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Res. 25091-2023 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 06/10/2023
OutcomeResultado
The amparo action is denied; no fundamental rights violation was found and the ICAA is ordered to resolve the matter lawfully once the requirements are met.Se declara sin lugar el recurso de amparo; no se encontró violación a los derechos fundamentales y se ordena al ICAA resolver conforme a derecho cuando se cumplan los requisitos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denies the amparo action brought by the neighborhood association of Quintas La Ceiba Tierra Dorada against the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the Water and Sewer Institute (ICAA). The petitioners claimed that MINAE's Water Directorate ordered the closure and sealing of a well serving 100 families in Orotina without due process or prior consultation with other institutions, violating their right to potable water during the COVID-19 pandemic. The Chamber held that the well operated illegally, lacking the drilling permits and water concession required by Executive Decree 35884-MINAE. The closure order was properly notified only to the property owner (Ganadera La Ceiba S.A.) under the regulation, with no obligation to notify residents, as MINAE was not the service provider. Furthermore, the order was never executed, and the ICAA has not been negligent because the residents have not fulfilled the technical requirements for it to take over the aqueduct. The amparo is denied, with a reminder to the ICAA to resolve the matter legally once the property owners meet the requirements.La Sala Constitucional rechaza el recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Vecinos de Quintas La Ceiba Tierra Dorada contra el MINAE y el ICAA. Los recurrentes alegaban que la Dirección de Agua del MINAE ordenó el cierre y sellado de un pozo que abastecía a 100 familias en Orotina, sin debido proceso ni consulta a otras instituciones, violentando su derecho al agua potable durante la pandemia de COVID-19. La Sala concluye que el pozo operaba ilegalmente, sin los permisos de perforación ni concesión de agua exigidos por el Decreto Ejecutivo 35884-MINAE. La orden de cierre se notificó únicamente a la propietaria del inmueble (Ganadera La Ceiba S.A.), conforme al reglamento, sin obligación de notificar a los vecinos, ya que el MINAE no era el proveedor del servicio. Además, la orden nunca se ejecutó y el ICAA no ha incurrido en omisión, pues los vecinos no han cumplido los requisitos técnicos para que asuma el acueducto. Se declara sin lugar el amparo, con la advertencia al ICAA de resolver conforme a derecho una vez que los propietarios cumplan los requisitos exigidos.
Key excerptExtracto clave
In this matter, it has been demonstrated with utmost clarity that the owners of the properties located in the aforementioned residential complex have been supplied with water service —apparently as arranged by the developer Ganadera La Ceiba S.A.— through an illegally constructed well, meaning that permits were never processed or timely requested, and therefore it is not duly registered with MINAE's Water Directorate as required by the legal system (Executive Decree No. 35884-MINAE, Regulation for Subsoil Drilling for Exploration and Use of Groundwater); hence, its closure was sought. In parallel to the above, it must be clear in this case that MINAE's Water Directorate is not and does not act as the provider of potable water service in the residential complex under study. It has never entered into any relationship of that nature with any of the owners of the 100 properties referenced by the petitioner; in fact, it lacks any competence in this regard under our legal system. Consequently, it cannot be held to an obligation to notify each of these owners (as alleged beneficiaries of the water supply service) of the provisions of the cited order DA-UHTPCOSJ-2123-20. By virtue of the foregoing, since this Chamber finds no violation of the fundamental rights of the petitioner or the other owners of the Quintas Residenciales La Ceiba project, it is appropriate to dismiss this amparo action.En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua –al parecer presuntamente por así haber sido dispuesto por la citada empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.–, a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos y que, por ende, no se encuentra debidamente registrado ante la Dirección de Agua del MINAE, tal y como lo dispone el ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); de ahí que, se haya procurado su cierre. Paralelamente a lo anterior, debe tenerse claro en este asunto que la Dirección de Agua del MINAE no es o figura como el proveedor de servicio de agua potable en el complejo residencial bajo estudio. En ningún momento ha suscrito alguna especie de relación por ese concepto con ninguno de los propietarios de las 100 fincas a las que hace referencia el tutelado; de hecho, no tiene competencia alguna al respecto dotada por nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, no podría imputársele a esta dirección la obligación de notificarle a cada uno de estos propietarios (en presunta calidad de beneficiarios del servicio de suministro de agua), lo dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20. En mérito de lo expuesto, al no advertirse, en la especie, que las autoridades recurridas hayan cometido violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente y del resto de propietarios del proyecto Quintas Residenciales La Ceiba, lo que procede es desestimar el presente proceso de amparo.
Pull quotesCitas destacadas
"En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua... a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos y que, por ende, no se encuentra debidamente registrado ante la Dirección de Agua del MINAE."
"In this matter, it has been demonstrated with utmost clarity that the owners of the properties... have been supplied with water service through an illegally constructed well, meaning that permits were never processed or timely requested, and therefore it is not duly registered with MINAE's Water Directorate."
Considerando V.A
"En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua... a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos y que, por ende, no se encuentra debidamente registrado ante la Dirección de Agua del MINAE."
Considerando V.A
"La Dirección de Agua del MINAE no es o figura como el proveedor de servicio de agua potable en el complejo residencial bajo estudio. [...] no podría imputársele a esta dirección la obligación de notificarle a cada uno de estos propietarios [...] lo dispuesto en el citado oficio."
"MINAE's Water Directorate is not and does not act as the provider of potable water service in the residential complex under study. [...] it cannot be held to an obligation to notify each of these owners of the provisions of the cited order."
Considerando V.B
"La Dirección de Agua del MINAE no es o figura como el proveedor de servicio de agua potable en el complejo residencial bajo estudio. [...] no podría imputársele a esta dirección la obligación de notificarle a cada uno de estos propietarios [...] lo dispuesto en el citado oficio."
Considerando V.B
"Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro."
"It is thus understood that while there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the material possibility of supply."
Considerando V.D
"Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro."
Considerando V.D
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Date of Resolution: October 6, 2023 at 09:27 Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Relevance Indicators Relevant ruling Ruling with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Strategic Themes: Economic, social, cultural, and environmental rights Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: PUBLIC SERVICES Subtopics:
DRINKING WATER.
Telf5743. PUBLIC SERVICES. THE CLOSURE OF A WELL IN A RESIDENTIAL DEVELOPMENT OF COUNTRY ESTATES IN OROTINA, WHICH SUPPLIES WATER TO THE NEIGHBORS, IS CHALLENGED FOR LACK OF DUE PROCESS. DECLARED WITHOUT MERIT, SINCE THE PERMITS WERE NOT IN ORDER; NONETHELESS, IT IS ADVISED THAT, ONCE THE REQUIREMENTS ARE MET, THE MATTER BE RESOLVED AS LEGALLY APPROPRIATE. VCG10/2023 “(…) V.- SPECIFIC CASE. The appellant comes before this Sala Constitucional and indicates that he serves as President of [...]. He states that 23 years ago the project called Quintas Residenciales La Ceiba was developed, which consists of country estates (quintas) of approximately 7,000 square meters each and has a total of 100 farms (fincas) registered as agricultural properties.
He indicates that the developer of that project was the company Ganadera La Ceiba S.A., which provided the buyers with cadastral plans that complied with the specifications for agricultural properties and with potable water service. He explains that, at the time of the sale of the properties, the developer guaranteed the provision of potable water service through an aqueduct belonging to the same company, for which each parcel had its respective meter. He points out that initially the service was provided privately by the same selling company (Ganadera La Ceiba S.A.), through a related company called SERINCON S.A., which was in charge of billing for the service. He states that SERICON S.A. has supplied the potable water service since 1997. Starting in 2017, the deposits for payment of the water supply have been made to another company called TYRICA S.A., also related to Ganadera La Ceiba S.A..
He explains that, at that time, they assumed everything was in order and that the service was legally provided. However, the appellant indicates that at one point there was an excessive increase in the charge for potable water service, so they made inquiries to the ICAA and ARESEP, as a result of which they learned that the water supply was not in legal compliance, because the well that supplied said liquid was not registered with MINAE. He narrates that, faced with this situation, they contacted the ICAA for it to take over the aqueduct, and despite efforts made with this institution since 2016, a concrete solution to the problem has not been achieved. He states that the greatest difficulty revolves around the level of works and conditions imposed by the ICAA for receiving the well and the facilities to provide the service, which must be paid for by the neighbors.
He adds that a neighbor filed a complaint with MINAE regarding the high cost of the potable water service, which led to the issuance of official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, which referenced the illegality of the cited well and ordered its closure within one month.
He argues that MINAE ordered the closure of that well abruptly, without granting a prior hearing to all the neighbors of the residential complex (since only the offending company was notified) and without carrying out a proper procedure, thus leaving everyone defenseless. He asserts that the referred neighbors learned of what happened from third parties.
He contends that they were also not given a prior hearing, nor were the authorities of the ICAA and ARESEP consulted, as a means of seeking a solution to the situation. All this, despite the fact that the national emergency for COVID-19 was in full force at the time of the closure, which, in his opinion, makes having potable water service essential.
He adds that even though the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the body that must carry out and promote planning, financing, and development, as well as resolve everything related to the supply of potable water in the country, the pertinent actions have not been taken to provide a solution to the 100 families that have been affected by the closure of the well and the suspension of water service in their homes. He states that the ICAA cannot remain on the sidelines of the necessary procedures to be carried out to provide the community with potable water supply, and therefore its assistance in this solution is necessary; assistance that should have been sought by MINAE itself before ordering the closure of the well.
On the other hand, he reiterates that the developer, when putting the farms up for sale, offered the provision of potable water service, a factor that influenced people's decision to purchase the properties. He indicates that the three aforementioned companies are the ones that have control over and administration of said well, as well as being in charge of hydrometer readings, issuing bills, and charging for the water service, which is why he believes it is necessary for them to participate in the procedure for transferring the aqueduct to the ICAA. In that same sense, he considers that they must coordinate with MINAE and the ICAA on the pertinent matters so that the requirements demanded for said institute to assume administration of the community's aqueduct are met.
He maintains, then, that in this case the right of access to potable water, as well as his rights to a defense and due process, were violated. Consequently, he requests that this amparo be granted and, among other aspects, that the order for closure of the well set forth in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, issued by the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua of MINAE, be annulled. Furthermore, that the ICAA be ordered to immediately intervene to guarantee the regular supply of potable water to the neighbors, carrying out the necessary procedures and works.
Having seen the foregoing, this Sala observes that the appellant files this amparo directed in the following senses: a) that through official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, from the Dirección de Agua of MINAE, the closure was ordered of the well that supplies the residential complex, where 100 families live, in clear violation of the right of access to potable water and despite the COVID-19 pandemic being in force; b) that said decision was taken without notifying or granting a prior hearing to the 100 families that own the mentioned country estates (quintas) and, therefore, without respecting due process; c) that prior to issuing the referred order, no consultation was made with the ICAA or ARESEP, in order to find a solution to the referred problem; d) that the authorities of the ICAA, despite the efforts made to them, have not provided a solution to the situation; and e) that the private entities involved in this matter must take responsibility and resolve the exposed problem.
Now then, having analyzed the grievances expressed by the appellant, the reports rendered under the solemnity of oath by the respondent authorities, as well as all the evidence submitted to the case file, this Constitutional Court does not consider that there is any merit whatsoever to grant this amparo and, concomitantly, the claims raised by the protected party. The foregoing, for the reasons that will be set forth below.
A. Regarding what is set forth in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 and the need to provide potable water during the COVID-19 pandemic. Firstly, it is necessary to point out that, in this particular case, this Sala does not observe, in any way, that the action challenged by the appellant, namely the closure and sealing of the well located on farm (finca) No. 377663-000 (owned by Ganadera La Ceiba S.A.) and which has supplied the project called Quintas Residenciales La Ceiba for several years, can be considered arbitrary or unfounded. In this matter, it has been demonstrated, with crystal clarity, that the owners of the farms (fincas) located in the cited residential complex have been supplied with water service –apparently presumably because it was so arranged by the cited developer company Ganadera La Ceiba S.A.– through a well built illegally, that is, one for which the respective permits were not processed or requested in a timely manner and which, therefore, is not duly registered with the Dirección de Agua of MINAE, as established by the legal system (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); hence, its closure was sought. Note that this last regulatory body, in its article 28, establishes the following:
“On the criteria for well closure. The Dirección de Agua of MINAET shall order the closure of a well under the following conditions:
The foregoing, therefore, clearly supports the action of the Dirección de Agua of MINAE, specifically, what is set forth in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, challenged by the petitioner, in his capacity as President of [...]. An official letter which, furthermore, it is worth noting, punctually indicates all the legal and factual grounds that justify the closure in question, among which are, mainly, as stated, the operation of the well illegally and its use for human consumption and not as a drinking trough for 20 head of cattle, as was indicated and requested years later, specifically in March 2020, when a petition was filed by the referred company to legalize the well, pursuant to the provisions of Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG of July 18, 2019, called Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas (last procedure processed under expediente No. [Value 003]). This being so, it is evident that the owners of the farms (fincas) located in the cited residential complex have been supplied with water irregularly for several years and that the authorities of the Dirección de Agua of MINAE have only sought to regularize and bring that situation into legal compliance as established and required, in turn, by the legal system; hence, from that perspective, it could not be affirmed that the action of closure and sealing of the well in question violates the fundamental right of access to potable water. On the contrary, pursuant to the stipulations of said legal system, such action seeks to protect the water resource.
On the other hand, it must be taken into account that, although the questioned official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 ordered the closure and sealing of the well, the truth is that –as was also accredited–, this order was not executed at that time (that is, the year 2020) nor subsequently by the authorities of the Dirección de Agua of MINAE. Note that, initially, the Director de Aguas of MINAE, through resolution No. DA-1769-2020 of 08:17 hrs. on December 3, 2020 (issued within the referred procedure No. [Value 003]), ordered the suspension of said order until the action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) that had been filed against the provisions of the cited Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG (which allowed for the legalization of irregularly drilled wells) was resolved. Additionally, on that occasion, it was clarified that the registration of the requested well was subject to compliance with the provisions of said regulatory body (Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG) and that this application itself would be resolved when the Sala Constitucional ruled on said constitutionality process. This last action, as was accredited, was resolved and dismissed by this constitutional jurisdiction through Judgment No. 2021-25386 of 13:10 hrs. on November 10, 2021, which, moreover, was notified in the month of March 2022 to all the parties. Later, the authorities of the Dirección de Agua of MINAE, specifically, in the month of July 2022, informed this Sala that, at that time, the application to legalize the well in question was still pending resolution, which would be done once the present amparo process was resolved. This situation, as was recently confirmed (that is, on September 29, 2023), is the one that persists and prevails to date. Furthermore, it was clarified that the well located in the cited project called Quintas Residenciales La Ceiba had not been sealed and that, therefore, the inhabitants of this site continue to use it to supply themselves with water. Consequently, based on the foregoing, it cannot be maintained that the appellant and the rest of the persons who own the referred country estates (quintas) have been left without potable water service, at least, during the years when the COVID-19 pandemic was most prevalent and, consequently, when the supply of this liquid was most necessary to safeguard the fundamental right to health.
B. Regarding the presumed violation of the right to a defense and due process. In this matter, it has been accredited and verified that the well in question is located on a property owned by the company called Ganadera La Ceiba S.A., which was confirmed in an inspection carried out by the authorities of the Dirección de Agua of MINAE in September 2020, and not on a property actually in the name of the protected party Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorada or in the name of any other neighbor in particular. Hence, it is fully justified that the authorities of the Dirección de Agua, on November 4, 2020, notified the referred official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 precisely to the owner or representative of the property where the well was built and operates, since it is this party who –pursuant to the provisions of the already cited Decreto Ejecutivo 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas– was required to proceed with the respective closure and sealing. Note that, on this matter, this last decree establishes in its article 38 the following:
“On the closure of wells. It is the responsibility of the Dirección de Agua of MINAET to indicate the closure and sealing of wells. The costs and expenses of this procedure shall be covered by the owner of the property where the well is located; and subsidiarily by the drilling company that carried out the drilling and the geologist responsible for it, when their involvement in the development of the well is proven. The sealing must be carried out with a metal cap, using waterproof and hermetic material to ensure the non-entry of possible contaminants, and pouring a concrete slab over the drilling site, a notarized record of which must be drawn up, all as set forth in the resolution of the Dirección.” (The underlining is not part of the original).
Parallel to the foregoing, it must be clear in this matter that the Dirección de Agua of MINAE is not, nor does it act as, the provider of potable water service in the residential complex under study. It has never entered into any type of relationship under that concept with any of the owners of the 100 farms (fincas) referred to by the protected party; in fact, it has no competence whatsoever in this regard granted by our legal system. Consequently, the obligation to notify each one of these owners (in their presumed capacity as beneficiaries of the water supply service) of what is set forth in the cited official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 could not be imputed to this directorate. It is evident that the Dirección de Agua limited itself to bringing the use of the well into legal compliance and, from that perspective, its task was limited to notifying the owner of the property where it was located of the closure and sealing order in question, just as was effectively done. Thus, in this case, it is not feasible to affirm that the owners of the cited properties that make up the cited residential complex had their rights to a defense and due process violated.
In any case, it is important to highlight that the appellant himself, in the brief filing this amparo, affirmed that the owners of the properties located in the cited residential complex learned of the closure order in question through other means. Even in the list of evidence provided by the petitioner, there appear some official letters dated November 17, 2020, where it is accredited that a representative of the company Ganadera La Ceiba S.A. notified some owners of the country estates (quintas) of the sealing order set forth in the cited official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020. This being so, it is clear that the owners of the cited properties, prior to the filing of this amparo, did have knowledge of the order for closure of the well that supplied them with water, which, consequently, allowed them to exercise, at that time, the actions they deemed pertinent in order to regularize the situation under study.
In fact, it is important to note that in this matter, it has been fully verified –as the appellant himself has related in the brief filing this process– that the neighbors of the mentioned residential complex had already known, for many years (at least since 2013), of the irregular situation in which they found themselves regarding the provision of water service (given that the well was operating illegally), to the point that, in the years 2016 and 2018, they sought help from the authorities of the ICAA to take over the aqueduct operating on the site. Consequently, it is clear that the closure order issued in September 2020 by the Dirección de Agua could not be considered untimely and arbitrary, according to the terms expressed and alleged before this Court, since it was to be expected that the authorities of MINAE would, sooner or later, act in that manner, following, as has been repeatedly stated, the provisions of our legal system (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE).
C. Concerning the presumed obligation to coordinate previously with ARESEP and the ICAA. Following what was indicated in the previous section, this Sala is of the opinion that the Dirección de Agua of MINAE, pursuant, in turn, to the provisions of the already cited Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE, fulfilled its specific obligation to notify the closure of the well to the owner of the property where it is located, without it being denoted or imposed in that same regulatory body, the obligation to carry out the action claimed by the appellant party, namely, to coordinate prior to the closure of the well with other institutions (in this case with ARESEP and with the ICAA), in order to find a solution to the water supply problem in the residential complex. The petitioner suggests, at bottom, through this argument, that MINAE should indefinitely suspend compliance with the provisions of the cited regulations (and perpetuate the use and operation of an illegally built well), until one of those two institutions, mainly the ICAA, totally resolved the situation in which the neighbors of the cited residential complex found themselves and currently find themselves, for reasons, apparently, unrelated to public administration, which, however, is not plausible in the opinion of this constitutional body, since the duty of this ministry was to oversee the closure of the well and nothing else. This is because, as has been stated, the Dirección de Agua of MINAE has not intervened, at any time, as a provider of potable water service to the properties under study.
In any case, as has also already been stated, in this matter it is recorded that since at least the year 2016, that is, four years before the official letter in question No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 was issued, the ICAA was aware of the case under study –as it was brought to its attention by members of [...]–, without a solution having been achieved at that time. Furthermore, it was accredited that two years later, that is, in September 2018, the appellant presented a formal request to the Junta Directiva of the ICAA for that institution to administer the potable water supply in the referred housing project, which, however, could not be carried out due to the failure of the interested parties to comply with the requirements established for that purpose. Therefore, in this matter, it has been reliably verified that although MINAE, when issuing the administrative act under study, did not carry out that prior coordination sought by the appellant (which, as stated, is in any case not imposed on it by the legal system), the truth is that by then the ICAA knew of the problem under study and had already issued an opinion on how the situation could be resolved (a topic that will be addressed in detail in the following section).
D. Regarding the supposed omission of the ICAA in resolving the situation related to the supply of potable water in the residential complex. Contrary to what was argued by the appellant, this Constitutional Court does not consider that any arbitrary action or omission on the part of the ICAA authorities can be imputed or attributed in this matter, one that has violated the fundamental rights of the inhabitants of Quintas Residenciales La Ceiba. It should be observed that, in this matter, as already anticipated, it is recorded that the interested parties (neighbors of said residential complex) have approached this institution on two occasions and that, although it has not taken over the aqueduct and, consequently, the potable water supply in said residential complex, this is due to an important reason, which is that the former have not complied with a series of requirements and technical aspects that were notified and made known to them several years ago.
Specifically, it was determined that, in the year 2016, some members of [...] met with two engineers from the ICAA to propose that they take over the residential complex's aqueduct. On this occasion, as was also accredited, said officials requested the fulfillment of several requirements for this purpose (e.g., detailed information from the pumping test, the amount of water the well yielded, water quality analysis, the plan of the farm where the well is located and possible easement (servidumbre), etc.). Likewise, it was verified that, some time later, in September 2018, the appellant presented a formal request before the Junta Directiva of the ICAA for that institution to administer the potable water supply in the referred housing project. Said request was transferred by the Junta Directiva of the ICAA to the Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados of the ICAA, as a result of which report No. GSP-RPC-2018-00586 dated October 16, 2018, was issued, called Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, signed by an official of the Región Pacífico Central of the ICAA and in which it was indicated that, to accede to the petitioner's request, a series of requirements had to be met, among them, the following:
“(…) 1. Approval (Visado) of the segregation of the farm (finca), in accordance with the provisions of article 36 of the Ley de Planificación Urbana and articles 11.2.1 and 50, 51, 52, 53, 54, and 55 of the Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, these last five articles regarding agricultural parceling; as an exceptionality, requiring for this the approval (visado) of the INVU. All the foregoing so that the provision of the service is legally, environmentally, and technically feasible.
2. The service to be supplied must be adequate in terms of quality, quantity, and continuity, so the infrastructure must allow for this, as well as a remainder for the vegetative growth of the area.
3. The internal roads of the project must be public roads or agricultural easements (servidumbres agrícolas), with the former needing to be registered as such within the cantonal road network of Orotina, while the latter must be registered as access and aqueduct easements in favor of AyA, allowing free circulation through them, as well as the possibility of installing infrastructure.
4. The existing distribution network must be evaluated regarding its characteristics such as diameter, material, specification, installation, and any other element that must be considered for its possible acceptance, or failing that, which must be replaced. These pipes must comply with the Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial.
5. As established by the request, the required infrastructure must be complete, including the fully equipped well with the necessary protection, the protection areas established by the hydrogeological study, a 72-hour pumping test, which is necessary to perform, and all the information available and to be obtained from it. Likewise, it must include the disinfection system, impulsion pipes, storage tank, and distribution network.
6. All infrastructure to be built and/or existing must be approved by AyA, in accordance with the established regulations.
7. Define the characteristics of the development, that is, if it is for tourism, residential, agricultural, or other use.
8. The aspects of the installation of micro-metering (hydrometers) or their supply must be defined by the interested parties (…)”.
All these requirements, according to what was reported by the authorities of the ICAA and, even, as acknowledged by the appellant himself in the brief filing this amparo, could not be complied with, and consequently, said institute could not take over the aqueduct and supply the potable water service, as was sought.
In this way, it is easily inferred that the authorities of the ICAA have not refused, at any time, in an unfounded or arbitrary manner, to provide the service under study, in the terms in which the protected party makes it seem or presents it before this constitutional jurisdiction. What happens in this matter is that the ICAA, prior to carrying out the action sought, requires that a series of requirements be met in compliance with what is stipulated in the legal system, without it being possible for this particular case, to make an illegal exception, and provide the service in the project called Quintas Residenciales La Ceiba, as it would seem the appellant wants. Note that this Sala, on repeated occasions, has indicated that the provision of potable water supply service can be validly denied when the stipulated requirements have not been met. Thus, in Voto No. 2009-9936 of 14:08 hrs. on June 19, 2009, the following was indicated:
“(…) Thus, this character of a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the administration can validly establish general requirements that must necessarily be met by each applicant to assess their particular request, thus recognizing the possibility of limiting the granting of new water connections (pajas de agua) with the purpose of ensuring the continuity of the provision of the public utility service of potable water supply to the current users and homes that receive said service –see rulings numbers 2007-17475, of eleven hours and five minutes of November thirtieth, two thousand seven, and 2008-11390, of eleven hours and twenty-nine minutes of July twenty-second, two thousand eight-. In this sense, in ruling number 2006-1898, of nine hours and fifty-three minutes of February seventeenth, two thousand six –reiterated, among others, by ruling number 2007-13310, of ten hours and fifty-seven minutes of September fourteenth, two thousand seven– the Sala established that:
“The appellant alleges (…) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with potable water service, arguing that it is a slum (precario) and that its inhabitants do not have a segregation plan establishing that they are owners of the properties.
In this regard, it is accredited in the case file, based on the report rendered under oath by the appealed authority, that there is an impossibility to install domiciliary potable water services in the community where the appellant lives for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the failure to submit applications complying with legal requirements by the interested parties (...). This Chamber, in judgment No. 2004-12185 of 13:31 hours on October 29, 2004, in a case similar to the present one, indicated that it was not possible to compel the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to circumvent the provisions of its Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes or the Ley General de Agua Potable. Hence, as long as the protected party does not meet the conditions and requirements demanded therein, even though potable water service must be within reach of every person because it is an essential service, it cannot be provided to him on a regular basis. Given the existence of those two objective reasons for which it is not possible to supply regular potable water service to the claimant: his failure to fulfill the requirements for connecting a new service, starting with the submission of the application and the existence of adequate infrastructure in the area, there is no reason whatsoever to understand that the denial of the regular service provision by the appealed Instituto is due to the fact that the protected party and his neighbors do not hold property titles (títulos de propiedad) over the real estate they possess. To the above, it must be added that based on Article 33 of the referenced Reglamento, the lack of a property title does not appear to be an obstacle to requesting the connection of a new potable water service, as long as the requirements indicated in that regulation are met. In any case, it is also accredited that even though regular potable water service has not been supplied, the appellant and the other neighbors have a public source (fuente pública) that the Instituto installed so they can supply themselves for their basic needs. Hence, this Court considers that it has been the very omission of the appellant and the residents of the locality, who do not prove having submitted the applications for the installation of a new potable water service in the community where they live, which has prevented their situation from being assessed for the purpose of determining whether, by complying, above all, with the requirements of Article 33 of the Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, the infrastructure limitations can be overcome in their case and they can be provided with regular potable water service." It is understood, then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to the fulfillment of the requirements established for its granting and to the material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the potable water service, a situation which determines that the administration has no obligation to provide the potable water service if there are technical reasons that advise against it or make it impossible, and it must adequately inform the petitioner of the reasons why his request cannot be addressed (...)".
