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Res. 92243-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 08/12/2022

Reduction of the Tivives Protective ZoneReducción de la Zona Protectora de Tivives

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OutcomeResultado

Action admittedAcción admitida

The Constitutional Chamber admitted the action of unconstitutionality against Decree 42404-MINAE for possible violation of the legal reserve, lack of technical studies and compensation, and ordered the proceedings with a hearing for the parties.La Sala Constitucional admitió la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 42404-MINAE por posible violación de la reserva de ley, falta de estudios técnicos y compensación, y ordenó sustanciar el proceso con audiencia a las partes.

SummaryResumen

The Attorney General's Office filed a constitutional challenge against Executive Decree No. 42404-MINAE, which reduced the Tivives Protective Zone by approximately 81.9 hectares. The Constitutional Chamber admitted the action for processing, finding it meets legal requirements and that the plaintiff has standing under Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law. The Chamber notes that reducing a protected wild area requires a formal law, technical studies, and compensation per settled case law, and the challenged decree may violate Articles 11, 50, and 121(14) of the Constitution, the principle of legal reserve, and effective environmental protection. Publication of notices is ordered and a hearing is granted to the respondent authorities.La Procuraduría General de la República interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 42404-MINAE, que redujo el área de la Zona Protectora de Tivives en aproximadamente 81.9 hectáreas. La Sala Constitucional admitió la acción para su trámite, considerando que la impugnación reúne los requisitos legales y que la legitimación de la accionante deriva del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Sala señala que la reducción de un área silvestre protegida requiere ley formal, estudios técnicos y compensación, según reiterada jurisprudencia, y que el decreto impugnado podría vulnerar los artículos 11, 50 y 121 inciso 14 de la Constitución, el principio de reserva de ley y la tutela efectiva del ambiente. Se ordena la publicación de avisos y se confiere audiencia a las autoridades recurridas.

Key excerptExtracto clave

The action of unconstitutionality filed by (Name 001), identity card No. (Value 001), in their capacity as DEPUTY ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC, is admitted, seeking to declare unconstitutional Executive Decree No. 42404-MINAE of April 6, 2020, entitled "Rectification of boundaries of the Tivives protective zone and the management plan of the Tivives protective zone", published in Supplement No. 161 to Gazette No. 157 of June 30, 2020, on the grounds that it is contrary to Articles 11, 50 and 121(14) of the Political Constitution and the constitutional principles of legal reserve, compensation, progressivity or non-regression, objectification of environmental protection or linkage to science and technology, and effective protection of the environment by the State. A hearing is granted for fifteen days to the Minister of the Presidency and the Minister of Environment and Energy. The norm is challenged to the extent that Decree No. 42404-MINAE contravenes the text of Article 38 of the Organic Environmental Law, No. 7554 of October 4, 1995, and Articles 13 and 15 of the Forestry Law, No. 7575 of February 5, 1996; however, these are not merely violations of legal norms, but also of constitutional Articles 11, 50 and 121(14), this Chamber's case law and principles.Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por (Nombre 001), cédula de identidad n.° (Valor 001), en su condición de PROCURADORA GENERAL ADJUNTA DE LA REPÚBLICA, para que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo n.° 42404-MINAE del 6 de abril de 2020, denominado "Rectificación de linderos de la zona protectora Tivives y del plan de manejo de la zona protectora Tivives", publicado en el Alcance n.° 161 a la Gaceta n.° 157 del 30 de junio de 2020, por estimarlo contrario a los artículos 11, 50 y 121 inciso 14) de la Constitución Política y los principios constitucionales de reserva legal, compensación, progresividad o no regresión, objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica y tutela efectiva del ambiente a cargo del Estado. Se confiere audiencia por quince días a la ministra de la Presidencia y el ministro de Ambiente y Energía.  La norma se impugna en cuanto el Decreto n.° 42404-MINAE contraría el texto del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, n.° 7554 del 4 de octubre de 1995 y de los numerales 13 y 15 de la Ley Forestal, n.° 7575 del 5 de febrero de 1996; sin embargo, no se trata solamente de infracciones de normas legales, sino también de los artículos 11, 50 y 121 inciso 14) constitucionales, la jurisprudencia y principios de esa sede.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por (Nombre 001) (...) para que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo n.° 42404-MINAE (...) por estimarlo contrario a los artículos 11, 50 y 121 inciso 14) de la Constitución Política y los principios constitucionales de reserva legal, compensación, progresividad o no regresión, objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica y tutela efectiva del ambiente a cargo del Estado."

    "The action of unconstitutionality filed by (Name 001) (...) is admitted to declare unconstitutional Executive Decree No. 42404-MINAE (...) on the grounds that it is contrary to Articles 11, 50 and 121(14) of the Political Constitution and the constitutional principles of legal reserve, compensation, progressivity or non-regression, objectification of environmental protection or linkage to science and technology, and effective protection of the environment by the State."

    Admisión de la acción

  • "Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por (Nombre 001) (...) para que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo n.° 42404-MINAE (...) por estimarlo contrario a los artículos 11, 50 y 121 inciso 14) de la Constitución Política y los principios constitucionales de reserva legal, compensación, progresividad o no regresión, objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica y tutela efectiva del ambiente a cargo del Estado."

    Admisión de la acción

  • "Siguiendo la jurisprudencia constitucional, cuando la infracción de un decreto a textos de ley afecta a la vez derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente adecuado, el vicio trasciende a la esfera constitucional y adquiere esa connotación."

    "Following constitutional case law, when a decree's violation of statutory provisions also affects fundamental rights, such as the right to an adequate environment, the defect transcends into the constitutional sphere and acquires that connotation."

    Considerandos

  • "Siguiendo la jurisprudencia constitucional, cuando la infracción de un decreto a textos de ley afecta a la vez derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente adecuado, el vicio trasciende a la esfera constitucional y adquiere esa connotación."

    Considerandos

  • "Para la reducción de un área silvestre protegida, deben cumplirse tres requisitos esenciales: norma legal, estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida y compensación del área suprimida con otra de igual tamaño."

    "For the reduction of a protected wild area, three essential requirements must be met: a legal norm, sufficient technical studies justifying the measure, and compensation of the suppressed area with another of equal size."

    Resumen de jurisprudencia

  • "Para la reducción de un área silvestre protegida, deben cumplirse tres requisitos esenciales: norma legal, estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida y compensación del área suprimida con otra de igual tamaño."

    Resumen de jurisprudencia

  • "El artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente es una norma protectora, establece una garantía a favor de las áreas silvestres protegidas y del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido en el artículo 50 constitucional."

    "Article 38 of the Organic Environmental Law is a protective norm; it establishes a guarantee in favor of protected wild areas and the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized in Article 50 of the Constitution."

    Fundamento del requisito técnico

  • "El artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente es una norma protectora, establece una garantía a favor de las áreas silvestres protegidas y del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido en el artículo 50 constitucional."

    Fundamento del requisito técnico

Full documentDocumento completo

**EXPEDIENTE:** **PROCESO:** ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD **ACCIONANTE:** (Name 001) CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at seven thirty-five on the eighth of December, two thousand twenty-two.

