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Res. 25091-2023 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 06/10/2023

Right to Water Subject to Technical and Legal RequirementsDerecho al agua sujeto a requisitos técnicos y legales

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denied the amparo because it found no violation of fundamental rights and instructed ICAA to decide the matter as appropriate once the owners meet the required technical and legal conditions.La Sala rechazó el amparo porque no encontró una violación de derechos fundamentales y dispuso que el ICAA resuelva lo correspondiente cuando los propietarios cumplan los requisitos técnicos y legales exigidos.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber denied the amparo filed by residents of Quintas Residenciales La Ceiba against MINAE and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. It found that the order to close and seal the well arose from irregularities in its drilling, concession, and use: although the amnesty application identified livestock watering as its purpose, the well was being used to supply residents. The Chamber reiterated that the fundamental right to drinking water does not require service under every condition; provision may depend on compliance with legal and technical requirements and the material feasibility of supply. It determined that the Institute had expressed willingness to take over the aqueduct, but the property owners had not met the requirements previously communicated to them. Any liability of the developer or other private companies had to be pursued in ordinary proceedings. Nevertheless, the Chamber instructed the Institute to decide the matter as legally appropriate once the owners satisfy all required technical and legal conditions.La Sala Constitucional declaró sin lugar el amparo promovido por residentes de Quintas Residenciales La Ceiba contra el MINAE y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Consideró que la orden de cerrar y sellar el pozo respondía a irregularidades en su perforación, concesión y uso: se utilizaba para abastecimiento poblacional pese a que la solicitud de amnistía indicaba un uso de abrevadero. La Sala reiteró que el derecho fundamental al agua potable no obliga a suministrar el servicio bajo cualquier condición, pues su prestación puede depender del cumplimiento de requisitos legales y técnicos y de la posibilidad material de abastecimiento. Determinó que el ICAA había mostrado disposición para asumir el acueducto, pero los propietarios no habían satisfecho los requerimientos comunicados. Las posibles responsabilidades de la desarrolladora y otras empresas privadas debían discutirse en la vía ordinaria. No obstante, ordenó al ICAA tomar nota de que deberá resolver lo correspondiente cuando los propietarios cumplan todos los requisitos exigidos.

Key excerptExtracto clave

Accordingly, it has been established in this matter that the ICAA authorities have not left the residents of the residential development without assistance, since for several years they have proposed a project to take over the aqueduct and provide them with drinking-water service; if this has not materialized, it is because the residents have not complied with the requirements imposed and brought to their attention. In view of the foregoing, as it has not been found in this case that the respondent authorities committed any violation of the fundamental rights of the petitioner or the other owners in the Quintas Residenciales La Ceiba project, this amparo proceeding must be dismissed. VI.- Nevertheless, despite the foregoing, the authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers must be advised that, once the owners of the properties comprising the Quintas Residenciales La Ceiba project comply with all technical and legal requirements demanded of them, the matter must be decided as provided by law, provided that no cause unrelated to the one examined in this case prevents it.Así las cosas, en este asunto se tiene por acreditado que las autoridades del ICAA no han dejado desamparados a los vecinos del referido residencial, habida cuenta que les han propuesto un proyecto para asumir el acueducto y proveerles el servicio de agua potable desde hace varios años, siendo que, si esto no se ha concretado, ha sido porque los segundos no han cumplido con los requisitos exigidos y puestos en su conocimiento. En mérito de lo expuesto, al no advertirse, en la especie, que las autoridades recurridas hayan cometido violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente y del resto de propietarios del proyecto Quintas Residenciales La Ceiba, lo que procede es desestimar el presente proceso de amparo. VI.- Ahora bien, pese a lo dicho supra, resulta menester indicarles a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que, en el momento que los propietarios de los inmuebles que conforman el proyecto Quintas Residenciales La Ceiba cumplan con todos los requisitos técnicos y legales que le han sido exigidos, se resuelva lo que en derecho corresponda; siempre que otra causa ajena a la examinada en el sub lite no lo impida.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro."

    "Thus, although there is a fundamental right to water that may be asserted against the corresponding administration, provision of the service may be made subject to compliance with the requirements established for granting it and to the material feasibility of supply."

    Considerando V

  • "Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro."

    Considerando V

  • "Esta Sala ha considerado que, si bien, existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, de forma que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad."

    "This Chamber has held that, although there is a fundamental right to drinking water, its exercise is not unlimited such that service providers must furnish it under every condition and at every opportunity."

    Considerando V, cita de la Sentencia No. 2018-7781

  • "Esta Sala ha considerado que, si bien, existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, de forma que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad."

    Considerando V, cita de la Sentencia No. 2018-7781

  • "Nótese que escapa del ámbito de competencias de este Tribunal Constitucional, por tratarse de un tema de mera y pura legalidad, analizar por el fondo el caso bajo estudio, específicamente, los acuerdos a los que llegaron los propietarios de los inmuebles que forman parte del citado residencial con la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A. (o con algún otro sujeto de derecho privado), al momento de comprar las quintas y todos aquellos puntuales aspectos relacionados propiamente con la prestación del servicio de agua en el sitio y, concomitantemente, determinar, si esta sociedad u otra deben asumir o no algún tipo de responsabilidad en la situación y caso acá expuesto."

    "Because it is a matter of ordinary legality, this Constitutional Court lacks jurisdiction to examine the merits of the agreements reached when the properties were purchased between the owners in the residential development and Ganadera La Ceiba S.A. or another private party, the specific matters concerning water service at the site, or whether any such company bears liability for the situation presented."

    Considerando V.E

  • "Nótese que escapa del ámbito de competencias de este Tribunal Constitucional, por tratarse de un tema de mera y pura legalidad, analizar por el fondo el caso bajo estudio, específicamente, los acuerdos a los que llegaron los propietarios de los inmuebles que forman parte del citado residencial con la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A. (o con algún otro sujeto de derecho privado), al momento de comprar las quintas y todos aquellos puntuales aspectos relacionados propiamente con la prestación del servicio de agua en el sitio y, concomitantemente, determinar, si esta sociedad u otra deben asumir o no algún tipo de responsabilidad en la situación y caso acá expuesto."

    Considerando V.E

  • "Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de lo dispuesto en el considerando VI de la presente sentencia."

    "The appeal is denied. The authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers shall take note of the provisions of section VI of this judgment."

    Por tanto

  • "Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de lo dispuesto en el considerando VI de la presente sentencia."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Document Review Res. Nº PHO7951 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nueve horas veintisiete minutos on seis de octubre de dos mil veintitres.

Amparo petition (recurso de amparo) filed by [Nombre317 001], identity card [CED168 ], on behalf of [...], legal entity identification number [Valor CED185], against EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) and EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA).

BACKGROUND:

  1. 1In a written submission filed with the Chamber on 20 de noviembre de 2020, the petitioner (recurrente) files an amparo petition and states that he serves as President of [...]. He explains that 23 years ago, the project known as Quintas Residenciales La Ceiba was developed, consisting of country estates of approximately 7.000 square meters each and comprising a total of 100 properties registered as agricultural parcels (predios agrícolas). He states that the developer was Ganadera La Ceiba S.A., which provided buyers with registered cadastral plans (planos catastrados) that complied with the specifications for agricultural parcels and included drinking-water service. He states that all the properties currently have public electricity and telephone services supplied by the Instituto Costarricense de Electricidad. He explains that, when the properties were sold, the developer guaranteed the provision of drinking-water service through an aqueduct operated by the same company, for which each parcel had its respective meter.He indicates that the service was initially provided privately by the seller itself (Ganadera La Ceiba S.A.), through a related company called SERINCON S.A., which was responsible for billing for the service. He states that SERICON S.A. has supplied drinking-water service since 1997. Beginning in 2017, payments for the water supply were deposited with another company called TYRICA S.A., which is also related to Ganadera La Ceiba S.A. He explains that, at the time, they presumed that everything was in order and that the service was being provided lawfully. He states that, because of the excessive increase in drinking-water charges, inquiries were made with the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). He notes that they then learned that the water-supply service was not being provided in accordance with the law and, indeed, that it had not been authorized by those authorities.He maintains that they learned that the well was not registered with the Ministerio del Ambiente y Energía. In view of this situation, he states that they contacted the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados so that the water service could be provided lawfully, with the purported support of Ganadera La Ceiba, SERICON S.A., and TYRICA S.A. He adds that, since 2016, several applications (gestiones) have been submitted to the ICAA, but as of the date on which this Chamber was petitioned, no concrete solution to the problem had been achieved. He explains that the greatest difficulty concerns the extent of the works and the conditions imposed by the ICAA for accepting the well and the facilities used to provide the service, the cost of which must be borne by the residents. He recounts that recently, following a complaint filed by a resident regarding the high cost of the service, MINAE—specifically, the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua—conducted a study of the well’s situation and, in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of 28 de septiembre de 2020, concluded that: the development in question comprises 100 properties located in La Ceiba de Orotina, a place equipped with a drilled well, a control house, a tank, and underground piping for distributing water to the properties.It further concluded that, on 20 de marzo de 2020, Ganadera La Ceiba Sociedad Anónima submitted a concession application (solicitud de concesión) under the amnesty process for unnumbered wells, pursuant to Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG, expediente No. 20209PA. The requested use of the well was as a watering trough for 20 head of cattle, and it did not record its use for supplying the population. Nearly all properties on the streets known as Dirección2419, Dirección2417, and el Higuerón have meters, and TYRICA S.A. is responsible for billing for the water service, which shows that the well is intended for residential use. He states that, through that official letter, the Dirección de Agua ordered the company owning the land where the well is located to close and seal it within one month. He states that MINAE, after confirming the foregoing—namely, that the well serves more than 100 properties, that the service is provided at a high cost, and that the residents object to that cost, which prompted the study—decided to leave more than 100 residents without water service.He asserts that this decision was made without granting a hearing (audiencia), without consultation, and without following due process (debido procedimiento). Only the offending company was notified—and it, too, was not given a prior hearing regarding the closure order—so it is clear that more than 100 families were left without an opportunity to defend themselves (indefensión) and, moreover, face the loss of their only water supply, for which they have paid a high price. He maintains that MINAE knows that the well is undergoing registration and provides drinking-water service to 100 families, but ordered its closure without notifying the families, without even first consulting the ICAA or ARESEP, and without allowing time to correct the legal deficiencies so as to avoid terminating water service to the entire community. He alleges that these actions constitute a violation of the fundamental right of access to drinking water.He complains that the country is currently facing a public-health emergency and that the Dirección de Agua’s decision to close the well that supplies water to the families of La Ceiba contradicts the provisions and measures adopted by the Ministerio de Salud and the government to prevent the spread of COVID-19, for which access to water service is essential. He recounts that the well-closure order was notified only to the company that owns the land on which the well is located. Although the respondent authorities are fully aware that this well supplies water to 100 homes, they did not first consult the ICAA to give it an opportunity to seek an alternative solution for the residents. Nor were the residents notified; they learned of the situation from third parties. He reiterates that, in this case, not only was the right to drinking water violated, but also their rights to a defense and to due process (debido proceso).He insists that no prior hearing was provided before the stated sanction was imposed and that the well was ordered closed without warning, without prior notice to the residents. Consequently, the closure order is arbitrary, unlawful, and unjust. He adds that, although the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the body responsible for carrying out and promoting planning, financing, and development, as well as resolving all matters related to the supply of drinking water in the country, it has not taken the appropriate steps to provide a solution for the 100 families affected by the well’s closure and the suspension of water service to their homes. He reiterates that the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía failed to consult the ICAA as appropriate regarding the unlawful provision of water service in the community of La Ceiba before ordering the closure of the well in question.He asserts that, by failing to grant a hearing to the institutions responsible for safeguarding access to drinking water, MINAE also violated their fundamental rights. He states that the ICAA cannot remain uninvolved in the measures needed to supply drinking water to the community and that its participation in the solution is therefore necessary; MINAE itself should have sought that participation before ordering the well’s closure. He reiterates that, when offering the properties for sale, the developer offered drinking-water service, a factor that influenced people’s decisions to purchase the properties. He states that the three companies cited above control and administer the well, and are also responsible for reading the water meters (hidrómetros), issuing bills, and collecting payment for the water service; he therefore considers it necessary for them to participate in the procedure for transferring the aqueduct to the ICAA.Similarly, they must coordinate with the Ministerio del Ambiente y Energía and the ICAA as necessary to satisfy the requirements for that institute to assume administration of the community aqueduct. He considers that the foregoing infringes their fundamental rights. He requests that the petition be granted and, among other relief, that the well-closure order set forth in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of 28 de septiembre de 2020, issued by the UH-Tárcoles-Pacífico Central of MINAE’s Dirección de Agua, be annulled. He further requests that the ICAA be ordered to intervene immediately to guarantee the residents a regular supply of drinking water by undertaking any necessary measures and works.
  2. 2By ruling issued at 07:10 hrs. on 27 de noviembre de 2020, the proceeding was admitted, and reports were requested from the respondent authorities.
  3. 3In a brief filed with the Chamber on 2 de diciembre de 2020, the petitioner requests that the companies identified in the initial filing be included as respondents in their capacity as private-law entities (sujetos de derecho privados). The petitioner also requests that the challenged act—namely, the well’s closure—be deemed stayed pursuant to article 41 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
  4. 4In a written submission filed with the Chamber on 3 de diciembre de 2020, Cecilia Martínez Artavia, in her capacity as Deputy Manager of Community Systems Management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, submits a report and expressly states the following: “(…) regarding the filing of the amparo proceeding (recurso de amparo) on behalf of [...], legal entity identification number [CED161 ], Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, Head of the ORAC Pacífico Central, states in official letter No. GSD-UEN-GAR-2020- 05087, dated 01 de diciembre del 2020: “In response to the request for a report concerning Amparo Proceeding Exp. 20-021447-0007- CO, I hereby inform you that the community of la Ceiba is not an ASADA; furthermore, the matter pertaining to that community is handled by the Oficina Regional del AyA Puntarenas, as shown in evidence No. 16, report GSP-RPC-2018-00586 dated 16 de octubre del 2018.” (emphasis added) In this regard, concerning report No. GSP-RPC-2018-00586, dated 16 de octubre del 2018, see images 94 through 96 of the filing and the evidence submitted by the appellant to expediente No. 20-021447-0007-CO.Moreover, within that evidence, appearing in image 92 and labeled as evidence No. 15 of his filing, the appellant submits official letter No. JD-2019-00063, dated 22 de febrero del 2019, in which the Junta Directiva del AyA responds to Mr. [Nombre317 001], representative of the Asociación de Vecinos Quinta La Ceiba, Tierra Dorada, as follows: “As part of the follow-up to the referenced resolution, enclosed you will find the report submitted by the Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, memorandum SG-GSD2018-00616, reviewed at regular meeting No. 2019-08 of the Junta Directiva, held on 19 de febrero de 2019. As indicated by the attached technical study, before taking over the aqueduct, the requirements established in the technical report must be met. Any additional information may be coordinated with the Región Pacífico Central.” (boldface not in the original) That is, since February 2019, the appellant and the entity he represents had been aware of the technical requirements that had to be met for the system to be taken over by AyA, because the Instituto’s Junta Directiva had so advised them; they were even aware of the well-closure proceeding being conducted by the Dirección de Aguas del MINAE.Therefore, Mr. [Nombre 001] and the Asociación de Vecinos Quinta La Ceiba, Tierra Dorada, take issue with the actions of the Ministerio de Ambiente y Energía, rather than with the position stated by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Regarding the filing of the amparo proceeding by Mr. [Nombre317 001] in his personal capacity, since the allegations are organized by headings rather than facts, the section entitled “Necessary participation of AyA in recognizing the basic and vital human right to drinking water” generally alleges that a well was closed without the involvement of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. In this respect, we must clarify that AyA lacks jurisdiction (competencia) to intervene in such activities, because they fall directly within the authority of the Dirección de Aguas del MINAE. In this regard, the Ley de Aguas, Ley No. 276, dated 27 de agosto de 1942 and published in the Diario Oficial La Gaceta No. 191 on 28 de agosto de 1942, provides: “Article 18.- Any person enjoying a water right (derecho de aguas) must produce the concession (concesión) authorizing the exercise of that right.However, anyone who, as of the date of enactment of this law, has enjoyed the beneficial use (aprovechamiento) of public waters for twenty years, without opposition from the authorities or any third party, shall be entitled to continue enjoying it even if unable to establish how the corresponding authorization was obtained, provided that the person complies with the restrictions established in article 21 when the flow is insufficient to meet the needs of lower-lying properties. Existing beneficial uses supported by titles, concessions, or confirmations issued before the date of this law are hereby confirmed by operation of law, provided that the concession holders have fulfilled the obligations imposed by the respective titles. Rights to use water established by special laws shall be deemed concessions but must be recorded in the corresponding Concessions Registry (Registro de Concesiones).Users holding titles other than those specified in the foregoing cases are required to request that Minae confirm their rights. The request must be filed within one year after this law takes effect when it concerns existing beneficial uses in public watercourses. After those periods have elapsed, such beneficial uses may be legalized only through a new concession. De facto beneficial uses shall be legalized at the request of the interested parties and following an inspection, provided that the request is filed within one year after the enactment of this law. If it is not filed within that period, the interested party must apply for a concession in accordance with the procedures established in this law.” (boldface added) In this regard, Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAET, entitled Reglamento de perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, published in the Diario Oficial La Gaceta No. 88 on viernes 7 de mayo del 2010, provides: “Article 14.- Subsurface drilling where public aqueduct service is available.Subsurface drilling for the use of groundwater shall not be authorized when the proposed purpose is water supply for human consumption and it can be supplied by an entity providing public aqueduct and sewerage services. For drilling to be authorized, a letter must be submitted from the service provider for the area where the property is located, stating either that it is not technically possible to supply the property on which the water will be used or that the entity undertakes to assume control of the well for its use and the supply of water. Article 15.- Application for groundwater exploration and use. The application for a subsurface drilling permit for groundwater exploration and use must be submitted together with the application for a water-use concession to the Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) by the registered owner of the property on which the water is intended to be used, using the prescribed form, duly completed, and attaching the following requirements: a) Information concerning the registered owner of the property where the well will be constructed and the water used; if the owner is a natural person, a copy of the identity card or identification document must be submitted; if the owner is a legal entity, a certificate of legal representation for its legal representative, issued no more than three months earlier, must be submitted. b) Proof of ownership in accordance with subsection b) of article 178 of the Ley de Aguas and a cadastral plan (plano catastrado) of the property where the water will be used, both issued no more than three months earlier. c) Nombre317 of the drilling company retained, which must be duly registered in the Registro de Empresas Perforadoras administered by the Dirección de Aguas and current with its obligations. d) Cartographic location of the drilling site, specifying the coordinates recorded by the professional responsible for the drilling using the Global Positioning System (GPS), and stating the Nombre317 and number of the map sheet. e) Letter from the entity providing public aqueduct and sewerage services, in accordance with article 14 of this Reglamento. f) The corresponding technical studies, as provided in articles 12 and 13 of this Reglamento.The form must be signed by the applicant for the drilling permit and water concession, by the professional responsible for drilling the well, who must be a member of the corresponding professional association, and by the legal representative of the drilling company retained, all in their capacity as persons responsible for the subsurface drilling and well construction. Those signatures must be duly authenticated by a notary public. … Article 28.—Criteria for closing wells. The Dirección de Agua del MINAET shall order a well closed under the following circumstances: a) When the well proves dry as a result of the drilling and exploration or the use of the water is not viable, which must be reported to the Dirección de Agua del MINAET by the drilling company or permit holder. b) When drilling is performed without the required permit. c) When drilling is performed in violation of the permit provisions, this Reglamento, or applicable laws. d) Expiration of the concession in accordance with article 27 of Ley de Aguas Nº 276 dated 26 de agosto de 1942. e) When the application is summarily closed and archived because of failure to comply with the requirements or with what the Administration requested to process the concession.Closure shall be carried out in accordance with article 39. … Article 38.—Closure of wells. The Dirección de Agua del MINAET is responsible for directing the closure and sealing of wells. The costs and expenses of this procedure shall be borne by the owner of the property where the well is located and, subsidiarily, by the drilling company that drilled it and the geologist responsible for the drilling when their involvement in developing the well is established. The well must be sealed with a metal cover, using impermeable, airtight material to prevent the entry of possible contaminants, and a concrete slab must be poured over the drilling site. A notarial record documenting these measures must be prepared, all in accordance with the resolution issued by the Dirección.” (boldface not in the original) Regarding the section entitled Anexo “Chronological Account of Events,” it bears repeating that the facts alleged by the appellant concern the unlawful provision of drinking-water service by an unauthorized operator.Moreover, in the first paragraph of image 25, he states that the system improvements were to be undertaken by SERINCON SRL., which must also transfer the relevant assets to the Instituto, including the well that supplied the urban development. In the third paragraph of that same image 25, regarding the system being taken over by AyA, it is important to emphasize that officials Jorge Ramírez Rodríguez and Giovanni García Flores belong to the Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales; accordingly, our participation would consist of analyzing the possibility of establishing an ASADA in the area. In this regard, Lic. Ramírez Rodríguez indicated that this is impossible because the systems operated by AyA run directly in front of the property. In this regard, Acuerdo de Junta Directiva No. 2014-05861 does not permit the establishment of new operators within a radius of less than 2 kilómetros from other operators, whether ASADAS or the Instituto itself.In this regard, that resolution states: “For new applications to establish community aqueducts, the Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales must verify whether another operator exists within a two-kilometer radius of the community applying to establish the new water-supply system.

If there is an operator within the indicated radius that has stated in writing that it lacks the capacity to take over the new aqueduct or the community to be supplied, AyA shall conduct a technical study to determine the current situation of the ASADA in light of that demand and possible solutions, within a maximum period of three months.” It should be reiterated that the evidence submitted by the appellant shows that AyA has already issued its recommendations for taking over the system and, therefore, an ASADA cannot be established in the area. In all other respects, that section reiterates what was stated previously: the Institute has acted in accordance with the law and issued the corresponding recommendations, and to date there is no response pending from this Office of the Deputy Manager for Community Systems Management. Furthermore, the matter of sealing wells does not fall within the jurisdiction of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; therefore, the Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía need not coordinate with AyA in order to proceed.

LEGAL GROUNDS (…) Here, by contrast, it has been demonstrated that AyA has already issued its recommendations concerning the improvements necessary for it to take over the system, and what remains pending is compliance by those responsible for the urban development (desarrollo urbanístico), Quintas la Ceiba de Tierra Dorada. In this regard, see technical report No. GSP-RPC-2018-00586, entitled “Quintas la Ceiba de Tierra Dorada,” dated 16 de octubre del 2018, submitted by the appellant as evidence No. 16, appearing in images 94 through 96 of the appellant’s filing and evidence contained in the digital case file (expediente digital) of this Constitutional Court; that report concludes: “Conclusions. AyA remains awaiting a determination regarding the matters noted in the foregoing discussion concerning the required information, so that it may be clearly determined whether the Institution can take over the administration of the drinking-water supply system for the Quintas La Ceiba Tierra Dorada project, in accordance with the express wishes of its residents.” (boldface added) Regarding the material impossibility of granting new services.