For its part, in Judgment No. 2018-7781 of 09:15 hrs. on May 18, 2018, this Chamber stated:
"(...) III.- ON THE DENIAL OF POTABLE WATER SERVICE. This Chamber has considered that, although there is a fundamental right to potable water, its exercise is not indiscriminate, in such a way that there is an obligation on the entities that provide that service to provide it under any condition and opportunity. Specifically, this Chamber has recognized that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the municipalities, or the associations administering aqueducts and sewerage (asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados), may deny the availability of potable water if there are technical reasons that so justify it. In judgment number 2009-003825 of 16:49 hours on March 10, 2009, reiterated in judgment No. 2016-005382 of 9:05 hours on April 22, 2016, this Chamber resolved the following:
"It is understood, then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to the fulfillment of the requirements established for its granting and to the material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the potable water service, a situation which determines that the administration has no obligation to provide the potable water service if there are technical reasons that advise against it or make it impossible, and it must adequately inform the petitioner of the reasons why his request cannot be addressed (...)".
Concomitantly, it is necessary to bring forward what was reported on the matter and under oath by the Deputy Manager of Peripheral Systems of the ICAA, namely, the following:
"(...) all the information required by the AyA, set forth in the technical report, are essential requirements to concretize the administration of the aqueduct (acueducto) by the AyA, therefore the Institution has shown its willingness to solve the supply needs of the community, as long as the requested information is provided, the improvements determined by the institutional technical area are carried out, and the condition of access to the properties and their respective registrations is defined, all of the above in accordance with what is established in the regulatory body, which governs the conditions to which the Instituto obligates itself with the user and the necessary requirements for the provision of the service, are found in the Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, in Article 7 (...)" (The underlining is not part of the original).
Furthermore, this authority maintained that:
"(...) if the appellant provides the information requested in the report prepared by the Dirección de Operación y Mantenimiento since October 2018, to determine the current conditions of the system, accesses and subsequently carry out the improvements indicated by the institutional technical area, the aqueduct can be assumed and the current conditions of the water resource (recurso hídrico) of the residents of Quinta La Ceiba can be resolved (...)". (The underlining is not part of the original).
Thus, in this matter, it is considered accredited that the ICAA authorities have not left the residents of the aforementioned residential complex helpless, given that they have proposed to them a project to assume the aqueduct and provide them with potable water service for several years, and that, if this has not materialized, it has been because the latter have not complied with the requirements demanded and brought to their knowledge.
E. Regarding the appellant's claim that the companies related to the residential complex assume their responsibility in this case. Finally, it is necessary to point out to the appellant that the claim aimed at having the companies involved in this matter (mainly, the developer company Ganadera La Ceiba S.A.) take responsibility for assuming the situation under study and provide a solution regarding the provision of potable water service in the aforementioned residential complex, must be brought, if he sees fit, before the ordinary legal channels created specifically for that purpose. Note that it falls outside the scope of competence of this Constitutional Court, as it is a matter of mere and pure legality, to analyze the merits of the case under study, specifically, the agreements reached between the owners of the properties that form part of the cited residential complex and the developer company Ganadera La Ceiba S.A. (or with any other private law subject), at the time of purchasing the quintas and all those specific aspects properly related to the provision of water service at the site and, concomitantly, to determine whether this company or another must or must not assume any type of responsibility in the situation and case presented here. It is not materially or reasonably possible to enter into a complicated and slow evidentiary system to elucidate the aforementioned aspects indicated by the protected party. Therefore, as already stated, this particular grievance must be brought before the respective ordinary legal channels, since it clearly exceeds the summary nature of the amparo remedy (recurso de amparo), as well as the competence of this Court granted by the Ley de la Jurisdicción Constitucional and the Political Constitution itself.
*** By virtue of the foregoing, since it is not observed, in the present case, that the appealed authorities have committed any violation of the fundamental rights of the appellant and the rest of the owners of the Quintas Residenciales La Ceiba project, the appropriate course is to dismiss this amparo proceeding.
VI.- Now then, despite what was stated supra, it is necessary to indicate to the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that, when the owners of the properties that make up the Quintas Residenciales La Ceiba project comply with all the technical and legal requirements that have been demanded of them, what corresponds in law be resolved; provided that another cause unrelated to that examined in the sub lite does not prevent it. (...)" ... See more Other References: REFERS TO ACTION 19-017936-0007-CO Related Judgments Content of Interest:
Content type: Majority vote Branch of Law: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Topic: 033- Active standing Subtopics:
NOT APPLICABLE.
ARTICLE 33 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
"(...) I.- ON THE REQUEST FOR ACTIVE JOINDER. By brief filed on December 4, 2020, Wendy Simpson Roberts, in her capacity as president with powers of generalísimo attorney-in-fact without limit of sum of Ganadera La Ceiba S.A., requested that said company be considered as an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this proceeding. She affirms that the action of the MINAE set forth in official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020 violates the right of access to potable water of the families living in the Quintas La Ceiba residential complex. Likewise, she states that the decision set forth therein was taken without granting a prior hearing. Consequently, she requests that the remedy be granted and that the closure order issued through official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020, issued by the officials of the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua of the MINAE, be annulled. Furthermore, that the ICAA be ordered to guarantee the neighbors a regular supply of potable water.
On this matter, numeral 34, paragraph 3, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, stipulates that whoever possesses a legitimate interest in the proceeding may intervene, whether in an active or passive role, as a coadjuvant. Consequently, by virtue of the provisions in the procedural rule indicated supra and what was stated by the aforementioned intervenor, the referenced joinder is admissible. (...)" VCG10/2023 ... See more Res. No. PHO7951 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty-seven minutes on October sixth, two thousand twenty-three.
Amparo remedy filed by [Name317 001], identity card [CED168 ], on behalf of [...], legal identification [Value CED185], against EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) and EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA).
WHEREAS:
1.- By brief filed with the Chamber on November 20, 2020, the appellant files an amparo remedy and states that he appears as President of [...]. He explains that 23 years ago the project called Quintas Residenciales La Ceiba was developed, which is composed of quintas of approximately 7,000 square meters each and has a total of 100 farms registered as agricultural properties. He indicates that the developer was the company Ganadera La Ceiba S.A., which delivered to the buyers the cadastral plans that complied with the specifications of agricultural properties and with potable water service. He relates that currently all the farms have public electricity and telephone services supplied by the Instituto Costarricense de Electricidad. He explains that, at the time of the sale of the properties, the developer guaranteed the provision of potable water service through an aqueduct of the same company, for which each parcel had the respective meter. He points out that initially the service was provided privately by the same selling company (Ganadera La Ceiba S.A.), through a related company called SERINCON S.A., which was in charge of billing for the service. He relates that SERICON S.A. has supplied the potable water service since 1997. Starting in 2017, the payment deposits for the water supply are made to another company called TYRICA S.A., also related to Ganadera La Ceiba S.A.. He explains that, at that time, they presumed that everything was in order and that the service was being provided legally. He states that, faced with the excessive increase in the billing for the potable water service, inquiries were made to the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) and to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). He notes that at that moment they became aware that the water supply service was not in accordance with the law and, even, that it was not authorized by such authorities. He maintains that they found out that the well was not registered with the Ministerio del Ambiente y Energía. Faced with such a situation, he indicates that they contacted the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, with the aim of ensuring that the provision of the water service was in accordance with the law, having the supposed support of Ganadera La Ceiba, SERICON S.A. and TYRICA S.A.. He adds that, since 2016, several efforts have been made before the ICAA, but, as of the date of coming to this Chamber, a concrete solution to the problem has not been achieved. He explains that the greatest difficulty revolves around the level of works and conditions imposed by the ICAA to receive the well and the facilities to provide the service, which must be paid for by the neighbors. He narrates that recently, following a complaint filed by a neighbor about the high cost of the service, the MINAE, specifically, the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua, conducted a study of the well's situation and by official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, concluded that: in the development in question there are 100 properties located in La Ceiba de Orotina, a place that has a drilled well, a control house, a tank, and buried piping for the distribution of water to the properties. Furthermore, that on March 20, 2020, a concession application was submitted by Ganadera La Ceiba Sociedad Anónima, for the amnesty process for unnumbered wells, according to Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG, file No. 20209PA. That the requested use for the well is a watering hole for 20 head of cattle and does not register the use of population supply. That almost all the properties on the streets known as Dirección2419, Dirección2417 and el Higuerón have a meter and the billing for the water service is in charge of the company TYRICA S.A., which shows that a residential use of the well is intended. He relates that through said official communication, the Dirección de Agua ordered the company owning the land where the well is located to proceed with its closure and sealing, within a period of one month. He indicates that the MINAE, after verifying the above, that is, that the well is serving more than 100 properties, that the service is provided at a high cost, and that the neighbors are dissatisfied with this cost (which motivated the study), decided to leave more than 100 neighbors without water service. He affirms that this decision was made without granting a hearing, without consulting, and without carrying out due process. The offending company was only notified (which also was not given a prior hearing on the closure order), so it is clear that more than 100 families were left defenseless and, furthermore, are being deprived of the only water supply they have and for which they have paid a high cost. He maintains that the MINAE knows that the well is in the process of registration and that it provides potable water service to 100 families, but ordered its closure without notifying the families, even without consulting previously with the ICAA or ARESEP and without, moreover, providing a period to correct the legal inconsistencies, to avoid taking away the water service from the entire community. He accuses that these actions constitute a violation of the fundamental right of access to potable water. He complains that currently the country is facing a health emergency and the provision of the Dirección de Agua to close the well that provides the water resource to the families of La Ceiba contradicts the provisions and measures adopted by the Ministerio de Salud and the government to prevent the contagion of the COVID-19 disease, for which it is essential to have water service. He recounts that the well closure order was only notified to the company owning the land where it is located. Despite the fact that the appealed authorities are fully aware that through this well water service is provided to 100 houses, no prior consultation was made with the ICAA to give it the opportunity to seek an alternative solution for the neighbors. Nor were the neighbors notified, who learned of the situation through third parties. He reiterates that, in this case, not only is the right to potable water violated, but also their rights to defense and due process. He insists that no prior hearing was given before the indicated sanction was applied and the closure of the well was ordered abruptly (without having previously notified the neighbors). Therefore, the closure order is arbitrary, illegal, and unjust. He adds that even though the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the body that must carry out and promote planning, financing, and development, as well as resolve everything related to the supply of potable water in the country, the pertinent actions have not been taken to provide a solution to the 100 families that have been affected by the closure of the well and the suspension of water service in their homes. He reiterates that the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía omitted to make the pertinent inquiries to the ICAA related to the illegal provision of water service in the community of La Ceiba, prior to ordering the closure of the well in question. He affirms that, by not granting a hearing to the institutions responsible for ensuring access to potable water, the MINAE also incurred in a violation of their fundamental rights. He states that the ICAA cannot remain on the sidelines of the necessary efforts to be made to provide the potable water supply to the community and that is why its participation in this solution is necessary; participation that should have been sought by the MINAE itself before ordering the closure of the well. He reiterates that the developer, when putting the farms up for sale, offered the provision of potable water service, a factor that influenced people to acquire the properties. He indicates that the three companies cited supra are those that have the power and administration of said well, as well as being in charge of reading the water meters, establishing the bills, and charging for the water service, for which reason he considers it necessary that they participate in the procedure for transferring the aqueduct to the ICAA. In that same sense, they must coordinate with the Ministerio del Ambiente y Energía and the ICAA what is pertinent so that the requirements demanded for said institute to assume the administration of the community's aqueduct are met. He considers that the foregoing violates his fundamental rights. He requests that the remedy be granted and, among other aspects, that the closure order of the well set forth in official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, issued by the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua of the MINAE, be annulled. Furthermore, that the ICAA be ordered to immediately intervene to guarantee the neighbors a regular supply of potable water, carrying out the necessary efforts and works.
2.- By resolution of 07:10 hrs. on November 27, 2020, the proceeding is given course and reports are requested from the appealed authorities.
3.- Through a memorial filed with the Chamber on December 2, 2020, the appellant requests that the companies indicated in the filing brief be considered as appealed parties, in their capacity as private law subjects. He also requests that the challenged act, namely, the closure of the well, be considered suspended, pursuant to the provisions of Article 41 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
4.- By brief filed with the Chamber on December 3, 2020, Cecilia Martínez Artavia, in her capacity as Deputy Manager of Communal Systems Management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, renders a report and expressly states the following: "(...) regarding the filing of the amparo remedy on behalf of [...], legal identification [CED161 ], Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, Head of the ORAC Pacífico Central, through official communication No. GSD-UEN-GAR-2020- 05087, of December 1, 2020, indicates: "In response to the request for the report on the Amparo Remedy Exp. 20-021447-0007- CO, I allow myself to inform you that the community of La Ceiba is not an ASADA, furthermore the procedure corresponding to said community is handled by the AyA Puntarenas Regional Office, being as shown in exhibit No. 16, report GSP-RPC-2018-00586 of October 16, 2018." (the highlighting is ours) In this sense, with respect to report No. GSP-RPC-2018-00586, dated October 16, 2018, see images 94 to 96 of the filing brief and evidence provided by the appellant in file No. 20-021447-0007-CO. Furthermore, in said evidence, visible in image 92, labeled as exhibit No. 15 of his filing brief, the appellant provides official communication No. JD-2019-00063, of February 22, 2019, in which the Board of Directors of the AyA replies to Mr. [Name317 001], representative of the Asociación de Vecinos Quinta La Ceiba, Tierra Dorada, that: "As a follow-up to the referenced agreement, attached you will find the report submitted by the Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, memorandum SG-GSD2018-00616, known in the ordinary session of the Board of Directors No. 2019-08, held on February 19, 2019. As is apparent from the attached technical study, before assuming the aqueduct, the requirements established in the technical report must be met. Any additional information can be coordinated with the Región Pacífico Central." (the bold does not correspond to the original) That is, the appellant and his represented party, since the month of February of the year 2019, were aware of the technical requirements to be assumed by the AyA, given that the Institute's Board of Directors so explained it to them, even knowing of the well closure procedure being processed by the Dirección de Aguas of the MINAE, so Mr. [Name 001] and the Asociación de Vecinos Quinta La Ceiba, Tierra Dorada, are in disagreement with the actions of the Ministerio de Ambiente y Energía, and not with what was indicated by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Regarding the filing of the amparo remedy by Mr. [Name317 001], in his personal capacity, given that it is not indicated by facts but by titles, with respect to the section "Necessary participation of the AyA in recognizing the basic and vital human right to potable water.", in a general form the closure of a well is alleged without the intervention of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, to which we must clarify that it is not the competence of the AyA to intervene in that type of activity, given that it corresponds directly to the Dirección de Aguas of the MINAE, in this sense the Ley de Aguas, Law No. 276, of August 27, 1942, published in the Official Gazette La Gaceta No. 191 of August 28, 1942, establishes: "Article 18.- Every person who is enjoying a water right must exhibit the concession they have to exercise that right. However, anyone who on the date of enactment of this law had enjoyed for twenty years an use of public waters, without opposition from the authority or third parties, shall have the right to continue enjoying it, even if they cannot prove how they obtained the corresponding authorization, provided that they are subject to the restrictions determined in Article 21, when the flow is not sufficient to supply the needs of the lower properties. Existing uses, protected by titles, concessions, or confirmations issued prior to the date of this law, are confirmed by full right, provided that the concessionaires have complied with the obligations imposed in the respective titles. The rights that special laws indicate for the use of waters shall have the character of concessions, but must be registered in the respective Registry of Concessions. Users who have titles different from those indicated in the previous cases are obliged to request from the Minae the confirmation of their rights. The request must be submitted within a period of one year counted from the entry into force of this law; when dealing with uses that exist in public water currents. Once those periods have elapsed, the legalization of the uses may only be done through a new concession. De facto uses shall be legalized at the request of the interested parties and through inspection, provided that the request is submitted within one year, counted from the enactment of this law. If not done within that period, the interested party must request their concession in accordance with the procedures established in this law." (the bold is ours) In this sense, Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAET, called Reglamento de perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, published in the Official Gazette La Gaceta No. 88, of Friday, May 7, 2010, establishes: "Article 14.- Of the drilling of the subsoil when there is public aqueduct service. Drilling of the subsoil for the use of groundwater shall not be authorized when the intended use is residential use and can be supplied by a public aqueduct and sewerage service provider entity, which provides said service. For drilling to be authorized, a letter from the service provider entity of the sector where the property is located must be submitted, stating that for the property where the water will be used there is no technical possibility of supply or else the commitment of this entity to assume the well for its use and supply of water. Article 15.- Of the request for exploration and use of groundwater. The request for a subsoil drilling permit for the exploration and use of groundwater must be submitted jointly with the request for a water use concession before the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), by the registered owner of the property where the water is intended to be used, delivering the duly completed pre-designed form for that purpose and attaching the following requirements: a) Data of the registered owner of the property where the well will be constructed and the water used; if it is a natural person, a copy of the identification card or identification document must be submitted; if it is a legal entity, a certification of the legal status of the legal representative must be submitted, issued no more than three months prior. b) Proof of ownership in accordance with section b) of Article 178 of the Ley de Aguas and cadastral plan of the property where the water will be used, issued no more than three months prior. c) Name317 of the hired drilling company; which must be duly registered in the Registry of Drilling Companies administered by the Dirección de Aguas and up to date with its obligations. d) Cartographic location of the drilling site indicating the coordinates taken by the professional responsible for the drilling using the Global Positioning System (GPS), noting the Name317 and number of the cartographic sheet. e) Letter from the public aqueduct and sewerage service provider entity, in accordance with Article 14 of this Reglamento. f) Corresponding technical studies, as provided in Articles 12 and 13 of this Reglamento. The form must be signed by the petitioner for the drilling and water concession, by the professional responsible for the well drilling who must be registered with the respective professional association, and by the legal representative of the hired drilling company, all as responsible parties for the drilling of the subsoil and construction of the well.
These signatures must be duly authenticated by a notary public. … Article 28.—Criteria for the closure of wells. The Water Directorate of MINAET shall order the closure of a well under the following conditions: a) When, as a result of drilling and exploration, the well is dry or the use of the water is not viable, which must be reported by the drilling company or permit holder to the Water Directorate of MINAET. b) When drilling is carried out without the proper permit. c) When drilling is carried out in contravention of the provisions of the permit, this Regulation, or current laws. d) Expiration of the concession as provided in article 27 of the Water Law No. 276 of August 26, 1942. e) When the application is archived without further processing, due to non-compliance with the requirements or what was requested by the administration to process the concession. Closure shall proceed in accordance with the provisions of article 39. … Article 38.—Well closure. It is the responsibility of the Water Directorate of MINAET to order the closure and sealing of wells. The costs and expenses of this procedure shall be covered by the owner of the property where the well is located; and subsidiarily by the drilling company that carried out the drilling and the geologist responsible for it, when their involvement in the development of the well is proven. The sealing must be carried out with a metal cap, using waterproof and hermetic material to ensure the non-entry of potential contaminants, and by pouring a concrete slab over the drilling site, with a notarial certificate being executed to record this, all in accordance with the provisions of the Directorate’s resolution.” (the bold text does not appear in the original) Regarding the section called Annex “Chronological Relation of Facts,” reiterate that the facts indicated by the appellant concern the illegal provision of potable water service by an unauthorized operator. Furthermore, in image 25, first paragraph, it refers to the fact that the improvements to the system were to be assumed by SERINCON SRL., which must also carry out the transfers in favor of the Institute, among which was the well that supplied the urban development. In that same image 25, third paragraph, regarding being assumed by the AyA, it is important to highlight that the officials Jorge Ramírez Rodríguez and Giovanni García Flores belong to the Sub-Management of Communal Systems Management, hence our participation would be to analyze the possibility of establishing an ASADA in the sector; in this regard, Mr. Ramírez Rodríguez indicated that it is impossible, given that the AyA systems as an operator pass right in front of the property; in this regard, Board of Directors Agreement No. 2014-05861 does not permit the establishment of new operators within a radius of less than 2 kilometers of other operators, whether ASADAs or the Institute itself. In this regard, said agreement states: “For new requests for the formation of communal aqueducts, the Sub-Management of Communal Systems Management must verify the existence of another operator within a two-kilometer radius of the community requesting to form the new water supply system. In the event that an operator exists within the indicated radius and has stated in writing that it does not have the capacity to take on the new aqueduct or community to be supplied, the AyA must conduct a technical study to determine the current situation of the ASADA in light of that demand and alternative solutions, within a maximum period of three months.” Reiterate that from the evidence provided by the appellant, it is clear that the AyA has already issued its recommendations for taking over the system, so the establishment of an ASADA in the area is not possible. In said section, with respect to everything else, what was previously stated is reiterated: the Institute has acted lawfully and issued the corresponding recommendations, with no pending response from this Sub-Management of Communal Systems Management found to date. Furthermore, the matter of sealing wells is not the competence of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, so the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy does not need to coordinate with the AyA for that proceeding. LEGAL GROUNDS (…) Here, on the contrary, it has been shown that the AyA has already issued its recommendations regarding the necessary improvements to take over the system, and what is pending is compliance by those responsible for the urban development, Quintas la Ceiba de Tierra Dorada. In this regard, see the technical report called “Quintas la Ceiba de Tierra Dorada,” No. GSP-RPC-2018-00586, dated October 16, 2018, submitted by the appellant as evidence No. 16, visible from image 94 to 96 of his filing and evidence documents found in the digital file of this Constitutional Court, with said report concluding: “Conclusions. The AyA remains awaiting the definition of what was noted in the previous development regarding the required information, so that the possibility of the Institution being able to take over the administration of the potable water supply system of the Quintas La Ceiba Tierra Dorada project can be clearly defined, according to the express will of its residents.” (the bold text is ours) Regarding the material impossibility of granting new services. (…) It is important to note that, due to the time elapsed since Report No. GSP-RPC-2018-00586 of October 16, 2018, was issued, the recommendations issued therein must be updated, subject to prior assessment by the AyA to take over operation of the system that supplies the Quintas La Ceiba Tierra Dorada urban development, at the expense of the applicants, both the assessments and the necessary improvements. Regarding the material or legal impossibility of providing a service not violating fundamental rights, the Constitutional Chamber has ruled on repeated occasions (resolutions number 2009-011529 and number 2010-013690) (…) Regarding matters of mere legality. We consider that the present matter corresponds to those denominated by the jurisprudence of the Constitutional Chamber as “of mere legality,” given that on repeated occasions the appellant has been informed of the improvements that the system requires for the Institute to directly take over the Quintas La Ceiba Tierra Dorada development, of which the appellant is a resident and owner of a parcel. In addition, Mr. [Name317 001]’s disagreement is regarding the well sealing procedure, a procedure that falls solely and exclusively under the jurisdiction of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy. In this sense, the Constitutional Chamber in its wisdom has indicated that there are procedures that are not within the purview of constitutional jurisdiction2 ; that is, those cases that deal with matters of mere legality and not constitutionality, which must be ventilated in the corresponding ordinary channel (…) As is clear from the Regulation for the Provision of AyA Services, Board of Directors Agreement No. 2019-461, published in the Official Gazette La Gaceta No. 242, Alcance No. 285, of December 19, 2019, it is not possible to issue certificates of service availability when there is no technical feasibility, it would be detrimental to the quality of the service being provided, and there is no infrastructure; conditions that, according to Report No. GSP-RPC-2018-00586 of June 14, 2018 (which must be updated by the interested parties), must be resolved prior to interconnection with the systems operated by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (…)”.
5.- By a document filed with the Chamber on December 4, 2020, Marylin Mora Vega, in her capacity as Coordinator of the Térraba-Central Pacific Hydrological Unit, and José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of Water, both from the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, submit a report and expressly state the following: “(…) ON THE MERITS For purposes of understanding by the Constitutional Chamber, it is important to be clear on the following: By Executive Decree 35884-MINAET, the obligation is established that any individual who intends to drill to obtain and use water from a well must first obtain a permit from the Water Directorate of MINAE and subsequently a water concession granted by the Head of the Ministry. On the other hand, it is important to note that by Executive Decree 41851-MP-MINAE-MAG, published in the official journal La Gaceta, No. 139, Alcance 167 of July 24, 2019, the Regulation for the Registration of Unnumbered Wells and Enablement of the Groundwater Concession Procedure was published, its objective being to establish the procedure for the registration and regulated recording of wells drilled without a drilling permit and the respective procedure for obtaining a water use concession. A decree that was in effect until March 24 of this year, without any extensions. Basically the decree is providing the opportunity for all those persons who have infringed the legal system by having drilled without a permit, to regularize their situation and legally use the water, paying the respective fee and, through the registrations, allowing for an adequate water balance. In the case at hand, it is necessary to point out that the well was drilled without a permit, the water is being used or exploited without a concession, and now its incorporation into the system is being requested. The request is being submitted by the owner of the land where the well used by the Neighborhood Association of the residential complex that is appealing was illegally drilled. This request generated administrative file [Value 003]. It is indeed documented that the Tárcoles Hydrological Unit ordered the sealing of the well because it has neither a permit nor a concession. However, from the study of file [Value 003], it was determined that the source corresponding to the well drilled for the extraction and use of groundwater, drilled on the property owned by GANADERA LA CEIBA S. Name312., which applied for its registration as the owner of the property, corresponds to the source that supplies the ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, legal ID [Value CED185]. Likewise, it is documented in file [Value 003], as stated in official communication JD-2019-00063 of February 22, 2019, that indeed this Association has carried out formalities before Name312 and Name312 to take over the aqueduct through coordination with the Central Pacific Region of A y A, as well as the willingness of that institution, provided that coordination occurs and the requirements for drilling are met. It is important to make known that administrative file 19-017936-0007-CO, promoted by FECON, is being processed before the Constitutional Chamber, which is an Unconstitutionality Action against DE-41851-MP-MINAE-MAG, which ordered the suspension of the final resolution in those procedures in which the regulation must be applied. To date, it has not been resolved, so the processes of the applications submitted under this decree are suspended pending the judicial resolution. Having clarified the above, we will proceed to analyze the background of the case: In accordance with report DA-UHTPCOSJ-2534-2020 of December 1, 2020, signed by the undersigned and by Technician José Ricardo Hidalgo Sánchez, this Directorate received a complaint through the SITADA system, under number 21753-2020, dated July 16, 2020, by Name10939 , who denounces the company Tyrica S.A. for excessive charges on the water bill, and also requests to know if the well from which they are being supplied is legal, is registered or not, for which purpose several documents are attached. To address the complaint, as provided in the internal procedure of the Water Directorate, a site visit was conducted by officials of this Directorate, in this case, Technician José Ricardo Hidalgo Sánchez, giving rise to the technical report DA-UHTPCOSJ-2113-2020 of September 25, 2020. On site it was confirmed that it was a residential development, composed of around 100 properties. It also indicates that, according to statements from the local residents, the site was supplied by a well located on a property that was auctioned off, leaving them without water, which is why they opted for the drilling of a new well two years ago, which is located on the property of Ganadera La Ceiba S.A. and whose registration is currently being processed through the well amnesty. That, upon reviewing the Directorate's database, it was confirmed that there is no information regarding a drilling permit at the site in question, so it is determined that the drilling is illegal. That, in accordance with the Water Directorate's Procedure Manual, the obligation to seal the well was notified (given that the well does not comply with legal requirements) through report DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020. A notification that was made on November 4, 2020, to the entity that appears as the owner of the property where the well in question is located, which is Ganadera La Ceiba, according to administrative file [Value 003], which currently has a motion for reversal pending resolution. Thus, what the residential complex needs is for the public service provider entity to take over the provision of the service, and not for a private party, as is the case at hand, to continue providing the service. The Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, as the entity administering water within the Ministry, has powers and obligations to fulfill as dictated by the legal system, one of them being to verify whether the uses of water are in compliance with the law or not, and to proceed against those that are not as legally corresponds. During the investigation, information emerged regarding the formalities that the residents themselves have carried out before the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which have not concluded, but it has also not been possible to conclude the process of analyzing the fulfillment of requirements for the drilled well to assess its registration based on the Decree for the Registration of Unnumbered Wells, due to the Unconstitutionality Action against DE-41851-MP-MINAE-MAG, which ordered the suspension of the final resolution in those procedures in which the regulation must be applied. However, since this is a population water use, the appellants must insist before the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for a prompt solution and attention to the problem they face, once the Constitutional Chamber resolves the Unconstitutionality Action and it is possible to assess its admissibility and compliance with requirements, but not through a water concession granted by MINAE because population use is not within its competence, which falls to A y A, an institution that, if the well is technically and legally viable, requests its registration with MINAE through the Water Directorate. That on December 2, 2020, a note was submitted signed by Mr. [Name317 001], in his capacity as president of [...], legal ID CED5633, in which it is indicated that official communication DA-UHTPCOSJ-2123-2020 has been challenged by his represented entity before the Constitutional Chamber, through an amparo action, which was admitted for study, and he requests the suspension of the sealing order until the Constitutional Chamber rules and/or until a viable alternative is provided to the residents to have water service. That on March 20, 2020, the application for registration of wells drilled without a permit and enablement of the groundwater concession was submitted, protected under Executive Decree 41851-MP-MINAE-MAG, by GANADERA LA CEIBA S.A., a process that is suspended due to the UNCONSTITUTIONALITY ACTION, file 19-017936-0007-CO, so this application cannot be resolved until such time as this highest court resolves it accordingly. By virtue of the foregoing, the Water Directorate, through resolution DA-1769-2020, issued in File [Value 003] at eight hours and seventeen minutes on December three, two thousand twenty, ordered the following: “1 THE SEALING ORDER for the drilled well issued by official communication DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020, IS SUSPENDED until the UNCONSTITUTIONALITY ACTION, Constitutional Chamber file number 19-017936-0007-CO, is resolved. 2 The ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, legal ID [Value CED185], shall appear. Likewise, it is documented in file [Value 003], as stated in official communications JD-2019-00063 of February 22, 2019, to take over the aqueduct through coordination with the Central Pacific Region of A y A. 3 The registration of the source must be requested by A y A and will be subject to it complying with the legal requirements for the registration of sources for population use.” PETITION Based on the foregoing, and given that the Water Directorate has the obligations to ensure the legal use of the resource, issuing the corresponding orders, it is requested that the present appeal be declared without merit and, once the unconstitutionality action is resolved, if the source meets the requirements for its registration, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers shall proceed to request the registration of the well in its name, so that it assumes the corresponding responsibility and proceeds to attend to the public service within the residential complex, as stated by law (…)”.
