Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 02777-1998 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/04/1998

Constitutionality of Decree 26187-MINAE on fees for telecommunication posts in protected areasConstitucionalidad del Decreto 26187-MINAE sobre cánones por puestos de telecomunicación en áreas protegidas

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Chamber dismissed the amparo, upholding the constitutionality of Executive Decree 26187-MINAE and rejecting claims of violation of equality, freedom of commerce, legal reserve, due process, and non-retroactivity.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo, confirmando la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 26187-MINAE y rechazando los alegatos de violación a la igualdad, libertad de comercio, reserva de ley, debido proceso e irretroactividad.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by Raditel S.A. against the President and the Minister of Environment and Energy, challenging Executive Decree 26187-MINAE. The petitioner claimed the decree created fees without legal basis, discriminated between types of telecommunication posts, restricted the number of antennas, allowed permit cancellations without due process, and violated freedom of commerce, non-retroactivity, the principle of legal reserve in tax matters, and equality. Citing a prior ruling in a constitutionality action, the Chamber held that the fee is not a tax but a consideration for the use permit of public domain assets, authorized by the Forestry Law and the National Parks Service Law. It found the distinction between television/broadcasting and private radiocommunication posts reasonable, since the latter are not mass media and cannot pay in airtime. It concluded there was no retroactive application or due process violation, as the decree sets forth the administrative procedure for canceling permits. The appeal was dismissed, upholding the decree’s constitutionality.La Sala Constitucional conoció un amparo interpuesto por Raditel S.A. contra el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente y Energía, impugnando el Decreto Ejecutivo 26187-MINAE. La recurrente alegaba que el decreto establecía cánones sin base legal, discriminaba entre tipos de puestos de telecomunicación, limitaba el número de antenas, permitía cancelaciones de permisos sin debido proceso y vulneraba la libertad de comercio, la irretroactividad de la ley y los principios de reserva de ley en materia tributaria y de igualdad. La Sala, citando un voto previo en acción de inconstitucionalidad, determinó que el canon no es un tributo sino una contraprestación por el permiso de uso de bienes de dominio público, autorizada por la Ley Forestal y la Ley del Servicio de Parques Nacionales. Encontró razonable la distinción entre puestos de televisión/radiodifusión y radiocomunicación privada, pues estos últimos no son medios masivos y no pueden pagar en espacios. Concluyó que no hubo aplicación retroactiva ni violación al debido proceso, ya que el decreto establece el procedimiento administrativo para cancelar permisos. Declaró sin lugar el recurso, confirmando la constitucionalidad del decreto.

Key excerptExtracto clave

I. VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY: In the Chamber’s view, the principle of equality is not violated by the regulations cited by the petitioner, namely articles 6 and 7 of the Decree. The categories used to group the different telecommunication posts are reasonable, since they are divided into posts for television, radio broadcasting, private radiocommunication, and finally posts for State communication and other public institutions, based on essential characteristics that differ for each group. The fact that article 7 allows television and radio broadcasting posts to pay the fee in airtime or money, but not private radiocommunication posts, is in no way discriminatory because these are communication media with distinct characteristics, and therefore it is not mandatory to grant them equal treatment. Private radiocommunication posts do not have airtime that the State can use to disseminate information, so it is logical to provide that payment must necessarily be in money in these cases. V. VIOLATION OF ARTICLE 121(13) OF THE POLITICAL CONSTITUTION: … In the case of the fee or tariff charged by the State for the installation of telecommunication posts in natural resource protection areas, it cannot be defined as a tax but as a price paid for a consideration outside the services the State must provide. The setting of this charge is not aimed at the general public, the money collected does not serve to finance general expenses; what the State grants is a use permit for protected areas for the installation of towers, a typical administrative act. The legal reserve established by article 121(13) applies only to taxes imposed by the State under its sovereign power.I.- SOBRE LA VULNERACION AL PRINCIPIO DE IGUALDAD: En criterio de esta Sala el principio de igualdad no resulta violado con la normativa referida por el accionante, sean los artículos 6 y 7 del Decreto. Las categorías que se utilizaron para agrupar los diferentes puestos de telecomunicación son razonables en virtud de que se dividió en puestos para televisión, para radiodifusión, para radiocomunicación privada y por último en puestos de comunicación del Estado y otras instituciones públicas, atendiendo a características esenciales diversas para cada uno de los grupos. El hecho de que el artículo 7 permita a los puestos para televisión y radiodifusión el pago del canon en espacios o en dinero y no así a los puestos para radiocomunicación privada no es de ningún modo discriminatorio porque se trata de medios de comunicación con características desiguales, por lo que, no es obligatorio otorgarles un trato igualitario. En los puestos de radiocomunicación privada no existen espacios que el Estado pueda utilizar para divulgar información, por lo que es lógico pensar que en estos casos se disponga que el pago ha de ser necesariamente en dinero. V.- VIOLACION DEL ARTICULO 121 INCISO 13) DE LA CONSTITUCION POLITICA: … En el caso del canon o tarifa que el Estado cobra para la instalación de puestos de telecomunicación en áreas de protección de los recursos naturales, no puede definirse el mismo como un tributo sino que es un precio que se paga por una contraprestación ajena a los servicios que debe prestar el Estado. La fijación de esa cuota no se dirige a la generalidad, el dinero recaudado no tiene la virtud de financiar gastos generales, el Estado lo que otorga es un permiso de uso de las zonas protegidas para la instalación de torres, acto típico de administración. La reserva legal que establece el artículo 121 inciso 13) es únicamente para los tributos que impone el Estado con su potestad de imperio.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En el caso del canon o tarifa que el Estado cobra para la instalación de puestos de telecomunicación en áreas de protección de los recursos naturales, no puede definirse el mismo como un tributo sino que es un precio que se paga por una contraprestación ajena a los servicios que debe prestar el Estado."

    "In the case of the fee or tariff charged by the State for the installation of telecommunication posts in natural resource protection areas, it cannot be defined as a tax but as a price paid for a consideration outside the services the State must provide."

    Considerando I, sección V

  • "En el caso del canon o tarifa que el Estado cobra para la instalación de puestos de telecomunicación en áreas de protección de los recursos naturales, no puede definirse el mismo como un tributo sino que es un precio que se paga por una contraprestación ajena a los servicios que debe prestar el Estado."

    Considerando I, sección V

  • "Los permisos de uso poseen una característica especial: la precariedad, que le es consustancial y que alude a la posibilidad de que la Administración lo revoque en cualquier momento, sin indemnización alguna, si llegare a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado."

    "Use permits have a special characteristic: precariousness, which is inherent to them and refers to the possibility that the Administration may revoke them at any time, without any compensation, if a conflict of interests arises between the purpose of the asset and the granted permit."

    Considerando III

  • "Los permisos de uso poseen una característica especial: la precariedad, que le es consustancial y que alude a la posibilidad de que la Administración lo revoque en cualquier momento, sin indemnización alguna, si llegare a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado."

    Considerando III

  • "El principio de igualdad no se traduce en una igualación pura y simple de todos los administrados sino más bien, en la prohibición de distinciones que no tengan un razonable fundamento."

    "The principle of equality does not translate into a pure and simple equalization of all individuals but rather into the prohibition of distinctions that lack a reasonable basis."

    Considerando I, sección I

  • "El principio de igualdad no se traduce en una igualación pura y simple de todos los administrados sino más bien, en la prohibición de distinciones que no tengan un razonable fundamento."

    Considerando I, sección I

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Case File: 97-005520-0007-CO Type of Matter: Amparo action Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Related Judgments Amparo Date: 24/04/1998 Time: 11:27 AM Case File No. 97-005520-007-CO-E. No. 2777-98 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours twenty-seven minutes on the twenty-fourth of April of nineteen ninety-eight.

Amparo action filed by Nombre166089, identification number CED124774, in his capacity as President with powers of General Attorney-in-Fact without limit of amount of RADITEL SOCIEDAD ANONIMA, against the PRESIDENT OF THE REPUBLIC and the MINISTER OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY, for the issuance of Executive Decree number 26187-MINAE.

WHEREAS

1.- The petitioner states in summary: 1) That the President of the Republic and the Minister of the Environment and Energy, constituted as the Executive Branch, issued Executive Decree number 26187-MINAE, published in La Gaceta number 142 of last July twenty-fourth, through which a new regulation is established for the administration, concession, and collection of fees for the exploitation and use of communication posts in protected areas, such as forest reserves (reservas forestales), national parks (parques nacionales), and others; 2) That the aforementioned Decree establishes the fee rates to be paid. It also establishes a discriminatory form of payment, allowing some users of telecommunication posts to pay through barter with services to the State (Article 7 of the Decree); 3) That said decree has absolutely no legal basis in any form that, through legislative delegation, allows it to establish fees or impose levies, a matter that is reserved to law and the exclusive domain of the Legislative Branch; 4) That the appealed decree establishes an absurd limitation on the number of repeater posts and the number of antennas per tower, a limitation that does not stem from any technical study and which, on the contrary, threatens commercial activity by restricting freedom of commerce; furthermore, such limitations do not take into account the rights acquired through consolidated legal situations, in the cases of companies that have posts, towers, and antennas exceeding in number what is established in the decree in question; 5) That in the second article of the cited Decree, the cancellation of use permits (permisos de uso) is established by simple expiration, without due process and notification to the administered party of that circumstance; 6) That on last September twelfth, the petitioner company filed unconstitutionality action number 6248-97 against the Executive Decree challenged herein, as ordered by the resolution of twelve hours one minute on last August twenty-first, a ruling that was notified to it on last September eighth.