(…) It is important to note that, given the time elapsed since report No. GSP-RPC-2018-00586, dated 16 de octubre del 2018, was issued, the recommendations made therein must be updated before AyA assesses whether to take over operation of the system supplying the Quintas La Ceiba Tierra Dorada urban development, with the applicants bearing the costs of both the assessments and the necessary improvements. Regarding a legal or material impossibility to provide a service, the Constitutional Chamber has repeatedly held that this does not violate fundamental rights (decisions número 2009-011529 and número 2010-013690) (…) Regarding matters of ordinary legality (asuntos de mera legalidad). We consider that this matter falls within those characterized by the case law of the Constitutional Chamber as “matters of ordinary legality,” because the appellant has repeatedly been informed of the improvements that the system requires before the Institute can directly take over the Quintas La Ceiba Tierra Dorada development, where the appellant resides and owns a parcel.

Furthermore, Mr. [Nombre317 001]’s disagreement concerns the well-sealing procedure, a procedure falling solely and exclusively within the jurisdiction of the Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. In this regard, the Constitutional Chamber, in its interpretation, has stated that certain proceedings do not fall within the cognizance of the constitutional jurisdiction (jurisdicción constitucional)2; that is, cases involving matters of ordinary legality rather than constitutionality, which must be heard through the corresponding ordinary proceedings (…) As follows from the Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, Acuerdo de Junta Directiva No. 2019-461, published in the Diario Oficial La Gaceta No. 242, Alcance No. 285, dated 19 de diciembre del 2019, service-availability certificates (constancias de disponibilidad de servicios) cannot be issued when there is no technical feasibility (viabilidad técnica), when doing so would impair the quality of the service being provided, or when infrastructure is lacking.

According to report No. GSP-RPC-2018- 00586, dated 14 de junio del 2018 (which must be updated by the interested parties), these conditions must be remedied before interconnection with the systems operated by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (…)”.

  1. 5In a written submission filed with the Chamber on 4 de diciembre de 2020, Marylin Mora Vega, in her capacity as Coordinator of the Térraba-Pacífico Central Hydrological Unit, and José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of Water, both of the Water Directorate of the Ministerio de Ambiente y Energía, submit their report and expressly state the following: “(…) ON THE MERITS For purposes of the Constitutional Chamber’s understanding, it is important to clarify the following: Decreto Ejecutivo 35884-MINAET establishes that any person seeking to drill in order to obtain and use water from a well must first obtain a permit from the Water Directorate of MINAE and subsequently a water concession (concesión de agua) granted by the head of the Ministry. It is also important to note that Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, published in the official newspaper La Gaceta, N°139 Alcance 167 of 24 de julio del 2019, promulgated the Regulations for the Registration of Unnumbered Wells and Authorization of Groundwater-Concession Proceedings (Reglamento de Registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas), the purpose of which was to establish the procedure for the regulated enrollment and registration of wells drilled without a drilling permit, as well as the corresponding proceedings for obtaining a water-use concession (concesión de aprovechamiento de aguas).That decree remained in force until 24 de marzo del presente año, without any extensions. Essentially, the decree provides an opportunity for all persons who violated the legal system by drilling without a permit to bring themselves into legal compliance and use the water lawfully by paying the applicable fee and, through registration, enabling the maintenance of an adequate water balance (balance hídrico). In the case before us, it must be noted that the well was drilled without a permit, the water is being used or exploited without a concession, and its incorporation into the system is now being requested. The application was filed by the owner of the land where the well used by the Asociación de Vecinos of the residential development bringing this action was drilled illegally. This application gave rise to administrative file [Valor 003]. The record indeed shows that the Tárcoles Hydrological Unit ordered the sealing of the well (sellado del pozo) because it has neither a permit nor a concession.However, a review of file [Valor 003] determined that the source, consisting of a well drilled for the extraction and use of groundwater (aguas subterráneas) on the property owned by GANADERA LA CEIBA S. Nombre312., which sought registration as the owner of the property, is the source supplying ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, legal entity identification number [Valor CED185]. Likewise, file [Valor 003] reflects, as stated in official letter JD-2019-00063 of 22 de febrero de 2019, that the Association has indeed undertaken proceedings before Nombre312 and Nombre312 for the takeover of the aqueduct, in coordination with the Región Pacífico Central de A y A, and that the institution is willing to do so, provided that coordination occurs and the drilling requirements are met. It is important to disclose that administrative file 19-017936-0007-CO, brought by FECON, is being processed before the Constitutional Chamber as an action of unconstitutionality (Acción de Inconstitucionalidad) against DE-41851-MP-MINAE-MAG, and an order was issued suspending final decisions in proceedings in which that provision must be applied.To date, the action has not been decided; consequently, the processing of applications submitted under this decree remains suspended pending the judicial decision. Having clarified the foregoing, we shall proceed to analyze the background of the case: According to report DA-UHTPCOSJ-2534-2020 of 1 de diciembre del 2020, signed by the undersigned and Technician José Ricardo Hidalgo Sánchez, this Directorate received a complaint through the SITADA system under number 21753-2020, dated 16 de julio del 2020, from Nombre10939, who alleges that Tyrica S.A. charged excessive amounts on the water bill and also asks whether the well supplying their water is legal and whether it is registered; several documents were attached for that purpose. To address the complaint, as provided in the Water Directorate’s internal procedure, officials of this Directorate—in this case, Technician José Ricardo Hidalgo Sánchez—conducted a site visit, resulting in technical report DA-UHTPCOSJ-2113-2020 of 25 de setiembre del 2020.At the site, it was verified that this was a residential development consisting of approximately 100 properties. The report also states that, according to statements by local residents, the site had been supplied by a well located on a property that was sold at auction, leaving them without water; they therefore elected to drill a new well two years ago, which is located on property belonging to Ganadera La Ceiba S.A. and whose registration is currently being processed under the well amnesty (amnistía de pozos). A review of the Directorate’s database confirmed that there is no information concerning a drilling permit for the site in question, and the drilling was therefore determined to be illegal. In accordance with the Water Directorate’s Procedures Manual, notice was given through report DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of 28 de setiembre del 2020 of the obligation to seal the well because it does not meet the statutory requirements.That notice was served on 4 de noviembre del 2020 upon the party listed as the owner of the property where the well in question is located, namely Ganadera La Ceiba, according to administrative file [Valor 003], which currently has a motion for reconsideration (recurso de revocatoria) pending resolution. Accordingly, what the residential development needs is for the public-service provider (ente prestador del servicio público) to take over the provision of the service, rather than for a private party, as in the present case, to continue providing it. The Water Directorate of the Ministerio de Ambiente y Energía, as the entity within the Ministry responsible for administering water, has powers and obligations that it must fulfill as prescribed by the legal system; one of these is to verify whether water uses comply with the law and, where they do not, to proceed as legally required. During the investigation, information emerged concerning steps that the residents themselves had taken before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.Those steps have not been completed, but neither has it been possible to complete the process of determining whether the drilled well meets the requirements for registration under the Decreto de Registro de Pozos sin número, because the action of unconstitutionality against DE-41851-MP-MINAE-MAG resulted in an order suspending final decisions in proceedings in which that provision must be applied. Now, because this is water use for human consumption (uso de agua poblacional), the petitioners must press the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for a prompt solution to and attention to the problem they face. Once the Constitutional Chamber has decided the action of unconstitutionality, it may be possible to assess the well’s eligibility and compliance with the requirements, but not through a water concession granted by MINAE, because water use for human consumption does not fall within its jurisdiction; it falls within the jurisdiction of A y A, which, if the well is technically and legally viable, must request its registration from MINAE through the Water Directorate.On 2 de diciembre del 2020, a letter was submitted by Mr. [Nombre317 001], in his capacity as president of [...], legal entity identification number CED5633, stating that official letter DA-UHTPCOSJ-2123-2020 had been challenged by the entity he represents before the Constitutional Chamber through an amparo appeal (recurso de amparo), which had been admitted for review. He therefore requests suspension of the sealing order until the Constitutional Chamber rules and/or until the residents are provided with a viable alternative for obtaining water service. On 20 de marzo del 2020, GANADERA LA CEIBA S.A. submitted an application under Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG for the registration of wells drilled without a permit and authorization of a groundwater concession. That process is suspended because of the ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY, file 19-017936-0007-CO, and the application therefore cannot be decided until that highest court issues the corresponding ruling.In view of the foregoing, the Water Directorate, through decision DA-1769-2020, issued in File [Valor 003] at eight hours and seventeen minutes on tres de diciembre del dos mil veinte, ordered as follows: “1 THE SEALING ORDER IS SUSPENDED with respect to the drilled well, issued through official letter DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of 28 de septiembre del 2020, until the ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY in Constitutional Chamber file number 19-017936-0007-CO has been decided. 2 ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, legal entity identification number [Valor CED185], shall enter an appearance. Likewise, file [Valor 003] reflects, as stated in official letters JD-2019-00063 of 22 de febrero de 2019, that it is to take over the aqueduct in coordination with the Región Pacífico Central de A y A. 3 Registration of the source must be requested by A y A and shall be contingent upon compliance with the legal requirements for registering sources intended for water use for human consumption.” REQUEST FOR RELIEF Based on the foregoing, and given that the Water Directorate’s obligations include safeguarding the lawful use of the resource by issuing the appropriate orders, it is requested that the present appeal be denied and that, once the action of unconstitutionality has been decided, if the source meets the requirements for registration, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados proceed to request registration of the well in its name, assume the corresponding responsibility, and provide the public service within the residential development, as prescribed by law (…)”.
  2. 6In a written submission filed on 4 de diciembre de 2020, Wendy Simpson Roberts, in her capacity as president of Ganadera La Ceiba S.A., with powers of general attorney-in-fact without limitation as to amount, files a supporting intervention (coadyuvancia) in the present amparo appeal. She states that steps were taken to bring the well supplying the properties into legal compliance, including an application for the corresponding water-use concession. She explains that the company responsible for administering the well has done so solely to guarantee its maintenance and continued operation. She states that attempts have been made through various means to transfer the well and the entire aqueduct to ICAA, but this has not been possible. She asserts that no profit has been made from the sale of water. She refers to the provisions of official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 and states that the decision contained therein was made without first affording the families, ICAA, and ARESEP an opportunity to be heard.She notes that Ganadera La Ceiba S.A. cannot comply with MINAE’s order because the well is located on property that it does not own, but rather on land belonging to Pozo Quintas Oro S.R.L. She asserts that the aforementioned actions violate the right of access to potable water (agua potable). She requests that the appeal be granted and that the closure order (orden de cierre) issued through official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of 28 de setiembre de 2020 by officials of the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Water Directorate of MINAE be annulled. She further requests that ICAA be ordered to guarantee the residents a regular supply of potable water.
  3. 7By means of a written submission (memorial) filed with the Chamber on 4 de diciembre de 2020, Sergio Núñez Rivera, in his capacity as Acting Deputy Manager of Peripheral Systems of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, submits a report and expressly states the following: “(…) FACTS AND SUBSTANTIVE ISSUES FIRST: According to the records maintained by the Operations and Maintenance Directorate of the Central Pacific Region, it is true that, by means of a letter issued by the appellant herein, as president of [...], dated 07 de setiembre del 2018, a request was submitted to the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for it to assume the administration of the aqueduct that currently supplies them. The letter stated that the Neighborhood Association and the company Ganadera La Ceiba S.A., the latter being the company responsible for supplying water service to the residents, would jointly donate to the Instituto the land on which the well is located: property recorded in the Real Estate Registry, Province of Alajuela, located in the Canton of Orotina, La Ceiba District, Real Folio Registration Placa1053, cadastral plan Placa1054, registered in the name of Nombre317 of Pozo Quintas Oro Sociedad de Responsabilidad Limitada., legal entity identification number tres-ciento dos-setecientos noventa y nueve mil novecientos treinta y cuatro.In addition, that company undertakes to deliver both the well, with the equipment and quality standards required by the Institution, and the tank or tanks requested for the proper supply of the residents. At ordinary session N°2018-051 of the AyA Board of Directors, dated 18 de setiembre del 2018, Agreement N°2018-317, the matter was referred to the Deputy Management Office for Delegated Systems Management so that it could be analyzed and a proposed agreement prepared, based on the request submitted by [...], within a period of one month. Accordingly, Memorandum N°SG-GSP-2018-00616 dated 18 de diciembre del 2018, issued by this Deputy Management Office and addressed to Licda. Karen Naranjo Ruíz of the Board of Directors, attached the report prepared by the Operations and Maintenance Directorate of the Central Pacific Region, N°GSP-RPC-2018-00586 dated 16 de octubre del 2018, setting out the Institution’s requirements, in accordance with current institutional regulations, for satisfying the request of the population of Quintas La Ceiba Tierra Dorada.Along the same lines, the report prepared by Eng. Leonardo Moya González, who served as Director of Maintenance and Operations for the Central Pacific Region, and ratified by Memorandum N°GSP-RPC-2020-01131 dated 03 de diciembre del 2020, issued by Eng. Mario Solís Castro, Eng. Moya’s current successor, specifies the conditions with which the Neighborhood Association must mandatorily comply for AyA to assume administration of the aqueduct, namely: Submit approval (visado) of the property segregation (segregación de la finca) in accordance with Article 36 of the Ley de Planificación Urbana and Articles II.2.1 and 50,51,52,53,54 and 55 of the Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamiento y Urbanización, insofar as they concern agricultural parceling (parcelamiento agrícola), requiring approval from INVU. The project’s internal streets must be registered as public streets within Orotina’s cantonal road network, or the corresponding agricultural, right-of-way, and aqueduct easements (servidumbres agrícolas, de paso y acueducto) must be registered in favor of AyA, to allow both free passage along them and the installation of infrastructure.An assessment must be conducted of the current distribution network, including its characteristics, diameter, material, schedule, installation, and/or any other element that must be considered for its possible acceptance or, failing that, replacement, because these must comply with the Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial. Likewise, the characteristics of the development—whether residential, agricultural, or another type—and the billing measurement method, whether by master meter or individual metering, must be defined. This applies both to the existing or proposed infrastructure and to that required for the well and its equipment, the protection areas established by the hydrogeological study, a 72-hour pumping test to collect information on the well’s output, as well as the disinfection system, discharge pipes, storage tank, and distribution network.SECOND: It must be noted that, because this is a private supply system that has operated outside AyA regulations, the Institution is unaware of the system’s current condition with respect to its pipes and the condition of access to the properties. All the information required by AyA and set out in the technical report constitutes essential requirements for AyA to take over administration of the aqueduct. Consequently, the Institution has expressed its willingness to address the community’s supply needs, provided that the requested information is furnished, the improvements determined by the Institution’s technical staff are carried out, and the status of access to the properties and the corresponding registrations is defined. All of the foregoing must comply with the regulatory framework governing the conditions binding the Instituto in relation to the user and the requirements necessary for providing the service, which are contained in the Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, Article 7, setting forth the conditions for the provision of services: “AyA is required to provide the user with optimal service in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and a human-rights-based approach, except in cases of force majeure, unforeseen circumstances, or duly announced maintenance periods affecting the area where the property is located.AyA shall guarantee a dynamic service pressure of 10 metros columna de agua(m.c.a.) at the connection point where the metering system is located. It is also important to consider that Articles 6 and 13 of the Reglamento Para la Prestación de los Servicios de AyA clearly provide that AyA is required to provide services to properties fronting a public road or a right-of-way easement registered in favor of AyA, provided that potable-water networks exist along that frontage and the necessary water capacity is available, specifically: Article 6.- Services. AyA shall provide water-supply services for population use and wastewater sanitation within the service area, provided Article 13.- Conditions for the provision of services. AyA shall provide its services once technical feasibility has been established for developed or undeveloped properties intended for human residence or for commercial or industrial activities that comply with the authorized requirements and uses.AyA shall provide potable-water and sanitation services along a public street or road, or over a pipeline and right-of-way easement registered in favor of AyA or registered in favor of third parties, as applicable pursuant to Article 15 of these regulations. The foregoing shall apply provided that functioning AyA networks exist. If the public network does not extend to the connection point, the owner or possessor may construct a branch-line extension and/or other components of the hydraulic system in compliance with the technical requirements specified by AyA, for which the corresponding guidance shall be provided following a prior study THIRD: It should also be noted that the Constitutional Chamber itself has ruled out violations of the fundamental rights of regulated parties in cases analogous to this one. Timely action by this entity has been established, aimed at extending its services to the extent permitted by science and technology.In this specific case, if the appellant provides the information requested in the report prepared by the Operations and Maintenance Directorate in octubre del 2018 so that the current condition of the system and access can be determined, and subsequently implements the improvements identified by the Institution’s technical staff, the aqueduct can be taken over and the current water-resource conditions affecting the residents of Quinta La Ceiba can be resolved (…)”.
  4. 8By means of a certification (constancia) signed on 9 de diciembre de 2020 by the Secretary of the Chamber and the Judicial Technician in charge, it was reported that the record does not show that, between 27 de noviembre and 8 de diciembre de 2020, the General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados filed any brief or document for the purpose of submitting the report requested in this matter.
  5. 9By order issued at 13:50 hrs. on 26 de febrero de 2021, the Justice-Rapporteur in this matter ordered the following: “(…) As evidence to assist in reaching a decision (prueba para mejor resolver), a report shall be requested from the coordinator of the Unidad Hidrológica de Térraba- Pacífico Central de la Dirección de Agua and from the Director de Agua, both of the Ministerio de Ambiente y Energía, so that they may clarify the current status of Expediente [Valor 003]. They shall also clarify whether the well in question is currently operating. This is because, according to resolution DA-1769-2020, issued in Expediente [Valor 003] at 08:17 hours on 03 de diciembre de 2020, the following was ordered: “1 THE ORDER TO SEAL the unlawfully drilled well, issued through official letter DAUHTPCOSJ-2123-2020 of 28 de septiembre del 2020, IS SUSPENDED until the CONSTITUTIONAL CHALLENGE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD), Constitutional Chamber case number 19-017936-0007-CO, has been decided. 2 ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, legal entity identification number [Valor CED185], shall enter an appearance.Likewise, the record in expediente [Valor 003], as reflected in official letters JD-2019-00063 of 22 de febrero de 2019, refers to taking over the aqueduct through coordination with the Central Pacific Region of A y A. 3 Registration of the source must be requested by A y A and shall be subject to compliance with the legal requirements for registering sources for population use.” Furthermore, they shall clarify whether any other resolution concerning the well in question has been issued after the aforementioned resolution (…)”.
  6. 10By a brief filed with the Chamber on 15 de marzo de 2021, Marylin Mora Vega, in her capacity as Coordinator of the Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Central, and José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director de Agua, both of the Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, submit the report required by the order of 26 de febrero de 2021 and expressly state the following: “(…) According to our records, the well from which the residents of Quintas La Ceiba Tierra Dorada obtain their water is operating. It should be borne in mind that, pursuant to official letter DA-1769-2020, the sealing of the unlawfully drilled well was ordered suspended, a situation that has not been reversed to date. Because this is a population use and pursuant to Ley 2726, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or the Asada providing the service in the area, is responsible for assuming the provision of the public water-supply service. Once it has been established with certainty that this is the case, the appropriate legal action will be taken (…)”.
  7. 11By interlocutory ruling (voto interlocutorio) No. 2021-9024 at 10:05 hrs. on 4 de mayo de 2021, the Constitutional Chamber ordered as follows: “(…) Sole. - The allegations made by the petitioners in this amparo proceeding (recurso de amparo) relate to the provisions of the unnumbered well registration and groundwater-use concession proceeding authorization regulations, Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG. Likewise, those regulations have been challenged in constitutional action number 19-017936-0007-CO, which remains pending resolution. Consequently, given the connection between the matters, the final decision in the amparo proceeding must be stayed until the constitutional action filed has been resolved. Por tanto: The final decision in this matter is stayed until the constitutional action being processed under expediente number 19- 017936-0007-CO has been resolved (…)”.
  8. 12In a written submission filed with the Chamber on 14 de julio de 2022, Marylin Mora Vega, in her capacity as Coordinator of the Térraba-Pacífico Central Hydrological Unit, and José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of Water, both from the Water Directorate of the Ministerio de Ambiente y Energía, stated as follows: “(…) Background for a better determination: On 20 de marzo del 2020, the company GANADERA LA CEIBA. IDENTITY CARD CED5632-, represented by Wendy Simpson Roberts, filed an application for registration of an unnumbered well and authorization of the groundwater-use concession proceeding for a well that had been drilled illegally, requesting registration and authorization of its use pursuant to Decreto 41851-MP-MINAE-MAG; expediente number [Valor 003] was assigned to that proceeding. The property where the well covered by the referenced expediente is located is currently managed by the Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorado, and the administrative expediente remains pending resolution until the Constitutional Chamber issues a final ruling in this amparo proceeding (…)”.
  9. 13On 29 de septiembre de 2023, Gabriela Páez, in her capacity as Coordinator of the Legal Advisory Office of the MINAE Water Directorate, clarified the following to this Chamber: That official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of 28 de septiembre de 2020 was served only on Ganadera La Ceiba S.A., because the well in question is located on a property owned by that company. That the application submitted by Ganadera La Ceiba S.A. in marzo de 2020 to legalize the well was processed as a livestock watering facility for 20 head of cattle (and not for human consumption). That the cited application (processed under expediente No. [Valor 003]) and the corresponding proceeding remained stayed pending resolution of this amparo proceeding. That the well used in the project known as Quintas Residenciales La Ceiba has not been sealed and, therefore, as of this date, the residents of that location continue to obtain water from it (record of telephone call).
  10. 14The statutory requirements have been observed in the conduct of the proceeding.

Justice Araya García drafted the opinion; and,

WHEREAS:

I. REGARDING THE APPLICATION FOR ACTIVE INTERVENTION (COADYUVANCIA ACTIVA)

In a written submission filed on 4 de diciembre de 2020, Wendy Simpson Roberts, in her capacity as president of Ganadera La Ceiba S.A., with the powers of an unlimited general agent (apoderado generalísimo sin límite de suma), requested that the company be admitted as an active intervenor (coadyuvante activa) in these proceedings. She asserts that the MINAE action set forth in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of 28 de setiembre de 2020 violates the right of access to drinking water of the families residing in the Quintas La Ceiba residential complex. She further states that the decision recorded therein was made without granting a prior hearing. Consequently, she requests that the petition be granted and that the closure order issued through official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of 28 de setiembre de 2020 by officials of the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the MINAE Water Directorate be annulled. She also requests that ICAA be ordered to guarantee the residents a regular supply of drinking water.

In this regard, section 34, paragraph 3°, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides that anyone possessing a legitimate interest (interés legítimo) in the proceeding may participate as an intervenor, whether on the claimant’s or respondent’s side. Consequently, pursuant to the aforementioned procedural provision and in view of the statements made by the intervenor, the requested intervention is admissible.

II. SUBJECT MATTER OF THE PETITION

The petitioner—in his capacity as President of [...]—states that, through official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of 28 de septiembre de 2020, the MINAE Water Directorate, in clear violation of the right of access to drinking water, ordered the closure of the well supplying the residential project known as Quintas Residenciales La Ceiba after determining that it was operating unlawfully. He alleges that this was ordered without notice to or a prior hearing for the interested parties (more than 100 property-owning families), because the cited document was communicated only to the developer and offending company (Ganadera La Ceiba S.A). He further alleges that ICAA and ARESEP were not consulted beforehand as a means of seeking an alternative solution for the residents. He adds that, despite the requests submitted to them, the ICAA authorities have not provided a solution to the situation faced by the property owners in that residential complex. He likewise maintains that the company that sold the properties, together with the other companies directly involved in supplying and billing for the water, must assume responsibility for resolving the situation under review.