The action of unconstitutionality filed by (Name 001), identity card number (Value 001), in her capacity as DEPUTY ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC, is admitted for processing, so that Executive Decree No. 42404-MINAE of April 6, 2020, entitled "Rectification of boundaries of the Tivives protective zone and the management plan of the Tivives protective zone", published in Supplement No. 161 to La Gaceta No. 157 of June 30, 2020, be declared unconstitutional, on the grounds that it is contrary to Articles 11, 50, and 121(14) of the Political Constitution and the constitutional principles of legal reserve, compensation, progressivity or non-regression, objectivization of environmental protection or linkage to science and technology, and effective protection of the environment by the State. The Minister of the Presidency and the Minister of Environment and Energy are granted a fifteen-day hearing. The rule is challenged insofar as Decree No. 42404-MINAE contradicts the text of Article 38 of the Organic Environmental Law, No. 7554 of October 4, 1995, and numerals 13 and 15 of the Forestry Law, No. 7575 of February 5, 1996; however, these are not merely violations of legal norms, but also of Articles 11, 50, and 121(14) of the Constitution, the jurisprudence and principles of this venue. Following constitutional jurisprudence, when a decree’s violation of legal texts simultaneously affects fundamental rights, such as the right to an adequate environment, the defect transcends to the constitutional sphere and acquires that connotation (Constitutional Chamber, judgments numbers 459-1991, 4702-1993, 2074-2001, and 12716-2012, among others). She alleges that this is the case for Decree No. 42404-MINAE. She points out that there is a solid jurisprudential line to the effect that, for the reduction of a protected wilderness area (área silvestre protegida), three essential requirements must be met: a legal norm, sufficient technical studies justifying the measure, and compensation for the suppressed area with another of equal size (Constitutional Chamber, votes numbers 7294-1998, 3480-2003, 5975-2006, 2063-2007, 2410-2007, 1056-2009, 13099-2010, 14772-2010, 13367-2012, 10158-2013, 12887-2014, 2375-2017, 673-2019, 12745-2019, 16793-2019, and 17783-2021, among others). Requirements that were not met in the reduction ordered by Executive Decree No. 42404-MINAE, which allows the assertion that said reduction directly harms the right to a healthy and ecologically balanced environment. The Legislative Assembly is co-holder, along with the Executive Power, of the competence to create protected wilderness areas; however, it is the "exclusive holder of the power to reduce their surface area" (constitutional vote No. 7294-1998). The principle of legal reserve for reducing the surface area of a protected wilderness area, enshrined in Article 38 of the Organic Environmental Law, has been widely supported by constitutional jurisprudence (citing votes numbers 2410-2007, 1056-2009, and 14772-2010). Furthermore, the legal reserve for the reduction of a protected wilderness area derives from Article 121(14) of the Magna Carta, as developed by the jurisprudence of this Court (citing votes numbers 3480-2003 and 11346-2006). Decree No. 42404-MINAE, according to the text of its Articles 1 and 2, "rectifies the boundary, use, and public domain" of the Tivives Protective Zone, eliminating from that protected wilderness area lands comprised in plans 6-1823326-2015 (Article 1) and 6-1824697-2015 (Article 2). According to the attached official communication SINAC-SE-IRT-151-2020, the excluded area is approximately 81.9 hectares, with an evident breach of Article 121(14) of the Constitution and the principle of legal reserve enshrined in Article 38 of the Organic Environmental Law, a corollary of the principle of legality (Article 11 of the Constitution), since a requirement considered by the jurisprudence of this venue as a constitutional requirement for the reduction of protected wilderness areas is missing. Plan 6-1823326-2015 (Article 1 of Decree No. 42404-MINAE), according to its title block, has the purpose of reuniting the properties of the Puntarenas District numbers 8693, 40727, 43787, 43635, 45308, and 42463, and according to its notes, the lands are "FOR THE PORT DEVELOPMENT OF PUERTO CALDERA IN ACCORDANCE WITH LAW 7915, OF OCTOBER 15, 1999". Plan 6-1824697-2015 (Article 2 of Decree No. 42404-MINAE), describes, according to its notes: "LANDS ACQUIRED FOR THE EXPLOITATION OF A QUARRY FOR THE CONSTRUCTION OF PUERTO CALDERA THROUGH EXPROPRIATION PROCEEDINGS 2943-76 AND 2944-76 OF THE FIRST ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT. In this regard, the recitals of Decree No. 42404-MINAE indicate: «6. That Article 157 of the General Law of Public Administration, Law No. 6227, establishes that: \"The Administration may at any time rectify material or factual errors and arithmetic errors.\", therefore, this being a rectification of boundaries and directions of properties that, due to a material error, were included within the Tivives Protective Zone, when by Law these were destined to be part of a reserved port zone.» (…) 30. That based on official communication SINAC-DE-787, of June 1, 2018, issued by the Executive Director of SINAC, Mr. Mario Coto, where it is stated that: \"... the Conservation Areas attest that there is no file indicating that the requirements demanded by the laws and regulations in force at the time of its creation were met, and that the information probably existed in the Forestry Directorate. Due to the foregoing, we are permitted to indicate that SINAC currently does not have any physical file corresponding to the creation of the protective zones based on laws 4465, 7174, and 7575.\". With which the obligation remains on the part of the Administration to verify the precision with which the boundaries of the properties were initially measured, to be subjected to the regime of the Tivives Protective Zone, the Administration determining that this was erroneously done based on the technical studies carried out. 31. That the properties all of the province of Puntarenas with real property registration numbers 6-008693-000, 6-040727-000, 6-043787-000, 6-043635-000, 6-045308-000, and 6-042463-000, were duly expropriated and fully paid for by the State through the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) and are duly registered in favor of the Costa Rican State as part of the loans approved by Law No. 5582 of October 11, 1974, Law No. 6309 of January 4, 1979, and Law No. 7915 of September 21, 1999. 32. That similarly, the properties in the name of Mr. José Antonio Chávez García were duly expropriated and paid for, under administrative file No. 18,968 of the Maritime and Port Division, Infrastructure Directorate of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), which was published in the Official Gazette La Gaceta No. 33 of February 18, 1976, for a total area of 190,032.06 m2. 33. That similarly, the properties in the name of Mr. Víctor Antonio Chávez Solera were duly expropriated and paid for, under administrative file No. 18,966 of the Maritime and Port Division, Infrastructure Directorate of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), which was published in the Official Gazette La Gaceta No. 70 of April 10, 1976, for a total area of 82,614.23 m2.” (The underlining is by the claimant). She indicates that, however, as evidenced by the underlined text of recital 30 transcribed above, the inclusion of approximately 81.9 hectares corresponding to these lands, in the demarcation of the Tivives Protective Zone, carried out by Decree No. 17023-MAG of May 6, 1986, is not a material, factual, or arithmetic error: "In accordance with the doctrine, a factual, material, or arithmetic error is one that can be easily detected... It is characterized by being ostensible, manifest, and indisputable. That is, it is evident by itself, without the need for further reasoning and is manifested by its mere contemplation." (First Chamber of the Supreme Court of Justice, vote No. 927-2018 at 11:25 a.m. on October 25, 2018). On the other hand, the recitals of the questioned Decree refer to an aspect of normative hierarchy, by way of justification: “2. That Article 6 of the General Law of Public Administration, Law No. 6227, establishes the hierarchy of the sources of the legal system, stating that laws possess a higher hierarchy than decrees issued by the Executive Power. (…) 34. That since the Port Reserve Zone was created by norms with the rank of law, therefore, with a higher rank than Decree No. 17023 … and considering that the lands that were reserved for a specific purpose by Law, which is to allocate them for port activity, an activity incompatible with the purposes for which the Tivives Protective Zone was created, we therefore proceed to rectify the boundaries of the same, in which properties destined and reserved by specific law for port development were included.” She explains that Law No. 5582 of October 11, 1974, approved the loan contract signed between the Export-Import Bank of Japan and the Costa Rican Government, intended to build the port of Caldera, and in its Article 2, delimited a geographical area calling it a "Reserved Port Zone" (Zona Portuaria Reservada), declaring the expropriation of privately owned properties located there for the construction of the Caldera port infrastructure to be of public utility and interest. That port reserve zone was expanded by Article 8 of Law No. 6309 of October 4, 1979, and later reduced by Article 1 of Law No. 7915 of September 21, 1999, laws that introduced reforms to Law No. 5582. The currently valid limits are those established by this last law. She points out that legislative file No. 12017, in which the bill that gave rise to Law No. 7915 was discussed, shows that the lands needed for the development of the Puerto Caldera were fewer than those that had been reserved at that time through laws numbers 5582 and 6309, since only those on which the port was installed and another smaller area for its eventual development were necessary. For that reason, it was decided to significantly reduce the reserve zone, leaving sufficient land for eventual port growth, considering the infrastructure development plans and stages that were reported by the Ministry of Public Works and Transport (folios 3-4, 20-25, and 53-57 of legislative file No. 12017). Notwithstanding said reduction of the Port, plans 6-1823326-2015 and 6-1824697-2015, which refer to the Tivives protection area, are located within the "reserved port zone" delimited by Law No. 7915 of September 21, 1999, by 34% and 70% respectively, according to official communications DIG-TOT-0455-2020 and DIG-TOT-0519-2020. That is, 66% of plan 6-1823326-2015 and 30% of plan 6-1824697-2015 are outside the zone reserved for port purposes by Law No. 7915, so the exclusion intended by the decree cannot be considered supported by that legal norm. Moreover, regarding what is set forth in recitals 2 and 34 transcribed above, she highlights the constitutional jurisprudence that supports the declaration of the Tivives Protective Zone, based on numeral 50 of the Magna Carta: «… even when Decree No. 17023-MAG was partially based on the text of Law No. 4465, Forestry Law of November 25, 1969, a regulation of legal rank in force that at the time supported the creation of the Tivives Protective Zone, the repeal of said ordinance does not imply the automatic repeal of the referenced decree. It should not be forgotten that, ultimately, both Law No. 4465 -now repealed- and Decree No. 17023-MAG are nothing more than the development of the content of Article 50 of the Constitution, so that, even when the immediate regulation that gave basis to the decree has been substituted by another, it subsists both because it was promulgated under the protection of the regulation in force at the time, and because its ultimate basis lies in the cited constitutional article... Likewise, the figure called \"protective zone\" is recognized in other texts of the legal system, which serve as a sufficient regulatory framework for Decree No. 17023-MAG, despite the repeal of Law No. 4465, Forestry Law of November 25, 1969, or the declaration of unconstitutionality of numeral 71 of Law No. 7575, Forestry Law of February 13, 1996. Among the provisions referred to is numeral 32 of Law No. 7554, Organic Environmental Law of October 4, 1995, transcribed in Recital IV. There are also norms contained in international conventions that regulate the type of conservation zones to which reference is made, among them the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat \"Ramsar Convention\", signed on February 2, 1971, approved by the Legislative Assembly through