2.- In his legal report, the Minister of the Environment and Energy indicates that the existence of telecommunication posts within various protected areas has its origin in the fact that, despite the natural danger represented by both the Irazú Volcano and Cerro de la Muerte, their location and altitude make them the ideal places for installing telecommunication posts. He states that for this reason, even though since 1955, through the Organic Law of the Tourism Institute number 1917, two kilometers around the craters of the Irazú Volcano (as well as the country's other volcanoes) were declared National Parks, and even though, in accordance with Articles 261 and 262 of the Civil Code which establish that said areas were outside of commerce, being inalienable, a large number of private parties installed posts for radiocommunication, radio broadcasting, and later for television repeaters within those lands, posts that in most cases lacked any permit to do so. He adds that when the General Forestry Directorate was created in 1969, through Law number 4465, and in 1977 the National Parks Service through Law 6084, placing the administration of the wilderness areas (áreas silvestres) in the hands of state entities specialized in managing these areas, this de facto situation was encountered, which even bordered on the philosophy with which they should be managed. He says that the State saw itself then facing a legal dichotomy to which it had to give a solution: choose between a staunch defense of some conservationists' thesis that protected areas were untouchable, or maintain telecommunication posts in them, based on reasons of public interest, since if those posts were to disappear, the entire national communication system would be affected, leaving the country at the mercy of the telecommunications of other nations that had great development in that field and even professed political doctrines contrary to ours, as was the case of Cuba, Nicaragua, and Panama, which had dictatorial regimes. Therefore, the leaders of that time wisely chose to maintain the communication posts in these places, establishing restrictive measures to prevent the existence of those posts from destroying the resources of the protected areas. Regarding the legal nature of use permits, he points out that prior to the current Forestry Law (Ley Forestal) number 7575, in granting authorizations to locate telecommunication posts within protected areas, the figure of the use permit (permiso de uso) was used given the legal nature of the lands on which those posts were located, a figure that was subsequently ratified by Article 39, subparagraph i) of that Forestry Law, which expressly indicated that the Forestry Fund would be nourished by the value of the fees or rates that the Ministry of the Environment and Energy determines, resulting from the use permits of natural resources granted in protected wilderness areas, whatever their management category, which make up the natural heritage of the state. He points out that since the lands on which the State authorizes the installation of telecommunication posts are part of the natural heritage of the state, they are subject to a public use determined by law, so private possession becomes exceptional to the purpose for which those lands are designated, requiring an express act of the Administration to legitimize it, in the present case a use permit (permiso de uso) granted via an administrative resolution. He continues saying that use permits are regulated in our administrative law by Article 154 of the General Law of Public Administration, which establishes that "Use permits of the public domain, and other acts that recognize to an administered party an express and valid right on a precarious basis, may be revoked for reasons of opportunity or convenience without liability on the part of the Administration; but the revocation must not be untimely nor arbitrary, and in all cases a prudential period must be given for compliance with the revocation act," meaning that the use permit (permiso de uso) basically constitutes an act of unilateral will of the Public Administration, which for reasons of convenience and temporarily allows an administered party to enjoy, on a precarious basis, a public domain asset not subject to commerce, and which as such can be revoked by the same Administration without liability, as long as the provisions of the cited article are complied with. In that sense, the use permit is characterized by being an essentially unilateral act of the Administration, justified by circumstances that fall within the sphere of discretionary power, which places the useful dominion of the asset in the hands of the private party, with the State reserving direct dominion over the thing. In this regard, it can be noted that use permits possess a special characteristic: precariousness, which is inherent to them and which refers to the possibility that the Administration may revoke them at any time, without any compensation, if a conflict of interests should arise between the purpose of the asset and the permit granted, in which case the use established by the legal system or the State's need to fully occupy the asset must prevail. He indicates that, in accordance with Organic Law of the Environment No. 7554, Forestry Law No. 7575, and the Law of Creation of the National Parks Service No. Placa27062, the administration of wilderness areas corresponds to the Ministry of the Environment and Energy, and since the provisions to be issued on the matter have an impact on the administration of these areas, and since these rules are of a general nature, the appropriate procedure in these cases is to regulate this type of relationship with the administered party under Article 121.1 of the General Law of Public Administration, which states that acts of general scope must be issued by means of decrees. Therefore, even though during the first years everything regarding the conditions that the State imposed on the permit holder was regulated within the very resolutions granting those permits, including the area each post would occupy depending on the activity to which it was dedicated and the fee to be paid for the land use, subsequently, through executive decrees No. 213124-MIRENEM and No. 23109-MIRENEM, different regulations were established for posts located in national parks (parques nacionales) (case of the Irazú Volcano) and in forest reserves (reservas forestales) (case of Cerro de la Muerte), taking into consideration that the legislation in force at that time differentiated between these management categories. He continues saying that with the appearance first of the Organic Law of the Environment and subsequently the Forestry Law, our legal system once again gives similar treatment to the various wilderness areas, which made it necessary for the State to unify the provisions that must govern for granting use permits (permisos de uso) in these cases. In this way, Executive Decree No. 26187-MINAE was issued, which is the one the petitioner questions, through which the Ministry of the Environment and Energy indicated, as administrator of those protected areas, what the provisions are that will govern from that date forward for the telecommunication posts located in those areas. He says that this decree not only aims for the maintenance of those posts within the protected areas, but also to protect the scenic beauty and the natural resources existing in them. Hence, the cited Decree classifies the various types of existing posts, establishes the corresponding fees, and also regulates the impact of those posts on the ecosystems. He points out that in the matter of telecommunication, the decree establishes three types of fees to be paid to the State, depending on the activity to which each of them is dedicated: television stations, radio broadcasters, and private radiocommunication. In the case of television and radio broadcasting posts, being mass communication media, and given that one of the functions of that ministry is to promote and develop environmental education programs at all educational levels and for the general public, the Decree provides that the fee for those posts may be paid in spaces dedicated to disseminating information related to the environment and energy sectors. He affirms that the establishment of the fee for the use of land that is part of the natural heritage of the state does not constitute a tax or a contribution, but rather corresponds to a payment expressly authorized by the legal system for the service provided by the Administration to the permit holder, which is allowing the use of state heritage land, as stipulated by both Article 39, subparagraph i) of the Forestry Law, and Article 6, subparagraph 3) of the Law of Creation of the National Parks Service. He adds that what is stated in those articles demonstrates that the fee established by the use permits (permisos de uso) for telecommunication posts does not violate Article 121 of the Constitution, since the questioned Decree did not create a tax or levy, but rather, using the powers of the current regulations, establishes a specific amount to be paid annually by those who have use permits for telecommunication posts on lands owned by the state, under the administration of the Ministry of the Environment and Energy, and from which, being a public domain asset, a group of administered parties cannot benefit gratuitously to the detriment of the great majority. He points out that the amount established for each of the different types of posts responds to the country's economic reality and the need for the protected wilderness areas to self-finance the expenses generated by their administration, management, and protection through the services they provide, and that there is a precedent regarding this financing in case file 1725-C-95. Regarding the facts of the appeal, he states that Raditel S.A. holds two private radiocommunication posts, one in the Irazú Volcano National Park and another in the Río Macho Forest Reserve (Cerro de la Muerte), and that said company is engaged in the commercial activity of providing radiocommunication services to companies and private individuals, for which it uses the two aforementioned posts. He affirms that while it is true that the questioned Decree establishes in its Article 7 that companies and persons who hold television and radio posts may pay the established fee through airtime and said possibility is not available for those holding private radiocommunication posts, the fact is that the activities and services provided by those posts are different, so they cannot be treated equally. In this sense, it must be noted that the activity of those holding private communication posts is not aimed at the general public but at closed groups of companies or persons. He mentions that within these use permits (permisos de uso) there are three types of posts, according to the activity to which each is dedicated: television stations, radio broadcasters, and private radiocommunication, and it is only possible to charge the established fee through airtime when dealing with television and radio broadcasters as mass communication media. Therefore, it is clear that private communication posts, as is the case of the petitioner's, are not the same as those that hold television and radio posts, making it legally and materially impossible to give equal treatment to those posts. He points out that the fee established in the decree at issue, which sets an annual base fee of one hundred thousand colones, plus twenty thousand colones per additional antenna when they exceed ten, does not seek to curtail in any way the freedom of commerce of Raditel S.A., but rather seeks to ensure that permit holders pay for the use permit (permiso de uso) according to the profits the post generates for them, and such regulation takes effect from its publication, hence it is impossible for it to affect acquired rights. Nevertheless, he indicates that the consolidated legal situations being claimed have not been affected, given that in the present case, Article 7 of the Decree does not establish any limitation on the number of antennas to be installed at each post, and that the changes contained in that regulation are possible in accordance with the nature of those use permits, which are subject to changes as long as they are neither arbitrary nor untimely. He affirms that the constitutional principle of due process (debido proceso) that the petitioner alleges the questioned Decree violates is expressly contained in Article 8 of that norm, which states that compliance with the respective procedure is required for the cancellation of the use permits. He adds that, despite what has been stated demonstrating that the petitioner does not have reason on his side, the purpose of Article 2 of the decree at issue is that, since the request and maintenance of the use permit (permiso de uso) is an act issued by the Administration at the request of an interested party, it corresponds to the permit holder, in accordance with the philosophy of Article 258, subparagraph 2) of the General Law of Public Administration, to request the corresponding extension of that permit before the expiration of the term. Therefore, if the extension is not requested in time, given the lack of interest on the part of the permit holder in keeping the use permit valid, the Administration must, ex officio, open the procedure to cancel the granted use permit, which does not imply that the state must not comply with due process, which is enshrined not only as a constitutional and legal principle but is expressly recognized by the same decree in its Article 8. He affirms that the contested regulation does not violate the principle of equality, given that the treatment given by the Decree to the different types of permit holders responds to the fact that the permits granted are different, hence it is legally and materially impossible to treat private communication posts in the same way as television and radio posts. Given that Article 10 of the same decree states that it takes effect from its publication, it demonstrates that this regulation respects the principle of non-retroactivity of the law, because the changes it contains are possible in accordance with the nature of those use permits, which are subject to changes as long as they are not arbitrary or untimely. Regarding due process, he says that this principle is respected, because Article 8 of the decree states the Administration's obligation to always comply, in all cases where it must cancel use permits for telecommunication posts in wilderness areas, previously with the corresponding administrative procedure. Regarding freedom of commerce, he points out that the regulation concerning the number of repeater antennas per post does not limit freedom of commerce, but rather seeks to ensure that each permit holder pays according to the benefit received from the use permit granted. Regarding the reservation of law, he says that the establishment of the fee for use permits on lands that are the natural heritage of the state does not constitute a tax or a contribution, but rather corresponds to the payment of a fee expressly authorized by the legal system, so this principle has not been infringed either. For the foregoing reasons, he requests that the appeal be dismissed.

