCON S.A., que tuvo a su cargo el cobro del servicio. Refiere que SERICON S.A. desde el año 1997 ha suministrado el servicio de agua potable. A partir del año 2017, los depósitos de pago por el suministro de agua se realizan a otra empresa llamada TYRICA S.A., también relacionada con la Ganadera La Ceiba S.A..
Agrega que un vecino presentó una queja ante el MINAE por el alto costo del servicio de agua potable, la cual originó la emisión del oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 que hizo referencia a la ilegalidad del citado pozo y dispuso su cierre en el plazo de un mes.
Acusa que el MINAE dispuso el cierre de ese pozo de forma intempestiva, sin otorgar audiencia previa a todos los vecinos del residencial (pues solo se notificó a la empresa infractora) y sin realizar un debido procedimiento, quedando así todos en indefensión. Sostiene que los referidos vecinos se enteraron de lo ocurrido por terceras personas.
Alega que, tampoco, se les brindó audiencia previa o consultó a las autoridades del ICAA y de la ARESEP, como medio para buscar una solución a la situación. Todo esto, pese a que, al momento del cierre se encontraba en plena vigencia la emergencia nacional por COVID-19, por lo que, en su criterio, resulta esencial contar con el servicio de agua potable.
Añade que a pesar de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el órgano que debe realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo, así como resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable en el país, no se han tomado las acciones pertinentes para dar una solución a las 100 familias que se han visto afectadas con el cierre del pozo y la suspensión del servicio de agua en sus viviendas. Expone que el ICAA no puede quedar al margen de las gestiones necesarias a realizar para proveer el suministro de agua potable a la comunidad y por eso es necesario su concurso en esta solución; concurso que debió ser procurado por el mismo MINAE antes de ordenar el cierre del pozo.
De otra parte, reitera que el desarrollador, al poner en venta las fincas, ofreció la prestación del servicio de agua potable, factor que incidió para que las personas adquirieran las propiedades. Indica que las tres empresas supra citadas son las que tienen el poder y la administración de dicho pozo, así como tienen a su cargo la lectura de los hidrómetros, establecen las facturas y cobran por el servicio de agua, por lo que estima que es necesario que estas participen en el procedimiento de traslado del acueducto al ICAA. En ese mismo sentido, considera, tienen que coordinar con el MINAE y el ICAA lo pertinente para que se cumplan los requisitos exigidos para que dicho instituto asuma la administración del acueducto de la comunidad.
Sostiene, entonces, que en este caso se violentó el derecho de acceso al agua potable, así como sus derechos a la defensa y al debido proceso. Por consiguiente, solicita que este amparo se acogido y, entre otros aspectos, se anule la orden de cierre del pozo dispuesta en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 emitido por la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se ordene al ICAA su inmediata intervención para garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable, realizando las gestiones y obras que fueran necesarias.
Visto lo anterior, esta Sala observa que el accionante formula este amparo dirigido en los siguientes sentidos: a) que mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 de la Dirección de Agua del MINAE se ordenó el cierre del pozo que abastece el complejo residencial, donde habitan 100 familias, en claro quebranto al derecho de acceso al agua potable y pese a estar vigente la pandemia por COVID-19; b) que dicha decisión se tomó sin notificarse u otorgarse audiencia previa a las 100 familias propietarias de las mencionadas quintas y, por ende, sin respetarse el debido proceso; c) que de previo a emitirse la referida orden, no se realizó consulta al ICAA o a la ARESEP, con el fin de buscarse una solución a la referida problemática; d) que las autoridades del ICAA, pese a las gestiones que le han sido formuladas, no han brindado una solución a la situación y e) que las privadas involucradas en este asunto, deben hacerse responsables y solventar el problema expuesto.
Ahora bien, analizados los agravios expuestos por el recurrente, los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento por las autoridades recurridas, así como todas las pruebas allegadas a los autos, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para acoger este amparo y, concomitantemente, las pretensiones plantadas por el tutelado. Lo anterior, por los motivos que se expondrán a continuación.