III. PROVEN FACTS

The following facts relevant to deciding this amparo proceeding have been established:

  • 1)In the year 1997, development began on the project known as Quintas Residenciales La Ceiba, located in La Ceiba de Orotina, Alajuela. The project consists of 100 properties or country lots of approximately 7.000 square meters each (see evidence).
  • 2)The developer of the project was the company known as Ganadera La Ceiba S.A. (legal entity identification number CED5632) (see evidence).
  • 3)When the properties were sold, the developer guaranteed the purchasers that drinking-water service would be provided through an aqueduct or well owned by the same company, for which purpose each parcel had its corresponding meter (see petition).
  • 4)This well was drilled illegally on a property owned by Ganadera La Ceiba S.A. (No. 377663-000), because it lacked authorization from the MINAE Water Directorate. Accordingly, the well is not duly registered (see evidence).
  • 5)The cited properties receive electricity and telephone services supplied by the Instituto Costarricense de Electricidad. Drinking-water service, in turn, is supplied to the residents of the residential project by the developer itself through other related companies. The service was initially administered and billed by the company known as SERINCON S.A. Beginning in the year 2017, the company TYRICA S.A. assumed responsibility for such billing (see petition).
  • 6)In the year 2012, [...] was incorporated under legal entity identification number [Valor CED185]. This was done to address various ongoing problems, particularly those concerning charges for drinking-water service (see evidence).
  • 7)In the year 2013, following an increase in service charges, some owners of the cited country lots submitted an inquiry to the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). As a result, ARESEP informed them, through official letter No. 0246-DGPU-2013/002308 of 28 de enero de 2013, that the aqueduct was not authorized to provide the service and that, to maintain it, they were required to coordinate with ICAA (see petition and evidence).
  • 8)In the year 2016, some members of [...] met with two ICAA engineers to propose that ICAA assume control of the residential complex’s aqueduct. On that occasion, those officials requested compliance with several requirements (e.g., detailed information regarding the pumping test, the amount of water produced by the well, water-quality analyses, a survey plan of the property where the well is located and any potential easement (servidumbre), etc.) (see petition).
  • 9)On 7 de septiembre de 2018, the petitioner submitted a request to the ICAA Board of Directors for that institution to administer the drinking-water supply in the referenced housing project. The ICAA Board of Directors referred the request to the ICAA Deputy Management Office for Delegated Systems Administration through resolution No. 2018-317 of 18 de septiembre de 2018 (see report and evidence).
  • 10)Report No. GSP-RPC-2018-00586 dated 16 de octubre de 2018, entitled Technical Report on Quintas La Ceiba Tierra Dorada and signed by an official of the ICAA Región Pacífico Central, stated as follows:

“(…) BACKGROUND. [...], represented by Dr. [Nombre317 001] (…) requests that AyA administer the drinking-water supply for the project known as Quintas La Ceiba Tierra Dorada (…) consisting of agricultural parcels. INTRODUCTION. The aforementioned project was developed more than 20 years ago and currently consists of more than 75 lots, some fronting a public street and the vast majority fronting an agricultural easement (servidumbre agrícola). The water service was administered and supplied by the company that sold the land, Ganadera La Ceiba S.A., through a private supply network, which currently operates subject to certain limitations, particularly legal and billing-related limitations. That company, together with the residents, has agreed to donate the necessary infrastructure to AyA, including land, a well equipped in accordance with the institution’s requirements, and a tank or tanks, so that AyA may assume responsibility for administering the drinking-water supply system.

OBJECTIVE. For AyA to conduct the necessary studies based on the information provided by the residents’ association, as well as on the works carried out by it, in order to determine whether the project’s water-supply system may be transferred so that AyA may assume its administration and, consequently, the supply of drinking water in the area. Discussion: ANALYSIS. To accomplish what has been proposed by the residents’ association, the project must meet the following requirements: 1. Approval (visado) of the subdivision of the registered property (segregación de la finca), in accordance with Article 36 of the Urban Planning Law and Articles 11.2.1 and 50, 51, 52, 53, 54 and 55 of the Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, the latter five articles insofar as they concern agricultural parceling (parcelamiento agrícola); as an exception, this requires approval from INVU.

All of the foregoing is required for provision of the service to be legally, environmentally, and technically feasible. 2. The service to be supplied must be adequate in terms of quality, quantity, and continuity; accordingly, the infrastructure must support this, as well as provide reserve capacity for the area’s organic growth. 3. The project’s internal roads must be public streets or agricultural easements; the former must be registered as such within Orotina’s cantonal road network, while the latter must be registered as rights-of-way and aqueduct easements (servidumbres de paso y acueducto) in favor of AyA, permitting free passage along them as well as the installation of infrastructure. 4. The existing distribution network must be evaluated with respect to characteristics such as diameter, material, pipe schedule, installation, and any other factor that must be considered for its possible acceptance or, failing that, to determine whether it must be replaced.

These pipelines must comply with the Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial. 5. As stated in the request, the required infrastructure must be complete, including a fully equipped well with the necessary protection, the protection areas established by the hydrogeological study, a 72-hour pumping test, which must be conducted, and all available information and information yet to be obtained concerning the well. It must also include the disinfection system, pumping mains, storage tank, and distribution network. 6. All infrastructure to be constructed and/or already existing must be approved by AyA in accordance with the established regulations. 7. The nature of the development must be defined; that is, whether it is intended for tourism, residential, agricultural, or another use. 8. Matters concerning the installation of individual metering (micromedición) (water meters) or their supply must be defined by the interested parties.

CONCLUSIONS. AyA awaits the determination of the matters identified in the foregoing discussion concerning the required information, so that it may be clearly established whether the institution can assume administration of the drinking-water supply system for the Quintas la Ceiba Tierra Dorad project, in accordance with the express wishes of its residents (…)” (see evidence).

  • 11)Memorandum No. SG-GSP-2018-00616 dated 18 de diciembre de 2018, signed by the Peripheral Systems Management Deputy Division of ICAA and addressed to the ICAA Board of Directors, stated as follows:

“(…) For the information of the members of the Board of Directors, I am attaching the report prepared by the Central Pacific region concerning the request by the residents of the Asociación Quintas La Ceiba Tierra Dorada that AyA assume administration of the system. Accordingly, this report should be provided to the residents, and they should be informed that they must coordinate with the Central Pacific region to meet all the requirements set forth in the report so that it will be feasible for AyA to assume administration. They must be informed that engineers German Araya and Leonardo Moya will be responsible for coordinating with them on all matters related to this issue (…)” (see evidence).

  • 12)By official letter JD-2019-00063 of 22 de febrero de 2019, a representative of the ICAA Board of Directors informed the petitioner as follows:

“(…) As part of the follow-up to the referenced resolution, attached you will find the report submitted by the Peripheral Systems Management Deputy Division, memorandum SG-GSD-2018-00616, reviewed at ordinary session N° 2019-08 of the Board of Directors, held on 19 de febrero 2019. As indicated by the attached technical study, the requirements established in the technical report must be fulfilled before the aqueduct may be taken over. Any additional information may be coordinated with the Central Pacific Region (…)” (see evidence).

  • 13)On 20 de marzo de 2020, Ganadera La Ceiba S.A. (represented by Wendy Simpson Roberts) filed with the Water Directorate of MINAE an application to register wells constructed without permits and to obtain authorization for a groundwater concession (concesión de aguas subterráneas) pursuant to Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG de 18 de julio de 2019. This application was assigned expediente No. [Valor 003] and was processed as a livestock-watering trough for 20 cattle (see evidence).
  • 14)On 16 de julio de 2020, a resident of the aforementioned residential development filed a complaint with the Water Directorate of MINAE against TYRICA S.A. for allegedly imposing excessive charges on the water bill. In addition, the applicant requested confirmation as to whether the well supplying water to the residential development was lawful and whether it was registered. In response, the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate of MINAE conducted an on-site inspection (which resulted in technical report No. DA-UHTPCOSJ-2113-2020 de 25 de septiembre de 2020). The inspection established “(…) that this was a residential development consisting of approximately 100 properties (…) that, according to statements by local residents, the site was supplied by a well located on a property that had been sold at auction, leaving them without water, and they therefore chose to drill a new well two years ago, which is located on property owned by Ganadera La Ceiba S.A. and whose registration is currently being processed under the well amnesty (amnistía de pozos) (…)”. Moreover, the latter report issued the following conclusions and recommendations:

“(…) Conclusions 1- The area contains a residential estate-lot development. 2- The well under expediente 20209PA is undergoing an unnumbered well-amnesty proceeding and does not have an authorized water-use concession (concesión de aprovechamiento de agua). 3- Water from the well is being used unlawfully.4- The well is used for the public supply of water to at least 65 properties, despite having been applied for as a livestock-watering use. 5- There are no concessions registered under Nombre317 of Tyrica S.A. 6- Tyrica S.A. charges the owners of the estate lots for water service. Recommendations: 1- File a criminal complaint with the Prosecutor’s Office for the offense of unlawful appropriation of water (usurpación del agua). 2- Notify ARESE of the unlawful charge for the public service. 3- Issue the well-sealing order because of the inconsistencies in the expediente and irregularities in its use (…)” (see report and evidence).

  • 15)By official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020, signed by José Ricardo Hidalgo Sánchez and engineer Marilyn Mora Vega, Coordinator of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate of MINAE, the sealing of the well located on registered property No. 377663-000 under Nombre317 of Ganadera La Ceiba S.A. was ordered because it had been drilled unlawfully without the respective drilling permits and was being used for residential human consumption (public-supply use). Among other matters, the official letter stated the following: That the development in question contains 100 properties located in La Ceiba de Orotina, a location with a drilled well, a control building, a tank, and underground piping for distributing water to the properties. That the use requested for the well was a livestock-watering trough for 20 cattle and did not include public-supply use.

That almost all the properties on the streets known as Dirección2419, Dirección2417 and el Higuerón have meters, and the private company TYRICA S.A. is responsible for billing for the water service. That it was apparent that the well was being used for a public-supply purpose different from the one requested and that profit was being made from the sale of the service. Consequently, pursuant to Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas), the closure and sealing of the well were ordered. In addition, the submission of various documents concerning the well’s closure was requested within thirty days, and it was stated that the well could not be used in any manner without first obtaining the water-use concession (see evidence).

  • 16)The foregoing official letter was served on 4 de noviembre de 2020 upon the development company, namely Ganadera La Ceiba S.A., because the well is located on property owned by that company (see petition and report).
  • 17)On 10 de noviembre de 2020, the legal representative of Ganadera La Ceiba S.A. requested that the Water Directorate of MINAE revoke the decision set forth in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 (see evidence).
  • 18)The owners of the properties located in the aforementioned residential development learned of the well closure through other means (see petition).
  • 19)Through official letters dated 17 de noviembre de 2020, a representative of Ganadera La Ceiba S.A. notified some owners of the estate lots of the sealing order issued in the aforementioned official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 (see evidence).
  • 20)On 20 de noviembre de 2020, the petitioner filed the present amparo proceeding (recurso de amparo) (see petition).
  • 21)As of the date the amparo proceeding was filed, the requirements and conditions established by ICAA in report No. GSP-RPC-2018-00586 for assuming provision of the drinking-water service in the aforementioned residential development had not been fulfilled (see report).
  • 22)On 2 de diciembre de 2020, the petitioner, in his capacity as President of [...], filed a written submission with the Water Directorate of MINAE stating that the decision set forth in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 had been challenged before the Sala Constitucional through the filing of an amparo proceeding, which had been accepted for review. He therefore requested that the sealing order be stayed until the Sala issued its ruling (see report).
  • 23)By Resolution No. DA-1769-2020 at 08:17 hrs. on 3 de diciembre de 2020, the Director of MINAE’s Water Directorate—in the proceeding (procedimiento) processed under expediente No. [Valor 003]—ordered as follows:

“(…) RECITALS (CONSIDERANDOS) FIRST: That, pursuant to Ley de Aguas No. 276 of 26 de agosto de 1942, the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications is responsible for determining and ruling on its ownership, development, use, governance, and oversight. SECOND: That Decreto Ejecutivo 35669-MINAET, published in La Gaceta 3 on 6 de enero de 2010 and amended by decreto 36437-MINAET of 24 de enero del 2011, delegates to the MINAET Water Directorate the authority to admit, process, and decide applications for subsurface drilling for the exploration and extraction of groundwater (aguas subterráneas), and to assign the corresponding well number. THIRD: That Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET, governs all matters relating to subsurface drilling for the exploration and extraction of groundwater. FOURTH: That report DA-UHTPCOSJ-2123-2020, dated 28 de septiembre del 2020 and signed by José Ricardo Hidalgo Sánchez and engineer Marilyn Mora Vega, coordinator of the Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central, establishes as proven that the well found on property recorded under real-property folio 377663-000, at Dirección2418, under Nombre317 of GANADERA LA CEIBA S.A., corporate identification number CED5632, was drilled without the corresponding permits from the Ministry of Environment and Energy and is currently being used for human consumption (residential) to supply the Quintas La Ceiba residential project.

Supplying communities is a public-service use and falls within the jurisdiction of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados or its legally delegated entities; consequently, the cited official communication ordered that the well be sealed (sellado), as established by Decreto Ejecutivo 35884-MINAET. FIFTH: That Article 28, subsection b), of Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET, provides as follows: “Article 28.- Criteria for closing wells. The MINAET Water Directorate shall order the closure of a well under the following circumstances: b) When drilling is performed without the required permit.” SIXTH: That Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET, likewise addresses the closure of wells and the responsible parties in Article 38, which reads as follows: “Article 38.- Closure of wells.

The MINAET Water Directorate is responsible for issuing instructions regarding the closure and sealing of wells. The costs and expenses of this procedure shall be borne by the owner of the property where the well is located and, secondarily, by the drilling company that performed the drilling and the geologist responsible for it, when their participation in developing the well has been established. The well must be sealed with a metal cover, using waterproof and airtight material to prevent the entry of possible contaminants, and a concrete slab must be poured over the drilling site. A notarial record documenting these measures must be drawn up, all in accordance with the Directorate’s resolution.” (The underlining and highlighting do not appear in the original). SEVENTH: That it is clear that the cited well did not have the corresponding permits and therefore falls within the circumstances contemplated by the cited regulations, pursuant to which the sealing order was issued.

EIGHTH: That on 20 de marzo del 2020, GANADERA LA CEIBA S.A. filed an application to register wells constructed without permits and to authorize a groundwater concession (concesión de aguas subterráneas), pursuant to Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG; that proceeding has been stayed because of the CONSTITUTIONAL CHALLENGE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD), expediente 19- 017936-0007-CO, and therefore that application cannot be decided until the highest court rules on the matter. NINTH: It is relevant to note that the source corresponding to the well drilled for the extraction and use of groundwater is located on property owned by GANADERA LA CEIBA S. Nombre312. and that this company applied to register the well under the recent amnesty process pursuant to Decreto 41851-MP-MINAE-MAG, but that the merits cannot be considered because of the constitutional challenge cited above. Although this company, as owner of the property, sought legalization of the unnumbered well in expediente 20209-P, the water is used by [...], corporate identification number [Valor CED185].

Likewise, it appears in expediente [Valor 003], as stated in official communications JD-2019- 00063 of 22 de febrero de 2019, for the water-supply system to be assumed through coordination with the Región Pacífico Central de A y A.

THEREFORE (POR TANTO), THE WATER DIRECTOR RULES: THE ORDER TO SEAL THE DRILLED WELL, issued through official communication DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of 28 de septiembre del 2020, IS STAYED until the CONSTITUTIONAL CHALLENGE, expediente of the Constitutional Chamber number 19-017936-0007-CO, has been decided. ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, corporate identification number [Valor CED185], shall enter an appearance. Likewise, it appears in expediente [Valor 003], as stated in official communications JD-2019- 00063 of 22 de febrero de 2019, for the water-supply system to be assumed through coordination with the Región Pacífico Central de A y A. Registration of the well shall be contingent upon a finding, following review of expediente 20209 PA, that the technical and legal requirements established in Decreto 41851-MP-MINAE-MAG have been met; the matter shall be considered once the Constitutional Chamber rules on the constitutional challenge to this decree.

Depending on that outcome, A y A must apply for the corresponding procedure before the Water Directorate. This resolution may be challenged through the ordinary remedies of reconsideration (revocatoria) and appeal (apelación), within the three business days following service of this resolution, pursuant to Articles 343,346 and 347 of Ley General de la Administración Pública, both before this Office. Notice shall be served on AYA; Ms. Yamileth Astorga Espeleta, Executive President; Licda. Cecilia Martínez, Deputy Manager for Community Systems Management; and the Unidad Hidrológica Tárcoles - Pacífico Central (…)” (see evidence).

  • 24)As of julio de 2022, the property where the well processed under expediente No. [Valor 003] is located “(…) is administered by the Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorado, and the administrative proceeding remains pending resolution until the Constitutional Chamber issues a final ruling in this amparo proceeding (recurso de amparo) (…)” (see report).
  • 25)As of 29 de septiembre de 2023, the cited proceeding processed under expediente No. [Valor 003] remained stayed. Likewise, as of that date, the well used in the project known as Quintas Residenciales La Ceiba had not been sealed and, consequently, the residents of that location continued to obtain their water from it (see record of telephone call).

IV.REGARDING the constitutional challenge processed under expediente No. 19-017936-0007-CO. With respect to this proceeding—by virtue of which processing of the application filed in marzo de 2020 to register the well under review was stayed—the following has been established:

  • 1)On 24 de julio de 2019, Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG, entitled Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, was published in La Gaceta No. 139. Its purpose “(…) was to establish the procedure for the regulated enrollment and registration of wells drilled without a drilling permit, and the corresponding procedure for obtaining a water-use concession (…)” This decree remained in force until 24 de marzo de 2020, with no extensions (see report).
  • 2)On 26 de septiembre de 2019, a constitutional challenge was filed before the Constitutional Chamber against the provisions of that decree and was assigned number 19-017936-0007-CO (see expediente No. 19-017936-0007-CO, reviewed ad effectum videndi).
  • 3)By resolution at 10:58 hrs. on 4 de diciembre de 2019, the Presidency of the Chamber admitted that constitutional challenge for consideration (see expediente No. 19-017936-0007-CO, reviewed ad effectum videndi).
  • 4)By Judgment (Sentencia) No. 2021-25386 at 13:10 hrs. on 10 de noviembre de 2021, the cited challenge was decided as follows:

“(…) The challenge concerning the alleged express authorization not to appear before SETENA for the assessment of irregular wells, the alleged risk of salinization or contamination through saline intrusion, and the claimed rampant ineffectiveness of environmental law is unanimously dismissed. By majority vote, the constitutional challenge concerning Articles 1, 2 and 3 of decreto ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, is dismissed, provided those provisions are construed as not modifying the criminal offenses established in Articles 226 and 227 of the Criminal Code; accordingly, determining criminal liability shall fall to the competent criminal judge. Justice Rueda Leal states different grounds regarding the aforementioned claim. By majority vote, the challenge concerning the alleged absence of a comprehensive water balance (balance hídrico integral), the authorization to alter biodiversity’s life cycles without studies, the lack of measures to protect against, mitigate, or prevent harm, and the right to citizen participation is dismissed.

Justices Cruz Castro and Rueda Leal partially dissent and would grant the challenge based on violation of the right to citizen participation. Justice Cruz Castro and Justice Picado Brenes partially dissent and would grant the challenge based on violation of the principle of statutory reservation (principio de reserva de ley) and the lack of measures to protect against, mitigate, or prevent harm. Justice Cruz Castro partially dissents and would grant the challenge based on the alleged absence of a comprehensive water balance and the authorization to alter biodiversity’s life cycles without studies. Justice Cruz Castro and Justice Garro Vargas submit separate opinions. Justices Castillo Víquez and Rueda Leal submit a joint opinion. The motions to intervene in support (coadyuvancias) are unanimously rejected. Notice shall be served (…)” (see expediente No. 19-017936-0007-CO, reviewed ad effectum videndi).

  • 5)In marzo de 2022, the cited decision was served on the parties (see expediente No. 19-017936-0007-CO, reviewed ad effectum videndi).

V. SPECIFIC CASE

The petitioner (recurrente) appears before this Constitutional Chamber and states that he serves as President of [...]. He explains that the project known as Quintas Residenciales La Ceiba was developed 23 years ago, that it consists of country estates (quintas) of approximately 7.000 square meters each, and that it comprises a total of 100 properties registered as agricultural parcels (predios agrícolas).

It states that the developer of that project was Ganadera La Ceiba S.A., which provided the buyers with registered survey plats (planos catastrados) that complied with the specifications for agricultural parcels and with the potable water service. It explains that, at the time the properties were sold, the developer guaranteed the provision of potable water service through an aqueduct operated by the same company, for which each parcel had its respective meter. It notes that the service was initially provided privately by the seller itself (Ganadera La Ceiba S.A.), through a related company called SERINCON S.A., which was responsible for billing for the service. It states that SERICON S.A. has supplied potable water service since 1997. Beginning in 2017, payments for the water supply have been deposited with another company called TYRICA S.A., which is also related to Ganadera La Ceiba S.A..

It explains that, at the time, they assumed that everything was in order and that the service was being provided legally. However, the petitioner states that at one point there was an excessive increase in the charge for potable water service, so they made inquiries with ICAA and ARESEP, as a result of which they learned that the water supply was not legally compliant because the well supplying that water was not registered with MINAE. It recounts that, in response to that situation, they contacted ICAA so that it would take over the aqueduct, and despite efforts undertaken with that institution since 2016, no concrete solution to the problem has been achieved. It asserts that the greatest difficulty concerns the extent of the works and conditions imposed by ICAA for accepting the well and the service infrastructure, the cost of which must be borne by the residents.

It adds that a resident filed a complaint with MINAE concerning the high cost of potable water service, which resulted in the issuance of official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of 28 de septiembre de 2020, which referred to the illegality of the aforementioned well and ordered its closure within one month.

It alleges that MINAE abruptly ordered the closure of that well without granting all residents of the residential development a prior hearing (because only the offending company was notified) and without conducting due proceedings (debido procedimiento), thereby leaving all of them defenseless. It maintains that the aforementioned residents learned what had occurred through third parties.

It alleges that neither were they granted a prior hearing, nor were the authorities of ICAA and ARESEP consulted as a means of seeking a solution to the situation. All this occurred even though, at the time of the closure, the national emergency due to COVID-19 remained fully in effect, and therefore, in its view, access to potable water service was essential.

It adds that although the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the body responsible for undertaking and promoting planning, financing, and development, as well as resolving all matters related to the supply of potable water in the country, the appropriate actions have not been taken to provide a solution for the 100 families affected by the closure of the well and the suspension of water service to their homes. It asserts that ICAA cannot remain uninvolved in the necessary measures to provide the community with potable water and that its participation is therefore necessary to achieve this solution; participation that MINAE itself should have sought before ordering the closure of the well.

Furthermore, it reiterates that when the developer offered the properties for sale, it also offered to provide potable water service, a factor that influenced the purchasers’ decision to acquire the properties. It states that the three aforementioned companies have control and management of that well and are also responsible for reading the water meters (hidrómetros), issuing bills, and collecting payment for water service; it therefore considers it necessary for them to participate in the procedure for transferring the aqueduct to ICAA. Likewise, it considers that they must coordinate with MINAE and ICAA as necessary to satisfy the requirements for that institute to assume management of the community aqueduct.

It therefore maintains that, in this case, the right of access to potable water was violated, as were its rights to a defense and to due process (debido proceso). Consequently, it requests that this amparo proceeding (amparo) be granted and, among other things, that the well-closure order set forth in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of 28 de septiembre de 2020, issued by the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua del MINAE, be annulled. It further requests that ICAA be ordered to intervene immediately to guarantee the residents a regular supply of potable water by undertaking such measures and works as may be necessary.

