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Res. 92243-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 08/12/2022

Unconstitutionality action against Tivives Protected Zone boundary reductionAcción de inconstitucionalidad contra reducción de Zona Protectora Tivives

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OutcomeResultado

AdmittedAdmitida

The Chamber admitted the unconstitutionality action against Decree 42404-MINAE and gave the Ministers of the Presidency and Environment and Energy 15 days to respond; the action suspends the issuance of final rulings in pending judicial and administrative proceedings where the decree's application is at issue.La Sala dio curso a la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 42404-MINAE y confirió audiencia de quince días a los ministros de Presidencia y de Ambiente y Energía; la acción suspende el dictado de resoluciones finales en los procesos judiciales y administrativos pendientes donde se discuta la aplicación del decreto impugnado.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber admits an unconstitutionality action filed by the Deputy Attorney General against Executive Decree No. 42404-MINAE (April 6, 2020), which, disguised as a 'boundary rectification,' removed approximately 81.9 hectares from the Tivives Protected Zone —the last remnant of Central Pacific tropical dry forest— to transfer them to INCOP for port development at Puerto Caldera. The petitioner argues that the reduction violates the Chamber's settled jurisprudence requiring three constitutional prerequisites for any reduction of a protected area: a formal law (legal reserve, Arts. 38 LOA and 121 inc. 14 CP), independent and sufficient technical studies, and compensation with land of equal size and ecological value. The petition further alleges that INCOP itself —the interested party— conducted the technical studies in contradiction with SINAC's forest-cover data, that no compensatory land was offered (violating the non-regression principle, Art. 50 CP), and that the decree usurps SINAC's exclusive authority over State Natural Heritage. The Chamber admits the action and gives both ministers 15 days to respond.La Sala Constitucional admite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuradora General Adjunta contra el Decreto Ejecutivo n.° 42404-MINAE del 6 de abril de 2020, que, bajo la figura de una 'rectificación de linderos', suprimió aproximadamente 81,9 hectáreas de la Zona Protectora Tivives —último reducto del bosque seco tropical del Pacífico Central— para trasladarlas al INCOP con fines portuarios en Puerto Caldera. La accionante argumenta que la reducción infringe la línea jurisprudencial consolidada de la Sala que exige tres requisitos constitucionales: ley formal (reserva de ley, arts. 38 LOA y 121 inc. 14 CP), estudios técnicos independientes y suficientes, y compensación con área de igual tamaño y valor ecológico. Denuncia además que los estudios técnicos los realizó el propio INCOP —contradiciéndose con los datos de cobertura forestal del SINAC—, que no hubo compensación (violando el principio de progresividad y no regresión, art. 50 CP), y que el decreto desnaturaliza la competencia exclusiva del SINAC sobre el Patrimonio Natural del Estado. La Sala da curso a la acción y confiere audiencia a los ministros de Presidencia y de Ambiente y Energía.

Key excerptExtracto clave

It notes that there is a solid line of jurisprudence holding that, for the reduction of a protected wildlife area, three essential requirements must be met: a legal norm, sufficient technical studies justifying the measure, and compensation of the suppressed area with another of equal size (Constitutional Chamber, votes 7294-1998, 3480-2003, 5975-2006, 2063-2007, 2410-2007, 1056-2009, 13099-2010, 14772-2010, 13367-2012, 10158-2013, 12887-2014, 2375-2017, 673-2019, 12745-2019, 16793-2019, and 17783-2021, among others). Requirements that are not met in the reduction ordered by Executive Decree No. 42404-MINAE, which permits the conclusion that said reduction directly injures the right to a healthy and ecologically balanced environment. The Legislative Assembly is co-holder, together with the Executive Branch, of the power to create protected wildlife areas; however, it is the 'exclusive holder of the power to reduce their area' (constitutional vote No. 7294-1998). The legal reserve principle for reducing the area of a protected wildlife zone, enshrined in Article 38 of the Environmental Organic Law, has been broadly upheld by constitutional jurisprudence. «3. Compensation measures: A protected area can only be reduced if it is done by law, if there are technical and scientific studies ruling out environmental harm, and if compensation of the suppressed area with another of equal size is provided. There is no doubt that all norms reducing protected areas without technical studies or any compensation whatsoever are unconstitutional» (votes 12887-2014, 2773-2014, and 2009-1056). (Vote No. 673-2019).Señala que hay una sólida línea jurisprudencial en el sentido de que, para la reducción de un área silvestre protegida, deben cumplirse tres requisitos esenciales: norma legal, estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida y compensación del área suprimida con otra de igual tamaño (Sala Constitucional, votos números 7294-1998, 3480-2003, 5975-2006, 2063-2007, 2410-2007, 1056-2009, 13099-2010, 14772-2010, 13367-2012, 10158-2013, 12887-2014, 2375-2017, 673-2019, 12745-2019, 16793-2019 y 17783-2021, entre otros). Requisitos que no se cumplen en la reducción que ordena el Decreto Ejecutivo n.° 42404-MINAE, lo que permite afirmar que dicha reducción lesiona en forma directa el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Asamblea Legislativa es cotitular, junto con el Poder Ejecutivo, de la competencia para crear áreas silvestres protegidas; sin embargo, es "detentadora exclusiva de la potestad de reducir su superficie" (voto constitucional n.° 7294-1998). El principio de reserva legal para la reducción de la superficie de un área silvestre protegida, consagrado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, ha sido ampliamente respaldado por la jurisprudencia constitucional. «3. Medidas de compensación: Un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño. No cabe duda que todas aquellas normas en los cuales hay reducción de las áreas protegidas sin el respaldo de estudios técnicos ni compensación alguna, son inconstitucionales» (votos Nos. 12887-2014, 2773-2014 y 2009-1056). (Voto n.° 673-2019).

Pull quotesCitas destacadas

  • "El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces."

    "The principle stands as a substantive guarantee of rights — in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment — by virtue of which the State is obligated not to adopt measures, policies, or legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of rights already achieved."

    Principio de progresividad / no regresión — Voto n.° 13367-2012 citado

  • "El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces."

    Principio de progresividad / no regresión — Voto n.° 13367-2012 citado

  • "tanto la Ley No.4465 -hoy derogada- como el Decreto No. 17023-MAG no son sino desarrollo del contenido del artículo 50 constitucional, de modo que, aún cuando la normativa inmediata que dio fundamento al decreto haya sido sustituida por otra, éste subsiste tanto por haber sido promulgado al amparo de la normativa vigente en su momento, como por tener su último fundamento en el citado artículo constitucional"

    "both Law No. 4465 —today repealed— and Decree No. 17023-MAG are nothing other than development of the content of constitutional Article 50, so that even when the immediate legislation that grounded the decree has been replaced by another, the decree subsists both because it was promulgated under the law in force at the time and because its ultimate foundation lies in said constitutional article."

    Fundamento constitucional del decreto creador de la Zona Protectora — Voto n.° 7294-1998 citado

  • "tanto la Ley No.4465 -hoy derogada- como el Decreto No. 17023-MAG no son sino desarrollo del contenido del artículo 50 constitucional, de modo que, aún cuando la normativa inmediata que dio fundamento al decreto haya sido sustituida por otra, éste subsiste tanto por haber sido promulgado al amparo de la normativa vigente en su momento, como por tener su último fundamento en el citado artículo constitucional"

    Fundamento constitucional del decreto creador de la Zona Protectora — Voto n.° 7294-1998 citado

  • "la competencia en esta materia la ostenta el Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, competencia que es exclusiva, siendo este un asunto de interés nacional."