A. Sobre lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 y la necesidad de proveerse de agua potable durante la pandemia por COVID-19. En primer término, resulta menester apuntar que, en la especie, esta Sala no observa, de ningún modo, que la actuación reclamada por el accionante, sea el cierre y sellado del pozo ubicado en la finca No. 377663-000 (propiedad de Ganadera La Ceiba S.A.) y que ha abastecido desde hace varios años al proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, se pueda tener como arbitraria o infundada. En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua –al parecer presuntamente por así haber sido dispuesto por la citada empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.–, a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos y que, por ende, no se encuentra debidamente registrado ante la Dirección de Agua del MINAE, tal y como lo dispone el ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); de ahí que, se haya procurado su cierre. Nótese que este último cuerpo normativo, en su artículo 28 establece lo siguiente:
“De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del MINAET ordenará el cierre de un pozo en las siguientes condiciones:
Lo anterior, sustenta entonces, claramente, la actuación de la Dirección de Agua del MINAE, concretamente, lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 impugnado por el promovente, en su condición de Presidente de [...]. Oficio que, además, cabe destacar, señala puntualmente todos los motivos de derecho y de hecho que fundamentan el cierre en cuestión, entre los que figuran, principalmente, como se dijo, el funcionamiento del pozo de manera ilegal y su uso para consumo humano y no como abrevadero para 20 reses, tal y como se señaló y solicitó años después, concretamente en marzo de 2020, al ser presentada una gestión por la referida sociedad para legalizar el pozo, a tenor de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG de 18 de julio de 2019 denominado Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas (procedimiento último tramitado conforme el expediente No. [Valor 003]).
Siendo así, es evidente que los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se han proveído de agua de forma irregular por varios años y que las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE, únicamente se ha abocado a regularizar y poner a derecho esa situación conforme lo establece y exige, a su vez el ordenamiento jurídico; de ahí que, bajo esa perspectiva, no podría afirmarse que la actuación de cierre y sellado del pozo en cuestión atente contra el derecho fundamental de acceso al agua potable. Por el contrario, a tenor de lo estipulado en dicho ordenamiento jurídico, tal actuación busca proteger el recurso hídrico.
De otra parte, debe tomarse en cuenta que, si bien a través del cuestionado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 se dispuso el cierre y sellado del pozo, lo cierto es que –tal y como también quedó acreditado–, esta orden no fue ejecutada en aquel momento (sea, el año 2020) ni subsiguientemente por las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE. Nótese que, en un primer momento, el Director de Aguas del MINAE, mediante resolución No. DA-1769-2020 de las 08:17 hrs. de 3 de diciembre de 2020 (emitida dentro del referido procedimiento No. [Valor 003]), dispuso la suspensión de dicha orden hasta tanto se resolviera la acción de inconstitucionalidad que se había presentado en contra de lo dispuesto en el citado Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG (que permitía legalizar pozos perforados de forma irregular). Adicionalmente, en esa oportunidad, se aclaró que la inscripción del pozo solicitado quedaba sujeta al cumplimento de lo dispuesto en dicho cuerpo normativo (Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG) y que esta solicitud propiamente sería resuelta al pronunciarse la Sala Constitucional sobre dicho proceso de constitucionalidad.
Esta última acción, según se acreditó, fue resuelta y desestimada por esta jurisdicción constitucional mediante la Sentencia No. 2021-25386 de las 13:10 hrs. de 10 de noviembre de 2021, la cual, además, fue notificada en el mes de marzo de 2022 a todas las partes. Luego, las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE, concretamente, en el mes de julio de 2022, informaron a esta Sala que, para entonces, la solicitud para legalizar el pozo en cuestión se encontraba aún pendiente de resolver, lo cual se haría hasta que se resolviera el presente proceso de amparo. Esta situación, según se confirmó recientemente (sea, el 29 de septiembre de 2023), es la que perdura e impera a la fecha. Además, se aclaró que el pozo ubicado en el citado proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba no había sido sellado y que, por ende, los habitantes de este sitio continúan utilizándolo para proveerse de agua.
En consecuencia, a partir de lo anterior, no podría sostenerse que el recurrente y el resto de personas propietarias de las quintas referidas, se hayan quedado desprovistas del servicio de agua potable, al menos, durante los años en que la pandemia por COVID-19 se encontró mayormente vigente y, por consiguiente, cuando más necesario se hizo el suministro de este líquido en resguardo del derecho fundamental a la salud.