6.- By a document filed on December 4, 2020, Wendy Simpson Roberts, in her capacity as president with powers of unlimited general attorney of Ganadera La Ceiba S.A., presents a joinder in the present amparo action. She states that formalities were carried out to regularize the situation of the well that supplies the plots, requesting the corresponding water use concession. She explains that the company that has been in charge of the well's administration has only done so to guarantee its maintenance and subsistence. She indicates that attempts have been made through various means to hand over the well and the entire aqueduct to ICAA, but this has not been possible. She affirms that no profit has been made from the sale of water. She refers to what was ordered in official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 and indicates that the decision contained therein was made without granting a prior hearing to the families, as well as to ICAA and ARESEP. She points out that Ganadera La Ceiba S.A. cannot comply with MINAE's order, since the well is located on a property that is not its own, but is found on land belonging to Pozo Quintas Oro S.R.L. She affirms that the referred actions represent a violation of the right of access to potable water. She requests that the appeal be declared with merit and that the closure order issued through official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020, issued by the officials of the UH-Tárcoles-Central Pacific of the Water Directorate of MINAE, be annulled. Furthermore, that ICAA be ordered to guarantee the regular supply of potable water to the residents.
7.- Through a memorial filed with the Chamber on December 4, 2020, Sergio Núñez Rivera, in his capacity as Interim Sub-Manager of Peripheral Systems of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, submits a report and expressly states the following: “(…) FACTS AND SUBSTANTIVE ISSUES FIRST: That according to the background records documented in the Directorate of Operation and Maintenance of the Central Pacific Region, it is true that through a note issued by the appellant here, as president of [...], dated September 7, 2018, the Board of Directors of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is requested to take over the administration of the aqueduct that currently supplies them, indicating in said writing that, jointly, the Neighborhood Association and the company Ganadera La Ceiba S.A., the latter being the company responsible for supplying the water service to the inhabitants, would be donating to the Institute the lands where the well is located, a property registered in the Real Estate Registry, Province of Alajuela, located in the Canton of Orotina, district La Ceiba, Real Folio Registration Number Placa1053, cadastral map Placa1054, registered under Name317 of Pozo Quintas Oro Sociedad de Responsabilidad Limitada., legal ID three hundred two-seventy-nine thousand nine hundred thirty-four, additionally, said company commits to delivering both the well with the equipment and quality standards required by the Institution, and the tank or tanks requested for the correct supply of the inhabitants. In the ordinary session of the Board of Directors of AyA No. 2018-051 dated September 18, 2018, Agreement No. 2018-317, it was referred to the Sub-Management of Delegated Systems Management, in order to analyze and draft a proposed agreement based on the request made by [...], within a period of one month, to which, through Memorandum No. SG-GSP-2018-00616 dated December 18, 2018, issued by this Sub-Management and addressed to Ms. Karen Naranjo Ruíz of the Board of Directors, the report prepared by the Directorate of Operation and Maintenance of the Central Pacific Region, No. GSP-RPC-2018-00586 dated October 16, 2018, is attached, detailing the Institution's requirements in accordance with current Institutional regulations to satisfy the request of the population of Quintas La Ceiba Tierra Dorada. In the same vein, the report prepared by Eng. Leonardo Moya González, who served as director of Maintenance and Operation of the Central Pacific Region and which is ratified according to Memorandum No. GSP-RPC-2020-01131 dated December 3, 2020, issued by Eng. Mario Solís Castro, current successor of Eng. Moya, indicates the conditions of mandatory compliance by the Neighborhood Association for the AyA to take over administration of the aqueduct, namely: Provide approval of the segregation of the property in accordance with the provisions of article 36 of the Urban Planning Law and articles II.2.1 and 50, 51, 52, 53, 54 and 55 of the National Regulation for the Control of Subdivision (Fraccionamiento) and Urbanization, regarding the agricultural parceling; requiring the approval of INVU. The internal roads of the project must be registered as public roads within the cantonal road network of Orotina, or the respective registration of agricultural easements (servidumbres), rights of way, and aqueduct easements in favor of the AyA, to allow both free circulation on them and the installation of infrastructure. An evaluation of the current distribution network must be conducted, including characteristics, diameter, material, schedule, installation, and/or any other element that must be considered for its possible acceptance or, failing that, replacement, as these must comply with the Technical Standard for the Design and Construction of Potable Water Supply, Sanitation, and Stormwater Systems. Similarly, the characteristics of the development, housing, agricultural, or other type, and the metering for billing, by main meter or micrometering, must be defined. Both the existing or to-be-built infrastructure, and that required for the well and its equipment, the protection areas established by the hydrogeological study, a 72-hour pumping test to collect information on the well's output, as well as the disinfection system, discharge pipes, storage tank, and distribution network. SECOND: It is necessary to state that, as this is a private supply system, which has operated outside the AyA's regulations, the Institution is unaware of the current conditions of the system regarding the pipes and the condition of the accesses to the properties; all the information required by the AyA, set out in the technical report, are essential requirements to finalize the administration of the aqueduct by the AyA; therefore, the Institution has shown its willingness to resolve the community's supply needs, as long as the requested information is provided, the improvements determined by the institutional technical area are made, and the condition of access to the properties and their respective registrations is defined, all in accordance with the provisions of the regulatory body governing the conditions to which the Institute obliges itself with the user, and the necessary requirements for the provision of the service are found in the Regulation for the Provision of AyA Service, in Article 7, which expresses the conditions for the provision of services: \"It is the obligation of AyA to provide the user with optimal service in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and with a human rights approach, except in cases of force majeure, unforeseeable circumstances, or duly publicized maintenance periods that affect the area where the property is located. AyA will guarantee a dynamic service pressure of 10 meters of water column (m.c.a.) at the connection point where the measurement system is located. Likewise, it is important to consider that articles 6, 13 of the Regulation for the Provision of AyA Services are clear in providing that AyA is obliged to provide the rendering of services for properties that have frontage on a public road or an easement (servidumbre) of way registered in favor of AyA, in addition to there being potable water networks on that frontage, as well as the water capacity required for that purpose, specifically: Article 6.- Services. AyA will provide water supply services for population use and wastewater sanitation within the coverage area, provided Article 13.- Conditions for the provision of services. AyA will provide its services once technical feasibility is verified on properties, built or to be built, dedicated to residential use or for commercial or industrial activities that meet the authorized requirements and uses. Potable water and sanitation services will be granted by AyA on a street or public road or on a pipeline easement and right of way registered in favor of AyA or registered in favor of third parties, as applicable in accordance with the provisions of article 15 of these regulations. The foregoing, provided that AyA networks are in operation. If the public network does not reach the connection point, the owner or possessor may extend a branch and/or other components of the hydraulic system, in compliance with the technical requirements that AyA indicates, for which the respective advice will be provided following a prior study THIRD: It is not omitted to note that the Constitutional Chamber itself has dismissed injuries to the fundamental rights of individuals under its jurisdiction in cases analogous to the present one; timely action on the part of this entity is verified, in order to be able to extend its services within what science and technique allow. Regarding the specific case, if the appellant provides the information requested in the report prepared by the Directorate of Operation and Maintenance since October 2018, to determine the current conditions of the system, accesses, and subsequently make the improvements indicated by the institutional technical area, the aqueduct can be taken over and the current conditions of the water resource for the inhabitants of Quinta La Ceiba can be resolved (…)”.
8.- Through a certification signed on December 9, 2020, by the Secretary of the Chamber and the Judicial Technician in charge, it was made known that it does not appear that from November 27 to December 8, 2020, the General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers submitted any writing or document in order to render the report requested in this matter.
9.- By a resolution at 13:50 hrs. on February 26, 2021, the Instructing Magistrate in this matter ordered the following: “(…) As evidence for a better resolution, request a report from the coordinator of the Térraba-Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate, and the Director of Water, both of the Ministry of Environment and Energy, so that they clarify the status of File [Value 003]. In addition, clarify whether the well in question is currently in operation or not. The foregoing, because, according to resolution DA-1769-2020, issued in File [Value 003] at 08:17 hours on December 3, 2020, the following was ordered: \"1 THE SEALING ORDER for the drilled well issued by official communication DAUHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020, IS SUSPENDED until the UNCONSTITUTIONALITY ACTION, Constitutional Chamber file number 19-017936-0007-CO, is resolved. 2 The ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, legal ID [Value CED185], shall appear. Likewise, it is documented in file [Value 003], as stated in official communications JD-2019-00063 of February 22, 2019, to take over the aqueduct through coordination with the Central Pacific Region of A y A. 3 The registration of the source must be requested by A y A and will be subject to it complying with the legal requirements for the registration of sources for population use\".” On the other hand, clarify whether another resolution has been issued regarding the well in question, subsequent to the one indicated (…)".
10.- By written submission provided to the Court on March 15, 2021, Marylin Mora Vega, in her capacity as Coordinator of the Térraba-Central Pacific Hydrological Unit, and José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Water Director, both from the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, render the report required by the resolution of February 26, 2021, and expressly state the following: "(…) According to what is recorded in our files, the well from which the residents of Quintas La Ceiba Tierra Dorada draw water is in operation. It must be borne in mind that, in accordance with official letter DA-1769-2020, the sealing of the illegally drilled well was ordered to be suspended, a situation that to date has not been reversed. Given that this is a population use, and in accordance with Law 2726, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or the Asada that provides the service in the area, is responsible for assuming the provision of the public water supply service. Once there is certainty that this is the case, appropriate legal action will be taken (…)".
11.- By means of interlocutory ruling No. 2021-9024 of 10:05 a.m. on May 4, 2021, the Constitutional Court ordered the following: "(…) Sole. – What is alleged by the petitioners in this amparo appeal is related to the provisions of the Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG. Likewise, said regulations have been challenged in unconstitutionality action number 19-017936-0007-CO, which is pending resolution. Consequently, given the existing connection, the appropriate course is to suspend the final resolution of the amparo until such time as the unconstitutionality action filed is resolved. Therefore: The final resolution of this matter is suspended until such time as the unconstitutionality action being processed under case file number 19-017936-0007-CO is resolved (…)".
12.- By written submission provided to the Court on July 14, 2022, Marylin Mora Vega, in her capacity as Coordinator of the Térraba-Central Pacific Hydrological Unit, and José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Water Director, both from the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, state the following: "(…) Background for a better resolution: That on March 20, 2020, the company GANADERA LA CEIBA. IDENTIFICATION CARD CED5632- , represented by Wendy Simpson Roberts, filed an application for registration of an unnumbered well and enabling of the procedure for a groundwater use concession (aprovechamiento de agua subterránea) through an illegally drilled well, which it is requested be registered and its use authorized based on Decree 41851-MP-MINAE-MAG, a procedure to which case file number [Valor 003] was assigned. Currently, the property where the well requested under the indicated case file is located is managed by the Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorado, and the administrative case file is pending resolution, until such time as the Constitutional Court definitively resolves this amparo appeal (…)".
13.- On September 29, 2023, Gabriela Páez, in her capacity as Coordinator of the Legal Advisory Office of the Water Directorate of MINAE, clarified to this Court the following: That official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, was notified only to Ganadera La Ceiba S.A., given that the well in question is located on a property owned by it. That the application filed by Ganadera La Ceiba S.A. in March 2020 to legalize the well was processed as a watering trough (abrevadero) for 20 head of cattle (and not for human consumption). That the cited application (processed under case file No. [Valor 003]) and the corresponding procedure were still suspended pending the resolution of this amparo. That the well used in the project called Quintas Residenciales La Ceiba has not been sealed and, therefore, to date, the inhabitants of this site continue to obtain water from it (record of a telephone call).
14.- In the processing of the case, the prescriptions of law have been observed.
Drafted by Judge Araya García; and,
CONSIDERING:
I.- REGARDING THE APPLICATION FOR ACTIVE JOINDER. By written submission filed on December 4, 2020, Wendy Simpson Roberts, in her capacity as president with the powers of a general unrestricted attorney-in-fact (apoderado generalísimo sin límite de suma) of Ganadera La Ceiba S.A., requested that said company be admitted as an active coadjuvant in this proceeding. She affirms that MINAE's action set forth in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020, violates the right of access to potable water of the families living in the Quintas La Ceiba residential complex. Likewise, she states that the decision set forth therein was made without granting a prior hearing. Consequently, she requests that the appeal be granted and that the closure order issued through official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020, issued by the officials of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit (UH) of MINAE's Water Directorate, be annulled. Furthermore, that the ICAA be ordered to guarantee the regular supply of potable water to the residents.
On this matter, numeral 34, paragraph 3, of the Constitutional Jurisdiction Law stipulates that anyone who possesses a legitimate interest in the proceeding may intervene, whether in an active or passive capacity, as a coadjuvant. Consequently, by virtue of the provisions of the aforementioned procedural rule and what was stated by the said intervener, the referred joinder is admissible.
II.- OBJECT OF THE APPEAL. The petitioner –in his capacity as President of [...]–, states that through official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, MINAE's Water Directorate, in clear violation of the right of access to potable water, ordered the closure of the well that supplies the residential project called Quintas Residenciales La Ceiba, having verified that it operated outside the law. He alleges that this was ordered without notifying or granting a prior hearing to the interested parties (more than 100 property-owning families), as the cited document was only communicated to the developing and infringing company (Ganadera La Ceiba S.A.). Furthermore, he alleges that prior consultation was not made with the ICAA or ARESEP, as a means to seek an alternative solution for the residents. He adds that, for their part, the authorities of the ICAA, despite the steps taken with them, have not provided a solution to the situation faced by the property owners of said residential complex. Likewise, he argues that the company that sold the properties (and the others related to the actual supply and billing of water) must take responsibility for resolving the situation under study.
III.- PROVEN FACTS. The following are considered accredited as relevant for resolving this amparo appeal:
"(…) BACKGROUND. [...], represented by Dr. [Nombre317 001] (…) requests that AyA manage the supply of potable water for said project called Quintas La Ceiba Tierra Dorada (…) consisting of agricultural parcels. INTRODUCTION. The aforementioned Project was developed over 20 years ago, currently consisting of more than 75 lots, some fronting a public street and the vast majority fronting an agricultural easement (servidumbre agrícola). The water service was managed and supplied by the company that sold the land, Ganadera La Ceiba S.A., through a private supply network, which currently operates with some limitations, especially legal and billing-related. Said company, together with the residents, has agreed to donate the necessary infrastructure to AyA, including land, an equipped well according to what the institution establishes, a tank or tanks, so that the institution can take charge of managing the potable water supply system. OBJECTIVE. To carry out the necessary studies by AyA, based on the information provided by the residents' association, as well as the works it carries out, to determine the possibility of achieving the transfer of the project's water supply system, so that its management is assumed, and therefore, the supply of potable water in the area. Topic Development: ANALYSIS. To achieve what was proposed by the residents' association, the project must comply with the following aspects: 1. Approval (Visado) of the segregation of the property, in accordance with the provisions of article 36 of the Urban Planning Law and articles 11.2.1 and 50, 51, 52, 53, 54, and 55 of the Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, these last five articles regarding agricultural parceling; as an exceptionality, requiring for this the approval (visado) of INVU. All of the foregoing so that the provision of the service is legally, environmentally, and technically feasible. 2. The service to be supplied must be adequate in terms of quality, quantity, and continuity, which must be allowed by the infrastructure, as well as a remainder for the vegetative growth of the area. 3. The internal roads of the project must be public streets or agricultural easements, the former must be registered as such within the cantonal road network of Orotina, while the latter as rights of way (servidumbres de paso) and aqueduct easements in favor of AyA, allowing free circulation on them, as well as the possibility of installing infrastructure. 4. The existing distribution network must be evaluated regarding its characteristics such as diameter, material, schedule, installation, and any other element that must be considered for its possible acceptance, or failing that, which must be replaced. These pipes must comply with the Technical Standard for the Design and Construction of Potable Water Supply, Sanitation, and Storm Drainage Systems. 5. As established in the application, the required infrastructure must be complete, including the fully equipped well with the necessary protection, the protection areas established by the hydrogeological study, a 72-hour pumping test, which is necessary to perform, and all available and obtainable information from it. Likewise, it must include the disinfection system, rising main pipes, storage tank, and distribution network. 6. All infrastructure to be built and/or existing must be approved by AyA, according to the established regulations. 7. Define the characteristics of the development, that is, whether it is tourist, residential, agricultural, or other type. 8. The aspects of the installation of micro-metering (water meters) or their supply must be defined by the interested parties. CONCLUSIONS. AyA is awaiting the definition of what was indicated in the previous development regarding the required information so that the possibility of the institution being able to assume the management of the potable water supply system for the project Quintas la Ceiba Tierra Dorad can be clearly defined, according to the express will of its residents (…)" (see evidence).
"(…) So that it may be made known to the members of the Board of Directors, I attach the report prepared by the Central Pacific region related to the request from the residents of the Asociación Quintas La Ceiba Tierra Dorada, in the sense that AyA assume management of the system. Therefore, the appropriate course is for this report to be made known to the residents and for them to be informed that they must coordinate with the Central Pacific region so that they comply with all the requirements noted in the report so that it is feasible for AyA to assume management. They must be told that engineers Germán Araya and Leonardo Moya will be responsible for coordinating with them everything related to this matter (…)" (see evidence).
"(…) As part of the follow-up to the referenced agreement, attached you will find the report presented by the Sub-Management for Peripheral Systems Management, memorandum SG-GSD-2018-00616, acknowledged at the ordinary session of the Board of Directors No. 2019-08, held on February 19, 2019. As can be deduced from the attached technical study, prior to assuming the aqueduct, the requirements established in the technical report must be met. Any additional information can be coordinated with the Central Pacific Region (…)" (see evidence).
"(…) Conclusions 1- The area presents a residential development in quintas. 2- The well in case file 20209PA is in the process of the amnesty for unnumbered wells and does not have a granted water use concession. 3- The well water is used illegally. 4- The well is used for public (population) supply of at least 65 properties, despite having been requested for use as a watering trough. 5- There are no concessions in the name of Tyrica S.A. 6- The company Tyrica S.A. charges the owners of the quintas for the water service. Recommendations: 1- Proceed with the complaint before the Prosecution Office (Fiscalía) for the crime of water usurpation (usurpación del agua). 2- Inform ARESE of the illegal billing for the public service. 3- Issue the order for well sealing, due to inconsistencies in the case file and irregularities in use (…)" (see report and evidence).
"(…) CONSIDERING CLAUSES FIRST: That in accordance with the Water Law No. 276 of August 26, 1942, the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications is responsible for disposing and resolving on its domain, use (aprovechamiento), utilization, governance, and surveillance. SECOND: That Executive Decree 35669-MINAET published in Gazette 3 of January 6, 2010, modified by decree 36437-MINAET of January 24, 2011, delegates to the Water Directorate of MINAET, the competence to admit, process, and resolve applications for subsoil drilling for the exploration and exploitation of groundwater and to assign the respective well number. THIRD: That the Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decree No. 35884-MINAET, regulates everything related to subsoil drilling for the purpose of groundwater exploration and use (aprovechamiento). FOURTH: That by report DA-UHTPCOSJ-2123-2020, dated September 28, 2020, signed by José Ricardo Hidalgo Sánchez and engineer Marilyn Mora Vega, coordinator of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit, it is considered proven that the well found on property real estate folio 377663-000, at Dirección2418, in the name of GANADERA LA CEIBA S.A., legal ID CED5632, was drilled without having the corresponding permits from the Ministry of Environment and Energy and that it is currently being used for human consumption (population) to supply the Quintas La Ceiba residential project, with supply to populations being a use that constitutes a public service and is the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados or its legally delegated entities, for which reason the cited official letter ordered its sealing, as established by Executive Decree 35884-MINAET. FIFTH: That the Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decree No. 35884-MINAET, in article 28, subsection b), indicates the following: "Article 28. - Of the criteria for well closure. The Water Directorate of MINAET shall order the closure of a well under the following conditions: b) When drilling is carried out without the required permit." SIXTH: That likewise the Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decree No. 35884-MINAET, indicates in article 38 regarding the closure of wells and those responsible, which states the following: "Article 38. - Of well closure. It corresponds to the Water Directorate of MINAET to order the closure and sealing of wells. The costs and expenses of this procedure shall be covered by the owner of the property where the well is located; and subsidiarily, the drilling company that performed the drilling and the geologist responsible for it, when their involvement in the development of the well is verified. The sealing must be done with a metal cap, using waterproof and airtight material to ensure that no potential contaminants enter, and pouring a concrete slab over the drilling site, for which a notarial act must be executed stating such, all in accordance with what the Directorate's resolution provides." (The underlining and highlighting do not correspond to the original). SEVENTH: It is clear that the cited well did not have the corresponding permits, which is why it falls within the premises of the invoked regulations, and the sealing order was issued in adherence to them. EIGHTH: That on March 20, 2020, the application for registration of wells drilled without permission and enabling of a groundwater concession was filed, under the protection of Executive Decree 41851-MP-MINAE-MAG, by GANADERA LA CEIBA S.A., a process that is suspended due to the unconstitutionality action, case file 19-017936-0007-CO, for which reason said application cannot be resolved until such time as that highest court resolves the matter. NINTH: It is pertinent to note that the source corresponding to a well drilled for groundwater extraction and use (aprovechamiento) is on a property owned by GANADERA LA CEIBA S. Nombre312. and that this company processed the well registration under the recent amnesty process in accordance with Decree 41851-MP-MINAE-MAG, but this cannot be heard on the merits due to the unconstitutionality action cited above. Although this company, as the owner of the property, processed the legalization of the unnumbered well under case file 20209-P, the entity using the water is [...], legal ID [Valor CED185]. Likewise, it is recorded in case file [Valor 003], as stated in official letters JD-2019-00063 of February 22, 2019, to assume the aqueduct through coordination with the Central Pacific Region of A y A.
THEREFORE THE WATER DIRECTOR RESOLVES THE SEALING ORDER for the drilled well issued by official letter DA-UHTPCOSJ-2123-2020, dated September 28, 2020, IS HEREBY SUSPENDED until the unconstitutionality action, Constitutional Court case file number 19-017936-0007-CO, is resolved. To appear ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, legal ID [Valor CED185]. Likewise, it is recorded in case file [Valor 003], as stated in official letters JD-2019-00063 of February 22, 2019, to assume the aqueduct through coordination with the Central Pacific Region of A y A. The well registration shall be conditional upon the study of case file 20209 PA determining that the technical and legal terms stipulated in Decree 41851-MP-MINAE-MAG have been fulfilled, and will be heard on the merits once the Constitutional Court resolves the constitutionality action against this decree. Depending on this outcome, A y A must request the respective procedure before the Water Directorate. Against this resolution, the ordinary remedies of revocation and appeal shall be available, within the three business days following notification of this resolution, in accordance with articles 343, 346, and 347 of the General Public Administration Law, both before this Office. Notify AYA, Ms. Yamileth Astorga Espeleta, Executive President, and Licda. Cecilia Martínez, Sub-Manager for Community Systems Management, and the Tárcoles - Central Pacific Hydrological Unit (…)" (see evidence).
IV.- REGARDING THE UNCONSTITUTIONALITY ACTION PROCESSED UNDER CASE FILE NO. 19-017936-0007-CO.
Regarding this proceeding –by virtue of which the processing of the application filed in March 2020 to register the well under study was suspended–, the following is noted:
“(…) By unanimous vote, the action is dismissed with respect to the alleged express authorization to not go to SETENA to evaluate irregular wells, the claim of risk of salinization or contamination by saline intrusion, and the argued rampant ineffectiveness of environmental law. By majority vote, the unconstitutionality action is dismissed with respect to articles 1, 2, and 3 of Executive Decree 41851-MP-MINAE-MAG, Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, provided that it is interpreted that said articles do not modify the criminal offenses contemplated in articles 226 and 227 of the Penal Code; thus, it will be up to the competent criminal judge to determine criminal liability. Magistrate Rueda Leal gives different reasons regarding the aforementioned grievance. By majority vote, the action is dismissed with respect to the alleged lack of a comprehensive water balance (balance hídrico integral) and the authorization to alter the vital cycles of biodiversity without studies, the lack of protection, mitigation, or damage prevention measures, and the right to citizen participation. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal partially dissent and grant the action for violation of the right to citizen participation. Magistrate Cruz Castro and Magistrate Picado Brenes partially dissent and grant the action for violation of the principle of legal reserve (reserva de ley) and the lack of protection, mitigation, or damage prevention measures. Magistrate Cruz Castro partially dissents and grants the action for the alleged lack of a comprehensive water balance (balance hídrico integral) and the authorization to alter the vital cycles of biodiversity without studies. Magistrate Cruz Castro and Magistrate Garro Vargas file separate notes. Magistrates Castillo Víquez and Rueda Leal file a joint note. By unanimous vote, the supporting briefs filed are rejected. Let it be notified (…)” (see case file No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).