    "jurisdiction over this matter belongs to the Ministry of Environment and Energy, through the National System of Conservation Areas, and that jurisdiction is exclusive, this being a matter of national interest."

    Competencia exclusiva del SINAC — Voto constitucional n.° 17397-2019 citado

  • "la competencia en esta materia la ostenta el Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, competencia que es exclusiva, siendo este un asunto de interés nacional."

    Competencia exclusiva del SINAC — Voto constitucional n.° 17397-2019 citado

  • "De conformidad con la doctrina, el error de hecho, material o aritmético es aquel que se puede detectar fácilmente... Se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible. Es decir, se evidencia por sí solo, sin necesidad de mayores razonamientos y se manifiesta por su sola contemplación."

    "According to doctrine, a factual, material, or arithmetic error is one that can be easily detected… It is characterized by being patent, manifest, and indisputable — that is, it is self-evident, requiring no further reasoning, and is apparent upon mere contemplation."

    Impugnación del argumento de 'error material' — Sala Primera, voto n.° 927-2018 citado

  • "De conformidad con la doctrina, el error de hecho, material o aritmético es aquel que se puede detectar fácilmente... Se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible. Es decir, se evidencia por sí solo, sin necesidad de mayores razonamientos y se manifiesta por su sola contemplación."

    Impugnación del argumento de 'error material' — Sala Primera, voto n.° 927-2018 citado

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Document Review CASE FILE:

PROCEEDING:

ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY PETITIONER:

(Nombre01 001) CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at seven hours and thirty-five minutes on the eighth of December of two thousand twenty-two.

The constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) filed by (Nombre01 001), identity card CED01.° (Valor CED02), in her capacity as DEPUTY ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC, is hereby admitted for processing. The petition seeks a declaration that Executive Decree No. 42404-MINAE of April 6, 2020, entitled "Rectification of the boundaries of the Tivives protected zone and of the management plan of the Tivives protected zone," published in Supplement No. 161 to Gazette No. 157 of June 30, 2020, is unconstitutional, on the ground that it is contrary to Articles 11, 50, and 121(14) of the Political Constitution and the constitutional principles of statutory reservation (reserva legal), compensation, progressivity or non-regression, objectification of environmental protection or binding adherence to science and technology, and effective environmental stewardship by the State. A fifteen-day hearing is granted to the Minister of the Presidency and the Minister of Environment and Energy.

The challenged provision is Decree No. 42404-MINAE, which the petitioner contends conflicts with the text of Article 38 of the Organic Law of the Environment, No. 7554 of October 4, 1995, and with Articles 13 and 15 of the Ley Forestal, No. 7575 of February 5, 1996; however, the alleged defects are not limited to violations of statutory norms but also extend to Articles 11, 50, and 121(14) of the Constitution, as well as the case law and principles of that court. Following constitutional case law, when a decree's violation of statutory texts simultaneously infringes fundamental rights—such as the right to an adequate environment—the defect transcends to the constitutional sphere and takes on that character (Constitutional Chamber, judgments Nos. 459-1991, 4702-1993, 2074-2001, and 12716-2012, among others). The petitioner contends that this is the situation with Decree No. 42404-MINAE. She notes that there is a solid line of case law to the effect that, for the reduction of a protected wildlife area (área silvestre protegida), three essential requirements must be met: a statutory norm, sufficient technical studies justifying the measure, and compensation of the eliminated area with another of equal size (Constitutional Chamber, votes Nos. 7294-1998, 3480-2003, 5975-2006, 2063-2007, 2410-2007, 1056-2009, 13099-2010, 14772-2010, 13367-2012, 10158-2013, 12887-2014, 2375-2017, 673-2019, 12745-2019, 16793-2019, and 17783-2021, among others).

These requirements are not met by the reduction ordered by Executive Decree No. 42404-MINAE, which leads to the conclusion that said reduction directly infringes the right to a healthy and ecologically balanced environment. The Legislative Assembly is a co-holder, together with the Executive Branch, of the authority to create protected wildlife areas; however, it is the "exclusive holder of the power to reduce their surface area" (constitutional vote No. 7294-1998). The principle of statutory reservation for the reduction of the surface area of a protected wildlife area, enshrined in Article 38 of the Organic Law of the Environment, has been broadly upheld by constitutional case law (citing votes Nos. 2410-2007, 1056-2009, and 14772-2010). Furthermore, statutory reservation for the reduction of a protected wildlife area derives from Article 121(14) of the Constitution, as developed by the case law of that Tribunal (citing votes Nos. 3480-2003 and 11346-2006).

Decree No. 42404-MINAE, according to the text of its Articles 1 and 2, "rectifies the boundary, use, and public domain" of the Tivives Protected Zone, removing from that protected wildlife area the parcels covered by survey plans 6-1823326-2015 (Article 1) and 6-1824697-2015 (Article 2). According to memorandum SINAC-SE-IRT-151-2020, the excluded area is approximately 81.9 hectares, in clear violation of Article 121(14) of the Constitution and the principle of statutory reservation enshrined in Article 38 of the Organic Law of the Environment—a corollary of the principle of legality (Article 11 of the Constitution)—since a requirement that this court's case law regards as a constitutional prerequisite for the reduction of protected wildlife areas is absent. Survey plan 6-1823326-2015 (Article 1 of Decree No. 42404-MINAE), according to its title block, has as its purpose the consolidation of the Puntarenas Party properties numbered 8693, 40727, 43787, 43635, 45308, and 42463, and its notes state that the parcels are "FOR THE PORT DEVELOPMENT OF PUERTO CALDERA PURSUANT TO LAW 7915 OF OCTOBER 15, 1999." Survey plan 6-1824697-2015 (Article 2 of Decree No. 42404-MINAE), according to its notes, describes: "PARCELS ACQUIRED FOR QUARRY EXPLOITATION FOR THE CONSTRUCTION OF PUERTO CALDERA THROUGH EXPROPRIATION PROCEEDINGS 2943-76 AND 2944-76 OF THE FIRST COURT OF ADMINISTRATIVE LITIGATION AND CIVIL TREASURY MATTERS." In this regard, the recitals (considerandos) of Decree No. 42404-MINAE state:

"6. Whereas Article 157 of the General Law of Public Administration, Law No. 6227, provides that: 'At any time the Administration may correct material, factual, or arithmetic errors,' and therefore, as this involves a rectification of the boundaries and courses of real properties that were included within the Tivives Protected Zone through a material error, given that by Law they were designated to form part of a reserved port zone." (…) 30. Whereas, based on memorandum SINAC-DE-787 of June 1, 2018, issued by the Executive Director of SINAC, Mr. Mario Coto, which states that: '...it is hereby certified by the Conservation Areas that there is no file on record indicating that the requirements imposed by the laws and regulations in force at the time of their creation were met, and that the information probably existed in the Forestry Directorate. For the foregoing reason, we note that SINAC currently has no physical file corresponding to the creation of the protected zones on the basis of Laws 4465, 7174, and 7575.' This gives rise to the Administration's obligation to verify the accuracy with which the boundaries of the properties were originally surveyed before being subjected to the regime of the Tivives Protected Zone, with the Administration determining that this was done erroneously on the basis of the technical studies conducted. 31.