Law No. 7224 of April 2, 1991, and the Convention for the Protection of Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the Countries of the Americas, approved through Law No. 3763 of October 19, 1976.» (Vote No. 7294-1998). What was expressed in said judgment regarding the constitutional basis of executive decrees that establish protected wilderness areas has been reiterated in other pronouncements, according to which their establishment by means of a decree cannot give rise to a breach of the principle of normative hierarchy, in relation to norms of legal rank, since the legal regime of said areas is not established by the decree, but by norms that also have legal rank, but which, in addition, develop the constitutional principle of environmental protection that the Constitution sets forth in its Article 50 (citing vote No. 8928-2004). That constitutional basis prevails over the Law establishing the Caldera port zone and, on the contrary, supports the creation and extension of the Tivives Protective Zone. The Constitutional Chamber has reiterated the importance of protective zones in the realization of the constitutional right to an ecologically balanced environment, due to their purposes of regulating the hydrological regime and protecting the soil and watersheds (Article 83 of Forestry Law No. 4465 of November 25, 1969, and numeral 70 of the Regulation to the Biodiversity Law, Executive Decree No. 34433 of March 11, 2008). (Citing votes numbers 2988-1999, 5975-2006, 2063-2007, and 17397-2019). Specifically, and as relevant to this action, the Tivives Protective Zone was declared to conserve a forest of 532.50 hectares, considered the last representative remnant of the tropical dry forest existing in the Central Pacific region; to protect the drainage network and maintain the flows and water quality of the Jesús María River, the Cambalache Stream, the Corralillo Stream, various springs (nacientes) and springs used by the inhabitants of the region, and two wells “used by the Caldera Project and INCOP”; to safeguard hills with slopes greater than 45% from erosion and to prevent the extinction of flora and fauna species (recitals two through five of Decree No. 17023). Note that its relationship with Article 50 of the Constitution is even closer with its current wording, which includes the human right of access to potable water. There is another precedent of the Chamber that is relevant, both due to the similarity of the violation (reduction of the surface area of a protected wilderness area, by means of a "rectification" of limits via decree), and due to the discussion regarding the issue of the normative hierarchy of the decree creating a protected wilderness area in relation to laws that assign the territory a different purpose than conservation, following the same rule according to which it is possible to establish protected wilderness areas that include lands affected by law to a different purpose, destination, and public use than that which the legal regime of the protected wilderness area entails (citing vote No. 13099-2010). Furthermore, the reduction of the surface area of the Tivives Protective Zone implies, in this case, the transfer of State lands to the Costa Rican Institute of Pacific Ports (INCOP), for purposes far removed from environmental protection (Articles 3 and 4 and Transitory Provisions I and II of the questioned Decree). Recital 28 reads as follows: “28. That based on the technical studies presented by the Costa Rican Institute of Pacific Ports (INCOP), based on the crown cover per hectare for each evaluated sector, it was determined that the general average is 39.73%, in addition, no sector exceeded the minimum of 70%, which establishes the definition of forest in Forestry Law 7575. Additionally, with the field verification, it was determined with data from the sampling plots carried out in the area of the boundaries to be rectified, that the same is free of forest, considering for the classification of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) only the areas FSL (Forest Suitability Lands), which represent 24.49% (17.62 ha) of the evaluated area and the remaining 75.51% (54.32 ha) are classified as non-forest.” This demonstrates a breach of Article 15 of the Forestry Law, because the competent entity to qualify or classify lands before their disposal or transfer from the State to INCOP and to determine if forest exists is MINAE-SINAC, and not INCOP itself (see the text of the cited Article 15 and official communications SINAC-SE-IRT-061-2020 and SINAC-SE-IRT-151-2020). The foregoing cannot simply be seen as a problem of legal competence. On the contrary, it acquires constitutional relevance because it casts doubt on the technical basis for the reduction, required by Article 38 of the Organic Environmental Law and the constitutional principle of objectivization of environmental protection or linkage to science and technology: «Article 38 of the Organic Environmental Law is a protective norm; it establishes a guarantee in favor of protected wilderness areas and the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized in Article 50 of the Constitution. From the norm, it is inferred, first, that the technical study indicated in the norm is an unavoidable and essential requirement for the approval of the legislative measure reducing the protected area, which follows from the phrase "may only" and "after", the breach of which entails the declaration of invalidity of the measure. Second, it is a technical study -that is, in accordance with the sciences and techniques that have the environment and ecosystems as their object of study- in order to determine the impact of the legislative measure on them. Third, the study must be specific and cover the reduction area and its context, in order to evaluate the impact and issue recommendations to avoid risks, prevent negative or adverse effects, or else propose the corresponding mitigation, conservation, or repair measures. Fourth, the purpose of the study is to scientifically justify the measure. Finally, the study must conform to the substantive requirements of Article 50 of the Constitution and must demonstrate how the measure being taken continues to satisfy the right to a healthy and ecologically balanced environment within the framework of sustainable development policy… Within the framework of the Constitution, the legislator has the power and competence to reduce the physical dimensions of environmentally protected areas. However, based on Article 50 of the Constitution, legislative decisions in this matter must respect the univocal rules of science and technology, in order to guarantee a "healthy" and "ecologically balanced" environment and the "greater well-being of all inhabitants". The technical study required by Article 38 of the Organic Environmental Law must respond to these purposes, for which purpose a formal compliance is not sufficient because it is a material requirement, which means it must materially demonstrate, through a technical and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, propose recommendations aimed at reducing the negative impact on it, and demonstrate how such a measure implies a development that satisfies the needs of the present without endangering the ability of future generations to meet their own needs.» (Vote No. 13367-2012). “… this Chamber has established a solid doctrine that points to the need for technical studies that justify the decision to declassify a zone that was previously declared a protected zone (votes numbers 7294-1998, 1999-02988, and 2008-008075, among others).” (Vote No. 17783-2021). In relation to what was set forth in vote No. 17783-2021 just transcribed, regarding declassification (desafectación), the claimant indicates that numerals 1 and 2 of Decree No. 42404-MINAE state they rectify the "use and public domain of the area subject to the State Natural Heritage (PNE) regime, created by Executive Decree No. 17023-MAG Tivives Protective Zone", and that numeral 4 of Decree No. 42404-MINAE foresees the signing of a cooperation agreement between SINAC and INCOP for the care and protection of forest suitability lands, thereby contradicting Article 13 of the Forestry Law, since its administration by MINAE-SINAC is by legal mandate: "In summary, it is clear that the legal regime created by Articles 13 and 14 of the Forestry Law has a protective purpose, for, according to the text of said norm, its objective is to give demanial protection to State-owned lands with forest or forest lands, which would be under the administration of the Ministry of Environment and Energy. That heritage is classified by Article 14 of the Forestry Law as a public domain asset, which according to Articles 13 of the Forestry Law and 22 of the Biodiversity Law, must be administered by the National System of Conservation Areas. Thus, competence in this matter is held by the Ministry of Environment and Energy, through the National System of Conservation Areas, a competence that is exclusive, this being a matter of national interest.” (Constitutional vote No. 17397-2019). When the declaration of the Tivives Protective Zone was made, the "forest" classification of the lands is presumed, resulting in an automatic transfer to the State Natural Heritage (formerly Forest Heritage) and, therefore, that transfer has consequences regarding competencies, particularly of SINAC. She points out that this Chamber so understood it in vote No. 1763-94 at 4:45 p.m. on April 13, 1994, Recital IV. Moreover, official communications SINAC-SE-IRT-061-2020 and SINAC-SE-IRT-151-2020, state: “When analyzing the forest cover (cobertura forestal) according to the 2013 forest inventory, in the two plans that were excluded from the limit of the Protective Zone, plan 6-1823326-2015 has 95% forest cover and cadastral plan 6-1824697-2015 has 66%”. (Without prejudice to field verification). These percentages contrast with those determined by INCOP, according to recital 28 of Decree No. 42404-MINAE: 24.49% forest suitability in the total evaluated area, generating doubts about its technical basis. Everything stated in this section evidences the breach of the constitutional principle of effective protection of the environment by the State and of constitutional numeral 50 that enshrines it (citing votes numbers 7294-1998, 1056-2009, 13367-2012, and 16793-2019). She alleges that these jurisprudential citations demonstrate the importance of conducting technical studies in the adoption of decisions related to the reduction of a protected area and the impact that their absence can have on the lack of environmental protection. The State has the obligation to guarantee, defend, and protect the right to a healthy environment (principle of environmental protection by the State), as developed by the Chamber (citing votes numbers 644-99, 9193-2000, 13426-2008, 494-2009, 9604-2009, 9966-2010, 4480-94, 1220-2002, and 15777-2010, among others). The duty to protect and preserve the integrity of the environment includes protected wilderness areas, environmental assets that the Public Powers must protect in their physical and legal integrity. Endangering the integrity of these zones violates Article 50 of the Political Constitution, by placing the environment at imminent risk of deterioration. Likewise, she alleges that another constitutional principle developed around Article 38 of the Organic Environmental Law, and breached by Decree No. 42404-MINAE, is that of compensation: «3. Compensation Measures: A protected area can only be reduced if it is done by law, if there are technical and scientific studies that rule out environmental damage, and if compensation of the suppressed area with another of equal size is provided. There is no doubt that all those norms in which there is a reduction of protected areas without the support of technical studies or any compensation, are unconstitutional” (votes Nos. 12887-2014, 2773-2014, and 2009-1056)». (Vote No. 673-2019). She also cites votes numbers 13836-2020 and 17783-2021. She charges that this compensation is not proposed by Decree No. 42404-MINAE. Indeed, the extension of the protected zone is reduced, but no compensatory environmental compensation (compensación) is established. That principle goes hand in hand with the principle of progressivity, in guarantee of Article 50 of the Constitution: "The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved until then." (Vote No. 13367-2012). In this case, by omitting to compensate the suppressed area with another of equal size and ecological value according to the purposes of creating the Tivives Protective Zone, there is a regression in the protection of the right, achieved with the decree creating that protected wilderness area, and a violation of the principle of progressivity.