V.- SPECIFIC CASE. The petitioner comes before this Sala Constitucional and states that he serves as President of [...]. He explains that 23 years ago the project called Quintas Residenciales La Ceiba was developed, which is composed of quintas of approximately 7,000 square meters each and has a total of 100 farms registered as agricultural properties (predios agrícolas).
He states that the developer of that project was the company Ganadera La Ceiba S.A., which delivered to the buyers the cadastral plans that met the specifications for agricultural properties (predios agrícolas) and with potable water service. He explains that, at the time of the sale of the properties, the developer guaranteed the provision of potable water service through an aqueduct belonging to the same company, for which each parcel had its respective meter. He points out that initially the service was provided privately by the same selling company (Ganadera La Ceiba S.A.), through a related company called SERINCON S.A., which was responsible for collecting the service fees. He relates that SERICON S.A. has supplied the potable water service since 1997. Starting in 2017, the payment deposits for the water supply are made to another company called TYRICA S.A., also related to Ganadera La Ceiba S.A.
He explains that, at that time, they presumed that everything was in order and that the service was provided legally. However, the petitioner states that at one point there was an excessive increase in the charge for potable water service, so they made inquiries to the ICAA and ARESEP, as a result of which they learned that the water supply was not legal, because the well that supplied said water was not registered with MINAE. He recounts that, faced with such a situation, they contacted the ICAA to take over the aqueduct and, despite efforts made since 2016 with this institution, a concrete solution to the problem has not been achieved. He explains that the greatest difficulty revolves around the level of works and conditions imposed by the ICAA to receive the well and the facilities to provide the service, which must be paid for by the residents.
He adds that a neighbor filed a complaint with MINAE regarding the high cost of potable water service, which led to the issuance of official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, which referred to the illegality of the cited well and ordered its closure within one month.
He accuses that MINAE ordered the closure of that well abruptly, without granting a prior hearing to all the residents of the residential complex (since only the offending company was notified) and without conducting a due process (debido procedimiento), thus leaving everyone defenseless. He maintains that the referred residents learned of the occurrence through third parties.
He alleges that, neither were they granted a prior hearing nor were the authorities of the ICAA and ARESEP consulted, as a means to seek a solution to the situation. All this, despite the fact that, at the time of the closure, the national emergency due to COVID-19 was in full force, for which, in his view, it is essential to have potable water service.
He adds that even though the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the body that must carry out and promote planning, financing, and development, as well as resolve everything related to the supply of potable water in the country, the pertinent actions have not been taken to provide a solution to the 100 families that have been affected by the closure of the well and the suspension of water service in their homes. He explains that the ICAA cannot remain on the sidelines of the necessary steps to be taken to provide potable water supply to the community, and therefore its participation in this solution is necessary; participation that should have been sought by MINAE itself before ordering the closure of the well.
On another note, he reiterates that the developer, when putting the farms up for sale, offered the provision of potable water service, a factor that influenced people’s decision to purchase the properties. He indicates that the three aforementioned companies are the ones that have power over and administration of said well, as well as being responsible for reading the water meters, establishing the bills, and charging for the water service; therefore, he considers it necessary for them to participate in the procedure to transfer the aqueduct to the ICAA. In that same sense, he considers, they must coordinate with MINAE and the ICAA what is pertinent so that the requirements demanded are met for said institute to assume the administration of the community’s aqueduct.
He maintains, then, that in this case the right of access to potable water was violated, as well as their rights to a defense and to due process (debido proceso). Consequently, he requests that this amparo be granted and, among other aspects, that the well closure order issued in official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, issued by the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua of MINAE, be annulled. Furthermore, that the ICAA be ordered to immediately intervene to guarantee the residents the regular supply of potable water, carrying out the necessary steps and works.
In view of the foregoing, this Sala observes that the petitioner files this amparo directed in the following senses: a) that through official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, from the Dirección de Agua of MINAE, the closure was ordered of the well that supplies the residential complex, where 100 families live, in clear violation of the right of access to potable water and despite the ongoing COVID-19 pandemic; b) that said decision was made without notifying or granting a prior hearing to the 100 families owning the aforementioned quintas and, therefore, without respecting due process (debido proceso); c) that prior to issuing the referred order, no consultation was made to the ICAA or ARESEP, in order to seek a solution to the referred problem; d) that the authorities of the ICAA, despite the steps that have been taken with them, have not provided a solution to the situation; and e) that the private parties involved in this matter must be held responsible and solve the described problem.
Now, having analyzed the grievances set forth by the petitioner, the reports rendered under the solemnity of oath by the respondent authorities, as well as all the evidence added to the record, this Constitutional Court does not consider that there is any merit whatsoever to grant this amparo and, concomitantly, the claims raised by the protected party. The foregoing, for the reasons that will be set forth below.
A. Regarding the provisions of official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 and the need to provide potable water during the COVID-19 pandemic. In the first place, it is necessary to point out that, in the present case, this Sala does not observe, in any way, that the action claimed by the petitioner, namely the closure and sealing of the well located on farm No. 377663-000 (property of Ganadera La Ceiba S.A.) and which has supplied the project called Quintas Residenciales La Ceiba for several years, can be considered arbitrary or unfounded. In this matter it has been demonstrated, with clear clarity, that the owners of the farms located in the cited residential complex have been supplied with water service –apparently presumably because it was so arranged by the cited developer company Ganadera La Ceiba S.A.–, through a well built illegally, that is, for which the respective permits were neither processed nor timely requested and which, therefore, is not duly registered with the Dirección de Agua of MINAE, as provided by the legal system (Executive Decree No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); hence, its closure has been sought. Note that this latter regulatory body, in its article 28, establishes the following:
“Criteria for the closure of wells. The Dirección de Agua of MINAET will order the closure of a well under the following conditions:
The foregoing, then, clearly supports the action of the Dirección de Agua of MINAE, specifically, the provisions of official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, challenged by the petitioner, in his capacity as President of [...]. An official letter (oficio) which, it should be noted, punctually indicates all the legal and factual grounds that support the closure in question, among which figure, mainly, as stated, the illegal operation of the well and its use for human consumption and not as a watering trough for 20 head of cattle, as was indicated and requested years later, specifically in March 2020, when a filing was submitted by the referred company to legalize the well, pursuant to the provisions of Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG of July 18, 2019, called Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas (the latter procedure processed under case file No. [Valor 003]). This being the case, it is evident that the owners of the farms located in the cited residential complex have been provided with water irregularly for several years and that the authorities of the Dirección de Agua of MINAE have only proceeded to regularize and set right that situation as established and required, in turn, by the legal system; hence, from that perspective, it could not be asserted that the action of closing and sealing the well in question violates the fundamental right of access to potable water. On the contrary, pursuant to the stipulations of said legal system, such action seeks to protect the water resource.
On another note, it must be taken into account that, although through the questioned official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 the closure and sealing of the well was ordered, the truth is that –as was also proven–, this order was not executed at that time (that is, in 2020) or subsequently by the authorities of the Dirección de Agua of MINAE. Note that, initially, the Director of Water of MINAE, through resolution No. DA-1769-2020 of 8:17 a.m. on December 3, 2020 (issued within the referred proceeding No. [Valor 003]), ordered the suspension of said order until the unconstitutionality action that had been filed against the provisions of the cited Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG (which allowed legalizing irregularly drilled wells) was resolved. Additionally, on that occasion, it was clarified that the registration of the requested well was subject to compliance with the provisions of said regulatory body (Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG) and that this specific application would be resolved when the Sala Constitucional ruled on said constitutionality proceeding. This last action, as demonstrated, was resolved and dismissed by this constitutional jurisdiction through Judgment No. 2021-25386 of 1:10 p.m. on November 10, 2021, which, moreover, was notified in the month of March 2022 to all parties. Later, the authorities of the Dirección de Agua of MINAE, specifically, in the month of July 2022, informed this Sala that, at that time, the application to legalize the well in question was still pending resolution, which would be done once this amparo proceeding was resolved. This situation, as recently confirmed (i.e., on September 29, 2023), is the one that persists and prevails to date. Furthermore, it was clarified that the well located in the cited project called Quintas Residenciales La Ceiba had not been sealed and that, therefore, the inhabitants of this site continue to use it to obtain water. Consequently, based on the foregoing, it could not be maintained that the petitioner and the rest of the persons owning the referred quintas have been left without potable water service, at least, during the years in which the COVID-19 pandemic was most in effect and, therefore, when the supply of this water became most necessary in safeguarding the fundamental right to health.
B. Regarding the alleged violation of the right to a defense and to due process (debido proceso). In this matter it has been proven and verified that the well in question is located on a property owned by the company called Ganadera La Ceiba S.A., which was confirmed in an inspection carried out by the authorities of the Dirección de Agua of MINAE in September 2020, and not on a property belonging specifically to the protected party Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorada or to any other particular resident. Hence, it is fully justified that the authorities of the Dirección de Agua, on November 4, 2020, notified the referred official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 precisely to the owner or representative of the property where the well was built and operates, since it is this party who –pursuant to the provisions of the already cited Executive Decree 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas– had to proceed with the respective closure and sealing. Note that, on this point, this latter decree provides in its article 38 as follows:
“Closure of wells. It is the responsibility of the Dirección de Agua of MINAET to indicate the closure and sealing of wells. The costs and expenses of this procedure shall be covered by the owner of the property where the well is located; and subsidiarily by the drilling company that carried out the drilling and the geologist responsible for it, when their involvement in the development of the well is proven. The sealing must be done with a metal cap, using impermeable and hermetic material to ensure that no possible contaminants enter, and by pouring a concrete slab over the drilling site, and a notarial act recording this must be drawn up, all in accordance with the provisions of the resolution of the Dirección.” (The underlining is not part of the original).
Parallel to the foregoing, it must be clear in this matter that the Dirección de Agua of MINAE is not and does not act as the provider of potable water service in the residential complex under study. At no time has it entered into any kind of relationship under that concept with any of the owners of the 100 farms referred to by the protected party; in fact, it has no competence whatsoever in this regard granted by our legal system. Consequently, the obligation to notify each of these owners (in their alleged capacity as beneficiaries of the water supply service) of the provisions of the cited official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 could not be imputed to this directorate. It is evident that the Dirección de Agua limited itself to setting right the use of the well and, from that perspective, its task was limited to notifying the owner of the property where it was located of the closure and sealing order in question, just as was effectively done. This being the case, in this matter, it is not feasible to assert that the owners of the cited properties that make up the cited residential complex had their rights to a defense and to due process (debido proceso) violated.
In any event, it is important to highlight that the petitioner himself, in the brief filing this amparo, stated that the owners of the properties located in the cited residential complex learned of the closure order in question through other means. Even, in the list of evidence provided by the petitioner, there are some official letters dated November 17, 2020, where it is proven that a representative of the company Ganadera La Ceiba S.A. notified some owners of the quintas of the sealing order set forth in the cited official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020. This being so, it is clear that the owners of the cited properties, prior to the filing of this amparo, did have knowledge of the closure order for the well that supplied them with water, which, consequently, allowed them to exercise, at that time, the actions they deemed pertinent in order to regularize the situation under study.
In fact, it is important to note that in this matter it has been fully verified –as the petitioner himself has related in the brief filing this proceeding– that the residents of the mentioned residential complex already knew, for many years prior (at least since 2013), of the irregular situation in which they found themselves regarding the provision of water service (given that the well operated illegally), to the point that, in 2016 and 2018, they sought help from the authorities of the ICAA to take over the aqueduct that operates on the site. Consequently, it is clear that the closure order issued in September 2020 by the Dirección de Agua could not be considered abrupt and arbitrary, according to the terms set forth and alleged before this Court, since it was to be expected that the authorities of MINAE would, sooner or later, act in that manner, following, as has been stated repeatedly, the provisions of our legal system (Executive Decree No. 35884-MINAE).
C. Regarding the alleged obligation to coordinate previously with ARESEP and the ICAA. Following what was indicated in the previous section, this Sala is of the view that the Dirección de Agua of MINAE, pursuant, in turn, to the provisions of the already cited Executive Decree No. 35884-MINAE, fulfilled its specific obligation to notify the closure of the well to the owner of the property where it is located, without it being indicated or imposed in that same regulatory body that there is an obligation to carry out the action that the petitioner demands, namely, that of coordinating prior to the closure of the well with other institutions (in this case with ARESEP and with the ICAA), in order to find a solution to the water supply problem in the residential complex. What the petitioner essentially suggests, through this argument, is that MINAE should indefinitely suspend compliance with the provisions of the cited regulations (and perpetuate the use and operation of an illegally built well), until one of those two institutions, principally the ICAA, completely resolved the situation in which the residents of the cited residential complex found themselves and currently find themselves, for reasons, apparently, unrelated to the public administration, which, however, is not plausible in the view of this constitutional body, since the duty of this ministry was to ensure the closure of the well and nothing else. This, because as has been said, the Dirección de Agua of MINAE has not intervened, at any time, as the provider of potable water service to the properties under study.
In any event, as was also already stated, the record in this matter shows that since at least 2016, that is, four years before the official letter (oficio) in question No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 was issued, the ICAA was aware of the case under study –as it was brought to its attention by members of [...]–, without, at that time, a solution having been achieved. Furthermore, it was proven that two years later, that is, in September 2018, the petitioner submitted a formal request to the Board of Directors of the ICAA for that institution to administer the potable water supply in the referred housing project, which, however, could not be carried out due to the failure of the interested parties to meet the requirements established for that purpose. Therefore, in this matter it has been reliably verified that although MINAE, when issuing the administrative act under study, did not carry out that prior coordination sought by the petitioner (which, as stated, in any event is not imposed on it by the legal system), the truth is that by that time the ICAA was aware of the problem under study and had already issued a criterion on how the situation could be resolved (a topic that will be taken up again in detail in the following section).
D. Regarding the alleged omission of the ICAA to resolve the situation related to the potable water supply in the residential complex. Contrary to what is accused by the petitioner, this Constitutional Court does not consider that the authorities of the ICAA can be charged with or attributed any arbitrary action or omission on their part in this matter, which has violated the fundamental rights of the inhabitants of Quintas Residenciales La Ceiba. It should be observed that, in this matter, as already anticipated, the record shows that the interested parties (residents of said residential complex) have gone to this institution on two occasions and that, although it has not taken over the aqueduct and, consequently, the supply of potable water in said residential complex, this is due to an important reason, which is that the former have not fulfilled a series of requirements and technical aspects that were notified to them and brought to their attention several years ago.
Specifically, it was determined that, in 2016, some members of [...] met with two engineers from the ICAA to propose that they take over the aqueduct of the residential complex. On this occasion, as was also proven, said officials requested the fulfillment of several requirements for that purpose (e.g., detailed information from the pumping test, the amount of water the well produced, water quality analysis, the plan of the farm where the well is located and possible easement (servidumbre), etc.). Likewise, it was verified that, some time later, in September 2018, the petitioner submitted to the Board of Directors of the ICAA a formal request for that institution to administer the potable water supply in the referred housing project. Said request was referred by the Board of Directors of the ICAA to the Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados of the ICAA, as a result of which report No. GSP-RPC-2018-00586 dated October 16, 2018, was issued, called Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, signed by an official of the Región Pacífico Central of the ICAA and in which it was indicated that, to grant the petitioner's claim, a series of requirements had to be met, among them, the following:
“(…) 1. Approval of the segregation of the farm, in accordance with the provisions of article 36 of the Ley de Planificación Urbana and articles 11.2.1 and 50, 51, 52, 53, 54, and 55 of the Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, these last five articles regarding agricultural parceling (parcelamiento agrícola); as an exceptionality, requiring for this the approval of the INVU. All the foregoing so that the provision of the service is legal, environmentally, and technically feasible.
2. The service to be supplied must be adequate in terms of quality, quantity, and continuity, for which the infrastructure must allow it, as well as a surplus for vegetative growth of the area.
3. The internal roads of the project must be public roads or agricultural easements (servidumbres agrícolas), the former must be registered as such within the cantonal road network of Orotina, while the latter as right-of-way and aqueduct easements (servidumbres de paso y acueducto) in favor of AyA, which allow free circulation through them, as well as the possibility of installing infrastructure.
4. The existing distribution network must be evaluated regarding its characteristics such as diameter, material, schedule, installation, and any other element that must be considered for its possible acceptance, or failing that, which must be replaced. These pipes must comply with the Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial.
5. As established in the request, the required infrastructure must be complete, including the well fully equipped and with the necessary protection, the protection areas established by the hydrogeological study, a 72-hour pumping test, which must be carried out, and all available information and that to be obtained from it. Likewise, it must include the disinfection system, impulsion pipes, storage tank, and distribution network.
6. All infrastructure to be built and/or existing must be approved by AyA, in accordance with established regulations.
7. Define the characteristics of the development, that is, whether it is for tourism, residential, agricultural, or other use.
8. The aspects of the installation of micro-metering (water meters) or their supply must be defined by the interested parties (…)”.
All these requirements, as reported by the authorities of the ICAA and, even, as recognized by the petitioner himself in the brief filing this amparo, had not been able to be met, and therefore, consequently, said institute had not been able to take over the aqueduct and supply the potable water service, as intended.
Thus, it is easily inferred that the authorities of the ICAA have not refused, at any time, in an unfounded or arbitrary manner to provide the service under study, in the terms in which the protected party presents or sets it forth before this constitutional jurisdiction.
What occurs in this matter is that ICAA, prior to carrying out the intended action, requires that a series of requirements be fulfilled in compliance with the stipulations of the legal system, without it being possible, in this particular case, to make an illegal exception and provide the service in the project called Quintas Residenciales La Ceiba, as the claimant apparently desires. It should be noted that this Chamber, on repeated occasions, has indicated that the provision of drinking water supply service may be validly denied when the requirements stipulated for that purpose have not been met. Thus, in Voto No. 2009-9936 of 14:08 hrs. of 19 June 2009, the following was stated:
“(…) Thus, this character of a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the administration can validly establish general requirements that must be met by each applicant in order to evaluate their particular request, and therefore the possibility of limiting the granting of new water connections (pajas de agua) is recognized for the purpose of ensuring the continuity of the provision of the public service of drinking water supply to current users and domiciles that receive said service – see judgments numbers 2007-17475, of eleven hours five minutes of thirty November two thousand seven, and 2008-11390, of eleven hours twenty-nine minutes of twenty-two July two thousand eight-. In this regard, in judgment number 2006-1898, of nine hours fifty-three minutes of seventeen February two thousand six – reiterated, among others, by judgment number 2007-13310, of ten hours fifty-seven minutes of fourteen September two thousand seven- the Chamber established that:
“The claimant alleges (…) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with drinking water service, arguing that it is a precarious settlement (precario) and that its inhabitants do not have a segregation plan (plano de segregación) establishing that they are the owners of the properties. In this regard, it is accredited in the record, based on the report rendered under oath by the respondent authority, that there is an impossibility to install domiciliary drinking water services in the community where the claimant lives for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the failure to submit applications that meet legal requirements by the interested parties (...). This Chamber, in judgment No. 2004-12185 of 13:31 hours of 29 October 2004, in a case similar to the present one, indicated that it was not possible to compel the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to circumvent the provisions of its Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes or the Ley General de Agua Potable. Hence, as long as the protected party does not meet the conditions and requirements demanded therein, even though drinking water service must be within reach of every person because it is an essential service, it cannot be provided to them on a regular basis. Given the existence of those two objective reasons why it is not possible to supply regular drinking water service to the claimant: their failure to meet the requirements for connecting a new service, beginning with the submission of the application and the existence of adequate infrastructure in the area, there is no reason whatsoever to understand that the denial of the provision of regular service by the respondent Institute is due to the fact that the protected party and their neighbors do not have title deeds to the properties they possess. To the foregoing it should be added that based on Article 33 of the referenced Regulation, the lack of a title deed does not appear to be an obstacle to requesting the connection of a new drinking water service, as long as the requirements indicated by that norm are met. In any case, it is also accredited that even though regular drinking water service has not been supplied, the claimant and other neighbors have a public source (fuente pública) that the Institute installed so they can supply themselves for their basic needs. Hence, this Court considers that it has been the very omission of the claimant and the neighbors of the locality, who do not prove having submitted the applications for the installation of a new drinking water service in the community where they live, that has prevented their situation from being evaluated in order to determine if, by meeting, above all, the requirements of Article 33 of the Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, the infrastructure limitations can be overcome in their case and they can be provided with regular drinking water service.” It is understood then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the drinking water service, a situation which determines that the administration lacks the obligation to provide drinking water service if there are technical reasons that advise against it or make it impossible, and it must adequately inform the petitioner of the reasons why their request cannot be attended to (…)”.
For its part, in Judgment No. 2018-7781 of 09:15 hrs. of 18 May 2018, this Chamber stated:
“(…) III.- ON THE DENIAL OF DRINKING WATER SERVICE. This Chamber has considered that, although a fundamental right to drinking water exists, its exercise is not indiscriminate, such that there is an obligation on the part of the entities that provide this service to provide it under any condition and at any opportunity. Specifically, this Chamber has recognized that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, municipalities, or associations that administer aqueducts and sewers, may deny the availability of drinking water if there are technical reasons that so justify it. In judgment number 2009-003825 of 16:49 hours of 10 March 2009, reiterated in judgment No. 2016-005382 of 9:05 hours of 22 April 2016, this Chamber resolved the following:
“(...) It is understood then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the drinking water service, a situation which determines that the administration lacks the obligation to provide drinking water service if there are technical reasons that advise against it or make it impossible, and it must adequately inform the petitioner of the reasons why their request cannot be attended to (…)”.
Concomitantly, it is necessary to bring up what was reported on this matter and under oath by the Subgerente de Sistemas Periféricos of ICAA, namely, the following:
“(…) all the information required by AyA, set forth in the technical report, are essential requirements to materialize the administration of the aqueduct (acueducto) by AyA, therefore the Institution has shown its willingness to solve the supply needs of the community, as long as the requested information is provided, the improvements determined by the institutional technical area are made, and the condition of access to the properties and their respective registrations is defined, all of the foregoing in accordance with the provisions of the normative body, governing the conditions to which the Institute binds itself with the user and the necessary requirements for the provision of the service, which are found in the Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, in Article 7 (…)” (The underlining is not part of the original).
Furthermore, this authority maintained that:
“(…) if the claimant provides the information requested in the report made by the Dirección de Operación y Mantenimiento since October 2018, to determine the current conditions of the system, accesses and subsequently make the improvements indicated by the institutional technical area, the aqueduct can be taken over and the current conditions of the water resource (recurso hídrico) of the residents of Quinta La Ceiba can be solved (…)”. (The underlining is not part of the original).
Thus, in this matter it is established as proven that the authorities of ICAA have not left the neighbors of the said residential development unprotected, given that they have proposed a project to them to take over the aqueduct and provide them with drinking water service for several years, and that, if this has not materialized, it has been because the latter have not complied with the requirements demanded and brought to their knowledge.
E. Regarding the claimant's demand that the companies related to the residential complex assume their responsibility in this case. Finally, it is necessary to point out to the claimant that the demand aimed at having the companies involved in this matter (principally, the developer company Ganadera La Ceiba S.A.) take responsibility for the situation under study and provide a solution regarding the provision of drinking water service in the mentioned residential development, must be brought, if they see fit, before the ordinary legal channels created specifically for that purpose. It should be noted that it falls outside the scope of competence of this Constitutional Court, as it is a matter of mere and pure legality, to analyze the merits of the case under study, specifically, the agreements reached by the owners of the properties that form part of the cited residential development with the developer company Ganadera La Ceiba S.A. (or with any other private legal person), at the time of purchasing the lots (quintas) and all those specific aspects properly related to the provision of water service at the site and, concomitantly, to determine whether this company or another must assume some type of responsibility in the situation and case presented here. It is not materially or reasonably possible to enter into a complicated and slow evidentiary system to elucidate the referenced aspects pointed out by the protected party. Therefore, as already stated, this particular grievance must be brought before the respective ordinary legal channels, as it clearly exceeds the summary nature of the recurso de amparo, as well as the competence of this Court granted by the Ley de la Jurisdicción Constitucional and the Political Constitution itself.
*** By virtue of the foregoing, as it is not observed, in this case, that the respondent authorities have committed any violation of the fundamental rights of the claimant and the rest of the owners of the Quintas Residenciales La Ceiba project, the appropriate course is to dismiss this amparo proceeding.
VI.- Now, despite what was said supra, it is necessary to indicate to the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that, at the moment the owners of the properties that make up the Quintas Residenciales La Ceiba project comply with all the technical and legal requirements that have been demanded of them, whatever is legally appropriate be resolved; provided that another cause unrelated to the one examined in this sub lite does not prevent it.
VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session number 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The recurso is dismissed. The authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados take note of the provisions in Considerando VI of this judgment.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
AGUA POTABLE.
Telf5743. SERVICIOS PÚBLICOS. SE CUESTIONA CIERRE DE POZO DE UN RESIDENCIAL DE QUINTAS EN OROTINA, QUE ABASTECE A LOS VECINOS DE AGUA, SIN DEBIDO PROCESO. SE DECLARA SIN LUGAR, POR CUANTO NO TENÍAN PERMISOS EN REGLA; NO OBSTANTE SE ADVIERTE, QUE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS, SE RESUELVA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA. VCG10/2023 “(…) V.- CASO CONCRETO. El recurrente acude a esta Sala Constitucional e indica que figura como Presidente de [...]. Expone que hace 23 años se desarrolló el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, el cual se compone de quintas de aproximadamente 7.000 metros cuadrados cada una y tiene un total de 100 fincas inscritas como predios agrícolas.
Indica que el desarrollador de ese proyecto era la empresa Ganadera La Ceiba S.A., la que entregó a los compradores los planos catastrados que cumplían con las especificaciones de los predios agrícolas y con el servicio de agua potable. Explica que, al momento de la venta de los inmuebles, el desarrollador garantizó la prestación del servicio de agua potable mediante un acueducto de la misma empresa, para lo cual cada parcela contaba con el respectivo medidor. Señala que inicialmente el servicio se brindaba de forma privada por la misma compañía vendedora (Ganadera La Ceiba S.A.), a través de una empresa relacionada llamada SERINCON S.A., que tuvo a su cargo el cobro del servicio. Refiere que SERICON S.A. desde el año 1997 ha suministrado el servicio de agua potable. A partir del año 2017, los depósitos de pago por el suministro de agua se realizan a otra empresa llamada TYRICA S.A., también relacionada con la Ganadera La Ceiba S.A..
Agrega que un vecino presentó una queja ante el MINAE por el alto costo del servicio de agua potable, la cual originó la emisión del oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 que hizo referencia a la ilegalidad del citado pozo y dispuso su cierre en el plazo de un mes.