3.- For his part, the President of the Republic points out that the only thing on this matter that is on record before his office is the fact that Executive Decree No. 26187-MINAE, whose unconstitutionality is alleged by the petitioner, was promulgated by the government on May 22, 1997. Therefore, he refers to the report to be rendered by the Minister of the Environment and Energy so that it is he who addresses the alleged facts and arguments presented by the petitioner, and requests that it be declared without merit in all its aspects.

4.- Through an interlocutory resolution at eight hours on October twenty-eighth, 1997, it was ordered that, the amparo having been investigated and unconstitutionality action number 6248-97 having been filed, the corresponding final resolution be suspended; an action that was resolved by judgment 0107-M-97.

5.- The prescriptions of law have been observed in the proceedings.

Drafted by Magistrate Sancho González; and,

WHEREAS

I.- Ruling No. 0107-M-97 of this Chamber, at ten hours and eighteen minutes on the ninth of January of nineteen ninety-eight, in the unconstitutionality action brought by Raditel Sociedad Anónima against Executive Decree number 26187 MINAE, published in La Gaceta number 142 of the twenty-fourth of July of nineteen ninety-seven, ordered, in pertinent part: " "...I.- REGARDING THE VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY: In the opinion of this Chamber, the principle of equality is not violated by the regulation referred to by the plaintiff, namely Articles 6 and 7 of the Decree. The categories used to group the different telecommunication posts are reasonable by virtue of the fact that they were divided into posts for television, for radio broadcasting, for private radiocommunication, and finally into communication posts of the State and other public institutions, considering diverse essential characteristics for each of the groups. The fact that Article 7 allows posts for television and radio broadcasting to pay the fee in airtime or in money, and not posts for private radiocommunication, is in no way discriminatory because they are communication media with unequal characteristics, so it is not obligatory to grant them equal treatment. In private radiocommunication posts, there are no airtime spaces that the State can use to disseminate information, so it is logical to think that in these cases it is provided that payment must necessarily be in money. As has been repeatedly held, the principle of equality does not translate into a pure and simple equalization of all administered parties, but rather into the prohibition of distinctions that do not have a reasonable basis.- II.- REGARDING THE VIOLATION OF FREEDOM OF COMMERCE: The plaintiff points out that Article 7, subparagraph c) of the Decree limits the number of antennas to ten per repeater post with a basic fee, and also Article 1) limits it to a single tower per radiocommunication post, which violates the provisions of Article 46 of the Political Constitution regarding freedom of commerce. From a simple reading of Article 7, subparagraph c) of the Decree, it is inferred that what the plaintiff states does not conform to what the norm indicates. It states:

"Posts for private radiocommunication. These posts shall annually pay the sum of one hundred thousand colones, a sum that must be paid in advance, at the Financial Accounting Department of MINAE. Posts of this type must also pay the sum of twenty thousand colones for each additional antenna, if more than ten antennas are installed on the respective tower." The above means that the norm in no way limits the number of antennas to ten; what it does is charge an extra fee or rate for each additional antenna after ten. On the other hand, while it is true that Article 1) of the Decree indicates that telecommunication posts installed in protected areas will be constituted solely by the space necessary for the equipment room housing the transmission equipment and one tower, that does not mean that a specific company cannot install more than one telecommunication post, if it pays what corresponds. Therefore, the contested norms in no way violate the constitutionally enshrined freedom of commerce.

III.- VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF NON-RETROACTIVITY OF THE LAW: It is argued that Articles 1) and 7, subparagraph c), regarding the limitation of one tower per repeater post and ten antennas per tower, affect previously consolidated situations and constitutes a retroactive application of the law. The challenger is not correct. The questioned decree does not provide for any retroactive application; Article 10 establishes that it takes effect from its publication. If any retroactive application has occurred to the detriment of consolidated situations, the avenue to challenge it is not the unconstitutionality action, in accordance with the provisions of Article 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

IV.- VIOLATION OF ARTICLE 49 OF THE POLITICAL CONSTITUTION: The plaintiff maintains that the decree undermines consolidated legal situations and disrespects the hierarchy of laws, attempting to eliminate that which enjoys a legal guarantee and protection, thereby violating Article 49 of the Political Constitution. In the Chamber's opinion, the decree does not undermine consolidated legal situations because the norms it contains are of a general nature, it is established that it takes effect from its publication, and it does not refer to particular situations. Regarding the disrespect for the principle of hierarchy of laws, the plaintiff does not express the grounds; however, the Chamber observes that this transgression does not occur, as the Executive has the power to issue decrees and regulations, in accordance with the provisions of Article 140 of the Political Constitution.

V.- VIOLATION OF ARTICLE 121, SUBPARAGRAPH 13) OF THE POLITICAL CONSTITUTION: The plaintiff points out that the contested Decree, in its Article 7), establishes the payment of a fee for each communication post and antenna, thereby violating the mentioned article by virtue of the fact that taxation matters are reserved to law; only a law passed by the Legislative Assembly and sanctioned by the Executive Branch can create taxes and other types of contributions. The decree is not based on any legal norm that empowers the Executive Branch to impose levies by way of decree, so there is also no legislative delegation. The Code of Tax Norms and Procedures defines, in its Article 4, tributes as those monetary benefits (taxes, rates, and special contributions) that the State, in the exercise of its power of imperium, demands for the purpose of obtaining resources to fulfill its purposes. Tax is the tribute whose obligation has as its generating event a situation independent of any state activity relative to the taxpayer. Rate is the economic obligation whose generating event is the effective or potential provision of an individualized public service to the taxpayer; and whose revenue must not have a destination foreign to the service that constitutes the reason for the obligation. The consideration received from the user in payment for services not inherent to the State is not a rate. Finally, special contribution is the tribute whose obligation has as its generating event benefits from the carrying out of public works or state activities, whether exercised in a decentralized manner or not; and whose revenue must not have a destination foreign to the financing of the works or activities that constitute the reason for the obligation. In the case of the fee or rate that the State charges for the installation of telecommunication posts in areas for the protection of natural resources, it cannot be defined as a tribute but rather is a price paid for a consideration not inherent to the services that the State must provide. The setting of that fee is not aimed at the general public; the money collected does not have the virtue of financing general expenses; what the State grants is a use permit (permiso de uso) for the protected areas for the installation of towers, a typical act of administration. The legal reservation established by Article 121, subparagraph 13) is only for the tributes that the State imposes with its power of imperium.

VI.- VIOLATION OF ARTICLE 121, SUBPARAGRAPH 14) OF THE POLITICAL CONSTITUTION. The plaintiff points out that Article 2 of the Decree seeks, through the use permit (permiso de uso) mechanism, to grant the installation and exploitation of repeater posts, thereby the Executive Branch, via decree, arrogates to itself powers that are the exclusive competence of the Legislative Branch, invading the own powers of that Branch of the Republic without the respective legal norm existing.- Subparagraph 14 of Article 121 establishes that it is the exclusive power of the Legislative Assembly to decree the alienation or application to public uses of the Nation's own assets. In this case, the lands of protected areas have already been declared for public use by the Legislative Assembly; the Administration merely establishes controls and limits on that public use in order to achieve the objective of protecting natural resources.

VII.- VIOLATION OF ARTICLE 140, SUBPARAGRAPH 7) OF THE POLITICAL CONSTITUTION: The plaintiff believes that the contested decree disposes of the revenues to be received, bartering them for radio and television airtime, and that these barters are nothing other than disposing of the State's eventual revenues, exchanging them for a radio spot and television airtime. The Chamber considers that the plaintiff is not correct; the Administration is not carrying out any type of barter with the television and radio companies, but rather has established two different payment modalities for them. Thus, Article 7, subparagraphs a) and b) indicate that the fee, for both television posts and radio broadcasting posts, may be paid in airtime or its equivalent in money, with the airtime being directed at disseminating information related to the environment and energy sectors.

VIII.- VIOLATION OF ARTICLE 182 OF THE POLITICAL CONSTITUTION: The plaintiff affirms that Article 7 of the Decree violates that provision by establishing the exchange of the fee for airtime available on radio and television. This constitutes a form of contracting advertising without going through the bidding process established in the Law and without complying with the provisions of administrative contracting, thus avoiding the supervision of the oversight entity.

What is reiterated from the preceding recital is that this is not a State advertising contract, but rather a means of payment that television stations and radio stations may use to pay the fee for installing telecommunications posts in protected zones.- In light of all the foregoing, and considering that there are sufficient elements for judgment, the action filed is rejected on the merits...\" II.- BACKGROUND ON THE EXISTENCE OF TELECOMMUNICATIONS POSTS WITHIN PROTECTED AREAS The existence of telecommunications posts within various protected areas originates from the fact that, despite the natural danger represented by both the Irazú Volcano and Cerro de la Muerte, their location and altitude make them the ideal sites for installing telecommunications posts. Therefore, even though as of 1955 and through the Organic Law of the Tourism Institute number 1917, two kilometers around the craters of the Irazú Volcano were declared National Parks (the same as the other volcanoes in the country), and even though pursuant to articles 261 and 262 of the Civil Code, which establish that said areas were outside of commerce and inalienable, a large number of private parties installed posts for radiocommunication repeaters, radio broadcasting, and later for television within those lands, posts that in most cases lacked any permit to do so. When the Dirección General Forestal was created in 1969, through Law number 4465, and in 1977 the Servicio de Parques Nacionales through law 6084, with specialized state entities taking over the administration of the wilderness areas for the management of those areas, they encountered this de facto situation, one that conflicts with the philosophy under which they were to be managed. The State found itself at that time facing a legal dichotomy to which it had to provide a solution, that is, choosing between a staunch defense of the position of some conservationists that protected areas were untouchable, or maintaining telecommunications posts within them, based on reasons of public interest, since if those posts were to disappear, the entire national communication system would be affected, leaving the country at the mercy of the telecommunications of other nations that had great development in that field and even professed political doctrines contrary to ours, for which reason it was decided to maintain the communication posts in these locations, establishing restrictive measures to prevent the existence of those posts from destroying the resources of the protected areas.