B. En cuanto a la presunta violación al derecho a la defensa y al debido proceso. En este asunto se ha acreditado y verificado que el pozo en cuestión se halla en un inmueble propiedad de la empresa denominada Ganadera La Ceiba S.A., lo cual fue confirmado en una inspección realizada por las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE en septiembre del año 2020, y no en un inmueble a Nombre317 propiamente de la amparada Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorada o bien a Nombre317 de algún otro vecino en particular. De ahí que, resulte plenamente justificado que las autoridades de la Dirección de Agua, el 4 de noviembre de 2020, hayan notificado el referido oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 precisamente al dueño o representante del inmueble donde se construyó y opera el pozo , pues es este quien –a tenor de lo dispuesto en el ya citado Decreto Ejecutivo 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas-, debía proceder con el respectivo cierre y sellado. Nótese que, sobre el particular, este último decreto dispone en su artículo 38 lo siguiente:
“Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.” (El subrayado no forma parte del original).
Paralelamente a lo anterior, debe tenerse claro en este asunto que la Dirección de Agua del MINAE no es o figura como el proveedor de servicio de agua potable en el complejo residencial bajo estudio. En ningún momento ha suscrito alguna especie de relación por ese concepto con ninguno de los propietarios de las 100 fincas a las que hace referencia el tutelado; de hecho, no tiene competencia alguna al respecto dotada por nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, no podría imputársele a esta dirección la obligación de notificarle a cada uno de estos propietarios (en presunta calidad de beneficiarios del servicio de suministro de agua), lo dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20. Resulta evidente que la Dirección de Agua se limitó a poner a derecho el uso del pozo y, desde esa perspectiva, su labor se reducía a notificarle al propietario del inmueble donde este se hallaba, la orden de cierre y sellado en cuestión, tal y como así efectivamente se hizo. Así las cosas, en este caso, no es factible afirmar que a los dueños de los citados inmuebles que conforman el citado residencial, se les vulneraron sus derechos a la defensa y al debido proceso.
En todo caso, es importante destacar que el propio recurrente, en el escrito de interposición de este amparo, afirmó que los propietarios de los inmuebles ubicados en el citado complejo residencial se enteraron de la orden de cierre en cuestión por otros medios. Incluso, en el elenco de pruebas aportadas por el promovente, consta algunos oficios fechados 17 de noviembre de 2020, donde se acredita que un representante de la sociedad Ganadera La Ceiba S.A. les notificó a algunos dueños de las quintas la orden de sellado dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020. Siendo así, es claro que los propietarios de los citados inmuebles, de previo a la interposición de este amparo, sí tuvieron conocimiento de la orden de cierre del pozo que los abastecía de agua, lo que, en consecuencia, les permitió ejercer, en aquel momento, las acciones que estimaran pertinentes con el fin de regularizar la situación bajo estudio.
De hecho, es importante señalar que en este asunto ha quedado plenamente verificado –pues así lo ha relatado el propio recurrente en el escrito de interposición de este proceso–, que los vecinos del mencionado residencial ya conocían, desde muchos años atrás (al menos desde el año 2013), la situación irregular en la que se encontraban respecto a la prestación el servicio de agua (dado que el pozo funcionaba ilegalmente), al punto que, en los años 2016 y 2018, buscaron ayuda de las autoridades del ICAA para que asumieran el acueducto que opera en el sitio. Por consiguiente, es claro que la orden de cierre dispuesta en septiembre de 2020 por parte de la Dirección de Agua no podría considerarse como intempestiva y arbitraria, según los términos expuestos y alegados ante este Tribunal, pues era de esperarse que las autoridades del MINAE, tarde o temprano, actuaran de esa manera, siguiendo, como se ha dicho reiteradamente, lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE).
C. Tocante a la presunta obligación de coordinar previamente con la ARESEP y el ICAA. Siguiendo lo indicado en el apartado anterior, esta Sala es del criterio que la Dirección de Agua del MINAE, a tenor, a su vez, de lo dispuesto en el ya citado Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE, cumplió con su puntual obligación de notificar el cierre del pozo al dueño del inmueble donde este se encuentra, sin que se denote o se imponga en ese mismo cuerpo normativo, la obligación de llevar a cabo la actuación que reclama la parte accionante, sea la de coordinar de previo al cierre del pozo con otras instituciones (en este caso con la ARESEP y con el ICAA), con el fin de hallar una solución al problema de suministro de agua en el complejo residencial. El promovente lo que sugiere en el fondo, a través de este alegato, es que el MINAE debía suspender indefinidamente el cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa (y perpetuar el uso y funcionamiento de un pozo construido ilegalmente), hasta que alguna de esas dos instituciones, principalmente el ICAA, resolviera totalmente la situación en la que se encontraron y encuentran actualmente los vecinos del citado residencial, por motivos, al parecer, ajenos a la administración pública, lo cual sin embargo, no resulta plausible en criterio de este órgano constitucional, ya que el deber de este ministerio era velar por el cierre del pozo y no otro. Esto, pues como se ha dicho, la Dirección de Agua del MINAE no ha intervenido, en ningún momento, como prestador del servicio de agua potable en los inmuebles bajo estudio.