In view of the foregoing, this Chamber observes that the petitioner directs this amparo proceeding toward the following matters: a) that official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of 28 de septiembre de 2020, issued by the Dirección de Agua del MINAE, ordered the closure of the well that supplies the residential complex where 100 families reside, in clear violation of the right of access to potable water and despite the ongoing COVID-19 pandemic; b) that this decision was made without notifying or granting a prior hearing to the 100 families who own the aforementioned country estates (quintas) and, consequently, without respecting due process; c) that, before the aforementioned order was issued, neither ICAA nor ARESEP was consulted for the purpose of finding a solution to the aforementioned problem; d) that the ICAA authorities, despite the requests submitted to them, have not provided a solution to the situation; and e) that the private entities involved in this matter must accept responsibility and remedy the problem described.

That said, after analyzing the grievances presented by the appellant, the reports submitted under oath by the respondent authorities, and all evidence entered into the record, this Constitutional Court finds no grounds whatsoever for granting this amparo proceeding or, concomitantly, the claims advanced by the protected party. This conclusion is based on the reasons set forth below.

A. Regarding the provisions of official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 and the need to obtain potable water during the COVID-19 pandemic. First, it must be noted that, in this case, this Chamber does not find in any respect that the action challenged by the petitioner—namely, the closure and sealing of the well located on property No. 377663-000 (owned by Ganadera La Ceiba S.A.), which has supplied the development known as Quintas Residenciales La Ceiba for several years—may be deemed arbitrary or unfounded. In this matter, it has been demonstrated with sufficient clarity that the owners of the properties located in the aforementioned residential complex have been provided water service—apparently, as allegedly arranged by the aforementioned development company, Ganadera La Ceiba S.A.—through an illegally constructed well, that is, a well for which the corresponding permits were neither processed nor timely requested and which, consequently, is not duly registered with the Dirección de Agua del MINAE, as required by law (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); hence, its closure was sought. It should be noted that Article 28 of the latter regulation provides as follows:

“Criteria for the closure of wells. The Dirección de Agua del MINAET shall order the closure of a well under the following circumstances:

  • a)When drilling and exploration reveal that the well is dry or that the use of the water is not viable, which must be reported by the drilling company or permit holder (permisario) to the Dirección de Agua del MINAET.
  • b)When drilling is performed without the required permit.
  • c)When drilling is performed in contravention of the permit conditions, this Regulation, or applicable laws.
  • d)Expiration of the concession (concesión), pursuant to Article 27 of Ley de Aguas Nº 276 of 26 de agosto de 1942.
  • e)When the application is summarily closed and archived because of noncompliance with the requirements or with what the government administration requested for processing the concession” (Emphasis not in the original).

The foregoing therefore clearly supports the action of the Dirección de Agua del MINAE, specifically the provisions of official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of 28 de septiembre de 2020, challenged by the petitioner in his capacity as President of [...]. It should also be emphasized that this official letter specifically states all the legal and factual grounds supporting the closure at issue, principally including, as stated above, the illegal operation of the well and its use for human consumption rather than as a watering place for 20 head of cattle, as was stated and requested years later—specifically in marzo de 2020—when the aforementioned company submitted an application to legalize the well pursuant to Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG of 18 de julio de 2019, entitled Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas (the latter proceeding having been processed under expediente No. [Valor 003]).

Accordingly, it is evident that the owners of the properties located in the aforementioned residential complex have obtained water irregularly for several years and that the authorities of the Dirección de Agua del MINAE have merely undertaken to regularize and bring that situation into legal compliance, as the legal system itself establishes and requires; hence, from that perspective, it cannot be asserted that the closure and sealing of the well at issue violates the fundamental right of access to potable water. On the contrary, pursuant to the provisions of that legal framework, such action seeks to protect water resources (recurso hídrico).

On the other hand, it must be taken into account that, although the challenged official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 ordered the closure and sealing of the well, the fact remains—as was also established—that this order was not enforced at that time (that is, in 2020) or subsequently by the authorities of the MINAE Water Directorate. It should be noted that, initially, the Director of Water of MINAE, through resolution No. DA-1769-2020 at 08:17 hrs. on 3 de diciembre de 2020 (issued within the aforementioned proceeding No. [Valor 003]), ordered the suspension of that order until the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) filed against the provisions of the aforementioned Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG (which permitted the legalization of irregularly drilled wells) was decided. Additionally, on that occasion, it was clarified that the requested well registration was subject to compliance with the provisions of that body of law (Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG) and that this application itself would be decided once the Sala Constitucional ruled on that constitutional proceeding.

As established, the latter action was decided and dismissed by this constitutional jurisdiction through Judgment (Sentencia) No. 2021-25386 at 13:10 hrs. on 10 de noviembre de 2021, which, moreover, was served on all parties in marzo de 2022. Subsequently, the authorities of the MINAE Water Directorate, specifically in julio de 2022, informed this Chamber that, at that time, the application to legalize the well in question was still pending and would not be decided until the present amparo proceeding (proceso de amparo) had been resolved. As recently confirmed (that is, on 29 de septiembre de 2023), this situation continues to prevail as of this date. It was also clarified that the well located in the aforementioned project known as Quintas Residenciales La Ceiba had not been sealed and that, accordingly, the residents of that location continue to use it as their water supply. Consequently, based on the foregoing, it cannot be maintained that the petitioner (recurrente) and the other owners of the aforementioned country estates were left without potable-water service, at least during the years when the COVID-19 pandemic was most prevalent and, consequently, when the supply of this resource was most necessary to safeguard the fundamental right to health.

B. Regarding the alleged violation of the right to a defense and due process. In this matter, it has been established and verified that the well in question is located on property owned by the company Ganadera La Ceiba S.A., as confirmed during an inspection conducted by the authorities of the MINAE Water Directorate in septiembre del año 2020, and not on property registered under Nombre317 of the protected Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorada itself or under Nombre317 of any other individual resident. It was therefore fully justified for the authorities of the Water Directorate, on 4 de noviembre de 2020, to serve the aforementioned official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 specifically on the owner or representative of the property where the well was constructed and is operated, since that person—pursuant to the provisions of the aforementioned Decreto Ejecutivo 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas—was required to carry out the corresponding closure and sealing. It should be noted that, in this regard, Article 38 of the latter decree provides as follows:

“Closure of wells. The MINAET Water Directorate shall issue instructions concerning the closure and sealing of wells. The costs and expenses of this procedure shall be borne by the owner of the property on which the well is located; and, subsidiarily, by the drilling company that performed the drilling and the geologist responsible for it, when their involvement in the development of the well is established. The sealing must be performed using a metal cover and waterproof, airtight material to prevent the entry of potential contaminants, and a concrete slab must be poured over the drilling site. A notarial record (acta notarial) documenting these measures must be executed, all in accordance with the provisions of the Directorate’s resolution.” (Underlining does not appear in the original).

In parallel with the foregoing, it must be clear in this matter that the MINAE Water Directorate is not, and does not act as, the provider of potable-water service in the residential complex under review. At no time has it entered into any type of relationship on that basis with any of the owners of the 100 properties referenced by the protected party; indeed, our legal system grants it no authority whatsoever in that regard. Consequently, that Directorate cannot be charged with an obligation to notify each of those owners (in their alleged capacity as beneficiaries of the water-supply service) of the provisions of the aforementioned official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20. It is evident that the Water Directorate merely brought the use of the well into compliance with the law and, from that perspective, its role was limited to notifying the owner of the property on which the well was located of the closure and sealing order in question, as it in fact did. Accordingly, it cannot be asserted in this case that the rights to a defense and due process of the owners of the aforementioned properties comprising the residential development were violated.

In any event, it is important to emphasize that the petitioner himself stated in the petition initiating this amparo proceeding that the owners of the properties located in the aforementioned residential complex learned of the closure order in question through other means. Indeed, the body of evidence submitted by the petitioner includes several official letters dated 17 de noviembre de 2020 establishing that a representative of Ganadera La Ceiba S.A. notified certain owners of the country estates of the sealing order set forth in the aforementioned official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of 28 de septiembre de 2020. This being so, it is clear that, before this amparo proceeding was filed, the owners of the aforementioned properties were aware of the order to close the well that supplied them with water, which consequently allowed them, at that time, to pursue any actions they deemed appropriate to regularize the situation under review.

Indeed, it is important to note that it has been fully established in this matter—as the petitioner himself related in the petition initiating this proceeding—that the residents of the aforementioned residential development had known for many years (at least since 2013) of the irregular situation affecting the provision of their water service (because the well was operating illegally), to the extent that, in 2016 and 2018, they sought assistance from the ICAA authorities so that the institution would take over the aqueduct operating at the location. Consequently, it is clear that the closure order issued by the Water Directorate in septiembre de 2020 cannot be considered sudden and arbitrary under the terms presented and alleged before this Court, since it was to be expected that the MINAE authorities would, sooner or later, act in that manner, following, as repeatedly stated, the provisions of our legal system (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE).

C. Regarding the alleged obligation to coordinate in advance with ARESEP and ICAA. Consistent with the preceding section, this Chamber considers that the MINAE Water Directorate, pursuant in turn to the provisions of the aforementioned Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE, fulfilled its specific obligation to notify the owner of the property on which the well is located of its closure. That same body of law neither indicates nor imposes an obligation to undertake the action sought by the claimant, namely, to coordinate with other institutions (in this case, ARESEP and ICAA) before closing the well in order to find a solution to the water-supply problem in the residential complex. Through this allegation, the petitioner is essentially suggesting that MINAE should have indefinitely suspended enforcement of the aforementioned regulations (and perpetuated the use and operation of an illegally constructed well) until one of those two institutions, primarily ICAA, fully resolved the situation in which the residents of the aforementioned residential development found themselves and currently remain, for reasons apparently unrelated to the public administration.

In the opinion of this constitutional body, however, that proposition is not plausible, since the Ministry’s duty was to ensure the closure of the well and nothing more. This is because, as stated, the MINAE Water Directorate has never acted as the potable-water service provider for the properties under review.

In any event, as also stated above, the record in this matter shows that since at least 2016—that is, four years before the official letter in question, No. DA-UHTPCOSJ-2123-20, was issued—ICAA was aware of the matter under review, as members of [...] had brought it to its attention, although no solution was reached at that time. It was also established that two years later, that is, in septiembre de 2018, the petitioner submitted a formal request to the ICAA Board of Directors for that institution to administer the potable-water supply in the aforementioned housing development. This could not be done, however, because the interested parties had not met the requirements established for that purpose. Therefore, it has been conclusively verified in this matter that, although MINAE did not engage in the prior coordination sought by the claimant when it issued the administrative act (acto administrativo) under review—which, as stated, was not in any event required by the legal system—the fact remains that ICAA was already aware of the problem under review at that time and had already expressed its position regarding how the situation could be resolved (the latter issue will be addressed in detail in the following section).

D. Regarding the alleged failure of ICAA to resolve the situation concerning the potable-water supply in the residential complex. Contrary to the petitioner’s allegation, this Constitutional Court does not consider that the ICAA authorities can be charged with or attributed any arbitrary act or omission in this matter that infringed the fundamental rights of the residents of Quintas Residenciales La Ceiba. It should be observed that, in this matter, as noted above, the record shows that the interested parties (residents of that residential development) approached this institution on two occasions and that, although the institution has not taken over the aqueduct and, consequently, the potable-water supply in that residential complex, this is due to an important reason: the interested parties have not complied with a series of requirements and technical specifications that were communicated and brought to their attention several years ago.

Specifically, it was determined that, in 2016, some members of [...] met with two ICAA engineers to propose that the latter take over the residential complex’s aqueduct. On that occasion, as was also established, those officials requested compliance with several requirements for that purpose (e.g., detailed information on the pumping test, the amount of water yielded by the well, water-quality analyses, the survey plan of the property where the well is located and a possible easement (servidumbre), etc.). It was also verified that, some time later, in September 2018, the appellant submitted a formal request to the ICAA Board of Directors for that institution to manage the drinking-water supply in the aforementioned housing development. The ICAA Board of Directors referred that request to the ICAA Submanagement Office for Delegated Systems Management, as a result of which Report No. GSP-RPC-2018-00586 dated 16 de octubre de 2018, entitled Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, was issued and signed by an official from the ICAA’s Región Pacífico Central. The report stated that, for the applicant’s request to be granted, a series of requirements had to be met, including the following:

“(…) 1. Approval (visado) of the segregation (segregación) of the property, in accordance with Article 36 of the Ley de Planificación Urbana and Articles 11.2.1 and 50, 51, 52, 53, 54 and 55 of the Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, the latter five articles insofar as they concern agricultural parceling (parcelamiento agrícola); as an exception, requiring INVU approval for that purpose. All of the foregoing is required so that provision of the service is legally, environmentally, and technically feasible.

2. The service to be supplied must be adequate in terms of quality, quantity, and continuity; accordingly, the infrastructure must be capable of providing it, as well as maintaining a reserve for the area’s organic growth.

3. The project’s internal roads must be public roads or agricultural easements (servidumbres agrícolas); the former must be registered as such within Orotina’s cantonal road network, while the latter must be registered as rights-of-way and aqueduct easements in favor of AyA, allowing free passage over them as well as the installation of infrastructure.

4. The existing distribution network must be evaluated with respect to characteristics such as diameter, material, pipe schedule, installation, and any other factor that must be considered for its possible acceptance or, failing that, to determine whether it must be replaced. These pipelines must comply with the Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial.

5. As stated in the request, the required infrastructure must be complete, including the fully equipped well with the necessary protection, the protection areas established by the hydrogeological study, a 72-hour pumping test, which must be conducted, and all available information and information yet to be obtained from it. It must also include the disinfection system, pumping mains, storage tank, and distribution network.

6. All infrastructure to be built and/or already existing must be approved by AyA in accordance with the applicable regulations.

7. The nature of the development must be defined—that is, whether it is for tourism, residential, agricultural, or another type of use.

8. Matters concerning the installation of individual metering (micromedición) equipment (water meters) or its supply must be defined by the interested parties (…)”.

According to the information provided by the ICAA authorities—and as the claimant himself even acknowledged in the filing instituting these amparo proceedings—none of these requirements had been met. Consequently, the Institute had been unable to take over the aqueduct and provide drinking-water service as requested.

It may therefore readily be concluded that the ICAA authorities have at no time refused, without justification or arbitrarily, to provide the service under consideration, contrary to how the protected party portrays or presents the matter before this constitutional jurisdiction. What is occurring in this case is that, before taking the requested action, the ICAA requires compliance with a series of requirements in accordance with the legal system; it is not possible in this particular case to make an unlawful exception and provide service to the project known as Quintas Residenciales La Ceiba, as the appellant would appear to want. It should be noted that this Chamber has repeatedly held that drinking-water service may validly be denied when the requirements established for that purpose have not been met. Thus, Voto No. 2009-9936 of 14:08 hrs. on 19 de junio de 2009 stated as follows:

“(…) Accordingly, its status as a fundamental right does not entail unrestricted access to water services, since the government may validly establish general requirements that each applicant must meet so that the applicant’s particular request may be assessed. The possibility is therefore recognized of limiting the granting of new water connections (pajas de agua) for the purpose of ensuring the continued provision of the public drinking-water supply service to current users and households receiving that service—see Judgments Nos. 2007-17475, at eleven hours and five minutes on treinta de noviembre de dos mil siete, and 2008-11390, at eleven hours and twenty-nine minutes on veintidós de julio de dos mil ocho. In this regard, in Judgment No. 2006-1898, at nine hours and fifty-three minutes on diecisiete de febrero de dos mil seis—reiterated, among others, in Judgment No. 2007-13310, at ten hours and fifty-seven minutes on catorce de setiembre de dos mil siete—the Chamber held:

‘The appellant alleges (…) that, despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with drinking-water service, asserting that it is an informal settlement and that its residents do not have a segregation plan establishing that they own the properties. In this regard, the record establishes, based on the respondent authority’s sworn report, that it is impossible to install residential drinking-water services in the community where the appellant lives for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the interested parties’ failure to submit applications meeting the legal requirements (...). In Judgment No. 2004-12185 at 13:31 hours on 29 de octubre del 2004, in a case similar to this one, this Chamber held that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados could not be compelled to disregard the provisions of its Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes or the Ley General de Agua Potable.

Therefore, unless the protected party satisfies the conditions and requirements established therein, drinking-water service cannot be provided to him on a regular basis, even though it must be accessible to everyone because it is an essential service. Given the existence of these two objective reasons why regular drinking-water service cannot be supplied to the claimant—his failure to meet the requirements for connecting a new service, beginning with submission of the application, and the lack of adequate infrastructure in the area—there is no reason to conclude that the respondent Institute’s denial of regular service is due to the fact that the protected party and his neighbors do not hold title to the properties they possess. It should be added that, pursuant to Article 33 of the aforementioned Reglamento, the lack of title does not appear to preclude applying for a new drinking-water connection, provided that the requirements set forth in that provision are met.

In any event, it has also been established that, although regular drinking-water service has not been supplied, the appellant and the other residents have access to a public standpipe installed by the Institute so that they may obtain water for their basic needs. Accordingly, this Court finds that it is the appellant’s and the local residents’ own omission, as they have not shown that they submitted applications for the installation of a new drinking-water service in the community where they live, that has prevented their situation from being assessed to determine whether—particularly if they comply with the requirements of Article 33 of the Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes—the infrastructure limitations can be overcome in their case and they can be provided with regular drinking-water service.’ It is therefore understood that, although there is a fundamental right to water that may be asserted against the relevant government authority, provision of the service may properly be made subject to compliance with the requirements established for granting it and to the material possibility of supplying it; that is, there must be no technical circumstances that prevent or counsel against the government authority’s provision of drinking-water service.

Thus, the government authority has no obligation to provide drinking-water service when technical reasons counsel against or prevent doing so, and it must adequately inform the applicant of the reasons why the request cannot be granted (…)”.

For its part, in Judgment No. 2018-7781 at 09:15 hrs. on 18 de mayo de 2018, this Chamber stated:

“(…) III.- REGARDING THE DENIAL OF DRINKING-WATER SERVICE. This Chamber has found that, although there is a fundamental right to drinking water, its exercise is not indiscriminate such that entities providing that service are obligated to provide it under any conditions and at any time. Specifically, this Chamber has recognized that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, municipalities, or aqueduct and sewer system administrative associations may deny the availability of drinking water when justified by technical reasons. In Judgment No. 2009-003825 at 16:49 hours on 10 de marzo de 2009, reiterated in Judgment No. 2016-005382 at 9:05 hours on 22 de abril de 2016, this Chamber ruled as follows:

‘(...) It is therefore understood that, although there is a fundamental right to water that may be asserted against the relevant government authority, provision of the service may properly be made subject to compliance with the requirements established for granting it and to the material possibility of supplying it; that is, there must be no technical circumstances that prevent or counsel against the government authority’s provision of drinking-water service. Thus, the government authority has no obligation to provide drinking-water service when technical reasons counsel against or prevent doing so, and it must adequately inform the applicant of the reasons why the request cannot be granted (…)’”.

Concurrently, it is necessary to cite what the ICAA Submanager of Peripheral Systems reported regarding this matter under oath, namely, the following:

“(…) all the information required by AyA, as set forth in the technical report, constitutes essential requirements for AyA to assume administration of the aqueduct; therefore, the Institution has expressed its willingness to meet the community’s water-supply needs, provided that the requested information is submitted, the improvements determined by the Institution’s technical personnel are carried out, and the conditions for access to the properties and their respective registrations are defined. All of the foregoing must comply with the body of regulations governing the conditions binding the Institute in relation to users and the requirements necessary for the provision of the service, which are contained in the Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, in Article 7 (…)” (Underlining does not appear in the original).

Furthermore, this authority held that:

“(…) if the appellant submits the information requested in the report prepared by the Dirección de Operación y Mantenimiento in October 2018, so that the current conditions of the system and access thereto may be determined and the improvements subsequently identified by the Institution’s technical personnel may be carried out, the aqueduct can be taken over and the current water-resource conditions affecting the residents of Quinta La Ceiba can be remedied (…)”. (Underlining does not appear in the original).

Accordingly, it has been established in this matter that the ICAA authorities have not left the residents of the aforementioned residential development without assistance, given that for several years they have proposed a project to take over the aqueduct and provide them with potable-water service. If this has not materialized, it is because the residents have not complied with the requirements imposed upon and communicated to them.

E. Regarding the appellant’s request that the companies associated with the residential complex assume responsibility in this case. Finally, the appellant must be advised that the request seeking to have the companies involved in this matter—primarily the developer Ganadera La Ceiba S.A.—take responsibility for the situation under review and provide a solution concerning the provision of potable-water service in the aforementioned residential development must, should he deem it appropriate, be brought through the ordinary legal proceedings specifically established for that purpose. It should be noted that a substantive analysis of the case under review falls outside the jurisdiction of this Constitutional Court because it concerns a matter of ordinary legality—specifically, the agreements reached, when the country properties were purchased, between the owners of the properties comprising the aforementioned residential development and the developer Ganadera La Ceiba S.A. (or any other private-law party), as well as all specific matters directly related to the provision of water service at the site—and, consequently, determining whether that company or another party must assume any form of responsibility for the situation and case described herein.

It is neither materially nor reasonably possible to undertake a complex and protracted evidentiary process to clarify the aforementioned matters raised by the protected party. Therefore, as already stated, this particular grievance must be brought through the corresponding ordinary legal proceedings, since it clearly exceeds the summary nature of the application for constitutional relief (recurso de amparo), as well as the jurisdiction conferred upon this Court by the Ley de la Jurisdicción Constitucional and the Constitución Política itself.

* In view of the foregoing, because it has not been shown in this case that the respondent authorities committed any violation of the fundamental rights of the appellant or of the other property owners in the Quintas Residenciales La Ceiba project, this constitutional protection proceeding (proceso de amparo) must be dismissed.

VI.Nevertheless, notwithstanding the foregoing, the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must be advised that, once the owners of the properties comprising the Quintas Residenciales La Ceiba project have fulfilled all the technical and legal requirements imposed upon them, the appropriate determination under the law must be made, provided that no cause unrelated to the one examined in the matter before the Court (sub lite) prevents it.

VII.Documentation submitted to the case file. The parties are hereby advised that, if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced through new technologies, these must be collected from the Court within a maximum period of 30 business days counted from notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena at session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

POR TANTO:

The application is denied. The authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados shall take note of the provisions set forth in whereas clause (considerando) VI of this judgment.

Nombre290 V.

President Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Nombre319 V.

Nombre8889 G.

Jose Roberto Garita N.

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Revisión del Documento Res. Nº PHO7951 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veintisiete minutos del seis de octubre de dos mil veintitres .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre317 001], cédula de identidad [CED168 ], a favor de [...], cédula jurídica [Valor CED185], contra EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA).