Whereas all the real properties in the province of Puntarenas with registry folio numbers [numbers omitted], [numbers omitted], [numbers omitted], [numbers omitted], [numbers omitted], and [numbers omitted], were duly expropriated and fully paid for by the State through the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) and are duly registered in the name of the Costa Rican State as part of the loans approved by Laws No. 5582 of October 11, 1974, Law No. 6309 of January 4, 1979, and Law No. 7915 of September 21, 1999. 32. Whereas, likewise, the properties belonging to Mr. Nombre02 were duly expropriated and paid for under administrative file No. 18,968 of the Maritime Port Division, Infrastructure Directorate of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), which was published in the Official Gazette La Gaceta No. 33 of February 18, 1976, for a total area of 190,032.06 m². 33. Whereas, likewise, the properties belonging to Mr.

Nombre03 were duly expropriated and paid for under administrative file No. 18,966 of the Maritime Port Division, Infrastructure Directorate of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), which was published in the Official Gazette La Gaceta No. 70 of April 10, 1976, for a total area of 82,614.23 m²." (Underscoring by the petitioner.)

The petitioner explains that, however, as evidenced by the underscored text of recital 30 quoted above, the inclusion of approximately 81.9 hectares corresponding to these parcels within the demarcation of the Tivives Protected Zone, as carried out by Decree No. 17023-MAG of May 6, 1986, does not constitute a material, factual, or arithmetic error: "In accordance with legal doctrine, a factual, material, or arithmetic error is one that can be detected easily… It is characterized by being obvious, manifest, and indisputable. That is, it is self-evident, requiring no further reasoning, and becomes apparent upon mere inspection." (First Chamber of the Supreme Court of Justice, vote No. 927-2018 of 11:25 a.m. of October 25, 2018). Furthermore, the recitals of the challenged Decree make reference to a matter of normative hierarchy as a justification:

"2. Whereas Article 6 of the General Law of Public Administration, Law No. 6227, establishes the hierarchy of sources of the legal order, indicating that statutes hold a rank superior to decrees issued by the Executive Branch. (…) 34. Whereas, since the Port Reserve Zone was created by statutory norms—and therefore norms of higher rank than Decree No. 17023—and taking into account that the lands were reserved with a specific purpose established by Law, namely to be devoted to port activity, which is incompatible with the purposes for which the Tivives Protected Zone was created, the rectification of its boundaries is therefore undertaken with respect to those in which properties designated and reserved by specific statute for port development were included." The petitioner explains that Law No. 5582 of October 11, 1974, approved the loan agreement entered into between the Export-Import Bank of Japan and the Costa Rican Government for the construction of the Port of Caldera, and in its Article 2 delimited a geographic area designated as the "Reserved Port Zone," declaring the expropriation of privately owned real properties located therein to be of public utility and public interest, for the construction of the Caldera port infrastructure.

That port reserve zone was expanded by Article 8 of Law No. 6309 of October 4, 1979, and subsequently reduced by Article 1 of Law No. 7915 of September 21, 1999, laws that introduced amendments to Law No. 5582. The currently applicable boundaries are those established by this last-mentioned law. The petitioner notes that the legislative file No. 12017, in which the bill that gave rise to Law No. 7915 was debated, reflects that the parcels needed for the development of the Port of Caldera were smaller than those that had at that time been reserved under Laws Nos. 5582 and 6309, since only those on which the port was already installed and an additional smaller area for its eventual development were necessary. For that reason, it was decided to significantly reduce the reserve zone, leaving sufficient land for potential port growth, taking into account the infrastructure development plans and phases reported by the Ministry of Public Works and Transport (folios 3–4, 20–25, and 53–57 of legislative file No. 12017).

Notwithstanding that reduction of the Port zone, survey plans 6-1823326-2015 and 6-1824697-2015, which relate to the Tivives protection area, fall within the "reserved port zone" delimited by Law No. 7915 of September 21, 1999, at 34% and 70%, respectively, according to memoranda DIG-TOT-0455-2020 and DIG-TOT-0519-2020. That is, 66% of survey plan 6-1823326-2015 and 30% of survey plan 6-1824697-2015 lie outside the zone reserved for port purposes under Law No. 7915, meaning that the exclusion sought by the decree cannot be regarded as grounded in that statutory provision. Furthermore, with respect to what is set forth in recitals 2 and 34 quoted above, the petitioner highlights the constitutional case law that upholds, on the basis of Article 50 of the Constitution, the declaration of the Tivives Protected Zone: "…even though Decree No. 17023-MAG is based in part on the text of Law No. 4465, the Forestry Law of November 25, 1969—statutory legislation that was in force at the time and that served as the legal basis for the creation of the Tivives Protected Zone—the repeal of that body of law does not entail the automatic repeal of said decree.

It must not be forgotten that, ultimately, both Law No. 4465 — today repealed — and Decree No. 17023-MAG are nothing more than expressions of the content of constitutional article 50, so that, even when the immediate legislation that provided the basis for the decree has been replaced by other legislation, the decree remains in force both because it was promulgated under the rules then in effect and because its ultimate basis lies in that constitutional article… Likewise, the figure known as the "zona protectora" (protected zone) is recognized in other texts of the legal order, which provide sufficient normative framework for Decree No. 17023-MAG, notwithstanding the repeal of Law No. 4465, Ley Forestal of November 25, 1969, or the declaration of unconstitutionality of article 71 of Law No. 7575, Ley Forestal of February 13, 1996. Among the provisions referred to is article 32 of Law No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente of October 4, 1995, quoted in Considerando IV.

There are also norms contained in international conventions that regulate the type of conservation zones referred to, among them the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat — "Convención de Ramsar" — signed on February 2, 1971, approved by the Legislative Assembly by Law No. 7224 of April 2, 1991, and the Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere, approved by Law No. 3763 of October 19, 1976.» (Voto n.° 7294-1998). What that ruling stated regarding the constitutional foundation of executive decrees establishing protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) has been reiterated in other decisions, according to which their establishment by decree cannot give rise to a breach of the principle of normative hierarchy in relation to statutory norms, since the legal regime of such areas is not established by the decree but rather by norms that also have statutory rank and that, furthermore, give effect to the constitutional principle of environmental protection set out in article 50 of the Constitution (citing Voto n.° 8928-2004).

That constitutional foundation prevails over the law establishing the port zone of Caldera and instead supports the creation and extension of the Zona Protectora de Tivives. The Constitutional Chamber has reiterated the importance of protected zones in the realization of the constitutional right to an ecologically balanced environment, given their purposes of regulating the hydrological regime (régimen hidrológico) and protecting soil and watersheds (cuencas hidrográficas) (article 83 of Ley Forestal n.° 4465 of November 25, 1969, and article 70 of the Regulations to the Biodiversity Law, Decreto Ejecutivo n.° 34433 of March 11, 2008). (Citing Votos números 2988-1999, 5975-2006, 2063-2007, and 17397-2019). Specifically, and as is relevant to this action, the Zona Protectora Tivives was declared in order to conserve a forest of 532.50 hectares, considered the last representative remnant of tropical dry forest (bosque seco tropical) existing in the Central Pacific region; to protect the drainage network and to maintain the flows and water quality of the río Jesús María, the quebrada Cambalache, the quebrada Corralillo, several springs (nacientes) and water sources used by the inhabitants of the region, and two wells "used by the Caldera Project and INCOP"; to protect from erosion the hills with slopes greater than 45%; and to prevent the extinction of flora and fauna species (considerandos second through fifth of Decreto n.° 17023).