Consequently, it requests that this action of unconstitutionality be granted, and that the challenged decree be declared unconstitutional, for being contrary to the legal and physical integrity of the Tivives Protective Zone and for disregarding the principle of legal reserve and the constitutional obligation of the State to protect, preserve, and conserve that asset, for the benefit of present and future generations, in breach of Articles 11, 50, and 121(14) of the Constitution. This action is admitted because it meets the requirements referred to in the Law of Constitutional Jurisdiction in its Articles 73 to 79. The petitioner's standing derives from Article 75, second and third paragraphs, of the Law of Constitutional Jurisdiction. Publish a notice three consecutive times in the Judicial Bulletin regarding the filing of the action, so that in proceedings or procedures in which the application of the challenged matter is discussed, no final ruling shall be issued while the Chamber has not rendered its decision in the case. This notice only affects pending judicial proceedings in which the application of the impugned matter is discussed, and it is warned that the only thing that may not be done in said proceedings is to issue a judgment or the act in which the challenged matter is to be applied in the sense in which it has been. Likewise, the only thing the action suspends in administrative proceedings is the issuance of the final resolution in procedures intended to exhaust that avenue, which are those initiated with and from the appeal or motion for reversal filed against the final act, except, of course, when it concerns norms that must be applied during the processing, in which case the suspension operates immediately. Within fifteen days following the first publication of said notice, those who are parties in matters pending as of the date of filing this action, in which the application of the impugned matter is discussed, or those with a legitimate interest, may appear in order to assist regarding its appropriateness or inappropriateness, or to expand, as the case may be, the grounds for unconstitutionality in relation to the matter that concerns them. It is further made known that, in accordance with Articles 81 and 82 of the Law of Constitutional Jurisdiction and as the Chamber has repeatedly resolved (resolutions 0536-91, 0537-91, 0554-91, and 0881-91), this publication does not suspend the validity of the norm in general, but only its application in the cases and conditions indicated. The response to the hearing granted in this resolution must be submitted only once, using only one of the following means: physical documentation presented directly at the Secretariat of the Chamber; the fax system; electronic documentation through the Online Management System (Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA); or to the email address [email protected], which is an exclusive mailbox dedicated to receiving reports. In any case, the response and other documents must expressly indicate the case file number to which they are addressed. The response rendered by electronic means must include the signature of the responsible person who subscribes it, either by scanning the physical document containing their signature, or by means of a digital signature, in accordance with the provisions established in the Law of Certificates, Digital Signatures and Electronic Documents, No. 8454, in order to certify the authenticity of the filing. It is warned that electronically generated or scanned documents submitted through the Online Management System or the indicated email must not exceed 3 Megabytes. Notify.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Acción cursada Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 5. ACCIONES CURSADAS Tema: AMBIENTE Subtemas:

ACCIÓN VOTADA.

AMBIENTE. REDUCCIÓN DE LA ZONA PROTECTORA DE TIVIVES Sentencia: 036952-24 del 11 de diciembre del 2024 Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad Norma impugnada: Decreto Ejecutivo No. 42404-MINAE de 06 de abril de 2020. Reducción del área de la Zona Protectora de Tivives Parte dispositiva: Se declara con lugar la acción, en consecuencia, se anula el Decreto No. 42404-MINAE de 6 de abril de 2020, publicado en el Alcance No. 161 a La Gaceta No. 157 de 30 de junio de 2020 mediante el cual se hizo una reducción del área de la Zona Protectora de Tivives sin cumplir con los requisitos. En virtud de lo anterior, se ordena a la Procuraduría General de la República que proceda, dentro del plazo de doce meses contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público, lo cual se traduce en la restitución del área de la Zona Protectora de Tivives a su extensión original previa al citado decreto, sin perjuicio de la posible responsabilidad patrimonial del Estado que se derivare de esta anulación. El magistrado Cruz Castro consigna nota. El magistrado Rueda Leal emite voto particular con respecto al efecto declarativo y retroactivo de la declaración de inconstitucionalidad del decreto impugnado, en el sentido de que es jurídicamente inviable que existan derechos adquiridos "de buena fe" derivados de este. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. - CO12/24 ... Ver más  ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (Nombre 001) SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las siete horas treinta y cinco minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós.

Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por (Nombre 001), cédula de identidad n.° (Valor 001), en su condición de PROCURADORA GENERAL ADJUNTA DE LA REPÚBLICA, para que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo n.° 42404-MINAE del 6 de abril de 2020, denominado "Rectificación de linderos de la zona protectora Tivives y del plan de manejo de la zona protectora Tivives", publicado en el Alcance n.° 161 a la Gaceta n.° 157 del 30 de junio de 2020, por estimarlo contrario a los artículos 11, 50 y 121 inciso 14) de la Constitución Política y los principios constitucionales de reserva legal, compensación, progresividad o no regresión, objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica y tutela efectiva del ambiente a cargo del Estado. Se confiere audiencia por quince días a la ministra de la Presidencia y el ministro de Ambiente y Energía. La norma se impugna en cuanto el Decreto n.° 42404-MINAE contraría el texto del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, n.° 7554 del 4 de octubre de 1995 y de los numerales 13 y 15 de la Ley Forestal, n.° 7575 del 5 de febrero de 1996; sin embargo, no se trata solamente de infracciones de normas legales, sino también de los artículos 11, 50 y 121 inciso 14) constitucionales, la jurisprudencia y principios de esa sede. Siguiendo la jurisprudencia constitucional, cuando la infracción de un decreto a textos de ley afecta a la vez derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente adecuado, el vicio trasciende a la esfera constitucional y adquiere esa connotación (Sala Constitucional, sentencias números 459-1991, 4702-1993, 2074-2001 y 12716-2012, entre otras). Alega que este es el caso del Decreto n.° 42404-MINAE. Señala que hay una sólida línea jurisprudencial en el sentido de que, para la reducción de un área silvestre protegida, deben cumplirse tres requisitos esenciales: norma legal, estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida y compensación del área suprimida con otra de igual tamaño (Sala Constitucional, votos números 7294-1998, 3480-2003, 5975-2006, 2063-2007, 2410- 2007, 1056-2009, 13099-2010, 14772-2010, 13367-2012, 10158-2013, 12887-2014, 2375-2017, 673-2019, 12745-2019, 16793-2019 y 17783-2021, entre otros). Requisitos que no se cumplen en la reducción que ordena el Decreto Ejecutivo n.° 42404-MINAE, lo que permite afirmar que dicha reducción lesiona en forma directa el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Asamblea Legislativa es cotitular, junto con el Poder Ejecutivo, de la competencia para crear áreas silvestres protegidas; sin embargo, es “detentadora exclusiva de la potestad de reducir su superficie” (voto constitucional n.° 7294-1998). El principio de reserva legal para la reducción de la superficie de un área silvestre protegida, consagrado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, ha sido ampliamente respaldado por la jurisprudencia constitucional (cita los votos números 2410- 2007, 1056-2009 y 14772-2010). Además, la reserva legal para la reducción de un área silvestre protegida se deriva del artículo 121 inciso 14) de la Carta Magna, como lo desarrolla la jurisprudencia de ese Tribunal (cita los votos números 3480-2003 y 11346-2006). El Decreto n.° 42404-MINAE, según el texto de sus artículos 1 y 2, “rectifica el lindero, uso y dominio público” de la Zona Protectora Tivives, eliminando de esa área silvestre protegida terrenos comprendidos en los planos 6-1823326-2015 (artículo 1) y 6-1824697-2015 (artículo 2). Según el oficio adjunto SINAC-SE-IRT-151-2020, el área excluida es de aproximadamente 81.9 hectáreas, con evidente quebranto del artículo 121 inciso 14) constitucional y el principio de reserva de ley consagrado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, corolario del principio de legalidad (artículo 11 constitucional), ya que falta un requisito considerado por la jurisprudencia de esa sede como un requisito constitucional para la disminución de áreas silvestres protegidas. El plano 6-1823326-2015 (artículo 1 del Decreto n.° 42404-MINAE) según su cajetín, tiene como objeto la reunión de las fincas del Partido de Puntarenas números 8693, 40727, 43787, 43635, 45308 y 42463, y según sus notas los terrenos son “PARA EL DESARROLLO PORTUARIO DE PUERTO CALDERA CONFORME LEY 7915, DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999”. El plano 6-1824697-2015 (artículo 2 del Decreto n.° 42404-MINAE), describe, según sus notas: “TERRENOS ADQUIRIDOS PARA EXPLOTACIÓN DE TAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTO CALDERA MEDIANTE PROCESOS DE EXPROPIACIÓN 2943-76 Y 2944-76 DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Al respecto indican los considerandos del Decreto n.° 42404-MINAE: «6. Que el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, establece que: "En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.", por lo que tratándose de una rectificación de linderos y derroteros de inmuebles que por error material fueron incluidos dentro de la Zona Protectora Tivives, cuando por Ley estos estaban destinados a ser parte de una zona portuaria reservada.» (…) 30. Que con base en el oficio SINAC-DE-787, del 1 de junio del 2018, emitido por el Director Ejecutivo del SINAC, el señor Mario Coto, donde se señala que: "...se hace constar por parte de las Áreas de Conservación que no existe un expediente en donde se indique que se cumplieron los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos vigentes en el momento de su creación y que probablemente la información existió en la Dirección Forestal. En razón de lo anterior, nos permitimos indicar que actualmente el SINAC no cuenta con ningún expediente físico correspondiente a la creación de las zonas protectoras con fundamento en las leyes 4465, 7174 y 7575.". Con lo cual queda la obligación por parte de la Administración de verificar la precisión con que se midieron los linderos de las propiedades de manera inicial, para ser sometidos al régimen de la Zona Protectora Tivives, determinando la Administración que equivocadamente se realizó con base en los estudios técnicos realizados. 31. Que los inmuebles todos de la provincia de Puntarenas con matrícula de folio real 6-008693-000, 6-040727-000, 6-043787-000, 6-043635-000, 6- 045308- 000 y 6-042463-000, fueron debidamente expropiadas y pagadas en su totalidad por parte del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y se encuentran debidamente registradas a favor del Estado Costarricense como parte de los empréstitos aprobados por las leyes No. 5582 del 11 de octubre de 1974, Ley No. 6309 del 04 de enero de 1979 y Ley No.7915 del 21 de setiembre de 1999. 32. Que de igual manera fueron debidamente expropiados y canceladas las propiedades a nombre del señor José Antonio Chávez García, bajo el expediente administrativo No.18.968 de la División Marítima Portuaria, Dirección de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mismo que fue publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 33 del 18 de febrero de 1976, para un área total de 190.032.06 m2. 33. Que de igual manera fueron debidamente expropiados y canceladas las propiedades a nombre del señor Víctor Antonio Chávez Solera, bajo el expediente administrativo No.18.966 de la División Marítima Portuaria, Dirección de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mismo que fue publicado en el Diario oficial La Gaceta No.70 del 10 de abril de 1976, para un área total de 82.614.23m2”. (El subrayado es de la accionante). Indica que, sin embargo, como lo evidencia el texto subrayado del considerando 30 antes transcrito, la inclusión de aproximadamente 81.9 hectáreas correspondientes a estos terrenos, en la demarcación de la Zona Protectora Tivives, efectuada por el Decreto n.° 17023-MAG del 6 de mayo de 1986, no es un error material, de hecho o aritmético: “De conformidad con la doctrina, el error de hecho, material o aritmético es aquel que se puede detectar fácilmente... Se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible. Es decir, se evidencia por sí solo, sin necesidad de mayores razonamientos y se manifiesta por su sola contemplación.” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.° 927-2018 de 11 horas 25 minutos del 25 de octubre del 2018). Por otra parte, los considerandos del Decreto cuestionado hacen referencia a un aspecto de jerarquía normativa, a modo de justificación: “2. Que el artículo 6º de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, establece la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico señalando que las leyes poseen una jerarquía superior a los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo. (…) 34. Que al haber sido creada la Zona de Reserva Portuaria por normas con rango de ley, por lo tanto, con rango superior al Decreto No.17023 … y tomando en cuenta que las tierras que fueron reservadas con un fin específico por Ley, el cual es el destinarlas para la actividad portuaria, con lo cual, poseen una actividad incompatible de desarrollar con los fines para los cuales fue creada la Zona Protectora Tivives, por lo tanto se procede a rectificar los linderos de la misma, en los cuales fueron incluidas propiedades destinadas y reservadas por ley específica para el desarrollo portuario.” Explica que la ley n.