III.- LEGAL NATURE OF USE PERMITS WITHIN PROTECTED AREAS Prior to the current Forest Law (Ley Forestal) number 7575, in granting authorizations to locate telecommunications posts within protected areas, the legal nature of the lands on which those posts were located led to the use of the legal concept of the use permit (permiso de uso), a concept that was subsequently ratified by Article 39, subsection i) of that Forest Law (Ley Forestal), which expressly indicated that the Forest Fund would be nourished by the value of the fees or charges that the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía, MINAE) determined, resulting from the use permits (permisos de uso) of natural resources, granted in protected wilderness areas, regardless of their management category, which make up the natural heritage of the State (patrimonio natural del estado). Since the lands on which the State authorizes the installation of telecommunications posts are part of the natural heritage of the State (patrimonio natural del estado), they are subject to a public use determined by law, and therefore private possession becomes exceptional given the purpose for which those lands are designated, requiring an express act of the Administration to legitimize it, which in the present case consists of a use permit (permiso de uso) granted via an administrative resolution. Administrative law regulates use permits (permisos de uso) in Article 154 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), which establishes that \"Use permits for public domain, and other acts that recognize an expressly and validly held right for an administered party under a precarious title, may be revoked for reasons of opportunity or convenience without liability on the part of the Administration; but the revocation must not be untimely or arbitrary, and a prudential period must be granted in all cases for compliance with the revocation act\"; therefore, the use permit (permiso de uso) basically constitutes a unilateral act of will by the Public Administration, which, for reasons of convenience and on a temporary basis, allows an administered party to enjoy, under a precarious title, a public domain asset that is not subject to commerce among men and that, as such, can be revoked by the same Administration without liability, provided that the stipulations of the cited article are fulfilled. In that sense, the use permit (permiso de uso) is characterized by being an essentially unilateral act of the Administration justified by circumstances that fall within the sphere of discretionary power, which places the useful domain of the asset in the hands of a private individual, with the State reserving the direct domain over the thing. As this Chamber has repeatedly held, use permits (permisos de uso) possess a special characteristic: precariousness (precariedad), which is inherent to them and refers to the possibility that the Administration may revoke them at any time, without any compensation, should a conflict of interests arise between the purpose of the asset and the granted permit, in which case the use provided by the legal system or the State's need to fully occupy the asset must prevail. Pursuant to the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554, the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, and the Law Creating the Servicio de Parques Nacionales No. 6084, the administration of wilderness areas corresponds to the Ministry of Environment and Energy (MINAE), and since the provisions to be issued on the matter affect the administration of those areas, and these rules are of a general nature, the appropriate course in these cases is to regulate this type of relationship with the administered party through Article 121.1 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), which indicates that acts of general scope must be issued through decrees. Therefore, even though during the early years, the resolutions granting those permits regulated everything related to the conditions that the State imposed on the permit holder (permisionario), including the area that each post would occupy depending on the activity to which it was dedicated and the fee to pay for the use of the land, later, through Executive Decrees (Decretos Ejecutivos) No. 213124-MIRENEM and No. 23109-MIRENEM, different regulations were established for posts located in national parks (case of the Irazú Volcano) and in forest reserves (case of Cerro de la Muerte), taking into consideration that the legislation in force at that time differentiated between these management categories. With the appearance first of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) and later the Forest Law (Ley Forestal), our legal system once again gave similar treatment to the various wilderness areas, which made it necessary for the State to unify the provisions that should govern the granting of use permits (permisos de uso) in these cases. In this way, Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 26187-MINAE was issued, which is the one challenged by the appellant, through which the Ministry of Environment and Energy (MINAE) indicated, as administrator of those protected areas, what provisions would govern from that date for the telecommunications posts located in those areas. This decree seeks not only the maintenance of those posts within the protected areas, but also to protect the scenic beauty and the natural resources existing within them; hence, the cited Decree classifies the various types of existing posts, establishes the corresponding fees, and also regulates the impact of those posts on the ecosystems. Regarding telecommunications, the decree establishes three types of fees to be paid to the State, according to the activity to which each one is dedicated: television stations, radio broadcasters, and private radiocommunication. In the case of posts belonging to television stations and radio broadcasters, since they are mass communication media and given that one of the functions of that ministry is to promote and develop environmental education programs at all educational levels and for the general public, the Decree provides that the fee for those posts may be settled through time slots dedicated to disseminating information related to the environment and energy sectors. The establishment of the fee for the use of land that is part of the natural heritage of the State (patrimonio natural del estado) does not constitute a tax (tributo) or a contribution (contribución), but rather corresponds to a payment expressly authorized by the legal system for the service provided by the Administration to the permit holder (permisionario), which is allowing them the use of a land that is part of the State’s heritage, as stipulated by both Article 39, subsection i) of the Forest Law (Ley Forestal), and Article 6, subsection 3) of the Law Creating the Servicio de Parques Nacionales. Those articles demonstrate that the fee established for use permits (permisos de uso) for telecommunications posts does not violate Constitutional Article 121, since the challenged Decree did not create a tax (tributo) or duty (impuesto), but rather, in exercise of the powers under the current regulations, establishes a specific amount to be paid annually by those who hold use permits (permisos de uso) for telecommunications posts on lands owned by the State, under the administration of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), and from which, being a public domain asset, a group of administered parties cannot benefit gratuitously to the detriment of the vast majority. The amount established for each of the different types of posts responds to the economic reality of the country and to the need for protected wilderness areas to self-finance the costs of their administration, management, and protection through the services they provide.

IV.- ON THE FACTS OF THE APPEAL.

The ruling transcribed above held that if any retroactive application has occurred to the detriment of consolidated situations, the avenue to challenge it is not the acción de inconstitucionalidad, pursuant to the provisions of Article 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), but rather, in this case, the amparo that is being resolved here. In the case sub-lite, Raditel S.A owns two private radiocommunication posts, one in the Parque Nacional Volcán Irazú and another in the Reserva Forestal Río Macho (Cerro de la Muerte). Said company is dedicated to the commercial activity of providing radiocommunication services to companies and private individuals, for which it uses the two cited posts. The challenged Decree establishes in its Article 7 that companies and individuals who own posts for television and radio may pay the established fee through time slots, and this possibility is not available to those who own private radiocommunication posts. The fact is that the activities and services provided by these posts are different, so they cannot be treated equally, since the activity of those who own private communication posts is not directed at the general public, but at closed groups of companies or individuals. Within these use permits (permisos de uso), there are three types of posts, according to the activity to which each one is dedicated: television stations, radio broadcasters, and private radiocommunication, and it is only possible to collect the established fee through time slots when dealing with television stations and radio broadcasters, as mass communication media. Therefore, it is clear then that private communication posts, as is the case of the appellant, are not equal to those who own posts for television and radio, making it legally and materially impossible to give equal treatment to those posts. The fee established in the decree in question, which sets an annual base fee of one hundred thousand colones, plus twenty thousand colones for each additional antenna when these exceed the number of ten, does not seek to curtail in any way the freedom of commerce of Raditel S.A, but rather seeks to ensure that permit holders (permisionarios) pay for the use permit (permiso de uso) according to the profits generated by the post, and such regulation takes effect upon its publication, hence it cannot affect acquired rights, since the consolidated legal situations claimed have not been affected, given that in the present case, Article 7 of the Decree does not establish any limitation on the number of antennas to be installed at each post, and the changes that this regulation contains are possible in accordance with the nature of those use permits (permisos de uso), as indicated above, for these are subject to changes as long as they are neither arbitrary nor untimely. The constitutional principle of due process that the appellant alleges is violated by the challenged Decree is expressly contained in Article 8 of that norm, which indicates that compliance with the respective procedure is required for the cancellation of use permits (permisos de uso). Despite what has been stated demonstrating that the appellant is not correct, the purpose of Article 2 of the decree in question is that, since the application and maintenance of the use permit (permiso de uso) is an act issued by the Administration at the request of an interested party, it is incumbent upon the permit holder (permisionario), in accordance with the philosophy of Article 258, subsection 2) of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), to request the corresponding extension of that permit before the expiration of the term. Therefore, if the extension is not requested on time, given the lack of interest of the permit holder (permisionario) in keeping the use permit (permiso de uso) in force, the Administration must, ex officio, open the procedure to cancel the granted use permit (permiso de uso), which does not imply that the State should not comply with due process, which is enshrined not only as a constitutional and legal principle, but also expressly recognized by the same decree in its Article 8. In summary, this Chamber agrees with the respondent administration, as it already held in ruling 1078-M-97, that the challenged regulations do not violate the principle of equality, given that the treatment provided by the Decree to the different types of permit holders (permisionarios) arises from the fact that the granted permits are different; hence, it is legally and materially impossible to give private communication posts the same treatment as posts for television and radio. Given that Article 10 of the same decree provides that it takes effect upon its publication, it is easy to conclude that this regulation respects the principle of non-retroactivity of the law, since the changes it contains are possible in accordance with the nature of those use permits (permisos de uso), which are subject to changes as long as they are neither arbitrary nor untimely. Regarding due process, this principle is also respected, since Article 8 of the decree indicates the obligation of the Administration to comply in all cases where it must cancel use permits (permisos de uso) for telecommunications posts in wilderness areas, previously with the corresponding administrative procedure. Regarding freedom of commerce, the regulation concerning the number of repeater antennas per post does not limit freedom of commerce, but rather seeks to ensure that each permit holder (permisionario) pays according to the benefit received from the granted use permit (permiso de uso). Regarding the reservation of law, the establishment of the fee for use permits (permisos de uso) on lands that are the natural heritage of the State (patrimonio natural del estado) does not constitute a tax (tributo) or a contribution (contribución), but rather corresponds to the payment of a fee expressly authorized by the legal system, and therefore this principle has also not been infringed. This being the case, given that in the case under examination there is no retroactive application to the detriment of consolidated situations, the appropriate course is to declare the appeal without merit, as is hereby done.