It should be noted that its relationship with constitutional article 50 is even closer under that article's current wording, which includes the human right of access to drinking water. There is another precedent of the Chamber that is pertinent, both because of the similarity of the infringement (reduction of the surface area of a protected wilderness area through a "rectification" of boundaries by decree) and because of the debate surrounding the issue of the normative hierarchy of the decree creating a protected wilderness area in relation to laws that assign the territory a purpose different from conservation, following the same rule according to which it is possible to establish protected wilderness areas that include land already legally committed, by law, to a purpose, a use, and a public destination different from that entailed by the legal regime of the protected wilderness area (citing Voto n.° 13099-2010).

Furthermore, the reduction of the surface area of the Zona Protectora Tivives entails, in this case, the transfer of State lands to the Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico for purposes far removed from environmental protection (articles 3 and 4 and transitional provisions I and II of the challenged Decree). Considerando 28 reads as follows: "28. Que con base en los estudios técnicos presentados por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), con base en la cobertura de copa por hectárea para cada sector evaluado, se determinó que el promedio general es de 39.73%, además ningún sector superó el mínimo de 70%, que establece la definición de bosque de la Ley Forestal 7575. Adicionalmente, con la verificación en campo, se determinó con los datos de las parcelas de muestreo realizadas en el área de los linderos a rectificar, que la misma se encuentra libre de bosque, considerando para la clasificación del Patrimonio Natural del Estado únicamente las áreas TAF (Terrenos de Aptitud Forestal), las cuales representan 24.49% (17.62ha) del área evaluada y el restante 75.51% (54.32ha) se clasifican como no bosque." This reveals a breach of article 15 of Ley Forestal, because the authority competent to classify lands prior to their alienation or transfer from the State to INCOP and to determine whether forest exists is MINAE-SINAC, and not INCOP itself (see the text of the aforementioned article 15 and official communications SINAC-SE-IRT-061-2020 and SINACSE-IRT-151-2020).

This cannot be viewed simply as a matter of statutory competence. On the contrary, it acquires constitutional significance because it calls into question the technical basis for the reduction, as required by article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente and by the constitutional principle of the objectivization of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental), or adherence to science and technical standards: «Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente is a protective norm; it establishes a guarantee in favor of protected wilderness areas and of the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized in constitutional article 50. From this norm it may be inferred, first, that the technical study referred to in the norm is an unavoidable and essential requirement for the approval of the legislative measure reducing the protected area, as follows from the phrases "sólo podrá" and "después," non-compliance with which entails a declaration of invalidity of the measure.

Second, it must be a technical study — that is, one conforming to the sciences and techniques whose object of study is the environment and ecosystems — for the purpose of determining the impact of the legislative measure on those ecosystems. Third, the study must be specific and must address the area of reduction and its context, in order to evaluate the impact and to issue recommendations to avoid risks, prevent negative or adverse effects, or propose corresponding mitigation, conservation, or remediation measures. Fourth, the purpose of the study is to provide scientific justification for the measure. Finally, the study must conform to the substantive requirements of constitutional article 50 and must demonstrate how the measure adopted continues to satisfy the right to a healthy and ecologically balanced environment within the framework of a sustainable development policy… Within the framework of the Constitution, the legislature has the authority and competence to reduce the physical dimensions of environmentally protected areas.

However, on the basis of constitutional article 50, legislative decisions in this area must respect the unequivocal rules of science and technology, in order to guarantee an environment that is "healthy" and "ecologically balanced" and that serves "the greatest well-being of all inhabitants." The technical study required by article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente must respond to these purposes; a purely formal compliance does not suffice, because this is a substantive requirement — that is, it must materially demonstrate, through a technical and individualized analysis, the degree of impact of the relevant measure on the environment, set out recommendations aimed at reducing the negative impact on the environment, and demonstrate how such a measure entails development that meets the needs of the present without jeopardizing the capacity of future generations to meet their own needs.» (Voto n.° 13367-2012).

"… this Chamber has established a solid body of doctrine pointing to the need to have technical studies that justify the decision to decommission (desafectar) an area that was previously declared a protected zone (votos números 7294-1998, 1999-02988, and 2008-008075, among others)." (Voto n.° 17783-2021). In relation to what was stated in Voto n.° 17783-2021, just quoted, with respect to decommissioning, the petitioner indicates that articles 1 and 2 of Decreto n.° 42404-MINAE purport to rectify the "use and public domain of the area subject to the regime of Patrimonio Natural del Estado (PNE), created by Decreto Ejecutivo N° 17023-MAG Zona Protectora Tivives," and that article 4 of Decreto n.° 42404-MINAE provides for the signing of a cooperation agreement between SINAC and INCOP for the care and protection of forestry-aptitude areas, thereby contravening article 13 of Ley Forestal, since their administration by MINAE-SINAC is mandated by law: "In summary, it is clear that the legal regime created by articles 13 and 14 of Ley Forestal has a protective purpose, since, according to the text of that norm, its objective is to confer public-domain (demanial) protection on State-owned land with forest cover (cobertura boscosa) or forest land (terrenos forestales), which would remain under the administration of the Ministry of Environment and Energy.

That patrimony is classified by article 14 of Ley Forestal as a public-domain asset which, pursuant to article 13 of Ley Forestal and article 22 of the Biodiversity Law, must be administered by SINAC. Thus, competence in this area belongs exclusively to the Ministry of Environment and Energy, through SINAC, this being a matter of national interest." (Constitutional Voto n.° 17397-2019). Upon the declaration of the Zona Protectora Tivives, the "forestry" classification of the lands is presumed, and an automatic transfer to the Patrimonio Natural del Estado (formerly the Patrimonio Forestal) takes place; consequently, that transfer has implications for competences, particularly those of SINAC. The petitioner notes that the Chamber so understood it in Voto n.° 1763-94 of 4:45 p.m. on April 13, 1994, Considerando IV. Furthermore, official communications SINAC-SE-IRT-061-2020 and SINAC-SE-IRT-151-2020 state: "Upon analyzing the forest cover (cobertura forestal) according to the 2013 forest inventory, in the two cadastral plans excluded from the boundary of the protected zone, plan 6-1823326-2015 shows 95% forest cover and cadastral plan 6-1824697-2015 shows 66%." (Without prejudice to field verification).

Those percentages contrast sharply with those determined by INCOP, as set out in Considerando 28 of Decreto n.° 42404-MINAE: 24.49% forestry aptitude across the entire evaluated area, raising doubts about its technical basis.

All of the foregoing in this section demonstrates the violation of the constitutional principle of effective environmental protection incumbent upon the State, and of Article 50 of the Constitution, which enshrines that principle (citing votes numbers 7294-1998, 1056-2009, 13367-2012, and 16793-2019). The petitioner argues that these jurisprudential citations evidence the importance of conducting technical studies when adopting decisions related to the reduction of a protected area, and the impact that the absence of such studies can have on the degradation of environmental protection. The State has the obligation to guarantee, defend, and safeguard the right to a healthy environment (principle of State environmental stewardship), as developed by the Court (citing votes numbers 644-99, 9193-2000, 13426-2008, 494-2009, 9604-2009, 9966-2010, 4480-94, 1220-2002, and 15777-2010, among others).