RESULTANDO:

  1. 1Por escrito aportado a la Sala el 20 de noviembre de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que figura como Presidente de [...]. Expone que hace 23 años se desarrolló el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, el cual se compone de quintas de aproximadamente 7.000 metros cuadrados cada una y tiene un total de 100 fincas inscritas como predios agrícolas. Indica que el desarrollador era la empresa Ganadera La Ceiba S.A., la que entregó a los compradores los planos catastrados que cumplían con las especificaciones de los predios agrícolas y con el servicio de agua potable. Refiere que en la actualidad todas las fincas cuentan con los servicios públicos de electricidad y telefonía suministrados por el Instituto Costarricense de Electricidad. Explica que, al momento de la venta de los inmuebles, el desarrollador garantizó la prestación del servicio de agua potable mediante un acueducto de la misma empresa, para lo cual cada parcela contaba con el respectivo medidor.Señala que inicialmente el servicio se brindaba de forma privada por la misma compañía vendedora (Ganadera La Ceiba S.A.), a través de una empresa relacionada llamada SERINCON S.A., que tuvo a su cargo el cobro del servicio. Refiere que SERICON S.A. desde el año 1997 ha suministrado el servicio de agua potable. A partir del año 2017, los depósitos de pago por el suministro de agua se realizan a otra empresa llamada TYRICA S.A., también relacionada con la Ganadera La Ceiba S.A.. Explica que, en aquel momento, presumieron que todo se encontraba en regla y que el servicio se prestaba legalmente. Expone que, ante el incremento excesivo en el cobro por el servicio de agua potable, se realizaron consultas a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Acota que en ese momento tuvieron conocimiento que el servicio de suministro de agua no se encontraba conforme a derecho e, incluso, que no estaba autorizado por tales autoridades.Sostiene que se enteraron que el pozo no estaba registrado ante el Ministerio del Ambiente y Energía. Ante tal situación, señala que se pusieron en contacto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con la finalidad de que la prestación del servicio de agua fuera conforme a derecho, contando con el supuesto apoyo de la Ganadera La Ceiba, SERICON S.A. y TYRICA S.A.. Agrega que, desde el año 2016, se han presentado varias gestiones ante las el ICAA, pero, a la fecha en que se acude a esta Sala no se ha logrado una solución concreta al problema. Expone que la mayor dificultad gira en el nivel de obras y condiciones impuestas por el ICAA para recibir el pozo y las instalaciones para brindar el servicio, las cuales deben ser costeadas por los vecinos. Narra que recientemente, ante una queja presentada por un vecino por el alto costo del servicio, el MINAE, concretamente, la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua, realizó un estudio de la situación del pozo y por oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 se concluyó que: en el desarrollo en cuestión existen 100 propiedades ubicadas en La Ceiba de Orotina, lugar que cuenta con un pozo perforado, una caseta de mando, un tanque y una tubería enterrada para la distribución de agua a las propiedades.Además, que el 20 de marzo de 2020 se presentó una solicitud de concesión por parte de Ganadera La Ceiba Sociedad Anónima, para el proceso de amnistía de pozos sin número, según Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG, expediente No. 20209PA. Que el uso solicitado para el pozo es un abrevadero para 20 reses y no registra el uso de abastecimiento poblacional. Que casi todas las propiedades de las calles conocidas como Dirección2419, Dirección2417 y el Higuerón cuentan con medidor y el cobro del servicio de agua está a cargo de la empresa TYRICA S.A, lo que evidencia que se pretende un uso habitacional del pozo. Refiere que mediante dicho oficio la Dirección de Agua ordenó a la empresa propietaria del terreno donde se localiza el pozo, proceder al cierre y sellado de Este, dentro del plazo de un mes. Indica que el MINAE, luego de verificar lo anterior, sea que el pozo está sirviendo a más de 100 propiedades, que el servicio se brinda a un alto costo y que los vecinos están disconformes con este costo (lo cual motivó el estudio), decidió dejar sin servicio de agua a más de 100 vecinos.Afirma que esta decisión se tomó sin otorgar audiencia, sin consultar y sin realizar un debido procedimiento. Únicamente se notificó a la empresa infractora (a la que tampoco se le dio audiencia previa sobre la orden de cierre), por lo que es claro que se dejó en indefensión a más de 100 familias a las que, además, se les pretende quitar el único suministro de agua que poseen y por el cual han pagado un alto costo. Sostiene que el MINAE sabe que el pozo se encuentra en proceso de registro y que brinda servicio de agua potable a 100 familias, pero ordenó su cierre sin avisarle a las familias, incluso, sin consultar previamente con el ICAA o la ARESEP y sin, además, brindar un plazo para corregir las inconsistencias legales, para evitar quitar el servicio de agua a toda la comunidad. Acusa que estas acciones constituyen una violación al derecho fundamental de acceso al agua potable. Reclama que en la actualidad el país enfrenta una emergencia sanitaria y la disposición de la Dirección de Agua de clausurar el pozo que brinda el recurso hídrico a las familias de La Ceiba, contradice las disposiciones y medidas adoptadas por el Ministerio de Salud y el gobierno para prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19, para las cuales es esencial contar con el servicio de agua.Relata que la orden de cierre de pozo sólo se notificó a la empresa propietaria del terreno donde este se ubica. Pese a que las autoridades recurridas tienen pleno conocimiento que mediante ese pozo se brinda el servicio de agua a 100 casas, no se realizó consulta previa al ICAA para darle la oportunidad de buscar una solución alternativa a los vecinos. Tampoco se les comunicó a los vecinos, quienes se enteraron de la situación por terceras personas. Reitera que, en este caso, no solo se violenta el derecho al agua potable, sino también sus derechos a la defensa y al debido proceso. Insiste en que no se brindó audiencia previa ante de aplicársele la sanción señalada y se dispuso el cierre del pozo de forma intempestiva (sin habérsele notificado previamente a los vecinos). Por ende, la orden de cierre resulta arbitraria, ilegal e injusta. Añade que a pesar de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el órgano que debe realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo, así como resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable en el país, no se han tomado las acciones pertinentes para dar una solución a las 100 familias que se han visto afectadas con el cierre del pozo y la suspensión del servicio de agua en sus viviendas.Reitera que la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, omitió realizar las consultas pertinentes al ICAA relacionadas con la prestación ilegal del servicio de agua en la comunidad de La Ceiba, previo a ordenar el cierre del pozo en cuestión. Afirma que, al no acordar una audiencia a las instituciones encargadas de velar por el acceso al agua potable, el MINAE también incurrió en una violación a sus derechos fundamentales. Expone que el ICAA no puede quedar al margen de las gestiones necesarias a realizar para proveer el suministro de agua potable a la comunidad y por eso es necesario su concurso en esta solución; concurso que debió ser procurado por el mismo MINAE antes de ordenar el cierre del pozo. Reitera que el desarrollador, al poner en venta las fincas, ofreció la prestación del servicio de agua potable, factor que incidió para que las personas adquirieran las propiedades.Indica que las tres empresas supra citadas son las que tienen el poder y la administración de dicho pozo, así como tienen a su cargo la lectura de los hidrómetros, establecen las facturas y cobran por el servicio de agua, por lo que estima que es necesario que estas participen en el procedimiento de traslado del acueducto al ICAA. En ese mismo sentido, tienen que coordinar con el Ministerio del Ambiente y Energía y el ICAA lo pertinente para que se cumplan los requisitos exigidos para que dicho instituto asuma la administración del acueducto de la comunidad. Considera que lo expuesto lesiona sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso y, entre otros aspectos, se anule la orden de cierre del pozo dispuesta en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 emitido por la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se ordene al ICAA su inmediata intervención para garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable, realizando las gestiones y obras que fueran necesarias.
  2. 2Por resolución de las 07:10 hrs. de 27 de noviembre de 2020, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.
  3. 3Mediante memorial aportado a la Sala el 2 de diciembre de 2020, la parte recurrente solicita que se tenga como recurridas a las empresas señaladas en el escrito de interposición, en calidad de sujetos de derecho privados. También, solicita que se tenga por suspendido el acto impugnado, sea, el cierre del pozo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
  4. 4Por escrito aportado a la Sala el 3 de diciembre de 2020, Cecilia Martínez Artavia, en su condición de Subgerenta de Gestión de Sistemas Comunales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) en cuanto a la interposición del recurso de amparo a favor de [...], cédula jurídica [CED161 ], el Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, Jefe de la ORAC Pacífico Central, mediante oficio No. GSD-UEN-GAR-2020- 05087, del 01 de diciembre del 2020, señala: “En respuesta a la solicitud del informe del Recurso de Amparo Exp. 20-021447-0007- CO, me permito informarle que la comunidad de la Ceiba no es una ASADA, además el trámite correspondiente a dicha comunidad es atendido por la Oficina Regional del AyA Puntarenas, siendo como se muestra en la prueba No. 16, informe GSP-RPC-2018-00586 del 16 de octubre del 2018.” (el resaltado es nuestro) En este sentido, con respecto al informe No. GSP-RPC-2018-00586, de fecha 16 de octubre del 2018, ver imágenes 94 a 96 del escrito de interposición y pruebas aportadas por el recurrente al expediente No. 20-021447-0007-CO.Además, en dichas pruebas, visible a imagen 92, rotulada como prueba No. 15 de su escrito de interposición, el recurrente aporta oficio No. JD-2019-00063, del 22 de febrero del 2019, en el cual la Junta Directiva del AyA, le responde al Sr. [Nombre317 001], representante de la Asociación de Vecinos Quinta La Ceiba, Tierra Dorada, que: “Como parte del seguimiento al acuerdo de referencia, adjunto encontrará el informe presentado por la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, memorando SG-GSD2018-00616, conocido en la sesión ordinaria de Junta Directiva No. 2019-08, celebrada en fecha 19 de febrero de 2019. Según se desprende del estudio técnico adjunto, previo asumir el acueducto se debe cumplir con los requisitos establecidos en el informe técnico. Cualquier información adicional la pueden coordinar con la Región Pacífico Central.” (la negrita no corresponde al original) Es decir, el recurrente y su representada, desde el mes de febrero de año 2019 tenían conocimiento de los requerimientos técnicos para ser asumidos por el AyA, dado que así se los expuso la Junta Directiva del Instituto, incluso, conociendo del procedimiento de cierre de pozos que tramita la Dirección de Aguas del MINAE, por lo que el Sr. [Nombre 001] y la Asociación de Vecinos Quinta La Ceiba, Tierra Dorada, se encuentran disconformes es con el actuar del Ministerio de Ambiente y Energía, y no con lo señalado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.En cuanto a la interposición del recurso de amparo por parte del Sr. [Nombre317 001], en su carácter personal, dado que no se señala por hechos sino por títulos, con respecto al apartado “Necesaria participación del AyA en reconocimiento del derecho humano básico y vital al agua potable.”, en forma general se alega el cierre de un pozo sin la intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a lo cual debemos aclarar que no es competencia del AyA intervenir ese tipo de actividades, dado que corresponde directamente a la Dirección de Aguas del MINAE, en este sentido la Ley de Aguas, Ley No. 276, del 27 de agosto de 1942, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 191 del 28 de agosto de 1942, establece: “Artículo 18.- Toda persona que esté disfrutando de un derecho de aguas, deberá exhibir la concesión que tenga para ejercitar ese derecho. Sin embargo, el que en la fecha de la promulgación de esta ley hubiere disfrutado durante veinte años de un aprovechamiento de aguas públicas, sin oposición de la autoridad ni de tercero, tendrá derecho a continuar disfrutándolo, aun cuando no pueda acreditar cómo obtuvo la correspondiente autorización, siempre que se sujete a las restricciones que determina el artículo 21, cuando el caudal no fuere suficiente para abastecer las necesidades de los predios inferiores.Quedan confirmados de pleno derecho los aprovechamientos existentes, amparados por títulos, concesiones o confirmaciones expedidos con anterioridad a la fecha de la presente ley, siempre que los concesionarios hubieren cumplido con las obligaciones impuestas en los títulos respectivos. Los derechos que para el aprovechamiento de las aguas señalen leyes especiales, tendrán el carácter de concesiones, pero deberán ser inscritos en el respectivo Registro de Concesiones. Los usuarios que tengan títulos diferentes a los señalados en los casos anteriores están obligados a solicitar del Minae la confirmación de sus derechos. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo de un año contado a partir de la vigencia de esta ley; cuando se trate de aprovechamientos que existan en corrientes de aguas públicas. Transcurridos esos plazos, la legalización de los aprovechamientos sólo podrá hacerse mediante nueva concesión.Los aprovechamientos de hecho serán legalizados a solicitud de los interesados y mediante inspección, siempre que la solicitud se presente dentro de un año, contado desde la promulgación de esta ley. De no hacerse en ese plazo, el interesado deberá solicitar su concesión de acuerdo con los trámites establecidos en esta ley.” (la negrita es nuestra) En este sentido, el Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAET, denominado Reglamento de perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 88, del viernes 7 de mayo del 2010, establece: “Artículo 14.- De la perforación del subsuelo cuando hay servicio público de acueducto. No se autorizará la perforación de subsuelo para el aprovechamiento de aguas subterráneas cuando el uso pretendido sea el uso poblacional y pueda ser abastecido por un ente prestatario de servicio público de acueducto y alcantarillado, que brinden dicho servicio.Para que se pueda autorizar la perforación, se deberá aportar carta del ente prestatario del servicio del sector donde se ubica el inmueble; en la que manifieste que para la propiedad en la que se usará el agua no existe posibilidad técnica de abastecimiento o bien el compromiso de este ente asumirá el pozo para su aprovechamiento y suministro de agua. Artículo 15.- De la solicitud de exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas. La solicitud de permiso de perforación del subsuelo para la exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas debe presentarse conjuntamente con la solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), por parte del propietario registral del inmueble donde se pretende aprovechar el agua, entregando debidamente lleno el formulario prediseñado para tal efecto y adjuntando los siguientes requisitos: a) Datos del dueño registral de la propiedad donde se construirá el pozo y aprovechará el agua; si se trata de persona física deberá presentar copia de la cédula o documento de identificación; si se trata de una persona jurídica deberá presentar certificación de personería jurídica del representante legal, con no más de tres meses de expedida. b) Demostración de la propiedad de conformidad con el inciso b) del artículo 178 de la Ley de Aguas y plano catastrado de la propiedad donde se usará el agua, con no más de tres meses de expedidos. c) Nombre317 de la perforadora contratada; la cual debe estar debidamente inscrita en el Registro de Empresas Perforadoras administrado por la Dirección de Aguas y al día con sus obligaciones. d) Localización cartográfica del sitio de perforación indicando las coordenadas levantadas por el profesional responsable de la perforación utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés), anotando el Nombre317 y número de la hoja cartográfica. e) Carta de ente prestatario de servicio público de acueducto y alcantarillado, de conformidad con el artículo 14 del presente Reglamento. f) Estudios técnicos correspondientes, conforme lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del presente Reglamento.El formulario deberá venir firmado por el gestionante de la perforación y concesión de aguas, por el profesional responsable en la perforación del pozo que debe estar incorporado ante el colegio de profesionales respectivo y por el representante legal de la perforadora contratada, todos en calidad de responsables de la perforación del subsuelo y construcción del pozo. Dichas firmas deberán estar debidamente autenticadas por un notario público. … Artículo 28.—De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del MINAET ordenará el cierre de un pozo en las siguientes condiciones: a) Cuando producto de la perforación y exploración resulte seco el pozo o no sea viable el aprovechamiento de agua, lo cual debe ser informado por la perforadora o permisario a la Dirección de Agua del MINAET. b) Cuando se realicen perforaciones sin el debido permiso. c) Cuando se realicen contraviniendo las disposiciones de permiso, este Reglamento o leyes vigentes. d) Caducidad de la concesión conforme lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Aguas Nº 276 del 26 de agosto de 1942. e) Cuando se proceda a archivar sin más trámite la solicitud, por incumplimiento de los requisitos o lo solicitado por la administración para tramitar la concesión.Para el cierre se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 39. … Artículo 38.—Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.” (la negrita no corresponde al original) En cuanto al apartado denominado Anexo “Relación Cronológica de Hechos”, reiterar que los hechos señalados por el recurrente son con respecto a la prestación ilegal del servicio de agua potable por parte de un operador no autorizado.Además, en la imagen 25 párrafo primero, hace referencia a que las mejoras al sistema debían ser asumidas por SERINCON SRL., los cuales además tienen que realizar los traspasos a favor del Instituto, dentro de los cuales se encontraba el pozo del cual se abastecía el desarrollo urbanístico. En esa misma imagen 25, párrafo tres, en cuanto a ser asumidos por el AyA, es importante resaltar que los funcionarios Jorge Ramírez Rodríguez y Giovanni García Flores, pertenecen a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales, de ahí que nuestra participación sería para analizar la posibilidad de constitución de una ASADA en el sector, en este sentido el Lic. Ramírez Rodríguez indicó que es imposible la misma, siendo que los sistemas del AyA como operador pasan justo al frente de la propiedad, en este sentido, el Acuerdo de Junta Directiva No. 2014-05861 , no permite la constitución de nuevos operadores en un radio menor a los 2 kilómetros, de otros operadores, sean ASADAS o el mismo Instituto.En este sentido, dicho acuerdo señala: “Para nuevas solicitudes de conformación de acueductos comunales, la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales deberá verificar sobre la existencia de otro operador, en un radio de dos kilómetros a la redonda de la comunidad que hace la solicitud para conformar el nuevo sistema de abastecimiento de agua. En el caso de que exista un operador en el radio indicado y que haya manifestado por escrito que no cuenta con la capacidad para asumir el nuevo acueducto o comunidad a abastecer, el AyA deberá realizar un estudio técnico que determine la situación actual de la ASADA, ante esa demanda y alternativas de solución, en un plazo máximo de tres meses.” Reiterar que de las pruebas aportadas por el recurrente se desprende que, el AyA ya emitió sus recomendaciones para asumir el sistema, por lo que no es posible la constitución de una ASADA en la zona. En dicho apartado, en todo lo demás se reitera lo indicado anteriormente, el Instituto a actuado a derecho y emitido las recomendaciones correspondientes, no encontrándose a la fecha respuesta alguna que esté pendiente por parte de esta Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales.Además, que el asunto del sellado de pozos no es competencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por lo que la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, no debe coordinar con el AyA para ese proceder. FUNDAMENTOS DE DERECHO (…) Aquí, por el contrario, ha quedado demostrado que el AyA ya emitió sus recomendaciones en cuanto a las mejoras necesarias para asumir el sistema, y lo que está pendiente es el cumplimiento por parte de los encargados del desarrollo urbanístico, Quintas la Ceiba de Tierra Dorada. En este sentido ver el informe técnico denominado “Quintas la Ceiba de Tierra Dorada”, No. GSP-RPC-2018-00586, de fecha 16 de octubre del 2018, presentado por el recurrente como prueba No. 16, visible de imagen 94 a 96 de su escrito de interposición y pruebas que se encuentran en el expediente digital de este Tribunal Constitucional, siendo que dicho informe concluye: “Conclusiones.El AyA queda a la expectativa y espera de la definición de lo señalado en el desarrollo anterior en cuanto a la información requerida, de modo se pueda definir con claridad la posibilidad de que la Institución pueda asumir la administración del sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Quintas La Ceiba Tierra Dorada, según voluntad expresa de sus vecinos.” (la negrita es nuestra) En cuanto a la imposibilidad material de otorgar nuevos servicios. (…) Es importante indicar que, por el tiempo transcurrido desde que se emitió el informe No. GSP-RPC-2018-00586, de fecha 16 de octubre del 2018, se deben de realizar una actualización de las recomendaciones ahí emitidas, previa valoración por parte del AyA para asumir la operación del sistema que abastece el desarrollo urbanístico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, a costas de los solicitantes, tanto las valoraciones como las mejoras necesarias.En cuanto a la imposibilidad material jurídica o material para brindar un servicio, no vulnera los derechos fundamentales la Sala Constitucional se ha referido en reiteradas ocasiones (resoluciones número 2009-011529 y número 2010-013690) (…) En cuanto a los asuntos de mera legalidad. Consideramos que el presente asunto corresponde a aquellos denominados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional como “de mera legalidad”, siendo que en reiteradas ocasiones se le ha indicado al recurrente, las mejoras que requiere el sistema para el Instituto asuman directamente el desarrollo Quintas La Ceiba Tierra Dorada, de la cual el recurrente es vecino y propietario de una parcela. Además, la disconformidad del Sr. [Nombre317 001], es con respecto al procedimiento de sellado de pozos, procedimiento que compete única y exclusivamente a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. En este sentido, la Sala Constitucional en su inteligencia ha señalado existen procedimientos que no son de conocimiento de la jurisdicción constitucional2 ; es decir, aquellos casos que se tratan de asuntos de mera legalidad y no de constitucionalidad, los cuales deben ser ventilados en la vía ordinaria correspondiente (…) Como se desprende del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, Acuerdo de Junta Directiva No. 2019-461, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 242, Alcance No. 285, del 19 de diciembre del 2019, no es posible otorgar constancias de disponibilidad de servicios cuando no exista viabilidad técnica, vaya en detrimento de la calidad del servicio que se presta y no exista infraestructura, condiciones que según el informe No. GSP-RPC-2018- 00586, del 14 de junio del 2018 (el deberá ser actualizado por los interesados), deben ser solucionadas previa interconexión con los sistemas operados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (…)”.
  5. 5Por escrito aportado a la Sala el 4 de diciembre de 2020, Marylin Mora Vega, en su condición de Coordinadora de la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Central y José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Agua, ambos de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, rinden informe y manifiestan expresamente lo siguiente: “(…) SOBRE EL FONDO Para efectos de comprensión por parte de la Sala Constitucional, es importante tener claro lo siguiente: Mediante el Decreto Ejecutivo 35884-MINAET, se establece la obligación de todo administrado que pretenda perforar para obtener y aprovechar aguas de un pozo, debe obtener de previo el permiso por parte de la Dirección de Agua del MINAE y posterior concesión de agua otorgada por el Jerarca del Ministerio. Por otra parte, es importante señalar que mediante el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, publicado en el periódico oficial La Gaceta, N°139 Alcance 167 del 24 de julio del 2019, se publicó el Reglamento de Registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, cuyo objetivo era establecer el procedimiento para la inscripción y registro regulado de pozos perforados sin permiso de perforación y el trámite respectivo para la obtención de la concesión de aprovechamiento de aguas.Decreto que estuvo vigente hasta el 24 de marzo del presente año, sin que hubiese prórrogas. Básicamente el decreto está brindando la oportunidad a todas aquellas personas de infringiendo el ordenamiento jurídico por haber perforado sin permiso, puedan ponerse a derecho y aprovechar el agua de manera legal, cancelando el respectivo canon y permitiendo con las inscripciones contar con un adecuado balance hídrico. Para el caso que nos ocupa, es necesario hacer ver que el pozo se perforó sin permiso, se está utilizando o aprovechando el agua sin concesión y ahora se está solicitando su incorporación al sistema. La solicitud la está presentando, la propietaria del terreno donde se perforó de manera ilegal el pozo que utiliza la Asociación de Vecinos del residencial que se encuentran recurriendo. Esta solicitud generó el expediente administrativo [Valor 003]. Efectivamente consta que se ordenó por parte de la Unidad Hidrológica Tárcoles, el sellado del pozo por cuanto no tiene permiso ni concesión.Sin embargo, del estudio del expediente [Valor 003] se determinó que la fuente correspondiente a pozo perforado para extracción y aprovechamiento de aguas subterráneas perforado en la finca propiedad de GANADERA LA CEIBA S. Nombre312. que gestionó su registro como propietaria del inmueble, corresponde a la fuente de la que se abastece ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en el oficio JD-2019-00063 del 22 de febrero de 2019, efectivamente esa Asociación ha realizado trámites ante el Nombre312 y Nombre312 para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A, así como la voluntad de esa institución, siempre que se coordine y cumpla los requisitos para la perforación. Importante, poner en conocimiento que se tramita en la Sala Constitucional el expediente administrativo 19-017936-0007-CO promovido por la FECON, el cual es Acción de Inconstitucionalidad contra el DE-41851-MP-MINAE-MAG, el cual ordenó suspender el dictado de la resolución final en aquellos procedimientos en que se deba aplicar la norma.A la fecha la misma no se ha resuelto, por lo que los procesos de las solicitudes presentadas amparadas a este decreto, se encuentran suspendidos a la espera de la resolución judicial. Aclarado lo anterior, procederemos analizar los antecedentes del caso: De conformidad con el informe DA-UHTPCOSJ-2534-2020 del 1 de diciembre del 2020, firmado por la suscrita como por el Técnico José Ricardo Hidalgo Sánchez, se recibió en esta Dirección, denuncia por el sistema de SITADA, bajo el número 21753-2020, con fecha 16 de julio del 2020, por Nombre10939 , quien denuncia a la empresa Tyrica S.A., por cobros excesivos en el recibo del agua, y solicita además saber si el pozo de donde se están surtiendo el agua es legal, está inscrito o no, para ello adjunta varios documentos. Para atender la denuncia, tal y como se tiene previsto en el procedimiento interno de la Dirección de Agua, se realizó visita al sitio por parte de funcionarios de esta Dirección en este caso, el Técnico José Ricardo Hidalgo Sánchez, originándose el informe técnico DA-UHTPCOSJ-2113-2020 del 25 de setiembre del 2020.Ya en el lugar se comprobó que se trataba de un desarrollo residencial, compuesto por alrededor de 100 inmuebles. Indica además que, según manifestaciones de los vecinos del lugar, el sitio era abastecido por un pozo que se ubicaba en una propiedad que fue rematada., quedándose sin agua por lo que optaron por la perforación de un nuevo pozo hace dos años, el cual se encuentra en propiedad de Ganadera La Ceiba S.A. y que a la fecha se tramita su inscripción por medio de la amnistía de pozos. Que, revisada la base de datos de la Dirección, se confirmó que no existe información respecto a permiso de perforación en el sitio en cuestión, por lo que se determina que la perforación es ilegal. Que conforme con el Manual de Procedimientos de la Dirección de Agua, se procedió a notificar mediante el informe DA-UHTPCOSJ-2123-2020 del 28 de setiembre del 2020, (dado que el pozo no cumple con los requerimientos de ley), la obligación de sellar el mismo.Notificación que fuera realizada el 4 de noviembre del 2020, a quien aparece como propietario del inmueble donde se ubica el pozo en cuestión, sea Ganadera La Ceiba, según el expediente administrativo [Valor 003], la cual a la fecha tiene pendiente de resolver un recurso de revocatoria. De forma tal que lo que necesita el residencial, es que el ente prestador del servicio público, asuma la prestación del servicio, y no que un particular como es el caso que nos ocupa siga prestando el servicio. La Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, como ente administrador del agua, dentro del Ministerio, tiene competencias y obligaciones que cumplir conforme lo dicta el ordenamiento jurídico, una de ellas, verificar si los aprovechamientos de agua, se encuentran o no a derecho y aquellos que no estén proceder como en derecho corresponde. Durante la investigación apareció información, acerca de las gestiones que los mismos residentes han llevado a cabo ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las cuales no han concluido, pero tampoco se ha podido concluir con el proceso de análisis de cumplimiento de requisitos del pozo perforado para valorar su inscripción con base en el Decreto de Registro de Pozos sin número, debido a la Acción de Inconstitucionalidad contra el DE-41851-MP-MINAE-MAG, el cual ordenó suspender el dictado de la resolución final en aquellos procedimientos en que se deba aplicar la norma.Ahora bien, siendo como es, un uso de agua poblacional, deben los recurrentes, insistir ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, una pronta solución y atención al problema que enfrentan, si una vez que la Sala Constitucional resuelva la acción de Inconstitucionalidad y sea posible valorar su procedencia y cumplimiento de requisitos, pero no a través de una concesión de agua otorgada por el MINAE porque no es de su competencia el uso poblacional, que compete al A y A, institución que de ser viable técnica y legalmente el pozo, solicita su inscripción al MINAE a través de la Dirección de Agua. Que en fecha 2 de diciembre del 2020, se presenta nota suscrita por el señor [Nombre317 001], en su condición de presidente de [...], cédula jurídica CED5633, en donde se indica que el oficio DA-UHTPCOSJ-2123-2020 ha sido impugnado por su representada ante la Sala Constitucional, mediante un recurso de amparo, mismo que fue acogido para estudio, por lo que solicita la suspensión de la orden de sellado, hasta tanto no se pronuncie la Sala Constitucional y / o que se brinde a los vecinos una alternativa viable para contar con el servicio de agua.Que en fecha 20 de marzo del 2020, se presentó la solicitud de registro de pozos realizados sin permiso y habilitación de concesión de aguas subterráneas, amparados en el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, por parte de GANADERA LA CEIBA S.A., proceso que se encuentra suspendido en razón de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente 19-017936-0007-CO, por lo que no se puede resolver dicha solicitud hasta tanto ese máximo tribunal no resuelva lo correspondiente. En virtud de lo anterior la Dirección de Agua, mediante resolución DA-1769-2020, dictada en Expediente [Valor 003] a las ocho horas diecisiete minutos del tres de diciembre del dos mil veinte dispuso lo siguiente: “1 SE SUSPENDE LA ORDEN DE SELLADO del pozo perforado dictada por oficio DA-UHTPCOSJ-2123-2020, del 28 de septiembre del 2020, hasta que se encuentre resuelta la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente de la Sala Constitucional número 19-017936-0007-CO. 2 Apersonarse ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, cédula jurídica [Valor CED185].Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en los oficios JD-2019-00063 del 22 de febrero de 2019, para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A. 3 La inscripción de la fuente deberá solicitarla el A y A y estará supeditada a que cumpla con los requisitos legales para inscripción de fuentes de uso poblacional.” PETITORIA Con fundamento en lo antes señalado, y dado que el cumplimiento de las obligaciones que tiene la Dirección de Agua, velar por el aprovechamiento legal del recurso, emitiendo las órdenes que le corresponde, se solicita se declare sin lugar el presente recurso y una vez resuelta la acción de inconstitucionalidad, si la fuente cumple los requisitos para su inscripción, proceda el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a solicitar la inscripción del pozo a su nombre, para que asuma la responsabilidad correspondiente y proceda a atender el servicio público dentro del residencial, tal y como lo indica la ley (…)”.
  6. 6Por escrito aportado el 4 de diciembre de 2020, Wendy Simpson Roberts, en su condición de presidenta con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Ganadera La Ceiba S.A., presenta coadyuvancia en el presente recurso de amparo. Refiere que se realizaron gestiones para poner a derecho el pozo que abastece a las fincas, solicitándose la correspondiente concesión de aprovechamiento de aguas. Explica que la sociedad que se ha encargado de la administración del pozo solamente lo ha hecho para garantizar su mantenimiento y subsistencia. Indica que se ha tratado por varios medios de entregar al ICAA el pozo y el acueducto completo, pero no ha sido posible. Afirma que no se ha lucrado con la venta de agua. Se refiere a lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 e indica que la decisión ahí contenida se tomó sin otorgarse audiencia previa a las familias, así como al ICAA y a la ARESEP.Señala que la Ganadera La Ceiba S.A. no puede cumplir la orden del MINAE, ya que el pozo se ubica en un inmueble que no es de su propiedad, sino que se halla en un terreno de Pozo Quintas Oro S.R.L. Afirma que las referidas acciones representan una violación al derecho de acceso al agua potable. Solicita que se declare con lugar el recurso y se anule la orden de cierre dispuesta mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 del 28 de setiembre de 2020, emitido por los funcionarios de la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se le ordene al ICAA garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable.
  7. 7Mediante memorial aportado a la Sala el 4 de diciembre de 2020, Sergio Núñez Rivera, en su condición de Subgerente de Sistemas Periféricos a.i. del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) HECHOS Y CUESTIONES DE FONDO PRIMERO: Que de acuerdo a los antecedentes que se registran en la Dirección de Operación y Mantenimiento de la Región Pacífico Central, es cierto que mediante nota emitida por el aquí recurrente, como presidente de [...], en fecha 07 de setiembre del 2018, se solicita ante la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, asuma la administración del acueducto que actualmente los abastece, indicando en dicho escrito, que en conjunto la Asociación de vecinos y la sociedad Ganadera La Ceiba S.A., siendo esta última la empresa encargada de suministrar el servicio de agua a los habitantes, se estaría donando al Instituto, los terrenos donde se ubica el pozo, finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Provincia de Alajuela, situada en el Cantón de Orotina, distrito La Ceiba, Folio Real Matrícula Placa1053, plano catastro Placa1054, inscrita a Nombre317 de Pozo Quintas Oro Sociedad de Responsabilidad Limitada., cédula jurídica tres-ciento dos-setecientos noventa y nueve mil novecientos treinta y cuatro, adicionalmente que dicha empresa se compromete en entregar tanto el pozo con el equipamiento y estándares de calidad que requiera la Institución, como el tanque o tanques solicitados para el correcto abastecimiento de los habitantes.En sesión ordinaria de la Junta Directiva del AyA N°2018-051 de fecha 18 de setiembre del 2018, Acuerdo N°2018-317, se traslada a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados, con el fin de que se analice y se efectúe un proyecto de acuerdo, con base a la solicitud efectuada por [...], en un plazo de un mes, a lo cual mediante Memorando N°SG-GSP-2018-00616 de fecha 18 de diciembre del 2018, emitido por esta Subgerencia y dirigido a la Licda. Karen Naranjo Ruíz, de Junta Directiva, se adjunta informe realizado por la Dirección de Operación y Mantenimiento de la Región Pacífico Central, N°GSP-RPC-2018-00586 de fecha 16 de octubre del 2018, donde se desglosan los requerimientos de la Institución, en concordancia con la normativa Institucional vigente para satisfacer la petición de la población de Quintas La Ceiba Tierra Dorada. En el mismo orden de ideas, el informe efectuado por el Ing. Leonardo Moya González, quien fungía como director de Mantenimiento y Operación de la Región Pacífico Central y el cual es ratificado según Memorando N°GSP-RPC-2020-01131 de fecha 03 de diciembre del 2020, emitido por el Ing. Mario Solís Castro, actual sucesor del Ing. Moya, indica las condiciones de cumplimiento obligatorio por parte de la Asociación de vecinos, para que el AyA asuma la administración del acueducto, a saber: Aportar visado de la segregación de la finca conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y los artículos II.2.1 y 50,51,52,53,54 y 55 del Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamiento y Urbanización, en lo correspondiente al parcelamiento agrícola; requiriendo el visado del INVU.Las calles internas del proyecto deben ser inscritas como calles públicas dentro de la red víal cantonal de Orotina, o la respectiva inscripción de las servidumbres agrícolas, de paso y acueducto a favor del AyA, para permitir tanto la libre circulación por ellas como la instalación de infraestructura. Se debe efectuar una evaluación de la actual red de distribución, que incluye características, diámetro, material, cédula, instalación y/o cualquier otro elemento que deba ser considerado para su posible aceptación o en su defecto sustitución, ya que estas deben cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial. De igual manera, se debe definir las características del desarrollo, tipo habitacional, agrícola u otro y la medición para la facturación, por macromedidor o micromedición. Tanto la infraestructura existente o a construir, como la requerida para el pozo y su equipamiento, las áreas de protección que establezca el estudio hidrogeológico, prueba de bombeo de 72 horas, para recopilar la información de lo producido por el pozo, así mismo el sistema de desinfección, tuberías de impulsión, tanque de almacenamiento y red de distribución.SEGUNDO: Es menester indicar, qué al tratarse de un sistema de abastecimiento privado, mismo que ha operado al margen de la normativa del AyA, la Institución desconoce las condiciones actuales del sistema en cuanto a tuberías y la situación en la que se encuentran los accesos a las propiedades, toda la información requerida por el AyA, plasmada en el informe técnico, son requerimientos esenciales para concretar la administración del acueducto por parte del AyA, por ende la Institución ha mostrado su anuencia en solventar las necesidades de abastecimiento de la comunidad, en el tanto se brinde la información solicitada, se realicen las mejoras que la parte técnica institucional determine y se defina la condición de acceso a los inmuebles y su respectivas inscripciones, todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en el cuerpo normativo, que rige las condiciones a las que se obliga el Instituto con el usuario y los requisitos necesarios para la prestación del servicio, se encuentran en el Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, en el Artículo 7, en el cual se expresan las condiciones para la prestación de los servicios: " Es obligación de AyA dotar al usuario de un servicio óptimo en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derecho humano, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o periodos de mantenimiento debidamente divulgados que afecten la zona donde está localizada la propiedad.AyA garantizará una presión dinámica de servicio de 10 metros columna de agua(m.c.a.) en el punto de conexión en donde se ubique el sistema de medición. Asimismo, es importante considerar que los artículos 6, 13 del Reglamento Para la Prestación de los Servicios de AyA, son claros al disponer que AyA está obligado a brindar la prestación de los servicios para inmuebles que cuentan con frente a vía pública o servidumbre de paso inscrita a favor de AyA además, existan redes de agua potable en ese frente, así como la capacidad hídrica requerida al efecto, concretamente: Artículo 6.- De los servicios. AyA prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro del área de cobertura, siempre Artículo 13.- De las condiciones para la prestación de los servicios. AyA prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica en inmuebles, construidos o por edificar, dedicados a la residencia de personas o para actividades comerciales o industriales que cumplan con los requisitos y usos autorizados.Los servicios de agua potable y de saneamiento los otorgará el AyA sobre calle o vía pública o sobre servidumbre de tubería y de paso inscrita a favor del AyA inscrita a favor de terceros, según aplique de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de este reglamento. Lo anterior, siempre que existan redes del AyA en funcionamiento. Si la red pública no alcanza hasta el punto de conexión, el propietario o poseedor podrá realizar una extensión de ramal y/o otros componentes del sistema hidráulico, en observancia con los requerimientos técnicos que AyA señale, para lo cual se brindará la asesoría respectiva previo estudio TERCERO: No se omite reseñar, que la propia Sala Constitucional ha descartado lesiones a los derechos fundamentales de los administrados en casos análogos al presente, se constata una gestión oportuna por parte de este ente, a fin de poder extender sus servicios dentro de lo que permita la ciencia y la técnica, sobre el caso en específico, si el recurrente aporta la información solicitada en el informe realizado por la Dirección de Operación y Mantenimiento desde octubre del 2018, para determinar las condiciones actuales del sistema, accesos y posteriormente realizar las mejoras indicadas por el área técnica institucional, se puede asumir el acueducto y solucionar las condiciones actuales del recurso hídrico, de los pobladores de Quinta La Ceiba (…)”.
  8. 8Mediante constancia suscrita el 9 de diciembre de 2020 por el Secretario de la Sala y el Técnico Judicial a cargo, se hizo saber que no aparece que del 27 de noviembre al 8 de diciembre de 2020, el Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, haya presentado escrito o documento alguno a fin de rendir el informe solicitado en este asunto.
  9. 9Por resolución de las 13:50 hrs. de 26 de febrero de 2021, el Magistrado Instructor de este asunto dispuso lo siguiente: “(…) Como prueba para mejor resolver solicítese informe a la coordinadora de la Unidad Hidrológica de Térraba- Pacífico Central de la Dirección de Agua, y al director de Agua, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía, a fin de que aclaren en qué estado se encuentra el Expediente [Valor 003]. Además, aclaren si actualmente el pozo en cuestión se encuentra en funcionamiento o no. Lo anterior, debido a que, según la resolución DA-1769-2020, dictada en Expediente [Valor 003] de las 08:17 horas del 03 de diciembre de 2020 se dispuso lo siguiente: "1 SE SUSPENDE LA ORDEN DE SELLADO del pozo perforado dictada por oficio DAUHTPCOSJ-2123-2020, del 28 de septiembre del 2020, hasta que se encuentre resuelta la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente de la Sala Constitucional número 19-017936-0007-CO. 2 Apersonarse ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, cédula jurídica [Valor CED185].Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en los oficios JD-2019-00063 del 22 de febrero de 2019, para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A. 3 La inscripción de la fuente deberá solicitarla el A y A y estará supeditada a que cumpla con los requisitos legales para inscripción de fuentes de uso poblacional". Por otra parte, aclaren si se ha dictado otra resolución referente al pozo en cuestión, posterior a la indicada (…)”.
  10. 10Por escrito aportado a la Sala el 15 de marzo de 2021, Marylin Mora Vega, en su condición de Coordinadora de la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Central y José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Agua, ambos de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, rinden informe requerido por resolución de 26 de febrero de 2021 y manifiestan expresamente lo siguiente: “(…) Conforme lo que consta en nuestros archivos, el pozo del cual se surten los vecinos de Quintas La Ceiba Tierra Dorada, se encuentra en funcionamiento. Debe tenerse presente que de conformidad con el oficio DA-1769-2020, se ordenó suspender el sellado del pozo perforado de manera ilegal, situación que a la fecha no se ha revertido. Por tratarse de un uso poblacional, y de acuerdo con la Ley 2726, le corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a la Asada que preste el servicio en la zona, asumir la prestación del servicio público de abastecimiento de agua. Una vez que se tenga la certeza de que eso es así, se estará procediendo conforme a derecho (…)”.
  11. 11Mediante el voto interlocutorio No. 2021-9024 de las 10:05 hrs. de 4 de mayo de 2021, la Sala Constitucional dispuso lo siguiente: “(…) Único. - Lo alegado por los recurrentes en el presente recurso de amparo está relacionado con lo dispuesto en el Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG. Asimismo, esa normativa ha sido impugnada en la acción de inconstitucionalidad número 19-017936-0007-CO, que se encuentra pendiente de ser resuelta. En consecuencia, dada la conexidad existente, lo procedente es suspender la resolución final del amparo hasta tanto no se resuelva la acción de inconstitucionalidad planteada. Por tanto: Se suspende la resolución final de este asunto hasta tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el número de expediente 19- 017936-0007-CO (…)”.
  12. 12Por escrito aportado a la Sala el 14 de julio de 2022, Marylin Mora Vega, en su condición de Coordinadora de la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Central y José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Agua, ambos de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, señalan lo siguiente: “(…) Antecedentes para mejor resolver: Que con fecha 20 de marzo del 2020, la sociedad GANADERA LA CEIBA. CEDULA DE IDENTIDAD CED5632- , representada por Wendy Simpson Roberts, presentó solicitud para registro de pozo sin número y habilitación del trámite de concesión de aprovechamiento de agua subterránea mediante un pozo perforado ilegalmente, el cual se solicita inscribir y autorizar el aprovechamiento con fundamento en el Decreto 41851-MP-MINAE-MAG, tramite al que se le asignó número de expediente [Valor 003]. Actualmente la propiedad donde se ubica el pozo solicitado bajo el expediente señalado, es administrada por la Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorado y el expediente administrativo, se encuentra pendiente de resolver, hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva en forma definitiva el presente recurso de amparo (…)”.
  13. 13El 29 de septiembre de 2023, Gabriela Páez, en su condición de Coordinadora de la Asesoría Legal de la Dirección de Agua del MINAE, aclaró a esta Sala lo siguiente: Que el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 se le notificó únicamente a Ganadera La Ceiba S.A., dado que el pozo en cuestión se encuentra en un inmueble de su propiedad. Que la solicitud formulada por Ganadera La Ceiba S.A. en marzo de 2020 para legalizar el pozo, se tramitó como abrevadero para 20 reses (y no para consumo humano). Que la citada solicitud (tramitada conforme el expediente No. [Valor 003]) y correspondiente procedimiento se encontraba aún suspendido a la espera de resolverse este amparo. Que el pozo que se utiliza en el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba no ha sido sellado y, por ende, a la fecha, los habitantes de este sitio continúan proveyéndose de agua (constancia de llamada telefónica).
  14. 14En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I. SOBRE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA ACTIVA