THEREFORE

The appeal is declared without merit.

Luis Paulino Mora M. President Luis Fernando Solano C. Nombre44110 .

Carlos Manuel Arguedas R. Adrián Vargas B.

Mario Granados M. Gilbert Armijo S.

JR/ALFARO/3C/98 Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 06:08:49.

Marcadores

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencias Relacionadas Amparo Fecha: 24/04/1998 Hora: 11:27 AM Redacta: SANCHO GONZALEZ SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas veintisiete minutos del veinticuatro de abbril de mil novecientos noventa y ocho- Recurso de Amparo interpuesto por Nombre166089 , cédula de identidad número CED124774, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de RADITEL SOCIEDAD ANONIMA, contra el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA y el MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGIA, por la emisión del Decreto Ejecutivo número 26187-MINAE.

RESULTANDO

1.- Manifiesta el recurrente en resumen: 1) Que el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente y Energía, constituidos como Poder Ejecutivo, emitieron el Decreto Ejecutivo número 26187-MINAE, publicado en La Gaceta número 142 del veinticuatro de julio último, mediante el cual se establece una nueva normativa para la administración, concesión y cobro de cánones por explotación y uso de puestos de comunicación en áreas protegidas, tales como reservas forestales, parques nacionales y otras; 2) Que el Decreto aludido, establece las tarifas del canon a pagar. Asimismo establece una forma discriminatoria de pago, permitiendo que algunos usuarios de puestos de telecomunicación puedan pagar por medio de canje con servicios al Estado (artículo 7 del Decreto); 3)Que dicho decreto, no tiene fundamento legal en forma alguna que por delegación legislativa le permita establecer cánones, o establecer cargas impositivas, materia que es reserva de ley y resorte exclusivo del Poder Legislativo; 4) Que el decreto recurrido establece una absurda limitación por número de puestos de repetidora y número de antenas por torre, limitación que no obedece a ningún estudio técnico y que por el contrario, amenaza la actividad comercial, por cuanto limita la libertad de comercio, además, tales limitaciones, no toman en cuenta los derechos adquiridos por situaciones jurídicas consolidadas, en los casos de las empresas que cuentan con puestos, torres y antenas que superan en número lo establecido en el Decreto de comentario; 5) Que en el artículo segundo del Decreto citado, se establece la cancelación de los permisos de uso, por simple caducidad, sin el debido proceso y notificación al administrado de esa circunstancia; 6) Que el doce de setiembre último, la empresa recurrente presentó la acción de inconstitucionalidad número 6248-97 contra el Decreto Ejecutivo aquí impugnado, según se le previno por resolución de las doce horas un minuto del veintiuno de agosto pasado, pronunciamiento que le fue notificado el ocho de setiembre último.

2.- En su informe de ley, indica el Ministro del Ambiente y Energía que la existencia de puestos de telecomunicación dentro de diversas áreas protegidas, tiene su origen en que a pesar del peligro natural que representan tanto el Volcán Irazú, como el Cerro de la Muerte, constituyen por su ubicación y altitud los lugares idóneos para la instalación de puestos para la telecomunicación. Afirma que por ello, a pesar de que desde 1955 y mediante la Ley Orgánica del Instituto de Turismo número 1917, fueron declarados como Parques Nacionales dos kilómetros alrededor de los cráteres del Volcán Irazú (lo mismo que los otros volcanes del país), y que a pesar de que de conformidad con los artículos 261 y 262 del Código Civil que establecen que dichas áreas se encontraban fuera del comercio, siendo inalienables, gran número de particulares instalaron dentro de dichos terrenos puestos para repetidoras de radiocomunicación, radiodifusión y posteriormente para televisión, puestos que en la mayoría de los casos carecían de permiso alguno para ello. Agrega que al crearse en 1969 la Dirección General Forestal, mediante Ley número 4465 y en 1977 el Servicio de Parques Nacionales mediante ley 6084, tomando la administración de la áreas silvestres entes estatales especializados en el manejo de esas áreas, se encontró con esta situación de hecho, que incluso rozaba con la filosofía con que debían manejarse. Dice que el Estado se vio en ese entonces ante una dicotomía jurídica a la que debía darle solución, elegir entre defensa a ultranza de las tesis de algunos conservacionistas de que las áreas protegidas eran intocables, o mantener puestos de telecomunicación en ellas, fundamentado en razones de interés público, toda vez que al desaparecer esos puestos, todo el sistema de comunicación nacional se vería afectado, quedando el país a expensas de las telecomunicaciones de otras naciones que contaban con gran desarrollo en ese campo, e incluso profesaban doctrinas políticas contrarias a la nuestra como era el caso de Cuba, Nicaragua y Panamá, que tenían regímenes dictatoriales, por lo que en forma acertada los gobernantes de la época optaron por mantener los puestos de comunicación en estos lugares, estableciendo medidas restrictivas que evitaran que la existencia de esos puestos destruyeran los recursos de las áreas protegidas. Sobre la naturaleza jurídica de los permisos de uso señala que con anterioridad a la actual Ley Forestal número 7575, en el otorgamiento de autorizaciones para ubicar puestos de telecomunicación dentro de áreas protegidas, se utilizó por la naturaleza jurídica de los terrenos sobre los cuales se ubicaban esos puestos, la figura del permiso de uso, figura que fue posteriormente ratificada por el artículo 39 inciso i) de esa Ley Forestal que expresamente señaló que el Fondo Forestal se nutriría del valor de los cánones o tasas que el Ministerio del Ambiente y Energía determine, producto de los permisos de uso de los recursos naturales, otorgados en las áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, que conforman el patrimonio natural del estado. Señala que siendo los terrenos sobre los cuales el Estado autoriza la instalación de puestos de telecomunicación, parte del patrimonio natural del estado, están sujetos a un uso público determinado por ley, por lo que la detentación privada deviene en excepcional al destino por el que esos terrenos están afectados, requiriendo para legitimarla un acto expreso de la Administración, en el presente caso un permiso de uso otorgado vía resolución administrativa. Continúa diciendo que los permisos de uso, nuestro derecho administrativo los regula en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece que "Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración; pero la revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación", por lo que el permiso de uso constituye básicamente un acto de voluntad unilateral de la Administración Pública, que por razones de conveniencia y en forma temporal permite que un administrado disfrute a título precario de un bien de dominio público, no sometido al comercio de los hombres y que como tal, puede ser revocado por la misma Administración sin responsabilidad, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en el artículo citado. En ese sentido el permiso de uso se caracteriza por ser un acto esencialmente unilateral de la Administración justificado en circunstancias que se ubican dentro de la esfera del poder discrecional, que pone en manos del particular el dominio útil del bien, reservándose el Estado el dominio directo sobre la cosa. Al respecto puede señalarse que los permisos de uso poseen una característica especial: la precariedad, que le es consustancial y que alude a la posibilidad de que la Administración lo revoque en cualquier momento, sin indemnización alguna, si llegare a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, en cuyo caso debe prevalecer el uso dado por el ordenamiento o la necesidad del estado de ocupar plenamente el bien. Indica que correspondiéndole de conformidad con las Leyes Orgánica del Ambiente No. 7554, Forestal No.7575 y de Creación del Servicio de Parques Nacionales No. Placa27062, al Ministerio del Ambiente y Energía, la administración de la áreas silvestres y teniendo incidencia las disposiciones a dictar en la materia sobre la administración de esas áreas, y siendo esas reglas de carácter general, lo procedente en estos casos es regular este tipo de relaciones con el administrado, con el artículo 121.1 de la Ley General de la Administración Pública que señala que los actos de alcance general se deben emitir por medio de decretos, por ello, a pesar de que durante los primeros años se reguló en las mismas resoluciones que otorgaban esos permisos, todo lo referente a las condiciones que el estado le imponía al permisionario, incluyendo el área que ocuparía cada puesto dependiendo de la actividad a la que se dedicara y el canon a pagar por el uso del terreno, posteriormente mediante decretos ejecutivos No. 213124-MIRENEM y No. 23109-MIRENEM, se establecieron regulaciones diferentes para los puestos ubicados en parques nacionales (caso del Volcán Irazú) y en reservas forestales (caso del Cerro de la Muerte), tomando en consideración que la legislación vigente en ese momento diferenciaba entre estas categorías de manejo. Continúa diciendo que con la aparición primero de la Ley Orgánica del Ambiente y posteriormente la Ley Forestal, nuestro ordenamiento jurídico nuevamente le da un trato similar a las diversas áreas silvestres, lo que hizo necesario que el Estado unificara las disposiciones que deben regir para otorgar permisos de uso en estos casos. De esta forma se dictó el Decreto Ejecutivo No. 26187-MINAE, que es el que cuestiona el recurrente, mediante el cual el Ministerio del Ambiente y Energía señaló, como administrador de esas áreas protegidas, cuáles son las disposiciones que regirán a partir de esa fecha para los puestos de telecomunicaciones ubicados en esas áreas. Dice que con este decreto se pretende no sólo el mantenimiento de esos puestos dentro de las áreas protegidas, sino además, proteger las bellezas escénicas y los recursos naturales existentes en ellas, de ahí que el Decreto citado, clasifica los diversos tipos de puestos existentes, establece los cánones correspondientes y norma además el impacto de esos puestos sobre los ecosistemas. Señala que en materia de telecomunicación el decreto establece tres tipos de canon a pagar al Estado, según la actividad a que está dedicada cada uno de ellos: televisoras, radiodifusoras y radiocomunicación privada y que en el caso de los puestos de televisoras y radiodifusoras, siendo medios de comunicación masiva y dado que una de las funciones de ese ministerio es fomentar y desarrollar programas de formación ambiental en todos los niveles educativos y hacia el público en general, el Decreto dispone que el canon de esos puestos podrá ser cancelado en espacios dirigidos a divulgar la información relacionada con los sectores ambiente y energía. Afirma que el establecimiento del canon por el uso de un terreno patrimonio natural del estado, no constituye ni un tributo ni una contribución, sino que corresponde a un pago expresamente autorizado por el ordenamiento jurídico, por el servicio brindado por la Administración al permisionario, que es el permitirle el uso de un terreno patrimonio del estado, según lo estipulan tanto el artículo 39 inciso i) de la Ley Forestal, como el 6o inciso 3) de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales. Añade que lo expuesto en dichos artículos demuestra que el canon establecido por los permisos de uso para puestos de telecomunicación no violenta el artículo 121 constitucional, ya que el Decreto cuestionado no creó un tributo o impuesto, sino que en uso de las atribuciones de la normativa vigente establece un monto determinado a pagar anualmente por quienes tengan permisos de uso para puestos de telecomunicación en terrenos propiedad del estado, bajo la administración del Ministerio del Ambiente y Energía y del que por ser un bien de dominio público, no pueden favorecerse gratuitamente un grupo de administrados en perjuicio de la gran mayoría. Señala que el monto establecido para cada uno de los distintos tipos de puestos obedece a la realidad económica del país y a la necesidad de que las áreas silvestres protegidas autofinancien los gastos que produce su administración, manejo y protección, por medio de los servicios que prestan y que sobre este financiamiento existe un antecedente en el expediente 1725-C-95. Sobre los hechos del recurso manifiesta que Raditel S.A posee dos puestos de radiocomunicación privada, uno en el Parque Nacional Volcán Irazú y otro en la Reserva Forestal Río Macho (Cerro de la Muerte) y que dicha compañía se dedica a la actividad comercial de brindar servicios de radiocomunicación a empresas y personas particulares, para lo cual utiliza los dos puestos citados. Afirma que si bien es cierto el Decreto cuestionado establece en su artículo 7 que las empresas y personas que poseen puestos para televisión y para radio, podrán pagar el canon establecido por medio de espacios y dicha posibilidad no se da para quienes poseen puestos de radiocomunicación privada, lo cierto es que las actividades y servicios que brindan esos puestos son diferentes por lo que no pueden ser tratados igual, en este sentido debe señalarse que la actividad de quienes poseen puestos de comunicación privada no se dirige al público en general, sino a grupos cerrados de empresas o personas. Menciona que dentro de estos permisos de uso se encuentran tres tipos de puestos, según la actividad a que está dedicada cada uno de ellos: televisoras, radiodifusoras y radiocomunicación privada, siendo solamente posible cobrar el canon establecido por medio de espacios, cuando se trata de televisoras y radiodifusoras, como medios de comunicación masiva, por lo que es claro entonces que los puestos de comunicación privada, como es el caso del recurrente, no es igual a la de aquellos que poseen puestos para televisión y radio, por lo que es jurídica y materialmente imposible darle un trato igual a aquellos puestos. Señala que el canon establecido en el decreto de marras, que fija un canon base anual de cien mil colones, más veinte mil colones por antena adicional, cuando éstas exceden el número de diez, no pretende coartar de algún modo la libertad de comercio de Raditel S.A, sino que procura que los permisionarios paguen por el permiso de uso, según las utilidades que les genera el puesto y tal normativa rige a partir de su publicación, de ahí que sea imposible que pueda afectar derechos adquiridos, no obstante lo anterior indica que las situaciones jurídicas consolidadas que se reclaman, no han sido afectadas, toda vez que en el presente caso el artículo 7 del Decreto no establece ninguna limitación al número de antenas a instalar en cada puesto y que los cambios que contiene esa normativa, son posibles de conformidad con la naturaleza de esos permisos de uso, que están sujetos a cambios siempre que no sean ni arbitrarios ni intempestivos. Afirma que el principio constitucional del debido proceso que alega el recurrente que violenta el Decreto cuestionado, está contenido expresamente en el artículo 8 de esa norma, que señala que para la cancelación de los permisos de uso se requiere el cumplimiento del procedimiento respectivo. Añade de que a pesar de que lo expuesto demuestra que el recurrente no lleva razón, la finalidad del artículo 2 del decreto de marras es que siendo la solicitud y el mantenimiento del permiso de uso un acto emitido por la Administración, a gestión de una parte interesada, le corresponde al permisionario, al tenor de la filosofía del artículo 258 inciso 2) de la Ley General dela Administración Pública, solicitar antes del vencimiento del plazo, la prórroga correspondiente de ese permiso por lo que si la prórroga no es solicitada en tiempo, ante la falta de interés del permisionario en mantener vigente el permiso de uso, la Administración debe de oficio, abrir el procedimiento para cancelar el permiso de uso otorgado, lo que no implica que el estado no deba cumplir con el debido proceso, el cual está consagrado no sólo como principio constitucional y legal, sino expresamente reconocido por el mismo decreto en su artículo 8. Afirma que la normativa recurrida no violenta el principio de igualdad toda vez que el trato dado por el Decreto a los diferentes tipos permisionarios obedece a que los permisos otorgados son diferentes, de ahí que a los puestos de comunicación privada, sea jurídica y materialmente imposible darle un trato igual al de los puestos para televisión y radio. Dado que el artículo 10 del mismo decreto dispone que rige a partir de su publicación, demuestra que esa normativa respeta el principio de irretroactividad de la ley, pues los cambios que contiene son posibles de conformidad con la naturaleza de esos permisos de uso, los que están sujetos a cambios siempre que no sean arbitrarios, ni intempestivos. En cuanto al debido proceso, dice que se respeta dicho principio, pues el artículo 8 del decreto señala la obligación de la Administración de cumplir en todos los casos, en que debe cancelar permisos de uso para puestos de telecomunicación en áreas silvestres, previamente con el procedimiento administrativo correspondiente. En cuanto a la libertad de comercio señala que la normativa respecto al número de antenas de repetición por puesto, no limita la libertad de comercio, sino que procura que cada permisionario pague acorde con el beneficio que recibe por el permiso de uso otorgado. Respecto a la reserva de ley dice que el establecimiento del canon por permisos de uso sobre terrenos patrimonio natural del estado, no constituye ni un tributo ni una contribución, sino que corresponde al pago de un canon expresamente autorizado por el ordenamiento jurídico, por lo que tampoco se ha infringido ese principio. Por lo anterior solicita se rechace el recurso.