The duty to protect and preserve the integrity of the environment encompasses protected wildlife areas (áreas silvestres protegidas), which are environmental assets that the Public Authorities must protect in their physical and legal integrity. Endangering the integrity of these zones violates Article 50 of the Constitution by placing the environment at imminent risk of deterioration. The petitioner likewise argues that another constitutional principle developed around Article 38 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), and violated by Decreto n.° 42404-MINAE, is the compensation principle: "3. Compensation measures: A protected area may only be reduced if this is done by statute, if there are technical and scientific studies ruling out environmental harm, and if the area that is removed is offset by another area of equal size. There is no doubt that all those provisions under which protected areas are reduced without the backing of technical studies or any form of compensation are unconstitutional" (votes Nos. 12887-2014, 2773-2014, and 2009-1056)».

(Vote n.° 673-2019). The petitioner also cites votes numbers 13836-2020 and 17783-2021. She contends that no such compensation is provided for by Decreto n.° 42404-MINAE. Indeed, the extent of the protected zone is reduced, yet no compensatory environmental consideration is established. That principle goes hand in hand with the principle of progressivity, in guarantee of Article 50 of the Constitution: "The principle stands as a substantive guarantee of rights—in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment—by virtue of which the State is obligated not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the level of rights protection achieved up to that point." (Vote n.° 13367-2012). In the present case, by failing to offset the removed area with another of equal size and ecological value consistent with the purposes for which the Zona Protectora Tivives was established, there is a regression in the protection of the right that had been achieved through the decree creating that protected wildlife area, constituting a violation of the principle of progressivity.

Consequently, the petitioner requests that this action of unconstitutionality be upheld and that the challenged decree be declared unconstitutional, on the grounds that it is contrary to the legal and physical integrity of the Zona Protectora Tivives and disregards the principle of statutory reservation (reserva de ley) and the constitutional obligation of the State to protect, preserve, and conserve that asset for the benefit of present and future generations, in breach of Articles 11, 50, and 121, subparagraph 14) of the Constitution.

This action is admitted as it satisfies the requirements set forth in Articles 73 through 79 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional). The petitioner's standing derives from Article 75, second and third paragraphs, of the Law of Constitutional Jurisdiction. A notice of the filing of this action shall be published three consecutive times in the Boletín Judicial, so that in any proceedings or procedures in which the application of the challenged provision is at issue, no final resolution shall be issued until the Court has rendered its ruling in the matter. This notice affects only pending judicial proceedings in which the application of the challenged provision is at issue, and the only thing that may not be done in such proceedings is to render judgment or, as the case may be, the act in which the challenged provision would be applied in the manner in which it has been challenged.

Likewise, the only thing the action suspends in the administrative sphere is the issuance of the final resolution in proceedings aimed at exhausting that administrative channel—namely, those initiated with and following the filing of an appeal (recurso de alzada) or a motion for reconsideration (recurso de reposición) against the final act—unless, of course, the provisions at issue must be applied during the course of the proceedings, in which case the suspension takes effect immediately. Within fifteen days following the first publication of the aforementioned notice, any persons appearing as parties in matters pending at the date of filing of this action in which the application of the challenged provision is at issue, or any persons with a legitimate interest, may appear before the Court in order to support or oppose its admissibility, or to expand, as applicable, the grounds of unconstitutionality with respect to the matter of concern to them.

It is further noted that, in accordance with Articles 81 and 82 of the Law of Constitutional Jurisdiction and as the Court has consistently held (resolutions 0536-91, 0537-91, 0554-91, and 0881-91), this publication does not suspend the general validity of the norm, but only its application in the cases and under the conditions specified. The response to the hearing granted by this resolution must be submitted only once, using only one of the following means: physical documentation submitted directly to the Court's Secretariat; the fax system; electronic documentation through the GESTIÓN EN LÍNEA system; or to the email address ...01, which is an exclusive inbox dedicated to receiving reports. In any of these cases, the response and any accompanying documents must expressly indicate the case file number to which they are directed. Responses submitted by electronic means must bear the signature of the responsible person signing the document, either by scanning the physical document containing that person's signature or by means of a digital signature, in accordance with the provisions of the Law on Certificates, Digital Signatures, and Electronic Documents, No. 8454, for the purpose of certifying the authenticity of the submission. It is noted that electronically generated or digitized documents submitted through the Gestión en Línea system or through the designated email address must not exceed 3 megabytes. Notify.

Telephone numbers: Phone01 (800-7252-482). Fax: Phone02 / Phone03. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Address01, Address02, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters involving vulnerable groups: Address03, San José, Catedral District, Address04, Address01, Address05

Revisión del Documento ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (Nombre01 001) SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las siete horas treinta y cinco minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós.

Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por (Nombre01 001), cédula de identidad CED01.° (Valor CED02), en su condición de PROCURADORA GENERAL ADJUNTA DE LA REPÚBLICA, para que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo n.° 42404-MINAE del 6 de abril de 2020, denominado "Rectificación de linderos de la zona protectora Tivives y del plan de manejo de la zona protectora Tivives", publicado en el Alcance n.° 161 a la Gaceta n.° 157 del 30 de junio de 2020, por estimarlo contrario a los artículos 11, 50 y 121 inciso