Por escrito aportado el 4 de diciembre de 2020, Wendy Simpson Roberts, en su condición de presidenta con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Ganadera La Ceiba S.A., solicitó se tuviera a dicha sociedad como coadyuvante activa del presente proceso. Afirma que la actuación del MINAE consignada en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 de 28 de setiembre de 2020 violenta el derecho de acceso al agua potable de las familias que habitan en el complejo residencial Quintas La Ceiba. Asimismo, expone que la decisión ahí consignada se tomó sin otorgarse audiencia previa. En consecuencia, solicita que se declare con lugar el recurso y se anule la orden de cierre dispuesta mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 de 28 de setiembre de 2020, emitido por los funcionarios de la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se le ordene al ICAA garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable.

Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por la mencionada interviniente, resulta admisible la referida coadyuvancia.

II. OBJETO DEL RECURSO

El recurrente –en su condición de Presidente de [...]–, señala que mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020, la Dirección de Agua del MINAE, en claro quebranto al derecho de acceso al agua potable, dispuso el cierre del pozo que abastece el proyecto residencial llamado Quintas Residenciales La Ceiba, al haberse verificado que este operaba al margen de la ley. Acusa que lo anterior se ordenó sin notificarse u otorgarse audiencia previa a los interesados (más de 100 familias propietarias), pues el citado documento solamente se le comunicó a la empresa desarrollada e infractora (Ganadera La Ceiba S.A). Además, alega que no se le consultó previamente al ICAA o a la ARESEP, como medio para buscar una solución alternativa a los vecinos. Agrega que, por su parte, las autoridades del ICAA, pese a las gestiones que le han sido formuladas, no han brindado una solución a la situación que afrontan los propietarios de los inmuebles de dicho complejo residencial. Igualmente, sostiene que la empresa que vendió las fincas (y las otras relacionadas con el suministro y cobro propiamente del agua), deben hacerse responsables de solventar la situación bajo estudio.