En todo caso, como ya también se dijo, en este asunto consta que desde al menos el año 2016, sea, cuatro años antes de emitido el oficio en cuestión No. DA-UHTPCOSJ-2123-20, el ICAA conocía del caso bajo estudio –pues así le fue puesto en conocimiento por miembros de [...]–, sin que, en ese momento, se haya logrado concretar una solución. Además, se acreditó que dos años más tarde, sea, en septiembre de 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA una solicitud formal para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional, lo cual, sin embargo, no se pudo realizar ante la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto de parte de los interesados. Por ende, en este asunto se ha verificado fehacientemente que si bien el MINAE al emitir el acto administrativo bajo estudio no realizó esa coordinación previa pretendida por el accionante (la cual, como se dijo, en todo caso no le es impuesta por el ordenamiento jurídico), lo cierto es que para entonces el ICAA conocía el problema bajo estudio y ya había emitido criterio sobre cómo se podría resolver la situación (tema último que se retomará con detenimiento en el siguiente apartado).
D. Sobre la supuesta omisión del ICAA en solventar la situación relacionada con el suministro de agua potable en el complejo residencial. Contrario a lo acusado por el recurrente, este Tribunal Constitucional no considera que a las autoridades del ICAA se les pueda imputar o atribución alguna actuación u omisión arbitraria de su parte en este asunto, que haya atentado en contra de los derechos fundamentales de los habitantes de Quintas Residenciales La Ceiba. Debe observarse que, en este asunto, como ya se adelantó, consta que los interesados (vecinos de dicho residencial), han acudido en dos ocasiones ante esta institución y que, si bien esta no ha asumido el acueducto y, consiguientemente, el suministro de agua potable en dicho complejo residencial, esto se debe a una importante razón, y es que los primeros no han cumplido una serie de requisitos y aspectos técnicos que les fueron notificados y puestos en conocimiento desde hace varios años.
En concreto, se determinó que, en el año 2016, algunos miembros de [...] se reunieron con dos ingenieros del ICAA para proponerles asumir el acueducto del complejo residencial. En esta ocasión, según se acreditó también, dichos funcionarios solicitaron el cumplimiento de varios requisitos para tal efecto (v.gr. información detallada de la prueba de bombeo, la cantidad de agua que daba el pozo, análisis de calidad de agua, el plano de la finca donde está el pozo y posible servidumbre, etc.). Asimismo, se verificó que, tiempo después, en septiembre del año 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA una solicitud formal para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional. Dicha solicitud fue trasladada por la Junta Directiva del ICAA a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados del ICAA, producto de lo cual se emitió el informe No. GSP-RPC-2018-00586 de fecha 16 de octubre de 2018, llamado Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, suscrito por un funcionario de la Región Pacífico Central del ICAA y en el cual se indicó que, para acceder a la pretensión del gestionante, se debían cumplir una serie de requisitos, entre estos, lo siguientes:
“(…) 1. Visado de la segregación de la finca, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y en los artículos 11.2.1 y 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, estos últimos cinco artículos en lo correspondiente a parcelamiento agrícola; como excepcionalidad, requiriendo para ello el visado del INVU. Todo lo anterior para que la prestación del servicio sea legal, ambiental y técnicamente factible.
2. El servicio a suministrar debe ser adecuado en cuanto a calidad, cantidad y continuidad, por lo que la infraestructura lo debe permitir, así como un remanente para crecimiento vegetativo de la zona.
3. Las calles internas del proyecto deben ser calles públicas o servidumbres agrícolas, debiendo estar inscritas las primeras como tales dentro de la red vial cantonal de Orotina, mientras las segundas como servidumbres de paso y acueducto a favor del AyA, que permitan la libre circulación por ellas, así como la posibilidad de instalación de infraestructura.