  • 14)de la Constitución Política y los principios constitucionales de reserva legal, compensación, progresividad o no regresión, objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica y tutela efectiva del ambiente a cargo del Estado. Se confiere audiencia por quince días a la ministra de la Presidencia y el ministro de Ambiente y Energía. La norma se impugna en cuanto el Decreto n.° 42404-MINAE contraría el texto del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, n.° 7554 del 4 de octubre de 1995 y de los numerales 13 y 15 de la Ley Forestal, n.° 7575 del 5 de febrero de 1996; sin embargo, no se trata solamente de infracciones de normas legales, sino también de los artículos 11, 50 y 121 inciso
  • 14)constitucionales, la jurisprudencia y principios de esa sede. Siguiendo la jurisprudencia constitucional, cuando la infracción de un decreto a textos de ley afecta a la vez derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente adecuado, el vicio trasciende a la esfera constitucional y adquiere esa connotación (Sala Constitucional, sentencias números 459-1991, 4702-1993, 2074-2001 y 12716-2012, entre otras). Alega que este es el caso del Decreto n.° 42404-MINAE. Señala que hay una sólida línea jurisprudencial en el sentido de que, para la reducción de un área silvestre protegida, deben cumplirse tres requisitos esenciales: norma legal, estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida y compensación del área suprimida con otra de igual tamaño (Sala Constitucional, votos números 7294-1998, 3480-2003, 5975-2006, 2063-2007, 2410- 2007, 1056-2009, 13099-2010, 14772-2010, 13367-2012, 10158-2013, 12887-2014, 2375-2017, 673-2019, 12745-2019, 16793-2019 y 17783-2021, entre otros). Requisitos que no se cumplen en la reducción que ordena el Decreto Ejecutivo n.° 42404-MINAE, lo que permite afirmar que dicha reducción lesiona en forma directa el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Asamblea Legislativa es cotitular, junto con el Poder Ejecutivo, de la competencia para crear áreas silvestres protegidas; sin embargo, es “detentadora exclusiva de la potestad de reducir su superficie” (voto constitucional n.° 7294-1998). El principio de reserva legal para la reducción de la superficie de un área silvestre protegida, consagrado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, ha sido ampliamente respaldado por la jurisprudencia constitucional (cita los votos números 2410- 2007, 1056-2009 y 14772-2010). Además, la reserva legal para la reducción de un área silvestre protegida se deriva del artículo 121 inciso
  • 14)de la Carta Magna, como lo desarrolla la jurisprudencia de ese Tribunal (cita los votos números 3480-2003 y 11346-2006). El Decreto n.° 42404-MINAE, según el texto de sus artículos 1 y 2, “rectifica el lindero, uso y dominio público” de la Zona Protectora Tivives, eliminando de esa área silvestre protegida terrenos comprendidos en los planos 6-1823326-2015 (artículo 1) y 6-1824697-2015 (artículo 2). Según el oficio adjunto SINAC-SE-IRT-151-2020, el área excluida es de aproximadamente 81.9 hectáreas, con evidente quebranto del artículo 121 inciso 14) constitucional y el principio de reserva de ley consagrado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, corolario del principio de legalidad (artículo 11 constitucional), ya que falta un requisito considerado por la jurisprudencia de esa sede como un requisito constitucional para la disminución de áreas silvestres protegidas. El plano 6-1823326-2015 (artículo 1 del Decreto n.° 42404-MINAE) según su cajetín, tiene como objeto la reunión de las fincas del Partido de Puntarenas números 8693, 40727, 43787, 43635, 45308 y 42463, y según sus notas los terrenos son “PARA EL DESARROLLO PORTUARIO DE PUERTO CALDERA CONFORME LEY 7915, DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999”. El plano 6-1824697-2015 (artículo 2 del Decreto n.° 42404-MINAE), describe, según sus notas: “TERRENOS ADQUIRIDOS PARA EXPLOTACIÓN DE TAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTO CALDERA MEDIANTE PROCESOS DE EXPROPIACIÓN 2943-76 Y 2944-76 DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Al respecto indican los considerandos del Decreto n.° 42404-MINAE: «6. Que el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, establece que: "En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.", por lo que tratándose de una rectificación de linderos y derroteros de inmuebles que por error material fueron incluidos dentro de la Zona Protectora Tivives, cuando por Ley estos estaban destinados a ser parte de una zona portuaria reservada.» (…) 30. Que con base en el oficio SINAC-DE-787, del 1 de junio del 2018, emitido por el Director Ejecutivo del SINAC, el señor Mario Coto, donde se señala que: "...se hace constar por parte de las Áreas de Conservación que no existe un expediente en donde se indique que se cumplieron los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos vigentes en el momento de su creación y que probablemente la información existió en la Dirección Forestal. En razón de lo anterior, nos permitimos indicar que actualmente el SINAC no cuenta con ningún expediente físico correspondiente a la creación de las zonas protectoras con fundamento en las leyes 4465, 7174 y 7575.". Con lo cual queda la obligación por parte de la Administración de verificar la precisión con que se midieron los linderos de las propiedades de manera inicial, para ser sometidos al régimen de la Zona Protectora Tivives, determinando la Administración que equivocadamente se realizó con base en los estudios técnicos realizados. 31. Que los inmuebles todos de la provincia de Puntarenas con matrícula de folio real , , , , y , fueron debidamente expropiadas y pagadas en su totalidad por parte del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y se encuentran debidamente registradas a favor del Estado Costarricense como parte de los empréstitos aprobados por las leyes No. 5582 del 11 de octubre de 1974, Ley No. 6309 del 04 de enero de 1979 y Ley No.7915 del 21 de setiembre de 1999. 32. Que de igual manera fueron debidamente expropiados y canceladas las propiedades a del señ del señor Nombre02, bajo el expediente administrativo No.18.968 de la División Marítima Portuaria, Dirección de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mismo que fue publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 33 del 18 de febrero de 1976, para un área total de 190.032.06 m2. 33. Que de igual manera fueron debidamente expropiados y canceladas las propiedades a del señ del señor Nombre03, bajo el expediente administrativo No.18.966 de la División Marítima Portuaria, Dirección de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mismo que fue publicado en el Diario oficial La Gaceta No.70 del 10 de abril de 1976, para un área total de 82.614.23m2”. (El subrayado es de la accionante). Indica que, sin embargo, como lo evidencia el texto subrayado del considerando 30 antes transcrito, la inclusión de aproximadamente 81.9 hectáreas correspondientes a estos terrenos, en la demarcación de la Zona Protectora Tivives, efectuada por el Decreto n.° 17023-MAG del 6 de mayo de 1986, no es un error material, de hecho o aritmético: “De conformidad con la doctrina, el error de hecho, material o aritmético es aquel que se puede detectar fácilmente... Se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible. Es decir, se evidencia por sí solo, sin necesidad de mayores razonamientos y se manifiesta por su sola contemplación.” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.° 927-2018 de 11 horas 25 minutos del 25 de octubre del 2018). Por otra parte, los considerandos del Decreto cuestionado hacen referencia a un aspecto de jerarquía normativa, a modo de justificación: “2. Que el artículo 6º de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, establece la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico señalando que las leyes poseen una jerarquía superior a los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo. (…) 34. Que al haber sido creada la Zona de Reserva Portuaria por normas con rango de ley, por lo tanto, con rango superior al Decreto No.17023 … y tomando en cuenta que las tierras que fueron reservadas con un fin específico por Ley, el cual es el destinarlas para la actividad portuaria, con lo cual, poseen una actividad incompatible de desarrollar con los fines para los cuales fue creada la Zona Protectora Tivives, por lo tanto se procede a rectificar los linderos de la misma, en los cuales fueron incluidas propiedades destinadas y reservadas por ley específica para el desarrollo portuario.” Explica que la ley n.