3.- Por su parte el Presidente de la República señala que lo único que sobre este asunto le consta ante su despacho, es el hecho de que Decreto Ejecutivo No.26187-MINAE, cuya inconstitucionalidad es alegada por el recurrente, fue promulgado por el gobierno el 22 de mayo de 1997, por ello remite al informe que rendirá el Ministro de Ambiente y Energía para que sea éste quien se refiera a los hechos alegados y argumentos presentados por el recurrente y solicita sea declarado sin lugar en todos sus extremos.

4.- Mediante resolución interlocutoria de ocho horas del veintiocho de octubre de 1997, se dispuso que habiendo sido instruido el amparo y por interpuesta la acción de inconstitucionalidad número 6248-97, se suspendiera la resolución de fondo correspondiente; acción que fue resuelta por sentencia 0107-M-97.

5.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Sancho González; y,

CONSIDERANDO

I.- El voto de esta Sala No.0107-M-97 de diez horas con dieciocho minutos del nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, en acción de inconstitucionalidad promovida por Raditel Sociedad Anónima, contra el Decreto Ejecutivo número 26187 MINAE, publicado en La Gaceta número 142 de veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y siete, dispuso en lo que interesa:" "...I.- SOBRE LA VULNERACION AL PRINCIPIO DE IGUALDAD: En criterio de esta Sala el principio de igualdad no resulta violado con la normativa referida por el accionante, sean los artículos 6 y 7 del Decreto. Las categorías que se utilizaron para agrupar los diferentes puestos de telecomunicación son razonables en virtud de que se dividió en puestos para televisión, para radiodifusión, para radiocomunicación privada y por último en puestos de comunicación del Estado y otras instituciones públicas, atendiendo a características esenciales diversas para cada uno de los grupos. El hecho de que el artículo 7 permita a los puestos para televisión y radiodifusión el pago del canon en espacios o en dinero y no así a los puestos para radiocomunicación privada no es de ningún modo discriminatorio porque se trata de medios de comunicación con características desiguales, por lo que, no es obligatorio otorgarles un trato igualitario. En los puestos de radiocomunicación privada no existen espacios que el Estado pueda utilizar para divulgar información, por lo que es lógico pensar que en estos casos se disponga que el pago ha de ser necesariamente en dinero. Como reiteradamente se ha sostenido, el principio de igualdad no se traduce en una igualación pura y simple de todos los administrados sino más bien, en la prohibición de distinciones que no tengan un razonable fundamento.- II.- SOBRE LA VIOLACION A LA LIBERTAD DE COMERCIO: El accionante señala que el artículo 7 inciso c) del Decreto, limita a diez el número de antenas por puesto de repetición con un canon básico, y además el artículo 1) limita a una única torre por puesto de radiocomunicación, lo cual vulnera lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Política en lo que concierne a la libertad de comercio. De una simple lectura del artículo 7 inciso c) del Decreto se infiere que lo señalado por el accionante no se ajusta a lo que la norma indica. El mismo señala:

"Puestos para radiocomunicación privada. Estos puestos cancelarán anualmente la suma de cien mil colones, suma que deberá ser pagada por adelantado, en el Departamento Financiero Contable del MINAE. Los puestos de este tipo, deberán cancelar además la suma de veinte mil colones por cada antena adicional, si en la torre respectiva tienen instaladas más de diez antenas." Lo anterior significa que la norma en modo alguno limita a diez el número de antenas, lo que hace es cobrar un canon o tarifa extra por cada antena adicional después de diez. Por otra parte, si bien es cierto el artículo 1) del Decreto señala que los puestos de telecomunicación instalados en áreas protegidas estarán constituidos únicamente por el espacio necesario para la caseta en que se ubican los equipos de transmisión y una torre, eso no significa que determinada empresa no pueda instalar más de un puesto de telecomunicación, si paga lo que corresponde. Por ende, las normas impugnadas en modo alguno violan la libertad de comercio consagrada constitucionalmente.