III. HECHOS PROBADOS

De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

  • 1)En el año 1997 se inició el desarrollo del proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, ubicado en La Ceiba de Orotina, Alajuela. Dicho proyecto se compone de 100 fincas o quintas de aproximadamente 7.000 metros cuadrados cada una (ver prueba).
  • 2)El desarrollador de dicho proyecto fue la empresa denominada Ganadera La Ceiba S.A. (cédula jurídica CED5632) (ver prueba).
  • 3)Al momento de la venta de los inmuebles, el desarrollador garantizó a sus compradores la prestación del servicio de agua potable mediante un acueducto o pozo de la misma empresa, para lo cual cada parcela contaba con el respectivo medidor (ver escrito de interposición).
  • 4)Este pozo fue perforado en una finca propiedad de Ganadera La Ceiba S.A. (No. 377663-000) de forma ilegal, por cuanto no contó con la autorización de la Dirección de Agua del MINAE. Por consiguiente, dicho pozo no se encuentra debidamente registrado (ver prueba).
  • 5)Los citados inmuebles cuentan con el servicio de electricidad y telefonía suministrados por el Instituto Costarricense de Electricidad. El servicio de agua potable, por su parte, lo suministra a los vecinos del proyecto residencial la misma empresa desarrolladora, a través de otras empresas relacionadas. La administración y cobro del servicio lo hizo primeramente la empresa llamada SERINCON S.A.. A partir del año 2017, la empresa TYRICA S.A. se hizo cargo de tales cobros (ver escrito de interposición).
  • 6)En el año 2012 se constituyó [...], cédula jurídica [Valor CED185]. Lo anterior, con el fin de atender varios problemas que se venían suscitando, especialmente, en cuanto a los cobros por el servicio de agua potable (ver prueba).
  • 7)En año 2013 y ante un incremento en el cobro del servicio, algunos dueños de las citadas quintas realizaron consulta ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). En virtud de lo anterior, se les informó, por parte de la ARESEP (mediante oficio No. 0246-DGPU-2013/002308 de 28 de enero de 2013), que el acueducto no estaba autorizado para brindar el servicio y que lo que procedía para mantener este era coordinar con el ICAA (ver escrito de interposición y prueba).
  • 8)En el año 2016, algunos miembros de [...] se reunieron con dos ingenieros del ICAA para proponerles asumir el acueducto del complejo residencial. En esta ocasión, dichos funcionarios solicitaron el cumplimiento de varios requisitos (v.gr. información detallada de la prueba de bombeo, la cantidad de agua que daba el pozo, análisis de calidad de agua, el plano de la finca donde está el pozo y posible servidumbre, etc.) (ver escrito de interposición).
  • 9)El 7 de septiembre de 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA, una solicitud para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional. Dicha solicitud fue trasladada por la Junta Directiva del ICAA a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados del ICAA por acuerdo No. 2018-317 de 18 de septiembre de 2018 (ver informe y prueba).
  • 10)En informe No. GSP-RPC-2018-00586 de fecha 16 de octubre de 2018, llamado Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada y suscrito por un funcionario de la Región Pacífico Central del ICAA, se indicó lo siguiente:

“(…) ANTECEDENTES. [...], representados por el Dr. [Nombre317 001] (…) solicita al AyA la administración del suministro de agua potable de dicho proyecto denominado Quintas La Ceiba Tierra Dorada (…) consistente en parcelas agrícolas. INTRODUCCIÓN. El Proyecto mencionado se desarrolló hace más de 20 años, constando actualmente de más de 75 lotes, algunos con frente a calle pública y la gran mayoría con frente a servidumbre agrícola. El servicio de agua era administrado y suministrado por la sociedad que vendió los terrenos, Ganadera La Ceiba S.A. mediante una red de abastecimiento privada, misma que hoy funciona con algunos limitantes, especialmente legales y de cobro. Dicha sociedad ha acordado en conjunto con los vecinos el donar la infraestructura necesaria al AyA, Incluyendo terrenos, pozo equipado de acuerdo a lo que establezca la institución, tanque o tanques, para que esta se encargue de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable.

OBJETIVO. Realizar los estudios necesarios por parte del AyA, a partir de la información que suministre la asociación de vecinos, así como las obras que realice, para determinar la posibilidad de lograr el traspaso del sistema de abastecimiento de agua del proyecto, de modo se asuma su administración y por lo tanto, el suministro de agua potable en la zona. Desarrollo del tema: ANÁLISIS. Para el logro de lo planteado por la asociación de vecinos, el proyecto debe cumplir con los siguientes aspectos: 1. Visado de la segregación de la finca, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y en los artículos 11.2.1 y 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, estos últimos cinco artículos en lo correspondiente a parcelamiento agrícola; como excepcionalidad, requiriendo para ello el visado del INVU. Todo lo anterior para que la prestación del servicio sea legal, ambiental y técnicamente factible. 2.

El servicio a suministrar debe ser adecuado en cuanto a calidad, cantidad y continuidad, por lo que la infraestructura lo debe permitir, así como un remanente para crecimiento vegetativo de la zona. 3. Las calles internas del proyecto deben ser calles públicas o servidumbres agrícolas, debiendo estar inscritas las primeras como tales dentro de la red vial cantonal de Orotina, mientras las segundas como servidumbres de paso y acueducto a favor del AyA, que permitan la libre circulación por ellas, así como la posibilidad de instalación de infraestructura. 4. La red de distribución existente debe ser evaluada en cuanto a sus características como diámetro, material, cédula, instalación y cualquier otro elemento que debe ser considerado para su posible aceptación, o en su defecto, que deba ser sustituido. Estas tuberías deben cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial. 5.

Tal y como lo establece la solicitud, la infraestructura requerida debe ser completa, incluyendo el pozo totalmente equipado y con la protección necesaria, las áreas de protección que establezca el estudio hidrogeológico, prueba de bombeo de 72 horas, lo cual es necesario realizar, y toda la información disponible y por obtener de él. Así mismo debe incluir el sistema de desinfección, tuberías de impulsión, tanque de almacenamiento y red de distribución. 6. Toda la infraestructura a construir y/o existente debe ser aprobada por el AyA, de acuerdo a la normativa establecida. 7. Definir las características del desarrollo, esto es, si es de tipo turístico, habitacional, agrícola u otro. 8. Los aspectos de la instalación de la micromedición (hidrómetros) o su suministro deberá ser definido por los interesados. CONCLUSIONES. El AyA queda a la expectativa y espera de la definición de lo señalado en el desarrollo anterior en cuanto a la información requerida, de modo se pueda definir con claridad la posibilidad de que la institución pueda asumir la administración del sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Quintas la Ceiba Tierra Dorad, según voluntad expresa de sus vecinos (…)” (ver prueba).

  • 11)En memorando No. SG-GSP-2018-00616 de fecha 18 de diciembre de 2018, suscrito por la Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos del ICAA y dirigido a la Junta Directiva del ICAA, se indicó lo siguiente:

“(…) A efecto que se de a conocer a los señores (as) miembros de la Junta Directiva, le adjunto el informe que preparó la región Pacífico Central relacionado con la solicitud de los vecinos de la Asociación Quintas La Ceiba Tierra Dorada, en el sentido de que AyA asuma la administración del sistema. Por lo tanto, lo que corresponde es que se les dé a conocer este informe a los vecinos y se les indiqué (sic) que deben coordinar con la región Pacífico Central a fin de que cumplan con todos los requisitos anotados en el informe para que sea factible que AyA asuma la administración. Se les debe indicar que los ingenieros, German Araya y Leonardo Moya, serán los encargados de coordinar con ellos todo lo relacionado con este asunto (…)” (ver prueba).

  • 12)Por oficio JD-2019-00063 del 22 de febrero de 2019, una representante de la Junta Directiva del ICAA, le informó al recurrente lo siguiente:

“(…) Como parte del seguimiento al acuerdo de referencia, adjunto encontrará informe presentado por la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, memorando SG-GSD-2018-00616, conocido en la sesión ordinaria de Junta Directiva N° 2019-08, celebrada en fecha 19 de febrero 2019. Según se desprende del estudio técnico adjunto, previo asumir el acueducto se debe cumplir con los requisitos establecidos en el informe técnico. Cualquier información adicional la pueden coordinar con la Región Pacífico Central (…)” (ver prueba).

  • 13)El 20 de marzo de 2020, la empresa Ganadera La Ceiba S.A. (representada por Wendy Simpson Roberts), presentó ante la Dirección de Agua del MINAE una solicitud de registro de pozos realizados sin permiso y habilitación de concesión de aguas subterráneas al amparo de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG de 18 de julio de 2019. A esta solicitud se le asignó el expediente No. [Valor 003] y se tramitó como abrevadero para 20 reses (ver prueba).
  • 14)El 16 de julio de 2020, una vecina del referido residencial presentó una queja ante la Dirección de Agua del MINAE en contra de la empresa TYRICA S.A. por presuntamente realizar cobros excesivos en el recibo del agua. Adicionalmente, la gestionante solicitó se indicara si el pozo de donde surten el agua al residencial era legal y si se encontraba o no inscrito. En atención a lo anterior, la Unidad Hidrológica-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE, realizó una inspección en el sitio (lo cual generó el informe técnico No. DA-UHTPCOSJ-2113-2020 de 25 de septiembre de 2020). Conforme esa inspección se comprobó “(…) que se trataba de un desarrollo residencial, compuesto por alrededor de 100 inmuebles (…) que, según manifestaciones de los vecinos del lugar, el sitio era abastecido por un pozo que se ubicaba en una propiedad que fue rematada., quedándose sin agua por lo que optaron por la perforación de un nuevo pozo hace dos años, el cual se encuentra en propiedad de Ganadera La Ceiba S.A. y que a la fecha se tramita su inscripción por medio de la amnistía de pozos (…)”. Además, en este último informe, se emitieron las siguientes conclusiones y recomendaciones:

“(…) Conclusiones 1- La zona presenta un desarrollo residencial en quintas. 2- El pozo del expediente 20209PA está en trámite de amnistía de pozos sin número y no cuenta con la concesión de aprovechamiento de agua otorgada. 3- El agua del pozo es utilizada ilegalmente.4- El pozo es utilizado para el abastecimiento público (poblacional) de al menos 65 propiedades, a pesar de haber sido solicitado para un uso de abrevadero. 5- No existen concesiones a Nombre317 de Tyrica S.A. 6- La sociedad Tyrica S.A, realiza cobros a los propietarios de las quintas por el servicio de agua. Recomendaciones: 1- Proceder con la denuncia ante la Fiscalía por el delito de usurpación del agua. 2- Informar a ARESE del cobro ilegal del servicio público. 3- Girar con la orden de sellado del pozo, debido a las inconsistencias del expediente e irregularidades el uso (…)” (ver informe y prueba).

  • 15)Por oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020, suscrito por José Ricardo Hidalgo Sánchez y la ingeniera Marilyn Mora Vega, Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE, se ordenó el sellado del pozo ubicado en la finca No. 377663-000 a Nombre317 de Ganadera La Ceiba S.A. por cuanto este fue perforado de manera ilegal al no contar con los permisos de perforación respectivos y por estar siendo aprovechado para un uso residencial de consumo humano (poblacional). Entre otros aspectos, en este oficio se indicó lo siguiente: Que en el desarrollo en cuestión existen 100 propiedades ubicadas en La Ceiba de Orotina, lugar que cuenta con un pozo perforado, una caseta de mando, un tanque y una tubería enterrada para la distribución de agua a las propiedades. Que el uso solicitado para el pozo es un abrevadero para 20 reses y no registra el uso de abastecimiento poblacional.

Que en casi todas las propiedades de las calles conocidas como Dirección2419, Dirección2417 y el Higuerón cuentan con medidor y que el cobro del servicio de agua está a cargo de la empresa privada TYRICA S.A.. Que se denotaba que el pozo es para uso poblacional distinto al solicitado y que había lucro por venta del servicio. Por consiguiente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas) se dispuso el cierre y sellado del pozo. Adicionalmente, se solicitó la remisión de varia documentación tocante al cierre del pozo en el plazo de treinta días y se indicó que no se podía realizar ningún tipo de uso del pozo, sin obtener la concesión para el aprovechamiento del agua (ver prueba).

  • 16)El anterior oficio fue notificado el 4 de noviembre de 2020 a la empresa desarrolladora, sea a Ganadera La Ceiba S.A. dado que el pozo se halla en una finca de su propiedad (ver escrito de interposición e informe).
  • 17)El 10 de noviembre de 2020, la representante legal de la sociedad Ganadera La Ceiba S.A. solicitó ante la Dirección de Agua del MINAE, la revocación de lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 (ver prueba).
  • 18)Los propietarios de los inmuebles ubicados en el citado residencial se enteraron del cierre del pozo por otros medios (ver escrito de interposición).
  • 19)Por oficios fechados 17 de noviembre de 2020, un representante de la sociedad Ganadera La Ceiba S.A. les notificó a algunos dueños de las quintas la orden de sellado dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 (ver prueba).
  • 20)El 20 de noviembre de 2020, el recurrente formuló el presente amparo (ver escrito de interposición).
  • 21)Para la fecha de interpuesto el amparo, no se habían cumplido los requisitos y condiciones establecidas por el ICAA en el informe No. GSP-RPC-2018-00586 para asumir la prestación del servicio de agua potable en el citado residencial (ver informe).
  • 22)El 2 de diciembre de 2020, el recurrente, en su condición de Presidente de [...], presentó un escrito ante la Dirección de Agua del MINAE, mediante el cual indicó que lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 había sido impugnado ante la Sala Constitucional, a través de la interposición de un recurso de amparo, el cual fue acogido para estudio. Por consiguiente, solicitó la suspensión de la orden de sellado hasta tanto la Sala se pronunciara (ver informe).
  • 23)Mediante resolución No. DA-1769-2020 de las 08:17 hrs. de 3 de diciembre de 2020, el Director de la Dirección de Agua del MINAE –dentro del procedimiento tramitado conforme el expediente No. [Valor 003]–, dispuso lo siguiente:

“(…) CONSIDERANDOS PRIMERO: Que de conformidad con la Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones le corresponde disponer y resolver sobre su dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia. SEGUNDO: Que el Decreto Ejecutivo 35669-MINAET publicado en la Gaceta 3 del 6 de enero de 2010, modificado mediante decreto 36437-MINAET del 24 de enero del 2011, delega a la Dirección de Aguas del MINAET, la competencia de admitir, tramitar y resolver sobre solicitudes de perforación del subsuelo para la exploración y explotación de aguas subterráneas y asignar el número de pozo respectivo. TERCERO: Que el Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET, regula todo lo referente a la perforación del subsuelo con fines de exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas.

CUARTO: Que mediante informe DA-UHTPCOSJ-2123-2020, del 28 de septiembre del 2020, suscrito por José Ricardo Hidalgo Sánchez y la ingeniera Marilyn Mora Vega, coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central, se tiene por probado que el pozo encontrado en finca folio real 377663-000, en el Dirección2418 , a Nombre317 de GANADERA LA CEIBA S.A., cédula jurídica CED5632, fue perforado sin contar con los permisos correspondientes por parte del Ministerio de Ambiente y Energía y que se encuentra en la actualidad siendo aprovechado, dándosele un uso de consumo humano (poblacional) esto para abastecer el proyecto residencial Quintas La Ceiba, siendo el abastecimiento a poblaciones, un uso que reviste servicio público y es competencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o sus entes delegados por ley, por lo que en el citado oficio se ordenó su sellado, como lo establece el Decreto Ejecutivo 35884-MINAET.

QUINTO: Que el Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET en el artículo 28 indica inciso b) indica lo siguiente: “Artículo 28. - De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del MINAET ordenará el cierre de un pozo en las siguientes condiciones: b) Cuando se realicen perforaciones sin el debido permiso. SEXTO: Que igualmente el Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET, indica en el artículo 38 lo referente al cierre de pozos y los responsables, el cual reza lo siguiente: “Artículo 38. - Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo.

El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.” (El subrayado y resaltado no corresponden al original). SÉTIMO: Que es claro que el pozo citado no contó con los permisos correspondientes, razón por la cual se enmarca dentro de los presupuestos de la normativa invocada, dictándose la orden de sellado en apego a esta. OCTAVO: Que en fecha 20 de marzo del 2020, se presentó la solicitud de registro de pozos realizados sin permiso y habilitación de concesión de aguas subterráneas, amparados en el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, por parte de GANADERA LA CEIBA S.A., proceso que se encuentra suspendido en razón de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente 19- 017936-0007-CO, por lo que no se puede resolver dicha solicitud hasta tanto ese máximo tribunal no resuelva lo correspondiente.

NOVENO: Interesa indicar que la fuente correspondiente a pozo perforado para extracción y aprovechamiento de aguas subterráneas está en finca propiedad de GANADERA LA CEIBA S. Nombre312. y que esta empresa gestiono la inscripción del pozo en el reciente proceso de amnistía de conformidad con el Decreto 41851-MP-MINAE-MAG, pero que no se puede entrar a conocer por el fondo en razón de la acción de inconstitucionalidad citada antes. Si bien esta empresa gestionó como propietaria del inmueble la legalización del pozo sin número en expediente 20209-P, quien utiliza el agua es [...], cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en los oficios JD-2019- 00063 del 22 de febrero de 2019, para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A.

POR TANTO El DIRECTOR DE AGUA RESUELVE SE SUSPENDE LA ORDEN DE SELLADO del pozo perforado dictada por oficio DA-UHTPCOSJ-2123-2020, del 28 de septiembre del 2020, hasta que se encuentre resuelta la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente de la Sala Constitucional número 19-017936-0007-CO. Apersonarse ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en los oficios JD-2019- 00063 del 22 de febrero de 2019, para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A. La inscripción del pozo estará condicionada a que en estudio del expediente 20209 PA se tenga por cumplido los términos técnicos y legales estipulado en el Decreto 41851-MP-MINAE-MAG y que se entrará a conocer conforme una vez que la Sala Constitucional resuelva a acción de constitucionalidad sobre este decreto.

Según este resultado, deberá el A y A solicitar el trámite respecto ante la Direccion de Agua. Contra esta resolución cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, de conformidad con los artículos 343,346 y 347 de la Ley General de la Administración Pública, ambos ante este Despacho. Notifíquese al AYA, señora Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva y Licda. Cecilia Martínez, Subgerente Gestión de Sistemas Comunales y a la Unidad Hidrológica Tárcoles - Pacífico Central (…)” (ver prueba).

  • 24)Para el mes de julio de 2022, la propiedad donde se ubica el pozo tramitado bajo expediente No. [Valor 003]. “(…) es administrada por la Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorado y el expediente administrativo, se encuentra pendiente de resolver, hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva en forma definitiva el presente recurso de amparo (…)” (ver informe).
  • 25)Para el día 29 de septiembre de 2023, el citado procedimiento tramitado conforme el expediente No. [Valor 003] se encontraba aún suspendido. Igualmente, para esta fecha, el pozo que se utiliza en el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba no había sido sellado y, por ende, los habitantes de este sitio continúan proveyéndose de agua (ver constancia de llamada telefónica).

IV.EN CUANTO a la acción de inconstitucionalidad tramitada conforme el expediente No. 19-017936-0007-CO. En lo que respecta a este proceso –en virtud del cual se suspendió la tramitación de la solicitud planteada en marzo de 2020 para registrar el pozo bajo estudio–, se tiene lo siguiente:

  • 1)El 24 de julio de 2019 se publicó en La Gaceta No. 139 el Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG, denominado Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas. Su objetivo “(…) era establecer el procedimiento para la inscripción y registro regulado de pozos perforados sin permiso de perforación y el trámite respectivo para la obtención de la concesión de aprovechamiento de aguas (…)” Este decreto que estuvo vigente hasta el 24 de marzo de 2020, sin que hubiese prórrogas (ver informe).
  • 2)El 26 de septiembre de 2019, se presentó ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad en contra de lo dispuesto en dicho decreto, a la cual, a su vez, se le asignó el número 19-017936-0007-CO (ver expediente No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).
  • 3)Por resolución de las 10:58 hrs. de 4 de diciembre de 2019, la Presidencia de la Sala dio curso a dicha acción de inconstitucionalidad (ver expediente No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).
  • 4)Mediante la Sentencia No. 2021-25386 de las 13:10 hrs. de 10 de noviembre de 2021, la citada acción fue resuelta conforme los siguientes términos:

“(…) Por unanimidad se declara sin lugar la acción respecto de la supuesta autorización expresa para no acudir a SETENA para valorar pozos irregulares, el alegato de riesgo de salinización o contaminación por intrusión salina, y la argüida inefectividad galopante del derecho ambiental. Por mayoría se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad en cuanto a los artículos 1, 2 y 3 del decreto ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, siempre y cuando se interprete que dichos numerales no modifican los tipos penales contemplados en los artículos 226 y 227 del Código Penal; de este modo, le corresponderá al juez penal competente la determinación de la responsabilidad penal. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes acerca del agravio antedicho. Por mayoría se declara sin lugar el recurso, en cuanto a la alegada inexistencia de un balance hídrico integral y la autorización para alterar los ciclos vitales de la biodiversidad sin mediar estudios, la falta de medidas de protección, mitigación o prevención de daños, y el derecho a la participación ciudadana.

Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan parcialmente el voto y declaran con lugar la acción por violación al derecho a la participación ciudadana. El magistrado Cruz Castro y la magistrada Picado Brenes salvan parcialmente el voto y declaran con lugar la acción por violación al principio de reserva de ley y la falta de medidas de protección, mitigación o prevención de daños. El magistrado Cruz Castro salva parcialmente el voto y declara con lugar la acción por la alegada inexistencia de un balance hídrico integral y la autorización para alterar los ciclos vitales de la biodiversidad sin mediar estudios. El magistrado Cruz Castro y la magistrada Garro Vargas consignan notas separadas. Los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal consignan nota conjunta. Por unanimidad se rechazan las coadyuvancias presentadas. Notifíquese (…)” (ver expediente No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).

  • 5)En marzo de 2022, el citado voto fue notificado a las partes (ver expediente No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).

V. CASO CONCRETO

El recurrente acude a esta Sala Constitucional e indica que figura como Presidente de [...]. Expone que hace 23 años se desarrolló el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, el cual se compone de quintas de aproximadamente 7.000 metros cuadrados cada una y tiene un total de 100 fincas inscritas como predios agrícolas.

Indica que el desarrollador de ese proyecto era la empresa Ganadera La Ceiba S.A., la que entregó a los compradores los planos catastrados que cumplían con las especificaciones de los predios agrícolas y con el servicio de agua potable. Explica que, al momento de la venta de los inmuebles, el desarrollador garantizó la prestación del servicio de agua potable mediante un acueducto de la misma empresa, para lo cual cada parcela contaba con el respectivo medidor. Señala que inicialmente el servicio se brindaba de forma privada por la misma compañía vendedora (Ganadera La Ceiba S.A.), a través de una empresa relacionada llamada SERINCON S.A., que tuvo a su cargo el cobro del servicio. Refiere que SERICON S.A. desde el año 1997 ha suministrado el servicio de agua potable. A partir del año 2017, los depósitos de pago por el suministro de agua se realizan a otra empresa llamada TYRICA S.A., también relacionada con la Ganadera La Ceiba S.A..

Agrega que un vecino presentó una queja ante el MINAE por el alto costo del servicio de agua potable, la cual originó la emisión del oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 que hizo referencia a la ilegalidad del citado pozo y dispuso su cierre en el plazo de un mes.

Acusa que el MINAE dispuso el cierre de ese pozo de forma intempestiva, sin otorgar audiencia previa a todos los vecinos del residencial (pues solo se notificó a la empresa infractora) y sin realizar un debido procedimiento, quedando así todos en indefensión. Sostiene que los referidos vecinos se enteraron de lo ocurrido por terceras personas.

Alega que, tampoco, se les brindó audiencia previa o consultó a las autoridades del ICAA y de la ARESEP, como medio para buscar una solución a la situación. Todo esto, pese a que, al momento del cierre se encontraba en plena vigencia la emergencia nacional por COVID-19, por lo que, en su criterio, resulta esencial contar con el servicio de agua potable.

Añade que a pesar de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el órgano que debe realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo, así como resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable en el país, no se han tomado las acciones pertinentes para dar una solución a las 100 familias que se han visto afectadas con el cierre del pozo y la suspensión del servicio de agua en sus viviendas. Expone que el ICAA no puede quedar al margen de las gestiones necesarias a realizar para proveer el suministro de agua potable a la comunidad y por eso es necesario su concurso en esta solución; concurso que debió ser procurado por el mismo MINAE antes de ordenar el cierre del pozo.

De otra parte, reitera que el desarrollador, al poner en venta las fincas, ofreció la prestación del servicio de agua potable, factor que incidió para que las personas adquirieran las propiedades. Indica que las tres empresas supra citadas son las que tienen el poder y la administración de dicho pozo, así como tienen a su cargo la lectura de los hidrómetros, establecen las facturas y cobran por el servicio de agua, por lo que estima que es necesario que estas participen en el procedimiento de traslado del acueducto al ICAA. En ese mismo sentido, considera, tienen que coordinar con el MINAE y el ICAA lo pertinente para que se cumplan los requisitos exigidos para que dicho instituto asuma la administración del acueducto de la comunidad.