Acusa que el MINAE dispuso el cierre de ese pozo de forma intempestiva, sin otorgar audiencia previa a todos los vecinos del residencial (pues solo se notificó a la empresa infractora) y sin realizar un debido procedimiento, quedando así todos en indefensión. Sostiene que los referidos vecinos se enteraron de lo ocurrido por terceras personas.
Alega que, tampoco, se les brindó audiencia previa o consultó a las autoridades del ICAA y de la ARESEP, como medio para buscar una solución a la situación. Todo esto, pese a que, al momento del cierre se encontraba en plena vigencia la emergencia nacional por COVID-19, por lo que, en su criterio, resulta esencial contar con el servicio de agua potable.
Añade que a pesar de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el órgano que debe realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo, así como resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable en el país, no se han tomado las acciones pertinentes para dar una solución a las 100 familias que se han visto afectadas con el cierre del pozo y la suspensión del servicio de agua en sus viviendas. Expone que el ICAA no puede quedar al margen de las gestiones necesarias a realizar para proveer el suministro de agua potable a la comunidad y por eso es necesario su concurso en esta solución; concurso que debió ser procurado por el mismo MINAE antes de ordenar el cierre del pozo.
De otra parte, reitera que el desarrollador, al poner en venta las fincas, ofreció la prestación del servicio de agua potable, factor que incidió para que las personas adquirieran las propiedades. Indica que las tres empresas supra citadas son las que tienen el poder y la administración de dicho pozo, así como tienen a su cargo la lectura de los hidrómetros, establecen las facturas y cobran por el servicio de agua, por lo que estima que es necesario que estas participen en el procedimiento de traslado del acueducto al ICAA. En ese mismo sentido, considera, tienen que coordinar con el MINAE y el ICAA lo pertinente para que se cumplan los requisitos exigidos para que dicho instituto asuma la administración del acueducto de la comunidad.
Sostiene, entonces, que en este caso se violentó el derecho de acceso al agua potable, así como sus derechos a la defensa y al debido proceso. Por consiguiente, solicita que este amparo se acogido y, entre otros aspectos, se anule la orden de cierre del pozo dispuesta en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 emitido por la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se ordene al ICAA su inmediata intervención para garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable, realizando las gestiones y obras que fueran necesarias.
Visto lo anterior, esta Sala observa que el accionante formula este amparo dirigido en los siguientes sentidos: a) que mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 de la Dirección de Agua del MINAE se ordenó el cierre del pozo que abastece el complejo residencial, donde habitan 100 familias, en claro quebranto al derecho de acceso al agua potable y pese a estar vigente la pandemia por COVID-19; b) que dicha decisión se tomó sin notificarse u otorgarse audiencia previa a las 100 familias propietarias de las mencionadas quintas y, por ende, sin respetarse el debido proceso; c) que de previo a emitirse la referida orden, no se realizó consulta al ICAA o a la ARESEP, con el fin de buscarse una solución a la referida problemática; d) que las autoridades del ICAA, pese a las gestiones que le han sido formuladas, no han brindado una solución a la situación y e) que las privadas involucradas en este asunto, deben hacerse responsables y solventar el problema expuesto.
Ahora bien, analizados los agravios expuestos por el recurrente, los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento por las autoridades recurridas, así como todas las pruebas allegadas a los autos, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para acoger este amparo y, concomitantemente, las pretensiones plantadas por el tutelado. Lo anterior, por los motivos que se expondrán a continuación.
A. Sobre lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 y la necesidad de proveerse de agua potable durante la pandemia por COVID-19. En primer término, resulta menester apuntar que, en la especie, esta Sala no observa, de ningún modo, que la actuación reclamada por el accionante, sea el cierre y sellado del pozo ubicado en la finca No. 377663-000 (propiedad de Ganadera La Ceiba S.A.) y que ha abastecido desde hace varios años al proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, se pueda tener como arbitraria o infundada. En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua –al parecer presuntamente por así haber sido dispuesto por la citada empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.–, a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos y que, por ende, no se encuentra debidamente registrado ante la Dirección de Agua del MINAE, tal y como lo dispone el ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); de ahí que, se haya procurado su cierre. Nótese que este último cuerpo normativo, en su artículo 28 establece lo siguiente:
“De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del MINAET ordenará el cierre de un pozo en las siguientes condiciones:
Lo anterior, sustenta entonces, claramente, la actuación de la Dirección de Agua del MINAE, concretamente, lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 impugnado por el promovente, en su condición de Presidente de [...]. Oficio que, además, cabe destacar, señala puntualmente todos los motivos de derecho y de hecho que fundamentan el cierre en cuestión, entre los que figuran, principalmente, como se dijo, el funcionamiento del pozo de manera ilegal y su uso para consumo humano y no como abrevadero para 20 reses, tal y como se señaló y solicitó años después, concretamente en marzo de 2020, al ser presentada una gestión por la referida sociedad para legalizar el pozo, a tenor de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG de 18 de julio de 2019 denominado Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas (procedimiento último tramitado conforme el expediente No. [Valor 003]). Siendo así, es evidente que los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se han proveído de agua de forma irregular por varios años y que las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE, únicamente se ha abocado a regularizar y poner a derecho esa situación conforme lo establece y exige, a su vez el ordenamiento jurídico; de ahí que, bajo esa perspectiva, no podría afirmarse que la actuación de cierre y sellado del pozo en cuestión atente contra el derecho fundamental de acceso al agua potable. Por el contrario, a tenor de lo estipulado en dicho ordenamiento jurídico, tal actuación busca proteger el recurso hídrico.
De otra parte, debe tomarse en cuenta que, si bien a través del cuestionado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 se dispuso el cierre y sellado del pozo, lo cierto es que –tal y como también quedó acreditado–, esta orden no fue ejecutada en aquel momento (sea, el año 2020) ni subsiguientemente por las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE. Nótese que, en un primer momento, el Director de Aguas del MINAE, mediante resolución No. DA-1769-2020 de las 08:17 hrs. de 3 de diciembre de 2020 (emitida dentro del referido procedimiento No. [Valor 003]), dispuso la suspensión de dicha orden hasta tanto se resolviera la acción de inconstitucionalidad que se había presentado en contra de lo dispuesto en el citado Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG (que permitía legalizar pozos perforados de forma irregular). Adicionalmente, en esa oportunidad, se aclaró que la inscripción del pozo solicitado quedaba sujeta al cumplimento de lo dispuesto en dicho cuerpo normativo (Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG) y que esta solicitud propiamente sería resuelta al pronunciarse la Sala Constitucional sobre dicho proceso de constitucionalidad. Esta última acción, según se acreditó, fue resuelta y desestimada por esta jurisdicción constitucional mediante la Sentencia No. 2021-25386 de las 13:10 hrs. de 10 de noviembre de 2021, la cual, además, fue notificada en el mes de marzo de 2022 a todas las partes. Luego, las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE, concretamente, en el mes de julio de 2022, informaron a esta Sala que, para entonces, la solicitud para legalizar el pozo en cuestión se encontraba aún pendiente de resolver, lo cual se haría hasta que se resolviera el presente proceso de amparo. Esta situación, según se confirmó recientemente (sea, el 29 de septiembre de 2023), es la que perdura e impera a la fecha. Además, se aclaró que el pozo ubicado en el citado proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba no había sido sellado y que, por ende, los habitantes de este sitio continúan utilizándolo para proveerse de agua. En consecuencia, a partir de lo anterior, no podría sostenerse que el recurrente y el resto de personas propietarias de las quintas referidas, se hayan quedado desprovistas del servicio de agua potable, al menos, durante los años en que la pandemia por COVID-19 se encontró mayormente vigente y, por consiguiente, cuando más necesario se hizo el suministro de este líquido en resguardo del derecho fundamental a la salud.
B. En cuanto a la presunta violación al derecho a la defensa y al debido proceso. En este asunto se ha acreditado y verificado que el pozo en cuestión se halla en un inmueble propiedad de la empresa denominada Ganadera La Ceiba S.A., lo cual fue confirmado en una inspección realizada por las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE en septiembre del año 2020, y no en un inmueble a nombre propiamente de la amparada Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorada o bien a nombre de algún otro vecino en particular. De ahí que, resulte plenamente justificado que las autoridades de la Dirección de Agua, el 4 de noviembre de 2020, hayan notificado el referido oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 precisamente al dueño o representante del inmueble donde se construyó y opera el pozo , pues es este quien –a tenor de lo dispuesto en el ya citado Decreto Ejecutivo 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas-, debía proceder con el respectivo cierre y sellado. Nótese que, sobre el particular, este último decreto dispone en su artículo 38 lo siguiente:
“Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.” (El subrayado no forma parte del original).
Paralelamente a lo anterior, debe tenerse claro en este asunto que la Dirección de Agua del MINAE no es o figura como el proveedor de servicio de agua potable en el complejo residencial bajo estudio. En ningún momento ha suscrito alguna especie de relación por ese concepto con ninguno de los propietarios de las 100 fincas a las que hace referencia el tutelado; de hecho, no tiene competencia alguna al respecto dotada por nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, no podría imputársele a esta dirección la obligación de notificarle a cada uno de estos propietarios (en presunta calidad de beneficiarios del servicio de suministro de agua), lo dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20. Resulta evidente que la Dirección de Agua se limitó a poner a derecho el uso del pozo y, desde esa perspectiva, su labor se reducía a notificarle al propietario del inmueble donde este se hallaba, la orden de cierre y sellado en cuestión, tal y como así efectivamente se hizo. Así las cosas, en este caso, no es factible afirmar que a los dueños de los citados inmuebles que conforman el citado residencial, se les vulneraron sus derechos a la defensa y al debido proceso.
En todo caso, es importante destacar que el propio recurrente, en el escrito de interposición de este amparo, afirmó que los propietarios de los inmuebles ubicados en el citado complejo residencial se enteraron de la orden de cierre en cuestión por otros medios. Incluso, en el elenco de pruebas aportadas por el promovente, consta algunos oficios fechados 17 de noviembre de 2020, donde se acredita que un representante de la sociedad Ganadera La Ceiba S.A. les notificó a algunos dueños de las quintas la orden de sellado dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020. Siendo así, es claro que los propietarios de los citados inmuebles, de previo a la interposición de este amparo, sí tuvieron conocimiento de la orden de cierre del pozo que los abastecía de agua, lo que, en consecuencia, les permitió ejercer, en aquel momento, las acciones que estimaran pertinentes con el fin de regularizar la situación bajo estudio.
De hecho, es importante señalar que en este asunto ha quedado plenamente verificado –pues así lo ha relatado el propio recurrente en el escrito de interposición de este proceso–, que los vecinos del mencionado residencial ya conocían, desde muchos años atrás (al menos desde el año 2013), la situación irregular en la que se encontraban respecto a la prestación el servicio de agua (dado que el pozo funcionaba ilegalmente), al punto que, en los años 2016 y 2018, buscaron ayuda de las autoridades del ICAA para que asumieran el acueducto que opera en el sitio. Por consiguiente, es claro que la orden de cierre dispuesta en septiembre de 2020 por parte de la Dirección de Agua no podría considerarse como intempestiva y arbitraria, según los términos expuestos y alegados ante este Tribunal, pues era de esperarse que las autoridades del MINAE, tarde o temprano, actuaran de esa manera, siguiendo, como se ha dicho reiteradamente, lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE).
C. Tocante a la presunta obligación de coordinar previamente con la ARESEP y el ICAA. Siguiendo lo indicado en el apartado anterior, esta Sala es del criterio que la Dirección de Agua del MINAE, a tenor, a su vez, de lo dispuesto en el ya citado Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE, cumplió con su puntual obligación de notificar el cierre del pozo al dueño del inmueble donde este se encuentra, sin que se denote o se imponga en ese mismo cuerpo normativo, la obligación de llevar a cabo la actuación que reclama la parte accionante, sea la de coordinar de previo al cierre del pozo con otras instituciones (en este caso con la ARESEP y con el ICAA), con el fin de hallar una solución al problema de suministro de agua en el complejo residencial. El promovente lo que sugiere en el fondo, a través de este alegato, es que el MINAE debía suspender indefinidamente el cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa (y perpetuar el uso y funcionamiento de un pozo construido ilegalmente), hasta que alguna de esas dos instituciones, principalmente el ICAA, resolviera totalmente la situación en la que se encontraron y encuentran actualmente los vecinos del citado residencial, por motivos, al parecer, ajenos a la administración pública, lo cual sin embargo, no resulta plausible en criterio de este órgano constitucional, ya que el deber de este ministerio era velar por el cierre del pozo y no otro. Esto, pues como se ha dicho, la Dirección de Agua del MINAE no ha intervenido, en ningún momento, como prestador del servicio de agua potable en los inmuebles bajo estudio.
En todo caso, como ya también se dijo, en este asunto consta que desde al menos el año 2016, sea, cuatro años antes de emitido el oficio en cuestión No. DA-UHTPCOSJ-2123-20, el ICAA conocía del caso bajo estudio –pues así le fue puesto en conocimiento por miembros de [...]–, sin que, en ese momento, se haya logrado concretar una solución. Además, se acreditó que dos años más tarde, sea, en septiembre de 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA una solicitud formal para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional, lo cual, sin embargo, no se pudo realizar ante la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto de parte de los interesados. Por ende, en este asunto se ha verificado fehacientemente que si bien el MINAE al emitir el acto administrativo bajo estudio no realizó esa coordinación previa pretendida por el accionante (la cual, como se dijo, en todo caso no le es impuesta por el ordenamiento jurídico), lo cierto es que para entonces el ICAA conocía el problema bajo estudio y ya había emitido criterio sobre cómo se podría resolver la situación (tema último que se retomará con detenimiento en el siguiente apartado).
D. Sobre la supuesta omisión del ICAA en solventar la situación relacionada con el suministro de agua potable en el complejo residencial. Contrario a lo acusado por el recurrente, este Tribunal Constitucional no considera que a las autoridades del ICAA se les pueda imputar o atribución alguna actuación u omisión arbitraria de su parte en este asunto, que haya atentado en contra de los derechos fundamentales de los habitantes de Quintas Residenciales La Ceiba. Debe observarse que, en este asunto, como ya se adelantó, consta que los interesados (vecinos de dicho residencial), han acudido en dos ocasiones ante esta institución y que, si bien esta no ha asumido el acueducto y, consiguientemente, el suministro de agua potable en dicho complejo residencial, esto se debe a una importante razón, y es que los primeros no han cumplido una serie de requisitos y aspectos técnicos que les fueron notificados y puestos en conocimiento desde hace varios años.
En concreto, se determinó que, en el año 2016, algunos miembros de [...] se reunieron con dos ingenieros del ICAA para proponerles asumir el acueducto del complejo residencial. En esta ocasión, según se acreditó también, dichos funcionarios solicitaron el cumplimiento de varios requisitos para tal efecto (v.gr. información detallada de la prueba de bombeo, la cantidad de agua que daba el pozo, análisis de calidad de agua, el plano de la finca donde está el pozo y posible servidumbre, etc.). Asimismo, se verificó que, tiempo después, en septiembre del año 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA una solicitud formal para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional. Dicha solicitud fue trasladada por la Junta Directiva del ICAA a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados del ICAA, producto de lo cual se emitió el informe No. GSP-RPC-2018-00586 de fecha 16 de octubre de 2018, llamado Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, suscrito por un funcionario de la Región Pacífico Central del ICAA y en el cual se indicó que, para acceder a la pretensión del gestionante, se debían cumplir una serie de requisitos, entre estos, lo siguientes:
“(…) 1. Visado de la segregación de la finca, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y en los artículos 11.2.1 y 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, estos últimos cinco artículos en lo correspondiente a parcelamiento agrícola; como excepcionalidad, requiriendo para ello el visado del INVU. Todo lo anterior para que la prestación del servicio sea legal, ambiental y técnicamente factible.
2. El servicio a suministrar debe ser adecuado en cuanto a calidad, cantidad y continuidad, por lo que la infraestructura lo debe permitir, así como un remanente para crecimiento vegetativo de la zona.
3. Las calles internas del proyecto deben ser calles públicas o servidumbres agrícolas, debiendo estar inscritas las primeras como tales dentro de la red vial cantonal de Orotina, mientras las segundas como servidumbres de paso y acueducto a favor del AyA, que permitan la libre circulación por ellas, así como la posibilidad de instalación de infraestructura.
4. La red de distribución existente debe ser evaluada en cuanto a sus características como diámetro, material, cédula, instalación y cualquier otro elemento que debe ser considerado para su posible aceptación, o en su defecto, que deba ser sustituido. Estas tuberías deben cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial.
5. Tal y como lo establece la solicitud, la infraestructura requerida debe ser completa, incluyendo el pozo totalmente equipado y con la protección necesaria, las áreas de protección que establezca el estudio hidrogeológico, prueba de bombeo de 72 horas, lo cual es necesario realizar, y toda la información disponible y por obtener de él. Así mismo debe incluir el sistema de desinfección, tuberías de impulsión, tanque de almacenamiento y red de distribución.
6. Toda la infraestructura a construir y/o existente debe ser aprobada por el AyA, de acuerdo a la normativa establecida.
7. Definir las características del desarrollo, esto es, si es de tipo turístico, habitacional, agrícola u otro.
8. Los aspectos de la instalación de la micromedición (hidrómetros) o su suministro deberá ser definido por los interesados (…)”.
Todos estos requisitos, según se informó por parte de las autoridades del ICAA e, incluso, así lo reconoció el propio accionante en el escrito de interposición de este amparo, no habían podido ser cumplidos, por lo que, consecuentemente, dicho instituto no había podido tomar el acueducto y suministrar el servicio de agua potable, según lo pretendido.
De este modo, se colige fácilmente que las autoridades del ICAA no se han negado, en ningún momento, de forma infundada o arbitraria a prestar el servicio bajo estudio, según los términos en que lo hace ver o expone el tutelado ante esta jurisdicción constitucional. Lo que sucede en este asunto es que el ICAA, de previo a realizar la actuación pretendida, requiere que se cumplan una serie de requisitos en apego a lo estipulado en el ordenamiento jurídico, sin que sea posible para este caso en particular, realizar una ilegal excepción, y brindar el servicio en el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, tal y como pareciera así lo quiere el recurrente. Nótese que, esta Sala, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la prestación del servicio de suministro de agua potable se puede válidamente denegar cuando no se han cumplido los requisitos estipulados al efecto. Así, en el Voto No. 2009-9936 de las 14:08 hrs. de 19 de junio de 2009, se indicó lo siguiente:
“(…) De tal forma, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento, por lo que se reconoce la posibilidad de limitar el otorgamiento de nuevas pajas de agua con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación del servicio público de suministro de agua potable a los actuales usuarios y domicilios que reciben dicho servicio –ver sentencias números 2007-17475, de las once horas cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil siete, y 2008-11390, de las once horas veintinueve minutos del veintidós de julio de dos mil ocho-. En este sentido, en sentencia número 2006-1898, de las nueve horas cincuenta y tres minutos del diecisiete de febrero de dos mil seis –reiterada, entre otras, por sentencia número 2007-13310, de las diez horas cincuenta y siete minutos del catorce de setiembre de dos mil siete- estableció la Sala que:
“El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. A lo anterior cabe agregar que con base en el artículo 33 del Reglamento referido, la falta de un título de propiedad no parece ser un obstáculo para solicitar la conexión de un servicio nuevo de agua potable, en tanto se cumplan los requerimientos que indica esa norma. En todo caso, se encuentra acreditado también que aunque no se ha suministrado el servicio regular de agua potable, el recurrente y demás vecinos cuentan con fuente pública que el Instituto instaló para que puedan abastecerse, para sus necesidades básicas. De ahí que considere este Tribunal que ha sido la propia omisión del recurrente y de los vecinos de la localidad, quienes no acreditan haber presentado las solicitudes para la instalación de un servicio nuevo de agua potable en la comunidad donde habitan, la que ha impedido que se valore su situación a efectos de determinar si, cumpliendo, sobre todo los requerimientos del artículo 33 del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, las limitaciones de infraestructura pueden ser superadas en su caso y se les puede proveer de un servicio regular de agua potable.” Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.
Por su parte, en la Sentencia No. 2018-7781 de las 09:15 hrs. de 18 de mayo de 2018, esta Sala señaló:
“(…) III.- SOBRE LA DENEGATORIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. Esta Sala ha considerado que, si bien, existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, de forma que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad. En concreto, esta Sala ha reconocido que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas que así lo justifiquen. En sentencia número 2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009, reiterada en la sentencia No. 2016-005382 de las 9:05 horas de 22 de abril de 2016, esta Sala resolvió lo siguiente:
“(...) Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.
Concomitantemente, resulta menester traer a colación lo informado sobre el particular y bajo juramento por el Subgerente de Sistemas Periféricos del ICAA, sea, lo siguiente:
“(…) toda la información requerida por el AyA, plasmada en el informe técnico, son requerimientos esenciales para concretar la administración del acueducto por parte del AyA, por ende la Institución ha mostrado su anuencia en solventar las necesidades de abastecimiento de la comunidad, en el tanto se brinde la información solicitada, se realicen las mejoras que la parte técnica institucional determine y se defina la condición de acceso a los inmuebles y su respectivas inscripciones, todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en el cuerpo normativo, que rige las condiciones a las que se obliga el Instituto con el usuario y los requisitos necesarios para la prestación del servicio, se encuentran en el Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, en el Artículo 7 (…)” (El subrayado no forma parte del original).
Además, esta autoridad sostuvo que:
“(…) si el recurrente aporta la información solicitada en el informe realizado por la Dirección de Operación y Mantenimiento desde octubre del 2018, para determinar las condiciones actuales del sistema, accesos y posteriormente realizar las mejoras indicadas por el área técnica institucional, se puede asumir el acueducto y solucionar las condiciones actuales del recurso hídrico, de los pobladores de Quinta La Ceiba (…)”. (El subrayado no forma parte del original).
Así las cosas, en este asunto se tiene por acreditado que las autoridades del ICAA no han dejado desamparados a los vecinos del referido residencial, habida cuenta que les han propuesto un proyecto para asumir el acueducto y proveerles el servicio de agua potable desde hace varios años, siendo que, si esto no se ha concretado, ha sido porque los segundos no han cumplido con los requisitos exigidos y puestos en su conocimiento.
E. En cuanto a la pretensión del recurrente para que las empresas relacionadas con el complejo residencial asuman su responsabilidad en este caso. Finalmente, resulta menester señalarle al recurrente que la pretensión dirigida a que las empresas involucradas en este asunto (principalmente, la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.), se hagan responsables de asumir la situación bajo estudio y brinden una solución en cuanto a la provisión del servicio de agua potable en el mencionado residencial, deberá ser planteada, si a bien lo tiene, ante las vías ordinarias de legalidad creadas especialmente al efecto. Nótese que escapa del ámbito de competencias de este Tribunal Constitucional, por tratarse de un tema de mera y pura legalidad, analizar por el fondo el caso bajo estudio, específicamente, los acuerdos a los que llegaron los propietarios de los inmuebles que forman parte del citado residencial con la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A. (o con algún otro sujeto de derecho privado), al momento de comprar las quintas y todos aquellos puntuales aspectos relacionados propiamente con la prestación del servicio de agua en el sitio y, concomitantemente, determinar, si esta sociedad u otra deben asumir o no algún tipo de responsabilidad en la situación y caso acá expuesto. No resulta material ni razonablemente posible entrar a un complicado y lento sistema probatorio para dilucidar los referidos aspectos señalados por la parte tutelada. Por ende, como ya se dijo, este agravio en particular debe ser planteado ante las respectivas vías ordinarias de legalidad, por cuanto claramente excede el carácter sumario del recurso de amparo, así como la competencia de este Tribunal otorgada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la propia Constitución Política.
*** En mérito de lo expuesto, al no advertirse, en la especie, que las autoridades recurridas hayan cometido violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente y del resto de propietarios del proyecto Quintas Residenciales La Ceiba, lo que procede es desestimar el presente proceso de amparo.
VI.- Ahora bien, pese a lo dicho supra, resulta menester indicarles a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que, en el momento que los propietarios de los inmuebles que conforman el proyecto Quintas Residenciales La Ceiba cumplan con todos los requisitos técnicos y legales que le han sido exigidos, se resuelva lo que en derecho corresponda; siempre que otra causa ajena a la examinada en el sub lite no lo impida. (…)” ... Ver más Otras Referencias: HACE REFERENCIA A LA ACCIÓN 19-017936-0007-CO Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 033- Legitimación activa Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL “(…) I.- SOBRE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA ACTIVA. Por escrito aportado el 4 de diciembre de 2020, Wendy Simpson Roberts, en su condición de presidenta con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Ganadera La Ceiba S.A., solicitó se tuviera a dicha sociedad como coadyuvante activa del presente proceso. Afirma que la actuación del MINAE consignada en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 de 28 de setiembre de 2020 violenta el derecho de acceso al agua potable de las familias que habitan en el complejo residencial Quintas La Ceiba. Asimismo, expone que la decisión ahí consignada se tomó sin otorgarse audiencia previa. En consecuencia, solicita que se declare con lugar el recurso y se anule la orden de cierre dispuesta mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 de 28 de setiembre de 2020, emitido por los funcionarios de la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se le ordene al ICAA garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable.
Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por la mencionada interviniente, resulta admisible la referida coadyuvancia. (…)” VCG10/2023 ... Ver más Res. Nº PHO7951 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veintisiete minutos del seis de octubre de dos mil veintitres .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre317 001], cédula de identidad [CED168 ], a favor de [...], cédula jurídica [Valor CED185], contra EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA).