4. La red de distribución existente debe ser evaluada en cuanto a sus características como diámetro, material, cédula, instalación y cualquier otro elemento que debe ser considerado para su posible aceptación, o en su defecto, que deba ser sustituido. Estas tuberías deben cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial.
5. Tal y como lo establece la solicitud, la infraestructura requerida debe ser completa, incluyendo el pozo totalmente equipado y con la protección necesaria, las áreas de protección que establezca el estudio hidrogeológico, prueba de bombeo de 72 horas, lo cual es necesario realizar, y toda la información disponible y por obtener de él. Así mismo debe incluir el sistema de desinfección, tuberías de impulsión, tanque de almacenamiento y red de distribución.
6. Toda la infraestructura a construir y/o existente debe ser aprobada por el AyA, de acuerdo a la normativa establecida.
7. Definir las características del desarrollo, esto es, si es de tipo turístico, habitacional, agrícola u otro.
8. Los aspectos de la instalación de la micromedición (hidrómetros) o su suministro deberá ser definido por los interesados (…)”.
Todos estos requisitos, según se informó por parte de las autoridades del ICAA e, incluso, así lo reconoció el propio accionante en el escrito de interposición de este amparo, no habían podido ser cumplidos, por lo que, consecuentemente, dicho instituto no había podido tomar el acueducto y suministrar el servicio de agua potable, según lo pretendido.
De este modo, se colige fácilmente que las autoridades del ICAA no se han negado, en ningún momento, de forma infundada o arbitraria a prestar el servicio bajo estudio, según los términos en que lo hace ver o expone el tutelado ante esta jurisdicción constitucional. Lo que sucede en este asunto es que el ICAA, de previo a realizar la actuación pretendida, requiere que se cumplan una serie de requisitos en apego a lo estipulado en el ordenamiento jurídico, sin que sea posible para este caso en particular, realizar una ilegal excepción, y brindar el servicio en el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, tal y como pareciera así lo quiere el recurrente. Nótese que, esta Sala, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la prestación del servicio de suministro de agua potable se puede válidamente denegar cuando no se han cumplido los requisitos estipulados al efecto. Así, en el Voto No. 2009-9936 de las 14:08 hrs. de 19 de junio de 2009, se indicó lo siguiente:
“(…) De tal forma, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento, por lo que se reconoce la posibilidad de limitar el otorgamiento de nuevas pajas de agua con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación del servicio público de suministro de agua potable a los actuales usuarios y domicilios que reciben dicho servicio –ver sentencias números 2007-17475, de las once horas cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil siete, y 2008-11390, de las once horas veintinueve minutos del veintidós de julio de dos mil ocho-. En este sentido, en sentencia número 2006-1898, de las nueve horas cincuenta y tres minutos del diecisiete de febrero de dos mil seis –reiterada, entre otras, por sentencia número 2007-13310, de las diez horas cincuenta y siete minutos del catorce de setiembre de dos mil siete- estableció la Sala que:
“El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable.
De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. A lo anterior cabe agregar que con base en el artículo 33 del Reglamento referido, la falta de un título de propiedad no parece ser un obstáculo para solicitar la conexión de un servicio nuevo de agua potable, en tanto se cumplan los requerimientos que indica esa norma.
En todo caso, se encuentra acreditado también que aunque no se ha suministrado el servicio regular de agua potable, el recurrente y demás vecinos cuentan con fuente pública que el Instituto instaló para que puedan abastecerse, para sus necesidades básicas. De ahí que considere este Tribunal que ha sido la propia omisión del recurrente y de los vecinos de la localidad, quienes no acreditan haber presentado las solicitudes para la instalación de un servicio nuevo de agua potable en la comunidad donde habitan, la que ha impedido que se valore su situación a efectos de determinar si, cumpliendo, sobre todo los requerimientos del artículo 33 del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, las limitaciones de infraestructura pueden ser superadas en su caso y se les puede proveer de un servicio regular de agua potable.” Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.