° 5582 del 11 de octubre de 1974, aprobó el contrato de préstamo suscrito entre el Banco de Exportación e Importación de Japón y el Gobierno costarricense, destinado a construir el puerto de Caldera, y en su artículo 2 delimitó un área geográfica denominándola “Zona Portuaria Reservada”, declarando de utilidad e interés público la expropiación de inmuebles de propiedad privada allí localizados, para la construcción de la infraestructura portuaria de Caldera. Esa zona de reserva portuaria fue ampliada por el artículo 8 de la ley n.° 6309 del 4 de octubre de 1979, para luego ser reducida por el artículo 1 de la ley n.° 7915 del 21 de setiembre de 1999, leyes que introdujeron reformas a la ley n.° 5582. Los límites actualmente vigentes son los que establece esta última ley. Señala que consta en el expediente legislativo n.° 12017, en el que se discutió el proyecto que dio origen a la ley n.° 7915, que los terrenos necesarios para el desarrollo del puerto de Caldera eran menores a los que en ese momento se habían reservado mediante las leyes números 5582 y 6309, ya que únicamente eran necesarios aquellos en los que estaba instalado el puerto y otra área más pequeña para su eventual desarrollo. Por esa razón, se decidió disminuir significativamente la zona de reserva, dejando suficiente terreno para un eventual crecimiento del puerto, considerando los planes y etapas de desarrollo de infraestructura que fueron informados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folios 3-4, 20-25 y 53-57 del expediente legislativo n.° 12017). No obstante, dicha reducción del Puerto, los planos 6-1823326-2015 y 6- 1824697-2015, que refieren al área de protección Tivives, se encuentran en la “zona portuaria reservada” delimitada por la ley n.° 7915 del 21 de setiembre de 1999, en un 34% y un 70% respectivamente, según los oficios DIG-TOT-0455-2020 y DIG-TOT-0519-2020. Es decir, que el 66% del plano 6-1823326-2015 y el 30% del plano 6-1824697-2015 están fuera de la zona reservada para fines portuarios por la ley n.° 7915, por lo que la exclusión que se pretende con el decreto no puede considerarse sustentada en esa norma legal. Además, respecto de lo planteado en los considerandos 2 y 34 antes transcritos, destaca la jurisprudencia constitucional que respalda, con fundamento en el numeral 50 de la Carta Magna, la declaratoria de la Zona Protectora Tivives: «… aún cuando el Decreto No. 17023-MAG se fundamente parcialmente en el texto de la Ley No. 4465, Ley Forestal del 25 de noviembre de 1969, normativa de rango legal vigente que en su momento amparó la creación de la Zona Protectora Tivives, la derogatoria de dicho ordenamiento no implica la derogatoria automática del referido decreto. No debe olvidarse que, en última instancia, tanto la Ley No.4465 -hoy derogada- como el Decreto No. 17023-MAG no son sino desarrollo del contenido del artículo 50 constitucional, de modo que, aún cuando la normativa inmediata que dio fundamento al decreto haya sido sustituida por otra, éste subsiste tanto por haber sido promulgado al amparo de la normativa vigente en su momento, como por tener su último fundamento en el citado artículo constitucional... Asimismo, la figura denominada "zona protectora" se encuentra reconocida en otros textos del ordenamiento, que sirven de marco normativo suficiente al Decreto No. 17023-MAG, pese a la derogatoria de la Ley No. 4465, Ley Forestal del 25 de noviembre de 1969, o a la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 71 de la Ley No. 7575, Ley Forestal del 13 de febrero de 1996. Dentro de las disposiciones a que se hace referencia está el numeral 32 de la Ley No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente del 4 de octubre de 1995, transcrito en el Considerando IV. Existen también normas contenidas en convenios internacionales que regulan el tipo de zonas de conservación a las que se hace referencia, entre ellas la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Habitat de Aves Acuáticas "Convención de Ramsar", suscrita el 2 de febrero de 1971, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 7224 del 2 de abril de 1991, y la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, aprobada mediante Ley No. 3763 del 19 de octubre de 1976.» (Voto n.° 7294-1998). Lo expresado por dicha sentencia en orden al fundamento constitucional de los decretos ejecutivos que consagran áreas silvestres protegidas, ha sido reiterado en otros pronunciamientos, según los cuales su establecimiento por medio de decreto no puede dar lugar al quebranto del principio de jerarquía normativa, en relación con normas de rango legal, pues el régimen jurídico de dichas áreas no lo establece el decreto, sino normas que también tienen rango legal, pero que, además, desarrollan el principio constitucional de tutela del ambiente que la Constitución señala en su artículo 50 (cita el voto n.° 8928-2004). Ese fundamento constitucional se impone por sobre la Ley que establece la zona portuaria de Caldera y ampara, por el contrario, la creación y extensión de la Zona Protectora de Tivives. La Sala Constitucional ha reiterado la importancia de las zonas protectoras en la materialización del derecho constitucional al medio ambiente ecológicamente equilibrado, por sus fines de regulación del régimen hidrológico, y de la protección del suelo y de las cuencas hidrográficas (artículo 83 de la Ley Forestal n.° 4465 del 25 de noviembre de 1969 y numeral 70 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo n.° 34433 del 11 de marzo del 2008).(Cita votos números 2988- 1999, 5975-2006, 2063-2007 y 17397-2019). En concreto, y en lo que interesa para esta acción, la Zona Protectora Tivives se declaró para conservar un bosque de 532,50 hectáreas, considerado como el último reducto representativo del bosque seco tropical existente en la región Pacífico Central; proteger la red de drenaje y mantenimiento de los flujos y calidad de agua del río Jesús María, de la quebrada Cambalache, de la quebrada Corralillo, de varias nacientes y manantiales utilizados por los habitantes de la región, y de dos pozos “que utilizan el Proyecto de Caldera y el INCOP”; resguardar de la erosión los cerros con pendientes mayores al 45% y evitar la extinción de especies de flora y fauna (considerandos del segundo al quinto del Decreto n.°17023). Nótese que su relación con el artículo 50 constitucional es aún más estrecha con su redacción actual, que incluye el derecho humano de acceso al agua potable. Existe otro precedente de la Sala que resulta atinente, tanto por la similitud de la infracción (disminución de la superficie de un área silvestre protegida, mediante una “rectificación” de límites vía decreto), como por la discusión en torno al tema de la jerarquía normativa del decreto creador de un área silvestre protegida en relación con leyes que confieran al territorio un destino diferente al de conservación, siguiendo la misma regla según la cual es posible establecer áreas silvestres protegidas, que incluyan terrenos afectados por ley, a un fin, un destino y un uso público distinto al que el régimen jurídico del área silvestre protegida supone (cita el voto n.°13099-2010). Por otra parte, la reducción de la superficie de la Zona Protectora Tivives implica, en este caso, el traspaso de los terrenos del Estado al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, para fines alejados de la protección ambiental (artículos 3 y 4 y transitorios I y II del Decreto cuestionado). El Considerando 28 se lee así: “28. Que con base en los estudios técnicos presentados por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), con base en la cobertura de copa por hectárea para cada sector evaluado, se determinó que el promedio general es de 39.73%, además ningún sector superó el mínimo de 70%, que establece la definición de bosque de la Ley Forestal 7575. Adicionalmente, con la verificación en campo, se determinó con los datos de las parcelas de muestreo realizadas en el área de los linderos a rectificar, que la misma se encuentra libre de bosque, considerando para la clasificación del Patrimonio Natural del Estado únicamente las áreas TAF (Terrenos de Aptitud Forestal), las cuales representan 24.49% (17.62ha) del área evaluada y el restante 75.51% (54.32ha) se clasifican como no bosque.” Con ello se evidencia quebranto del artículo 15 de la Ley Forestal, porque el competente para calificar o clasificar los terrenos antes de su enajenación o entrega del Estado al INCOP y determinar si existe bosque, es el MINAE-SINAC, y no el propio INCOP (véase texto del citado artículo 15 y oficios SINAC-SE-IRT-061-2020 y SINACSE-IRT-151-2020). Lo anterior no puede verse simplemente como un problema de competencia legal. Por el contrario, adquiere relevancia constitucional porque pone en duda el sustento técnico de la reducción, requerido por el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y el principio constitucional de objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica: «El artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente es una norma protectora, establece una garantía a favor de