III.- VIOLACION AL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY: Se argumenta que los artículos 1) y 7 inciso c) en cuanto a la limitación de una torre por puesto de repetidora y a diez antenas por torre, afecta situaciones consolidadas de antemano y constituye una aplicación retroactiva de la ley. No lleva razón el impugnante. El decreto cuestionado no dispone aplicación retroactiva alguna, el artículo 10 establece que el mismo rige a partir de su publicación. Si se ha producido alguna aplicación retroactiva en perjuicio de situaciones consolidadas, la vía para impugnarlo no es la de la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo que señala el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

IV.- VIOLACION AL ARTICULO 49 DE LA CONSTITUCION POLITICA: Sostiene el accionante que el decreto menoscaba situaciones jurídicas consolidadas e irrespeta la jerarquía de las leyes, pretendiendo eliminar lo que goza de una garantía y protección legal, por lo que vulnera el artículo 49 de la Constitución Política. En criterio de la Sala el decreto no menoscaba situaciones jurídicas consolidadas por cuanto las normas que contiene son de carácter general, se establece que el mismo rige a partir de su publicación y no se refiere a situaciones particulares. En cuanto al irrespeto al principio de jerarquía de las leyes, el accionante no expresa los fundamentos, sin embargo, la Sala observa que no se produce esa transgresión, pues el Ejecutivo tiene potestad para emitir decretos y reglamentaciones, de conformidad con lo que al efecto dispone el artículo 140 de la Constitución Política.

V.- VIOLACION DEL ARTICULO 121 INCISO 13) DE LA CONSTITUCION POLITICA: Señala el accionante que el Decreto impugnado en su artículo 7) establece el pago de un canon por cada puesto de comunicación y antena, con ello se viola el artículo mencionado en virtud de que la materia impositiva es reserva de ley; sólo una ley aprobada por la Asamblea Legislativa y sancionada por el Poder Ejecutivo puede crear impuestos y otro tipo de contribuciones, el decreto no se basa en norma legal alguna que faculte al Poder Ejecutivo a imponer cargas por la vía del decreto, de manera que tampoco existe una delegación legislativa. Define el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su artículo 4 los tributos como aquellas prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones especiales ) que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Tasa es la obligación económica que tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. Por último, contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios de la realización de obras públicas o de actividades estatales, ejercidas en forma descentralizada o no; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de las actividades que constituyen la razón de ser de la obligación. En el caso del canon o tarifa que el Estado cobra para la instalación de puestos de telecomunicación en áreas de protección de los recursos naturales, no puede definirse el mismo como un tributo sino que es un precio que se paga por una contraprestación ajena a los servicios que debe prestar el Estado. La fijación de esa cuota no se dirige a la generalidad, el dinero recaudado no tiene la virtud de financiar gastos generales, el Estado lo que otorga es un permiso de uso de las zonas protegidas para la instalación de torres, acto típico de administración. La reserva legal que establece el artículo 121 inciso 13) es únicamente para los tributos que impone el Estado con su potestad de imperio.

VI.- VIOLACION AL ARTICULO 121 INCISO 14) DE LA CONSTITUCION POLITICA. El accionante señala que el artículo 2 del Decreto pretende por la vía de "permiso de uso" otorgar la instalación y explotación de los puestos de repetidora, de ese modo el Poder Ejecutivo vía decreto se abroga facultades que son competencia exclusiva del Poder Legislativo, invadiendo las atribuciones propias de ese Poder de la República sin que exista la respectiva norma legal.- El inciso 14 del artículo 121 establece que corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación. En este caso los terrenos de zonas protegidas ya han sido declarados de uso público por parte de la Asamblea Legislativa; la Administración lo único que hace es establecer controles y límites a ese uso público a fin de lograr el objetivo de la protección de los recursos naturales.

VII.- VIOLACION AL ARTICULO 140 INCISO 7) DE LA CONSTITUCION POLITICA: Estima el accionante que el decreto impugnado dispone de las rentas a percibir, canjeándolas por espacios de radio y televisión siendo que esos canjes no son otra cosa que disponer de las eventuales rentas del Estado, cambiándolas por una cuña de radio y un espacio en televisión. Considera la Sala que no lleva razón el accionante, la Administración no está realizando ningún tipo de canje con las empresas televisivas y radiofónicas, sino que lo que ha establecido son dos modalidades de pago diferentes para éstas, así el artículo 7 incisos a) y b) señalan que el canon, tanto para los puestos de televisión como para los de radiodifusión podrán ser cancelados en espacios o su equivalente en dinero, siendo que los espacios estarán dirigidos a divulgar información relacionada con los sectores de ambiente y energía.

VIII.- VIOLACION DEL ARTICULO 182 DE LA CONSTITUCION POLITICA: Afirma el accionante que el artículo 7 del Decreto vulnera esa disposición al establecer el canje del canon por espacios disponibles en radio y televisión. Eso constituye una forma de contratar publicidad sin que medie el procedimiento de licitación establecido en la Ley y sin arreglo a las disposiciones de la contratación administrativa, evitándose así la supervisión del ente contralor. Se reitera lo señalado en el considerando anterior en el sentido de que no se trata de una contratación de publicidad que hace el Estado, sino de un medio de pago que pueden utilizar las televisoras y las emisoras de radio para pagar el canon para instalar puestos de telecomunicación en zonas protegidas.- Por todo lo anteriormente expuesto, y considerándose que existen suficientes elementos de juicio, se rechaza por el fondo la acción interpuesta..." II.- ANTECEDENTES DE LA EXISTENCIA DE PUESTOS DE TELECOMUNICACION DENTRO DE AREAS PROTEGIDAS La existencia de puestos de telecomunicación dentro de diversas áreas protegidas, tiene su origen en que a pesar del peligro natural que representan tanto el Volcán Irazú, como el Cerro de la Muerte, constituyen por su ubicación y altitud los lugares idóneos para la instalación de puestos para la telecomunicación. Por ello, a pesar de que desde 1955 y mediante la Ley Orgánica del Instituto de Turismo número 1917, fueron declarados como Parques Nacionales dos kilómetros alrededor de los cráteres del Volcán Irazú (lo mismo que los otros volcanes del país), y que a pesar de que de conformidad con los artículos 261 y 262 del Código Civil que establecen que dichas áreas se encontraban fuera del comercio, siendo inalienables, gran número de particulares instalaron dentro de dichos terrenos puestos para repetidoras de radiocomunicación, radiodifusión y posteriormente para televisión, puestos que en la mayoría de los casos carecían de permiso alguno para ello. Al crearse en 1969 la Dirección General Forestal, mediante Ley número 4465 y en 1977 el Servicio de Parques Nacionales mediante ley 6084, tomando la administración de la áreas silvestres entes estatales especializados en el manejo de esas áreas, se encontró con esta situación de hecho, la que roza con la filosofía con que debían manejarse. El Estado se vio en ese entonces ante una dicotomía jurídica a la que debía darle solución, sea entre elegir entre defensa a ultranza de las tesis de algunos conservacionistas de que las áreas protegidas eran intocables, o mantener puestos de telecomunicación en ellas, fundamentado en razones de interés público, toda vez que al desaparecer esos puestos, todo el sistema de comunicación nacional se vería afectado, quedando el país a expensas de las telecomunicaciones de otras naciones que contaban con gran desarrollo en ese campo, e incluso profesaban doctrinas políticas contrarias a la nuestra, razón por lo que se optó por mantener los puestos de comunicación en estos lugares, estableciendo medidas restrictivas que evitaran que la existencia de esos puestos destruyeran los recursos de las áreas protegidas III.- NATURALEZA JURIDICA DE LOS PERMISOS DE USO DENTRO DE AREAS PROTEGIDAS Con anterioridad a la actual Ley Forestal número 7575, en el otorgamiento de autorizaciones para ubicar puestos de telecomunicación dentro de áreas protegidas, se utilizó por la naturaleza jurídica de los terrenos sobre los cuales se ubicaban esos puestos, la figura del permiso de uso, figura que fue posteriormente ratificada por el artículo 39 inciso i) de esa Ley Forestal que expresamente señaló que el Fondo Forestal se nutriría del valor de los cánones o tasas que el Ministerio del Ambiente y Energía determinare, producto de los permisos de uso de los recursos naturales, otorgados en las áreas silvestres protegidas, cualquiera que fuere su categoría de manejo, que conforman el patrimonio natural del estado. Siendo los terrenos sobre los cuales el Estado autoriza la instalación de puestos de telecomunicación, parte del patrimonio natural del estado, están sujetos a un uso público determinado por ley, por lo que la detentación privada deviene en excepcional al destino por el que esos terrenos están afectados, requiriendo para legitimarla un acto expreso de la Administración, que en el presente caso consiste en un permiso de uso otorgado vía resolución administrativa. El derecho administrativo regula los permisos de uso en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece que "Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración; pero la revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación", por lo que el permiso de uso constituye básicamente un acto de voluntad unilateral de la Administración Pública, que por razones de conveniencia y en forma temporal permite que un administrado disfrute a título precario de un bien de dominio público, no sometido al comercio de los hombres y que como tal, puede ser revocado por la misma Administración sin responsabilidad, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en el artículo citado. En ese sentido el permiso de uso se caracteriza por ser un acto esencialmente unilateral de la Administración justificado en circunstancias que se ubican dentro de la esfera del poder discrecional, que pone en manos del particular el dominio útil del bien, reservándose el Estado el dominio directo sobre la cosa. Tal y como esta Sala en forma reiterada ha dispuesto, los permisos de uso poseen una característica especial: la precariedad, que le es consustancial y que alude a la posibilidad de que la Administración lo revoque en cualquier momento, sin indemnización alguna, si llegare a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, en cuyo caso debe prevalecer el uso dado por el ordenamiento o la necesidad del estado de ocupar plenamente el bien. De conformidad con las Leyes Orgánica del Ambiente No. 7554, Forestal No.7575 y de Creación del Servicio de Parques Nacionales No. 6084, le corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía, la administración de la áreas silvestres, al tener incidencia las disposiciones a dictar en la materia sobre la administración de esas áreas, siendo esas reglas de carácter general, lo procedente en estos casos es regular este tipo de relaciones con el administrado, con el artículo 121.1 de la Ley General de la Administración Pública que señala que los actos de alcance general se deben emitir por medio de decretos, por ello, a pesar de que durante los primeros años se reguló en las mismas resoluciones que otorgaban esos permisos, todo lo referente a las condiciones que el estado le imponía al permisionario, incluyendo el área que ocuparía cada puesto dependiendo de la actividad a la que se dedicara y el canon a pagar por el uso del terreno, posteriormente mediante los Decretos Ejecutivos No. 213124-MIRENEM y No. 23109-MIRENEM, se establecieron regulaciones diferentes para los puestos ubicados en parques nacionales (caso del Volcán Irazú) y en reservas forestales (caso del Cerro de la Muerte), tomando en consideración que la legislación vigente en ese momento diferenciaba entre estas categorías de manejo. Con la aparición primero de la Ley Orgánica del Ambiente y posteriormente la Ley Forestal, nuestro ordenamiento jurídico nuevamente le da un trato similar a las diversas áreas silvestres, lo que hizo necesario que el Estado unificara las disposiciones que deben regir para otorgar permisos de uso en estos casos. De esta forma se dictó el Decreto Ejecutivo No. 26187-MINAE, que es el que cuestiona el recurrente mediante el cual el Ministerio del Ambiente y Energía señaló, como administrador de esas áreas protegidas, cuáles son las disposiciones que regirán a partir de esa fecha para los puestos de telecomunicaciones ubicados en esas áreas. Con este decreto se pretende no sólo el mantenimiento de esos puestos dentro de las áreas protegidas, sino además, proteger las bellezas escénicas y los recursos naturales existentes en ellas, de ahí que el Decreto citado clasifica los diversos tipos de puestos existentes, establece los cánones correspondientes y norma además el impacto de esos puestos sobre los ecosistemas. En materia de telecomunicación el decreto establece tres tipos de canon a pagar al Estado, según la actividad a que está dedicada cada uno de ellos: televisoras, radiodifusoras y radiocomunicación privada y que en el caso de los puestos de televisoras y radiodifusoras, siendo medios de comunicación masiva y dado que una de las funciones de ese ministerio es fomentar y desarrollar programas de formación ambiental en todos los niveles educativos y hacia el público en general, el Decreto dispone que el canon de esos puestos podrá ser cancelado en espacios dirigidos a divulgar la información relacionada con los sectores ambiente y energía. El establecimiento del canon por el uso de un terreno patrimonio natural del estado, no constituye ni un tributo ni una contribución, sino que corresponde a un pago expresamente autorizado por el ordenamiento jurídico, por el servicio brindado por la Administración al permisionario, que es el permitirle el uso de un terreno patrimonio del estado, según lo estipulan tanto el artículo 39 inciso i) de la Ley Forestal, como el 6o inciso 3) de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales. En dichos artículos demuestra que el canon establecido por los permisos de uso para puestos de telecomunicación no violenta el artículo 121 constitucional, ya que el Decreto cuestionado no creó un tributo o impuesto, sino que en uso de las atribuciones de la normativa vigente establece un monto determinado a pagar anualmente por quienes tengan permisos de uso para puestos de telecomunicación en terrenos propiedad del estado, bajo la administración del Ministerio del Ambiente y Energía y del que por ser un bien de dominio público, no pueden favorecerse gratuitamente un grupo de administrados en perjuicio de la gran mayoría. El monto establecido para cada uno de los distintos tipos de puestos obedece a la realidad económica del país y a la necesidad de que las áreas silvestres protegidas autofinancien los gastos que produce su administración, manejo y protección, por medio de los servicios que prestan.