RESULTANDO:
1.- Por escrito aportado a la Sala el 20 de noviembre de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que figura como Presidente de [...]. Expone que hace 23 años se desarrolló el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, el cual se compone de quintas de aproximadamente 7.000 metros cuadrados cada una y tiene un total de 100 fincas inscritas como predios agrícolas. Indica que el desarrollador era la empresa Ganadera La Ceiba S.A., la que entregó a los compradores los planos catastrados que cumplían con las especificaciones de los predios agrícolas y con el servicio de agua potable. Refiere que en la actualidad todas las fincas cuentan con los servicios públicos de electricidad y telefonía suministrados por el Instituto Costarricense de Electricidad. Explica que, al momento de la venta de los inmuebles, el desarrollador garantizó la prestación del servicio de agua potable mediante un acueducto de la misma empresa, para lo cual cada parcela contaba con el respectivo medidor. Señala que inicialmente el servicio se brindaba de forma privada por la misma compañía vendedora (Ganadera La Ceiba S.A.), a través de una empresa relacionada llamada SERINCON S.A., que tuvo a su cargo el cobro del servicio. Refiere que SERICON S.A. desde el año 1997 ha suministrado el servicio de agua potable. A partir del año 2017, los depósitos de pago por el suministro de agua se realizan a otra empresa llamada TYRICA S.A., también relacionada con la Ganadera La Ceiba S.A.. Explica que, en aquel momento, presumieron que todo se encontraba en regla y que el servicio se prestaba legalmente. Expone que, ante el incremento excesivo en el cobro por el servicio de agua potable, se realizaron consultas a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Acota que en ese momento tuvieron conocimiento que el servicio de suministro de agua no se encontraba conforme a derecho e, incluso, que no estaba autorizado por tales autoridades. Sostiene que se enteraron que el pozo no estaba registrado ante el Ministerio del Ambiente y Energía. Ante tal situación, señala que se pusieron en contacto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con la finalidad de que la prestación del servicio de agua fuera conforme a derecho, contando con el supuesto apoyo de la Ganadera La Ceiba, SERICON S.A. y TYRICA S.A.. Agrega que, desde el año 2016, se han presentado varias gestiones ante las el ICAA, pero, a la fecha en que se acude a esta Sala no se ha logrado una solución concreta al problema. Expone que la mayor dificultad gira en el nivel de obras y condiciones impuestas por el ICAA para recibir el pozo y las instalaciones para brindar el servicio, las cuales deben ser costeadas por los vecinos. Narra que recientemente, ante una queja presentada por un vecino por el alto costo del servicio, el MINAE, concretamente, la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua, realizó un estudio de la situación del pozo y por oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 se concluyó que: en el desarrollo en cuestión existen 100 propiedades ubicadas en La Ceiba de Orotina, lugar que cuenta con un pozo perforado, una caseta de mando, un tanque y una tubería enterrada para la distribución de agua a las propiedades. Además, que el 20 de marzo de 2020 se presentó una solicitud de concesión por parte de Ganadera La Ceiba Sociedad Anónima, para el proceso de amnistía de pozos sin número, según Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG, expediente No. 20209PA. Que el uso solicitado para el pozo es un abrevadero para 20 reses y no registra el uso de abastecimiento poblacional. Que casi todas las propiedades de las calles conocidas como Dirección2419, Dirección2417 y el Higuerón cuentan con medidor y el cobro del servicio de agua está a cargo de la empresa TYRICA S.A, lo que evidencia que se pretende un uso habitacional del pozo. Refiere que mediante dicho oficio la Dirección de Agua ordenó a la empresa propietaria del terreno donde se localiza el pozo, proceder al cierre y sellado de Este, dentro del plazo de un mes. Indica que el MINAE, luego de verificar lo anterior, sea que el pozo está sirviendo a más de 100 propiedades, que el servicio se brinda a un alto costo y que los vecinos están disconformes con este costo (lo cual motivó el estudio), decidió dejar sin servicio de agua a más de 100 vecinos. Afirma que esta decisión se tomó sin otorgar audiencia, sin consultar y sin realizar un debido procedimiento. Únicamente se notificó a la empresa infractora (a la que tampoco se le dio audiencia previa sobre la orden de cierre), por lo que es claro que se dejó en indefensión a más de 100 familias a las que, además, se les pretende quitar el único suministro de agua que poseen y por el cual han pagado un alto costo. Sostiene que el MINAE sabe que el pozo se encuentra en proceso de registro y que brinda servicio de agua potable a 100 familias, pero ordenó su cierre sin avisarle a las familias, incluso, sin consultar previamente con el ICAA o la ARESEP y sin, además, brindar un plazo para corregir las inconsistencias legales, para evitar quitar el servicio de agua a toda la comunidad. Acusa que estas acciones constituyen una violación al derecho fundamental de acceso al agua potable. Reclama que en la actualidad el país enfrenta una emergencia sanitaria y la disposición de la Dirección de Agua de clausurar el pozo que brinda el recurso hídrico a las familias de La Ceiba, contradice las disposiciones y medidas adoptadas por el Ministerio de Salud y el gobierno para prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19, para las cuales es esencial contar con el servicio de agua. Relata que la orden de cierre de pozo sólo se notificó a la empresa propietaria del terreno donde este se ubica. Pese a que las autoridades recurridas tienen pleno conocimiento que mediante ese pozo se brinda el servicio de agua a 100 casas, no se realizó consulta previa al ICAA para darle la oportunidad de buscar una solución alternativa a los vecinos. Tampoco se les comunicó a los vecinos, quienes se enteraron de la situación por terceras personas. Reitera que, en este caso, no solo se violenta el derecho al agua potable, sino también sus derechos a la defensa y al debido proceso. Insiste en que no se brindó audiencia previa ante de aplicársele la sanción señalada y se dispuso el cierre del pozo de forma intempestiva (sin habérsele notificado previamente a los vecinos). Por ende, la orden de cierre resulta arbitraria, ilegal e injusta. Añade que a pesar de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el órgano que debe realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo, así como resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable en el país, no se han tomado las acciones pertinentes para dar una solución a las 100 familias que se han visto afectadas con el cierre del pozo y la suspensión del servicio de agua en sus viviendas. Reitera que la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, omitió realizar las consultas pertinentes al ICAA relacionadas con la prestación ilegal del servicio de agua en la comunidad de La Ceiba, previo a ordenar el cierre del pozo en cuestión. Afirma que, al no acordar una audiencia a las instituciones encargadas de velar por el acceso al agua potable, el MINAE también incurrió en una violación a sus derechos fundamentales. Expone que el ICAA no puede quedar al margen de las gestiones necesarias a realizar para proveer el suministro de agua potable a la comunidad y por eso es necesario su concurso en esta solución; concurso que debió ser procurado por el mismo MINAE antes de ordenar el cierre del pozo. Reitera que el desarrollador, al poner en venta las fincas, ofreció la prestación del servicio de agua potable, factor que incidió para que las personas adquirieran las propiedades. Indica que las tres empresas supra citadas son las que tienen el poder y la administración de dicho pozo, así como tienen a su cargo la lectura de los hidrómetros, establecen las facturas y cobran por el servicio de agua, por lo que estima que es necesario que estas participen en el procedimiento de traslado del acueducto al ICAA. En ese mismo sentido, tienen que coordinar con el Ministerio del Ambiente y Energía y el ICAA lo pertinente para que se cumplan los requisitos exigidos para que dicho instituto asuma la administración del acueducto de la comunidad. Considera que lo expuesto lesiona sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso y, entre otros aspectos, se anule la orden de cierre del pozo dispuesta en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 emitido por la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se ordene al ICAA su inmediata intervención para garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable, realizando las gestiones y obras que fueran necesarias.
2.- Por resolución de las 07:10 hrs. de 27 de noviembre de 2020, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.
3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 2 de diciembre de 2020, la parte recurrente solicita que se tenga como recurridas a las empresas señaladas en el escrito de interposición, en calidad de sujetos de derecho privados. También, solicita que se tenga por suspendido el acto impugnado, sea, el cierre del pozo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
4.- Por escrito aportado a la Sala el 3 de diciembre de 2020, Cecilia Martínez Artavia, en su condición de Subgerenta de Gestión de Sistemas Comunales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) en cuanto a la interposición del recurso de amparo a favor de [...], cédula jurídica [CED161 ], el Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, Jefe de la ORAC Pacífico Central, mediante oficio No. GSD-UEN-GAR-2020- 05087, del 01 de diciembre del 2020, señala: “En respuesta a la solicitud del informe del Recurso de Amparo Exp. 20-021447-0007- CO, me permito informarle que la comunidad de la Ceiba no es una ASADA, además el trámite correspondiente a dicha comunidad es atendido por la Oficina Regional del AyA Puntarenas, siendo como se muestra en la prueba No. 16, informe GSP-RPC-2018-00586 del 16 de octubre del 2018.” (el resaltado es nuestro) En este sentido, con respecto al informe No. GSP-RPC-2018-00586, de fecha 16 de octubre del 2018, ver imágenes 94 a 96 del escrito de interposición y pruebas aportadas por el recurrente al expediente No. 20-021447-0007-CO. Además, en dichas pruebas, visible a imagen 92, rotulada como prueba No. 15 de su escrito de interposición, el recurrente aporta oficio No. JD-2019-00063, del 22 de febrero del 2019, en el cual la Junta Directiva del AyA, le responde al Sr. [Nombre317 001], representante de la Asociación de Vecinos Quinta La Ceiba, Tierra Dorada, que: “Como parte del seguimiento al acuerdo de referencia, adjunto encontrará el informe presentado por la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, memorando SG-GSD2018-00616, conocido en la sesión ordinaria de Junta Directiva No. 2019-08, celebrada en fecha 19 de febrero de 2019. Según se desprende del estudio técnico adjunto, previo asumir el acueducto se debe cumplir con los requisitos establecidos en el informe técnico. Cualquier información adicional la pueden coordinar con la Región Pacífico Central.” (la negrita no corresponde al original) Es decir, el recurrente y su representada, desde el mes de febrero de año 2019 tenían conocimiento de los requerimientos técnicos para ser asumidos por el AyA, dado que así se los expuso la Junta Directiva del Instituto, incluso, conociendo del procedimiento de cierre de pozos que tramita la Dirección de Aguas del MINAE, por lo que el Sr. [Nombre 001] y la Asociación de Vecinos Quinta La Ceiba, Tierra Dorada, se encuentran disconformes es con el actuar del Ministerio de Ambiente y Energía, y no con lo señalado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En cuanto a la interposición del recurso de amparo por parte del Sr. [Nombre317 001], en su carácter personal, dado que no se señala por hechos sino por títulos, con respecto al apartado “Necesaria participación del AyA en reconocimiento del derecho humano básico y vital al agua potable.”, en forma general se alega el cierre de un pozo sin la intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a lo cual debemos aclarar que no es competencia del AyA intervenir ese tipo de actividades, dado que corresponde directamente a la Dirección de Aguas del MINAE, en este sentido la Ley de Aguas, Ley No. 276, del 27 de agosto de 1942, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 191 del 28 de agosto de 1942, establece: “Artículo 18.- Toda persona que esté disfrutando de un derecho de aguas, deberá exhibir la concesión que tenga para ejercitar ese derecho. Sin embargo, el que en la fecha de la promulgación de esta ley hubiere disfrutado durante veinte años de un aprovechamiento de aguas públicas, sin oposición de la autoridad ni de tercero, tendrá derecho a continuar disfrutándolo, aun cuando no pueda acreditar cómo obtuvo la correspondiente autorización, siempre que se sujete a las restricciones que determina el artículo 21, cuando el caudal no fuere suficiente para abastecer las necesidades de los predios inferiores. Quedan confirmados de pleno derecho los aprovechamientos existentes, amparados por títulos, concesiones o confirmaciones expedidos con anterioridad a la fecha de la presente ley, siempre que los concesionarios hubieren cumplido con las obligaciones impuestas en los títulos respectivos. Los derechos que para el aprovechamiento de las aguas señalen leyes especiales, tendrán el carácter de concesiones, pero deberán ser inscritos en el respectivo Registro de Concesiones. Los usuarios que tengan títulos diferentes a los señalados en los casos anteriores están obligados a solicitar del Minae la confirmación de sus derechos. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo de un año contado a partir de la vigencia de esta ley; cuando se trate de aprovechamientos que existan en corrientes de aguas públicas. Transcurridos esos plazos, la legalización de los aprovechamientos sólo podrá hacerse mediante nueva concesión. Los aprovechamientos de hecho serán legalizados a solicitud de los interesados y mediante inspección, siempre que la solicitud se presente dentro de un año, contado desde la promulgación de esta ley. De no hacerse en ese plazo, el interesado deberá solicitar su concesión de acuerdo con los trámites establecidos en esta ley.” (la negrita es nuestra) En este sentido, el Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAET, denominado Reglamento de perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 88, del viernes 7 de mayo del 2010, establece: “Artículo 14.- De la perforación del subsuelo cuando hay servicio público de acueducto. No se autorizará la perforación de subsuelo para el aprovechamiento de aguas subterráneas cuando el uso pretendido sea el uso poblacional y pueda ser abastecido por un ente prestatario de servicio público de acueducto y alcantarillado, que brinden dicho servicio. Para que se pueda autorizar la perforación, se deberá aportar carta del ente prestatario del servicio del sector donde se ubica el inmueble; en la que manifieste que para la propiedad en la que se usará el agua no existe posibilidad técnica de abastecimiento o bien el compromiso de este ente asumirá el pozo para su aprovechamiento y suministro de agua. Artículo 15.- De la solicitud de exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas. La solicitud de permiso de perforación del subsuelo para la exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas debe presentarse conjuntamente con la solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), por parte del propietario registral del inmueble donde se pretende aprovechar el agua, entregando debidamente lleno el formulario prediseñado para tal efecto y adjuntando los siguientes requisitos: a) Datos del dueño registral de la propiedad donde se construirá el pozo y aprovechará el agua; si se trata de persona física deberá presentar copia de la cédula o documento de identificación; si se trata de una persona jurídica deberá presentar certificación de personería jurídica del representante legal, con no más de tres meses de expedida. b) Demostración de la propiedad de conformidad con el inciso b) del artículo 178 de la Ley de Aguas y plano catastrado de la propiedad donde se usará el agua, con no más de tres meses de expedidos. c) Nombre317 de la perforadora contratada; la cual debe estar debidamente inscrita en el Registro de Empresas Perforadoras administrado por la Dirección de Aguas y al día con sus obligaciones. d) Localización cartográfica del sitio de perforación indicando las coordenadas levantadas por el profesional responsable de la perforación utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés), anotando el Nombre317 y número de la hoja cartográfica. e) Carta de ente prestatario de servicio público de acueducto y alcantarillado, de conformidad con el artículo 14 del presente Reglamento. f) Estudios técnicos correspondientes, conforme lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del presente Reglamento. El formulario deberá venir firmado por el gestionante de la perforación y concesión de aguas, por el profesional responsable en la perforación del pozo que debe estar incorporado ante el colegio de profesionales respectivo y por el representante legal de la perforadora contratada, todos en calidad de responsables de la perforación del subsuelo y construcción del pozo. Dichas firmas deberán estar debidamente autenticadas por un notario público. … Artículo 28.—De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del MINAET ordenará el cierre de un pozo en las siguientes condiciones: a) Cuando producto de la perforación y exploración resulte seco el pozo o no sea viable el aprovechamiento de agua, lo cual debe ser informado por la perforadora o permisario a la Dirección de Agua del MINAET. b) Cuando se realicen perforaciones sin el debido permiso. c) Cuando se realicen contraviniendo las disposiciones de permiso, este Reglamento o leyes vigentes. d) Caducidad de la concesión conforme lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Aguas Nº 276 del 26 de agosto de 1942. e) Cuando se proceda a archivar sin más trámite la solicitud, por incumplimiento de los requisitos o lo solicitado por la administración para tramitar la concesión. Para el cierre se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 39. … Artículo 38.—Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.” (la negrita no corresponde al original) En cuanto al apartado denominado Anexo “Relación Cronológica de Hechos”, reiterar que los hechos señalados por el recurrente son con respecto a la prestación ilegal del servicio de agua potable por parte de un operador no autorizado. Además, en la imagen 25 párrafo primero, hace referencia a que las mejoras al sistema debían ser asumidas por SERINCON SRL., los cuales además tienen que realizar los traspasos a favor del Instituto, dentro de los cuales se encontraba el pozo del cual se abastecía el desarrollo urbanístico. En esa misma imagen 25, párrafo tres, en cuanto a ser asumidos por el AyA, es importante resaltar que los funcionarios Jorge Ramírez Rodríguez y Giovanni García Flores, pertenecen a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales, de ahí que nuestra participación sería para analizar la posibilidad de constitución de una ASADA en el sector, en este sentido el Lic. Ramírez Rodríguez indicó que es imposible la misma, siendo que los sistemas del AyA como operador pasan justo al frente de la propiedad, en este sentido, el Acuerdo de Junta Directiva No. 2014-05861 , no permite la constitución de nuevos operadores en un radio menor a los 2 kilómetros, de otros operadores, sean ASADAS o el mismo Instituto. En este sentido, dicho acuerdo señala: “Para nuevas solicitudes de conformación de acueductos comunales, la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales deberá verificar sobre la existencia de otro operador, en un radio de dos kilómetros a la redonda de la comunidad que hace la solicitud para conformar el nuevo sistema de abastecimiento de agua. En el caso de que exista un operador en el radio indicado y que haya manifestado por escrito que no cuenta con la capacidad para asumir el nuevo acueducto o comunidad a abastecer, el AyA deberá realizar un estudio técnico que determine la situación actual de la ASADA, ante esa demanda y alternativas de solución, en un plazo máximo de tres meses.” Reiterar que de las pruebas aportadas por el recurrente se desprende que, el AyA ya emitió sus recomendaciones para asumir el sistema, por lo que no es posible la constitución de una ASADA en la zona. En dicho apartado, en todo lo demás se reitera lo indicado anteriormente, el Instituto a actuado a derecho y emitido las recomendaciones correspondientes, no encontrándose a la fecha respuesta alguna que esté pendiente por parte de esta Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales. Además, que el asunto del sellado de pozos no es competencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por lo que la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, no debe coordinar con el AyA para ese proceder. FUNDAMENTOS DE DERECHO (…) Aquí, por el contrario, ha quedado demostrado que el AyA ya emitió sus recomendaciones en cuanto a las mejoras necesarias para asumir el sistema, y lo que está pendiente es el cumplimiento por parte de los encargados del desarrollo urbanístico, Quintas la Ceiba de Tierra Dorada. En este sentido ver el informe técnico denominado “Quintas la Ceiba de Tierra Dorada”, No. GSP-RPC-2018-00586, de fecha 16 de octubre del 2018, presentado por el recurrente como prueba No. 16, visible de imagen 94 a 96 de su escrito de interposición y pruebas que se encuentran en el expediente digital de este Tribunal Constitucional, siendo que dicho informe concluye: “Conclusiones. El AyA queda a la expectativa y espera de la definición de lo señalado en el desarrollo anterior en cuanto a la información requerida, de modo se pueda definir con claridad la posibilidad de que la Institución pueda asumir la administración del sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Quintas La Ceiba Tierra Dorada, según voluntad expresa de sus vecinos.” (la negrita es nuestra) En cuanto a la imposibilidad material de otorgar nuevos servicios. (…) Es importante indicar que, por el tiempo transcurrido desde que se emitió el informe No. GSP-RPC-2018-00586, de fecha 16 de octubre del 2018, se deben de realizar una actualización de las recomendaciones ahí emitidas, previa valoración por parte del AyA para asumir la operación del sistema que abastece el desarrollo urbanístico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, a costas de los solicitantes, tanto las valoraciones como las mejoras necesarias. En cuanto a la imposibilidad material jurídica o material para brindar un servicio, no vulnera los derechos fundamentales la Sala Constitucional se ha referido en reiteradas ocasiones (resoluciones número 2009-011529 y número 2010-013690) (…) En cuanto a los asuntos de mera legalidad. Consideramos que el presente asunto corresponde a aquellos denominados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional como “de mera legalidad”, siendo que en reiteradas ocasiones se le ha indicado al recurrente, las mejoras que requiere el sistema para el Instituto asuman directamente el desarrollo Quintas La Ceiba Tierra Dorada, de la cual el recurrente es vecino y propietario de una parcela. Además, la disconformidad del Sr. [Nombre317 001], es con respecto al procedimiento de sellado de pozos, procedimiento que compete única y exclusivamente a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. En este sentido, la Sala Constitucional en su inteligencia ha señalado existen procedimientos que no son de conocimiento de la jurisdicción constitucional2 ; es decir, aquellos casos que se tratan de asuntos de mera legalidad y no de constitucionalidad, los cuales deben ser ventilados en la vía ordinaria correspondiente (…) Como se desprende del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, Acuerdo de Junta Directiva No. 2019-461, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 242, Alcance No. 285, del 19 de diciembre del 2019, no es posible otorgar constancias de disponibilidad de servicios cuando no exista viabilidad técnica, vaya en detrimento de la calidad del servicio que se presta y no exista infraestructura, condiciones que según el informe No. GSP-RPC-2018- 00586, del 14 de junio del 2018 (el deberá ser actualizado por los interesados), deben ser solucionadas previa interconexión con los sistemas operados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (…)”.
5.- Por escrito aportado a la Sala el 4 de diciembre de 2020, Marylin Mora Vega, en su condición de Coordinadora de la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Central y José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Agua, ambos de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, rinden informe y manifiestan expresamente lo siguiente: “(…) SOBRE EL FONDO Para efectos de comprensión por parte de la Sala Constitucional, es importante tener claro lo siguiente: Mediante el Decreto Ejecutivo 35884-MINAET, se establece la obligación de todo administrado que pretenda perforar para obtener y aprovechar aguas de un pozo, debe obtener de previo el permiso por parte de la Dirección de Agua del MINAE y posterior concesión de agua otorgada por el Jerarca del Ministerio. Por otra parte, es importante señalar que mediante el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, publicado en el periódico oficial La Gaceta, N°139 Alcance 167 del 24 de julio del 2019, se publicó el Reglamento de Registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, cuyo objetivo era establecer el procedimiento para la inscripción y registro regulado de pozos perforados sin permiso de perforación y el trámite respectivo para la obtención de la concesión de aprovechamiento de aguas. Decreto que estuvo vigente hasta el 24 de marzo del presente año, sin que hubiese prórrogas. Básicamente el decreto está brindando la oportunidad a todas aquellas personas de infringiendo el ordenamiento jurídico por haber perforado sin permiso, puedan ponerse a derecho y aprovechar el agua de manera legal, cancelando el respectivo canon y permitiendo con las inscripciones contar con un adecuado balance hídrico. Para el caso que nos ocupa, es necesario hacer ver que el pozo se perforó sin permiso, se está utilizando o aprovechando el agua sin concesión y ahora se está solicitando su incorporación al sistema. La solicitud la está presentando, la propietaria del terreno donde se perforó de manera ilegal el pozo que utiliza la Asociación de Vecinos del residencial que se encuentran recurriendo. Esta solicitud generó el expediente administrativo [Valor 003]. Efectivamente consta que se ordenó por parte de la Unidad Hidrológica Tárcoles, el sellado del pozo por cuanto no tiene permiso ni concesión. Sin embargo, del estudio del expediente [Valor 003] se determinó que la fuente correspondiente a pozo perforado para extracción y aprovechamiento de aguas subterráneas perforado en la finca propiedad de GANADERA LA CEIBA S. Nombre312. que gestionó su registro como propietaria del inmueble, corresponde a la fuente de la que se abastece ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en el oficio JD-2019-00063 del 22 de febrero de 2019, efectivamente esa Asociación ha realizado trámites ante el Nombre312 y Nombre312 para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A, así como la voluntad de esa institución, siempre que se coordine y cumpla los requisitos para la perforación. Importante, poner en conocimiento que se tramita en la Sala Constitucional el expediente administrativo 19-017936-0007-CO promovido por la FECON, el cual es Acción de Inconstitucionalidad contra el DE-41851-MP-MINAE-MAG, el cual ordenó suspender el dictado de la resolución final en aquellos procedimientos en que se deba aplicar la norma. A la fecha la misma no se ha resuelto, por lo que los procesos de las solicitudes presentadas amparadas a este decreto, se encuentran suspendidos a la espera de la resolución judicial. Aclarado lo anterior, procederemos analizar los antecedentes del caso: De conformidad con el informe DA-UHTPCOSJ-2534-2020 del 1 de diciembre del 2020, firmado por la suscrita como por el Técnico José Ricardo Hidalgo Sánchez, se recibió en esta Dirección, denuncia por el sistema de SITADA, bajo el número 21753-2020, con fecha 16 de julio del 2020, por Nombre10939 , quien denuncia a la empresa Tyrica S.A., por cobros excesivos en el recibo del agua, y solicita además saber si el pozo de donde se están surtiendo el agua es legal, está inscrito o no, para ello adjunta varios documentos. Para atender la denuncia, tal y como se tiene previsto en el procedimiento interno de la Dirección de Agua, se realizó visita al sitio por parte de funcionarios de esta Dirección en este caso, el Técnico José Ricardo Hidalgo Sánchez, originándose el informe técnico DA-UHTPCOSJ-2113-2020 del 25 de setiembre del 2020. Ya en el lugar se comprobó que se trataba de un desarrollo residencial, compuesto por alrededor de 100 inmuebles. Indica además que, según manifestaciones de los vecinos del lugar, el sitio era abastecido por un pozo que se ubicaba en una propiedad que fue rematada., quedándose sin agua por lo que optaron por la perforación de un nuevo pozo hace dos años, el cual se encuentra en propiedad de Ganadera La Ceiba S.A. y que a la fecha se tramita su inscripción por medio de la amnistía de pozos. Que, revisada la base de datos de la Dirección, se confirmó que no existe información respecto a permiso de perforación en el sitio en cuestión, por lo que se determina que la perforación es ilegal. Que conforme con el Manual de Procedimientos de la Dirección de Agua, se procedió a notificar mediante el informe DA-UHTPCOSJ-2123-2020 del 28 de setiembre del 2020, (dado que el pozo no cumple con los requerimientos de ley), la obligación de sellar el mismo. Notificación que fuera realizada el 4 de noviembre del 2020, a quien aparece como propietario del inmueble donde se ubica el pozo en cuestión, sea Ganadera La Ceiba, según el expediente administrativo [Valor 003], la cual a la fecha tiene pendiente de resolver un recurso de revocatoria. De forma tal que lo que necesita el residencial, es que el ente prestador del servicio público, asuma la prestación del servicio, y no que un particular como es el caso que nos ocupa siga prestando el servicio. La Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, como ente administrador del agua, dentro del Ministerio, tiene competencias y obligaciones que cumplir conforme lo dicta el ordenamiento jurídico, una de ellas, verificar si los aprovechamientos de agua, se encuentran o no a derecho y aquellos que no estén proceder como en derecho corresponde. Durante la investigación apareció información, acerca de las gestiones que los mismos residentes han llevado a cabo ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las cuales no han concluido, pero tampoco se ha podido concluir con el proceso de análisis de cumplimiento de requisitos del pozo perforado para valorar su inscripción con base en el Decreto de Registro de Pozos sin número, debido a la Acción de Inconstitucionalidad contra el DE-41851-MP-MINAE-MAG, el cual ordenó suspender el dictado de la resolución final en aquellos procedimientos en que se deba aplicar la norma. Ahora bien, siendo como es, un uso de agua poblacional, deben los recurrentes, insistir ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, una pronta solución y atención al problema que enfrentan, si una vez que la Sala Constitucional resuelva la acción de Inconstitucionalidad y sea posible valorar su procedencia y cumplimiento de requisitos, pero no a través de una concesión de agua otorgada por el MINAE porque no es de su competencia el uso poblacional, que compete al A y A, institución que de ser viable técnica y legalmente el pozo, solicita su inscripción al MINAE a través de la Dirección de Agua. Que en fecha 2 de diciembre del 2020, se presenta nota suscrita por el señor [Nombre317 001], en su condición de presidente de [...], cédula jurídica CED5633, en donde se indica que el oficio DA-UHTPCOSJ-2123-2020 ha sido impugnado por su representada ante la Sala Constitucional, mediante un recurso de amparo, mismo que fue acogido para estudio, por lo que solicita la suspensión de la orden de sellado, hasta tanto no se pronuncie la Sala Constitucional y / o que se brinde a los vecinos una alternativa viable para contar con el servicio de agua. Que en fecha 20 de marzo del 2020, se presentó la solicitud de registro de pozos realizados sin permiso y habilitación de concesión de aguas subterráneas, amparados en el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, por parte de GANADERA LA CEIBA S.A., proceso que se encuentra suspendido en razón de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente 19-017936-0007-CO, por lo que no se puede resolver dicha solicitud hasta tanto ese máximo tribunal no resuelva lo correspondiente. En virtud de lo anterior la Dirección de Agua, mediante resolución DA-1769-2020, dictada en Expediente [Valor 003] a las ocho horas diecisiete minutos del tres de diciembre del dos mil veinte dispuso lo siguiente: “1 SE SUSPENDE LA ORDEN DE SELLADO del pozo perforado dictada por oficio DA-UHTPCOSJ-2123-2020, del 28 de septiembre del 2020, hasta que se encuentre resuelta la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente de la Sala Constitucional número 19-017936-0007-CO. 2 Apersonarse ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en los oficios JD-2019-00063 del 22 de febrero de 2019, para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A. 3 La inscripción de la fuente deberá solicitarla el A y A y estará supeditada a que cumpla con los requisitos legales para inscripción de fuentes de uso poblacional.” PETITORIA Con fundamento en lo antes señalado, y dado que el cumplimiento de las obligaciones que tiene la Dirección de Agua, velar por el aprovechamiento legal del recurso, emitiendo las órdenes que le corresponde, se solicita se declare sin lugar el presente recurso y una vez resuelta la acción de inconstitucionalidad, si la fuente cumple los requisitos para su inscripción, proceda el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a solicitar la inscripción del pozo a su nombre, para que asuma la responsabilidad correspondiente y proceda a atender el servicio público dentro del residencial, tal y como lo indica la ley (…)”.