Por su parte, en la Sentencia No. 2018-7781 de las 09:15 hrs. de 18 de mayo de 2018, esta Sala señaló:
“(…) III.- SOBRE LA DENEGATORIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. Esta Sala ha considerado que, si bien, existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, de forma que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad. En concreto, esta Sala ha reconocido que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas que así lo justifiquen. En sentencia número 2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009, reiterada en la sentencia No. 2016-005382 de las 9:05 horas de 22 de abril de 2016, esta Sala resolvió lo siguiente:
“(...) Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.
Concomitantemente, resulta menester traer a colación lo informado sobre el particular y bajo juramento por el Subgerente de Sistemas Periféricos del ICAA, sea, lo siguiente:
“(…) toda la información requerida por el AyA, plasmada en el informe técnico, son requerimientos esenciales para concretar la administración del acueducto por parte del AyA, por ende la Institución ha mostrado su anuencia en solventar las necesidades de abastecimiento de la comunidad, en el tanto se brinde la información solicitada, se realicen las mejoras que la parte técnica institucional determine y se defina la condición de acceso a los inmuebles y su respectivas inscripciones, todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en el cuerpo normativo, que rige las condiciones a las que se obliga el Instituto con el usuario y los requisitos necesarios para la prestación del servicio, se encuentran en el Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, en el Artículo 7 (…)” (El subrayado no forma parte del original).
Además, esta autoridad sostuvo que:
“(…) si el recurrente aporta la información solicitada en el informe realizado por la Dirección de Operación y Mantenimiento desde octubre del 2018, para determinar las condiciones actuales del sistema, accesos y posteriormente realizar las mejoras indicadas por el área técnica institucional, se puede asumir el acueducto y solucionar las condiciones actuales del recurso hídrico, de los pobladores de Quinta La Ceiba (…)”. (El subrayado no forma parte del original).
Así las cosas, en este asunto se tiene por acreditado que las autoridades del ICAA no han dejado desamparados a los vecinos del referido residencial, habida cuenta que les han propuesto un proyecto para asumir el acueducto y proveerles el servicio de agua potable desde hace varios años, siendo que, si esto no se ha concretado, ha sido porque los segundos no han cumplido con los requisitos exigidos y puestos en su conocimiento.
E. En cuanto a la pretensión del recurrente para que las empresas relacionadas con el complejo residencial asuman su responsabilidad en este caso. Finalmente, resulta menester señalarle al recurrente que la pretensión dirigida a que las empresas involucradas en este asunto (principalmente, la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.), se hagan responsables de asumir la situación bajo estudio y brinden una solución en cuanto a la provisión del servicio de agua potable en el mencionado residencial, deberá ser planteada, si a bien lo tiene, ante las vías ordinarias de legalidad creadas especialmente al efecto. Nótese que escapa del ámbito de competencias de este Tribunal Constitucional, por tratarse de un tema de mera y pura legalidad, analizar por el fondo el caso bajo estudio, específicamente, los acuerdos a los que llegaron los propietarios de los inmuebles que forman parte del citado residencial con la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A. (o con algún otro sujeto de derecho privado), al momento de comprar las quintas y todos aquellos puntuales aspectos relacionados propiamente con la prestación del servicio de agua en el sitio y, concomitantemente, determinar, si esta sociedad u otra deben asumir o no algún tipo de responsabilidad en la situación y caso acá expuesto.
No resulta material ni razonablemente posible entrar a un complicado y lento sistema probatorio para dilucidar los referidos aspectos señalados por la parte tutelada. Por ende, como ya se dijo, este agravio en particular debe ser planteado ante las respectivas vías ordinarias de legalidad, por cuanto claramente excede el carácter sumario del recurso de amparo, así como la competencia de este Tribunal otorgada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la propia Constitución Política.
* En mérito de lo expuesto, al no advertirse, en la especie, que las autoridades recurridas hayan cometido violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente y del resto de propietarios del proyecto Quintas Residenciales La Ceiba, lo que procede es desestimar el presente proceso de amparo.
VI.Ahora bien, pese a lo dicho supra, resulta menester indicarles a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que, en el momento que los propietarios de los inmuebles que conforman el proyecto Quintas Residenciales La Ceiba cumplan con todos los requisitos técnicos y legales que le han sido exigidos, se resuelva lo que en derecho corresponda; siempre que otra causa ajena a la examinada en el sub lite no lo impida.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de lo dispuesto en el considerando VI de la presente sentencia.
Nombre290 V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Nombre319 V.
Nombre8889 G.
Jose Roberto Garita N.
1 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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