IV.- SOBRE LOS HECHOS DEL RECURSO.

El voto supra transcrito dispuso que si se ha producido alguna aplicación retroactiva en perjuicio de situaciones consolidadas, la vía para impugnarlo no es la de la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo que señala el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sino en este caso el amparo que aquí se resuelve. En el sublitem, Raditel S.A posee dos puestos de radiocomunicación privada, uno en el Parque Nacional Volcán Irazú y otro en la Reserva Forestal Río Macho (Cerro de la Muerte). Dicha compañía se dedica a la actividad comercial de brindar servicios de radiocomunicación a empresas y personas particulares, para lo cual utiliza los dos puestos citados. El Decreto cuestionado establece en su artículo 7 que las empresas y personas que poseen puestos para televisión y para radio, podrán pagar el canon establecido por medio de espacios y dicha posibilidad no se da para quienes poseen puestos de radiocomunicación privada, lo cierto es que las actividades y servicios que brindan esos puestos son diferentes por lo que no pueden ser tratados igual, puesto que la actividad de quienes poseen puestos de comunicación privada no se dirige al público en general, sino a grupos cerrados de empresas o personas. Dentro de estos permisos de uso se encuentran tres tipos de puestos, según la actividad a que está dedicada cada uno de ellos: televisoras, radiodifusoras y radiocomunicación privada, siendo solamente posible cobrar el canon establecido por medio de espacios, cuando se trata de televisoras y radiodifusoras, como medios de comunicación masiva, por lo que es claro entonces que los puestos de comunicación privada, como es el caso del recurrente, no es igual a la de aquellos que poseen puestos para televisión y radio, por lo que es jurídica y materialmente imposible darle un trato igual a aquellos puestos. El canon establecido en el decreto de marras, que fija un canon base anual de cien mil colones, más veinte mil colones por antena adicional, cuando éstas exceden el número de diez, no pretende coartar de algún modo la libertad de comercio de Raditel S.A, sino que procura que los permisionarios paguen por el permiso de uso, según las utilidades que les genera el puesto y tal normativa rige a partir de su publicación, de ahí que no puede afectar derechos adquiridos, puesto que las situaciones jurídicas consolidadas que se reclaman, no han sido afectadas, toda vez que en el presente caso el artículo 7 del Decreto no establece ninguna limitación al número de antenas a instalar en cada puesto y los cambios que contiene esa normativa, son posibles de conformidad con la naturaleza de esos permisos de uso, como se indico supra, pues estos están sujetos a cambios siempre que no sean ni arbitrarios ni intempestivos. El principio constitucional del debido proceso que alega el recurrente que violenta el Decreto cuestionado, está contenido expresamente en el artículo 8 de esa norma, que señala que para la cancelación de los permisos de uso se requiere el cumplimiento del procedimiento respectivo. A pesar de que lo expuesto demuestra que el recurrente no lleva razón, la finalidad del artículo 2 del decreto de marras es que siendo la solicitud y el mantenimiento del permiso de uso un acto emitido por la Administración, a gestión de una parte interesada, le corresponde al permisionario, al tenor de la filosofía del artículo 258 inciso 2) de la Ley General dela Administración Pública, solicitar antes del vencimiento del plazo, la prórroga correspondiente de ese permiso por lo que si la prórroga no es solicitada en tiempo, ante la falta de interés del permisionario en mantener vigente el permiso de uso, la Administración debe de oficio, abrir el procedimiento para cancelar el permiso de uso otorgado, lo que no implica que el estado no deba cumplir con el debido proceso, el cual está consagrado no sólo como principio constitucional y legal, sino expresamente reconocido por el mismo decreto en su artículo 8. En síntesis, coincide esta Sala con la administración recurrida, tal y como ya lo dispuso en el voto 1078-M-97, que la normativa recurrida no violenta el principio de igualdad toda vez que el trato dado por el Decreto a los diferentes tipos permisionarios obedece a que los permisos otorgados son diferentes, de ahí que a los puestos de comunicación privada, sea jurídica y materialmente imposible darle un trato igual al de los puestos para televisión y radio. Dado que el artículo 10 del mismo decreto dispone que rige a partir de su publicación, es fácil concluir que esa normativa respeta el principio de irretroactividad de la ley, pues los cambios que contiene son posibles de conformidad con la naturaleza de esos permisos de uso, los que están sujetos a cambios siempre que no sean arbitrarios, ni intempestivos. En cuanto al debido proceso, también se respeta dicho principio, pues el artículo 8 del decreto señala la obligación de la Administración de cumplir en todos los casos, en que debe cancelar permisos de uso para puestos de telecomunicación en áreas silvestres, previamente con el procedimiento administrativo correspondiente. En cuanto a la libertad de comercio la normativa respecto al número de antenas de repetición por puesto, no limita la libertad de comercio, sino que procura que cada permisionario pague acorde con el beneficio que recibe por el permiso de uso otorgado. Respecto a la reserva de ley, el establecimiento del canon por permisos de uso sobre terrenos patrimonio natural del estado, no constituye ni un tributo ni una contribución, sino que corresponde al pago de un canon expresamente autorizado por el ordenamiento jurídico, por lo que tampoco se ha infringido ese principio. Así las cosas, dado que en el caso subexámine no se da una aplicación retroactiva en perjuicio de situaciones consolidadas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se hace.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso.

Luis Paulino Mora M.

Luis Fernando Solano C. Nombre44110 .

Carlos Manuel Arguedas R. Adrián Vargas B.

Mario Granados M. Gilbert Armijo S.

JR/ALFARO/3C/98

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

      Concept anchorsAnclajes conceptuales

      • Constitución Política Arts. 46, 49, 121 inciso 13), 140
      • Ley Forestal 7575 Art. 39 inciso i)
      • Ley General de la Administración Pública Arts. 121.1, 154, 258 inciso 2)
      • Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales 6084 Art. 6 inciso 3)
      • Decreto Ejecutivo 26187-MINAE Arts. 1, 2, 6, 7, 8

      Spanish key termsTérminos clave en español

      News & Updates Noticias y Actualizaciones

      All articles → Todos los artículos →

      Weekly Dispatch Boletín Semanal

      Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

      ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

      One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

      Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
      Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

      Stay Informed Mantente Informado

      Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

      Email Updates Actualizaciones por Correo

      Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

      Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

      WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

      Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

      Join Channel Unirse al Canal
      Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
      🙏