6.- Por escrito aportado el 4 de diciembre de 2020, Wendy Simpson Roberts, en su condición de presidenta con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Ganadera La Ceiba S.A., presenta coadyuvancia en el presente recurso de amparo. Refiere que se realizaron gestiones para poner a derecho el pozo que abastece a las fincas, solicitándose la correspondiente concesión de aprovechamiento de aguas. Explica que la sociedad que se ha encargado de la administración del pozo solamente lo ha hecho para garantizar su mantenimiento y subsistencia. Indica que se ha tratado por varios medios de entregar al ICAA el pozo y el acueducto completo, pero no ha sido posible. Afirma que no se ha lucrado con la venta de agua. Se refiere a lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 e indica que la decisión ahí contenida se tomó sin otorgarse audiencia previa a las familias, así como al ICAA y a la ARESEP. Señala que la Ganadera La Ceiba S.A. no puede cumplir la orden del MINAE, ya que el pozo se ubica en un inmueble que no es de su propiedad, sino que se halla en un terreno de Pozo Quintas Oro S.R.L. Afirma que las referidas acciones representan una violación al derecho de acceso al agua potable. Solicita que se declare con lugar el recurso y se anule la orden de cierre dispuesta mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 del 28 de setiembre de 2020, emitido por los funcionarios de la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se le ordene al ICAA garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable.
7.- Mediante memorial aportado a la Sala el 4 de diciembre de 2020, Sergio Núñez Rivera, en su condición de Subgerente de Sistemas Periféricos a.i. del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) HECHOS Y CUESTIONES DE FONDO PRIMERO: Que de acuerdo a los antecedentes que se registran en la Dirección de Operación y Mantenimiento de la Región Pacífico Central, es cierto que mediante nota emitida por el aquí recurrente, como presidente de [...], en fecha 07 de setiembre del 2018, se solicita ante la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, asuma la administración del acueducto que actualmente los abastece, indicando en dicho escrito, que en conjunto la Asociación de vecinos y la sociedad Ganadera La Ceiba S.A., siendo esta última la empresa encargada de suministrar el servicio de agua a los habitantes, se estaría donando al Instituto, los terrenos donde se ubica el pozo, finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Provincia de Alajuela, situada en el Cantón de Orotina, distrito La Ceiba, Folio Real Matrícula Placa1053, plano catastro Placa1054, inscrita a Nombre317 de Pozo Quintas Oro Sociedad de Responsabilidad Limitada., cédula jurídica tres-ciento dos-setecientos noventa y nueve mil novecientos treinta y cuatro, adicionalmente que dicha empresa se compromete en entregar tanto el pozo con el equipamiento y estándares de calidad que requiera la Institución, como el tanque o tanques solicitados para el correcto abastecimiento de los habitantes. En sesión ordinaria de la Junta Directiva del AyA N°2018-051 de fecha 18 de setiembre del 2018, Acuerdo N°2018-317, se traslada a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados, con el fin de que se analice y se efectúe un proyecto de acuerdo, con base a la solicitud efectuada por [...], en un plazo de un mes, a lo cual mediante Memorando N°SG-GSP-2018-00616 de fecha 18 de diciembre del 2018, emitido por esta Subgerencia y dirigido a la Licda. Karen Naranjo Ruíz, de Junta Directiva, se adjunta informe realizado por la Dirección de Operación y Mantenimiento de la Región Pacífico Central, N°GSP-RPC-2018-00586 de fecha 16 de octubre del 2018, donde se desglosan los requerimientos de la Institución, en concordancia con la normativa Institucional vigente para satisfacer la petición de la población de Quintas La Ceiba Tierra Dorada. En el mismo orden de ideas, el informe efectuado por el Ing. Leonardo Moya González, quien fungía como director de Mantenimiento y Operación de la Región Pacífico Central y el cual es ratificado según Memorando N°GSP-RPC-2020-01131 de fecha 03 de diciembre del 2020, emitido por el Ing. Mario Solís Castro, actual sucesor del Ing. Moya, indica las condiciones de cumplimiento obligatorio por parte de la Asociación de vecinos, para que el AyA asuma la administración del acueducto, a saber: Aportar visado de la segregación de la finca conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y los artículos II.2.1 y 50,51,52,53,54 y 55 del Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamiento y Urbanización, en lo correspondiente al parcelamiento agrícola; requiriendo el visado del INVU. Las calles internas del proyecto deben ser inscritas como calles públicas dentro de la red víal cantonal de Orotina, o la respectiva inscripción de las servidumbres agrícolas, de paso y acueducto a favor del AyA, para permitir tanto la libre circulación por ellas como la instalación de infraestructura. Se debe efectuar una evaluación de la actual red de distribución, que incluye características, diámetro, material, cédula, instalación y/o cualquier otro elemento que deba ser considerado para su posible aceptación o en su defecto sustitución, ya que estas deben cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial. De igual manera, se debe definir las características del desarrollo, tipo habitacional, agrícola u otro y la medición para la facturación, por macromedidor o micromedición. Tanto la infraestructura existente o a construir, como la requerida para el pozo y su equipamiento, las áreas de protección que establezca el estudio hidrogeológico, prueba de bombeo de 72 horas, para recopilar la información de lo producido por el pozo, así mismo el sistema de desinfección, tuberías de impulsión, tanque de almacenamiento y red de distribución. SEGUNDO: Es menester indicar, qué al tratarse de un sistema de abastecimiento privado, mismo que ha operado al margen de la normativa del AyA, la Institución desconoce las condiciones actuales del sistema en cuanto a tuberías y la situación en la que se encuentran los accesos a las propiedades, toda la información requerida por el AyA, plasmada en el informe técnico, son requerimientos esenciales para concretar la administración del acueducto por parte del AyA, por ende la Institución ha mostrado su anuencia en solventar las necesidades de abastecimiento de la comunidad, en el tanto se brinde la información solicitada, se realicen las mejoras que la parte técnica institucional determine y se defina la condición de acceso a los inmuebles y su respectivas inscripciones, todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en el cuerpo normativo, que rige las condiciones a las que se obliga el Instituto con el usuario y los requisitos necesarios para la prestación del servicio, se encuentran en el Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, en el Artículo 7, en el cual se expresan las condiciones para la prestación de los servicios: " Es obligación de AyA dotar al usuario de un servicio óptimo en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derecho humano, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o periodos de mantenimiento debidamente divulgados que afecten la zona donde está localizada la propiedad. AyA garantizará una presión dinámica de servicio de 10 metros columna de agua(m.c.a.) en el punto de conexión en donde se ubique el sistema de medición. Asimismo, es importante considerar que los artículos 6, 13 del Reglamento Para la Prestación de los Servicios de AyA, son claros al disponer que AyA está obligado a brindar la prestación de los servicios para inmuebles que cuentan con frente a vía pública o servidumbre de paso inscrita a favor de AyA además, existan redes de agua potable en ese frente, así como la capacidad hídrica requerida al efecto, concretamente: Artículo 6.- De los servicios. AyA prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro del área de cobertura, siempre Artículo 13.- De las condiciones para la prestación de los servicios. AyA prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica en inmuebles, construidos o por edificar, dedicados a la residencia de personas o para actividades comerciales o industriales que cumplan con los requisitos y usos autorizados. Los servicios de agua potable y de saneamiento los otorgará el AyA sobre calle o vía pública o sobre servidumbre de tubería y de paso inscrita a favor del AyA inscrita a favor de terceros, según aplique de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de este reglamento. Lo anterior, siempre que existan redes del AyA en funcionamiento. Si la red pública no alcanza hasta el punto de conexión, el propietario o poseedor podrá realizar una extensión de ramal y/o otros componentes del sistema hidráulico, en observancia con los requerimientos técnicos que AyA señale, para lo cual se brindará la asesoría respectiva previo estudio TERCERO: No se omite reseñar, que la propia Sala Constitucional ha descartado lesiones a los derechos fundamentales de los administrados en casos análogos al presente, se constata una gestión oportuna por parte de este ente, a fin de poder extender sus servicios dentro de lo que permita la ciencia y la técnica, sobre el caso en específico, si el recurrente aporta la información solicitada en el informe realizado por la Dirección de Operación y Mantenimiento desde octubre del 2018, para determinar las condiciones actuales del sistema, accesos y posteriormente realizar las mejoras indicadas por el área técnica institucional, se puede asumir el acueducto y solucionar las condiciones actuales del recurso hídrico, de los pobladores de Quinta La Ceiba (…)”.
8.- Mediante constancia suscrita el 9 de diciembre de 2020 por el Secretario de la Sala y el Técnico Judicial a cargo, se hizo saber que no aparece que del 27 de noviembre al 8 de diciembre de 2020, el Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, haya presentado escrito o documento alguno a fin de rendir el informe solicitado en este asunto.
9.- Por resolución de las 13:50 hrs. de 26 de febrero de 2021, el Magistrado Instructor de este asunto dispuso lo siguiente: “(…) Como prueba para mejor resolver solicítese informe a la coordinadora de la Unidad Hidrológica de Térraba- Pacífico Central de la Dirección de Agua, y al director de Agua, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía, a fin de que aclaren en qué estado se encuentra el Expediente [Valor 003]. Además, aclaren si actualmente el pozo en cuestión se encuentra en funcionamiento o no. Lo anterior, debido a que, según la resolución DA-1769-2020, dictada en Expediente [Valor 003] de las 08:17 horas del 03 de diciembre de 2020 se dispuso lo siguiente: "1 SE SUSPENDE LA ORDEN DE SELLADO del pozo perforado dictada por oficio DAUHTPCOSJ-2123-2020, del 28 de septiembre del 2020, hasta que se encuentre resuelta la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente de la Sala Constitucional número 19-017936-0007-CO. 2 Apersonarse ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en los oficios JD-2019-00063 del 22 de febrero de 2019, para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A. 3 La inscripción de la fuente deberá solicitarla el A y A y estará supeditada a que cumpla con los requisitos legales para inscripción de fuentes de uso poblacional". Por otra parte, aclaren si se ha dictado otra resolución referente al pozo en cuestión, posterior a la indicada (…)”.
10.- Por escrito aportado a la Sala el 15 de marzo de 2021, Marylin Mora Vega, en su condición de Coordinadora de la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Central y José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Agua, ambos de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, rinden informe requerido por resolución de 26 de febrero de 2021 y manifiestan expresamente lo siguiente: “(…) Conforme lo que consta en nuestros archivos, el pozo del cual se surten los vecinos de Quintas La Ceiba Tierra Dorada, se encuentra en funcionamiento. Debe tenerse presente que de conformidad con el oficio DA-1769-2020, se ordenó suspender el sellado del pozo perforado de manera ilegal, situación que a la fecha no se ha revertido. Por tratarse de un uso poblacional, y de acuerdo con la Ley 2726, le corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a la Asada que preste el servicio en la zona, asumir la prestación del servicio público de abastecimiento de agua. Una vez que se tenga la certeza de que eso es así, se estará procediendo conforme a derecho (…)”.
11.- Mediante el voto interlocutorio No. 2021-9024 de las 10:05 hrs. de 4 de mayo de 2021, la Sala Constitucional dispuso lo siguiente: “(…) Único. - Lo alegado por los recurrentes en el presente recurso de amparo está relacionado con lo dispuesto en el Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG. Asimismo, esa normativa ha sido impugnada en la acción de inconstitucionalidad número 19-017936-0007-CO, que se encuentra pendiente de ser resuelta. En consecuencia, dada la conexidad existente, lo procedente es suspender la resolución final del amparo hasta tanto no se resuelva la acción de inconstitucionalidad planteada. Por tanto: Se suspende la resolución final de este asunto hasta tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el número de expediente 19- 017936-0007-CO (…)”.
12.- Por escrito aportado a la Sala el 14 de julio de 2022, Marylin Mora Vega, en su condición de Coordinadora de la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Central y José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Agua, ambos de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, señalan lo siguiente: “(…) Antecedentes para mejor resolver: Que con fecha 20 de marzo del 2020, la sociedad GANADERA LA CEIBA. CEDULA DE IDENTIDAD CED5632- , representada por Wendy Simpson Roberts, presentó solicitud para registro de pozo sin número y habilitación del trámite de concesión de aprovechamiento de agua subterránea mediante un pozo perforado ilegalmente, el cual se solicita inscribir y autorizar el aprovechamiento con fundamento en el Decreto 41851-MP-MINAE-MAG, tramite al que se le asignó número de expediente [Valor 003]. Actualmente la propiedad donde se ubica el pozo solicitado bajo el expediente señalado, es administrada por la Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorado y el expediente administrativo, se encuentra pendiente de resolver, hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva en forma definitiva el presente recurso de amparo (…)”.
13.- El 29 de septiembre de 2023, Gabriela Páez, en su condición de Coordinadora de la Asesoría Legal de la Dirección de Agua del MINAE, aclaró a esta Sala lo siguiente: Que el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 se le notificó únicamente a Ganadera La Ceiba S.A., dado que el pozo en cuestión se encuentra en un inmueble de su propiedad. Que la solicitud formulada por Ganadera La Ceiba S.A. en marzo de 2020 para legalizar el pozo, se tramitó como abrevadero para 20 reses (y no para consumo humano). Que la citada solicitud (tramitada conforme el expediente No. [Valor 003]) y correspondiente procedimiento se encontraba aún suspendido a la espera de resolverse este amparo. Que el pozo que se utiliza en el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba no ha sido sellado y, por ende, a la fecha, los habitantes de este sitio continúan proveyéndose de agua (constancia de llamada telefónica).
14.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Araya García; y,
CONSIDERANDO:
I.- SOBRE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA ACTIVA. Por escrito aportado el 4 de diciembre de 2020, Wendy Simpson Roberts, en su condición de presidenta con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Ganadera La Ceiba S.A., solicitó se tuviera a dicha sociedad como coadyuvante activa del presente proceso. Afirma que la actuación del MINAE consignada en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 de 28 de setiembre de 2020 violenta el derecho de acceso al agua potable de las familias que habitan en el complejo residencial Quintas La Ceiba. Asimismo, expone que la decisión ahí consignada se tomó sin otorgarse audiencia previa. En consecuencia, solicita que se declare con lugar el recurso y se anule la orden de cierre dispuesta mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 de 28 de setiembre de 2020, emitido por los funcionarios de la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se le ordene al ICAA garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable.
Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por la mencionada interviniente, resulta admisible la referida coadyuvancia.
II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente –en su condición de Presidente de [...]–, señala que mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020, la Dirección de Agua del MINAE, en claro quebranto al derecho de acceso al agua potable, dispuso el cierre del pozo que abastece el proyecto residencial llamado Quintas Residenciales La Ceiba, al haberse verificado que este operaba al margen de la ley. Acusa que lo anterior se ordenó sin notificarse u otorgarse audiencia previa a los interesados (más de 100 familias propietarias), pues el citado documento solamente se le comunicó a la empresa desarrollada e infractora (Ganadera La Ceiba S.A). Además, alega que no se le consultó previamente al ICAA o a la ARESEP, como medio para buscar una solución alternativa a los vecinos. Agrega que, por su parte, las autoridades del ICAA, pese a las gestiones que le han sido formuladas, no han brindado una solución a la situación que afrontan los propietarios de los inmuebles de dicho complejo residencial. Igualmente, sostiene que la empresa que vendió las fincas (y las otras relacionadas con el suministro y cobro propiamente del agua), deben hacerse responsables de solventar la situación bajo estudio.
III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:
“(…) ANTECEDENTES. [...], representados por el Dr. [Nombre317 001] (…) solicita al AyA la administración del suministro de agua potable de dicho proyecto denominado Quintas La Ceiba Tierra Dorada (…) consistente en parcelas agrícolas. INTRODUCCIÓN. El Proyecto mencionado se desarrolló hace más de 20 años, constando actualmente de más de 75 lotes, algunos con frente a calle pública y la gran mayoría con frente a servidumbre agrícola. El servicio de agua era administrado y suministrado por la sociedad que vendió los terrenos, Ganadera La Ceiba S.A. mediante una red de abastecimiento privada, misma que hoy funciona con algunos limitantes, especialmente legales y de cobro. Dicha sociedad ha acordado en conjunto con los vecinos el donar la infraestructura necesaria al AyA, Incluyendo terrenos, pozo equipado de acuerdo a lo que establezca la institución, tanque o tanques, para que esta se encargue de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable. OBJETIVO. Realizar los estudios necesarios por parte del AyA, a partir de la información que suministre la asociación de vecinos, así como las obras que realice, para determinar la posibilidad de lograr el traspaso del sistema de abastecimiento de agua del proyecto, de modo se asuma su administración y por lo tanto, el suministro de agua potable en la zona. Desarrollo del tema: ANÁLISIS. Para el logro de lo planteado por la asociación de vecinos, el proyecto debe cumplir con los siguientes aspectos: 1. Visado de la segregación de la finca, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y en los artículos 11.2.1 y 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, estos últimos cinco artículos en lo correspondiente a parcelamiento agrícola; como excepcionalidad, requiriendo para ello el visado del INVU. Todo lo anterior para que la prestación del servicio sea legal, ambiental y técnicamente factible. 2. El servicio a suministrar debe ser adecuado en cuanto a calidad, cantidad y continuidad, por lo que la infraestructura lo debe permitir, así como un remanente para crecimiento vegetativo de la zona. 3. Las calles internas del proyecto deben ser calles públicas o servidumbres agrícolas, debiendo estar inscritas las primeras como tales dentro de la red vial cantonal de Orotina, mientras las segundas como servidumbres de paso y acueducto a favor del AyA, que permitan la libre circulación por ellas, así como la posibilidad de instalación de infraestructura. 4. La red de distribución existente debe ser evaluada en cuanto a sus características como diámetro, material, cédula, instalación y cualquier otro elemento que debe ser considerado para su posible aceptación, o en su defecto, que deba ser sustituido. Estas tuberías deben cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial. 5. Tal y como lo establece la solicitud, la infraestructura requerida debe ser completa, incluyendo el pozo totalmente equipado y con la protección necesaria, las áreas de protección que establezca el estudio hidrogeológico, prueba de bombeo de 72 horas, lo cual es necesario realizar, y toda la información disponible y por obtener de él. Así mismo debe incluir el sistema de desinfección, tuberías de impulsión, tanque de almacenamiento y red de distribución. 6. Toda la infraestructura a construir y/o existente debe ser aprobada por el AyA, de acuerdo a la normativa establecida. 7. Definir las características del desarrollo, esto es, si es de tipo turístico, habitacional, agrícola u otro. 8. Los aspectos de la instalación de la micromedición (hidrómetros) o su suministro deberá ser definido por los interesados. CONCLUSIONES. El AyA queda a la expectativa y espera de la definición de lo señalado en el desarrollo anterior en cuanto a la información requerida, de modo se pueda definir con claridad la posibilidad de que la institución pueda asumir la administración del sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Quintas la Ceiba Tierra Dorad, según voluntad expresa de sus vecinos (…)” (ver prueba).
“(…) A efecto que se de a conocer a los señores (as) miembros de la Junta Directiva, le adjunto el informe que preparó la región Pacífico Central relacionado con la solicitud de los vecinos de la Asociación Quintas La Ceiba Tierra Dorada, en el sentido de que AyA asuma la administración del sistema. Por lo tanto, lo que corresponde es que se les dé a conocer este informe a los vecinos y se les indiqué (sic) que deben coordinar con la región Pacífico Central a fin de que cumplan con todos los requisitos anotados en el informe para que sea factible que AyA asuma la administración. Se les debe indicar que los ingenieros, German Araya y Leonardo Moya, serán los encargados de coordinar con ellos todo lo relacionado con este asunto (…)” (ver prueba).
“(…) Como parte del seguimiento al acuerdo de referencia, adjunto encontrará informe presentado por la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, memorando SG-GSD-2018-00616, conocido en la sesión ordinaria de Junta Directiva N° 2019-08, celebrada en fecha 19 de febrero 2019. Según se desprende del estudio técnico adjunto, previo asumir el acueducto se debe cumplir con los requisitos establecidos en el informe técnico. Cualquier información adicional la pueden coordinar con la Región Pacífico Central (…)” (ver prueba).
“(…) Conclusiones 1- La zona presenta un desarrollo residencial en quintas. 2- El pozo del expediente 20209PA está en trámite de amnistía de pozos sin número y no cuenta con la concesión de aprovechamiento de agua otorgada. 3- El agua del pozo es utilizada ilegalmente.4- El pozo es utilizado para el abastecimiento público (poblacional) de al menos 65 propiedades, a pesar de haber sido solicitado para un uso de abrevadero. 5- No existen concesiones a Nombre317 de Tyrica S.A. 6- La sociedad Tyrica S.A, realiza cobros a los propietarios de las quintas por el servicio de agua. Recomendaciones: 1- Proceder con la denuncia ante la Fiscalía por el delito de usurpación del agua. 2- Informar a ARESE del cobro ilegal del servicio público. 3- Girar con la orden de sellado del pozo, debido a las inconsistencias del expediente e irregularidades el uso (…)” (ver informe y prueba).
“(…) CONSIDERANDOS PRIMERO: Que de conformidad con la Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones le corresponde disponer y resolver sobre su dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia. SEGUNDO: Que el Decreto Ejecutivo 35669-MINAET publicado en la Gaceta 3 del 6 de enero de 2010, modificado mediante decreto 36437-MINAET del 24 de enero del 2011, delega a la Dirección de Aguas del MINAET, la competencia de admitir, tramitar y resolver sobre solicitudes de perforación del subsuelo para la exploración y explotación de aguas subterráneas y asignar el número de pozo respectivo. TERCERO: Que el Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET, regula todo lo referente a la perforación del subsuelo con fines de exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas. CUARTO: Que mediante informe DA-UHTPCOSJ-2123-2020, del 28 de septiembre del 2020, suscrito por José Ricardo Hidalgo Sánchez y la ingeniera Marilyn Mora Vega, coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central, se tiene por probado que el pozo encontrado en finca folio real 377663-000, en el Dirección2418 , a Nombre317 de GANADERA LA CEIBA S.A., cédula jurídica CED5632, fue perforado sin contar con los permisos correspondientes por parte del Ministerio de Ambiente y Energía y que se encuentra en la actualidad siendo aprovechado, dándosele un uso de consumo humano (poblacional) esto para abastecer el proyecto residencial Quintas La Ceiba, siendo el abastecimiento a poblaciones, un uso que reviste servicio público y es competencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o sus entes delegados por ley, por lo que en el citado oficio se ordenó su sellado, como lo establece el Decreto Ejecutivo 35884-MINAET. QUINTO: Que el Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET en el artículo 28 indica inciso b) indica lo siguiente: “Artículo 28. - De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del MINAET ordenará el cierre de un pozo en las siguientes condiciones: b) Cuando se realicen perforaciones sin el debido permiso. SEXTO: Que igualmente el Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET, indica en el artículo 38 lo referente al cierre de pozos y los responsables, el cual reza lo siguiente: “Artículo 38. - Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.” (El subrayado y resaltado no corresponden al original). SÉTIMO: Que es claro que el pozo citado no contó con los permisos correspondientes, razón por la cual se enmarca dentro de los presupuestos de la normativa invocada, dictándose la orden de sellado en apego a esta. OCTAVO: Que en fecha 20 de marzo del 2020, se presentó la solicitud de registro de pozos realizados sin permiso y habilitación de concesión de aguas subterráneas, amparados en el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, por parte de GANADERA LA CEIBA S.A., proceso que se encuentra suspendido en razón de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente 19- 017936-0007-CO, por lo que no se puede resolver dicha solicitud hasta tanto ese máximo tribunal no resuelva lo correspondiente. NOVENO: Interesa indicar que la fuente correspondiente a pozo perforado para extracción y aprovechamiento de aguas subterráneas está en finca propiedad de GANADERA LA CEIBA S. Nombre312. y que esta empresa gestiono la inscripción del pozo en el reciente proceso de amnistía de conformidad con el Decreto 41851-MP-MINAE-MAG, pero que no se puede entrar a conocer por el fondo en razón de la acción de inconstitucionalidad citada antes. Si bien esta empresa gestionó como propietaria del inmueble la legalización del pozo sin número en expediente 20209-P, quien utiliza el agua es [...], cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en los oficios JD-2019- 00063 del 22 de febrero de 2019, para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A.
POR TANTO El DIRECTOR DE AGUA RESUELVE SE SUSPENDE LA ORDEN DE SELLADO del pozo perforado dictada por oficio DA-UHTPCOSJ-2123-2020, del 28 de septiembre del 2020, hasta que se encuentre resuelta la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente de la Sala Constitucional número 19-017936-0007-CO. Apersonarse ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en los oficios JD-2019- 00063 del 22 de febrero de 2019, para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A. La inscripción del pozo estará condicionada a que en estudio del expediente 20209 PA se tenga por cumplido los términos técnicos y legales estipulado en el Decreto 41851-MP-MINAE-MAG y que se entrará a conocer conforme una vez que la Sala Constitucional resuelva a acción de constitucionalidad sobre este decreto. Según este resultado, deberá el A y A solicitar el trámite respecto ante la Direccion de Agua. Contra esta resolución cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, de conformidad con los artículos 343,346 y 347 de la Ley General de la Administración Pública, ambos ante este Despacho. Notifíquese al AYA, señora Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva y Licda. Cecilia Martínez, Subgerente Gestión de Sistemas Comunales y a la Unidad Hidrológica Tárcoles - Pacífico Central (…)” (ver prueba).