las áreas silvestres protegidas y del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido en el artículo 50 constitucional. De la norma se infiere, en primer lugar, que el estudio técnico indicado en la norma es un requisito ineludible y esencial para la aprobación de la medida legislativa reductora del área de protección, lo que se desprende de la frase “sólo podrá” y “después”, cuyo incumplimiento trae aparejada la declaratoria de invalidez de la medida. En segundo lugar, se trata de un estudio técnico -esto es, conforme con las ciencias y las técnicas que tienen por objeto de estudio del ambiente y los ecosistemas- a fin de determinar el impacto de la medida legislativa en los mismos. En tercer lugar, el estudio debe ser específico y versar sobre el área de reducción y su contexto, a fin de evaluar el impacto y emitir las recomendaciones para evitar riesgos, prevenir efectos negativos o adversos o bien plantear las medidas de mitigación, conservación o reparación correspondientes. En cuarto lugar, el estudio tiene por finalidad justificar científicamente la medida. Finalmente, el estudio tiene que ajustarse a las exigencias sustanciales del artículo 50 constitucional y tiene que demostrar cómo la medida que se toma, continúa satisfaciendo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el marco de política de desarrollo sostenible… Dentro del marco de la Constitución, el legislador tiene la potestad y competencia para reducir las dimensiones físicas de las áreas ambientalmente protegidas. Sin embargo, con fundamento en el artículo 50 constitucional, las decisiones legislativas en esta materia deben respetar las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, en aras de garantizar un ambiente “sano” y “ecológicamente equilibrado” y el “mayor bienestar de todos los habitantes”. El estudio técnico que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente tiene que responder a estos propósitos, para cuyo efecto no basta un cumplimiento formal porque se trata de un requerimiento material, es decir que debe materialmente demostrar, mediante un análisis técnico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.» (Voto n.° 13367-2012). “… esta Sala ha sentado una sólida doctrina que apunta a la necesidad de contar con estudios técnicos que justifiquen la decisión de desafectar una zona que, previamente, fue declarada zona protegida (votos números 7294-1998, 1999- 02988 y 2008-008075, entre otros).” (Voto n.° 17783-2021). En relación con lo expuesto en el voto n.° 17783-2021 recién transcrito, en punto a la desafectación, indica la accionante que los numerales 1 y 2 del Decreto n.° 42404-MINAE dicen rectificar el “uso y dominio público del área sometida al régimen de Patrimonio Natural del Estado (PNE), creada mediante Decreto Ejecutivo N° 17023-MAG Zona Protectora Tivives”, y que el numeral 4 del Decreto n.° 42404-MINAE prevé la firma de un convenio de cooperación entre el SINAC y el INCOP para el cuido y protección de las áreas de aptitud forestal, contrariando con ello el artículo 13 de la Ley Forestal, pues su administración por el MINAE-SINAC lo es por imperativo legal: “En síntesis, es claro que el régimen jurídico creado por los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal tiene una finalidad protectora, pues, de acuerdo con el texto de dicha norma, su objetivo es dar una protección demanial a los terrenos propiedad del Estado con bosque o terrenos forestales, los cuales quedarían bajo administración del Ministerio de Ambiente y Energía. Ese patrimonio es catalogado por el artículo 14 de la Ley Forestal como un bien de dominio público, que según los artículos 13 de la Ley Forestal y 22 de la Ley de Biodiversidad, debe ser administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Así, la competencia en esta materia la ostenta el Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, competencia que es exclusiva, siendo este un asunto de interés nacional.” (Voto constitucional n.° 17397-2019). Al darse la declaratoria de la Zona Protectora Tivives, se presupone la calificación "forestal" de los terrenos, dándose un traslado automático al Patrimonio Natural del Estado (antes Patrimonio Forestal) y, por ende, ese traspaso tiene consecuencias en orden a las competencias, en particular del SINAC. Señala que así lo entendió esa Sala en el voto n.° 1763-94 de 16 horas 45 minutos del 13 de abril de 1994, considerando IV. Por otra parte, en los oficios SINAC-SE-IRT-061-2020 y SINAC-SE-IRT-151-2020, se indica: “Al analizar la cobertura forestal según el inventario forestal 2013, en los dos planos que se excluyeron del límite de la Zona Protectora existe cobertura forestal 6-1823326-2015 un 95% y en el plano catastrado 6-1824697-2015 un 66%”. (Sin perjuicio de la verificación de campo). Esos porcentajes contrastan con los determinados por el INCOP, según el considerando 28 del Decreto n.° 42404-MINAE: 24.49% de aptitud forestal en la totalidad del área evaluada, generando dudas sobre su sustento técnico. Todo lo expuesto en este acápite evidencia el quebranto del principio constitucional de tutela efectiva del ambiente a cargo del Estado y del numeral 50 constitucional que lo consagra (cita los votos números 7294-1998, 1056-2009, 13367-2012 y 16793-2019). Alega que esas citas jurisprudenciales evidencian la importancia que tiene la realización de estudios técnicos en la adopción de las decisiones relacionadas con la reducción de un área protegida y la incidencia que su ausencia puede tener en la desprotección del ambiente. El Estado tiene la obligación de garantizar, defender y tutelar el derecho a un ambiente sano (principio de tutela ambiental a cargo del Estado), tal como lo desarrolla la Sala (cita los votos números 644-99, 9193-2000, 13426-2008, 494-2009, 9604-2009, 9966-2010, 4480-94, 1220-2002 y 15777-2010, entre otros). El deber de proteger y preservar la integridad del ambiente comprende las áreas silvestres protegidas, bienes medioambientales que los Poderes Públicos deben proteger en su integridad física y jurídica. La puesta en peligro de la integridad de estas zonas, transgrede el artículo 50 de la Constitución Política, por poner en inminente riesgo de deterioro el medio ambiente. Asimismo, alega que otro principio constitucional desarrollado en torno al artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, y quebrantado por el Decreto n.° 42404-MINAE, es el de compensación: «3. Medidas de compensación: Un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño. No cabe duda que todas aquellas normas en los cuales hay reducción de las áreas protegidas sin el respaldo de estudios técnicos ni compensación alguna, son inconstitucionales” (votos Nos. 12887-2014, 2773- 2014 y 2009-1056)». (Voto n.° 673-2019). Asimismo, cita los votos números 13836-2020 y 17783-2021. Acusa que esa compensación no se plantea por el Decreto n.° 42404-MINAE. En efecto, se reduce la extensión de la zona protegida, pero no se establece ninguna retribución ambiental compensatoria. Ese principio va de la mano del principio de progresividad, en garantía del artículo 50 constitucional: “El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces.” (Voto n.° 13367-2012). En este caso, al omitirse compensar el área suprimida, con otra de igual tamaño y valor ecológico acorde a los fines de creación de la Zona Protectora Tivives, se da una regresión en la tutela al derecho, alcanzada con el decreto creador de esa área silvestre protegida, y violación al principio de progresividad. En consecuencia, solicita que esta acción de inconstitucionalidad sea acogida, y se declare inconstitucional el decreto cuestionado, por ser contrario a la integridad jurídica y física de la Zona Protectora Tivives y desconocer el principio de reserva de ley y la obligación constitucional que tiene el Estado de proteger, preservar y conservar ese bien, en beneficio de las generaciones presentes y futuras, con quebranto de los artículos 11, 50 y 121 inciso 14) constitucionales. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación de la accionante proviene del artículo 75, párrafos segundo y tercero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. La contestación a la audiencia conferida en esta resolución deberá ser presentada una única vez, utilizando solo uno de los siguientes medios: documentación física presentada directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico ...01, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En cualquiera de los casos, la contestación y demás documentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual van dirigidos. La contestación que se rindan por medios electrónicos, deberá consignar la firma de la persona responsable que lo suscribe, ya sea digitalizando el documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Notifíquese.

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