Sostiene, entonces, que en este caso se violentó el derecho de acceso al agua potable, así como sus derechos a la defensa y al debido proceso. Por consiguiente, solicita que este amparo se acogido y, entre otros aspectos, se anule la orden de cierre del pozo dispuesta en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 emitido por la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se ordene al ICAA su inmediata intervención para garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable, realizando las gestiones y obras que fueran necesarias.

Visto lo anterior, esta Sala observa que el accionante formula este amparo dirigido en los siguientes sentidos: a) que mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 de la Dirección de Agua del MINAE se ordenó el cierre del pozo que abastece el complejo residencial, donde habitan 100 familias, en claro quebranto al derecho de acceso al agua potable y pese a estar vigente la pandemia por COVID-19; b) que dicha decisión se tomó sin notificarse u otorgarse audiencia previa a las 100 familias propietarias de las mencionadas quintas y, por ende, sin respetarse el debido proceso; c) que de previo a emitirse la referida orden, no se realizó consulta al ICAA o a la ARESEP, con el fin de buscarse una solución a la referida problemática; d) que las autoridades del ICAA, pese a las gestiones que le han sido formuladas, no han brindado una solución a la situación y e) que las privadas involucradas en este asunto, deben hacerse responsables y solventar el problema expuesto.

Ahora bien, analizados los agravios expuestos por el recurrente, los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento por las autoridades recurridas, así como todas las pruebas allegadas a los autos, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para acoger este amparo y, concomitantemente, las pretensiones plantadas por el tutelado. Lo anterior, por los motivos que se expondrán a continuación.

A. Sobre lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 y la necesidad de proveerse de agua potable durante la pandemia por COVID-19. En primer término, resulta menester apuntar que, en la especie, esta Sala no observa, de ningún modo, que la actuación reclamada por el accionante, sea el cierre y sellado del pozo ubicado en la finca No. 377663-000 (propiedad de Ganadera La Ceiba S.A.) y que ha abastecido desde hace varios años al proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, se pueda tener como arbitraria o infundada. En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua –al parecer presuntamente por así haber sido dispuesto por la citada empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.–, a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos y que, por ende, no se encuentra debidamente registrado ante la Dirección de Agua del MINAE, tal y como lo dispone el ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); de ahí que, se haya procurado su cierre. Nótese que este último cuerpo normativo, en su artículo 28 establece lo siguiente:

“De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del MINAET ordenará el cierre de un pozo en las siguientes condiciones:

  • a)Cuando producto de la perforación y exploración resulte seco el pozo o no sea viable el aprovechamiento de agua, lo cual debe ser informado por la perforadora o permisario a la Dirección de Agua del MINAET.
  • b)Cuando se realicen perforaciones sin el debido permiso.
  • c)Cuando se realicen contraviniendo las disposiciones de permiso, este Reglamento o leyes vigentes.
  • d)Caducidad de la concesión conforme lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Aguas Nº 276 del 26 de agosto de 1942.
  • e)Cuando se proceda a archivar sin más trámite la solicitud, por incumplimiento de los requisitos o lo solicitado por la administración para tramitar la concesión” (El subrayado no forma parte del original).

Lo anterior, sustenta entonces, claramente, la actuación de la Dirección de Agua del MINAE, concretamente, lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 impugnado por el promovente, en su condición de Presidente de [...]. Oficio que, además, cabe destacar, señala puntualmente todos los motivos de derecho y de hecho que fundamentan el cierre en cuestión, entre los que figuran, principalmente, como se dijo, el funcionamiento del pozo de manera ilegal y su uso para consumo humano y no como abrevadero para 20 reses, tal y como se señaló y solicitó años después, concretamente en marzo de 2020, al ser presentada una gestión por la referida sociedad para legalizar el pozo, a tenor de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG de 18 de julio de 2019 denominado Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas (procedimiento último tramitado conforme el expediente No. [Valor 003]).

Siendo así, es evidente que los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se han proveído de agua de forma irregular por varios años y que las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE, únicamente se ha abocado a regularizar y poner a derecho esa situación conforme lo establece y exige, a su vez el ordenamiento jurídico; de ahí que, bajo esa perspectiva, no podría afirmarse que la actuación de cierre y sellado del pozo en cuestión atente contra el derecho fundamental de acceso al agua potable. Por el contrario, a tenor de lo estipulado en dicho ordenamiento jurídico, tal actuación busca proteger el recurso hídrico.

De otra parte, debe tomarse en cuenta que, si bien a través del cuestionado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 se dispuso el cierre y sellado del pozo, lo cierto es que –tal y como también quedó acreditado–, esta orden no fue ejecutada en aquel momento (sea, el año 2020) ni subsiguientemente por las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE. Nótese que, en un primer momento, el Director de Aguas del MINAE, mediante resolución No. DA-1769-2020 de las 08:17 hrs. de 3 de diciembre de 2020 (emitida dentro del referido procedimiento No. [Valor 003]), dispuso la suspensión de dicha orden hasta tanto se resolviera la acción de inconstitucionalidad que se había presentado en contra de lo dispuesto en el citado Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG (que permitía legalizar pozos perforados de forma irregular). Adicionalmente, en esa oportunidad, se aclaró que la inscripción del pozo solicitado quedaba sujeta al cumplimento de lo dispuesto en dicho cuerpo normativo (Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG) y que esta solicitud propiamente sería resuelta al pronunciarse la Sala Constitucional sobre dicho proceso de constitucionalidad.

Esta última acción, según se acreditó, fue resuelta y desestimada por esta jurisdicción constitucional mediante la Sentencia No. 2021-25386 de las 13:10 hrs. de 10 de noviembre de 2021, la cual, además, fue notificada en el mes de marzo de 2022 a todas las partes. Luego, las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE, concretamente, en el mes de julio de 2022, informaron a esta Sala que, para entonces, la solicitud para legalizar el pozo en cuestión se encontraba aún pendiente de resolver, lo cual se haría hasta que se resolviera el presente proceso de amparo. Esta situación, según se confirmó recientemente (sea, el 29 de septiembre de 2023), es la que perdura e impera a la fecha. Además, se aclaró que el pozo ubicado en el citado proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba no había sido sellado y que, por ende, los habitantes de este sitio continúan utilizándolo para proveerse de agua.

En consecuencia, a partir de lo anterior, no podría sostenerse que el recurrente y el resto de personas propietarias de las quintas referidas, se hayan quedado desprovistas del servicio de agua potable, al menos, durante los años en que la pandemia por COVID-19 se encontró mayormente vigente y, por consiguiente, cuando más necesario se hizo el suministro de este líquido en resguardo del derecho fundamental a la salud.

B. En cuanto a la presunta violación al derecho a la defensa y al debido proceso. En este asunto se ha acreditado y verificado que el pozo en cuestión se halla en un inmueble propiedad de la empresa denominada Ganadera La Ceiba S.A., lo cual fue confirmado en una inspección realizada por las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE en septiembre del año 2020, y no en un inmueble a Nombre317 propiamente de la amparada Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorada o bien a Nombre317 de algún otro vecino en particular. De ahí que, resulte plenamente justificado que las autoridades de la Dirección de Agua, el 4 de noviembre de 2020, hayan notificado el referido oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 precisamente al dueño o representante del inmueble donde se construyó y opera el pozo , pues es este quien –a tenor de lo dispuesto en el ya citado Decreto Ejecutivo 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas-, debía proceder con el respectivo cierre y sellado. Nótese que, sobre el particular, este último decreto dispone en su artículo 38 lo siguiente:

“Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.” (El subrayado no forma parte del original).

Paralelamente a lo anterior, debe tenerse claro en este asunto que la Dirección de Agua del MINAE no es o figura como el proveedor de servicio de agua potable en el complejo residencial bajo estudio. En ningún momento ha suscrito alguna especie de relación por ese concepto con ninguno de los propietarios de las 100 fincas a las que hace referencia el tutelado; de hecho, no tiene competencia alguna al respecto dotada por nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, no podría imputársele a esta dirección la obligación de notificarle a cada uno de estos propietarios (en presunta calidad de beneficiarios del servicio de suministro de agua), lo dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20. Resulta evidente que la Dirección de Agua se limitó a poner a derecho el uso del pozo y, desde esa perspectiva, su labor se reducía a notificarle al propietario del inmueble donde este se hallaba, la orden de cierre y sellado en cuestión, tal y como así efectivamente se hizo. Así las cosas, en este caso, no es factible afirmar que a los dueños de los citados inmuebles que conforman el citado residencial, se les vulneraron sus derechos a la defensa y al debido proceso.

En todo caso, es importante destacar que el propio recurrente, en el escrito de interposición de este amparo, afirmó que los propietarios de los inmuebles ubicados en el citado complejo residencial se enteraron de la orden de cierre en cuestión por otros medios. Incluso, en el elenco de pruebas aportadas por el promovente, consta algunos oficios fechados 17 de noviembre de 2020, donde se acredita que un representante de la sociedad Ganadera La Ceiba S.A. les notificó a algunos dueños de las quintas la orden de sellado dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020. Siendo así, es claro que los propietarios de los citados inmuebles, de previo a la interposición de este amparo, sí tuvieron conocimiento de la orden de cierre del pozo que los abastecía de agua, lo que, en consecuencia, les permitió ejercer, en aquel momento, las acciones que estimaran pertinentes con el fin de regularizar la situación bajo estudio.

De hecho, es importante señalar que en este asunto ha quedado plenamente verificado –pues así lo ha relatado el propio recurrente en el escrito de interposición de este proceso–, que los vecinos del mencionado residencial ya conocían, desde muchos años atrás (al menos desde el año 2013), la situación irregular en la que se encontraban respecto a la prestación el servicio de agua (dado que el pozo funcionaba ilegalmente), al punto que, en los años 2016 y 2018, buscaron ayuda de las autoridades del ICAA para que asumieran el acueducto que opera en el sitio. Por consiguiente, es claro que la orden de cierre dispuesta en septiembre de 2020 por parte de la Dirección de Agua no podría considerarse como intempestiva y arbitraria, según los términos expuestos y alegados ante este Tribunal, pues era de esperarse que las autoridades del MINAE, tarde o temprano, actuaran de esa manera, siguiendo, como se ha dicho reiteradamente, lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE).

C. Tocante a la presunta obligación de coordinar previamente con la ARESEP y el ICAA. Siguiendo lo indicado en el apartado anterior, esta Sala es del criterio que la Dirección de Agua del MINAE, a tenor, a su vez, de lo dispuesto en el ya citado Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE, cumplió con su puntual obligación de notificar el cierre del pozo al dueño del inmueble donde este se encuentra, sin que se denote o se imponga en ese mismo cuerpo normativo, la obligación de llevar a cabo la actuación que reclama la parte accionante, sea la de coordinar de previo al cierre del pozo con otras instituciones (en este caso con la ARESEP y con el ICAA), con el fin de hallar una solución al problema de suministro de agua en el complejo residencial. El promovente lo que sugiere en el fondo, a través de este alegato, es que el MINAE debía suspender indefinidamente el cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa (y perpetuar el uso y funcionamiento de un pozo construido ilegalmente), hasta que alguna de esas dos instituciones, principalmente el ICAA, resolviera totalmente la situación en la que se encontraron y encuentran actualmente los vecinos del citado residencial, por motivos, al parecer, ajenos a la administración pública, lo cual sin embargo, no resulta plausible en criterio de este órgano constitucional, ya que el deber de este ministerio era velar por el cierre del pozo y no otro. Esto, pues como se ha dicho, la Dirección de Agua del MINAE no ha intervenido, en ningún momento, como prestador del servicio de agua potable en los inmuebles bajo estudio.

En todo caso, como ya también se dijo, en este asunto consta que desde al menos el año 2016, sea, cuatro años antes de emitido el oficio en cuestión No. DA-UHTPCOSJ-2123-20, el ICAA conocía del caso bajo estudio –pues así le fue puesto en conocimiento por miembros de [...]–, sin que, en ese momento, se haya logrado concretar una solución. Además, se acreditó que dos años más tarde, sea, en septiembre de 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA una solicitud formal para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional, lo cual, sin embargo, no se pudo realizar ante la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto de parte de los interesados. Por ende, en este asunto se ha verificado fehacientemente que si bien el MINAE al emitir el acto administrativo bajo estudio no realizó esa coordinación previa pretendida por el accionante (la cual, como se dijo, en todo caso no le es impuesta por el ordenamiento jurídico), lo cierto es que para entonces el ICAA conocía el problema bajo estudio y ya había emitido criterio sobre cómo se podría resolver la situación (tema último que se retomará con detenimiento en el siguiente apartado).

D. Sobre la supuesta omisión del ICAA en solventar la situación relacionada con el suministro de agua potable en el complejo residencial. Contrario a lo acusado por el recurrente, este Tribunal Constitucional no considera que a las autoridades del ICAA se les pueda imputar o atribución alguna actuación u omisión arbitraria de su parte en este asunto, que haya atentado en contra de los derechos fundamentales de los habitantes de Quintas Residenciales La Ceiba. Debe observarse que, en este asunto, como ya se adelantó, consta que los interesados (vecinos de dicho residencial), han acudido en dos ocasiones ante esta institución y que, si bien esta no ha asumido el acueducto y, consiguientemente, el suministro de agua potable en dicho complejo residencial, esto se debe a una importante razón, y es que los primeros no han cumplido una serie de requisitos y aspectos técnicos que les fueron notificados y puestos en conocimiento desde hace varios años.

En concreto, se determinó que, en el año 2016, algunos miembros de [...] se reunieron con dos ingenieros del ICAA para proponerles asumir el acueducto del complejo residencial. En esta ocasión, según se acreditó también, dichos funcionarios solicitaron el cumplimiento de varios requisitos para tal efecto (v.gr. información detallada de la prueba de bombeo, la cantidad de agua que daba el pozo, análisis de calidad de agua, el plano de la finca donde está el pozo y posible servidumbre, etc.). Asimismo, se verificó que, tiempo después, en septiembre del año 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA una solicitud formal para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional. Dicha solicitud fue trasladada por la Junta Directiva del ICAA a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados del ICAA, producto de lo cual se emitió el informe No. GSP-RPC-2018-00586 de fecha 16 de octubre de 2018, llamado Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, suscrito por un funcionario de la Región Pacífico Central del ICAA y en el cual se indicó que, para acceder a la pretensión del gestionante, se debían cumplir una serie de requisitos, entre estos, lo siguientes:

“(…) 1. Visado de la segregación de la finca, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y en los artículos 11.2.1 y 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, estos últimos cinco artículos en lo correspondiente a parcelamiento agrícola; como excepcionalidad, requiriendo para ello el visado del INVU. Todo lo anterior para que la prestación del servicio sea legal, ambiental y técnicamente factible.

2. El servicio a suministrar debe ser adecuado en cuanto a calidad, cantidad y continuidad, por lo que la infraestructura lo debe permitir, así como un remanente para crecimiento vegetativo de la zona.

3. Las calles internas del proyecto deben ser calles públicas o servidumbres agrícolas, debiendo estar inscritas las primeras como tales dentro de la red vial cantonal de Orotina, mientras las segundas como servidumbres de paso y acueducto a favor del AyA, que permitan la libre circulación por ellas, así como la posibilidad de instalación de infraestructura.

4. La red de distribución existente debe ser evaluada en cuanto a sus características como diámetro, material, cédula, instalación y cualquier otro elemento que debe ser considerado para su posible aceptación, o en su defecto, que deba ser sustituido. Estas tuberías deben cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial.

5. Tal y como lo establece la solicitud, la infraestructura requerida debe ser completa, incluyendo el pozo totalmente equipado y con la protección necesaria, las áreas de protección que establezca el estudio hidrogeológico, prueba de bombeo de 72 horas, lo cual es necesario realizar, y toda la información disponible y por obtener de él. Así mismo debe incluir el sistema de desinfección, tuberías de impulsión, tanque de almacenamiento y red de distribución.

6. Toda la infraestructura a construir y/o existente debe ser aprobada por el AyA, de acuerdo a la normativa establecida.

7. Definir las características del desarrollo, esto es, si es de tipo turístico, habitacional, agrícola u otro.

8. Los aspectos de la instalación de la micromedición (hidrómetros) o su suministro deberá ser definido por los interesados (…)”.

Todos estos requisitos, según se informó por parte de las autoridades del ICAA e, incluso, así lo reconoció el propio accionante en el escrito de interposición de este amparo, no habían podido ser cumplidos, por lo que, consecuentemente, dicho instituto no había podido tomar el acueducto y suministrar el servicio de agua potable, según lo pretendido.

De este modo, se colige fácilmente que las autoridades del ICAA no se han negado, en ningún momento, de forma infundada o arbitraria a prestar el servicio bajo estudio, según los términos en que lo hace ver o expone el tutelado ante esta jurisdicción constitucional. Lo que sucede en este asunto es que el ICAA, de previo a realizar la actuación pretendida, requiere que se cumplan una serie de requisitos en apego a lo estipulado en el ordenamiento jurídico, sin que sea posible para este caso en particular, realizar una ilegal excepción, y brindar el servicio en el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, tal y como pareciera así lo quiere el recurrente. Nótese que, esta Sala, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la prestación del servicio de suministro de agua potable se puede válidamente denegar cuando no se han cumplido los requisitos estipulados al efecto. Así, en el Voto No. 2009-9936 de las 14:08 hrs. de 19 de junio de 2009, se indicó lo siguiente:

“(…) De tal forma, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento, por lo que se reconoce la posibilidad de limitar el otorgamiento de nuevas pajas de agua con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación del servicio público de suministro de agua potable a los actuales usuarios y domicilios que reciben dicho servicio –ver sentencias números 2007-17475, de las once horas cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil siete, y 2008-11390, de las once horas veintinueve minutos del veintidós de julio de dos mil ocho-. En este sentido, en sentencia número 2006-1898, de las nueve horas cincuenta y tres minutos del diecisiete de febrero de dos mil seis –reiterada, entre otras, por sentencia número 2007-13310, de las diez horas cincuenta y siete minutos del catorce de setiembre de dos mil siete- estableció la Sala que:

“El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable.

De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. A lo anterior cabe agregar que con base en el artículo 33 del Reglamento referido, la falta de un título de propiedad no parece ser un obstáculo para solicitar la conexión de un servicio nuevo de agua potable, en tanto se cumplan los requerimientos que indica esa norma.

En todo caso, se encuentra acreditado también que aunque no se ha suministrado el servicio regular de agua potable, el recurrente y demás vecinos cuentan con fuente pública que el Instituto instaló para que puedan abastecerse, para sus necesidades básicas. De ahí que considere este Tribunal que ha sido la propia omisión del recurrente y de los vecinos de la localidad, quienes no acreditan haber presentado las solicitudes para la instalación de un servicio nuevo de agua potable en la comunidad donde habitan, la que ha impedido que se valore su situación a efectos de determinar si, cumpliendo, sobre todo los requerimientos del artículo 33 del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, las limitaciones de infraestructura pueden ser superadas en su caso y se les puede proveer de un servicio regular de agua potable.” Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.

Por su parte, en la Sentencia No. 2018-7781 de las 09:15 hrs. de 18 de mayo de 2018, esta Sala señaló:

“(…) III.- SOBRE LA DENEGATORIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. Esta Sala ha considerado que, si bien, existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, de forma que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad. En concreto, esta Sala ha reconocido que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas que así lo justifiquen. En sentencia número 2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009, reiterada en la sentencia No. 2016-005382 de las 9:05 horas de 22 de abril de 2016, esta Sala resolvió lo siguiente:

“(...) Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.

Concomitantemente, resulta menester traer a colación lo informado sobre el particular y bajo juramento por el Subgerente de Sistemas Periféricos del ICAA, sea, lo siguiente:

“(…) toda la información requerida por el AyA, plasmada en el informe técnico, son requerimientos esenciales para concretar la administración del acueducto por parte del AyA, por ende la Institución ha mostrado su anuencia en solventar las necesidades de abastecimiento de la comunidad, en el tanto se brinde la información solicitada, se realicen las mejoras que la parte técnica institucional determine y se defina la condición de acceso a los inmuebles y su respectivas inscripciones, todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en el cuerpo normativo, que rige las condiciones a las que se obliga el Instituto con el usuario y los requisitos necesarios para la prestación del servicio, se encuentran en el Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, en el Artículo 7 (…)” (El subrayado no forma parte del original).

Además, esta autoridad sostuvo que:

“(…) si el recurrente aporta la información solicitada en el informe realizado por la Dirección de Operación y Mantenimiento desde octubre del 2018, para determinar las condiciones actuales del sistema, accesos y posteriormente realizar las mejoras indicadas por el área técnica institucional, se puede asumir el acueducto y solucionar las condiciones actuales del recurso hídrico, de los pobladores de Quinta La Ceiba (…)”. (El subrayado no forma parte del original).

Así las cosas, en este asunto se tiene por acreditado que las autoridades del ICAA no han dejado desamparados a los vecinos del referido residencial, habida cuenta que les han propuesto un proyecto para asumir el acueducto y proveerles el servicio de agua potable desde hace varios años, siendo que, si esto no se ha concretado, ha sido porque los segundos no han cumplido con los requisitos exigidos y puestos en su conocimiento.

E. En cuanto a la pretensión del recurrente para que las empresas relacionadas con el complejo residencial asuman su responsabilidad en este caso. Finalmente, resulta menester señalarle al recurrente que la pretensión dirigida a que las empresas involucradas en este asunto (principalmente, la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.), se hagan responsables de asumir la situación bajo estudio y brinden una solución en cuanto a la provisión del servicio de agua potable en el mencionado residencial, deberá ser planteada, si a bien lo tiene, ante las vías ordinarias de legalidad creadas especialmente al efecto. Nótese que escapa del ámbito de competencias de este Tribunal Constitucional, por tratarse de un tema de mera y pura legalidad, analizar por el fondo el caso bajo estudio, específicamente, los acuerdos a los que llegaron los propietarios de los inmuebles que forman parte del citado residencial con la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A. (o con algún otro sujeto de derecho privado), al momento de comprar las quintas y todos aquellos puntuales aspectos relacionados propiamente con la prestación del servicio de agua en el sitio y, concomitantemente, determinar, si esta sociedad u otra deben asumir o no algún tipo de responsabilidad en la situación y caso acá expuesto.

No resulta material ni razonablemente posible entrar a un complicado y lento sistema probatorio para dilucidar los referidos aspectos señalados por la parte tutelada. Por ende, como ya se dijo, este agravio en particular debe ser planteado ante las respectivas vías ordinarias de legalidad, por cuanto claramente excede el carácter sumario del recurso de amparo, así como la competencia de este Tribunal otorgada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la propia Constitución Política.

* En mérito de lo expuesto, al no advertirse, en la especie, que las autoridades recurridas hayan cometido violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente y del resto de propietarios del proyecto Quintas Residenciales La Ceiba, lo que procede es desestimar el presente proceso de amparo.

VI.Ahora bien, pese a lo dicho supra, resulta menester indicarles a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que, en el momento que los propietarios de los inmuebles que conforman el proyecto Quintas Residenciales La Ceiba cumplan con todos los requisitos técnicos y legales que le han sido exigidos, se resuelva lo que en derecho corresponda; siempre que otra causa ajena a la examinada en el sub lite no lo impida.

VII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de lo dispuesto en el considerando VI de la presente sentencia.

Nombre290 V.

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Nombre319 V.

Nombre8889 G.

Jose Roberto Garita N.

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