° 5582 del 11 de octubre de 1974, aprobó el contrato de préstamo suscrito entre el Banco de Exportación e Importación de Japón y el Gobierno costarricense, destinado a construir el puerto de Caldera, y en su artículo 2 delimitó un área geográfica denominándola “Zona Portuaria Reservada”, declarando de utilidad e interés público la expropiación de inmuebles de propiedad privada allí localizados, para la construcción de la infraestructura portuaria de Caldera. Esa zona de reserva portuaria fue ampliada por el artículo 8 de la ley n.° 6309 del 4 de octubre de 1979, para luego ser reducida por el artículo 1 de la ley n.° 7915 del 21 de setiembre de 1999, leyes que introdujeron reformas a la ley n.° 5582. Los límites actualmente vigentes son los que establece esta última ley. Señala que consta en el expediente legislativo n.° 12017, en el que se discutió el proyecto que dio origen a la ley n.° 7915, que los terrenos necesarios para el desarrollo del puerto de Caldera eran menores a los que en ese momento se habían reservado mediante las leyes números 5582 y 6309, ya que únicamente eran necesarios aquellos en los que estaba instalado el puerto y otra área más pequeña para su eventual desarrollo. Por esa razón, se decidió disminuir significativamente la zona de reserva, dejando suficiente terreno para un eventual crecimiento del puerto, considerando los planes y etapas de desarrollo de infraestructura que fueron informados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folios 3-4, 20-25 y 53-57 del expediente legislativo n.° 12017). No obstante, dicha reducción del Puerto, los planos 6-1823326-2015 y 6- 1824697-2015, que refieren al área de protección Tivives, se encuentran en la “zona portuaria reservada” delimitada por la ley n.° 7915 del 21 de setiembre de 1999, en un 34% y un 70% respectivamente, según los oficios DIG-TOT-0455-2020 y DIG-TOT-0519-2020. Es decir, que el 66% del plano 6-1823326-2015 y el 30% del plano 6-1824697-2015 están fuera de la zona reservada para fines portuarios por la ley n.° 7915, por lo que la exclusión que se pretende con el decreto no puede considerarse sustentada en esa norma legal. Además, respecto de lo planteado en los considerandos 2 y 34 antes transcritos, destaca la jurisprudencia constitucional que respalda, con fundamento en el numeral 50 de la Carta Magna, la declaratoria de la Zona Protectora Tivives: «… aún cuando el Decreto No. 17023-MAG se fundamente parcialmente en el texto de la Ley No. 4465, Ley Forestal del 25 de noviembre de 1969, normativa de rango legal vigente que en su momento amparó la creación de la Zona Protectora Tivives, la derogatoria de dicho ordenamiento no implica la derogatoria automática del referido decreto. No debe olvidarse que, en última instancia, tanto la Ley No.4465 -hoy derogada- como el Decreto No. 17023-MAG no son sino desarrollo del contenido del artículo 50 constitucional, de modo que, aún cuando la normativa inmediata que dio fundamento al decreto haya sido sustituida por otra, éste subsiste tanto por haber sido promulgado al amparo de la normativa vigente en su momento, como por tener su último fundamento en el citado artículo constitucional... Asimismo, la figura denominada "zona protectora" se encuentra reconocida en otros textos del ordenamiento, que sirven de marco normativo suficiente al Decreto No. 17023-MAG, pese a la derogatoria de la Ley No. 4465, Ley Forestal del 25 de noviembre de 1969, o a la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 71 de la Ley No. 7575, Ley Forestal del 13 de febrero de 1996. Dentro de las disposiciones a que se hace referencia está el numeral 32 de la Ley No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente del 4 de octubre de 1995, transcrito en el Considerando IV. Existen también normas contenidas en convenios internacionales que regulan el tipo de zonas de conservación a las que se hace referencia, entre ellas la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Habitat de Aves Acuáticas "Convención de Ramsar", suscrita el 2 de febrero de 1971, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 7224 del 2 de abril de 1991, y la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, aprobada mediante Ley No. 3763 del 19 de octubre de 1976.» (Voto n.° 7294-1998). Lo expresado por dicha sentencia en orden al fundamento constitucional de los decretos ejecutivos que consagran áreas silvestres protegidas, ha sido reiterado en otros pronunciamientos, según los cuales su establecimiento por medio de decreto no puede dar lugar al quebranto del principio de jerarquía normativa, en relación con normas de rango legal, pues el régimen jurídico de dichas áreas no lo establece el decreto, sino normas que también tienen rango legal, pero que, además, desarrollan el principio constitucional de tutela del ambiente que la Constitución señala en su artículo 50 (cita el voto n.° 8928-2004). Ese fundamento constitucional se impone por sobre la Ley que establece la zona portuaria de Caldera y ampara, por el contrario, la creación y extensión de la Zona Protectora de Tivives. La Sala Constitucional ha reiterado la importancia de las zonas protectoras en la materialización del derecho constitucional al medio ambiente ecológicamente equilibrado, por sus fines de regulación del régimen hidrológico, y de la protección del suelo y de las cuencas hidrográficas (artículo 83 de la Ley Forestal n.° 4465 del 25 de noviembre de 1969 y numeral 70 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo n.° 34433 del 11 de marzo del 2008).(Cita votos números 2988- 1999, 5975-2006, 2063-2007 y 17397-2019). En concreto, y en lo que interesa para esta acción, la Zona Protectora Tivives se declaró para conservar un bosque de 532,50 hectáreas, considerado como el último reducto representativo del bosque seco tropical existente en la región Pacífico Central; proteger la red de drenaje y mantenimiento de los flujos y calidad de agua del río Jesús María, de la quebrada Cambalache, de la quebrada Corralillo, de varias nacientes y manantiales utilizados por los habitantes de la región, y de dos pozos “que utilizan el Proyecto de Caldera y el INCOP”; resguardar de la erosión los cerros con pendientes mayores al 45% y evitar la extinción de especies de flora y fauna (considerandos del segundo al quinto del Decreto n.°17023). Nótese que su relación con el artículo 50 constitucional es aún más estrecha con su redacción actual, que incluye el derecho humano de acceso al agua potable. Existe otro precedente de la Sala que resulta atinente, tanto por la similitud de la infracción (disminución de la superficie de un área silvestre protegida, mediante una “rectificación” de límites vía decreto), como por la discusión en torno al tema de la jerarquía normativa del decreto creador de un área silvestre protegida en relación con leyes que confieran al territorio un destino diferente al de conservación, siguiendo la misma regla según la cual es posible establecer áreas silvestres protegidas, que incluyan terrenos afectados por ley, a un fin, un destino y un uso público distinto al que el régimen jurídico del área silvestre protegida supone (cita el voto n.°13099-2010). Por otra parte, la reducción de la superficie de la Zona Protectora Tivives implica, en este caso, el traspaso de los terrenos del Estado al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, para fines alejados de la protección ambiental (artículos 3 y 4 y transitorios I y II del Decreto cuestionado). El Considerando 28 se lee así: “28. Que con base en los estudios técnicos presentados por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), con base en la cobertura de copa por hectárea para cada sector evaluado, se determinó que el promedio general es de 39.73%, además ningún sector superó el mínimo de 70%, que establece la definición de bosque de la Ley Forestal 7575. Adicionalmente, con la verificación en campo, se determinó con los datos de las parcelas de muestreo realizadas en el área de los linderos a rectificar, que la misma se encuentra libre de bosque, considerando para la clasificación del Patrimonio Natural del Estado únicamente las áreas TAF (Terrenos de Aptitud Forestal), las cuales representan 24.49% (17.62ha) del área evaluada y el restante 75.51% (54.32ha) se clasifican como no bosque.” Con ello se evidencia quebranto del artículo 15 de la Ley Forestal, porque el competente para calificar o clasificar los terrenos antes de su enajenación o entrega del Estado al INCOP y determinar si existe bosque, es el MINAE-SINAC, y no el propio INCOP (véase texto del citado artículo 15 y oficios SINAC-SE-IRT-061-2020 y SINACSE-IRT-151-2020). Lo anterior no puede verse simplemente como un problema de competencia legal. Por el contrario, adquiere relevancia constitucional porque pone en duda el sustento técnico de la reducción, requerido por el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y el principio constitucional de objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica: «El artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente es una norma protectora, establece una garantía a favor de las áreas silvestres protegidas y del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido en el artículo 50 constitucional. De la norma se infiere, en primer lugar, que el estudio técnico indicado en la norma es un requisito ineludible y esencial para la aprobación de la medida legislativa reductora del área de protección, lo que se desprende de la frase “sólo podrá” y “después”, cuyo incumplimiento trae aparejada la declaratoria de invalidez de la medida. En segundo lugar, se trata de un estudio técnico -esto es, conforme con las ciencias y las técnicas que tienen por objeto de estudio del ambiente y los ecosistemas- a fin de determinar el impacto de la medida legislativa en los mismos. En tercer lugar, el estudio debe ser específico y versar sobre el área de reducción y su contexto, a fin de evaluar el impacto y emitir las recomendaciones para evitar riesgos, prevenir efectos negativos o adversos o bien plantear las medidas de mitigación, conservación o reparación correspondientes. En cuarto lugar, el estudio tiene por finalidad justificar científicamente la medida. Finalmente, el estudio tiene que ajustarse a las exigencias sustanciales del artículo 50 constitucional y tiene que demostrar cómo la medida que se toma, continúa satisfaciendo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el marco de política de desarrollo sostenible… Dentro del marco de la Constitución, el legislador tiene la potestad y competencia para reducir las dimensiones físicas de las áreas ambientalmente protegidas. Sin embargo, con fundamento en el artículo 50 constitucional, las decisiones legislativas en esta materia deben respetar las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, en aras de garantizar un ambiente “sano” y “ecológicamente equilibrado” y el “mayor bienestar de todos los habitantes”. El estudio técnico que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente tiene que responder a estos propósitos, para cuyo efecto no basta un cumplimiento formal porque se trata de un requerimiento material, es decir que debe materialmente demostrar, mediante un análisis técnico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.» (Voto n.° 13367-2012). “… esta Sala ha sentado una sólida doctrina que apunta a la necesidad de contar con estudios técnicos que justifiquen la decisión de desafectar una zona que, previamente, fue declarada zona protegida (votos números 7294-1998, 1999- 02988 y 2008-008075, entre otros).” (Voto n.° 17783-2021). En relación con lo expuesto en el voto n.° 17783-2021 recién transcrito, en punto a la desafectación, indica la accionante que los numerales 1 y 2 del Decreto n.° 42404-MINAE dicen rectificar el “uso y dominio público del área sometida al régimen de Patrimonio Natural del Estado (PNE), creada mediante Decreto Ejecutivo N° 17023-MAG Zona Protectora Tivives”, y que el numeral 4 del Decreto n.° 42404-MINAE prevé la firma de un convenio de cooperación entre el SINAC y el INCOP para el cuido y protección de las áreas de aptitud forestal, contrariando con ello el artículo 13 de la Ley Forestal, pues su administración por el MINAE-SINAC lo es por imperativo legal: “En síntesis, es claro que el régimen jurídico creado por los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal tiene una finalidad protectora, pues, de acuerdo con el texto de dicha norma, su objetivo es dar una protección demanial a los terrenos propiedad del Estado con bosque o terrenos forestales, los cuales quedarían bajo administración del Ministerio de Ambiente y Energía. Ese patrimonio es catalogado por el artículo 14 de la Ley Forestal como un bien de dominio público, que según los artículos 13 de la Ley Forestal y 22 de la Ley de Biodiversidad, debe ser administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Así, la competencia en esta materia la ostenta el Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, competencia que es exclusiva, siendo este un asunto de interés nacional.” (Voto constitucional n.° 17397-2019). Al darse la declaratoria de la Zona Protectora Tivives, se presupone la calificación "forestal" de los terrenos, dándose un traslado automático al Patrimonio Natural del Estado (antes Patrimonio Forestal) y, por ende, ese traspaso tiene consecuencias en orden a las competencias, en particular del SINAC. Señala que así lo entendió esa Sala en el voto n.° 1763-94 de 16 horas 45 minutos del 13 de abril de 1994, considerando IV. Por otra parte, en los oficios SINAC-SE-IRT-061-2020 y SINAC-SE-IRT-151-2020, se indica: “Al analizar la cobertura forestal según el inventario forestal 2013, en los dos planos que se excluyeron del límite de la Zona Protectora existe cobertura forestal 6-1823326-2015 un 95% y en el plano catastrado 6-1824697-2015 un 66%”. (Sin perjuicio de la verificación de campo). Esos porcentajes contrastan con los determinados por el INCOP, según el considerando 28 del Decreto n.° 42404-MINAE: 24.49% de aptitud forestal en la totalidad del área evaluada, generando dudas sobre su sustento técnico. Todo lo expuesto en este acápite evidencia el quebranto del principio constitucional de tutela efectiva del ambiente a cargo del Estado y del numeral 50 constitucional que lo consagra (cita los votos números 7294-1998, 1056-2009, 13367-2012 y 16793-2019). Alega que esas citas jurisprudenciales evidencian la importancia que tiene la realización de estudios técnicos en la adopción de las decisiones relacionadas con la reducción de un área protegida y la incidencia que su ausencia puede tener en la desprotección del ambiente. El Estado tiene la obligación de garantizar, defender y tutelar el derecho a un ambiente sano (principio de tutela ambiental a cargo del Estado), tal como lo desarrolla la Sala (cita los votos números 644-99, 9193-2000, 13426-2008, 494-2009, 9604-2009, 9966-2010, 4480-94, 1220-2002 y 15777-2010, entre otros). El deber de proteger y preservar la integridad del ambiente comprende las áreas silvestres protegidas, bienes medioambientales que los Poderes Públicos deben proteger en su integridad física y jurídica. La puesta en peligro de la integridad de estas zonas, transgrede el artículo 50 de la Constitución Política, por poner en inminente riesgo de deterioro el medio ambiente. Asimismo, alega que otro principio constitucional desarrollado en torno al artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, y quebrantado por el Decreto n.° 42404-MINAE, es el de compensación: «3. Medidas de compensación: Un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño. No cabe duda que todas aquellas normas en los cuales hay reducción de las áreas protegidas sin el respaldo de estudios técnicos ni compensación alguna, son inconstitucionales” (votos Nos. 12887-2014, 2773- 2014 y 2009-1056)». (Voto n.° 673-2019). Asimismo, cita los votos números 13836-2020 y 17783-2021. Acusa que esa compensación no se plantea por el Decreto n.° 42404-MINAE. En efecto, se reduce la extensión de la zona protegida, pero no se establece ninguna retribución ambiental compensatoria. Ese principio va de la mano del principio de progresividad, en garantía del artículo 50 constitucional: “El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces.” (Voto n.° 13367-2012). En este caso, al omitirse compensar el área suprimida, con otra de igual tamaño y valor ecológico acorde a los fines de creación de la Zona Protectora Tivives, se da una regresión en la tutela al derecho, alcanzada con el decreto creador de esa área silvestre protegida, y violación al principio de progresividad. En consecuencia, solicita que esta acción de inconstitucionalidad sea acogida, y se declare inconstitucional el decreto cuestionado, por ser contrario a la integridad jurídica y física de la Zona Protectora Tivives y desconocer el principio de reserva de ley y la obligación constitucional que tiene el Estado de proteger, preservar y conservar ese bien, en beneficio de las generaciones presentes y futuras, con quebranto de los artículos 11, 50 y 121 inciso 14) constitucionales. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación de la accionante proviene del artículo 75, párrafos segundo y tercero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. La contestación a la audiencia conferida en esta resolución deberá ser presentada una única vez, utilizando solo uno de los siguientes medios: documentación física presentada directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico [email protected], la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En cualquiera de los casos, la contestación y demás documentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual van dirigidos. La contestación que se rindan por medios electrónicos, deberá consignar la firma de la persona responsable que lo suscribe, ya sea digitalizando el documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Notifíquese.

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Law 7554 — EIA, SETENA, and Public ParticipationLey Orgánica del Ambiente 7554 — EIA, SETENA y Participación Pública
    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos
    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley 7554 Art. 38
    • Ley 7575 Arts. 13, 15
    • Constitución Política Arts. 11, 50, 121 inc. 14)
    • Decreto Ejecutivo No. 17023-MAG

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