IV.- EN CUANTO A LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD TRAMITADA CONFORME EL EXPEDIENTE NO. 19-017936-0007-CO. En lo que respecta a este proceso –en virtud del cual se suspendió la tramitación de la solicitud planteada en marzo de 2020 para registrar el pozo bajo estudio–, se tiene lo siguiente:
“(…) Por unanimidad se declara sin lugar la acción respecto de la supuesta autorización expresa para no acudir a SETENA para valorar pozos irregulares, el alegato de riesgo de salinización o contaminación por intrusión salina, y la argüida inefectividad galopante del derecho ambiental. Por mayoría se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad en cuanto a los artículos 1, 2 y 3 del decreto ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, siempre y cuando se interprete que dichos numerales no modifican los tipos penales contemplados en los artículos 226 y 227 del Código Penal; de este modo, le corresponderá al juez penal competente la determinación de la responsabilidad penal. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes acerca del agravio antedicho. Por mayoría se declara sin lugar el recurso, en cuanto a la alegada inexistencia de un balance hídrico integral y la autorización para alterar los ciclos vitales de la biodiversidad sin mediar estudios, la falta de medidas de protección, mitigación o prevención de daños, y el derecho a la participación ciudadana. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan parcialmente el voto y declaran con lugar la acción por violación al derecho a la participación ciudadana. El magistrado Cruz Castro y la magistrada Picado Brenes salvan parcialmente el voto y declaran con lugar la acción por violación al principio de reserva de ley y la falta de medidas de protección, mitigación o prevención de daños. El magistrado Cruz Castro salva parcialmente el voto y declara con lugar la acción por la alegada inexistencia de un balance hídrico integral y la autorización para alterar los ciclos vitales de la biodiversidad sin mediar estudios. El magistrado Cruz Castro y la magistrada Garro Vargas consignan notas separadas. Los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal consignan nota conjunta. Por unanimidad se rechazan las coadyuvancias presentadas. Notifíquese (…)” (ver expediente No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).
V.- CASO CONCRETO. El recurrente acude a esta Sala Constitucional e indica que figura como Presidente de [...]. Expone que hace 23 años se desarrolló el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, el cual se compone de quintas de aproximadamente 7.000 metros cuadrados cada una y tiene un total de 100 fincas inscritas como predios agrícolas.
Indica que el desarrollador de ese proyecto era la empresa Ganadera La Ceiba S.A., la que entregó a los compradores los planos catastrados que cumplían con las especificaciones de los predios agrícolas y con el servicio de agua potable. Explica que, al momento de la venta de los inmuebles, el desarrollador garantizó la prestación del servicio de agua potable mediante un acueducto de la misma empresa, para lo cual cada parcela contaba con el respectivo medidor. Señala que inicialmente el servicio se brindaba de forma privada por la misma compañía vendedora (Ganadera La Ceiba S.A.), a través de una empresa relacionada llamada SERINCON S.A., que tuvo a su cargo el cobro del servicio. Refiere que SERICON S.A. desde el año 1997 ha suministrado el servicio de agua potable. A partir del año 2017, los depósitos de pago por el suministro de agua se realizan a otra empresa llamada TYRICA S.A., también relacionada con la Ganadera La Ceiba S.A..
Agrega que un vecino presentó una queja ante el MINAE por el alto costo del servicio de agua potable, la cual originó la emisión del oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 que hizo referencia a la ilegalidad del citado pozo y dispuso su cierre en el plazo de un mes.
Acusa que el MINAE dispuso el cierre de ese pozo de forma intempestiva, sin otorgar audiencia previa a todos los vecinos del residencial (pues solo se notificó a la empresa infractora) y sin realizar un debido procedimiento, quedando así todos en indefensión. Sostiene que los referidos vecinos se enteraron de lo ocurrido por terceras personas.
Alega que, tampoco, se les brindó audiencia previa o consultó a las autoridades del ICAA y de la ARESEP, como medio para buscar una solución a la situación. Todo esto, pese a que, al momento del cierre se encontraba en plena vigencia la emergencia nacional por COVID-19, por lo que, en su criterio, resulta esencial contar con el servicio de agua potable.
Añade que a pesar de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el órgano que debe realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo, así como resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable en el país, no se han tomado las acciones pertinentes para dar una solución a las 100 familias que se han visto afectadas con el cierre del pozo y la suspensión del servicio de agua en sus viviendas. Expone que el ICAA no puede quedar al margen de las gestiones necesarias a realizar para proveer el suministro de agua potable a la comunidad y por eso es necesario su concurso en esta solución; concurso que debió ser procurado por el mismo MINAE antes de ordenar el cierre del pozo.
De otra parte, reitera que el desarrollador, al poner en venta las fincas, ofreció la prestación del servicio de agua potable, factor que incidió para que las personas adquirieran las propiedades. Indica que las tres empresas supra citadas son las que tienen el poder y la administración de dicho pozo, así como tienen a su cargo la lectura de los hidrómetros, establecen las facturas y cobran por el servicio de agua, por lo que estima que es necesario que estas participen en el procedimiento de traslado del acueducto al ICAA. En ese mismo sentido, considera, tienen que coordinar con el MINAE y el ICAA lo pertinente para que se cumplan los requisitos exigidos para que dicho instituto asuma la administración del acueducto de la comunidad.
Sostiene, entonces, que en este caso se violentó el derecho de acceso al agua potable, así como sus derechos a la defensa y al debido proceso. Por consiguiente, solicita que este amparo se acogido y, entre otros aspectos, se anule la orden de cierre del pozo dispuesta en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 emitido por la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se ordene al ICAA su inmediata intervención para garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable, realizando las gestiones y obras que fueran necesarias.
Visto lo anterior, esta Sala observa que el accionante formula este amparo dirigido en los siguientes sentidos: a) que mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 de la Dirección de Agua del MINAE se ordenó el cierre del pozo que abastece el complejo residencial, donde habitan 100 familias, en claro quebranto al derecho de acceso al agua potable y pese a estar vigente la pandemia por COVID-19; b) que dicha decisión se tomó sin notificarse u otorgarse audiencia previa a las 100 familias propietarias de las mencionadas quintas y, por ende, sin respetarse el debido proceso; c) que de previo a emitirse la referida orden, no se realizó consulta al ICAA o a la ARESEP, con el fin de buscarse una solución a la referida problemática; d) que las autoridades del ICAA, pese a las gestiones que le han sido formuladas, no han brindado una solución a la situación y e) que las privadas involucradas en este asunto, deben hacerse responsables y solventar el problema expuesto.
Ahora bien, analizados los agravios expuestos por el recurrente, los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento por las autoridades recurridas, así como todas las pruebas allegadas a los autos, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para acoger este amparo y, concomitantemente, las pretensiones plantadas por el tutelado. Lo anterior, por los motivos que se expondrán a continuación.
A. Sobre lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 y la necesidad de proveerse de agua potable durante la pandemia por COVID-19. En primer término, resulta menester apuntar que, en la especie, esta Sala no observa, de ningún modo, que la actuación reclamada por el accionante, sea el cierre y sellado del pozo ubicado en la finca No. 377663-000 (propiedad de Ganadera La Ceiba S.A.) y que ha abastecido desde hace varios años al proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, se pueda tener como arbitraria o infundada. En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua –al parecer presuntamente por así haber sido dispuesto por la citada empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.–, a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos y que, por ende, no se encuentra debidamente registrado ante la Dirección de Agua del MINAE, tal y como lo dispone el ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); de ahí que, se haya procurado su cierre. Nótese que este último cuerpo normativo, en su artículo 28 establece lo siguiente:
“De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del MINAET ordenará el cierre de un pozo en las siguientes condiciones:
Lo anterior, sustenta entonces, claramente, la actuación de la Dirección de Agua del MINAE, concretamente, lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 impugnado por el promovente, en su condición de Presidente de [...]. Oficio que, además, cabe destacar, señala puntualmente todos los motivos de derecho y de hecho que fundamentan el cierre en cuestión, entre los que figuran, principalmente, como se dijo, el funcionamiento del pozo de manera ilegal y su uso para consumo humano y no como abrevadero para 20 reses, tal y como se señaló y solicitó años después, concretamente en marzo de 2020, al ser presentada una gestión por la referida sociedad para legalizar el pozo, a tenor de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG de 18 de julio de 2019 denominado Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas (procedimiento último tramitado conforme el expediente No. [Valor 003]). Siendo así, es evidente que los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se han proveído de agua de forma irregular por varios años y que las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE, únicamente se ha abocado a regularizar y poner a derecho esa situación conforme lo establece y exige, a su vez el ordenamiento jurídico; de ahí que, bajo esa perspectiva, no podría afirmarse que la actuación de cierre y sellado del pozo en cuestión atente contra el derecho fundamental de acceso al agua potable. Por el contrario, a tenor de lo estipulado en dicho ordenamiento jurídico, tal actuación busca proteger el recurso hídrico.
De otra parte, debe tomarse en cuenta que, si bien a través del cuestionado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 se dispuso el cierre y sellado del pozo, lo cierto es que –tal y como también quedó acreditado–, esta orden no fue ejecutada en aquel momento (sea, el año 2020) ni subsiguientemente por las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE. Nótese que, en un primer momento, el Director de Aguas del MINAE, mediante resolución No. DA-1769-2020 de las 08:17 hrs. de 3 de diciembre de 2020 (emitida dentro del referido procedimiento No. [Valor 003]), dispuso la suspensión de dicha orden hasta tanto se resolviera la acción de inconstitucionalidad que se había presentado en contra de lo dispuesto en el citado Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG (que permitía legalizar pozos perforados de forma irregular). Adicionalmente, en esa oportunidad, se aclaró que la inscripción del pozo solicitado quedaba sujeta al cumplimento de lo dispuesto en dicho cuerpo normativo (Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG) y que esta solicitud propiamente sería resuelta al pronunciarse la Sala Constitucional sobre dicho proceso de constitucionalidad. Esta última acción, según se acreditó, fue resuelta y desestimada por esta jurisdicción constitucional mediante la Sentencia No. 2021-25386 de las 13:10 hrs. de 10 de noviembre de 2021, la cual, además, fue notificada en el mes de marzo de 2022 a todas las partes. Luego, las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE, concretamente, en el mes de julio de 2022, informaron a esta Sala que, para entonces, la solicitud para legalizar el pozo en cuestión se encontraba aún pendiente de resolver, lo cual se haría hasta que se resolviera el presente proceso de amparo. Esta situación, según se confirmó recientemente (sea, el 29 de septiembre de 2023), es la que perdura e impera a la fecha. Además, se aclaró que el pozo ubicado en el citado proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba no había sido sellado y que, por ende, los habitantes de este sitio continúan utilizándolo para proveerse de agua. En consecuencia, a partir de lo anterior, no podría sostenerse que el recurrente y el resto de personas propietarias de las quintas referidas, se hayan quedado desprovistas del servicio de agua potable, al menos, durante los años en que la pandemia por COVID-19 se encontró mayormente vigente y, por consiguiente, cuando más necesario se hizo el suministro de este líquido en resguardo del derecho fundamental a la salud.
B. En cuanto a la presunta violación al derecho a la defensa y al debido proceso. En este asunto se ha acreditado y verificado que el pozo en cuestión se halla en un inmueble propiedad de la empresa denominada Ganadera La Ceiba S.A., lo cual fue confirmado en una inspección realizada por las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE en septiembre del año 2020, y no en un inmueble a Nombre317 propiamente de la amparada Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorada o bien a Nombre317 de algún otro vecino en particular. De ahí que, resulte plenamente justificado que las autoridades de la Dirección de Agua, el 4 de noviembre de 2020, hayan notificado el referido oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 precisamente al dueño o representante del inmueble donde se construyó y opera el pozo , pues es este quien –a tenor de lo dispuesto en el ya citado Decreto Ejecutivo 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas-, debía proceder con el respectivo cierre y sellado. Nótese que, sobre el particular, este último decreto dispone en su artículo 38 lo siguiente:
“Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.” (El subrayado no forma parte del original).
Paralelamente a lo anterior, debe tenerse claro en este asunto que la Dirección de Agua del MINAE no es o figura como el proveedor de servicio de agua potable en el complejo residencial bajo estudio. En ningún momento ha suscrito alguna especie de relación por ese concepto con ninguno de los propietarios de las 100 fincas a las que hace referencia el tutelado; de hecho, no tiene competencia alguna al respecto dotada por nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, no podría imputársele a esta dirección la obligación de notificarle a cada uno de estos propietarios (en presunta calidad de beneficiarios del servicio de suministro de agua), lo dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20. Resulta evidente que la Dirección de Agua se limitó a poner a derecho el uso del pozo y, desde esa perspectiva, su labor se reducía a notificarle al propietario del inmueble donde este se hallaba, la orden de cierre y sellado en cuestión, tal y como así efectivamente se hizo. Así las cosas, en este caso, no es factible afirmar que a los dueños de los citados inmuebles que conforman el citado residencial, se les vulneraron sus derechos a la defensa y al debido proceso.
En todo caso, es importante destacar que el propio recurrente, en el escrito de interposición de este amparo, afirmó que los propietarios de los inmuebles ubicados en el citado complejo residencial se enteraron de la orden de cierre en cuestión por otros medios. Incluso, en el elenco de pruebas aportadas por el promovente, consta algunos oficios fechados 17 de noviembre de 2020, donde se acredita que un representante de la sociedad Ganadera La Ceiba S.A. les notificó a algunos dueños de las quintas la orden de sellado dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020. Siendo así, es claro que los propietarios de los citados inmuebles, de previo a la interposición de este amparo, sí tuvieron conocimiento de la orden de cierre del pozo que los abastecía de agua, lo que, en consecuencia, les permitió ejercer, en aquel momento, las acciones que estimaran pertinentes con el fin de regularizar la situación bajo estudio.
De hecho, es importante señalar que en este asunto ha quedado plenamente verificado –pues así lo ha relatado el propio recurrente en el escrito de interposición de este proceso–, que los vecinos del mencionado residencial ya conocían, desde muchos años atrás (al menos desde el año 2013), la situación irregular en la que se encontraban respecto a la prestación el servicio de agua (dado que el pozo funcionaba ilegalmente), al punto que, en los años 2016 y 2018, buscaron ayuda de las autoridades del ICAA para que asumieran el acueducto que opera en el sitio. Por consiguiente, es claro que la orden de cierre dispuesta en septiembre de 2020 por parte de la Dirección de Agua no podría considerarse como intempestiva y arbitraria, según los términos expuestos y alegados ante este Tribunal, pues era de esperarse que las autoridades del MINAE, tarde o temprano, actuaran de esa manera, siguiendo, como se ha dicho reiteradamente, lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE).
C. Tocante a la presunta obligación de coordinar previamente con la ARESEP y el ICAA. Siguiendo lo indicado en el apartado anterior, esta Sala es del criterio que la Dirección de Agua del MINAE, a tenor, a su vez, de lo dispuesto en el ya citado Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE, cumplió con su puntual obligación de notificar el cierre del pozo al dueño del inmueble donde este se encuentra, sin que se denote o se imponga en ese mismo cuerpo normativo, la obligación de llevar a cabo la actuación que reclama la parte accionante, sea la de coordinar de previo al cierre del pozo con otras instituciones (en este caso con la ARESEP y con el ICAA), con el fin de hallar una solución al problema de suministro de agua en el complejo residencial. El promovente lo que sugiere en el fondo, a través de este alegato, es que el MINAE debía suspender indefinidamente el cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa (y perpetuar el uso y funcionamiento de un pozo construido ilegalmente), hasta que alguna de esas dos instituciones, principalmente el ICAA, resolviera totalmente la situación en la que se encontraron y encuentran actualmente los vecinos del citado residencial, por motivos, al parecer, ajenos a la administración pública, lo cual sin embargo, no resulta plausible en criterio de este órgano constitucional, ya que el deber de este ministerio era velar por el cierre del pozo y no otro. Esto, pues como se ha dicho, la Dirección de Agua del MINAE no ha intervenido, en ningún momento, como prestador del servicio de agua potable en los inmuebles bajo estudio.
En todo caso, como ya también se dijo, en este asunto consta que desde al menos el año 2016, sea, cuatro años antes de emitido el oficio en cuestión No. DA-UHTPCOSJ-2123-20, el ICAA conocía del caso bajo estudio –pues así le fue puesto en conocimiento por miembros de [...]–, sin que, en ese momento, se haya logrado concretar una solución. Además, se acreditó que dos años más tarde, sea, en septiembre de 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA una solicitud formal para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional, lo cual, sin embargo, no se pudo realizar ante la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto de parte de los interesados. Por ende, en este asunto se ha verificado fehacientemente que si bien el MINAE al emitir el acto administrativo bajo estudio no realizó esa coordinación previa pretendida por el accionante (la cual, como se dijo, en todo caso no le es impuesta por el ordenamiento jurídico), lo cierto es que para entonces el ICAA conocía el problema bajo estudio y ya había emitido criterio sobre cómo se podría resolver la situación (tema último que se retomará con detenimiento en el siguiente apartado).
D. Sobre la supuesta omisión del ICAA en solventar la situación relacionada con el suministro de agua potable en el complejo residencial. Contrario a lo acusado por el recurrente, este Tribunal Constitucional no considera que a las autoridades del ICAA se les pueda imputar o atribución alguna actuación u omisión arbitraria de su parte en este asunto, que haya atentado en contra de los derechos fundamentales de los habitantes de Quintas Residenciales La Ceiba. Debe observarse que, en este asunto, como ya se adelantó, consta que los interesados (vecinos de dicho residencial), han acudido en dos ocasiones ante esta institución y que, si bien esta no ha asumido el acueducto y, consiguientemente, el suministro de agua potable en dicho complejo residencial, esto se debe a una importante razón, y es que los primeros no han cumplido una serie de requisitos y aspectos técnicos que les fueron notificados y puestos en conocimiento desde hace varios años.
En concreto, se determinó que, en el año 2016, algunos miembros de [...] se reunieron con dos ingenieros del ICAA para proponerles asumir el acueducto del complejo residencial. En esta ocasión, según se acreditó también, dichos funcionarios solicitaron el cumplimiento de varios requisitos para tal efecto (v.gr. información detallada de la prueba de bombeo, la cantidad de agua que daba el pozo, análisis de calidad de agua, el plano de la finca donde está el pozo y posible servidumbre, etc.). Asimismo, se verificó que, tiempo después, en septiembre del año 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA una solicitud formal para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional. Dicha solicitud fue trasladada por la Junta Directiva del ICAA a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados del ICAA, producto de lo cual se emitió el informe No. GSP-RPC-2018-00586 de fecha 16 de octubre de 2018, llamado Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, suscrito por un funcionario de la Región Pacífico Central del ICAA y en el cual se indicó que, para acceder a la pretensión del gestionante, se debían cumplir una serie de requisitos, entre estos, lo siguientes:
“(…) 1. Visado de la segregación de la finca, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y en los artículos 11.2.1 y 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, estos últimos cinco artículos en lo correspondiente a parcelamiento agrícola; como excepcionalidad, requiriendo para ello el visado del INVU. Todo lo anterior para que la prestación del servicio sea legal, ambiental y técnicamente factible.
2. El servicio a suministrar debe ser adecuado en cuanto a calidad, cantidad y continuidad, por lo que la infraestructura lo debe permitir, así como un remanente para crecimiento vegetativo de la zona.
3. Las calles internas del proyecto deben ser calles públicas o servidumbres agrícolas, debiendo estar inscritas las primeras como tales dentro de la red vial cantonal de Orotina, mientras las segundas como servidumbres de paso y acueducto a favor del AyA, que permitan la libre circulación por ellas, así como la posibilidad de instalación de infraestructura.
4. La red de distribución existente debe ser evaluada en cuanto a sus características como diámetro, material, cédula, instalación y cualquier otro elemento que debe ser considerado para su posible aceptación, o en su defecto, que deba ser sustituido. Estas tuberías deben cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial.
5. Tal y como lo establece la solicitud, la infraestructura requerida debe ser completa, incluyendo el pozo totalmente equipado y con la protección necesaria, las áreas de protección que establezca el estudio hidrogeológico, prueba de bombeo de 72 horas, lo cual es necesario realizar, y toda la información disponible y por obtener de él. Así mismo debe incluir el sistema de desinfección, tuberías de impulsión, tanque de almacenamiento y red de distribución.
6. Toda la infraestructura a construir y/o existente debe ser aprobada por el AyA, de acuerdo a la normativa establecida.
7. Definir las características del desarrollo, esto es, si es de tipo turístico, habitacional, agrícola u otro.
8. Los aspectos de la instalación de la micromedición (hidrómetros) o su suministro deberá ser definido por los interesados (…)”.
Todos estos requisitos, según se informó por parte de las autoridades del ICAA e, incluso, así lo reconoció el propio accionante en el escrito de interposición de este amparo, no habían podido ser cumplidos, por lo que, consecuentemente, dicho instituto no había podido tomar el acueducto y suministrar el servicio de agua potable, según lo pretendido.
De este modo, se colige fácilmente que las autoridades del ICAA no se han negado, en ningún momento, de forma infundada o arbitraria a prestar el servicio bajo estudio, según los términos en que lo hace ver o expone el tutelado ante esta jurisdicción constitucional. Lo que sucede en este asunto es que el ICAA, de previo a realizar la actuación pretendida, requiere que se cumplan una serie de requisitos en apego a lo estipulado en el ordenamiento jurídico, sin que sea posible para este caso en particular, realizar una ilegal excepción, y brindar el servicio en el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, tal y como pareciera así lo quiere el recurrente. Nótese que, esta Sala, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la prestación del servicio de suministro de agua potable se puede válidamente denegar cuando no se han cumplido los requisitos estipulados al efecto. Así, en el Voto No. 2009-9936 de las 14:08 hrs. de 19 de junio de 2009, se indicó lo siguiente:
“(…) De tal forma, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento, por lo que se reconoce la posibilidad de limitar el otorgamiento de nuevas pajas de agua con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación del servicio público de suministro de agua potable a los actuales usuarios y domicilios que reciben dicho servicio –ver sentencias números 2007-17475, de las once horas cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil siete, y 2008-11390, de las once horas veintinueve minutos del veintidós de julio de dos mil ocho-. En este sentido, en sentencia número 2006-1898, de las nueve horas cincuenta y tres minutos del diecisiete de febrero de dos mil seis –reiterada, entre otras, por sentencia número 2007-13310, de las diez horas cincuenta y siete minutos del catorce de setiembre de dos mil siete- estableció la Sala que:
“El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. A lo anterior cabe agregar que con base en el artículo 33 del Reglamento referido, la falta de un título de propiedad no parece ser un obstáculo para solicitar la conexión de un servicio nuevo de agua potable, en tanto se cumplan los requerimientos que indica esa norma. En todo caso, se encuentra acreditado también que aunque no se ha suministrado el servicio regular de agua potable, el recurrente y demás vecinos cuentan con fuente pública que el Instituto instaló para que puedan abastecerse, para sus necesidades básicas. De ahí que considere este Tribunal que ha sido la propia omisión del recurrente y de los vecinos de la localidad, quienes no acreditan haber presentado las solicitudes para la instalación de un servicio nuevo de agua potable en la comunidad donde habitan, la que ha impedido que se valore su situación a efectos de determinar si, cumpliendo, sobre todo los requerimientos del artículo 33 del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, las limitaciones de infraestructura pueden ser superadas en su caso y se les puede proveer de un servicio regular de agua potable.” Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.
Por su parte, en la Sentencia No. 2018-7781 de las 09:15 hrs. de 18 de mayo de 2018, esta Sala señaló:
“(…) III.- SOBRE LA DENEGATORIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. Esta Sala ha considerado que, si bien, existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, de forma que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad. En concreto, esta Sala ha reconocido que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas que así lo justifiquen. En sentencia número 2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009, reiterada en la sentencia No. 2016-005382 de las 9:05 horas de 22 de abril de 2016, esta Sala resolvió lo siguiente:
“(...) Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.
Concomitantemente, resulta menester traer a colación lo informado sobre el particular y bajo juramento por el Subgerente de Sistemas Periféricos del ICAA, sea, lo siguiente:
“(…) toda la información requerida por el AyA, plasmada en el informe técnico, son requerimientos esenciales para concretar la administración del acueducto por parte del AyA, por ende la Institución ha mostrado su anuencia en solventar las necesidades de abastecimiento de la comunidad, en el tanto se brinde la información solicitada, se realicen las mejoras que la parte técnica institucional determine y se defina la condición de acceso a los inmuebles y su respectivas inscripciones, todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en el cuerpo normativo, que rige las condiciones a las que se obliga el Instituto con el usuario y los requisitos necesarios para la prestación del servicio, se encuentran en el Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, en el Artículo 7 (…)” (El subrayado no forma parte del original).
Además, esta autoridad sostuvo que:
“(…) si el recurrente aporta la información solicitada en el informe realizado por la Dirección de Operación y Mantenimiento desde octubre del 2018, para determinar las condiciones actuales del sistema, accesos y posteriormente realizar las mejoras indicadas por el área técnica institucional, se puede asumir el acueducto y solucionar las condiciones actuales del recurso hídrico, de los pobladores de Quinta La Ceiba (…)”. (El subrayado no forma parte del original).
Así las cosas, en este asunto se tiene por acreditado que las autoridades del ICAA no han dejado desamparados a los vecinos del referido residencial, habida cuenta que les han propuesto un proyecto para asumir el acueducto y proveerles el servicio de agua potable desde hace varios años, siendo que, si esto no se ha concretado, ha sido porque los segundos no han cumplido con los requisitos exigidos y puestos en su conocimiento.
E. En cuanto a la pretensión del recurrente para que las empresas relacionadas con el complejo residencial asuman su responsabilidad en este caso. Finalmente, resulta menester señalarle al recurrente que la pretensión dirigida a que las empresas involucradas en este asunto (principalmente, la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.), se hagan responsables de asumir la situación bajo estudio y brinden una solución en cuanto a la provisión del servicio de agua potable en el mencionado residencial, deberá ser planteada, si a bien lo tiene, ante las vías ordinarias de legalidad creadas especialmente al efecto. Nótese que escapa del ámbito de competencias de este Tribunal Constitucional, por tratarse de un tema de mera y pura legalidad, analizar por el fondo el caso bajo estudio, específicamente, los acuerdos a los que llegaron los propietarios de los inmuebles que forman parte del citado residencial con la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A. (o con algún otro sujeto de derecho privado), al momento de comprar las quintas y todos aquellos puntuales aspectos relacionados propiamente con la prestación del servicio de agua en el sitio y, concomitantemente, determinar, si esta sociedad u otra deben asumir o no algún tipo de responsabilidad en la situación y caso acá expuesto. No resulta material ni razonablemente posible entrar a un complicado y lento sistema probatorio para dilucidar los referidos aspectos señalados por la parte tutelada. Por ende, como ya se dijo, este agravio en particular debe ser planteado ante las respectivas vías ordinarias de legalidad, por cuanto claramente excede el carácter sumario del recurso de amparo, así como la competencia de este Tribunal otorgada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la propia Constitución Política.
*** En mérito de lo expuesto, al no advertirse, en la especie, que las autoridades recurridas hayan cometido violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente y del resto de propietarios del proyecto Quintas Residenciales La Ceiba, lo que procede es desestimar el presente proceso de amparo.
VI.- Ahora bien, pese a lo dicho supra, resulta menester indicarles a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que, en el momento que los propietarios de los inmuebles que conforman el proyecto Quintas Residenciales La Ceiba cumplan con todos los requisitos técnicos y legales que le han sido exigidos, se resuelva lo que en derecho corresponda; siempre que otra causa ajena a la examinada en el sub lite no lo impida.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de lo dispuesto en el considerando VI de la presente sentencia.
Nombre290 V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Nombre319 V.
Nombre8889 G.
Jose Roberto Garita N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 1 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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